El Govern de Salvador Illa y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) han intensificado en las últimas horas de este martes sus contactos en busca de un acuerdo 'in extremis' para evitar que descarrilen los presupuestos de la Generalitat de Catalunya para 2026.

El pleno del Parlament catalán debatirá este viernes el proyecto presupuestario del Govern y, si socialistas y republicanos no alcanzan algún tipo de compromiso, ERC mantendrá su enmienda a la totalidad y el pleno rechazará la tramitación de las cuentas.

Para retirar su enmienda a la totalidad, ERC pone como condición que el Gobierno de Pedro Sánchez dé garantías de que cumplirá con la cesión del IRPF a Catalunya, un compromiso que figura en el acuerdo de investidura de Illa. Hasta este martes no ha habido ningún gesto en este sentido, ni del presidente del Gobierno ni de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por lo que los presupuestos de Illa —que ya tienen el aval de Comuns— no cuentan con el apoyo imprescindible de ERC.

Sin embargo, en las últimas horas de este martes ha habido movimientos entre ambas partes para intentar acercar posiciones y encontrar una fórmula que evite el choque de trenes en el pleno del viernes.

Este martes al mediodía, una delegación de ERC —integrada por el vicesecretario de comunicación, Isaac Albert; el director general, Lluís Salvadó; la jefa de gabinete de Oriol Junqueras, Mercè Pastor, y el secretario general adjunto, Oriol López— se ha reunido con representantes del Govern y del PSC en el Palau de la Generalitat. Fuentes conocedoras del encuentro consultadas por EFE han explicado que la reunión ha ido bien, aunque han expresado su cautela, a la espera de ver cómo avanzan las conversaciones, sobre las que públicamente ambas partes mantienen un estricto hermetismo.

Desde las filas republicanas, hay la sensación de que los socialistas empiezan a entender la encrucijada en la que se encuentran los presupuestos y la necesidad de moverse para evitar que el debate parlamentario del viernes acabe en descalabro. Son dos las posibilidades para esquivar una derrota parlamentaria de los presupuestos: o bien ERC arranca un compromiso de última hora y retira su enmienda a la totalidad, o bien el Govern opta por retirar su proyecto presupuestario para ganar tiempo para seguir negociando y presentarlo dentro de unas semanas, como han sugerido los republicanos.

Este miércoles puede ser un día clave para la búsqueda de una solución entre socialistas y republicanos, que se verán las caras en el Parlament: a las 11:30 horas, Illa se someterá a la sesión de control al presidente de la Generalitat, mientras que a las 15:30 horas comparecerá para explicar la gestión de su Govern, dos momentos en los que podría escenificarse un acercamiento.

La mañana de este martes, la consellera de Economía y Finanzas de la Generalitat, Alícia Romero, ha negado que el Govern vaya a retirar antes del viernes el proyecto de ley de presupuestos para renegociarlo con ERC y volver a presentarlo en abril.

En la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Govern, la consellera de Territorio y portavoz del Ejecutivo catalán, Sílvia Paneque, ha afirmado que negociarán hasta el último momento con ERC para salvar los presupuestos y ha pedido "responsabilidad" y "prudencia" para no torpedear las conversaciones. "Trabajamos para que Cataluña tenga unos presupuestos y estamos en este escenario y en ningún otro", ha subrayado la consellera.

El portavoz de JxCat en el Parlament, Salvador Vergés, ha asegurado que, si el Govern acabase retirando el proyecto de presupuestos y lo pospusiera, "haría perder todavía más el tiempo al país" y "sólo traería más inestabilidad".

Para el portavoz de Comuns en el Parlament, David Cid, aplazar la votación presupuestaria sería "una mala idea que seguramente tendrá costes", por lo que ha emplazado a PSC y a ERC a que "lleguen a una solución" antes del viernes.

La Generalitat ha informado de un nuevo caso de peste porcina africana (PPA) localizado por primera vez en el término municipal de Barcelona, lo que obligará a extender las restricciones al acceso al medio natural en todo el Parque Natural de Collserola, según informa EFE.

"Un nuevo positivo afecta al término municipal de Barcelona; es el mismo foco del caso detectado en Sant Just Desvern y, a partir de mañana, se hará una resolución para extender las restricciones de acceso al medio natural que afectarán a todo el parque natural de Collserola y a 18 municipios", ha informado este miércoles el conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig.

El conseller ha detallado que el nuevo positivo es "justo al lado" del hallado previamente en Sant Just Desvern el pasado 6 de marzo, pero en este caso dentro del término municipal de Barcelona.

A raíz de la aparición de los primeros casos de peste porcina en Cerdanyola del Vallès (Barcelona), el pasado noviembre comenzaron las restricciones en las actividades en el medio natural en un primer radio de 6 kilómetros, que se ha ido ampliando conforme han aparecido casos fuera de la 'zona cero' en localidades como Molins de Rei, Sant Feliu de Llobregat, Sant Just Desvern y, ahora, Barcelona.

Ya había restricciones en el acceso al parque de Collserola por el lado norte y los laterales correspondientes a los ríos Llobregat y Besòs; con la inclusión de Barcelona en la zona de alto riesgo, ahora quedará prohibido el acceso también desde la capital, por el sur.

Ordeig ha pedido "calma" para las personas que viven y trabajan en el entorno del parque natural de Collserola o que viven en los barrios aledaños: "La gente podrá ir a los negocios, a los equipamientos y a las paradas de transporte público", ha señalado.

El conseller ha informado de la situación al alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y ha indicado que mañana, cuando esté terminada la resolución, podrá dar más detalles de cómo se aplicarán las restricciones en la zona montañosa de Barcelona, que está parcialmente urbanizada y tiene diversos senderos para actividades de ocio, como la Carretera de les Aigües.

Ordeig ha recordado que las restricciones de acceso de personas al medio natural son para no ahuyentar a los jabalíes y para que puedan trabajar los equipos de captura de estos animales.

"Tenemos que hacer actuaciones muy contundentes de capturas en los próximos días y, por tanto, necesitamos poder hacerlo en condiciones y con seguridad", ha señalado el conseller.

Ordeig ha negado errores en la estrategia de contención, pues ha dicho que ya contaban que la peste podría extenderse hacia el sur, una zona "imposible de blindar".

"No se puede separar Collserola, allí no se podían poner vallas; ya sabíamos que, si en algún sitio tenía que ir, tenía que ser hacia abajo", ha dicho Ordeig, consciente de que el virus -que no se transmite a los humanos- ya no puede ir más hacia el sur porque ya solo queda la ciudad y el mar.

Ya son 18 los municipios los que están en la zona de alto riesgo: Badia del Vallès, Barberà del Vallès, Cerdanyola del Vallès, Montcada i Reixac, Polinyà, Ripollet, Rubí, Sabadell, Sant Cugat del Vallès, Sant Quirze del Vallès, Santa Perpètua de Mogoda, Terrassa, Molins de Rei, el Papiol, Sant Feliu de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Sant Just Desvern y Barcelona.

El cine español vive este sábado su gran noche con la gala de los Goya. Una gran celebración cultural, pero también de la industria y de la economía que mueve un sector puntero en España, que durante el último año ha tenido una gran visibilidad internacional con Sirat, nominada a dos premios Oscar, con Romería, en la competición oficial de Cannes, y con Sorda, premiada en la Berlinale.

El cine español vive uno de los mejores momentos de su historia, con producciones alabadas por la crítica como Los domingos y también aupadas por los espectadores, como La cena. Los Goya de 2026 coinciden, además, con el éxito en taquilla de Aída y vuelta y a punto de que Pedro Almodóvar estrene su esperada Amarga navidad. La ceremonia de este año presenta también un componente simbólico por ser la segunda vez que tendrá lugar en Barcelona, bajo los mandos de Luis Tosar y Rigoberta Bandini. Y celebrando su 40 cumpleaños.

Todos quieren sentarse este sábado por la noche en el auditorio Fórum del Centro de Convenciones Internacional de Barcelona (CCIB), mientras que millones de espectadores seguirán cada minuto desde el salón de sus casas. Emoción, lágrimas, música y mucho show. Como grandes homenajeados estarán Gonzalo Suárez y Susan Sarandon. Pero, otra vez más, los reyes Felipe y Letizia dan la espalda al cine español y no asistirán a la ceremonia en la capital catalana.

Felipe VI y Letizia no han acudido nunca al gran evento del cine español desde su proclamación en junio de 2014 tras la abdicación de Juan Carlos I. El rey sólo estuvo una vez, pero cuando era todavía príncipe, precisamente en la única edición hasta ahora que se ha celebrado en Barcelona. Fue el 29 de enero del año 2000, una noche en la que arrasó Todo sobre mi madre. En aquella ocasión Pedro Almodóvar entonó el Happy birthday, como si fuera Marilyn Monroe, para felicitarle porque era su cumpleaños.

Los reyes eméritos, Juan Carlos I y Sofía de Grecia, sí acudieron una vez como monarcas a la gala. Fue en la primera edición en marzo de 1987, que tuvo lugar en el mítico teatro Lope de Vega de la Gran Vía madrileña. Fue un arranque marcado por el éxito de El viaje a ninguna parte, de Fernando Fernán-Gómez. Pero nunca más volvieron.

