Se trataba de decir sí o no a una modificación de 7 artículos de la Constitución relativos a la justicia y el resultado ha sido apabullante: la victoria del No es la primera gran derrota de Giorgia Meloni. ¿Por qué sobre la justicia y por qué un referéndum? Y ya, alejando el foco, ¿en qué marco no sólo nacional sino también global se ha producido este patinazo clamoroso de Giorgia Meloni?

Comencemos con humildad reconociendo que ni quisqui sabía qué pasaría. Nadie conseguía desentrañar qué supondría una mayor afluencia, de modo que los buenos italianos se refugiaron en la scaramanzia –la superstición–. Partidarios del No decían que soplaba brutta aria; partidarios del Sí, que tan alta participación no era un buen dato.

A toro pasado, es fácil encajar argumentos. Comencemos con el aparente quid: la justicia. Que la justicia en Italia funciona mal es un cliché nacional a la vez que europeo. Si se pregunta a gente ducha en la materia por qué, se suelen señalar tres problemas endémicos: la lentitud de los procesos, la mole infinita de trabajo y la incertidumbre de un cuadro normativo salpicado de modificaciones y adaptaciones. El descontento de la ciudadanía en esta materia es, pues, más que lógico. Acusar a la magistratura de operar con arbitrio o de constituir una casta poderosa resulta, por un lado, un desahogo sedante para el pueblo, y por otro, una tentación irrefrenable para los populistas de derecha.

Cuando Giusi Bartolozzi, jefa de gabinete del actual ministro de Justicia, llegó a afirmar que “la magistratura es un pelotón de ejecución”, lo hacía a sabiendas de que esa frase bárbara estaba bien arraigada en Italia: el populista mediático Silvio Berlusconi se refería a los jueces llamándolos “peor cáncer de la democracia”, “metástasis”, “patología”, etc. El Cavaliere fue el adalid contra la magistratura politizada: “togas rojas”, les decía. Desde la logia masónica Propaganda Dos (Berlusconi tenía el carnet 1816) hasta el actual gobierno Meloni, siempre ha habido una veta de la política italiana que no soporta la separación de poderes.

No conciben que haya contrapesos a los que nadie ha votado. No creen en el Estado de Derecho con todas las consecuencias. Creen en la separación de poderes pero sólo si es meramente aparente. Durante la campaña del referéndum se encuentran múltiples declaraciones de exponentes del Gobierno que dan buena prueba de ello. Veamos algún ejemplo: a) Alfredo Mantovano, secretario de Estado de la Presidencia del Consejo de Ministros, uno de los cerebros en la sombra del gobierno Meloni, dijo que este referéndum serviría para “reequilibrar poderes”, pues, según él, “los plenos poderes son los de quien, por vía judicial, bloquea la política”, ya se trate de cuestiones migratorias, empresariales o de orden público; b) cuando el Tribunal de Cuentas italiano paralizó por graves errores formales el puente sobre el Estrecho de Messina, el presidente Meloni explotó y calificó la decisión como la “enésima invasión del campo de los jueces en las decisiones del Gobierno y el Parlamento”; c) la ruin invitación del ministro de Justicia a la oposición a gozar de una impunidad legítima: “una persona inteligente como Elly Schlein [Secretaria del Partido Democrático] no entiende que esta reforma les convendría también a ellos en el momento en que llegaran al gobierno”.

Lo de la justicia está claro, pero ¿por qué un referéndum? Que el gobierno Meloni escogiese semejante procedimiento sin necesidad de quorum representó un órdago descarado. No es lo mismo que le convoquen a uno para decir sí o no a la caza, el aborto, el divorcio o las centrales nucleares, que si le obligan a apoyar un justicia-como-digo-yo-sí-o-no. Para abordar esas materias tan complejas se inventó la democracia representativa. En los cuatro trámites parlamentarios de este referéndum, no se aceptó ninguna modificación, ni siquiera de los partidos que forman la mayoría parlamentaria. Este referéndum obligaba casi a casarse con Meloni, y el pueblo como que no.

Hablaba Iván Redondo en un reciente artículo de que ya no estamos en una guerra cultural, sino en una guerra cognitiva. Y tal vez sea eso: nadie entiende cómo un pueblo que asistió a un golpe como el de Capitol Hill volviera a votar a Trump. Por eso, ¿cómo responderían los italianos al burdo argumentario de Meloni, la cual llegó a decir que si ganaba el No los jueces dejarían sueltos por ahí a toda suerte de violadores, pederastas y maleantes? La gran noticia es que el pueblo italiano dijo basta a la desfachatez y votó por el decoro institucional. La gran noticia es que el pueblo italiano supo entender que era en los desaires institucionales continuos del gobierno a la magistratura y no en los mendaces llamamientos a la eficacia del sistema donde se celaba el verdadero significado del referéndum. Paradójicamente, cuanto más insistía el gobierno Meloni en que el referéndum era meramente técnico, más cuerpo cobraba la grave amenaza política. La gran esperanza es que de Italia esté llegando una señal de hastío de la desfachatez. Hace unos días hablábamos de un momento Bonhoeffer. El descaro golpea primero y gana la primera batalla siempre, pero la insensatez incesante acaba despertando la rabia popular. La guerra cognitiva está ahí, sí. La gran noticia es que, al parecer, no la vamos perdiendo.

Pero ojo: tampoco ganando del todo. Este referendo representa solamente una de las varias figuras que componen un mosaico de una batalla entablada hace al menos tres años y que ve también afectados a otros dos contrapoderes judiciales importantísimos: la Dirección Nacional Antimafia (DNA) y el Tribunal de Cuentas. Tanto el Procurador Nacional Antimafia como el Presidente del Tribunal de Cuentas han alertado en sedes institucionales sobre lo mucho que ha entorpecido legalmente su tarea este gobierno. (Ver aquí y aquí). No sólo: pende sobre los italianos otra reforma – el premierato – que otorgaría más poderes al jefe del gobierno en detrimento del presidente de la República.

Los italianos votaron una reforma que ni atacaba la lentitud, ni el atasco, ni el maremágnum de la justicia, mientras el gobierno volvía romas las armas para combatir la corrupción o las mafias. Sorpresa: muchos jóvenes –esa chusma de la que se repite siempre que vota a la extrema derecha– y muchas mujeres se movilizaron. También desde la Conferencia Episcopal habían animado a ir a votar dada la importancia de la cuestión en liza. Y el resultado es el que ha sido. Berlusconi debe estar rabioso en el más allá. Era también su reforma.

Que esta peligrosísima guerra en Oriente Medio haya movilizado a electores hartos de las atrocidades de Trump y Netanyahu seguramente habrá incidido. Que en Eslovenia y Francia también soplaran vientos antifascistas este fin de semana, ojalá que sean señas de que la marejada autocrática global amaina. Se verá el 12 de abril con Orban en Hungría.

En la recta final del referéndum, el periodista Alberto Nerazzini destapó el caso Chuletería de Italia: el secretario de Estado para la Justicia, Andrea Delmastro, tenía parte de un restaurante en cuya propiedad participaba supuestamente gente ligada al clan Senese, uno de los más potentes de las distintas mafias en Roma. Acaso ese tufo de cloaca de la Suburra también haya repercutido lo suyo. ¿Cómo abordar un caso semejante sin jueces verdaderamente independientes?

Hoy Italia nos ha dado dos lecciones extremas: a) el diseño político de la extrema derecha global es peligroso y la resistencia es imperativa; b) no se puede dejar solos a los jueces en tal tarea.

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Gorka Larrabeiti es profesor de español residente en Roma.

Ha venido la primavera dibujando su curvatura entre misil y misil. Se nos ha puesto la gasolina por las nubes, mientras vive uno el vértigo del precio de la electricidad en un suspiro de luz que va desde la votación de un real decreto en la Corte de los Leones a los cielos de León XIV y el cristianismo universal. Hay tinieblas en la Habana, fuego y petróleo en el Estrecho de Ormuz y gobiernos in alvis en una buena parte de España. Cualquiera diría que estamos a merced de los elementos. 

La bandera de Donald Trump cotiza a la baja. Lo vimos en París, Marsella y Lyon, tres constelaciones donde vuelve a iluminarse el fulgor de la socialdemocracia. Lo hemos visto este lunes en Italia, con el no a la reforma de la justicia impulsada por Giorgia Meloni en su último referéndum. La gente busca estabilidad, frente a la incertidumbre USA provocada, quién sabe, si por una IA. Los italianos se lamentan de su justicia, sí, pero sigue siendo la suya. La mayoría italiana continúa confiando en su constitución, escrita y firmada por demócrata-cristianos y comunistas, o sea, antifascistas. Meloni ha querido consolidar su gobierno con un referéndum y, finalmente, ha salido escaldada en su empeño. 

Trump cotiza a la baja. Lo dicen en la Toscana y en la región de Emilia Romaña, espacio históricamente conquistado por el PCI. Se ha escuchado el mismo no a los neoliberales de la bolsa, en Milán, y lo han proclamado también, en el sur de Italia, Nápoles y Sicilia: si se debilita la justicia, se fortalece la mafia. Con la pétrea mirada futurista de Roma, sólo las regiones ricas del Véneto, Lombardía y del Piamonte se han puesto detrás de Meloni. Este domingo veremos cuánto cotiza Putin en Hungría.  

Mientras en Roma corría este lunes un río de banderas rojas, Juan Manuel Moreno Bonilla ha encendido el fuego de San Telmo. La risa marmórea del presidente de Andalucía está a punto de repetir una mayoría absoluta. Trump no cotiza, pero sí lo hace la estabilidad. Esa es la gran lección que deberían aprender Kiko Méndez Monasterio y Santiago Abascal, al que se ha visto en Budapest junto a Orban en la cumbre de los patriotas. 

En España, algo ha cambiado. ¿Habrá terminado ya el reemplazo? El mayor logro para Vox en estos caucus de la derecha sería concluir con tres gobiernos constituidos, Extremadura, Aragón y Castilla y León, antes de que Moreno Bonilla proclame su tercera victoria electoral. Veremos qué es capaz de hacer María Jesús Montero en Andalucía. ¿Será suficiente su acento sevillano para convencer a los electores de que no es una paracaidista? ¿Permanecerá en la memoria de los andaluces su paso por la consejería de Sanidad? La receta para no romper el suelo de Juan Espadas posiblemente se encuentre todavía en el ministerio de Hacienda. Tras la “deuda histórica” del Estado con Andalucía, la ministra está a tiempo de rebajar la de su comunidad con el Estado (18.791 millones de euros).

Lo que uno quiere decir en esta guillotina es que el fuego de San Telmo es hoy la estabilidad. Cualquier comicio, en Francia, Italia o Andalucía, debe tener un propósito electoral. El de Moreno es en esta ocasión la estabilidad. Sabe, a diferencia de Feijóo, que los votantes castigan los adelantos electorales. Uno corre siempre el riesgo de salirse de la curva y terminar la competición fuera de pista si pisa demasiado tiempo el acelerador.  Adelantar sin un propósito es acercarse a la derrota con vocación suicida. Moreno Bonilla, al contrario, nos trae una convocatoria electoral que se habrá celebrado después de la Feria de Abril y antes del Rocío, con un Betis que podría estar compitiendo en las semifinales de la Europa League. Nada mejor para el presidente sevillano que pasearse por Europa con los colores de Andalucía.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha perdido el referéndum al que ha sometido su controvertida reforma judicial, tumbada por más de 54% de los electores, con dos tercios de los votos escrutados, infroma EFE. Según datos del Ministerio del Interior, el 'sí' a la reforma ha obtenido un respaldo del 45,81% de los italianos, frente al 54,19% del 'no'.

Pese la derrota, Meloni, aseguró que "seguirá adelante" y lamentó la "ocasión perdida" para modernizar el país. Igualmente, descartó que el resultado ponga en riesgo la estabilidad de su Gobierno. "Los italianos han decidido y nosotros respetaremos esta decisión. Seguiremos adelante, como siempre hemos hecho, con responsabilidad, determinación y respeto al pueblo italiano y a Italia", dijo Meloni en un vídeo publicado en su cuenta de la red social X. 

La mandataria subrayó que su Ejecutivo "ha cumplido lo prometido" al tramitar una reforma de la Justicia que formaba parte de su programa electoral. Asimismo, defendió que su formación sostuvo la propuesta "hasta el final" para, posteriormente, dejar la última palabra en manos de la ciudadanía: "Nuestra soberanía pertenece al pueblo y los italianos hoy se han expresado con claridad", añadió.

Destacados miembros de la oposición, como el líder del Movimiento Cinco Estrellas, Giuseppe Conte, ya han celebrado el resultado: "Lo hemos conseguido. Viva la Constitución", ha escrito en la red X. "El resultado me parece claro: hemos tenido una grandísima participación democrática y una clara y sonora victoria del 'no'", declaró el ex primer ministro en una rueda de prensa.

La secretaria del Partido Demócrata (PD) y líder opositora, Elly Schlein, ha anunciado una comparecencia pública a las 17.30 hora local (16.30 GMT) y el mayor sindicato del país, CGIL, ha convocado una celebración la tarde de este lunes en la céntrica Plaza Barberini de Roma.

Esta reforma era el gran proyecto de la legislatura para Meloni y, aunque fue aprobada por el Parlamento el pasado octubre, al tratarse de una reforma constitucional que no logró al menos dos tercios de los votos necesitaba ser avalada en esta consulta popular. Entre otras cosas, pretendía separar las carreras de jueces y fiscales, actualmente englobados en Italia bajo la denominación de 'magistrados', y dividir en dos el Consejo Superior de la Magistratura, el órgano de autogobierno del poder judicial, estableciendo el sorteo como método de elección de sus miembros.

Meloni ha desvinculado su futuro político al resultado del referéndum y agotará la legislatura en 2027, pero la oposición ahora lo ha planteado como un plebiscito contra su gestión. "Este es un aviso a este Gobierno, una advertencia política muy fuerte", advirtió Conte. Este resultado es la primera gran derrota de Meloni desde que llegó al poder en octubre de 2022, ganando las elecciones con una coalición con la ultraderechista Liga de Matteo Salvini y la 'berlusconiana' Forza Italia de Antonio Tajani.

Desde esta última, quizá el partido gubernamental más interesado en esta reforma, han lamentado que la campaña electoral previa al referéndum "no ha sido sobre sus méritos", en declaraciones de su portavoz en la Cámara de Diputados, Paolo Barelli. Por su parte, el ex primer ministro y líder de la centrista Italia Viva, Matteo Renzi, quien dimitió en 2016 tras su derrota en otro referéndum constitucional, ha celebrado esta "derrota sonora" de Meloni.

La tarde llega a su fin el miércoles 18 de marzo, cuando se bajan los primeros asientos plegables del antiguo cine Teatro Italia de Ancona. La sala se llena, hasta la mitad, de un público de cierta edad. Desde el escenario, acotado por gruesas cortinas de terciopelo rojo, el presidente del tribunal de Palermo, Piergiorgio Morosini, marca la pauta: “Esta reforma es la más incisiva propuesta desde el nacimiento de la Constitución en 1948, ya que prevé la modificación de siete artículos.”

De pie, con el micrófono en la mano, Morosini sale de la reserva que suele caracterizar a los magistrados. “Esta campaña ha estado marcada por ataques y afrentas”, dice indignado ante un público cuya extrema atención contrasta con el continuo alboroto de declaraciones extravagantes que han saturado los medios de comunicación italianos los últimos días. A cuatro días del referéndum sobre la reforma judicial propuesta por el Gobierno de Giorgia Meloni, la presidenta del Consejo de extrema derecha, los partidarios de ambos bandos libran sus últimas batallas en una Italia extremadamente dividida.

