"En la vida hay amigos, conocidos, adversarios, enemigos y compañeros de partido". La frase, atribuida al ex primer ministro italiano Giulio Andreotti, sirve para ilustrar a la perfección el caso de Cristóbal Montoro, el todopoderoso ministro de Hacienda durante los Gobiernos de José María Aznar (2000-2004) y Mariano Rajoy (2011-2018) al que algunos desde el Partido Popular ya apuntan tras su imputación por favorecer presuntamente a empresas gasistas y al despacho que él mismo fundó mientras estaba en el Ejecutivo. Él niega todas las acusaciones y se prepara para dar la batalla legal, pero más de un dirigente del partido en el que militaba hasta este jueves busca saldar sus propias cuitas —personales y políticas—con él.

Una de ellas es Esperanza Aguirre, la expresidenta de la Comunidad de Madrid, que llegó a denunciar a Hacienda ante la Fiscalía General del Estado después de que infoLibre revelara en 2015 que había ganado 369.000 euros como cazatalentos —casi el triple de lo que ingresaba como alto cargo político— y 5.000 euros más en juegos de azar. La Agencia Tributaria concluyó que la filtración se había producido fuera del ámbito del Ministerio de Hacienda. "Tenía, no voy a decir la certeza, pero la cuasicerteza de que había sido el señor Montoro", aseguró Aguirre este viernes ante los micrófonos de Radio Nacional de España (RNE), del que dijo que "nunca" debió "haber militado" en el PP, aunque acudió recientemente al congreso que reeligió a Alberto Núñez Feijóo como presidente.

Tras su intento fracasado de convertirse en alcaldesa de Madrid, Aguirre atribuyó parte de su resultado electoral a la publicación en este periódico de sus datos de Hacienda. En aquel momento, de toda la documentación a la que tuvo acceso este medio, sólo se publicó la que tenía interés general, pero nada que afectara a su intimidad o a la de su familia. Diez años después, Aguirre ha vuelto a incidir en que la publicación de esos datos la perjudicó en las urnas cuando aspiraba a hacerse con la alcaldía de Madrid en liza con Manuela Carmena: "En los tracks que hacíamos bajamos entre doce y trece puntos, porque mi declaración de la renta fue filtrada y pareció que era mucho dinero", dijo ante las cámaras de TVE, responsabilizando tanto a Montoro como a infoLibre. Pero no solo apuntó al extitular de Hacienda, sino también a la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y al propio Mariano Rajoy.

El exvicepresidente Rodrigo Rato también acusó a Montoro de liderar una persecución política que no solo acabó con sus aspiraciones políticas sino que, a su juicio, fue determinante en la causa judicial por la que después fue condenado a una pena de cuatro años y nueve meses de prisión por delitos fiscales, blanqueo de capitales y corrupción entre particulares. Rato basó su acusación en los correos electrónicos incautados durante la investigación abierta en el juzgado de Tarragona que ahora ha imputado al exministro y, según ha revelado la Cadena Ser este viernes, no descarta personarse en la causa.

Pero Aguirre y Rato no son los únicos. El exministro José Manuel Soria también le responsabilizó del fin de su carrera política. Según unas memorias que escribió a las que tuvo acceso El Mundo —pero que nunca llegaron a ver la luz—, Montoro reveló a Rajoy que la madre de José Manuel Soria tenía una cuenta en Suiza. Un factor que, según el exministro habría sido determinante para presentar su dimisión, aunque realmente esta se produjo cuando la investigación de Los papeles de Panamá desveló que poseía una empresa en un paraíso fiscal. El propio Montoro respondió a sus acusaciones y llegó a admitir que "había interés" en apartarle del cargo. "Sí, eso es la política". Del mismo modo, consideró que "ya hubo" esos mismos intereses "para que no entrara en política".

Lo cierto es que el extitular de Hacienda fue el que dio la cara solo unas horas después de que Soria presentara su renuncia tras verse salpicado por el escándalo. Al Gobierno le tocaba comparecer en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. En ella, la situación en la que quedaba el Ejecutivo tras esta baja y la posibilidad de que Rajoy rindiera cuentas dominaron las preguntas de los medios de comunicación. "Nadie que haya operado desde paraísos fiscales puede estar en el Gobierno", respondió Montoro a una cuestión que inicialmente iba destinada a la número dos del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que se limitó a suscribir sus palabras. La marcha de Soria se interpretó en clave interna como una victoria del sector sorayista del Ejecutivo, entre el que se encontraban los hermanos Nadal, Álvaro y Alberto, el primero entonces ministro de Industria y el segundo secretario de Estado de Presupuestos y mano derecha de Montoro, al que Feijóo acaba de fichar para su dirección.

Una de las principales novedades que dejó el congreso del PP fue la vuelta de Alberto Nadal a la dirección nacional del PP, al que el antecesor de Feijóo, Pablo Casado, también incorporó a su dirección tras su llegada. Según explicó el PP, Nadal se hará cargo de la vicesecretaria de Economía y Desarrollo Sostenible, hasta ahora en manos de Juan Bravo, pero no se incorporará hasta el mes de septiembre, "cuando termine sus obligaciones laborales en Estados Unidos", explican fuentes del partido. La trayectoria de Nadal siempre estuvo muy vinculada a la de Montoro, que fue su jefe directo los dos últimos años del Gobierno de Rajoy.

Uno de los encargados de dar la cara por Feijóo ha sido el propio Bravo, vicesecretario de Hacienda, que llegó a afirmar que "la causa ya fue archivada" y minimizó lo ocurrido al señalar que "aquí no hay mordidas o prostitutas". Unas palabras que se entienden mejor al revisar la hemeroteca de Bravo, que solo hace tres años presumía de que Montoro era una de las personas que más había marcado su trayectoria profesional: "Es un privilegio escucharle hablar en Jaén sobre economía y fiscalidad con su brillantez y claridad de siempre", escribía en un post de X en el que adjuntaba varias fotografías con el exministro y que a día de hoy sigue publicado.

La actual dirección del PP, con Feijóo a la cabeza, está tratando de establecer una suerte de cortafuegos respecto a Montoro. El líder del PP, que no tuvo agenda pública el jueves ni tampoco este viernes, publicó en sus redes que su criterio con la corrupción "es muy claro" y "no cambia con independencia de a quién afecte": "Yo no hablaré ni de persecución de los jueces ni de pseudomedios. Lo que haya que investigar, que se investigue", señaló a través de X. Este viernes la vicesecretaria Alma Ezcurra reconoció que no le "gustaban nada" las "informaciones que estamos conociendo" pese a que el PP las había tratado de minimizar.

La noticia de la imputación de Montoro pasó desapercibida en buena parte de las portadas del jueves de la prensa conservadora, pero hay parte de la derecha mediática que ha aprovechado para arremeter contra el exministro y cobrarse algunas cuentas pendientes, entre ellos el presentador de Onda Cero, Carlos Alsina, el jefe de investigación de ABC, Javier Chicote, y el director de EsRadio, Federico Jiménez Losantos, entre otros.

Este último ha definido a los 'damnificados' por el exministro como como la "Asociación de Víctimas del Siniestro Vampiro Montoro". Losantos explicó en su programa que se vio obligado a leer "por imperativo legal" una corrección que el exministro les hizo llegar aduciendo su "derecho al honor" por vincular a su hermano con el despacho de abogados: "¿Honor Montoro, el infame, el delincuente? Se lo va a llevar por delante la justicia. A las empresas gasísticas le daba un trato de favor... a esas empresas y a cualquiera que pagara al hermano. Esto lo contamos y te manda inspecciones fiscales en venganza... Son así. Los gánsteres son iguales en la derecha y en la izquierda, y este es especialmente sórdido. ¿Quién lo invitó al congreso del PP?", señalaba el locutor.

El presentador del programa Más de Uno en Onda Cero también ha descrito prácticas similares. "Metió la presión que pudo para que el programa aplaudiera su trabajo", explicaba este jueves. Ante el "cero éxito" de esa táctica, según Alsina, "cambió de estrategia e invocó el castigo fiscal que podrían sufrir las empresas que no entraran por el aro": "Aquel hombre poderoso perdió los papeles y le dijo al responsable del programa de radio que denostaba que él decidía el IVA. El ministro se llamaba Cristóbal".

Por su parte, Chicote reveló en 2015 algunas de prácticas del despacho de abogados fundado por Montoro y, según él mismo explica, como represalia Hacienda inició una investigación contra él y toda su familia. "Soy víctima de esta trama por haber destapado el negocio del despacho fundado por Montoro. Hacienda investigó hasta a mi hija, que entonces tenía 3 años. Por fin se levanta el secreto y los imputan", se congratulaba el periodista de ABC en su cuenta de X, en un hilo en el que ha recogido los pormenores del caso, que según explica, acabó en la elaboración de un "informe Chicote" que no logró encontrar ninguna irregularidad fiscal.

El periodista Federico Quevedo también reveló este viernes en TVE que estuvo "a punto de suicidarse" por las presiones a las que le sometió Montoro. "Durante la época del Gobierno de Mariano Rajoy yo fui muy crítico, especialmente por el tema de Cataluña y por la gestión económica de aquel Gobierno. Publiqué dos libros muy críticos, con Fernando Jáuregui, y yo que arrastraba un problema con Hacienda en aquel momento, empecé a sufrir las consecuencias". Consecuencias que, según Quevedo, fueron un "auténtico calvario tanto en lo profesional como en el tema económico" y que le llevaron a "tocar fondo" hasta el punto de que le robó a su madre enferma unas pastillas y se las tomó: "Estuve a punto de suicidarme".

De esta manera, una parte de la derecha mediática ha visto en la imputación de Montoro el momento de contar vivencias sufridas como consecuencia de las maniobras del exministro y cobrarse así algunas cuentas pendientes.

La campaña puesta en marcha por el PP de Pablo Casado contra el Gobierno a costa del imparable incremento de la factura de la luz no dice toda la verdad. En primer lugar, que el modelo de subasta que está en el origen de la subida de la tarifa fue ideado e impulsado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy en 2013 y aprobado en 2014. El responsable político de ese diseño, el entonces ministro de Industria, José Manuel Soria, defendía entonces las bondades de que el precio de la luz quedase vinculado a las fluctuaciones hora a hora del mercado.

Tampoco explica que aquella reforma trató de resolver, sin éxito, problemas cuyo origen se remonta a la que llevó a cabo el ministro Josep Pique en la era de José María Aznar. Desde entonces el sector eléctrico engordó un déficit de tarifa que en 2013 era de 30.000 millones de euros, producto de las decisiones tomadas por el Gobierno de Aznar para entrar en el euro a cualquier precio. La reforma de Piqué, inspirada en el modelo británico, según sus propias palabras, culminó con la Ley 54/1997, destinada a “liberalizar” un sector que sigue en manos de muy pocas empresas y cuyos mecanismos de generación son por definición limitados.

En segundo lugar, lo que el PP tampoco está contando es que el impuesto sobre la generación eléctrica (7%) que propone suprimir también lo creó Soria en diciembre de 2012 con el argumento de que las eléctricas debían contribuir a la sostenibilidad ambiental y paliar así el impacto ecológico que su actividad tiene en el entorno natural.

El modelo Soria, prometió en su día el PP, iba a abaratar a la mitad el recibo de la luz, a mejorar la competencia entre comercializadoras y daría más libertad a los consumidores.

Pero no ha sido así. Es verdad que es responsabilidad del actual Gobierno corregir el problema, pero por más que el PP culpe a la coalición de la subida del recibo su origen está en la regulación establecida en su día por el Ejecutivo de Mariano Rajoy con toda la oposición en contra.establecida

Hasta entonces el precio se fijaba mediante una subasta trimestral y se modificó después de un repentino aumento del precio de la factura. A partir del paso de Soria por el Gobierno se puso en marcha el denominado precio voluntario al pequeño consumidor (PVPC), que recoge las fluctuaciones del pool energético cada hora de cada día durante el año.pool Lo que expone a 11 millones de consumidores a los cambios del mercado que, como ocurre en la actualidad, se ven sacudidos por el elevado precio del gas.

La aportación de Soria no se quedó ahí: también incrementó los costes fijos y aprobó nuevos impuestos.

Sin tocar los ingresos de las eléctricas

Ahora el PP, a la vista de lo disparatado del recibo y de la ausencia de una respuesta eficaz a corto plazo por parte del Gobierno, propone una solución que no toca el precio de la luz sino el recibo que pagan los consumidores. De aplicarse la propuesta de los de Casado, las empresas seguirían ingresando cifras elevadísimas por suministrar energía eléctrica y se librarían de tener que pagar el impuesto del 7% creado por Soria en 2012, provocando una pérdida de ingresos tributarios al Estado que necesariamente perjudicará al conjunto de los contribuyentes.

El Congreso de los Diputados ya rechazó en mayo la propuesta que el PP ha anunciado estos díasrechazó que va a volver a presentar y que, en síntesis, planteaba reducir el recibo a costa de los Presupuestos: pagar los costes fijos de la factura con fondos del Estado sin tocar el precio real de la electricidad, que es la base de los ingresos multimillonarios del sector. Entonces sólo consiguió el apoyo de diez diputados (Ciudadanos y Foro Asturias) y recibió duras críticas de los partidos de izquierda, que denunciaron el intento del PP de bajar los impuestos a las empresas para que sean los ciudadanos los que paguen a través de los Presupuestos.

El PP pretende que los ciudadanos asuman durante tres años, a través de los Presupuestos Generales del Estado, el pago de la deuda del sistema eléctrico: entre 2.500 y 2.600 millones de euros al año intereses incluidos.

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, defendió este lunes “suprimir el impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica” para ahorrar, según él, “1.700 millones de euros en el precio de generación eléctrica”. Sin explicar que ese impuesto no figura en el recibo y que, por tanto, su repercusión en la factura que pagan los ciudadanos ni es automática ni está garantizada. Lo que no le impidió afirmar que si se aprueba esta propuesta en el Congreso de los Diputados supondrá que se produzca una “bajada automática” del precio de la electricidad en el recibo de la luz.

García Egea también argumentó que “la reducción de la recaudación en este impuesto va a compensarse con una mayor recaudación que percibe la administración por las subastas de derechos de emisión de CO2”.

En realidad el precio de la luz depende básicamente de tres factores: el coste de la energía en el mercado mayorista (que la propuesta del PP no toca), los costes regulados que fija el Gobierno (sirven para retribuir a las redes de distribución, primar las renovables, cubrir los sobrecostes de entregar energía a las islas y a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y pagar el déficit tarifario generado por la reforma de la era Aznar) y los impuestos: el gravamen especial sobre la electricidad (5,1%) y el IVA (10% después de que el Gobierno decidiese reducirlo del 21% que se cobraba hasta hace pocas semanas). El impuesto a la generación eléctrica (7%) lo pagan directamente los productores y no aparece reflejado como tal en la factura.

