El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha denegado a la comisión de investigación sobre Avalmadrid todos los datos y documentos que ésta le había solicitado sobre MC Infortécnica SL, la empresa de la que eran socios sus padres y que recibió un supuesto trato de favor cuando no devolvió el aval de 400.000 euros concedido por la sociedad de garantías en marzo de 2011.

Además de solicitar toda una serie de comparecencias, la comisión abierta en la Asamblea de Madrid el pasado mes de diciembre hizo al Ejecutivo madrileño un total de 136 peticiones de documentos relacionados con el funcionamiento y las irregularidades destapadas en Avalmadrid por las inspecciones del Banco de España, el informe forense encargado por la propia sociedad de garantías a una consultora privada y las informaciones publicadas por infoLibre.

El Gobierno ha rechazado una cuarentena. Entre ellas, todas las que se refieren a MC Infortécnica SL. Se niega a facilitar a la comisión el expediente completo de la concesión del aval a la empresa de los padres de Díez Ayuso, así como las actas y los informes de todos los órganos de Avalmadrid que intervinieron en la operación, incluido el documento que elaboró la Comisión Mixta de Auditoría y Riesgos sobre las actuaciones que llevó a cabo esta empresa semipública para intentar recuperar los 400.000 euros del aval que MC Infortécnica SL no devolvió. Ese informe tiene fecha de 30 de julio de 2019, una vez que se había hecho público el supuesto trato de favor recibido por la sociedad de los padres de la presidenta madrileña.

Tampoco entregará el acuerdo que aprobó el Comité de Morosidad de Avalmadrid el 2 de abril de 2012, donde se analizó el expediente de MC Infortécnica SL. En la propuesta que analizaron ese día sus miembrosse ocultó que Díaz Ayuso era la nueva titular de un inmueble que estaba garantizando la deuda de 400.000 euros avalada por sus padres. Al omitir ese dato, se estaba escondiendo la existencia de un más que probable alzamiento de bienes –sus padres le habían trasladado la propiedad del piso– y el hecho de que una de las personas que había participado en el presunto delito era una dirigente política. [Más Madrid denunció estos hechos ante Anticorrupción, pero la fiscal Belén Suárez archivó el escrito sin realizar investigación alguna y manipulando la jurisprudencia del Supremo sobre el delito de alzamiento de bienes].

Como ha publicado este periódico, Avalmadrid renunció a recuperar el dinero prestado a la empresa al no ejecutar los avales de los accionistas. De hecho, mantiene paralizada desde 2015 la decisión de cómo actuar contra los cuatro matrimonios socios de MC Infortécnica SL. De tal forma que permitió a éstos llevar a cabo operaciones de alzamiento de bienes. 

Ni Marsans ni Cantoblanco ni PwC

El Gobierno madrileño también ha denegado a la comisión los expedientes de otras empresas cuyos avales fueron señalados tanto por el Banco de España como por el informe forense encargado por la propia Avalmadrid y que terminó siendo la base para la denuncia que ésta presentó en la Fiscalía: el Grupo Cantoblanco, propiedad del expresidente de la patronal CEIM Arturo Fernández; el Grupo Marsans, del expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán; The Tie Gallery España, cuyo 33% pertenecía a Patricio Rodríguez-Carmona González-Páramo, presidente de la Confederación Española de Jóvenes Empresarios (Ceaje) y vicepresidente de la patronal CEIM; la firma de alquiler de vehículos de lujo Gold Bridge y Alfedel, de la que es dueño el empresario Alfonso Ferrón del Río, imputado en el caso Púnica. La concesión de avales a estas empresas cayó bajo sospecha por las vinculaciones de sus propietarios y administradores con miembros del consejo de administración de Avalmadrid. Excepto Gold Bridge, a la que según el informe de la consultora Forest Partners no debió concedérsele el aval por las deficiencias de su expediente y sobre la que se hallaron indicios de fraude por un incendio y el robo de varios coches de lujo de su flota.

El motivo que esgrime el Gobierno de Díaz Ayuso para denegar los documentos es que estas peticiones están “relacionadas con la actividad de una sociedad mercantil” en la que la Comunidad de Madrid tiene una participación “no mayoritaria” y que “actúa con personalidad jurídica propia e independiente de la de sus socios”. Avalmadrid es una sociedad semipública de la que la Comunidad de Madrid posee un 26,1% del capital y Bankia, banco público con un 61,7% en manos del FROB, tiene un 25,3% de las acciones. Así, al presidente de Avalmadrid lo nombra la Consejería de Economía, el accionista mayoritario, y tanto él como los otros dos representantes de la Comunidad en el consejo de administración son altos cargos de ese departamento.

Es el mismo argumento que le ha servido al Ejecutivo madrileño para no facilitar a la comisión de investigación los informes que la empresa de cobros Racmo Gestión elaboró el pasado mes de julio, a petición de la propia Avalmadrid, sobre las actuaciones de la sociedad de garantías para recuperar el importe impagado del aval de MC Infortécnica SL. Del mismo modo el Gobierno rechaza la entrega de los informes realizados por la consultora PricewaterhouseCoopers sobre la venta de la cartera de fallidos de Avalmadrid a otra empresa de cobros, Cobralia, que también arrojó serias dudas sobre la operación por las conexiones entre directivos de ambas firmas. Al igual que los informes ya citados de Forest Partners y del Banco de España sobre 167 avales con irregularidades.

Nada sobre la inspección del Banco de España

Tampoco tendrá la comisión en sus manos –pese a que como los anteriores han sido profusamente revelados por los medios de comunicación– el expediente que abrió el Banco de España tras inspeccionar dos veces Avalmadrid, que como todas las sociedades de garantía recíproca está sometida a su supervisión. Además, la Comunidad de Madrid no entregará a la Asamblea la lista de personas de Avalmadrid que actuaron de interlocutores con los inspectores del Banco de España, ni las actas e informes relacionados con sus inspecciones, ni los miembros del Gobierno madrileño que a su vez integraban el consejo de administración de Avalmadrid y a los que el organismo supervisor acusó en su expediente, ni siquiera la lista de los 167 avales donde detectó anomalías.

El Gobierno de Díaz Ayuso rehúsa también facilitar a la comisión la lista de los miembros de los consejos de administración y comités ejecutivos de Avalmadrid desde 2007, así como las actas de las reuniones de todos esos órganos, que también habían sido solicitadas por los diputados. O la denuncia que la sociedad de garantías presentó en la Fiscalía el año pasado para dilucidar las responsabilidades de algunos de sus antiguos consejeros y directivos en la concesión de los avales bajo sospecha.

La comisión de investigación quería saber igualmente el número de ejecuciones hipotecarias y de subastas que se han llevado a cabo para recuperar avales impagados de Avalmadrid, pero el Gobierno autonómico lo ha impedido. Ni siquiera facilitará a los diputados una copia de la normativa interna de la sociedad de garantías.

Por último, el Ejecutivo madrileño no permitirá a los diputados acceder a los correos y cartas que Avalmadrid está obligado a enviar cada mes a la Dirección General de Economía de la Comunidad con la relación de las operaciones que aprueba. El motivo, que la información solicitada “afecta a datos de terceros que no han tenido relación con la Comunidad de Madrid”.

El subdirector comercial de Avalmadrid, Juan Antonio Chorro García, ha demandado en el juzgado de lo Social a su empresa, que le degradó a ese puesto tras ser señalado, en la denuncia que presentó ante la Fiscalía la ex presidenta, Rosario Rey, como uno de los responsables de la concesión de avales a personas vinculadas con el consejo de administración de la entidad semipública. Hasta ese momento, Chorro García ejercía como director de Riesgos.

La demanda, por modificación sustancial de sus condiciones de trabajo, fue interpuesta el pasado mes de junio y la vista oral del juicio está prevista para el próximo día 19 en el Juzgado de lo Social número 3 de Madrid. En ella, el exdirector de Riesgos exige que se le devuelva su antiguo cargo y reclama daños y perjuicios, según consta en la documentación a la que ha tenido acceso infoLibre. Desde que fue relevado, el puesto de responsable de Riesgos no ha sido cubierto.

El subdirector comercial de Avalmadrid no ha contestado a los reiterados intentos de infoLibre de recabar su versión.

Juan Antonio Chorro entró en Avalmadrid en 1998, al mismo tiempo que el director financiero de la sociedad de garantías, Fernando de la Fuente, la persona que de verdad ejerce el poder ejecutivo en Avalmadrid, según las fuentes consultadas por este periódico, y de quien es “amigo y colaborador”. Tras encargar un informe a la consultora Forest Partners sobre los 167 avales donde el Banco de España encontró irregularidades, el consejo de administración le consideró responsable de la concesión negligente de avales al Grupo Cantoblanco –propiedad del expresidente de la patronal madrileña CEIM Arturo Fernández– y a The Tie Gallery, de la que era administrador único y socio al 33% el consejero de Avalmadrid Patricio Rodríguez-Carmona, entonces presidente de la Confederación Española de Jóvenes Empresarios (Ceaje). En la denuncia también fueron señalados otros 14 ejecutivos de Avalmadrid. La Fiscalía terminó archivándola el pasado mes de mayo al considerar prescritos los posibles delitos.

El director general, citado

A la vista oral del juicio está citado a declarar el aún director general de Avalmadrid, Pedro Embid. Según las mismas fuentes, Embid es amigo de Juan Antonio Chorro, y ese vínculo fue uno de los motivos por los que el primero se negó a apoyar la denuncia ante la Fiscalía. En junio, Embid fue destituido por el consejo de administración, pero ha continuado en su puesto. En agosto, el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, confirmó públicamente la destitución de Embid. Sin embargo, en su comparecencia ante la Comisión de Economía y Empleo de la Asamblea de Madrid el pasado 20 de noviembre, el viceconsejero de Economía y actual presidente de Avalmadrid, Isaac Martín Barbero, aseguró que Embid continuaba al cargo porque así lo habían decidido tanto el consejo de administración como el comité de nombramientos, lo que alabó como ejemplo de la falta de “injerencias políticas” en la entidad semipública.

De la anterior ejecutiva de Avalmadrid también ha salido el director comercial, Christian de la Torre, quien ha fichado por otra sociedad de garantía recíproca, Iberaval, que cubre los territorios de Castilla y León y La Rioja. Según explicó Isaac Martín Barbero en esa misma comparecencia, De la Torre se fue de la entidad madrileña “agotado por la presión” de ser quien tenía que “dar la cara” por Avalmadrid “durante el último año y medio” en que ha quedado “cuestionada la confianza” en la sociedad de garantías.

Con la llegada al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y la entrada de Ciudadanos en la Consejería de Economía, cambió también la presidencia de Avalmadrid y los vocales del consejo de administración que tiene derecho a nombrar la Comunidad madrileña. Desde septiembre son el director general de Economía, Rodrigo Tilve, y el secretario general técnico de ese departamento, Ignacio Gutiérrez Llano. Isaac Martín explicó también que siguen sin cubrirse los puestos de director de Riesgos y comercial, pero que en junio hubo dos nuevos nombramientos al frente de Recuperaciones y Seguimiento: Noemí Fernández y Asunción Martín Gómez.

Avalmadrid se encuentra en el ojo del huracán desde que tanto las inspecciones del Banco de España como las informaciones publicadas por infoLibre destaparan la concesión irregular de avales a empresas vinculadas con miembros del consejo de administración de la propia entidad, y con miembros del PP, como es el caso de la sociedad participada por los padres de Isabel Díaz Ayuso, MC Infortécnica SL. La Asamblea de Madrid abrirá en breve las comparecencias en la comisión que investigará las anomalías descubiertas. 

  CHORRO NO RESPONDE

infoLibre se puso en contacto con Juan Antonio Chorro García para preguntarle por la demanda que ha presentado contra Avalmadrid, pero no ha contestado. Éstas son las cuestiones sobre las que no ha querido pronunciarse:

1. Tras ser señalado en la denuncia que Avalmadrid presentó ante la Fiscalía por algunos de los avales concedidos, usted pasó de director de Riesgos a subdirector comercial. ¿Es ésa la modificación de sus condiciones laborales que ha denunciado ante el juez?

2. ¿Qué pide en su demanda? ¿La restitución en su antiguo puesto? ¿Reclama también algún tipo de reparación económica o al menos el cobro del salario dejado de percibir al haber bajado de categoría?

3. ¿Ha citado usted a declarar a Pedro Embid, aún director general de Avalmadrid, como testigo en el juicio que se celebrará el 19 de diciembre?

4. ¿Cuál fue su intervención en la concesión de los avales al Grupo Cantoblanco y a The Tie Gallery por los que fue señalado en la denuncia ante la Fiscalía?

El PSOE ha pedido la comparecencia de un total de 187 personas en la comisión que investigará las supuestas irregularidades y trato de favor de Avalmadrid a determinadas empresas, vinculadas con el PP y con miembros de su consejo de administración. Entre ellas se incluye MC Infortécnica SL, participada por los padres de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, a la que esta sociedad semipública otorgó un aval de 400.000 euros cuyo importe no fue devuelto.

Como ha quedado al descubierto por las inspecciones del Banco de España y las informaciones publicadas por infoLibre, un buen número de avales se otorgaron a personas relacionadas con el PP o con consejeros de la propia Avalmadrid, que después no actuaba con la debida diligencia si tenía que reclamar su reintegro.

De este total de comparecientes, casi un centenar son miembros de los diferentes consejos de administración de AvalmadridAvalmadrid, así como sus presidentes y principales cargos directivos desde 2007 hasta la actualidad. Otros 56 son consejeros o administradores de las empresas que consiguieron un aval de la sociedad de garantías madrileña pese a los informes en contra de los analistas de riesgos o que mantenían lazos con miembros del órgano de administración de Avalmadrid.

Al igual que Unidas Podemos y Más Madrid, el PSOE ha pedido la presencia en la comisión de los últimos seis presidentes de la Comunidad de Madrid, desde Esperanza Aguirre hasta la actual, Isabel Díaz Ayuso, así como de los seis consejeros de Economía en ese tiempo, incluido el actual, Manuel Giménez, de Ciudadanos. Los anteriores son Ferndando Merry del Val, Antonio Beteta, Percival Manglano, Enrique Matías Ossorio y Engracia Hidalgo.

Todos los consejos de administración desde 2007

También figuran en la exhaustiva lista confeccionada por el PSOE todos los presidentes y directores generales de Avalmadrid desde 2007, desde Pablo Abejas y Juan Manuel Santos-Suárez, hasta José María Rotellar, Rosario Rey García y el actual, Isaac Martín Barbero. Igualmente deberían ser llamados a explicar las anomalías de la sociedad de garantías, a juicio de los socialistas, los viceconsejeros de Economía y Empleo, así como los directores generales y secretarios técnicos de esos departamentos que se han sentado en el consejo de administración de Avalmadrid a lo largo de estos años. Entre ellos, Javier Ruiz Santiago, Eva Piera RojoEva Piera Rojo, Rocío Albert López-Ibor, Jesús Valverde Bocanegra y Cristina Ysasi-Ysasmendi Pemán, quien fue luego directora adjunta del Gabinete de Presidencia de Mariano Rajoy y ahora trabaja en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Además, el PSOE quiere que acudan a la Asamblea de Madrid quienes formaron parte de los consejos de administración de Avalmadrid. La Comunidad de Madrid es el principal accionista de la sociedad de garantías, con un 26,1% del capital, seguida de Bankia, con un 25,3%. La Cámara de Comercio de Madrid posee el 4,2%; el Banco Santander cuenta con un 3,1%; Caixabank, un 1,5%, Plus Ultra Seguros Generales, un 0,02%, y la patronal madrileña (CEIM), un 0,018%. Precisamente algunas de las empresas supuestamente favorecidas por Avalmadrid estaban vinculadas a consejeros de la Cámara de Comercio y la patronal madrileñas. Así, el PSOE pide la comparecencia de Alfonso Carcasona, Jesús Martín Sanz, Juan Pablo Lázaro, Salvador Santos Campano, José Miguel Guerrero Sedano –ahora presidente de Confemetal– y de Patricio Rodríguez-Carmona González-Páramo, expresidente de la Confederación Española de Jóvenes Empresarios (Ceaje).

Otro bloque de comparecientes lo integran los cuadros directivos de Avalmadrid en los últimos 12 años, incluidos sus actuales gestores. Los responsables de los departamentos de riesgos, morosidad, recuperaciones, auditoría y control internos, finanzas e incluso relaciones institucionales han sido convocados por los socialistas.

Empresas favorecidas

En la nómina de empresarios citados cabe destacar a Gerardo Díaz Ferrán, Gonzalo Pascual y su hijo Ignacio, al frente del ya desaparecido Grupo Marsans. También Arturo Fernández, propietario del Grupo Cantoblanco y expresidente de la patronal CEIM. Y los dueños y gestores de las empresas que fueron señaladas en los informes del Banco de España y de la consultora Forest Partners –contratada por la propia Avalmadrid para investigar las irregularidades–: Grupo Casbar, Bionostra, Grupo Nupcial Novíssima, Máscara Films –la productora del director Antonio Fernández del Real –, Vipventa, Volupte, Cubenube, Club Social Santo Domingo, Cavali, Ercam Accuore Inversiones y Viajes Dos.

De MC Infortécnica SL, la empresa de suministros médicos participada por los padres de Isabel Díaz Ayuso, el PSOE pide la asistencia de dos de sus administradores: Juan Carlos Herrero Casasola y José Luis Marcelino Santamaría.

Además, ha pedido que comparezca en la comisión Alfonso Ferrón del Río, administrador de Alfedel SL, una promotora imputada en el caso Púnica por una concesión irregular de colegios concertados.

