Hace más de una década que la Xunta viene reconociendo derechos y prestaciones a bebés aún no nacidos. Pero no para obtener plaza en una escuela infantil. Para acceder al centro que más convenga a cada familia es mejor nacer antes de que se abra en primavera, entre marzo y abril, el plazo ordinario de solicitud, porque los que nacen después quedan condicionados a que quede alguna plaza libre aunque las necesidades de conciliación sean mayores que las de los nacidos antes. La Valedora do Pobo ha pedido a la Xunta "evitar la discriminación derivada del mes de nacimiento", que se mantiene incluso en cursos sucesivos, y ahora acaba de dejar constancia de que la Consellería de Política Social "no acepta" su recomendación.

La normativa de adjudicación de plazas en las escuelas infantiles de la Xunta establece que para cada curso que comienza en septiembre las solicitudes deben realizarse en un período ordinario que se abre cada año en primavera, entre marzo y abril. Las peticiones formuladas en ese momento se bareman según distintos criterios, como si trabajan uno o dos progenitores, la renta familiar o si ya hay hermanos en el centro. Pero no se puede pedir plaza para un hijo aún no nacido, y el que nace después de ese plazo debe formular una petición extraordinaria condicionada a que aún queden plazas.

La Valedora do Pobo viene recibiendo diversas quejas sobre esta cuestión, y así lo reflejó en su último informe anual, en el que constató que "la consecuencia práctica es que la fecha de nacimiento es determinante en la posibilidad de obtener plaza de nuevo acceso, pasando a un segundo plano las necesidades reales de conciliación de los progenitores". Además, añadía, "penaliza a los niños nacidos fuera del período ordinario de solicitud en sus expectativas de acceso el siguiente curso, ya que en las aulas 1-2 [el segundo curso de las escuelas infantiles tras el 0-1] se da prioridad a las renovaciones de matrícula de los niños que ya están escolarizados y a sus hermanos".

Es decir, nacer en mayo no solo dificulta tener escuela infantil cuando comience el siguiente curso en el mes de septiembre, sino que también condiciona para obtener plaza en cursos posteriores, porque tendrán preferencia los niños que ya hayan entrado en esa escuela aunque las necesidades de conciliación fuesen menores. Además, como la edad mínima para comenzar en la escuela infantil es de 3 meses, quien naciendo después de primavera consigue plaza de forma extraordinaria se ve instado a ocuparla cuanto antes para no perderla, lo que lleva a tener que llevar al niño al centro siendo muy pequeño aunque los actuales permisos de paternidad duren más meses.

Tras recoger la preocupación de las familias en su último informe anual, ahora la Valedora do Pobo acaba de hacer pública una recomendación expresa que formuló a la Consellería de Política Social tras recibir quejas de varias familias sobre esa cuestión. Y deja constancia de que su recomendación fue "no aceptada".

La resolución de la Valedora detalla que, tras recibir las quejas, requirió información a la consellería, que explicó que "esta es una cuestión singular de esta etapa educativa no obligatoria, que no se produce en el resto del sistema educativo pero en la que no hay margen de previsión". Según la Xunta, "si se reservasen plazas para solicitudes de niños no nacidos se estaría perjudicando a otras familias que ya cumplen los requisitos, lo que sería una gestión inadecuada de un recurso público".

En cuanto al hecho de que el mes de nacimiento condicione también obtener plazas en siguientes cursos, la resolución de la Valedora recoge el argumento de la Xunta de que "en las aulas 1-2, lógicamente se da prioridad a las renovaciones de matrícula" y que "lo contrario supondría dejar fuera de una escuela infantil a una familia que ya está escolarizada en la misma".

Esas explicaciones de la Xunta no acabaron de convencer a la Valedora, que considera que "esta garantía de permanencia" de los niños que ya están en un centro para años posteriores, aunque queden fuera otros con más necesidades, "es específica de la educación en los niveles obligatorios pero debería revisarse su conveniencia en la normativa de las escuelas infantiles 0-3".

La Valedora recoge que "la justificación de no admitir las solicitudes de personas gestantes para los bebés no nacidos en el período ordinario radica en optimizar el recurso y conceder las plazas a las personas solicitantes que cumplen los requisitos". "Sin embargo", añade, "resulta preciso que la Administración adopte las medidas necesarias para evitar esta diferencia de trato en los casos de nuevo acceso en los que la fecha de nacimiento del bebé determina una exclusión" de los recursos de conciliación.

"Las posibilidades son varias y deben ser analizadas en el contexto del funcionamiento de las escuelas partiendo de la base de que el hecho de nacer en un determinado período del año no puede suponer ventajas o desventajas para acceder el segundo año a la escuela infantil en el nivel 1-2", concluye la resolución de la Valedora.

La recomendación final emitida tras todas las quejas recibidas fue que Política Social "adopte todas las medidas necesarias para evitar la discriminación de los niños en el acceso a las escuelas infantiles 0-3 derivada del mes de su nacimiento, eliminando cualquier circunstancia ajena a los aspectos que son tenidos en cuenta en la baremación para acceder a este recurso público" y "que se estudie eliminar la garantía de permanencia en esta etapa volviendo a baremar en la etapa 1-2 todas las solicitudes para garantizar el acceso preferente de los niños en las familias en que ambos progenitores trabajen". Tras esa resolución, ahora la Valedora deja constancia de que la Xunta "no acepta" su recomendación.

Una reformulación como la que pide la Valedora implicaría cambios complejos en el sistema público de escuelas infantiles cuando la política de la Xunta para ese ámbito es la de potenciar los centros concertados, con la gratuidad de los privados vía subvención. Una política de apuesta por las plazas privadas subvencionadas que se ratificó con la renuncia de la Xunta a 22 millones de euros del Estado para crear nuevas plazas públicas.

Frente a esta recomendación no aceptada, la Xunta sí aceptó, y ya aplica, otra recomendación de la Valedora referente a la baremación de familias con incapacidad de uno de los progenitores. Como las escuelas infantiles están pensadas para la conciliación, la Xunta puntúa más a las familias en las que los dos progenitores trabajan. Pero no tenía en cuenta que uno de los progenitores tuviese una discapacidad y, por lo tanto, no pudiese cuidar del menor. En ese caso lo que contaba era que uno de los dos, el discapacitado, no trabajaba, aunque no pudiese cuidar del niño, y la puntuación recibida era menor.

La Valedora recomendó a la Xunta que "se otorgue la misma puntuación que a los progenitores que estén trabajando a aquellas situaciones de incapacidad permanente absoluta y gran invalidez, en todos los casos". Esa recomendación sí fue aceptada por la Xunta y ya fue aplicada en la convocatoria de plazas de este año.

Teresa tiene 94 años, sufre alzhéimer y lleva 10 años en la residencia Domusvi Albufera, en Vallecas. Entró primero solo en el centro de día; más tarde ocupó una plaza privada y, desde hace cinco años, se encontraba en una de las 35 plazas concertadas que oferta el centro desde 2022. Este 1 de julio, ella y otras 16 personas de esta residencia tendrán que abandonar sus plazas por la entrada en vigor del nuevo acuerdo marco entre la Comunidad de Madrid y las residencias privadas, que establece el número de plazas concertadas asignadas a cada centro privado. 

Han pasado cuatro años desde el último acuerdo y el nuevo texto redefine ese reparto, ya sea por una decisión económica del propio centro o porque la Comunidad de Madrid entienda que no necesita tantas plazas. Aunque el saldo final arroja un número mayor de plazas concertadas adjudicadas en comparación con 2022, los cambios obligan a eliminar plazas que ya estaban ocupadas, sin contar con la opinión ni las preferencias de los afectados. 

Desde la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales indican que, con esta nueva firma, solo han quedado afectados 95 residentes, de los que 81 han solicitado traslado a otros centros que ofrecen plazas concertadas y otras 14 han permanecido en su residencia, pagando una plaza privada con la ayuda del cheque residencia que ofrece la Comunidad de Madrid, pero infoLibre ha podido constatar que la cifra de ancianos afectados por esta situación superaría el centenar.

Sumadas a las 17 de la Albufera, se han eliminado la totalidad de las 35 plazas de la residencia Solsalud por haber quedado fuera de este acuerdo, otras 35 en la residencia Rafael Alberti y 30 en Sanitas La Florida, hasta alcanzar un total de 117. La cifra podría ser más elevada debido a familiares o residencias que no quieren pronunciarse sobre el tema. Preguntada sobre esta nueva cifra, la Comunidad de Madrid mantiene las 95 personas afectadas y asegura que, “en cuanto se adjudicó [el nuevo acuerdo marco], dejaron de cubrirse esas plazas”.

Aquí entra una práctica que han denunciado varios de los familiares de afectados: las residencias les explicaron antes del 17 de junio –fecha en la que el nuevo acuerdo marco fue autorizado– que se iban a eliminar sus plazas y que se buscaran alternativas, dejando así a muchos afectados fuera de la cifra final antes de que la medida fuera oficial. “El 27 de mayo nos reunieron a las familias para darnos una noticia importante y nos contaron que se eliminaban 20 plazas concertadas, que en realidad son 17, porque tres de los residentes ya habían fallecido”, denuncia la hija de Teresa, Mari Tere, sobre el caso de la Albufera en conversación con infoLibre.

"El único parámetro que han tenido en cuenta para decidir a quién echar ha sido la antigüedad con la que tenían la plaza concertada, sin valorar el arraigo, la condición física y mental o si realmente quieren quedarse o irse”, añade. infoLibre ha contactado con la residencia de DomusVi Albufera, pero no ha querido hacer comentarios ni valoraciones sobre estos hechos.

"¿Cómo puedes reorganizar toda tu vida en 30 días? En el centro ya tenía una rutina, una vida hecha. Era como su familia y ahora se va a encontrar en un sitio que no conoce, con gente nueva y con una rutina diferente. Va a dejar de comer y dormir", lamenta. En este caso, la familia dispone además de un informe médico que desaconseja expresamente el traslado por el deterioro cognitivo de la residente. Sin embargo, Mari Tere asegura que ni la empresa gestora ni la Administración han tenido en cuenta esa circunstancia. "Ni DomusVi ni la Comunidad de Madrid han luchado, no han querido ver cómo les puede afectar. Para ellos solo somos un número".

La hija de la residente afectada también denuncia la falta de información durante todo el proceso. Forma parte del Consejo de Familia de la residencia y asegura que nunca se les trasladó que el centro fuera a reducir las plazas concertadas hasta pocas semanas antes de la entrada en vigor del nuevo acuerdo. "En el último acuerdo pidieron 35 plazas porque no las tenían todas cubiertas, pero ahora les sale más rentable tenerlas privadas y simplemente prescinden de ellas. Tendrían que asumir el riesgo", lamenta.

Una vez se informa a los residentes de que su plaza va a ser eliminada, se les ofrecen dos opciones: el traslado a otra residencia privada que tenga plazas concertadas libres o permanecer en el mismo centro, pero con una plaza privada y con la ayuda de un cheque residencia. En el caso de Teresa, la familia ha decidido aceptar el traslado, porque el cheque que ofrece la Comunidad de Madrid es de tan solo 740 euros, mientras que el coste de la plaza privada alcanza los 3.100 euros con IVA. 

Desde Marea de Residencias describen este cheque como un “chantaje”. “Para aquellas familias que, por motivos de salud extrema o arraigo psicológico de su familiar, se niegan a un traslado traumático, la única alternativa legal para que la persona afectada permanezca en su misma residencia es aceptar este cheque. Al hacerlo, el residente pierde la plaza pública y pasa a ser un cliente privado de la empresa”, denuncia la plataforma. 

La decisión del traslado es la misma que ha tomado María José sobre su madre, de 93 años, que sufre deterioro cognitivo, trastornos psiquiátricos, problemas cardíacos e importantes limitaciones de movilidad, y llevaba ya dos años en la residencia de la Albufera. "Nos dieron dos opciones de residencia, una en Vallecas y otra en Carabanchel. También nos indicaron que si había alguna otra residencia privada que nos gustara o tuviéramos cerca, se podía ver. Por esa parte sí que nos facilitaban todo el tema del traslado", explica.

Sin embargo, asegura que el problema no es la logística, sino el impacto emocional y sanitario del cambio. "Estamos con muchísima presión y con mucha angustia. Mi madre me ha dicho más de una vez que si la sacan de este centro se va a tirar por una ventana. Yo quiero pensar que no lo dice en serio, pero me preocupa mucho. Como se desequilibre, sumado a sus problemas de corazón, puede ser terrible", denuncia.

"Los médicos saben perfectamente que cuando ingresan a una persona en un hospital se desubica, que no parecen ellos mismos, pierden incluso memoria, se desorientan. Eso nos preocupa muchísimo, que pierdan sus referencias de espacio y de personas. Otra residente nos decía el otro día: '¿Os vais a ir todas?'", relata.

Existen varios estudios que han tratado este tema y que describen que la reubicación de personas mayores en residencias puede generar estrés por traslado, con problemas concretos como aumento de la ansiedad y la depresión, especialmente en residentes de larga estancia y con distinto grado de deterioro cognitivo. A esto se suman cambios en los dominios funcionales, cognitivos, conductuales y emocionales tras el traslado de una residencia a otra. 

Un estudio de la Universidad de Michigan encontró criterios de trauma por transferencia en alrededor del 30% de residentes trasladados en 2018 y 2019. Además, una revisión de 28 estudios sobre reubicación involuntaria señala que “la falta de preparación, la escasa información y las dificultades de comunicación con las familias pueden empeorar la adaptación, mientras que la preparación previa y la participación familiar tienden a favorecer el bienestar”. 

Esta falta de preparación es la que también denuncia Pepa. Su madre, de 97, años va a tener que abandonar el centro de la Albufera tras cuatro años en él. Describe que tiene la cabeza bien “a ratos” y se mueve en silla de ruedas. “No depende totalmente de una persona todo el rato, pero ya son 97 años", explica.

La familia ha aceptado finalmente el traslado a una residencia de Carabanchel, ya que el cheque residencia era una opción que consideran inviable. "Con el cheque residencia, al final tienes que pagar 2.800 euros y a mi madre no le llega la pensión. Es verdad que tiene tres hijos, pero tampoco nos podemos permitir ese dinero", asegura.

Más allá del coste económico, insiste en que el problema principal está en el vínculo construido durante estos años. "Ella está muy a gusto, dice que esto ya es su casa, y además es un centro que está a dos minutos de mi casa, por lo que para mí también era muy cómodo. Nos tenemos que ir el 1 de julio y ella no se encuentra en condiciones de estar de aquí para allá”, relata.

Las tres familiares comparten una misma sensación de “desesperación, rabia e impotencia. Impotencia de no poder hacer nada. Aquí lo único que les mueve es el dinero". "Ya con nosotros no se puede hacer nada, pero espero que se pueda hacer algo con los que vienen después. Pero mientras haya dinero de por medio, es imposible", concluye Pepa, poniendo ya la mirada en el próximo acuerdo marco que se tendrá que firmar en unos tres años, dependiendo de las prórrogas que se apliquen.

Juanma Moreno afronta este martes la primera votación de su investidura como presidente de la Junta de Andalucía sin demasiadas esperanzas. El líder del PP quiso acelerar el calendario desde el primer momento aprovechando los casos de corrupción que afectan al Gobierno de Pedro Sánchez y reclamó una investidura "cuanto antes". El presidente del Parlamento, el popular Jesús Aguirre, fijó el debate para los días 29 y 30 de junio pese a que las negociaciones con la extrema derecha seguían abiertas y sin acuerdo.

La decisión convirtió el debate de investidura en un instrumento de presión política. El PP confiaba en que la proximidad de la votación obligaría a la extrema derecha a cerrar un pacto de última hora que evitara una imagen de bloqueo y el riesgo de una repetición electoral. Sin embargo, el cálculo no ha surtido efecto, al menos por ahora. Los conservadores llegan este martes a la primera votación dos escaños por debajo de la mayoría absoluta —53 diputados frente a los 55 necesarios— y con la negativa expresa de Vox, PSOE, Adelante Andalucía y Por Andalucía. Los 15 diputados de la formación de Abascal son claves para obtener esa mayoría. 

Durante las últimas semanas ambas formaciones han mantenido conversaciones discretas, con reuniones alejadas de los focos y un notable hermetismo. Moreno insistió incluso el pasado viernes en que seguiría negociando "hasta el último minuto", admitiendo públicamente que todavía no existía ningún acuerdo cerrado. El barón andaluz en funciones situó a la extrema derecha ante la presión de elegir entre permitir su investidura o empujar a Andalucía a una repetición electoral. En Vox sospechan que ese es precisamente el objetivo de Moreno: culparles del bloqueo para forzar una repetición electoral con la que aspirar a la mayoría absoluta.

Con todo, el discurso que enarboló el presidente andaluz este lunes estuvo diseñado para no dinamitar la negociación con Vox, aunque tampoco asumió sus principales banderas. El conservador responsabilizó al resto de grupos de un eventual bloqueo y evitó asumir dos de las principales exigencias de la extrema derecha: la llamada “prioridad nacional” en el acceso a ayudas públicas y vivienda, y un endurecimiento de la política migratoria.

Por su parte, desde la dirección nacional del PP se quiso trasladar este lunes un mensaje de respaldo a la estrategia seguida por Moreno. El portavoz nacional del partido, Borja Sémper, defendió que el presidente andaluz ha presentado un proyecto "centrado, reformista y de estabilidad" y evitó presionar públicamente a Vox, aunque apeló a su "responsabilidad" para impedir un escenario de bloqueo institucional. En Génova insisten en que corresponde ahora a los de Abascal decidir si facilitan un gobierno del PP o fuerzan una repetición electoral, y sostienen que únicamente se inmiscuirán en la negociación, como ha ocurrido en las anteriores negociaciones, si afecta a asuntos de política nacional fuera del “acuerdo marco”.

Lejos de facilitar la investidura, la formación ultra ha aprovechado la necesidad parlamentaria del PP para elevar el precio del acuerdo. La formación de Santiago Abascal reclama un pacto programático de legislatura con compromisos concretos en materias identitarias y migratorias, además de garantías de estabilidad para toda la legislatura. Y ya anticipa que este martes votará en contra de la investidura. “En primera [votación], no; y en segunda me parece que no”, señaló el portavoz nacional, José Antonio Fúster. “Que siga por ese camino y saldrá elegido en tercera, cuarta, quinta o nunca”, añadió.

A los ultras les molestó que el candidato del PP evitara asumir su “prioridad nacional” y políticas más duras contra la migración irregular, dos de las líneas rojas que la extrema derecha viene imponiendo en otros acuerdos territoriales. El portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, se quejó de ese "olvido voluntario" por parte de Moreno: “No reconoce que hay un problema con la inmigración”, señaló.

