Uno de los asuntos que ha atravesado el discurso de Vox desde su nacimiento ha sido la negación a ultranza de la violencia contra las mujeres y el ataque sistemático a las leyes que la combaten. En 2023, los pactos entre PP y Vox situaban la "violencia intrafamiliar" como uno de sus ejes y evitaban mencionar la violencia de género, una cuestión que se convirtió rápidamente en uno de los principales puntos de fricción y que aprovechó la oposición en acuerdos como los de la Comunitat Valenciana, Aragón y Baleares. 

Tres años después, la violencia machista ha desaparecido de los recientes acuerdos de Extremadura y Aragón. En su lugar, Vox ha situado en primer plano la "prioridad nacional" y la criminalización del uso de los recursos públicos por parte de los migrantes. Una cuestión en la que ha arrastrado al PP. Acuerdos que, en ninguna de las dos regiones, contemplan tampoco la creación de una consejería de Igualdad y en lo que solo se refieren a las mujeres una vez. “No se permitirá la imposición de prácticas que invisibilizan a la mujer y vulneran los valores de igualdad y dignidad sobre los que se sustenta nuestra sociedad”, un extracto que justifica la prohibición del burka y el niqab.

Hasta ahora, el discurso de la extrema derecha española no se ha alejado del labrado por sus homólogos europeos. Una oposición ferviente a los derechos reproductivos, como el aborto, una defensa a ultranza de la familia desde su concepción más tradicional y una asociación tramposa de violencia sexual e inmigración son algunas de las bases sobre las que la ultraderecha sienta su discurso. Eso no ha cambiado, apuntan las expertas consultadas por infoLibre, pero sí sus prioridades de cara a la opinión pública.

¿A qué se debe el cambio? Anna López Ortega, doctora en Ciencia Política y experta en extrema derecha, lo interpreta como una combinación de cálculo estratégico y jerarquización de prioridades. "Vox está en un momento de tensión interna y con horizonte electoral cercano, así que ordena su agenda en función de rentabilidad inmediata”. Es decir, qué temas “movilizan más y cuáles desgastan más al rival", explica en conversación con este medio.

Ese cálculo coloca la inmigración en el centro. "Ahí entra la prioridad nacional como el eje que más incomoda al PP y más cohesiona a su electorado", añade López. A su juicio, no hay una renuncia ideológica, sino un cambio de foco. "Es una estrategia de visibilidad, algunos temas se ponen en primer plano y otros se relegan, sin desaparecer”, aclara. Coincide con ella Ana Bernal-Triviño, profesora en la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y autora del ensayo ‘No manipuléis el feminismo. Una defensa contra los bulos machistas (Espasa): “Es un cambio de metodología más que de estrategia”.

Así, considera que Vox puede dejar de lado la "violencia intrafamiliar" en un acuerdo de gobierno sin modificar su posición sobre el feminismo o la violencia de género. Y eso se nota en sus políticas. “Si observamos su acción en territorios donde tienen influencia, como la Generalitat Valenciana, vemos señales claras , como el debilitamiento de servicios LGTBI, de que sus posiciones sobre género y diversidad siguen siendo las mismas”, apunta.

Por su parte, Bernal-Triviño recuerda que en los pactos de 2023 “ya se habían producido concesiones”: “Ha habido una reconfiguración de consejerías y concejalías dedicadas a la mujer que se han metido en asuntos sociales y otras áreas. Lo que se ha modificado está hecho ya, no se plantean nuevos dilemas porque ya se ha cedido en esta cuestión”, plantea. En el caso de Extremadura, en 2023 se eliminó la consejería de Igualdad. La primera legislatura de Guardiola arrancó sin esta cartera tras estrechar la mano con Vox. Ella, después de asegurar que no pactaría con quien niega la violencia machista, lo justificó subrayando que las competencias de Igualdad pasaban directamente a Presidencia,

Los acuerdos en Extremadura y Aragón ilustran bien ese desplazamiento. La única referencia directa a las mujeres aparece vinculada a la prohibición del burka y el nicab. Los textos aprobados en los recientes pactos sostienen que no se permitirá la imposición de prácticas que "invisibilizan a la mujer" y vulneran los valores de igualdad y dignidad. La mujer aparece así no como sujeto de políticas de igualdad, sino como elemento de una batalla contra determinadas prácticas asociadas a la inmigración musulmana.

Para López, esa operación responde a un patrón conocido en las extremas derechas europeas: el "femonacionalismo". "Consiste en apropiarse de elementos del discurso feminista  como la igualdad, la dignidad y los derechos de las mujeres, pero resignificándolos en clave culturalista. Ya no se habla de desigualdades estructurales, sino de proteger a ‘nuestras mujeres’ frente a un ‘otro’ que suele identificarse con la inmigración, especialmente musulmana", explica la experta.

No es una estrategia nueva. "Esto lo hemos visto claramente en figuras como Marine Le Pen en Francia o en partidos de Países Bajos, y se intensifica sobre todo a partir de los atentados del 11 de septiembre de 2001, cuando el islam empieza a construirse a nivel global no solo como una amenaza de seguridad, sino también como una cultura ‘atrasada’ que supuestamente oprime a las mujeres", añade la politóloga.

De esta manera, la ultraderecha busca presentarse como defensor de la igualdad sin asumir el feminismo ni las políticas públicas de igualdad. "Permite a Vox presentarse como defensor de ciertos valores de igualdad mientras desplaza el foco hacia un enemigo externo", señala López. Pero advierte de la trampa: "En realidad es una falsa defensa de la igualdad, porque no busca ampliar derechos, sino construir un adversario, el islam, sobre el que articular un discurso identitario y excluyente", plantea López. 

Con todo, Bernal-Triviño advierte de que “Vox no se ha hecho feminista”: “Que esto no nos lleve a pensar que cuando lleguen a unas generales, no van a plantear cuestiones que tensen la agenda feminista”, plantea. “Es lo que ya sucede cada vez que la ultraderecha conquista espacios de poder a nivel nacional. Muchas de las leyes que quieren tumbar, solo pueden hacerlo si llegan al gobierno estatal y ese es su principal objetivo”, añade.

Ese mismo patrón ayuda a explicar por qué Vox explota menos que antes el discurso de las denuncias falsas, la supuesta discriminación contra los hombres o la impugnación frontal del feminismo. No porque haya abandonado esas ideas, sino porque ya no necesita formularlas de manera permanente. "Vox ha conseguido algo muy difícil en política: tiene una identidad muy definida y reconocible con una agenda dura en materia de igualdad, inmigración y derechos civiles y no necesita estar recordándola constantemente para que su electorado la identifique", sostiene López.

A su modo de ver, la extrema derecha “puede desplazar ciertos temas, como el de las denuncias falsas, y poner en primer plano otros que ahora le resultan más rentables, como la inmigración, seguridad, prioridad nacional, sin que eso implique una moderación real", apunta la experta. En su opinión, no hay señales de giro en la práctica institucional. "Hay menos ruido en algunos temas, pero el mismo marco ideológico de fondo".

La pregunta es si ese menor ruido también busca reducir resistencias entre las mujeres, ya que la extrema derecha ha tenido más dificultades para atraer voto femenino que masculino. López pide matizar: "Sigue existiendo una brecha de género clara, las mujeres votan menos a la extrema derecha que los hombres. No estamos ante un vuelco, ni mucho menos". Pero esa brecha no es inmóvil. "En algunos segmentos, especialmente entre mujeres jóvenes, sí se aprecia una ligera aproximación", añade Lopez.

Bernal-Triviño sostiene que “el dique” del voto femenino “no ha desaparecido” pero sí admite que es “menos sólido” que antes porque la ultraderecha “ha ganado la batalla por el relato” al lograr que  “muchos jóvenes”, especialmente varones, “digan que las mujeres han llegado demasiado lejos”: “Se han hecho campañas de desinformación muy potentes, con artículos de opinión y podcast, como argumento de autoridad”, sostiene. Así, la experta cree que “no hay menos énfasis” en cuestiones relacionadas con el feminismo, sino que “hay más convencimiento”.

"Esto encaja con un patrón que hemos visto en Europa: el voto femenino se convierte en un objetivo prioritario para la derecha radical en fases más avanzadas de su ciclo político, cuando ya han consolidado una parte importante del electorado conservador", añade López. A partir de ahí, estas fuerzas intentan ampliar base con otros marcos como la seguridad, identidad, malestar económico y acceso a recursos públicos. En esa estrategia está ahora Vox.

La “prioridad nacional” pactada por el Partido Popular y Vox para investir a los presidentes de Extremadura y Aragón ha abierto una brecha en el partido de Alberto Núñez Feijóo, que espera que el asunto se “acabe cuanto antes”. Desde Génova sostienen que el acuerdo no discrimina por nacionalidad, sino que premia el “arraigo real, duradero y verificable” —empadronamiento, cotización, vinculación laboral, familiar o formativa— para el acceso a determinadas ayudas de la Administración en materia de vivienda y que ya se aplica en otras comunidades autónomas. Pero lo cierto es que el término ni siquiera convence a los suyos.

El principal motivo es que Vox ha conseguido imponer sus tesis y lo vende como la traducción práctica de su lema “los españoles primero”. Una fórmula que implica asumir, de facto, una segregación en el acceso a los recursos públicos pese a que tanto la extremeña María Guardiola como el aragonés Jorge Azcón han incidido en varias ocasiones en que no se apartarán “de la legalidad”. “Si tenemos que salir a explicarlo tantas veces, es que algo no funciona y estamos haciendo mal”, reflexiona una fuente con asiento en el Congreso en conversación con infoLibre, que cree que Vox ha conseguido más peso que en los pactos de 2023.

En la dirección nacional del PP consideran, sin embargo, que no han cruzado sus líneas rojas y sostienen que esta cuestión “no les quita ningún voto” y, a cambio, les sirve para garantizarse cuatro años de mandato. “Hemos despejado el riesgo de otras elecciones”, destacan también. Un logro que atribuyen a los dos negociadores de Génova: Miguel Tellado, secretario general del PP, y Marta Varela, jefa de gabinete de Feijóo. Ambos tomaron las riendas de las negociaciones días antes de que los ultraderechistas votaran en contra de la investidura de Guardiola y tras advertencias a la baronesa extremeña. 

Aunque algunos dirigentes temen que Vox haga suya la medida mientras el PP queda atrapado en la indefinición, en Génova aseguran que, una vez que se traslade a la legislación autonómica, “no habrá debate posible” y serán los ultras los que “deberán retractarse”. Además, una fuente del equipo de Feijóo admite que el de la “prioridad nacional” es un “balón de oxígeno” que la formación de Abascal “necesita”. “No podemos permitirnos que se vuelva a repetir el escenario de las últimas generales, en las que Vox se quedó por debajo de los 35 escaños”, reflexiona, en referencia a que el PP necesita a un Vox fuerte para poder hacerse con el control del Congreso de los Diputados.

Privar de ayudas a una persona por su origen o nacionalidad es inconstitucional, de ahí que el pacto no incluya esos criterios como baremo y recurra a fórmulas como la residencia, el empadronamiento o la contribución al sistema. Sin embargo, voces del PP también advierten de que el criterio de arraigo podría generar desigualdades no solo entre migrantes, sino también entre españoles; por ejemplo, entre quien se traslada de una comunidad a otra.

Todas estas cuestiones forzaron a Feijóo a intentar acotar el alcance del acuerdo. Desde el Congreso, el líder del PP pidió "rigor", defendió que "todo lo que se ha firmado es de acuerdo a las leyes" y recalcó que el pacto habla de arraigo "con independencia de la nacionalidad”. Según Feijóo, las acotaciones añadidas en el texto de ambos acuerdos dejan claro que “prioridad nacional” no significa dar prioridad a los españoles, pese a que así lo afirma Vox.

Una explicación que también tuvo que dar, a través de su cuenta de X, la vicesecretaria de Coordinación Sectorial, Alma Ezcurra, encargada de explicar el ‘no’ de su partido a la moción de Vox que quería extender este criterio segregacionista a nivel nacional. “Prioridad nacional conforme a la legislación vigente. Vivienda y ayudas para quien trabaja, cotiza y tiene raíces aquí”, señalaba la pasada semana.