Esta reforma prevé la separación estricta de las carreras entre la fiscalía y la magistratura. Actualmente, jueces y fiscales pertenecen a un único y mismo cuerpo, independiente del Ministerio de Justicia, y pueden pasar de una función a otra una vez a lo largo de su carrera. El Consejo Superior de la Magistratura (CSM) se encarga de garantizar su autonomía e independencia. Un tercio de sus miembros es elegido por el Parlamento, los otros dos por los magistrados.

La reforma prevé dividir el Consejo en dos: uno para los fiscales y otro para los jueces, con dos itinerarios de formación distintos. Los miembros de ambos consejos se elegirían entonces por sorteo: dos tercios entre todos los magistrados y magistradas, y un tercio entre juristas elegidos por el Parlamento. El CSM también se vería despojado de su competencia disciplinaria, que se confiaría a un tribunal disciplinario superior independiente.

A primera vista, no se aprecia una relación inmediata con el fin de la independencia del poder judicial, tal y como denuncian los partidarios del “no”. Leyendo entre líneas, los jueces y magistrados temen sobre todo un debilitamiento progresivo de su autonomía (en particular por la elección en el Parlamento de los miembros de los consejos que se sortearán) y un aislamiento de la fiscalía que la haría más vulnerable a las presiones políticas. Una especie de primer paso para meter en vereda a la magistratura.

Ante el carácter técnico y la complejidad de este proyecto de ley constitucional, numerosos magistrados, abogados o profesores de Derecho se han sumado a las filas de los comités ciudadanos para explicarlo a los votantes.

“Hacemos todo lo posible para que los ciudadanos se impliquen en estas iniciativas”, asegura Stefano Staffolani, presidente del Comité de la sociedad civil por el “no” en Ancona. Confiesa que, como profesor de economía política, no disponía de todas las herramientas para comprender las sutilezas del texto: “Así que, como buen economista, busqué las cifras.” Con sus notas en mano, nos cuenta sus hallazgos.

“Los artífices de la reforma dicen que los jueces están bajo la tutela de la fiscalía, ¡supuestamente porque van a jugar al tenis juntos! Pero en Italia, aproximadamente la mitad de las peticiones de la fiscalía no son atendidas por los jueces, mientras que la media europea es del 34%”, constató.

“Las sanciones contra los magistrados también serían demasiado leves y escasas”, prosigue. “Pero en Italia, casi ocho jueces de cada mil son objeto de una sanción, frente a uno de cada mil en Alemania o cuatro de cada mil en España, y esas sanciones emanan más a menudo del Consejo Superior de la Magistratura que del Ministerio de Justicia, que también tiene competencia al respecto.”

En el escenario, el presidente del tribunal de Palermo, repasando los orígenes de la Constitución, menciona la historia y el asesinato por parte de Mussolini del diputado antifascista Giacomo Matteotti. “Los padres fundadores habían vivido en carne propia la concentración de poderes en manos del ejecutivo, y eso es precisamente lo que querían evitar al dotar de autonomía al poder judicial”, explica quien se ha comprometido con el comité. “Es justo decir no.”

“Esta votación no es a favor o en contra de la magistratura o del Gobierno, sino sobre el mantenimiento o el abandono del principio fundamental de la separación del poder judicial del Estado”, prosigue. Sus palabras son recibidas con fuertes aplausos. “Quieren borrar años de conquistas cuyo único objetivo era tener magistrados libres”, opina Ruggiero Dicuonzo, antes juez y hoy fiscal adjunto del tribunal de Ancona.

La campaña del referéndum, inaugurada oficialmente a mediados de noviembre, se ha recrudecido en las últimas semanas. La última provocación hasta la fecha (“una señal clara de que no es posible el diálogo”, comenta con flema Piergiorgio Morosini) lleva la firma de Francesco Zaffini, senador y miembro de Fratelli d’Italia (FdI), el partido de Giorgia Meloni, quien comparó a la magistratura con “un cáncer”.

Poco antes, Giusi Bartolozzi, viceministra de Justicia, invitaba a los italianos a “deshacerse de la magistratura”, que actuaría como un “pelotón de fusilamiento”. En cuanto al ministro de Justicia, Carlo Nordio, coautor junto con Giorgia Meloni del texto de la reforma, considera que el Consejo Superior de la Magistratura es un “mecanismo mafioso”.

Para justificar esas diatribas, por las redes sociales de los partidarios del “sí” circulan casos concretos que denuncian sentencias demasiado laxas, en particular cuando conciernen a extranjeros. Ante esos ataques, y de forma inédita desde el inicio de su mandato hace once años, el presidente de la República, Sergio Mattarella, presidió una reunión del CSM, recordando su “valor constitucional” y exhortando “al respeto mutuo” de las instituciones. Por lo general, nunca participa en el CSM, que preside en su calidad de jefe de Estado.

La extrema derecha italiana está acostumbrada a los enfrentamientos con los magistrados. Matteo Salvini, líder de La Liga y socio menor de la coalición en el poder, ha hecho uso y abuso de ello desde sus primeros pasos en el Gobierno, en 2018. Pero el Gobierno de derechas y extrema derecha de Giorgia Meloni ha ido un paso más allá, al convertir a la magistratura en su principal oponente político, especialmente en materia de seguridad e inmigración.

Los magistrados y magistradas, señalados por el Gobierno como culpables del fiasco de los centros de internamiento para migrantes en Albania o, más recientemente, de la colocación considerada abusiva de los niños de la "familia del bosque", son acusados de ser partidistas, de ser de izquierdas, e incluso de sufrir “degeneraciones ideológicas”, según las propias palabras de Giorgia Meloni.

Este discurso político de una magistratura partidista no ha dejado de calar en la opinión pública desde los años noventa, alimentado sobre todo por Silvio Berlusconi y Forza Italia, para quienes esta reforma es una vieja quimera. Sus defensores prometen que permitirá a la magistratura volver a ser neutral e imparcial y recuperar la confianza de los italianos, cuando, es cierto, es poco querida y mal vista.

Pero la promesa no se cumple, según Chiara Gabrielli, profesora de Derecho Procesal en la Universidad de Urbino y miembro del Comitato dei 15 per il NO (Comité de los 15 por el No): “Esta reforma no tendrá ningún impacto en la eficacia de nuestra justicia. No introduce ninguna otra forma de responsabilidad para los magistrados, ninguna nueva herramienta para hacer frente a los errores judiciales; todo ello depende de la calidad y la cantidad de los recursos a disposición de la justicia, pero en este punto, el proyecto de ley de presupuestos prevé, según la Asociación Nacional de la Magistratura, una financiación insuficiente”.

En el panorama político, las posiciones están bastante claras: la coalición gubernamental apoya el “sí”, mientras que el Partido Demócrata, el Partido Comunista, la Alianza de los Verdes y la Izquierda y el Movimiento 5 Estrellas apoyan el “no”.

Aunque intenta evitarlo a toda costa, este referéndum tiene para Giorgia Meloni algo de prueba electoral antes de las elecciones del año que viene. Es una de las tres principales reformas prometidas por el Gobierno a los italianos, y no se requiere quórum de participación para que se tenga en cuenta el resultado de la votación. En 2016, el último referéndum constitucional propuesto por el presidente del Consejo, Matteo Renzi, terminó con su dimisión tras el rechazo de los votantes.

Traducción de Miguel López

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, reconoció este miércoles que el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán se ha realizado "fuera del derecho internacional" aunque matizó que "tampoco podemos permitirnos un régimen de ayatolás en posesión de armas nucleares". 

"Nos enfrentamos a una clara crisis del derecho internacional y de las organizaciones multilaterales, y al colapso de un orden mundial común. Este es un proceso que lleva tiempo en marcha, pero que, en mi opinión, ha alcanzado un punto de inflexión muy concreto", dijo Meloni. 

En su comparecencia ante el Senado previa al próximo Consejo Europeo, la primera ministra italiana opinó que la desestabilización en Oriente Medio "tiene una fecha de inicio clara: no el 28 de febrero de 2026, sino el 7 de octubre de 2023, el bárbaro y demencial ataque perpetrado por Hamás contra territorio israelí".

Señaló que "es en este contexto de crisis estructural del sistema internacional, en el que las amenazas se hacen cada vez más aterradoras y se multiplican las intervenciones unilaterales fuera del derecho internacional, que debemos situar también la intervención estadounidense e israelí contra el régimen iraní".

En ese conflicto, Italia, aseveró, "no participa ni tiene intención de participar" en la guerra, si bien Meloni quiso dejar claro que "no podemos permitirnos un régimen de ayatolás en posesión de armas nucleares, combinado, además, con una capacidad de misiles que pronto podría ser capaz de atacar directamente a Italia y Europa".

Tras indicar que Italia no fue consultada sobre la operación, agregó que las posibles consecuencias de este conflicto "ni siquiera son comparables a los riesgos que correríamos si hiciéramos la vista gorda ante el escenario de un régimen fundamentalista que masacra a sus oponentes, ataca a los países del Golfo y se equipa con misiles nucleares de largo alcance".

Señaló que continuará los contactos con Francia, Alemania y Reino Unido para evaluar la crisis y "para perfeccionar rápidamente las estrategias conjuntas", y que trabajará "para retomar la diplomacia". Sin embargo, agregó, "este objetivo es ciertamente imposible mientras Irán continúe con sus ataques injustificados contra el Golfo y otros países de la región".

Meloni también quiso condenar "la masacre de niñas en la escuela de Minab, en el sur de Irán" y pidió que se determine rápidamente a los responsables de esta tragedia. Sobre el uso de las bases estadounidenses en el territorio italiano explicó que todos los socios europeos están cumpliendo sus acuerdos al respecto, "incluso España".

"Esto significa que el acuerdo no se cuestiona, ni todas las actividades que abarca. Esto es lo que está haciendo Italia, y francamente, es asombroso que esta decisión sea condenada en casa y alabada en España por la misma gente", destacó. Sobre el aumento del precio de los combustibles, Meloni adelantó que se esta evaluando "la posibilidad de activar el mecanismo de impuestos especiales" y "que la parte del incremento del IVA resultante de las subidas de precios se destine a la reducción de estos impuestos".

La amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con cortar las relaciones comerciales con España por la negativa del Gobierno de coalición a permitir el uso de las bases de Rota (Cádiz) y Morón de la Frontera (Sevilla) en su ofensiva militar en Oriente Medio ha activado una reacción política en cadena en Europa en defensa del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. Frente a la crítica posición de la derecha española, que ha apoyado públicamente la ofensiva de EEUU e Israel contra Irán bajo la premisa de que que "el mundo es mejor cuando cae un tirano", el socialista ha conseguido el apoyo público del presidente francés, Emmanuel Macron, de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, e incluso el de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.

Mientras el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, insiste en que Sánchez está "solo" y que su objetivo es "aislar" a España, lo cierto es que Sánchez ha conseguido el respaldo en los últimos días de figuras destacadas en el ámbito internacional y no únicamente del espectro progresista. La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, aseguró el viernes que su partido tiene "la misma posición que tienen todos los países europeos" y acusó a Sánchez de no ser "un aliado solvente" pero lo cierto es que, a diferencia del PP, Bruselas, Francia e Italia se han alineado con España y se han desmarcado de los bombardeos.

El PP está especialmente incómodo con este conflicto porque, además de situar a Sánchez como un referente a nivel internacional, se evidencia la falta de un discurso claro y sin fisuras dentro del partido, que no puede recurrir al 'antisanchismo' ni tampoco cuestionar de forma abierta a Trump. Por ello han tratado de minar la credibilidad del Gobierno recurriendo a bulos como el vídeo de la ministra de Defensa, Margarita Robles, en el que le decía supuestamente al embajador de EEUU en España: "Yo estoy con Trump". El Ministerio de Defensa desmintió la información y aseguró que Robles dijo "estoy cómoda", pero el PP sigue manteniendo el post.

En clave interna, el PP se divide entre los líderes autonómicos que apoyan la postura de Génova y defienden que el Gobierno debería permitir que el ejército norteamericano use sus bases para organizar operaciones militares —los mayoritarios— porque su guerra es contra el régimen de los ayatolás; los que se ponen de perfil; y los que han mostrado su rechazo a la ofensiva de EEUU e Israel. Todas estas posturas evidencian, sin embargo, la incomodidad que hay en el PP ante cualquier asunto que se escape de las lógicas nacionales y partidistas y que están consiguiendo situar a Sánchez como la "némesis" de Trump, según el Financial Times.

Una de las que mejor encarna la postura más dura es la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, que el jueves desde la Asamblea de Madrid animó a las políticas de izquierdas a "ir solas y borrachas por Teherán" o "con minifalda a Kabul". "Ánimo. Vayan allá y llévense a sus amigos gays, a ver cuándo les van a colgar de las grúas, porque es así como tratan a la homosexualidad y a las mujeres en esos países tan ensoñados de los que tanto ustedes presumen", señaló. Una estrategia —la de utilizar la situación de las mujeres iraníes para justificar la guerra contra Irán— que después replicó el PP en su acto del 8M en el Congreso.

En una posición más centrada trata de situarse el Gobierno de Juanma Moreno, que en apenas unos meses se enfrenta a las elecciones autonómicas. En esta crisis ha tratado de ponerse de perfil y evitar cualquier posicionamiento claro al respecto. Es decir, ni a favor ni en contra del uso de las bases —ambas situadas en Andalucía—y la colaboración con Estados Unidos como defiende la dirección de Génova ni en contra de cualquier apoyo a esta intervención militar como defiende Sánchez. "La competencia de la política exterior no es de este gobierno, es del Gobierno de España. Pero España no es un ente aislado, lo normal es que esté alineada con nuestros socios", fue la respuesta de la portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, que apeló a actuar con "prudencia, responsabilidad y diplomacia".

Por su parte, el líder autonómico del PP que más ha explicitado su rechazo a "cualquier guerra" es el presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, que en otras ocasiones también se ha mostrado mucho más cercano con el Ejecutivo de Sánchez que el resto de de sus homólogos. En una comparecencia el jueves ante la prensa, aseguró que "cualquier guerra es absolutamente negativa" y apeló a la "cordura, el diálogo y la diplomacia" para evitar mayores consecuencias, sin lanzar ningún reproche a Sánchez.

A nivel internacional el movimiento más destacado lo protagonizó la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. La ultraderechista presume de su cercanía con Trump, pero tras la presión de la oposición italiana se vio obligada a señalar que no apoya la ofensiva norteamericana en Irán. El ministro de Defensa, Guido Crosetto, aseguró después en el Parlamento que el uso de las bases italianas es equiparable al de las españolas "porque el tratado es idéntico" pero que Sánchez "es el héroe", dijo a modo de queja tras el eco que ha tenido en Italia la decisión del presidente español. También el vicepresidente Matteo Salvini se desmarcó de cualquier implicación militar directa. El líder de la Liga, otra formación de extrema derecha, aseguró que Italia "no está en guerra con nadie", que no prevé enviar tropas a Irán y que la prioridad debía ser evitar que la crisis se extienda.

Desde Francia, Emmanuel Macron trasladó a Sánchez su "solidaridad" ante las "amenazas de coacción económica" lanzadas por Trump contra España en una conversación telefónica. La posición del presidente francés ha sido, además, especialmente crítica con la guerra. Según el Elíseo, Macron considera que la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán se ha producido "al margen del Derecho Internacional" y que Francia "no puede aprobarla". Al mismo tiempo, en la declaración conjunta con Alemania y Reino Unido, aseguró que el país galo no participó en los bombardeos y reclamó volver a una solución negociada.

También Bruselas cerró filas con el Gobierno español. La Comisión Europea expresó su "plena solidaridad" con España y avisó de que actuará "si es necesario" para proteger los intereses comunitarios frente a las amenazas comerciales de Trump. "La Comisión garantizará que los intereses de la Unión Europea estén plenamente protegidos", señaló en un comunicado. En el plano bélico, la presidenta de la Comisión Ursula von der Leyen y António Costa, presidente del Consejo Europeo, reclamaron "máxima moderación", la protección de la población civil y el pleno respeto del derecho internacional. La primera calificó, además, de "muy preocupante" la situación en Irán.