Mientras tanto, el precio medio diario de la electricidad crece imparable. Este jueves en el mercado mayorista alcanzó un nuevo récord histórico: 140,23 euros por megavatio (MWh), casi 8 euros más en solo un día.

La ministra para la Transición Ecológica en funciones, Teresa Ribera, y el exministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, no atenderán a la petición de comparecencia del Parlament catalán por el caso Castor al no estar obligados por ley a ello y no tener el parlamento autonómico competencias para solicitarlo.

Este martes el Parlament ha decidido llevar ante la Fiscalía a Teresa Ribera, a José Manuel Soria y al director del departamento de recursos geológicos del Instituto Geológico y Minero de España, Juan José Durán, por no comparecer en la comisión de investigación sobre el Proyecto Castor.

Así lo ha aprobado la Mesa de la Cámara con el voto favorable de la mayoría que tienen JxCat y ERC en este órgano, pese a que Cs y el PSC-Units han votado en contra, han explicado fuentes parlamentarias. La decisión se ha adoptado después de que ninguno de los tres haya comparecido en la comisión en ninguna de las dos citaciones que recibieron.

Sin embargo, fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica han informado a Europa Press que los ministros no tienen por qué atender a este requerimiento en base al criterio mantenido por el Consejo de Estado que desde 1986 y que ha plasmado en sus dictámenes números 34/2003; 643/2012; 194/2013; 992/2013; 175/2015 y 363/2019. Además, añaden que la actuación va en concordancia con la aplicación de la doctrina mantenida por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en su auto de 7 de julio de 2016.

Dicha doctrina establece que "los miembros del Gobierno de la Nación y los Órganos de la Administración General del Estado no están obligados a atender los requerimientos de comparecencia o las solicitudes de información realizados por los parlamentos autonómicos, al no tener competencias para ello sino los realizados por el Congreso de los Diputados o el Senado. Así, confirman que Ribera no atenderá a tal solicitud. Esta postura sería la que, presumiblemente podría adoptar también el exministro Soria, en concordancia con lo realizado hasta la fecha.

Ahora, el parlamento autonómico volverá a enviarles su petición, igual que ya hizo con el expresidente Mariano Rajoy, la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y los exministros María Dolores de Cosepdal y Juan Ignacio Zoido por no comparecer en la comisión de investigación de la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española.

En ese caso, la Fiscalía Superior de Cataluña ya ha archivado esta investigación porque considera que la negativa a comparecer en la comisión "carece de relevancia penal" y no incurre en el delito de desobediencia, por lo que es previsible que ocurra lo mismo en el caso de Ribera, Soria y Durán.

El Parlamento Europeo ha aprobado en sesión plenaria la directiva de la UE que protege a los denunciantes de corrupción. La propuesta, que la Comisión Europea presentó en abril de 2018, sumó 591 votos a favor, 29 en contra y 33 abstenciones. Tras ser aprobada por la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento el 20 de noviembre, se abrió el triálogo, las discusiones entre la Comisión Europea, los eurodiputados y el Consejo de la UE –que representa a los Estados miembros–, que ha culminado en la votación de este martes. Así se materializa una idea que vio la luz con una iniciativa de la eurodiputada francesa Virgine Rozière, del Partido Radical de la Izquierda, aprobada por la Eurocámara el 24 de octubre de 2017.

Para entonces, el periódico bávaro Süddeutsche Zeitung –y el resto de los medios integrados en el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ)– llevaba más de un año publicando los Papeles de Panamá, Edward Snowden hacía cuatro años que había huido a Rusia tras destapar los sistemas de vigilancia intensiva de la NSA estadounidense y Hervé Falciani ya vivía protegido en España desde que en 2012 fue detenido en Barcelona por revelar una lista de 130.000 evasores fiscales amparados por el secreto de las cuentas del banco suizo HSBC. Son sólo algunos de los whistleblowers que han ocupado las primeras páginas de los periódicos en los últimos años por destapar prácticas ilícitas de instituciones y gobiernos, cuando no tramas delictivas que involucran a empresas, bancos y grandes fortunas de todo el mundo.

La directiva, que deberá ser trasladada ahora a las legislaciones de todos los Estados miembros de la UE, protege a los denunciantes de corrupción o alertadores –como se ha traducido whistleblowers del inglés– de posibles represalias. También crea un mecanismo seguro que permita a cualquier persona que posea información sobre prácticas ilícitas de todo tipo, denunciarlas en el seno de las empresas y las instituciones públicas sin temor a ser despedida, degradada, sancionada, coaccionada, discriminada, incluida en una lista negra…

Europa pierde miles de millones por no proteger a los denunciantes

El beneficio del sistema de protección que la UE extiende a todo el continente no es una medida filantrópica. Según un estudio sobre los beneficios económicos de proteger a los denunciantes en la adjudicación de contratos públicos, que elaboró la Comisión en 2017, Europa pierde cada año entre 5.800 y 9.600 millones de euros por no proteger a estos informantes. Las infracciones que desvelan los alertadores “crean falseamientos de la competencia, incrementan los costes para las empresas, perjudican a los intereses de inversores y accionistas y, en general, hacen menos atractiva la inversión y sitúan en una posición de desigualdad a todas las empresas de Europa”, advierte la Comisión en las consideraciones iniciales de su propuesta de directiva. Fraude y evasión fiscal, corrupción, delitos medioambientales, seguridad alimentaria y en el transporte, riesgos para la salud pública y vulneración de la competencia son sólo algunos de los terrenos donde los denunciantes han demostrado ya su valor.

Sin un sistema adecuado que no sólo garantice el secreto y la confidencialidad, sino también la eficacia de las denuncias –que éstas den lugar a la apertura de investigaciones y a la toma de medidas, políticas o judiciales–, denunciar prácticas irregulares suponía un riesgo considerable. De hecho, hasta el momento sólo 10 de los 28 miembros de la UE cuentan con mecanismos legales protectores: Francia, Irlanda, Italia, Hungría, Lituania, Malta, Suecia, Reino Unido, Países Bajos y Eslovaquia.

España, sin sistema de protección

España es uno de los países que carecen de un sistema de protección. En septiembre de 2016, Ciudadanos presentó su proyecto de Ley Integral de Lucha contra la Corrupción y Protección de los Denunciantes, que ha quedado bloqueada tras recibir un chaparrón de enmiendas, unas 400, del resto de los grupos parlamentarios. Con la disolución de las Cortes, la iniciativa es ya papel mojado. “Y mejor que sea así, porque no cumple casi ninguno de los requisitos de la directiva europea”, apunta Simona Levi, impulsora del Partido X, nacido del movimiento del 15M.

El texto elaborado por el partido de Albert Rivera sólo protege a los funcionarios públicos y altos cargos de las administraciones y únicamente si lo que se denuncia constituye un “delito o infracción administrativa o puede dar lugar a responsabilidades por alcance”, por lo que deja fuera cualquier otro tipo de información por relevante que sea. Además, no concede valor a las denuncias anónimas.

En plena tramitación se encuentran igualmente dos proyectos de ley autonómicos, en Cataluña y País Vasco. El primero, asegura Levi, tiene asegurado el apoyo mayoritario de la Cámara autonómica catalana. Con la segunda, una propuesta de Unidos Podemos, no está tan claro. Además, Castilla y León aprobó en 2016 una ley que sólo regula las informaciones que reciba la Administración autonómica sobre posibles delitos contra la Administración pública, y que la responsable del Partido X critica por estar diseñada con el mismo patrón que el proyecto de Ciudadanos. Finalmente, la Comunidad Valenciana incluyó algunos mecanismos de protección para denunciantes en la norma por la que creó la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción.

Canales internos y externos, asistencia jurídica gratuita

Como la Comisión Europea considera que los sistemas de garantía para los alertadores son “desiguales” y están “fragmentados”, la directiva proporciona unas normas mínimas comunes que luego cada Estado miembro desarrollará. Así, la directiva da protección a “la gama más amplia de categorías de personas”: trabajadores, no importa si a tiempo parcial, con contrato temporal, dependientes de ETT o autónomos, pero también proveedores de empresas, consultores, empleados de subcontratas, accionistas, directivos, trabajadores en prácticas no remuneradas, voluntarios e incluso precandidatos a puesto de trabajo. Todos ellos tienen ahora garantizado el anonimato y la inmunidad. Tanto del sector público como del privado.

En el primer caso, cualquier ayuntamiento con más de 10.000 habitantes, y por supuesto las administraciones autonómicas y la estatal, deberán contar con un sistema para canalizar denuncias internas. Lo mismo será obligatorio para empresas con más de 50 empleados o que facturen más de 10 millones de euros, excepto si pertenecen al sector financiero; en ese supuesto, todas tendrán que poseer un canal de denuncias interno sin importar el tamaño.

Además, las administraciones deberán contar con un sistema para denuncias externas, las que presente cualquier particular: organismos de regulación (la Comisión Nacional de la Competencia o la CNMV en España ya los tienen), autoridades policiales o judiciales, organismos de lucha contra la corrupción o defensores del pueblo, enumera el proyecto de directiva.

En su momento, los debates del triálogo se centraron en si debía ser obligatorio para cualquier alertador acudir primero al canal interno antes de recurrir al externo o a la prensa. Finalmente, el filtrador podrá elegir qué canal de denuncia prefiere aunque se fomentará que primero utilice el interno antes de ir al público.

También resultó controvertida la protección a los periodistas y a los activistas de ONG. El Partido X advierte de que la directiva “deja en situación de vulnerabilidad” a unos y otros, “un aspecto que habrá que pelear en la transposición al marco legislativo español”, subraya. “La protección de los denunciantes como fuentes de informaciones periodísticas”, destaca la iniciativa europea, “es crucial para salvaguardar la función de control que el periodismo de investigación desempeña en las sociedades democráticas”. 

La directiva, además, incluye no sólo la asistencia jurídica gratuita para los denunciantes que deban afrontar juicios, sino también sanciones para quienes tomen represalias contra los alertadores o para estos últimos si hacen denuncias falsas.

La onda expansiva de las denuncias

Mientras eurodiputados, funcionarios europeos y representantes de los gobiernos ultimaban la norma, Rui Pinto, el portugués que creó Football Leaks, permanecía en arresto domiciliario en Budapest (Hungría), con una tobillera electrónica que le impide salir de su apartamento. Los 70 millones de documentos que compartió con Der Spiegel y la red EIC (European Investigative Collaborations) han permitido investigar y condenar por delito fiscal a un puñado de futbolistas de élite –Cristiano Ronaldo, José Mourinho, Özil, Coentrao, Falcao–. Finalmente, fue extraditado a Portugal, donde el pasado 24 de marzo fue ingresado en prisión preventiva. Se enfrenta a una pena de hasta 10 años de prisión.

Antoine Deltour, que destapó los acuerdos fiscales secretos de Luxemburgo y 300 empresas, entre ellas multinacionales como Amazon, Fiat, Ikea, Burberry o Pepsi, resultó absuelto finalmente por los tribunales del Gran Ducado el pasado mes de junio. Pero antes había sido condenado a un año de prisión y una multa por robar documentos y revelar secretos empresariales. Trabajaba en la consultora PriceWaterjouseCoopers (PwC), de donde se llevó documentos que envió a un periodista de investigación francés, Edouard Perrin, en 2011. Los Luxleaks, como se bautizó el escándalo, pusieron en serios aprietos al ahora presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, que era el primer ministro de Luxemburgo cuando se firmaron esos acuerdos con dudosos privilegios fiscales. Tirando del hilo, Bruselas tumbó los tax rulings de Holanda con Starbucks –de 20 a 30 millones de euros–, de Fiat –otros 30 millones– y Amazon –250 millones– con Luxemburgo, así como de Apple con Irlanda –13.000 millones de euros–.

En España, Ana Garrido Ramos, denunciante de la trama Gürtel de corrupción en el PP, fue despedida del Ayuntamiento de Boadilla del Monte (Madrid) pero terminó ganando en el Tribunal Supremo la demanda por acoso laboral que interpuso contra el consistorio. Los jueces también dieron la razón a Azahara Peralta, la directora de Obra de la empresa pública Acuamed, que fue despedida tras alertar de unos sobrecostes falsos de 36 millones en un contrato con FCC. Luis Gonzalo SeguraLuis Gonzalo Segura, el teniente expulsado del Ejército por denunciar corrupción en las fuerzas armadas en un libro y en entrevistas periodísticas, y Roberto Macías, a quien el fiscal pedía tres años de cárcel por filtrar la contabilidad interna de la UGT andaluza, son otros nombres de alertadores españoles que han terminado siendo desvelados.

Por el contrario, constituye aún una incógnita quién se oculta tras John Doe, el informante que proporcionó 11,5 millones de documentos del bufete Mossack Fonseca al Süddeutsche Zeitung. La onda expansiva provocada por los Papeles de Panamá tuvo alcance planetario. Salpicaron a jefes de Estado y primeros ministros, así como a grandes fortunas, empresas y bancos. Se abrieron más de un centenar de investigaciones judiciales. Desde Mauricio Macri (Argentina) hasta Sigmundur David Gunnlaugsson (Islandia), pasando por el emir de Dubai o el presidente de Ucrania aparecieron en los documentos por sus sociedades opacas situadas en paraísos fiscales.

En España, el exministro del PP José Manuel Soria –tuvo que dimitir–, el comisario europeo Miguel Arias Cañete, el exvicepresidente Rodrigo Rato, la hermana del rey emérito Pilar de Borbón, famosos como Bertín Osborne, Pedro Almodóvar, Imanol Arias Pedro AlmodóvarImanol Ariaso Alex Crivillé habían utilizado el bufete panameño para eludir el pago de impuestos a Hacienda.

El Juzgado de Instrucción número 5 de Las Palmas ha abierto diligencias previas tras admitir a trámite una querella de la Fiscalía contra Miguel Ángel Ramírez, el polémico empresario de seguridad privada, y otras ocho personas más, entre familiares y empleados, por desviar fondos y bienes de Seguridad Integral Canaria (SIC) para eludir el pago de los 14,8 millones de euros que adeuda a la Agencia Tributaria y la Seguridad Social. La titular del juzgado considera que, del relato de los hechos y de la documentación que aporta el fiscal, se aprecian indicios suficientes de los delitos de insolvencia punible y contra los derechos de los trabajadores. SIC se declaró en concurso de acreedores el 3 de enero de 2018.

La descripción que hace la fiscalía de las operaciones desarrolladas por Miguel Ángel Ramírez para evitar al fisco y a la Seguridad Social desvela, además, el entramado de sociedades y personas que el empresario canario ha utilizado no sólo para no pagar, sino también para ocultar que él es el propietario real de otras firmas de seguridad cuya titularidad siempre negó. Según consta en el auto con el que la jueza abre diligencias y al que ha tenido acceso infoLibre, agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera hicieron seguimientos a los querellados.