Esta actitud contrasta con el apoyo de otras casas reales a las industrias cinematográficas de sus países. Buckingham Palace, por ejemplo, siempre se ha volcado con el cine del Reino Unido. La semana pasada se celebró en Londres la última edición de los premios BAFTA, en la que estuvieron presentes el príncipe Guillermo y su esposa, Kate Middleton. Además, en la propia gala se rindió homenaje a la fallecida reina Isabel por su vínculo con el sector. Un momento que estuvo capitaneado por la actriz Helen Mirren, ganadora de un Oscar por The Queen, de Stephen Frears.

Los reyes no acudirán a la gala aunque en su agenda pública, colgada en la web de la Casa Real, no consta ningún acto para Felipe y Letizia. Preguntada por infoLibre sobre los motivos de su ausencia, la Casa Real no ha querido pronunciarse. Apenas unas horas después de los Goya, el monarca sí estará este domingo en Barcelona, para asistir en el Museo Nacional de Arte de Cataluña a la cena oficial con motivo del Mobile World Congress. También tiene previsto participar al día siguiente en la inauguración de esta feria internacional.

Felipe VI y Letizia evitan de nuevo estar junto al cine español en su noche más esperada. ¿A qué han dado prioridad durante esta semana? El rey, como suele ser habitual, apostó por actos de carácter militar (la conmemoración del centenario del vuelo del Plus Ultra), deportivo (audiencia con el equipo español participante en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina) y diplomático (entrega de despachos a los nuevos funcionarios del cuerpo). La reina mantuvo, en cambio, una audiencia en el Palacio de la Zarzuela con representantes del Consejo Español del Cerebro, además de visitar Huesca para acudir a la segunda etapa del Tour del Talento.

En las redes sociales de la Casa Real tampoco se encuentran, por ejemplo, felicitaciones a Sirat, de Oliver Laxe, el pasado mes de enero cuando logró dos nominaciones en los premios de la Academia de Hollywood (en los apartados de película internacional y de sonido). Esta omisión contrasta con los mensajes en X para ensalzar victorias deportivas en el extranjero como las de Carlos Alcaraz o las de los medallistas en los Juegos Olímpicos de Invierno en las últimas semanas.

A pesar del plantón de los reyes a los Goya, sí habrá una nutrida representación de dirigentes políticos en el auditorio del Fórum. El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, vuelve a la gala, algo que es habitual. También estarán junto al cine español la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y los titulares de Cultura, Ernest Urtasun, y de Industria, Jordi Hereu. Tienen butacas reservadas además el presidente catalán, Salvador Illa, y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ambos del PSC.

La gala de los Goya siempre ha sido objeto de crítica por parte de las derechas, que han hecho durante años campañas contra los “titiriteros” por mensajes reivindicativos como el famoso "no a la guerra". En los últimos años la ultraderecha ha puesto sus ojos en la cultura, exigiendo primero esas consejerías al PP en los Gobiernos autonómicos y lanzando mensajes contra los “profesionales de la subvención”. El exvicepresidente de la Junta de Castilla y León Juan García-Gallardo llamó “señoritos” a los trabajadores del cine con motivo de la gala en Valladolid hace dos años, a lo que Almodóvar respondió en el escenario: "El dinero que los cineastas recibimos como anticipo lo devolvemos con creces al Estado a través de los impuestos y la Seguridad Social, además de crear miles de puestos de trabajo".

La ausencia en los Goya choca además con la reconocida afición por el cine de los monarcas, especialmente por parte de la reina Letizia. Ella, por ejemplo, estuvo a finales del mes de noviembre en Tudela para rendir homenaje a Alejandro Amenábar de la mano del Ayuntamiento del municipio navarro y del cineclub Muskaria. También acudió hace dos años a la propia sede de la Academia en el centro de Madrid para asistir a una charla entre los directores Martin Scorsese y Rodrigo Cortés.

La reina Letizia tampoco falta durante las vacaciones de verano al festival Atlàntida, ideado por Jaume Ripoll (Filmin) en Palma de Mallorca, donde entregó un premio al compositor Alberto Iglesias (Hable con ella, Lucía y el sexo) y acudió, junto a sus hijas, a la proyección del documental En un lugar de la mente, de Pep Bonet. Los monarcas suelen ir de manera discreta a sesiones en los cines Ideal, Renoir o Manoteras en Madrid, además de visitar rodajes (Letizia Ortiz), como el de La reina de España, de Fernando Trueba. Pero, otro año más, no quieren que se les vea en el teatro junto a los rostros del cine español que están haciendo historia.

Se remueven las aguas de la política catalana. En sentido contrario a la imagen de estabilidad que le gusta proyectar al president, Salvador Illa. Y es que los presupuestos para el año que viene ven la luz este viernes por parte del Govern sin tener atado el apoyo necesario de Esquerra Republicana, que en los últimos días ha endurecido sus posiciones.

Todo parecía encarrilado hace unas semanas, el viento soplaba a favor. El acuerdo entre Oriol Junqueras y Pedro Sánchez para el nuevo modelo de financiación autonómica había sentado las bases para negociar las cuentas públicas en Cataluña y también en el Congreso. 

Ahora, ese ambiente se ha enrarecido. Bastante. Pero Illa, en una reunión del Consell este viernes, ha decidido impulsar el proyecto de presupuestos, marcado por un acuerdo previo para las cuentas por parte de los socialistas y de los comunes que incluye la prohibición de comprar vivienda de manera especulativa por parte de grandes propietarios en las denominadas zonas tensionadas.

Illa cree que hay que lanzar ya las cuentas públicas porque considera que no se puede estar con un proyecto prorrogado y, además, sostiene que es una reclamación tanto empresarial como sindical. Por eso, durante estos días el presidente catalán, recién incorporado a la actividad pública tras su baja médica, hace llamadas constantes al diálogo y muestra su mano tendida a ERC para llegar a un acuerdo. El escenario que barajan en el Palau es que el Parlament pueda dar luz verde a los presupuestos en abril después de las vacaciones de Semana Santa.

¿Y si no hay acuerdo? Aquí se abriría un escenario muy complicado para Illa. Incluso algunas fuentes socialistas indican que esto podría presionar para una convocatoria electoral anticipada, pero desde el entorno más cercano al presidente se niega esa pantalla y se señala que están en la idea de que tiene que haber sí o sí presupuestos. Y es que en el Palau reflexionan que es muy difícil para ERC terminar diciendo que no a unas cuentas con un marcado carácter progresista.

Durante estas horas, en el socialismo catalán hay sorpresa por el comportamiento de ERC, que está poniendo freno a los presupuestos cuando todo parecía encauzado. De hecho, en el PSC creían que para esta negociación el instrumento de canalización sería un acuerdo sobre el consorcio de inversiones, algo que ahora los republicanos ven insuficiente.

Pero ERC se ha enrocado en que haya avances en el traspaso de la gestión del IRPF a la Generalitat, un aspecto al que pone frenos el Gobierno central. El asunto no se logró desatascar en la reunión que mantuvieron el viernes anterior el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de ERC, Oriol Junqueras.

Desde entonces, ERC ha subido la intensidad del pulso, como señaló Junqueras este fin de semana tras la reunión: “Las declaraciones tienen que ir acompañadas de gestos y de decisiones. Y estos gestos todavía no han llegado y no tenemos ninguna garantía de que acaben llegando”. Asimismo, en este circo de varias pistas en el que se mueve la política española se da también un factor determinante: la responsable de Hacienda, María Jesús Montero, saldrá pronto del Ejecutivo para ser la candidata del PSOE en las elecciones andaluzas, algo que no facilita una debate ahora sobre la gestión de este impuesto.

Fuentes del Gobierno central indican: “Ellos tienen un planteamiento en IRPF que no compartimos desde hace mucho tiempo. No hemos llegado a un acuerdo, tenemos un enfoque distinto. Se nos escapa por qué ahora dicen que no apoyan los presupuestos de Illa”. Según el Ejecutivo, “hay caminos transitables, pero no le gustan a Esquerra porque quieren una modificación de la LOFCA (Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas)”. “Hemos dicho que no. Se podría ir por la cogestión de agencias tributarias, pero esa vía no la ven”, trasladan las fuentes.

En este difícil mosaico, en el que se necesitan todas las teselas, también se complica el desatasco de los presupuestos generales. Junts evidenció de nuevo este jueves la distancia con Moncloa tumbando el decreto con el escudo social, mientras que el frente abierto por ERC por el IRPF dificulta las cuentas también en la Cámara Baja. El Gobierno insiste en que quiere presentarlas en este primer trimestre del año, antes de que Montero salte a Andalucía cuando Juanma Moreno convoque los comicios, que podrían celebrarse el 14 de junio.

De nuevo, la sombra de las elecciones sobrevuela los dos escenarios. En el caso de Madrid, Sánchez ha repetido que no piensa adelantar los comicios si no consigue sacar los presupuestos, poniendo la mirada en julio del año que viene. Illa insiste en que no contempla otro escenario que el de la aprobación de las cuentas. Y rechazan en el Palau que pueda ser un aviso a Sánchez sobre los pasos a dar si no hay cuentas: “Los dos van de la mano”.

Junqueras también quiere alejar el escenario de las elecciones y recomendó a Illa no adelantar los comicios: “No escale conflictos que no puede ganar”. Pero, a la vez, dejó claro que no le va a dejar ganar en este pulso: “He aguantado cuatro años de prisión, ¿creen que no aguantaré cuatro semanas de presión?”.

