Andalucía tras la caída del PSOE

Juanma Moreno, un año de equilibrismo: el PP disputa la bandera verdiblanca a la izquierda entre crecientes cesiones a Vox

Juanma Moreno, durante la grabación de su mensaje navideño.

Más rédito político de la –abundante– denuncia de la herencia recibida, así como de la sentencia del caso ERE, que de los –magros– resultados económicos. Ni rastro de la promesa de los 600.000 empleos. Andalucía sigue en el furgón de cola de todos los indicadores clave, porque en la política no existen los milagros, o no en un año. La ultraderecha está normalizada y determina el marco de debate. Cs languidece. El PP, el eterno aspirante al poder, ya se ha acostumbrado al trono e incluso imita las prácticas que más criticaba del PSOE, con una maquinaria de propaganda emitiendo a todas horas y una cada vez más evidente apropiación de lo andaluz para confrontar con un Gobierno central al que se acusa de todos los males. Así es el balance del primer año del presidente Juan Manuel Moreno Bonilla (Barcelona, 1970), que está a punto de cumplir 365 días en San Telmo, plaza en la que está consolidado, hasta el punto de que mira más allá del día a día y se dedica a empeños tan ambiciosos como redefinir el andalucismo a la medida de la triunfante mayoría conservadora y romper en el imaginario colectivo la asociación automática entre Andalucía y el PSOE. El PP quiere ser "el partido de Andalucía".

Durante décadas, el PP estuvo tan acostumbrado a perder, se sentía tan lejos de alcanzar el poder, que, en esas charlas de políticos y periodistas donde abunda la mala leche, se decía que el líder del partido de derechas era en realidad el "consejero de la Oposición". Javier Arenas, a pesar de que cargará para siempre con fama de perdedor –fue cuatro veces candidato–, logró romper la lógica acomodaticia y presentar aspirante casi en cada municipio, incluso en aquellos donde, en el arranque de la democracia, mencionar al PP era evocar al señorito montado a caballo. Arenas incluso fue el más votado en las autonómicas de 2011, aunque el PSOE mantuvo el poder gracias a una alianza con IU.

El sucesor de Arenas, Juanma Moreno, un secretario de Estado designado en 2014 por Mariano Rajoy a propuesta de Soraya Sáez de Santamaría y Jorge Moragas, radicado políticamente en Málaga, no tenía ni el prestigio interno, ni los apoyos mediáticos –el ABC de Sevilla lo recibió de uñas–, ni el control de la organización, ni el despliegue hiperactivo de Arenas. Es más, el propio Moreno, con una pasmosa falta de urgencia, advertía desde el principio de que tenía derecho a varios intentos de convertirse en presidente. Pero, cosas de la política, Arenas es hoy sólo una difusa presencia en la sombra, mientras Moreno cumple la semana próxima un año como presidente de la comunidad más poblada de España, con dos presupuestos aprobados, la oposición aturdida –PSOE– o en recomposición –Adelante Andalucía–, sin crisis graves y en relativa estabilidad.

Moreno tampoco ha obtenido jamás los resultados de Arenas. Los 750.778 votos del PP en diciembre de 2018 se quedan por debajo de la mitad de los 1.570.833 logrados en 2011. ¿Qué ha acreditado Moreno, entonces? Como candidato, ha tenido el don de la oportunidad, al presentarse por segunda vez justo cuando la estructura de voto saltó por los aires al irrumpir la ultraderecha y desmovilizarse la izquierda tras una campaña más marcada por el procés que por el amplio abanico de problemas autóctonos –paro, desigualdad, anemia industrial–, que la crisis ha agravado hasta el punto de que Andalucía ha perdido el rumbo de la convergencia. Como presidente, ha acreditado capacidad para navegar en aguas agitadas.

Un equilibrio frágil

Moreno, que tomó posesión el 18 de enero de 2019, ha sido capaz de erigirse en una voz significativa dentro del PP, con Alberto Núñez Feijoó como referente, a pesar de haber sido un destacado apoyo de Sáenz de Santamaría contra Pablo Casado en las primarias del PP; y ha sido capaz de mantener cohesionados bajo su presidencia los apoyos de Ciudadanos –dentro del Gobierno– y Vox –sostén parlamentario–. El tiempo dirá si este frágil equilibrio se mantiene.

A Cs, con el vicepresidente Juan Marín a la cabeza, no le salen las cuentas de pertenecer al bloque de las tres derechas, como se ha comprobado en las últimas generales. De momento, Marín calla y trabaja, intentando sacar partido a su súper consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, que ciertamente tiene más competencias que brillo.