Incluso el canciller alemán Friedrich Merz se ha visto obligado a recular tras la presión mediática de su país después de que Trump cargara contra España ante él y desde la Casa Blanca por negarse a colaborar con Estados Unidos en los bombardeos sobre Irán y él no protestara públicamente. El conservador aseguró que, en privado, trasladó al presidente estadounidense que no puede amenazar al Gobierno español porque España forma parte de la Unión Europea.

Una postura que choca con la de Alberto Núñez Feijóo, al que no le parece bien que el Gobierno haya decidido impedir a Estados Unidos utilizar las bases militares de Morón y Rota. "La política exterior está por encima de los intereses partidistas y del posicionamiento ideológico del presidente de turno", argumentó, después de que el presidente del Gobierno respondiera a Trump con el "No a la guerra". El viernes, insistió en que "Sánchez está obligado a cumplir la ley y pedir autorización al Congreso para enviar soldados y armamento a una zona de guerra" pero añadió que "no lo ha hecho por miedo a sus socios". "La política exterior de España no la puede decidir unilateralmente el Gobierno", afirmó a través de X, aunque depende exclusivamente del Ejecutivo.

El regreso de la delegación de Rusia a la prestigiosa Bienal de Arte de Venecia, de la que fue excluida a raíz de su invasión en Ucrania en 2022, ha inquietado al Gobierno de Giorgia Meloni, que ha negado toda responsabilidad en la decisión.

La 61ª Bienal de Arte de Venecia arrancará el próximo 9 de mayo con la presencia de 99 pabellones nacionales, siete de ellos pioneros en la cita, como el de El Salvador.

Su presidente, Pietrangelo Buttafuoco, desde octubre de 2023 en el cargo, ha decidido invitar a todos los Estados que deseaban asistir, como Irán, Israel, Ucrania o Bielorrusia, pero también Rusia, país al que se retiró el pabellón en 2022 tras la invasión de Ucrania. "Todos los países que en estos momentos están en guerra llegarán a Venecia. Yo abro a todos, sin excluir a nadie. Estarán Rusia, Irán, Israel, Ucrania, Bielorrusia... Todos", ha defendido en una entrevista con el periódico La Repubblica.

En los pabellones venecianos, donde cada país expone sus ideas y artísticas, Rusia llevará su proyecto 'The tree is rooted in the sky' (El árbol ha arraigado en el cielo), mientras que la delegación ucraniana mostrará 'Security guarantees' (Garantías de seguridad).

Como evento colateral, también se dará espacio al proyecto 'Gaza - No words. See the exhibit' (Gaza - Sin palabras. Contempla la exposición), del Palestine Museum US.

España estará presente con la propuesta 'Los restos', comisariada por Carles Guerra; así como otros países hispanos como Argentina, Chile, Cuba, Guatemala, México, Panamá, Perú o Uruguay. Sin embargo, ha sido la presencia de la delegación rusa la que ha soliviantado los ánimos en el Gobierno de Italia, de quien depende el nombramiento del presidente de la Bienal.

El ministro de Cultura, Alessandro Giuli, ha emitido un comunicado para asegurar que la presencia de Rusia en la Bienal es fruto de "una decisión autónoma" de la Fundación veneciana. Pero en la nota también destaca, con cierto tono de reproche, que Italia se pone del lado de patrimonio ucraniano atacado. "Italia dedica gran atención al cuidado del patrimonio artístico ucraniano afectado por los bombardeos rusos desde hace ya más de cuatro años, comprometiéndose a la reconstrucción de uno de los edificios símbolo de la historia de Ucrania, la gran catedral ortodoxa de Odesa, gravemente dañada por el conflicto", alega.

El presidente de la Bienal ha reivindicado la necesidad de que el arte fomente el diálogo entre países, incluso si están en conflicto. "Rusia es propietaria de un pabellón en Venecia desde 1914 y ha estado ausente desde el 2022. (...) Usemos el arte. La Bienal es un espacio de convivencia para el planeta", ha sostenido Buttafuoco.

En estos años de guerra ucraniana la eventual presencia o exclusión de representantes rusos en eventos italianos ha venido suscitando siempre cierta controversia, también en el Gobierno de Giorgia Meloni, aliada de la resistencia de Kiev. Por ejemplo, en la última Mostra del cine de Venecia, organizada también por la Bienal de Buttafuoco, se volvió a mostrar la bandera rusa entre el resto de países participantes, lo que fue muy criticado por parte de la embajada ucraniana en Italia.

El ministro de Cultura también se ha enfrentado en varias ocasiones al Kremlin por sus ataques al presidente de la República italiana, Sergio Mattarella, desatados tras su denuncia de la guerra en una conferencia en la Universidad de Marsella en 2025.

Otra importante institución, La Scala de Milán, en febrero de 2022 tuvo que prescindir del director ruso Valeri Guérguiev por ser amigo del presidente Vladímir Putin y negarse a condenar la invasión. No obstante, el teatro milanés siempre ha defendido la necesidad de no reprimir la cultura por las vicisitudes de la política.

Aquel año inauguró su temporada lírica con el 'Boris Godunov' de Modest Músorgski, en una velada que contó con la presencia de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von Der Leyen, y la última apertura la ha dedicado a Dmitri Shostakóvich.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, aseguró este jueves que Italia "no está en guerra" ni quiere "entrar en ella" y recordó que si llega una petición para el uso en acciones bélicas de las bases estadounidenses en el territorio italiano se tendrá que consultar al Parlamento, informa EFE.

"No estamos en guerra ni queremos entrar en ella", afirmó Meloni en declaraciones a la emisora RTL 102.5 sobre la situación en Oriente Medio.

La mandataria consideró que la situación "es preocupante" y mostró su preocupación "por la crisis cada vez más evidente del derecho internacional y de las organizaciones internacionales".

"El mundo está cada vez más sumido en el caos", declaró la primera ministra que agregó su sorpresa "por la reacción indisciplinada de Irán, que consiste básicamente en bombardear a todos los países vecinos, incluidos aquellos que apoyaron un acuerdo sobre el programa nuclear iraní, lo que supone un riesgo de escalada con consecuencias impredecibles".

Respecto al uso de bases estadounidenses para las acciones de guerra, la mandataria aseguró: "Hasta ahora no tenemos ninguna petición al respecto" y confirmó que las tres bases en territorio italiano están reguladas "por acuerdos bilaterales.

"Contamos con bases militares estadounidenses y existen autorizaciones técnicas para operaciones no cinéticas ni de bombardeo. Si recibieran solicitudes para utilizar bases italianas con otros fines, la responsabilidad recaería en el Gobierno y tenemos que decidirlo con el Parlamento", señaló.

También adelantó que "Italia, al igual que Reino Unido, Francia y Alemania, tiene la intención de enviar ayuda a los países del Golfo" y detalló que se tratará de "defensa aérea". "No solo porque son naciones amigas, sino porque hay decenas de miles de italianos en esa zona y aproximadamente dos mil soldados que debemos proteger. Y el Golfo es vital para el abastecimiento", añadió.

Otra de las prioridades del Gobierno, explicó, "son las consecuencias económicas para Italia". "Debemos evitar que la especulación provoque un aumento explosivo de los precios de la energía y los alimentos", añadió y explicó que se ha instituido "un grupo de trabajo dedicado especialmente a supervisar los precios del gas"

En cuanto al terrorismo islámico, aseveró: "Nunca debemos bajar la guardia. Estamos plenamente movilizados. En este aspecto tampoco nos distraemos; nuestra vigilancia es extremadamente alta".

Se sabía ya, pero ahora hay pruebas: Steve Bannon, estratega estrella del movimiento trumpiano, reconocía en un correo a Epstein que conspiraba para derribar al papa Francisco. En otro correo más, rebota a Epstein un enlace a un artículo titulado: “Steve Bannon, Cardenal Burke, Ministro Salvini, y la trama para derribar al papa Francisco”. La trama complotista en realidad incluía también a otros dos agentes: Thomas Williams, corresponsal en Roma de Breitbart News, y Benjamin Hartwell, presidente del Dignitatis Humanae Institute, entidad montada en 2019 en el Monasterio de Trisulti, cerca de Roma, con el objeto de formar a líderes que combatieran el “marxismo cultural” y aplicaran a la vida moderna “los principios subyacentes del Occidente judeocristiano”. El ministerio de Cultura italiano puso trabas y no pudieron inaugurar entonces aquella “Academia del Occidente Judeocristiano” a la que Bannon y los suyos hoy denominan, de modo más circense, “Academia de Gladiadores”.

Bannon y sus secuaces vuelven a asediar Roma desde fuera –la política y los medios– y desde dentro, amplificando toda polémica que venga del ala ultratradicionalista de la Iglesia. “¿Nunca duerme?”, pregunta desesperado el niño John Harper ante el agotador acoso del asesino reverendo Harry Powell en La noche del cazador. Pues no, los más malos jamás descansan. Vuelven sin cesar a Roma porque necesitan, como bien señala Antonio Spadaro, fundir “autoridad espiritual y poder político con fines estratégicos”. No es que vayan contra un papa, sino que necesitan “instrumentalizar la fe como arma”. Lo mismo les da Bergoglio que Prevost, el cual, para Bannon, es el “papa antiTrump”, la “peor elección para los católicos MAGA”, el pontífice que “querían Bergoglio y su banda”.

Los malos jamás encuentran sosiego: siempre ven lo inmundo en lo más blanco. Compiten alardeando de su mayor todo: patriotismo, cristianismo, familismo, antiintelectualismo, racismo. Sísifos del supremo malismo. ¿No deberían estar contentos teniendo ya como primera ministra en Italia a una yo-soy-Giorgia-soy-una-mujer-soy-una-madre-soy-cristiana, que decreta bloqueos navales para frenar la inmigración o detenciones preventivas de manifestantes durante 12 horas? No. Bannon, que en 2018 usó a Meloni como alfil de su movimiento soberanista transnacional, hoy la repudia: “Mira, ella era fantástica, pero ahora se ha convertido en una globalista total. Ha entrado en el juego de la Unión Europea porque le hacía falta su dinero, y también el de la OTAN […] Ya no me la tomo seriamente, ya nadie en EEUU lo hace”.

Meloni, debido a sus reticencias para enviar armas a Ucrania (la Liga de Salvini es totalmente contraria), no les resulta lo suficientemente militarista. Tampoco suficientemente antieuropeísta. De ahí que no haya sorprendido que el general Roberto Vannacci, aquel fichaje estelar de la Liga de Salvini que se ha lanzado al ruedo con su propio partido, Futuro Nazionale, haya recibido inmediatamente el respaldo de Benjamin Harnwell, brazo derecho de Bannon en Europa: “Claro que hay un proyecto. No es el momento de hablar de un apoyo formal. El general y yo estamos en contacto directo y mantengo al corriente a Steve Bannon. Lo ideal sería que los Patriotas de Viktor Orban encontraran la manera de meter al general en su grupo. Y que entre también AfD. Hace falta un supergrupo de soberanistas, sería muy potente”.

En el programa y los gestos de Vannacci resuenan ecos de fascismo más purista que el de Salvini y Meloni: “Italia es el País [mayúscula suya] más bello y más relevante de la historia mundial: aquí nació el Imperio Romano; [...] aquí la religión de Cristo halló su centro –“Roma donde Cristo es romano”, como escribe Dante–; aquí se encuentran las raíces decisivas de la cultura medieval y renacentista […] Italia debe reconquistar y custodiar la propia civilización, fundada en valores, referencias históricas y bases precisas. Son las raíces de la cristiandad: del derecho romano, de la filosofía griega, del heroísmo romano-germánico que dio vida al Sacro Imperio Romano, de los ochenta mil campanarios en torno a los cuales nacieron nuestras ciudades. Son el aroma del pan, los villancicos, la comida del domingo… Son las cruces, las iglesias, la cocina… No queremos un mundo de desarraigados.” El supremacista Vannacci, que pidió clases separadas para los discapacitados, expresa bien esa pulsión insaciable de pureza y Cristiandad. Si Meloni se vuelve demasiado centrista, Bannon la empleará en 2026 tal cual usó a Giorgia contra Draghi.

Francisco, un papa inmigrante, amigo de vagabundos, trans e indios, a la vez que azote de adalides de la Cristiandad, decía: “Bien entendida, la diversidad cultural no amenaza la unidad de la Iglesia” (Evangelii Gaudium, 117). Y añadía: “El mensaje que anunciamos siempre tiene algún ropaje cultural, pero a veces en la Iglesia caemos en la vanidosa sacralización de la propia cultura, con lo cual podemos mostrar más fanatismo que auténtico fervor evangelizador”. Francisco negó el camino fanático al nacionalcristianismo global de Bannon, Vance y Orban. Estos vuelven a chocar esta vez con un León XIV que sigue teniendo “el DNA de Francisco”. Harnwell incluso lo considera “más inteligente, más sutil que Francisco y, por tanto, más peligroso”.

El acoso y derribo a León XIV ya ha comenzado. Desde la cámara de tormento de la infosfera, los tormentatori del nacionalcristianismo global no paran de jorobarlo a diario. Un día es el excomulgado arzobispo Viganó que desenvaina su espada por los ultratradicionalistas lefebvrianos: “El verdadero cisma no es el de quienes consagran obispos para custodiar y transmitir la fe católica en su totalidad, sino el cisma de la jerarquía conciliar y sinodal, que ha negado la Tradición apostólica, sustituyendo la sana doctrina por ambigüedades heréticas, el verdadero culto católico por una liturgia protestantizada y la autoridad legítima por un poder totalitario ejercido contra los fieles que se niegan a apostatar”. Y al día siguiente, desde Infovaticana le reprochan que lo ayudaran “creciditas monaguillas” (sic) en la misa del pasado domingo en Ostia. De fondo, no les falta razón. Han entendido que, con este papa, les vienen muy mal dadas, pues está por la labor de dar más poder a laicos y mujeres en los órganos de gestión de la Iglesia.

En una de sus mejores entrevistas, Bannon decía que el problema es que la Iglesia hoy está en manos del marxismo cultural: “La Escuela de Frankfurt está ahora en Roma, ¿verdad? Está en Roma. Todo lo que hacen es Gramsci. Es cultura desarraigada de la política. Esta es la hegemonía”. (El obispo Robert Barron, claro exponente del “trumpismo católico”, repetía sustancialmente lo mismo sólo que refiriéndose a Alexandra Ocasio y al Partido Demócrata esta misma semana). Según Bannon, ante tal coyuntura sólo cabe una solución: “creo que hay que cortar el dinero. Los donantes tienen que dejar de aportar. Si no quieren escuchar, si no existen estos comités que intentan dialogar, entonces escucharán sólo si se les corta el dinero. Eso significa que das directamente al edificio o a lo que sea en tu parroquia para asegurarte de que tu parroquia siga prosperando, pero cortas cualquier donación que vaya a la diócesis y luego a Roma”.

Francisco entendió que los rosarios de Salvini, la Covadonga de Abascal –que serían las cruces, campanarios y villancicos de Vannacci hoy– son ropajes de fanáticos. Enfrentándose a ellos a pecho descubierto, es cierto que los frenó, pero entablando una batalla. Prevost, en cambio, habiéndolo entendido igualmente, en lugar de entrar al trapo, da largas cambiadas: a los lefebvrianos los han invitado a “un recorrido de diálogo específicamente teológico, con una metodología bien precisa”, pero estos anuncian que nombrarán obispos el 1 de julio a menos que la Santa Sede derogue el Concilio Vaticano II, cosa imposible. Veremos cómo encaja este órdago León XIV, sagacísimo hasta ahora en su trato con la oposición interna.

