La nueva legislatura

Cien días de bloqueo político pero con los partidos en ebullición

La procesión con la imagen de Jesús de Medinaceli pasa este jueves frente al Congreso.

Ibon Uría

Este martes se cumplen cien días desde las pasadas generales, cien días sin nuevo Gobierno y con un Ejecutivo en funciones. Desde el 20-D hemos visto, por primera vez, la renuncia del ganador de unas elecciones a someterse a la investidura, a un líder de la oposición que obtuvo los peores resultados de la historia de su partido recibir del rey la tarea de intentar llegar a la Moncloa y, en un desenlace igualmente inédito en la democracia española, a ese mismo candidato fracasar pos dos veces en su intento de convertirse en presidente.

Fue precisamente la doble derrota del secretario general del PSOE Pedro Sánchez –se quedó a 46 votos de la mayoría absoluta en primera vuelta y obtuvo 131 votos a favor y 219 en la segunda– la que dio paso a un bloqueo total de las negociaciones. Esta misma semana el socialista y el número uno de Podemos, Pablo Iglesias, fueron incapaces de encontrar un hueco para verse cara a cara. "Imposible cuadrar agendas", según sus partidos. Así que su esperada cita cara a cara –Albert Rivera no estaba invitado– se acabó convirtiendo a una llamada de teléfono en la que únicamente acordaron verse el próximo miércoles

Claro que lo de Sánchez e Iglesias no es una excepción. Cada partido insiste en su fórmula de Gobierno y se resiste a dar su brazo a torcer, quizá con la esperanza de que sean otros quienes cedan antes de que, a principios de mayo, se convoquen automáticamente otras elecciones. El PP quiere liderar una gran coalición junto a PSOE y Ciudadanos. Los socialistas apuestan ahora por un Gobierno transversal con el voto de Rivera e Iglesias –o al menos la abstención de este último–. Podemos desea una coalición de izquierdas con el beneplácito de los independentistas, y Rivera se empeña en sumar a los conservadores a su acuerdo con Sánchez.

De fondo están, además, las cuestiones internas de cada formación. De los casos de corrupción en las filas conservadoras a los tensos comités federales socialistas, pasando por la crisis interna de Podemos en Madrid y la batalla interna por el liderazgo de una Izquierda Unida que afronta uno de sus momentos más complicados tras obtener únicamente dos diputados y quedarse sin grupo propio en el Congreso de los Diputados. A punto de cumplirse cien días desde las elecciones, infoLibre repasa cómo han afrontado PP, PSOE, Podemos, Ciudadanos e IU-Unidad Popular los acontecimientos desde las generales de diciembre.

PP

Los conservadores mantienen desde el primer día que Rajoy tiene que seguir al frente del Gobierno "porque ganó las elecciones", aunque su confianza en que ese deseo se cumpla se ha reducido con el paso de las semanas, especialmente porque el PSOE insiste en que no va a abstenerse y porque sin los socialistas los números no salen. En la semana inmediatamente posterior a los comicios Rajoy mantuvo una ronda de contactos con Sánchez, Iglesias y Rivera. Cosechó un triple no, pero no se acabó de creer a Sánchez. Apeló a su "responsabilidad" al tiempo que, de reojo, miraba a los barones socialistas confiando en que forzaran esa abstención.

Tras el parón navideño se aminoraron las esperanzas en una abstención del PSOE. A mediados de enero, viendo esa posibilidad cada vez más lejana, Rajoy encargó informes en busca de ideas que pusieran en aprietos a Sánchez por no apoyarle y le ofreció estabilidad en comunidades y ayuntamientos a cambio de dejarle gobernar. Pero no hubo forma. Así que cuando el 22 de enero el rey Felipe VI ofreció a Rajoy presentarse a la investidura, el conservador optó por una salida nunca antes vista: dijo que no. No "de momento", no por no tener "todavía" los apoyos necesarios, y la pelota pasó al siguiente candidato.