El Govern de Salvador Illa ha pactado con el grupo de Comuns el proyecto de los presupuestos de la Generalitat de 2026, que necesita también de los votos de ERC para poder ser aprobado en el Parlament, según informa EFE.

El presidente catalán, Salvador Illa, y la presidenta del grupo de Comuns, Jéssica Albiach, escenificarán esta mañana, a las 11:00 horas en el Palau de la Generalitat, la firma del acuerdo después de mantener una reunión a puerta cerrada.

Comuns ha centrado sus reivindicaciones en la vivienda y el transporte ferroviario, dos de sus prioridades de la legislatura, y ha dado su visto bueno a las cuentas tras sentarse formalmente a negociarlas hace apenas dos semanas.

ERC, por contra, todavía no se ha avenido a hablar de presupuestos con el ejecutivo. Los republicanos reclaman que se den antes avances en la carpeta del IRPF, si bien en paralelo negocian con el Ejecutivo central la creación de un consorcio de inversiones.

Comuns anunció que negociaría los presupuestos el pasado 3 de febrero y la primera reunión con el Govern tuvo lugar el día 9, de modo que el pacto se ha cerrado formalmente en apenas una decena de días.

En este tiempo ha dado a conocer diversos acuerdos sectoriales, como por ejemplo 105 millones más a la partida destinada a las ayudas al alquiler, ampliando los baremos para optar a estas; o la creación de un cheque de 25 euros para productos menstruales y otro para preservativos, destinado a jóvenes de hasta 25 años.

La prohibición de la compra especulativa de vivienda ha sido uno de los principales caballos de batalla de este grupo, que advirtió de que la negociación no se cerraría si no se alcanzaba un acuerdo en esta materia.

Comuns también ha abogado por acelerar las inversiones en Rodalies mediante el sistema de las encomiendas de gestión, es decir, siendo directamente la Generalitat la que ejecute unos trabajos financiados por el Estado.

Para que los presupuestos reúnan la mayoría necesaria en el Parlament se requiere que ERC también conceda sus votos, aunque los republicanos no han comenzado de momento siquiera a negociar. El Govern sigue manteniendo que tiene el objetivo de que las cuentas entren en vigor antes de que finalice el primer trimestre, lo que parece ya inviable dado que el trámite parlamentario se suele alargar en entre seis y ocho semanas.

En el ejecutivo de Illa esperan, sin embargo, que los republicanos acepten hablar de las cuentas en breve: la dirección de ERC ha convocado un consejo nacional este sábado que podría aportar novedades al respecto.

El pacto presupuestario alcanzado este jueves presenta cuatro claves principales.

Las dos partes han pactado diversas enmiendas en la proposición de ley ya registrada por Comuns para limitar las llamadas compras especulativas de vivienda, si bien para que esta entre en vigor será necesario, también, que ERC le dé sus votos. La intención de Comuns es tramitar la ley por el procedimiento de urgencia para que sea una realidad ya en agosto.

El texto prevé reformar la ley de urbanismo para habilitar a los Ayuntamientos de zonas tensionadas -donde se concentra el 90% de la población- a limitar las compras: con cinco o más pisos en propiedad, los fondos solo podrían adquirir edificios enteros para ponerlos a alquiler, mientras que las personas físicas solo podrían comprarlos para uso propio; por contra, podrían tenerse hasta cuatro inmuebles en estas zonas siempre que estos sean para residencia habitual de algún familiar o se pongan en alquiler.

El Govern se compromete a destinar 1.250 millones de fondos propios a política de vivienda. Otro punto del pacto es ampliar las coberturas de ayuda al alquiler, de modo que lleguen a más población (en dos años, al 25% de inquilinos) y se incrementen los criterios para su concesión.

En materia de movilidad, se ha acordado dar impulso al traspaso de Rodalies a la Generalitat, asumiendo la R1 e iniciando el proceso de las otras líneas acordadas -R3, R2 Sur y R4 Norte-, así como una dotación presupuestaria para el estudio del cuarto túnel ferroviario en Barcelona.

También se contempla mantener las bonificaciones del 50% en los abonos de transporte T-Usual y T-Jove durante toda la legislatura, algo ya anunciado hace unas semanas por el Ejecutivo.

Comuns también hace énfasis en que han consensuado el desarrollo e impulso de varias líneas de tranvía en Cataluña, como el de la comarca del Bages (Barcelona), el de Girona o la conexión del TramBaix entre Esplugues de Llobregat y Sant Just Desvern, en el área metropolitana de Barcelona.

Un objetivo que Comuns ha reconocido no haber alcanzado es el compromiso de que las listas de espera en todos los ámbitos del sistema sanitario, desde las primeras visitas hasta las pruebas diagnósticas, se reduzcan en un 50%.

El Govern sí ha aceptado que "ningún médico ni ningún equipo directivo de centros de atención primaria vean reducidas sus condiciones económicas por la duración o cantidad de las incapacidades temporales (bajas)", una cuestión que había suscitado las críticas también de ERC y la CUP.

Bajo el epígrafe de Salud, el acuerdo recoge asimismo los vales para preservativos para jóvenes entre 16 y 25 años, por valor de 25 euros anuales, y también el de productos menstruales desde los 12 hasta los 25 años, por el mismo importe.

En materia de educación, destaca el abono de 100.000 nuevas becas comedor, para que estas alcancen al 30% de los alumnos, así como una serie de medidas para mejorar la comprensión lectora que incluyen la incorporación de 158 psicopedagogos.

Asimismo, está previsto que incrementar hasta los diez millones el presupuesto dedicado a políticas de memoria democrática para, entre otros objetivos, crear una oficina de atención a las víctimas.

Este acuerdo contempla poner en marcha un plan de choque contra el sinhogarismo con una dotación de 30 millones y que el presupuesto para batir las violencias machistas alcance los 11,2 millones, un 49% más.

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha recibido el alta del Hospital Vall d'Hebron y a partir de esta tarde continuará en casa con un sistema de hospitalización domiciliaria el tratamiento de su osteomielitis púbica, han informado fuentes del Govern y recoge EFE.

"Ha salido del hospital caminando, por su propio pie, con muletas", ha explicado en una rueda de prensa este viernes el gerente de Vall d'Hebron, Albert Salazar.

Illa llegó al Hospital Vall d'Hebron el pasado 17 de enero aquejado de dolor y problemas motores en las piernas, y fue ingresado por una osteomielitis púbica, una inflamación ósea causada por una infección bacteriana.

Después de trece días en el hospital barcelonés, el presidente catalán "evoluciona favorablemente y desde esta tarde continuará su tratamiento con hospitalización domiciliaria", ha detallado Vall d'Hebron.

El hospital ha convocado una rueda de prensa a las 17.30 horas para ofrecer más detalles de la evolución y el tratamiento que debe continuar el president en su domicilio.

La osteomielitis púbica es un proceso de naturaleza inflamatoria infecciosa provocada por el microbio 'Streptococcus dysgalactiae'. Cuando se comunicó el diagnóstico, el pasado 19 de enero, el equipo médico ya estimó que el presidente catalán estaría dos semanas ingresado para recibir tratamiento antibiótico endovenoso y rehabilitación fisioterapéutica que le permita recuperar la movilidad mermada.

Illa no ha terminado el tratamiento, sino que lo seguirá en su casa con un sistema de hospitalización domiciliaria, es decir, seguirá recibiendo en su domicilio los cuidados o fármacos propios del ámbito hospitalario.

Según indicaron en el momento del diagnóstico los doctores de Vall d'Hebron, la osteomielitis púbica es una patología infecciosa poco frecuente pero con buen pronóstico, pues los pacientes suelen tener una recuperación completa, no solo de la infección, sino también de la disfunción motora.

Al estar ingresado, Illa delegó sus funciones temporalmente en el conseller de Presidencia, Albert Dalmau, quien está al mando de la Govern en un momento muy marcado por la crisis de movilidad a raíz del accidente ferroviario en un tren de Rodalies el pasado 20 de enero.

La crisis de Rodalies crece cada día desde el accidente del 20 de enero que costó la vida a un maquinista en prácticas. Y los problemas en este servicio se han convertido también en un gran problema político para el Gobierno. Esto ha provocado el primer choque entre el Ejecutivo y la Generalitat, que habían ido hasta el momento de la mano. El Ministerio de Transportes trata de taponar la crisis con los primeros ceses de cargos medios en un momento en el que el caos del servicio en Cataluña complica mucho la situación. A esto hay que añadir, además, la presión de Esquerra y de Junts en el Congreso.

La Generalitat y Cataluña son claves en este momento para Pedro Sánchez, ya que es la principal comunidad en manos de los socialistas y el principal granero de voto para el partido de cara a las próximas elecciones generales. Salvador Illa es el gran referente territorial para el PSOE y el sustento más sólido de Pedro Sánchez en un momento de gran incertidumbre.

Pero la Generalitat llevaba varias jornadas sintiendo la máxima presión social, con 400.000 usuarios afectados cada día por los cortes del servicio de Rodalies desde el temporal de la pasada semana. Con lo que esto implica de desgaste para el Ejecutivo catalán, que se había presentado como el modelo más eficiente después de años de devaneos independentistas. Y este lunes, la desesperación por la gestión de Adif y Renfe, los competentes en el servicio de trenes de Cercanías, se ha hecho evidente este lunes en la Plaza de Sant Jaume, sede del Govern.