Informes, cobradores de deudas y un director de periódico

Por último, los socialistas quieren que acudan a explicar su trabajo los autores del informe que Forest Partners envió a Avalmadrid y que sirvió a ésta para presentar una denuncia ante la Fiscalía. El ministerio público la archivó al considerar prescritos las irregularidades. Lo mismo solicita de los inspectores del Banco de España que abrieron expediente a la sociedad de garantías madrileña pos su deficiente gestión y control de los avales que concedía, así como del responsable del informe encargado a PriceWaterhouseCoopers para analizar si esas anomalías tenían consecuencias penales.

También solicita el PSOE la asistencia de los responsables de la empresa Racmo Gestión España, encargada ahora de los cobros de deudas para Avalmadrid, que también han emitido sus propios informes. Y de Darío B. Hernández Martínez, quien fue responsable del departamento de Recuperaciones de Avalmadrid además de miembro de su comité de morosidad en 2012, y actualmente figura como director general de Ramco. Igualmente ha sido convocada CobraliaCobralia, la empresa que estaba al cargo del cobro de deudas en la época en que MC Infortécnica SL no devolvió el aval.

El apartado final de comparecencias incluye la del director del periódico La Razón, Francisco Marhuenda, “por declaraciones sobre la situación de Avalmadrid atribuidas a él por la prensa”, según argumenta el PSOE en el documento registrado este martes en la Asamblea. Y de Javier López Madrid, consejero delegado del Grupo Villar Mir, “por su relación con el fondo Inicap”, propiedad de la Comunidad de Madrid, que invertía en empresas de alto riesgo luego avaladas por la sociedad semipública. López Madrid se ha visto salpicado también por los casos de corrupción Púnica, Lezo y las tarjetas black de Caja Madrid.

De hecho, según datos oficiales obtenidos por infoLibre de documentos registrales de las propias empresas, así como de anuncios y edictos publicados por la Seguridad Social, al menos 13 de las empresas citadas en ambos informes mantienen aún a día de hoy una deuda total de cuatro millones de euros por impago de cotizaciones sociales.

A continuación se detallan las empresas morosas y su deuda con la Seguridad Social:

1. Casbar Tecnología Industría: 1,3 millones

El mayor moroso es Casbar Tecnología Industrial, que debe más de 1,3 millones de euros. Se trata de una empresa de fabricación de muebles metálicos a la que se otorgaron siete avales por importe de 7,94 millones de euros entre 2008 y 2012. Su presidente y consejero delegado, además de propietario del 22,5% de las acciones, era José Miguel Guerrero Sedano, quien ocupó el cargo de consejero de Avalmadrid entre 2004 y 2013 como representante de la Cámara de Comercio de Madrid, uno de los socios protectores de la sociedad de garantías.

Según el informe de Forest Partners, la reestructuración de la operación que aprobó Avalmadrid cuando Casbar empezó a tener problemas para devolver el aval no sólo aumentó el importe de la garantía –una decisión “sin sentido”, apunta–, sino que además dividió la responsabilidad entre sus cinco avalistas, que consiguieron así reducir su riesgo al perder el carácter solidario que compartían hasta ese momento. Esta circunstancia, destacan los analistas, favorecía a los avalistas, entre ellos a Guerrero Sedano. A 31 de diciembre de 2018, la deuda que Casbar mantenía con Avalmadrid ascendía a 764.000 euros.

2 y 3. Rural Tour Viajes y Trapsa: 660.000 euros

Le sigue el Grupo Marsans, dos de cuyas empresas, Rural Tours Viajes SA y Trapsa, adeudan a la Seguridad Social más de 660.000 euros. El grupo fue propiedad del expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán, quien entre 2002 y 2007 había presidido también CEIM, la patronal madrileña, a su vez miembro de CEOE. CEIM es otro de los socios protectores de Avalmadrid, que concedió seis avales a Rural Tours Viajes SA y dos a Trapsa por un importe total de 3,39 millones de euros en 2010. El accionista al 100% de las dos empresas es Viajes Marsans, que entró en concurso de acreedores sólo cuatro meses después de recibir los avales sus dos filiales. Éstos fueron aprobados por la comisión ejecutiva de Avalmadrid pese a que el analista de riesgos había desaconsejado las operaciones tras advertir de la “muy mala situación patrimonial” del Grupo Marsans y de los “fuertes riesgos” que suponían para la sociedad de garantías.

“Cuando Avalmadrid prestó los avales, Viajes Marsans ya era insolvente”, concluye la consultora. En aquel momento, tres de los miembros del consejo de administración de la sociedad de garantías madrileña ocupaban cargos en CEIM: Jesús Martín Sanz, vicepresidente de la patronal; Sol Olábarri Cervantes, directora del Departamento de Asuntos Económicos, y Juan Pablo Lázaro, también vicepresidente de CEIM.

Además, Avalmadrid recibió dos cartas en enero de 2010, apenas unas semanas antes de que se formalizara la concesión de los avales, firmadas por el entonces presidente de CEIM, Arturo Fernández, y el consejero de Economía de la Comunidad de Madrid, Antonio Beteta. Con una redacción “casi idéntica”, resalta Forest Partners, las cartas de Fernández y Beteta pedían a los responsables de Avalmadrid que tuvieran en consideración “en la próxima sesión ordinaria” donde se iban a analizar los avales para las empresas de Díaz Ferrán, las 4.000 personas a las que Marsans proporcionaba trabajo en Madrid, “lo que da idea de la importancia del empleo que genera la actividad del grupo en el mercado laboral madrileño”.

Como ni Rural Tours ni Trapsa pudieron devolver las garantías, fueron ejecutadas. En junio de 2013 el grupo quedó liquidado, dejando a deber a Avalmadrid un total de 2,72 millones de euros.

4. Isolux Corsan: 582.000 euros

También otra empresa con graves problemas financieros, Isolux Corsán, solicitó un aval a la sociedad de garantías madrileña. Lo hizo en 2011 y por importe de 412.608 euros, de los que no devuelto ni un euro. Entró en concurso voluntario de acreedores en julio de 2017.

En su caso Forest Partners sólo aprecia un “incumplimiento”: su “tardía” calificación como dudoso subjetivo. Isolux debe a la Seguridad Social 582.000 euros.

5. Grupo Cercal de Alimentación: 425.000 euros

El Grupo Cercal de Alimentación, que se dedicaba a proveer a supermercados de masa congelada para pan y dulces, debe a la Seguridad Social 425.000 euros. Consiguió de Avalmadrid 2,3 millones de euros en seis avales financieros en 2009 y 2010. Su nombre aparece tanto en el informe de Forest Partners como en el del Banco de España. El primero determina que no se le debieron conceder los avales porque los tres años anteriores había incurrido en graves pérdidas, un total de 4,2 millones de euros desde 2006. En 2011 entró en concurso de acreedores.

Ha dejado a deber a Avalmadrid casi un millón de euros. Según el Banco de España, en el caso de Grupo Cercal, la sociedad de garantías madrileña no efectuó la revisión de riesgos en el plazo establecido, sus informes de seguimiento eran deficientes, no recogían información fundamental para determinar cuál era la capacidad de pago de la empresa, y cuando ésta no pagó, no aportaban información sobre las posibilidades de ejecutar las garantías.

6. Grupo Nupcial Novissima: 405.000 euros

Grupo Nupcial Novíssima SL debe 405.000 euros a la Seguridad Social. Le fueron concedidos cuatro avales financieros por valor de 1,7 millones de euros entre 1998 y 2008. Entró en concurso de acreedores en 2010 y adeuda a Avalmadrid 1,38 millones de euros.

Es otra de las empresas que estaban vinculadas a los gestores de la sociedad de garantías. En concreto, Pedro Olabarría Íñiguez de Onzoño, además de consejero de Avalmadrid, era director general de Capital Riesgo Madrid (CRM)Capital Riesgo Madrid (CRM), una sociedad de capital riesgo participada por ImadeImade (Instituto Madrileño de Desarrollo, perteneciente a la Comunidad de Madrid), Caja Madrid, CEIM y la Cámara de Comercio de Madrid, todos ellos a su vez socios protectores de la sociedad de garantía recíproca madrileña. CRM había adquirido el 20% del capital de Grupo Nupcial Novíssima SL. Para los analistas de Forest Partners, se trata de un conflicto de interés claro. Sobre todo, teniendo en cuenta que los avales no debieron concederse debido a la delicada situación financiera de la empresa y a la presentación de unos planes de negocio que el informe no duda en calificar de “poco creíbles”.

7. Grupo Bionostra: 190.000 euros

Grupo Bionostra SL mantiene una deuda con la Seguridad Social de 190.000 euros. Avalmadrid aprobó 18 operaciones para diferentes empresas del grupo, un total de 4,39 millones de euros entre 2008 y 2010. De esa cantidad, nunca recuperará 2,86 millones. Dedicada a vender sistemas de control y seguridad alimentaria, también contaba entre sus socios con la sociedad de Capital Riesgo de Madrid.

Además, apunta Forest Partners, Imade y la Comunidad de Madrid le “concedían subvenciones de forma continuada”. Así, Pedro Olabarría ocupó diferentes cargos en Bionostra, al igual que Alfonso Carcasona García –al tiempo consejero de Avalmadrid–. Además, en aquellos años, la Comunidad de Madrid participaba en la sociedad de garantías a través de Imade. Como en otras operaciones, en el caso de Bionostra, los avales fueron aprobados en contra de los informes de los analistas de riesgos, que destacaban las fuertes pérdidas del grupo y la falta de apoyo financiero. El Banco de España también incluye a Bionostra y a Grupo Nupcial Novíssima entre las operaciones con informes llenos de deficiencias.

8. Clalu Restauración: 109.000 euros

La deuda de Clalu Restauración SL con la Seguridad Social asciende a casi 109.000 euros. Le fueron otorgados tres avales entre 2008 y 2009 por importe de 1,21 millones de euros, de los cuales Avalmadrid nunca recuperará 862.092 euros. Según el Banco de España, ni se revisaron los riesgos en el plazo legal ni sus informes contenían la información necesaria para determinar si la empresa podía devolver el dinero o se le podían ejecutar las garantías.

9. Gold Bridge: 96.000 euros

En el caso de Gold Bridge SL, una empresa de alquiler de coches de gama alta a directivos, la Seguridad Social le reclama 96.000 euros. Avalmadrid le concedió tres avales por un total de 1,02 millones de euros entre 2009 y 2012. Forest Partners asegura que no se debieron aprobar las operaciones puesto que o no presentó un plan de negocio o los que proporcionó después no estaban suficientemente contrastados. Gold Bridge SL se declaró en concurso en 2014.

Debe a Avalmadrid 510.433 euros que no podrá cobrar. El informe apunta a la posible comisión de “actuaciones fraudulentas” por parte de la empresa: denunció a la Policía la desaparición de algunos de sus vehículos de lujo y una de sus naves sufrió un incendio que destruyó parte de los automóviles que poseía. “Demasiados eventos desafortunados”, sospechan los analistas.

10. Afianza Telecomunicaciones: 60.000 euros

Afianza Telecomunicaciones SL recibió un aval de 2,5 millones de euros en 2008, de los cuales aún adeuda 2,07 millones. A la Seguridad Social, además, le debe 60.000 euros.

El Banco de España la señala como una de las empresas a las que Avalmadrid no revisó el riesgo cada seis meses, como es su obligación con todos los avales que superan el millón de euros.

11. Accuore Inversiones: 34.000 euros

Accuore Inversiones SL debe 34.000 euros a la Seguridad Social. Recibió dos avales por un total de 600.000 euros en 2014 y 2015. No ha devuelto 294.000 euros. Uno de sus accionistas era Fernando Rodríguez Sousa, al mismo tiempo consejero de Avalmadrid en representación de la patronal CEIM.

Forest Partners indica que la operación carecía de reaval y que nunca se verificó el patrimonio personal de los avalistas solidarios.

12. The Tie Gallery: 27.000 euros

The Tie Gallery SL, una cadena de corbatas y complementos, recibió un aval de 100.000 euros en 2009. Patricio Rodríguez-Carmona González-Páramo era su administrador único y propietario del 33% del capital. Otro 5% pertenecía a un hermano suyo. Rodríguez-Carmona presidía además la Confederación Española de Jóvenes Empresarios (Ceaje) y ejercía como vicepresidente de la patronal madrileña CEIM. No ha devuelto 35.000 euros tras entrar en concurso de acreedores en octubre de 2012. A la Seguridad Social le debe 27.000 euros.

Mención aparte del conflicto de intereses, el aval se aprobó pese a que la empresa llevaba tres años consecutivos en pérdidas, el plan de negocios presentado carecía de sustento y faltaba la firma de un segundo avalista que se le había requerido a la empresa.

13. Vipventa: 12.000 euros

Igualmente Vipventa SL, un outlet por internet de marcas de lujo, tenía un conflicto de interés por la presencia en su accionariado de una sociedad de capital riesgo, Inicap, donde participaba la Cámara de Comercio de Madrid, socio protector de Avalmadrid. Y Alfonso Carcasona García era consejero de la sociedad de garantías y de Möbis Corporate Venture Capital, la gestora de Inicap. A Vipventa se le concedieron tres avales financieros por valor de 1,55 millones de euros en 2008 y 2009, de los que adeuda 529.760 euros.

Según Forest Partners, se trata de operaciones de alto riesgo puesto que Vipventa sólo había generado pérdidas desde su creación. De hecho, se declaró en concurso de acreedores en junio de 2012 y fue liquidada en mayo de 2014. “El simple análisis de la situación financiera de Vipventa desaconsejaría la concesión de los avales”, concluye el informe. El tercero, en concreto, se aprobó sólo seis meses antes de que la empresa entrara en concurso. Debe a la Seguridad Social 12.000 euros.

En total, la negligente concesión y gestión del riesgo de estas 13 empresas le ha costado a Avalmadrid la pérdida de 13,42 millones de euros.

Avalmadrid, en el disparadero desde que se han conocido sus sopechosos tratos de favor a la hora de conceder avales y no cobrar los que no se devuelven, es una de las 18 sociedades de garantía recíproca (SGR) que existen en España desde 1978. Fue entonces cuando se creó un sistema que proporciona acceso a la financiación a pymes y autónomos, los que más dificultades tienen para conseguir crédito: ha otorgado un total de 31.969 millones de euros en los últimos 40 años.

Avalmadrid nació con ese nombre en 1985, pero desde tres años antes existía como Assaf. Tiene una plantilla de 60 trabajadores y la consideración de entidad financiera, por lo que está sometida al control e inspección del Banco de España. Y es una sociedad semipública sin ánimo de lucro, donde la Comunidad de Madrid posee el 26,1% del capital. Lo mismo ocurre en el resto de las 17 sociedades de garantía españolas –también hay una sectorial, CREA, que avala sólo a empresas audiovisuales–, donde cada administración autonómica cuenta con una participación.

En Avalmadrid, además, Bankia, banco público por el 61,7% que posee el FROB, tiene un 25,3% de las acciones. Entró en la sociedad de garantías madrileña en 1991, cuando aún era Caja Madrid. Hasta 2014 no se convirtieron en socios Banco Santander y Caixabank; Banco Popular –integrado en el Santander desde 2017– llegó en 2015. También son socios fundadores la Cámara Oficial de Comercio de Madrid y la patronal madrileña CEIM.

Así, al presidente de Avalmadrid lo nombra la Consejería de Economía, el accionista mayoritario, y tanto él como los otros dos representantes de la Comunidad en el consejo de administración son altos cargos de ese departamento. Desde esta semana la preside Isaac MartínIsaac Martín, viceconsejero de Economía y Competitividad, y su director general es Rodrigo Tilve, también director general de Economía. La consejería es una de las carteras del Gobierno madrileño a cargo de Ciudadanos, que ha situado a su cabeza a un independiente, Manuel Giménez.

Casi 11.000 pymes y autónomos son socios

Todos los citados son socios protectores de Avalmadrid, que reúnen el 60,5% del capital. Pero cuatro quintas partes de sus accionistas deben ser pequeñas y medianas empresas, por lo que el 39,5% restante corresponde a los socios partícipes, todas las pymes y autónomos que obtienen un aval. Para conseguirlo deben adquirir acciones de la sociedad en proporción a la cuantía de la garantía otorgada. Que son reembolsables cuando cancelan el aval. Por eso su número es variable, al igual que el capital que representan en el total de la sociedad. A 31 de diciembre de 2018, Avalmadrid cuenta con 10.903 socios partícipes.

Cualquier pyme o autónomo puede acudir a la sociedad de garantías madrileña para que le avale ante la entidad financiera a la que ha pedido un préstamo. Además de la cuota de capital, deberá pagar dos comisiones: una calculada según el riesgo de la operación y otra anual que equivale a un porcentaje del principal pendiente de amortizar.

A cambio, puede pedir dos tipos de avales: técnicos y financieros. Los primeros son los que exigen las administraciones para conseguir subvenciones o participar en concursos públicos. Los segundos, los necesarios para solicitar créditos a los bancos. Según las cifras de Cesgar, la patronal de las sociedades de garantía españolas, de los casi 3,6 millones de empresas con menos de 250 trabajadores que existen en España, el 36,5% necesitó acudir a un banco en busca de crédito el año pasado y, de éstas, la mitad necesitó un aval.

De hecho, el principal problema que exponen las pymes para obtener financiación es precisamente la falta de las garantías que les piden los bancos, según los informes de Cesgar, incluso por delante del precio del dinero. Por regla general, las pequeñas empresas necesitan solicitar un crédito sobre todo para financiar el circulante, por el desajuste temporal entre ingresos y pagos.

Entre la Fiscalía y el Banco de España

En 2018 Avalmadrid concedió 1.672 avales, 944 financieros y 728 técnicos. El importe medio de los primeros fue de 58.000 euros. Una cuantía que no ha dejado de caer desde los 132.000 euros de media aprobados en 2011.