Así, además de Ramírez, el fiscal se querella contra Margarita Robayna Curbelo, esposa del empresario, dos primos de éste, Jorge y Manuel Hernández Ramírez; contra Héctor de Armas, actual propietario de SIC y antes su administrador; Alicia Rosa Pérez Sánchez, administradora de Sinergias de Vigilancia y Seguridad y apoderada de Marsegur –ahora llamada Novo Segur–, ambas empresas de seguridad low cost; Jacobo López Redondo, gerente de Sinergias de Vigilancia y Seguridad; Antonio Redondo Álvarez, director general de Marsegur-Novo Segur; y Jesús Miguel Acosta Ramos, administrador de esta última sociedad. En el relato de la fiscalía también aparecen el padre de Ramírez, Francisco Segundo Ramírez Méndez, propietario de un 1% de las acciones de Sinergias de Vigilancia y al mismo tiempo empleado suyo, así como dos de sus hijas, contratadas en la misma empresa.

Según explica la jueza en el auto, las actuaciones bajo investigación revelan que Ramírez es el titular real de todas esas empresas y que se sirve de “familiares y amigos” como “detentadores de las participaciones o cargos sociales” a fin de “evitar ser descubierto” en el intento de “desviar fondos para eludir su embargo”.

De acuerdo con la Fiscalía, SIC debía a Hacienda a fecha de 26 de junio de 2018 un total de 7,06 millones de euros por retenciones practicadas a sus trabajadores pero no ingresadas en la Agencia Tributaria, por el IVA repercutido a sus clientes pero no ingresado en las arcas públicas, y por un número de actas levantadas por la Inspección por el impuesto sobre sociedades. Además, la empresa adeuda 6,46 millones de euros por cotizar a la Seguridad Social por su plantilla menos de lo legalmente establecido, tras ser anulado por el Tribunal Supremo su polémico convenio de empresa, que fijaba salarios por debajo del convenio del sector, más otros 1,3 millones de euros por no pagar las cotizaciones durante cinco meses de 2017. En total, 14,82 millones de euros.

A esas deudas hay que sumar las que investiga otro juzgado, el número 8 de Las Palmas, por no haber practicado a la plantilla la retención legal por las horas extraordinarias de 2009 a 2013, que el empresario camufló como dietas para eludir tanto el pago de IRPF como de las cuotas a la Seguridad Social.

Venta de la cartera de clientes

Para cobrar el total adeudado, la Agencia Tributaria acordó embargar a SIC cuentas bancarias, créditos comerciales y arrendaticios, dos BMW 520D –un modelo de más de 50.000 euros–, bienes inmuebles, títulos no cotizados y ocho fincas situadas en Las Palmas y San Cristóbal de la Laguna. También la Tesorería de la Seguridad Social ha abierto un procedimiento ejecutivo.

Y con el fin de evitar que ambos organismos cobren, el fiscal cree que Miguel Ángel Ramírez ha diseñado toda una red de operaciones de desvío de fondos y bienes desde SIC hacia sus otras empresas, ayudado por el resto de las personas implicadas.

Una de esas acciones es la venta de acciones de la Unión Deportiva Las Palmas, club de Segunda División que preside Miguel Ángel Ramírez, que figuraban en poder de SIC. La Agencia Tributaria dictó su embargo en noviembre de 2017, pero no pudo llevarlo a cabo porque SIC se las había vendido a Ramírez, por su importe nominal, inferior al real, lo que la Fiscalía tacha de ilegal. Además, SIC no recibió ni un euro por la venta con el argumento de que Ramírez había prestado antes 200.000 euros a la empresa. Sin embargo, según el ministerio público, la empresa ocultó en sus cuentas que Ramírez también debía a SIC dos millones de euros, una deuda cuya devolución se aplazó hasta 2035.

Otra operación bajo sospecha fue la venta de la cartera de clientes de SIC la venta de la cartera de clientes de SICa otra de las empresas del grupo oculto de Miguel Ángel Ramírez, Sinergias de Vigilancia y Seguridad. En teoría, por un precio de 37,44 millones de euros, que debía abonar en 60 cuotas de 624.000 euros cada una. Pero tampoco ha pagado, como denunciaba también en su informe el administrador concursal de SIC el pasado mes de noviembre. El fiscal asegura que Ramírez utilizó a Sinergias de Vigilancia para “despatrimonializar” SIC, tras venderle su principal activo, la cartera de clientes que le suministraba la mayor parte de su facturación.

Empleada y accionista

Así, el ministerio público desenreda la trama que une a ambas empresas. El 99% de SIC pertenece a Miguel Ángel Ramírez, mientras que el 99% de Sinergias aparecía a nombre de Alicia Rosa Pérez Sánchez y el 1% restante, al padre del empresario, Francisco Segundo Ramírez Méndez. Alicia Rosa Pérez es trabajadora de SIC, con un sueldo de 24.000 euros netos y una cuenta bancaria con un saldo medio de 1.304 euros en 2012 y saldo negativo al finalizar ese año. Eso no le impidió comprar las acciones de Sinergias de Vigilancia por 59.000 euros en 2013, unos fondos de origen desconocido según el fiscal, y desembolsar otros 5.940 euros para adquirir 99 acciones de Servicios de Vigilancia y Seguridad Servicios Auxiliares SL, también propiedad del padre de Ramírez.

Aunque la vinculación entre ambos parece aún más estrecha. Alicia Rosa Pérez es la “beneficiaria de una tarjeta de crédito muy exclusiva, denominada America Express Centurion y sin límite, cuyo titular es Miguel Ángel Ramírez”, destaca la Fiscalía. A partir de 2015, además, Pérez Sánchez comienza a cobrar tanto de Sinergias de Vigilancia como de Gestiones y Asesoramientos 3000 SA, cuyos socios son los dos primos del empresario, Jorge y Manuel Hernández Ramírez, pero cuya propiedad real el fiscal no duda en atribuir al propio empresario. Es más, Alicia Rosa Pérez vive en un inmueble en Las Palmas cuyo titular es Gestiones y Asesoramientos 3000 SA. El ministerio público termina su perfil de Pérez Sánchez destacando que, pese a ser administradora de Sinergias de Vigilancia, los seguimientos a que fue sometida por los agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera –que depende de la Agencia Tributaria– revelaron que no iba nunca a las oficinas de la empresa. En resumen, la Fiscalía intenta fundamentar que la mujer es una testaferro de Miguel Ángel Ramírez.

Lo mismo sucede con su padre, Francisco Segundo Ramírez, jubilado desde 2013 pero a sueldo tanto de SIC como de Sinergias de Vigilancia a partir de marzo de 2015 por un 25% de la jornada. Después pasó a cobrar sólo de la segunda empresa, 95.000 euros al año, pese a que el sueldo para el cargo de administrador es inferior, 56.314 euros. Tampoco al padre del empresario lo vieron jamás los agentes de Vigilancia Aduanera entrando o saliendo de las oficinas de la empresa que le pagaba.

Conexiones entre las tres empresas

Pese a que Ramírez siempre ha negado cualquier relación tanto con Sinergias como con Marsegur-Novo Segur, los sindicatos no se han cansado de repetir que el empresario canario las utilizaba como marcas blancas. Estas y SIC han sido blanco de sus denuncias durante años por recortar los salarios de los vigilantes hasta un 40% respecto al convenio del sector. Los convenios de empresa de las tres han sido anulados por el Tribunal Supremo, el último, el de Sinergias de Vigilancia, el pasado 22 de febrero. El informe del fiscal destapa los múltiples lazos entre ellas. Las marcas “Sinergias de Vigilancia y Seguridad” y “Sinergias de Vigilancia y Seguridad Servicios Auxiliares” figuraron hasta 2017 a nombre de Ramírez y desde esa fecha, al de Alicia Rosa Pérez. SIC es titular de los dominios de internet svs.com.es y marsegur.es. Los teléfonos móviles de esas empresas están dados de alta en Vodafone a nombre de SIC, que los pagaba con una cuenta de su propiedad en el Banco Santander. El autorizado de Sinergias de Vigilancia para acceder al sistema RED de la Seguridad Social es Mar Asesores y Consultores, de la que han sido administradores únicos Miguel Ángel Ramírez, Mara Rosa Marrero, Gladys Jesús Acosta, a su vez apoderada de Marsegur desde julio de 2015, y finalmente Jorge Hernández Ramírez, uno de los primos del empresario canario.

Pero SIC vendió su cartera de clientes no sólo a Sinergias de Vigilancia, sino también a Marsegur y a Transportes, Depósitos y Manipulados de Seguridad SA. Alicia Rosa Pérez compró igualmente 100 acciones de Marsegur, donde aparecía como apoderada hasta un mes y medio antes de adquirir los títulos de Sinergias de Vigilancia ya citados. Las oficinas en Las Palmas y Madrid de Marsegur están ubicadas en inmuebles propiedad de Gestiones y Asesoramiento 3000 SA.

Transportes, Depósitos y Manipulados de Seguridad SA está participada por el grupo Ralons –propiedad de Miguel Ángel Ramírez– y su primo Jorge, que también es su administrador y, al mismo tiempo, empleado de SIC. Ramírez fue quien dio de alta esta marca. Su domicilio social se encuentra en las mismas oficinas de SIC y de Gestiones y Asesoramiento 3000 SA. El fiscal explica que la empresa no tuvo actividad alguna hasta que en febrero de 2018 SIC le cedió parte de sus clientes y se dieron de alta en ella 18 personas que trabajaban para SIC, declarada en concurso sólo un mes antes.

El centro de la trama: una asesoría que acumula inmuebles

Por lo que respecta a Gestiones y Asesoramiento 3000 SA, el ministerio público deja claro que no se dedica a realizar trabajos de asesoramiento, sino que es un “mero titular de los bienes y fondos desviados del entramado societario” de Ramírez. Sus socios, los primos del empresario, son al mismo tiempo empleados de la supuesta asesoría, con sueldos de 32.324 y 49.420 euros cada uno. En sus declaraciones de patrimonio cifran en sólo 2.000 euros –Jorge– y 20.000 euros –Manuel– el dinero que guardan en sus cuentas bancarias. Pero el fiscal asegura que sólo en acciones de Gestiones y Asesoramiento 3000 SA poseen  10 millones de euros el primero y cinco millones el segundo. Según la Fiscalía, la empresa declara unos activos por importe de 44 millones de euros y un patrimonio de más de 21 millones. Además, el propio Miguel Ángel Ramírez cobró de esta empresa 316.684 euros en 2016 por “asesoramiento”.

El ministerio público constata una irregularidad más: en teoría, Gestiones y Asesoramiento 3000 presta servicios a SIC por una tarifa que equivale al 1,35% de su volumen de negocio, según establece el contrato entre ambas empresas. Pero en 2016 Gestiones y Asesoramiento, que facturó ese año 95,01 millones de euros, pagó a la empresa de seguridad 2,05 millones de euros; es decir, un 60% más de lo que debería. En 2017, le ingresó 2,02 millones, para un volumen de negocio de 71,16 millones. Además, resalta el fiscal, Gestiones y Asesoramiento no asesoraba a SIC, sino que ese trabajo lo realizaban “terceras empresas”.

Otro vínculo: Gestiones y Asesoramiento avaló a SIC ante el BBVA por 700.000 euros en una operación de factoring – una empresa traspasa el cobro de facturas a su favor y a cambio obtiene de forma inmediata el dinero de esas operaciones con un descuento–. El informe del fiscal llega a calificar de “inaudito” que Gestiones y Asesoramiento 3000 constituyera una hipoteca sobre un inmueble de su propiedad para garantizar un préstamo que se le concedió a SIC.

Pero la parte más sustanciosa de la actividad de esta asesoría se refiere, en realidad, al patrimonio que gestionaba. A su nombre han llegado a figurar hasta 128 fincas. Una de ellas, “bastante lujosa” y situada en San Bartolomé de Tirajana, resalta el fiscal, está cedida en arrendamiento con opción de compra a SIC desde 2008 por una renta mensual de 25.000 euros. El inmueble sólo puede destinarse a vivienda, no a oficina o comercio. El ministerio público dice que desconoce la finalidad de ese alquiler y el porqué de su elevado precio, “salvo que sea para justificar traspasos de dinero desde SIC hasta Gestiones y Asesoramiento 3000”.

El divorcio de Ramírez

Esta sociedad también era dueña de un inmueble en la calle de Serrano de Madrid, en plena milla de oro de la capital, que vendió a Marmotor, otra empresa propiedad al 99,64% de Miguel Ángel Ramírez. El precio fue de 1,5 millones de euros, pero el pago de 1,1 millones se difirió hasta el 31 de diciembre de 2025 y, “sorprendentemente”, precisa el fiscal, no se exigió ninguna garantía. Tampoco fue requerida garantía en las ventas de un ático en Las Palmas y otro inmueble en la misma ciudad adquiridos por Ramírez a esta empresa en diciembre de 2015. Ramírez se subrogó en el préstamo hipotecario y el resto del pago, 408.496 euros, quedó aplazado hasta febrero de 2018 en el primer caso y 204.659 euros, hasta junio de 2024 en el segundo. Lo curioso es que ambas viviendas fueron adjudicadas a la esposa de Ramírez, Margarita Robayna, como parte del acuerdo de divorcio, el 1 de diciembre de 2015.  Y la operación de compra tiene fecha de 22 días después. El País publicó en diciembre de 2016 las sospechas de la Fiscalía de que el empresario había simulado el divorcio para ocultar su patrimonio.

Otro intento de ocultación detallado por el ministerio público se refiere a La Milagrosa Lomo de Báez, una finca valorada en 1,62 millones de euros que Ramírez ha donado a la Fundación Canaria Ralóns, de la que es patrono y cuyo domicilio se encuentra también en las oficinas de SIC. Allí es donde vive el empresario, asegura el fiscal. Según su informe, con esa donación, Gestiones y Asesoramiento 3000 no sólo desvía patrimonio sino que además elude el pago de una deuda de 448.082 euros que mantiene con la Seguridad Social por no ingresar las cotizaciones de sus trabajadores durante cinco meses de 2017 y 2018.

La mala situación económica que arrastra SIC no le impidió comprar 16 BMW entre 2014 y 2017. Trece de ellos los traspasó a Marmotor, algunos sólo 10 días después de su adquisición, otros al cabo de un mes. Marmotor, dice el fiscal, los cede luego a terceros, que no identifica. En 2014 SIC hizo compras a esta empresa por importe de 533.453 euros y en 2016, por otros 343.000.