La presión de la Generalitat hizo finalmente que se moviera Transportes, ministerio al que los responsables catalanes pidieron en las reuniones de coordinación que se asumieran ya responsabilidades. Esta crisis se lleva por delante a dos cargos medios: el director operativo de Rodalies, Josep Enric García, y el director general de Explotación y Mantenimiento de Adif, Raúl Míguez.

Según explicó en TVE el propio secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, "somos sensibles con el malestar de la ciudadanía catalana y del Govern, y somos conscientes de que Renfe y Adif tienen una responsabilidad que asumir". Para el número dos de Óscar Puente, se requiere un “punto de inflexión” para mirar "con tranquilidad al futuro".

La gestión del Ministerio de Transportes centra ahora todas las miradas tanto por el accidente de Adamuz (Córdoba) como por la crisis de Rodalies. El ministro Puente comparecerá el próximo jueves en el Senado (aunque el PP quería que fuera Pedro Sánchez). El presidente del Gobierno, en cambio, hablará sobre la situación ferroviaria en el Congreso el próximo 11 de febrero.

Los partidos acorralan al Gobierno central y al Ejecutivo catalán estos días desde todos los espectros políticos y cada vez reducen más el círculo. Por ejemplo, Esquerra Republicana ha pedido incluso la dimisión de Puente. No obstante, en La Moncloa y en Ferraz se hace una defensa cerrada del exalcalde de Valladolid, cuyo trabajo reconocieron tanto Sánchez como los principales dirigentes del PSOE a puerta cerrada durante la reunión de la Comisión Ejecutiva Federal celebrada este lunes en la sede en la madrileña calle de Ferraz.

Además, hay una ofensiva en Cataluña para hacer caer a la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, cuyo cese exigen Junts, ERC, PPC, Vox y la CUP. Ella declaró que se ve “con más ganas y energía incluso que antes”. Es quien ha puesto la cara a la tensión con el Gobierno central en la reunión que mantuvieron ambas administraciones para el seguimiento de la crisis. Calificó de “intolerable” lo que está sucediendo y exigió al secretario de Estado de Transportes que se asumieran responsabilidades de manera inmediata. “Nosotros también estamos indignados”, verbalizó la socialista catalana.

Desde la Generalitat catalana se ha elevado el tono para exigir mayores inversiones a Madrid en este servicio, que acumula un déficit histórico y que suma incidencias cada día. Asimismo, la presión independentista se ha acrecentado en un momento en el que se está negociando el traspaso total del servicio, uno de los puntos más importantes del acuerdo para que ERC diera su apoyo a Sánchez en la investidura tras las elecciones generales de 2023.

Pero pasan los días y crece la desesperación ciudadana. Adif y Renfe no han concretado todavía la fecha en la que se recuperará la normalidad, aunque este lunes señalaron que ven “el principio del fin”. Ahora mismo se están revisando todos los puntos críticos de la red, aunque estos trabajos están condicionados a la climatología.

La crisis de Rodalies en Cataluña tiene también una importante reverberación en las Cortes Generales porque supone una mayor tensión dentro del bloque de investidura. Y llega en un momento clave, con la votación este martes de dos decretos de gran importancia política para el Gobierno central: el escudo social (que incluye la revalorización de las pensiones) y el de transportes (con ayudas para los viajeros). 

El Ejecutivo le da mucha relevancia a estos dos textos porque incluyen medidas que forman parte del corazón de su acción y dan sentido a que siga la legislatura, como la moratoria de desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional y la prórroga de la prohibición de suministros básicos también a hogares vulnerables. 

El Gobierno confiaba en diciembre en que no habría problema para sacar esos textos, pero el contexto ha cambiado totalmente. El Partido Popular ya ha anunciado que votará en contra de esos dos decretos, por lo que todas las miradas vuelven a estar en la posición de Junts. Los de Carles Puigdemont han adelantado que no están a favor, pero no han concretado todavía el sentido de su voto. Los socialistas no quieren perder la esperanza y, aunque las relaciones están rotas, hicieron este lunes un llamamiento a las formaciones para que den su voto en el último minuto ante medidas positivas para los ciudadanos.

No obstante, Junts ha hecho un movimiento que anticipa ese posible rechazo al registrar una proposición de ley que se centra únicamente en garantizar la subida de las pensiones, dejando fuera el resto de medidas. Fuentes socialistas insiste en que no van a retirar el decreto con todas las medidas y creen que se vive un deja vù, en referencia a lo sucedido con el decreto ómnibus del año pasado, que tumbaron PP, Junts y Vox. En aquel momento se perdió la primera votación, pero luego se rehizo el texto y salió unas semanas más tarde con la revalorización de las pensiones incluida.

El Ministerio de Transportes ha cesado este lunes al director operativo de Rodalies, Josep Enric García Alemany, y al director general de Operaciones y Explotación de Adif, Raúl Míguez Bailo, por el caos en la red ferroviaria en Cataluña. Fuentes del ministerio de Transportes confirmaron a EFE el cese de ambos directivos.

El secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, había pedido este lunes ambos ceses en una entrevista en el Canal 24 Horas TVE, poco después de que la Generalitat catalana haya exigido a Renfe y Adif la adopción de "decisiones inmediatas" y la asunción de "las responsabilidades que correspondan" tras otro día de caos en Rodalies.

"Somos sensibles con el malestar de la ciudadanía catalana y del Govern, y somos conscientes de que Renfe y Adif tienen una responsabilidad que asumir", porque se requiere de un "punto de inflexión" para poder mirar "con tranquilidad al futuro", ha afirmado Santano. "Les adelanto que he pedido a los presidentes de Adif y Renfe el cese de dos responsables: el director operativo de Rodalies, en el caso de Renfe, y el director general de Explotación y Mantenimiento, en el caso de Adif", ha añadido.

El hasta ahora director operativo de Rodalies era Josep Enric García Alemany, quien asumió el cargo en marzo del pasado año en sustitución de Antonio Carmona, actual portavoz y responsable de Relaciones Institucionales de Renfe en Cataluña. García Alemany es ingeniero de caminos, canales y puertos y anteriormente había sido director general de la EMT de Valencia, con una plantilla de unas 1.800 personas trabajadoras y una flota de 500 autobuses.

Fuentes de Adif confirmaron a EFE el cese de Raúl Míguez, quien es también ingeniero de caminos, canales y puerto. Míguez trabajaba desde 2004 en el gestor de infraestructuras Adif, donde ha asumido diversos cargos de responsabilidad, como adjunto en la Dirección de Gabinete de Presidencia o subdirector de la oficina de seguimiento del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Desde 2025 era el director general de Operaciones y Explotación de Adif.

El anuncio llega después de una semana aciaga para la movilidad ferroviaria en Cataluña, con un accidente mortal el pasado martes en Gelida (Barcelona), varios días con el servicio suspendido e innumerables incidencias en toda la red, especialmente este lunes, cuando estaba previsto que se fuera recuperando la normalidad. Ante esta situación, el Govern ha elevado el tono contra Renfe y Adif y les ha emplazado a que "asuman responsabilidades" de manera "inmediata".

"Estamos indignados, no puede ser, es intolerable que uno se suba a un tren para ir al trabajo y que este se pare en la primera estación; no se lo merecen los catalanes", ha afirmado la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque.

La petición de la Generalitat ha tenido respuesta por parte del secretario de Transportes, quien ha señalado: "En este momento es innegable que sin asumir responsabilidades no vamos a poder seguir avanzando y mirar con tranquilidad al futuro. Necesitamos un punto de inflexión". Por eso, y tras subrayar que ha estado en permanente contacto con el ministro de Transportes, Óscar Puente, Santano ha adelantado que ha pedido a los presidentes de Renfe y Adif el cese de esos dos responsables, los primeros que se cobra el caos de Rodalies. 

Alrededor de 400.000 personas se mueven al día en el servicio ferroviario de Rodalies. El accidente de Gelida (Barcelona), que le costó la vida a un maquinista el martes por la noche, ha vuelto a impactar a la sociedad española en un momento de profunda consternación por el choque en Adamuz (Córdoba). Y ha puesto, además, en primera línea política un servicio muy cuestionado en Cataluña, tanto por los partidos como por los usuarios.

Los problemas en Rodalies se llevan acumulando años, hasta el punto de que su mejora es una de las principales cuestiones demandadas por la sociedad de esa comunidad y por la mayoría de formaciones. Esta vía de transporte, de competencia estatal, se encuentra además en un proceso de negociación de transferencia a la Generalitat tras constituir uno de los principales puntos del acuerdo para que Esquerra diera su voto a favor para la investidura de Pedro Sánchez tras las elecciones de 2023.

De hecho, el lunes de la semana pasada se dio un importante paso en ese tránsito hacia la transferencia total a Cataluña con la firma por parte del ministro de Transportes, Óscar Puente, y del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, de la creación de la empresa mixta para gestionar Rodalies.

La nueva operadora, según el acuerdo entre las dos administraciones, sigue teniendo participación mayoritaria de Renfe, con un 50,1%, mientras que la Generalitat tiene un 49,9%. No obstante, en el consejo de administración, integrado por nueve miembros, tiene más asientos el Ejecutivo autonómico (cinco) que el Gobierno central (cuatro). Esquerra ha logrado una de las plazas correspondientes al Palau. Pero esta empresa no empezará a gestionar el 100% de los servicios hasta el año 2027.