A MC Infortécnica SL, la empresa de los padres de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, Avalmadrid le proporcionó un aval que triplicaba la cuantía media de los que aprobó en 2011, 400.000 euros. Bajo escrutinio está si esta firma de suministros médicos se benefició de un trato de favor por la intervención de Díaz Ayuso, entonces parte del equipo de Esperanza Aguirre, su antecesora en el cargo.

También está en el foco del Banco de España la concesión de avales a empresas que tenían vinculaciones con miembros del consejo de administración. El organismo supervisor inspeccionó y abrió expediente a la sociedad de garantías madrileña por las numerosas irregularidades que descubrió en 167 operaciones. Y la propia Avalmadrid remitió a la Fiscalía el pasado mayo un informe donde señalaba a exconsejeros y exdirectivos como responsables de toda una serie de operaciones aprobadas de forma “discrecional” y pese a su “falta de lógica económica”, que además “causaron un perjuicio” a la entidad. El ministerio público archivó la denuncia por considerar prescritos los hechos, pero tendrá que volver a analizar éstos y otros avales, entre ellos el de los padres de Díaz Ayuso, después de que Más Madrid haya presentado este mismo miércoles otra denuncia donde se acusa a la presidenta madrileña de alzamiento de bienes, tráfico de influencias y trato de favor, así como a la cúpula de Avalmadrid de trato de favor y administración desleal.

Bankia, la entidad que más operaciones firma con Avalmadrid

Las SGR permiten a las empresas y autónomos conseguir condiciones ventajosas, tanto en interés como en plazos, a la hora de firmar con los bancos. Gracias a que mantienen convenios de colaboración con estas entidades financieras. Avalmadrid los ha suscrito con los que son sus socios protectores –Bankia, Santander, Caixabank–, pero también con Sabadell, Deutsche Banki, BBVA, y varias cajas –rurales de Soria, Albacete y Jaén– e incluso bancos extranjeros como el ecuatoriano Pichincha o el holandés Triodos.

La entidad con el mayor volumen de riesgo garantizado por Avalmadrid es la propia Bankia, con 99,348 millones de euros y 190 avales, según se recoge en la última memoria anual de la sociedad de garantías. Caixabank le sigue con casi una tercera parte, 33,86 millones y 182 operaciones, así como Banco Sabadell, con una cantidad parecida, 36,86 millones de euros y 108 avales. Pero si se suman los volúmenes de Santander y Popular, ambos cuentan con 44,85 millones en avales.

Para los bancos, contar con la garantía de una sociedad como Avalmadrid les supone un doble negocio.

Por un lado, reducen el riesgo de las operaciones porque saben que tienen cubierto cualquier impago. No sólo por la sociedad de garantía recíproca, sino también por Cersa, la sociedad pública de reafianzamiento, y por la Comunidad de Madrid, que a su vez respaldan las operaciones de Avalmadrid. Por otro, los préstamos avalados por las SGR ponderan al 20% a efectos del coeficiente de solvencia, por lo que consumen menos recursos propios bancarios. De ahí que las entidades puedan ofrecer tipos más bajos y plazos más largos.

Además, es la sociedad de garantías la que efectúa todo el seguimiento de la operación. Se trata de un proceso largo, puesto que los avales se conceden con plazos que van desde tres años para un crédito hasta 15 años si son préstamos hipotecarios.

Aunque, como se ha visto en el caso de MC Infortécnica SL, hayan quedado patentes los fallos de esos controles. De hecho, nunca se recuperaron lo 400.000 euros del aval: en siete años Avalmadrid no actuó para embargar a los socios de la empresa los inmuebles que habían puesto en garantía para la operación. En ese tiempo, los cuatro matrimonios propietarios de MC Infortécnica, incluidos los padres de Díaz Ayuso, los donaron a sus hijos o transmitieron a terceroslos donaron a sus hijos o transmitieron a terceros, lo que el Código Penal considera un delito de alzamiento de bienes.

Marsans y Cantoblanco

Tampoco fueron diligentes los gestores de Avalmadrid con el seguimiento y control de riesgos en los 167 avales investigados por el Banco de España, que pide sanciones por un total de 667.000 euros para 16 personas, entre consejeros y ejecutivos, así como para la propia SGR y la Consejería de Economía. La decisión definitiva del supervisor se conocerá antes de que acabe este año.

El caso es que la ratio de morosidadratio de Avalmadrid no ha hecho más que aumentar desde 2012, cuando era sólo del 4,32%, hasta 2018, cuando alcanza el 11,62%. Casi la ha triplicado. De los 352,11 millones de euros que la sociedad de garantías madrileña mantiene en avales otorgados en vigor, 46,35 millones son considerados dudosos.

Según el informe del Banco de España, las irregularidades se extendieron durante más de cinco años, desde enero de 2013 hasta junio de 2018. Por ejemplo, la revisión de riesgos no se efectuaba con la periodicidad establecida en la normativa interna de Avalmadrid: anual para los riesgos a partir de 200.000 euros y semestral para los mayores de un millón. Además, los informes de seguimiento eran “deficientes para explicar la situación actual y evolución del negocio avalado”. Por el contrario, dice el supervisor, se limitaban a actualizar “el rating interno –que presenta un calibrado deficiente–” y las partidas contables más importantes, pero sin analizarlas. Tampoco recogían aspectos relevantes para determinar la capacidad de pago del avalado, como una comparación detallada entre los flujos de caja generados y los pagos a los que debía hacer frente. Finalmente, los informes de seguimiento carecían de “decisiones y conclusiones claras, incluso en los casos en que se constata un deterioro evidente del avalado”.

En otros avales, los informes de seguimiento sólo mencionaban el incumplimiento de pagos y la dificultad de su recuperación, “sin apenas aportar más información sobre la posibilidad de obtener o ejecutar garantías”. En los expedientes que incluyen propuestas de negociación con el socio, tampoco se aportaba información detallada o un análisis, lamenta el Banco de España. Por último, en algunas operaciones la clasificación crediticia se hizo “con mucho retraso” y, en algún caso, destaca el informe, “a instancias de la auditoría externa”.

Entre los avales donde se descubrieron estas deficiencias de control se encuentran los concedidos al Grupo Marsans, entonces propiedad del expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán, y al Grupo Cantoblanco, del expresidente de la patronal madrileña CEIM Arturo Fernández.

Cambios en la política de riesgos

Todas estas irregularidades se sucedieron pese a que el Banco de España requirió a Avalmadrid en 2012 que mejorara su política de seguimiento de riesgos. No le hizo caso hasta 2014. Y hubo que esperar hasta septiembre de 2018 para que la SGR madrileña creara el cargo de director de Control de Riesgos y Cumplimiento Normativo y eligiera a Rodolfo Felipe Gómez para el puesto, además de nombrar una directora de Seguimiento y Recuperaciones, Asunción Martín Gómez.

En octubre de 2018, cuatro meses después de que el Banco de España abriera el expediente a Avalmadrid, el consejo de administración aprobó una nueva política de operaciones vinculadas que “refuerza y amplía el alcance” de las operaciones que no puede aceptar la SGR, además de endurecer los requisitos para conceder avales a empresas relacionadas con la cúpula de la sociedad, asegura la memoria anual.

Según ese informe, Avalmadrid ha concedido a empresas vinculadas a miembros de su consejo de administración un total de 25 avales, por importe de 3,64 millones de euros. La empresa subraya que todas estas operaciones cumplen el Código Ético de la entidad, del que carecía hasta 2016. Esa cifra es la más alta desde 2011, cuando fueron 11 los avales otorgados a firmas relacionadas con la cúpula de Avalmadrid.

A comienzos de este año el consejo de administración de Avalmadrid encargó a la firma Forest Partners un informe de análisis forense sobre los mismos 167 avales que había investigado previamente el Banco de España y que sirvieron a éste para abrir un expediente sancionador tanto a la sociedad de garantías madrileña como a 19 de sus consejeros y directivos. En esa inspección, el organismo supervisor encontró irregularidades tanto en la concesión como en el seguimiento de esos avales, también en su recuperación si el avalado no devolvía el préstamo. Sin embargo, el encargo de Avalmadrid a Forest Partners se limitó exclusivamente a la fase de concesión y formalización de los avales, excluyendo por tanto el posterior seguimiento de los expedientes y la recuperación de los impagados.

El análisis de Forest Partners, al que ha tenido acceso infoLibre, obvió igualmente otro aspecto que sí había sido estudiado por el Banco de España y donde también se hallaron deficiencias: si Avalmadrid había cumplido o no los requerimientos que el supervisor le había hecho tras una primera inspección en 2012, cuando le instó a mejorar sus políticas de concentración de riesgos y de seguimiento de los avales. El Banco de España también dictaminó que, cuatro años después, Avalmadrid había incumplido ambos.

El Grupo Socialista ha presentado ya un escrito en la Asamblea de Madrid preguntando por los motivos por los que la sociedad de garantía recíproca madrileña eludió en su contrato con Forest Partners el análisis del seguimiento y la recuperación de los avales. Este periódico ha hecho la misma pregunta a Avalmadrid, sin obtener respuesta alguna.

El Banco de España abrió la inspección en noviembre de 2016, tras detectar gracias a su plan supervisor del año anterior un aumento de 16 millones de euros en fallidos, un 30%, así como un alza de 13 millones de euros en los saldos dudosos, un 56%. En los 167 avales analizados por los inspectores, que fueron concedidos entre 2008 y 2016, los inspectores encontraron deficiencias en las fases de seguimiento y recuperación.

“Avalmadrid no debería haber entrado en esas operaciones”

Por lo que respecta al informe de Forest Partners, y pese a la limitación de su objeto, los analistas desvelaron “incidencias dignas de mención” en 100 de los 167 avales investigados previamente por el Banco de España; como queda dicho, en la fase de concesión y formalización.

Así, Avalmadrid otorgó garantías a proyectos de capital riesgo donde participaban fondos y sociedades gestoras vinculadas a algunos de los socios protectoresvinculadas a algunos de los socios protectores –Comunidad de Madrid, Bankia, Cámara de Comercio de Madrid, la patronal madrileña CEIM, Banco Santander, Caixabank y Groupama Plus Ultra Seguros–. Las operaciones generaron “importantes pérdidas” por su elevado riesgo y escaso éxito final, apuntan los autores del informe. Según su dictamen, se trata de operaciones en las que la sociedad de garantías “no debería haber entrado” a la luz de un “análisis económico razonado”. Pero se aprobaron pese a la opinión en contra del analista de riesgos. Una sanción que los analistas de Forest Partners atribuyen a “los intereses cruzados de determinadas entidades y profesionales con capacidad de decisión o influencia en los órganos de decisión de Avalmadrid”con capacidad de decisión o influencia en los órganos de decisión de Avalmadrid.

La sociedad de garantías madrileña también aprobó operaciones con empresas en dificultades financieras que estaban vinculadas igualmente a miembros de su propio consejo de administración o de la comisión ejecutiva. Por último, otros avales tenían todo tipo de anomalías: sus importes y plazos infringían la normativa interna de Avalmadrid, carecían del preceptivo reaval o éste era muy bajo, e incumplían condiciones necesarias para su aprobación. Muchos de ellos terminaron en pérdidas.

Informes deficientes, revisiones con retraso

Sin embargo, los expertos de Forest Partners no pudieron investigar las irregularidades descubiertas por el Banco de España en las siguientes fases de los expedientes, a pesar de que fueron también numerosas y se extendieron durante más de cinco años, desde enero de 2013 hasta junio de 2018.

Por ejemplo, la revisión de riesgos no se efectuaba con la periodicidad establecida en la normativa interna de Avalmadrid: anual para los riesgos a partir de 200.000 euros y semestral para los mayores de un millón. Un total de 46 operaciones padecían esta deficiencia. Además, los informes de seguimiento eran “deficientes para explicar la situación actual y evolución del negocio avalado”. Por el contrario, dice el informe del Banco de España, se limitaban a actualizar “el rating interno –que presenta un calibrado deficiente–” y las partidas contables más importantes, pero sin analizarlas. Tampoco recogían aspectos relevantes para determinar la capacidad de pago del avalado, como una comparación detallada entre los flujos de caja generados y los pagos a los que debía hacer frente. Finalmente, los informes de seguimiento carecían de “decisiones y conclusiones claras, incluso en los casos en que se constata un deterioro evidente del avalado”. Los inspectores encontraron estos fallos en 64 operaciones.

En otros 52 avales, los informes de seguimiento sólo mencionan el incumplimiento de pagos y la dificultad de su recuperación, “sin apenas aportar más información sobre la posibilidad de obtener o ejecutar garantías”. En los expedientes que incluyen propuestas de negociación con el socio, tampoco se aporta información detallada o un análisis, lamenta el Banco de España. Por último, en 12 operaciones más la clasificación crediticia se hizo “con mucho retraso” y, en algún caso, destaca el informe, “a instancias de la auditoría externa”.

Entre los avales donde se descubrieron estas deficiencias de control se encuentran los concedidos al Grupo Marsans, entonces propiedad del expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán, y al Grupo Cantoblanco, del expresidente de la patronal madrileña CEIM Arturo Fernández.

En la última fase, la de recuperación de los impagados, el Banco de España descubrió fallos en los informes que el Departamento de Seguimiento y Recuperaciones presentaba mensualmente al Comité de Seguimiento y Morosidad.

Las irregularidades en la recuperación del aval de Ayuso

En cualquier caso, los 167 avales que pasaron bajo el escrutinio del Banco de España y de Forest Partners son una muestra no aleatoria de las operaciones cerradas por Avalmadrid entre 2008 y 2016; es decir, fueron seleccionados por los inspectores del supervisor financiero de acuerdo con un perfil muy determinado. Entre ellos no se encontraba el concedido a MC Infortécnica SL, la empresa de la que eran socios los padres de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Como ha publicado infoLibre, Avalmadrid dio un trato de favor al expediente de MC Infortécnica SL: renunció a recuperar el dinero prestado a la empresa al no ejecutar los avales de los accionistas y, de hecho, mantiene paralizada desde 2015 la decisión de cómo actuar contra los cuatro matrimonios socios de esa sociedad. De tal forma que permitió a éstos llevar a cabo operaciones de alzamiento de bienes. Su comité de morosidad también ocultó la donación fraudulenta a Isabel Díaz Ayuso del piso propiedad de sus padres. Esta lista de irregularidades se produjeron durante la fase de recuperación del aval concedido a MC Infortécnica SL en febrero de 2011 para que Caja España les concediera un préstamo de 400.000 euros que no pudo devolver. Precisamente una de las fases que Avalmadrid prefirió no investigar.

La entonces presidenta de la sociedad de garantías madrileña, Rosario Rey García, utilizó el informe encargado a Forest Partners para presentar el pasado mes de abril una denuncia ante la Fiscalía de Madrid por las irregularidades descubiertas en los avales otorgados a Rural Tours Viajes SA y Trapsa, propiedad de Díaz Ferrán; Central de Compras Cantoblanco, de Arturo Fernández, y a The Tie Gallery SL. El ministerio público la archivó al considerar prescritos los delitos.

[Puedes consultar aquí todas las informaciones desveladas por infoLibre sobre el caso Ayuso].

PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos presentan este martes una solicitud conjunta para que la Asamblea de Madrid cree una comisión de investigación sobre Avalmadrid, tan sólo tres días después de que Ciudadanos haya reclamado en una Proposición no de Ley (PNL) que la Comunidad madrileña “extinga su relación”la Comunidad madrileña “extinga su relación” con esta sociedad de garantía recíproca (SGR), puesta en entredicho por su política de concesión y recuperación de avales y el trato de favor dado a la empresa de la que eran socios los padres de Isabel Díaz Ayuso, la presidenta autonómica.

Los tres grupos de la izquierda han trabajado juntos para redactar la petición de que se investigue el funcionamiento de Avalmadrid y ahora instan al resto de los grupos a sumarse a la iniciativa, que la Mesa de la Asamblea deberá calificar la semana próxima y, si cumple con los requisitos legales, pasará enseguida a la junta de portavoces, de forma que la primera sesión se celebre antes de acabar este mismo mes. Desde que se empezaron a conocer las irregularidades en la sociedad de garantías, el vicepresidente de la Comunidad y líder de Ciudadanos en Madrid, Ignacio Aguado, ha repetido que su grupo apoyará la comisión de investigación “siempre que sea rigurosa, seria y, sobre todo, jurídicamente posible”.

“Va a ser seria y rigurosa, y es absolutamente viable, siempre que haya transparencia y se facilite toda la información necesaria”, responde Pilar Sánchez Acera, portavoz del PSOE en la Asamblea madrileña. Eduardo Gutiérrez, diputado de Más Madrid, recuerda que las tres comisiones de investigación que se solicitaron la pasada legislatura salieron todas adelante. Pero también lamenta que cuando pidió una copia de la denuncia que Avalmadrid presentó ante la Fiscalía por el supuesto trato de favor concedido al expresidente de la patronal madrileña CEIM Arturo Fernández y al expresidente del Grupo Marsans Gerardo Díaz Ferrán, se le denegó alegando “falta de concreción” en la solicitud.

“Que una entidad pública haya servido para conceder préstamos sin garantías a personas cercanas al PP, además de las evidencias sobre tratos de favor y alzamiento de bienesalzamiento de bienes, es un tema serio que merece una comisión de investigación, también en relación con la presidenta de la Comunidad de Madrid”, explica por su parte la portavoz de Unidas Podemos, Isabel Serra.

Al frente de la Consejería de Economía se encuentra ahora Manuel Giménez, de Ciudadanos. Y hasta el momento el director general de Economía presidía Avalmadrid en virtud de ese cargo, puesto que el 30% de su capital lo aporta la Comunidad madrileña a través de esa consejería. “Ya que Ciudadanos es ahora el responsable de la entidad, antes de cerrarla debería dar explicaciones sobre qué ha pasado, no cerrar las ventanas y tapar las alfombras en lugar de levantarlas”, apunta Serra a infoLibre. La portavoz socialista coincide en que no se puede cerrar Avalmadrid “como si no hubiera pasado nada”. “No se puede entorpecer la labor parlamentaria”, resume. “La comisión es necesaria no sólo por lo ocurrido con Díaz Ayuso; debemos saber cómo ha funcionado Avalmadrid”, recalca Isabel Serra.