El declive de un grupo basado en el bajo coste

Tras dar el salto a la Península y convertirse en una de las adjudicatarias favoritas de las administraciones, con contratos millonarios en el Metro de Madrid, el Ministerio de Defensa y Patrimonio Nacional, el Ministerio de DefensaSIC llegó a superar los 2.500 trabajadores. Pero su política de salarios mínimos la arrastró a los tribunales. A Miguel Ángel Ramírez lo demandaron sus vigilantes, pero también la Agencia Tributaria y la Seguridad Social. De momento, ha pagado en reclamaciones salariales de sus trabajadores 3,3 millones de euros, según consta en el informe del concurso de acreedores de SIC. A la Seguridad Social le ha abonado cuatro millones más por las cotizaciones sociales de los vigilantes que no pagó en su día. Además, la Agencia Tributaria le reclama ocho millones de euros por retenciones del IRPF de sus trabajadores que no ingresó al camuflar parte de los salarios como dietas.

Aunque el protagonismo de Ramírez en los medios de comunicación tuvo que ver en un primer momento con una condena del Tribunal Supremo por delito urbanístico y a su aparición en las listas de donantes del Partido Popular. Sus buenas relaciones con el ministro de Industria José Manuel Soria levantaban sospechas. Ramírez también utilizó el método Villarejo y grabó conversaciones con el juez Salvador Alba y otros magistradosel juez Salvador Alba, así como a dos tenientes coroneles que le pedían sobornos para conseguir contratos en el Ministerio de Defensa y que terminaron condenados.

Ahora todas sus empresas están en horas bajas. El Supremo ha anulado los convenios colectivos que le permitieron ganar concursos públicos con los salarios más bajos. Ha perdido sus principales contratos con las administraciones y se ha replegado a Canarias. SIC está en manos de su antiguo administrador, Héctor de Armas, que acusa a Ramírez de hundir la empresa. Y Sinergias y Novo Segur –también en concurso de acreedores– deberán afrontar el pago de los sueldos que sus trabajadores les reclamen en los juzgados y que ambas firmas les escatimaron privándoles del convenio sectorial. Todo ello sin contar con las responsabilidades que se deriven de las investigaciones judiciales en curso.

El enésimo ejemplo (y quizás uno de los más nauseabundos) es el que estos días ocupa el centro del escenario político y mediático: los audios extraídos de la grabación de un largo almuerzo (privado) del año 2009 en los que se escucha a la actual ministra de Justicia, Dolores Delgado, decir unas cuantas barbaridades sobre las cuales la protagonista ha dado versiones contradictorias que no la han ayudado precisamente en la gestión de la crisis. Ahora bien: ¿es el ‘escándalo Delgado’ mínimamente comparable a los que han protagonizado en los últimos años dirigentes del PP o asistimos a una “caza de brujas” (como la ha definido Baltasar Garzón) en la que se trata de forzar a cualquier precio la caída de la ministra para precipitar el final inmediato del Gobierno Sánchez?

Al grano:

1.- Dolores Delgado debería haber afrontado toda la verdad desde el minuto uno. La percepción pública sería distinta si hubiera reconocido una relación de cierta confianza con el ínclito Villarejo, que había compartido mesa y mantel con él y con otros miembros de la cúpula de la Policía de entonces a invitación del juez Baltasar Garzón, que en aquella fecha, por cierto, estaba en camino de ser liquidado en la carrera judicial tras la apertura del sumario de la GürtelGürtel y la posterior "osadía" de abrir la puerta de la justicia a las víctimas del franquismo.

2.- Tiene toda la razón Delgado, y cualquier otra persona en su lugar, al indignarse ante la violación de su derecho a la intimidad por ser grabada sin su consentimiento en un almuerzo particular y sobre cuestiones ajenas a sus responsabilidades como fiscal de la Audiencia Nacional. Hasta donde ahora mismo conocemos, en aquella sobremesa Delgado expresó algunas opiniones más que reprochables, pero no hay contenido ilícito que la implique. Al menos hasta el momento.

3.- Se ha equivocado Delgado, en mi modesta opinión, no sólo por no contar toda la verdad desde un minuto después de hacerse pública la primera grabación, sino por comparar su caso con el de Juan Carlos I. Un primer comunicado oficial de Justicia la presentó como víctima de “un ataque al Estado y a sus instituciones. Primero cargó [Villarejo] contra la Jefatura del Estado con grabaciones relacionadas con el rey emérito. Ahora ataca al Ejecutivo en la persona de la ministra de Justicia”. ¿Acaso alguien ha relacionado a Delgado con cuentas en Suiza o con comisiones por contratos del AVE a La Meca? No. Y es una diferencia fundamental. Que el juez haya dado carpetazo al asunto de las grabaciones de Villarejo a Corinna no cierra en absoluto las dudas sobre la actuación del rey emérito, hasta el punto de que la propia Fiscalía Anticorrupción mantiene abierta la investigación sobre las citadas comisiones.

4.- El Partido Popular y Ciudadanos se han lanzado a la yugular de Dolores Delgado y por elevación a la de Pedro Sánchez exigiendo “elecciones ya” con el argumento de que “no hay Gobierno que resista tres dimisiones en poco más de cien días”. Es un ejercicio de cinismo meridiano. Efectivamente para que esto ocurra tiene que haber dimisiones, es decir asunción de responsabilidades cuando un servidor público es sorprendido en actuaciones incompatibles con sus obligaciones en el cargo. Lo reprochable no es que hayan dimitido Màxim Huerta y Carmen Montón por diferentes y justificados motivos, sino que en su día un presidente del Gobierno fuera sorprendido enviando mensajes de apoyo y ánimo a su tesorero cuando toda España sabía ya que era un presunto delincuente; que un ministro del Interior encargara operaciones ilícitas con dinero público contra dirigentes de otros partidos; que un ministro de Justicia intentara influir en los fiscales para favorecer al presidente murciano del PP… y así hasta la reprobación parlamentaria de cinco responsables de carteras del Ejecutivo de Rajoy. Sin una sola dimisión (aparte de la de José Manuel Soria, después de mentir más y con más torpeza y desparpajo que el padre del cantante Luis Miguel).

5.- Con José Manuel Villarejo no ha comido sólo la ministra Delgado o el juez Garzón. Hasta Pablo Casado compartió mesa y mantel. Con este individuo que llevaba una grabadora puesta como si fuera su propio ombligo han mantenido relaciones interesadas políticos, empresarios y periodistas que hace ya meses que andan temblando ante la posibilidad de ver sus confesiones, devaneos o intimidades tendidas a la luz del patio vecinal en cualquier momento. Lo cual no significa que todas las filtraciones provengan del propio Villarejo. Las cloacas del Estado no son unipersonales, y por tanto, una vez intervenida su inmensa fonoteca, la utilización troceada de la misma puede responder a intereses diversos. En batallas judiciales o partidistas que vienen de muy lejos y pretenden condicionar futuras decisiones en esos ámbitos.

6.- Lo más preocupante y trascendente es que las alcantarillas del Estado que han funcionado en modo mafioso durante décadas sigan condicionando la agenda política, y que sus efectos se entrecrucen con los intereses de una oposición dispuesta a utilizar cualquier instrumento para tumbar el Gobierno actual y bloquear el funcionamiento de las instituciones. Mientras a todas horas se escuche ese vulgar “¡Un maricón!” en boca de una ministra que ni soñaba serlo cuando cometió el dislate, no quedará espacio mediático para denunciar el hecho indiscutible de que PP y Ciudadanos usan la Mesa del Congreso y la capacidad de veto en el Senado para impedir unos Presupuestos en los que Bruselas ya había aceptado 6.000 millones de euros más para gasto social.

Se escuchan estos días expresiones gruesas, imitadas sin disimulo de las que en su día empleaba la oposición de izquierdas contra los desmanes explicados negro sobre blanco en la sentencia de la Gürtel. Hablan de “gobierno de la vergüenza”, gritan “¡dimisión, dimisión!” y “¡elecciones, elecciones!” a todas horas. Pretenden por enésima vez instalar que “es lo mismo” y “todos son iguales”, con una irresponsabilidad democrática cuyos daños podrían ser irreversibles. Pues no. No es lo mismo. Y convendría que quienes votaron en su día la moción de censura se esforzaran en demostrar que no sólo estaban de acuerdo en echar a Rajoy sino en apostar por una regeneración que, entre otras muchas cosas, debe anular de una vez por todas los poderes ejercidos por las cloacas del Estado.

Màxim Huerta ha sido el último cargo político en dimitir por fraude fiscal. Pero antes que él la lista de los que fueron acusados, juzgados y condenados, de los que dimitieron y de los que no, es ésta:

  1. MIGUEL ARIAS CAÑETE

El comisario europeo y exministro de Agricultura Miguel Arias Cañete simuló gastos en Ceuta en 2013 cuando en realidad trabajaba en Jerez de la Frontera (Cádiz). Consiguió así ahorrarse 14.451 euros. La Agencia Tributaria abrió una inspección y le obligó a pagar esa cantidad. Cañete presentó un recurso judicial, pero el tribunal le dio la razón al fisco. El comisario utilizaba una de sus empresas familiares, Petrolífera Dúcar, con sede en Ceuta y controlada desde Holanda, para deducirse ingresos por actividad en la ciudad autónoma, puesto que la ley del IRPF permite descontarse un 50% en las rentas obtenidas allí. En septiembre de 2014, poco antes de su nominación como miembro de la Comisión Europea, Cañete vendió las acciones que conservaba en Petrolífera Dúcar: un 2,5%.

Además, su esposa, Micaela Domecq Solís-Beaumont, se acogió a la amnistía fiscal aprobada por el Ejecutivo del PP. La empresaria apareció en el listado de Personas Políticamente Expuestas (PEP, en sus siglas en inglés) que la Agencia Tributaria remitió al Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) ante la posibilidad de que Domecq obtuviera sus fondos de la actividad política de su marido. Domecq es miembro de una familia de terratenientes de Jerez de la Frontera. Junto a 12 miembros de su familia, fue apoderada de una compañía con sede fiscal en Panamá, según se desprende de la investigación de los papeles de Panamá, liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.

  2. JUAN CARLOS MONEDERO

Juan Carlos Monedero dimitió como secretario de Programa de Podemos en abril de 2015, tres meses después de revelarse que había cobrado 425.150 euros por trabajos de asesoría a los gobiernos de Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua. Una cantidad que percibió a través de su empresa, Caja de Resistencia Motiva2 Producciones SL. Esta sociedad, que carecía de empleados, facturó los trabajos tres años después de su realización. Profesor de Ciencia Política en la Universidad Complutense de Madrid, Monedero elaboró esos informes como parte de un proyecto para implantar una moneda común en Latinoamérica en 2013. El exdirigente de Podemos regularizó su deuda con Hacienda en febrero de 2015, pagando 200.000 euros por el IRPF no abonado dos años atrás.

  3. JOSÉ MANUEL SORIA

José Manuel Soria dimitió como ministro de Industria en abril de 2016. Su nombre había aparecido en los papeles de Panamá: fue administrador en 1992 de una sociedad registrada en Bahamas, tal y como constaba en documentos del despacho de abogados Mossack Fonseca. La compañía offshore era una sociedad consignataria con la que había trabajado la empresa de su familia. “Desmiento total y rotundamente que tenga absolutamente nada que ver con ninguna sociedad radicada en Panamá ni en ningún otro paraíso fiscal”, fue su primera declaración. Después se descubrió que también había sido administrador junto a su hermano Luis de una sociedad en la isla británica de Jersey, Mechanical Trading Limited. Cuando se disolvió, en 2002, “los dos administradores, que hasta ese momento permanecían camuflados bajo un entramado fiduciario, firman bajo su propio nombre”. La rúbrica de Soria aparece en la disolución, con fecha de 27 de noviembre de 2002. Por entonces, el titular de Industria era alcalde de Las Palmas.

Ya eran dos paraísos fiscales y Soria había mentido. El PP le retiró su apoyo y terminó renunciado a su cargo. Pero cinco meses después, el Gobierno intentó que fuera nombrado director ejecutivo del Banco Mundial, pero el escándalo subsiguiente le obligó a renunciar.

  4. JOSÉ MANUEL VILLEGAS

El número tres de Ciudadanos, José Manuel Villegas, fue embargado por Hacienda en 2014. El motivo fue el impago de unas cuotas del IVA de su empresa Mabex Gestión SL, de la que es administrador único y que fue contratada por Ciudadanos para hacer labores de asesoría. Además, la sociedad recibió una notificación de embargo de la Seguridad Social por una deuda de 1.027 euros, que luego pagó.

El nombre de la empresa apareció en un informe de la Sindicatura de Cuentas –el equivalente catalán del Tribunal de Cuentas–, que detectó facturas de Ciudadanos a favor de dos sociedades que tenían como administradores únicos a dos miembros del partido. Según el documento, se abonaron 32.200 euros en concepto de asesoría y consultoría “en el ámbito de la organización interna del partido” y 22.624 “en concepto de secretaría general”. Tal y como publicó entonces infoLibre, esas compañías pertenecían a dos personas de la máxima confianza de Albert Rivera: José Manuel Villegas y Matías Alonso, secretario general del partido.

  5. JORDI CAÑAS

Otro cargo de Ciudadanos, el exdiputado catalán Jordi Cañas, fue finalmente absuelto por un juzgado de Barcelona tras ser acusado por la Abogacía del Estado de un delito contra la Hacienda Pública. Aunque la Fiscalía retiró los cargos contra él, fue juzgado por una factura supuestamente falsa que la empresa de su excuñado le había girado por unos servicios de asesoría inmobiliaria inexistentes. La acusación argumentaba que la factura, de 100.000 euros, formaba parte de un entramado societario que había permitido a su familiar político defraudar 429.000 euros en 2005. La sentencia, sin embargo, le absolvió al considerar que esa factura no había sido utilizada en el fraude fiscal.

Sin embargo, el exdiputado ya había abandonado su escaño en la Cámara catalana tras ser imputado. Medio año después Ciudadanos lo recolocó como asesor del partido en el Parlamento Europeo.

  6. VICENTE ALBERO, mariano rubio, alejandro pedrós

El ministro de Agricultura Vicente Albero dimitió en 1994 cuando se supo que el banco Ibercorp, implicado en uno de los mayores escándalos de corrupción de los gobiernos de Felipe González, le había gestionado una cuenta. En ella había depositado la indemnización que le pagó la textil Marie Claire tras ser despedido. Con ese dinero, Albero compró a través de Ibercorp, propiedad del entonces síndico de la Bolsa de Madrid Manuel de la Concha, pagarés del Tesoro que no fueron declarados a Hacienda. La inversión alcanzaba los 222.369 euros, 37 millones de pesetas de la época.

El fraude se descubrió al investigar a De la Concha por su implicación en el caso que protagonizó el exgobernador del Banco de España Mariano Rubio, también acusado de fraude fiscal. Rubio, la primera autoridad monetaria de España entre 1984 y 1992, ocultó más de 10 millones de pesetas –60.000 euros— a Hacienda, mediante una cuenta en dinero negro también en el banco Ibercorp. Dimitió en 1992 y en 1994 permaneció dos semanas en prisión.