En el caso de los barones autonómicos, la primera en alzar la voz fue la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que se desmarcó nada más conocer el texto del acuerdo extremeño al advertir de que priorizar a los españoles frente a los inmigrantes "no es legal ni se ajusta a derecho”. El andaluz Juanma Moreno también ha tratado de tomar distancia desde Andalucía, donde el ruido por los pactos de Extremadura y Aragón incomoda su campaña, que se basa en tratar de revalidar su mayoría absoluta frente a los “líos” de sus compañeros de partido, en sus propias palabras. 

En Castilla y León, el entorno de Alfonso Fernández Mañueco también intenta desmarcarse pese a que Vox ya avisa de que "apretará un poco más" al PP en esa comunidad, donde considera que tiene más fuerza negociadora que en Extremadura y Aragón. Su portavoz nacional, José Antonio Fúster, recordó este lunes que en las elecciones obtuvieron 14 procuradores y un porcentaje de voto mayor que en Aragón —18,9% frente a 17,9%—, lo que a su juicio les permite elevar las exigencias en un eventual pacto. Según trasladan fuentes del PP, no está previsto cerrar un acuerdo hasta después de las andaluzas

Otros dirigentes territoriales, como Alejandro Fernández, líder del PP catalán, no se han pronunciado. No obstante, hace solo unos meses, él mismo rechazó de plano la "prioridad nacional" que defendía Vox y la definió como "la antesala del fascismo", al advertir de que clasificar derechos por nacionalidad podía llevar a "grados de consanguinidad" e insistió en que, si una persona trabaja y está en situación legal, “no se le puede negar una ayuda social por su origen”.

Este debate también agita a territorios especialmente sensibles a la cuestión migratoria, como Canarias y Ceuta. En Canarias, el presidente Fernando Clavijo, socio del PP en el Gobierno autonómico, ha mostrado "preocupación, decepción y enfado" por el rechazo a la reubicación de menores migrantes no acompañados incluido en los acuerdos, y ha cuestionado la legalidad de algunas medidas. En Ceuta, Juan José Vivas ha optado por el silencio pese a haber apelado otras veces a la solidaridad del resto de comunidades ante la presión migratoria. 

A esto se le añade la confusión que ha imperado también en Vox por el propio concepto. El portavoz del partido en el Parlament, Joan Garriga, afirmó el pasado viernes que "es español el nacido de padre y madre española", una definición que fue corregida después por el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, que la calificó de "error" y aclaró que, legalmente, español es “quien tiene el DNI" o quien tiene reconocida la nacionalidad. 

Abascal también tuvo que intervenir en un acto de la precampaña andaluza. Señaló que "ser español es tener la nacionalidad española", pero aprovechó para defender que se endurezca el acceso a la nacionalidad. En la formación ultraderechista no son pocos, comenzando por el propio Ignacio Garriga, que tienen padres de origen extranjero. En su caso, su madre nació en Guinea Ecuatorial y su padre es de ascendencia belga.  

Los pactos firmados esta semana entre PP y Vox para gobernar conjuntamente Extremadura y Aragón abren la puerta a la desregulación de las normas que protegen el patrimonio natural de estas comunidades autónomas. Los dos acuerdos recogen numerosas medidas de implantación inmediata que priorizan el interés de la agroindustria, los centros de datos, los cazadores o las grandes eléctricas sobre el interés general.

El primer punto del acuerdo de Gobierno de Extremadura consiste en alargar la vida de la central nuclear de Almaraz (Cáceres), una medida que no es de competencia regional, sino nacional. El pacto propone también eliminar por completo la ecotasa autonómica que paga la instalación, librando a Iberdrola, Endesa y Naturgy del pago de más de 80 millones de euros al año.

En 2025, el Gobierno extremeño del PP ya anunció, de hecho, la reducción progresiva del 50% en ese pago, pero ahora será finalmente retirado en su totalidad de aquí a 2029. Tanto en Aragón como en Extremadura, la coalición se compromete también a facilitar la construcción de líneas eléctricas, que a menudo chocan durante su desarrollo con las normativas de protección de espacios naturales.

Otro punto polémico del pacto extremeño, que también recoge el acuerdo aragonés, es la intención de desregular leyes rurales básicas de protección ambiental relacionadas con la caza, la pesca o los espacios naturales protegidos (como las ZEPA), bajo el pretexto de "flexibilizar o suprimir las normas que arruinan al sector primario" y el "blindaje del sector primario frente a la Agenda 2030", pese a que esta fue impulsada por el PP Europeo en 2020.

En Extremadura, esta desregulación se resume, por ejemplo, en su compromiso de aplicar siempre que sea "legalmente posible" el principio de la declaración responsable, que abre la puerta a la construcción o alteración del espacio sin justificar previamente su impacto en el medioambiente, presuponiendo que el ciudadano actuará siempre con la buena voluntad. En esta Comunidad, de hecho, Vox tendrá también a partir de ahora la Consejería de Desregulación.

Paco Iturbe, portavoz de Ecologistas en Acción de Aragón, opina que esta nueva coalición, en la que la extrema derecha gana peso, es el siguiente paso a lo que ya se había vivido hasta ahora. "Es sintomático que en Aragón Vox haya pedido la Consejería de Medioambiente, porque su intención siempre ha sido desmontar esta área. Lo preocupante es que el PP ha integrado estas ideas y ahora van un paso más allá", señala.

En la región del Ebro, los conservadores aspiran, por ejemplo, a redoblar su apuesta por los centros de datos, pese a los estudios que advierten del excesivo consumo de agua y luz en un momento en que las redes eléctricas tienen serios problemas para hacerse cargo de nuevas demandas y la sequía es una de las mayores amenazas de España en un futuro cercano. Sobre la política hídrica, los dos pactos de Gobierno son una apuesta total por el incremento del regadío cuando los expertos advierten que España va camino de una reducción drástica de las precipitaciones.

Un caso paradigmático de las ambiciones de PP y Vox en el regadío, una promesa habitual para ganar el voto rural, se da en Extremadura, donde aseguran que llevarán por fin el riego a la Tierra de Barros (Badajoz), "tras más de una década de estafas del PSOE a los regantes", se lee en el acuerdo. 

Joan Corominas, presidente de la Asociación Nueva Cultura del Agua y experto en regadío, ha estudiado a fondo este proyecto, que lleva más de 20 años en un cajón, y opina que ese compromiso se va a incumplir, y tanto PP como Vox lo saben.

"La realidad es que ni PP ni PSOE han podido sacar adelante este regadío, y todos hablan de Barros con la boca pequeña porque saben que no tiene futuro", opina el ingeniero agrónomo. Principalmente, el proyecto nace muerto porque el 75% del agua que supuestamente alimentaría ese regadío parte del embalse de Alangue, "que en los últimos años no ha pasado del 20% de capacidad", afirma.

En todo caso, Corminas añade que, incluso si hubiese agua, la infraestructura no ayudaría a la agricultura familiar, sino a las grandes empresas agrícolas, que son las que más acceso tienen al agua y mejor optimizan su uso. "En Andalucía, el 80% de los agricultores tienen el 20% del agua de riego, y el 20% tiene el 80%. Las grandes fincas son las que ganan en estos casos", comenta.

En Aragón, el problema que describe el experto se repite con otra de las propuestas del nuevo Gobierno. Aunque no detalla cómo, PP y Vox se comprometen a revisar de nuevo la Ley de Agricultura Familiar, una normativa que ya fue reescrita en 2023 por el PP precisamente para deshacer la protección del pequeño ganadero en beneficio de la industria intensiva del cerdo. Entonces se eliminó, entre otros, un artículo que limitaba las explotaciones a un máximo de 720 unidades de ganado mayor, facilitando la ampliación y el impacto ambiental de las granjas.

"El pasado Gobierno de PP y Vox derogó la anterior ley de agricultura familiar, y eso que ya se quedaba corta a la hora de proteger al pequeño ganadero. Ahora, con la entrada de Vox, todo esto no solo se va a acelerar, sino que lo van a convertir en su bandera", valora Iturbe, de Ecologistas.

El activista recuerda también que la expansión ganadera en Aragón ya ha dejado a decenas de pueblos sin agua potable porque sus acuíferos están contaminados por purines. Según un informe reciente de Greenpeace sobre contaminación de agua potable, entre el abuso de fertilizantes en la agricultura y los excrementos de los animales de granja, en 2024 hubo más de 3.000 municipios en España que superaron concentraciones de nitratos en agua por encima de lo recomendado por la ciencia. Docenas de ellos estaban en Aragón, como Azuara (Zaragoza), Ariño (Teruel) o Chimillas (Huesca), donde los niveles de nitratos superaron en algún momento del año los 50 mg/l, el límite legal.

En Aragón, Vox ya tuvo durante un breve periodo un consejero de Agricultura, Ángel Samper, entre 2024 y 2025, cuando fue cesado contra su voluntad tras la ruptura nacional de PP y Vox por su desacuerdo sobre la acogida de menores migrantes. Donde más poder llegó a acumular en este sector fue en Castilla y León, donde estuvo al mando de la Consejería de Agricultura entre 2022 y 2024, y a la que también renunció por las desavenencias entre las cúpulas de los dos partidos.

En Extremadura, Vox mantuvo además, de manera breve, la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural, donde fue responsable de algunas áreas agrícolas, como caza o incendios, y por donde el partido ultra pasó de manera atropellada entre 2023 y 2024. La primera consejera de Vox en esa cartera, Camino Limia, no llegó a los tres meses en el cargo, mientras que su sucesor, Ignacio Higuero, rompió con el partido nueve meses después de ascender, en julio de 2024, y un año después dimitió por mentir en su currículum.

Estas experiencias, además de ser políticamente accidentadas, dejaron episodios traumáticos para algunos profesionales del sector primario, como la crisis de la tuberculosis bovina de 2023 en Castilla y León. El consejero agrario Gerardo Dueñas contradijo el histórico consenso del mundo ganadero y prometió al sector tomar medidas para evitar que las vacas infectadas por esta enfermedad tuvieran que ser sacrificadas, medida que además era ilegal y ponía en peligro a las vacas sanas de otras regiones. Cuando la promesa fracasó, la intentona se tradujo en disturbios, un detenido, y abrió una brecha política en el sector primario. 

A nivel administrativo, tampoco parece que haya habido un cambio notable en la vida de los agricultores en las comunidades gobernadas por los conservadores. En la actual crisis derivada de la guerra de Irán, el principal apoyo al sector ha llegado del descuento del Gobierno central sobre el gasóleo B (el agrícola) y de una ayuda del Ministerio de Agricultura de casi 900 millones de euros a la compra de fertilizantes.

País Vasco, Cataluña y Comunidad Valenciana han activado además ayudas extra de 1.000 millones de euros (la primera) y 400 millones (las otras dos), mientras que Andalucía, Extremadura, Aragón y Castilla y León, cuatro bastiones de la derecha con un fuerte peso agrario, todavía no han activado ayudas complementarias.

Un análisis de infoLibre publicado en febrero sobre las ayudas autonómicas al campo para apoyar la contratación de seguros agrarios también mostró que comunidades en las que Vox ha participado en el Gobierno autonómico tampoco han tenido una especial atención sobre sus profesionales. Castilla y León, Extremadura y Aragón se encuentran en la mitad inferior de la tabla que compara la participación autonómica sobre el total subvencionado en todas las regiones españolas.

El PP sabe perfectamente lo que ha firmado en Extremadura y en qué consiste la “prioridad nacional” reproducida en Aragón. Lo sabe hasta tal punto que en la enmienda parlamentaria a la moción de Vox lo escribe negro sobre blanco elevándolo a debate nacional. Ni Santiago Abascal habría sabido cuadrarlo mejor. La prioridad ultra está en el pacto extremeño y ha llegado al Congreso de la mano del PP, aunque el objetivo no es que saliera sino asumirlo como propio. Si fuera una cuestión de arraigo lo habrían llamado prioridad de arraigo. Por más que cada día hayan intentado vestirlo con un ropaje distinto –incluido el “vecinal” de Alberto Núñez Feijóo–, el triunfo de Vox es triple. Captura la agenda del PP, marca por dónde van a ir todos los gobiernos autonómicos y remata el camino de la coalición nacional con un debate de fondo ilegal y prevaricador, impensable en el arco ideológico popular antes de Vox. 