Vox mantiene su estrategia, que le ofrece jugosos réditos, consistente en apoyar al Gobierno andaluz en lo más básico: sanidad, educación, fiscalidad, administración... Y llamar la atención con sus exigencias reaccionarias en los temas que más excitan a su electorado y que más audiencia dan en los medios de comunicación: género, identidad, tradiciones –caza, Semana Santa–, memoria histórica... Cada vez es más frecuente que estas exigencias se conviertan en logros concretos, a cambio de los cuales ha permitido la aprobación de los presupuestos de 2019 y 2020.

El precio de VoxE

¿Ha sido alto el precio que tenido que pagar el Gobierno? Cuantitativamente, no. Las conquistas de Vox son casi siempre fachada. Tienen escaso impacto presupuestario. Están pensadas sobre todo para los titulares. El famoso pin parental fue motivo de euforia durante un día en todas las cuentas de Twitter del partido ultra, pero aún no ha sido aplicado, ni lo será, por la Consejería de Educación (Cs). Las ayudas para luchar contra la inmersión lingüística en Cataluña, que provocaron otra tormenta de papel, son 100.000 euros para comunidades andaluzas en todo el mundo y todavía están los funcionarios devanándose los sesos para redactar la orden sin que la Junta pueda ser acusada de salirse de sus competencias...

PP y Cs van traduciendo como pueden al lenguaje institucional las extravagancias de la ultraderecha, cediendo lo suficiente como para no irritar al socio, pero no tanto como para desbordar el marco legal o ser acusado de actuar al dictado de radicales. ¿Un ejemplo? El tan comentado "teléfono de violencia intrafamiliar" ha sido un éxito político-semántico de Vox, pero al mismo tiempo se ha habilitado sin cerrar el teléfono de violencia de género, con lo que PP y Cs pueden alegar que la protección a las mujeres se mantiene. Si no es un teléfono para víctimas de violencia de género, es un misterio qué aporta ese "teléfono de violencia intrafamiliar" con respecto a los teléfonos de mayores y del menor ya existentes. Bueno, no es tan misterioso, en realidad: aporta satisfacción política a Vox. Así es el frágil equilibrio en el que se asienta la presidencia de Juanma Moreno.

Memoria, género...

En ocasiones, el coste es más que simbólico. La presión de Vox ha logrado que la Junta ponga en duda la brecha de género. Toda la política de igualdad está en entredicho, bajo sospecha y en escándalo casi permanente. Y la de memoria. Es inevitable con un socio que niega la violencia de género y desprecia a las víctimas del franquismo. La Junta ha aprobado la introducción de un requisito extra para el acceso a las subvenciones de las asociaciones de memoria –requisito que no se ha introducido para las demás– y ha borrado del presupuesto la más importante iniciativa investigadora del movimiento. Con todo ello se mantiene feliz a Vox, un aliado revoltoso pero leal, con el que las discrepancias son superficiales y las coincidencias de fondo. El partido liderado en Andalucía por Alejandro Hernández, tras la caída en desgracias del juez Francisco Serrano, va dando apoyo a las iniciativas que garantizan la estabilidad del Gobierno: presupuesto, reformas fiscales en la estela del modelo aguirrista... Al tiempo que aprieta para que se profundice en reformas a favor del sector privado. El Gobierno ya va dando pasos en ese sentido en educación y sanidad.

Y así, todos contentos. ¿Todos? La pata más débil es Ciudadanos. Su incomodidad por Vox es mayor que la del PP. La alianza del partido con la ultraderecha, parte de la fallida estrategia de Albert Rivera para liderar la derecha, ha quedado desacreditada en las urnas. Rivera se fue, pero sus decisiones se quedaron. ¿Qué saca Cs? Gobierna junto al PP, claro. Pero, tanto en visibilidad como en iniciativas, no logra capitalizar su presencia en el Ejecutivo. Su plan estrella, el fin de los aforamientos, está en barbecho. Hay que recordar que Cs rompió su acuerdo con Susana Díaz tras el verano de 2018, favoreciendo el adelanto electoral, alegando que Díaz se oponía a quitar los aforamientos.

El PSOE, tocado

Moreno navega sin excesivos sobresaltos. Se beneficia de una oposición tocada. Ni PSOE ni Adelante Andalucía –Podemos, IU y andalucistas– obtuvieron en las urnas el resultado que esperaban. Los socialistas aún andan aceptando su pérdida del poder. Díaz lleva dos años y medio encadenando varapalos. Primero, en mayo de 2017, perdió ante Sánchez las primarias. En diciembre de 2018, fue apeada de la Presidencia de la Junta, el histórico fortín del PSOE. De modo que Díaz iba camino de La Moncloa y hoy se aferra a una oportunidad para intentar volver a San Telmo. Hay una entente cordiale con Sánchez, que ha implicado que Díaz altere su posición sobre lo que debe hacer el PSOE en España para evitar que Ferraz le declare la guerra interna. Si en 2016 lideró la operación para sacar a Sánchez de la secretaría general y evitar un pacto con los nacionalistas, hoy – junto a Miquel Iceta en la tribuna de invitados del Congreso– aplaude una investidura basada en la abstención de ERC. Moreno, que ha detectado la debilidad, se ceba con este flanco.