Igualmente abandonó su cargo el presidente del Instituto de Crédito Oficial (ICO) en 1999, Alejandro Pedrós Abelló, ya con el Gobierno de José María Aznar. La Fiscalía de Barcelona el imputó por haber ocultado a Hacienda las plusvalías obtenidas  por un empresario, Armando Lausaca, en la venta de la cadena de tiendas Massimo Dutti a Inditex. Pedrós Abelló, que era asesor fiscal de Lausaca, tiene en común con Màxim Huerta la brevedad de su cargo: presidió el ICO menos de una semana.

  7. CARLOS FABRA

De hasta cinco delitos fiscales fue acusado el expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra. En 2011 el Tribunal Supremo ordenó  reabrir estas causas contra quien también presidía el PP en esa provincia. La sentencia dejaba así sin efecto la decisión de la Audiencia Provincial de Castellón, que había archivado el proceso por considerar prescritos cuatro de esos cinco delitos. El Alto Tribunal constató el “irregular incremento patrimonial” tanto de Fabra como de su esposa, hijos y las sociedades que todos ellos. Los delitos, además, afectaban al impuesto de sociedades, el IVA y el IRPF entre 1999 y 2004. Tres años después, la causa ya había vuelto al Supremo, que terminó condenando al político del PP a cuatro años de cárcel por cuatro delitos fiscales y a un año a su ya exmujer. En diciembre de 2014 ingresó en la prisión de Aranjuez (Madrid) por haber defraudado al fisco 693.000 euros. En 2017 dejó la cárcel tras acceder al tercer grado.

  8. JOSÉ MARÍA AZNAR

Aunque ya no se encontraba en activo, el expresidente del Gobierno José María Aznar fue multado por la Agencia Tributaria en abril de 2016 por utilizar una sociedad para pagar menos impuestos por sus ingresos. Quien fue su ministro, Cristóbal Montoro, abrió en 2014 una inspección a la sociedad Famaztella –creada con su mujer, Ana Botella– para facturar sus actividades profesionales. Con ella tributaba a través del impuesto de sociedades y no del IRPF. Éste tenía entonces un tipo máximo del 45%, pero el de sociedades no superaba el 25%.

Como consecuencia de la indagación en los ejercicios fiscales de 2011 y 2012, Aznar tuvo que pagar una multa de 70.000 euros y abonar una liquidación complementaria de casi 200.000 euros. El expresidente, que es inspector de Hacienda, creó Famaztella en 2004, tras abandonar La Moncloa. A través de ella gestionaba los ingresos procedentes de sus libros y conferencias.

La planta sexta de la sede de la empresa semipública Cesce en la calle de Velázquez de Madrid acogió este pasado lunes una comida en la que participaron un puñado de la élite de los economistas del Estado. Entre otros, asistieron el ex ministro de Economía Luis de Guindos, el gobernador del Banco de España, Luis Linde; el exministro de Industria José Manuel Soria, el actual presidente de Cesce, Álvaro Rengifo, y el primer presidente de la empresa con el PP, Álvaro Bustamante de la Mora.

Todos ellos tienen en común pertenecer al Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado. De Guindos, Soria y Rengifo, además, pertenecen a la misma promoción, la de 1984. Linde, a la de 1969 y Bustamante, a la de 1974.

Según ha confirmado Cesce a infoLibre, se trató de una “comida particular”, cuyo coste no corrió a cargo de la empresa semipública, sino que pagaron cada uno de los participantes. “Se reúnen de vez en cuando, como amigos, y había más personas”, aseguran fuentes de Cesce en referencia a los técnicos comerciales y economistas del Estado, conocidos coloquialmente como tecos. El motivo de que la comida privada se celebrara en la sede de la empresa semipública no fue otro que “evitar desplazamientos al presidente [Álvaro Rengifo], que tenía una reunión urgente con empresarios extranjeros por la tarde”.

Los tecos, un total de 464 según ATCEE, la asociación que los agrupa, integran uno de los cuerpos de altos funcionarios de la Administración, junto con los abogados, interventores y auditores y estadísticos del Estado, por ejemplo. Conforman una élite administrativa que ha terminado desempeñando también puestos políticos de primera línea. Como ocurre con buena parte de los abogados del Estado, es habitual que muchos tecos pidan excedencias para trabajar en el sector privado o bien pasar a la alta gestión política.

Son tecos los exgobernadores del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez, Jaime Caruana y Luis Ángel Rojo; el ministro de Energía Álvaro Nadal y su hermano Alberto, secretario de Estado de Presupuestos, o los ex ministros socialistas de Economía Pedro Solbes y de Administraciones Públicas Jordi Sevilla, y el ex secretario de Estado de Economía con Carlos Solchaga y ahora vicepresidente del Banco Santander, Guillermo de la Dehesa. También pertenecen al mismo cuerpo el presidente de AENA –y anterior presidente de Cesce–, Jaime García-Legaz, el ex presidente de otra empresa pública, Tragsa, Miguel Giménez de Córdoba, el ex secretario de Estado de Economía Íñigo Fernández de Mesa, la vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Emma Navarro, el consejero del Banco de España Fernando Eguidazu…

28,8 millones de euros de beneficios

Cesce es la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación. Se encarga de asegurar el riesgo soberano de España, las operaciones internacionales de las empresas españolas. El Estado posee el 50,25% del capital de la sociedad. El resto se lo reparten el Banco Santander, con un 21,07%; el BBVA, con el 16,3%; otros bancos como el Sabadell suman el 3,9%, y aseguradoras como España SA Compañía Nacional de Seguros tienen el 8,48% restante.

Con una plantilla de 1.400 empleados –sólo 450 de ellos en la matriz española–, la empresa semipública ganó 28,8 millones de euros en 2016, 30,9 millones de euros, de los que repartió como dividendo entre sus accionistas 30,6 millones. En 2014 las ganancias se elevaron a 43,5 millones de euros y repartió dividendos por importe de 10,38 millones. En 2013 tuvo un resultado de 32,7 millones, lo que le permitió repartir unos dividendos de 27 millones de euros.

Además, Cesce es conocida por el sueldo de su presidente que, junto con el de los máximos responsables de la Sociedad de Participaciones Industriales (SEPI) y la Empresa Nacional de Uranio (Enusa), es el más alto de las empresas públicas: 210.000 euros al año.

Privatización aparcada

Fue precisamente el ministro Luis de Guindos quien anunció en noviembre de 2012 la privatización de Cesce. “Su regulación es preconstitucional, por lo que es necesario modernizar este ámbito normativo”, argumentó en el Congreso de los Diputados. La Ley sobre cobertura por cuenta del Estado de los riesgos de la internacionalización de la economía española prevé reducir la participación actualmente mayoritaria del Estado en Cesce y crear un agente gestor que cubrirá los riesgos de las empresas en los mercados exteriores. Durante los primeros siete años, ese agente gestor será Cesce, pero más adelante podrá serlo una empresa privada.

El proceso privatizador comenzó en cuanto el Gobierno contrató a una tasadora, Gesvalt, un despacho de abogados, Pérez Llorca, y una consultora, Pricewaterhouse Coopers, para gestionar la venta. De hecho, se presentaron una treintena de ofertas por Cesce, entre ellas las de Mutua Madrileña y Mapfre, pero también otras del fondo chino Fosun y Coface, el equivalente francés de la aseguradora pública española, que despertaban todo tipo de suspicacias. El precio, entre los 200 millones de euros de una primera valoración hasta casi los 600 millones de la última, realizada por Patrimonio del Estado.

Finalmente, la privatización quedó aparcada en mayo de 2015. La operación no gustaba ni a las empresas exportadoras ni a los propios bancos y aseguradoras presentes en el accionariado de Cesce. En la última presentación de resultados de la empresa, el pasado mes de mayo, su entonces presidente, Jaime García-Legaz aseguró que el Estado había confirmado su voluntad de no privatizar la compañía y de marcar una nueva orientación estratégica que incremente el valor para sus accionistas.

La organización ecologista Greenpeace alertó este viernes de más casos de sequía y déficit de lluvia, principalmente en el noroeste peninsular, si no hay "ambición" política para frenar el cambio climático, en la presentación de su informe Villanos del clima, en el que desvelan quién está detrás del calentamiento global en España. Para denunciar la contaminación que se genera, subrayaron que "ninguna" central térmica española cumple los límites de emisión que se exigirán a partir de 2021.

Lo hicieron sus responsables coincidiendo con la presencia de su barco Esperanza en A Coruña, donde permanecerá atracado unos días para iniciar un recorrido por el Cantábrico bajo el lema Misión salvar el clima.

En rueda de prensa, Tatiana Nuño y Sara Pizzinato, expertas en cambio climático y transición energética, respectivamente, junto al capitán del barco, Fernando Romo, reclamaron políticas que "favorezcan el desarrollo sostenible" y lamentaron las que en esta materia se están promoviendo en España.

Para poner "cara" a los responsables, la organización ecologista ha elaborado el informe Villanos del clima en el que señalan al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que ilustra la portada, como uno de los "villanos".

En la presentación de este informe, Tatiana Nuño lamentó que, para el desarrollo de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, el Gobierno no cuente "con ninguna organización ecologista", y reivindicó que tanto comunidades autónomas como gobiernos locales tienen "herramientas" para luchar contra el cambio climático.

Al respecto, criticó que en "el país del sol" el 85% de la energía que se produce en España "proceda de combustibles sólidos y de energía nuclear". "Con otros cinco países producimos el 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero", expuso.

"Club de villanos" del cambio climático

Para Greenpeace, la lista de "villanos" la encabeza Rajoy por "apoyar la energía nuclear y no poner en marcha un calendario de cierre" de las plantas térmicas de carbón.

Le sigue el titular de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, "el ministro que odiaba a las renovables", según la ONG, que le incluiría en la lista por haber afirmado que "España no dejará de quemar carbón" y por "pretender continuar con las ayudas al sector". Y continúa con su antecesor, José Manuel Soria, "el malo universal", por "crear el impuesto al sol" y "apoyar prospecciones petrolíferas".

Al "club de villanos de Greenpeace" también se suma el responsable de Industria, Turismo y Comercio del PSOE entre 2008 y 2011, Miguel Sebastián, "el ministro de los recortes a las renovables", por aprobar medidas que supusieron un recorte en la eólica y la termosolar de 1.100 millones de euros, y de hasta 2.000 en la fotovoltaica.

Del mismo modo, Rodrigo Rato, "el amigo de las eléctricas", según la organización, que destacó que durante su mandato como vicepresidente del Gobierno liberalizó el sector de la energía con la Ley del Sector Eléctrico creando los Costes de Transición a la Competencia, que provocó el denominado tarifazo eléctrico.

La lista la completan el presidente de Repsol, Antonio Brufau, por "su amor por el petróleo"; el presidente de Endesa, Borja Prado, "el señor de la energía sucia"; el presidente de Gas Natural, Rafael Villaseca, "el amigo de las emisiones"; el presidente de Iberdrola, José Ignacio Sánchez Galán, "el experto en greenwashing"greenwashing, porque su "actividad principal todavía se basa en la quema de combustibles fósiles".

Para terminar la suma de nombres, el director general de la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP), Álvaro Mazarrasa, "el guardián de los petroleros", y el propietario del grupo Alonso-Unión Minera del Norte, Coto Minero Cantábrico desde 1985, Vitorino Alonso, "el temor de la mina".

José Manuel Soria fue designado titular de Industria, Energía y Turismo de España el 22 de diciembre de 2011, en el primer gabinete del recién elegido presidente Mariano Rajoy. Estuvo en el cargo hasta el 15 de abril de 2016, cuando se vio obligado a dimitir de esa triple cartera después de que diversas informaciones periodísticas demostraron que no había dicho la verdad sobre su relación con empresas en paraísos fiscales, a raíz de la publicación de los papeles de Panamá.

Soria está ya alejado de la política. Sin embargo, el libro que está redactando sobre sus vivencias puede que le devuelva de nuevo a los focos. Según adelantó El Mundo, el exministro asegura en esas memorias que las eléctricas iban a su despacho "con reales decretos ya redactados". Lo cierto es que durante su mandato se aprobaron decenas de normas, incluida una gran reforma energética que, sobre el papel, tenía como objetivo reducir el ascendente déficit de tarifa, que alcanzó los 26.000 millones de euros. Lo logró, aunque dejara por el camino otras graves secuelas como la subida del recibo de la luz o el parón a las renovables, que no se reactivaron hasta la pasada primavera.  

Si por algo será recordado Soria será, sin duda, por ser el azote de las energías eólicas, fotovoltaicas, termosolares, de biomasa, cogeneración, hidráulicas y las que funcionan con residuos, a las que recortó 1.700 millones de euros a través de un nuevo régimen retributivo que supuso una moratoria a la instalación de nueva potencia renovable con primas.

En el sector de las energías limpias mantienen que se paralizaron las renovables para no perjudicar a las compañías eléctricas. Estas pretendían "ganar tiempo" manteniendo a pleno rendimiento las centrales de ciclos combinados para amortizarlas unos años más más y para prepararse para copar el mercado renovable en el futuro, con el riesgo de que se genere un nuevo oligopolio, según señala una fuente del sector. 

Las consecuencias de ese parón, no obstante, se dirimirán en el foro de arbitraje del Banco Mundial donde hay acumuladas casi una treintena de demandas de empresas extranjeras por el cambio en las reglas del juego dictadas por el Gobierno español. De hecho, sólo hasta el pasado febrero España acumulaba gastos de casi nueve millones de euros en asesorías externas para defenderse de esos procesos arbitrales internacionales. Y el único laudo dictado hasta el momento no ha sido positivo para España, que fue condenada el pasado mayo a indemnizar con 128 millones al fondo británico Eiser por sus fallidas inversiones en tres plantas termosolares por el fin de las primas. 

También fueron controvertidas las medidas sobre el autoconsumo eléctrico a través de sistemas como los paneles fotovoltaicos llevadas a cabo durante el mandato de Soria. Especialmente, el gravamen al autoconsumo de la energía que se produce desde esos paneles para los consumidores que no tienen instalaciones totalmente aisladas de la red, que tienen que seguir pagando los costes regulados del sistema y sus impuestos correspondientes igual que el resto de clientes.

El decreto sobre autoconsumo tampoco incluyó una de las principales demandas del sector fotovoltaico y los defensores del autoconsumo, el llamado balance neto, que consiste en que los usuarios de placas puedan verter a la red el excedente energético y luego recuperarlo en las horas sin sol a cambio de alguna cuota de mantenimiento o una compensación. De hecho, el Gobierno vetó el pasado enero una proposición de ley que abogaba por un autoconsumo eléctrico sin cargos –apoyada por todos los partidos políticos, excepto el PP y Foro Asturias– con el argumento de que se dejarían de recaudar 162 millones de euros anuales. 