Es falso que la “prioridad nacional” sea una ficción o un marco dialéctico sin traducción real como pretenden vender. Es un infantilismo político comprar ese argumento. Vox pide competencias para hacer algo con ellas. Para quienes solo ven relato y palabrería, cuál sería la reacción si habláramos de prioridad heterosexual, prioridad del hombre o prioridad del catalán. La Constitución salta por los aires con cada discriminación.  

Con el aval de la dirección de Génova, María Guardiola le ha dado a Vox dos de las consejerías con mayor peso. La de Agricultura, Ganadería y Medio Natural es de las carteras con más empleados públicos de dicho Gobierno. La portavoz de Vox lo ha dejado claro en el debate de investidura: su intención de retirar las ayudas a empresas, sindicatos y cooperación. Y Óscar Fernández también: “Hay que elegir y elegimos a los españoles primero”. La cartera de Desregulación, Servicios Sociales y Familia es la importación trumpista de Elon Musk y Javier Milei, la motosierra de Vox en palabras de José María Figaredo, pensada para hacer recortes y pasar por su cepillo todas las leyes del Consejo de Gobierno. La imagen de Guardiola es significativa de lo que le espera a la presidenta extremeña esta legislatura. En 2023 entró por la puerta de la Asamblea y se paró a dialogar con las organizaciones sociales que protestaban en la puerta. En 2026 ha tenido que entrar por la puerta de atrás. El destino de una presidenta que va a tener muchas dificultades para liderar nada. 

Vox no ha venido a hacer ficción. Vuelve a los gobiernos para dejar huella y ser influyente a costa del PP. Aprendieron de las coaliciones con Podemos que o consiguen imponer discurso y políticas a nivel autonómico, o el grande se come al pequeño. La ficción es que el PP regale el marco ideológico de la "prioridad nacional" con todas sus competencias y Vox no vaya a hacer nada con ellas. Las Comunidades no pueden gestionar la inmigración, pero los servicios sociales incluyen toda la cartera de políticas públicas dirigidas a proteger a las personas vulnerables. La lista de ayudas es larga e incluye la dependencia, integración laboral, protección de menores, acogimiento familiar, viviendas sociales, rentas mínimas, ayudas al transporte, comedores, mediación intercultural, tramitación de ayudas…  

A la espera de que se publique este viernes el decreto de estructura del Ejecutivo extremeño, la Desregulación unida a Servicios Sociales y Familia es una declaración de intenciones, con toda la función pública en manos de Vox para llevar a cabo lo que se proclama en la primera denominación de esa consejería. 

El pacto gemelo en Aragón va más allá con una consejería extra. Alejandro Nolasco, vicepresidente de Vox, y Jorge Azcón han firmado la misma prioridad nacional, como ya justifica Feijóo. El plato obligatorio con sello aragonés no puede ser compatible con la legalidad, como dice Azcón, porque los supuestos de arraigo o residencia (que ya existen hoy) no tienen encaje si pretenden poner al fondo de la cola a quienes son iguales ante la ley. 

Más peligroso que la practicidad del PP de vender como humo lo que son competencias es el destilado del discurso ultra que justifican. Cómo lanzan un mensaje sobre qué tipo de sociedad quiere el PP. Trump no puede llevar a cabo las bravuconadas que lanza, pero da luz verde a quien quiera conducirse por la vida contra el otro, ya sea inmigrante, mujer feminista u homosexual. Legitima una ideología que persigue y discrimina. Lo que demuestra el cierre de los gobiernos autonómicos es cómo en la batalla ideológica de la derecha, el mayoritario claudica ante la ultraderecha. Con más escaños y porcentaje de votos, el PP ha sido incapaz de liderar las negociaciones. Nada de lo impuesto por Vox lo han tumbado. El PP podría apuntarse el tanto de haber doblegado al socio en las negociaciones. Al contrario, le ha perseguido y puesto alfombra roja durante meses. E igual que no puede presumir de los pactos autonómicos porque los ha perdido, no puede hacerlo con las victorias sobre Vox porque no las ha habido.

A Juan Moreno en Andalucía le quita el sueño el acuerdo extremeño. A Feijóo ya no.

El aragonés Jorge Azcón no ha tenido que esperar tanto como su homóloga extremeña, María Guardiola, para alcanzar un pacto con la ultraderecha pese a que obtuvo un peor resultado. Tampoco ha tenido que ir a una investidura fallida ni ha sufrido los desplantes de la dirección nacional de su partido. De hecho, su acuerdo con Vox ha llegado tan solo cuatro horas después de que Guardiola fuera elegida como presidenta de la Junta de Extremadura.

El acuerdo sigue el mismo patrón que el de Extremadura, en el que los ultras lograron imponer sus tesis en cuestiones como la "prioridad nacional" como criterio para el acceso a la vivienda protegida y el alquiler social. Se trata de un asunto que ha generado un choque entre ambas formaciones por su alcance, pero que no ha impedido que el PP vuelva a aceptarlo. Y Vox se congratula de ello: "Garantizaremos que el español irá siempre primero. Implantaremos la prioridad nacional en el acceso a vivienda protegida, alquiler social, ayudas y prestaciones", resumen fuentes del partido ultra tras alcanzar el pacto.

En este caso, Vox gestionará tres consejerías, una más que en Extremadura. Además de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, con rango de vicepresidencia, y de Agricultura, Ganadería y Alimentación, los ultraderechistas asumirán también la de Medio Ambiente y Turismo en Aragón. Así, al igual que el caso extremeño, la Consejería de Desregulación, Servicios Sociales y Familia concentrará competencias estratégicas en política social, burocracia administrativa e incluso áreas vinculadas a inmigración y seguridad, un modelo que Abascal ha plagiado a su homólogo en Argentina, Javier Milei. La de Medio Ambiente es una elección llamativa, ya que la formación de Abascal cuestiona las políticas en materia climática y pone en duda que el calentamiento global sea culpa de la acción humana.

La formación de Santiago Abascal ha dejado claro que la "prioridad nacional" era una condición imprescindible para llegar a un acuerdo en Aragón. Y también lo ha reivindicado el propio Azcón. "La prioridad nacional es compatible con la legalidad, y nuestros acuerdos serán legales", los cuales "van a regir los principios que inspiren al próximo gobierno", señaló en la comparecencia junto al líder de Vox en Aragón, Alejandro Nolasco. Y añadió: "Ningún acuerdo que se lleve al Consejo de Gobierno irá sin un informe de los servicios jurídicos de la casa". El presidente aragonés se mostró muy satisfecho con el pacto y confió en poder sacar adelante "cuatro presupuestos".

Según los ultras, la prioridad nacional significa que "los españoles van primero" en ayudas y servicios. Un compromiso contrario al artículo 14 de la ley de extranjería, que sostiene que "los extranjeros residentes [en España] tienen derecho a los servicios y a las prestaciones sociales, tanto a las generales y básicas como a las específicas, en las mismas condiciones que los españoles". El PP, en cambio, evita el término "prioridad nacional" y trata de sustituirlo por criterios como el "arraigo" o la "vinculación" al territorio de cara al acceso a recursos públicos. Eso evidencia la incomodidad de la formación con esta cuestión, lo que les ha llevado a votar en contra de la moción de los ultraderechistas este miércoles en el Congreso para defender esa "prioridad" a nivel estatal en el acceso a la vivienda.

Y así aparece reflejado en el acuerdo: "El acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas se inspirará en el principio de prioridad nacional, que procure la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio". Entre ellas, citan condiciones como el "establecimiento de un periodo mínimo reforzado de arraigo, empadronamiento y vinculación con el territorio" y la "vinculación del acceso a ayudas a la trayectoria de cotización, permanencia y contribución al sistema".

Con todo, fuentes de Génova aseguran a infoLibre que "no están perdiendo ni un solo voto" con esta cuestión y consideran que "tiene poco recorrido" más allá de "acaparar tertulias y portadas" algunos días. Es un peaje que, aseguran, están dispuestos a pagar para alejar "el riesgo de unas nuevas elecciones". Añaden, además, que la "temática de inmigración perjudica más al PSOE", pese a que no hay datos que así lo indiquen. Sí hay estudios que, sin embargo, apuntan a que las derechas conservadoras se equivocan cuando asumen el marco de la ultraderecha, como está ocurriendo.

Al igual que sucedió con el pacto en Extremadura, muchas de estas medidas son irrealizables porque traspasan las competencias autonómicas, ya que la ley de extranjería es de aplicación nacional. También aseguran PP y Vox que "el Gobierno de Aragón rechazará de forma expresa la política inmigratoria del Gobierno de Pedro Sánchez y se opondrá por todos los medios legales, jurídicos y políticos a cualquier mecanismo de reparto de inmigrantes ilegales, tanto mayores como menores de edad". Y que "trabajarán activamente por devolver a los menores no acompañados a sus países de origen".

En este acuerdo también defienden la prohibición "del burka у nicab y de cualquier prenda similar que oculte completamente el rostro en espacios, edificios y servicios públicos autonómicos, por ser incompatible con la seguridad, la identificación personal y los principios básicos de convivencia", un punto calcado al de Extremadura.

Otra de las cuestiones que se incluyó y que vuelve a estar es el de dejar sin ayudas públicas a las organizaciones que "promuevan" la inmigración irregular, entre las que Vox incluye a Cáritas a diferencia del PP. Un punto que aparece con la misma formulación: "Se suprimirán todas las subvenciones, ayudas, convenios y conciertos con ONG u otras entidades que participen directa o indirectamente en la promoción, facilitación o sostenimiento de la inmigración ilegal, o que actúen como cooperadores necesarios de las mafias de tráfico de personas. El Gobierno de Aragón no destinará ni un solo euro público a estructuras que incentiven el efecto llamada", reza el documento.

El PP y Vox también aseguran que van a "librar Aragón de la imposición del catalán", lengua que se habla en municipios aragoneses que colindan con Cataluña y es “lengua propia original e histórica de la comunidad”, según la Ley de Lenguas de Aragón, de 2009. Además, se comprometen a derogar las "entidades públicas y leyes ideológicas", aunque no citan cuáles. "Se procederá a la derogación o, en su caso, la reforma de aquellas disposiciones normativas que supongan un menoscabo de la libertad o respondan a planteamientos de carácter ideológico", señala el acuerdo. Así, se dan de plazo el "primer semestre de gobierno" para llevar a cabo "una revisión sistemática del conjunto del ordenamiento autonómico en esta materia".

Los conservadores aseguran que "lo complicado" fue sacar adelante el acuerdo de Extremadura porque en él se "establecen los límites" pero que, una vez alcanzado, ese modelo es el que ha servido de base para las "negociaciones continuistas" tanto para Aragón como también para Castilla y León. En el equipo de Alberto Núñez Feijoo también defienden que el acuerdo "se puede aplicar cien por cien" pese a que el Gobierno ha denunciado que si se discrimina por motivos de nacionalidad es inconstitucional y lo recurrirán. "Hay textos legislativos muy parecidos aprobados en Consejo de Gobierno en Baleares", señalan en el PP.

Desde horas antes, fuentes de Génova ya anticipaban que el acuerdo sería "muy similar" al extremeño, pero reconocían que, en el caso de Aragón, tendrían que "ceder más" ante Vox porque los ultraderechistas duplicaron en esta comunidad su resultado de 2023, al pasar de siete a 14 escaños, mientras que Azcón perdió dos actas y se quedó con 26. Esa "correlación de fuerzas" es la que ha forzado a los conservadores a dar una consejería más a los ultras de las dos y la vicepresidencia que ya tienen en Extremadura.

En el PP aragonés tenían prisa por alcanzar el acuerdo y habían presionado para cerrarlo antes de la celebración del Día de Aragón este jueves —y solo diez días antes del final del plazo para la investidura, el 3 de mayo— . El hecho de estar en funciones dificultaba aprobar "determinados acuerdos", en palabras de Azcón. Una preocupación que también verbalizó el consejero de Sanidad, José Luis Bancalero, al señalar que un Gobierno en funciones puede "escuchar y dialogar", pero tiene "muchas limitaciones". Entre ellas, la imposibilidad de alcanzar acuerdos con impacto organizativo o sobre la Hacienda pública.

Además, al igual que ocurre en el pacto extremeño, el acuerdo trata de garantizar una estabilidad que el PP no tuvo la pasada legislatura. Y por eso se incluye un compromiso por parte de Vox de apoyar los presupuestos autonómicos. La duda que persiste en el PP es si serán capaces de aguantar dentro de los gobiernos durante los próximos cuatro años, si volverán a romper cuando les "convenga electoralmente", como asegura Génova que hicieron en verano del 2024, o si se producirá una revuelta interna en el partido en el que la dirección no controle a sus propios diputados, como ha sucedido en Murcia y Baleares. Con todo, el mensaje que busca trasladar el PP es que ellos "van a gobernar otros cuatro años" mientras "la izquierda se queda en la oposición otros 48 meses".