Apenas diez días después, el 2 de febrero, el monarca trasladó a Pedro Sánchez el encargo de formar Gobierno. Pero incluso entonces el PP insistió en que debía gobernar Rajoy: "Vamos a trabajar para que el PSOE facilite el Gobierno del PP", reiteró el presidente en funciones tras reunirse con el socialista el día 12 de ese mes. Los conservadores intentaron además torpedear el posible pacto de PSOE y Ciudadanos, y recurrieron para ello al discurso de la unidad de España, una cuestión en la que calculaban que su sintonía con el partido naranja era mayor que la del candidato del PSOE.

Después llegó el acuerdo PSOE-Ciudadanos y el debate de investidura de Sánchez. En el Congreso de los Diputados Rajoy no escatimó en reproches al aspirante. Le acusó de hacer "comedia" y "teatro", de aceptar el encargo del rey sólo para intentar garantizar su "propia supervivencia", de ser un "tapón", un "bluf", de hacer "subastas de última hora". El conservador dejó a un lado el traje de hombre de Estado y se aplicó a fondo con ataques, ironía y descalificaciones para levatar los ánimos de la bancada del PP, aunque fuese sólo por un día.

El PP espera ahora nuevos acontecimientos. Rajoy insistió en que no se va a "rendir nunca" y dejó claro que esperaría hasta después de Semana Santa para reactivar su estrategia para conservar el poder. En cualquier caso el PP ya no es tan pesimista: cree que si hay nuevas elecciones podría recuperar votos que se fueron a Ciudadanos o la abstención. De puertas adentro los conservadores han vivido en estos meses la dimisión de Esperanza Aguirre –a quien sucedió en Madrid una gestora que dirige Cristina Cifuentes– y el estallido de un nuevo caso de corrupción en Valencia que tiene cercado al PP municipal y a la senadora Rita Barberá.

PSOE

El 20-D los socialistas obtuvieron el peor resultado de su historia: 90 escaños y apenas 5,5 millones de votos. Pero la sensación en Ferraz la noche electoral era de alivio. Para Sánchez y los suyos el resultado suponía salvar los muebles. Primero porque la ausencia de mayorías claras dejaba al PSOE alguna opción de Gobierno, especialmente tras cuatro años de mayoría absoluta en los que el PP voló por los aires muchos puentes con otros partidos. Y segundo porque no se materializó la hipótesis del sorpasso de Podemos. La distancia fue de menos de 400.000 votos, pero suficiente: el PSOE seguía siendo la alternativa al PP.

La estrategia inicial del partido era provocar que Rajoy se quemara, que se evidenciara en el Congreso su incapacidad para formar Gobierno. Entonces Sánchez aparecería como única opción para evitar unas nuevas elecciones. Así las cosas, los socialistas dijeron una y otra vez tras las elecciones que era "el tiempo de Rajoy y del PP" si bien advertían, a renglón seguido, de que Sánchez lo intentaría si llegaba su turno. Y llegó el tiempo del socialista, aunque de forma inesperada: tras la renuncia de Rajoy y una segunda ronda de contactos del rey. El candidato pensó que podría ser su oportunidad de oro, y decidió dar un paso al frente.

Sánchez, que ha pasado en estos meses de proclamar que "España quiere izquierda" a sostener que "la izquierda no suma", ha acabado negociando a "izquierda y derecha", básicamente porque el veto explícito del PSOE a los independentistas deja poco margen a otras sumas. A día de hoy ha cerrado un pacto con Ciudadanos pero ha fracasado en su intento de atraer a fuerzas de izquierda. El acuerdo con Rivera se demostró claramente insuficiente en el Congreso, que rechazó su investidura en dos ocasiones, y el PSOE sigue sin conseguir acercarse a Podemos, al que intentó presionar avanzando en los contactos con IU-Unidad Popular y Compromís, dos fuerzas que finalmente también dieron la espalda al candidato socialista.