Decía Charles Chaplin: “El humor es un enfoque de la verdad, que nos ilumina y nos educa con sorpresas. No es algo positivo ni unilateral. El ejemplo más alto de ello se encuentra en las palabras de Jesús, cuando dijo: ‘El que esté sin pecado entre vosotros, que sea el primero en arrojar la piedra’. ¿Qué puede ser más humorístico, menos positivo que este comentario satírico?”.

Contra los malos, sin ruidos, más mestizaje; con firmeza, como el cardenal Pizzaballa, que calificó la Junta de Paz para Gaza como una “operación colonialista”, y como el Secretario de Estado, que anunció que la Santa Sede “no participará en la Junta de Paz”, negándoles el placer lujurioso de las batallitas. Frente al supremacismo, más infimismo, tratando de no perder jamás la ironía y el humor. Lo de Cristo, vamos.

PS: León XIV no viajará este año a los EEUU, que celebran su 250 aniversario. En cambio, el 4 de julio, el primer papa estadounidense lo celebrará visitando la isla de Lampedusa.

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Gorka Larrabeiti es profesor de español residente en Roma.

El Estado italiano deberá indemnizar a la ONG alemana Sea Watch con más de 76.000 euros por los gastos derivados del bloqueo en 2019 del barco capitaneado por la activista Carola Rackete, según dictó este miércoles el tribunal de Palermo, en la isla de Sicilia.

La sentencia establece que el Estado debe reembolsar los gastos patrimoniales documentados y sostenidos por la organización entre octubre y diciembre de 2019, lo que incluye costes portuarios, de agencia, el combustible para mantener la nave activa y los gastos legales, confirmó este miércoles a EFE la ONG.

Los hechos se remontan a junio de 2019 cuando Rackete, entonces capitana del buque Sea Watch 3, decidió entrar sin permiso en el puerto de la isla italiana de Lampedusa para desembarcar a 42 migrantes que había rescatado en el Mediterráneo Central.

Con esta acción, la activista desoyó la prohibición del entonces ministro del Interior, el ultraderechista Matteo Salvini, quien mantenía una férrea política de "puertos cerrados".

Tras pasar 17 días en el límite de las aguas territoriales, Rackete rompió el bloqueo en una maniobra en la que la embarcación humanitaria golpeó a una patrullera de la Guardia de Finanza (policía fronteriza y económica), lo que supuso el arresto inmediato de la capitana. Aunque fue liberada pocos días después, su figura se convirtió en un símbolo de la resistencia contra las políticas migratorias de Salvini.

La portavoz de Sea-Watch, Giorgia Linardi, afirmó que la resolución del tribunal demuestra que la desobediencia civil es la "protección del derecho internacional" frente a quienes abusan de su posición de poder para "pisotearlo" en perjuicio de los derechos y libertades de todos.

Linardi lamentó que el Gobierno identifique a las ONG como el "enemigo a batir" en lugar de trabajar para evitar nuevas tragedias y sentenció que, a diferencia del Ejecutivo, ellos no mirarán hacia otro lado ni aceptarán "acostumbrarse a los cuerpos de personas ahogadas" en las playas.

Por su parte, Hermanos de Italia (FdI), el partido de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, respondió a la noticia calificándola de "bofetada moral para todos los italianos honrados".

La resolución del tribunal de Palermo llegó un día después de que la primera ministra publicara un vídeo en redes sociales criticando a la justicia por impedir la expulsión de un migrante con antecedentes penales.

Meloni acusó a una "parte politizada de la magistratura" de obstaculizar sistemáticamente las acciones del Ejecutivo contra la "inmigración ilegal de masas" y afirmó que su Gobierno continuará "con determinación" para combatir la inmigración irregular.

La semana pasada, su Ejecutivo introdujo un paquete de medidas para endurecer su política migratoria que incluye la posibilidad de imponer bloqueos navales temporales y procedimientos acelerados para el retorno inmediato de migrantes desde las fronteras.

El Gobierno de España se ha quejado ante el de Italia por haber convocado, antes de la cumbre informal de los Veintisiete de este jueves, otra reunión de líderes a la que Pedro Sánchez no había sido invitado y que considera que mina los principios básicos de la Unión Europea (UE). Según el Gobierno, Italia le retiró la invitación al mandatario español tras las quejas sobre el propio encuentro, informa EFE.

Sin embargo, fuentes oficiales italianas afirman que Meloni y Sánchez mantuvieron este jueves un encuentro en el que el presidente español no se quejó por no ser invitado a la reunión previa impulsada por Italia, Alemania y Bélgica.

Sánchez y Meloni "tuvieron la oportunidad de intercambiar puntos de vista al margen de la reunión informal de líderes de la UE. Durante la conversación el presidente Sánchez no planteó ninguna objeción a la falta de invitación a la reunión de coordinación celebrada esta mañana antes del inicio de la reunión en el castillo de Alden Biesen", dijeron a EFE fuentes del Gobierno italiano.

Los jefes de Estado o de Gobierno de la UE se han reunido este jueves en el castillo de Alden Biesen, en la localidad belga de Bilzen, convocados por el presidente del Consejo, António Costa, con el fin de debatir sobre la profundización del mercado único y la mejora de la competitividad de la Europa comunitaria.

Pero de forma previa, una veintena de líderes mantuvieron un encuentro para coordinar sus posturas en un hotel próximo al castillo, un acto que fue impulsado por el canciller alemán Friedrich Merz; la primera ministra italiana Giorgia Meloni; y su homólogo belga, Bart de Wever.

A esa cita, además de sus convocantes, asistieron los líderes de Francia, Austria, Dinamarca, Finlandia, Suecia, Grecia, Hungría, Luxemburgo, Países Bajos, Polonia, República Checa, Rumanía, Bulgaria, Chipre, Croacia y Eslovaquia.

Por tanto, no estuvieron presentes ni Sánchez ni los líderes de otros siete países: Portugal, Irlanda, Estonia, Letonia, Lituania, Malta y Eslovenia.

El encuentro estaba centrado en avanzar en la "desregulación" y "simplificación" del mercado único, una línea de acción que viene promoviendo Berlín y a la que se ha sumado Roma, con vistas a sacar más partido a la economía europea, entre otras medidas, para reforzar el potencial industrial de los Veintisiete.

Sánchez no hizo declaraciones al término de la cumbre y se dirigió directamente al aeropuerto de Lieja para emprender viaje de regreso a Madrid.

Sin embargo, ante la ausencia de esa invitación, fuentes del Gobierno español han informado de que se pusieron en contacto con el de Italia no para pedir que se le invitara, sino para hacerle saber que esa clase de iniciativas minan los principios básicos de la Unión Europea. En ese sentido, consideran que, en lugar de acercar soluciones en el seno comunitario, las alejan.

De la misma forma, el Gobierno español recalca que Sánchez sí ha asistido al encuentro que ha motivado su desplazamiento a Bélgica, el convocado por el presidente del Consejo en el castillo de Alden Biesen y en el que han estado representado todos los socios de la UE.

De la misma forma, han recalcado que los canales de comunicación existentes entre los gobiernos y mediante los cuales se puede transmitir una queja no tienen por qué ser de forma directa de un jefe de Gobierno a otro, sino que son múltiples, habituales y constantes.

Las fuentes citadas no especificaron los motivos por los que España transmitió su queja a Italia y no a los otros dos países organizadores de la reunión, Alemania y Bélgica.

Meloni se hizo eco en las redes sociales de ese encuentro para explicar que se trata de un nuevo grupo de trabajo informal dedicado a los temas de la competitividad europea.

Además, informó de que los participantes en esa reunión han acordado volver a verse al margen del Consejo Europeo de marzo que se celebrará en Bruselas para mantener la atención centrada en los temas de la competitividad y contribuir a la definición de objetivos concretos y plazos precisos.

En línea con la posición española, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, sí trasladó su descontento tanto a Meloni como a los otros dos organizadores de la reunión, Merz y De Wever.

Según fuentes comunitarias, Costa transmitió a los tres convocantes que lo que se necesita para sacar adelante la agenda sobre competitividad es un consenso.

Al hilo de ello, opinó que el lugar adecuado para lograr esa unidad es el Consejo Europeo y no la formación de otros grupos que advirtió de que pueden ser contraproducentes para ese objetivo.

Las grandes plataformas, con Elon Musk (el hombre más rico del mundo y gran apoyo de Donald Trump para ganar las elecciones en Estados Unidos) y Telegram a la cabeza, tienen una nueva obsesión: Pedro Sánchez. La nueva regulación impulsada por el presidente para poner coto a los desmanes en las redes ha provocado un ataque sin precedentes al presidente del Gobierno desde las esferas más poderosas del mundo.

Musk, el tecnoligarca por excelencia, ha iniciado una guerra contra el presidente español a raíz de dos medidas anunciadas por el socialista: la regularización extraordinaria de migrantes y la prohibición de uso de las redes sociales para menores de 16 años. Y Telegram se unió este miércoles por la tarde con el lanzamiento de un mensaje masivo alertando de que España puede convertirse en un “Estado de vigilancia”.

En el mensaje de Pável Dúrov, CEO y fundador de Telegram, se lamenta que el plan del Gobierno de coalición no supone una “salvaguarda”: “Son pasos hacia el control total”. “Manteneos vigilantes, España. Exigid vuestros derechos. Compartid esto ampliamente antes de que sea tarde”, concluye la alerta masiva enviada por el canal de la plataforma.

Fuentes de La Moncloa critican que Dúrov “ha usado su control sin restricciones de esta aplicación para enviar un mensaje masivo a todos los usuarios de España en el que vierte varias mentiras y ataques ilegítimos contra el Gobierno”. “Es la primera vez que ocurre en la historia de nuestro país”, lamentaron en el entorno del presidente, donde se reafirman: “Este hecho demuestra, por sí solo, la urgente necesidad de regular las redes sociales y aplicaciones de mensajería móvil. Los españoles no podemos vivir en un mundo en el que tecnoligarcas extranjeros puedan inundar nuestros teléfonos de propaganda a su antojo”.

Asimismo, recuerdan en La Moncloa que “Dúrov está siendo investigado por su posible responsabilidad en delitos graves, y la plataforma ha incumplido de forma reiterada sus obligaciones de control”. “Ha diseñado deliberadamente una arquitectura de mínima moderación que ha convertido Telegram en un espacio recurrente para actividades criminales documentadas, como redes de abuso sexual infantil y tráfico de drogas, con casos investigados en países como Francia, Corea del Sur o España”, indican las fuentes.

A la vez que señalan: "El mensaje enviado por el fundador de Telegram es un reflejo de la forma de operar de los tecnoligarcas en las redes sociales: está lleno de bulos y va destinado a erosionar la confianza en nuestras instituciones”.

Musk y Telegram han decidido ir al choque directamente con el presidente, a través del insulto en X y de un mensaje de advertencia después de que Sánchez anunciara este martes un paquete legislativo, desde el World Governments Summit en Dubai, para hacer frente a los abusos de las grandes plataformas digitales, con la medida estrella de la prohibición del uso de redes para menores de 16 años.

Y, además, la idea del Gobierno español es poner fin a la impunidad de los directivos para que sean legalmente responsables de las infracciones que se cometan en las plataformas digitales, tipificar como delito la manipulación de los algoritmos y la amplificación de contenido ilegal, crear un sistema de rastreo, cuantificación y trazabilidad que permita establecer una Huella de Odio y Polarización y abordar junto a la Fiscalía las vías para investigar las posibles infracciones legales de Grok, TikTok e Instagram.

Todo ello se suma a las críticas que han llegado desde Washington en los últimos meses contra España por no comprometerse a gastar el 5% del PIB en defensa como exige Donald Trump a los países integrados en la OTAN. 

Musk es la punta de lanza de la internacional ultraderechista contra el Gobierno español, el único en Europa de tintes plenamente progresistas en un momento de avance de la ola de extremismo por el mundo occidental. Y es que Sánchez representa todo lo contrario a lo que propugna el multimillonario: defensa del Estado del Bienestar, políticas feministas, una visión incluyente de la migración, apuesta por la Agenda 2030, respaldo al colectivo LGTBIQ+, impulso del multilateralismo y control del poder sin límites de las grandes multinacionales tecnológicas.

Asimismo, Sánchez es ahora uno de los pilares del europeísmo en un contexto en el que la Administración norteamericana quiere dividir a la Unión y hacer caer su papel internacional, mientras respalda a fuerzas que van contra los grandes acuerdos de Bruselas como Vox en España o Viktor Orbán en Hungría.

España, de este modo, se sitúa junto a países como Australia que quieren poner coto a estas redes, que están claramente sesgadas hacia el contenido ultra y que están haciendo negocio con los niños y la juventud. En Europa, en Francia ya ha pasado por la Asamblea la ley que afectará a los menores de quince años, mientras que en Dinamarca hay una mayoría de partidos a favor de que se legisle. También Portugal y Reino Unido están trabajando en sus parlamentos para sacar adelante este tipo de normas.

"Dirty Sánchez is a tyrant and traitor to the people of Spain ('El Sucio Sánchez es un tirano y un traidor al pueblo de España')", escribió Musk en X. Toda una declaración de guerra contra el presidente y, además, con doble sentido, ya que dirty Sánchez también pone nombre a una práctica sexual coprófila (por lo que también puso un emoji de un excremento). Luego publicó otro mensaje en el que calificaba al líder socialista como un “verdadero fascista totalitario”.

Asimismo, Musk ha cargado contra el Gobierno español en los últimos días por el decreto de regularización de migrantes, que afectará a sobre medio millón de personas. El ataque viene en un momento en el que este sistema se contrapone al modelo norteamericano de la fuerza paramilitar de ICE y a las políticas duras que se están implementando en Europa lideradas por la italiana Giorgia Meloni.

Musk lleva ya meses jugando a influir en la política española. De hecho, hace ya un año expresó en Twitter su apoyo directo a Vox. En su cuenta en X, dejó la frase “ganará las elecciones” con una imagen entonces del saludo del líder del partido de la ultraderecha, Santiago Abascal, a Trump en una cumbre ultraconservadora en Washington. El presidente de Vox ha respaldado al dueño de la plataforma retuiteando sus mensajes y diciendo sobre Sánchez: “También es un criminal corrupto”.

Vox lleva tiempo uniendo fuerzas con partidos de la ultraderecha y convocando cumbres en Madrid para atraer a votantes y poner el foco en el Gobierno de coalición. A sus eventos han acudido el presidente de Argentina, Javier Milei, o la ultraderechista francesa Marine Le Pen. Meloni vino en una visita privada esta Navidad a Madrid para ver a Abascal, aunque las fotos fueron difundidas públicamente.

La geopolítica se mueve de forma acelerada durante estos días con Donald Trump amenazando incluso a la UE con la anexión de Groenlandia. Y, frente a las posturas tibias de la UE, se están empezando a mover fichas para armar un nuevo orden que pueda contener los desmanes de la Casa Blanca. Uno de los rostros es el del primer ministro de Canadá, Mark Carney, que pronunció un aplaudido discurso en el último foro de Davos: “Las potencias medias deben actuar juntas porque, si no estás en la mesa, estás en el menú”.

“El antiguo orden no va a volver. No debemos lamentarlo. La nostalgia no es una estrategia. Pero, a partir de esa fractura, podemos construir algo mejor, más fuerte y más justo. Esta es la tarea de las potencias medias, que son las que más tienen que perder en un mundo de fortalezas y las que más tienen que ganar en un mundo de cooperación genuina”, pronunció el político canadiense a través de unas palabras que resonaron muy bien en el Gobierno español.