Al PSOE se le suma la sentencia de los ERE, que ha condenado a Manuel Chaves y José Antonio Griñán, presidentes entre 1990 y 2013, describiendo como verdad judicial un sistema para evitar controles en el reparto de 680 millones a lo largo de una década.

Otro síntoma de la fragilidad del actual proyecto socialista de oposición es que los movimientos andaluces en Madrid son interpretados en clave de posibles relevos. El ascenso de María Jesús Montero en el entorno de Sánchez es monitorizado con toda atención desde San Vicente, sede del PSOE andaluz.

Frente a la relativa cohesión del bloque derechista, el PSOE y Adelante carecen de puentes. No es que no haya unidad de acción en la oposición, es que la colaboración es escasa. Podemos e IU afrontan ahora una decisión crucial: hasta dónde llevar la apuesta por Adelante Andalucía. ¿Un partido propio, como los comuns? Teresa Rodríguez tiene claro que, en el actual contexto, Andalucía necesita una "voz propia", un partido nítidamente andaluz, para no quedar fuera de juego y ceder la bandera verdiblanca no ya al PSOE, que la ha tenido durante casi 40 años, sino al PP, que la está resignificando.

Herencia recibida

El fallo de los ERE ha contribuido a reforzar un marco en el que el PP ha intentado situar su discurso político durante todo este primer año: el de la corrupción socialista. El Gobierno andaluz, cuya comunicación es dirigida por Elías Bendodo, consejero de Presidencia y portavoz, gran protagonista del año político, denuncia tras cada reunión de sus consejeros algún supuesto fraude u ocultamiento. Ninguna de sus denuncias ha tenido hasta ahora consecuencias penales, salvo el traslado a la justicia de papeles que –según la Junta– evidencian complicidades hace dos décadas del Consejo de Gobierno de Chaves con ayudas fraudulentas a una fábrica en Jaén.

Ni Moreno ni Bendodo quieren que el caso ERE se agote en la primera sentencia. El calendario judicial venidero les favorece. En el PSOE hay voces que muestran su inquietud por la debilidad de la respuesta de la dirección del PSOE, a pesar de que sus miembros no tuvieron relación con la corrupción de aquellos años. Lo cierto es que la sentencia ha sido demoledora, no sólo por las 19 condenas –dos expresidentes, seis exconsejeros y once ex altos cargos más–, sino porque da cobertura jurídica al histórico discurso de la derecha de que Andalucía fue durante el socialismo un régimen clientelar basado en el voto cautivo.

Las promesas y la realidad

Como cualquier economista preveía, Andalucía sigue donde estaba. La aplicación de recetas "liberales" en una economía periférica y poco diversificada no es lo que se dice una apuesta de éxito asegurado. En relación con el paro, el indicador sacralizado durante décadas para medir el éxito de la autonomía, los resultados distan de ser los deseables. El cuarto trimestre de 2018 lo cerró Andalucía con el 21,26% de tasa de paro, frente al 14,45% nacional; el tercer trimestre de 2019 lo acabó con el 21,83%, frente al 13,92% nacional, tomando como referencia los últimos datos publicados por el INE. El panorama está estancado.

Lo cierto es que –aunque estas cosas no se digan en campaña– es imposible introducir cambios significativos si no se altera la posición de Andalucía en los esquemas internacionales de reparto del capital y el trabajo. Hay razones geopolíticas que no se pueden borrar. Y el peso del pasado. El poder histórico de los grandes tenedores de la tierra frenó en el siglo XIX y XX la implantación de la industria, que hubiera competido en el mercado de trabajo con la agricultura latifundista, encareciendo la mano de obra y fastidiando a unos propietarios que necesitan abundantes jornaleros disponibles y sumisos. Esos condicionantes no se alteran tocando puntos en el IRPF para atraer inversión, ni eliminando el impuesto de sucesiones, ni quitando trabas burocráticas.

La promesa de 600.000 puestos de trabajo se ha quedado en eso, en una promesa electoral hecha cuando Moreno no creía que fuera a ser presidente. Casi nadie se la recuerda, de hecho. El presidente es el que marca la agenda. Su hombre fuerte, Bendodo, consigue que el tema central sea el supuesto desmantelamiento de la "Administración paralela", que en realidad ha sido mucho más ruido que nueces. La habilidad del Gobierno andaluz para la autopromoción está más que demostraba. Consiguió vender que había cumplido todo su programa para los primeros 100 días sin ejecutar ni la mitad de las medidas, como demostró infoLibre.