Fuentes del sector sostienen que aunque el autoconsumo es "poca amenaza" para las grandes eléctricas –entre los usuarios domésticos instalar una placa supone una inversión considerable y en los entornos urbanos, donde vive la gran parte de la población, la superficie solar por vivienda es muy pequeña– las grandes del sector sí han mostrado reticencias a los "autoconsumos colectivos". Por ejemplo, que las empresas que conforman un polígono industrial monten un parque solar. 

Interrumpibilidad y auditoría 

El paquete de la reforma eléctrica también incluyó cambios en la adjudicación de la llamada interrumpibilidad, los pagos a industrias con consumo intensivo de electricidad a cambio de que se comprometan a detener su actividad en picos de demanda y que permiten que grandes consumidores como Alcoa, Acerlor Mittal, Ercros o Cemex tengan descuentos de millones de euros en la factura. A cambio, se comprometen a asegurar el funcionamiento de la red en caso necesario. 

Pues bien, Soria y Nadal idearon cambiar el anterior sistema de adjudicación directa por otro de subasta ciega e individualizada en el que los pujadores no conocían la oferta de los demás. Esa primera operación se cerró con éxito desde el punto de vista del ahorro –de 550 millones a 350–, pero soliviantó a multinacionales como Alcoa, que amenazó con miles de despidos porque alguna de sus plantas se quedaron fuera.  Al final, el ministerio acabó cediendo y apenas un mes después de esa primera subasta anunció el reparto de otros 200 millones de euros más en ayudas eléctricas. Desde entonces ha habido otras dos grandes subastas más en las que se adjudicaron 1.028 millones de euros. Por tanto, la rebaja respecto al sistema anterior ha sido de apenas 72 millones de euros, un 4,4%. 

Por otro lado, durante el mandato de Soria tampoco se realizó una auditoría del conjunto de los costes integrados en la tarifa energética y, en concreto, de los costes reales de generar electricidad, como vienen reclamando de forma reiterada los expertos. El pasado enero, ante la reclamación de un análisis profundo del sector por parte de la mayor parte de los grupos de la oposición, su sucesor, Álvaro Nadal, aseguró que este trabajo ya se había hecho en 2013. No obstante, en aquel momento lo que se realizó fue un estudio sobre los nuevos parámetros de retribución de las renovables. No se analizó el sistema en su conjunto.

Los expertos argumentan que la desconfianza que genera el sistema en los consumidores es consecuencia, en parte, del hecho de que cinco grandes empresas –Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, EDP y Viesgo– se encarguen de producir y venderse a ellas mismas la energía. Esas mismas cinco compañías controlan, además, el 95% del mercado doméstico. Los costes de generación suponen alrededor del 35% de la factura, mientras que el 65% son los llamados costes regulados, que son los que fija el Gobierno. 

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, evitó este lunes responder de manera directa a la pregunta de si Mariano Rajoy sigue confiando en él tras su reprobación por el Congreso de los Diputados, las informaciones sobre el despacho de asesoría que fundó y los datos revelados por el exministro José Manuel Soria en sus memorias inéditas. Pero sostuvo que el hecho de que él estuviese en la mesa de la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que había aprobado el techo de gasto "tiene una clave". Es decir, que se siente respaldado por su jefe.

No es ningún secreto que Montoro es uno de los ministros de Rajoy más desgastados. El varapalo del Tribunal Constitucional a la amnistía fiscal y la reprobación parlamentaria consecuencia de esta decisión del alto tribunal han puesto todavía más en el foco al titular de Hacienda. Pero el presidente del Gobierno no parece dispuesto a dejarle caer, cuentan las fuentes del PP y del Gobierno consultadas por infoLibre.

Montoro ha conseguido, argumentan, algo muy complicado en una situación de minoría parlamentaria: sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado para 2017 y está "en vías" de conseguir lo mismo para 2018. "Esto es lo que da verdaderamente oxígeno a Rajoy, lo que le alarga la legislatura", defiende un diputado para ilustrar la confianza del presidente en su ministro de Hacienda.

En todo caso, ¿consideran los conservadores que hay una estrategia de 'fuego amigo' contra Montoro para debilitar, todavía más, su imagen? Las fuentes consultadas coinciden en que no puede hablarse en "sentido estricto" de una campaña desde dentro del PP y del Gobierno para hacer caer a Montoro. "Esto tiene su letra pequeña", considera un destacado dirigente conservador. Y esa "letra pequeña" consiste en el convencimiento en círculos del PP y del Ejecutivo de que "antiguos ministros" de la primera etapa de Rajoy en la Moncloa, con José Manuel Soria a la cabeza, y "altas esferas empresariales" están aprovechando la situación que atraviesa el ministro para "disparar contra él".

"Hace una semanas el foco estaba en Catalá..."

"Están aprovechando el momento. Pero la cosa no va a pasar a de ahí. Hace unas semanas [Rafael] Catalá [el ministro de Justicia] estaba en el punto de mira por las supuestas injerencias de su departamento en la Justicia y ahora le ha tocado a él", interpreta un dirigente regional.

Según informa este lunes el diario El Mundo, Montoro alarmó a Mariano Rajoy con una vieja cuenta suiza de la madre de Soria. Es, al menos, lo que asegura el propio exministro de Industria en un libro inédito del que el citado periódico da algunos detalles.

Dicha cuenta, siempre según la versión del exministro,  ya había sido liquidada y declarada al fisco, pero no quiso tener que informar en el Parlamento sobre las actividades de su madre. A Soria, afirma El Mundo, le pareció indignante la actitud de Montoro y la tomó como un ajuste de cuentas por desencuentros del pasado en el Gobierno.

El libro, que aún no tiene fecha de publicación, está cargado también de críticas contra la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y también contra grandes grupos eléctricos y audiovisuales.

¿La vuelta del G-8?

Las fuentes consultadas no sólo ven a Soria "maniobrando". Subrayan que es posible que esté preocupado por algún asunto que pueda estar a punto de estallarle y que, de paso, esté aprovechando para "saldar cuentas" con Montoro. Pero no descartan, además, la posibilidad de que el llamado"G-8", el grupo de ministros rivales de Santamaría y del propio Montoro de la primera legislatura de Rajoy, esté reactivando sus reuniones.

En todo caso sería un G-8 ya muy reducido en el que los miembros más activos serían el propio Soria, el exministro de Exteriores José Manuel García-Margallo, el exministro de Educación José Ignacio Wert o el extitular del Interior Jorge Fernández Díaz. "Entre algunos de ellos hay cabreo porque no han logrado aquello a lo que aspiraban tras pasar a la segunda línea de la política", coinciden las fuentes. El propio Soria se quedó sin plaza en el Banco Mundial.

El propio Montoro había admitido en rueda de prensa que hay "intereses" para que dimita como ministro de Hacienda como "hay intereses en que no hubiese entrado". "Son los mismos", llegó a decir. "Intereses en esta vida los hay unos y otros y los de más allá", dijo antes de sostener que tiene "mucho trabajo".

El enfrentamiento entre Montoro y Soria vivió un momento clave el mismo día de su dimisión, cuando el ministro responsable de la Agencia Tributaria dijo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que "quien ha operado en paraísos fiscales" no puede "formar parte del Gobierno".

No pasa inadvertido que en el actual gabinete de Rajoy hay ministros enfrentados internamente entre sí: la relación de Montoro y Luis de Guindos no es la mejor, como tampoco es la mejor la relación entre Santamaría, que siempre se ha contado entre los principales apoyos del ministro de Hacienda, y la titular de Defensa, María Dolores de Cospedal. Tampoco pasan inadvertidos los roces entre el titular de Hacienda y exdestacados miembros del PP como Esperanza Aguirre o el expresidente Aznar.

"Conspiraciones empresariales"

La semana pasada, el diario ABC, publicó varias portadas sobre la relación del ministro con Equipo Económico, el despacho que originalmente en 2006 fundó con el nombre de Montoro y Asociados. Unas informaciones tras las que algunos compañeros de partido de Montoro ven "conspiraciones empresariales", el "enfado" de las "altas esferas" por algunas de las políticas adoptadas en sus años en Hacienda.

Precisamente, el Juzgado de Instrucción número 22 de Madrid admitió a trámite la semana pasada la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción contra los integrantes de Equipo Económico por los delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y falsificación de documentos mercantiles y certificados.

El ministro de Hacienda se desvinculó de este despacho dos años más tarde de su fundación, que inicialmente se llamó Montoro y Asociados. Ante las noticias aparecidas en su día sobre este asunto, el propio Montoro señaló que cuando abandonó la consultora pasó a denominarse Equipo Económico y que hasta entonces no había contratado con ninguna administración.

El Mundo también ha desvelado que en 2012 Soria accedió a un correo electrónico del gabinete del ministro de Hacienda con una propuesta para la reforma energética. Esta llegaba con el membrete de Abengoa, cliente de Equipo Económico.

En sus memorias inéditas, el propio Soria menciona algunos episodios empresariales, como sus enfretamientos con los grandes del sector audiovisual por ejecutar la sentencia del TC que instaba a cerrar nueve canales de TDT, algo que, según narra, le llevó a "tensos encuentros" con el presidente de La Razón, Mauricio Casals. Casals ya estuvo en el punto de mira de la operación Lezo y ahora lo está por la operación Hanta.

La Fiscalía Anticorrupción y la Unidad de Delitos Económicas y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional lanzó el pasado jueves un operativo contra el Grupo Zed y la familia al frente de esta empresa, los Pérez Dolset, por dañar a sus accionistas con su concurso de acreedores. Entre los principales querellados se encuentra el hombre fuerte del Grupo Planeta y presidente de La Razón.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, admitió este lunes en rueda de prensa que "hay interés" en apartarle de la vida política. "Sí, eso es la política" dijo resignado antes de añadir que tiene "mucho trabajo" y "una delegación de responsabilidades" y que, por tanto, iba a cumplir con sus responsabilidades "hasta el último momento".

Del mismo modo, consideró que "ya hubo" esos mismos intereses "para que no entrara en política".

Montoro, que fue reprobado por el Congreso de los Diputados la semana pasada por la amnistía fiscal ilegal de 2012, se refería a las informaciones que apuntan a que fue él quien forzó la dimisión del exministro de Industria José Manuel Soria.

Según informa este lunes el diario El Mundo, Montoro alarmó a Mariano Rajoy con una vieja cuenta suiza de la madre de Soria. Es, al menos, lo que asegura el propio exministro de Industria en un libro inédito del que el citado periódico da algunos detalles.

Dicha cuenta, siempre según la versión del exministro,  ya había sido liquidada y declarada al fisco, pero no quiso tener que informar en el Parlamento sobre las actividades de su madre. A Soria, afirma El Mundo, le pareció indignante la actitud de Montoro y la tomó como un ajuste de cuentas por desencuentros del pasado en el Gobierno.

El libro, que aún no tiene fecha de publicación, está cargado de críticas contra la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y también contra grandes grupos eléctricos y audiovisuales.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en la que se aprobó el techo de gasto, Montoro tuvo que hacer frente a varias preguntas de la prensa relacionadas con estas informaciones, con su reprobación y con las noticias aparecidas en la última semana sobre Equipo Económico, el despacho que fundó en 2006 bajo el nombre de Montoro y Asociados.

El titular de Hacienda dijo asumir las críticas, porque, de lo contrario, se habría "pensado" estar en política, una tarea en la que lleva, dijo, desde 1993. Sobre la reprobación, sostuvo "que es un acto democrático" que acepta. Pero insistió en que se trata de algo que afecta "a una acción del pasado", a la DTE [Declaración Tributaria Especial, como el Gobierno llama a la amnistía]. "Y no tiene nada que ver con los Presupuestos", añadió.

Está, dijo, "reprobado por el pasado". Ahora, dijo, está "en el presente" y espera "seguir trabajando en el futuro".

Montoro no quiso decir de forma directa si cuenta con el respaldo de Mariano Rajoy para seguir en su puesto. Pero dio a entender que su presencia en esa rueda de prensa esta una muestra del respaldo del jefe del Ejecutivo. "Estoy aquí", subrayó. "Eso tiene una clave... si no, qué hago aquí. Tengo una responsabilidad que cumplir y la voy a cumplir".

En un par de ocasiones, el responsable del ministerio de Hacienda dijo no estar preocupado ni por su situación ni por las iniciativas de la oposición que afectan a su departamento, como la iniciativa del PSOE para la publicación de la lista de los beneficiarios de la amnistía fiscal. Dijo que ha pasado peores momentos. 

"Yo he estado en esta mesa [la de las ruedas de prensa posteriores al Consejo de Ministros] cuando en este país se destruían 300.000 empleos", sostuvo. Eso sí daba "vértigo", admitió.

Y, sobre su antiguo despacho, dijo no estar dispuesto a rendir cuentas. "No tengo que explicar ninguna actividad" en la que ya no participa. "Lo tendrán que explicar los que están ahí", comentó.

La dimisión del exministro de Industria José Manuel Soria fue forzada por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, quien alarmó a Mariano Rajoy con una vieja cuenta suiza de la madre del primero. Así al menos lo asegura el propio Soria en un libro inédito, según el diario El Mundo,

Dicha cuenta, siempre según la versión del exministro,  ya había sido liquidada y declarada al fisco, pero no quiso tener que informar en el Parlamento sobre las actividades de su madre. A Soria, afirma El Mundo, le pareció indignante la actitud de Montoro y la tomó como un ajuste de cuentas por desencuentros del pasado en el Gobierno.

El libro, que aún no tiene fecha de publicación, está cargado de críticas contra la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y también contra grandes grupos eléctricos y audiovisuales.

Su renuncia

Fuentes cercanas a Soria aseguran que el libro incluye datos inéditos y de gran impacto. En la tarde previa a su renuncia a continuar como ministro de Industria, según esta información, el entonces ministro recibió dos llamadas del presidente del Gobierno.

Rajoy le hizo una primera llamada para preguntarle por un dato de una transferencia que había recibido desde Islandia su esposa, Carmen Benítez. Soria replicó que Benítez, veterana procuradora de profesión, tenía clientes internacionales y recibía pagos perfectamente explicables por sus servicios jurídicos.

El presidente volvió a llamar después. Montoro le había alertado de una cuenta suiza de la madre de Soria, Pilar López. El entonces aún ministro de Industria explicó que era totalmente conocida por Hacienda, porque él mismo y sus hermanos la habían liquidado cuando su madre falleció en 2010 y declarado en el Impuesto de Patrimonio.

La actuación de las eléctricas

Según la versión facilitada a El Mundo, cuando accedió al Ministerio de Industria, los dirigentes de grandes compañías del sector le llevaban reales decretos ya redactados con el argumento de que tenían en su plantilla abogados del Estado que podían ayudar al ministro para acometer la necesaria reforma energética.