El servicio de Rodalies acumula incidencias casi a diario y es un quebradero de cabeza para muchos usuarios, que llevan quejándose décadas de su mal funcionamiento, principalmente por la falta de inversión. En Cataluña, las manifestaciones de ciudadanos como forma de protesta se producen de manera habitual, como sucedió en las cuatro provincias en marzo del año pasado. Desde 2018 hasta 2024 el sistema ha perdido 42.798 pasajeros en días laborables como muestra de la falta de confianza.

El Gobierno defiende el aumento de inversión a través del Plan de Rodalies, que se puso en marcha en 2020 y que tiene como marco hasta el año 2030. Según los últimos datos del departamento de Puente, esa hoja de ruta contempla invertir 6.300 millones de euros, con prioridad para las partidas destinadas a la modernización de la infraestructura, la mejora de la capacidad de la red, la renovación de estaciones, el refuerzo de información al viajero y la ampliación del material rodante.

Hasta la fecha, se han ejecutado más de 2.500 millones de euros y se han adjudicado trabajos por 4.152 millones, incluyendo la compra de trenes de gran capacidad para modernizar y ampliar la flota. Además, en estos cinco años se han construido o renovado 41 estaciones de la red de Rodalies y se está actuando en otras 25.

Pero, a pesar de esas inversiones, las quejas e incidencias son habituales en toda la red en Cataluña. Por eso, una de las mayores aspiraciones de los partidos catalanes es asumir esa competencia. En el caso del accidente del martes, aunque las causas parecen relacionadas con el temporal, el propio líder de ERC, Oriol Junqueras, señaló este miércoles que “la falta de inversión y la dejadez del Estado en el servicio hace que se detenga toda Rodalies por miedo, desconfianza e incapacidad de la propia compañía para garantizar la seguridad de trabajadores y usuarios”. 

“El traspaso es una necesidad de país, la única solución sobre la mesa que avanza en la dirección de mejorar unas infraestructuras y un servicio clave para la vida de los catalanes”, indicó. Los republicanos llevan tiempo advirtiendo a los socialistas de que Rodalies será clave para negociar los presupuestos tanto en el Parlament como en el Congreso, con la vista puesta en el traspaso de las vías y de los trenes.

Desde el accidente, Junts ha lanzado una ofensiva política con el tema y ha solicitado de manera urgente las comparecencias de Puente en el Congreso y de la consellera Sílvia Paneque (máxima responsable de la Generalitat en la recién creada empresa mixta) en el Parlament por la “mala gestión de la crisis ferroviaria y el colapso de las infraestructuras en Cataluña".

El partido de Carles Puigdemont ha sido muy crítico durante estos días con la recién creada empresa mixta. Su portavoz en el Parlament, Salvador Vergés, llegó a decir que se trata de un “engaño ante el drama que se vive en este país con el servicio de trenes”. “Que alguien pueda pensar que la solución pasa por hacer una empresa mixta de Rodalies en la que siga participando Renfe, y además con mayoría absoluta, nos parece una estafa", enfatizó.

Rodalies se ha convertido además en otro punto de fricción entre ERC y Junts, que mantienen una dura pugna dentro del soberanismo. A lo largo del miércoles se evidenció con el cruce de reproches entre el posconvergente Josep Riu y la republicana Elisenda Alemany, quien afeó que los de Puigdemont critiquen la negociación del traspaso: “En general, estaría bien que la gente dejara solo de denunciar e hiciera cosas”. A lo que él respondió: “En general, estaría bien que la gente dejara solo de aceptar traspasos fake de Renfe, que no resuelven los problemas, y de hacer siempre de muleta de los socialistas”.

Pero las críticas al Gobierno han llegado también, y de manera furibunda, por parte de la extrema derecha. Aliança Catalana, que está en pleno ascenso en las encuestas, dejó este mensaje en la red social X: “Rodalies ya no falla. Rodalies mata. La gestión socialista mata”. De manera similar se pronunció el secretario general de Vox y diputado en el Parlament, Ignacio Garriga: “La gestión del PSOE es una amenaza para la vida de los españoles”.

El ambiente de tensión se trasladó a la reunión que mantuvieron maquinistas de Rodalies en un hotel en Sants (Barcelona) con el presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, y el director operativo de Rodalies, Josep Enric García Alemany. La muestra de malestar se evidenció cuando un representante sindical lanzó un chaleco amarillo a los pies de los directivos.

El presidente catalán, Salvador Illa, "evoluciona favorablemente" y en las últimas horas "ha seguido recuperando fuerzas y ha iniciado la movilización", de modo que ha comenzado caminar de acuerdo con el proceso de recuperación previsto, según ha informado el Hospital de la Vall d'Hebron en un comunicado.

Illa ingresó el pasado sábado en el centro hospitalario tras sufrir un cuadro de dolor lumbar y una pérdida de fuerza en músculos de las extremidades inferiores causados por una osteomielitis púbica, un proceso de naturaleza inflamatoria infecciosa provocada por el microbio Streptococcus dysgalactiae.

Se trata, según indicaron los doctores que lo atienden, de una patología infecciosa poco frecuente pero con buen pronóstico, pues los pacientes suelen tener una recuperación completa, no solo de la infección, sino también de la disfunción motora.

El hospital ha explicado este miércoles que el president "evoluciona favorablemente y prosigue con el tratamiento según la pauta prescrita por el equipo médico". "En las últimas horas ha seguido recuperando fuerzas y ha iniciado la movilización", añade la nota.

Se prevé que Illa pueda estar unos quince días ingresado, aunque este período podría variar en función de su evolución.

El tratamiento a seguir es el antibiótico, acompañado de analgésicos para el dolor, y el president debe hacer trabajo de fisioterapia en el hospital para recuperar la totalidad de la movilidad de las extremidades inferiores. 

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha salido de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona y ha sido trasladado a una habitación en planta, tras haber pasado una buena noche y evolucionar favorablemente, según informa EFE.

Illa, según ha informado el hospital en un comunicado, "ha pasado una buena noche, continúa estable, sin fiebre y con una disminución significativa del dolor. Su evolución es favorable y hoy se ha trasladado a una habitación de planta, donde continuará su tratamiento según la pauta prescrita por el equipo médico".

El presidente catalán, ingresado desde el pasado sábado tras sufrir un cuadro de dolor lumbar y una pérdida de fuerza en músculos de las extremidades inferiores, padece una osteomielitis púbica, un proceso de naturaleza inflamatoria infecciosa provocada por el microbio Streptococcus dysgalactiae, según explicó ayer lunes el director gerente del Hospital Vall d'Hebron, Albert Salazar.

Se trata, según indicaron los doctores que lo atienden, de una patología infecciosa poco frecuente pero con buen pronóstico, pues los pacientes suelen tener una recuperación completa, no solo de la infección, sino también de la disfunción motora.

Por prescripción médica, debe guardar reposo y no caminar durante unos días, y se prevé que pueda estar unos quince días ingresado, aunque este período podría variar en función de su evolución.

El tratamiento que seguir es el antibiótico, acompañado de analgésicos para el dolor, y deberá seguir con el trabajo de fisioterapia en el hospital para recuperar la totalidad de la movilidad de las extremidades inferiores.

La responsable de enfermedades infecciosas del Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona, Dolors Rodríguez, ha negado este martes, en RAC1, que Illa haya recibido un trato médico especial, ya que éste ha sido "idéntico" al de cualquier otro paciente con su patología.

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, sufre una osteomielitis púbica, un proceso de naturaleza inflamatoria infecciosa, y en las últimas horas ha experimentado una recuperación "muy favorable y muy positiva", informa EFE.

Así lo ha explicado el director gerente del Hospital Vall d'Hebron, Albert Salazar, que ha comparecido en rueda de prensa para exponer la última hora del estado de salud de Illa, ingresado desde el pasado sábado tras sufrir un cuadro de dolor lumbar y una pérdida de fuerza en músculos de las extremidades inferiores.

Para Salazar, se trata de una "muy buena noticia" al quedar descartadas dolencias más graves e identificar la "osteomielitis púbica provocada por el microbio 'Streptococcus dysgalactiae'".

Está previsto que el president deje la UCI mañana y pase a planta para seguir con el tratamiento adecuado para su dolencia, ha indicado el equipo médico.

Los doctores han señalado que se trata de una patología infecciosa poco frecuente pero con un buen pronóstico, pues los pacientes tienen una "recuperación completa", no solo de la infección sino también de la disfunción motora.

"El president está en forma y es una persona sana y con ánimos de recuperarse lo antes posible, así que no tenemos dudas de que la recuperación funcional será favorable", ha subrayado Salazar.

La especialista en enfermedades infecciosas de Vall d'Hebron Dolors Rodríguez ha explicado que el origen de la dolencia es en la unión de dos huesos del pubis que habitualmente soportan muchas cargas, lo que hace que a veces se puedan producir pequeñas lesiones.

Es en esta zona donde se ha colado el Streptococcus dysgalactiae, una bacteria que habitualmente está en el tracto gastrointestinal de los humanos pero que a veces se infiltra en la sangre y llega a otras zonas del cuerpo.