Y si complicado ha sido para Sánchez negociar con otros partidos, no lo ha sido menos la segunda de las tareas a las que se ha enfrentado estos meses: mantenerse al frente del PSOE. La semana después de las elecciones mucho se especuló con una posible irrupción de Susana Díaz para arrebatarle el control del partido. El secretario general salió relativamente airoso de los tensos comités federales del 28 de diciembre y el 30 de enero, y ahora se debate entre mantener o retrasar el congreso federal en el que debe revalidar su cargo. La presidenta andaluza, por su parte, sigue amenazando con dar, esta vez sí, el paso al frente definitivo.

Las dos cuestiones que han provocado tensiones internas en el PSOE son las líneas rojas para pactar y la fecha del congreso federal. La primera quedó resuelta el 28 de diciembre, cuando los barones presionaron y se aprobó una resolución política que establece que Sánchez debe votar no a cualquier candidato del PP y, sobre todo, que no puede llegar a la Moncloa gracias a los independentistas. En el partido incluso los críticos con el secretario general sostienen que ha cumplido esas condiciones. Sobre la fecha de la elección interna las posiciones han ido cambiando: inicialmente la dirección federal era partidaria de retrasarlo y los críticos de celebrarlo cuanto antes. Ahora es justo al revés. Además, si se repitieran las elecciones, el PSOE se vería obligado a celebrar unas primarias para elegir a su candidato.

Podemos

Podemos se estrenó en las generales como tercera fuerza. Según Pablo Iglesias, les faltó "una semana y un debate" para ganar tras una campaña en la que el partido morado fue a más. Menos de 24 horas después de conocerse los resultados, el secretario general compareció y marcó cinco líneas rojas para pactar: un referéndum en Cataluña –exigencia que provocó las primeras tensiones con el PSOE–, reformar el sistema electoral, blindar los derechos socialistas en la Constitución, prohibir las puertas giratorias y reforzar la independencia del sistema judicial. El líder de Podemos pidió a los socialistas que "no se bunkericen". "Que no cuenten con Podemos para entregar el Gobierno al PP", advirtió.

Antes de que Sánchez recibiera el encargo del rey y se decidiera a emprender contactos con otras formaciones, Podemos criticó la supuesta inacción de los socialistas –que insistían entonces en que era "el tiempo de Rajoy"– y tomó la iniciativa: Iglesias se ofreció como vicepresidente de un Ejecutivo de coalición de izquierdas. Las formas del anuncio, sin embargo, molestaron al PSOE. En esos primeros compases hubo otros desencuentros entre socialistas y morados, que polemizaron por el reparto de los puestos en la Mesa del Congreso, la ubicación –después corregida– de los diputados de la formación morada en el hemiciclo o la negativa del PSOE a que las confluencias tuvieran grupo propio, condición sin la que Iglesias sostuvo que sería "muy complicado" entenderse para gobernar y que implicó el descuelgue de Compromís.

Cuando el socialista emprendió su ronda de contactos, Podemos planteó inicialmente que no negociaría hasta que el PSOE rompiera sus conversaciones con Ciudadanos. Sin embargo, la propuesta de IU-Unidad Popular de negociar a cuatro –PSOE, Podemos, IU-UP y Compromís– desbloqueó la situación y permitió el inicio de unos contactos que, sin embargo, tuvieron escaso recorrido: cuando en plena negociación Sánchez anunció su pacto con Ciudadanos, Podemos se levantó de la mesa y consideró "incompatible" su presencia con la del partido de Rivera. "De momento, el PSOE ha elegido", zanjó entonces Errejón, dejando clara una postura que no se vio alterada por la última oferta de los socialistas antes de la investidura, que era básicamente una copia del texto que habían cerrado con la formación naranja.

El posterior blindaje del pacto PSOE-Ciudadanos por parte de Sánchez no ha ayudado a relanzar los contactos con Podemos, que han estado bloqueados durante semanas y que sólo este miércoles se reabrieron tímidamente con una llamada telefónica en la que ambos líderes acordaron citarse el próximo miércoles día 30 para una reunión a la que cada uno de ellos acude sin moverse de su anterior propuesta: Sánchez insiste en tomar el texto pactado con Rivera como punto de partida, mientras que Podemos reclama con insistencia un Gobierno a la valenciana, una coalición de izquierdas.

