Caixabank y Bankia pasarán el otoño estudiando cómo fundir sus negocios en un nuevo banco que se anuncia ya como el primero de España por volumen de activos, 665.000 millones de euros, por delante del que poseen, en territorio nacional, Santander y BBVA. La entidad resultante de la operación sumará unos 21 millones de clientes y una cuota de mercado del 28%. Éste es, en realidad, el segundo intento de unir ambas entidades, tras fracasar el breve que abrieron en 2012 Rodrigo Rato e Isidro Fainé. También es una de las opciones que acariciaba el sector, donde desde hace meses se suceden los rumores sobre posibles novios para Bankia y sobre conatos de fusión entre entidades menores, como Liberbank y Unicaja. “Los números llevan hechos mucho tiempo”, recuerda José García Montalvo, catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra, “pero el mercado ha cambiado y ahora habrá que hacer otros”.

En efecto, aun superada la crisis financiera, el panorama dista de ser halagüeño. A los tipos de interés en mínimos históricos, el euríbor en negativo, las bajísimas rentabilidades del negocio bancario y el desplome de las entidades financieras en las bolsas, se les acaba de unir la crisis del covid-19. El contexto empuja a los bancos a ganar tamaño y el BCE no ha cesado de presionar sin descanso en esa dirección. De momento, el Ministerio de Economía, que debe aprobar la operación, se ha limitado a recordar que su prioridad, en relación con Bankia, es “proteger el interés general de los ciudadanos españoles, maximizar el valor de la participación pública y reforzar la estabilidad financiera del país”. Porque el Estado, a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) posee el 61,8% de las acciones de Bankia, que fue rescatada en 2012 con 24.069 millones de euros. Un dinero público del que sólo se han recuperado, ocho años después, 3.303 millones: 2.122 millones procedieron de dos ventas de acciones, en febrero de 2014 –un 7,5%, que reportó 1.304 millones de euros– y en diciembre de 2017 –un 7%, 818,3 millones–, los 1.181 millones restantes corresponden a los dividendos pagados al FROB desde 2015 hasta 2019.

El Banco de España, que revisa cada fin de año las cuentas del rescate financiero, calcula en Bankia como “recuperables” 9.560 millones de euros, una cantidad que ha ido rebajando cada año, a la vista de cómo iba cayendo el valor de la entidad en Bolsa. Ése es el importe en que cifra el 61,8% del FROB en Bankia. Desde que fue rescatada, sus acciones han pasado de 132,7 euros a costar poco más de un euro. Sólo desde 2016 ha perdido un 63,22% de su valor en Bolsa. Este viernes, y tras subir sus títulos casi un 30% por efecto del anuncio de fusión, la capitalización bursátil de la entidad que dirige José Ignacio Goirigolzarri era de sólo 4.113 millones de euros. La de Caixabank, 12.094 millones. Sumadas ambas, superan en muy poco el volumen de dinero del rescate a Bankia que, según el Banco de España, jamás se recuperará: 14.509 millones de euros.

“No es un rescate, es un crédito a la banca que va a pagar la propia banca”, aseguró en junio de 2012 el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en el Congreso de los Diputados. Un mes más tarde fue su vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, quien insistió en que el objetivo del rescate era que no costase “ni un euro al contribuyente”.

El FROB debe vender cuanto antes

“Recuperar el dinero del rescate va a ser muy complicado”, explica García Montalvo, “y es el mercado el que va a marcar la capacidad que tienen de hacer un tipo de operación u otra”. Para recobrar lo que inyectó, el FROB deberá vender su participación en el futuro banco, que quedará diluida probablemente hasta un 14%. De forma que la mayor o menor recuperación del dinero público “no depende de cómo se haga la fusión, sino de cómo vaya el sector”, aclara el catedrático de la Pompeu Fabrea. Y el sector lleva de capa caída demasiado tiempo, con un futuro que tampoco se antoja mucho mejor. A su juicio, el objetivo es “minimizar en lo posible la pérdida, no maximizar el importe de la recuperación”. Teniendo en cuenta la devaluación bursátil de la entidad, la estrategia para recobrar el rescate es precisamente la fusión, apunta García Montalvo.

Para Santiago Carbó, catedrático de la Universidad de Granada, la fusión “sólo tiene sentido si el FROB sale del capital de Bankia”. Además, cree que debe hacerlo cuanto antes. “Esperar no es la solución”, asegura. “¿Cuántos años más pueden esperar?”, se pregunta, después de una primera venta en 2014 y una segunda que se demoró tres años y por la que se ingresó casi la mitad. “No hay forma de acertar cuál es el momento adecuado para vender”, corrobora José García Montalvo. De hecho, recuerda, no se han repetido las ventas desde 2017 ante el temor a malvender las participaciones en un mercado que no cree en los bancos. Ese año, el ministro de Economía, Luis de Guindos, urgía a privatizar Bankia “lo antes posible”. Un “lo antes posible” que nunca llegó.

Tampoco ven Carbó y García Montalvo que mantenerse en el capital del futuro banco y recuperar el rescate a través de los dividendos que perciba el FROB como accionista sea una opción. “Sin duda, con la fusión habrá una ganancia, en sinergias y en rentabilidad”, apunta el catedrático de la Pompeu Fabra, pero no será suficiente para devolver tanto dinero en un plazo razonable.

Caída de beneficios

La operación, por tanto, mejorará el valor de Bankia, pero al tratarse de una “situación forzada, primada por los reguladores”, García Montalvo descarta que se pague una prima por acción, o ésta será “muy pequeña”. En todo caso, ve muy difícil que se acuda a una ampliación de capital, “una operación arriesgada” considerando que los inversores no tienen a los bancos entre sus favoritos.

El covid-19, además, ha contribuido aún más si cabe a la debilidad bancaria. Todas las entidades han tenido que recortar sus beneficios apuntando cuantiosas provisiones para hacer frente a las incertidumbres que ha traído aparejadas la pandemia. Así, en los primeros seis meses del año, el beneficio de Bankia ha caído un 64,4% respecto al mismo periodo de 2019: ha ganado 142 millones de euros tras haber provisionado otros 310 millones. Las ganancias de Caixabank han menguado un 67% hasta junio, por lo que su resultado se ha quedado en 205 millones de euros. Sus provisiones anti-Covid se elevan a 1.155 millones.

Así que crecer se presenta como la única solución para aumentar la eficiencia e intentar escapar a las flaquezas descritas. De culminar con éxito las negociaciones, el banco resultante sumará 350.000 millones en créditos y 363.000 millones en depósitos. Tendrá 43.000 trabajadores repartidos en 6.279 oficinas. Carbó cree que Bankia y Caixabank “encajan my bien geográficamente” y comparten un perfil de negocio similar, familias y pymes, al proceder ambas entidades de cajas de ahorro. Ni él ni García Montalvo temen que el nacimiento de un nuevo gigante vaya a perturbar demasiado a las dos principales entidades financieras españolas, Santander y BBVA, que ya llevan tiempo apoyándose en su negocio internacional. Curiosamente, el nuevo banco líder del mercado nacional estará formado por dos antiguas cajas de ahorro. Y puede dar ahora el primer paso para abrirse al extranjero. “Tamaño tendrá [para hacerlo] y Caixabank ya está en Portugal [compró BPI en 2018]”, apunta Santiago Carbó.

Más fusiones y miles de despidos

Que la operación sea, además, la mecha que encienda nuevas fusiones bancarias, está por ver, dudan los dos expertos consultados. La de Bankia ya estaba “cantada”, replica García Montalvo. La de Liberbank lleva algún tiempo en barbecho, tras el fracaso de la operación con Unicaja y la huida de Abanca hace sólo unos meses. Tanto el BCE, a través de su vicepresidente, Luis de Guindos, como el Banco de España y la misma patronal bancaria han sustentado los continuados rumores sobre posibles fusiones con sus declaraciones animando la acción. El consejero delegado de Bankia, José Sevilla, llegó a hablar de “caldo de cultivo” propicio en España para unir entidades. La Bolsa, al menos de momento, parece también dispuesta a apostar por las fusiones bancarias, a tenor del empujón que recibieron este viernes todas las cotizadas del sector nada más conocerse la noticia e Bankia y Caixabank.

Más preocupados se han quedado los trabajadores de ambas entidades, que aventuran nuevos cierres de oficinas y despidos. Los sindicatos lo han dado por hecho cuando han pedido medidas “acordadas y no traumáticas”. Un informe de Barclays ya ha calculado que el recorte afectará a 4.995 trabajadores y que el coste de la reducción de plantilla ascenderá a 1.099 millones de euros, 220.000 euros por persona, pero redundará en un ahorro en costes laborales de 481 millones. De las 6.279 sucursales con que cuentan ambos bancos, se solapan, dice Barclays, 1.411. Caixabank ha ejecutado tres ERE desde 2013, por los que han dejado la entidad más de 5.300 empleados. En Bankia, el rescate vino acompañado de un ERE que finalmente superó los 4.200 despidos inicialmente previstos y tuvo un largo recorrido en los tribunales por las demandas de los trabajadores. El cierre de oficinas, en un goteo sin pausa durante la última década, es una tendencia imparable. “El sector no tiene futuro con esa cantidad estratosférica de sucursales que tiene en España”, destaca José García Montalvo.

Lo que ambos catedráticos desechan es que la fusión vaya a ser una amenaza para la competencia. “En otros países, la concentración es aún mayor”, opone Carbó. Para García Montalvo, la competencia ahora es “digital”, no sucursal a sucursal, y cada vez mayor “en medios de pago y en gestión de activos, con neobancos y nuevos actores tecnológicos que ya dan créditos al consumo e incluso hipotecas”, detalla.

El precedente de Abanca

Contentos los reguladores, el Ministerio de Economía, los mercados y los expertos, y ni siquiera especialmente nerviosos los sindicatos, sólo Unidas Podemos ha mostrado sus reparos a la fusión. Exceso de concentración, pérdida de empleos, privatización del banco y dilapidación del rescate público han sido sus objeciones. Tampoco ha sido bien recibida por las asociaciones de consumidores y usuarios de banca, que recuerdan el gran número de litigios que acumulan Bankia y Caixabank por vender productos financieros con cláusulas abusivas y resaltan que son las entidades que mantienen el mayor número de hipotecas referenciadas al IRPH.

Si la fusión llega a hacerse realidad, también habrá que observar si se repite la trayectoria de otra entidad salvada por el rescate, Abanca. De los 9.404 millones de euros que le inyectó el Estado, sólo se han recuperado 783 millones, de acuerdo con el último recuento del Banco de España. La entidad, resultado de la fusión de las cajas de ahorro gallegas, fue vendida por 1.003 millones de euros al banquero venezolano Juan Carlos Escotet en 2013. Desde entonces ha sumado casi 3.556 millones de euros en beneficios y no ha dejado de repartir dividendos millonarios todos los años. El Banco de España dice que el contribuyente, en cambio, jamás recuperará 8.621 millones de aquel rescate que, sostenía el Gobierno de entonces, no le iba a costar ni un euro.

Tanto el BCE como el Banco de España y la patronal AEB llevan tiempo animando las fusiones bancarias, tanto nacionales como transfronterizas, a la búsqueda de rentabilidad. El vicepresidente del supervisor europeo, Luis de Guindos, llegó a decir el pasado julio que ese proceso es “ineludible” para reducir la “vulnerabilidad” de las entidades financieras europeas. Y tiene prisa: “Espero que en las próximas semanas, en los próximos meses, se vaya produciendo de alguna forma este movimiento”, aseguró en unas jornadas del Grupo Popular Europeo en el Parlamento de Estrasburgo. También el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha instado a la creación de bancos transfronterizos y el presidente de la patronal bancaria, José María Roldán, ve en el horizonte próximo “operaciones transnacionales” donde no descarta que participen bancos españoles. “Es posible que [los incentivos del BCE] generen un caldo de cultivo para las fusiones”, apuntó hace sólo unos días el consejero delegado de Bankia, José Sevilla.

Pero el covid-19 ha puesto un paréntesis en los movimientos que ocupan desde hace años la rumorología de las fusiones bancarias en España. A los nombres más repetidos de Bankia y Sabadell se suman los de entidades más pequeñas como Liberbank, Unicaja, Abanca e Ibercaja. Lo que no quiere decir que no haya bancos que llevan ya tiempo practicando la compra transfronteriza de otras entidades. Es el caso de Abanca. De hecho, ningún otro banco ha comprado tanto y tan rápido como el que preside Juan Carlos Escotet.

El banquero, propietario del venezolano Banesco, adquirió en diciembre de 2013 Novagalicia Banco, fruto de la fusión de las cajas de ahorro gallegas, por sólo 1.003 millones de euros, cuando poco antes el Estado le había inyectado 9.050 millones. Un rescate del que sólo se han recuperado 783 millones de euros. Renacido como Abanca en 2014, la entidad ha sumado hasta el segundo semestre de este año 3.155,7 millones de euros en beneficios, lo que le permite disponer de liquidez suficiente, según asegura, para comprar. Escotet puso el pie en España comprando el Banco Etcheverria, una pequeña entidad con sede en Betanzos (A Coruña) que fue el que en realidad adquirió Novagalicia. Y tuvo que esperar hasta 2017 para emprender su política de expansión, ya que Bruselas prohibía ese tipo de operaciones a las entidades rescatadas. Desde entonces no ha parado.

Este mismo septiembre tiene previsto firmar el acuerdo definitivo de compra de Bankoa, que nació como un banco industrial en 1975 en Guipúzcoa y a día de hoy es propiedad de Crédit Agricole. Por un precio que no se ha hecho público, Abanca adquirirá las 30 oficinas de Bankoa en el País Vasco, Navarra, La Rioja y Madrid, lo que le permitirá aumentar su volumen de negocio en 4.374 millones de euros. Para entonces, el banco gallego se habrá convertido en la séptima entidad española por su volumen de activos y superará los 93.000 millones de cifra de negocio. En 2014 no superaba los 56.000 millones, por lo que casi la ha duplicado.

El propio Juan Carlos Escotet reconocía hace sólo unos días en la presentación de los resultados del segundo trimestre que “la vía del crecimiento inorgánico le ha resultado eficaz” a Abanca, por lo que estará “muy atento a cualquier oportunidad que pueda surgir en España y en Portugal”.

Porque Bankoa es sólo la penúltima compra de Abanca, después de que el pasado mes de junio cancelara repentinamente la adquisición de EuroBicEuroBic, el banco portugués cuyo principal accionista era Isabel dos Santos, hija del expresidente de Angola José Eduardo dos Santos, considerada la mujer más rica de África y acusada en su país de malversación, blanqueo y evasión fiscal. Lo que se presentó como la operación que iba a convertir Abanca en un banco “ibérico”, gracias a la red de 250 oficinas de EuroBic y a un volumen de negocio cifrado en casi 12.000 millones de euros –casi el triple que Bankoa–, terminó de forma abrupta después de la auditoría preceptiva, firmada por Ernst&Young, la revelación de los problemas judiciales de Isabel dos Santos y las incertidumbres añadidas del covid-19. Según la prensa económica portuguesa, hubo un desacuerdo terminal sobre el precio de la transacción, que pudo haber alcanzado los 250 millones de euros por el 95% de las acciones que Abanca pretendía comprar. La entidad gallega dio por toda explicación que no se habían “cumplido las condiciones pactadas”.

Del Deutsche Bank a Caixa Geral

En cualquier caso, Escotet insiste en que Portugal sigue siendo una “apuesta estratégica de largo plazo”, así que continuará “analizando operaciones de compra que aporten sinergias” en ese país. De hecho, ya en 2018 Abanca se hizo con la red de Deutsche Bank en Portugal, después de haber intentado sin éxito comprar la del banco alemán en España. La filial lusa le proporcionó 41 sucursales en Lisboa y Oporto, 330 trabajadores y un volumen de negocio de 6.500 millones de euros. Ahora aporta el 8% del resultado de Abanca, asegura la propia entidad.

Pero su primera adquisición fue Popular Servicios Financieros, en septiembre de 2017. Pagó 39 millones de euros por la antigua financiera al consumo de Banco Pastor, que contaba con 15 oficinas distribuidas entre España y, de nuevo, Portugal.

Hasta que apareció Eurobic, su gran operación fue, no obstante, la compra en 2019 de la filial española de Caixa Geral de Depósitos, otra entidad rescatada, en su caso por el Gobierno portugués, con una inyección de dinero público que sumó los 4.900 millones de euros. Para Abanca, que pagó por ella 384 millones, la integración de la red española de Caixa Geral se tradujo en 110 oficinas y 131.000 clientes más, además de unas sinergias “un 40% superiores a lo planificado”, según presumió en su más reciente presentación de resultados.