"Habitualmente esto no da problemas, pero si hay un lugar especialmente frágil, donde haya una lesión previa, se engancha allí", ha explicado Rodríguez, que ha añadido: "Quizás había una inflamación de la articulación y es allí a donde fue a parar la bacteria para causar la osteomielitis".

El tratamiento a seguir es el antibiótico, que ya se le empezó a administrar al president ayer ante las sospechas de que era un proceso inflamatorio, acompañado de analgésicos, si fuera necesario, para el dolor, ha explicado Rodríguez.

Habitualmente, las dos primeras semanas de tratamiento antibiótico son endovenosas (a través de una vía) y a partir de ahí, si la evolución es buena, se puede pasar a tratamiento oral (por pastillas), ha señalado.

En este sentido, los doctores mantienen de momento la previsión de unas dos semanas de ingreso de Illa, si bien Rodríguez ha señalado que no es descartable que pueda ser menos y que el president pueda seguir haciendo el tratamiento endovenoso en el domicilio.

Por el otro lado, el president deberá seguir con el trabajo de fisioterapia en el hospital para recuperar la totalidad de la movilidad de las extremidades inferiores, que es la parte que se ha visto afectada por la infección pero que mejorará con el tratamiento.

Como Illa no tiene fiebre y está estable, no tiene ninguna limitación a nivel intelectual, si bien debe guardar reposo, ha indicado Rodríguez.

Al ser preguntada por cuándo Illa podrá volver a correr, su afición favorita, la doctora ha dicho que es difícil de pronosticar, pues puede ser cuatro, seis u ocho semanas, y ha señalado que el president deberá seguir las recomendaciones de los servicios de rehabilitación.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, estará un día más en la UCI antes de pasar a planta y, a la espera de acabar de afinar el diagnóstico, todo apunta a que el origen de los síntomas que padece es una patología inflamatoria, según el gerente del Hospital Vall d'Hebron, Albert Salazar, según recoge EFE.

Illa está ingresado en este hospital barcelonés desde el pasado sábado tras sufrir una pérdida de fuerza en músculos de las extremidades inferiores. 

En declaraciones a Catalunya Ràdio este lunes, Salazar ha dicho que "lo más prudente es que hoy seguro que esté en la Unidad de Vigilancia Intensiva y que pueda pasar mañana" a planta. 

El gerente de Vall d'Hebron ha señalado que, a la espera de poder afinar el diagnóstico en las próximas horas y tras haber descartado enfermedades más graves, "todo apunta" a que el causante de los síntomas que sufre el president sea "un proceso inflamatorio".

Salvador Illa ingresó este sábado en el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona después de sufrir un fuerte dolor en las piernas mientras corría a primera hora de la mañana. El equipo médico ha descartado patologías graves vasculares o tumorales en el president de la Generalitat que permanecerá ingresado dos semanas tras sufrir una "pérdida de fuerza" en músculos de las extremidades inferiores, según informa EFE.

Los sanitarios del hospital barcelonés no han podido determinar el motivo de la perdida de fuerza en las piernas, informa El País, y seguirán haciéndole pruebas.

(En ampliación)

Este sábado, Asunción, la capital de Paraguay, se vestirá de largo. La economía mundial estará mirando hacia allí. Se firmará el histórico acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea tras más de 26 años de negociaciones. Se alumbrará de esta forma la mayor zona de libre comercio del mundo, con un mercado conjunto de más de 700 millones de consumidores que concentrará cerca del 25% del PIB global.

España ha sido uno de los países que más ha luchado por hacer realidad este acuerdo en un contexto internacional precisamente marcado por la ruptura del multilateralismo y la deriva imperialista y arancelaria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Un acuerdo capitaneado por una Comisión Europea de mayoría conservadora bajo la batuta de Ursula Von der Leyen, que ha abrazado ese vínculo con Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia).

Pero el pacto entra de lleno ahora en la arena política española. Aunque dentro de la M30 no ocupe los grandes titulares, sus derivadas en España pueden ser clave para los partidos de cara al naciente ciclo electoral. Y de hecho ya son un arma en muchas provincias medianas y con fuerte componente agrícola que pueden hacer decantar los resultados de unas generales por el reparto de escaños.

La campaña con Mercosur de fondo ya ha echado a rodar. La bandera contraria al acuerdo la agarra con vigor Vox pensando en el voto rural, pero también la onedan fuerzas de izquierdas como Podemos, Sumar y el BNG. El Partido Popular está en una encrucijada y no se atreve a darle su respaldo pleno, como le piden sus compañeros europeos, mientras que el Gobierno y el PSOE defienden la apuesta comercial hecha por Bruselas. Y, a la vez, tiene mucha fuerza el debate en Cataluña, con ERC y Junts presionando contra el pacto.

Hay enfado en parte del campo español. Aunque ya se han producido protestas en diferentes puntos del país, la traca llegará dentro de unos días. Las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA anunciaron este jueves la convocatoria de protestas para la última semana de enero contra el acuerdo con Mercosur y por los recortes de la PAC. El jueves 29 será la jornada culmen, con acciones generalizadas y con la previsión de un gran acto en Madrid. Los organizadores hablan de “competencia absolutamente desleal” y acusan al Gobierno y a Europa de vender al sector primario “por calderilla”.

Vox es la formación que más rápido y con más fuerza se está moviendo en España para denunciar el acuerdo. El voto del campo se ha convertido en esencial para el ascenso de esta formación en las encuestas. Los de Santiago Abascal llevan años cosechando apoyos en la España profunda y tratando de crear una brecha entre estos municipios y la vida de las grandes ciudades, una estrategia que le ha dado grandes réditos a la ultraderecha a nivel internacional y que fue esencial para la vuelta de Trump al Despacho Oval. 

Esta hoja de ruta de las derechas ha dado ya su frutos, por ejemplo, en Extremadura, donde Vox y el PP se impusieron el 21D en estas zonas rurales por encima del PSOE, además de producirse una gran abstención entre los progresistas en esas áreas. Una estrategia que están volviendo a implementar las derechas también en el campo aragonés (las elecciones en esa comunidad son el 8 de febrero). Y que también están cultivando los populares y los de Abascal en Castilla y León y Andalucía, que irán luego a las urnas en los próximos meses.

Vox ha salido en tromba desde que se anunció el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur. Y van en dos caminos en sus críticas: denunciando una supuesta “traición” a los agricultores y ganaderos españoles y, a la vez, achacando que ese rejón se debe al bipartidismo del PP y el PSOE, que han ido de la mano en las instituciones europeas en este asunto.

“Ellos lo han promovido, lo han negociado, lo han votado”, ha denunciado durante estos días el líder de Vox en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, a pesar de que finalmente se ha unido también al acuerdo Giorgia Meloni (Italia), una de las grandes referentes para la ultraderecha española; tanto es así, que pasó unos días en Navidad en Madrid con Santiago Abascal en una visita personal. Asimismo, en una estudiada estrategia, el partido de ultraderecha está calentando este tema en muchas provincias españolas y medios locales. 

El Partido Popular se ve ahora en una situación complicada respecto a Vox, ya que están en pleno enfrentamiento por la España rural. El pasado fin de semana, el líder conservador, Alberto Núñez Feijóo, hacía esta proclama en la conferencia interparlamentaria de los populares: “Nosotros somos el partido del campo, el partido de los agricultores, el que les defiende, el que les escucha y el que hace política real para ellos. Los agricultores tienen razón. Quieren menos exigencias burocráticas y políticas que garanticen la rentabilidad y competitividad. Quieren más control de lo que viene de fuera, porque también se controlan nuestros productos cuando salen de España. Y tienen razón cuando piden acuerdos comerciales justos y con garantías que se cumplan. A diferencia de este Gobierno, lo haremos cuando lleguemos al Gobierno”.

El propio Feijóo, en cambio, ha defendido durante estos años en sus visitas a países iberoamericanos la necesidad de este pacto comercial, pero ahora se encuentra con una muy fuerte presión interna dentro de su partido. De hecho, este miércoles el vicesecretario económico, Alberto Nadal, indicaba: “El PP sólo apoyará el acuerdo UE-Mercosur si se garantizan salvaguardias y se refuerzan los controles en frontera. El Gobierno lo votó en el Consejo sin pelear, como sí hizo Italia, y no pone medios para que entren productos sin las mismas exigencias”.

De esta manera, trata de desviar la atención hacia Sánchez. Pero la realidad es que el problema ahora lo va a tener con el Partido Popular Europeo, que ha celebrado el acuerdo y ha llamado a su respaldo. El principal ponente sobre el pacto dentro de esta institución es el eurodiputado español del PP Gabriel Mato, que ha sido un firme defensor durante estos años de este nuevo vínculo comercial. Hay barones de la formación mostrando su rechazo en público como el asturiano Álvaro Queipo, que lo tacha de “perjudicial”.

La gran duda ahora es qué hará el Partido Popular español en el Parlamento Europeo, cuando tenga lugar la ratificación del pacto. Una vez firmado este sábado, el acuerdo debe pasar por esta institución (todavía sin fecha). Ahí los eurodiputados tendrán que votar sí o no, sin posibilidad de que puedan introducir cambios. Y no pasará por el Congreso porque las competencias sobre comercio están delegadas en la Unión Europea.