Carney ganó las últimas elecciones de Canadá, a pesar las malas perspectivas en las encuestas después de la marcha de Justin Trudeu, precisamente por ser la opción anti Trump en su país. En España, Sánchez también puede jugar esa carta en las próximas elecciones generales bajo la máxima que sale siempre desde la Moncloa y Ferraz: "Socialismo o barbarie".

Franco Delle Donne (Buenos Aires, 1983) es doctor en Comunicación por la Freie Universität Berlin y se dedica desde hace años a estudiar y analizar cómo piensa, opera y se organiza la extrema derecha a nivel global. En 2020 lanzó su podcast 'Epidemia ultra' y cinco años después lo ha convertido en un libro con el mismo nombre. En 'Del fascismo europeo a Silicon Valley: anatomía de un fenómeno que está conquistando el mundo' (Ed. Península), Delle Donne rastrea los orígenes y la evolución de esta ola reaccionaria y analiza fenómenos como el de Donald Trump, Javier Milei o Giorgia Meloni para explicar por qué sus ideas llegan a tantos hogares. El experto lo compara con un virus que se contagia rápido y que, a tenor de lo que está sucediendo, parece difícil de detener.

¿Qué es 'Epidemia Ultra'?

Es un proceso contemporáneo que llevamos décadas arrastrando y que hoy está en su punto más alto, con la llegada de partidos de ultraderecha al poder, pero que comenzó antes, con la normalización de sus discursos. Esto no solo infecta a la política institucional, también contamina la vida diaria. Esos marcos y narrativas aparecen en el trabajo, en la familia, en conversaciones cotidianas… son más comunes y menos marginales que hace veinte años.

Usted realiza un recorrido sobre cómo se expande este 'virus' en distintos países. ¿Hay antídoto o solo nos queda la resignación?

Es una pregunta difícil porque estos días soy más bien pesimista. Lo primero es asumir que estamos viviendo un cambio de época y que aún no lo hemos interiorizado del todo. Lo vemos en la geopolítica y, por ejemplo, en Estados Unidos, donde se ignoran los derechos y garantías, con una dinámica en la que el Gobierno niega lo evidente y te dice que lo que ha pasado no es, en realidad, lo que viste. En ese contexto, no sirve pensar que vamos a discutir hasta llegar a la verdad.

Lo que sí puede ayudar es cambiar cómo discutimos en lo interpersonal: ni indignación, ni desprecio, ni insultos, ni paternalismo... eso no sirve. Hay que tener empatía y partir de la idea de que mucha gente que vota a estos partidos tiene razones para sentirse mal, ignorada o marginada. La clave es discutir el diagnóstico y, sobre todo, la acción que le corresponde. ¿El culpable es el otro, es decir, el migrante o el que se ve diferente o los problemas son estructurales y la solución va por otro lado?  Y a la vez, se le suma una dificultad, la de los partidos que están enfrente de la ultraderecha. Ellos deben construir una alternativa real, no limitarse a defender el statu quo con el argumento de 'con ellos será peor', porque eso no moviliza.

También habla de cómo la ultraderecha se ha aprovechado del sistema para tratar de destruirlo desde dentro.

Sí, distingo dos grandes frentes: la extrema derecha que busca la revolución contra la democracia liberal y que se asemeja más al fascismo, y la derecha radical que llega por vía democrática y erosiona desde dentro. Es el caso de Hungría, El Salvador y ahora en Estados Unidos. Teóricamente, si ambos procesos se llevan a cabo, pueden desembocar en resultados parecidos por caminos distintos. Yo lo veía desde un marco más teórico, pero lo que observo ahora en EEUU no se aleja tanto de lo que haría un partido abiertamente extremista. No hay derechos ni garantías, al menos con lo que estamos viendo en Minnesota. La sensación es que los derechos básicos dejan de estar garantizados, eso alimenta mi pesimismo.

Pero también hay contestación a lo que se viven en Minnesota con las protestas masivas que hemos visto ¿eso es un antídoto?

Sí, es verdad. Y no solo Estados Unidos. En Alemania hubo un caso claro. Una investigación del medio independiente Correctiv destapó una reunión de grupos extremistas y miembros de Alternativa para Alemania (AfD) en la que se habló de un plan de deportaciones masivas, incluso de ciudadanos alemanes según su definición de nativo, en el sentido de color de piel, procedencia y cultura. Cuando se conoció, muchísima gente salió de manera espontánea a la calle con el 'Nie wieder' ['Nunca más'], que tiene mucho significado allí. Fueron millones de personas y hay que recalcar que estos partidos no tienen el 80% de los votos.

Ahora bien, aunque esa mayoría no los apoye, están en posición de poder, y por más que salgas a protestar, eso es lo que marca las políticas. Además, si vemos lo que ha pasado en Minnesota, podemos concluir que la violencia y la coerción desincentivan la protesta. Si ves un vídeo en el que a alguien le pegan un tiro en la cabeza a sangre fría, yo como padre de familia me lo pensaría muchas veces antes de volver a salir. Y por eso hay una escenificación de la fuerza del Estado, porque es una estrategia de intimidación. El presidente norteamericano, Donald Trump, lo está aprovechando y eso funciona como excusa para que otros líderes hagan lo mismo, pero el trumpismo empieza antes que él y seguirá estando después.

En España, esta semana se ha aprobado una regularización de medio millón de migrantes que ha despertado polvareda. ¿Cree que medidas así ayudan a cambiar e incluso a desactivar el relato de la ultraderecha?

Es una medida encaminada a mejorar la vida de medio millón de personas que van a poder vivir en paz y relacionarse con normalidad. Esa cercanía es la receta más efectiva contra el prejuicio, el miedo y el odio: conocer al diferente. Cuando convives, se rompe el miedo y el odio prefabricados.

¿Por qué ideas que no tenían esta fuerza hace años se han asentado de esta manera? ¿Qué papel han tenido los medios en ello?

Los medios, al principio, actuaron como altavoz con la premisa de que lo que se estaba contando vendía periódicos o atraía espectadores. Titulaban con barbaridades porque eso comportaba clics, aunque no hubiera evidencia detrás. Y eso con el tiempo ha ido cambiando, se han ido revisando criterios de noticiabilidad: se trata de distinguir qué aporta valor al lector y qué es solo una provocación para captar la atención.

Y sobre el porqué del auge, yo creo que hay una promesa rota. Después de la caída del muro de Berlín en 1989 parecía que el liberalismo había triunfado en la era postcomunista, pero luego llega la crisis del 2008 y reaparece con fuerza la desigualdad, la precariedad, los excluidos. También crece la desconfianza hacia los partidos tradicionales y la democracia pasa de ser un valor a verse como un instrumento que no funciona. Llegan esos partidos, que eran marginales, y en ese caldo de cultivo ofrecen un vehículo para expresar descontento y son expertos en capitalizarlo. Además añaden una narrativa identitaria, un sentimiento de pertenencia, y un marco tradicionalista que da respuestas simples a miedos complejos. En ese discurso no hay soluciones a los problemas, no les hace falta.

¿Quién vota a estos partidos? ¿Son solo los "perdedores" de la globalización, como se suele decir?

Creo que es bastante transversal. Hay personas que no llegan a final de mes y eso encaja en la idea de abandono, pero también hay gente con capacidad económica que teme perder lo que tiene y habla de la decadencia de Occidente, de que se derrumba la sociedad y así es cómo vuelven estas ideas conservadoras que defienden las jerarquías como el mejor modelo para ordenar el sistema. Hay, además, otro elemento, el de las tendencias autoritarias, que son las mismas que vinculan inmigración y criminalidad. Ese miedo no vive solo en sectores pobres o marginados.

La ultraderecha también suele aludir a la nostalgia del pasado como un elemento muy presente en sus discursos. 

Lo de la memoria es muy interesante. Se vende un pasado que teóricamente era mejor pero que, en realidad, no está anclado a un tiempo concreto. En el libro le pongo el nombre de Arcadia, una sociedad perfecta que nunca existió. Se mezcla la Edad Media vista de un punto de vista romántico, obviando que la gente se moría de hambre, con unas tasas muy altas de mortalidad infantil y una construcción del momento histórico que vivió el país. En el caso de España, la Reconquista. Al mismo tiempo, hay otros ultraderechistas que en lugar de hacer eso, tratan de reescribir ciertos espacios o directamente olvidarlos. Dos ejemplos de ello son el presidente chileno José Antonio Kast, que defiende la dictadura de Pinochet porque sostiene que, de no haber mediado el golpe, el Gobierno de Salvador Allende se habría convertido en una dictadura, y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, que apela a olvidarse de lo que hicieron los fascistas italianos porque ella es su heredera.

Y otra cuestión que también aparece de manera recurrente en los discursos es el individualismo, la idea del 'sálvese quien pueda’.

Yo veo una corriente, no solo de la ultraderecha, sino también de la comunicación que nos rodea. En redes se han multiplicado los coaches y expertos en cosas que te explican cómo ser millonario, conquistar mujeres y salvarte. En realidad, es una puerta de entrada a la ultraderecha, porque encaja con la idea de que todo depende de ti, ignorando que somos seres sociales y que nada funciona sin estructuras colectivas.

Estamos yendo hacia ahí, transmitiendo ese mensaje a los más jóvenes porque les da cierta sensación de control. Un control que te pone al borde de la depresión y que es una trampa porque te dice si te va mal, es culpa tuya, y eso te lleva al límite. Y eso se complementa con el mito del hombre hecho a sí mismo, con ejemplos de multimillonarios que son hijos de propietarios de minas de oro. Dicho esto, también hay algunos discursos de estas ultraderechas más cercanos al fascismo en el sentido de un nacionalismo colectivo, el 'todo por la patria'. Aunque es verdad que los dirigentes de estos partidos no se caracterizan por ser las personas más coherentes del mundo.

Decía usted antes que no hay que ridiculizar al votante de estas formaciones. Pero, ¿se les puede convencer? ¿De qué manera?

Depende. El agitador o activista que busca provocar no viene a dialogar, ahí no hay persuasión posible. Lo útil, en ese caso, puede ser no entrar en su marco y colocar tu mensaje. Pero los que sí me parecen importantes son los votantes que, por una cuestión estadística, están a tu alrededor. Es decir, tu tía, tu vecino, tu compañero. No sé si hay una forma de persuadir o de convencer con datos, pero sí veo posible discutir el mismo tema desde otro punto de vista y encontrar bases comunes. Por ejemplo, ¿dejar morir de frío a una persona en la calle está bien o está mal? No son 'menas', son personas, y creo que hay que plantear casos concretos, humanizar, desmontar el prejuicio desde la empatía, sin insultos. Si empiezas con 'eres idiota', se acabó. Cada uno se atrinchera.

En España, a Vox parece que nada les pasa factura, ni la corrupción, ni las crisis internas, ni los errores. ¿Cree que es así?

Es una buena pregunta. Lo vi en Argentina con Javier Milei, en Alemania con AfD.... No lo tengo del todo claro, pero veo dos ideas. La primera que es que los votantes no han encontrado una opción mejor a esa. Y otra es que el compromiso identitario permite justificarlo todo. El caso de corrupción no es tal, es una conspiración o lo justifican diciendo que eso estuvo mal pero que el partido tiene buenas ideas. Además, muchas de estas fuerzas no dependen solo de un líder, es decir, el partido puede sobrevivir al líder. En el caso de Vox no lo tengo tan claro porque siempre ha estado Santiago Abascal, no sé qué pasaría si no estuviese, pero no me puedo imaginar que el partido se derrumbe si no está.

Para acabar, ¿qué ha hecho mal la izquierda y la derecha conservadora para llegar a este punto?

Hay muchas cosas que te podría nombrar. La primera, no articular una propuesta política ante los problemas que se agravan desde 2008 y pensar que todo se va a ordenar solo. En segundo lugar, subestimar el fenómeno y pensar que esto se iba a terminar rápido y que era volátil, como dijo la propia Angela Merkel, la excanciller alemana. A esto se le suma no entender el cambio de reglas con redes sociales, la comunicación horizontal y el debilitamiento de los filtros partidarios. Y, en el caso de la derecha conservadora, copiar la agenda de la ultraderecha. Lo que estás haciendo es dar más visibilidad a su marco. Y, en el mejor de los casos, incluso si no llegan al gobierno, terminas construyendo la sociedad que ellos quieren. Eso sí es culpa de estos partidos.

El Gobierno ya ha iniciado la tramitación urgente del decreto por el que se llevará a cabo una regularización extraordinaria de personas extranjeras en España. Supone un importante paso político, económico y social en un momento en el que la ola ultraconservadora se impone en muchos países, con especial obsesión por las políticas antiinmigración.

El proceso puesto en marcha por el Ejecutivo de coalición, tras un acuerdo con Podemos, materializa un enfoque de la migración totalmente opuesto a lo que se está viviendo en Estados Unidos, desde donde llegan impactantes imágenes de las fuerzas paramilitares del ICE asesinando a personas y deteniendo a ciudadanos sólo por sus rasgos físicos. Y, además, choca también con la política dura que se impone ahora en la UE, con la presión de gobiernos ultras como el de Giorgia Meloni en Italia, amparados en el llamado pacto migratorio –o, más bien, antimigratorio–, que sirve de paraguas a las políticas más xenófobas de algunos Estados miembros.

El paso dado por Pedro Sánchez emerge de esa forma como un referente diferencial a la hora de abordar la migración desde un punto de vista de integración y de reconocimiento de las personas que trabajan en el país. Un factor que, como recuerda constantemente el Ejecutivo, es una de las columnas esenciales para que la economía española tenga las mejores cifras de crecimiento entre los países desarrollados.

El caso español ha llamado la atención fuera de las fronteras de la península ibérica. Llegó a ser la principal noticia de portada de la web de The New York Times durante el martes, donde se ponía de relieve que esta medida “posiciona al país en un contraste con muchos otros que en todo el mundo han endurecido cada vez más su postura frente a la migración legal”.

El rotativo estadounidense reflejaba también: “La medida, aprobada el martes, va a contracorriente de muchos gobiernos en Norteamérica y Europa, que —a menudo presionados por partidos populistas de extrema derecha— han tomado medidas enérgicas contra la inmigración ilegal en los últimos años”.

La noticia del inicio del trámite por el Consejo de Ministros ha sido recogida también en otros medios internacionales como la BBC, la CNN y Le Parisien. Y las políticas públicas sobre migración en España han sido analizadas en los últimos meses por medios como Le Monde, que el pasado mes de octubre publicó un reportaje bajo el título de España estimula la prosperidad gracias a la inmigración, un caso único en Europa.

En su último viaje a Estados Unidos para acudir a la Asamblea General de la ONU, Sánchez pronunció un encendido discurso en la Universidad de Columbia, donde señaló: “Nuestro modelo económico ha combinado la llegada de talento del exterior con una reducción del desempleo. En los últimos siete años, nuestro país ha recibido a más de dos millones de inmigrantes al tiempo que la tasa de desempleo se ha reducido en casi un 40%. Los migrantes se han integrado bien en el país y han aportado alrededor de un 20% al crecimiento económico per cápita de España en los últimos tres años. Para nosotros, la migración no es sinónimo de miedo y amenaza, sino de esperanza y oportunidades”.

El paso dado por España ha sido aplaudido en estos momentos de retroceso por parte de la ONU. La Oficina para los Derechos Humanos señaló: "Acogemos favorablemente las medidas para regularizar la situación de las personas migrantes". Esta iniciativa "ayuda a acceder a derechos y servicios esenciales, preserva la dignidad y refuerza la cohesión social, en beneficio tanto de los individuos como de las comunidades", agregó el departamento que dirige el alto comisionado Volker Türk.

