Feijóo cierra un año marcado por Mazón, el auge de Vox y sin los apoyos para una moción de censura

El balance de 2024 de Alberto Núñez Feijóo tuvo un nombre propio: Carlos Mazón. El líder del Partido Popular defendió la gestión del expresidente valenciano —entonces en el cargo— por "dar la cara" y unir su futuro al de "la reconstrucción". Pero no fue la reconstrucción ni el propio Feijóo el que lo hizo caer, sino la presión de los familiares de las víctimas durante el funeral de Estado que se celebró por el aniversario de la dana a finales de octubre de este año. Mazón acabó dimitiendo a regañadientes, pero conservó el acta en Les Corts para garantizarse el aforamiento.

Un año después, y pese a la salida de Mazón, la dana sigue muy presente en Génova a través de su vertiente judicial. Feijóo ha sido citado como testigo el próximo 9 de enero en la causa sobre la gestión de la emergencia para que explique las llamadas y mensajes de WhatsApp que mantuvo con Mazón. Una declaración que el líder del PP ha pedido que se haga de manera telemática desde su "despacho oficial" ubicado en la calle Génova de Madrid a pesar de que todos los testigos han acudido presencialmente por deferencia hacia los familiares de víctimas personados.

El líder de la oposición dijo pocos días después de la catástrofe que Mazón le informó "en tiempo real" de lo que ocurrió durante aquella jornada, incluso desde la víspera. Y, tras la petición de la jueza Nuria Ruiz Tobarra que instruye la causa, remitió al Juzgado de Instrucción de Catarroja los mensajes de WhatsApp que recibió de Mazón el 29 de octubre de 2024, el día de la riada que acabó con la vida de 230 personas. Los chats entregados por Feijóo a la jueza —en los que únicamente incluyó los que recibió del expresident, pero no los suyos— desmienten que estuviera informado. Según el acta notarial la primera comunicación se produjo a las 20.08 horas. "Un puto desastre va a ser esto presi", le llegó a decir Mazón, que también subrayó que el Gobierno le había "ofrecido" a la UME.

En esa comunicación, el conservador también admitió que se equivocó al decir que estuvo informado desde el lunes. Un "error", en sus palabras, "pues el 29 de octubre de 2024 fue martes y no lunes", señala. De esos mensajes también se puede concluir que Mazón mintió en la comisión de investigación del Congreso ya que, a las 23.25 horas de ese día, el exjefe del Consell le trasladó a Feijóo que ya estaban "apareciendo muertos en Utiel" y pronosticaba que iban a "aparecer más" pero no lo querían hacer público a esas horas. Un minuto más tarde, a las 23.26, remachaba: "Van a ser decenas [de fallecidos] seguro". En la comisión de la Cámara Baja, sin embargo, Mazón dijo que "hasta las cinco de la mañana del día siguiente" no supo que había fallecidos por ahogamiento.

Oposición total en el Congreso, las autonomías y Bruselas

Al margen de la dana, Feijóo llega al final de 2025 con una línea de oposición aún más dura, en las formas y en el fondo. Toda su acción política ha ido dirigida a intentar convertir cualquier asunto en un plebiscito permanente sobre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Con esa estrategia en mente, la actualidad ha estado marcada por varios frentes que han definido el curso: la oposición frontal en el Congreso, el choque de las comunidades del PP contra el Ejecutivo, los constantes reproches a los socios de Sánchez, la moción de censura con la que amaga pero nunca llega —tampoco tras los casos que afectan al Gobierno—, el plante al rey en la apertura del año judicial por la presencia del ex Fiscal General y, sobre todo, un Vox que sigue condicionando la gobernabilidad territorial.

Desde que comenzó la legislatura, en agosto de 2023, el líder del PP la dio por acabada ante la imposibilidad de recabar apoyos. Y este año, tras las presuntas mordidas y comisiones en el entorno socialista con el 'caso Koldo' y la encarcelación de los exsecretarios de organización Santos Cerdán y José Luis Ábalos, Feijóo ha presionado a los socios del Ejecutivo para que dejen de apoyar a Sánchez, pero en ningún momento ha explorado una moción de censura porque, en palabras de un miembro del equipo de Feijóo, "no va a presentarla para perderla". Sí ha solicitado, en cambio, explicaciones, dimisiones y elecciones, pero con escaso éxito. El PP, a través del Senado, también ha aprovechado su mayoría absoluta para citar al propio Sánchez y a sus ministros, pero tampoco le ha dado resultados.

La debilidad parlamentaria del Gobierno también ha sido utilizada por Feijóo para oponerse a las mismas leyes que su familia política ha votado en Bruselas. Este año el PP ha logrado tumbar varias normas del Gobierno como la ley del suelo, la reducción de jornada laboral y la proposición de ley abolicionista con la prostitución —ninguna pasó, si quiera, la admisión a trámite—, la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública y la de Prevención de la Corrupción, la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos para regular el alquiler de temporada y la senda de estabilidad, además de reales decretos como el subsidio por desempleo, el impuesto a las energéticas, el paquete ómnibus y el anti apagones. Tampoco salió adelante el traspaso de las competencias a migratorias a Cataluña.