El Gobierno y el PSOE se han convertido en los principales bastiones, en cambio, de apoyo al acuerdo. El propio Sánchez lleva años haciendo campaña entre los países europeos para alcanzar un consenso. Según escribió en la red social X: “Gracias a él, las empresas españolas pueden entrar a nuevos mercados, exportar más y generar más empleos. Y Europa podrá mantener un vínculo fuerte con esa región hermana y estratégica que es América Latina”.

El Ejecutivo trata de calmar a los agricultores. El titular de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, indicó el lunes en Los Desayunos del Ateneo que hay previstos mecanismos de compensación y fondos de la PAC por si se produjeran pérdidas de algún tipo. A la vez, no ha pasado desapercibido que este miércoles el propio presidente protagonizó un acto junto al ministro de Agricultura, Luis Planas, en el que anunció un paquete de medidas para facilitar el relevo generacional en el sector agrario, incluyendo la movilización de 17.000 fincas rústicas del Estado.

Muy encima del sector está también el presidente de Cataluña, Salvador Illa, ante las protestas que se están sucediendo. El socialista cerró un acuerdo con los representantes de Revolta Pagesa este lunes para minimizar el impacto del acuerdo de Mercosur a través de fondos económicos y de mayores controles en los supermercados.

Los partidos independentistas allí se han posicionado muy fuerte en contra de la firma. Junts lleva días haciendo campaña y ha abierto un frente contra el Gobierno central en el Congreso con el registro este jueves de la petición de comparecencia de los ministros Planas, Mónica García (Sanidad) y Pablo Bustinduy (Derechos Sociales) para que informen sobre los riesgos del acuerdo para la seguridad alimentaria y el sector agrícola catalán.

Y las críticas llegan también desde la izquierda. Teresa Jordà (ERC) ha mostrado esta postura tras el acuerdo: “El Mercosur, tal y como lo hemos conocido, permite la competencia desleal, dinamita la soberanía alimentaria, pone en riesgo la sostenibilidad y amenaza al modelo productivo de proximidad. Es una condena al sector primario”.

Una dureza que también ha verbalizado la eurodiputada Irene Montero (Podemos): “Va a reventar el campo europeo para que ganen las grandes empresas. En España, doble golpe tras recortar la PAC para comprar armas a las órdenes de Trump. Estamos con agricultores y ganaderos, que cuidan la tierra y hacen posible que llenemos las neveras”.

La Generalitat de Cataluña negocia con el Ejecutivo central, en base al acuerdo de investidura que selló con ERC para la investidura de Salvador Illa, entrar a formar parte de la gobernanza del Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat en 2026, tras pactar en 2025 la ampliación de esta infraestructura.

En declaraciones a EFE, Ferrer Dalmau, conseller de Presidencia, ha señalado que "el primer paso" que había que dar era "desbloquear la ampliación", lo que el Govern pactó en junio con Aena, el gestor aeroportuario.

El siguiente paso es definir cómo puede participar la Generalitat en la gobernanza de este aeropuerto: "Estamos en conversaciones con ERC y con el Gobierno de España para poder avanzar en una mayor participación de Cataluña", ha explicado.

El ejecutivo de Illa trabaja con el objetivo de poder avanzar en esta carpeta durante 2026.

En el marco de la investidura de Illa, ERC y el PSC acordaron en 2024 crear un nuevo Consejo Rector Aeroportuario de Cataluña para que la Generalitat tenga "un papel determinante en la definición, articulación y gestión del nuevo sistema aeroportuario catalán".

Ese pacto también contempla constituir la Autoridad Aeroportuaria de Cataluña para dar apoyo al "nuevo modelo de gobernanza que centralizará las competencias propias de la Generalitat que tengan relación con la política aeroportuaria".

Dalmau ha reivindicado la apuesta de Illa por ampliar El Prat pese al rechazo de sus socios, ERC y Comuns.

"Los gobiernos están para tomar decisiones y hemos de ser capaces de no mantener al país bloqueado por la incapacidad de las formaciones políticas", ha defendido.

Según Dalmau, la ampliación es necesaria para "coger la velocidad de crucero que Cataluña necesita para afrontar una década de gran transformación".

Cataluña arrastró durante años la etiqueta de ser un oasis donde no tenía cabida la ultraderecha. Pero en apenas unos meses su tablero político se ha visto totalmente sacudido por el crecimiento espectacular en las encuestas de Aliança Catalana, a la vez que también sube en los sondeos Vox.

Todo ello ha contribuido a una posición todavía más dura para competir por parte tanto de Junts y del Partido Popular de Cataluña en un escenario en el que el eje independentismo versus unionismo ha dejado de canalizar el debate público. Y en estas semanas hay dos temas, alentados por las derechas especialmente, que monopolizan las conversaciones políticas y mediáticas: la migración y la multirreincidencia.

Y es que la migración es el principal caldo de cultivo del crecimiento de Aliança, lo que ha hecho que el discurso duro y xenófobo se adueñe del arco conservador catalán. Empezando por Junts, que trata de reconquistar el terreno político con posiciones antiinmigración y buscando conseguir las competencias para la Generalitat, lo que arrastró a un pacto con el PSOE, que fue duramente criticado por los socios progresistas de Pedro Sánchez.

Pero ese discurso extremo ahora lo trata de capitanear el Partido Popular durante estos días a través del alcalde de Badalona, Xavier García Albiol. En la ciudad catalana se vive una situación de tensión después de que durante la semana pasada los Mossos d’Esquadra desalojaran por orden judicial el edificio del instituto B9, lo que dejó en la calle a alrededor de 400 personas, en su mayoría inmigrantes subsaharianos, y sin solución habitacional en pleno diciembre.

El Ayuntamiento de Badalona, competente en materia de servicios sociales, se ha negado a dar cobijo a los desalojados en centros o albergues. Ello ha provocado un fuerte choque con la Generalitat de Cataluña, capitaneada por Salvador Illa, que ha buscado soluciones temporales junto a entidades y la Iglesia para atender a los migrantes, muchos de ellos todavía acampados bajo puentes.

García Albiol se niega a dar ayuda porque, en su opinión, resulta “inviable” tanto “conceptualmente” como económicamente porque costaría, según sus cálculos, unos 672.000 euros al mes. Ha alentado este discurso tanto en medios de comunicación como en las redes sociales: "Estas personas van a ser vulnerables siempre, porque han entrado en España de forma irregular. No van a poder trabajar ni tener un contrato de trabajo, y no van a poder tener un alquiler".

El pasado domingo se vivió una imagen impactante cuando una protesta vecinal impidió que algunos de los desalojados pudieran entrar a dormir en la iglesia de la Mare de Déu. Hasta la Iglesia ha mostrado su horror por lo que está sucediendo. El arzobispo de Tarragona, Joan Planellas, hizo esta reflexión: "Cuando una determinada parroquia ofrece unas estancias, que haya manifestantes que se nieguen a dejar entrar a la gente… ¿Esta es la manera de hacer las cosas en este país? ¿Nos hemos vuelto locos?".

Durante su discurso este viernes por la noche, Salvador Illa lanzó este mensaje: “Precisamente la Navidad nos recuerda aquello que no podemos perder nunca: nuestros valores humanos. ¿Qué nos queda si no actuamos con humanidad? Humanidad significa acoger e integrar a las personas que lo necesitan, significa defender nuestro estado del bienestar para garantizar una educación y una sanidad públicas para todos, significa garantizar la vivienda como un derecho, significa ofrecer ayudas sociales a quienes más lo necesitan y también significa garantizar la dignidad, la seguridad y la convivencia en todos nuestros barrios. Sin esta humanidad, sin esta solidaridad, no se puede construir ningún país ni ninguna sociedad”.

“La respuesta a las necesidades y retos de Cataluña no es culpar a las personas que menos tienen o a quienes son diferentes. Haremos una Cataluña mejor para todos con política útil y con políticas públicas responsables, con soluciones al servicio de las personas. De todas las personas”, argumentó el también líder de los socialistas catalanes.

Desde Génova 13 se está respaldando de manera rotunda a García Albiol en su postura respecto al desalojo, mientras que el Gobierno central ha tachado de racista la actitud de los populares. La nueva portavoz del Ejecutivo y ministra de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social, Elma Saiz, indicó este viernes en TVE que el alcalde “está dejando, de manera inhumana, dormir en la calle a personas solamente por cuestiones de su origen.

Las derechas están condicionadas por ese aumento imparable de Aliança, que ha hecho de la migración su principal base para el crecimiento electoral. En el último sondeo del CEO (el CIS catalán), el partido de Sílvia Orriols ya está disputándole a Junts la tercera posición con entre 19 y 20 escaños, por detrás del PSC (38-40) y de ERC (22-23). Y, además, Vox (13-14) estaría por delante del PP (12-13).

El otro gran asunto que domina la política catalana alentado por la derecha es la multirreincidencia, que se ha convertido en un asunto nuclear tanto para Junts como para el Partido Popular. Los de Carles Puigdemont, además, están consiguiendo atraer al PSOE, dentro de su presión para no derribar la legislatura, en la modificación legislativa que se está estudiando en el Congreso de los Diputados.

Los socialistas han permitido desbloquear la proposición de ley presentada por Junts en marzo del año pasado y han favorecido que se encarrile votando a su favor en las fases de ponencia y comisión durante este mes de diciembre, con un bloque en el que se integran los posconvergentes, el PP, Vox y el PNV. En un tema clave en el tablero catalán, ERC se ha abstenido, mientras que ha causado un gran enfado entre los diputados de Sumar, Podemos y de EH Bildu.