En ese mismo acto, Juan Carlos Escotet descartó que Liberbank siga estando en sus planes de crecimiento. En febrero de 2019 hizo un intento por adquirir la entidad resultante de la fusión de Cajastur, Caja de Extremadura, Caja Castilla-La Mancha y Caja Cantabria, considerado hostil por el consejo de administración, que ya estaba negociando con Unicaja. Finalmente, la falta acuerdo con la malagueña sobre el reparto de poder en la entidad resultante dio al traste con la operación. Liberbank sigue soltera, pero su cotización lleva semanas subiendo en la Bolsa, calentando motores para posibles movimientos este otoño.

Pescanova, Deportivo y bodegas de oporto

Claro que el interés de Abanca no se limita al sector financiero. Ha salido de compras con el bolsillo lleno. En marzo adquirió casi un 40% de las acciones de la Nueva Pescanova, por lo que ya posee el 80,46% de la primera compañía pesquera española. Ha pagado un total de 165 millones de euros, entre acciones y una inyección de 50 millones en la empresa, el montante de las pérdidas que registró en 2019. Hace sólo unas semanas, la junta general de accionistas del Deportivo de La Coruña aprobó la oferta de Abanca para hacerse con el club de fútbol: canjear 35 millones de euros de deuda en acciones, lo que le permitirá controlar hasta un 78% del capital. El club coruñés se encuentra en una difícil situación económica y deportiva, a las puertas del descenso a Segunda B. 

Aunque de nuevo es en Portugal donde Abanca ha echado las redes. Prueba de que la crisis del covid-19 no ha cambiado su política expansiva es que acaba de firmar la compra de la finca Quinta da Boavista: 80 hectáreas y dos marcas de vino, Quinta da Boavista y Boavista. La transacción la ha llevado a cabo a través de Sogevinus, la bodega que heredó de las antiguas cajas gallegas y que posee la marca Cálem de vinos de Oporto. Entre ambas bodegas, Abanca suma 360 hectáreas de viñedos en esa zona del Duero.

Caixabank se deshará antes de acabar 2020 de un total de 2.023 empleados, el 8% de su plantilla en España. Y Banco Santander acaba de convocar a los sindicatos para negociar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) cuya cifra de afectados se desconoce aún, aunque el año pasado ya se deslizó que el número no será inferior a 3.000 trabajadores.

Desde 2007 los bancos se han desprendido de 25.051 personas, un 22,5% de sus plantillas, y las cajas aún más, 59.589, el 45%. Los bancos también han cerrado 4.559 sucursales, el 29,6% de las que tenían antes de la crisis, mientras que las cajas han prescindido de la mitad de su red, 12.391 oficinas. En 2007 la Asociación Española de Banca (AEB), la patronal bancaria, tenía 100 miembros; en 2017 eran 78. Por lo que se refiere a las cajas de ahorro, agrupadas en la CECA, han pasado de 46 a 13 en esos 10 años.

Pero el recorte no termina. A los despidos de WiZink, BNP Paribas, Ibercaja, Evo Banco y Bankia y BMNen 2018, este año se añaden los dos citados y están pendientes los que puedan producirse cuando culmine la fusión entre Unicaja y Liberbank. En el aire continúan las declaraciones del presidente del BBVA, Carlos Torres, hace dos años cuando dijo que le sobraban 2.800 sucursales. La banca sumó 17.316 millones de euros de beneficios en 2018, un 13,6% más que el año anterior, según el anuario estadístico de la patronal AEB, pero la transformación digital y los estrechos márgenes presionan a las entidades tanto como las exigencias regulatorias de las que no paran de quejarse. El Santander, que ha ganado 1.840 millones en el primer trimestre, aduce razones “organizativas y productivas” para el ERE que negociará las próximas semanas. Los mismos motivos que ha puesto sobre la mesa Caixabank, con 533 millones de euros de ganancias. Las cifras suponen una rebaja del 10% y del 24,3%, respectivamente, en comparación con el mismo periodo de 2018. Lo que no será óbice para que este año repartan 3.734 millones de euros en dividendos –el Santander– y 1.017 millones –Caixabank–, lo que se traduce en un aumento del 4,5% y del 8,3% respecto a 2017.

“Se ha convertido en una mala costumbre”, resume José Luis Romero, de la ejecutiva estatal de CCOO en el Banco Santander cuando se le pregunta por el nuevo ERE. La entidad que preside Ana Patricia Botín ejecutará con el de este año su cuarto despido colectivo desde 2013. El que acaba de pactar el banco de Jordi Gual es el segundo, después del que afectó a 700 trabajadores en 2015 y de dos planes de bajas voluntarias en 2016 y 2017, por los que dejaron la entidad 1.119 y 400 personas, respectivamente.

A partir de los 49 años en Caixabank

Romero explica que la cifra de 3.000 despidos surgió de un documento del servicio de estudios del propio banco que calculaba en 5.000 los trabajadores sobrantes hace dos años. Como ya se redujo la plantilla en más de 1.000 en los servicios centrales con el último ERE, el número resultante es el que se ha manejado extraoficialmente, asegura. Las reuniones que mantendrán la semana próxima los sindicatos y la empresa no suponen aún la negociación propiamente dicha, sino el calentamiento previo para cumplir con el artículo 12 del convenio colectivo de banca, que obliga a las partes a discutir medidas de “flexibilidad interna” –reducción de jornada, excedencias, traslados, modificación de condiciones de trabajo– antes de acometer “procesos de reordenación o reestructuración de plantillas”.

Además, el banco no terminará hasta junio la integración tecnológica de Santander y Popular, el banco que adquirió por un euro en junio de 2017 y que ya sufrió su propio ERE ese año, con 2.592 trabajadores afectados. Por lo que la medida no se acometerá hasta después de las elecciones. Para cuando se sienten a negociar en el Santander, Caixabank ya habrá empezado a anotar los nombres de quienes quieran abandonar el banco. El ERE ofrece la baja voluntaria a trabajadores a partir de los 49 años. Con más de 53 años la indemnización equivale al 57% del salario más una paga de 18.000 a 38.000 euros brutos dependiendo de la edad. Para los empleados de 49 a 51 años, la indemnización equivaldrá a 45 días por año trabajado con un tope de 42 mensualidades. Pagar esas cantidades le va a costar a Caixabank 890 millones de euros.

En el Santander el objetivo declarado de los sindicatos es repetir este año las condiciones del último ERE, en el que los afectados mantuvieron el 80% de su sueldo. Entonces, la medida afectó básicamente a directivos del centro corporativo de Boadilla del Monte. “No vamos a consentir que el staff obtenga mejores condiciones que la tropa”, destaca José Luis Romero, quien además apunta que no existen “razones económicas objetivas” para bajar de ese 80%.

“Antes la banca utilizaba las prejubilaciones como única herramienta de ordenación de la plantilla”, protesta Juan José Paredes, secretario general de la Sección Sindical de CGT en Banco Santander, “pero desde la reforma laboral de 2012 ha optado por los ERE”. José Luis Romero asegura que en el Santander hay “masa suficiente” de mayores de 55 años con que nutrir las prejubilaciones, pero Paredes objeta y teme que sufran despidos trabajadores más jóvenes.

Prejubilaciones de lujo

Los dos ERE se ejecutan, además, mientras las quejas de las plantillas del sector por las horas extraordinarias no pagadas han saltado a los titulares de los periódicos y a los tribunales. Tanto en Santander como en Caixabank los sindicatos no se cansan de denunciar la “desmesurada” carga de trabajo y la intensa “presión comercial” a la que están sometidos los trabajadores. Romero dice que son “dos batallas distintas”, las horas extraordinarias y la tensión laboral que se sufre en las oficinas. Pero coincide con Paredes en que la presión incentiva el deseo de muchos trabajadores de aprovechar los ERE para abandonar las entidades. Ya no se ofrecen las condiciones de antes de la crisis, subraya el responsable de CGT –cuando se mantenía hasta el 90% del sueldo–, pero aun así constituyen prejubilaciones de lujo y tienen un éxito considerable. El banco paga a los trabajadores afectados y cotiza por ellos a la Seguridad Social hasta los 63 años, cuando la inmensa mayoría, por lo general con largas carreras de cotización, se acogen a la jubilación anticipada. Romero precisa que la medida no supone coste alguno para la Hacienda pública “porque el banco debe pagar al Tesoro por las prestaciones de desempleo y cotizaciones de los prejubilados las cantidades establecidas en la Enmienda Telefónica”. Se trata de una obligación para todas las empresas de más de 500 empleados y con beneficios cuando despidan a trabajadores mayores de 50 años.

En cualquier caso, CCOO no ha firmado el ERE en Caixabank, que ha tachado de “purga”. Los traslados a un máximo de 75 kilómetros, denuncia, decididas por una herramienta que utiliza “criterios desconocidos, variables y opacos”, a discreción de la empresa, supone una “amenaza continua de traslado forzoso, por tanto, también de “extinción forzosa”, explica el sindicato en un duro comunicado.

El acuerdo del ERE firmado por el resto de los sindicatos limita el número de sucursales con un solo empleado a 300, con un horario de atención al público reducido. También crea un nuevo tipo de oficina, con dos empleados y para zonas rurales, del que podrá haber hasta un máximo de 450. Caixabank tenía en 2013 un total de 5.647 sucursales, según el anuario estadístico de la CECA, la patronal de las antiguas cajas de ahorros. Cuatro años después, le quedan 4.983. En 2013 su plantilla la componían 30.437 personas; en 2018 se había reducido a 25.068, 29.956 si se incluyen los trabajadores del BPI portugués que terminó de adquirir en 2018.

Pocos empleados por sucursal, muchas horas extras

El Santander cuenta con 32.313 empleados en España, con cifras del cierre de 2018, según su memoria anual. Si Caixabank absorbió durante la última crisis a Banca Cívica, Banco de Valencia, Barclays y BPI, el banco de Ana Patricia Botín integró a Banesto y Banco Popular. “Pero en cuatro años consigue digerir los aumentos de plantilla que supone cada nueva absorción”, destaca Juan José Paredes. Es lo que ha ocurrido con los 8.900 empleados de Banesto y los más de 10.000 del Popular. Según las cifras del anuario estadístico de la AEB, Santander tenía en España 25.864 trabajadores en 2013 y contaba con 21.340 en 2017, cuando se quedó con el Banco Popular.

A diferencia de Caixabank, en el Santander no hay oficinas con un empleado solitario, sino que ha optado por contratar agentes colaboradores, hasta 114 según publica en su informe anual, para atender zonas rurales. De la exclusión financiera alertó el pasado miércoles la subgobernadora del Banco de España, Margarita Delgado, en el Encuentro del Sector Financiero organizado por Deloitte y Abc. Pese a que la banca española ha reducido en un 40% el número de sucursales desde 2008 y en un 30% el de empleados, aún tiene más oficinas y trabajadores de por cada 100.000 habitantes que la media de la zona euro. Pero en número de sucursales con pocos empleados sólo la supera Japón, destacó.

Al tiempo que Caixabank y Santander aligeran sus plantillas, los sindicatos negocian el convenio colectivo del sector, que caducó el pasado 31 de diciembre. Uno de los puntos de discusión serán los horarios. Este lunes se hace obligatorio en todas las empresas el registro de las horas de trabajo. Desde que la CGT ganó en la Audiencia Nacional un juicio al Santander, el personal administrativo debe apuntar su tiempo de trabajo “en una hoja de Excel”, explican Paredes y Romero. Un sistema poco o nada efectivo, reconocen, y que deja fuera al personal comercial, precisamente quienes tienen jornadas flexibles y fuera de cualquier control, ademása de componer casi el 80% de la plantilla. En 2015 fue UGT el sindicato que calculó en 30.000 las horas extras diarias que hacían los trabajadores del Santander y que ni se pagaban ni cotizaban a la Seguridad Social. Las denuncias de los sindicatos a la Inspección de Trabajo han llovido por decenas durante los últimos años. Las entidades niegan que las plantillas trabajen ni una sola hora de más.

“No contemplamos un escenario diferente”, subrayó el consejero delegado de Bankia, José Sevilla, durante la presentación de los resultados de la entidad financiera el pasado lunes, tras descartar que el Tribunal Supremo vaya a aplicar con carácter retroactivo la sentencia del pasado día 16 que obliga a los bancos a pagar el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (IAJD) de los préstamos hipotecarios. De hecho, Sevilla aseguró que Bankia ni siquiera ha calculado el impacto que la medida puede tener sobre sus cuentas. Tres días antes, el consejero delegado de Caixabank, Gonzalo Gortázar, admitió incluso que no ha hecho ningún tipo de provisión en sus cuentas para afrontar un posible revés.

En la misma dirección han empujado también el consejero delegado del BBVA, Carlos Torres; el del Santander, José Antonio Álvarez; el del Banco Sabadell, Jaume Guardiola, y de Bankinter, María Dolores Dancausa. Apoyados por el presidente de AEB, la patronal bancaria, José María Roldán. Todos ellos repiten que no debería aplicarse con carácter retroactivo la sentencia, una decisión que el Supremo tomará el próximo 5 de noviembre,cuando el pleno de la Sala de lo Contencioso debata si mantiene o no el cambio de criterio derivado de la polémica sentencia del 16 de octubre, que obliga a pagar a los bancos, y no a los ciudadanos como hasta entonces, el citado impuesto.

El argumento que utilizan los cincos banqueros para defender la no retroactividad es básicamente el mismo: “La sentencia [del TS] dictamina que una norma que ha estado en vigor 23 años, que había sido confirmada por el Tribunal Constitucional y que hemos venido aplicando, no es válida, pero no tiene sentido penalizar a las entidades por haber cumplido una norma”, explicó Gortázar tras anunciar unos beneficios de 1.768 millones de euros en los nuevo primeros meses del año, un 18,8% más que el ejercicio anterior. “No ha habido una mala práctica”, abundó, “no vemos que debamos tener un perjuicio ni sufrir un impacto económico”. El presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, asegura que la banca ha actuado desde los años 90 “de buena fe”, “como un ciudadano responsable y disciplinado”, de manera que si el Supremo decide modificar la norma ese cambio debe ser “de cara al futuro, no puede afectar al pasado”.

Mientras, el consejero delegado del BBVA, que tampoco ha medido el impacto de la sentencia del Supremo, ha aludido a la seguridad jurídica, un principio “sagrado” y “una garantía para los ciudadanos y para las empresas”. Y Guardiola, del Sabadell, al “sentido común” y la “lógica”. Tras calificar la situación causada por la sentencia de “insólita”, Dancausa, del Bankinter, destacó que todas las partes pierden, las instituciones a las que se pone en cuestión, los bancos que se desplomaron en la Bolsa y los clientes, “a quienes se está generando unas expectativas de obtener ingresos adicionales que finalmente podrían no cumplirse”. “No veo ninguna razón para que exista retroactividad”, descartó el consejero delegado de Banco Santander, José Antonio Álvarez, quien dijo que cambiar el sujeto pasivo del impuesto es “una cosa extraña”.

El presidente de la patronal bancaria aportó un segundo argumento. Los ingresos recaudados por el impuesto están en las arcas de las haciendas autonómicas, que son las encargadas de recaudarlo. “La banca no puede devolver algo que no tiene”. Según apuntó José María Roldán, además, los cambios tributarios “no pueden tener retroactividad”.

Un extremo que niega el profesor de Derecho Tributario de la Universidad Complutense Leolpoldo Gandarias: “No es cierto, el Tribunal Constitucional ha admitido la retroactividad en grado medio de las normas tributarias en muchas ocasiones”. Sólo que en este caso no se trata de una norma, sino la sentencia de un tribunal. Y tampoco debe hablarse de retroactividad, sino de una norma de prescripción. “Estamos hablando de un ingreso debido que deviene indebido, por lo que los contribuyentes pueden reclamar a las haciendas públicas para recuperarlos”, con el límite de cuatro años que marca la Ley General Tributaria en su artículo 66. “Es el derecho subjetivo del contribuyente por antonomasia”, zanja Gandarias.