Soria les respondió que también había abogados del Estado en el Ministerio que, aunque con menor sueldo, tenían indudable vocación de defensa del interés general.

En su relato también evoca el correo recibido desde el gabinete del ministro de Hacienda con el membrete de Abengoa, la polémica subasta de 2013 que marcaba una subida de la luz del 11% y las trabas de Montoro a sus planes contra las ayudas a las energías renovables.

El sector audiovisual

Soria saca a la luz también la alta tensión que vivió con los grandes grupos audiovisuales del país por su decisión de ejecutar una sentencia del Tribunal Supremo que ordenaba cerrar nueve canales de la TDT. 

El ex ministro apunta especialmente a dos nombres: el entonces presidente del grupo Atresmedia, José Manuel Lara, y el presidente de La Razón, Mauricio Casals, “que a su juicio ejercieron una presión insólita sobre él, particularmente este último”, apoyados según él desde la Vicepresidencia del Gobierno, cuya titular es Soraya Sáenz de Santamaría. 

La Audiencia Nacional ha declarado nulo el convenio colectivo de la empresa Marsegur, a la que el Ministerio de Defensa adjudicó el acuerdo marco para el servicio de vigilancia de sus instalaciones en toda España, un macrocontrato de 16 millones de euros. Es la segunda vez que la Sala de lo Social de la Audiencia anula el convenio de esta empresa, denunciada en repetidas ocasiones por aplicar condiciones laborales low cost a sus trabajadores. También lo hizo con el anterior convenio colectivo el año pasado. Como el tribunal entiende que Marsegur es “reincidente” en el “contumaz incumplimiento” de la ley y repite en este segundo convenio las mismas irregularidades que en el primero, reprocha a la empresa su “mala fe y temeridad” y la condena a pagar una sanción de 6.000 euros y los honorarios de los abogados de la parte contraria.

El convenio colectivo de Marsegur fue denunciado en la Audiencia Nacional por el Ministerio de Empleo, puesto que, a su juicio, no había sido negociado de acuerdo con los requisitos exigidos por el Estatuto de los Trabajadores. De hecho, advertía el departamento de Fátima Báñez en su demanda, había sido negociado sólo por cuatro delegados de personal que no representaban a los 450 trabajadores de los múltiples centros de trabajo que la empresa tiene repartidos por España, ni a la mayoría absoluta de los miembros del comité de empresa.

Marsegur cuenta con 304 trabajadores en Madrid, 30 en Barcelona, 96 en Las Palmas y 20 en Santa Cruz de Tenerife. Los cuatro negociadores del convenio pertenecían a la Central Sindical Obrera Independiente (COI) y Sindicato de Trabajadores Unidos (STU) y únicamente a un centro de trabajo de Barcelona con cuatro empleados y a otros tres de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife.

La sentencia, dictada el pasado día 5, da la razón a Empleo y declara probada la ilegalidad de pretender aplicar el convenio, negociado sólo por cuatro representantes de cuatro centros de trabajo, a todos los centros y a todos los empleados de la empresa, lo que supone un “claro quebranto” del llamado principio de correspondenciaprincipio de correspondencia. Es decir, de “la necesaria congruencia entre el ámbito de representación de los trabajadores y el ámbito de eficacia del convenio”. Exactamente el mismo motivo por que la Audiencia Nacional anuló el anterior convenio colectivo de Marsegur.

El tribunal advierte que los representantes de CSOI y STU, aun ostentando el 40% de la representación en los órganos unitarios –los delegados de personal–, carecen de la “legitimación necesaria” para promover la negociación necesaria por cuanto la ley exige que tengan la mayoría de los miembros del comité para hacerlo.

La sentencia que anuló el primer convenio de Marsegur se encuentra recurrida ante el Tribunal Supremo, pero la Audiencia Nacional recuerda que es “inmediatamente ejecutiva” pese a no ser firme. Es decir, la empresa no puede aplicar el convenio anulado a sus trabajadores mientras se tramita el recurso.

Plus de  nocturnidad de seis céntimos la hora

Marsegur es una de las empresas ligadas al empresario canario Miguel Ángel Ramírez, al igual que Sinergias de Vigilancia y Seguridad y Seguridad Integral Canaria. Todas ellas llevan años en el punto de mira de los sindicatos, y de los tribunales, por sus dudosas condiciones laborales. El Supremo anuló el descuelgue salarial en Seguridad Integral Canaria, el buque insignia de Ramírez, con el que pretendía recortar los sueldos en unos 300 euros al mes a sus vigilantes. El tribunal dictaminó que la medida había sido negociada de forma ilegal: pactándola sólo con un sindicato independiente integrado por mandos intermedios de la empresa.

Es el mismo sistema que el empresario canario ha utilizado para negociar los convenios de Sinergias y Marsegur. Así se garantizaba convenios “a la carta”, ciertamente poco usuales: con 10 años de duración, de los que cinco son de congelación salarial en el caso de Sinergias, y tres en el de Marsegur.

El de Sinergias –también impugnado– fijaba un salario base de sólo 660 euros mensuales brutos, poco más que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y un 27% inferior al establecido en el convenio del sector. Además, sólo paga de plus de nocturnidad seis céntimos la hora, 18 veces menos que las empresas acogidas al convenio estatal. En total, el salario bruto de un vigilante de seguridad de esta empresa se sitúa entre 9.660 y 11.299 euros brutos al año como máximo.

Las condiciones de Marsegur son sólo un poco mejores: el sueldo base alcanza los 726 euros mensuales y el tope bruto anual, los 10.768 euros, un 32% por debajo del convenio sectorial. El plus de nocturnidad, 10 céntimos la hora, 11 veces inferior al fijado en el convenio estatal.

Patronal propia

Como paga sueldos por debajo de convenio, Miguel Ángel Ramírez fue expulsado de la patronal del sector, que le acusa de practicar dumping social, competencia desleal. A continuación, creó la suya propia, Acosepri, integrada únicamente por sus empresas: Seguridad Integral Canaria, Power SIC, Marsegur y Sinergias.

Power SIC pertenece a Ralons, al grupo de servicios de Miguel Ángel Ramírez. En Sinergias figuró hasta el pasado agosto como apoderado el padre del empresario, Francisco Segundo Ramírez Méndez, y aparece como administradora Alicia Rosa Pérez Sánchez, quien a su vez es apoderada de Marsegur. Además, Gladys Jesús Acosta García, otra apoderada de Marsegur, es la administradora única de MAR Asesores y Consultores, de la que también fue administrador único Miguel Ángel Ramírez. Todas ellas están domiciliadas en Las Palmas.

El empresario canario utilizó esta patronal para recurrir un concurso del Ayuntamiento de Madrid que aplicaba cláusulas sociales –el respeto al convenio colectivo del sector– para adjudicar un contrato de servicios de vigilancia. Alegó que esos requisitos “infringen la libertad de negociación colectiva, perjudican a empresas con convenios propios y comprometen el futuro de la empresa”.

SIC no ha pagado la última nómina y la liquidación

Se da la circunstancia de que, en el servicio de vigilancia que Defensa acaba de adjudicar a Marsegur, esta empresa sucede a la firma de cabecera de Ramírez, Seguridad Integral Canaria. Según han denunciado a infoLibre trabajadores afectados, ni han cobrado la nómina de abril ni la liquidación.

En 2016 Sinergias y Marsegur consiguieron concursos por valor de 22,12 millones de euros, según consta en la Plataforma de Contratación del Estado. En esa cifra no se incluyen los otorgados por los gobiernos autonómicos, principalmente de Madrid y Canarias. De los 22,12 millones de euros citados, 16 millones corresponden al macrocontrato para vigilar las instalaciones del Ministerio de Defensa en toda España, que fue adjudicado el pasado 30 de diciembre.

Descontado ese concurso, la mitad de las adjudicaciones conseguidas por estas empresas llevan la firma del Ministerio de Empleo. Casi tres millones de euros.

Indulto, grabaciones y fraude a la Seguridad Social

El empresario canario, donante del PP y con buenas relaciones con el exministro de Industria, el también canario José Manuel Soria, saltó a las portadas de los periódicos nacionales cuando fue indultado por el Gobierno de Mariano Rajoy después de que el Tribunal Supremo lo condenara a tres años de cárcel por un delito urbanístico.

Además, Ramírez es el empresario a quien investigó por fraude fiscal y a la Seguridad Social la exjueza Victoria Rosell, que se presentó a diputada en las listas de Podemos. Y quien grabó sus conversaciones con el juez que la sustituyó, Salvador Alba.

Los jueces investigan si el empresario canario paga a sus vigilantes jurados las horas extraordinarias como si fueran dietas. De esa forma, evita tributar a Hacienda y cotizar a la Seguridad Social. Las dietas no sólo están exentas de pago por ambos conceptos, sino que también son deducibles en el impuesto de sociedades. Así, el fraude puede ascender a 13 millones de euros desde 2008 hasta 2013 sólo en lo que a la Seguridad Social se refiere. El sindicato USO eleva la cifra hasta los 40 millones.

El exministro de Industria Comercio y Turismo y ex presidente del PP canario José Manuel Soria, que dejó su puesto en abril de 2016 a raíz de su aparición en los papeles de Panamá, ha fundado una consultoría para asesorar a empresas para su expansión nacional e internacional, informa Europa Press.

Según datos del registro mercantil consultados por Europa Press, Soria figura como administrador único de la sociedad de responsabilidad limitada Sorben Partners –un nombre formado a partir de los apellidos del exministro y de su esposa, Carmen Benítez–.

La empresa, ubicada en Las Palmas de Gran Canaria, comenzó sus operaciones el pasado 1 de febrero, con un capital de 3.000 euros y el objeto social de "asesoramiento y consultoría para la expansión nacional e internacional de empresas, facilitando soluciones comerciales, financieras, jurídicas, técnicas y fiscales a tales efectos, incluyendo la realización de estudios de mercados".

Soria, técnico comercial del Estado, retoma así su actividad 10 meses después de dejar el Ministerio de Industria. Enero fue el último mes en que cobró su indemnización como ex ministro, a la que los altos cargos tienen derecho durante dos años, según consta en el Portal de la Transparencia. Soria percibió un total de 41.803 euros entre mayo de 2016 y enero de 2017, a razón de 4.644,78 euros al mes.

El exministro dejó su puesto, cuando el Gobierno estaba ya en funciones, por no haber sabido explicar su presencia en sociedades radicadas en paraísos fiscales, según se desveló con la publicación de los papeles de Panamá.

En verano, Soria aspiró a un puesto de director ejecutivo en el Banco Mundial y el Gobierno llegó a aprobar su designación, pero renunció a petición del propio Ejecutivo por el malestar que generó la decisión, incluso en las filas del propio PP.

Ahora, el exministro se establece por su cuenta, aunque en el Portal de Transparencia no consta aún que haya pedido autorización para dedicarse a la actividad privada.

De este modo, abandona el reducido grupo de ex altos cargos que sigue percibiendo su sueldo por haber dejado su cargo en los últimos dos años –y no tener otro sueldo, público o privado–. En este grupo están el ex ministro de Defensa, Pedro Morenés, que cobra 4.644,68 euros al mes desde el 1 de diciembre de 2016; y el que fuera su ex secretario de Estado Pedro Argüelles, que percibe 6.374,63 euros mensuales desde la misma fecha.

La misma cantidad mensual cobran los ex secretarios de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, y de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, Víctor Calvo-Sotelo, también a partir del 1 de diciembre. Por último, el ex consejero del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) Antoni Gurgui recibe 6.247,73 euros al mes desde noviembre de 2015 y la ex secretaria general del CSN María Luisa Rodríguez, que cesó el 24 de diciembre, percibe 5.969,16 euros mensuales desde el pasado 1 de enero.

La otra noticia de la mañana, también destacada en los medios, era la citación para el 6 de marzo como "investigado" -equivalente hasta la última reforma del PP a "imputado"- del presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, por posibles delitos cometidos cuando era alcalde de la localidad de Puerto Lumbreras.

A las tres de la tarde, el Telediario de TVE, se iniciaba con la Cumbre Hispano-Francesa, y destacaba en titulares diversos sucesos y el habitual avance deportivo. Por fin, transcurridos quince minutos se emitían unas imágenes del presidente de Murcia mientras la presentadora daba rápida cuenta de su citación judicial.

¿Y Soria? Nada, ni una mención de pasada en este y en el resto de los informativos de La 1. Silencio total o ¿censura? "Lo habitual" decían miembros de una redacción dolorosamente acostumbrada a que se omitan noticias que puedan afectar negativamente a PP o gobierno. ¿Qué es más grave: lo de Murcia o lo de Soria?, se preguntaba a un miembro del Consejo de Informativos? "Por ahí andan uno y otro caso", respondía mientras se afanaba, junto a sus compañeros del órgano de control en lograr de los representantes políticos iniciativas para terminar con esta situación.

En una semana se cumplirán 16 meses sin que lo que ocurre en RTVE sea sometido al control del Parlamento. Mientras, los esfuerzos de la dirección se concentran en cambiar -dos veces en cinco meses- los decorados de unos magros en audiencia Desayunos, evitar multas por publicidad encubierta en MasterChef, y minimizar en TVE, RNE y la web cualquier información que produzca deterioro en la imagen de Gobierno y PP.

No es de extrañar que Mariano Rajoy conteste a Piqueras: "¿Y eso, dónde sale?". Lo grave es que, junto al presidente, se hurten a millones de españoles informaciones relevantes desde los medios públicos. Esos que, por ley, deben estar al servicio de los ciudadanos para ofrecerles una información independiente, equilibrada y plural, en lugar de dedicarse a tareas de mera propaganda gubernamental.

El Juzgado de Primaria Instancia número 99 de Madrid ha acreditado este lunes que el exministro de Industria, Turismo y Energía, José Manuel Soria, no pagó por alojarse en una suite de lujo en un hotel de Punta Cana (República Dominicana) en agosto de 2015, según ha informado Europa Press.

La sentencia desestima la demanda interpuesta por Soria contra los periodistas Carlos Sosa e Ignacio Escolar y eldiario.es –que publicaron la información– y considera probado que el exministro no abonó su estancia en el hotel, pues solo ha justificado el abono de algunos costes extra.

Según el magistrado, es "impensable" que se pueda cubrir el coste de un hotel de lujo con esas cantidades, por lo que hay una "total evidencia" de que Soria fue invitado por la propiedad del hotel –Grupo Martinón–, "o lo que es lo mismo, no se le cobró el coste del alojamiento".

El juez entiende que no hay intromisión al honor dado el interés general de la información por la condición de ministro de Soria por aquel entonces: "Es evidente que a los ciudadanos no les puede resultar indiferente la noticia de que un miembro del Gobierno disfrute de unos días de vacaciones invitado por el propietario de un grupo hotelero".