Ese equilibrio consistente en mantener un perfil ‘moderado’ sin romper la negociación con Vox explica buena parte de la estrategia del PP andaluz. Moreno necesita los votos de la extrema derecha, pero trata al mismo tiempo de evitar aparecer como un dirigente condicionado por su agenda ideológica, aunque en Génova reconocen que, llegado el momento, le tocará ceder. El mensaje del presidente andaluz, centrado en estabilidad y gestión, no ha servido para desbloquear la negociación, sino que ha permitido a Vox justificar su portazo y elevar todavía más el precio de una eventual abstención o apoyo en segunda votación el próximo jueves.

El PP confía en que el margen de negociación de las próximas horas permita cerrar un acuerdo que salve la investidura. Vox, de momento, mantiene la presión y recuerda que sus votos no serán gratuitos. La formación ultra ya apunta incluso a un horizonte más amplio, recordando que el plazo para investir presidente concluye el 30 de agosto, dos meses después de la primera votación. La precipitación del calendario, lejos de resolver el bloqueo, ha dejado al descubierto el delicado equilibrio sobre el que Moreno aspira a construir su tercer mandato.

A esto se le añade que, durante las celebraciones del Orgullo de este fin de semana en distintas ciudades andaluzas, numerosos asistentes respondieron con abucheos y consignas críticas hacia Vox, en un contexto marcado por el endurecimiento del discurso del partido contra las políticas LGTBIQ+ y de igualdad, en las que incluso se pudo ver alguna imagen de Abascal decapitado. “No, no es una fiesta, ni una reivindicación. Es una exhibición de odio que roza el delito. Y como siempre con dinero público, porque serían incapaces de organizarse sin que tengamos que pagarles la fiesta. Les cortaremos el grifo de la subvención”, señaló la cuenta oficial del partido en Sevilla.

Su portavoz en el consistorio, Gonzalo García de Polavieja, difundió un vídeo en el que pregunta por el presupuesto que le asigna el Ayuntamiento a "un mes de actividades del colectivo homosexual que han concluido con cuatro días de fiesta y desmadre". La ultraderecha defendió que, si aumenta su influencia institucional, pondrá fin a las subvenciones públicas destinadas a este tipo de celebraciones y entidades vinculadas al movimiento LGTBIQ+, reforzando así uno de los ejes culturales de su negociación con el PP. 

“Hay que acabar con la financiación pública de los colectivos LGTBIQ+, absolutamente ideologizados, pues los recursos del Ayuntamiento se deben destinar a servicios esenciales como la limpieza, la seguridad, la movilidad o la ayuda a las familias y colectivos desfavorecidos”, planteó el portavoz ultra, que insistió en que las asociaciones “deben sostenerse principalmente mediante las aportaciones voluntarias de sus socios y simpatizantes”.

El exjuez central de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, se ofreció, cuando todavía se encontraba en activo, a mediar por los intereses legales y procesales de Plus Ultra, la aerolínea rescatada con 53 millones de euros en marzo de 2021, con Vox. Así lo afirmó el presidente de la compañía, Julio Martínez Sola, en un chat de directivos de la compañía, al que ha tenido acceso infoLibre, el 19 de marzo de 2022. La intercesión del magistrado con el partido ultra se iba a producir durante una cena privada entre García-Castellón y el líder del partido, Santiago Abascal que, según Sola, estaba fijada para el 24 de ese mismo mes. A la mañana siguiente del día en que estaba previsto el encuentro, Martínez Sola volvió a entrar en la conversación para decir: "Después os cuento, muy bien el tema de Vox".

La noticia al resto de directivos de la compañía presentes en la conversación –el consejero delegado, Roberto Roselli; el responsable financiero, Alejandro Delgado, y el secretario de consejo, Santiago Fernández Lena– sobre la posibilidad de acceder a la cúpula de Vox (que entonces actuaba como acusación popular en la denuncia presentada contra Plus Ultra en un juzgado madrileño) la dio el presidente Martínez Sola el 19 de marzo. A diferencia de en otros pasajes, el máximo responsable de la aerolínea no se refiere a su amigo magistrado como "Manolo", sino con su nombre completo: "El próximo jueves Manuel García-Castellón cena (privada) con Santiago Abascal de Vox. Se ha ofrecido a hablar de nuestro tema. Quiere un resumen de lo que tiene que decir, aunque mucho ya lo sabe", añade el presidente.

Martínez Sola avisa a sus compañeros en ese mismo mensaje de que lo va a poner en conocimiento de la parte venezolana de la compañía. "Se lo comento también a Rodolfo", se sobreentiende que a Rodolfo Reyes Rojas, entonces máximo accionista de la compañía y ahora en busca y captura internacional, "y a Raif por la parte de allí", en referencia a Raif El Arigie, otro de los accionistas venezolanos de referencia. Después, da instrucciones al resto. "Que cada uno de nosotros aporte ideas y Santiago [Fernández Lena, el secretario del consejo] escriba", dice en el mismo mensaje. "Que no salga el tema de nosotros", prosigue, reclamando discreción. "Creo un chat para este tema", concluye.

En ese momento, la jueza de instrucción 15 del Tribunal de Plaza de Castilla, Esperanza Collazos, tenía abiertas unas diligencias por el polémico rescate de la compañía aérea en las que Vox, el PP y Manos Limpias eran acusación popular. En ellas se encontraban como denunciados, además de Plus Ultra, Bartolomé Lora Toro, exvicepresidente de la SEPI, el organismo de Hacienda que aprobó la ayuda financiera a la aerolínea; la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen; la ex secretaria de Estado de Economía Ana de la Cueva y el ex secretario general de Industria Raúl Blanco.

Tras el brainstorming puesto en marcha por Martínez Sola en el chat de la cúpula de Plus Ultra, el primero en aportar ideas es Alejandro Delgado, el responsable financiero, que subraya la importancia de los contactos políticos. "En mi opinión, una de las cosas más importantes es poder sentarnos con él y con ahora Feijo (sic)", señala Delgado. Después, Fernández Lena, que como secretario del consejo se encarga sobre todo de temas legales, apunta: "Son políticos. No se mojan ni debajo del agua. Que Manuel [García-Castellón] le haga ver [a Santiago Abascal] que hay una fábula montada alrededor que es importante", sostiene. Luego añade: "Hay dos planos, el político y el judicial. Creo que en este caso nos importa ahora mismo el judicial. Y concluye: "La idea es que, si conseguimos archivar el procedimiento, que no lo recurran".

En esas semanas, en su actividad al frente del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, García-Castellón había recibido un fuerte revés de la Sala de lo Penal de este tribunal. Tras haber reabierto el juez la causa por la supuesta financiación irregular de Podemos a raíz del testimonio del exjefe de la inteligencia militar venezolana, Hugo Carvajal, El Pollo, los magistrados le dijeron que sus diligencias constituían una "investigación prospectiva". Para investigar la declaración de El Pollo Carvajal, el instructor había reabierto una antigua causa archivada de plano sobre el llamado informe PISA (Pablo Iglesias Sociedad Anónima), elaborado por la brigada política de la Policía durante el Gobierno de Mariano Rajoy. Un año largo después, la formación de Iglesias se querelló contra García-Castellón por ello.

Del resto de las conversaciones se deduce que la cena del juez de la Audiencia Nacional con el líder del partido ultra efectivamente se habría producido. Al día siguiente del encuentro, Martínez Sola volvió a escribir por el chat grupal de directivos a primera hora de la mañana (a las 7.46): "Después os cuento. Muy bien el tema de Vox", redactó el presidente de Plus Ultra. El único que respondió en la conversación fue el financiero Alejandro Delgado, con dos emoticonos de confirmación de dos pulgares en alto.

Preguntados por infoLibre sobre si esa cena tuvo lugar y si en ella el juez le pidió que no recurriera un eventual archivo de la causa, como finalmente ocurrió, fuentes cercanas al líder de Vox niegan que ese encuentro se produjera, informa Marta Monforte. "Ni cena, ni reunión. Ese día estaba en un Comité Ejecutivo Nacional (CEN) que se alargó hasta la noche", trasladan desde su equipo, que también remarca que García-Castellón "no se ha reunido con nadie de Vox" y añade que, si se hubiera producido, "no tendrían problema" en decirlo. Sin embargo, no hay constancia pública de que ese CEN tuviera lugar el jueves 24 de marzo de 2022. También niegan categóricamente que la implicación del juez provocara que Vox acabara por no recurrir el archivo.

La jueza Esperanza Collazos archivó provisionalmente el caso Plus Ultra el 5 de enero de 2023 después de que la Audiencia de Madrid le hubiera impedido tomar declaración a la aerolínea, a través de su representante, como persona jurídica imputada, al haber transcurrido más de un año desde la presentación de la denuncia cuando la instructora lo acordó. Ese archivo solo fue recurrido por la Abogacía del Estado (en representación de la ministra y los altos cargos denunciados), la Fiscalía y Plus Ultra para reclamar que el sobreseimiento no fuera provisional, sino libre, lo que hubiera impedido posteriormente reabrir el caso. La Audiencia Provincial lo rechazó.

Inmediatamente después de conocer el archivo del caso, la abogada de Vox, Marta Castro, hizo ademán de recurrirlo al anunciar que su formación había pedido la nulidad de actuaciones respecto del auto de la Audiencia que impidió a la instructora imputar a Plus Ultra. Ese escrito, enviado al juzgado el 10 de enero de 2023, fue retirado una semana después: "Por medio del presente escrito procedemos a retirar el escrito presentado el día 10 de enero", dijo en sus alegaciones en otro documento remitido a Collazos el 17 de enero. El PP, que también era acusación popular en el proceso, tampoco recurrió.

El sumario del caso Plus Ultra refleja igualmente alusiones de los directivos de la aerolínea a otra supuesta gestión de García-Castellón a favor de la compañía mientras seguía estando en activo. El entonces juez de la Audiencia Nacional, según el presidente Martínez Sola, habría puesto en contacto a la empresa con la exconsejera delegada de Bankinter Dolores Dancausa y el departamento legal de la entidad financiera con el objetivo de desbloquear 3,7 millones a favor de la aerolínea rescatada.

infoLibre ha tratado de ponerse en contacto con García-Castellón que, sin embargo, no ha respondido a las preguntas enviadas a su teléfono, cuya aplicación de mensajería ha confirmado la recepción de las mismas.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha imputado en la causa que investiga una trama que buscaba desestabilizar procedimientos judiciales del PSOE o del Gobierno a 25 personas, entre las que figura la presidenta de la Sepi, Belén Gualda.

Otros imputados son el expresidente de Enusa José Vicente Berlanga Arona; la directora corporativa de esta empresa Rosário Arévalo Sandez; el exdirectivo de Acciona Francisco Javier López Buciega; el exmiembro del consejo consultivo andaluz y catedrático Juan Antonio Carrillo Donaire; la directora de desarrollo corporativo y estrategia en Isdefe, María Teresa Castillo Pasalodos, y el expresidente de Mercasa José Ramón Sempere Vera.

También, el director del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas de la Sepi, Julián Mateos Aparicio Priet; el exinterventor general de la Junta de Andalucía Miguel Ángel Figueroa Teva; el expresidente de Tubos Reunidos Francisco Irazusta; el exconsejero de la empresa Jesús Pérez Rodríguez Urrutia; el director corporativo de Sepi Miguel Ángel Santiago Mesa, y el consejero delegado de Tubos Reunidos Carlos López de las Heras.

Asimismo, los directivos de Sepi Rosario Martín Manzanedo y Félix Azcona Lacarra; el letrado de la Junta de Andalucía Fernando Albert Aragon, y el hijo del dueño de Forestalia Antonio José Sánchez Campos.

También figuran como imputados María de la Concepción Ortiz Fuerte; Marcos López Domingo; Fernando Samper Rivas; Roberto Pérez Águeda; Eduardo Pérez Águeda; Carmelo Aznarez Pellicer; Juan Ignacio Fernández-Micheltorena y Mikel Arrarás Abejón.

En una providencia fechada este lunes, Pedraz indica que, tras analizar un escrito de la Fiscalía Anticorrupción, procede investigar "indicios de criminalidad".

Se trata de la trama que habría presuntamente realizado maniobras para influir en procesos judiciales y ayudas públicas, tal y como consta en diversos informes de la UCO, que entre otros asuntos incluye el pago de una comisión por el préstamo de 112,9 millones de euros recibido por Tubos Reunidos.

La Fiscalía Anticorrupción sostiene que el grupo denominado Hirurok (Nosotros tres, en euskera, y presuntamente integrado por Leire Díez, el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso) habría llevado a cabo "acciones tendentes al otorgamiento" de la ayuda.

A cambio de esta gestión percibieron un total de 114.950 euros por servicios de prospección de mercados a través de la empresa Mediaciones Martínez, pagos de los cuales constan facturas pero que la UCO considera "mendaces" ya que "su verdadera motivación" vendría por las gestiones efectuadas para que la SEPI aprobase la ayuda a Tubos Reunidos.

Pero la decisión de Pedraz amplía el foco de la investigación a otras empresas, y no se limita a los 112,8 millones de euros que recibió Tubos Reunidos.

Para la Fiscalía Anticorrupción, existen indicios fundados de irregularidades en otras cuatro operaciones vinculadas con empresas públicas, además de Tubos Reunidos: Mercasa; Enusa; Parque Empresarial Principado de Asturias y Forestalia.

Además, la UCO señala el destacado papel que habría desempeñado el que fuera presidente de la Sepi, Vicente Fernández, que "con razón de esta operativa" -sobre Tubos Reunidos- "habría facturado 40.000 euros".

Los agentes sospechan asimismo que en un periodo en el que todavía no se había producido el nombramiento de un nuevo presidente de la SEPI, Vicente Fernández "habría continuado de facto actuando como tal", y han constatado "su asistencia a reuniones en representación de este organismo público ante terceros, el acceso a información interna, la toma de decisiones o la impartición de instrucciones"

El Gobierno daba, hace unos días, una de las mejores noticias a las educadoras de 0 a 3 años, colectivo que lleva desde abril denunciando la precariedad y las condiciones en las que desempeña su trabajo. El Ministerio de Educación puso sobre la mesa una propuesta a los sindicatos para reducir a la mitad las ratios en el primer ciclo de Infantil, una medida que, según la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI), va a permitir “ganar en salud emocional y física, además de poder dar la calidad e individualidad que necesitan los niños en esta etapa”.

La propuesta fija unas ratios muy inferiores de las actuales. En el curso de 0 y 1 año pasarían de 8 a 4 niños por educadora; en el de 1 a 2 años, de 14 a 8; y en el de 2 a 3 años, de hasta 20 a solo 8. “Estas relaciones numéricas serán de aplicación desde el curso escolar 2027/2028 para el primer curso del primer ciclo de la etapa y para su aplicación progresiva en los siguientes cursos escolares a los cursos segundo y tercero del primer ciclo, siendo de plena aplicación al comienzo del curso académico 2029/2030”, señala el texto. 

Aunque la medida ha sido recibida como una buena noticia, todavía quedan aspectos clave por definir, especialmente la financiación y la fórmula para hacer posible su aplicación. El Ministerio de Educación todavía no ha detallado estos aspectos, pero los datos actuales permiten estimar el alcance de las necesidades que habría que cubrir para alcanzar esas ratios.

La reducción de ratios planteada por Educación obligaría, en otros niveles, a abrir nuevos grupos allí donde las aulas superen los nuevos máximos. En el primer ciclo de infantil, sin embargo, la lógica es distinta: la existencia de la pareja educativa permitiría cumplir las nuevas ratios incorporando más educadoras a los grupos ya existentes.

A partir de la propuesta del ministerio y de los datos oficiales de escolarización y ratios vigentes, infoLibre ha calculado que la aplicación de las nuevas relaciones máximas de alumnado por educadora exigiría incorporar más de 41.800 nuevas profesionales, lo que representa un incremento del 125% respecto a la necesidad actual.

La matrícula nacional correspondiente al curso 2024-2025, según los últimos datos disponibles, asciende a 488.543 niños y niñas escolarizados en el primer ciclo de Educación Infantil. Según la distribución del alumnado por edades y de las ratios máximas vigentes en cada comunidad autónoma, el sistema requiere actualmente 33.582 educadoras. Con la implantación de las nuevas ratios, esa necesidad se elevaría hasta 75.415 educadoras, lo que obligaría a contratar 41.833 profesionales adicionales.

El aumento de personal no sería homogéneo y se concentraría en las comunidades con mayor volumen de alumnado de 0 a 3 años. Andalucía sería el territorio con mayor incremento, con 9.154 educadoras adicionales, seguida de Madrid (7.680), Cataluña (6.392) y la Comunitat Valenciana (4.470). A continuación aparecen Galicia (2.396), País Vasco (2.016), Castilla y León (1.862) y Castilla-La Mancha (1.819). En conjunto, estas ocho comunidades concentrarían alrededor de tres cuartas partes del incremento total de plantilla que se debería contratar para cumplir los nuevos ratios.

La propuesta del Gobierno no se limita al primer ciclo de infantil. También plantea reducir las de Primaria de 25 a 22 alumnos por aula; las de la ESO, de 30 a 25; y las de Bachillerato, de 35 a 30. En los dos primeros casos, un estudio del centro de políticas económicas de Esade ya ha calculado que su aplicación obligaría a habilitar 69.000 aulas y a incorporar unos 103.000 docentes a jornada completa.

Alberto Núñez Feijóo llegó a la presidencia del Partido Popular hace ya más de cuatro años prometiendo una forma distinta de hacer política. En el congreso que le proclamó líder —sin adversario enfrente— , habló de recuperar la centralidad, rebajar el tono, abandonar la bronca permanente y de practicar una “política para adultos”. Repetía que no venía “a insultar a nadie” y que el PP debía recuperar la credibilidad precisamente diferenciándose de la crispación que atribuía tanto al Gobierno de Pedro Sánchez como a Vox.

Hoy buena parte de esas líneas rojas han desaparecido. El último ejemplo se produjo en el pleno de esta semana. Feijóo decidió utilizar la figura del padre de Patxi López, el histórico dirigente socialista y víctima del franquismo y del terrorismo de ETA, Eduardo López Albizu, para atacar al portavoz del PSOE. “Señor Patxi López, si se levanta su padre y ve lo que hace usted, le aseguro que no se lo perdonaría jamás”, le espetó el líder del PP. 

No es la primera vez que el jefe de la oposición se sirve de un familiar fallecido para arremeter contra un miembro del Gobierno o del PSOE, ya que suele mentar de forma habitual tanto al padre de Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez, como al exlíder del partido, Alfredo Pérez Rubalcaba. Pero la referencia a Eduardo López supuso un salto cualitativo en el terreno de la confrontación personal, y el PP, de hecho, se reafirmó horas más tarde. “Que se acostumbren. No les vamos a dejar pasar una”, señalaron fuentes del partido.

Se trata precisamente del tipo de política de la que el líder del PP aseguraba querer alejarse cuando aterrizó en Génova. Feijóo se ha ‘madrileñizado’, tanto en el fondo como en las formas, y aunque se presentaba como antídoto frente a la política de trazo grueso y sin miramientos, ha acabado instalado en ella, traspasando así una de sus líneas rojas.