Principio de confianza legítima

El Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados se ingresa en las Haciendas autonómicas. Pero eso es ante ellas ante las que debería eventualmente reclamar el cliente del banco que suscribió la hipoteca. En relación con las entidades financieras la cuestión clave es si, a su vez, las haciendas autonómicas pueden reclamar a los bancos el impuesto que no pagaron antes (ya que lo hacía el cliente). Gandarias cree que sí tienen derecho a exigirlo. Pero también esgrime otra sentencia del Supremo, del mismo ponente, además, que la del 16 de octubre, Jesús Cudero, donde el tribunal se basa en el principio de confianza legítima para dictaminar que la Administración no puede “exigir un tributo con carácter retroactivo, en relación con momentos no afectados por la prescripción” si el contribuyente se había ajustado al criterio en vigor entonces, aunque luego éste hubiera sido modificado. La diferencia con el caso actual, precisa el profesor de la Complutense, es que el cambio de criterio ha sido inducido por una sentencia, no lo ha ejecutado la Administración por iniciativa propia.

Leopoldo Gandarias asegura que no existe la “retroactividad total” y que “nadie está tentado de ir más allá de los cuatro años” que marca la ley. “Se trata de una relación tributaria –contribuyentes, no consumidores–, sometida a los límites de la prescripción tributaria”, concluye. A su juicio, “admite debate” si las haciendas públicas pueden reclamar el impuesto a los bancos, pero no “el derecho subjetivo del contribuyente a pedir la devolución del ingreso indebido”.

Entre 700 y 16.900 millones de euros

Los bancos dicen que no han calculado el impacto de la sentencia del Supremo en sus cuentas. Pero las firmas de inversión y las agencias de calificación se han puesto enseguida a echar cuentas. Y consideran que lo más probable es que la devolución del impuesto no se extienda más allá de los cuatro años en que está limitada por ley la prescripción tributaria.

Goldman Sachs cifra en unos 3.768 millones de euros el posible coste para la banca de la devolución del IAJD de los últimos cuatro años. A su juicio, las entidades más perjudicadas serán Bankia y Bankinter si el impacto se mide en la pérdida de puntos básicos del capital de máxima calidad (CET1), 86 y 87 puntos básicos respectivamente.

En el caso de que la retroactividad fuera total, como ocurrió con las cláusulas suelo, el coste se elevaría a 6.281 millones de euros. También Bankia y Bankinter serían las más afectadas –con una pérdida de 143 y 145 puntos básicos del capital de mayor calidad–. En cifras absolutas, en cambio, las mayores pérdidas corresponderían, en cambio, a Caixabank –1.290 millones de euros en el peor escenario, 774 millones en el más moderado– y BBVA –1.199 millones de euros y 719 millones–.

La agencia de calificación DBRS, la única que evalúa la deuda soberana española para el Tesoro Público, rebaja sustancialmente los costes de la sentencia del TS. En el supuesto de que sólo deba devolverse el impuesto de los últimos cuatro años, el impacto será de 2.300 millones de euros, el 26% del beneficio neto acumulado en los últimos cuatro trimestres. Si la decisión se aplicará sólo a partir de la fecha de la sentencia, el coste se reduciría a 700 millones, el 8% del beneficio de cuatro trimestres. Si la retroactividad se extiende hasta 15 años, el perjuicio ascenderá a 16.900 millones de euros, el equivalente a dos años de beneficios netos. DBRS considera el segundo escenario como el más probable.

Sobre la posible repercusión de ese impacto sobre los clientes, la banca también está siendo unánime. José María Roldán ha advertido de que el aumento de costes se traducirá en una “reconsideración de la política comercial de las entidades”. Pero los banqueros hacen depender el cambio, una subida en el precio de las hipotecas, del grado de competencia en el sector. “Es bastante intensa”, resaltó José Sevilla, “y será la que dicte los precios del mercado hipotecario”.

No obstante, los cinco principales bancos acaparan el 80% del mercado tras el intenso proceso de concentración que ha seguido a la crisis financiera. Sólo en el último año Santander ha absorbido al Banco Popular y Bankia a BMN. Y no se descartan más fusiones en los próximos años.

A la vuelta del verano, el francés BNP Paribas anunció un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en su división de grandes patrimonios, que afectará a 44 personas. Unas semanas después Unicaja comunicaba el suyo, por el que prevé deshacerse de 1.028 trabajadores, el 15% de su plantilla, en los próximos tres años. También WiZink, el banco especializado en tarjetas de créditos que ha pasado de las manos del Popular a las del Santander y de éstas a las del fondo de inversión estadounidense Värde PartnersVärde Partners, quiere despedir a 209 empleados, el 20% de los que posee. Para marzo de 2019, además, Banco Santander prevé comenzar la negociación de su propio despido colectivo, que puede afectar a unos 3.000 trabajadores.

Estos recortes se producen cuando aún no han terminado los negociados en Liberbank, que en 2017 comenzó a dar de baja a 525 de sus 4.000 empleados, y en Bankia y BMN tras la fusión de ambos, que afectará a un total de 2.000 personas. Las 500 bajas pactadas en Ibercaja concluyeron en julio y a primeros de año se consumaron los 239 despidos en Evo Banco239 despidos en Evo Banco, que el pasado septiembre fue vendido por el fondo Apollo a Bankinter. A lo largo de este año Banco Santander se ha deshecho de un millar de trabajadores en virtud del acuerdo que firmó con los sindicatos en diciembre de 2017 tras integrar sus servicios centrales con los del Popular.

Pese a la recuperación y al rescate, los recortes de plantilla y el cierre de oficinas en la banca no se detienen. Desde 2007 los bancos se han desprendido de 25.051 trabajadores, un 22,5% de sus plantillas, y las cajas aún más, 59.589, el 45%. Los bancos también han cerrado 4.559 sucursales, el 29,6% de las que tenían antes de la crisis, mientras que las cajas han prescindido de la mitad de red, 12.391 oficinas. En 2007 la Asociación Española de Banca (AEB), la patronal bancaria, tenía 100 miembros; en 2017 eran 78. Por lo que se refiere a las cajas de ahorro, agrupadas en la CECA, han pasado de 46 a 13 en esos 10 años.

La reconversión del sector financiero ha sido brutal, por tanto. Y cuando parecía haber amainado vuelve otra vez a agitarse el fantasma de los grandes planes de recorte. Ya lo dejó claro el presidente de la AEB, José María Roldán, cuando dijo que la reducción de las plantillas y el cierre de oficinas es “la única palanca que puede usar y controlar una entidad para aumentar su eficiencia”. Mientras no suban los tipos de interés, la rentabilidad de los bancos seguirá por debajo de los niveles precrisis y, mientras continúen “las presiones sobre la rentabilidad”, la medicina serán los recortes de personal y sucursales, subrayó. “El proceso de racionalización de redes”, tal y como lo denominó, “será continuo”. Tanto Unicaja –201,9 millones de euros– y WiZink –151 millones– como BNP Paribas –1,89 millones– y Santander –6.618 millones– tuvieron beneficios en 2017. La rentabilidad sobre recursos propios (ROE) de la banca española era el pasado marzo de 9,66%, superior a la media europea, del 6,77%, pero aún muy por debajo del 21,4% que alcanzó en 2007.

No habrá suficientes prejubilaciones

“Los ajustes no sólo no han terminado sino que van a seguir por la lógica de las patronales de la banca y las cajas”, admite Agustín Nieto, responsable del sector financiero en UGT, “si no es el tamaño de la entidad, es la falta de capital suficiente lo que argumentan para recortar puestos de trabajo; la reforma laboral se lo permite aunque no tengan pérdidas”.

Es lo que ocurre con Unicaja, por ejemplo, que aún no ha concretado las cifras del ERE, “únicamente que necesita movilidad geográfica y quiere traslados a más de los 25 kilómetros de distancia que permite el convenio, y sin compensación económica”, se queja Nieto.

WiZink “no tiene argumento económico [consigue beneficios] ni organizativo después de que culminara la integración [de Citibank y Barclays] hace dos años”, protesta Teo Ortiz, responsable de banca de CGT. Además, el banco digital lleva tiempo externalizando parte de sus actividades. “Sólo en subcontratas hay unos 300 trabajadores”, precisa Ortiz. La plantilla de WiZink la componen 500 personas, más un centenar que opera en Portugal. El representante de CGT advierte de que el ERE recién anunciado será “agresivo”, debido a que son muy pocos los trabajadores con edad suficiente para prejubilarse y temen un alto número de despidos.

En BNP Paribas, por el contrario, las negociaciones están siendo más templadas. La mitad de los 44 trabajadores sobrantes serán prejubilados, explica Teo Ortiz. Pero el que prepara el Santander para el próximo año puede no ser tan amable. Ortiz recuerda que en 2017 el Popular ya se deshizo de 2.592 trabajadores antes de ser adquirido por Banco Santander. Lo que unido al millar –760 procedían del Popular– que salió este año, reduce el número de quienes podrían acogerse a prejubilaciones en 2019. “No dan tiempo a que la plantilla envejezca”, apunta el dirigente de CGT.

Exceso de carga de trabajo y millones de horas extras

La jibarización de las plantillas se está produciendo, además, cuando más arrecian las quejas de los empleados por el exceso de carga de trabajo y las horas extraordinarias no retribuidashoras extraordinarias no retribuidas que se ven obligados a hacer. Según cálculos de UGT, los trabajadores de la banca realizan 14,5 millones de horas extra sin remunerar al año. Mientras, algunas entidades anuncian la apertura de las oficinas por las tardes. Por ejemplo, el Banco Santander empezó el pasado septiembre a abrir por las tardes 500 oficinas Smart Red, pero sólo atienden a los clientes con cita previa. También están probando el horario vespertino Cajamar y Banco Sabadell. Caixabank, Deutsche Bank y Bankia llevan tiempo abriendo después de la hora de comer. Y BBVA negocia con los sindicatos que parte de sus gestores atiendan por teléfono a los clientes durante la tarde. UGT, precisa Agustín Nieto, no firmó los acuerdos que permitieron la apertura por las tardes en Caixabank y Santander.

“Es un contrasentido”, critica el dirigente ugetista, “que después de perder 84.000 empleados durante la crisis, el sector financiero siga destruyendo puestos de trabajo al tiempo que sus trabajadores hacen millones de horas extraordinarias no pagadas”. La batalla de los sindicatos contra la prolongación ilegal de las jornadas de trabajo quedó en suspenso después de que el Tribunal Supremo dictaminara que no es obligatorio el registro de la jornada ordinaria, sólo de las horas extras. En la Comisión de Empleo del Congreso se encuentra “paralizada en el proceso de enmiendas”, recuerda el responsable de UGT, la proposición de ley que presentó en 2017 el PSOE para hacer obligatorio el registro horario de los trabajadores. Mientras, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea debe dictaminar sobre la cuestión prejudicial que le ha planteado la Audiencia Nacional sobre la misma cuestión, iniciada por una demanda de conflicto colectivo contra Deutsche Bank interpuesta por UGT y CCOO.

El año próximo se vislumbra conflictivo para el sector bancario. Hay elecciones sindicales en febrero. También toca renovar el convenio colectivo. Ni UGT ni CGT se atreven a aventurar cuál será la repercusión de la sentencia del Supremo que obliga a la banca a pagar el impuesto de actos jurídicos de las hipotecas, en caso de que se confirme en la reunión que el alto tribunal celebrará el próximo 5 de noviembre. Pero temen que, además de convertirse en comisiones más altas para los clientes, traiga consigo, como mínimo, rebajas salariales para las plantillas.

Por la mañana, este periódico había preguntado al Tribunal Supremo si Díez-Picazo entiende que su vinculación con Cunef entraña algún potencial conflicto de intereses.  Portavoces del magistrado se limitaron a confirmar que fue profesor del colegio universitario y a subrayar que en la actualidad "ya no tiene ninguna relación con Cunef". 

Adscrito a la Universidad Complutense, el nexo entre Cunef y la Asociación Española de Banca, que agrupa a la mayoría de los bancos que operan en España, es de dependencia directa. La web del centro lo expone así: "En su apuesta por la formación universitaria en áreas como la economía, las finanzas y el derecho, la Fundación AEB es titular del Colegio Universitario de Estudios Financieros (CUNEF), creado hace más de 40 años. En esta misma línea, lleva a cabo diversas iniciativas para promover la educación financiera y familiarizar a los más jóvenes con conceptos útiles para que gestionen su dinero y finanzas personales". A su vez, el artículo 2 de los Estatutos de la Fundación AEB señala lo siguiente: "La fundación tiene personalidad jurídica y plena capacidad de obrar desde su constitución en virtud de la Carta Fundacional, formalizada en escrituras otorgadas por la Asociación Española de Banca (AEB)".

Tras conocer la sentencia difundida el jueves y que atribuye a los bancos y no a sus clientes la obligación de abonar el impuesto de actos jurídicos documentados, fue Díez-Picazo quien decidió que los 31 jueces que integran la Sala de lo Contencioso se reúnan con carácter urgente para evaluar si ese criterio debe ser rectificado o confirmado. La reunión se celebrará el 5 de noviembre.

Para encomendar esa tarea de revisión al conjunto de los magistrados que componen la sala –lo que en términos jurídicos se conoce como avocar la competencia–, Díez-Picazo adujo la "enorme repercusión económica y social" derivada de la resolución judicial conocida la semana pasada.

Un nombramiento rodeado de polémica

Aunque la ficha del magistrado continuaba apareciendo por la tarde en la web de Cunef como la de un miembro de su claustro de profesores, las fuentes oficiales consultadas reiteraron que dejó de impartir clases en junio de 2017. El CGPJ modificó su biografía después de que este periódico se interesara por su actividad docente en esa institución privada adscrita a la Universidad Complutense. El presente del texto original –"en la actualidad es, además, profesor en el Centro Universitario de Estudios Financieros (Cunef)– fue sustituido por el pretérito perfecto: "Hasta el año 2017 ha sido, además, profesor en el Centro Universitario de Estudios Financieros (Cunef)." "Se cambió cuando vimos que había ese error", explicó una fuente oficial.

Cuando en junio de 2017 cesó como docente de Cunef, Díez-Picazo estaba a punto de cumplir dos años como presidente de la Sala de lo Contencioso, la encargada de dirimir los litigios que afectan al Gobierno.

Materializado gracias a los 11 votos de los vocales del Poder Judicial afines al PP, su nombramiento estuvo rodeado de polémica. Por primera vez, el órgano de gobierno de los jueces había tumbado el intento de un presidente de Sala, en este caso José Manuel Sieira, por optar a un segundo mandato de cinco años. "El Consejo General del Poder Judicial no puede convertirse en un palacio de intrigas", llegó a advertir Sieira el día en que presentó su candidatura a la reelección.

El 22 de julio de 2015, Sieira vio definitivamente frustradas sus expectativas. El CGPJ dio ese día vía libre al que todos los observadores consideraban desde semanas atrás como el candidato de Carlos Lesmes, presidente del Supremo y del CGPJ, para presidir la Sala que controla al Gobierno.

Díez-Picazo, que había llegado al alto tribunal en 2008 por la vía reservada a juristas de reconocido prestigio, tomó así el relevo de Sieira, cuyo enfrentamiento con Lesmes era ya ampliamente conocido. Distintos medios publicaron entonces que el presidente del Supremo nunca le había perdonado a Sieira que encomendase al pleno de la Sala Tercera decidir sobre el indulto concedido por el Gobierno de Mariano Rajoy a un conductor kamikaze condenado a 13 años por matar a un joven. El indulto fue anulado en noviembre de 2013. El abogado del kamikaze era hermano de un histórico dirigente del PP, Ignacio Astarloa. Y en el mismo bufete trabajaba un hijo del entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.

En septiembre de ese año, Sieira remitió a la Sala de Gobierno del Supremo un escrito donde sugería que su sucesor podía haber incurrido en una "desviación de poder" al impedirle dirigir al menos una de las siete secciones que conforman la Sala Tercera.

Los bancos españoles han ganado 7.120 millones de euros en los seis primeros meses del año, un 2,3% más que en el mismo periodo del año anterior. Si se mira el detalle de los datos publicados por la Asociación Española de Banca (AEB), la patronal del sector, el margen de intereses, que mide el resultado de su actividad principal, –la diferencia entre los intereses que paga y los que cobra–, se ha recortado un 1,1% en el primer semestre de este año respecto al mismo periodo de 2017. Por el contrario, los ingresos por comisiones han crecido un 4,5%.