El presidente del PP de Aragón, Jorge Azcón, y el líder de Vox en la región, Alejandro Nolasco, han anunciado este miércoles en una comparecencia conjunta que ambos partidos han llegado a un acuerdo para la investidura de Azcón como presidente de la comunidad.

El acuerdo incluye el concepto de "prioridad nacional" en el acceso a los servicios públicos, al igual que el alcanzado en Extremadura entre ambos partidos que ha permitido este miércoles la investidura de María Guardiola (PP).

Así lo ha asegurado Nolasco a los medios de comunicación, a los que ha detallado que el pacto incluye una vicepresidencia para su partido, que estará unida a una consejería, aunque aún no se ha determinado cual de las tres será: Desregulación, Bienestar Social y Familia; Medio Ambiente y Turismo; y Ganadería, Agricultura y Alimentación.

El pacto incluye también para Vox la vicepresidencia primera de las Cortes, que seguirá presidiendo la 'popular' María Navarro, y también será de Vox el senador autonómico de representación autonómica, que en la anterior legislatura fue del PP.

Nolasco ha agradecido a Azcón que haya tenido "la disposición y la valentía" de llegar a este acuerdo, y ha confrontado la actitud del aragonés con la de Génova, que, ha lamentado el líder autonómico de Vox, "solo ha puesto palos en las ruedas, solo ha puesto zancadillas".

Por su parte, Azcón ha insistido en que el acuerdo es "coherente", que sus medidas se refieren todas ellas a cuestiones en las que el Gobierno de Aragón tiene competencias, que cumple "con el principio de legalidad" en todas sus partes y responde al "mínimo común denominador" entre los dos partidos.

Y ha considerado que el debate sobre la "prioridad nacional" tiene que ver por una parte con la política y las distintas posiciones de los partidos, pero también con la legalidad: "La prioridad nacional va a ser compatible con el principio de legalidad", ha insistido.

Azcón ha señalado que cuando alguien en Aragón va a cobrar un complemento del ingreso mínimo vital o la pensión no contributiva se exigen años de residencia, algo que "no ha inventado este gobierno, sino que son requisitos que se pusieron en marcha por el anterior y por el PSOE", criterios de legalidad que están incluidos en una legislación de inmigración nacional.

Nolasco, por su parte, ha apuntado al respecto que "existen una serie de baremos que se aplican y que se pueden aplicar de forma más restrictiva" a la hora de conceder las ayudas sociales y son los años cotizados, y ha agregado que "todo esto está dentro de la legalidad".

"Se ha aprobado en Extremadura, en Valencia también; al Partido Popular le pareció bien y es perfectamente legal", ha asegurado, y ha recalcado que "sí que se pueden poner unos requisitos mucho más restrictivos para que finalmente esa prioridad sea nacional"

Azcón ha expresado su confianza en que el pacto, de 13 puntos, llegue hasta el año 2030 y ha insistido en que, a diferencia que en la anterior, completarán la legislatura. La voluntad es aprobar cuatro presupuestos, aunque ha reconocido que "los plazos van a ser demasiado justos".

Nolasco, por su parte, ha recordado que se fueron del anterior Gobierno debido al acuerdo para la llegada de menores migrantes no acompañados, que van a "rechazar totalmente", y que no tiene "una bola de cristal" para saber si el acuerdo durará la legislatura, aunque ven a tener "fe, esperanza y caridad" y van a "intentar trabajar para llevarlo a buen puerto".

El presidente en funciones ya ha comunicado a la presidenta de las Cortes el acuerdo para que pudiera convocar hoy mismo la Mesa y la Junta de Portavoces, que se celebrará este viernes, y convocar a su vez el debate de investidura la próxima semana.

El anuncio del pacto llega 73 días después de las elecciones del 8 de febrero, que Azcón convocó precisamente por no haber llegado a un pacto con Vox para aprobar los presupuestos por segundo año consecutivo, comicios en los que el partido de Santiago Abascal duplicó su representación al pasar de siete a 14 diputados y el PP perdió dos y se quedó con 26.

La primera crisis de gobierno entre el Partido Popular y Vox no ha esperado, siquiera, a la investidura de María Guardiola. Aunque ambas formaciones alcanzaron un acuerdo el pasado jueves con 74 medidas, el alcance del pacto sigue siendo motivo de disputa días después. La inclusión de la “prioridad nacional” como criterio para el acceso a la vivienda protegida y el alquiler social ha generado un choque entre ambas formaciones, al igual que la “supresión total de subvenciones a ONG que favorezcan la inmigración ilegal”.

Para la formación de Santiago Abascal, la “prioridad nacional” significa que “los españoles van primero” en ayudas y servicios. Un compromiso contrario al artículo 14 de la ley de extranjería, que sostiene que “los extranjeros residentes [en España] tienen derecho a los servicios y a las prestaciones sociales, tanto a las generales y básicas como a las específicas, en las mismas condiciones que los españoles”. Por lo que respecta a las ONG, los negociadores de Vox defienden que ese criterio implica suprimir la subvención que perciben organizaciones como Cáritas, que acoge a migrantes en situación irregular.

Génova, en cambio, evita el término “prioridad nacional” y trata de sustituirlo por criterios como el “arraigo” o la “vinculación” al territorio de cara al acceso a recursos públicos. Según explicó el secretario general del PP, Miguel Tellado, el lunes “no es un criterio eliminatorio” sino “una cuestión más a la hora de conceder ayudas”. Para los de Feijóo “es razonable que la vinculación con el territorio, el arraigo real, tenga peso” para acceder a servicios públicos, un argumento que también utilizó este martes su portavoz en el Congreso, Ester Muñoz.

Sin embargo, su homóloga en Vox, Pepa Millán, amenazó este martes al Partido Popular con que habrá “consecuencias” si incumple lo pactado y acusó a la dirección nacional de Alberto Núñez Feijóo de haber puesto “trabas” a la negociación. La portavoz de la derecha radical señaló que el criterio de “prioridad nacional” se basa en la  “escasez de recursos” y un sistema de ayudas que, a su juicio, se encuentra “colapsado”. Según Millán, la administración debe “garantizar el pan a los nuestros” y no lo hace por culpa de los migrantes.

Así, los ultras exhiben de nuevo un discurso xenófobo que, a diferencia de otras ocasiones, no pone el foco en la delincuencia sino en los servicios públicos como elemento clave. Hace solo unos meses la Fundación Disenso, presidida por Santiago Abascal, publicó un informe titulado La inmigración y su impacto económico negativo en el Estado de Bienestar —que posteriormente presentó en el Congreso— que aseguraba que el coste general de la inmigración es mayor que su aportación, lo que agrava los “problemas del Estado de bienestar” y responsabiliza a los migrantes del incremento de los alquileres.

Además, este principio de “prioridad nacional” se debatirá y votará en el pleno del Congreso este miércoles a iniciativa de la ultraderecha. De esta manera, los de Abascal obligarán al PP a retratarse públicamente también en la Cámara baja, en paralelo a la segunda jornada del debate de investidura de Guardiola. El texto registrado por la formación ultra reclama “repatriar a todos los inmigrantes” en situación irregular, establecer la “prioridad nacional en ayudas sociales, servicios públicos y vivienda” o proceder a la “remigración” de extranjeros que “no contribuyan a la economía nacional”. 

La formación de Abascal también aboga por limitar la sanidad para los inmigrantes irregulares a urgencias vitales, reservar las pensiones y prestaciones no contributivas a los españoles y restringir la asistencia jurídica gratuita en procesos de expulsión. En esa línea, defienden derogar el decreto por el que se regula el derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria con cargo a fondos públicos de las personas extranjeras que encontrándose en España no tengan su residencia legal en el territorio español.

Por su parte, a una hora de que arrancara el pleno del Congreso este martes, el PP presentó una enmienda a ese texto que, más allá de algunas concreciones, asume la tesis de la formación ultra manteniendo la “prioridad nacional” en los mismos términos que el acuerdo de Extremadura. “Promover el acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas inspirándose en el principio de prioridad nacional, que procure la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio”, reza la enmienda de los conservadores.  

El partido de Feijóo, además, plantea la “exclusión del acceso a prestaciones y servicios sociales estructurales a quienes se encuentren en situación irregular” salvo “supuestos de urgencia vital”. Aunque el PP trata de desvincularlo del aspecto sanitario, el propio Feijóo ha expresado que quiere volver al modelo en el que se asiste a los migrantes en situación irregular solo a través de las urgencias. Es lo que hizo el expresidente Mariano Rajoy en 2012, cuando aprobó, con la mayoría del PP y el único apoyo de UPN, la reforma con la que el Gobierno de Mariano Rajoy cercenaba el acceso universal al Sistema Nacional de Salud para, supuestamente, acabar con el “turismo sanitario”.

Por lo que respecta a las organizaciones no gubernamentales, Génova asegura que Cáritas conservará las subvenciones de la Junta extremeña, pese a que la literalidad del acuerdo apunta a retirar ayudas a las entidades que trabajen con personas migrantes en situación irregular. “Organizaciones como Cáritas, que se dedican a ayudar, pueden estar completamente tranquilas con este acuerdo, porque no les va a afectar”, aseguró Tellado el lunes. Y añadió: “El texto del acuerdo se refiere a ONG que colaboren con la inmigración ilegal. Eso es colaborar con mafias que trafiquen con personas. Tiene que acreditarse con sentencia”.

Esto, de nuevo, contradice a la formación de Abascal. Según el dirigente de Vox Carlos Hernández Quero, uno de los negociadores en Extremadura, Cáritas sí estaría afectada. “Valoramos la acción social de la Iglesia, pero no podemos aceptar que vaya dinero de los contribuyentes a promover la invasión y la migración masiva”, argumentó en una entrevista en El País. Fuentes de la formación consultadas por infoLibre señalan que “no van a hacer excepciones” con nadie y rechazan que el criterio sea “jurídico” como plantea el PP.

Cáritas, por su parte, aseguró que estará “encantada” de renunciar a esas ayudas si la administración pública asume entonces su responsabilidad en el acompañamiento de personas vulnerables, en palabras de la responsable de Proyectos de Movilidad Humana de Cáritas Diocesana de Barcelona, Elisabet Ureña, en una entrevista en la Cadena Ser. Tras la dana, desde Vox y otros grupúsculos, la ultraderecha puso el foco también en la Cruz Roja, a la que trataron de desacreditar a base de bulos y desinformación.

Lo ocurrido en Extremadura no facilita, precisamente, la negociación en Aragón. Aunque tanto en el PP y Vox se muestran optimistas, crece la desconfianza entre ambos mientras el tiempo corre, ya que el límite para evitar una repetición electoral es el 3 de mayo. La formación ultra llega con más fuerza parlamentaria que en Extremadura, lo que se traduce en más exigencias para el PP de Jorge Azcón. El número dos de la formación, Ignacio Garriga, aseguró recientemente que el pacto extremeño “"será la base” del aragonés. 

El PP en Aragón asegura que no pactará “nada fuera de la Constitución”, pero evita precisar si eso es lo que ha ocurrido en Extremadura, tal y como verbalizó la pasada semana la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. En Génova dan por hecho que el acuerdo será “muy similar” al alcanzado en Extremadura y tratan de no hacer enfadar a su socio de Gobierno pese a discrepar sobre los términos que, previsiblemente, se incluirán en el acuerdo aragonés.

A esto se le suma otra derivada: el impacto sobre la precampaña de Juanma Moreno en Andalucía. El presidente andaluz ha intentado marcar distancia en los últimos días. Ha dicho que aspira a seguir con un Gobierno en solitario, ha admitido que no quiere negociar con Vox, que no tienen experiencia de gobierno y ha salido en defensa de Cáritas. Pero tanto en el PP andaluz como en Génova son conscientes de que los “líos” de Vox, en palabras de Moreno, ya están impactando y por eso el líder del PP en Andalucía apela a obtener una mayoría absoluta que los evite.