Pero no es la única. El giro más profundo que ha protagonizado Feijóo y, en consecuencia, la dirección nacional del partido, tiene que ver con Vox. Durante años, el conservador intentó construir una imagen de dirigente incompatible con la extrema derecha. Su experiencia en Galicia, gobernando siempre en solitario, se presentaba como un modelo exportable al conjunto de España. Pero pronto descubrió que no era así y ha acabado instalado en la misma guerra que le reprochaba a su antecesor, Pablo Casado.

Aunque nada más llegar dio el visto bueno al pacto de la ultraderecha con el PP en Castilla y León en 2022, que inició un ciclo político de normalización de los de Santiago Abascal en gobiernos autonómicos y municipales, Feijóo había renegado de esa fórmula a nivel nacional en diversas ocasiones, tanto en público como en privado. Es más, en el congreso nacional del PP, celebrado en julio del pasado año, lanzó un mensaje inequívoco: su compromiso era no gobernar con Vox. Aquella promesa buscaba tranquilizar al electorado moderado y reforzar la idea de que el PP no permitiría a los ultras llegar a La Moncloa.

Ese compromiso ya no existe. En una reciente entrevista en El Hormiguero, el propio Feijóo admitió que aceptará “lo que digan las urnas” y dejó abierta la puerta a gobernar junto a Vox si los números lo hacen necesario. Ya no se trata únicamente de apoyos parlamentarios puntuales o de un pacto de investidura, como siempre han defendido en Génova. El líder conservador ha dejado de excluir expresamente una coalición con Santiago Abascal, un cambio de enorme calado respecto al discurso con el que reconstruyó su liderazgo, porque considera que hacerlo ya no le penaliza. Y que sus votantes lo prefieren frente a la posibilidad de que Sánchez vuelva a gobernar en 2027.

La relación con Junts constituye otro ejemplo significativo. Durante los años posteriores al procés, el PP convirtió a Carles Puigdemont en uno de los principales símbolos del desafío al Estado. Feijóo mantuvo un discurso especialmente duro hacia el expresident, criticó cualquier intento de normalización política y acusó reiteradamente al Gobierno de depender de quienes habían protagonizado el intento de secesión. Es más, aseguró que él nunca viajaría a Waterloo para “blanquear” a un “prófugo de la Justicia”, como sí hizo el ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, de cara a negociar su investidura.

Con todo, el PP sí estuvo dispuesto a sopesar un “indulto condicionado” a Puigdemont e incluso llegó a plantearse, durante 24 horas, la amnistía. Pero el cambio en los últimos meses ha virado hasta acabar reconociendo que el momento actual nada tiene que ver con el del procés, según afirmó el número dos de Feijóo, Miguel Tellado, en una entrevista en la Cadena Ser. “Lo que sucedió en Cataluña en 2017 sucedió en 2017. No se esperará que sigamos pensando exactamente lo mismo. Hoy la amenaza no es el secesionismo, es la permanencia en el Gobierno de una especie de organización criminal”, señaló.

Así, el veto político absoluto se ha transformado en una relación pragmática en función de las mayorías disponibles, aunque no todos en el partido comparten esa estrategia, empezando por la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso y acabando con el líder del PP catalán, Alejandro Fernández, que este sábado será ratificado en un congreso que llevaba años pendiente por las críticas de Fernández a la dirección nacional del partido.

Las líneas rojas del PP se han difuminado también en la denominada “prioridad nacional”, la consigna racista que defiende la ultraderecha y que defiende que los españoles tengan más facilidades para obtener determinadas ayudas públicas y acceso a vivienda que los extranjeros. Génova no solo la ha asumido en primera persona, aunque trata de maquillarla, sino que ha presionado al presidente andaluz para que él también lo haga.

Este lunes arranca el debate de investidura de Juanma Moreno y el martes está prevista la primera votación. El presidente andaluz necesita los votos de Vox y ambas formaciones negocian ya un acuerdo acelerado, con la presión añadida de cerrar el pacto antes de que el foco político nacional vuelva a concentrarse en otros asuntos como las investigaciones judiciales, el Tribunal Supremo o la batalla política en torno al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Ambas cuestiones benefician a Moreno, que se quedó a dos escaños de reeditar su mayoría absoluta y se metió en el “lío” que quería evitar.

Durante la campaña, Moreno insistió en que aspiraba a gobernar sin depender de Vox y trató de mantener distancias con las exigencias de Abascal. Sin embargo, la aritmética parlamentaria apunta a un acuerdo rápido y, previsiblemente, nuevas concesiones a la formación ultra para garantizar la investidura, entre ellas la citada prioridad nacional.

“Estoy cruzando los dedos para tener buenas noticias pronto”, asegura Rachid Bouderka, un joven de 29 años originario de Marruecos y una de las 900.000 personas que se ha acogido al proceso de regularización extraordinaria que aprobó el Gobierno el pasado 14 de abril, que finaliza este 30 de junio. Bouderka es diseñador web y en su país veía muy limitadas sus oportunidades profesionales, por lo que decidió venir a España “para encontrar algo mejor”.

En marzo de 2025 viajó a Portugal, país para el que tenía visado, y desde ahí se trasladó a Madrid. En la capital ya estaba su primo asentado, que le ayudó a encontrar una habitación en la que vivir. En el año y tres meses que lleva en España ha tenido que encadenar diferentes trabajos irregulares, como repartidor, jardinero o pintor, para poder mantenerse. “Cuando me salía algo, tenía que hacerlo”, cuenta en conversación con infoLibre.

Por esta razón, el proceso de regularización extraordinario fue una luz de esperanza en su camino. “Cuando salió la noticia, supe que era una buena noticia, porque yo tenía el plan de esperar dos años para hacer arraigo”, relata. El pasado 27 de abril pudo presentar la solicitud y ahora está a la espera de una respuesta. “Tuve que aportar una lista de documentos”, entre ellos el certificado de antecedentes penales de Marruecos y pruebas de presencia en España como la tarjeta de transporte público, una tarjeta de donación de sangre y pruebas de participación en eventos deportivos.

“Para mí la regularización me permitirá tener estabilidad legal, que es todo lo que estoy buscando, para tener esa tranquilidad. Ojalá me salga el permiso de trabajo y residencia, porque voy a conseguir crecer profesionalmente y un trabajo de lo mío”, explica. Durante todo el proceso ha estado acompañado por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), donde ahora participa como voluntario.

Esa misma tranquilidad buscaba Carla (nombre ficticio), que llegó desde Colombia a España en 2023 en busca de asilo. En su país tuvo problemas con sus tierras familiares y se vio envuelta en un conflicto en el que desaparecieron sus tíos y su abuelo. Cuando llegó, lo que más sintió fue la “incertidumbre”: tuvo que trabajar en lo que podía, muchas veces solo durante unas horas. “Es muy duro emocionalmente no tener una estabilidad laboral”, denuncia al otro lado del teléfono. 

“Muchas empresas no te contratan cuando ven la tarjeta roja de asilo, por lo que este proceso ha sido como una luz en el túnel”, explica. En su caso, ya ha recibido la buena noticia de que su regularización ha sido aceptada. “Estoy muy feliz, ya pidiendo la cita para las huellas”, relata, y destaca el acompañamiento recibido por parte de las trabajadoras sociales de CEAR.

“Soy la voz de muchos migrantes que realmente lo que queremos es una calidad de vida y una tranquilidad” agrega. Y explica que ya se puede olvidar de “ese agobio de si vendrá esa resolución de asilo”. “Era una incertidumbre muy terrible”, resume.

“El perfil de las personas que hemos atendido refleja bastante bien la realidad migratoria de España”, relata a este periódico el presidente de CEAR, Mauricio Valiente. Predominan las personas latinoamericanas, “muchas de ellas jóvenes”, aunque la organización ha observado “una mayor presencia de personas procedentes de países asiáticos, algo que resulta llamativo en comparación con nuestro trabajo habitual”. “Hemos atendido a numerosas personas de Bangladesh, India o Sri Lanka, colectivos que probablemente han permanecido en situaciones de irregularidad menos visibles hasta ahora”, añade.

Detrás de cada una de estas solicitudes hay una historia distinta, pero desde CEAR destacan tres factores comunes entre muchas de las personas migrantes que han acudido al proceso. “El primero es la necesidad de regularizar trayectorias migratorias que ya están plenamente asentadas en España. Se trata de personas que han construido aquí su vida, que tienen posibilidades reales de empleo y de integración y que desean normalizar su situación administrativa”, destaca Valiente.

“El segundo factor es la posibilidad de recuperar la relación con los familiares. La regularización no solo permite avanzar hacia la reagrupación familiar, sino también recuperar algo tan básico como la posibilidad de viajar y mantener el contacto con los seres queridos. Para muchas personas migrantes, la imposibilidad de regresar a su país o de visitar a sus familiares constituye una de las situaciones más dolorosas de la irregularidad administrativa”, continúa.

Por último, Valiente apunta una tercera dimensión, mucho más simbólica, “relacionada con el reconocimiento del papel que estas personas desempeñan en la sociedad española. El hecho de que este proceso haya sido impulsado por una iniciativa legislativa popular y que las propias organizaciones de personas migrantes hayan tenido un papel protagonista ha generado una percepción de reconocimiento y participación que también resulta importante”.

Vitali Aguilar, de 31 años y nacido en Rusia, no tiene ninguna duda del objetivo que persigue con su regularización y la de su familia. “Al final, lo único que quiero es trabajar, contribuir y sacar adelante a mi familia. Quiero tener una vida digna y ofrecerle a mi hijo un futuro mejor”, explica a infoLibre.

Su historia con España es larga, ya que llegó al país por primera vez con ocho años, “gracias a un programa que existía entonces y que permitía que niños rusos y ucranianos pasaran aquí los veranos”. Estuvo con una familia de acogida y repitió la experiencia durante los siguientes veranos. Con 14 años, su abuelo le preguntó si quería venirse a vivir a España y dijo que sí.

“Vine con un permiso de estudios y, cuando terminé mi formación, obtuve un permiso de trabajo”, relata. Sin embargo, acabó teniendo que volver a Rusia. El estallido de la guerra en su país de origen lo cambió todo y, junto a su mujer, decidieron hace tres años regresar de forma definitiva a España, concretamente a Sevilla. “Al regresar me encontré con que había perdido toda mi documentación y tenía que empezar prácticamente desde cero”, denuncia.

Por esta razón pidieron asilo político y han estado años pendientes de la resolución, hasta que el pasado mayo recibieron la noticia de que se lo habían denegado. “Cuando vimos que la situación se complicaba, empecé a buscar alternativas para regularizar nuestra situación. Ya no éramos solo dos: también teníamos un hijo pequeño y necesitábamos estabilidad”, explica Aguilar.

En un principio se planteó recurrir la resolución, pero entonces llegó la noticia de la regularización extraordinaria. “Me enteré por la televisión, como creo que le ocurrió a mucha gente. Al principio me costó creerlo. A veces se anuncian medidas relacionadas con migración que luego tardan mucho en aplicarse o no terminan de materializarse, así que tenía dudas. Sin embargo, me llamó la atención que fuera un proceso relativamente sencillo y con menos exigencias documentales de las habituales”, celebra Aguilar.

Contactó con varios abogados para buscar orientación y fue una de las letradas de CEAR la que le explicó bien el procedimiento. Finalmente, la familia presentó la solicitud para toda la familia el 17 de junio. 

“La posibilidad de regularizar nuestra situación no solo significa poder trabajar, también supone poder pensar en el futuro. Cuando una familia tiene estabilidad económica puede plantearse ahorrar, comprar una vivienda o incluso abrir un pequeño negocio. En definitiva, permite empezar a construir una vida digna. Mi mayor deseo es que mi hijo tenga oportunidades que yo no tuve. Quiero que estudie en buenos centros, que pueda formarse y que tenga la posibilidad de elegir el futuro que quiera para sí mismo”, explica Aguilar.

Aunque CEAR describe el proceso como “positivo”, también destaca una serie de problemas detectados durante estos meses. En el momento del anuncio, la principal crítica se dirigió a la “falta de preparación inicial, fundamentalmente por la falta de concreción por parte de la Administración”, explica el director general de la organización.

“Sin embargo, el desarrollo posterior del proceso ha sido razonablemente bueno. Hemos podido ir resolviendo las dificultades que han ido apareciendo sobre la marcha y creemos que finalmente ha llegado a las personas a las que iba dirigido”, relata .

Los problemas, no obstante, no han tenido tanto que ver con los plazos como con la imposibilidad de obtener determinados documentos, “especialmente en algunos países donde renovar un pasaporte o conseguir antecedentes penales resulta muy complicado”. Valiente destaca que estos obstáculos “difícilmente se habrían solucionado con una simple ampliación del plazo”.

Las mayores tensiones se han vivido en las ciudades donde hay una mayor concentración de población migrante, como Madrid o Barcelona, donde “la magnitud del proceso ha movilizado a centenares de miles de personas”.

A esto se suma que la respuesta institucional ha sido desigual. “Ha habido comunidades autónomas y ayuntamientos que han colaborado activamente, movilizando recursos y facilitando el desarrollo del proceso. Otras administraciones, en cambio, han adoptado una actitud más pasiva e incluso han intentado obstaculizarlo”, relata Valiente. En este punto, CEAR señala las ocho comunidades gobernadas por el PP —Región de Murcia, Comunidad de Madrid, Islas Baleares, Comunidad Valenciana, Aragón, Cantabria, Castilla y León y Galicia— que han presentado recursos para intentar paralizar la regularización.

Sin embargo, este proceso no es nada más que un punto de partida.“Una regularización extraordinaria es, en cierto modo, la constatación de que algo no está funcionando adecuadamente en los mecanismos ordinarios, porque lo deseable es que los procedimientos habituales de regularización sean capaces de responder a las necesidades reales de las personas migrantes sin necesidad de recurrir periódicamente a medidas excepcionales”, asegura Mauricio Valiente.

“El nuevo reglamento ha ampliado y simplificado algunas vías de arraigo, y eso supone un avance importante. Ahora el reto consiste en garantizar que esas herramientas funcionen adecuadamente, para lo que hacen falta recursos, personal y capacidad administrativa. Las buenas leyes, si no van acompañadas de medios suficientes para aplicarlas, corren el riesgo de quedarse en papel mojado”, denuncia.

En Gay Bar. Fragmentos de aquellas fiestas, el estadounidense Jeremy Artheton Lin reconstruye, a través de sus historias personales y llevando al lector a otras épocas, la importancia que tuvieron los bares gais como espacios donde generaciones enteras pudieron imaginar otras formas de vida. Publicado originalmente en inglés en 2021, el libro acaba de llegar a las librerías españolas de la mano de Capitán Swing, con traducción de María Porras. En esta entrevista con infoLibre, el autor reflexiona sobre la desaparición de estos lugares, la memoria queer y los desafíos que afronta hoy la comunidad LGTBIQ+.

¿Qué le impulsó a escribir Gay Bar. Fragmentos de aquellas fiestas? 

El libro se publicó en inglés en 2021 y, en los años previos, en Londres, donde vivía entonces, los bares gais estaban cerrando a gran velocidad, igual que en muchas otras partes del mundo. Era una pena, porque habían sido espacios seguros, centros de comunidad y activismo. Pero también quería examinar la complejidad de esas experiencias. Quería escribir un libro que incluyera una historia cultural, pero que estuviera profundamente anclado en mis propias experiencias.

En su libro, transporta al lector a otras épocas. ¿Le ha costado mucho investigar cómo eran esos bares gais y qué situaciones se habían producido en ellos? ¿Qué fue lo más difícil?

Lo más difícil fue darme cuenta, a mitad del proceso, de que había elegido como objeto de estudio negocios privados. Pero, sinceramente, la mayor parte del tiempo me estaba divirtiendo mucho. Suelo rebuscar en informes policiales, sentencias judiciales y, en el caso de Gay Bar, también en documentos de protección patrimonial que defendían que ciertos edificios fueran reconocidos por su valor histórico. A simple vista parecen documentos aburridos, pero están llenos de sorpresas.

Mi trabajo consiste en destilar todo eso y encontrar los momentos que revelan hipocresías, dobles raseros, incomodidades morales o mecanismos de chivo expiatorio. Si estoy en un archivo y me encuentro riéndome ante lo absurdo de algo que está escrito en un informe policial, sé que probablemente pertenece al libro. El humor impide que la historia se convierta en una narración lineal de “antes todo era peor y ahora todo es mejor”. La realidad es mucho más caótica y compleja, y el humor la humaniza.

Si pudiera rescatar un solo lugar histórico mencionado en el libro y preservarlo para siempre, ¿cuál sería y por qué?

Probablemente elegiría un bar de San Francisco llamado El Rio. Siempre me ha parecido un espacio construido desde abajo, desde la comunidad, y no desde los inversores. Ha acogido noches y eventos dirigidos a personas de identidades sexuales y de género muy distintas, pero también a personas procedentes de posiciones sociales muy diversas. Es un lugar genuinamente diverso y también un poco desaliñado, en el mejor sentido de la palabra. No es un espacio asociado a una gran narrativa histórica, sino a algo más silencioso pero constante: permitir que la gente se sienta auténtica.

En el libro muestra cómo esos espacios eran racistas, clasistas o excluyentes. ¿Hasta qué punto se corre el riesgo de idealizar aquellos bares?

Precisamente quería evitar idealizar esos espacios. Quería celebrar lo que significaron, pero también mostrar sus contradicciones. El problema es que los medios suelen simplificar las historias. Recuerdo una entrevista en la que hablé de un bar de Los Ángeles que había sido un lugar de libertad, pero también de sus políticas sexistas, racistas y transfóbicas. En la emisión eliminaron esa segunda parte y luego pusieron música disco. Por eso sigo defendiendo los libros frente a formatos más rápidos: hacen falta espacio y tiempo para abordar estos asuntos. 

¿Qué función cumplen estos bares que no pueden cumplir las redes sociales o las aplicaciones?

Las redes y las aplicaciones nos empujan a convertirnos en mercancía. Presentamos una única imagen de nosotros mismos. Creamos una versión de nosotros que queda encerrada tras un cristal. Además, los encuentros se producen a partir de criterios preseleccionados, y todos sabemos que la realidad no funciona así. A veces la conexión surge por una sorpresa, por una forma de reír, por un olor, por algo vivo que ocurre en el espacio compartido y no hablo sólo de relaciones románticas. 

Si pudiera diseñar hoy un bar gay, ¿cómo sería? ¿Qué tendría que conservar necesariamente de los viejos bares para seguir siendo un espacio queer?

Bueno, ahora soy mayor y, en cierto modo, ya estoy retirado de la vida nocturna. Mi bar gay ideal sería casi un chiringuito de playa. Un lugar relajado donde lo importante fueran la música y la forma en que la gente se reúne, más que la estética. Cuando empecé a salir por los bares, esos espacios reflejaban el miedo al sida, todo era blanco, impecable y obsesionado con la apariencia saludable. Hoy diseñaría un lugar más orgánico, cálido e imperfecto, con madera en lugar de plástico. Un espacio más humano, donde la música siguiera siendo el punto de partida.