El aumento confirma una tendencia que viene asociada a la crisis financiera y a la bajada de los tipos de interés a mínimos históricos, que lastra el negocio puramente bancario. Las entidades lo han compensado recurriendo al cobro de comisiones por todo tipo de servicios: mantener una cuenta, hacer una transferencia, emitir una tarjeta de crédito o un cheque, vender un seguro, un plan de pensiones o un crédito al consumo, gestionar un fondo de inversión… Así, desde 2007, los ingresos por comisiones de las entidades de la AEB se han disparado un 34,3%. Antes de la crisis, los bancos cobraron a sus clientes 18.869,5 millones de euros en comisiones; en 2017, la cifra se elevó a 25.352 millones.

Y la subida continuará este año. Al menos a tenor de los datos del primer semestre. Hasta junio los ingresos por comisiones alcanzan los 13.532 millones de euros; como queda dicho, un 4,5% más que en el mismo periodo de 2017. De forma que esa partida supone ya casi un tercio, el 32,3%, del margen bruto –la diferencia entre los ingresos y los costes financieros del banco– de las 87 entidades integradas en la AEB, que hasta junio ascendía a 41.822 millones de euros en términos agregados. El peso de las comisiones ha aumentado así 2,5 puntos porcentuales desde el cierre del ejercicio de 2017.

A esa mayor participación de las comisiones en el margen bruto ha colaborado también el descenso del margen de intereses. Desde 2006 hasta 2009 éste crecía a porcentajes de dos dígitos cada año, hasta acumular un alza del 81,3% en tres años. Pero la rebaja casi hasta cero de los tipos de interés tras el estallido de la crisis, primero en Estados Unidos y después en Europa, contrajo el crecimiento del margen de intereses al 7,95% entre 2009 y 2012, para hundirlo un 11,7% en 2013. En 2016 volvió a caer, un 0,3%.

Ibercaja y Kutxabank, a la cabeza

Entre los bancos españoles, Santander llega a depender hasta en un 31% de las comisiones respecto de su margen bruto, según los datos del primer semestre de este año publicados por la AEB. Mientras que el BBVA alcanza el 29,7%. Las comisiones suponen el 28,7% del margen bruto del Banco Sabadell, y el 28,3% del de Bankinter. Entre los bancos creados a partir de las cajas de ahorros, el peso de las comisiones es muy superior en el caso de Ibercaja, que se eleva hasta el 36% de su margen bruto, según las cuentas publicadas por la patronal CECA y referidas al pasado mes de marzo. En Kutxabank equivalen al 34,5%. Caixabank depende en un 30,8% de sus ingresos por comisiones, mientras que Bankia se queda en el 30,2%.

La próxima subida de tipos de interés –en Estados Unidos ya están en el 2%, mientras Draghi ha aplazado el alza hasta el verano de 2019– beneficiará los márgenes bancarios, pero eso no significa que las entidades vayan a renunciar a seguir ingresando por comisiones. Por el contrario, el Banco de España ya ha advertido de que cualquier subida de impuestos la repercutirán los bancos en los clientes.

Menos créditos y menos depósitos

En los seis primeros meses del año, la banca española recortó un 0,7% el volumen de sus créditos, que suman 1,5 billones de euros, mientras que el de los depósitos, 1,4 billones, disminuyó un 0,5%. De esta manera, la ratio entre el crédito concedido y los depósitos de los clientes se sitúa en un 108%, según la patronal bancaria. La morosidad también ha descendido, un punto, y se queda en el 4,4%, por lo que un 67% de los saldos morosos están cubiertos por provisiones. La ratio de solvencia de las entidades de la AEB no ha variado en el último año: continúa instalado en el 10,8%.

La patronal de las cajas (CECA) publica desde 2017 un estudio sobre su contribución fiscal, elaborado por la consulta PricewaterhouseCoopers (PwC) siguiendo una metodología propia que emplean empresas y sectores de todo el mundo desde 2005. La CECA ha utilizado el informe como argumento para rechazar el impuesto que el Gobierno del PSOE quiere aplicar al sector financiero, esgrimiendo que las cajas de ahorro pagan 41 euros de impuestos por cada 100 euros de beneficios. No obstante, esa cifra incluye, además del impuesto de sociedades, el IVA, las cotizaciones a la Seguridad Social de sus trabajadores, los impuestos que pagan a las comunidades autónomas y ayuntamientos (desde el IBI hasta el Impuesto de Actividades Económicas), y el impuesto sobre los depósitos.

En realidad, por el impuesto de sociedades, que grava los beneficios, las 10 entidades que integran la CECA –Abanca, Caixabank, Bankia, Ibercaja, Kutxabank, Liberbank, Unicaja, Cecabank, Caixa Ontinyent y Caixa Pollença— no han pagado ni un euro al menos en 2016 y 2017, según los dos estudios publicados por la patronal hasta ahora. Pese a que representan el 39% del sistema financiero nacional en cuanto a depósitos y aunque han ganado 3.651 millones de euros brutos en 2016 y 3.347 millones de euros en 2017, según los datos contables de la propia CECA, la factura con Hacienda les salió a su favor en ambos ejercicios.

Lo explica con detalle la asociación en el estudio. En 2016 las cajas pagaron de forma adelantada al fisco 752 millones de euros por sus ganancias: 688 millones en pagos fraccionados, 37 millones en retenciones a cuenta y 27 millones en autoliquidaciones. Pero como la Agencia Tributaria les reintegró 776 millones, correspondientes a las devoluciones de 2014 –609 millones– y de 2015 –167 millones–, el saldo neto fue negativo por importe de -24 millones de euros.

Esa alza de las devoluciones tiene su origen en cambios de la normativa fiscal. A partir de 2012, el Ejecutivo del PP aumentó el pago fraccionado a las empresas que facturan más de 20 millones de euros y limitó al 25% la compensación de pérdidas de años anteriores para las sociedades que superan los 60 millones de cifra de negocio. Al exceder estos pagos adelantados el importe de la declaración final del impuesto, Hacienda les devolvió en 2016 los 776 millones antes citados, así como 991 millones en 2017, tras haber abonado de forma anticipada 840 millones de euros –771 millones en pagos fraccionados, 36 millones por retenciones a cuenta y 33 millones más por autoliquidaciones–. Es decir, el saldo neto también fue negativo ese año, pero por una cifra incluso mayor: -151 millones de euros. Un total de 175 millones en los dos últimos ejercicios.

La 'trampa' de la prestación por los DTA

En el informe de la CECA, sin embargo, el dato que aparece en 2017 no es que recibiesen de Hacienda 151 millones de euros por Impuesto de Sociedades, sino que pagaron 96 millones. ¿Cómo se explica este hecho? La respuesta está en que los autores del estudio añaden a los pagos adelantados, retenciones y autoliquidaciones del impuesto los 247 millones de euros que las cajas pagaron en 2017 en concepto de prestación patrimonial –del 1,5%– por la garantía que el Estado concede a parte de los activos por impuesto diferido (DTA), cuya conversión en efectivo le pueden solicitar las entidades financieras en caso de liquidación o si tienen pérdidas.

Pese a que la CECA reconoce que esa prestación carece de “naturaleza impositiva”, dice que la ha incorporado “como mayor impuesto sobre sociedades”, porque considera “vinculado” su pago a “activos fiscales generados por el citado impuesto”. Por tanto, eliminados los 247 millones de esa prestación patrimonial, que sólo se empezó a cobrar en 2017, la factura final del impuesto de sociedades fue de -151 millones de euros en 2017, como queda dicho más arriba.

Según el informe, los impuestos soportados por las cajas en 2017 ascendieron a 2.287 millones de euros, el 41,3% de los 5.538 millones de euros de beneficios antes de impuestos a efectos de la TTC (Total Tax Contribution, el método de PwC), que resultan de sumar el beneficio contable antes de impuestos –3.347 millones–, los impuestos soportados –2.287 millones– y de restar el saldo del impuesto de sociedades –los teóricos 96 millones que se contabilizan en el estudio–. 

Los DTA son una especie de colchón fiscal, que se originan a partir de las provisiones que los bancos realizan –para cubrir el riesgo de los créditos e inmuebles tóxicos, por ejemplo–, de las aportaciones a los planes de pensiones de sus plantillas y de las pérdidas de ejercicios anteriores. Estas cantidades no son deducibles en el impuesto de sociedades, pero Hacienda permite a los bancos acumularlas en forma de DTA y utilizar éstos en los siguientes ejercicios para reducir sus pagos fiscales. Además, la Ley del Impuesto de Sociedades permite a cualquier empresa, no sólo a los bancos, convertir los DTA en “créditos exigibles frente a la Administración tributaria” si registra pérdidas o si es liquidada o declarada insolvente por un juez. Es lo que hizo el Santander al comprar el Popular –solicitó al fisco que le abonara 474,23 millones de euros también en la declaración de 2016– y Bankia con BMN, por la que pidió 38,25 millones.

No obstante, no todos los DTA cuentan con esa garantía del Estado y puede pedirse su abono en efectivo. Sólo se permite con los DTA generados por provisiones y por aportaciones a planes de pensiones, que equivalen a un 60% de los activos fiscales diferidos, pero no a los generados por bases imponibles negativas.

En 2015, Bruselas abrió una investigación para determinar si esa garantía sobre algunos DTA constituía una ayuda de Estado ilegal. Así que el Gobierno impuso a los bancos una prestación patrimonial anual en favor del Estado del 1,5%, que fue aceptada por Bruselas para cerrar la investigación. Por esa tasa el Estado recaudó 471 millones en 2017, según los datos de la Intervención General del Estado. De ellos, 247 millones los abonaron las cajas de ahorros.

Criterio de caja

Todas las cifras anteriores referidas al impuesto de sociedades las calculan los consultores de PwC siguiendo un criterio de caja, por lo que difieren de la información financiera que publican cada año las entidades, que sigue un criterio contable: no todos los conceptos contables tributan luego en las declaraciones del impuesto enviadas a Hacienda o se imputan al mismo ejercicio. Usar el criterio de caja permite hacer comparaciones entre empresas, sectores o países y aproximarse a lo que realmente pagan a Hacienda las entidades. El propio estudio reconoce que los resultados así proporcionados “no serían del dominio público de otra forma”.

En cualquier caso, el documento incluye también el gasto contable en que incurren las cajas de la CECA por el impuesto sobre sociedades. En 2017 fue de 421 millones de euros, el 12,57% de los 3.347 millones que se apuntaron de beneficios. La cifra es casi la mitad del gasto de 2016, 789 millones, que a su vez representa el 21,6% de los 3.651 millones de euros registrados como ganancias. Por tanto, unos tipos muy alejados del general aplicado a la banca en este impuesto, el 30%.

Comparándose con el Reino Unido

La CECA detalla en su estudio cómo se reparte la carga fiscal que soporta. Además del impuesto sobre sociedades, las entidades financieras pagan desde 2014 un impuesto sobre los depósitos del 0,03%, que a las cajas de ahorro les supuso el abono de 152 millones de euros en 2017, un 25,5% menos que el año anterior –204 millones–. Este impuesto representa apenas el 6,6% de la carga fiscal de estas entidades y es el único específico para el sector que existe en España.

Según afirman los autores del informe, la distribución de la carga fiscal que afrontan las cajas españolas es “comparable” a la de las entidades financieras de otros países. En concreto, la CECA aporta dos informes realizados en el Reino Unido siguiendo la misma metodología de PwC. Allí, no obstante, existen dos impuestos específicos para el sector financiero: la bank levy (tasa bancaria)bank levy , que desde 2011 grava el pasivo a corto plazo, así como las acciones y pasivos a largo, y el bank surcharge, un recargo suplementario del 8% del impuesto sobre sociedadesbank surcharge que empezó a aplicarse en 2017 sobre los beneficios obtenidos por encima de los 25 millones de libras. Este recargo fue la inspiración del PSOE para su propuesta de impuesto a la banca, según explicó en su día el responsable económico del partido, Manuel Escudero.

En 2017 el sector financiero británico –incluye bancos, aseguradoras, gestoras de fondos e inmobiliarias– pagó 10.500 millones de libras (11.684 millones de euros) al Exchequer (la Hacienda británica) por el impuesto sobre sociedades, 3.000 millones por la tasa bancaria y 1.100 millones por el recargo del 8%. En total, un 28% de la carga fiscal soportada por el sector, según el estudio que PwC elaboró para la Corporación de la City de Londres. El IVA no recuperable representa el 24,1% y las cotizaciones sociales de sus empleados, el 32,4%, la parte del león fiscal en el Reino Unido. Allí el tipo del impuesto sobre sociedades es del 20%, más bajo que en España, pero desde el año pasado hay que añadirle el 8% del recargo bancario y, con la tasa bancaria, del 0,18%, el conjunto se aproxima al 30% español.

Pero si la atención se centra sólo en los bancos, resulta que el peso del impuesto de sociedades, junto con la tasa y el recargo bancarios es mucho mayor y supone hasta el 46% de su factura fiscal, por un 24,2% de las cotizaciones sociales y un 25,2% del IVA.

En España, las cotizaciones sociales que pagan las cajas de ahorros por sus plantillas, 1.010 millones de euros en 2017, se llevan la mayor parte parte de la tarta fiscal –el 44%–, seguidas del IVA, 682 millones, que equivale a un 30%. A ayuntamientos y comunidades autónomas les ingresan 331 millones, de los que el Impuesto sobre Bienes Inmuebles supone 123 millones de euros anuales.

Finalmente, las cajas incluyen en el estudio sus contribuciones al Fondo de Garantía de Depósitos y al Fondo Único de Resolución. El primero garantiza los depósitos de los clientes hasta 100.000 euros y el segundo, creado en 2016 por la Unión Europea, se encargará de financiar la reestructuración de las entidades financieras con problemas. Al primero aportaron 565 millones en 2017 y al segundo, 213 millones. Como ocurre con la prestación patrimonial por la garantía del Estado para los DTA, la CECA admite que estas contribuciones carecen de “naturaleza tributaria” y no forman parte de su contribución fiscal.

Banca y patronal no han tardado en mostrar su rechazo a los nuevos impuestos y la subida de otros ya existentes que ha anunciado el Gobierno durante la última semana. El aumento de la presión fiscal nunca ha levantado aplausos. Pero si el Ejecutivo quiere aumentar el gasto social y apuntalar los problemas de sostenibilidad del sistema público de pensiones sin perjudicar el déficit sólo le queda mover el otro extremo de la balanza y elevar los ingresos. No ya para este año, con los Presupuestos del Estado que elaboró el anterior Ejecutivo del PP recién aprobados, sino de cara a los del próximo ejercicio, que deben presentarse a la vuelta del verano.

Tanto los máximos responsables de BBVA, Bankia y Caixabank, como los presidentes de las patronales bancaria (AEB) y de las cajas de ahorro (CECA) advierten de las consecuencias de aplicar al sector un recargo sobre el impuesto de sociedades para pagar las pensiones. Una medida que tachan de “errónea” y “discriminatoria”. Todos ellos dejan claro que las entidades la trasladarán a los clientes, encareciendo el crédito, reduciendo la remuneración de los depósitos y subiendo las comisiones. Además, se resentirán sus márgenes, alertan, ya de por sí maltratados por los bajos tipos de interés, y peligrará su rentabilidad. Los nuevos tributos también tendrán “efectos colaterales” sobre el empleo y la inversión. Y ni siquiera solucionarán por sí solos los problemas de las pensiones, asegura el presidente de la AEB, José María Roldán.

“Restarán competitividad a las empresas”, ha protestado el presidente de la CEOE, Juan Rosell, a propósito no sólo del impuesto a la banca sino también del destope de la cotización máxima a la Seguridad Social, también pensada para mejorar los ingresos del sistema. “Castigan siempre a los que pagamos”, apuntó por su parte Antonio Garamendi, presidente de Cepyme, la patronal de las pequeñas empresas. También el Banco de España se ha unido a las voces discordantes, augurando el daño a la rentabilidad del sector financiero que supondría implantar “una figura sobre la que no se tiene experiencia”, aseguró el número dos del órgano supervisor, Javier Alonso.

Sólo la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha rebajado la alarma. Su presidente, José Luis Escrivá, matizó que “no está claro” ese traslado de la subida impositiva a los clientes que se presiente. “Eso sólo ocurriría si el sistema financiero operase en régimen de monopolio”, explicó. De hecho, recordó, cuando el Banco de España obligó a los bancos a destinar parte de su beneficio a provisiones anticíclicas, en el año 2000, aparecieron los mismos temores, pero finalmente el crédito no se encareció.