El 4 de mayo expira el plazo que obligaría a la presidenta extremeña, María Guardiola, y a su homólogo en Aragón, Jorge Azcón, a repetir elecciones en ambas comunidades si no consiguen los apoyos para una investidura. En el Partido Popular y en Vox son conscientes de que no pueden permitirse no llegar a un acuerdo, pero ninguno de los dos quiere aparecer como el que cede. Y menos en plena precampaña andaluza. El parón de Semana Santa no ha servido para acercar posturas, a tenor de las declaraciones del portavoz de Vox, José Antonio Fúster, que volvió a acusar a la dirección nacional del PP de poner "zancadillas" a su formación.

Según el dirigente ultra, en los últimos meses Génova se ha dedicado a "filtrar las conversaciones y negociaciones" y a "volcar parte de sus recursos mediáticos en obstaculizarlas" y "decir que exigimos lo que no estábamos exigiendo". Fúster subrayó que su formación ha realizado "un esfuerzo titánico" para alcanzar "los mejores acuerdos" con "enorme sentido común", aunque evitó aclarar qué medidas están impidiendo alcanzar el acuerdo. "Será responsabilidad del PP decir si quiere o no quiere", lanzó. En ese sentido, aseguró que los barones territoriales tienen "mucha mejor predisposición al diálogo" que la dirección nacional del partido.

Aunque Vox no quiere hablar sobre qué medidas concretas están obstaculizando los acuerdos que deben servir de base para un gobierno de coalición, en diversas ocasiones ha pedido al PP que se desmarque de la política de su familia política en la Unión Europea en cuestiones como Mercosur o el Pacto Verde. Esa fue la condición que impuso la formación ultra al presidente valenciano, Juanfran Pérez Llorca, para ser investido tras la dimisión de Carlos Mazón. Pero en el PP señalan que, más allá de declaraciones, sus gobiernos autonómicos no tienen margen de actuación en cuestiones de carácter nacional o europeo. Es más, ese fue el argumento que puso sobre la mesa Azcón para no alcanzar un acuerdo presupuestario con los ultras y justificar así el adelanto electoral.

Los ultraderechistas también han llegado a reclamar dar "prioridad a los españoles en sanidad" por encima de los migrantes para investir a los presidentes autonómicos del PP. En Génova no han manifestado su rechazo a esa medida de manera clara e incluso se abstuvieron en el último pleno antes de Semana Santa en la moción de Vox que incluía esa medida, pero aseguran que no harán nada "en contra de la ley" y sostienen que nadie de Vox ha planteado incluir ese punto en las actuales negociaciones.

Es más, en Génova confiesan que no hay ningún escollo programático para alcanzar un acuerdo y atribuyen la tardanza a un mero cálculo electoralista de Vox. "Es un tema más del cuándo que del qué", apuntan fuentes de la formación de Alberto Núñez Feijóo. En un primer momento, el líder del PP se mostró convencido de que podría alcanzar un acuerdo con la formación ultra antes de Semana Santa, al menos en Extremadura. Con el fin de acelerar el pacto, su número dos, Miguel Tellado, se desplazó a Mérida. Pero su viaje solo sirvió para "acercar" posturas. Nada más. Ahora, Génova asume que será solo cuando Santiago Abascal quiera porque está atrapado en un "laberinto" del que no sabe cómo salir. La tesis del equipo de Feijóo es que Abascal se precipitó al decir que iba a gobernar en coalición con el "PSOE azul" y ahora no puede desdecirse, lo que a su vez complica la campaña de Vox en Andalucía.

Lo cierto es que la formación ultra combina las negociaciones autonómicas con reproches muy duros hacia Feijóo y sus lugartenientes. La pasada semana el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, acusó al líder del PP de estar detrás de un "ataque brutal, calumnioso y miserable" contra su formación. Así lo trasladó en una carta remitida a afiliados y simpatizantes en la que aseguró que existía una "maquinaria mediática" impulsada desde el entorno del jefe de la oposición. En concreto, en la misiva citó a Tellado y a la asesora de cabecera de Feijóo, Mar Sánchez Sierra, a los que define como un "clan gallego con prácticas de contrabandistas de ría" que, según Garriga, contacta "con arribistas y despechados", en referencia a sus exdirigentes.

Unas palabras que Génova interpreta como una alusión directa a la amistad entre el narcotraficante Marcial Dorado y el líder del PP. Así, lamentan que Vox esté utilizando "los mismos métodos que Sumar" pero recalcan que ellos no van a entrar en "provocaciones". "No vamos a entrar en una escalada verbal", resumen fuentes del equipo de Feijóo. Con todo, sí creen que los ultraderechistas se están "poniendo nerviosos" con las últimas encuestas publicadas que apuntan a un frenazo de la formación y consideran que no pueden ser percibidos como "los responsables" de una repetición electoral ni en Extremadura ni en Aragón.

Ambas comunidades están atrapadas desde hace meses en un bloqueo político que mantiene a sus ejecutivos en funciones y reduce la acción de gobierno a una gestión muy limitada. Al igual que ocurre a nivel nacional, un gobierno en funciones autonómico no puede actuar como si no hubiera cesado. No está legitimado para impulsar con normalidad nuevas políticas, aprobar leyes o tomar decisiones de gran alcance salvo en circunstancias excepcionales. La regulación vigente hasta el pasado 13 de marzo era excesivamente rígida, incluso más restrictiva que la legislación estatal, y por ese motivo PP y Vox aprobaron un decreto-ley, para blindar el funcionamiento de los servicios públicos y evitar la paralización administrativa derivada del gobierno regional.

En Extremadura, han pasado más de cinco meses desde que Guardiola decidió adelantar las elecciones y disolvió la Asamblea extremeña. La investidura de la dirigente del PP fracasó en marzo por la negativa de Vox a respaldarla. Desde entonces, la comunidad sigue pendiente de un acuerdo que no llega, con una Junta que mantiene el día a día de la administración pero sin el margen político de un Ejecutivo plenamente investido. Ambas formaciones también unieron sus votos para impedir que la Asamblea de Extremadura controlara la acción del Gobierno regional en funciones. El pasado 20 de marzo, tumbaron la solicitud de un pleno extraordinario por parte de Unidas por Extremadura para valorar cuestiones como los efectos de la guerra de Irán y el proceso selectivo docente.

En Aragón, el escenario es similar. La convocatoria electoral del 8 de febrero, forzada por Jorge Azcón y formalizada a mediados de diciembre, supuso el inicio de la carrera a las urnas y, al mismo tiempo, el final de facto de la XI Legislatura. El propio Azcón reconoció recientemente que "hay determinados acuerdos" que no pueden aprobarse al estar en funciones. También lo admitió el consejero de Sanidad, José Luis Bancalero, al señalar que un gobierno en funciones puede "escuchar y dialogar", pero tiene "muchas limitaciones". Entre ellas, la imposibilidad de alcanzar acuerdos con impacto organizativo o sobre la Hacienda pública. Y precisamente ahí es donde chocan muchas de las reivindicaciones y exigencias que ponen sobre la mesa los partidos durante una negociación de investidura.

A todo ello se suma otra cuestión que preocupa especialmente a los de Feijóo. Si PP y Vox terminan cerrando un acuerdo, los conservadores quieren un Ejecutivo estable. Extremadura y Aragón han conocido una experiencia de coalición entre ambas formaciones que se rompió apenas un año después de echar a andar, cuando Abascal ordenó a sus consejeros abandonar los gobiernos autonómicos. Dos años más tarde, la legislatura volvió a saltar por los aires por la falta de acuerdo para los presupuestos.

Siete comunidades autónomas están este lunes bajo aviso por temporal marítimo, viento y/o polvo en suspensión, con Baleares, Catalunya y Aragón en nivel naranja -peligro importante- por rachas de hasta 100 kilómetros por hora en el Pirineo oscense y olas de hasta 12 metros en Mallorca y Menorca, según informa EFE.

En el prelitoral sur de Tarragona (Catalunya), bajo aviso naranja, soplarán rachas de hasta 90 kilómetros por hora, según las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Además de Baleares bajo aviso naranja por fenómenos costeros, lo está el Ampurdán (Girona), en donde las olas podrán situarse en torno a los 10 metros. 

También están en aviso por temporal marítimo, aunque amarillo -con peligro bajo-, Ibiza y Formentera; asimismo se encuentran en nivel amarillo aunque por viento, Mallorca y Menorca. También en nivel amarillo se encuentra la sierra de Madrid por rachas de hasta 80 kilómetros por hora.

Además, la región de Murcia, por olas de hasta 3 metros en Campo de Cartagena y Mazarrón; asimismo por temporal marítimo, con aviso amarillo, se encuentra el litoral de Alicante y litoral sur de Valencia (Comunitat Valenciana), hasta las nueve de la mañana.

La Comunitat Valenciana está en alerta amarilla además por viento fuerte en Castellón, ante rachas de 70-90 kilómetros por hora. Se suma con aviso amarillo el archipiélago canario por fenómenos costeros y fuertes vientos; asimismo por polvo en suspensión en las islas de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura.

Jorge Azcón, presidente de Aragón desde 2023, ha acudido este martes a un acto de El Confidencial en Zaragoza, donde se han celebrado los 25 años del medio. Durante el coloquio, los periodistas le han consultado por la actualidad política y su análisis sobre los posibles resultados de las inminentes elecciones en Andalucía.

El abogado y político del PP, sin rodeos, ha decidido basar su análisis en un juicio personal sobre el atractivo físico de la candidata del PSOE, María Jesús Montero, comentario que también ha involucrado a la exministra de educación, Pilar Alegría: "Creo que Pilar Alegría, cuidado estas cosas que se dicen ahora, físicamente es más atractiva que María Jesús Montero, a María Jesús Montero se le va a poner mucha peor cara que a Pilar Alegría".

Las reacciones a las palabras de Azcón no han tardado en llegar. La exministra de educación, a través de su cuenta de X (Twitter), se ha referido al presidente de Aragón como "Jorge Torrente", en referencia a la recién estrenada película de Santiago Segura.

María Jesús Montero, vicepresidenta del Gobierno, en una rueda de prensa este martes en Sevilla, respondía también a las palabras del presidente de Aragón: "Habrán escuchado las palabras del señor Azcón sobre mi falta de atractivo físico". Montero ha asegurado que el PP de Juanma Moreno, al que pertenece Azcón, "desprecia a las mujeres". "Este es el PP de Moreno Bonilla, el que insulta a las mujeres por su apariencia", "desprecia el talento y la inteligencia que aportan las mujeres a la vida pública a la vida social o a cualquiera de las esferas en la que participa", ha asegurado la también ministra de Hacienda. Montero es la única mujer que se presenta como candidata a las elecciones de Andalucía del próximo 17 de mayo.

Por su parte, desde el PSOE Aragón también han respondido en X y aseguran que "en 2026, un señor que quiere presidir Aragón habla de dos políticas como si fueran objetos". "No sabemos si esto forma parte de la política para adultos de Feijóo o es Azcón intentando ser el alumno aventajado de Abascal", afirman.

El presidente de Aragón ha respondido a la polémica asegurando que Montero "aludió a la apariencia física de Miguel Tellado señalándolo por su calvicie", y que pese al "habitual doble rasero del PSOE", él se disculpaba por las declaraciones que, asegura, no era consciente de que podían resultar "ofensivas".

Azcón equipara así los comentarios de carácter sexual dirigidos a las políticas con los de una referida "calvicie", ignorando la naturaleza machista de los mismos.

El portavoz de Vox en las Cortes de Aragón, Alejandro Nolasco, ha tachado este miércoles de "muy incipiente" un posible acuerdo con el PP para la investidura como presidente de Aragón de Jorge Azcón y ha afirmado que hace falta "trabajar más y mejor" y que "está todo en el aire".

Así lo ha indicado tras la reunión con la presidenta de las Cortes de Aragón, la popular María Navarro, en el marco de la ronda de contactos con los grupos parlamentarios para proponer candidato a la investidura a la Presidencia de Aragón.

Un encuentro "muy cordial y correcto", según Nolasco, en el que ha traslado la voluntad de Vox de alcanzar un acuerdo de gobierno con el PP, condicionado a un "cambio de rumbo urgente" en las políticas de las populares, que sea "detallado y específico" y que incluya políticas y plazos de ejecución concretos. "Para Vox las políticas van siempre antes que los sillones", ha remarcado.