Actualmente, si tuviera que destacar una tensión o problemática de la comunidad queer, ¿cuál sería?

Hay dos cuestiones que me preocupan especialmente. La primera es el uso de las personas trans como chivo expiatorio en Reino Unido y Estados Unidos dentro de un movimiento político claramente regresivo. La segunda, que abordo también en mi próximo libro,Deep House, es cómo se suele hablar de inmigración y de diversidad sexual como si fueran asuntos separados. Pero hay muchísimas personas que se encuentran atrapadas en ambas realidades: son queer y, al mismo tiempo, tienen la necesidad de cruzar fronteras o migrar.

¿Cree que esas nuevas generaciones no entienden el mundo que han heredado?

Creo que tendemos a idealizar el pasado y a buscar héroes perfectos, cuando el progreso siempre ha llegado a través de contradicciones y giros inesperados. Además, muchas de estas luchas son mucho más recientes de lo que pensamos. En mi próximo libro hablo del caso Lawrence contra Texas, que anuló las leyes contra la sodomía en Estados Unidos en 2003. Mientras se esperaba esa sentencia, mis amigos y yo escuchábamos Milkshake, de Kelis. Me gusta recordar ejemplos como ese porque muestran hasta qué punto estas luchas siguen estando muy cerca de nosotros.

La normalización del matrimonio igualitario y su aceptación social han sido victorias históricas en algunos países, ¿qué aspectos de la vida gay han quedado neutralizados por esas mismas victorias?

La asimilación nunca fue realmente el objetivo de muchos movimientos por los derechos civiles. Por ejemplo, una de las primeras parejas que reclamó el reconocimiento federal de su matrimonio lo hizo por motivos migratorios, no porque defendiera la institución matrimonial, sino porque era una vía para alcanzar la igualdad. Hoy muchas personas queer siguen priorizando la solidaridad con otros colectivos que sufren injusticias. Esa solidaridad es una forma de evitar que la integración se convierta simplemente en una adaptación a las normas sociales dominantes.

En el libro destaca la historia de Kavumarz Anklesaria, asesinado a golpes por sonreír en el año 1980. ¿La homofobia castiga a los homosexuales o castiga cualquier desviación de la masculinidad normativa?

Ese episodio me recuerda que la identidad social no depende solo de cómo nos definimos nosotros mismos, sino también de lo que otros proyectan sobre nosotros. Me impactó descubrir en los archivos cómo una identidad equivocadamente atribuida podía tener esas consecuencias. Aquel hombre fue considerado homosexual y agredido simplemente por sonreír en público. Creo que, en memoria de él y de tantas otras personas, debemos recordar que nuestras preocupaciones sociales nunca pertenecen a una sola categoría; todas están conectadas con las experiencias de los demás.

Después de recorrer tantos bares, ciudades, historias y generaciones, ¿qué cree que estaba buscando realmente el joven Jeremy cuando entró por primera vez en un bar gay, es decir, sexo, amor, identidad, comunidad o algo que todavía no sabía nombrar?

Creo que una de las cosas importantes del libro es que yo no decidí ir solo al bar, me llevaron. A menudo son las personas que nos rodean quienes nos identifican antes incluso de que comprendamos plenamente nuestra propia identidad. Yo tenía curiosidad, y esa curiosidad fue el comienzo de todo. Durante un tiempo, las conversaciones sobre género y orientación sexual parecían centrarse solo en la identidad o la comunidad, pero creo que son precisamente nuestros deseos y pasiones los que generan formas inesperadas de comunidad. Entras en esos espacios buscando una cosa y acabas encontrando otra. Lo importante son los encuentros con otras personas.

Aún no sabemos si Salvador Illa y Pedro Sánchez compartirán un año más destino vacacional en Lanzarote, pero lo que sí está claro es que el destino político de cada uno pasa por el otro. Seguro que esa semana de agosto en la residencia de La Mareta, donde el presidente veranea desde 2020, les viene bien a ambos para preparar un nuevo curso cargado de exámenes, aunque al menos el president ha evitado la reválida.

Con los presupuestos sellados en Cataluña tras una ardua negociación con ERC y el apoyo de los comuns, Illa ha hecho los deberes antes que el morador de La Moncloa, que no tendrá fácil lograr los apoyos para sacar las cuentas adelante. El curso que viene, sin embargo, el president tendrá que implementar una financiación que plantea muchos interrogantes. "Son unos presupuestos muy condicionados a diferentes acuerdos con partidos de la oposición, que se le pueden girar en contra. Es una estabilidad formal, pero no material", señala a infoLibre el profesor de Ciencia Política en la Universitat de Barcelona Jesús Palomar sobre unos acuerdos que, además, "no son catalanes, porque dependen de Madrid, no hay garantía de que se cumplan y eso puede complicar la gobernabilidad".

De momento, el tripartito catalán —PSC, ERC y comuns—, aún sin ser una coalición de gobierno formal, ha resultado en un funcional matrimonio de conveniencia. "Tanto PSC como sus socios saben que moverse en una posición distinta puede tener un alto coste. Tienen miedo a moverse", asegura a este medio el profesor de Estudios del Derecho y Ciencia Política en la Universitat Oberta Catalunya (UOC) Andreu Paneque sobre el pragmatismo que ha guiado al eje izquierdista. "Si ERC hace algo, Junts hará lo contrario", pone como ejemplo, y aunque la lógica independentista ya no impera en el electorado, "puede trasvasar votos de cara a las municipales" del próximo mayo.

Si bien Illa ha logrado enterrar el procés, sigue lejos de ser el partido de la estabilidad, la concordia y las grandes mayorías que prometió en su campaña hace más de dos años. Entre otras cosas, porque la crispación no ha desaparecido. Ahora, agudizada por la fractura izquierda-derecha con el auge de los ultranacionalistas, especialmente de Aliança. "Eso no deja de revelar una particularidad de esta legislatura, la de los vasos comunicantes: lo que pasa en España se refleja en Cataluña, lo que pasa en el Congreso se refleja en el Parlament, y viceversa", afirma el politólogo.

Esa conexión ha impedido a Illa volver a la normalidad tras el tsunami y la resaca del procés. Su talante moderado y conciliador no le ha servido para reconstruir el 'oasis catalán', o mejor dicho, pujolista, cuando el clima de moderación en la Cámara de Barcelona contrastaba con las broncas en Madrid. Y no será porque el socialista no haya intentado rehabilitar la figura de Jordi Pujol: lo invitó al Palau de la Generalitat como "una de las figuras más importantes de la historia de Cataluña", se reunió con él en el Palacio de Pedralbes y la semana pasada volvieron a coincidir en un acto en el que Illa reconoció que "Cataluña le debe mucho". Todo eso tras la confesión de Pujol de tener una fortuna oculta en Andorra y en pleno juicio en la Audiencia Nacional, durante el cual el president pidió "sentido común" para archivar el caso. No sucedió, aunque Pujol fue exonerado por su deterioro cognitivo. Tiene 95 años.

Sin embargo, de nada ha servido esa contribución a la restauración de la imagen del líder convergente para acercarse a su idea de 'Catalunya un sol poble', ni tampoco para ganarse el favor de Junts, aun con visita a Puigdemont en Bruselas incluida, en septiembre del pasado año.

Esa era otra de las tareas de Illa para favorecer la gobernabilidad de Sánchez, pero los independentistas rompieron su acuerdo con el PSOE a finales de año tras convencerse de que no se iban a cumplir sus peticiones. Junts optó por la ruptura dura, por tumbar varias propuestas de ley en materia social —incluso algunas de mayor inversión para Cataluña—, hasta votar junto a PP y Vox para pedir que Sánchez convoque elecciones. La ecuación de Junts es fácil de resolver: sin gobernar en Cataluña no se logra nada en Madrid, así que mejor "hacer la puñeta" para mantener cierta visibilidad, como dice el politólogo Jesús Palomar.

Y, aun con esas contrariedades, Cataluña es una de las pocas bazas de los socialistas, que sólo gobiernan en Castilla-La Mancha, Asturias y Navarra. Illa ha aprendido esa lección y es buen compañero. El president aprovecha cualquier tarima para echarle un capote al presidente. El balance del Gobierno central es "excelente se compare con lo que se compare" y Sánchez es "la voz de la dignidad", defendió a mediados de junio en el Consell Nacional del PSC, al más puro estilo felipista. Un encuentro entre militantes para olvidar las asignaturas pendientes: Rodalies, vivienda y educación.

Tras anunciar con bombo y platillo varias inversiones y obras en la red ferroviaria, los trenes de cercanías han vuelto a sufrir en junio interrupciones por fallas eléctricas, daños en infraestructura o robo de cobre. Pese a las numerosas medidas para contener el precio del alquiler, limitar la compra especulativa y aumentar el parque público, ha aumentado un 14% el precio de la vivienda, persiste el ahogo entre jóvenes para pagar el alquiler y se mantiene un déficit acumulado de 140.000 pisos. Y en el último trimestre le estalló una huelga masiva y prolongada del profesorado, que rechazó su propuesta de mejoras y avisó de un "otoño caliente". Así que Illa podrá tomarse un respiro estas vacaciones, seguro que más tranquilas que las de Sánchez, pero con algún que otro cuadernillo de verano para refrescar fórmulas y textos que seguramente tendrá que emplear el próximo curso. Los exámenes, al menos, no serán sorpresa.

Durante años el presidente húngaro Viktor Orbán fue el gran referente internacional de Vox. Hungría representaba la prueba de que una derecha nacionalista, ultraconservadora y enfrentada a Bruselas podía gobernar y marcar la agenda europea. Pero el tablero ha cambiado y, en paralelo, la organización ha intensificado la construcción de una comunidad política transatlántica articulada en torno al concepto de "Iberosfera".

La idea, impulsada desde la Fundación Disenso presidida por Santiago Abascal, plantea la existencia de un espacio común formado por España, Portugal y los países hispanoamericanos, unido por la lengua, la historia, la religión católica y determinados valores políticos. La Iberosfera no es sólo una un concepto para la formación ultra, es una horizonte geopolítico destinado a construir una red internacional de gobiernos, partidos, fundaciones y líderes ultras a ambos lados del Atlántico.

La apuesta americana de Vox coincide además con una tendencia más amplia de la derecha estadounidense. La nueva Administración de Donald Trump ha recuperado una visión hemisférica de la política exterior de EEUU en la que América vuelve a ser ese espacio prioritario de influencia. En ese contexto, las victorias de dirigentes conservadores y ultraderechistas en Argentina, Chile, Colombia, Perú, Paraguay, Ecuador o El Salvador adquieren un significado que va más allá de la política nacional.

El nuevo mapa americano que mira Vox tiene hoy varios nombres propios. El que más destaca es el de Javier Milei en Argentina, pero en los últimos meses se han sumado nombres como el de José Antonio Kast en Chile y recientemente Abelardo de la Espriella en Colombia y Keiko Fujimori en Perú, a falta de la confirmación oficial. También se mira desde Vox al Salvador autoritario de Nayib Bukele — aunque con ciertos matices— , mientras que las victorias de Santiago Peña en Paraguay y Daniel Noboa en Ecuador, ambos conservadores y proestadounidenses, sirven para completar su relato de cambio de ciclo.

Para Vox, esos gobiernos representan algo más que aliados ideológicos. Son la evidencia de que la derecha radical está encontrando en América el terreno donde puede seguir acumulando victorias en el momento en el que en Europa se ha vuelto más difícil.

La derrota de Orbán en Hungría el pasado abril, unido a la incapacidad de Marine Le Pen para alcanzar — por el momento— el poder en Francia a la espera de la decisión su inhabilitación, el estancamiento de André Ventura en Portugal, la pérdida de influencia de Geert Wilders en Países Bajos o las dificultades de la AfD alemana para romper el cordón sanitario han reducido el número de victorias de la familia política de Vox en Europa.

Incluso Giorgia Meloni, que sigue gobernando Italia, ya no ocupa el lugar de referencia estratégica que tuvo para la formación de Santiago Abascal. La primera ministra italiana ha buscado consolidarse como interlocutora de Bruselas y Washington, ha tomado posiciones más pragmáticas en política exterior y ha evitado alineamientos automáticos con Donald Trump en cuestiones sensibles. Esa evolución ha ampliado la distancia política con Vox.

La derecha radical europea continúa siendo una fuerza ascendente en términos electorales, pero acumula dificultades para transformar ese apoyo en gobiernos estables. La derrota de Orbán, los límites de Le Pen, los problemas de Wilders y la creciente autonomía de Meloni han coincidido con una sucesión de victorias conservadoras y ultras en América Latina. En ese contexto, Vox y la Fundación Disenso han reforzado la apuesta por la Iberosfera como espacio prioritario de influencia política.

Las publicaciones más recientes de la Fundación Disenso reflejan con claridad ese desplazamiento. En abril de 2026, la fundación promovió en Madrid la conferencia "Una Nueva Alianza: por qué las Américas son importantes para el futuro de Europa", organizada por Patriots for Europe Foundation. El objetivo declarado era "fortalecer los vínculos entre las fuerzas patriotas de América y del Viejo Continente" y pasar de la cooperación ideológica a una "hoja de ruta geopolítica práctica".

En el texto publicado en la web de Disenso, se sostiene que América Latina constituye una “reserva estratégica de petróleo, gas, litio, cobre y minerales críticos imprescindibles para la economía europea”. La relación ya no se plantea únicamente en términos identitarios o culturales, sino también energéticos, económicos y geopolíticos. La tesis central es que Europa sólo podrá mantener su autonomía estratégica si estrecha lazos con gobiernos afines en el continente americano. América aparece así como alternativa tanto a la dependencia china como a la influencia de las élites europeas consideradas "globalistas".

Si existe un país que simboliza esta nueva etapa es Argentina. Disenso acaba de publicar el ensayo "El cambio de época: Argentina como catalizador de la libertad en la Iberosfera (2020-2025)", donde el gobierno de Javier Milei es presentado como la demostración práctica de que es posible derrotar a la izquierda y “desmantelar el Estado intervencionista”. El texto afirma que el liderazgo de Milei ha demostrado que pueden desmontarse los "pilares de la estructura woke kirchnerista" y convertir Argentina en el motor de una transformación política para toda la Iberosfera.

No se trata únicamente de simpatía ideológica. Milei fue uno de los primeros dirigentes latinoamericanos en adherirse a la Carta de Madrid, el documento fundacional impulsado por Disenso y Foro Madrid. Argentina se ha convertido así en el principal escaparate del proyecto internacional de Vox.

Las publicaciones recientes de Disenso muestran también otro elemento constante: la reivindicación de la Hispanidad como instrumento político contemporáneo. Artículos como "Ayuso, Sheinbaum y la Hispanidad reducida a bronca política" o "México y el perdón por existir" recuperan una narrativa según la cual España y América comparten una herencia histórica injustamente cuestionada por las corrientes progresistas y los movimientos decoloniales. La Hispanidad aparece presentada como una comunidad cultural que debería convertirse en sujeto político internacional. Esa idea conecta directamente con el concepto de Iberosfera y con la aspiración de construir un bloque conservador transatlántico.

Detrás de esta estrategia hay una figura menos conocida que Abascal pero fundamental para entender el despliegue americano de Vox: Jorge Martín Frías. Director de la Fundación Disenso, eurodiputado y principal arquitecto intelectual del proyecto internacional de Vox, Martín Frías ha sido uno de los impulsores de la red de alianzas con dirigentes latinoamericanos. Él mismo ha defendido públicamente la necesidad de apoyar a fuerzas políticas que compartan una agenda de libertad, soberanía nacional y combate contra la izquierda latinoamericana.

Su nombre aparece de forma recurrente en las actividades internacionales de Disenso: encuentros con think tanks conservadores de América Latina, participación en foros organizados por la Heritage Foundation en Estados Unidos, reuniones con dirigentes opositores venezolanos y coordinación de la red creada alrededor de Foro Madrid.

La foto de las joyas encontradas en el registro del despacho de José Luis Rodríguez Zapatero ha copado portadas de periódicos y se ha visualizado durante horas en los debates televisivos. El expresidente está reuniendo toda la documentación sobre las mismas mientras el juez José Luis Calama ha abierto una pieza separada por estas alhajas, tasadas en 1,3 millones de euros.

Asimismo, esa polémica ha reavivado el debate sobre los regalos que pueden recibir los políticos y ha sacado a la luz el tema de los presentes que vienen especialmente de las monarquías árabes, como ha puesto encima de la mesa el exministro socialista Miguel Sebastián, que ha narrado cómo fue obsequiado en Arabia Saudí con unas joyas, que él mandó colocar en una vitrina en el departamento.

¿Y los otros expresidentes del Gobierno? ¿Recibieron algún tipo de joya durante su etapa al frente del Palacio de la Moncloa? ¿Qué hicieron con esos regalos? infoLibre ha contactado con el entorno de Felipe González, de José María Aznar y de Mariano Rajoy para recabar sus respuestas. 

Solo Mariano Rajoy, a través de fuentes de su máxima confianza, contesta de manera clara. Su entorno asegura que “no recibió ninguna joya” y que “todos los regalos de cierto valor que recibió en su mandato quedaron registrados y depositados en la Presidencia del Gobierno”.

Desde la oficina del expresidente Felipe González, ante la pregunta de si el expresidente socialista recibió joyas durante su mandato, se limitan a contestar: “El presidente González no tiene previsto por el momento hacer intervenciones en medios”. Ante la repregunta, tanto por correo como por vía telefónica, si podían concretar si recibió joyas o no, no hubo contestación.

En un acto este martes, junto al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, el expresidente González abordó el tema de las joyas de Rodríguez Zapatero, a petición de la moderadora. El ex jefe del Ejecutivo señaló que durante su mandato no había legislación respecto a los regalos, pero que hizo una lista con los grandes regalos en su Gobierno y se colocaron en galerías junto al Consejo de Ministros, con objetos como sables con perlas. Indicó que sus ministros también dejaron los obsequios en sus departamentos.

González reveló situaciones como que Helmut Kohl, a través de Mercedes, quiso regalarle un vehículo todoterreno para usarlo en Doñana, pero que él le pidió que fuera cedido al propio parque. También puso de ejemplo cómo el rey Juan Carlos no quiso rechazar el palacio de la Mareta en Lanzarote, un regalo del rey de Jordania, pero que pasó a ser del Estado.

El expresidente González señaló que Rodríguez Zapatero debería devolver las joyas y dar todas las explicaciones sobre su origen y legalidad.

¿Y José María Aznar recibió joyas? Desde Faes, tras insistentes preguntas de infoLibre, responden: “El presidente se atuvo, desde la Presidencia del Gobierno, a la legalidad y el decoro personal en todas sus relaciones personales e institucionales”. A la petición de si podían concretar si le hicieron entrega de alguna joya, esta fundación reitera: “Es un asunto que no afecta a José María Aznar que siempre se ha atenido a los criterios más exigentes de integridad y decoro personal”.