Responsabilidades políticas

En la PNL que presentó el pasado viernes, Ciudadanos destaca las “dudas” que han surgido sobre la gestión de la sociedad de garantía recíproca madrileña, basadas en la “disposición espuria” de sus recursos “en favor de personas vinculadas a su consejo de administración”. También menciona la denuncia que la propia Avalmadrid presentó ante la Fiscalía por la supuesta concesión “fraudulenta” de créditos “que carecían de toda lógica desde el punto de vista financiero”. La iniciativa fue archivada porque los supuestos delitos fueron considerados prescritos. Ciudadanos recuerda incluso que en los últimos tres años han cesado tres directores generales en Avalmadrid. En ningún momento menciona a Isabel Díaz Ayuso. Tras cifrar en 15 millones de euros las aportaciones realizadas en 2018 por la Comunidad de Madrid a la sociedad de garantías, el grupo de Aguado pide que la primera abandone la segunda.

Eduardo Gutiérrez precisa que el cierre de Avalmadrid no es “un automatismo legal” que deba seguir necesariamente a la salida de la Comunidad madrileña de su accionariado, pero advierte de que los fallidos se cubren con el fondo de reserva técnica que cubre el Gobierno regional con sus aportaciones anuales y que tiene un nivel determinado por el Banco de España. A su juicio, cerrar la SGR equivaldría a “dejar huérfanos a muchas pymes y autónomos”, porque duda de que el resto de los socios protectores vayan a sustituir a la Comunidad de Madrid en el capital. Además de constituir un intento de “acabar con las pruebas de corrupción”.

Avalmadrid cuenta con dos tipos de socios, los protectores y los partícipes. Los primeros son la Consejería de Economía, con un 31% del capital; Bankia, con el 30%; la Cámara de Comercio de Madrid –5%–, y la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM) –0,02%–. Los partícipes son socios en su condición de clientes: cuando se les otorga un aval tienen que adquirir una participación, que se les reembolsa cuando lo cancelan. Ese capital actúa de garantía: a mayor riesgo, más acciones deben comprar. Sánchez Acera cree que primero deben dirimirse responsabilidades políticas por el “daño reputacional y patrimonial” que se ha causado a la Comunidad de Madrid, y después ver qué se hace con los socios partícipes y si el Gobierno regional va a poder recuperar el dinero aportado.

Una herramienta necesaria

Los tres grupos están de acuerdo en que una institución como Avalmadrid constituye un instrumento necesario para facilitar financiación a las pymes y los autónomos, que tienen mayores dificultades para conseguirla. “Es una buena herramienta que se ha usado mal”, describe la portavoz socialista. “No somos jueces, no buscamos responsabilidades penales, pero sí políticas, además de ver cómo se puede mejorar la gestión”, precisa. Pilar Sánchez avanza que va a solicitar el convenio que la Comunidad de Madrid firmó en 2011 con Avalmadrid para reafianzar los préstamos concedidos por la sociedad de garantías. Según publicó este lunes infoLibre, el aval otorgado a MC Infortécnica, la empresa de los padres de Díaz Ayuso, fue reavalado por la Comunidad de Madrid y por Cersa, una sociedad pública de reafianzamiento. De forma que de los 308.154 euros concedidos, 102.000 los tendrá que cubrir la Comunidad de Madrid si la sociedad de garantías no consigue recuperar el dinero, la opción más probable en vista del desarrollo del expediente. En total, la Comunidad de Madrid debe asumir 4,5 millones de euros de los 163,5 millones que Avalmadrid tiene reavalados. El resto corresponden a Cersa.

Si la comisión de investigación sale adelante, su primera sesión debería celebrarse a finales de este mismo mes. Y sus indagaciones, acabar en diciembre de 2020. Entonces, si los grupos no piden que se les amplíe el plazo, se presentará un informe definitivo sobre el funcionamiento de Avalmadrid. El Banco de EspañaBanco de España, que abrió en junio de 2018 un expediente sancionador a la sociedad de garantías madrileña y a sus consejeros y directivos desde enero de 2013, debe concluirlo antes del 21 de diciembre del año en curso.

La quinta lista de los mayores morosos que publica la Agencia Tributaria no ha deparado grandes sorpresas respecto a años anteriores. Excepto quizá que ha aumentado el ritmo de reducción de la deuda: un 7,8% respecto a la anterior, referida a 2017. Si hasta entonces el volumen de lo reclamado había caído sólo un 1,9% desde que se publicó el primer listado, en diciembre de 2015 –apenas un 0,5% en 2017 respecto al año precedente–, en esta ocasión la deuda se ha reducido hasta los 14.100 millones de euros, desde los 15.600 millones de hace cuatro años. Es decir, del 9,6% total de recorte, casi cuatro quintas partes corresponden a 2018.

El número de los morosos se queda este año en 4.028, cuando en 2015 se elevaban a 4.855: una disminución del 17%.

Pero la cabeza de la clasificación no ha cambiado apenas en todos estos años. Los 17 mayores morosos, los que deben más de 50 millones, continúan teniendo los nombres de las grandes inmobiliarias fulminadas por la debacle del ladrillo. Todas ellas suman una deuda de 1.919,9 millones de euros, si a los impagos de las sociedades se les unen los atribuidos a sus principales accionistas. Así, Reyal Urbis continúa siendo el mayor moroso, con 353,23 millones de deuda. Aun voluminosa, es 8,2 millones menor que la del año anterior. Sin embargo si se suman las cantidades en el debe de Isolux Corsán e Isolux Corsán Concesiones, el montante del malogrado grupo de ingeniería supera a Reyal Urbis, con un total de 369,83 millones de euros.

Les siguen las empresas de uno de los protagonistas del hundimiento inmobiliario, Rafael Gómez Sánchez, empresario cordobés conocido como Sandokán. Grupo Inversor Arenal 2000, Arenal 2001, Arenal 2000 de Inversiones y Grupo de Empresas Rafael Gómez Sánchez acumulan, junto con el propio Sandokán como persona física, una deuda de 242,23 millones de euros. Vittone 1842 SL, una empresa de licores de Girona, debe al fisco 134,23 millones. Otro caído del ladrillo es el grupo malagueño Aifos, que a sus 98,64 millones añade 32 millones de Sun Farm, también propiedad del matrimonio formado por Jesús Ruiz Casado y Teresa Maldonado Taillefer, así como las deudas personales de ambos. En total, 129,89 millones de euros. De hecho Ruiz Casado y Maldonado Taillefer son las dos personas que más deben a Hacienda (más de 15,7 millones cada uno) después del número uno de la lista, el empresario Agapito García Sánchez, que mantiene ese puesto desde 2015.

Banreal Holding SL, una empresa de servicios financieros, repite un año más en el listado, con una deuda de 98,39 millones a la Agencia Tributaria. Tras ella, continúan los damnificados del ladrillo: Grupo Pra SA, con 97,94 millones de euros y el grupo de Francisco Hernando Contreras, El PoceroEl Pocero, que alcanza los 87,84 millones. Le pisa los talones la Organización Impulsora de Discapacitados (OID), una polémica ONG dedicada a la venta de cupones sin autorización, según Hacienda, que la sancionó por ello en 2015. Debe 86,13 millones de euros.

En la clasificación aparece también Anca Corporate, una sociedad formada por el empresario hotelero Antonio Catalán y la familia Cosmen, propietaria de los autobuses Alsa. Su deuda con el fisco, 81,93 millones. A Promaga, constructora del empresario gaditano Manuel Gaviria, Hacienda le reclama 70,93 millones, mientras que a la inmobiliaria Natica Classic le apunta 60 millones de euros. Rematan la lista otros dos grandes del fiasco del ladrillo: Nozar, con 56,87 millones de euros, y Martinsa-Fadesa, con 50,33 millones.

Desaparece de la lista la sociedad del paraíso fiscal de Man

Por el contrario, han desaparecido dos de los mayores morosos de ediciones anteriores. Se trata en primer lugar de los hermanos Cristina y Luis Cort Lagos, dueños de Portocarrio SL, Portocarrio Valores, Portocarrio Viviendas y Fomensa Hispania. Los Cort Lagos desbancaron el año pasado a Agapito Sánchez como las personas físicas con mayor deuda, cuando sumaban 27,8 y 28,06 millones de euros respectivamente. Salir de la lista no significa que se haya abonado toda la deuda, sólo que ésta ya no alcanza el millón de euros. La segunda es Oceanus Maritime Limited, una sociedad radicada en la isla de Man –un paraíso fiscal– y propietaria de un yate de lujo, que fue durante dos años la segunda empresa más endeudada de la lista. Llegó a deber 227,72 millones de euros.

Entre las personas físicas con mayor volumen de deuda, además de los ya citados destaca de nuevo el exbanquero Mario CondeMario Conde. Aún se le exige el pago de 12,37 millones de euros, por debajo de los 14,96 millones de 2017 pero muy por encima de los 9,93 millones de euros con que se estrenó en la lista.

Ruiz Mateos, clubes de fútbol y Rodrigo Rato

Nombres ya habituales entre los mayores morosos siguen siendo los de la familia Ruiz Mateos, el expresidente de la patronal madrileña Arturo Fernández y el antiguo dueño de Viajes Marsans y expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán. Las empresas de los hijos de Ruiz Mateos –Garvey, Dhul, Nueva Rumasa y otras– acumulan una deuda con el fisco de 21,87 millones de euros. Las de Arturo Fernández en torno al grupo Cantoblanco deben 19,36 millones. Y las empresas de Díaz Ferrán Air Comet y Spanair superan los 21 millones de deuda fiscal.

Otro sector bien representado entre los mayores morosos es el del deporte. Clubes de fútbol como el CF de Murcia –18,3 millones de euros–, el Mérida –4,8 millones–, el Hércules de Alicante –3,9 millones–, el Real Jaén –11,16 millones–, el Rácing de Santander –3,26 millones–, la Unión Deportiva de Salamanca –13,62 millones de euros–, acompañan a los de baloncesto como el Lleida –1,04 millones– y el Girona –10,12 millones– o el Estudiantes de Madrid –8,21 millones–. Entre las novedades deportivas de la lista cabe destacar al ex motorista Sito Pons, que debe a Hacienda 1,95 millones de euros. Lorenzo Sanz, expresidente del Real Madrid, continúa un año más en el listado de morosos, con 1,36 millones, al igual que el exjugador del FC Barcelona Gabriel Milito, a quien se le reclaman 1,84 millones de euros. Otro exbarcelonista, Dani Alves, por el contrario, ha salido de la lista.

Siguen sin pagar lo que deben a la Hacienda pública el exvicepresidente del Gobierno y expresidente de Bankia Rodrigo RatoRodrigo Rato –1,02 millones–, y Edmundo Rodríguez Sobrino, testaferro del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, 1,13 millones. Lo mismo puede decirse de Francisco José Ortiz von Bismarck, a quien el fisco reclama 1,28 millones de euros, y  del juez Pascual Estevill –3,7 millones–, que fue condenado por corrupción. Además, entre los mayores morosos se encuentran dos organizaciones políticas: Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid –con poco más de un millón de euros– y Fundescan, una fundación ligada a la UGT canaria –1,05 millones–.

Desde Paz Vega hasta Okeysi

Entre los famosos del espectáculo se han estrenado en la lista la actriz Paz Vega, con casi 2,5 millones de euros, mientras que Patricia Conde se mantiene –debe 1,83 millones– y el cantante Miguel Bosé y el personaje televisivo Kiko Matamoros se caen del listado.

El empresario Javier Merino, exmarido de la actriz Mar Flores, que suma 3,4 millones de euros de deuda a través de tres empresas –Star Petroleum, Multipetróleos y Multipromotur– acompaña también a Luis Miguel Rodríguez, dueño de Desguaces La Torre, con 18,41 millones en el debe fiscal.

Antonio Navalón, periodista de El País y moroso desde 2015, continúa 2,01 millones. El articulista de La Razón César Vidal también se mantiene, con una deuda de 2,7 millones. Ya no aparece el grupo Intereconomía.

Entre las marcas del sector textil se han estrenado los dueños chinos de la cadena de tiendas Okeysi, que se unen así a Caramelo, Hakei y Blanco, en concurso de acreedores.

Seguridad Integral Canaria, una de las empresas del polémico Miguel Ángel Ramírez, ha aumentado su deuda con Hacienda hasta alcanzar el último año los 6,36 millones de euros.

La cuarta lista de grandes morosos –quienes deben más de un millón de euros al fisco– publicada por Hacienda sigue mostrando una foto fija de la crisis. Las variaciones respecto a los anteriores registros son pequeñas: se mantienen los juguetes rotos del pinchazo inmobiliario –Reyal Urbis, Nozar, Martinsa-Fadesa, Polaris World–, empresas con voluminosos concursos de acreedores – Spanair, Orizonia, Grupo Cantoblanco– y quiebras sonadas –Nueva Rumasa, Isolux, Abengoa–, aderezados con famosos del deporte y el mundo del espectáculo –Mario Conde, Kiko Matamoros, Patricia Conde, Dani Alves–.

Son 4.318 sociedades y personas físicas, 537 menos que las incluidas en la primera lista, publicada en diciembre de 2015 y correspondiente a los deudores a fecha de 31 de julio de 2015. El número de grandes morosos se ha reducido, por tanto, un 11% en dos años. En cambio, el volumen de la deuda ha menguado mucho menos, un 1,9%. En 2016 sumaba 15.600 millones de euros y ahora asciende a 15.300 millones. Es más, este último año el recorte de la mora ha sido sólo de un 0,5% respecto a la lista de 2017, apenas ha bajado 100 millones de euros. Y el descenso en el número de los morosos también se ha resentido. Sólo ha bajado en 87, un 1,8%, casi un tercio de lo que se redujo un año antes, cuando 219 personas jurídicas y físicas salieron de la lista, el 4,6%.

La dificultad en recortar el volumen de deuda tributaria se debe a que la mayor parte de las empresas –que representan el 92% de los morosos de la lista– se encuentran en concurso de acreedores o en liquidación. En otros casos, como el del expresidente de Banesto Mario Conde, la deuda ha ido aumentando año a año: desde los 9,93 millones que se apuntaba en 2015 hasta los 14,96 millones con los que aparece tres años más tarde. Otro tanto ocurre con Oceanus Maritime Limited, una sociedad radicada en la isla de Man –un paraíso fiscal– y propietaria de un yate de lujo, que ya es por segundo ejercicio consecutivo la segunda empresa más endeudada de la lista. Debe 227,72 millones de euros, 38,65 millones más que hace un año. El constructor cordobés Rafael Gómez Sánchez, conocido como Sandokán, debe a través de seis sociedades distintas un total de 139,66 millones de euros, nueve millones más que el año pasado. Arturo Fernández, expresidente de la patronal madrileña y dueño del grupo Cantoblanco, consta en la lista con 20,35 millones, tres millones más. La familia Ruiz Mateos suma 28,5 millones de euros por su grupo de empresas quebradas –Clesa, Dhul, Garvey, Nueva Rumasa, Inversiones Ruiz Mateos y José María Ruiz Mateos SA–, 2,6 millones menos que en 2016, pero aún más del doble de los 13 millones con que ingresó e la lista de 2015.

Anca Corporate, la sociedad del hotelero Antonio Catalán –Hoteles AC–, ha aumentado su deuda con Hacienda en casi 30 millones desde 2015, y ahora debe 89,06 millones de euros. Por el contrario, el expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán ha reducido su débito con el fisco en más de 22 millones de euros desde el año pasado, al desaparecer de la lista la deuda de Viajes Marsans. Aun así, sigue teniendo que abonar 24,87 millones por los impuestos impagados de Spanair, Air Comet, Newco Airport Services y Teinver.

Los dueños de la promotora inmobiliaria malagueña Aifos también han engordado sus obligaciones con Hacienda en 31,5 millones de euros desde el año pasado, con una factura que supera los 151 millones de euros. La deuda se la reparten Jesús Ruiz Casado; su mujer, Teresa Maldonado, y dos de sus empresas, Aifos Arquitectura y Promoción Inmobiliaria y Sun Farm.

De récord

Sí que ha recortado sus compromisos con el fisco Agapito García Sánchez, el empresario que desde 2015 figuraba como el particular con mayor deuda fiscal de la lista: la ha rebajado 9,4 millones de euros, desde los 26,8 millones de hace tres años. Mucho menos la ha reducido Francisco Hernando Contreras, conocido como El Pocero, el constructor de las urbanizaciones fantasma de Seseña (Toledo). Debe ahora sólo 96.482 euros menos de los 86,1 millones de euros con que ingresó en la lista de 2015 con su sociedad Obras Nuevas de Edificación. Sin embargo, también figura al frente de otra, Lady Mónica SL, con una deuda de 1,7 millones de euros de los que no ha ingresado ni un céntimo.

Desguaces La Torre, propiedad de Luis Miguel Rodríguez, un empresario habitual de las revistas del corazón, ha aumentado su débito con el fisco en 7,4 millones de euros desde 2015, de forma que su pasivo asciende a 14,3 millones de euros.

El mayor moroso de la lista sigue siendo, un año más, la promotora Reyal Urbis, protagonista de la segunda mayor liquidación inmobiliaria de la historia de España tras la de Martinsa Fadesa. Adeuda a la Agencia Tributaria 361,5 millones de euros, tras haber pagado 16,67 millones el último ejercicio. Le sigue la ya citada Oceanus Maritime Limited y otra inmobiliaria, Nozar, que ha rebajado sus compromisos con el fisco en 5,5 millones pero aún debe 197,6 millones de euros.