En ese aspecto, ha insistido en que Vox no se conforma "ni con generalidades ni con futuribles ni con promesas a largo plazo" en unas negociaciones que ha calificado de "discretas", en las que no ha habido ningún pacto, ni tácito ni formal, de retrasarlas por las citas electorales los acuerdos.

"Estas cosas -ha apostillado- llevan su tiempo", porque requiere acordar políticas concretas y después, en función del acuerdo, Vox decidirá si es mejor entrar en el gobierno o si se queda en la oposición si hay garantías suficientes de que esas políticas se van a cumplir. "Está todo en el aire", ha insistido Nolasco.

En esa línea, ha reiterado que es difícil establecer el grado de acuerdo con el PP porque es aún "muy incipiente", y aunque es consciente de que Vox no puede exigir el 100% de su programa, ha incidido en que a los de Azcón no le dan los números para aplicar el 100% del suyo y han de salir de "su baldosa".

En todo caso, ha concretado que Vox no puede renunciar a la bajada de impuestos, a sus políticas sobre inmigración o a la limpieza de los ríos al ser asuntos "fundamentales" para su partido, aunque ha rehusado concretar de qué políticas podrían prescindir.

"No vamos ahora a hablar de lo que vamos a renunciar, es como dar la batalla por perdida antes de empezarla" y el objetivo de Vox, ha enfatizado, es intentar aplicar su programa al máximo.

Los aragoneses, ha defendido Nolasco, han votado en las elecciones "el doble de Vox" y lo deseable sería un acuerdo "cuanto antes", y en su opinión no tendría por qué no alcanzarse si ha sido posible en la Comunidad Valenciana para la investidura como presidente del popular Juan Francisco Pérez Llorca sobre la base de políticas "perfectamente posibles".

Nolasco ha destacado que la abstención para facilitar la investidura de Azcón, el voto en contra o a favor es algo que Vox no se plantea en este momento al depender de los acuerdos a los que puedan llegar con el PP y ha insistido en que su partido tiene la mando tendida, como ya demostró al no presentar candidatura a la presidencia de las Cortes y facilitar con su abstención la elección de la popular María Navarro.

Un cargo que la pasada legislatura ocupó la diputada de Vox Marta Fernández, sobre el que ignora la posibilidad de que pueda producirse un cambio en función de las negociaciones con el PP en favor de un representante de su grupo parlamentario.

La semana pasada el CIS publicó el estudio postelectoral sobre las recientes elecciones autonómicas de Aragón, celebradas el 8 de febrero, poniendo luz a los interrogantes que aún quedaban en el aire.  

El análisis de los microdatos nos permite esbozar algunas de las principales conclusiones

¿Por qué entonces ha ganado la derecha con tanta claridad? Hay que señalar tres aspectos capitales. El primero de ellos es que ya en 2023 la suma de PP y Vox alcanzó el 47% de los votos válidos. El segundo, la entrada masiva de voto a Vox entre dos grupos que no votaron en 2023: los nuevos votantes que se han incorporado por vez primera al censo electoral y los abstencionistas. El tercero el saldo positivo que obtiene entre bloques. Vamos a profundizar uno a uno.

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Rafael Ruiz es consultor y analista de datos en asuntos públicos en Logoslab.

El Partido Popular ha presentado este lunes un nuevo documento marco que servirá de referencia para sus pactos en las comunidades con Vox y que están destinados "ordenar los acuerdos y dar gobiernos estables a la España autonómica". Este nuevo modelo de pacto, al que ha tenido acceso infoLibre, sitúa la iniciativa en un momento de "rechazo" ciudadano al Gobierno de Pedro Sánchez y aboga por el consenso y el diálogo contra dinámicas de "chantaje político y privilegios injustificables". El objetivo de esta nueva estrategia es, según el documento, establecer unos puntos comunes que orienten los pactos con otras fuerzas cuando la aritmética parlamentaria lo requiera.

El anuncio de esta nueva postura ha tenido lugar después de que la dirección de Vox confirmase este lunes que se había acordado con el PP un nuevo marco de negociaciones en las comunidades de Extremadura y Aragón.

Este nuevo documento marco se define como "único, vinculante y de aplicación en toda España". Entre sus diez condiciones se encuentra el "pleno respeto" a la unidad nacional, a la Constitución y al Estado de derecho, haciendo hincapié en que las propuestas deben estar dentro de la legalidad vigente. También se respetará a "las principales instituciones" del país, destacando las autonómicas y la Jefatura del Estado. Aspectos como la igualdad ante la ley, la libertad y la subordinación al interés de España también se incluyen en esta hoja de ruta.

El PP propone 18 materias consideradas como "ámbitos prioritarios de acuerdo", ya que, según el documento, son las principales preocupaciones de la ciudadanía. La formación tacha de "infierno fiscal" la política de impuestos y propone en su primera medida la bajada de estos. "La fiscalidad debe premiar el trabajo, recompensar el esfuerzo y facilitar el ahorro, no castigarlos", reza el documento. Los conservadores también cargan contra la burocracia, que "asfixia" a los autónomos, y sugieren la simplificación de los trámites administrativos.

Esta última medida se llevará a cabo también en el mundo agrario y pescador, donde ofrecerán "apoyo productivo y defensa de nuestros productores frente a la competencia desleal". Si bien el documento rechaza las políticas climáticas que "destruyen empleo, encarecen la energía y expulsan la industria", también defiende "un mix energético completo", en el que la energía nuclear esté presente.

En cuanto a la vivienda, el PP propone, ante el "intervencionismo" del Gobierno, aumentar el suelo para construir. Los conservadores también señalan a la ocupación ilegal: "Es una anomalía que no vamos a consentir". Para ello, contemplan como medidas el desalojo exprés y el empadronamiento nulo en viviendas ocupadas.

En materia de subsidios, se hace una diferenciación entre "las personas necesitadas y las aprovechadas" a la par que se ensalza la "solidaridad activa entre personas". A su vez, el partido sostiene que la inmigración irregular ha llegado a "niveles intolerables" y critica la regularización del Gobierno, a la que tacha de "masiva". Por tanto, propone deportar a aquellas personas que delincan de forma grave mientras que el que "venga a trabajar y respetar nuestras leyes debe ser bienvenido".

Otro punto de la nueva hoja de ruta es la natalidad y la familia, que, según el documento, hay quienes quieren "sustituir su papel por la intervención del Estado". Además de medidas fiscales y servicios sociales para ayudar a las familias, el PP pone en valor la maternidad y el rol del padre y propone la supresión de aquellos elementos que puedan dificultar el acceso al empleo de los progenitores.

Por otro lado, el documento afirma que los niños deben estar protegidos de "quienes pretenden utilizar las aulas o los servicios públicos para imponer una visión ideológica del mundo". El sistema educativo que defiende esta formación es "exigente" y basado en "la cultura del esfuerzo".

En cuanto a las mujeres, el PP reconoce que estas afrontan dificultades en el ámbito laboral y por ello abogan por políticas "concretas y eficaces" y que "no enfrenten a los ciudadanos por su sexo". Además, se plantea que los pactos deberán rechazar "las violencias políticas, terroristas, machistas, domésticas o de cualquier clase".

Por otro lado, los populares se muestran preocupados por "el deterioro de la seguridad ciudadana" y piden la "máxima coordinación" con las autoridades. La última materia es la sanidad, definida como "uno de los pilares esenciales del bienestar compartido" y en la que se apuesta por su fortalecimiento en aspectos como la planificación, plantillas y salud mental, entre otros.

En sus últimos requisitos, el PP plantea que los gobiernos de coalición respondan “solidaria y colegiadamente”, rechaza la fragmentación y exige estabilidad institucional. "Ningún Gobierno puede ser útil a la ciudadanía en la permanente incertidumbre".

La dirección de Vox ha anunciado que ha acordado un nuevo marco de negociaciones con el PP para tratar de llegar a un pacto sobre los nuevos gobiernos autonómicos de Extremadura y Aragón, según informa EFE.

Según han avanzado fuentes de la dirección del partido de Santiago Abascal se trata de un nuevo intento por ambas partes para evitar que haya que repetir elecciones en estas comunidades, en las que ganó el PP pero necesita el apoyo de Vox para que tanto la extremeña María Guardiola como el aragonés Jorge Azcón puedan continuar al frente de sus respectivos gobiernos.

Las cúpulas de los dos partidos ha intercambiado impresiones en los últimos días y han llegado a este acuerdo de retomar desde cero las conversaciones, han asegurado las fuentes.

A las nuevas reuniones entre los equipos de PP y Vox, que se retomarán esta misma semana, los de Santiago Abascal acudirán con un nuevo marco de negociación en dos fases: la primera centrada en el programa de gobierno y la segunda sobre los cargos, ha avanzado este lunes en rueda de prensa su secretario general, Ignacio Garriga.

Este es el primer barómetro (estudio de campo entre el 2 y el 6 de febrero) que recoge los efectos del terrible accidente ferroviario en Adamuz (18 de enero) y de la regularización de personas migrantes del Gobierno (decreto aprobado el 27 de enero). También durante ese periodo el Ejecutivo anunció que prohibirá el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años. No entran los resultados de las elecciones de Aragón celebradas el 8 de febrero, que consolidan la subida de Vox, que dobla sus resultados, igual que en Extremadura. 

Como sucedió con la dana valenciana, es Vox quien rentabiliza la situación de inestabilidad. Si en aquella ocasión (noviembre del año 2024) pegó un primer estirón hasta el 14%, ahora alcanza la cifra del 20%, tal y como podemos observar en la siguiente estimación basada en el análisis independiente de las tablas del barómetro del CIS de febrero publicado este lunes. 

En realidad, la estimación se mueve poco respecto al pasado mes, lo que quiere decir varias cosas: 

El PP sacrifica barones en aras de que Feijóo sea presidente. Pero su estrategia de desplazamiento hacia posiciones más radicales no está teniendo buenos resultados. La contratación del activista Vito Quiles en el cierre de campaña aragonesa, o el reciente acuerdo con la formación verde para prohibir el burka son los últimos ejemplos, pero parece hacerlo todo a regañadientes, forzado, y no sirve para atraer el voto de los jóvenes y del segmento intermedio (hasta 44 años), que siguen apoyando masivamente a Vox, que es la primera fuerza política destacada en estos segmentos, muy por encima del PP. 

El problema de Feijóo es que ya no es creíble ni a un lado ni al otro. La preferencia por Abascal como presidente se dispara hasta un 18% entre los más jóvenes, muy cerca de la preferencia por Sánchez, y duplicando la que tiene el líder de los populares. Igual en el segmento de 25 a 34 años, donde Feijóo cae a los infiernos (4% de preferencia como presidente frente a un 14% de Abascal) o, incluso, en el segmento de 35 a 44 años (6,2% del gallego, 12,9% Abascal) dentro de un clima marcado por la desafección y la antipolítica. 

Con estos números, el PP tampoco tiene asegurada la primera plaza, más estando el PSOE a menos de medio punto, casi en empate técnico.

El factor que ha determinado los resultados de las últimas elecciones autonómicas (Extremadura y Aragón) ha sido el descontento. Una mezcla pura entre desafección política y la crisis económica que no para. 

La crítica al Gobierno, al conjunto de los partidos políticos y al mal comportamiento de los políticos los sitúa, sumados, como el primer problema de los españoles, empatando con la vivienda, que sigue escalando posiciones y ya está en el 23% de primeras menciones, o sea que casi uno de cada cuatro españoles la menciona como primer problema del país. 

Mientras la izquierda siga hablando de macroeconomía, de la venta de vehículos eléctricos, etc., será alimento para Vox, que este mes es la primera fuerza con diferencia en la clase baja, con un 21% de intención de voto. 

Con estos mimbres, es previsible que la mayoría de los ciudadanos (que en los menores de 45 años llega a un intervalo entre un 60% y un 70%) tenga poca o ninguna confianza en que la Constitución del 78 pueda ayudar a resolver los problemas que hoy sufren. Las demandas de reforma, muy mayoritarias, se centran en los derechos sociales, económicos y laborales, es decir una constitución que blinde sus derechos, que no ven ahora protegidos, básicamente la vivienda y la precariedad laboral que son dos de los principales problemas del país. Por eso acaba de actuar el Gobierno en ambos flancos con la subida del SMI y su plan de vivienda (España crece), aunque este último parece más bien una gota de agua en un pozo sin fondo. 