Del 4D de 1977 al 2D de 2018

Moreno ha comprobado ya que Andalucía está mal financiada. Y ahora reivindica a Sánchez un nuevo modelo, de la misma manera que Díaz hacía con Rajoy. Es la gran apuesta del presidente: presentarse desde Andalucía como oposición al pacto del PSOE con Unidas Podemos y ERC y garantizar la "igualdad entre españoles". En Andalucía va tener Sánchez un opositor con la bandera de Andalucía enarbolada. Exactamente lo que ha hecho siempre el PSOE, que durante la primera etapa de Díaz descuidó la verdiblanca. Moreno quiere arrebatársela. La situación tiene implicaciones serias. Andalucía fue en la Transición, a través de las manifestaciones del 4 de diciembre de 1977, impulsora del autonomismo en su versión más ambiciosa. Hoy, tras otro terremoto, en este caso electoral, con la irrupción de Vox el 2 de diciembre de 2018, ejerce un contrapeso centralista.

El presidente intenta erigirse como el líder no del PP, sino de Andalucía, que se opone a las cesiones de Sánchez a los independentistas, reprochando a Díaz que haya abandonado esa oposición. Moreno cuenta hemeroteca de sobra para incomodar a su adversaria. Es una apuesta de fondo de Moreno, que ha acreditado mentalidad estratégica. Casi desde el principio de su mandato viene trabajando en el diseño de una imagen moderada –a pesar del acuerdo con Vox– y ultrainstitucional. Moreno se ha anotado un éxito relevante en este empeño: liderar un acuerdo con todos los partidos para la renovación del consejo de RTVA y el resto de órganos de extracción parlamentaria.

Un imaginario nuevo

El presidente intenta algo difícil, que necesita tiempo: romper la asociación mental espontánea entre Andalucía, la Junta y el PSOE. Suele repetir que ha llegado "el cambio", que hay acostumbrarse, que es "normal", que Andalucía "no es del PSOE". Le habla a esas capas populares que vinculan la modernización y la democratización de Andalucía, la salida de la marginalidad y la represión, a nombres como Felipe González, Alfonso Guerra y Rafael Escuredo. Moreno quiere crear un imaginario nuevo. Y ahí hay que insertar su reivindicación constante y al máximo nivel de la figura de Manuel Clavero Arévalo, que fue ministro de UCD durante la Transición, al que se le atribuye un papel clave en el acceso de Andalucía a la autonomía plena. Moreno se ha referido a él como "padre de la Andalucía moderna", una fórmula que roza la de Blas Infante, "padre de la patria andaluza". Ya hay dos figuras en el santoral laico andaluz. Con una diferencia. Todos reconocen y respetan a Clavero. Vox desprecia a Blas Infante, sobre el que se ha roto el consenso. La ultraderecha no asiste a los homenajes por su asesinato en 1936.

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En su empeño por desamortizar la Juntadesamortizar, de desvincularla psicológicamente del PSOE, el Gobierno andaluz que lidera Moreno trabaja en un cambio de la imagen institucional de la Junta. Para quien no viva en Andalucía, es difícil entender lo esto supone. La imagen corporativa de la Junta y su logotipo, conocido como "el paraguas", son omnipresentes. Es un símbolo que sugiere protección. La administración como refugio. El PP sabe que el "paraguas" le pertenece a la Junta, pero psicológicamente es del PSOE. El próximo logo será una "A" mayúscula. El encargo ha recaído, por supuesto, en Bendodo, el hombre para todo.

Que el Gobierno andaluz ande en proyectos a medio-largo plazo no significa que no tenga problemas. Los tiene. La gestión de la crisis de la listeriosis dejó tocado al ministro de Salud y Familias, Jesús Aguirre (PP). Las protestas por el deterioro de la sanidad continúan. Tras llegar prometiendo arreglar la sanidad como por ensalmo, Moreno ya ha admitido un déficit crónico de financiación del sistema.

La complejidad del encaje PP-Cs ha provocado, sobre todo hasta el verano, constantes ceses de cargos intermedios. El presidente ha tenido que dar explicaciones sobre el ascenso de su hermana en un cargo público en un proceso en el que quedó segunda, no primera, tras lo que la Junta ofreció una versión oficial que ha sido desmentida. Pero ninguna crisis ha desestabilizado al Gobierno andaluz, que en su primer año ha tapado la boca a los que preveían una singladura breve, pero que al mismo tiempo ha descubierto que los milagros no existen y que el precio a pagar por su existencia es alimentar a un socio radical y antiautonomista.

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