Ante una nueva pregunta de si podían concretar si recibió joyas sí o no, Faes no ha respondido a este medio.

Hasta la llegada al Gobierno precisamente de Rodríguez Zapatero, no había ninguna norma que regulara el tema de los regalos. En febrero de 2005, el Consejo de Ministros aprobó el Código del Buen Gobierno, que fijaba: “Se rechazará cualquier regalo, favor o servicio en condiciones ventajosas que vaya más allá de los usos habituales, sociales y de cortesía o préstamos u otras prestaciones económicas que puedan condicionar el desempeño de sus funciones, sin perjuicio de lo establecido en el Código Penal”.

“En el caso de obsequios de mayor significación de carácter institucional se incorporarán al patrimonio del Estado, en los términos previstos en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, de acuerdo con lo que se determine reglamentariamente”, añadía el código.

Este texto además sirvió de inspiración para la Ley de Transparencia, aprobada en 2013 por el Gobierno de Mariano Rajoy. Entre los principios de conducta para los miembros del Ejecutivo, los secretarios de Estado y los altos cargos, se incluye: “No aceptarán para sí regalos que superen los usos habituales, sociales o de cortesía, ni favores o servicios en condiciones ventajosas que puedan condicionar el desarrollo de sus funciones. En el caso de obsequios de una mayor relevancia institucional se procederá a su incorporación al patrimonio de la Administración Pública correspondiente”.

Estos dos textos no fijan una cantidad exacta que bareme la aceptación de los obsequios y lo fía al criterio de los políticos respecto a los “usos habituales, sociales y de cortesía”. En cambio, sí hay otras instituciones, como las Cortes Generales, que fijan topes monetarios. En el caso del Parlamento, el límite está en los regalos de hasta 150 euros. El reglamento indica que los diputados y senadores se “se abstendrán de aceptar, en beneficio propio o de su entorno familiar, obsequios o regalos de valor, favores, servicios, invitaciones o viajes que les sean ofrecidos por razón de su cargo o que puedan ser razonablemente percibidos como un intento de influir en su conducta”.

“Eres más pobre que un maestro de escuela”. Este refrán, aún popular entre quienes peinan más de una cana, describió durante buena parte del siglo XX español la precaria situación laboral y económica de los profesionales de la educación. El descontento del profesorado público, maltratado especialmente durante el franquismo, cristalizó en los últimos estertores del régimen dictatorial en una movilización sin precedentes. Entre enero y febrero de 1973, dos años antes de la muerte de Francisco Franco, los maestros convocaron una histórica huelga cuyo eco aún pervive en las protestas actuales, como las vividas en Valencia en el último mes.

En 1973, el rápido crecimiento de la economía española tocó techo. Si bien el PIB alcanzó su máximo hasta la fecha fruto de la política desarrollista aplicada desde los 60, la realidad en las calles y, más aún, en las aulas, no era precisamente próspera. Un cóctel de precariedad laboral, represión política y abandono institucional mantenía al profesorado público en una situación mísera.

Desde la guerra civil, el régimen franquista había despreciado la educación pública en favor de la escuela privada, donde las órdenes religiosas tenían carta blanca. Tras la cruenta depuración de los maestros en los años 40 y 50, el régimen se esmeró en controlar al gremio: todos los profesionales de la enseñanza pública estaban obligados a pertenecer a las estructuras del sindicato vertical franquista. Lejos de defender sus intereses como trabajadores, sindicatos como el SEM (Sindicato Español del Magisterio) servían como herramienta de control ideológico del aparato franquista.

Mientras el cepo político ahogaba la libertad de los maestros, su salario hundía sus condiciones materiales. Historiadores como Francisco Morente Valero señalan que a principios de los años 70 aún seguía viva la "vieja imagen del maestro que sólo con enormes apuros llega a final de mes". Para 1973, un maestro cobraba un salario de 2.400 pesetas al mes, una cifra irrisoria en comparación con sus colegas de Bachillerato, que percibían 12.000 pesetas mensuales, y con los catedráticos universitarios, que alcanzaban las 16.500 pesetas mensuales. Una brecha insalvable que figuraba entre las principales reivindicaciones del gremio.

Esa precariedad salarial se sumaba a la falta de inversión del Estado en las escuelas, cuya deficiencia era notoria en los centros escolares: aulas abarrotadas, material escaso y desfasado, mínima construcción de nuevos centros… El abandono institucional en favor de la educación religiosa privada condujo a unos niveles de alfabetización ínfimos en comparación con los países del entorno.

Con estos ingredientes, la receta del descontento estaba servida. El aderezo final lo puso la Ley General de Educación (LGE) de 1970, que fijó la obligatoriedad de la enseñanza hasta los 14 años: la célebre Educación General Básica o EGB. La norma, cuyo objetivo era adaptar la educación franquista a las demandas del desarrollismo económico y el capitalismo internacional, logró aumentar rápidamente las plazas escolares. No obstante, este aumento vino de la mano de ratios muy elevados en las aulas y de la contratación masiva de profesorado interino, cuyas condiciones y derechos eran muy inferiores a las de los funcionarios. Además, la nueva ley fijaba un coeficiente para el complemento salarial de los maestros que no se llegó a aplicar en su totalidad.

Así las cosas, en enero de 1973 el Ministerio de Educación publicó las nuevas retribuciones complementarias del profesorado. La subida contemplada en la ley no se aplicaba. Y se encendió la mecha. Los maestros, hartos de agravios, se organizaron en asambleas y coordinadoras a nivel local y provincial al margen de la estructura sindical del régimen. El llamado “movimiento de enseñantes” llamó a la huelga, que comenzó oficialmente el 25 de enero de 1973.

Si bien no hay cifras exactas del seguimiento, expertos como Aida Terrón Bañuelos calculan que más de 100.000 maestros secundaron el paro. La coordinación y disciplina del movimiento asambleario puso en jaque al régimen: la huelga paralizó la educación en prácticamente todas las provincias españolas. Nunca se había visto una movilización de esta magnitud entre los profesores.

Desbordado, el SEM trató de canalizar las protestas a través de la estructura sindical franquista e incluso dinamitarlas desde dentro, pero la magnitud del movimiento huelguístico desarboló su reacción. Su inutilidad era el reflejo de cómo las anquilosadas estructuras franquistas se resquebrajaban ante las crecientes demandas populares de derechos políticos y laborales de los trabajadores.

Tras cinco días de movilizaciones, el Gobierno franquista se vio obligado a ceder: el 30 de enero, el Ministerio de Educación anunció una subida de sueldos inmediata. Poco después, el salario de los maestros ascendió a 18.020 pesetas mensuales, un incremento de casi el 50% con respecto a su situación anterior. Las autoridades del SEM presionaron a los huelguistas para volver al trabajo, bajo amenazas de sanción. Así, la huelga fue perdiendo fuerza gradualmente hasta que quedó desactivada el 6 de febrero.

Esta lucha fue una chispa dentro del polvorín del sector. Al calor de esta huelga, el profesorado de la enseñanza secundaria y de las universidades también se movilizó. Los profesores interinos (conocidos como “no numerarios” o “penenes”, por sus siglas, PNN) reclamaron también sus correspondientes mejoras salariales. En los meses posteriores, otras dos huelgas más sacudieron al sistema educativo franquista. Las ansias de libertad y de derechos laborales eran ya imparables.

La huelga de Magisterio de 1973 ayudó a los maestros a tomar conciencia de su capacidad de presión y de la necesidad de organizarse al margen de las estructuras oficiales como el SEM. Su modelo asambleario sentó las bases de las futuras movilizaciones, que se radicalizaron en sus reivindicaciones políticas, más allá de lo económico. De esta semilla nacieron los sindicatos de clase que protagonizaron durante la Transición huelgas masivas como la de abril y mayo de 1978. Un hito en la lucha democrática que le ganó el pulso al franquismo desde las aulas.

A Arancha González Laya le obsesiona una cuestión: la erosión de la democracia. Y cree que se debe avivar un debate ciudadano en estos momentos de “desorden” internacional. Ese sentimiento la llevó a sentarse delante del ordenador y plasmar sus reflexiones sobre el papel de Europa en Solos en el mundo (Arpa).

La exministra de Asuntos Exteriores analiza con su bisturí geopolítico lo que está pasando en un escenario en el que muchos países están sacando sus “peores instintos”, aunque también analiza que a Donald Trump le ha salido “el tiro por la culata” con la guerra de Irán. Un mundo en el que serán esenciales, como señala, las elecciones en Brasil y en España, y en el que la ultraderecha europea se está dando cuenta de que el presidente de Estados Unidos no quiere amigos, sino vasallos.

¿Cómo definiría el orden mundial que impera hoy?

Es un desorden y una salida de las certezas de los últimos 80 años, como el derecho internacional, las fronteras inviolables y una economía internacional que podía ser win win. El sistema anterior no era perfecto, pero los Estados nación habían decidido reprimir sus peores instintos. Y ahora quieren asentar su primacía frente al orden internacional.

¿Está la Unión Europea en decadencia?

La UE está siendo atacada. Por un lado, por el neonacionalismo y la vuelta de Westfalia. Se trata de la vuelta de los Estados fuertes, como son EEUU, China o Israel. Pero también hay fuerzas políticas dentro de la Unión que quieren afirmar una primacía nacional. Lo que aquí llaman prioridad nacional. Por otro lado, también la tecnología está erosionando la Unión Europea porque se está saltando las fronteras europeas en materia económica y también está afectando a la democracia. 

¿Qué impresión tiene del mandato de Donald Trump?

Es un síntoma de un malestar y de una división muy profunda en Estados Unidos. Un bando quiere encerrarse detrás de sus fronteras y otro quiere seguir respirando con el mundo. La diferencia entre los dos es tan pequeña que se elige al líder en unas elecciones por el canto de un duro. Trump representa el nacionalismo de Estados Unidos.

Después de la aventura fallida de la guerra de Irán, parece que Trump sale tocado…

Sí. Se envalentonó después de lo que consideró una victoria en Venezuela y pretendió proyectarlo a otros teatros de operaciones en Oriente Próximo. Le ha salido el tiro por la culata. Ha chocado su neonacionalismo con fuerzas muy poderosas, en este caso también con el neonacionalismo de un régimen con una gran raíz teocrática y con una narrativa histórica del Imperio persa que ha sabido resistir de manera muy hábil a la presión de Estados Unidos después de entender que no habría una guerra sobre el terreno. Este conflicto ha mostrado también las limitaciones de las guerras de la IA. 

Colombia acaba de engrosar la lista de países en Latinoamérica que han virado a la ultraderecha, como Argentina, El Salvador y Chile. ¿Cómo analiza ese vuelco?

Lo que estamos viendo es un movimiento de péndulo y cómo los líderes de izquierdas no repiten. Y veremos el test de Lula. Se ha instrumentalizado la rabia ciudadana, con una gran importancia de la IA y de las redes. Se está vaciando el suelo común que necesita la democracia: el de los hechos compartidos. Lo que hace la tecnología es vaciar de contenido y nos separa en tribus que no solamente piensan distinto, sino que no tienen ese suelo común de hechos compartidos. Entonces vemos movimientos pendulares: primero una tribu y luego la otra. 

Citaba a Brasil, ¿qué significan las elecciones de octubre en ese país en el contexto geopolítico actual?

Son una prueba para saber si este movimiento pendular funciona en la democracia más grande de Latinoamérica. Cuando uno mira los sondeos, ve que las fuerzas están muy ajustadas. Lo que estamos viviendo es una polarización de la sociedad. No solamente en términos de dos ideas, sino de dos partes irreconciliables. También en nuestro país vemos esa idea de que es imposible llegar a acuerdos. Es muy chocante ver cómo se pueden llegar a acuerdos en el Parlamento Europeo entre las mismas fuerzas políticas que son incapaces de hacerlo a nivel nacional.

España tiene el Gobierno de izquierdas más potente de la UE. ¿Qué suponen las elecciones generales en el actual contexto? ¿Esta batalla se libra también a nivel internacional?

Se mira a España con mucha atención. Se ha cantado tantas veces el fin del Gobierno español que se ha construido una especie de mito. No hay nada perdido. En Francia e Italia se sigue mucho la política de nuestro país. 

Ahora reside en Francia. ¿El próximo morador del Elíseo será un candidato de la ultraderecha?

Creo que es evitable. Pero veo una fragmentación en el espacio político. Aquí se va a tratar de quién es capaz de hacer pactos. Tenemos dos polos claros: Reagrupamiento Nacional y Jean-Luc Mélenchon. Lo que no está para nada claro es qué va a ocurrir en el espacio político que va del centroizquierda al centroderecha. El antídoto para que no gane la ultraderecha son los pactos y la capacidad de hacer alianzas.

En Italia sí gobiernan los ultras con Giorgia Meloni. Pero ahora estamos asistiendo a su enfrentamiento con Trump. ¿Tiene la extrema derecha problemas a la hora de gestionar cuando llega a las instituciones?

La ultraderecha europea va descubriendo que, en realidad, Trump no es su amigo. El objetivo del presidente de Estados Unidos no es hacer amigos en Europa, sino vasallos. Los últimos en descubrirlo, en nuestro país. Pero lo harán también. Vemos cómo el vasallaje es muy caro en política, ¡que se lo pregunten a Meloni!

¿Le ha decepcionado la evolución política de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen?

La presidenta de la Comisión está jugando a mantener dos posibles alianzas en el Parlamento: la clásica, con los socialdemócratas y los liberales, y otra con las fuerzas de ultraderecha. El peligro es que las fuerzas a la derecha del PPE son nacionalistas y no europeístas. Si se apoya en la última mayoría, ella es menos reconocible para el centro de gravedad de la UE y sus ciudadanos.

¿Es el momento de que la UE se siente a hablar en serio con Rusia a través de António Costa para dialogar sobre el fin de la guerra de Ucrania?

Europa tiene que estar preparada para cuando Putin quiera sentarse a negociar. Por ahora no quiere, porque quiere conseguir con esta presión lo que no logra en el campo de batalla. Y busca el apoyo de EEUU. Ahí los europeos nos hemos colocado detrás del presidente ucraniano para evitar que esto ocurra. Tenemos que estar preparados para acompañar estas negociaciones que tendrán que ser entre Zelenski y Putin. Europa tiene que tener voz y capacidad de influencia. Creo que Costa puede ser la persona que acompañe, pero esta es una negociación de Ucrania. 

Hablando de las fronteras de Europa, España siempre se queja de que se habla poco de la franja del sur. Una de las relaciones más difíciles es con Marruecos. ¿Se siente cómoda con la política actual del Ejecutivo con Rabat?

Es normal que un país tenga sus relaciones más complicadas con sus vecinos más cercanos. El roce hace el cariño, pero a veces hay más roce que cariño. España tiene que tener con Marruecos las mejores relaciones desde la firmeza de los intereses nacionales. Hay una serie de cuestiones en juego que España debe defender desde la fuerza, pero buscando siempre las mejores relaciones. Como hace Marruecos desde la firmeza de sus intereses.

¿Qué le parece el pacto europeo para centros de migrantes en terceros países?

Es pan para hoy y hambre para mañana. Es ingenuo creer que esto no va a ser entendido por los aliados de la UE como una nueva forma de neocolonialismo. Lo es. Y, además, no resuelve el problema. Necesitamos una política migratoria que tenga que ver con la realidad de nuestro continente y no con la histeria de algunas fuerzas políticas. Tenemos que tratar cuestiones fundamentales como la seguridad de las fronteras y las políticas de integración. Eso pasa también por políticas públicas de vivienda, sanidad y educación. Reducir todo esto a centros de retorno se queda bastante corto.

Dentro de este debate europeo, ¿qué está pasando con la falta de liderazgo de Alemania en estos momentos?

Alemania tiene también una sociedad dividida y cuenta con un Gobierno de coalición más frágil que los anteriores. También tiene la necesidad de realizar reformas estructurales en la economía y en las políticas públicas con una mayoría política muy exigua. El canciller entiende la dirección, pero luego tiene que navegar la política doméstica, que es muy difícil.

¿Por qué nadie consigue pararle los pies realmente a Benjamin Netanyahu?

Se los ha parado el presidente de EEUU, que era quien le daba alas.

Pero sigue habiendo asesinatos en Gaza, Trump le hizo caso para emprender la guerra contra Irán, Israel está atacando Líbano… No se le han parado los pies.

Lo que le ha dado margen de maniobra al primer ministro israelí es una alianza de hierro con EEUU. Más con Trump que con presidentes anteriores. Y también algunos aliados en la región como los Emiratos Árabes Unidos, y otros países como India. Netanyahu lidera un Gobierno muy raro que también polariza a su país. Pero también vemos las dudas que tiene Estados Unidos, con su presidente diciéndole que ha llegado el momento de cambiar de táctica. Esto ha supuesto un cierto freno. Su alianza hoy es más matizada que hace tres meses.

En este desorden mundial, también muchos países están mirando ahora a China, ¿le gusta la apuesta del Gobierno español por tener una mayor relación con Pekín?

Lo que está haciendo España es ponerse al nivel de otros grandes países de la UE que tenían una interlocución fluida con China. Esto no quiere decir sintonía económica o política con Pekín. Hemos normalizado que el presidente español vaya una vez al año, como hacen los líderes de Francia y Alemania. Ahora bien, Europa tiene dos problemas fundamentales con China: el apoyo indirecto a Rusia para atacar a Ucrania y el desequilibrio económico. Esto obliga a que Bruselas tenga que definir de manera más clara cuál es su estrategia con Pekín.

¿Recibió algún tipo de joya durante su etapa al frente del Ministerio de Asuntos Exteriores?

No. Y los regalos que recibí pasaron a Patrimonio Nacional. 

¿Cuál es la mayor fortaleza de España en estos momentos? ¿Y su mayor debilidad?

La mayor debilidad es la incapacidad política para hacer pactos. Y la mayor fortaleza, nuestra ciudadanía. 

El presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, pidió a finales de 2022 al máximo accionista de la aerolínea, Rodolfo Reyes Rojas (ahora en busca y captura internacional), que agradeciera al entonces titular del Juzgado Central de Instrucción nº6 de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, unas gestiones realizadas con Bankinter. "Nos han liberado 3,7 millones", escribió el primero al segundo, según figura en el volcado que la Policía hizo del teléfono intervenido a Martínez Sola durante los registros del caso Plus Ultra, al que ha tenido acceso infoLibre. El ya exmagistrado y el máximo directivo de la aerolínea son amigos desde hace tres décadas. Tanto, que cuando el presidente de la aerolínea fue detenido el pasado mes de diciembre pidió a los agentes que llamaran a García-Castellón.