La Comisión Europea no ha tomado una posición concreta sobre esta medida. El portavoz comunitario de Interior, Markus Lammert, trasladó: "Estamos al tanto de las discusiones en España. Las decisiones y políticas para regularizar el estatus de nacionales de terceros países que se quedan ilegalmente recaen exclusivamente bajo la responsabilidad de los Estados miembros. Y la Comisión Europea no tiene competencia en ese ámbito".

El decreto del Gobierno llega en un momento en el que la Unión Europea está endureciendo sus políticas migratorias a través de unas instituciones con mayoría del Partido Popular Europeo (PPE), que está muy condicionado por la presión y el ascenso de las formaciones de ultraderecha. El pasado mes de diciembre, los ministros de Interior de los 27 dieron salida a la norma que permite establecer en terceros países (fuera de la Unión) centros para la deportación y expulsión de migrantes.

En aquella reunión España se opuso a esta vía impulsada especialmente por Italia. Según explicó entonces el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, la norma contiene “serias dudas jurídicas, políticas y mediáticas”. Y advirtió del impacto negativo que puede tener en las relaciones con esos países.

A pesar de esa posición de España en la UE, diversas ONG a lo largo de los últimos años han criticado la política migratoria del Gobierno. Red Acoge y la Fundación CEPAIM han llegado a trasladar a la ONU situaciones como las devoluciones en caliente en Ceuta y Melilla.

Estas organizaciones han exigido, por ejemplo, el fin de las paradas policiales por perfil racial, el cese de detenciones de migrantes en los CIE y la creación de una Autoridad Independiente para la igualdad de trato y no discriminación. Además, también han denunciado la creación, con fondos españoles, de centros de detención temporal de migrantes en Mauritania al considerarlos "cárceles ilegales".

Dentro de la UE, Meloni es una de las caras de las políticas duras contra la migración. Su política dista totalmente del anterior Gobierno en Roma, que hizo una regularización extraordinaria que benefició a 130.000 personas durante la pandemia. Ella apuesta por centros en terceros países y por los “decretos flujos”, que establecen cuotas de entrada por motivos laborales en función de lo que exija el mercado (para 2026 la previsión es de 164.850 permisos).

Portugal es otro ejemplo del giro conservador y xenófobo que se vive en la Unión. El Gobierno del socialista António Costa llevó a cabo otra regularización extraordinaria durante la pandemia, que benefició a unos 374.000 migrantes. Pero las políticas se han revertido con el actual Ejecutivo del conservador Luís Montenegro, que dejó caducar ese decreto y eliminó la norma que facilitaba regularizaciones de los extranjeros que llevaran más de un año cotizando. Mientras, de la mano de la la utraderecha de Chega, se ha hecho una reforma que dificulta la reagrupación familiar de los migrantes.

Qué subidón. Vaya sensación de euforia lo de Davos. No sé en qué quedará, pero la gente necesitaba que se rompiera el silencio y la abnegación. Por primera vez se ha escenificado cierta unidad y claridad. Daba gusto escuchar a algunos de los líderes mundiales plantarse ante los abusos de Estados Unidos y dibujar a Trump como un payaso sin gracia, al que había llegado el momento de poner en su sitio. 

La cortesía, la contención, el ‘no hay que ponerse a su altura’ han dejado paso al rapapolvo en el Foro Económico Mundial. Que alguien como el primer ministro de Canadá, histórico socio, advirtiera que Estados Unidos no es la última Coca Cola en el desierto rompía la tendencia de vasallaje que han estado exhibiendo tantos líderes en este último año, asustados por las consecuencias de sus palabras. 

Aplausos a Macron, que con la excusa de un derrame ocular se plantó unas gafas de chulazo para potenciar el efecto y dirigirse en los mismos términos al impresentable americano. No podían ser más apropiadas. Podía haber elegido unas más discretas, pero optó por las de espejo para amenazar con el instrumento anticoerción, que la UE podría activar como respuesta a la intimidación constante con el incremento de aranceles en cuanto alguno se atreve a discrepar tímidamente. 

Quién iba a pensar que Meloni, la única líder europea que asistió a la investidura de Trump, mostraría discrepancias con su ultra amigo. También es verdad que a sus votantes no les gusta mucho que frieguen el suelo con la patria ni que les consideren tan insignificantes. Vivían tan contentos en la inopia, como descendientes del imperio romano, y las declaraciones broncas no les han caído bien, sobre todo cuando provienen de un yanqui. Declinar formar parte de la envenenada ‘Junta de Paz’ para Gaza, que está tratando de montar con marionetas, es una manera obvia de marcar distancia. Y la presidenta italiana ahí ha dado portazo. Al contrario que Abascal, que se está quedando solo entre los fachas, porque hasta el británico Farage ha tenido que pronunciarse a su pesar contra la anexión de Groenlandia. Solo son gestos, pero si se ven obligados a escenificar sus diferencias es porque las encuestas no son favorables al uso de rodilleras, que diría el gobernador de California. 

El líder que más ha engordado su club de fans es el de Canadá, Mark Carney. Hasta ahora pasaba inadvertido en comparación con Justin Trudeau, que estaba siempre en las listas de los más guaperas y que se ha dedicado a pasearse del brazo de Katy Perry desde su dimisión. Davos ha catapultado a la fama a su sucesor. Su discurso animando a las naciones más pequeñas a unirse para resistir la doctrina del American first y frenar el desmantelamiento del orden internacional ha triunfado. Los canadienses fueron de los primeros en dejar de viajar a Estados Unidos y de consumir productos del país vecino. El éxito de sus palabras, que se viralizaron en el acto, animó posiblemente a otros líderes a pronunciarse en términos similares. A todos les gusta que les quieran las redes, aunque sea una falacia y, al final, todo siga igual. Con Macron enviándole mensajitos privados para arreglar sus cosas pasando del resto, como hace la mayoría. 

Al menos durante una semana, hemos soñado con que es posible morir de pie antes que vivir de rodillas.

La tensión sigue aumentando entre Estados Unidos y Europa en un conflicto político, comercial y de seguridad que se extiende a Reino Unido o Noruega. La reacción furibunda de Donald Trump al despliegue de militares de siete países acompañando a Dinamarca en Groenlandia con un arancel adicional del 10% a sus productos, y el aumento al 25% el 1 de junio, por “tanto tiempo hasta que se alcance un acuerdo para la compra completa y total de Groenlandia” está removiendo Bruselas y las capitales del continente como nunca antes.

Esta semana los líderes europeos convocados de urgencia a una Cumbre por el presidente del Consejo, Antonio Costa, “dada la relevancia de los recientes acontecimientos” ante la agresión comercial decretada por el estadounidense, buscarán mostrar “un fuerte compromiso” en “solidaridad con Dinamarca y Groenlandia”, ya que “las tarifas debilitarían las relaciones trasatlánticas y son incompatibles con el acuerdo comercial UE-Estados Unidos”.

Dinamarca, Francia, Alemania, Suecia, Países Bajos, Finlandia, Reino Unido y Noruega son los afectados por ese golpe arancelario y, por extensión, toda la UE que creía haber calmado en julio el unilateralismo comercial de Trump gracias al acuerdo tarifario suscrito en Turberry. Un pacto que ahora pende de un hilo y cuya aplicación por el momento quedará suspendida.

La presión creciente, las amenazas y coacciones a Dinamarca y a toda Europa para tomar Groenlandia lo han tumbado, una posibilidad que hace tan sólo una semana semejaba complicada pese a las presiones de eurodiputados daneses de todas las formaciones y el creciente apoyo a favor en las filas socialdemócratas y liberales mientras verdes e izquierda apostaban claramente por ello en el Parlamento Europeo.

La gota que ha colmado el vaso de la paciencia en la Eurocámara y que empujó a los populares europeos a frenar el acuerdo comercial que rebajaba a cero las tarifas a la mayoría de los productos estadounidenses ha sido la reacción del jefe de la Casa Blanca contra esos ochos países. Desde el 1 de febrero sus productos sufrirán un arancel adicional del 10% y el golpe sería mayor a las puertas del verano si Dinamarca no entrega su isla.

“El PP europeo está a favor del acuerdo comercial entre la UE y los Estados Unidos, pero dadas las amenazas de Donald Trump sobre Groenlandia, su aprobación no es posible en este momento”, decretó el todopoderoso jefe de esta formación, Manfred Weber. El bávaro señaló que el pacto suscrito por la Comisión “debe ser puesto en pausa”. La tregua a la guerra comercial alcanzada en julio corre ahora serio riesgo.

El pasado miércoles una reunión entre los presidentes de todos los grupos parlamentarios ya retrasó la decisión sobre la aprobación de este acuerdo, que debería pasar su primer filtro el 26 de enero, en el Comité de Comercio Internacional. Hasta hace pocos días, fuentes consultadas por infoLibre pese a las protestas de socialdemócratas, liberales, verdes e izquierda dudaban que los populares se atreviesen a dar el paso. Explicaban que el socialdemócrata Bernd Lange, presidente de dicho Comité, quería votar el texto del acuerdo y las enmiendas a la resolución con compromisos, para que así la Eurocámara tuviese la opción de poder suspenderlo a futuro. Los populares, señalaban estas fuentes, no estarían dentro de este compromiso y hasta votarían con la extrema derecha.

La aceleración de los acontecimientos sobre Groenlandia ha cambiado el tablero de juego en sólo unos días, lo que ha forzado una reacción de Manfred Weber, también porque dentro de sus filas la incomodidad de eurodiputados conservadores daneses, bálticos o suecos era más que evidente. Este miércoles los jefes parlamentarios discutirán de nuevo la cuestión con la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, ya para suspender esa entrada en vigor del acuerdo comercial. Mucho tendría que ceder Donald Trump en sus ambiciones sobre la isla danesa para que en febrero el Pleno del Parlamento votase a favor de ese pacto, como estaba previsto inicialmente.

“No podemos ser más los sumisos de los Estados Unidos”, exige Manon Aubry, jefa de La Izquierda en la Eurocámara y vicepresidenta del Comité de Comercio, quien denuncia que el golpe de Trump se debe “la ausencia de reacción de la UE ante el secuestro de Maduro en Venezuela”, ya que el mandatario estadounidense se sabe impune “para violar el derecho internacional”.

Este domingo por la tarde los embajadores de los 27 ante la UE, los máximos diplomáticos de cada líder en Bruselas, encargados de negociar antes de las Cumbres los asuntos más peliagudos, desde las grandes partidas presupuestarias de la UE, las cuestiones económicas, la seguridad y defensa comunitaria o la respuesta a crisis internacionales, mantuvieron una reunión sobre la tensión creciente con Washington.

Los gobiernos europeos a través de sus diplomáticos decidieron esperar hasta el 1 de febrero para ver si Trump ejecuta ese arancel del 10%. Si lo hace, la UE contraatacará con tarifas a productos estadounidenses por un importe de 93.000 millones de euros. En la reunión hubo posturas como la francesa demandando más mano dura contra Washington. El presidente Emmanuel Macron pide “la activación del Instrumento Anti-Coerción”, en vigor desde 2023 pero nunca ejecutado, si un “tercer país busca ejercer presión contra la UE o un Estado Miembro aplicando o amenazando con medidas que afecten al comercio o la inversión”.

Los Estados Unidos de Trump estarían ejerciendo esta coacción, “interfiriendo en las decisiones soberanas legítimas de la UE y sus Estados Miembros”. Si el Instrumento se activa y Bruselas no consigue que Washington ceda, podría bloquear el acceso al mercado comunitario de sus productos, limitar sus inversiones en bienes, servicios o mercados financieros y hasta restringir la participación de sus empresas en los concursos públicos.

El propio Antonio Costa, al convocar el jueves a los líderes, ha explicado que deben “estar preparados para defendernos frente a cualquier tipo de coacción” y “unidos en los principios de las leyes internacionales, la integridad territorial y la soberanía nacional”.

Las voces apaciguadoras ahora mismo en Bruselas son la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y el tradicional frente euroescéptico de húngaros y eslovacos. Meloni habló este domingo con Trump por teléfono y cree que existió “un problema de comprensión y comunicación” con el despliegue de los militares europeos en Groenlandia. Y aunque calificó como un error la reacción del estadounidense, pide “retomar el diálogo y evitar una escalada”.

Sin embargo, la realidad se impone por encima de sus deseos. Y además de la represalia comercial en la Eurocámara o de la que pueda salir de la Cumbre extraordinaria, Dinamarca y los siete países desplegados en Groenlandia mostraron su voluntad de incrementar esa presencia militar en la isla declarando “el ejercicio coordinado danés “Resistencia Ártica” conducido con los aliados responde a la necesidad de fortalecer la seguridad del Ártico y no supone una amenaza para nadie” por lo que mostraron su compromiso a “reforzar nuestra soberanía” además de denunciar los aranceles de Trump por “debilitar las relaciones trasatlánticas y arriesgar con una peligrosa espiral negativa”.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, declaró este martes que está dispuesto a impulsar una reforma legal para poder organizar elecciones sin necesidad de que termine la guerra, siempre que EE.UU. y los aliados europeos de Kiev garanticen la seguridad del proceso, después de que su homólogo estadounidense, Donald Trump, dijera la víspera que ha llegado el momento de celebrar comicios.

“Pido ahora, y lo digo abiertamente, que EE.UU. me ayude. Junto con nuestros socios europeos, podemos garantizar la seguridad que se necesita para celebrar elecciones. Si esto se da, Ucrania estará lista para organizar elecciones en un plazo de entre 60 y 90 días desde ahora”, afirmó Zelenski, según medios ucranianos, tras reunirse en Italia con la primera ministra de ese país, Giorgia Meloni.

El presidente ucraniano agregó que ha pedido a los diputados que elaboren propuestas legislativas que permitan la modificación de la ley electoral. "Estoy esperando propuestas de nuestros socios, esperando sugerencias de nuestros diputados, y estoy dispuesto a convocar elecciones", subrayó.

Zelenski asumió su cargo de presidente en 2019 y su mandato de cinco años terminó el 20 de mayo de 2024, cuando se extendió de manera automática al prohibir la Constitución ucraniana la celebración de elecciones mientras la ley marcial esté en vigor.

El presidente ucraniano y la mayor parte de líderes de opinión y partidos políticos del país coincidían hasta ahora en la imposibilidad no sólo legal sino también organizativa de llevar a cabo una campaña electoral y las correspondientes votaciones en medio de la guerra.

Trump dijo en una entrevista emitida esta semana que la administración de Zelenski está “utilizando la guerra para no celebrar elecciones”. “No sé quién ganaría, pero no se han celebrado elecciones durante mucho tiempo. Saben, hablan de democracia, pero llega un punto en el que ya no es democracia”, agregó Trump.

La mayoría de los críticos más sesudos de cine colocan a La Aventura, de Michelangelo Antonioni, como una de las obras culmen del séptimo arte. El film comienza con la desaparición de una de sus protagonistas, Anna, en una isla perdida mientras estaba de vacaciones con varios amigos. Lo que empieza como una historia de misterio y de investigación sobre lo ocurrido pasa rápidamente a un argumento completamente diferente, en el que ese estímulo inicial pierde su importancia para diluirse y olvidarse conforme va avanzando el metraje. Antonioni rompía así las formas clásicas de narración cinematográfica, dejando de lado lo que parecía su argumento principal para no resolverlo en ningún momento. 

Más allá de lo entretenidas que sean sus casi dos horas y media para los mortales, el “olvido” de Antonioni parece rimar con algo que iba a suceder en su propio país más de 60 años después del estreno de su película. En el año 2022, Giorgia Meloni desató un terremoto político al ganar las elecciones y convertirse en la primera líder de extrema derecha en ser elegida en uno de los grandes países de la Unión Europea desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Una inquietud que, tres años después de su victoria, se ha ido diluyendo poco a poco gracias a la normalización y al olvido, llegando a ser homologada por muchos a una suerte de nueva derecha tradicional. Como la desaparición de Anna en la película de Antonioni, el mundo parece haberse olvidado de quién es Meloni.