Además, se han incorporado a la relación de grandes morosos, y con un débito abultado, los hermanos Cristina y Luis Cort Lagos, dueños de Portocarrio SL, Portocarrio Valores, Portocarrio Viviendas y Fomensa Hispania. Los Cort Lagos han desbancado a Agapito Sánchez como las personas físicas con mayor deuda, 27,8 y 28,06 millones de euros respectivamente. Pero el conjunto de sus empresas también desbancan a Reyal Urbis como los mayores morosos de España, con un pasivo acumulado de 361,98 millones de euros. Si se suman ambas cifras, los Cort deben al fisco un total de 417,89 millones de euros.

Los nuevos y los grandes fiascos de la crisis

Se estrenan en el registro de deudores este año también el cantante Miguel Bosé, con una deuda de 1,86 millones de euros, y el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato, con sólo 2.103,31 euros por encima del límite de un millón que lo convierte en gran moroso. El exfutbolista del Barça Dani Alves se cayó de la lista el año pasado, pero ha vuelto ahora con un pasivo de 2,6 millones de euros, el doble de lo que debía en 2016. Entre las personas jurídicas han entrado en la relación de los mayores morosos las sociedades Global Leiva y Maemoda, propietarias de la cadena de tiendas Blanco, que quebró en diciembre de 2016. La primera adeuda 1,95 millones de euros, y la segunda, 6,7 millones.

En la lista persisten muchos de los principales fiascos de la crisis como Grupo Pra SA, Banreal Holding, Fincas Corral, Fergo Aisa o Promaga, en el sector del ladrillo, y Viajes Iberia, Viajes Iberojet y Orizonia en el turístico. El aeropuerto sin aviones de Ciudad Real debe al fisco siete millones de deuda y la concesionaria de las autopistas radiales R-3 y R-5, rescatada por el Estado el pasado mes de mayo, 38,51 millones de euros.

También aparecen un buen número de empresas de seguridad como Seguridad Integral Canaria, del polémico Miguel Ángel Ramírez, que se mantiene por segundo año, con 3,09 millones de euros. Le acompañan Halcón Seguridad, Esabe, Ombuds –16,21 millones–, Segur Ibérica –21,7 millones– y Magasegur –seis millones–. Unipost, el fallido operador postal, debe 11,76 millones. Los textiles Caramelo, Hakei, Fun & Basics y Victorio & Lucchino repiten en la lista una vez más. Y es larga la nómina de los clubes deportivos con deudas tributarias. Desde el Hércules al Salamanca pasando por el Rácing de Santander y el Recreativo de Huelva, que repiten desde la primera lista. Lo mismo sucede con el exjugador argentino del Zaragoza Gabriel Milito, con un pasivo de 1,8 millones, exactamente la misma cantidad que el año pasado. Y con el expresidente del Valencia CF Vicente Soriano, que no ha pagado ni un solo euro de los 1,14 millones que se le apuntaron ya en la primera lista hace tres años.

Conocidos y morosos

Además, continúa en el grupo de grandes morosos el empresario Javier Merino, esposo de la actriz Mar Flores, que suma 3,5 millones de euros de deuda a través de tres empresas –Star Petroleum, Multipetróleos y Multipromotur–.

Entre los medios de comunicación, continúan el grupo Intereconomía, con un débito de 17,66 millones de euros, 4,4 millones más que hace un año, el grupo Negocios, con 1,35 millones de euros, y Prensa Universal, editor de Diario de Alcalá, con 1,11 millones. También se mantiene desde 2015 el periodista de El País Antonio Navalón, con 2,9 millones de euros, y el articulista de La Razón César Vidal, con 2,1 millones.

Otros rostros conocidos que no terminan de saldar sus deudas con Hacienda son el financiero Jacques Hachuel, con 2,7 millones de euros, el abogado Emilio Rodríguez Menéndez, que no ha abonado aún ni un céntimo de los 3,6 millones que se le imputan desde 2015, y el expresidente del Real Madrid Lorenzo Sanz y su esposa, Luz Durán, que suman 2,9 millones. El juez Pascual Estevill, condenado por corrupción, ha pagado 1,68 millones desde 2016, pero aún debe 3,74 millones a Hacienda. El hijo de Gunilla von Bismarck, Francisco José Ortiz von Bismarck, cuyo nombre apareció en los Papeles de Panamá, se estrena en la lista, adeudando al fisco 1,25 millones de euros.

El exministro Ángel Acebes y los empresarios Javier López Madrid y Arturo Fernández se adhirieron este martes a la petición formulada por tres exconsejeros de Bankia para que se les aplique la conocida como Doctrina Botín y evitar sentarse en el banquillo de los acusados por el falseamiento de las cuentas de la entidad previa salida a Bolsa.

En sus escritos presentados ante el Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional y a los que tuvo acceso Europa Press, los que fueran miembros del Consejo de Administración de Bankia piden el archivo de sus causas exponiendo que ni el Ministerio Fiscal ni la acusación particular que ejerce el FROB formulan acusación contra ellos.

Se acogen así a la doctrina bautizada con el apellido del banquero Emilio Botín, que evitó ser juzgado por un caso de cesiones de crédito de acuerdo con una sentencia del Tribunal Supremo en 2007 que limitaba la acción de las acusaciones cuando la Fiscalía y los perjudicados solicitaran el sobreseimiento de la causa.

Todos ellos se adhieren a la petición formulada el pasado 18 de noviembre al juez instructor por los exmiembros del Consejo de Administración de la entidad Jesús Pedroche, Estanislao Rodríguez-Ponga y Mercedes Rojo que solicitaron que se aplicara la Doctrina Botín. Los tres fueron condenados en la Audiencia Nacional en febrero de este año por el uso fraudulento de las Tarjetas Black de Caja Madrid.

En el caso del exministro del Interior Ángel Acebes, su letrado alega que no se le acusa por el delito de fraude de inversores sino por estafa en las cuentas de BFA –matriz de Bankia– y recuerda que de su actuación no se puede derivar ninguna responsabilidad penal ya que su incorporación a la entidad fue posterior al debut bursátil del banco en julio de 2011.

Aunque el juez sentará en el banquillo a 32 personas físicas, el fiscal Anticorrupción Alejandro Luzón ejerció su acusación contra cinco: el presidente de la entidad Rodrigo Rato, para el que pide cinco años de cárcel, su 'número dos' José Luis Olivas y los exconsejeros José Manuel Norniella y Francisco Verdú Pons. A todos ellos se les imputa fraude de inversores.

Oposición de la CIC

La acusación popular que ejerce la Confederación Intersindical de Crédito (CIC) se opone a la pretensión de los consejeros procesados al entender que no es cierta la premisa de que solo fue perjudicado por los hechos el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) pues el delito de falsedad contable conlleva un ilícito penal de naturaleza "supraindividual, colectivo o difuso".

Los acusados piden la nulidad del auto con fecha de 17 de noviembre por el cual el magistrado de la Audiencia Nacional Fernando Andreu dictaba apertura de juicio oral contra 32 personas físicas además del Banco Financiero y de Ahorros (BFA), Bankia y la auditora Deloitte por la inclusión de datos falsos en el folleto informativo que aprobó el Consejo de Administración del banco previo a su debut bursátil.

El Gobierno de Esperanza Aguirre emitió en mayo de 2011 un informe que presentaba a Madrid Network como "la única entidad" del territorio capaz de gestionar 80 millones públicos en créditos blandos para innovación. Lo hizo para contentar a los servicios jurídicos de la Comunidad, que acababan de alertar contra la decisión de adjudicar a una asociación privada el reparto de aquel macropréstamo sin publicidad ni competencia posible por parte de otros interesados. Extremadamente elogioso para Madrid Network, el informe fue elaborado por el entonces director general de Economía, luego concejal de oposición en Madrid con Esperanza Aguirre y ahora retirado de la política, José María Rotellar. Lo firmó el 9 de mayo de 2011. Cuatro meses antes, Rotellar había sido designado vocal de la junta directiva de Madrid Network como representante de dos de los clusters –conglomerados empresariales de función similar a la de los lobbies– empresariales que conforman la asociación.

infoLibre intentó este miércoles contactar con Rotellar. No fue posible. Y los portavoces oficiales de la Comunidad de Madrid a quienes preguntó este diario no se pronunciaron sobre si el exdirector general pudo incurrir en conflicto de intereses al informar favorablemente la firma de un convenio que había de beneficiar a la misma asociación en cuya directiva él mismo se integraba. "Incluso si formaba parte de la junta de Madrid Network solo como representante de la Consejería de Economía debió abstenerse de emitir ese informe", opina un destacado experto en Derecho Administrativo consultado este miércoles.

Superado el escollo de los servicios jurídicos, que exigieron como "condición esencial" que el Ejecutivo regional justificara por qué había elegido a Madrid Network sin selección previa pero que le proporcionaba una amplia vía de escape al evitarle someterse a un segundo dictamen legal, el equipo de Aguirre dio vía libre al convenio. Suscrito el 23 de mayo de 2001, el acuerdo continúa aún hoy rodeado de sombras e incógnitas.

En su informe, Rotellar ponderó casi con vehemencia las virtudes que conferían a Madrid Network  de garantizar "la máxima rapidez en la canalización de la financiación". Y cómo, "su naturaleza jurídica y sus fines estatutarios", su potencia como vértice de unión de la Comunidad de Madrid, la Cámara de Comercio y la patronal y su envergadura al agrupar "empresas que suponen el 40% del PIB regional" –el informe no decía en qué fuente sustentaba esa afirmación–, cómo todo ello en resumen la convertían en la única destinataria posible del encargo.

De los 80 millones librados por el Gobierno central en tres tandas anuales –32, 32 y 16 millones–, Madrid Network gestionó el reparto de 76 y terminó devolviendo los otros cuatro a la Comunidad de Madrid. Solo los socios de Madrid Network –alrededor de 600– pudieron optar a esos préstamos, otorgados a un tipo de interés muy inferior al del mercado bancario (al 1,232%), con cinco años de carencia a partir de la firma y diez más para el reembolso. Entre los beneficiarios de aquella formidable línea de crédito se cuentan empresas vinculadas a antiguos cargos políticos y de las finanzas semipúblicas. Los más señeros, porque no solo los suyos fueron préstamos fallidos sino porque permanecen embarcados en una batalla para no devolver el dinero público recibido, son el exconsejero madrileño de Sanidad Manuel Lamela e Ildefonso de Miguel, exgerente del Canal de Isabel II.

Constituida en diciembre de 2007 por la Comunidad de Madrid, la patronal madrileña Ceim y la Cámara de Comercio como asociación privada sin obligación de depositar sus cuentas anuales en ningún registro y ajena a fiscalización de la Cámara de Cuentas, Madrid Network ha gestionado al menos cinco convenios millonarios cofinanciados por la Unión Europea: el de los 80 millones, cuyos fondos procedían del hoy extinto Ministerio de Ciencia que dirigió Cristina Garmendia en el último Gobierno de Zapatero; y tres de ámbito regional suscritos en 2014 y 2015 con la Comunidad de Madrid también para la gestión de ayudas encaminadas a la innovación empresarial.

La supervisión de lo sucedido con los 80 millones del macropréstamo ministerial está encomendada a una comisión mixta Gobierno-Comunidad que se reúne periódicamente. Fuentes del Ejecutivo madrileño sostienen que Garmendia aceptó sin ninguna objeción que el convenio firmado en octubre de 2010 por ella misma y Esperanza Aguirre quedase en papel mojado cuando, un mes y medio más tarde, el Gobierno de Madrid liquidó de un plumazo el organismo público que debía ejecutarlo, el Imade.

La súbita desaparición del Imade permitió la entrada en escena de Madrid Network, fácticamente controlada por la Administración regional liderada por Aguirre y los dos brazos empresariales que manejaba su amigo de infancia Arturo Fernández: la patronal Ceim y la Cámara de Comercio. El control fáctico nunca se tradujo en ninguna fórmula que situara a Madrid Network entre aquellos organismos sujetos a fiscalización permanente. Pese a que desde 2011 por sus cuentas han pasado más de 105 millones de origen netamente público, Madrid Network nunca ha solicitado ser declarada asociación de utilidad pública. Adquirir ese rango le habría obligado a presentar cuentas y memorias anuales en el Registro de Asociaciones de Madrid.

La tercera lista de morosos publicada este viernes por la Agencia Tributaria tiene pocas novedades respecto a las dos anteriores. Ni en volumen ni en nombres. Este año el número de los morosos se reduce un 4,6% respecto a la facilitada hace un año e incluye a 4.549 personas físicas y empresas, que suman deudas por importe de 15.400 millones de euros, un 2% menos que en la lista de 2016. Los campeones de la lista tampoco han variado: la inmobiliaria Reyal Urbis, con 363 millones de euros la encabeza, seguida de Oceanus Maritime, una empresa radicada en la isla de Man, propietaria de un yate de lujo y que debe 227 millones, y otra promotora, Nozar, con 198 millones de euros más.

Según las cifras que facilita la Agencia Tributaria, desde que publicó el primer listado, el 23 de diciembre de 2015, ha cobrado de estos grandes morosos un total de 891 millones de euros, apenas el 6% de la deuda. De esa cantidad, 100 millones los pagaron 48 morosos entre el 31 de diciembre de 2016 –fecha en que se cerró la lista publicada este viernes– y el pasado 20 de mayo. Hay que tener en cuenta que, antes de hacer públicos los nombres, los deudores son notificados por Hacienda. Otros 309 millones fueron abonados por 3.600 morosos que aparecían en la segunda lista y los 482 millones restantes, por 1.660 deudores del primer listado.

La dificultad para ingresar la deuda se corresponde con el hecho de que el 38,5% de los morosos de la última lista se encuentra en concurso de acreedores, lo que ralentiza y entorpece el cobro. Una sentencia de 2014 del Tribunal Supremo acabó con el derecho de que hasta entonces gozaba el fisco de ser el primero en cobrar las deudas, por delante del resto de los acreedores, con lo que también solía ser el que más dinero recuperaba. Esos morosos en concurso suman el 43% del volumen total de deuda con Hacienda. En el listado aparecen sólo quienes deben a la Agencia Tributaria más de un millón de euros.

Además se presenta otro obstáculo: este año el fisco ha practicado derivaciones de responsabilidad subsidiaria o solidaria con 904 deudores por importe de 1.700 millones de euros, un 9,5% más que el ejercicio anterior. Estos procedimientos –Hacienda reclama el dinero a terceros– retrasan aún más la recaudación de las deudas.

Así, en la lista se perpetúan desde la primera edición los nombres de cientos de empresas constructoras y promotoras inmobiliarias quebradas con el pinchazo del ladrillo. También de otras asociadas a ellas, de los sectores de la cerámica, los muebles... Hace sólo unos días se supo que la ya citada Reyal Urbis entraba en liquidación tras cuatro años en concurso. Con un pasivo de 4.660 millones, es la segunda mayor liquidación de una inmobiliaria después de la de Martinsa Fadesa –que también aparece en el listado de morosos, con una deuda de 65,2 millones de euros–.

Continúan igualmente los viejos nombres del boom constructor. El cordobés Rafael Gómez Sánchez, conocido como Sandokán, debe a Hacienda, a través de cuatro empresas distintas, un total de 130,52 millones de euros. Francisco Hernando, El Pocero,El Pocero adeuda 86 millones a través de Obras Nuevas de Edificación 2000. Aifos aparece con un débito de 98,64 millones de euros, a los que hay que añadir los 10,5 millones a nombre de su propietario, Jesús Ruiz Casado, y otros tantos de su esposa, Teresa Maldonado Taillefer: un total de 119,7 millones de euros. Los murcianos Pedro García Meroño y Facundo Armero Madrid están detrás de Polaris World y Suelos Industriales La Hita, que deben a Hacienda 87,6 millones. Como El Pocero de Guayquil fue bautizado Manuel Gaviria, promotor gaditano al frente de Promaga SA, con una deuda de 71,9 millones de euros y que dejó a cientos de inmigrantes ecuatorianos sin casa en su propio país. El castellonense Manuel Guillén Polo, a través de 18 sociedades distintas, tiene un agujero con Hacienda que suma 75 millones de euros.

Por el contrario, Sacyr, tras sufrir una dura reestructuración y recortar su enorme deuda, ha salido de la lista de morosos tras aparecer en ella en su segunda edición.

Repiten, y con importes casi idénticos, el intermediario financiero Banreal Holding, con 98,4 millones de euros de deuda, o el grupo Pra SA, con otros 98,7 millones, que ha rebajado la cifra desde el año pasado en tres millones de euros.

Ruiz Mateos, Serratosa, Sanahúja

Se mantienen también algunos de los empresarios que más titulares han protagonizado en los últimos años por sus fiascos financieros. Arturo Fernández, expresidente de la patronal madrileña, CEIM, sigue debiendo a Hacienda 17,3 millones de euros, sólo 200.000 menos que el año pasado. Permanecen en la lista las empresas que pertenecieron al expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán: Spanair, Air Comet, Viajes Marsans y Teinver. En total, casi 47 millones de euros, sólo 26.000 euros menos que en 2015.

Mario Conde, expresidente de Banesto que fue condenado a 20 años de prisión tras ser intervenida la entidad en diciembre de 1993, continúa en la lista con 9,93 millones de euros, tras reducir su deuda en sólo 49,35 euros. Su exsocio Jacques Hachuel le acompaña con un débito de 2,69 millones, el mismo que en 2015. El empresario Javier Merino, esposo de la actriz Mar Flores, suma 5,27 millones de euros, a través de cuatro empresas –Star Petroleum, Star Petroleum Red, Multipetróleos y Multipromotur–.