Los hechos se remontan al viernes 18 de noviembre de 2022. Ese día, a las 11:08:13 horas, Martínez Sola escribió a Reyes Rojas: "Hola. No estaría de más. Escribe a Manolo y ponle 'Gracias por tus gestiones en Bankinter', solo eso. Nos han liberado 3,7 millones". "Coño Julio que bueno" (sic), responde el empresario venezolano una hora más tarde. "Tienes su móvil?", insiste Martínez Sola unos segundos más tarde. "Manolo privé", zanja Reyes Rojas. Solo unos meses antes, el 7 de abril, el presidente de la aerolínea había remitido al máximo accionista de la misma un contacto con ese nombre: "Manolo Privé". Era el nombre con el que García-Castellón aparecía en la agenda del presidente de Plus Ultra.

Desde Bankinter señalan a este diario que la entidad no comenta la operativa de sus clientes y subrayan que cualquier actuación –incluidos procesos como la liberación o desbloqueo de posibles fondos retenidos– responde exclusivamente a criterios técnicos y al cumplimiento de condiciones previamente establecidas, dentro de estrictos protocolos internos de control.

El nombre de la entidad financiera ya había aparecido meses antes en un chat grupal en el que participaban Martínez Sola, Reyes Rojas, Roberto Roselli –el consejero delegado– y otras personas vinculadas a la aerolínea. "Hablé con Manolo por si conocía a alguien importante de Bankinter por nuestro problema. Conoce a Dolores Dancausa, consejera delegada [ahora presidenta no ejecutiva]. Llamó. Me acaba de confirmar que me va a llamar Rocío P., de legal de Bankinter, para reunirse con nosotros. Asistiremos Santiago, Roberto y yo", escribió el 26 de mayo de 2022 en aquel grupo el presidente de Plus Ultra, aerolínea que por aquel entonces se encontraba inmersa en una investigación judicial relacionada con el rescate de 53 millones de euros de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

En los chats también aparecen supuestas conversaciones con el ex director general del banco Fernando Moreno, ya retirado. El 31 de agosto de 2022 se refleja otra comunicación de Martínez Sola con Santiago Fernández Lena, secretario del consejo de administración de Plus Ultra, en la que asegura que García-Castellón, al que se refiere siempre como "Manolo", habría confirmado una cena con Dancausa. Al banco no le consta que este encuentro se produjera.

En el año 2022, García-Castellón aún estaba en activo en la judicatura. Entonces era titular del Juzgado Central de Instrucción nº6 de la Audiencia Nacional, encargado de algunas de las investigaciones más mediáticas. Por sus manos pasaron, en los últimos tiempos, desde el caso Villarejo a la corrupción de Púnica o Lezo, así como Tsunami –que fue un verdadero quebradero de cabeza en la elaboración de la ley de amnistía– o las insistentes investigaciones contra Podemos –ninguna de las cuales, por cierto, acabó llegando a juicio–. Tras más de cuatro décadas en la carrera judicial, el Boletín Oficial del Estado publicó el 2 de septiembre de 2024 la jubilación forzosa del magistrado, que por entonces estaba a punto de cumplir los 72 años.

Tres semanas después de que se hiciera oficial el retiro, según los datos del Consejo General de la Abogacía Española, el extitular del Juzgado Central de Instrucción nº6 de la Audiencia Nacional se dio de alta como abogado. En su ficha oficial del Colegio de Madrid hizo constar como "dirección profesional" un complejo de oficinas ubicado en la localidad madrileña de Alcobendas, a escasos metros de la sede de Telefónica. El mismo en cuya tercera planta tiene su domicilio social la aerolínea Plus Ultra. A preguntas de este diario, dijo que lo hizo así porque no quería poner su dirección personal y porque se lo ofreció Julio Martínez Sola, a quien le une una amistad desde hace décadas. La conexión entre ambos es tan importante que, el pasado diciembre, cuando fue detenido en su casa en el marco del caso Plus Ultra, Martínez Sola pidió a los agentes que comunicaran a García-Castellón su arresto y lugar de custodia.

El artículo 389 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que el cargo de juez o magistrado es incompatible "con todo tipo de asesoramiento jurídico sea o no retribuido". También con "el ejercicio de toda actividad mercantil por sí o por otro" y "con todo empleo, cargo o profesión retribuida, salvo la docencia o investigación jurídica, así como la producción literaria, artística, científica y técnica y las publicaciones derivadas de aquella". Esa incompatibilidad tiene su traducción en el régimen disciplinario, que establece como falta muy grave (castigada hasta con la expulsión de la carrera) "el ejercicio de cualquiera de las actividades incompatibles con el cargo de juez o magistrado, establecidas en el artículo 389 de esta ley". El exjuez de la Audiencia Nacional está jubilado desde el 16 de octubre de 2024, cuando alcanzó la edad de 72 años.

InfoLibre ha tratado de ponerse en contacto con García-Castellón por múltiples vías para tratar de obtener su versión de estos hechos. Sin embargo, los contactos a través de WhatsApp, por teléfono e incluso dejando un mensaje en su buzón de voz no han sido respondidos.

¿Cómo está el PSOE de Madrid? “Patas arriba”. Esta expresión que sale de un curtido parlamentario socialista madrileño refleja lo que está pasando en la federación. ¿El motivo? La decisión de Enma López de concurrir a las primarias para ser la candidata a la Alcaldía de la capital. La mayor batalla en las municipales del año que viene.

López decidió este jueves por la noche romper el tablero y hacer pública, a través de una noticia en El País, su intención de concurrir al proceso interno. Un anuncio bomba dentro del partido y de la política madrileña. Pero no por ello inesperado. Para muchos en el partido, ella es la candidata natural a este puesto y ya debería haber encabezado la lista en 2023.

Pero su anuncio pilló por sorpresa a la mayoría de dirigentes. Y no ha sentado nada bien en la sede federal en la calle Ferraz ni en la regional en Buen Suceso. En la cúpula del partido trasladan que apenas informó antes de que saliera la noticia y que da el paso en un momento en el que todavía no se ha convocado oficialmente ese proceso interno. Algo que para muchos es desleal al ser miembro de la dirección nacional. Y ya ha tenido sus consecuencias: la propia López dejó este viernes su cargo en la Ejecutiva Federal.

Esto va de procesos y de nombres también. La carrera acaba de empezar y ya arde como la ola de calor. La líder socialista en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, avanzó en abril su intención de repetir en 2027, algo que no fue criticado por la cúpula. Pero, al mismo tiempo, muchos en el partido también esperan que dé ese paso Mar Espinar, actual portavoz en la Asamblea y una de las caras más potentes en la etapa que vive ahora el PSOE-M con Óscar López al frente.

El paso de López coincide con la celebración de este sábado de la reunión del Comité Federal del PSOE, que activará la maquinaria electoral y pondrá sobre la mesa un calendario interno para las primarias en comunidades y grandes ayuntamientos con tres ventanas temporales: julio, septiembre y noviembre. Cada federación elegirá sus fechas y el PSOE de Madrid todavía no ha decidido a cuál se acogerá.

López es una de las figuras emergentes del PSOE. Aunque es concejala desde 2019, su imagen tiene proyección nacional porque ejercía hasta este viernes como portavoz adjunta de la Ejecutiva Federal y responsable de Estudios y Programas. Además, la socialista es una de las figuras más destacadas de la izquierda en los debates televisivos que marcan buena parte de la agenda política de España.

Los partidarios de López despliegan sus virtudes para que sea la candidata: es una dirigente que genera ilusión en la militancia en unos tiempos difíciles para el partido, lleva ocho años recorriendo Madrid de arriba a abajo y conecta muy bien con la ciudadanía. “Ha llegado su momento”, como indican algunos de sus apoyos, además de poner en valor que va a por todas, a ganar; una ambición que contrasta muchas veces con la actitud de miembros del PSOE madrileño que parecen conformarse con sacar un puesto en la lista y estar en la oposición cuatro años.

En la cúpula del PSOE de Madrid hay enfado con los tiempos elegidos por López, pero también hay cargos y militantes del partido que aplauden la “valentía” de la concejala de anunciar su candidatura sin estar esperando a que la bendigan desde los grandes despachos. Como señalan fuentes socialistas: “Va a cumplir 40 años. Tiene ganas de lanzar un proyecto político. Quiere ser alcaldesa de la ciudad. No se quiere quedar solo haciendo declaraciones. Y, además, no vive de dependencias orgánicas, ella tiene su puesto como inspectora de Seguros del Estado”, analiza una voz de la federación.

En los despachos de Ferraz no disimulan su malestar con la forma en la que López ha dado el paso. Le echan en cara no haber respetado los plazos oficiales para las primarias, teniendo en cuenta la importancia de Madrid en el escenario político. Y creen que debería haberlo negociado con Óscar López, líder del PSOE de Madrid y ministro de Transformación Digital y Función Pública. Asimismo, ponen el foco en que López no es outsider, sino que es una de las piezas fundamentales de la dirección nacional, por lo que se le presupone otra forma de actuar internamente.

También algunas voces críticas con López dejan caer que era una persona cercana a Santos Cerdán, ex secretario de Organización. Pero partidarios de la portavoz adjunta contrarrestan: “Es totalmente injusta esa crítica. Si se aplicara ese baremo, no quedaría casi nadie en la Ejecutiva ni en el Gobierno”.

A nivel federal y regional, varios dirigentes trasladan sus dudas sobre los tiempos de López para anunciar su candidatura. En cambio, otros indican que demuestra autonomía y que no es una candidata impuesta por Moncloa, una fórmula esta última que no ha tenido éxito en elecciones como las de Aragón y Andalucía.

Ese malestar hizo que López anunciara el viernes que dejaba sus puestos en la dirección nacional para centrarse en la carrera de Madrid. Su argumento es que, desde el máximo ejercicio de “lealtad” al partido y a Pedro Sánchez, deja sus responsabilidades orgánicas para afrontar esta carrera. 

Reyes Maroto, mientras tanto, guarda silencio. Fuentes de su entorno explican que está centrada en preparar el debate sobre el estado de la ciudad que se celebrará el próximo martes en el Palacio de Cibeles: “Ahora lo primero son los madrileños y hacer una radiografía del mandato de Almeida, que es lo que toca”. ¿Seguirá en la lucha? ¿Se plantea retirarse? En su círculo más cercano subrayan: “Cuando se convoque el proceso, hablará”.

Espinar es el otro apellido que aparece en todas las conversaciones. Se ha labrado un lugar desde la Asamblea de Madrid, donde protagoniza todas las semanas las sesiones de control con Isabel Díaz Ayuso (PP). Para muchos, ha dado con la tecla para poner contra la cuerdas a la presidenta, pero a ella siempre le ha tirado la vida municipal. Además, durante estas horas ha dado mucho que hablar su entrevista con Manuel Jabois en El País, que dentro del partido ha sido interpretada por algunos dirigentes como una puesta de largo para su lanzamiento a las primarias.

El socialismo madrileño vuelve a ser el socialismo madrileño. Como indica otra fuente de la federación: “Como en los viejos tiempos, un PSOE-M ruidoso, animado y convulso”.

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha acusado al partido Iustitia Europa y a la organización Hazte Oír -impulsoras de varias causas contra el PSOE y el entorno del presidente del Gobierno- de "pervertir la figura de la acusación popular" para "perseguir a personas progresistas y a sus familias".

Bolaños ha enviado una carta a los representantes de esas dos organizaciones, que le habían invitado a participar en las jornadas 'La acusación popular: en defensa de la libertad'', que han organizado este jueves en Madrid.

En la misiva, a la que ha tenido acceso EFE, Bolaños rechaza participar por motivos de agenda, pero repasa la propuesta del Gobierno para reformar la acusación popular para evitar que esta acción, concebida para la defensa del interés general, se utilice para la consecución de intereses ajenos a los fines del proceso penal "tal y como sucede actualmente y ustedes conocen perfectamente".

Considera que "la figura de la acción popular se ha convertido en una herramienta de persecución política e ideológica, desnaturalizando una institución concebida para la defensa del interés general" y con "el único propósito de hostigar a representantes políticos progresistas y a sus familias".

El ministro concluye la carta asegurando: "estaría encantado de decirles que están ustedes pervirtiendo la figura de la acusación popular con el único objetivo antidemocrático de perseguir a personas progresistas y a sus familias, lo que hace urgente una reforma legal de esta institución en los términos propuestos por el Gobierno".

Añade que por esas razones organizaciones como Hazte Oír y Iustitia Europa "no deberían estar legitimadas para impulsar determinadas acciones judiciales mediante el ejercicio de la acción popular".

El curso académico que acaba de terminar fue el primero en el que rigió la orden de "neutralidad ideológica" con la que la Xunta de Galicia dijo querer garantizar que el profesorado transmita "los valores constitucionales", informe "objetivamente y de manera imparcial sobre el pluralismo social" y promueva "el pensamiento crítico y el respeto a las libertades individuales". Lo hizo apoyándose en un artículo de la ley educativa estatal de 1985 que, a su vez, señala ese concepto remitiéndose al punto del artículo de la Constitución sobre el derecho a la educación que trata la formación religiosa y moral.

La aplicación práctica de esa orden se tradujo en un incremento del control sobre las llamadas "actividades complementarias" en los centros educativos —"visitas didácticas o charlas", había concretado el conselleiro, Román Rodríguez— que ya se aplicó entre críticas políticas, sindicales y de personal docente. Tras la primera experiencia en el curso 25-26, el Gobierno gallego se dispone a aplicar la orden todavía con más rigidez en el 26-27, para lo que en la víspera de San Xoán acaba de ordenar más inspecciones y límites a estas mismas actividades.

Como hace un año, la concreción de esa "neutralidad ideológica" llega con la orden en la que la Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa dicta instrucciones para organizar el próximo curso. Tras la misma referencia legal y constitucional, Educación vuelve a obligar a incluir "todas las actividades complementarias" en la programación general anual de cada colegio e instituto y señala como "muy excepcional" la posibilidad de "realizar actividades complementarias sobrevenidas", "siempre y cuando sean aprobadas por el equipo directivo y se dé cuenta de ellas al consejo escolar y a la Inspección educativa". Pero va más allá.

Mientras que para el curso 25-26 la Consellería instaba genéricamente a "garantizar una programación y distribución racional de las actividades complementarias a lo largo del curso, que no interfieran con el desarrollo habitual de las clases, evitando la concentración excesiva en determinados períodos, grupos o cursos", esta vez fija nuevos límites, incluso numéricos. Y, al mismo tiempo, impone nuevos controles.

Así, por ejemplo, obliga a "evitar" la "concentración" de estas acciones "en determinados períodos" o "la participación reiterada de los mismos grupos o de determinados niveles educativos". Exige además que "charlas, talleres o intervenciones puntuales" se organicen "con la menor alteración posible del horario lectivo habitual" y que "no se programe más de una por semana para el mismo grupo".

En el caso de las actividades que impliquen salir del centro no deben "superar, con carácter general, tres salidas por grupo por trimestre" y, en el caso de las llamadas "actividades sobrevenidas", queda prohibido que sean "más de una por trimestre", según fija en dos puntos diferentes de la orden. "La Inspección —advierte la orden— velará por la adecuación pedagógica y organizativa de estas actividades complementarias".

Tras esa mención a la Inspección, la orden de la Consellería indica que colegios e institutos públicos "podrán colaborar, de forma habitual o de forma puntual, con diversas entidades, tanto públicas como privadas", siempre que "respeten los principios educativos, éticos y legales establecidos". "Las colaboraciones deben ser transparentes, objetivas y orientadas al beneficio educativo del alumnado y vinculadas al desarrollo curricular", dice.

En este contexto, la Xunta incluso activa prevenciones explícitas sobre la participación en "actividades sobrevenidas organizadas por ayuntamientos, diputaciones y/u otras entidades externas". "Siempre deberá responder a criterios de pertinencia pedagógica y estar vinculada al currículo y a la programación didáctica de las áreas, ámbitos o materias cursados por el alumnado participante", por lo que "no procederá la participación en actividades que carezcan de una justificación educativa suficiente", advierten.

El instructor del caso Plus Ultra, en el que está imputado el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, ha terminado este jueves por estallar contra las continuas filtraciones de sus diligencias que, cada día, ve publicadas en diversos medios de comunicación. La gota que ha colmado el vaso para el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, ha sido la publicación íntegra de los anexos del informe de la UDEF conocido este miércoles, que relataba las gestiones del exjefe de Gobierno con el expresidente de Bolivia, Luis Arce, a favor de un grupo empresarial peruano. Esos apéndices contenían la agenda íntegra de Zapatero de los años 2024 y 2025. También varios chats de su WhatApp con implicados en esa mediación, pero además, el que mantiene con su secretaria personal, Gertrudis Alcázar, con la que, además de gestionar su actividad profesional, organiza gran parte de su vida familiar y privada. Gracias a la publicación de ambos documentos, cualquiera puede reconstruirla.

La filtración de múltiples datos personales protegidos por la ley en un proceso judicial ya se produjo a lo largo del pasado año con la investigación abierta en el Tribunal Supremo al ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Los informes de la UCO sobre el caso se facilitaron con los anexos que contenían miles de llamadas e intercambios de datos del teléfono del exjefe del Ministerio Público. Entre los afectados aparecieron, por supuesto, múltiples fiscales subordinados, pero también familiares y amigos, que no tenían nada que ver con la causa. Una de esas personas fue su antecesora en el cargo y exministra, Dolores Delgado que, tras la publicación, denunció llamadas anónimas en su terminal. Hasta una vocal del Poder Judicial, y no solo con su número, también con el nombre de un familiar y la dirección de su domicilio particular.

La fuga masiva de información ha sido, si cabe, aún más grande en el caso de Zapatero. "El contenido de los anexos del informe policial [el de la UDEF] fue difundido íntegramente por diversos medios poco después de su puesta a disposición de las partes a través de la plataforma electrónica Cloud", afirmó Calama en su auto de este jueves, que se refería a la "reserva externa de las actuaciones", pero en ningún caso advirtió que se pudiera haber vulnerado el derecho fundamental a la intimidad del investigado. Los anexos publicados, según el juez, contienen "datos incompatibles con su publicación indiscriminada", por lo que su difusión puede constituir un delito de revelación de secretos o de quebrantamiento del secreto de sumario.

Gracias a los mensajes intercambiados con su secretaria, que ocupan nada menos que 1.084 páginas, es posible hacer un traje a medida del expresidente. Porque Zapatero, por ejemplo, le indica las personas con las que quiere quedar, las llamadas que tiene que hacer o los viajes que tiene que emprender para que ella le auxilie gestionando todas sus actividades. Pero también le cuenta datos de su estado de salud o le pide que le compre determinados medicamentos que necesita. En el intercambio de mensajes también aparecen números de teléfono y direcciones de periodistas con los que se reúne –lo que podría afectar al derecho fundamental al secreto profesional de estos últimos– o de amigos con los que comparte su vida social. El chat con Gertrudis Alcázar contiene datos que sí son relevantes para la investigación, pero también otros muchos de caracter íntimo que nadie querría que fueran revelados.