Pero, ¿cómo ha conseguido la primera ministra esconder su ideología ultra para colocarse como ‘una más’ entre los mandatarios de la UE? “Meloni está siendo muy exitosa manteniendo vivo el relato de que ella se preocupa por las familias italianas. En política interna, centra el debate en la inmigración en lugar de en el coste de vida, que sigue aumentando. En política exterior, se ha convertido en una figura reconocible, capaz de sentarse con Bruselas y con Trump al mismo tiempo, y esto puede generar una imagen de estadista que muchos italianos valoran”, responde Álvaro Canalejo-Morelo, investigador de la Universidad de Lucerna y experto en comportamiento político.

Una receta aparentemente sin fisuras que le está sirviendo para lograr algo que parece el antónimo de la palabra Italia: estabilidad. El Gobierno de Meloni es ya el tercero más largo de la historia democrática de un país acostumbrado a cambios constantes en el Palacio Chigi. Para poner en perspectiva, los tres años y un mes que lleva el Gobierno solo están por detrás de los de Silvio Berlusconi y Alcide De Gasperi. De hecho, desde 2010, solo el Ejecutivo de Matteo Renzi (además del de Meloni) ha superado la barrera de los 1.000 días, y algunos, como el de Enrico Letta, ni siquiera llegaron al año.

Relacionado con esto, la aprobación de la primera ministra oscila entre el 39% y el 43%, según los últimos datos de encuestadoras como Ipsos o Morning Consultant. Son números que, pese a lo que pudieran parecer, la colocan en una buena posición en comparación con otros líderes europeos del entorno. Por ejemplo, mandatarios como el polaco Donald Tusk (37%), el francés, Emmanuel Macron (12%), el alemán Friedrich Merz (29%) o incluso Pedro Sánchez (34%) están bastante por debajo de Meloni. Los buenos números de popularidad se reflejan en las encuestas, donde Fratelli d'Italia (FdL) va en cabeza con más de un 31% de los votos, seguido por el Partido Democrático (PD), a bastante distancia, con un 22%, el Movimiento 5 Estrellas (M5S) con un 12% y los otros partidos de la coalición de Gobierno, La Lega y Forza Italia que están en torno al 8%.

Aun con ese apoyo, la fortaleza de Meloni en las encuestas y sobre todo en el Gobierno viene favorecida por una razón de fuerza: la división de su oposición. En Italia, el sistema electoral es algo más complejo que en España, pues combina un reparto de escaños proporcional con otro mayoritario, donde el partido que gana en la circunscripción se queda todo. Por este último sistema se eligen el 37% de los asientos y es en ese apartado en el que Meloni logró buena parte de su ventaja. 

¿Por qué? Porque la primera ministra consiguió entonces establecer una coalición con el resto de partidos de derecha o extrema derecha (La Lega y Forza Italia, la formación de Berlusconi), por lo que concentró el voto de las tres formaciones y de esa manera superó a la oposición, que se presentó en tres listas separadas. Para Steven Forti, profesor de Historia Contemporánea en la Universidad Autónoma de Barcelona y experto en extremas derechas, a esa circunstancia de base hay que sumarle otro factor: la debilidad electoral del resto de partidos de la coalición gobernante, lo que hace que ninguno de ellos tenga, pese a las discrepancias, ningún incentivo para romper el Ejecutivo.

Todo ello ha favorecido que la oposición entienda que, o toman cartas en el asunto y tratan de unirse, o la derrota de Meloni será casi imposible. Y lo están haciendo. En las elecciones regionales que se han ido sucediendo en Italia, la oposición está poniendo en marcha lo que se conoce en el país como Campo Largo, es decir, una suerte de unión que vaya más allá de las divergencias ideológicas para tratar de ganar a Meloni. Los resultados de esta estrategia han sido dispares, teniendo éxito en algunas zonas como Umbría, que han logrado recuperarla tras cinco años de gobierno de La Liga, aunque no en otras como las Marcas o la Basilicata, las cuales siguen en manos de la derecha. Eso sí, la izquierda ha logrado con esa unión mantener otros lugares como Emilia Romaña, la Campania y la Apulia, con victorias por encima del 60%.

Los resultados en las regiones han permitido solidificar el papel del PD como principal fuerza en la oposición. La formación socialdemócrata ha tenido un rol importantísimo en todos esos comicios y, a día de hoy, también por su posición en las encuestas, parece ser el partido destinado a hacer sombra a Meloni. Su buen desempeño ha sido igualmente un espaldarazo para su líder, Elly Schlein, que asumió la secretaría general del PD justo después de la victoria de Meloni para dar un giro a la estrategia centrista que había llevado al partido a la debacle. 

La receta de Schlein para alejarse de los años más neoliberales del PD ha sido volver a las esencias clásicas de la izquierda italiana, que en los últimos años parecían perdidas. “Ha llevado de nuevo a primera plana temas como los derechos del trabajo o la defensa de la vivienda, combinándolo con abanderar causas como el feminismo o los derechos del colectivo LGTBIQ”, explica Andrea Noferini, profesor de Ciencias Políticas en la Universitat Pompeu Fabra. Forti subraya el cambio del PD con Schlein comparándolo con los años de Matteo Renzi, donde este planteó una reforma laboral en línea con las teorías neoliberales que ahora parecería implanteable. 

La otra pata de esta futura coalición es el M5S que, como el PD, ha tenido grandes mutaciones durante los últimos años. Lo que comenzó como un partido antisistema que se presentaba como “ni de izquierdas ni de derechas”, ha ido mutando hasta establecerse en una línea más progresista. Un viaje que incluyó compartir gobierno con La Lega de Matteo Salvini y perder buena parte de su apoyo electoral al desgastarse su fuerza populista. “El giro se viene fraguando desde el covid, donde su actual líder y por entonces primer ministro Giuseppe Conte empezó a adoptar medidas más tradicionalmente de izquierdas para afrontar las consecuencias de la pandemia, como impulsar la renta mínima de la que se beneficiaron muchos ciudadanos”, señala Canalejo-Morelo.

Los ciudadanos más favorecidos por las políticas de Conte fueron los habitantes del sur, donde el partido aún conserva bastante apoyo. “Esas clases populares conectan más con el M5S que con el PD, que pese al cambio de liderazgo sigue viéndose como una formación de las élites urbanas que no termina de mirar a la periferia”, asegura Noferini. Sumado a esto, Forti igualmente señala que la vivienda y otros temas relacionados con las condiciones materiales de los trabajadores siguen siendo parte de los ataques del M5S al PD, al que los de Conte consideran alejado de ese tipo de preocupaciones. Mientras tanto, Schlein ha tratado de rentabilizar el rechazo a las políticas migratorias de Meloni, un área donde el M5S no es tan crítico.

Ahora, para el investigador, es muy aventurado pensar que este tipo de cambios en ambos partidos sean parte de una estrategia para ganar a Meloni. “El objetivo de los partidos es sobrevivir y ganar. No está claro, ni para el PD ni para el M5S, que movilizar sus bases implique necesariamente quitar votantes a Meloni. De hecho, creo que esto último es muy difícil, y tampoco creo que sea la clave”, comenta. Esa piedra de toque no está tanto en esos giros ideológicos sino en el combustible que da fuerza al auge de la extrema derecha en toda Europa: el desencanto.

Y es que la desafección política en Italia es cada vez mayor. Forti recuerda que la participación en los comicios regionales ha bajado exponencialmente, colocándose entre un 41% y un 44%, cifras que ejemplifican el hastío de la población. A ello se le suma un estancamiento económico que ha destrozado los bolsillos de los italianos. “Para poner en perspectiva, en los últimos 20 años, en Italia la renta real ha disminuido un 4%, mientras que en España ha aumentado un 11%. La clase media es la gran perjudicada de esto, dando mucho margen a las opciones populistas para ganar votos. Pero ahora, con Meloni en el gobierno, si la situación económica de los italianos sigue empeorando, todo eso se le puede volver en contra”, comenta Noferini.

Para ponerle las cosas difíciles, insiste el profesor, la izquierda debe poner el foco no tanto en el tema ideológico sino más bien en los servicios públicos y en su fortalecimiento, sobre todo en un momento en el que estos están cada vez peor en Italia. “No creo que el italiano medio esté muy preocupado por las reformas de la justicia y la ley electoral que impulsa Meloni, sino por su bolsillo. En este sentido, será clave ver cómo reacciona la economía italiana al fin de los fondos de regeneración de la UE, ya que Italia es el país que más está recibiendo”, expone el investigador de la Universidad de Lucerna.

Ahora, tanto Noferini como él ven complicado que esa receta pueda darse en una coalición amplia. “Hay muchísimas diferencias entre los dos partidos, tanto en la forma de abordar el cambio climático, como en la reforma de la justicia o en política exterior. Por eso, veo muy complicado establecer una coalición que, si bien puede ser, se vea como una alternativa creíble a Meloni”, resume Noferini. Algo que a Canalejo le abre dos cuestiones: “La primera es si una coalición así podrá sostenerse a largo plazo, dadas las claras diferencias de base. La segunda tiene que ver con los ciudadanos descontentos con el Gobierno Meloni. La mayoría son de izquierdas, pero también hay muchos desencantados no politizados. La duda está en si esa lista conjunta puede movilizar a los insatisfechos, sobre todo con una candidata que para muchos sigue siendo vista como parte del establishment”, zanja.

La Iniciativa de Defensa Estratégica, conocida popularmente como "Guerra de las Galaxias", fue el vasto programa militar anunciado en 1983 por el entonces presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, destinado a proteger a su país de un eventual ataque nuclear. El escudo antibalístico basado en la investigación en láseres, nuevos misiles interceptores o satélites y radares de última generación invirtió en pocos años unos 30.000 millones de dólares de entonces y provocó una nueva carrera armamentística que la Unión Soviética no pudo seguir.

Hoy, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y los líderes de Estados miembros de Polonia, Suecia, Rumanía o Dinamarca evitan hablar de una guerra espacial pero apuestan decididamente por un escudo aéreo antidrones con el que la Unión Europea parece querer emular al Reagan de los 80, en una iniciativa europea cuyo coste está todavía por determinar pero que sumará miles de millones de euros.

La Comisión Europea y sus Estados miembros en la frontera oriental quieren desarrollar el muro antidrones en un par de años para su funcionamiento a pleno rendimiento a finales de 2028. Estaría compuesto de una red de sensores, radares y sistemas de interceptación distribuidos en diferentes países capaces de proteger el espacio aéreo del continente frente a drones externos considerados hostiles. Primero, en 2027, estaría operativo el muro para derribar las aeronaves no tripuladas y un año después todo el sistema de vigilancia integral.

Bruselas sostiene que “es necesario actuar con rapidez” para defender y disuadir en todos los dominios, sean tierra, mar, aire o ciberespacio, incluidas las carencias el sector de los drones y antidrones. Las necesidades totales de financiación, según cálculos de la Comisión Europea, ascenderían a 800.000 millones de euros, de ahí la cifra del programa ReArm.

Recientemente, el comisario europeo de Defensa, el lituano Andrius Kubilius, cifró un primigenio escudo antidrones solo para Polonia y los países bálticos que reforzase las baterías antiaéreas y radares ya existentes en 1.000 millones de euros. El monto para todo el continente, incluida Noruega o los Balcanes, sería muy superior. Bruselas recoge así los llamamientos desde los estamentos militares de diferentes Estados miembros. En Alemania, el jefe del Estado Mayor, el general Breuer, ha insistido en que “no hay alternativa” a la construcción en los próximos cinco a ochos años de una defensa antimisiles contra una “Rusia más agresiva”.

La visión en Bruselas es concebir el escudo antimisiles europeo como una iniciativa militar y también una afirmación estratégica de la autonomía de los 27 frente a los Estados Unidos, para garantizar que la disuasión en el espectro aéreo se sostiene con capacidades propias producidas dentro del ecosistema industrial del continente.

La italiana Leonardo, la francesa Thales, la alemana Rheinmetall, la española Indra o el consorcio aeronáutico Airbus, propiedad de Alemania, España y Francia, serían algunas de las grandes corporaciones beneficiadas, tractoras del ecosistema de empresas medias y pequeñas distribuidas por el continente. Los cálculos del Parlamento Europeo señalan que el ecosistema de la industria de defensa engloba a unas 2.000 multinacionales, compañías de medio tamaño y pequeñas empresas cuya facturación anual asciende a 70.000 millones de euros. 

Parte del pastel del escudo antimisiles europeo también recaería en empresas fuera de la UE como la británica BAE Systems o la noruega Kongsberg. De esta última recientemente Bélgica y Países Bajos anunciaron la compra de diez sistemas avanzados de defensa contra misiles Nasams por 2.500 millones de euros. La española SMS modernizará, según el contrato firmado en marzo, ese mismo tipo de baterías antiaéreas en servicio dentro de las Fuerzas Armadas españolas por cerca de 500 millones de euros.

SMS es el consorcio Sistema de Misiles de España que engloba a las empresas de defensa Sener, GMV, Instalaza y Escribano. Esta última es un fabricante de sistemas de artillería que está diseñando torres contra drones que serán equipadas en barcos de la armada o instalaciones militares. Instalaza es el fabricante aragonés especializado en lanzacohetes con productos suministrados a las tropas, por ejemplo, de Ucrania contra la invasión rusa.

Existe a nivel europeo otro consorcio liderado por la francesa Thales que confirma este jugoso negocio para las armamentísticas europeas. Bajo las siglas EISNET, con la participación de 23 socios industriales, centros de investigación e instituciones académicas de doce Estados miembros, inició su andadura hace casi un año frente a las amenazas de enjambres de drones o misiles hipersónicos, con financiación del Fondo Europeo de Defensa de la UE. Su aspiración es ganar contratos públicos nacionales o comunitarios para el desarrollo de radares, sistemas de sensores, centros de comunicación y datos, además de los misiles, torres de artillería o láseres de interceptación.

“Sería irresponsable si el escudo aéreo europeo no se construye rápidamente, especialmente para los países que no cuentan con la disuasión nuclear”, escribe Guntram Wolff, director durante una década del think tank bruselense Bruegel. Sin embargo, los obstáculos de un proyecto de tal magnitud, reconoce Wolff, son “el coste y la conjunción entre la velocidad de despliegue y los objetivos de política industrial en el sector de la defensa”. “La emisión de deuda de la Unión Europea podría superar estas cuestiones”, propone el economista alemán.

Financiar con deuda conjunta un proyecto semejante choca con la política tradicional de numerosos gobiernos europeos, los halcones de la austeridad como Alemania, Austria o Países Bajos, reacios a financiar conjuntamente con dinero de sus haciendas iniciativas continentales. La solución a la guerra de las galaxias europea llegará desde los presupuestos de la UE a costa del gasto regional, en la lucha contra el cambio climático o a la agricultura. Y se sustentará en partidas como el Programa Europeo de la Industria de la Defensa, EDIP, pactado el 15 de octubre entre la Comisión, los 27 y el Parlamento Europeo. 

Dentro de la Eurocámara pocas las voces se han alzado contra este escudo. El grupo de La Izquierda considera que “es una iniciativa que pretende lanzar la creciente carrera armamentística que vive en su seno Europa a costa del gasto social y climático”, mientras parte de Los Verdes se han puesto de perfil y, como la eurodiputada alemana Hannah Neumann, miembro del Comité de Defensa y Seguridad, hablan de que “un muro antidrones no nos protegerá de los ciberataques ni ayudará a la defensa aérea o a la producción de municiones”.