Pedro Sánchez trata de ocupar el centro, siguiendo el camino de José Seguro en Portugal, aunque sea dando bandazos: aprobando la regulación de inmigrantes y acto seguido dando luz verde a la ley para la expulsión de multirreincidentes con el apoyo de Junts, PP, Vox y PNV y con el 'no' de todos los grupos de izquierda, salvo Esquerra. 

El PSOE contiene sus fugas, aunque ya manda tantos votantes a Vox como al PP, en conjunto un nada despreciable 7% a la derecha. El trasvase a su izquierda es más contenido, de apenas un 5%, mientras sigue recogiendo votos de Sumar, un 18%. 

Es la marca la que tira, la de la rosa y el puño. El PSOE conserva un “suelo” competitivo suficiente para disputar la primera plaza, está muy cerca del PP. La primera de las condiciones para formar Gobierno de Sánchez. Si las otras no se dan no será culpa suya. 

En definitiva, continúa la batalla electoral. Terminará el calvario en junio de este año para el PP y en el verano de 2027 para el PSOE (resurrección o martirio). Cada vez queda más claro que no habrá adelanto electoral, por mucho que le pese a García Page. 

Mientras, la izquierda del PSOE se rehace en una semana decisiva: 

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Francisco Sande es responsable de investigación social en Logoslab.

El PSOE trata de pasar página de los comicios de Aragón lo más rápido posible. Mira ya hacia Castilla y León, donde cree que no tendrá un golpe tan duro como el 8F. Y después tocarán las andaluzas. Un inicio de ciclo electoral, diseñado por el PP a partir de Extremadura, que encadena malas noticias para los socialistas.

Sin embargo, en el Palacio de La Moncloa y en la calle Ferraz tienen otra lectura de lo que está sucediendo y no creen que estén ante un final de ciclo. Reconocen, eso sí, varias fuentes socialistas que el escenario es complicadísimo y que la extrema derecha está subida en una potente ola, pero piensan que no es inexorable que PP y Vox sean los protagonistas del próximo Gobierno estatal.

¿Y por qué? En el PSOE ponen por delante que el partido históricamente saca peores resultados en los comicios autonómicos que en las elecciones generales y que en las municipales. Por lo que no se puede extrapolar, según ellos, a todo el territorio lo que ha pasado en Extremadura o Aragón. Un comportamiento de su electorado que ni ellos mismos terminan de entender, ya que en las comunidades se gestionan materias tan importantes como la sanidad, la educación y los servicios sociales, pilares trascendentales del proyecto del puño y la rosa.

Esa tendencia que apuntan en Ferraz y en La Moncloa, según los datos electorales, es una realidad. Y es que en la inmensa mayoría de territorios los socialistas sacan mejores resultados cuando se vota al presidente del Gobierno central y a los alcaldes que a los cargos autonómicos. Esto sucede ahora de manera clara en Andalucía, Aragón, Castilla y León, Madrid, Comunitat Valenciana, Extremadura, Galicia, La Rioja, Euskadi y Cantabria, donde tanto en municipales como generales se lograron respaldos superiores a los parlamentos regionales.

De hecho, sólo hay dos territorios en todo el país en el que se votó más al PSOE en las autonómicas que en las últimas generales y municipales: Castilla-La Mancha y Asturias, que es, precisamente, donde gobiernan (además de en Cataluña y en Navarra). Y Castilla-La Mancha, asimismo, es la única autonomía de toda España, junto a Murcia, donde Pedro Sánchez logró un porcentaje menor de voto que las planchas electorales del PSOE en autonómicas y locales.

El caso de Aragón es el que está ahora encima de la mesa por la actualidad. Pilar Alegría empató el suelo histórico con 18 diputados y logró un respaldo de poco más del 24%. Ese dato está muy por debajo del que logró Sánchez en las generales del 23J, cuando superó el 31% de votos. Y en aquella cita aumentó el monto de votos respecto a las autonómicas que se habían celebrado dos meses antes, con Javier Lambán como candidato (29,55%).

La vista también está puesta en las elecciones de Andalucía, que tendrán lugar previsiblemente en junio. Es una de las grandes batallas porque es la comunidad que más escaños reparte para el Congreso. Las anteriores autonómicas en 2022, con Juan Espadas a la cabeza de los nombres de la papeleta, el PSOE apenas superó el 24%, teniendo el peor resultado de su historia en el sur. Aquella cita presagiaba una gran debacle para Sánchez en las generales, pero, contra todo pronóstico, el presidente logró allí el 23J más de un 33%, casi diez puntos más y un respaldo clave para aguantar en el Palacio de La Moncloa.

Otro caso que también se pone sobre la mesa es el de la Comunidad de Madrid, que en las autonómicas, con Juan Lobato como candidato, quedó en tercera posición el 28M, con poco más del 18% de apoyos en aquella contienda en la que arrasó Isabel Díaz Ayuso con mayoría absoluta. Pero, en cambio, en las generales, los socialistas subieron casi diez puntos, llegando hasta casi el 28% de apoyos el 23J.

Y en el socialismo se pone el foco especialmente durante estos tiempos en Cataluña, que se ha convertido en su gran aldea gala. Salvador Illa se impuso en las últimas autonómicas, en abril de 2024, con casi el 28% de votos. Pero es que en las generales del 23J Sánchez consiguió un resultado espectacular, superando el 34% de votos (lo que llevó al PSC a tener 19 escaños hoy en el Congreso).

Otro de los casos más paradigmáticos es el de Galicia. Allí el PSOE se hundió en las últimas autonómicas, con poco más de 14% de votos, siendo superado por el BNG de manera fulgurante con más del 31% de votos y 25 asientos en el Parlamento gallego (los socialistas se quedaron en apenas 9). Pero ese resultado no tiene nada que ver con las generales, donde Sánchez se acercó al 30%. Un porcentaje similar al que lograron en las municipales, elecciones con las que el PSOE logró algunas de las alcaldías más potentes como A Coruña o Vigo.

En el PSOE, hay barones y alcaldes que durante estos días trasladan la idea de que sería conveniente que Sánchez fuera a las urnas en unas generales antes que se produzcan las municipales y autonómicas de mayo del año que viene. Pero esa opción está descartada por el momento por el presidente del Gobierno, que remarcó durante su comparecencia en el Congreso este miércoles que las elecciones serán en julio de 2027.

Aunque su intervención era sobre el accidente en Adamuz (Córdoba), Sánchez dejó esta consideración con un claro mensaje sobre su hoja de ruta: "Yo no sé qué harán los ciudadanos y las ciudadanas en julio de 2027 cuando haya unas elecciones generales. No lo sé. Lo que sea, será bueno porque es lo que ellos democráticamente habrán elegido, y yo nunca pondré en cuestión la legitimidad del futuro presidente o de la futura presidenta del Gobierno de España". 

Como señala uno de los ministros más cercanos a Sánchez: “Esa teoría de que el presidente hunde a los candidatos autonómicos se cayó en las anteriores elecciones. Fue a las urnas dos meses después él como número uno,  superó el resultado en casi todas las comunidades y ganó un millón de votos respecto a las elecciones de noviembre de 2019”.

Y, además, la frase de Sánchez de situar su plan en julio del año que viene también hace descartar la opción de ir a un superdomingo electoral, con las generales junto a las municipales. Esta opción era bien vista por algunas federaciones que sí confían en el presidente como un dinamizador para su voto, como es el caso del PSOE madrileño.

Pero Sánchez, como señalan los suyos, está absolutamente convencido de ir hasta el final de la legislatura y de que, a pesar de los reveses electorales en algunas autonomías, hay margen para disputar el partido con un PP que ya da muestras de que ha llegado a su techo electoral. Como señala un miembro de la dirección del PSOE: “En la derecha hay una pelea por la hegemonía del bloque, mientras que los mayores enemigos de la izquierda son la abstención y la fragmentación”.

Pero el PSOE, a pesar de agarrarse a esas dinámicas electorales, sigue sin resolver su principal problema: la falta de tirón en las autonómicas. Sánchez trató de cambiar esa inercia, después del fracaso del 28M, y diseñó una estrategia a partir del parlamento nacional para que las federaciones estuvieran en manos de referentes dentro del Consejo de Ministros. Pero la apuesta de Pilar Alegría no ha salido bien, por lo que ahora están también en el punto de mira lo que hagan María Jesús Montero (Andalucía), Diana Morant (Comunitat Valenciana) y Óscar López (Madrid).

A pesar del resultado, Alegría se va a quedar al frente de la federación y pretende hacer un trabajo de oposición de fondo durante estos años para vencer en las siguientes autonómicas. En cambio, en Extremadura el que fuera candidato, Miguel Ángel Gallardo, dimitió como secretario general y ahora el partido está en manos de una gestora, que no tiene previsto celebrar un congreso para elegir un nuevo liderazgo hasta después de que se forme Gobierno en esta autonomía.

No hace falta irse a la genealogía de María Guardiola. Ahora el volantazo es más profundo y más rápido. Aun sin ser necesario, repasemos. Su primer viraje político la catapultó a la presidencia extremeña. El PP cargaba contra Pedro Sánchez por no ser la lista más votada y Guardiola se conjuraba para no meter en el gobierno a quienes “cuestionan la violencia de género, deshumanizan a inmigrantes y tiran a la papelera la bandera LGTBI”. Gobernó con menos votos que Guillermo Fernández Vara y estaban dentro en cuestión de días. Ahora solo pasan unas horas entre negarse a “travestirse de Vox” y decir que les separa “lo mínimo”. A ese primer Vox le concedió la consejería de Igualdad (se la cargó), derogó la Ley de Memoria Histórica (una de las pioneras) y las ayudas a la cooperación, entre otras. Hoy no sabemos hasta dónde puede llegar porque Guardiola oculta qué le piden. Solo así sabríamos qué les dará. 

En Extremadura pueden estar pasando varias cosas. Unas exigencias inasumibles de la ultraderecha que tienen paralizado al PP. Un PP temeroso de que Extremadura sea el Valencia de Carlos Mazón, aquel aldabonazo PP-Vox antes del 23J que hundió a Alberto Núñez Feijóo. También puede que Vox pretenda acabar con María Guardiola, forzar su caída (una humillación para el PP), debilitarla al máximo como candidata o futura presidenta pato-cojo. Todo con un machismo de fondo que no sufre Jorge Azcón. Qué se esperaba, es Vox. Es posible que Abascal haya decidido convertir Extremadura en la primera cabeza de caballo. Y puede que Guardiola termine por adelantar elecciones. De momento, la estrategia del PP pasa por aguantar y rogar por la coalición. De negarse en el Congreso Nacional de julio a estas simbiosis, a pedirlas. Del somos “realidades distintas” en palabras de Feijóo, al somos “hermanos”, según la portavoz Ester Muñoz.

María Guardiola tiene su presidencia en el buzón de spam. No por la ironía de Vox, ahí es donde supuestamente llegó el correo con la propuesta del PP. Ella misma se ha puesto en una posición de debilidad porque no sabe decir con claridad con qué carta quedarse. Luego está el debate interesado de la derecha intentando arrinconar al PSOE con la supuesta abstención. Guardiola no ha puesto las condiciones para pedirla. “La única verdad es que no negocio con este PSOE ni con el sanchismo”, dijo en X. “Pero sí te llamé y te pedí, por responsabilidad, que el PSOE debía abstenerse”, replicó al presidente de la gestora, José Luis Quintana. Sic. Guardiola ya está en apuntalar su relato ante la posible derrota de la repetición electoral. 

Todo lo que sucede con Vox hoy lo ha desencadenado el PP. Eligió el carrusel electoral de diciembre al próximo julio para debilitar al PSOE y ahora tiene una ultraderecha hiperdopada que escenifica su poder sobre Feijóo. Obsesionados con Sánchez, empiezan a reaccionar ante un Abascal que quiere la sustitución. El horizonte 2031 sin Feijóo. Aragón y Extremadura eran las dos citas anticipadas con la excusa de los presupuestos. Ahora Extremadura no tiene presupuestos ni presidenta. No hay fecha para esas cuentas que supuestamente no podían esperar. Tampoco hay estabilidad de gobierno a la vista. Se convocó a tres días de Nochebuena por la urgencia y ahora han perdido el control, los tiempos, las políticas, la agenda. "Os dieron a elegir entre el deshonor y la guerra… “, decía el manido Churchill. Ahora María Guardiola tiene el deshonor y la guerra. Le quedan muy pocos días para remontar una jugada que le ha salido mal. Su cabeza puede acabar en Génova. Y Génova, ganando gobiernos, puede perder la fuerza de gobernar. 