Como las complicaciones en el estado de salud de familares, revelaciones sobre la vida sentimental de personas cercanas, el clásico intercambio de fotos propias y de parientes que se suele hacer con estas aplicaciones de mensajería... También hay algunos datos sobre los movimientos de su esposa, Sonsoles Espinosa, que nada tiene que ver con el caso. Aparecen informaciones sobre las declaraciones de impuestos de la pareja o sobre sus propiedades para nada relacionadas con la causa; su rutinas deportivas y hasta los memes están en el anexo que contiene esa conversación de WhatsApp. Todo ello junto a citas con cargos públicos españoles y dirigentes extranjeros cuyas actividades junto al expresidente, sin comerlo ni beberlo, también han sido reveladas.

Calama ha puesto medidas para intentar que no se repita. En primer lugar ha deducido testimonio (es decir, lo ha denunciado) ante el Tribunal de Instancia de Plaza de Castilla para que que se indaguen las filtraciones y se identifique a los responsables. Se trata de investigaciones que –salvo en el caso del anterior fiscal general, que fue condenado sin ninguna prueba directa– se suelen archivar por falta de autor conocido. El instructor también ha obligado a las partes a poder consultar los vídeos de las declaraciones únicamente en la oficina judicial, para evitar que se emitan por televisión o en medios digitales. A partir de ahora, solo el PP podrá acceder a las diligencias, el resto de acusaciones populares quedan excluidas. Sin embargo, las restricciones llegan tarde, cuando el mal ya está hecho y cada uno de los pasos y actos de un expresidente en los últimos dos años circulan por todas las redacciones.

Madrid se ha convertido en la capital europea del presidente argentino Javier Milei. Es la sexta vez que viaja a España desde que llegó a la Casa Rosada en diciembre de 2023. Ningún otro país europeo ha recibido tantas visitas del presidente argentino y solo Estados Unidos supera a nuestro país en su agenda internacional. El viaje, además, mantiene un patrón que se ha repetido en todas sus estancias anteriores y que no cumple con la habitual diplomacia extranjera y no se reunirá ni con el presidente español, Pedro Sánchez, ni con el rey Felipe VI. No lo ha hecho ninguna de las seis veces que ha visitado la capital, mientras que sí se ha visto con la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso y con el líder de Vox, Santiago Abascal.

Según trasladan fuentes de la Casa Rosada a medios argentinos, en esta ocasión Milei mantendrá reuniones con empresarios organizadas por el embajador argentino en España, Wenceslao Bunge. Así, citan encuentros con directivos de grandes compañías españolas con intereses en Argentina, entre ellas el Banco Santander, el BBVA, Telefónica, Mapfre, Iberia, Indra y Dia con el objetivo declarado de promover inversiones. No está previsto, según trasladan fuentes de Sol a infoLibre, que se reúna con Ayuso mientras que Vox no aclara a preguntas de este periódico si hará lo propio con Abascal. 

El principal evento de esta visita será la inauguración de la II edición de los Cursos de Verano CEU-María Cristina el viernes. El mandatario ultra recibirá la Medalla de Honor de la Universidad CEU San Pablo, un reconocimiento que la institución justifica por “su trayectoria como economista, su defensa de las políticas de libertad económica y su papel en las reformas emprendidas en Argentina”, según destacan desde la organización.

Aunque la agenda oficial difundida por la Presidencia argentina solo confirma el acto del CEU, las reuniones privadas con empresarios son clave para el presidente argentino, que necesita inversiones en un país que él mismo presenta como oportunidad, pero que ha sido históricamente un mercado volátil, con crisis recurrentes, devaluaciones, litigios y dificultades para repatriar beneficios. De esta manera, busca conseguir acuerdos y compromisos millonarios para el país que le ayuden a mantener el apoyo político interno. 

Su viaje coincide con un momento de desgaste político provocado por investigaciones y polémicas que afectan a miembros de su Gobierno, especialmente a su jefe de Gabinete Manuel Adorni, que afronta una investigación por un presunto enriquecimiento ilícito tras reconocer que ocultó medio millón de dólares no declarado. Lo justificó diciendo que eran ahorros "en negro" de años anteriores, explicaciones que no han convencido a la oposición argentina, que hace solo unas semanas reclamó una moción de censura contra Ardoni.

En esta sexta visita a España, la agenda de Milei transcurre, de nuevo, por un circuito alternativo al de la diplomacia habitual formado por empresarios, universidades privadas y organizaciones vinculadas a la derecha política y cultural. El acto central será su participación en la Universidad CEU San Pablo, donde recibirá una distinción honorífica. El reconocimiento no llega de una institución académica neutral, sino de uno de los principales centros de influencia del conservadurismo católico español.

Un acto que estará presidido por el presidente de la Fundación Universitaria, Alfonso Bullón de Mendoza, la rectora de la universidad, Rosa Visiedo, y el director de los cursos, Benigno Pendás. El programa de los cursos refleja además el ecosistema político e ideológico con el que Milei mantiene mayor afinidad en España ya que entre los ponentes figuran, además de Ayuso y Abascal, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo y el expresidente José María Aznar, además de dirigentes conservadores, juristas y representantes empresariales.

El centro pertenece a la Fundación Universitaria San Pablo CEU, impulsada por la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP), una organización fundada a comienzos del siglo XX con el objetivo de promover la presencia del catolicismo en la vida pública española. Desde 2018, la ACdP está presidida por el citado Alfonso Bullón de Mendoza, que además de presidir la Fundación Universitaria San Pablo CEU también es el presidente del pseudomedio El Debate desde su nacimiento, en 2021. Además, detrás de la distinción académica que recibirá Milei está Javier Morillas Gómez, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad CEU San Pablo y consejero del Tribunal de Cuentas desde hace cinco años.

Bajo la dirección de Bullón de Mendoza, la ACdP ha reforzado su presencia pública mediante un entramado que combina universidad, medios de comunicación, fundaciones y foros de debate. Él mismo ha defendido la necesidad de que los católicos recuperen influencia en el espacio público y ha convertido al CEU y a El Debate en algunos de los principales altavoces del conservadurismo español.

Y, aunque el presidente argentino comparte buena parte de los discursos que forman parte del universo político de la ACdP como la crítica al progresismo, la oposición a las políticas de igualdad y el rechazo a la memoria histórica, la defensa de una concepción tradicional de la familia y un fuerte rechazo a lo que denomina "socialismo" o "cultura woke", el libertarismo económico de Milei no coincide plenamente con la doctrina social de la Iglesia. La reciente visita del Papa León XIV a España y su mensaje pro inmigración es un ejemplo de ello.

Más que un reconocimiento estrictamente académico, el premio supone la incorporación de Milei a una red de instituciones conservadoras que, desde distintos ámbitos —en este caso, el mundo de la universidad privada—, aspiran a disputar la hegemonía cultural a la izquierda y al Gobierno de Sánchez. En ese sentido, la distinción del CEU no solo reconoce al presidente argentino, sino que visualiza la afinidad entre su doctrina política y una parte significativa de la derecha española organizada en torno a un mismo ecosistema.

Con todo, la frecuencia de las visitas de Milei que supera con creces a la de otros mandatarios extranjeros, no responde únicamente al peso económico de España para Argentina —aunque el país es uno de sus principales inversores europeos— sino también a la relevancia ideológica que Milei concede a Madrid. A diferencia de otros presidentes latinoamericanos, no prioriza las visitas institucionales a países vecinos ni las reuniones bilaterales tradicionales. Prefiere cultivar alianzas con la derecha europea y utilizar Madrid como plataforma para proyectar internacionalmente su discurso anti impuestos.

La relación institucional entre ambos países continúa marcada por la crisis diplomática abierta en mayo de 2024, cuando Milei calificó de "corrupta" a la mujer de Sánchez, Begoña Gómez, durante un acto de Vox. España retiró entonces a su embajadora durante varios meses y las relaciones políticas nunca recuperaron la normalidad. Desde entonces, el presidente argentino ha evitado cualquier contacto oficial con el Ejecutivo español en todas sus visitas.

Esa fue su primera visita a España, en la que además de participar en el acto de la formación ultra, también se vio con empresarios españoles interesados en invertir en Argentina. Solo un mes después, en junio de 2024, regresó para recibir la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid por parte de Ayuso en lo que fue un polémico encuentro y un reconocimiento del Instituto Juan de Mariana, presidido por un exviceconsejero madrileño, Manuel Llamas, que define al socialismo como una “ideología asesina e inmoral” y “una enfermedad del alma”. 

Durante el pasado año volvió a la capital — curiosamente, es la única ciudad que ha visitado en España— para clausurar el Madrid Economic Forum, reunirse nuevamente con Abascal, mantener encuentros con empresarios del Ibex interesados en el proceso de desregulación económica de Argentina y entrevistarse con Ayuso. En ese foro volvió a cargar contra el presidente español, al que calificó de "bandido". Y en marzo de este año protagonizó otra visita exprés para intervenir nuevamente en el mismo foro y recibir un premio del Instituto Ludwig von Mises. Tampoco mantuvo contactos con representantes del Ejecutivo español.

El último informe de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional en relación al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha provocado un nuevo terremoto político y judicial. No tanto por su contenido –amplía el foco más allá de Plus Ultra y Análisis Relevante–, sino por los anexos que llevaba aparejados. Documentos con información extremadamente sensible y sin valor para la investigación –no solo del exdirigente socialista, sino también de terceras personas ajenas a la causa– de la que se dio traslado a las partes sin un cribado previo y que acabó en todos los medios. Un agujero que el instructor, José Luis Calama, trata ahora, a posteriori, de tapar. Mientras, Zapatero vuelve a mover ficha en busca de la nulidad de la causa.

El informe UDEF-BBCA 2910/26, que se centra en la supuesta mediación del expresidente a favor de un grupo empresarial peruano en relación a un pleito millonario en ese país, se entregó acompañado de 19 anexos documentales. En los mismos se incluían, entre otras cosas, las agendas del exlíder del Ejecutivo de los años 2024 y 2025 o su chat de WhatsApp con su secretaria, Gertrudis Alcázar. Son más de un millar de páginas de mensajes. La mayoría son de índole personal. Y buena prueba de ello es que menos de una docena de todas las comunicaciones contenidas en esa conversación acaban transcritas en el documento policial al considerarse que tienen relevancia para la investigación.

Todos estos documentos fueron subidos en bruto, sin ningún tipo de cribado previo, a la nube por orden del instructor. "No siendo técnicamente posible la transmisión telemática de los anexos indicados al Ministerio Fiscal y partes, en razón a su volumen, se procederá a su inclusión en la sede electrónica cloud justicia", recoge la providencia firmada por Calama en la mañana del miércoles. Pocas horas después, las agendas o el chat de Zapatero con su secretaria al completo circulaban por todas las redacciones. Un agujero en el juzgado que puso al descubierto, entre otras cosas, información médica, direcciones y teléfonos de terceras personas o datos sobre el estado de salud de familiares. Datos especialmente sensibles y que nada tienen que ver con la investigación.

No es la primera vez que pasa. También se incorporó hace tres años a la plataforma virtual del caso Kitchen el volcado íntegro de varios chats de WhatsApp del ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, entre ellos el que tenía con su pareja. Y en la causa contra el ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz también quedó al descubierto información sensible de Dolores Delgado, exministra de Justicia y exjefa del Ministerio Público, y hasta de un miembro del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El problema estuvo en la notificación a las partes sin un filtrado previo de un informe –y sus anexos– de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil sobre tráfico de llamadas, que puso al descubierto documentos de identidad o direcciones de los usuarios de los dispositivos.

Fuentes policiales consultadas por infoLibre explican que cuando se lleva a cabo un volcado telefónico en el marco de investigaciones judiciales, el dispositivo se pasa por "un programa de extracción" que transcribe, de principio a fin, toda la conversación. Con ella, se "elabora" un informe solo con aquellos mensajes que resultan "relevantes" para la causa: "Todas aquellas cuestiones de carácter personal quedan fuera". Ese documento policial se remite al instructor junto con el "bruto" de la conversación. ¿Para qué? Para que pueda "cotejar" que los mensajes recogidos en el informe coinciden con los que se han extraído del terminal.

Con esta documentación sobre su mesa, los instructores pueden tomar ciertas cautelas para evitar que información de índole personal acabe filtrándose. La "práctica habitual", cuenta un magistrado instructor, es que ese volcado "en bruto" no sea trasladado a las partes y se abra una "pieza separada de expurgo" a cuyo contenido solo tengan acceso Fiscalía y defensa para cribar la información, sacando de la causa todos aquellos datos íntimos, personales o que nada tienen que ver con la investigación en curso. Eso es, por ejemplo, lo que acordó esta semana el titular del Juzgado Central de Instrucción nº5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, en relación a toda la documentación con la que salió la UCO de la sede del PSOE en el marco del llamado caso Leire.

"Es el juez el que tiene que marcar los límites, ordenar los expurgos", resalta en conversación con este diario Baltasar Garzón, quien fuera durante muchos años magistrado instructor en la Audiencia Nacional. "Si se ha entregado todo a las partes sin expurgar hay una grave responsabilidad de juez y fiscal, que deben cuidar del cumplimiento de la ley de enjuiciamiento criminal. [...] La mínima prudencia habría exigido declarar el secreto parcial hasta que se hubiera expurgado todo", resalta el ahora abogado, que lamenta que se esté montando una suerte de "causa general" contra alguien que, completa, "carece de posibilidades de defenderse adecuadamente".

A posteriori y con la filtración ya consumada, el instructor del caso Plus Ultra ha decidido este jueves mover ficha para intentar tapar el agujero que tiene en el juzgado en relación a esta causa. Por un lado, ha decidido formar una pieza de "información sensible", solo accesible para el Ministerio Público y el propio órgano jurisdiccional, en la que se incluyan las grabaciones audiovisuales de las declaraciones que se vayan tomando a investigados y testigos. En definitiva, solo se facilitará a la acusación popular y a las defensas "transcripción" de las comparecencias, pudiendo consultarse los vídeos solo en el juzgado. Una medida que ya adoptó el Tribunal Supremo durante la investigación al ex fiscal general del Estado por la filtración de un correo del abogado del empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña.

Calama también ha decidido limitar el acceso a la nube judicial de las "acusaciones populares", de forma que solo pueda ingresar a la misma el abogado que lleva la dirección de las mismas –en concreto, el letrado del PP–. Es ahí, reconoce en privado un magistrado, donde suele estar el origen de las filtraciones. Unas fugas de información por las que el instructor acaba de deducir también testimonio para que se investiguen. "Desde el momento que las actuaciones fueron puestas a disposición de las partes personadas, se han producido filtraciones constantes e inmediatas a medios de comunicación", resalta el instructor del caso Plus Ultra, que avisa de que estos hechos pueden ser constitutivos de "delitos de revelación de actuaciones procesales reservadas".

En concreto, pone sobre la mesa el artículo 417 del Código Penal, que castiga con hasta cuatro años de prisión a "la autoridad o funcionario público" que "revelare secretos o informaciones de los que tenga conocimiento por razón de su oficio o cargo y que no deban ser divulgados". Y también el 466, que establece que las penas mencionadas en el artículo anterior deben ser impuestas "en su mitad superior" cuando la revelación de actuaciones secretas "fuese realizada por el juez o miembro del tribunal, representante del Ministerio Fiscal, Secretario Judicial o cualquier funcionario al servicio de la Administración de Justicia". Y que contempla multas para aquellos abogados o procuradores que desvelasen "actuaciones procesales declaradas secretas por la autoridad judicial".

Y en medio de esta vorágine, el expresidente del Gobierno sigue buscando anular la causa. En un escrito presentado este mismo jueves, la defensa del exlíder socialista ha planteado un incidente de nulidad de actuaciones al considerar vulnerado su derecho al juez ordinario, a un proceso con garantías, a la tutela judicial efectiva o a la presunción de inocencia. Su abogado sostiene que la investigación tiene su origen en "unos análisis de conversaciones privadas no autorizados" en el marco de unas diligencias de investigación de la Fiscalía Anticorrupción "que no se ajustaban al marco legal" y con "maniobras dirigidas a conducir el proceso" hacia "órganos judiciales de mayor conveniencia para la denunciante". "La nulidad de actuaciones tiene origen en la propia génesis", resalta.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha acordado deducir testimonio a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid para que investigue las filtraciones producidas en el caso Plus Ultra e identifique a sus responsables ante su eventual carácter delictivo “dada la gravedad de los hechos y su potencial encaje en tipos penales de revelación de actuaciones declaradas reservadas”.

En un auto, el magistrado acuerda que se forme una pieza de “información sensible” en la que se incluirán las grabaciones audiovisuales de las declaraciones de testigos e investigados en esta causa y que será accesible únicamente para el juzgado y el Ministerio Fiscal.

Explica que una vez que se practique dichas declaraciones, se facilitará a la acusación popular agrupada y a las defensas la transcripción de su contenido, que proporciona automáticamente el programa de grabación. No obstante, aclara, si alguno de los abogados de la acusación o las defensas precisaran consultar algún extremo en concreto de las declaraciones podrá consultarlas en la Secretaría del juzgado, sin que se les facilite copia de la grabación hasta la hipotética apertura de juicio oral.

Como tercera medida para prevenir las filtraciones, el juez ha acordado, respecto a las acusaciones populares, que sea solo la agrupada bajo la dirección del PP la que pueda acceder al Cloud.

Calama recuerda que en la fase de instrucción la regla general es el carácter reservado de las actuaciones procesales, salvo para las partes personadas conforme a lo estipulado en el artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Señala que es una medida dirigida a preservar la eficacia de la investigación con el fin de evitar interferencias indebidas y asegurar la integridad de las diligencias que se practiquen.

El magistrado advierte de que en este procedimiento, desde el momento en que las actuaciones fueron puestas a disposición de las partes personadas a través de la plataforma Cloud se han producido filtraciones constantes e inmediatas a los medios de comunicación. Estas filtraciones, indica Calama, alcanzaron su máxima expresión ayer, cuando el informe de la UDEF 2910/26 fue difundido íntegramente por diversos medios de comunicación poco después de su publicación en el cloud, pese a contener datos incompatibles con su publicación indiscriminada. Estos hechos, para el instructor, además de constituir una vulneración palmaria del deber de reserva inherente al secreto externo, pueden integrar ilícitos penales, en particular los previstos en los artículos 466 y 417 (revelación de actuaciones procesales secretas o de informaciones reservadas), sin perjuicio de otras responsabilidades disciplinarias o profesionales.

Calama señala que la persistencia de estas filtraciones revela que las medidas actuales han resultado insuficientes para garantizar la reserva de las actuaciones, lo que lleva al juzgado a adoptar medidas para garantizar el secreto externo y evitar “que la publicidad ilícita de actuaciones pueda afectar tanto a la investigación como a los derechos de los investigados”.

“No tenemos miedo a hablar de corrupción”. Desde el corazón del Palacio de la Moncloa admiten la dureza del momento, pero, a su vez, señalan que van a defender la honorabilidad del Gobierno y del PSOE ante el “ruido” del PP. Van a dar la batalla en un periodo en el que ya se empieza a oler el final de la legislatura.