La militarización de la UE sí está en el epicentro de las críticas de la bancada de La Izquierda. Así lo señala el eurodiputado alemán de Die Linke, Özlem Demirel al denunciar que “con el EDIP la política industrial de la UE se va a convertir en la extensión de la industria militar”. Con la experiencia de su país, que sólo tras la invasión rusa de Ucrania aparcó las décadas de apaciguamiento que siguieron a la Segunda Guerra Mundial, Demirel señala que “el armamento y las capacidades militares son lo contrario a la seguridad, como la historia europea nos ha enseñado”. 

Marc Botenga, del Parti du Travail de Belgique, advierte que el EDIP es “un programa industrial que ata nuestras futuras economías a la guerra sacrificando las inversiones sociales al dirigir dinero público hacia los fabricantes de armas”. Mientras, las críticas en algunos Estados miembros al muro antidrones no son a su concepción por el ingente desembolso de fondos europeos. En la reciente Cumbre de Copenhage las voces discrepantes, como la italiana Giorgia Meloni o el griego Kyriakos Mitsotakis, ambos en la bancada de la derecha o ultraderecha, se centraron en exigir que beneficie al conjunto de la UE, también la frontera sur mediterránea. Una postura compartida por el Gobierno español, porque así lo emplearían para el control de la migración irregular.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, han celebrado este jueves el acuerdo alcanzado entre Israel y Hamás sobre el plan de paz para Gaza.

Sánchez en un mensaje en X ha confiado en que éste sea el comienzo de una paz justa y duradera y ha subrayado que "ahora toca dialogar, asistir a la población civil y mirar al futuro". "Con esperanza, pero también con justicia y con memoria para que las atrocidades vividas no se vuelvan a repetir jamás", ha deseado el jefe del Ejecutivo.

También en X, el presidente del PP ha destacado que el plan de paz "parece que empieza a dar frutos" y el alto el fuego y la liberación de rehenes y presos avanzan. En este sentido, ha advertido de que el plan debe cumplirse en su totalidad con la convicción de que "el acuerdo y la paz son posibles".

Israel y Hamás firmaron el miércoles la primera fase del acuerdo de paz para Gaza según el plan del presidente estadounidense, Donald Trump, que incluye la liberación de rehenes y el repliegue de tropas israelíes. Los primeros puntos contemplan el cese de la ofensiva israelí sobre la Franja y la liberación de los 48 cautivos en Gaza, que se producirá -según dijo Trump- el lunes, a cambio de 1.950 presos palestinos.

El acuerdo propone el desarme del grupo islamista, la retirada de Israel del enclave hasta una línea pactada y la formación de un Gobierno de transición en Gaza, con vistas a negociar un Estado palestino, un punto que rechaza el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha dicho que el acuerdo entre Israel y Hamás es "el primer paso", pero ha instado a impulsar ahora un proceso de paz "real y justo" a través de una conferencia internacional bajo el patrocinio de la ONU.

En un desayuno informativo celebrado este jueves en Madrid, la líder de Sumar en el Gobierno de coalición se ha referido al plan de paz para Gaza, que han acordado firmar esta madrugada Israel y Hamás en Egipto, y ha comentado que el alto a fuego es "el primer paso para terminar con la mayor atrocidad cometida en el siglo XXI".

"Pero creo que ahora toca un proceso de paz que sea real y justo, y en el que el propio pueblo palestino sea quien decide su futuro (...) y eso solo será posible con una conferencia internacional bajo el patrocinio de las Naciones Unidas", ha añadido.

La propia Díaz propuso hace unos días la celebración de esta conferencia internacional de paz en Madrid y ha señalado que el miércoles contactó con la relatora de la ONU para Palestina, Francesca Albanese, y ya se ha puesto a trabajar con ella para que esta iniciativa "se materialice".

Además, ha instado a Europa a "moverse" y no mirar hacia otro lado ante catástrofes como la de Gaza ya que, en su opinión, la Unión Europea "tiene que tener política propia, tiene que tener voz propia con principios y tiene que recobrar aquel origen del proyecto europeo basado en la paz, en la seguridad y en la humanidad".

Por otro lado, Díaz ha celebrado la reciente convalidación del decreto ley para el embargo de armas a Israel, con la votación el miércoles en el pleno del Congreso, pero ha dicho que no basta con "dejar de vender armas, hay que desmantelar la economía del genocidio".

El presidente palestino, Mahmud Abás, celebró el acuerdo asegurando que espera que permita una solución política permanente al conflicto palestino-israelí, recogió la agencia oficial de noticias palestina, Wafa.

Abás expresó su "esperanza" ante una solución al conflicto que ponga fin a la ocupación israelí de los territorios palestinos y permita el establecimiento de un Estado palestino con Jerusalén Este como capital y basado en las fronteras definidas en 1967.

Además, el presidente palestino aprovechó el comunicado, recogido por Wafa, para reivindicar que la soberanía de la Franja de Gaza pertenece al Estado de Palestina (junto a Cisjordania y Jerusalén Este), y llamando a quesea un "comité administrativo palestino unificado y de fuerzas de seguridad palestino" el que trabaje en su cohesión.

Gaza está gobernada por Hamás desde que, en 2007, los islamistas echaran a Fatah (presidido por Abás y la fuerza principal de la Autoridad Nacional Palestina, que gobierna parte de Cisjordania) de la Franja tras ganar las últimas elecciones legislativas palestinas.

Abás reivindicó así el rol de la Autoridad Nacional Palestina (a la que se refiere en el comunicado como el Estado de Palestina) en la Gaza de la posguerra, comprometiéndose a trabajar con los mediadores y los "socios pertinentes" para garantizar "la estabilidad y una paz duradera y justa de conformidad con el derecho internacional".

La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, acogió con satisfacción este jueves el acuerdo alcanzado entre Israel y Hamás sobre la primera fase del plan de paz para Gaza impulsado por Estados Unidos, y pidió a todas las partes cumplir "plenamente" los términos del pacto.

"Acojo con satisfacción el anuncio de un acuerdo para asegurar un alto el fuego y la liberación de los rehenes en Gaza, basado en la propuesta presentada por el presidente de Estados Unidos", escribió la política alemana en sus redes sociales.

También elogió los "esfuerzos diplomáticos" de Estados Unidos, Catar, Egipto y Turquía "para lograr este avance", y dijo sentirse alentada por el apoyo del Gobierno israelí y la Autoridad Palestina al acuerdo.

"Ahora, todas las partes deben cumplir plenamente los términos del acuerdo. Todos los rehenes deben ser liberados de forma segura. Debe establecerse un alto el fuego permanente. El sufrimiento debe terminar", subrayó.

Agregó que la Unión Europea seguirá apoyando "el rápido y seguro reparto de ayuda humanitaria en Gaza".

"Cuando llegue el momento, estaremos preparados para ayudar con la recuperación y la reconstrucción", expuso.

"La oportunidad de hoy debe aprovecharse. Es la oportunidad de forjar una senda política creíble hacia una paz y seguridad duraderas. Una senda anclada firmemente en la solución de dos Estados", transmitió.

Por su parte, la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, publicó también en redes sociales que tras 733 "largas noches, se acordó hace unas horas en El Cairo un pacto que permitirá liberar finalmente a los rehenes restantes y un alto el fuego en Gaza".

Asimismo, aplaudió los esfuerzos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, así como del propio país norteamericano, Egipto, Catar y Turquía "para alcanzar este punto". "Ahora debe respetarse e implementarse", resaltó.

Señaló que el de ahora es "un momento crucial para la paz y la renovación en Oriente Medio".

"Abre una senda que podría finalmente poner fin al ciclo intergeneracional de violencia, sufrimiento y terror que ha asolado la región. Esto da esperanza a todos aquellos en Gaza que buscan un futuro pacífico y a las familias de los rehenes que todavía se consumen en los túneles de Hamás", comentó, y apuntó que la paz "es posible".

El primer ministro británico, Keir Starmer, celebró el acuerdo y pidió que se aplique "sin demora" y se levanten "de inmediato" las restricciones a la ayuda humanitaria para la Franja.

"Este es un momento de profundo alivio que se sentirá en todo el mundo, pero especialmente para los rehenes, sus familias y la población civil de Gaza, que han soportado un sufrimiento inimaginable durante los últimos dos años", afirmó en un comunicado emitido durante una visita oficial a la India.

"El acuerdo debe aplicarse en su totalidad, sin demora, y venir acompañado del levantamiento inmediato de todas las restricciones a la ayuda humanitaria vital para Gaza", subrayó.

El líder laborista expresó su gratitud por los "incansables esfuerzos diplomáticos" de Egipto, Catar, Turquía y Estados Unidos, apoyados por socios regionales, para alcanzar "este crucial primer paso".

Starmer instó además a que "todas las partes cumplan los compromisos asumidos, pongan fin a la guerra y sienten las bases para una paz justa y duradera".

"El Reino Unido apoyará estos pasos inmediatos y la siguiente fase de conversaciones para garantizar la plena aplicación del plan de paz", añadió.

El ministro de Exteriores de Italia, Antonio Tajani, consideró una "óptima noticia" el primer acuerdo entre Israel y el grupo islamista Hamás para pacificar Gaza y ofreció al Ejército italiano para una eventual fuerza de paz.

"Desde Oriente Medio llegan óptimas noticias. La paz está cerca", celebró el jefe de la diplomacia italiana en la red social X.

Tajani apuntó que "Italia siempre ha apoyado" los planes de Trump, de quien la primera ministra Giorgia Meloni es una de sus aliadas en Europa.

"Italia está preparada para consolidar el alto el fuego, hacer que lleguen nuevas ayudas humanitarias y participar en la reconstrucción de Gaza", apuntó el ministro y también vicepresidente.

Asimismo, avanzó la disponibilidad de Roma para "enviar soldados en caso de creación de una fuerza internacional de paz para reunificar Palestina".

Por su parte, la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ha agradecido a Donald Trump "abrir el camino" hacia una paz en Gaza propiciando el acuerdo entre Israel y los islamistas de Hamás.

"El acuerdo alcanzado en Egipto para la aplicación de la primera fase del Plan de Paz del presidente Trump es una extraordinaria noticia que abre el camino a un alto el fuego en Gaza, la liberación de todos los rehenes y el retiro del Ejército israelí de las líneas concordadas", aplaude la mandataria en un comunicado.

Meloni, una de las principales aliadas de Trump en Europa, le agradece por "haber buscado incesantemente el final del conflicto en Gaza", así como a mediadores como Egipto, Catar y Turquía por "sus esfuerzos cruciales" para que el plan prospere, apunta. El acuerdo "ofrece una oportunidad única" para lograr la paz, según Meloni.

"Esta posibilidad debe ser absolutamente acogida y, por eso, exhorto a todas las partes a respetar plenamente las medidas ya concordadas y a trabajar para dar rápidamente los pasos sucesivos del plan de paz", animó.

Meloni también avanzó la disponibilidad de Italia para "respaldar los esfuerzos de los mediadores" y dar su aportación "a la estabilización, reconstrucción y desarrollo de Gaza".

"Italia está preparada para consolidar el alto el fuego, hacer que lleguen nuevas ayudas humanitarias y participar en la reconstrucción de Gaza y para enviar militares en caso de creación de una fuerza internacional de paz para reunificar Palestina", escribió en X.

La Yihad Islámica Palestina asegura que el acuerdo de alto el fuego en Gaza "no es un regalo de nadie", atribuyendo a la lucha armada de las milicias en el enclave la consecución de la tregua.

"El acuerdo de alto el fuego y el intercambio de prisioneros con el enemigo sionista no fueron un regalo de nadie. Si bien no negamos los esfuerzos árabes e internacionales, destacamos los enormes sacrificios realizados por nuestro pueblo palestino y el coraje y la valentía de sus combatientes sobre el terreno", recoge el comunicado.

La Yihad Islámica Palestina, al igual que el brazo armado de Hamás (las Brigadas Al Qasam) ha mantenido cautivos a algunos de los 251 rehenes que fueron secuestrados en el ataque del 7 de octubre de 2023, y en el que las milicias gazatíes mataron además a casi 1.200 personas en territorio israelí.

Israel y Hamás pactaron anoche la fase inicial del alto el fuego en la Franja de Gaza, tras las negociaciones en Sharm al Sheij bajo la mediación de Egipto, Catar, Estados Unidos y Turquía.

Según el diario The Times of Israel, tanto la Yihad Islámica Palestina como el Frente Popular para la Liberación de Palestina tomaron parte también en las conversaciones.

Estas fases iniciales de la tregua implican la inminente retirada del Ejército de Israel hasta una "línea amarilla" demarcada por Estados Unidos, que conforma un perímetro de una profundidad de unos 1,5 kilómetros en su parte más estrecha y 6,5 en la más amplia desde la divisoria entre Israel y Gaza.

Las tropas israelíes, que ya han iniciado los preparativos para su retirada, tendrán que retroceder hasta esta marca antes de que los rehenes sean liberados.

Según el diario israelí Haaretz, los 20 cautivos vivos pueden salir de Gaza entre el sábado y el domingo, mientras que Trump anunció que todos (incluyendo los muertos) estarán fuera del enclave el lunes. La retirada permitirá a Hamás localizar a todos los rehenes antes de liberarlos, encontrándose estos en manos de distintos grupos, recoge Haaretz.

Una vez sean liberados los rehenes, Israel tendrá que poner en libertad a unos 1.950 prisioneros palestinos (250 condenados a cadena perpetua y unos 1.700 detenidos de Gaza), aseguró a EFE una fuente de Hamás.

El presidente francés, Emmanuel Macron, cree que el acuerdo supone una "inmensa esperanza" para todas las partes, e instó a respetar "estrictamente" los términos del pacto.

El pacto supone "una inmensa esperanza para los rehenes y sus familias, para los palestinos de Gaza, para la región", dijo Macron en un mensaje en sus redes sociales.

El jefe del Estado francés acogió con "satisfacción" el acuerdo alcanzado anoche para la liberación de los rehenes y el alto el fuego en Gaza, y los esfuerzos del presidente Trump, así como de los mediadores cataríes, egipcios y turcos, para lograrlo. 

Macron instó a las partes a que respeten "estrictamente sus términos", al tiempo que subrayó que este acuerdo "debe marcar el fin de la guerra y la apertura de una solución política basada en la solución de dos Estados". Y reiteró que Francia está dispuesta a contribuir a este objetivo, que precisamente se debatirá esta tarde en París con sus socios internacionales. 

Francia celebra este jueves en París una conferencia ministerial para abordar "el día después" de la guerra en Gaza y cómo "hacer operativo" un Estado palestino tras un eventual acuerdo de alto el fuego, a la que asistirán, entre otros, la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas, así como ministros de países árabes y europeos, entre ellos el español José Manuel Albares. 

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, celebró este jueves en sus redes sociales el acuerdo de paz auspiciado por el presidente estadounidense, Donald Trump, para poner fin a la guerra en Gaza, y expresó su esperanza en que un compromiso similar pueda lograrse también para que termine el conflicto en Ucrania.

"Es importante que la perspectiva de establecer una paz duradera en Oriente Medio está más cerca de conseguirse. Esto es importante no sólo para la región, sino para todo el mundo. Se está avanzando en un acuerdo que puede ayudar a todos. Si la violencia y la guerra se detienen en una parte del mundo, la seguridad global se incrementa para todos", escribió Zelenski.

El presidente ucraniano dio las gracias a Trump por propiciar el acuerdo y dijo que espera que los rehenes israelíes en manos de Hamás en Gaza sean liberados. Al mismo tiempo, agregó que confía que "no haya más víctimas en Gaza" entre los palestinos.

"Y esperamos que los esfuerzos globales sean de la misma forma suficientes para lograr paz real para nuestro país, en nuestra región", dijo Zelenski.

El presidente ucraniano cerró su mensaje diciendo que Rusia "sigue siendo la principal fuente de guerra y terrorismo en el mundo" y abogó por "presión internacional" adicional para forzar al Kremlin a aceptar una paz duradera y con seguridad para la región.