El texto que tiene entre sus manos el Congreso conllevará reformas en el Código Penal y en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Por ejemplo, el castigo del hurto podrá ampliarse a una pena de prisión de uno a tres años si concurren circunstancias como haber sido condenado ejecutoriamente por otros tres delitos menos graves.

El Parlamento catalán ha aprobado este jueves la ley que regula el alquiler de temporada y de habitaciones -una vía usada para sortear el tope a las rentas de la vivienda habitual vigente en Cataluña-, con el voto a favor de toda la izquierda: PSC-Units, ERC, Comuns y la CUP.

La nueva norma nace de un decreto que, entre otros elementos, agilizaba trámites urbanísticos y al que, en el trámite parlamentario, esta mayoría de izquierdas ha introducido enmiendas para regular el alquiler de temporada y de habitaciones o para que los pisos de protección oficial mantengan esta calificación si están en las denominadas zonas de mercado tensionado.

En la pasada legislatura esta ley decayó al no reunir el apoyo del PSC-Units, que entonces optó por la abstención. Los socialistas, que fijan la cuestión de la vivienda como pilar del actual mandato, cambiaron su posición a raíz de los acuerdos con ERC y Comuns que posibilitaron la investidura de Salvador Illa.

El texto ha sido avalado por el Consejo de Garantías Estatutarias, que emitió un dictamen, a petición de Junts y el PPC, en el que solo puso en duda uno de sus artículos, posteriormente enmendado.

La regulación establece que cualquier alquiler "destinado a la satisfacción de la necesidad de vivienda" sea considerado "permanente", con independencia de la duración del contrato, lo que hace que estas rentas estén sujetas a la regulación de precios si están en zonas tensionadas. Así, solo serán alquileres de temporada los que se acredite que se destinan a uso recreativo y turístico.

En cuanto a la regulación del alquiler de habitaciones, la norma determina que la suma de las rentas de cada habitación no pueda superar el precio del alquiler del piso entero. La ley también establece que no dejarán de ser de protección oficial unos 35.000 pisos que en los próximos años habrían pasado al mercado desregulado.

La consellera de Territorio, Sílvia Paneque, ha defendido durante el debate parlamentario que la vivienda debe ser "un derecho y no una fuente de agobio": "El beneficio es legítimo cuando es positivo para la comunidad, mientras que no puede ser considerado beneficio si llena un bolsillo o pocos bolsillos y provoca pérdidas para el resto", ha afirmado.

La ponente de la ley ha sido la diputada socialista Eva Candela, que ha defendido que la "intervención pública" en el mercado de la vivienda es "urgente y prioritaria" y ha ensalzado la "capacidad de sumar mayorías" de la bancada izquierda. Por parte de ERC, su portavoz, Ester Capella, ha celebrado que lo que su grupo, Comuns y CUP habían defendido hasta ahora "en soledad" sea por fin asumido por "una mayoría progresista".

La diputada de Comuns Susanna Segovia ha dicho que el Parlament "ha votado una victoria" del movimiento por la vivienda, pero ha avisado a Paneque de que las regulaciones no sirven si no se aplican sanciones -lo que todavía no ha sucedido en el caso del tope a las rentas habituales-. Laure Vega, de la CUP, ha señalado que este jueves se impide que se sigan cometiendo "ilegalidades" y ha tildado de "fascinante" que la derecha "lloriquee" por una norma que, en el fondo, busca restablecer el orden.

La diputada de Junts Glòria Freixa se ha mostrado en contra de cualquier regulación de las rentas y ha dicho que lo que debe hacerse es "atraer" la inversión privada, al tiempo que ha acusado a la mayoría de izquierdas de legislar "por la puerta de atrás", vía enmiendas. Su partido ha votado a favor de algunas de las enmiendas introducidas, pero no de elementos nucleares de la norma como el que hace referencia a los grandes tenedores -por una cuestión competencial- o los alquileres de temporada.

Por parte del PPC, Àngels Esteller ha asegurado que esta regulación es un ataque más a la propiedad privada, ha puesto en duda su constitucionalidad y ha censurado que se "criminalice" a los propietarios. La diputada de Vox Mònica Lora ha criticado la "inseguridad jurídica" de esta ley y el "incremento del control administrativo sobre la propiedad privada" que comportará.

Sílvia Orriols, líder de Aliança Catalana y diputada del grupo mixto, también ha lamentado la "criminalización" de los propietarios y ha achacado las dificultades en el acceso a la vivienda a la inmigración y a las ocupaciones.

Hasta 61,7 millones de personas utilizaron Rodalies entre enero y junio de 2025 en Catalunya. A pesar de su importancia en la región, su eficacia ha sido puesta en duda ante los repuntes de los fallos de la red en meses como agosto o febrero. Para conseguir mejoras, la Generalitat ha puesto en funcionamiento la Estrategia Ferroviaria de Catalunya (EFC) para dar solución a las dificultades a las que se enfrenta la infraestructura, con hasta 63 medidas a desarrollar hasta 2050. A principios de este año 2025, también se informó de otras 39 actuaciones que buscaban mejorar la seguridad, el estado de las instalaciones y las comunicaciones con los usuarios de la infraestructura. Con esto se anunció una inversión de 77,4 millones de euros para invertir entre los años 2025 y 2026. 

La importancia de la red es notable: conecta a 166 municipios catalanes, con casi 300.000 trenes y 26,5 millones de minutos de servicio. Con una red de más de 1.200 km, su buen funcionamiento es clave para la región catalana. Para hablar de cómo conseguirlo, infoLibre organiza un foro, con la colaboración de Renfe, para dialogar sobre el presente y el futuro de Rodalies, y explicar las mejoras esperadas en la infraestructura, los retos y las posibles soluciones para conseguir un servicio más fiable, sostenible y conectado al territorio, consultando a los protagonistas de este cambio. 

Presente y Futuro del Sistema de Cercanías en España: el caso de Rodalies tendrá lugar el día 17 de diciembre a las 13:00 h, en el Centro de Formación de Maquinistas de Renfe de L’Hospitalet de Llobregat, y se podrá seguir a través de Youtube. La bienvenida será de la mano del director editorial de infoLibre, Jesús Maraña, que dará paso a una conversación inicial conducida por Virginia P. Alonso, directora de este medio, junto con Christian Muñoz, director de planificación y desarrollo estratégico de Movilidad de Renfe. 

Luego se dará paso a una mesa redonda en la que participarán: Antonio Carmona, representante institucional de Renfe Cataluña; Susi López, directora general de Transports de la Generalitat; Carles Garcia Ureta, vicepresidente de la PTP, Asociación por la Promoción del Transporte Público; y Luis Ubalde miembro de la dirección de la Oficina Técnica de Rodalies y Adif (obras e infraestructuras). Todos ellos hablarán sobre cómo es afrontar los nuevos retos de la red ferroviaria desde el terreno. 

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha dicho este miércoles que una mejor financiación de Cataluña está "más cerca" tras el Consejo de Política Fiscal y Financiera del lunes, al tiempo que ha instado a Junts a abandonar la "queja" y a defender los intereses de los catalanes, según informa EFE.

En la sesión de control al president en el Parlament, Illa ha rebatido así a la presidenta del grupo de Junts, Mònica Sales, que le ha acusado de "conformarse" con la propuesta en la que trabaja la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero: "¿Tiene usted voz propia o sencillamente hace de altavoz del PSOE?", le ha preguntado.

Sales, que se ha estrenado en esta sesión de control como presidenta de Junts en el Parlament en sustitución de Albert Batet, ha anunciado que su grupo ha registrado una solicitud de comparecencia de Illa para que "presente y explique su propuesta de financiación".

El president ha lamentado que "desde 2014 no ha habido ningún avance" en esta carpeta y ha recordado que Junts ha gobernado durante "mucho de este tiempo": "Pueden exhibir mucha queja, pero ningún resultado".

"En materia de financiación estamos más cerca que ayer y solo un poco más lejos que mañana de resolver un problema que ustedes durante muchos años de gobierno han sido incapaces de resolver", ha resuelto Illa.

El diputado de Junts en el Parlament Antoni Castellà ha tendido este miércoles la mano al Govern para "enmendar la plana" a la ministra Montero, en lo que respecta al nuevo modelo de financiación autonómica y tejer "un gran acuerdo de país a favor del concierto económico".

Durante la sesión de control al Govern, Castellà ha emplazado a la consellera de Economía, Alícia Romero, a que sea "valiente" y "dé un paso adelante" para "abandonar la oscuridad del Estado español y volver a la luz del catalanismo político".

El lunes, Montero avanzó a los consejeros autonómicos que presentará dentro de unos meses su propuesta para reformar el sistema de financiación para las comunidades de régimen común, en la reunión que celebró el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

Para Castellà, este anuncio de Montero representa "una enmienda a la totalidad" a la financiación singular pactada con ERC, porque se trata de "un modelo bilateral en el que todos ganan y todos están por encima de la media", mientras los catalanes siguen "pagando impuestos".

Y es que el diputado de Junts ha reprochado a la consellera que prometiese este acuerdo para un nuevo modelo de financiación autonómica "antes de acabar el año" y todavía no se ha materializado.

Además, en su intervención, Romero ha anunciado que el Govern publicará las balanzas fiscales junto a la ley de presupuestos, tal y como estipula la ley.