Pasada la avalancha de análisis en caliente, toca empezar a reflexionar con algo más de distancia. Los resultados de Aragón confirman las tendencias marcadas en Extremadura y parecen anticipar lo que puede ocurrir, con significativas diferencias, en Castilla y León y en Andalucía. Comparados los datos con los obtenidos en la última consulta electoral del 23J de 2023, se abren algunas líneas de reflexión: 

La batalla que se libra en la derecha desde hace años evidencia que el Partido Popular sigue sin dar con la tecla ante su mayor amenaza, que no se llama Pedro Sánchez sino Santiago Abascal. Para la formación de Alberto Núñez Feijóo, Vox no es un socio menor ni coyuntural: condiciona Gobiernos, discursos y prioridades. Allí donde crece, obliga al PP a competir en radicalidad o a depender políticamente de él, debilitando su perfil autónomo.

En el PP identifican un antes y un después. Desde que Vox decidió romper en bloque los Ejecutivos autonómicos en julio de 2024, tras el choque por la acogida y reparto de menores migrantes no acompañados, el mapa de la derecha autonómica vive instalado en el regate corto: presupuestos como moneda de cambio, negociaciones de última hora y una idea fija en ambas sedes —Génova y Bambú—: nadie quiere aparecer como el que cede, pero nadie puede permitirse romper. Aunque el PP es el que más perdería.

Feijóo ha comprobado de primera mano las dificultades de plantear una hoja de ruta independiente de lo que haga Vox, aunque ha intentado todas las estrategias: ignorarlos, atacarlos y mimetizarse con ellos. Y mientras en campaña llueven los reproches hacia los ultras, a los que consideran igual de "populistas" que Podemos, tras las elecciones los califican de "hermanos", en palabras de la portavoz parlamentaria, Ester Muñoz.

En los últimos meses la frustración se ha instalado en el PP, que asiste impotente al crecimiento de la ultraderecha en las elecciones autonómicas que ellos mismos convocaron con la intención de asestarle un golpe al PSOE —como así ha sucedido— y disminuir su dependencia de los ultras —al contrario de lo que ha pasado—. El caso de Aragón es el último ejemplo. Y los ultras ya han dejado claro que la última palabra la tienen ellos.

En el caso de Extremadura, donde la líder de los populares, María Guardiola, venció en las elecciones y cuya investidura está prevista para el próximo 3 de marzo, Vox ha exigido entrar en el Ejecutivo con cuatro consejerías clave —Economía, Agricultura, Interior e Industria—, además de una vicepresidencia. El PP, sin embargo, lo considera inasumible y ya no descarta la repetición electoral si no hay acuerdo. Si nadie cede, la investidura está abocada al fracaso a no ser que se produzca una abstención de los socialistas, algo que Génova ya empieza a reclamar. Pero esa puerta está prácticamente cerrada porque el PSOE extremeño también se opone.

Según trasladaron fuentes del equipo de Feijóo a primera hora de este miércoles, el PP prefiere una abstención del PSOE a un Gobierno de coalición con Vox. Esto es también lo que viene reclamando Guardiola desde la celebración de las elecciones el pasado 21 de diciembre. Un mensaje que, sin embargo, no comparten otros presidentes autonómicos y que incluso Génova se ha visto obligada a rectificar. "Preferimos no entregar ni poder ni consejerías a otros partidos, pero eso solamente pasaría por las abstenciones de formaciones políticas que entiendan que hemos ganado las elecciones y que nos corresponde formar Gobierno", señalaban fuentes del equipo del líder del PP.

Sin embargo, creen que "ni Vox ni PSOE pretenden abstenerse a cambio de nada", por lo que al PP solo le queda "explorar la consecución de apoyos a cambio de algo" como, por ejemplo, asientos en los consejos de Gobierno. "Con el PSOE evidentemente no queremos gobernar y, por tanto, la única opción posibilista es analizar el contexto político con Vox en cada comunidad autónoma", añaden estas fuentes. Desde Génova son conscientes de la tensa relación de Guardiola con la extrema derecha, pero consideran que la repetición electoral es el escenario "menos deseable".

Por lo que respecta a Aragón, en Vox también han dejado claro que quieren consejerías "con estructura y presupuesto". Azcón es partidario de gobernar con los ultras, porque cree que es el único modo de que se desgasten, y rechaza de plano lo que propone su homóloga extremeña. "Yo no quiero depender del PSOE", señalaba este miércoles el presidente en funciones de Aragón, que considera a los socialistas aragoneses "una caricatura" de lo que fueron por "defender a Pedro Sánchez por delante de los intereses de Aragón". "Yo no quiero que mi Gobierno tenga nada que ver con esto", aseguró en Antena 3.

En esa entrevista, Azcón asumió que "hay que pactar". Y añadió que lo importante ahora es "saber si Vox está dispuesto a asumir responsabilidades". "Lo que hay que ver es qué quiere hacer Vox en los próximos meses y años". Su relación con los de Santiago Abascal es menos tirante que en Extremadura, aunque también sabe que lo que allí suceda puede condicionar su Gobierno. "Estoy convencido de que mi capacidad de diálogo hará que busquemos acuerdos siempre pensando en Aragón", dijo.

De cara a esas negociaciones, el presidente aragonés en funciones sostiene que las "normas y reglas" de su relación ya las dejó claras hace semanas y que no han cambiado. Es decir, "se tienen que basar en cumplir la legalidad, que sean cuestiones con competencias de Aragón y buscando el mínimo común" entre ambas. Aunque se mostró convencido de su "capacidad de diálogo", a pesar de que fue la incapacidad para llegar a un entendimiento sobre los presupuestos lo que propició el adelanto electoral, en el que el PP retrocedió dos escaños respecto a 2023 mientras que Vox duplicó los suyos.

Todas estas negociaciones afectarán, inevitablemente, al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, el primero en meter a Vox en el Gobierno hace ya cuatro años tras un adelanto electoral. El martes, en un desayuno informativo, se refirió a esta cuestión y dijo que la ultraderecha ya tuvo "responsabilidades reales" de gobierno y que "sus políticas fueron un fracaso, a veces sonoro". Recordó que Vox tuvo, entre otras responsabilidades, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, pero "cuando vinieron mal dadas con los agricultores y ganaderos salieron corriendo".

Aunque el presidente de la Junta de Castilla y León defendió que su objetivo es ganar las elecciones y que para él "lo mejor es un Gobierno en solitario con un pacto parlamentario", aseguró que en caso de pactar con Vox exigiría un Gobierno o un pacto parlamentario "que dure cuatro años" y "no esté pendiente de las encuestas". Una declaración que se contradice con lo que apuntan fuentes cercanas a Mañueco, que sopesan la propuesta del PSOE de que gobierne la lista más votada. Eso pasaría, en todo caso, por una abstención de la segunda fuerza y que el PP rechaza públicamente. Eso se explica en que hay voces en el PP que temen un "triple empate" entre su formación, el PSOE y Vox. De ahí que no acepten el ofrecimiento de los socialistas.

A todo ello se le suma que Vox llega a esos comicios, previstos para el próximo 15 de marzo, con sus propias grietas: la salida de Juan García‑Gallardo de sus responsabilidades en el partido dejó una organización regional menos previsible, más intervenida por la dirección nacional y, por tanto, más dependiente de la lógica estatal de confrontación.

La vivienda se ha convertido en un problema estructural. Los precios no dejan de  subir por ninguna de sus dos vías. En 2025, el precio de la vivienda en compra-venta aumentó un 12,8% interanual, encadenando ya 46 trimestres consecutivos de subidas, según el Instituto Nacional de Estadística. Al mismo tiempo, el mercado del alquiler mantiene una escalada sostenida: el precio medio cerró el año con un  incremento del 6,9%, acumulando subidas continuadas desde 2015, según Fotocasa. Este doble encarecimiento está tensionando el acceso a la vivienda y erosionando las condiciones de vida de amplias capas de la población,  alimentando un malestar social cada vez más visible. 

Sin embargo, este caballo puede convertirse en un troyano para Vox si la izquierda demuestra capacidad de gobierno. En este sentido, es justo reconocer el paso dado por el Parlament de Catalunya al regular los alquileres de temporada y por habitaciones, una modalidad que se estaba utilizando de forma masiva para sortear los límites de la Ley estatal de Vivienda. Pero ese avance legislativo exige ahora una  segunda fase. En Barcelona se ha de impulsar los recargos del IBI previstos en la Ley de Vivienda para movilizar vivienda vacía en manos de grandes propietarios y  adelantar, en la medida de lo posible, la prohibición de los pisos turísticos. No  hacerlo deja un flanco abierto a una crítica recurrente —la supuesta reducción de la oferta en la ciudad condal— y convierte una política pensada para proteger a los  inquilinos en munición para quienes viven del desgaste social. La capital catalana tiene la oportunidad de ser, una vez más, la punta de lanza contra la extrema derecha. 

Con una inflación desbocada, salarios que no dan para llegar a fin de mes y  servicios públicos deteriorados tras años de gestión del Partido Popular, son cada vez más los ciudadanos que se preguntan para qué pagan impuestos. 

Desde la crisis de 2008, la carga fiscal en España se ha desplazado de forma estructural hacia quienes menos tienen. Subidas de impuestos indirectos y mayor presión sobre las rentas del trabajo. En ese contexto, la recaudación por IRPF se sostiene esencialmente sobre las rentas del trabajo mientras las rentas de capital y los grandes patrimonios aportan menos. Pero no solo las rentas del trabajo cargan con ese peso. Los autónomos afrontan cuotas a la Seguridad Social difíciles de asumir para los tramos más bajos y alquileres comerciales al alza, mientras que muchas pymes soportan una presión efectiva en el Impuesto de Sociedades superior a la de grandes empresas que, además de tipos más favorables, cuentan con mecanismos de ingeniería fiscal para reducir su contribución real. 

Por todo ello, 2026 debería ser el año para abordar una reforma fiscal integral y verdaderamente progresista. Propuestas en esa dirección ya están sobre la mesa, como la de Izquierda Unida hace un par de meses, y que deben apuntar a un objetivo claro: corregir un sistema que hoy castiga al trabajo, a los autónomos y a las pequeñas empresas mientras permite a los grandes actores contribuir menos de lo que les corresponde. 

Además, la apertura de la negociación sobre el modelo de financiación autonómica ofrece una oportunidad que no debería desaprovecharse. Fiscalidad y financiación territorial van de la mano, y repensar una sin la otra limita cualquier intento serio de reforma. Afrontar de forma conjunta ambos modelos permitiría no solo reducir el  sentimiento de injusticia social, sino también el sentimiento de agravio territorial de que unos territorios siempre salen ganando y otros siempre pagando la factura, abriendo un terreno más fértil para el entendimiento político entre fuerzas de  distinto ámbito territorial. 

Este sí es, probablemente, el gran caballo de Vox y de su líder, Santiago Abascal. En un país como España, donde el valor del buen comer y de la calidad de los productos forma parte de la cultura cotidiana, el encarecimiento de los alimentos no se percibe solo como un problema económico, sino casi como una agresión a la  vida diaria. 

Las causas son múltiples y se superponen: el impacto del cambio climático sobre la producción, la debilidad en la aplicación de la Ley de la Cadena Alimentaria, la falta de servicios públicos y oportunidades en el medio rural, y una cadena de distribución cada vez más concentrada. El resultado es una paradoja conocida: el productor cobra poco, el consumidor paga mucho y el malestar se extiende. 

Afrontar este problema exige un análisis profundo de lo que está ocurriendo en el campo y la valentía de impulsar medidas estructurales, desde reforzar de forma  efectiva la cadena alimentaria hasta explorar fórmulas de intervención pública en la distribución que garanticen precios justos para productores y consumidores. 

Es cierto que la izquierda atraviesa un momento de falta de credibilidad y que, en el poco tiempo que queda hasta las próximas elecciones generales, será difícil revertir por completo esta dinámica. Pero si allí donde gobierna es capaz de empezar a contener el precio de la vivienda y de avanzar hacia una fiscalidad más justa, puede volver a generar confianza en las propuestas que hagan.

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Diego Míguez Lois es socio de infoLibre.