Entre las grandes empresas, Telefónica ha reaccionado con prudencia. “Las reglas están hechas para impuestos de una vida analógica, no digital”, indicó su directora de Finanzas, Laura Abasolo, “y como desde nuestro punto de vista se están produciendo ciertas ineficiencias tributarias, lo que pueda ayudar la tasa Google a equilibrarlo no lo vemos con malos ojos”. El nuevo impuesto, que gravará a los gigantes tecnológicos, ya estaba en el catálogo de medidas del anterior Ejecutivo para pagar las pensiones. Telefónica, no obstante, apoya que el tributo se implante de forma coordinada con el resto de los países de la UE. En cambio, el operador telefónico sí rechaza el tipo mínimo del 15% en el impuesto de las sociedades para las mayores compañías que está diseñando el Gobierno. “Implicaría una pérdida de competitividad fiscal”, destacó Abasolo.

Baja presión fiscal, demasiadas deducciones

España es uno de los países de la Unión Europea con menor presión fiscal. Para este año alcanzará el 34,6% del PIB y para el próximo, según la previsión incluida en el Programa de Estabilidad que el anterior Ejecutivo envió a Bruselas en mayo pasado, será tres décimas mayor. La media de la zona euro era del 41,3% en 2016, de acuerdo con los datos de Eurostat, la oficina estadística de la UE. En Alemania alcanza el 40,4%, en Francia llega incluso al 47,6% y en Dinamarca y Bélgica es el 47,3% y el 46,8% respectivamente.

Por el contrario, España tiene unos tipos en el impuesto de sociedades por encima de la media comunitaria. Pese a las rebajas de los últimos años –del 30% al 28% en 2015 y hasta el 25% desde 2016–, siguen superando el 22,5% de la zona euro. Sin embargo, la recaudación es de las más bajas. Este año los Presupuestos prevén unos ingresos por este concepto de 24.258 millones de euros, poco más de la mitad de lo que la Agencia Tributaria recaudó en 2007, 44.823 millones de euros. Los beneficios de las empresas se han recuperado, tras hundirse durante la crisis, pero no así lo que Hacienda les cobra por ellos. Y el motivo son las deducciones, exenciones y bonificaciones que las sociedades pueden aplicar para rebajar su factura fiscal. Lo dice la OCDE. En su informe Apuesta por el crecimiento del pasado mes de marzo, el club de los 35 países más ricos del mundo recomienda a España que “elimine gradualmente las exenciones al impuesto sobre la renta, el impuesto de sociedades, el IVA y los impuestos medioambientales”. También le aconseja que aumente los tributos verdes, “entre otros, los aplicados a los carburantes destinados al transporte por carretera y el impuesto por litro de gasóleo, como mínimo al mismo nivel del impuesto con el que se grava la gasolina”. También aplaude la decisión del anterior Gobierno de ampliar la base imponible del impuesto de sociedades y de subir las tasas sobre el tabaco y el alcohol.

Por los llamados beneficios fiscales –el conjunto de las exenciones, deducciones y bonificaciones– el Estado dejará de recaudar este año un total de 34.825,11 millones de euros, tal y como está previsto en los Presupuestos Generales. Un 9,3% más que el ejercicio anterior. De esa cantidad, corresponden al impuesto de sociedades 3.453,44 millones de euros, nada menos que un 62,3% por encima de las ventajas fiscales concedidas en 2017.

De estas ventajas fiscales, la mayor parte corresponden a los ajustes en la base imponible –la cifra a la que finalmente se aplica el tipo del impuesto–, que incluyen los diferentes regímenes especiales de tributación –navieras, entidades sin fin de lucro– o los incentivos al mecenazgo. Pero también hay deducciones por contratar a discapacitados, por innovación tecnológica, por invertir en Canarias, por reinvertir beneficios extraordinarios, por donaciones… Sin olvidar los tipos reducidos de las cooperativas, las socimi –sociedades anónimas cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario– o las sociedades de inversión, por ejemplo.

Batería de novedades tributarias

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunció esta semana que la intención del Gobierno es eliminar esa “arquitectura de deducciones” que reduce el tipo por el que realmente tributan las grandes empresas. De forma que quede garantizado que lo harán por un tipo mínimo del 15%, a partir del cual las compañías no podrán deducirse un euro más. Según dijo, ahora tributan a un tipo efectivo del 12%, es decir 13 puntos porcentuales por debajo del legal. No obstante, creará una nueva ventaja fiscal para las empresas que apliquen políticas de igualdad y promocionen a mujeres para puestos directivos, aunque no detalló la cuantía.

Otra de las novedades fiscales será un nuevo impuesto medioambiental del que sólo avanzó que gravará productos contaminantes, con intención “disuasoria” y no recaudatoria. Los Presupuestos de este año prevén unos ingresos por impuestos medioambientales directos de 1.808 millones de euros, así como de 4.504 millones más por el impuesto sobre los hidrocarburos. La ministra no precisó si ese nuevo gravamen consistirá en equiparar la fiscalidad del diésel a la de los motores de gasolina.

Nueva será también la tasa Google, cuya instauración es, además, un proyecto que la Unión Europea lleva ya tiempo preparando. Sin embargo, el déficit de la Seguridad Social apremió al anterior ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, a crear su propio impuesto sin esperar a Bruselas. María Jesús Montero quiere “empezar desde ya” a enviar proyectos de ley al Congreso, de forma que tanto el tributo a las grandes tecnológicas como el impuesto a la banca entren en vigor en 2019. “No se trata de subir los impuestos a los ciudadanos, sino de crear espacios fiscales nuevos para una sociedad del siglo XXI”, explicó en una entrevista en la Cadena Ser, “para dar respuesta a los retos de la globalización y la economía colaborativa, y para contar con los nuevos nichos de actividad, que a veces hacen competencia desleal a sectores tradicionales y que tienen que contribuir en mayor medida a la redistribución de la renta”.

Sobre el impuesto a la banca la ministra aún no ha revelado su diseño. Pero, ateniéndose a la propuesta que hizo el PSOE cuando estaba en la oposición, la idea es aplicar un recargo del 8% en el impuesto de sociedades de los bancos. En principio, se trata de copiar el Banking Corporation Tax Surcharge que el Reino Unido estableció en 2015 y grava el 8% de la base imponible de los bancos que tengan beneficios. El Gobierno conservador de David Cameron lo planteó como la “justa contribución” que las entidades financieras “deben seguir haciendo respecto a los riesgos potenciales que suponen para el sistema financiero del Reino Unido y el resto de la economía”. Según la agencia Bloomberg, el Gobierno británico tiene previsto recaudar 9.000 millones de libras –10.210 millones de euros– hasta 2022 por este concepto. Aquí, los cálculos del PSOE en su día cifraban los ingresos en 860 millones de euros.

Los socialistas también prometieron implantar un impuesto sobre las transacciones financieras, que la UE lleva desde 2011 intentando aprobar sin éxito. El proyecto europeo, que contaba con el apoyo del anterior Ejecutivo, se plantea como una tasa del 0,1% sobre el valor de cada acción y del 0,01% sobre los derivados; es decir, una cuota pequeña que grava una base imponible muy grande. En este punto España tampoco sería muy original. Países como Francia, Bélgica, Grecia, Finlandia, Irlanda, Polonia, Reino Unido y Suiza cuentan ya con impuestos sobre diferentes tipos de transacciones de valores.

Más cotizaciones a la Seguridad Social

Las necesidades presupuestarias también afectarán a las cotizaciones sociales. La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, se ha mostrado a favor de destopar la cotización máxima, que actualmente asciende a 3.751,2 euros mensuales. Es una de las medidas que discuten los grupos parlamentarios en la Comisión del Pacto de Toledo para aumentar los ingresos de la Seguridad Social y asegurar la sostenibilidad de las pensiones. Aún no se sabe en qué cuantía y con qué plazos se elevará ese tope por encima del cual no se cotiza. Ni en qué cuantía se limitará la pensión máxima a la que da derecho esa cotización. “Hay que hacerlo con mucho cuidado”, fue la única pista que dio el secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, esta semana. Cerca de 1,6 millones de trabajadores cotizan por ese máximo. La medida tampoco es nueva. Ya en 2013 y 2014, el Gobierno de Mariano Rajoy aumentó la cuota máxima un 5% cada ejercicio.

En cualquier caso, la decisión está supeditada igualmente al acuerdo que debe alcanzarse en el Pacto de Toledo, donde el destope contará con el apoyo de Podemos pero no así con el de PP, Ciudadanos y PDECat.

Además, cambiarán las cotizaciones de los autónomos. Valerio plantea que los trabajadores por cuenta propia paguen a la Seguridad Social según los ingresos que perciban, y no como ahora, cuando hay algunos que “sobrecotizan” y otros que lo hacen muy por debajo de lo que cobran. Para ello, también está a la espera de que los grupos lleguen a un acuerdo en la subcomisión del Congreso que estudia la reforma del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).

El PSOE propone pagar las pensiones creando un nuevo impuesto a la banca y estableciendo de inmediato el impuesto a las transferencias financieras que la UE lleva desde 2011 intentando implantar sin éxito. La idea de gravar los beneficios del sector financiero no es nueva: Unidos Podemos presentó una proposición no de ley hace ahora un año que reclamaba un “impuesto solidario” y “temporal” que ayudara a recuperar las ayudas públicas recibidas por las bancos durante la crisis. Ya en 2013 UPyD pidió en otra proposición no de ley “un recargo transitorio en el Impuesto de Sociedades aplicable a los bancos” a fin de recuperar las ayudas públicas recibidas. No llegó a ser tramitada.

Sin embargo, ésta es la primera vez que se liga el impuesto a los bancos con el pago de las pensiones. Según explica a infoLibre Manuel Escudero, secretario de Política Económica del PSOE, se trata de que, “si el contribuyente ha rescatado a la banca, sean ahora los bancos los que rescaten a la Seguridad Social, el sistema que mejor representa el bien común, ahora que padece un déficit estructural”.

Si se cumplieran sus cálculos, podrían recaudarse unos 860 millones de euros al año, por lo que sumados hasta 2050 equivaldrían a 25.000 millones, lejos aún de los 57.000 millones de euros en que el Banco de España ha cifrado el rescate bancario entre 2008 y 2014. El supervisor prevé que sólo se recuperará el 6,8% de esa cantidad.

Para ese impuesto, los socialistas se han fijado en el Banking Corporation Tax Surcharge que el Reino Unido estableció en 2015. Grava el 8% de la base imponible de los bancos que tengan beneficios y el Gobierno conservador de David Cameron lo planteó como la “justa contribución” que las entidades financieras “deben seguir haciendo respecto a los riesgos potenciales que suponen para el sistema financiero del Reino Unido y el resto de la economía”. “Es una especie de seguro”, resume Escudero, “frente al peligro sistémico que puede representar una banca que ha tomado excesivos riesgos y para evitar que se repita en el futuro el perjuicio causado a la sociedad en el pasado”. Ese mismo 8% es el que el PSOE propone también para un posible impuesto a la banca español. “Si se ha establecido en el segundo centro financiero mundial, pensamos que es algo sensato, lógico y viable hacerlo también aquí”, resalta. Según la agencia Bloomberg, el Gobierno británico tiene previsto recaudar 9.000 millones de libras –10.210 millones de euros– hasta 2022 por este concepto. Sólo en 2017 ingresó 1.500 millones de libras.

También en Francia existe un impuesto que grava a los bancos por su riesgo sistémico, la TRS (Taxe de Risque Systémique), que en 2012 se elevó del 0,25% al 0,50% de la base imponible. Desde 2014 ha empezado a reducirse gradualmente hasta su prevista desaparición en 2019, pero en 2015 se creó otro impuesto similar destinado a financiar a los ayuntamientos que contrataron préstamos tóxicos. En 2012 el fisco francés recaudó 500 millones de euros gracias a la TRS.

Para el impuesto sobre transferencias financieras el PSOE se ha inspirado en el caso francés. París no esperó a Bruselas para implantarlo en su territorio. Desde 2011 la UE lleva intentando ponerse de acuerdo para aplicarlo en el mayor número posible de países, de momento son 10 los dispuestos a hacerlo. El Gobierno de Nicolas Sarkozy lo estableció por su cuenta en Francia en 2013. Empezó siendo un 0,2% en la compraventa de acciones de empresas con sede en el país y con un valor en Bolsa por encima de 1.000 millones de euros, apenas un centenar de sociedades. En 2014 se añadió un 0,01% a las transacciones intradía –compraventa en el mismo día–. Y desde enero de 2017 se paga un 0,3% por ambos tipos de operaciones. En 2016 la recaudación por este impuesto superó los 932 millones de euros.

La batalla por gravar los depósitos bancarios

Por el contrario, en España, al menos hasta ahora, la banca sólo paga un impuesto específico que, no obstante, puede considerarse casi simbólico: el IDEC, que grava los depósitos bancarios. Lo creó el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en 2012, pero con un tipo del 0%; es decir, no se pagaba. La medida pretendía anular los impuestos a los depósitos bancarios que habían comenzado a crear las comunidades autónomas a partir de 2001, aunque lo presentó como una figura necesaria para “homogeneizar” el sistema tributario y mantener la unidad del mercado bancario. La primera en implantarlo, ese año, fue Extremadura, pero le siguieron Andalucía (2010), Canarias, Cataluña y Comunidad Valenciana (2012) y Asturias (2013).

En 2014, para cumplir con una sentencia del Tribunal Supremo, Montoro elevó el IDEC hasta el 0,03%. Con ese tipo tan bajo, el Estado tenía previsto recaudar en 2017 sólo 237 millones de euros, según consta en los Presupuestos Generales ahora prorrogados. Esa cantidad la reparte Hacienda entre las comunidades autónomas, que no pueden aplicar sus propios IDEC desde que el Tribunal Constitucional los anuló en junio de 2015. El tribunal dictaminó que los impuestos autonómicos eran “idénticos” al estatal, por lo que vulneraban la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca) y la propia Constitución. De hecho, sólo se diferenciaban por la cuota. Las autonómicas eran mucho más altas. La catalana estaba fijada en un 0,3% para las entidades que captaran depósitos por importe de 150 millones de euros; en un 0,4% si la cantidad depositada se situaba entre 150 y 600 millones, y en un 0,5% si superaba los 600 millones de euros.

Cuando Cataluña anunció que impondría una tasa a los depósitos, en diciembre de 2012, el consejero delegado del Banco Sabadell, Jaume Guardiola, advirtió de que las entidades lo “repercutirían en los clientes”. También la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) mostró su rechazo a la medida “especialmente en un contexto de crisis como el actual, su efecto es un encarecimiento del crédito”.

Ahora, tras conocerse la propuesta del PSOE para crear un impuesto específico, José Luis Martínez Campuzano, portavoz de su patronal, la AEB, adelanta que “establecer un impuesto a la banca sólo en España para costear las pensiones tendría efectos negativos sobre la competitividad” de las entidades financieras, que están “volcadas en la financiación a familias y empresas”. Por eso reclama un “profundo análisis previo que evalúe tanto la eficacia recaudatoria como las posibles consecuencias económicas que podrían derivarse de la medida”. A su juicio, la sostenibilidad del sistema de pensiones públicas es un problema “a escala europea”, que requiere “soluciones a escala europea”.

En cualquier caso, la batalla por gravar los depósitos bancarios no está cerrada. El pasado mes de junio el Congreso aprobó una proposición no de ley que insta al Gobierno a suprimir el impuesto estatal de forma que las comunidades autónomas recuperen su propio tributo. La iniciativa partió de Esquerra Republicana y la apoyaron PSOE, Unidos Podemos, Compromís y el PDeCAT. PP y Ciudadanos votaron en contra.

Montoro y De Guindos, a favor

Mientras el sector financiero era rescatado con millones en ayudas públicas, el Congreso debatía e incluso aprobaba decenas de proposiciones no de ley urgiendo al Gobierno para que impulsara en Bruselas los intentos de crear un impuesto europeo sobre las transacciones financieras. Las iniciativas partieron de IU, Podemos, PSOE, UPyD y la antigua CiU. Según los cálculos europeos podría recaudar hasta 60.000 millones de euros, de los que entre 5.000 y 6.000 millones corresponderían a Españaentre 5.000 y 6.000 millones corresponderían a España.