La familia Ruiz Mateos adeuda un total de 31,1 millones de euros por culpa de seis empresas: Dhul, Clesa, Garvey, Nueva Rumasa, José María Ruiz Mateos SA e Inversiones Ruiz Mateos. Son casi el doble de los 13 millones con que ingresó en la lista de 2015. Y este año aparecen con una sociedad más: Nueva Rumasa, que adeuda casi nueve millones de euros.

Otros nombres de la élite empresarial como los Serratosa –Valencia de Cementos– o los Sanahúja –Metrovacesa–, tampoco se apean del listado de Montoro. Estos últimos han recortado su deuda de 53,6 a 49,3 millones en el último año.

El empresario y ventrílocuo José Luis Moreno también continúa entre los morosos de Hacienda, con un importe de 1,9 millones a través de la sociedad Kulteperalia. Igual que el polémico abogado Emilio Rodríguez Menéndez, con una deuda de 3,6 millones, la misma cantidad que hace dos años. El expresidente del Real Madrid Lorenzo Sanz y su esposa, Luz Durán Muñoz, deben al fisco en conjunto 3,4 millones de euros.

508 nuevos en la lista

En la lista figuran este año 508 morosos nuevos respecto a la lista anterior, entre ellos la presentadora de televisión Patricia Conde, con una deuda de 1,2 millones, y el también televisivo Kiko Matamoros, quien debe un millón a Hacienda. Sin olvidar a Francisco José Ortiz von Bismarck, hijo de Luis Ortiz y Gunilla von Bismarck, miembros de la jet set marbellí, que debe pagar 1,2 millones de euros al fisco. En el lado de las empresas, aparecen por primera vez Unipapel, Unipost y Seguridad Integral Canaria. Propiedad del empresario canario Miguel Ángel Ramírez, el rey de la seguridad low cost, adeuda 2,9 millones de euros. Los vigilantes de esta empresa llevan meses denunciando los retrasos con que cobran todos los meses sus nóminas. Y han comenzado a protestar con huelgas y manifestaciones. Sin embargo, la empresa asegura que se encuentra “totalmente al corriente de sus obligaciones con Hacienda”, después de haber abonado la cantidad con que figura en la lista. Por el contrario, dice que las administraciones públicas le deben 16 millones de euros por los servicios que les presta.

Seguridad Integral Canaria no es la única empresa del sector que aparece entre los morosos fiscales. También Magasegur, Segur Ibérica, Ombuds, Falcon, Halcón, Seguriber o Esabe.

Nuevas en el listado son igualmente las textiles Hakei, que acaba de cerrar todas sus tiendas, y Reig Martí, que se suman a la gallega Caramelo, los sevillanos Victorio y Luchino y a los vaqueros Lois. Pero la novedad con mayor volumen de deuda es Vittone 1842, una empresa que destila el fernet, un licor amargo muy popular en Argentina. La empresa, radicada en Girona, debe nada menos que 134,4 millones de euros al fisco.

En cambio, son antiguos en la nómina de Montoro el juez Luis Pascual Estevill, condenado por corrupción –3,7 millones– y la persona física con mayor volumen de deuda, el empresario Agapito García Sánchez: 17 millones de euros, una considerable rebaja desde los 26,8 millones con que ingresó en la lista.

Medios, clubes de fútbol, empresas municipales

No faltan los medios de comunicación. Repiten este año Intereconomía, con 13,2 millones de euros de deuda; la Editorial Católica –que publicaba el diario Ya–, con 4,6 millones; la editora de La Crónica de León –un millón– y Prensa Universal, responsable de Diario de Alcalá Diario de Alcalá–1,1 millones–. Como tampoco faltan dos colaboradores habituales de la prensa y la radio: Antonio Navalón –El País–, que adeuda 2,08 millones de euros, la misma cantidad desde 2015, y César Vidal –La Razón–, con 2,3 millones.

Otro sector bien representado en las tres ediciones de la lista es el de los clubes deportivos. Entre los de fútbol, el Recreativo de Huelva debe 12,5 millones; el Elche, 10,5 millones; el Hércules, 4,7 millones de euros; el Rácing de Santander, 9,1 millones; la Unión Deportiva Salamanca, 13,6 millones más. Se han caído de la nómina los clubes de baloncesto Estudiantes y Joventut de Badalona, pero continúan en ella los equipos de Valladolid, Girona, Alicante, Lleida y Menorca. También sigue debiendo dinero a Hacienda el futbolista del Zaragoza y del Barça Gabriel Milito –1,8 millones–. En cambio, han regularizado su situación fiscal el ex jugador del Barça Dani Alves y el piloto español de motos Dani Pedrosa.

En la relación de morosos de Montoro no sólo hay empresas privadas. Entre las públicas cabe destacar la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir, con una deuda de 1,08 millones de euros, y las empresas municipales Almonte Territorio Sostenible, la de Gestión Inmobiliaria de Alcorcón, y las de Suelo de San Fernando de Henares y Algeciras.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha pedido comparecer "a la mayor brevedad posible" ante la Comisión de Investigación sobre la corrupción política d ela Asamblea de Madrid para explicar la adjudicación del contrato de cafetería a la empresa Grupo Cantoblanco, propiedad de Arturo Fernández.

Esta solicitud a petición propia de Cifuentes llega un día después de que la oposición reclamara su comparecencia en una sesión extraordinaria de esta misma comisión para dar explicaciones a raíz de los informes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil que la vinculan con la financiación irregular del PP de Madrid.

Según ha informado el Ejecutivo autonómico en un comunicado al que ha tenido acceso Europa Press, la presidenta madrileña informará personalmente sobre los procesos de adjudicación del servicio de cafetería de la Cámara regional en 2009 y 2011, que han sido objeto de investigación policial.

Cifuentes ha afirmado en reiteradas ocasiones que su actuación en ambos procesos se ha ajustado "plenamente a la legalidad", que todas las decisiones se adoptaron por unanimidad en el marco de un proceso administrativo en el que intervienen tanto representantes políticos como técnicos de la Administración, y que no tiene nada que ocultar.

Partiendo de este criterio, el Partido Popular de la Asamblea de Madrid ha solicitado que comparezcan ante esta Comisión cuantas personas intervinieron en estos procesos, en función de sus responsabilidades y representación en la Cámara durante las Legislaturas VIII y IX, en total, 11, tres de ellas diputados de PSOE e IU, y ocho técnicos.

Concretamente, se ha pedido que comparezcan Francisco Cabaco, diputado del PSOE, vicepresidente segundo de la Asamblea de Madrid e integrante de la Mesa de Contratación en 2009; Antero Ruiz, diputado de Izquierda Unida, vicepresidente tercero, e integrante de la Mesa de Contratación en 2009 y 2011 y Juan Barranco, diputado del PSOE, vicepresidente segundo e integrante de la Mesa de Contratación en 2011.

También se ha solicitado que comparezcan integrantes de la Mesa de Contratación y del Comité de Expertos. Una de las críticas de la oposición radica en la presencia de Cifuentes tanto en el Comité de Expertos como en la Mesa de Contratación que dio el visto bueno a la adjudicación de los servicios a la empresa de Arturo Fernández. Desde la Comunidad, fuentes jurídicas han detallado que no existe incompatibilidad porque el órgano que propuso la adjudicación fue la Dirección de gestión Administrativa, de la que ella no formaba parte.

La Unidad Central Operativa (UCO) vincula a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, y al expresidente del Gobierno regional Ignacio González, entre otros, con irregularidades en pagos a Fundescam y distintos gastos electorales de campañas del PP de Madrid, en el marco de la trama Púnica.

Así consta en uno de los informes de la UCO incorporados al sumario de esta trama liderada supuestamente por el exsecretario general del PP de Madrid Francisco Granados, donde se recoge que a través de la cuenta corriente de Fundescam, "determinados empresarios y organismos empresariales, ingresaron en el año 2007 importantes cantidades de dinero que fueron empleadas para sufragar gastos electorales no declarados como tales".

La UCO pide investigar a la presidenta de la Comunidad de Madrid por los delitos de prevaricación y cohecho en adjudicaciones del servicio de cafetería, cocinas y comedores de la Asamblea de Madrid al empresario Arturo Fernández en los años 2009 y 2011. El sumario sobre la pieza de la presunta financiación irregular del PP incluye un informe en el que la Guardia Civil señala a Cifuentes como presidenta de las mesas de contratación de las licitaciones de los contratos públicos en la Asamblea de Madrid.

El Grupo de Delitos contra la Administración de la UCO considera que las conductas apreciadas pueden responder a un delito electoral continuado en concurso con los delitos de malversación, falsedad documental, cohecho, prevaricación y blanqueo de capitales.

La UCO ha detectado, en relación a estos hechos, "sólidos indicios que acreditarían cómo algunos de estos empresarios, como Arturo Fernández, fueron adjudicatarios de determinados contratos públicos en los que se han detectado múltiples irregularidades penalmente relevantes y donde habrían participado cargos públicos que también pertenecían por entonces al Patronato de la Fundación Fundescam cuando se efectuaron las aportaciones económicas detectadas, como es el caso de Cifuentes".

Estos hechos, según recoge este informe, han dado lugar a la elaboración de un informe policial complementario. Asimismo, añade que se "han mostrado evidencias de que se realizaron pagos de actos electorales desde la cuenta de funcionamiento del partido, que recibió sustanciales fondos procedentes del Grupo Parlamentario".

Sería destinatario de "buena parte de los fondos" el empresario Óscar Sánchez Moyano, vinculado a la Escuela Europea de Dirección de Empresas (EUDE), entre otras, "quien habría suscrito un contrato de servicios con el partido, con el objeto de encubrir la condición de intermediario en la organización y producción de los gastos electorales.

El pasado 23 de marzo, infoLibre publicó que la UCO interrogaba a funcionarios que junto con Cifuentes dieron un contrato al exjefe de la patronal madrileña. La Guardia Civil investigaba la adjudicación de la cafetería de la Asamblea de Madrid en 2011 tras la valoración efectuada por un comité al que pertenecía la hoy presidenta de Madrid. Arturo Fernández, beneficiario de aquella concesión y donante de la fundación utilizada por el PP en la etapa de Aguirre para abonar gastos electorales, ya había declarado como investigado ante el juez de Púnica.

Información de cuentas bancarias depósitos, valores y acciones del PP

El magistrado instructor solicitó a la entidad Bankia en octubre de 2006 que le remitiese información relacionada con las cuentas bancarias depósitos, valores y acciones del Partido Popular en la Asamblea de Madrid. Requirió además que se facilitase extractos de los movimientos bancarios desde el 1 de enero de 2006 hasta la actualidad. El pasado mes de septiembre dos agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se personaron en la Asamblea de  Madrid y durante cuatro horas y media recabaron información sobre contratos realizados por la Asamblea en el marco de la investigación de esta pieza número 14 de la trama Púnica que investiga la presunta financiación irregular del PP madrileño y cuyo secreto de sumario levantó el magistrado el pasado 5 de mayo.

El análisis del informe policial procede de las entradas y registros vinculados con el exgerente del PP regional, Beltrán Gutiérrez, y ha revelado la existencia de una "contabilidad soterrada de gastos de campaña electoral que pone al descubierto la realización de gastos muy por encima de los declarados a la Cámara de Cuentas". Hablan de una "superación sistemática de los límites de gasto electoral durante al menos los comicios electorales celebrados en los años 2007 y 2011" y de "numerosas irregularidades" que suponen una "profunda quiebra de las normas que regulan el régimen electoral y que atentan contra los principios que pretenden salvaguardar, como el necesario equilibrio en la concurrencia electoral".

En este punto, subrayan que no sólo participó Beltrán Gutiérrez, sino que también "fue necesaria la participación de otros miembros del PP regional", cuyas responsabilidades "suponían que debían estar al corriente de la procedencia de los fondos que financiaban los gastos electorales y a qué destinos se aplicaban". En este ámbito, como ya se conocía, sitúan a Fundescam como "elemento nuclear" de toda esta trama para vehicular los fondos destinados a gastos electorales y para actuar de pantalla de cobertura de la verdadera naturaleza y destinatario de los servicios de campaña.

Además, habla de una red de empresas para la materialización y ocultación de los gastos electorales no declarados, unos empresarios que "no sólo se beneficiaban del volumen de negocio generado por la campaña sino que también han sido beneficiarios de contratos y fondos públicos en administraciones controladas por el PP". En el marco de su colaboración con el PP de Madrid, "habrían sido receptores de dinero en efectivo de procedencia opaca, habrían falseado facturas con el propósito de ocultar la prestación de servicios de campaña y habrían actuado de intermediarios para eludir que el PP figurara como destinatario y pagador de los servicios de campaña prestados por terceras personas".

Entre ellos, se ha identificado la participación del empresario Daniel Horacio Mercado, vinculado con las empresas Over Marketing, Abanico de Comunicación y Marketing SL, Traci Comunicación y Link America SLA, encausado por el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma de Mallorca, por hechos similares en relación a un Plan de Comunicación de los Hospitales en las Islas Baleares, donde se hacía publicidad para la campaña electoral del PP. En este entramado empresarial estaban Óscar Sánchez, anteriormente mencionado, y vinculado a Sintra Consultores SL, Formaselect Consultin SL y Troyano Marketing SL; Ricardo Vázquez Segura, vinculado a Back RVS Producciones Culturales y Comunicación SL, Área de Recursos, Pirámide Producciones y KREA Producciones.

También lo integrarían Marcelino Luis Elosua de Juan, vinculado a Laboratorio de Almagro 36, Lid Editorial y Consejeros Empresariales Españoles; y Maria Luisa Madariaga Sánchez, vinculada con Laboratorio de Almagro 36 y First Tuesday.

El expresidente de la patronal madrileña CEIM y de la Cámara de Comercio de Madrid, Arturo Fernández, ha manifestado este viernes en la comisión de investigación sobre corrupción política de la Asamblea que no es corrupto y que su imputación por las tarjetas black de Caja Madrid "fue un accidente"black .

"No pertenezco a ninguna trama, yo soy un empresario de tercera generación que llevo trabajando desde los 17 años, que no tengo cuentas opacas ni en Panamá ni en ningún lado y que me dedico a trabajar y a dar empleo", ha defendido Fernández después de que la diputada de Podemos María Espinosa le acusara de "encarnar" la "trama madrileña" organizada por "empresarios y políticos que se aprovechan de las instituciones para privilegiar a unos pocos". "No solo no he engañado a nadie, sino que me he dedicado a crear empelo y a trabajar. Estar en el 'tramabús', sin comentarios. ¿Qué me molesta?, me molesta si me dicen que estoy ahí por ser corrupto, porque de momento yo no estoy condenado por corrupto en ningún lado, tengo lo de las tarjetas black, que es un accidenteblack", ha declarado Fernández, quien ha recordado que devolvió el dinero cuando se enteró del carácter opaco de las tarjetas.

Fernández ha bromeado sobre su presencia en el 'tramabús' al afirmar que no se merece "tanta fama", y tras manifestar que ha hablado varias veces con el líder de Podemos, Pablo Iglesias, con quien ha asegurado que se lleva "perfectamente", ha destacado que ha pasado de "casta" a "trama". "Tengo 70 tacos, yo no quiero ser famoso, yo quiero vivir tranquilo", ha zanjado.

Además, ha dicho que tiene "estos temas", en alusión al fraude de la formación, por el que ha sido citado en la Asamblea, "por ser presidente de CEIM y de la Cámara", para agregar que disfrutó mucho siendo presidente de ambas corporaciones pero le trae "estas consecuencia, por supuesto, sin hacer nada".

La donación a Fundescam

El expresidente de la patronal madrileña  también ha dicho en su comparecencia en la comisión de investigación sobre corrupción política de la Asamblea que solo hizo una donación de 60.000 euros a la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid (Fundescam) y que fue "legal"Fundescam.

A la pregunta del diputado de Ciudadanos César Zafra de si es posible que parte de las subvenciones para formación que gestionaba CEIM fuera a parar a Fundescam, Fernández ha respondido que "bajo ningún concepto". "Sí se ha dicho que el anterior presidente transfirió una cantidad, porque lo ponen todos los periódicos y porque me lo ha dicho el juez Eloy Velasco, que transfirieron 100.000 euros a la cuenta de Fundescam", ha agregado Fernánez. "Seguramente lo harían, si era legal y si lo hicieron tampoco es mi problema, no era mi presidencia", ha apostillado, al tiempo que ha asegurado que durante su mandato lo único que se transfirieron fueron 60.000 euros transparentes y claros" a través de la Fundación Arturo Fernández, fundada por su abuelo.

También preguntado por la diputada de Podemos María Espinosa, ha reiterado que no tiene constancia de que durante su mandato se haya transferido dinero a Fundescam desde CEIM, y que la Fundación Arturo Fernández mandó 60.000 euros, como ya le dijo al juez, que tenía el recibo. "Es legal, transparente y aquí se acaba todo, a cambio, por cierto, de nada", ha aseverado. En este punto, ha negado que su empresa, de la que ha destacado que ha llegado a tener 3.000 trabajadores y 160 establecimientos, viviera del sector público, y ha agregado que está "casi retirado".

Fernández ha admitido que dijo ante el juez que daba dinero a Fundescam para "quedar bien con el establishment"establishment, y ha defendido que "los empresarios, los políticos y la sociedad en general tiene que ayudarse, legalmente, para nada ilegal". Así, ha reafirmado su empresa hacía donaciones "transparente y legalmente, a cambio de nada" a fundaciones, para señalar "que todos los partidos tienen fundaciones". "También quedaba bien con la Fundación Síndrome de Down", ha apuntado.

Además, ha recordado que durante 30 años ha sido el restaurador de UGT y del Congreso de los Diputados, "con el PSOE durante toda la vida". "Yo no soy ni del PP, ni del PSOE, ni soy de Podemos, ni soy de Ciudadanos, yo soy apolítico", ha manifestado.