En clave europea, el PP ha tratado de deslegitimar al Gobierno de Sánchez en las instituciones comunitarias con iniciativas como plenos monográficos sobre el Estado de derecho en España, aunque no ha contado con aliados para lograr imponer ese relato. Sí los tuvo, sin embargo, en su oposición a que el catalán, el gallego y el euskera fueran reconocidos como lenguas oficiales en la UE. En noviembre del pasado año, Feijóo también intentó impedir el nombramiento de la exministra Teresa Ribera como número dos de la Comisión Europea, pero finalmente el PPE le dio un voto de confianza, al contrario de lo que hicieron los europarlamentarios españoles, que votaron en contra. Ese fracaso no impidió que el PPE eligiera a Dolors Montserrat como la secretaria general del partido en abril de este año.

Un PP cada vez más 'feijoozado'

Cuando llegó a la presidencia del PP en abril de 2022, Feijóo contaba con que su fama de político moderado y de buen gestor, construida a base de talonario —el control mediático de su partido en Galicia era y sigue siendo prácticamente absoluto— le abriría la puerta de la Moncloa. En sus cálculos entraba una recesión económica, que nunca llegó y su supuesta capacidad para frenar a Vox, que ya entonces se había comido buena parte del electorado a la derecha del PSOE, y que tampoco se hizo nunca realidad, como se ha visto en las elecciones en Extremadura. En aquel momento, todo soplaba a favor. Las cuentas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) llegaron a reconocerle que el 38,7% de los españoles tenían en él mucha o bastante confianza, frente a un 55,4% que manifestaban poca o ninguna.

Este 2025, sin embargo, el liderazgo de Feijóo se ha derrumbado, situándose a la altura de su antecesor, Pablo Casado, cuando fue defenestrado. El momento más delicado de su mandato al frente del partido, fue cuando anunció, por sorpresa, la convocatoria del congreso del PP que tuvo lugar en julio. Una reunión diseñada para aclarar las dudas que empezaban a aflorar acerca de su liderazgo, atrapado por la pinza de Isabel Díaz Ayuso y Santiago Abascal, e intentar despejar su hoja de ruta hacia las elecciones generales de 2027. En ese congreso, que Feijóo utilizó para reforzar su liderazgo , fue reelegido con alrededor del 99% de los votos. Ese congreso fue clave para cambiar el modelo de primarias, que ahora da menos peso a la militancia, y que la presidenta madrileña no quería cambiar.

El congreso sirvió al conservador para confirmar su modelo en un partido que se ha 'feijoozado' en lo político y lo orgánico. Aunque Feijóo prometió libertad a sus barones cuando llegó al cargo, lo cierto es que las corrientes interna tienen menos peso ahora que durante la época de Casado y el debate se ha nacionalizado por completo. A Génova no le gustan las voces discrepantes y así se explica la elección de Miguel Tellado como secretario general, en sustitución de Cuca Gamarra. No es solo que Feijóo lidere, sino que el PP está cada vez más construido a su alrededor.

El auge de Vox impacta en el PP

En clave de la derecha, si hay un fenómeno que ha marcado el 2025 es el auge de Vox, lo que ha obligado al líder del PP a cambiar de estrategia: de apenas ni nombrar a su principal competidor a arremeter contra los ultras públicamente. Su gran discrepancia no es tanto ideológica como estratégica, ya que la razón de ser de Vox es forzar al PP a radicalizar sus posiciones. Y lo están consiguiendo, prueba de ello son los acuerdos presupuestarios en autonomías como la Comunitat Valenciana, Murcia y Baleares y la presión ejercida por Santiago Abascal contra la presidenta extremeña María Guardiola tras el 21D y que quiere replicar en los próximas citas electorales.

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Vox decidió salirse en julio del año pasado de manera abrupta de los cinco ejecutivos autonómicos que cogobernaba con el PP: Comunidad Valenciana, Castilla y León Extremadura, Región de Murcia y Aragón. Y, un año después, esa decisión ha resultado acertada, al menos en términos electorales, lo que a su vez preocupa a un PP que quiere que Vox gobierne —aunque sea con ellos— para sufrir desgaste. Lo que más teme Génova es llegar a un escenario en el que la extrema derecha esté tan fuerte como para obligarlos a aceptar determinados postulados de los ultras.

Durante estos años la relación de Feijóo y Abascal ha estado marcada por los vaivenes. En 2019, cuando el PP ya había pactado con la ultraderecha la investidura de Juanma Moreno en Andalucía, el entonces presidente de la Xunta decía que Vox había nacido "en el ámbito de la extrema derecha" y era "la ultraderecha de verdad". Tras llegar a la presidencia del PP y comprobar que si quería llegar a la Moncloa debía hacerlo a lomos de los ultras, renunció "por respeto" a utilizar ese término. En 2025, su relación pasa por uno de sus peores momentos, aunque desde un lado y otro son conscientes de que se necesitan para lograr su principal objetivo: acabar con Sánchez.

El ascenso de la extrema derecha también ha forzado al PP a radicalizar su postura en asuntos como la inmigración y la seguridad, en los que los conservadores han copiado el discurso de la ultraderecha para tratar de taponar la fuga de votantes. Aunque una parte del PP defiende y alienta, incluso, la llegada de migrantes —a los que trata a menudo como refugiados— procedentes de América Latina, especialmente de países en los que gobierna la izquierda, el discurso cambia cuando se trata de migrantes económicos o de refugiados procedentes de África. En ese caso abundan las declaraciones cargadas de prejuicios que rozan peligrosamente la xenofobia vinculándoles sin pruebas con la comisión de delitos, la inseguridad en las calles o la okupación ilegal de viviendas. Inmigrantes a los que el PP, además, vincula con una delincuencia que "campa a sus anchas" en el país de la que culpa a Pedro Sánchez.