Los ministros Montoro y Luis de Guindos se han manifestado repetidamente a favor de la implantación de esta tasa. Hace sólo un mes, el titular de Economía esperaba de Bruselas un acuerdo “lo suficientemente amplio” a principios de este año. Pero también precisaba que los trabajos continúan “a nivel técnico porque todavía quedan muchos aspectos que definir y limar”. Ya se ha llegado a un consenso, explicó De Guindos en el Senado, sobre el gravamen, las operaciones que estarán sujetas al tributo y los principios territoriales. Pero el principal temor es que se produzca una “deslocalización de las transacciones financieras”: que los operadores se trasladen a países donde no se les cobre el impuesto. Un temor que Manuel Escudero desecha: “No ha ocurrido en Francia”, zanja. Por el contrario, Ciudadanos, en una enmienda a la última proposición no de ley aprobada al respecto objetaba que el impuesto sobre las transacciones financieras puede “distorsionar el funcionamiento de los mercados, fragmentar el mercado único europeo e incluso perjudicar en un 0,5% el PIB”.

En principio, el impuesto europeo se plantea como una tasa del 0,1% sobre el valor de cada acción y del 0,01% sobre los derivados; es decir, una cuota pequeña que grava una base imponible muy grande. El Banco de España recuerda que, además de Francia, otros países como Bélgica, Grecia, Finlandia, Irlanda, Polonia, Reino Unido o Suiza cuentan con impuestos sobre diferentes tipos de transacciones de valores.

Los bancos adscritos a la Asociación Española de Banca (AEB) registraron un beneficio atribuido de 10.168 millones de euros en los nueve primeros meses de 2017, lo que supone un 12,4% más que en las mismas fechas del año anterior, ha informado Europa Press.

Estas entidades incrementaron su margen de intereses en un 5,1% al alcanzar los 44.065 millones de euros, con una reducción del 6,5% de los costes financieros, de acuerdo con los datos de la patronal bancaria.

El margen bruto del conjunto de estos bancos creció a un ritmo del 4% anual, en los 63.889 millones de euros, mientras que los gastos de explotación crecieron menos de un 1% anual.

El resultado de la actividad de explotación de las entidades de la AEB se situó, tras dotaciones y provisiones, en unos 18.265 millones de euros, lo que implica un 12% más.

Crecen los depósitos a clientes

Los depósitos a la clientela se situaron en 1,4 billones de euros, lo que implica un crecimiento del 2,7% anual, mientras que los créditos fueron de 1,5 billones de euros, con una reducción del 1%.

Así, la ratio de préstamos sobre depósitos se sitúa en el 108%, cuatro puntos porcentuales menos que hace un año, continuando con la tendencia descendente de los últimos ejercicios.

El conjunto de estos bancos situó su morosidad en el 4,7%, frente al 5,8% de las mismas fechas de un año antes, si bien la patronal aclara que está calculada con un perímetro distinto, dado que la del año anterior estaba calculada teniendo en cuenta al Popular.

La ratio de solvencia de estos bancos, por su parte, se situó en el 12,2% medida según los requerimientos de Basilea y en el 11% en términos de CET1 fully loaded.

Los responsables del Banco Santander celebraron este viernes la primera de las tres reuniones preparatorias que el convenio de banca establece para el caso de que la empresa quiera ejecutar un Expediente de Regulación de Empleo. Van a presentar dos ERE: uno en el Santander y otro en el Banco Popular, adquirido el pasado mes de junio. Ambos afectarán a los servicios centrales de las dos entidades, que cuentan con una plantilla conjunta de casi 35.000 empleados. Para los trabajadores del banco presidido por Ana Botín será el cuarto recorte de plantilla en cuatro años. Para los del Popular, el segundo en un año pero el cuarto desde 2012.

Desde 2013, cuando se fusionó con Banesto, el Santander se ha deshecho de 5.012 personas. Las primeras 1.621 prejubilaciones correspondieron a esa integración, otras 2011 se ejecutaron en 2014, y en el ERE del año pasado se fueron del banco 1.380 personas más. El Popular hizo lo propio con 2.592 empleados en el ERE que presentó en noviembre de 20162.592 empleados en el ERE . Antes de eso, en 2014, prejubiló a otros 150 empleados. Y en 2012, tras adquirir el Banco Pastor, prejubiló a 800 personas. En total, ambas entidades han reducido sus plantillas en 8.554 trabajadores. El Santander aún no ha precisado a cuántas personas afectarán los dos próximos ERE. Sólo ha explicado que el recorte se hará con “medidas no traumáticas”, en concreto, bajas incentivadas y externalizaciones, trasladando personal a otras empresas del grupo.

Pese a que, según las fuentes sindicales consultadas, los representantes de los trabajadores pidieron a la empresa que ofreciera prejubilaciones, ésta contestó que, en principio, no las considera. Ambas plantillas no cuentan con un número suficiente de trabajadores con la edad adecuada para aplicarles tal medida, después de las salidas de los últimos ERE, aclaran las mismas fuentes.

Tampoco revelaron los responsables del Santander si las condiciones que va a ofrecer a las plantillas de cada banco van a ser las mismas. Sí explicaron que el ERE del Santander se planteará por causas técnicas y organizativas, y el del Popular por las anteriores, así como por causas económicas. Del ERE del Popular va a quedar excluida la plantilla del Banco Pastor, que adquirió en 2011 por 1.300 millones y que carece de servicios centrales.

Más recortes tras la integración tecnológica

No obstante, las fuentes sindicales temen que haya un nuevo ERE en cuanto se produzca la integración tecnológica de Santander y Popular, en 2019, y que afectará, esta vez sí, a la red de oficinas. Según avanzó el Santander cuando firmó la compra del Popular, la fusión de ambas entidades generará sinergias de costes de 500 millones de euros anuales a partir de 2020.

En un comunicado, el banco de Ana Botín ha explicado que realizará el ajuste siguiendo un “criterio de meritocracia”, a fin de “aprovechar el mejor talento” de ambas entidades. También se compromete a realizar un “esfuerzo especial” para que los trabajadores obtengan “buenas condiciones” y aprovechando la “movilidad interna hacia otras entidades del grupo”.

Las próximas reuniones preparatorias de los ERE se celebrarán los próximos días 8 y 13.

El sector financiero ha perdido 81.533 empleados

Desde 2008, cuando estalló la crisis financiera, la banca española ha recortado un 32,5% sus plantillas. Ese año los bancos tenían 115.907 empleados y las cajas, 134.866. Un total de 250.773 personas trabajaban para el sector. A 31 de diciembre de 2016, de acuerdo con los anuarios de las patronales AEB y CECA, quedan 94.498 trabajadores en la banca y 74.742 en las cajas de ahorro. Es decir, el sector ha perdido 81.533 empleados.

Pero la tijera no se ha detenido. Si en los últimos años la crisis y el rescate financiero estaban detrás de los recortes de plantilla, este año los bancos empiezan a hablar de transformaciones tecnológicas. Caixabank ha acordado dos planes de prejubilaciones para 960 trabajadores. BBVA ejecutará 500 prejubilaciones, mientras que Liberbank plantea 525. Ibercaja ha negociado un ERE para deshacerse de otros 590 empleados.

El presidente de la patronal bancaria, José María Roldán, anunció este viernes que la las entidades financieras españolas devolverán a sus clientes entre 2.000 y 3.000 millones de euros por las cláusulas suelo, que el Supremo anuló por opacas y abusivas, y cuyo reintegro retroactivo dictaminó el Tribunal de Justicia de la UE el pasado diciembre. La cantidad representa la mitad de los 4.200 millones de euros en que el Banco de España calculó el impacto de la sentencia europea hace un mes.

Otras estimaciones, como las elaboradas por la consultora Analistas Financieras Internacionales (AFI) elevaban incluso esa cifra a 5.269 millones sólo hasta el 9 de mayo de 2013, cuando el Tribunal Supremo dictó su sentencia. Como el TJUE ha validado la retroactividad de la anulación de las cláusulas y éstas empezaron a incluirse en las hipotecas en noviembre de 2009, AFI añade otros 4.474 millones de euros a la factura. Es decir, según estos cálculos, realizados el pasado abril, los bancos deberían devolver unos 9.743 millones de euros.

El presidente de la Asociación Española de Banca (AEB) ha dado sus propias cifras el mismo día en que el Consejo de Ministros ha aprobado el procedimiento extrajudicial para que las entidades devuelvan las cantidades de más cobradas a los clientes por las cláusulas suelo. En una entrevista en Onda Cero, José María Roldán rebajó los cálculos del Banco de España asegurando que algunas entidades ya han llegado a acuerdos con sus clientes. La patronal bancaria también repitió este viernes que las entidades financieras siempre han cumplido “las numerosas normas que regulan la transparencia e información que debe incluirse en los contratos hipotecarios”. Roldán ha recalcado que las cláusulas suelo existen desde 1995 y “no son ilícitas”.

El sistema extrajudicial, que ha sido pactado por el Gobierno con el PSOE y Ciudadanos, permite que los bancos decidan a qué clientes ofrecen la devolución los bancos decidan a qué clientes ofrecen la devoluciónde lo cobrado en exceso y también si aplican alguna quita sobre esos montantes y los intereses que han generado. En caso de que el consumidor no quede satisfecho, puede entonces recurrir a los juzgados. Banco Sabadell reiteró este viernes –ya lo declaró tras la sentencia del TJUE– que sus cláusulas suelo siempre han sido “claras y transparentes” y que, en todo caso, ya ha “llegado a una solución con cada uno de sus clientes, si ha procedido”.

No obstante, en su información sobre los resultados del primer semestre de 2016 –es decir, antes de la sentencia que dictaba la retroactividad de las devoluciones–, el banco que preside Josep Oliu calculaba para las cláusulas suelo un impacto en sus cuentas de 490 millones de euros.

Los cálculos de las propias entidades

Pero son Caixabank y BBVA las entidades que mayor volumen de dinero deberían devolver a sus clientes: 1.250 y 1.200 millones de euros, respectivamente, según la información que ellos mismos comunicaron al publicar sus resultados del primer trimestre del año. Sólo para 2016 el BBVA cifra en 404 millones de euros el “impacto negativo neto” en su beneficio atribuido.

El Banco Popular hizo una provisión de 305 millones de euros, a 30 de junio de 2016, para devolver las cláusulas suelo, a los que habría que sumar otros 334 millones más para pagar la retroactividad hasta 2009. En total, 639 millones de euros. Bankia, por su parte, constituyó provisiones de 114 millones a fin de cubrir los reintegros hasta el 9 de mayo de 2013. Para las cláusulas firmadas con anterioridad, el banco que preside José María Goirigolzarri calcula que necesitaría 100 millones más. La factura sumaría 214 millones de euros, por tanto. Liberbank calculó en un primer momento un impacto de 208 millones de euros, a los que añadió 83 millones tras la sentencia del TJUE. A estas cantidades habría que sumar las devoluciones que deberán hacer Abanca, Unicaja –150 millones–, Cajamar o Ibercaja. En total, la cifra supera con creces los 4.000 millones.

En todos sus informes de resultados de 2016, al hacer mención a las cláusulas suelo, los bancos no dudaban en calificar como “muy remotas” las posibilidades de que perdieran en los tribunales y tuvieran que devolverlas hasta noviembre de 2009. Tenían de su parte al Abogado General del TJUE, destacaban.

Los bancos no tienen prisa

No sólo el Sabadell se ampara en que sus cláusulas suelo son transparentes y, por tanto, legales. También el presidente del BBVA, Francisco González, ha dejado claro en Davos que el banco aún está “pendiente” de la interpretación que haga el Tribunal Supremo sobre la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE. “Tan pronto esté todo claro”, añadió, “nosotros procederemos adecuadamente, hablando con nuestros clientes y buscando los intereses de ambas partes”. Es decir, para empezar a pagar los bancos esperarán a que el Supremo se pronuncie sobre la retroactividad dictada por el tribunal europeo, que contraviene su propia sentencia, donde se limitó hasta mayo de 2013 la devolución de lo cobrado indebidamente.

El real decreto aprobado este viernes da de plazo a los bancos un mes para poner en marcha el procedimiento extrajudicial de reintegro de los importes indebidos. Y tres meses más como máximo para llegar a un acuerdo con cada cliente. La idea del Gobierno es que los primeros perjudicados cobren su dinero en un plazo de cuatro meses.

En la radio, José María Roldán no reconoció expresamente que la desaparición de las cláusulas suelo de las hipotecas vaya a encarecer las hipotecas. “Todo dependerá de los tipos de interés y de la competencia que exista en el sector”, aseguró el presidente de la patronal bancaria.

Lo que sí está negro sobre blanco y firmado es la parte de la factura de las devoluciones que se pagará con dinero público: el 85% de lo cobrado en exceso por Abanca. Según el documento de compra firmado con el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), éste debe hacerse cargo de ese porcentaje, hasta un importe máximo, por la responsabilidad de Abanca “derivada de las reclamaciones relativas a la comercialización de préstamos hipotecarios con cláusulas suelo concedidos a partir de octubre de 2008”. El FROB vendió Novagalicia al venezolano Bandesco en diciembre de 2013 por 1.003 millones de euros, después de haberle inyectado más de 9.000 millones para rescatarla. Entonces se convirtió en el actual Abanca.

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Las entidades financieras han enviado el 23 de enero a la CNMV comunicaciones de hechos relevantes sobre el impacto de la devolución de las cláusulas suelo en sus cuentas. Tras la entrada en vigor del real decreto aprobado por el Gobierno el viernes anterior, Caixabank informa de que ese impacto aumentará en 110 millones. El Banco Popular, por el contrario, reduce su efecto en 105 millones de euros. El resto de los bancos – BBVA, Banco Sabadell, Bankia y Liberbank– mantienen inalteradas las cifras que comunicaron en su día.

José Luis Martínez Campuzano, portavoz de la Asociación Española de la Banca, ha asegurado en unas declaraciones a Capital Radio recogidas por Europa Press, que las entidades financieras "están preparadas" para hacer frente a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que obliga a los bancos a devolver íntegro el dinero de las cláusulas suelo.

Asimismo, Campuzano ha indicado que todavía hace falta conocer los detalles de la resolución y cuál será el periodo que tendrán las entidades para cuantificar las cantidades a devolver.

El portavoz de la patronal bancaria también ha recomendado "la interlocución directa entre el cliente y los bancos para agilizar e incluso reducir costes innecesarios".

En este sentido, ha recalcado que la decisión del TJUE entiende que la del Tribunal Supremo sobre las cláusulas suelo es "contraria al derecho europeo".

Campuzano también ha señalado que la patronal no tiene una estimación sobre el impacto de la retroactividad total, pero recuerda que las entidades han tenido tiempo de cubrir con provisiones el posible coste de la decisión del tribunal.

Los bancos Santander y Popular han comunicado a sus trabajadores que este año no se devengarán las pagas extraordinarias de beneficios que hasta ahora la plantilla cobraba en marzo y febrero, respectivamente, del ejercicio siguiente. El nuevo convenio colectivo de banca, firmado el pasado mes abril, establece un nuevo sistema de participación en los beneficios de las entidades, en el que las 2,75 extras de este tipo pasan a integrarse en el salario fijo, por lo que se cobrarán distribuidas entre las 14 pagas anuales. Eso ocurrirá a partir del 1 de enero de 2017. Pero Santander y Popular abonan la extra a año vencido, así que los sindicatos creen que la plantilla debe cobrar por los beneficios obtenidos en 2016 y comenzar con el nuevo sistema a partir de los conseguidos en 2017. Las entidades discrepan.

Según los cálculos de UGT, cada trabajador del Santander puede ver así recortado su sueldo anual en un 14%, mientras que la entidad se ahorraría 120 millones de euros. En el caso del Popular, el mismo sindicato cifra en un mínimo de 56 millones el dinero que la entidad pretende escatimar a sus más de 14.000 empleados, a razón de 4.000 euros por nómina anual.

A juicio de UGT Santander, la renuncia a las 2,75 pagas de beneficios –del total de 18,5 de que disfrutan por convenio– equivale a una “pérdida de derechos ya devengados durante 2016” para quienes permanecen en plantilla tras el último Expediente de Regulación de Empleo (ERE), pactado en abril. A quienes se han prejubilado o dejaron el banco acogiéndose a las bajas incentivadas, el banco les incluyó en sus finiquitos la parte proporcional de esas pagas de beneficios. Los trabajadores que continúan en sus puestos, en cambio, no las percibirán. Según fuentes sindicales, la paga es un derecho individual consolidado que no puede ser eliminado ni por el empresario ni por las leyes ni por los convenios posteriores sin el consentimiento del trabajador.