Espinosa ha dicho que mientras Arturo Fernández hacía una donación a Fundescam, la presidenta regional, Cristina Cifuentes, estaba en la junta directiva de la fundación y en la comisión de contratación que adjudicaba la cafetería de la Asamblea, cuyos contratos han sido investigados por la UCO. "No tiene nada que ver el que en el mes de marzo la Fundación Arturo Fernández diera 60.000 euros a Fundescam, para lo que fuera, con el contrato de la cafetería de la Asamblea de Madrid, que es una cafetería deficitaria", ha explicado. "Yo fui al concurso, casualmente la señora Cifuentes estaba aquí porque siempre ha estado en la Asamblea de Madrid", ha agregado, para insistir en que no hay relación entre la donación y "un concurso de 160.000, que además se palman 60.000 euros todos los años".

Asimismo, ha negado que su amistad con la expresidenta regional Esperanza Aguirre tuviera que ver con las concesiones que conseguía. "Me ofende usted", ha respondido a Espinosa, al tiempo que ha explicado que su empresa se ha dedicado a presentarse a concurso de los cuales algunos ha ganado y otros ha perdido. "No tiene nada que ver que nosotros mandáramos 60.000 euros o que yo fuera amigo de una determinada persona en el Gobierno para que mis concursos fueran transparentes y claros", ha recalcado.

"No ha habido enchufados míos nunca"

Respecto a la contratación como vicepresidenta de CEIM de la mujer del expresidente regional Ignacio González, Lourdes Cavero, Arturo Fernández ha explicado que ya era miembro de CEIM como directiva de Unelsa, y que cuando dejó la empresa ocupó una vacante de la secretaría general. "Yo no he contratado, ni en la CEIM ni en la Cámara, a nadie, nunca, no ha habido enchufados míos nunca", ha aseverado.

En respuesta a la diputada del PSOE Encarnación Moya, que le ha preguntado si contrataba a familiares y amigos del miembro del Gobierno en puestos "muy bien remunerados" para contentar al establishment, ha dicho que podía haber contratado a Cavero o a "cualquier otra persona" y que "no tenía más sueldo de los demás". "Nada de lo que he hecho se ha salido de los conductos reglamentarios para la contratación de personas", ha aseverado. Asimismo, ha insistido en que hizo una sola donación "legal" y que Fundescam lo administraría "como lo quisiera".

La investigación sobre la presunta financiación del PP madrileño en el marco de la Operación Púnica ha colocado bajo la lupa a los funcionarios que, en 2011 y junto con la hoy presidenta del Ejecutivo regional, Cristina Cifuentes, integraban el "comité de expertos" cuya valoración de ofertas inclinó la adjudicación de la cafetería de la Asamblea de Madrid en favor del entonces jefe de la patronal autonómica, Arturo Fernández. 

Donante de la fundación Fundescam, a través de la cual el PP captó fondos para las campañas de Esperanza Aguirre desde 2003, el año del tamayazo, y adjudicatario de múltiples contratos de la Comunidad de Madrid, Arturo Fernández ya declaró en calidad de investigado hace dos semanas ante el juez del caso Púnica, Eloy Velasco, 

Fuentes conocedoras de lo sucedido han confirmado a infoLibre que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ya ha interrogado al menos a uno de los tres empleados de la Cámara autonómica relacionados con aquella decisión, aunque otras fuentes indican que ya han declarado los tres: la jefa de servicio M.M. y el técnico asesor A.Z., que formaban parte del comité, y la letrada T.R. De momento, no consta que el instructor de Púnica, Eloy Velasco, les haya citado a comparecer o haya decidido hacerlo, aunque algunas fuentes conocedoras del caso indican lo contrario.

A través de los portavoces oficiales de la Asamblea de Madrid, este diario ofreció el martes a los tres empleados públicos aportar su versión de los hechos. Ninguno de ellos accedió.

Bajo el argumento de que la causa permanece bajo secreto de sumario, la Cámara autonómica declinó asimismo corroborar si ha puesto a disposición de alguno de ellos o de los tres los servicios jurídicos de la institución.

El equipo de Cristina Cifuentes también rehusó cualquier pronunciamiento, aunque sus portavoces siempre han remarcado que la jefa del Gobierno madrileño pertenecía a aquel comité de expertos de 2011 por su condición de vicepresidenta de la Asamblea. Y que se guió por el criterio de los técnicos.

La participación de Cifuentes en ese comité trascendió el 28 de septiembre de 2016. Dos medios digitales –elconfidencial.com e informacionsensible.com, este último vinculado al célebre comisario José Manuel Villarejo– publicaron ese día el acta del comité de expertos que, el 21 de junio de 2011, otorgó a la empresa de Arturo Fernández la puntuación más elevada en el concurso para la concesión de la cafetería y el comedor de la Asamblea de Madrid. 

Dos concursos en competición y el tercero, en solitario

El pliego de condiciones de aquella licitación establecía cinco criterios como "base para la adjudicación". Uno de ellos –el precio ofertado– era de "valoración automática". Los otros cuatro implicaban un "juicio de valor".

Uno de esos cuatro criterios, el número 3, era el de las referencias de trabajos efectuados de forma satisfactoria en los tres años previos cuya certificación pudiera aportar cada aspirante. La puntuación máxima asignable era de 30 puntos. Uno de los tres licitadores, el grupo Clece, obtuvo en ese apartado la nota más alta: 28,5 puntos, 3,5 más que Cantoblanco Colectividades, la empresa de Arturo Fernández que resultó finalmente adjudicataria.

Otro de los criterios subjetivos, el número 2, medía la "calidad de los alimentos y de los suministradores", valorado con hasta 20 puntos. Ahí, Clece, la empresa que había logrado la máxima puntuación en lo relativo a trabajos previos desarrollados con éxito, cosechó un 0. La misma nota recibió en el apartado relativo a mejoras adicionales ofrecidas. infoLibre preguntó este miércoles a los portavoces de Clece qué factor podría explicar la enorme discrepancia de notas parciales. La empresa, que en 2009 ya había quedado por detrás del ganador Cantoblanco Colectividades en el concurso convocado aquel año para adjudicar igualmente la cafetería y el comedor de la Asamblea de Madrid, no dio respuesta.

A la licitación lanzada en 2013 por la Cámara Autonómica con el mismo objetivo –adjudicar por un año la gestión de la cafetería y el comedor– solo optó ya Arturo Fernández. Pero esta vez lo hizo a través de otra de sus empresas, Grupo Cantoblanco Restauración, que se alzó con el contrato en julio de aquel año.

El 14 de diciembre de 2012, la Asamblea de Madrid había recibido de la Seguridad Social una orden de embargo por 400.000 euros contra la facturación de la mercantil de Fernández que entonces todavía gestionaba el servicio de restauración de la Cámara, Grupo Cantoblanco Colectividades SL. Poco después de que la Guardia Civil requiriese a la Asamblea de Madrid los contratos otorgados a empresas del exjefe de la patronal CEIM, Fernández aseguró a este diario que había saldado aquella deuda con la Seguridad Social y que, por tanto, cumplía los requisitos exigidos para obtener adjudicaciones públicas.

Pero el plato fuerte del juicio que se celebra en la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y en el que permanecen 65 personas procesadas por gastar de forma ilegal, según el fiscal Alejandro Luzón, más de 12 millones de euros, fueron los exdirigentes de CEOE Gerardo Díaz Ferrán y de la patronal madrileña (CEIM) Arturo Fernández.

Luzón, que interpeló primero a Arturo Fernández, empresario de la restauración propietario de la firma Cantoblanco, se interesó por el motivo por el que el concuñado de Fernández, el entonces presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, gastaba cantidades fijas con la tarjeta en sus restaurantes: "¿Esos cargos responden a comidas o una suerte de financiación y acuerdo con Díaz Ferrán?", preguntó el representante del Ministerio Público a Arturo Fernández.

Desayunando en los calabozos

El letrado de Díaz Ferrán reclamó entonces a la presidenta del tribunal, Ángela Murillo, que esa pregunta la realizara en presencia del interrogado, que se encontraba en los calabozos, ya que permanece en prisión desde diciembre de 2012: "El señor Díaz Ferrán no había podido desayunar hasta ahora, y están dándole de comer en los calabozos", explicó el letrado, que pidió al fiscal que interpelara a Arturo Fernández sobre los gastos de Díaz Ferrán cuando éste ya estuviera de vuelta en el banquillo de los acusados.

Unos minutos después, ya con Díaz Ferrán presente, Luzón volvió a hacer la pregunta a Arturo Fernández sobre los gastos que hacía el presidente de la CEOE, a lo que contestó que los gastos fijos que se reflejan en los extractos de las black eran adelantos a cuenta: "En los restaurantes teníamos buenos clientes como Díaz Ferrán, que hacía muchas reuniones de trabajo. Entregaba a cuenta de sus facturaciones unas cantidades fijas, y al final se le decía si faltaba algo...".

"Se liquidaba", completó el fiscal antes de que Arturo Fernández, a quien se le atribuyen gastos de 38.776 euros, continuara: "Entregaba el dinero a cuenta y luego se liquidaba".

Gastos en restaurantes

En su turno, Díaz Ferrán aseguró a Alejandro Luzón que sólo reconocía los gastos que había hecho en los restaurantes, "y no todos". En este sentido explicó que él consideraba que había hecho el 50% de los gastos que aparecían en restaurantes, "como mucho. Era absurdo que yo me quedara con las copias. Esta hoja [en referencia al excel aportado por Bankia en el que se ven los cargos que hacía con la black] es un papel mojado y sólo sirve para que digan en la televisión que yo me he comprado una mesa", lamentó Díaz Ferrán, que fue interrumpido por su abogado, quien le reclamó que se tranquilizara.

Díaz Ferrán, que insistió en que se le atribuyen gastos que no había hecho, sí explicó por qué pagaba cantidades fijas a los restaurantes de su concuñado Arturo Fernández: "Yo hice esos cargos en los restaurantes en los años 2008 y 2009, con empresarios de Madrid y algunas veces de otras provincias", declaró el reo, que recordó que en aquellos años era presidente de la CEOE y antes de la CEIM de Madrid, "en la que me sucedió Arturo Fernández".

Pero con la crisis, según el testimonio de Díaz Ferrán, que pagó 93.984 euros con su black (la mayor parte en restaurantes de Arturo Fernández) había muchas empresas que no tenían el crédito suficiente para poder seguir trabajando: "Y yo pensé entonces que podía hacer la labor de ayudar a los empresarios por un lado y a Caja Madrid por otro". 

Comidas con empresarios

El expresidente de la patronal CEOE recordó entonces que Caja Madrid tenía su negocio principal en el crédito hipotecario, "y cayó en picado. Y era bueno que Caja Madrid profundizara más y por eso reuní a empresarios en comidas de 20, 30, 10 y 15 en las que, por una parte, les iba aconsejando que fueran a Caja Madrid y a otros también les pedía que echaran una mano. Y de ahí vienen los gastos de las comidas", declaró. 

Y como esta actividad era en beneficio de la caja, Díaz Ferrán consideró que no tenía que pagarlo de su bolsillo. "Eran gastos en favor de Caja Madrid y de los empresarios, y me pareció normal pagar esas comidas”, completó.

"Increíble" estar en el banquillo

Por su parte, el expresidente de la comisión de control de Caja Madrid Pablo Abejas negó que este órgano tuviera algo que ver con la emisión y gestión de las tarjetas y ha indicado que le parece "increíble" estar sentando en el banquillo de los acusados.

Abejas precisó que en los seis años que estuvo en la caja "nunca jamás" obtuvo ninguna comunicación relativa al uso de la tarjeta –y cuyo límite en su caso era de 25.000 euros– y que era un hecho conocido su uso por parte de otros miembros de la entidad, por lo que no le extrañó la práctica.

Por su parte, el exconsejero de Caja Madrid a propuesta del PP Jesús Pedroche dijo que la entidad le negó acceder al desglose de los gastos efectuados con su tarjeta black en 2007 y que lo solicitó porque los cargos que le constaban a la entidad no coincidían con los que él apuntaba en su "contabilidad doméstica".

También nombrado por el PP, Darío Fernández Yruegas precisó ante el tribunal que nunca "ni de forma verbal ni por escrito" se le comunicó por parte de la entidad que había actuado de manera incorrecta al utilizar la tarjeta.

"Absolutamente inocente"

Otro de los exconsejeros promovidos por la formación conservadora, Alberto Recarte, aseguró que es "absolutamente inocente" de los delitos que se le acusa y añadió que para que haya apropiación indebida tiene que existir una motivación económica, algo que rechazó.

Tanto Mercedes Rojo como Francisco José Moure, que fueron nombrados consejeros a propuesta del PP, explicaron a preguntas del fiscal Anticorrupción que confiaban en la gestión de Caja MadridCaja Madrid y que no tuvieron dudas de que la caja se encargaba de la fiscalidad de las tarjetas.

Gonzalo Martín Pascual, exconsejero de la entidad por UGT y que cargó 129.750 euros, testificó por su parte que nunca receló de l tarjeta que le fue otorgada y que si hubiera dudado de su legalidad la hubiera devuelto.

En representación del PSOE, el exconsejero José María Arteta hizo hincapié en que el listado de los gastos facilitado por Bankia estaba "plagado de errores": "He contabilizado más de doscientos. Hay anotaciones que están mal, a mí se me atribuyen gastos en una conocida cafetería y a la vez una comida en una marisquería", precisó Arteta, que respondió que utilizó el plástico para gastos de libre disposición relacionados con la actividad de la entidad.

Comisión de control

Por su parte, Rodolfo Benito (CCOO) aseveró que lo único que reconoce del desglose de gastos de la Visa es el "daño" que le ha ocasionado y agregó que hizo un uso de la tarjeta "controlado".

Finalmente, los miembros de la comisión de control de Caja Madrid –Rubén Cruz Orive, Antonio Rey de Viñas y Antonio Cámara Eguinoa– defendieron en su turno de declaraciones ante el tribunal que se les dijo que la fiscalidad de las Visa dependía de la entidad. Los tres acusados destacaron que nunca tuvieron motivos para dudar de la legalidad de la tarjeta.

Lourdes Cavero, la mujer del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, que percibió 742.303 euros en mayo de 2011 tras su salida de la Asociación Española de la Industria Eléctrica (Unesa), la patronal del sector, fue contratada tres meses después por el entonces presidente de la Confederación Empresarial de Madrid (Ceim-CEOE), Arturo Fernández.

Según la documentación a la que ha tenido acceso infoLibre, le puso un sueldo anual de 112.000 euros. En 2011 Ignacio González era vicepresidente del Gobierno de Esperanza Aguirre, amiga personal del propio Arturo Fernández.

Estos datos aparecen en la investigación patrimonial realizada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Estepona, que sólo ha tenido acceso a las información del matrimonio posterior a 2011: "Consultado el punto neutro judicial ]...] no se puede acceder a años fiscales anteriores a 2011, procediéndose únicamente a la obtención de los años fiscales de 2011, 2012 y 2013", indica un documento del sumario del caso del ático.

Fernández, que está procesado por el caso de las tarjetas black de Caja Madrid, contrató a la mujer de Ignacio González en septiembre de 2011 como vicepresidenta y adjunta a la dirección, con críticas internas. Y le asignó ese importante sueldo pese a que ningún otro vicepresidente de la Ceim tenía salario fijo.

Unesa, pertenece a la CEOE

Unesa, la institución que despidió a Lourdes Cavero, es una de las asociaciones que forman parte de la CEOE, en la que se integra la patronal madrileña. Y la mujer de Ignacio González Cavero percibió los 713.475 euros de indemnización bruta el 31 de mayo de 2011, aunque el líquido a percibir fue de 636.580 euros. El sueldo de Cavero en Unesa entre los meses de enero y mayo del mismo 2011 fue de 28.500 euros, lo que supone una media bruta de 5.700 mensuales y un total de 742.303 euros.

Pero los datos aportados al sumario del caso del ático indican que Lourdes Cavero ingresó 4.379 euros del Servicio Público de Empleo Estatal por la prestación de desempleo durante 94 días, hasta el 4 de septiembre de 2011. Desde esa fecha, la mujer del entonces vicepresidente de la Comunidad de Madrid percibió otros 35.530 euros de la patronal madrileña dirigida por Arturo Fernández, amigo personal de Esperanza Aguirre, que también le abonó 230 euros en concepto de dietas.

Los ingresos de Cavero en 2011 se completan con 1.200 euros procedentes de la Universidad Autónoma de Madrid. En total en ese ejercicio cobró 783.643 euros.

112.555 euros anuales

En 2012 fue el primer ejercicio en el que Lourdes Cavero, economista de profesión, cobró su sueldo íntegro de la patronal madrileña: 112.555 euros, más 500 euros de dietas y 800 euros de la Universidad Autónoma de Madrid.

En 2013 los ingresos se mantuvieron estables, ya que percibió 112.353 euros de la patronal madrileña más 500 euros de dietas de la misma asociación. La Universidad Autónoma de Madrid le abonó 800 euros y la Fundación Universidad Empresa (Univem) otros 1.400 euros. También en 2013 Cavero tenía cerca de 70.000 euros depositados en varias entidades bancarias.

Perdió las elecciones

En marzo de 2014, Cavero dimitió de su cargo. Fuentes de Ceim explicaron entonces a Europa Press que la esposa del entonces presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, dijo que no quería ser "el mínimo obstáculo" ni "excusa" para que el proceso electoral que se iba a celebrar meses después se desarrollara con la máxima limpieza y transparencia.

Arturo Fernández acabó perdiendo las elecciones, por lo que fue desplazado como presidente de la patronal madrileña.

La documentación del sumario muestra el sueldo de Ignacio González como presidente de la Comunidad de Madrid, que en 2011 fue de 108.879 euros. En ese ejercicio ingresó otros 3.846 euros como miembro de la asamblea de Caja Madrid. En 2012, el sueldo de González bajó hasta los 103.696 euros, mientras que subió un año después hasta los 111.768 euros. En 2013, González disponía de unos 20.000 euros en cuatro entidades financieras.