Asimismo, destaca la "exhaustiva" labor periodística para confeccionar la información al desplazarse su autor hasta República Dominicana para contrastar la veracidad de la noticia.

Contra la sentencia, que impone el pago de las costas a José Manuel Soria, se puede interponer recurso de aplicación.

El exdirector de El Mundo David Jiménez y Unidad Editorial han llegado a un acuerdo que evita el juicio por el despido del periodista que iba a celebrarse el próximo lunes. Jiménez reclamaba la nulidad de su despido porque la empresa y su presidente, Antonio Fernández-Galiano, habían vulnerado la cláusula de conciencia, un derecho amparado en la Constitución que garantiza a los periodistas la independencia en su ejercicio profesional.

Fuentes de la editora de El Mundo, Marca y Expansión, han confirmado a infoLibre la existencia del acuerdo, aunque se han negado a proporcionar detalles amparándose en la cláusula de confidencialidad que incluye el pacto.

En su demanda, David Jiménez sostenía que durante el año en el que fue director, Fernández-Galiano le presionó para que no fueran publicadas informaciones que perjudicaban a los intereses del PP. Y que lo tenía documentado. Entre esas noticias, que finalmente fueron publicadas, citaba escándalos del Partido Popular en la Comunidad Valenciana o la participación del exministro de Industria José Manuel Soria en empresas familiares radicadas en paraísos fiscales.

Jiménez fue destituido como director de El Mundo en mayo de 2016, justo un año después de haber sido nombrado para el puesto en sustitución de Casimiro García-Abadillo. Fue el tercer director del periódico desde su creación, en 1989. Su marcha se produjo al tiempo que se cerraba el cuarto Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que ha sufrido la plantilla de Unidad Editorial desde 2009 y tras unas semanas de tensión provocadas por la amenaza de los despidos y tres días de huelga convocados por el comité de empresa. Los paros fueron secundados por casi el 100% de los trabajadores y el periódico no se imprimió el 3 de mayo. Finalmente fueron despedidos 160 periodistas.

Conflictos con la redacción

No obstante, las relaciones del director con la redacción, por una parte, y con el presidente que lo nombró, por otra, llevaban tiempo siendo problemáticas. Unos meses antes, en diciembre de 2015 y con motivo del despido de casi una quincena de periodistas, se produjo un conato de motín en la redacción de El Mundo. Un grupo de redactores se encaró con Jiménez ante las puertas de su despacho, pidiéndole explicaciones por los despidos. Jiménez volvió a su oficina entre lágrimas.

Una vez despedido y tras conocerse la demanda del exdirector, otro grupo de redactores intentó, sin mucho éxito, recoger firmas con una carta que reprochaba a David Jiménez el “deterioro” del “pulso informativo” de El Mundo desde que él se puso al mando. También le devolvía la acusación que él había lanzado contra Fernández-Galiano: aseguraban que él trasladaba “casi a diario en primera persona presiones a sus periodistas para que rebajasen el tono y el cariz o directamente, eliminasen determinadas informaciones críticas con el poder”.

David Jiménez fue corresponsal de El Mundo en Asia durante 17 añosEl Mundo hasta que fue nombrado director. En su momento, Fernández-Galiano justificó la designación en el perfil que para ese tipo de puestos exigía la entonces matriz italiana del grupo, RCS Mediagroup: de unos 40 años y con experiencia internacional. Además, junto con el director general, Javier Cabrerizo, estaba llamado a capitanear la transformación digital del periódico fundado por Pedro J. Ramírez. Pero no duró más que un año y fue sustituido por Pedro García Cuartango, director de Opinión con Pedro J. Ramírez, y con 62 años. Tampoco es ya RCS, el editor de Il Corriere della Sera, el dueño de Unidad Editorial, sino Urbano Cairo, un empresario italiano de televisión que está desembarcando ahora en la empresa de la Avenida de San Luis de Madrid.

Este viernes se reúne la mesa de contratación que debe adjudicar los servicios de seguridad privada en los locales que la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) tiene en Madrid. De las 10 empresas candidatas, dos son Sinergias de Vigilancia y Seguridad y Marsegur, lque los sindicatos califican de marcas blancas del empresario canario Miguel Ángel Ramírez, condenado por el Tribunal Supremo por un delito urbanístico y pendiente de un nuevo indulto del Gobierno tras haber sido anulado el primero que le concedió Mariano Rajoy en 2013.

Según las fuentes consultadas por infoLibre, Marsegur y Sinergias son las mejor colocadas, de forma provisional, para ganar la licitación. La tercera es Gestión Especializada de Seguridad (GES), la actual adjudicataria del servicio. Se trata de un contrato sustancioso, por importe de 1,35 millones de euros y un plazo de ejecución de un año, prorrogable a dos, por lo que su valor se duplica. Las dos primeras del concurso han ofertado precios por debajo del millón.

El pasado día 10 Alternativa Sindical de Trabajadores de Seguridad Privada envió una carta a la Junta de Contratación de la TGSS. El sindicato le pide que adjudique el contrato a empresas que respeten el convenio colectivo del sector. No las cita, pero alerta a la junta de que Marsegur y Sinergias, entre otras, aplican salarios por debajo de convenio. Entre el 30% y 40% en el caso de las marcas blancas de Ramírez. En este servicio están empleados 37 vigilantes jurados, algunos con antigüedades que superan los 18 años. Temen, como ya ha ocurrido en otros casos, que al cambiar de empresario sus nóminas, ya de por sí escasas, pierdan más de 300 euros mensuales.

Tanto Sinergias como Marsegur llevan tiempo siendo el centro de las críticas tanto de los sindicatos como del resto de las empresas del sector que sí aplican el convenio estatal y les acusan de dumping, de competencia desleal. También han estado sometidas a la acción de los tribunales. La Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo han anulado el descuelgue del convenio estatal aprobado en su empresa de referencia, Seguridad Integral Canaria, y los convenios colectivos de Marsegur y Sinergias, negociados de forma irregular.

Empleo, a la cabeza

Pero las dudosas prácticas laborales de estas empresas no han impedido que las administraciones públicas sigan adjudicándoles contratos. El año pasado Sinergias y Marsegur consiguieron concursos por valor de 22,12 millones de euros, según consta en la Plataforma de Contratación del Estado. En esa cifra no se incluyen los otorgados por los gobiernos autonómicos, principalmente de Madrid y Canarias. De los 22,12 millones de euros citados, 16 millones corresponden al macrocontrato para vigilar las instalaciones del Ministerio de Defensa en toda España, que fue adjudicado el pasado 30 de diciembre. Este mismo servicio lo prestaba hasta ahora la empresa de bandera de Miguel Ángel Ramírez, Seguridad Integral Canaria.

Descontado ese concurso, la mitad de las adjudicaciones conseguidas por estas empresas llevan la firma del Ministerio de Empleo. Casi tres millones de euros. Los vigilantes de seguridad del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) y de los Centros de Acogida a Refugiados (CAR) de Alcobendas y Vallecas (Madrid), Mislata (Valencia) y Sevilla son de Sinergias, mientras que los del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y el Instituto de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) en Madrid, la Tesorería de la Seguridad Social en Las Palmas y el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en Tenerife los pone Marsegur.

Salario de 660 euros y seis céntimos la hora nocturna

La jibarización de los salarios es la ventaja competitiva que exhibe Miguel Ángel Ramírez para ganar los concursos en unas empresas cuyo coste principal es la mano de obra. Incluso en su buque insignia, Seguridad Integral Canaria, los sueldos son inferiores a los fijados en el convenio nacional. Ramírez recortó las nóminas de cada uno de sus vigilantes en unos 300 euros al mes gracias a ese descuelgue del convenio estatal que fue anulado por el Supremo. El tribunal dictaminó que la medida había sido negociada de forma ilegal: pactándola sólo con un sindicato independiente integrado por mandos intermedios de la empresa.

Es el mismo sistema que el empresario canario ha utilizado para negociar los convenios de Sinergias y Marsegur. Así se garantizaba convenios “a la carta”, ciertamente poco usuales: con 10 años de duración, de los que cinco son de congelación salarial en el caso de Sinergias, y tres en el de Marsegur.

El de Sinergias fijaba un salario base de sólo 660 euros mensuales brutos, poco más que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y un 27% inferior al establecido en el convenio del sector. Además, sólo paga de plus de nocturnidad seis céntimos la hora, 18 veces menos que las empresas acogidas al convenio estatal. En total, el salario bruto de un vigilante de seguridad de esta empresa se sitúa entre 9.660 y 11.299 euros brutos al año como máximo.

Las condiciones de Marsegur son sólo un poco mejores: el sueldo base alcanza los 726 euros mensuales y el tope bruto anual, los 10.768 euros, un 32% por debajo del convenio sectorial. El plus de nocturnidad, 10 céntimos la hora, 11 veces inferior al fijado en el convenio estatal.

Como paga sueldos por debajo de convenio, Miguel Ángel Ramírez fue expulsado de la patronal del sector. A continuación, creó la suya propia, Acosepri, integrada únicamente por sus empresas: Seguridad Integral Canaria, Power SIC, Marsegur y Sinergias. Fue Acosepri la que recurrió las bases del concurso elaboradas por el Ayuntamiento de Madrid el pasado septiembre para adjudicar la vigilancia del organismo autónomo Madrid Salud. Los pliegos incluían por primera vez unas cláusulas sociales; es decir, las mesas de contratación deben tener en cuenta para puntuar a las empresas que éstas ofrezcan calidad y estabilidad en el empleo, fomenten la igualdad entre mujeres y hombres, salvaguarden la seguridad y salud laboral, ofrezcan formación, y permitan conciliar la vida familiar y laboral.

Para esta patronal, sin embargo, esas condiciones “infringen la libertad de negociación colectiva, perjudican a empresas con convenios propios y comprometen el futuro de la empresa”. Marsegur, que ya era la adjudicataria del contrato, pretendía que el ayuntamiento le permitiera subcontratar el servicio con Sinergias, que paga salarios aún más bajos. El Ayuntamiento no lo autorizó y el pasado noviembre le dio el contrato a Clece, la empresa de servicios del grupo ACS.

Adif suspende un macroconcurso

También el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) acaba de suspender el concurso con el que iba a adjudicar los servicios de seguridad para sus instalaciones en toda España. Se trata de un macrocontrato de 123 millones de euros dividido en seis lotes geográficos. Cada uno de ellos supone unos 20 millones de euros durante dos años, prorrogables a tres. Los sindicatos USO y CCOO recurrieron los pliegos. En el caso de USO, porque permitían que se presentaran al concurso “empresas piratas”, que no respetan las condiciones laborales del convenio del sector. Adirf ha asegurado a este periódico que suspendió el procedimiento para “potenciar la valoración de la calidad de los servicios” que deben prestar las empresas.

Por el contrario, otras administraciones han elegido los precios mínimos ofertados por Sinergias y Marsegur sin atender a escrúpulos sociales. El Ministerio de Cultura ha concedido a Sinergias la vigilancia de la Filmoteca Nacional; Fomento, la Agencia de Seguridad Ferroviaria y la Agencia Tributaria, la seguridad de sus embarcaciones en Canarias. También el Imserso y el Boletín Oficial del Estado (BOE). El CSIC, el INE y Segipsa han preferido a Marsegur.

Miguel Ángel Ramírez es el dueño de Ralons, en el que ya no está integrada Seguridad Integral Canaria, la empresa que fue el germen del grupo. Tampoco Sinergias ni Marsegur. En la primera figuró hasta el pasado agosto como apoderado el padre del empresario, Francisco Segundo Ramírez Méndez, y su administradora hasta 2015, Alicia Rosa Pérez Sánchez, es apoderada de Marsegur. Ambas empresas están domiciliadas en Las Palmas.

Historial

Ramírez está aún pendiente de juicio por un fraude fiscal y a la Seguridad Social cifrado en 13,78 millones de euros: entre 2008 y 2013 pagó a la plantilla de Seguridad Integral Canaria sus horas extraordinarias como dietas, que no tributan ni a Hacienda ni a la Seguridad Social.

Por esta investigación han pasado hasta el momento tres jueces: Victoria Rosell, Salvador Alba y la actual instructora, Carla Vallejo. Los dos primeros terminados enzarzados por culpa del caso. Rosell, que pidió una excedencia para presentarse a las elecciones generales en las listas de Podemos, fue acusada por el exministro José Manuel Soria de haber retrasado la instrucción por intereses personales. Alba ha sido expedientado por el CGPJ, que considera que cometió dos faltas muy graves y una grave por favorecer a Miguel Ángel Ramírez y perjudicar a Rosell. Todo ello sazonado con una grabación del empresario al juez Alba que terminó en todos los medios de comunicación.

Finalmente, la Fiscalía investiga a Ramírez porque cree que simuló su divorcio en 2015 para ocultar su patrimonio a la Justicia, según publicó en su día El País.

El Gobierno ha aclarado al PSOE que el exministro José Manuel Soria tiene derecho a seguir cobrando su cesantía porque, según ha comprobado, desde que salió del Gabinete el pasado mes de abril no tiene "otro trabajo remunerado".

Así ha contestado el Ejecutivo a una pregunta del diputado socialista Pedro Saura, quien recordaba que tanto el presidente Mariano Rajoy como la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría presumieron en su momento de haber tomado medidas en 2012 para hacer incompatibles este tipo de pensiones con el cobro de cualquier otro ingreso, ya fuera público o privado.

Funcionario con más de 260.000 euros en acciones

El PSOE ponía en duda que el exministro pudiera percibir indemnización por cese cuando, antes de su dimisión a raíz del escándalo de los papeles de Panamá, aseguraba tener participaciones o acciones en diferentes sociedades por valor de más de 260.000 euros y era propietario de diferentes bienes inmuebles de naturaleza urbana y rústica, según consta en su última declaración de bienes presentada en la Cámara (enero 2016).

Además, recordaba que Soria es funcionario del Cuerpo de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado, un perfil profesional que precisamente llevó al Gobierno a proponerle para la cúpula del Banco Mundial, nombramiento que se frustró el pasado mes de septiembre.

El Gobierno en funciones confirmó en su momento que el exministro Soria iba a cobrar una indemnización por cese de 4.644 euros al mes hasta un máximo de dos años, y ahora, en una de las primeras respuestas del Ejecutivo renovado, defiende que se siga abonando dicha cesantía alegando que "no hay ninguna incoherencia".

Excedencia voluntaria sin remuneración alguna

En su contestación, recogida por Europa Press, detalla que, como funcionario, Soria está en situación de "excedencia voluntaria por interés particular" y eso "no conlleva la percepción de remuneración alguna".

No entra a comentar las participaciones accionariales del exministro, pero en todo en caso subraya que la ley de 2012 impide compaginar la pensión con otra retribución pública o privada, "y en el caso del señor Soria no incurre en incompatibilidad alguna por no desempeñar ningún otro trabajo remunerado".