“La AEB y, por extensión, Banco Santander no pueden ignorar que los beneficios no les pertenecen en exclusiva. Son generados gracias al trabajo y compromiso de toda la plantilla y es de justicia su redistribución con quienes han contribuido a que la empresa, en plena crisis financiera, continuase remunerando al accionista y generando beneficios”, advierte la sección sindical de CCOO en el Santander en una circular a la plantilla. El sindicato anuncia medidas “judiciales y extrajudiciales” para cambiar la “interpretación restrictiva” que la patronal hace del convenio.

Este año el Santander firmó un recorte de plantilla de 1.380 trabajadores, de los que 700 han sido prejubilaciones y 300 bajas incentivadas en la red de sucursales, así como otros 380 bajas y prejubilaciones en los servicios centrales. Para el próximo, los sindicatos no descartan una nueva tanda de prejubilaciones, explican fuentes de UGT. Quiere cerrar 425 oficinas. El Popular ya ha anunciado una reducción de personal que afectará a entre 2.500 y 3.000 trabajadores. También se llevará a cabo mediante prejubilaciones y bajas incentivadas.

Sentados con la patronal

Los representantes sindicales se han reunido con la dirección de ambos bancos y, ante la falta de acuerdo, han convocado la Comisión Paritaria del convenio, en la que se sienta la AEB, la patronal del sector, y cuyo cometido es precisamente solventar este tipo de discrepancias. De fracasar también esta instancia, fuentes de la sección sindical de UGT en el Banco Santander se declaran dispuestas a plantear un conflicto colectivo ante la Audiencia Nacional, sin descartar, como ya ha anunciado el sindicato en el Popular, que sean los propios trabajadores quienes presenten reclamaciones de cantidad de forma individual en los juzgados de lo Social.

Un portavoz del Banco Popular ha explicado a infoLibre que la patronal ha presentado una propuesta en esta Comisión Paritaria para abonar en los finiquitos de este año la parte proporcional de las pagas, puesto que tanto el Popular como el Santander dejaron de abonárselas a los trabajadores que abandonaron las entidades después del 15 de junio. No obstante, el banco de Botín sí había incluido las extras de beneficios en las liquidaciones de los empleados que causaron baja en el ERE de abril. Lo hizo como “medida excepcional y transitoria”, según explicó en una nota interna la propia AEB. 

La entidad que preside Ana Patricia Botín asegura que el complemento ad personam y las nuevas tablas salariales incluidos en el convenio colectivo “garantizan al personal las pagas de beneficios que tiene consolidadas”. Según destaca un portavoz, el pacto firmado en abril determina que el antiguo sistema de participación en las ganancias se aplicará “sólo sobre los resultados de 2015”. “Las pagas de participación en beneficios del convenio derogado ya no existen”, advierte.

Millones de beneficios, reparto de dividendos

El Santander obtuvo en 2015 unos beneficios de 5.996 millones de euros. En los primeros seis meses de este año ha ganado 2.911 millones. El Popular cerró el pasado ejercicio con unos resultados positivos de 105,4 millones y el primer semestre del año en curso con unas ganancias de 94 millones de euros. En 2015 el banco que preside Ana Patricia Botín repartió en dividendos el 38% de sus beneficios. Y el Popular, aunque ha suspendido este año el pago de dividendos, ha prometido distribuir un 25% de sus ganancias entre los accionistas en 2017.

A partir del próximo 1 de enero, la paga de beneficios en la banca pasará a ser variable, sin repercusión en las tablas salariales, no consolidable y no pensionable, según figura en el nuevo convenio. Hasta ahora, esta nómina extraordinaria se calculaba según el dividendo líquido abonado a los accionistas de cada entidad. El último convenio, en cambio, liga la cuantía de la extra a un parámetro denominado Resultado de la Actividad de Explotación (RAE), que mide “la actividad bancaria en España considerando un perímetro homogéneo de comparación”.

También el servicio de estudios del BBVA es uno de los mayores defensores de lo que llama “modernización del sistema de despido”. Su última propuesta defiende abaratarlo creando un contrato único con una indemnización que crecería según la antigüedad del trabajador, de forma que sólo llegaría a los 33 días por año quien acumulara un mínimo de ocho años en la empresa. Por su parte, el servicio de estudios de Caixabank rechaza en sus informes las “rigideces” del mercado laboral, como los elevados costes de despido, y considera “insuficiente” la “flexibilidad” de la legislación española sobre el trabajo.

Aunque la institución que con más entusiasmo ha reclamado una reforma laboral que, entre otras novedades, abaratara los despidos es el Banco de España. Tanto con su anterior gobernador, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, como con el actual, Luis Linde. En 2009, el primero llegó a pedir la desaparición del despido indemnizado, y el año pasado el segundo se mostró a favor de “acercar” la cuantía de la compensación por despido de los contratos indefinidos a los temporales; es decir, de 33 a 12 días por año trabajado.

Sin embargo, cuando ha tenido que recortar sus plantillas, y lo ha hecho con profusión durante toda la crisis, la banca española se ha olvidado de sus reparos teóricos sobre el coste de despido. Desde el comienzo de la crisis financiera, en 2008, los bancos han despedido a 67.464 trabajadores, el 25% de su personal. Pero nunca ha aplicado los mínimos legales que le permite la reforma laboral, que tanto reclamó y cuya rebaja, ahora, incluso considera “insuficiente”.

Hasta 50 días en Banesto y Santander

Por el contrario, las indemnizaciones concedidas a los empleados de banca durante todos estos años han más que duplicado los 20 días por año trabajado del despido objetivo. El Banco Santander acaba de anunciar un recorte de 1.660 trabajadores, tanto en las sucursales como en los servicios centrales. En principio, ha puesto sobre la mesa indemnizaciones de 40 días por año trabajado. Pero los sindicatos han replicado que quieren los 50 días con que la entidad despidió a 3.000 trabajadores de Banesto cuando lo fusionó en 2013. Y, según fuentes sindicales, parece que está dispuesta a pagarlos. También ofreció prejubilaciones para mayores de 55 y 58 años con hasta el 80% del salario. Ahora  –aún no ha comenzado la negociación– propone el 70% para los mayores de 58 años.

Caixabank llegó a los 45 días por año trabajado y entre 36 y 42 mensualidades  –el tope legal para el despido improcedente es de 24 mensualidades– para los 867 trabajadores que se acogieron el año pasado a un plan voluntario de bajas. Fueron los mismos días que dio en 2013 a 2.600 empleados, pero multiplicados por 42 mensualidades.

En el caso de Barclays, que fue adquirido por la entidad catalana el año pasado, un total de 975 trabajadores se llevaron 38 días, pero sumados con una prima de entre 10.000 y 30.000 euros según la antigüedad y otros 1.000 euros más por año trabajado, supuso que la cuantía final de la indemnización podía alcanzar un máximo de 250.000 euros. 300.000 euros si se trataba de una prejubilación, con el 90% del salario.

Ambos ejemplos muestran el patrón por el que se han regido los despidos colectivos en la banca durante estos años: altas indemnizaciones y predilección por las bajas voluntarias y las prejubilaciones.

Salarios que doblan la media nacional

La generosidad de la banca, en cualquier caso, tiene que ver con diferentes factores. Primero, las plantillas cuentan de partida con salarios por encima de la media. Según la última Encuesta Anual del Coste Laboral, correspondiente a 2014 y elaborada por el INE, el salario bruto medio en el sector financiero es de 48.760,4 euros al año, más del doble que la media nacional, de sólo 22.605,8 euros. Las indemnizaciones de la banca alcanzan los 1.866,5 euros, el 2,8% del coste salarial total, casi seis veces más que la media nacional.

Además, los directivos de las entidades financieras cuentan con algunas de las remuneraciones más elevadas. Ana Patricia Botín se llevó el año pasado 9,8 millones de euros, un 10% más que en 2014. El ex consejero delegado del BBVA Ángel Cano se jubiló en 2015 con sólo 54 años y una pensión de 45 millones de euros. La cobrará de forma vitalicia a razón de 1,79 millones de euros anuales. Muy lejos, de todos modos, de los 108 millones de pensión que cobró en 2002 el ex consejero delegado del Santander, Ángel Corcóstegui.

También hay que tener en cuenta que los beneficios del sector, pese a la crisis financiera, no han dejado de crecer desde 2012. En 2015, la banca española ganó 10.389 millones de euros, un 5,6% más que el ejercicio anterior. Suma así tres años consecutivos de beneficios.

Los ERE de Santander o de Caixabank, por ejemplo, se debieron a razones organizativas, o fusiones, también para afrontar la necesaria transformación digital. Hace una semana, el consejero delegado del BBVA, Carlos Torres, preparó el terreno para futuros recortes de plantilla al anunciar la eventualidad del cierre de 2.800 de sus 3.800 sucursales por la adaptación digital y la aparición de nuevos competidores ajenos al sector.

Alta afiliación sindical, huida de la conflictividad

Todo lo anterior, añadido a que el sector cuenta con unos buenos convenios colectivos y una larga y consolidada tradición sindical, se traduce en unas negociaciones que suelen terminar en acuerdo y con cifras consideradas de lujo. De ahí el elevado número de adhesiones voluntarias a los planes de recorte. “Hasta el 60% de las plantillas de la banca en España están afiliados a un sindicato”, destaca el responsable del sector financiero de CCOO, Juan José Giner.

Además, la edad media de las plantillas le ha permitido jugar la baza de las prejubilaciones. Al menos hasta ahora, cuando ya no alcanza los 45 años. Giner precisa, no obstante, que esta manera de rejuvenecer el personal tiene cada vez menos recorrido después de los sucesivos ERE que han ejecutado muchas entidades.

A su juicio, los bancos prefieren evitar la conflictividad cuando se trata de recortar plantilla. Sobre todo en un sector, explica, en el que los empleados “no son fácilmente remplazables”, porque “la profesionalidad, la formación y la estabilidad” son un activo primordial. Por eso alerta ante la pérdida constante de empleo que está sufriendo el sector. “España se encuentra entre los tres últimos países de la zona euro por número de empleados bancarios cada 10.000 habitantes”, lamenta. Una cosa son las oficinas, zanja, y otra los profesionales.

Las nacionalizadas, menos de 30 días

Pero dentro de la banca también hay clases. Y las entidades que sucumbieron a la crisis y la mala gestión, y fueron nacionalizadas o recibieron cuantiosas ayudas públicas, no han sido tan espléndidas con sus trabajadores. El ERE de Bankia fijó el límite que no debía sobrepasarse en estos casos. El banco presidido por José Ignacio Goirigolzarri recibió 22.000 millones de euros del Estado y se deshizo de 4.500 trabajadores en el mayor ERE de la historia del sector. Los despedidos recibieron indemnizaciones de 30 días por año trabajado con un tope de 20 mensualidades y las prejubilaciones se firmaron con el 60% del salario bruto. En cualquier caso, 10 días por encima del mínimo legal.

También se ofreció 30 días, aunque con un tope de 30 mensualidades, a los 1.557 excedentes de Catalunya Caixa, que fue adquirida por BBVA el año pasado. Las prejubilaciones ascendían al 70% del sueldo. Catalunya Caixa había percibido 12.052 millones en ayudas públicas. Los 1.850 trabajadores incluidos en el ERE de Novacaixagalicia se llevaron indemnizaciones de 25 días, con un tope de 16 meses y una prima de 2.000 euros por cada trienio, 30 días con un límite de 22 mensualidades y una prima por trienio de 22.000 euros en el caso de las bajas voluntarias. Las prejubilaciones alcanzaban el 80% del salario. La entidad gallega ingresó 8.981 millones de euros de las arcas públicas. Aún no se sabe qué cantidad va a ofrecer Banco Ceiss  –fruto de la fusión de Caja España y Caja Duero–, a los 1.120 trabajadores que tiene pensado despedir, pero la entidad también recibió dinero del Estado: 1.129 millones.

Pese a su volumen, las indemnizaciones de los bancos no son las más elevadas que constan en los registros. En plena crisis, empresas como General Electric o Yahoo pagaron 60 días por año a sus trabajadores. Levi's lo hizo en los tiempos de euforia económica, en 2004. El año pasado Coca-Cola despidió a 60 directivos con indemnizaciones de al menos 100 días por año trabajado, según informó en su día El Economista. Mientras, pleiteaba en los tribunales con los sindicatos por el ERE con el que se deshizo de 1.156 empleados a razón de 33 días  –aumentados a 45 por la Audiencia Nacional–. La embotelladora española del refresco de cola tuvo unos beneficios de 311 millones ese año, un 47% más que en 2014.

El extesorero del PP Luis Bárcenas solicitó a la Audiencia Nacional que desbloquee 10.000 euros mensuales de sus cuentas para poder cubrir los gastos de su equipo jurídico en los 16 pleitos que mantiene, la mayoría de ellos contra el PP o algunos de sus dirigentes.

En un escrito dirigido a la Sala de lo Penal, Bárcenas detalla todos los procedimientos en marcha que –explica– "se derivan de una u otra forma" de la causa en la que se investiga la trama Gürtel y que el escrito define como "distintos y muy plurales".

En concreto, afirma que su equipo de abogados asume su defensa en las causas relacionadas con la destrucción de los ordenadores que empleaba durante su etapa en el PP y por su despido de la formación, en los Juzgados de Intrucción de Madrid.

También está inmerso, entre otros, en un procedimiento en Cádiz tras la demanda presentada por la exalcaldesa Teófila Martínez y en tres como demandante y recurrente contra la secretaria general del PP María Dolores de Cospedal. Fue, además, demandado por la exministra 'popular' Ana Palacio y se querelló contra el vicesecretario Javier Maroto y Concepción Gamarra, alcaldesa de Logroño.

El escrito apunta que se trata de procedimientos en los que no conviene "dividir o fragmentar las defensas" y defiende la necesidad de contar "con un abogado de plena confianza y de libre elección".

Hace referencia a que, en otros casos complejos, como Malaya, se accedió al desbloqueo de fondos para abonar los honorarios de los letrados y apunta a que no tendría derecho a la justicia gratuita, "al contar con bienes suficientes".

Por todo ello, reclama el desbloqueo de las cuentas a los efectos de poder asumir la defensa y representación en condiciones de plenitud, y evitar "de un lado que el procedimiento sea inasumible por la defensa y por otro que el acusado se vea forzado" a recurrir a un abogado de oficio.

El año se ha estrenado con caídas de las bolsas mundiales que, entre otras causas, se han atribuido a las dudas sobre la banca. Las pérdidas históricas de Deutsche Bank y la sobreexposición de bancos británicos y franceses a las compañías energéticas, lastradas por el desplome del precio del crudo, se suman a las sospechas sobre la debilidad de la banca italiana. La desconfianza general se ha contagiado también a las entidades españolas, recién salidas de una restructuración que la patronal AEB cifra en 290.000 millones de euros en saneamiento y provisiones desde 2008 y que ha implicado el cierre de 14.000 sucursales. Hasta el pasado septiembre, los bancos españoles ganaron 9.233 millones de euros, pero el resultado no despeja las incertidumbres sobre el modelo de negocio.

La reacción a la crisis financiera fue un endurecimiento de la regulación del sector, que ha obligado a los bancos a recapitalizarse y que ahora también dispara sus costes y limita su actividad. Tras los buenos tiempos de la burbuja y de una economía global muy bancarizada, el escenario ha cambiado. El BCE ha utilizado a los bancos como instrumentos de su política monetaria. Y los tipos de interés en mínimos históricos, que hunden los márgenes de la banca, están aquí para quedarse. Habría que añadir el desafío de las nuevas tecnologías y la irrupción de nuevos e inesperados –o no tanto– competidores extrafinancieros para dibujar un horizonte incierto a medio plazo.

El último informe de estabilidad financiera del Banco de España, del pasado noviembre, destaca que la rentabilidad de los bancos en su negocio nacional es sólo del 5%, por debajo del coste de capital, que se sitúa entre el 8% y el 10%. Durante los años de euforia económica, rozaba el 20%, una ratio que no va a volver. Pero, al menos en España, esos exiguos márgenes no pueden atribuirse sólo a los tipos de interés a cero. Según los datos del supervisor, ni los depósitos ni el crédito terminan de despegar, y los “elevados volúmenes de activos improductivos”, 224.000 millones de euros que no generan ingresos pero consumen recursos y suponen costes, “presionan sobre la cuenta de resultados de las entidades”. “Un reto a las entidades españolas en relación a su actual modelo de negocio”, resume el Banco de España.