Pero el sumario explica, además, el valor catrastral del ático de 627 metros cuadrados, así como el de la vivienda del matrimonio en Madrid. El dúplex de lujo tendría, según esta documentación, un valor catastral de 289.471 euros del año 2016. El valor catastral de la vivienda de Madrid es de 634.292 euros.

No conocía al dueño

Tanto González como su mujer, Lourdes Cavero, y el empresario y presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, están imputados en el Juzgado de Estepona por la jueza Isabel Conejo por los presuntos delitos de cohecho y blanqueo de capitales. En su declaración como investigado, González llegó a asegurar que no sabía que su mujer alquiló el inmueble en 2008 a la sociedad Coast Investors, que estaba inscrita en el Estado de Delaware (EEUU).

Sin embargo, Cerezo sí reconoció que Luis Osvaldo Repetto,. el presunto dueño del ático entre 2008 y diciembre de 2012, fecha en la que lo compró González, había sido socio suyo y que el presunto testaferro de la operación, el mexicano Rudy Valner, era empleado suyo en una de sus principales empresas: Video Mercury.

Los extrabajadores de Telemadrid denunciaron a González al considerar que el ático de lujo de Estepona podría haber sido una dádiva de Cerezo a cambio de los presuntos favores recibidos por el empresario de la cadena pública madrileña.

La Audiencia Nacional ha confirmado que nueve de los antiguos consejeros y directivos de Caja Madrid irán a juicio por cargar gastos personales a sus tarjetas black y ha subrayado que quien "elige permanecer pasivo" sin requerir más información ni ejercer facultades control es también responsable de los delitos que se pudieron cometer.

Así lo ha reflejado la Sección Tercera de la Sala de lo Penal en sendos autos en los que desestima los recursos de nueve procesados contra la transformación de las actuaciones en procedimiento abreviado, trámite equivalente al procesamiento, y les reprocha que no desempeñaran las funciones de supervisión que les correspondían como miembros del Consejo de Administración, máxime cuando se trata de sus propias retribuciones.

Según informa Europa Press, en concreto ha rechazado los recursos del expresidente de CEIM Arturo Fernández (que gastó con su tarjeta opaca 37.326 euros); los consejeros propuestos por el PP José María Buenaventura (62.932), Cándido Cerón (79.248), Alberto Recarte (139.878)y Jorge Gómez Moreno (98.182); el propuesto por el PSOE José María de la Riva (208.979), y el de IU Rubén Tomás Cruz (233.763), así como los representantes de CCOO Rodolfo Benito (140.521) y Juan José Azcona (99.270).

Los magistrados no aceptan así el alegato de varios procesados, entre ellos Arturo Fernández, que decían "desconocer" la ilicitud de su conducta. Apuntan que podrán hacer estas observaciones en el juicio, pero que en cualquier caso estaban "en condiciones de pedir asesoramiento" y conocían las obligaciones y retribuciones asignadas como consejeros, entre ellas las dietas y el reintegro de los gastos derivados de su función.

"El exceso al usar la tarjeta es perseguible dado que le podría ser exigida otra conducta", señalan en referencia a Fernández, que dimitió el pasado 11 de febrero de la presidencia de la Cámara de Comercio de Madrid después de que el juez Fernando Andreu abriera juicio oral contra él y otros 65 ex representantes de la caja de ahorros.

"Es responsable por omisión si no ejerce las facultades de control que le corresponden sobre el subordinado y su actividad", prosiguen los jueces, para defender que no se han vulnerado los derechos fundamentales de los recurrentes.

No eran transparentes

La Sala subraya que muchos de los recurrentes no han determinado cuál era la finalidad que albergaba la caja al entregarles las tarjetas, por lo que sus declaraciones "no han superado la oscuridad" y el "patrimonio incriminatorio no se ha desvirtuado".

En otro de los recursos, la Sección Tercera recalca que las tarjetas no eran transparentes ya que "se registraban en una cuenta que no guardaba relación con su objeto" y, además, el gasto efectuado no tenía reflejo en la nómina de los consejeros ni en su certificado de retenciones.

También destaca que la legalidad de las visas no puede quedar amparada por los distintos acuerdos de los consejeros de administración de Caja Madrid sobre las dietas ya que se trataba de "otro tipo de remuneración" diferente a la de gastos de representación.

Reyal Urbis encabeza la lista por la cuantía de su deuda con la Hacienda Pública, con 378,2 millones de euros. Le siguen Nozar, a la que el fisco reclama 203,16 millones, y GrupoPrasa, con una mora de 101,8 millones. No obstante, si se suman las cantidades que no han pagado al fisco la inmobiliaria malagueña Aifos, en concurso de acreedores desde 2009, su dueño, Jesús Ruiz Casado, su esposa, Teresa Maldonado Taillefer, y la firma Sun Farm, también de su propiedad, la cifra alcanza los 146,76 millones de euros. Ruiz Casado fue condenado en el caso Malaya a un año y 10 meses de de prisión. Aifos pagaba al Ayuntamiento de Marbella, a través del asesor de Urbanismo Juan Antonio Roca, para conseguir la aprobación de convenios urbanísticos. Actualmente está en liquidación, con un pasivo de 1.000 millones de euros.

Más aún debe a la Agencia Tributaria Rafael Gómez Sánchez, constructor cordobés conocido como Sandokán. Entre las distintas sociedades que posee –Arenal 2000 de Inversiones, Arenal 2001, Rafael Gómez Sánchez SA…– suma 189,36 millones que le reclama Hacienda.

Otro emblema de la burbuja inmobiliaria, Francisco Hernando, El Pocero,El Pocero adeuda 86,1 millones al fisco a través de su empresa Obras Nuevas de Edificación 2000. Fue el constructor que dejó el municipio toledano de Seseña convertido en el mayor símbolo de la crisis del ladrillo.

Le acompaña Martinsa-Fadesa, liquidada en marzo y excluida de la Bolsa el pasado octubre, que protagonizó en 2008 el mayor concurso de acreedores de la historia de España hasta el momento. Debe a Hacienda 65,4 millones de euros. También pertenecen al sector la inmobiliaria de Barcelona Petro-Nova Oil SA, que adeuda 82,8 millones y también se encuentra en concurso de acreedores; y la promotora de Cádiz Promaga, con un impago fiscal de 71,6 millones. O Riofisa, que debe casi 32 millones de euros. Pertenece a Colonial y presentó preconcurso de acreedores el pasado mes de enero con un pasivo de 400 millones de euros. Fue uno de los más sonoros pinchazos de la burbuja: adquirida por 2.000 millones de euros en 2007, tres años después valía sólo 252 millones. El tsunami del ladrillo también alcanzó a inversores ocasionales que quisieron aprovechar el boom. Para comprar terrenos en Oviedo constituyó el hotelero Antonio Catalán (AC Hoteles) y la familia Cosmen, los dueños de Alsa, la sociedad Anca Corporate, que ahora debe 59,1 millones de euros a la Agencia Tributaria.

Concesionarias de autopistas, clubs de fútbol y baloncesto

La lista incluye además numerosos ángeles caídos de la crisis. Por ejemplo, los concesionarios de las autopistas radiales de Madrid. Accesos de Madrid Concesionaria Española SA, que gestiona la R3 y R5, debe 38,5 millones. Autopista Concesionaria Madrid Sur, 1,72 millones. O los propietarios del fallido Aeropuerto de Ciudad Real. La empresa del mismo nombre adeuda siete millones al fisco, CR Aeropuertos SL otros 3,8 millones y los hermanos Antonio e Ignacio Barco Fernández, sus accionistas, 9,8 millones más.

Los clubs deportivos merecen un capítulo especial. Entre los de fútbol figuran el de Cartagena (tres millones), Alicante (1,9 millones), el Recreativo de Huelva (11,12 millones), Real Murcia (10,66 milones), el Rácing de Santander (8,99 millones), el Compostela (tres millones), el CD Ourense (1,05 millones), la Unión Deportiva Salamanca (13 millones), la Uniò Deportiva Lleida y el Xerez Club Deportivo (10,27 millones). Entre los de baloncesto destacan el Joventut de Badalona (3,64 millones), el Estudiantes (1,8 millones), Lucentum Baloncesto Alicante (2,7 millones), Menorca Básquet (1,67 millones), el Club Básquet Girona (10,12 millones) y el Club de Baloncesto Valladolid (3,2 millones de euros).

El expresidente de la CEOE, Ruiz Mateos, Mario Conde

Empresas que han terminado en los juzgados por estafa como Afinsa (5,1 millones) y Fórum Filatélico (1,9 millones), o Isofotón (3,5 millones) son otra constante en la lista de morosos. Esta empresa malagueña del sector fotovoltaico entró en concurso, despidió a sus 700 trabajadores y es investigada por desviar 38 millones de euros en subvenciones concedidas por la Junta de Andalucía. Repite a lo largo de la lista también el expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán. A Air Comet Hacienda le reclama 13,9 millones de euros; a Spanair, 7,2 millones y a Viajes Marsans 23,8 millones. Un total de 45 millones de euros repartidos entre tres de sus empresas. Díaz Ferrán se encuentra recluido en la cárcel madrileña de Soto del Real desde 2013. El expresidente de la patronal ha sido condenado a cinco años y medio por los delitos de alzamiento de bienes, concurso fraudulento, integración en grupo criminal y blanqueo de capitales. También a otros dos años y dos meses de prisión por fraude fiscal en la compra de Aerolíneas Argentinas. Y aún le queda un juicio pendiente, por apropiarse de 4,4 millones de euros de los clientes de Viajes Marsans.

Otro líder empresarial, Arturo Fernández, expresidente de la patronal madrileña CEIM, suma una deuda con Hacienda distribuida entre sus diferentes empresas de 20,57 millones de euros.

Aparecen entre los morosos igualmente un empresario habitual de los juzgados, José María Ruiz Mateos, y un financiero ya condenado como Mario Conde. El Grupo Dhul, una de las adquisiciones de su renacida Nueva Rumasa, adeuda 2,23 millones de euros a Hacienda, Inversiones Ruiz Mateos SA debe 1,3 millones y José María Ruiz Mateos SA 1,95 millones más. Por su parte, el expresidente de Banesto debe pagar al fisco casi 10 millones de euros. También remite a la década de los 90 Grand Tibidabo, la empresa de Javier de la Rosa y antigua propietaria de Port Aventura, que tiene una deuda de 9,5 millones de euros con la Agencia Tributaria. Lo mismo que el juez Luis Pascual Estevill, condenado en 1996 por prevaricación continuada y que entró en prisión en 2006 para cumplir una pena de nueve años por extorsionar a empresarios. Hacienda le reclama 5,42 millones de euros.

Mucho más reciente es el caso de Vicente Cotino, sobrino del expresidente de las Cortes Valencianas Juan Cotino. Será juzgado en octubre de 2016 por un delito contra la Hacienda Pública. Sus sociedades Asedes Capital y Asedes Infraestructuras deben 11,8 y 9,67 millones respectivamente. La constructora Lodares 98 tiene una deuda fiscal de 10,76 millones de euros. Su dueño, Venerando Lamelas, fue imputado en 2010 por descapitalizar la Agrupación Mútua en beneficio de su empresa.

Grandes familias, empresarios, modistos

No faltan tampoco las grandes familias. Los Sanahuja, que llegaron a poseer el 80% de la inmobiliaria Metrovacesa, acumulan una deuda de 39,56 millones de euros a través de sus sociedades Sanahuja Escofet Inmobiliaria y Sacresa Terrenos. Los Serratosa Caturla, en concreto cinco hermanos herederos de parte de la fortuna de Valenciana de Cementos, deben 19,1 millones de euros. Finalmente, Hacienda ha pillado a los hermanos Carlota, Carlos y Javier Areces Galán por una deuda conjunta de 3,1 millones. Son los accionistas de El Corte Inglés que se han enfrentado a su presidente, Dimas González, por la entrada en el consejo de administración del inversor catarí Hamad Bin Yasim Al Thani.

Comercializadora Mediterránea de Viviendas es la gestora del famoso complejo Marina D'Or de Oropesa (Castellón). El fisco le requiere el pago de 46,37 millones de euros. También ha sido carne de titulares de prensa Pescanova, la empresa gallega líder mundial en congelados que, tras superar una larga y complicada crisis, debe abonar a Hacienda 4,32 millones de euros. No tantos impuestos le exige el fisco al conservero gallego Bernardo Alfageme, 1,5 millones de euros. A Freiremar, otro grande del sector en horas muy bajas, le reclama 5,7 millones.

Empresas en crisis como Hullera Vasco Leonesa y Fotoprix deben dos y 6,5 millones de euros respectivamente. Las tiendas de decoración Pórtico, en fase de liquidación, 4,3 millones. La firma de seguridad Esabe, 8,1 millones más. En el sector textil cabe destacar dos nombres: el fabricante de ropa vaquera Lois, el valenciano Sáez Merino, que adeuda 3,5 millones de euros; y los diseñadores sevillanos Victorio & Lucchino, morosos por un total de 2,65 millones.

Deportistas, abogados y periodistas

A título individual han saltado los nombres de deportistas como el motociclista Dani Pedrosa, con una deuda considerable de 7,85 millones de euros, o el exfutbolista argentino del Barça y del Zaragoza Gabriel Milito, al que el fisco reclama 1,83 millones.

Otro habitual de las portadas, el abogado José Emilio Rodríguez Menéndez, debe 3,6 millones de euros. A Javier Merino, marido de la modelo Mar Flores, Hacienda le reclama tres millones de euros por su sociedad Multipetróleos, otros 2,5 millones por Star Petrolium y 1,15 millones más por Multipromotur. También está en la lista de morosos el ventrílocuo y empresario del espectáculo José Luis Moreno, que debe un total de 3,4 millones de euros a través de Kulteperalia y Alba Adriática.

Jacques Jacobo Hachuel Moreno es millonario, dice que conoció al Che Guevara, se trató con Fidel Castro, fue socio de Marc Rich, conoció a Andy Warhol… Y no ha pagado a la Hacienda pública española impuestos por importe de 2,7 millones de euros, según consta en la lista de morosos.

También figura el ahora columnista de El País Antonio Navalón Sánchez, que debe al fisco dos millones de euros. Delegado del grupo Prisa en México, fue durante los años 90 asesor de Felipe González, además de trabajar para Mario Conde y José María Ruiz Mateos. En el otro extremo del arco ideológico, el escritor César Vidal, comparte con Navalón, sin embargo, sus impagos a Hacienda. Al historiador, columnista del periódico La Razón, el fisco le pide 2,5 millones de euros.

Periódicos, productoras de TV y de cine

El capítulo de medios de comunicación morosos tampoco es pequeño. Incluye a Prensa Catalana SA Empresa Periodística, la editora del periódico AvuiAvui, que debe 14,68 millones. La editora de La GacetaLa Gaceta debería pagar 1,3 millones de euros y el grupo Intereconomía, 10,2 millones más. El grupo catalán MC Ediciones, que publica revistas como FHM, Casa y Jardín, Integral o Más Allá, ha entrado en la lista de morosos por 1,19 millones de euros. Mediapubli Sociedad de Publicaciones y Ediciones, propiedad de Jaume Roures y que fue la editora del periódico Público, adeuda 1,62 millones. Promociones Periodísticas Leonesas, que publica La Crónica de León La Crónica de Leóny pertenecía al difunto José Martínez Núñez, debe 1,05 millones de euros.

También destaca el caso de Prensa Universal SL, editora de Diario de Alcalá y que fue denunciada por UPyD por un supuesto alzamiento de bienes para no pagar sus deudas con Hacienda. Debe 1,1 millones de euros. La Editorial Católica, que en su día pubicaba el histórico diario Ya y quebró en 1994, debe 4,6 millones de euros al fisco.

Productoras de televisión como Secuoya y Vértice 360º tienen una deuda fiscal de 2,3 millones y 10,18 millones de euros, respectivamente. El cine tampoco escapa de la mano de Cristóbal Montoro. Iberoamericana Films Producción, propiedad de Andrés Vicente Gómez, ha escatimado 1,4 millones de euros a Hacienda. Ivex Films, del actual presidente de Filmax, Julio Fernández, debe 1,6 millones. A una productora histórica, Laurenfilms, el fisco le exige el pago de 8,16 millones de euros. Los cines Ábaco, investigados por el fraude en las taquillas, adeudan 1,13 millones.

Mancomunidades, hospitales y organizaciones benéficas

Las instituciones también tienen problemas con la Agencia Tributaria. Por ejemplo, las mancomunidades de municipios del Campo de Gibraltar, que debe 1,11 millones de euros, y del Bajo Guadalquivir, que adeuda 1,09 millones más. También la Universidad de Granada figura en la lista por no haber pagado una cantidad considerable: 5,87 millones. Al igual que Fundescan, una fundación creada por el sindicato UGT en Canarias que imparte cursos de formación. Adeuda al fisco 1,05 millones.

Al menos dos hospitales privados han eludido sus obligaciones fiscales superando el millón de euros de deuda, el límite que da acceso a la lista de Montoro. Se trata de la Fundación Privada Hospital San Jaume de Mataró (Barcelona), con una deuda de 1,85 millones, y el Hospital General de Cataluña, propiedad del grupo IDC Salud. Debe 4,5 millones de euros a la Agencia Tributaria.

Finalmente, la lista incluye a dos organizaciones benéficas. La Asociación Recreativa Benéfica Apadrinar Niños del Tercer Mundo, a la que el fisco reclama 1,04 millones de euros, y la Organización Impulsora de Discapacitados, con 86,1 millones, una de las deudas más abultadas. Se trata de una organización bajo sospecha que sortea una lotería ilegal aprovechando los números premiados de la ONCE.