Aunque el partido respalda a la dirección a la hora de rechazar la oferta del PSOE de sumarse al acuerdo con Ciudadanos, Podemos también ha afrontado tensiones internas desde las pasadas generales y especialmente en estas últimas semanas a raíz de la dimisión de una decena de miembros de la dirección del partido en la Comunidad de Madrid. Ese episodio, además de los problemas en otras comunidades, desencadenó el cese del hasta ahora secretario de Organización, Sergio Pascual, a quien le sustituirá con toda seguridad –a falta de que lo ratifique el Consejo Ciudadano el próximo 2 de abril– el líder aragonés Pablo Echenique. La maniobra supone un golpe para el número dos Íñigo Errejón, ya que Pascual era su mano derecha tanto del partido y porque los diez dimitidos en Madrid le eran igualmente afines.

Ciudadanos

Quizá porque la mayoría de encuestas le eran mucho más favorables que lo que le deparó la realidad –muchos sondeos los situaban en el entorno de los 60 diputados– o quizá porque los 40 escaños que finalmente logró Ciudadanos el 20-D no bastan por sí solos para formar ninguna mayoría de Gobierno en el Congreso –ni suman con el PP, ni con el PSOE, ni son necesarios para una gran coalición– lo cierto es que la formación de Albert Rivera salió tocada de las urnas en diciembre. La interpretación más extendida fue que la campaña se le hizo larga al partido naranja que, por ejemplo, no pasó de la quinta posición en Cataluña. No demasiados actos, muy centrados en el presidente del partido y, según sostuvo el propio líder semanas más tarde, con un tono demasiado "institucional".  

Ya inmediatamente después de las elecciones, el partido naranja propuso a PP y PSOE que formaran una gran coalición, aunque no necesariamente en forma de "tripartito gubernamental". Albert Rivera trasladó el 23 de diciembre esa idea a Rajoy y Sánchez, a quienes reclamó que se sumaran a un "acuerdo de mínimos" que confiriera "estabilidad", defendiera la "unidad de España" y pudiera abordar las reformas necesarias a juicio de esta formación. Su secretario de Comunicación, Fernando de Páramo, llegó a asegurar el 24 de diciembre que el partido no votaría en ningún caso a favor de una investidura, sino que en el mejor de los casos abstendría, si los conservadores o socialistas se presentaban "en solitario". Al tiempo, dejó claro que votaría no a un Gobierno con Podemos.

El primer acuerdo entre esos partidos se produjo con la elección de Patxi López para la presidencia del Congreso, pacto en el que no entró Podemos que, de forma simbólica –a sabiendas de que no obtendría los votos necesarios–, presentó a Carolina Bescansa como candidata. Era el 12 de enero. Pero no fue hasta finales de ese mes y principios de febrero, con la renuncia de Rajoy primero y la aceptación del encargo de formar Gobierno por parte del socialista Sánchez después, cuando Rivera recuperó protagonismo al colocarse como socio preferente del PSOE. De hecho, y tras una serie de reuniones, ambos partidos alcanzaron un pacto que provocó la salida de la mesa de negociación de las fuerzas nacionalistas y de izquierdas y que fracasó en el Congreso.

Al igual que los socialistas, sin embargo, Ciudadanos sigue defendiendo ese texto. Donde los socios difieren es en cómo ampliarlo o, mejor dicho, en qué dirección hacerlo. Si el PSOE trata de incluir a toda costa a Podemos, los de Rivera siguen tendiendo la mano al PP, pese a los duros ataques que el presidente de la formación naranja dedicó a Rajoy durante el debate de investidura y las críticas que a cambio recibieron de los conservadores. En las últimas semanas, y a raíz de los nuevos acercamientos del PSOE a Iglesias, Rivera ha advertido de que se replanteará su voto si Sánchez intenta introducir cambios en el contenido del acuerdo bilateral para satisfacer al partido morado y lograr su abstención o su voto favorable en la investidura.