La solución a las incertidumbres es cambiar “un modelo del pasado que ya no sirve”, propone José García Montalvo, catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra. “La forma más lógica de buscar rentabilidad”, explica, “son las nuevas tecnologías, aplicar el big data big data [uso de grandes cantidades de datos para detectar, en este caso, patrones de consumo]”. García Montalvo cree que los bancos deben ganar en eficiencia, no sólo cerrando oficinas y recortando plantillasrecortando plantillas –“aunque es cierto que no van a hacer falta tantas sucursales”, precisa–, sino también aprovechando los “potentes” sistemas de información ya existentes.

“Los bancos deberían convertirse en una especie de Amazon, que recomienda productos específicos para cada cliente. ¿Por qué la banca no puede hacer lo mismo?”, se pregunta el catedrático. Se trata de cambiar un modelo de negocio basado en la venta de productos por otro que debe basarse “en las personas”, con productos hechos a medida, ofreciendo “exactamente lo que usted necesita, en lugar de cobrándole comisiones”. “Ahora”, lamenta, “el banco ofrece la misma hipoteca igual para todos, en lugar de diseñar una personalizada para cada familia, asegurándose de que esa familia nunca quebrará por culpa de ese producto, porque no le interesa que quiebre”.

García Montalvo destaca que usar esa información tiene un coste marginal “bajísimo”, y con los productos a la carta el banco no sólo mejora la satisfacción del consumidor, sino que recupera su confianza y, por tanto, su reputación.

Google, Amazon, Alibaba

“No estoy hablando de banca digital, ni de multicanalidad, eso lo doy por superado, tampoco de los nuevos servicios de pago, que ya le están quitando cadena de valor a los bancos, sino de que las entidades reaccionen usando la tecnología, o morirán”. Cada vez tienen más competidores tecnológicamente muy potentes, advierte García Montalvo. Y los que llegarán. Google o el mismo AmazonAmazon: “Seguro que entrarán en el negocio bancario, la única duda es qué día y con qué potencia”.

En una conferencia sobre la revolución digital el año pasado, el presidente de la patronal bancaria española, Jose María Roldán, citó entre esos nuevos competidores a Alibaba, el Amazon chino, un auténtico gigante del comercio electrónico con 386 millones de usuarios. En 2013 Alibaba creó su propio fondo de inversión, Yue Bao. En sólo 10 meses, gestionaba 80.000 millones de dólares en activos, contaba con 125 millones de partícipes y se había convertido en el tercer mayor fondo de inversión del mundo.

Julio Rodríguez, que fue presidente del Banco Hipotecario y pertenece a Economistas frente a la Crisis, coincide en que la banca necesita adaptarse a los cambios tecnológicos, pero no se asusta ante la irrupción de competidores en principio extraños al negocio. “Ha pasado siempre”, asegura. Y recuerda cómo un directivo de la ya extinta Caja Madrid le expresaba en los años 80 sus temores a la entrada de El Corte Inglés en el sector financiero. En efecto, el gigante de la distribución creó su propia financiera en 1995. En 2013 el Santander le compró el 51%.

Banca sencilla

José García Montalvo también cree que el nuevo modelo de negocio debería devolver a la banca a su operativa clásica: “Bancos más sencillos de entender, con menos financiación mayorista, menos operaciones de inversiones y más centrados en los clientes”. La banca aburrida  –crédito y depósito–, sin caer en la tentación de los productos complejos y especulativos que le llevaron al desastre hace poco más de un lustro. Esa “tendencia a hacer maravillas con los ahorros de los demás”, en palabras de Julio Rodríguez, tampoco volverá, principalmente porque la nueva regulación la penaliza, aumentando los costes de capital.

García Montalvo dice que la banca española está “intentando” hacer el cambio de modelo, pese a que ahora se encuentre en una situación “complicada”. Por el contrario, Carmen Ansótegui, profesora de Esade y especialista en financiación alternativa y banca en la sombra, apunta que las entidades financieras no tienen “clara” aún la reformulación del negocio. El catedrático de la Pompeu Fabra asegura que el reto va mucho más allá de la banca móvil, que ofrece a través de un nuevo canal los productos de siempre. “Es sólo un ahorro de costes para el banco: le sale más barato que pagar a un empleado un una oficina”, precisa Ansótegui.

Reducción de costes y el miedo a la 'banca en la sombra'

En su conferencia de hace un año, José María Roldán elogió las “oportunidades” que el big data ofrece al modelo bancario español, “basado en relaciones a largo plazo con los clientes”. También auguró un descenso en el volumen de operaciones financieras de los bancos, puesto que la intermediación en mercados ha quedado atrás debido al endurecimiento de la regulación. Y apostó por continuar reduciendo costes de estructura y por aproximarse “al mercado y los clientes”. Es decir, trazó a grandes rasgos el camino que tiene por delante la banca para conseguir un modelo rentable.

Como peligros, Roldán citó la banca en la sombra  –desde los fondos de capital riesgo y las socimis hasta el crowdfunding–, que escapan de la regulación a la que sí están sometidos los bancos. Según sus cálculos, su actividad equivale ya al 25% de la intermediación financiera global. Carmen Ansótegui no se atreve a dar una cifra, pero tampoco desdeña la importante pérdida de negocio que esta banca alternativa está infligiendo a la tradicional.

Con 'colchón' de capital, pero con una recuperación débil

Ante un futuro tan incierto, a favor de las entidades españolas juega que sus colchones de capital son más que suficientes tras el saneamiento de los últimos años. A diferencia de lo que ocurre con las cajas de ahorro alemanas y los bancos italianos, destaca García Montalvo. Las primeras “nunca han enseñado sus cuentas” y los segundos no han hecho la restructuración que necesitan, con niveles de morosidad de hasta el 17%. “Siguen tapando los créditos morosos con refinanciaciones, algo que en España se acabó en 2011”, explica.

En contra, empuja la debilidad de la recuperación económica, no sólo la española, sino también las dudas sobre el crecimiento mundial, con el parón de los países emergentes y los malos vientos que soplan desde China. Para Carmen Ansótegui, el problema estriba en que “falta economía real” y “sobra banca”. La economía, destaca, la mueven aún el sistema financiero y el Banco Central Europeo (BCE), cuando deberían moverla “la economía real, la producción y el empleo”. Coincide con ella Julio Rodríguez, que adivina el “adelgazamiento” progresivo de unas economías occidentales “bancarizadas en exceso”.

¿Otra burbuja inmobiliaria?

Al tiempo, teme que el sector repita los excesos del pasado. El flujo del crédito nuevo a la vivienda ha crecido más de un 35% en 2015. Sólo el pasado diciembre, se concedieron préstamos para vivienda por importe de 3.600 millones. “Eso es una burrada”, resalta el expresidente del Banco Hipotecario. Los precios del suelo ya se han disparado en Madrid y Barcelona. “Los ayuntamientos están locos por construir casas, los promotores construyen aunque no tengan seguridad de venderlas, los bancos están dispuestos a soltar dinero y el BCE les pide que presten y presten, porque él les va a dar el dinero”, describe. Con mucha liquidez y si no hay un negocio por otro lado en el que invertir, el resultado ya es conocido, advierte.

Tanto García Montalvo como Ansótegui y Rodríguez ponen un ojo en el BCE, que ha utilizado a los bancos como instrumento de su política de expansión monetaria. Y el otro, en el regulador. Julio Rodríguez pide el fin de la política de austeridad y una apuesta por la inversión pública para reactivar la economía y acabar con el exceso de liquidez que mantiene los tipos bajo mínimos. También, en vista de que ese contexto no va a cambiar en el corto plazo, reclama una relajación de las ratios de solvenciaratios exigidas a los bancos, que fueron pensados para tipos de interés más altos.

Los bancos españoles han perdido en los tribunales el 90% de las demandas de sus clientes contra las cláusulas suelo de las hipotecas que firmaron. Unas cláusulas que consideran opacas, abusivas y, por tanto, ilegales. Otro tanto ha ocurrido con las reclamaciones que decenas de miles de ellos presentaron ante el Banco de España: el supervisor dio la razón a los particulares en el 82% de los casos. Hasta el momento son ya 14 las sentencias firmes que anulan cláusulas suelo. Y en las próximas semanas el Juzgado de lo Mercantil número 11 de Madrid dictará sentencia sobre una demanda colectiva contra una treintena de bancos, que agrupa a 15.000 perjudicados y puede ser la puntilla de esta polémica condición contractual.

Aunque las cláusulas suelo son ya una fórmula zombie. BBVA, Cajamar y Abanca dejaron de aplicarlas en junio de 2013, después de que el Tribunal Supremo anulara por abusivas las cláusulas que no son transparentes porque el cliente no ha sido debidamente informado por la entidad financiera. Banco Popular las abandonó en julio de ese mismo año. Bankia, un poco después, en abril de 2014. Banco Santander nunca las utilizó. Caixabank también ha dejado de aplicar unas cláusulas que “heredó” de las entidades que ha absorbido los últimos años, sobre todo de Banca Cívica. “Nunca hemos sido activos en su comercialización”, apunta un portavoz. Según AEB, la patronal bancaria, ninguno de sus asociados ofrece ya préstamos con estos suelos hipotecarios.

Pese a su evidente caída en desgracia, tanto la AEB como todas las entidades consultadas por infoLibre siguen defendiendo que las claúsulas son “legales”, niegan su carácter abusivo y recalcan que los clientes recibieron “cumplida información”, por lo que sabían “perfectamente lo que firmaban”. De hecho, recibieron el aval del Tribunal Supremo en las dos sentencias que ha dictado sobre el asunto. Dice que son lícitas, responden a razones objetivas, no son “inusuales ni extravagantes” y su utilización ha sido “tolerada largo tiempo por el mercado”. Por el contrario, el Alto Tribunal deja claro que son nulas por falta de transparencia, derivada de la “insuficiencia de la información” que recibieron los clientes.

Sobreinterés de hasta el 426%

Una caracterización con la que discrepa la asociación de consumidores Adicae, que ha interpuesto la macrodemanda ahora en la mesa del juzgado madrileño. Las cláusulas suelo establecen un interés mínimo que el cliente debe pagar al banco aunque el tipo de referencia, el euríbor, sea inferior. Es decir, el tipo de interés es variable siempre que no alcance ese mínimo que el banco se quiere garantizar. Con el euríbor en mínimos históricos durante la crisis, el tipo de interés que se aplicaba a estos préstamos –un 3,5% de media– era entre un 200% y un 426% superior al que debería cobrarse, denuncia Adicae. Según sus cálculos, la banca ingresa cada mes entre 479 y 570 millones de euros gracias a este sobreinterés. En España se han firmado dos millones de hipotecas con cláusulas suelo.

El Tribunal Supremo, además, limitó las cantidades que los bancos deben devolver si sus cláusulas son anuladas por opacas: no pueden reintegrarse más que los intereses cobrados de más desde el 9 de mayo de 2013, fecha de la primera sentencia del TS. El argumento del Alto Tribunal es que pagar las cuantías íntegras generaría un “trastorno grave con trascendencia al orden público económico”. Aunque los intereses que las entidades deban devolver sean “ridículas en términos macroeconómicos”, el Supremo cree que la “suma de los muchos miles de procedimientos tramitados y en tramitación” puede afectar al “orden público económico”.

El impacto, ¿sistémico?

La patronal bancaria no ha calculado el impacto en el sector de la sentencia que redacta la titular del juzgado madrileño, asegura un portavoz. Banco Sabadell cifra en 187 millones de euros el efecto de una posible devolución de intereses. Banco Popular habla de nueve millones de euros al mes, por lo que, desde mayo de 2013, el coste ascendería a 360 millones. Caixabank limita el volumen de hipotecas con cláusula suelo al 10% o 12% de su cartera, unos 180.000 préstamos, pero no aporta una cifra económica. Liberbank no ha contestado a las preguntas de este periódico. Estas cuatro entidades son las que más utilizaron los suelos hipotecarios.

Si se acude a los cálculos que han hecho otras entidades, desde Société Générale hasta Morgan Stanley, pasando por el Banco Santander, que no utilizó las cláusulas en sus hipotecas, la factura global para las principales entidades afectadas puede rondar entre los 800 y los 1.000 millones. A esa cantidad habría que sumar los 380 millones de euros en que calcula el coste asumido en su día por BBVA, Abanca y Cajamar. Uno de los magistrados del Supremo emitió un voto particular en la última sentencia sobre los suelos hipotecarios. Francisco Javier Orduña Moreno rechazó el riesgo de “trastorno sistémico” alegado por la Sala para limitar el reintegro de los intereses indebidamente cobrados puesto que, a su juicio, tal peligro ha desaparecido gracias al “saneamiento financiero” aplicado a las entidades.

“Quieren meter miedo a la sociedad diciendo que algún banco puede llegar a la quiebra si tiene que devolver ese dinero a sus clientes”, protesta Fernando Herrero, portavoz de Adicae, “y eso es absurdo e inaceptable”.

Renegociación “defensiva”

Lo cierto es que, en previsión de una posible derrota judicial, los bancos están renegociando con sus clientes en un intento por limitar daños. Según Herrero, se trata de una “maniobra defensiva” de las entidades y de “una falsa negociación”. El portavoz de Adicae explica que los bancos ofrecen una suspensión temporal de la cláusula, su minoración o su conversión en un tipo fijo de interés, a cambio de que el particular reconozca que fue perfectamente informado y renuncie a una reclamación judicial posterior.

Caixabank admite que está estudiando “caso por caso”. Si la hipoteca –que comercializaron “terceros”, subraya, las entidades absorbidas– no se vendió respetando los requisitos de transparencia, “la cláusula se elimina”, asegura un portavoz de la entidad que preside Isidro Fainé. Banco Sabadell, por su parte, niega que esté renegociando las condiciones de los préstamos con suelo hipotecario.

Adicae advierte de que la sentencia de su demanda colectiva extenderá sus efectos más allá de los 15.000 firmantes, beneficiando a todos los afectados por las cláusulas suelo. Según la asociación, esta polémica fórmula ha tenido un “papel determinante” en casi el 90% de los desahuciosdesahucios.

Los beneficios de la banca española aumentaron un 24% en 2014, hasta alcanzar los 11.577 millones de euros. Al tiempo, redujo su plantilla un 5,9%. Aunque el recorte laboral que ha acompañado a la crisis financiera ha sido mucho mayor: desde 2008 los bancos españoles han perdido 12.314 empleados, un 10,6% de su fuerza de trabajo, compuesta ahora por un total de 103.593 personas.

En el último año también han cerrado 1.064 sucursales, un 7,5%. Desde 2008, la cifra de oficinas desaparecidas más que se duplica: 2.369, el 16,8% de las que estaban abiertas antes de la crisis. Con los cajeros automáticos el recorte ha sido incluso superior. Sólo en el último año se han eliminado 5.663, el 23,7%.

En cualquier caso, la banca española aún está lejos de recuperar las cifras absolutas de beneficios con que cerró 2007, el año anterior a la caída de la Lehman Brothers –septiembre de 2008–. Según el anuario de la Asociación Española de Banca (AEB), ese ejercicio los bancos ganaron 20.018 millones de euros.

Pese al histórico recorte de plantilla –la banca tiene ahora los mismos trabajadores que en 1979–, los gastos de personal del conjunto de las entidades españolas –19.225 millones– han crecido en 2014 un 0,2%, pero hasta un 27,3% desde 2008. De hecho, los gastos de personal por empleado, 77.000 euros en 2014, han crecido en 6.000 euros desde 2008. La ratio de empleados por sucursalratio, además, apenas se ha movido durante la crisis y a pesar de la reducción de personal: siete personas en 2008, las mismas que en 2013, y una más en 2014.

Los depósitos crecen un 62,3% respecto a 2007

Respecto a sus actividades principales, los créditos concedidos a los clientes por la banca han crecido un 6% en el último año, hasta sumar 1,37 billones de euros. También han aumentado respecto a la precrisis, un 15,56% si se compara con las cifras de 2007. Otro tanto ha ocurrido con los depósitos. En 2014 ascendieron a 1,19 billones de euros, un 4,8% más que el ejercicio anterior. Respecto a 2007, el alza es del 62,3%.

Por lo que se refiere al margen de explotación, reflejo de la actividad puramente bancaria, alcanzó los 15.929 millones en 2014, un 28,5% más que el ejercicio anterior. No obstante, éste sigue siendo menor que el de 2007, cuando ascendió a 23.871 millones de euros. El margen de intereses, pese a los bajos tipos, creció un 9,3% en 2014, pero un 55% desde 2007. Y el margen bruto aumentó un 5,1% a 31 de diciembre de 2014, debido al alza de los ingresos por operaciones financieras. El incremento desde la precrisis lo cuadriplica.