En estos cien días Ciudadanos ha evitado, por ejemplo, grandes escándalos mediáticos como los casos de corrupción del PP, la imagen de división interna del PSOE o las crisis de Podemos. Aunque eso no significa que el partido naranja sea una balsa de aceite. Tal como publicó infoLibre, al menos 59 cargos han abandonado la formación desde junio por dimisiones o expulsiones. La diputada madrileña Eva Bórox y su marido, concejal de Valdemoro, ha sido los últimos en sumarse a esta lista tras dar a conocer La Sexta que David Marjaliza, el cabecilla de la trama Púnica, involucró en su declaración judicial a Borox en los amaños de esa red. La cadena también mostró varias fotografías que ponían de manifiesto el grado de amistad entre los tres.

IU-UNIDAD POPULAR

El 20-D Izquierda Unida, que se presentó en esta ocasión bajo la denominación electoral Unidad Popular y en coalición con otros pequeños partidos, perdió casi la mitad de los votos que había logrado en 2011 y se desplomó desde los once hasta los dos diputados. Ese hecho, unido a la imposibilidad de lograr grupo propio en el Congreso de los Diputados –Garzón aseguró que fue el veto de Podemos lo que dio al traste con la última de las opciones que tenía: unirse a los diputados valencianos de Compromís–, le obligó a aprobar un duro plan de ajuste financiero para poder sobrevivir con aproximadamente un 40% menos de ingresos y una deuda de en torno a 11 millones de euros.

En el plano interno, el partido somete de este este mismo sábado al voto de su militancia hasta seis documentos que han presentado distintos sectores de cara a la XI Asamblea Federal, que tendrá lugar en junio y en la que se decidirá el futuro de la organización. Entre ellos hay textos promovidos por el que fuera su candidato electoral –el diputado Alberto Garzón–, otro que impulsa Izquierda Abierta, el partido que lidera Gaspar Llamazares, y un tercero avalado por el histórico dirigente de IU Julio Anguita.

Entre las cuestiones en las que difieren figura la relación de IU con Podemos, que Alberto Garzón defiende que debería estrecharse. No en vano, el diputado aseguró en enero que la alternativa a colaborar con el partido morado era "refugiarse en el 1%" de los votos. En la citada asamblea Garzón deberá competir por el liderazgo con al menos una lista más. La Izquierda Abierta de Gaspar Llamazares ya ha anunciado que optará a hacerse con el control del partido. También ultiman una tercera lista dirigentes críticos con Garzón y afines al todavía coordinador federal, Cayo Lara.

Durante las negociaciones, IU-Unidad Popular defendió en sus contactos con los socialistas un documento con 16 medidas en el que planteaba la necesidad de un "giro sustancial" en las políticas económicas, con cuestiones como la recuperación de los 65 años como edad para la jubilación, un aumento del salario mínimo interprofesional, la modificación del polémico artículo 135 de la Constitución o la derogación de las últimas dos reformas laborales. En esas conversaciones, PSOE e IU llegaron a acordar una docena de medidas y durante algún tiempo pareció que un acuerdo de investidura era factible, aunque los esfuerzos cayeron en saco roto cuando Sánchez presentó su pacto con Ciudadanos.

La firma de ese acuerdo supuso la ruptura de la mesa negociadora a cuatro –integrada por PSOE, Podemos, IU-Unidad Popular y Compromís– que había propuesto el propio Garzón, muy crítico con el texto suscrito entre socialistas y naranjas y también con la condición de esos dos partidos de que sólo negociarían conjuntamente. De hecho, IU-UP no se sentó en la misma mesa con Sánchez y Rivera, sino que esperó hasta que los socialistas estuvieron dispuestos a reunirse sin la presencia de Ciudadanos para retomar los contactos.

Luena: “Si Iglesias insiste en que quiere la mitad de las cosas, igual la reunión no tiene mucho sentido”

Luena: “Si Iglesias insiste en que quiere la mitad de las cosas, igual la reunión no tiene mucho sentido”

Más sobre este tema
stats