En el entorno de Sánchez emiten señales de que no dan todo por perdido. Y creen, además, que el “tono duro, faltón e impropio de la democracia” que está desplegando el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se le puede volver en su contra precisamente: “El foco de la corrupción está en la Puerta del Sol. ¿Qué va a hacer con Ayuso?”

Los socialistas viven días convulsos, pero creen que le fue “bien” al presidente en la comparecencia de este miércoles en el Congreso, donde lanzó mensajes como que no existe “corrupción generalizada” y que nunca conoció las prácticas de José Luis Ábalos, Koldo García, Santos Cerdán y Leire Díez.

En el PSOE y en la Moncloa trasladan que quedan meses muy duros por delante con el “goteo” de informaciones judiciales, pero también sostienen que las derechas se han pasado de frenada y que los ciudadanos están percibiendo alguna anomalía. Este mismo miércoles se produjo otra “casualidad”, como señalaba un miembro del círculo más cercano a Sánchez, con la filtración de un nuevo informe de la UDEF sobre José Luis Rodríguez Zapatero en mitad de la comparecencia del líder socialista, que minutos antes había defendido la presunción de inocencia del expresidente.

Fuentes socialistas insisten en que no cuela ya esa imagen de “Torquemada” de Feijóo en relación con la corrupción cuando su propia figura está llena de dudas. El propio Sánchez puso de nuevo sobre la mesa la incógnita sobre quién paga la vivienda de lujo en la que vive Núñez Feijóo, una información que destapó infoLibre. Lo hizo en el Congreso después de que el líder popular lanzara dudas sobre la declaración de la renta del socialista.

Pero, además, en Moncloa ponen el foco en que a Feijóo se le va a volver en contra su propio discurso por lo que está pasando en la Comunidad de Madrid, donde se ha hecho público que la pareja de Díaz Ayuso, Alberto González Amador, llegó a multiplicar por siete sus ingresos de Quirón desde que inició su relación con la política del PP.

En el PSOE creen que Feijóo ha cruzado “todas las líneas rojas”, como se pudo evidenciar en la comparecencia. Por un lado, señalan sus “indecentes” palabras sobre la mujer del presidente, a la vez que repudian la parte en la que el expresidente de la Xunta le dijo a Patxi López que “si se levantara su padre y viera lo que hace, no se lo perdonaría jamás”.

El propio López respondió posteriormente desde la tribuna de oradores, aunque Feijóo decidió quedarse en el pasillo en ese momento para no escuchar la contestación. El socialista fue muy rotundo: “Lamento que no esté el señor Feijóo, porque me gustaría decírselo a la cara. Para que yo le acepte que hable de mi padre, tendría que nacer tres veces. Por las veces que le dieron a mi padre hostias en las comisarías, por las veces que estuvo encarcelado y por el destierro que tuvo que soportar por defender la libertad”.

Fuentes del PP posteriormente insistieron: “El padre de Patxi era político. Lo conocimos. No dejaría que su hijo estuviera con Bildu. Al padre de Patxi le respetamos. A este Patxi, no. Y lo decimos con la legitimidad de quienes le hicieron lehendakari a cambio de nada. El padre de Patxi pertenecía a ese PSOE al que P.S. desprecia”. Los socialistas están absolutamente indignados por lo que hizo Feijóo: “Vil, ruin”.

A pesar de las encuestas y de los vaticinios de las derechas, el PSOE sostiene que es mucho más competitivo electoralmente de lo que creen sus adversarios. En Ferraz traslada que hay muchos votantes progresistas que hoy no están movilizados pero que también comparten la indignación ante algunas decisiones judiciales como la retirada del pasaporte de la mujer del presidente por parte del juez Juan Carlos Peinado y la exención del ingreso en prisión del empresario corruptor Víctor de Aldama a pesar de la condena a cuatro años por parte del Tribunal Supremo.

Asimismo, varios dirigentes del partido comparten en privado que la decisión del juez Peinado un sábado por la mañana, tras darse varios días para adoptar medidas cautelares, se produjo también “casualmente” cuando Díaz Ayuso estaba en el ojo del huracán al revelarse un informe de Hacienda en el que consta que González Amador facturó a Quirón 4,4 millones de euros en apenas tres años. Sus ingresos se dispararon a partir de 2021, año en el que se conoció, a través de un reportaje de la revista Lecturas, que mantenía una relación con la dirigente del Partido Popular.

Quirón es el principal grupo hospitalario privado en España y recibe en torno a mil millones de euros de manera anual por parte de la Comunidad de Madrid. La polémica se extiende al directivo de Quirón Fernando Camino, cuya mujer vendió una empresa estética por medio millón de euros a González Amador en León. Esta compañía no tenía empleados y apenas tres máquinas de depilación ya amortizadas.

La sombra de Díaz Ayuso es alargada. En el PSOE indican que Núñez Feijóo no se atreve a tocarla y recuerdan que el expresidente de la Xunta de Galicia llegó precisamente al despacho principal de la calle Génova por la operación para echar a Pablo Casado por denunciar los negocios del hermano de la presidenta en la compraventa de mascarillas durante la pandemia.

El Partido Popular sigue encapsulando esta cuestión y evitando un choque con Ayuso. El número dos de los populares, Miguel Tellado, afirmó tras conocerse los ingresos millonarios de González Amador: “Es una cuestión particular, que no afecta a una administración, sino a una persona. Y, por lo tanto, no encontrará a nadie en la dirección nacional del partido criticando a los jueces, respetamos la actuación de la justicia y es en los juzgados donde se deben sustanciar esas responsabilidades”.

Asimismo, en el PSOE también ponen el foco en que el exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz acabó siendo condenado sin ningún tipo de prueba por parte del Tribunal Supremo en una causa en la que se limitó a difundir una nota de prensa para contrarrestar las desinformaciones emitidas por el entorno de la presidenta de Madrid con la versión de que era Hacienda quien le debía dinero al empresario.

Un nuevo informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) del Cuerpo Nacional de Policía ha vuelto a señalar al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero como líder de "una organización criminal" dedicada "al ejercicio de influencias de carácter ilícito en beneficio de distintos clientes". La operación reseñada esta vez no tiene nada que ver con el rescate de Plus Ultra. Se trata de una mediación a favor de un grupo empresarial peruano con el expresidente de Bolivia Luis Arce para tratar de poner solución a un pleito millonario en ese país, por la que el exlíder del PSOE habría obtenido 200.000 euros. Fuentes del entorno de Zapatero han asegurado a infoLibre que esa actividad investigada por los agentes fue "una actividad de consultoría por completo legal". También señalan que "sería inaceptable hacer una investigación prospectiva sobre la actividad profesional del expresidente" y consideran "un escándalo sin precedentes" que se publiquen "agendas y conversaciones privadas de un presidente".

El documento policial señala muy detalladamente todos y cada uno de los trámites para que Zapatero llevara a cabo esa gestión. La petición partió de la sucursal en Bolivia de la consultora Kreab, en concreto de su asesora senior Carmen Almendras, que fue embajadora en España entre 2007 y 2015. La consultora, a través de su asesora, pidió ayuda al expresidente español el 8 de mayo de 2024 para que prestara auxilio al más alto nivel al Grupo Gloria, un conglomerado empresarial peruano. Una de las empresas de ese grupo, Sociedad Boliviana de Cementos (Soboce), fue condenada en Bolivia por competencia desleal con la cementera Fancesa (Fábrica Nacional de Cemento SA), de la que Soboce era propietaria de un tercio del capital que luego fue expropiado por el Estado boliviano. Fancesa demandó a Soboce y el Tribunal Supremo del país andino condenó a esta última a pagarle 107 millones de dólares (94 millones de euros al cambio actual).

Para prestar ese servicio, Zapatero se desplazó el 15 de septiembre de 2024 a Bolivia, donde se entrevistó con el expresidente Luis Arce –actualmente en prisión preventiva tras su detención en diciembre acusado de varios delitos de corrupción– y con su ministro de Economía, Marcelo Montenegro. Las gestiones del expresidente español en Bolivia para el Grupo Gloria siguieron produciéndose a lo largo de 2025, con nuevos contactos telefónicos con el expresidente Arce y con el entonces Procurador General (fiscal general) del país, Ricardo Condori, con el que habló el 6 de mayo de ese año. A finales de mes, el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz dio la razón a Soboce, y suspendió provisionalmente el pago de la millonaria indemnización a Fancesa.

El informe contiene dos conexiones con la supuesta operativa ilícita detallada por Calama en el auto que dio inicio a la investigación contra Zapatero. La primera es que el dinero que obtuvo por sus gestiones se le transfirió a través de una empresa interpuesta. Se trata de Focus Social Research, una sociedad con la que el propio Zapatero firmó un contrato de prestación de servicios de asesoría. Fue esa firma, cuyo objeto social, según los agentes, es el marketing, la que canalizó supuestamente los tres pagos (uno de 100.000 y dos de 50.000 euros, respectivamente) que le habría abonado, en realidad, el grupo empresarial peruano Gloria. Focus Social Research, según el informe de la UDEF, "habría sido empleada como sociedad interpuesta". En el auto del instructor con el que imputó a Zapatero aparecían otras mercantiles que supuestamente actuarían como tapaderas: Inteligencia Prospectiva, Softgestor, Grupo Aldesa...

La segunda conexión con los hechos que sirvieron a Calama para actuar contra Zapatero es la presencia de los hermanos Guillermo y Domingo Amaro Chacón, ambos empresarios venezolanos y titulares, precisamente, de Inteligencia Prospectiva. El instructor señala a esta sociedad sin actividad como canalizadora de fondos a la trama y una de las entidades con las que una empresa china habría intentado obtener cupos de petróleo en Venezuela gracias a la relación personal del expresidente español con la actual presidenta encargada y anterior ministra de Petróleos del Gobierno de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez. Uno de los pagos registrados a WhaTheFav, la empresa de las hijas de Zapatero, procedió directamente de esta sociedad sin personal que justificaba el dinero que entregaba a través de ampliaciones de capital. Los hermanos Amaro Chacón fueron con Zapatero a Bolivia en el viaje en el que el expresidente hizo las gestiones a favor de Gloria con Arce.

En su declaración ante el juez Calama, Zapatero aseguró que había desarrollado "una intensa tarea de consultoría" con los hermanos Amaro Chacón, con los que, sin embargo, afirmó que no mantenía el contacto. "Me he reunido con ellos en innumerables ocasiones, me han consultado absolutamente todas las vertientes políticas, económicas, he viajado con ellos y he estado en reuniones con ellos", declaró. El expresidente también negó haber mediado a favor de ninguna empresa china para que obtuviera petróleo. "No he tenido ninguna relación con ninguna empresa china más que mi actividad en China, que ha sido dar conferencias", aseguró.

“No puedo parar de llorar de la emoción”. Así reacciona Rosa Marín, educadora de infantil y portavoz de la de la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI), al conocer que la nueva propuesta del Gobierno para bajar las ratios en la educación incluye, por primera vez, el ciclo de 0 a 3 años. “No pensaba que íbamos a conseguir las ratios que queríamos. Llevamos tres años dedicando cuerpo y alma a esto”, añade.

El debate sobre el número de alumnos por aula lleva meses en el centro de las reivindicaciones educativas. La bajada de ratios ha sido uno de los ejes de las huelgas de profesores y educadores registradas en distintos puntos de España, desde la Comunidad Valenciana a Madrid, pasando por Cataluña y Aragón. 

Hace una semana, el Gobierno presentó el proyecto de ley que modifica la Ley 4/2019, de 7 de marzo, que se está tramitando actualmente en las Cortes, e incluía una reducción de ratios de 25 a 22 alumnos en los cursos de Primaria y de 30 a 25 en la ESO. Sin embargo, la propuesta dejaba fuera a los grupos de Infantil y Bachillerato.

Este miércoles, el Ministerio de Educación ha trasladado a los sindicatos una nueva versión del texto que incorpora también cambios en estas etapas. Con la nueva propuesta, las ratios máximas en el primer ciclo de Infantil quedarían reducidas a menos de la mitad de las que hay ahora establecidas. En el curso de 0 y 1 año pasarían de 8 a 4 niños por educadora; en el de 1 a 2 años, de 14 a 8; y en el de 2 a 3 años, de hasta 20 a solo 8.

Según la propuesta de Educación, al que ha tenido acceso infoLibre, esta modificación se aplicaría de forma progresiva empezando por el primer nivel de cada ciclo a partir del curso 2027-2028, “siendo de plena aplicación al comienzo del curso académico 2029-2030”. 

“Es poder trabajar en condiciones y tener pareja educativa en las aulas, lo que implica ganar en salud emocional y física, además de poder dar la calidad e individualidad que necesitan los niños en esta etapa”, describe Marín, que explica que las educadoras de toda España lo están celebrando. Sin embargo, advierte de que, aunque supone “un gran paso”, no es suficiente para poner final a la huelga de educadoras que permanece activa en la Comunidad de Madrid desde el 7 de abril y que retomará en septiembre.

La protesta se sostiene sobre tres reivindicaciones: bajada de ratios, pareja educativa y salarios dignos. Aunque las condiciones varían según la comunidad, el sueldo medio de estas trabajadoras ronda actualmente los 1.700 euros mensuales, y en territorios como Madrid puede quedarse cerca del salario mínimo. “Cuando tengamos cerrado este último punto, nos bajaremos de la huelga. De momento, continuamos”, asegura Marín. “Esta propuesta es una gran noticia para irnos de vacaciones, coger fuerza en el mes de agosto y seguir luchando en septiembre”, agrega.

En Bachillerato, la propuesta establece un máximo de 30 alumnos, frente a los 35 fijados actualmente. “Esta relación numérica será de aplicación desde el curso escolar 2029-2030 para el primer curso de la etapa y para su aplicación en el siguiente curso escolar al segundo curso”, describe la propuesta. En Primaria, la reducción empezaría a aplicarse a partir del curso escolar 2027-2028, mientras que en Secundaria Obligatoria no entraría en vigor hasta el curso 2028-2029.

Estos cambios tendrán que ser aceptados por los sindicatos y una vez la nueva ley de ratios sea aceptada por el Congreso y el Senado, se podrán incluir con una modificación por Real Decreto.

Ahí se concentra una de las principales críticas de los sindicatos. “Hemos conseguido que el Ministerio asuma nuestra propuesta del 4/6/8 alumnos y alumnas por educador o educadora en Infantil 0-3, lo que supone un gran éxito de la movilización. El único ‘pero’ es que plantean que sea progresiva, como ocurre en el resto de cursos”, defienden desde Comisiones Obreras.

Desde el sindicato piden “medidas más ambiciosas y ágiles”, entre las que incluyen que “todo el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo cuente doble a efectos de ratio en todas las etapas y enseñanzas, asegurar que todas las necesidades y dificultades estén asociadas a la dotación de apoyos especialistas, fijar un máximo de 250 alumnos y alumnas por cada profesional de la red de orientación y dotación adicional en todos los centros para las funciones de coordinación de bienestar”.

Desde la Asociación de Centros Autónomos de Enseñanza Privada (ACADE) la crítica va en otra dirección. Desde la patronal sostienen que la medida podría obligar a cerrar el "cien por cien" de los centros privados de educación Infantil, aunque matizan que ese escenario se produciría solo si no se acompaña de "medidas compensatorias suficientes".

Además de las ratios, el Ministerio también ha planteado en su propuesta los requisitos para los centros de Infantil: aulas de dos metros cuadrados por puesto escolar, una sala de usos múltiples de 30 metros cuadrados, un patio de juegos de uso exclusivo del centro y nunca inferior a 75 metros cuadrados, un aseo por sala destinada a niños de dos a tres años, visible y accesible desde el aula, con dos lavabos y dos inodoros. 

La propuesta también incorpora una reivindicación que ha ganado peso en los últimos años: “el cuidado de la salud, la protección y la atención al bienestar del alumnado y del personal del centro mediante la adecuación de la climatización con criterios de eficiencia energética y la adaptación a las consecuencias del cambio climático”. Para Comisiones Obreras esta propuesta es “imprescindible, pero se deben abordar las medidas para que todas las administraciones la apliquen de forma urgente”.

Lo único que queda por determinar, y que no ha sido discutido en esta reunión, según indican fuentes del Ministerio de Educación a infoLibre, es la financiación que acompañará a estas medidas. Según un informe publicado en mayo por el centro de políticas económicas de Esade, que analizó las bajadas de ratios en Primaria y ESO, calculó que su aplicación obligaría a habilitar 69.000 aulas y a incorporar unos 103.000 docentes a jornada completa.

Según este informe, entre 2027 y 2036 el coste presupuestaria neto medio sería de 2.818 millones al año, con un acumulado de 28.184 millones. En el año pico, 2031, el coste real alcanzaría los 6.549 millones, con 5.169 millones de coste presupuestario neto. Los investigadores indican que al no incluir Infantil ni Bachillerato, la incorporación de estas etapas “elevará la demanda de docentes adicionales de manera considerable, y por tanto los costes, respecto al escenario considerado en este informe”.

La Audiencia Nacional ha retomado este miércoles el juicio del caso Kitchen, centrado en la supuesta operación parapolicial para evitar que información comprometedora para el PP pudiera incorporarse al sumario de Gürtel. Y lo ha hecho con la declaración de Andrés Gómez Gordo, antaño asesor del Gobierno de María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha. Durante su comparecencia, el comisario, que solo ha respondido a las preguntas de su abogada, ha reconocido que facilitó la captación como confidente de Sergio Ríos, exchófer de Bárcenas. Pero ha negado haber tenido conocimiento de la operación. Una versión que ha generado dudas al tribunal. "¿Por qué dedica esa cadena de mensajes a hablar de algo que le es ajeno?", le ha preguntado la presidenta, Teresa Palacios, en relación a las comunicaciones mantenidas con el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez.

Gómez Gordo, para quien la Fiscalía Anticorrupción pide 15 años de prisión, ha comenzado su declaración como acusado haciendo un repaso de su trayectoria profesional en aquel periodo de tiempo. Así, ha explicado que estuvo desde octubre de 2011 hasta marzo de 2015 como asesor del Ejecutivo castellanomanchego. Y que luego reingresó al Cuerpo Nacional de Policía. Estuvo destinado en la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), donde fue jefe del área de vigilancias. "Excepto cuatro meses que estuve en atribución temporal de funciones en la Dirección Adjunta Operativa (DAO)", ha completado Gómez Gordo, a quien siempre se ha considerado comisario de cabecera de la ex secretaria general del PP –sus compañeros, de hecho, se referían a él como Cospedín–.

Durante la hora que ha durado la comparecencia, el nombre de Cospedal ha quedado al margen. Solo ha salido a flote en una ocasión. Y Gómez Gordo ha levantado una suerte de cortafuegos alrededor de la exministra de Defensa y su exmarido Ignacio López del Hierro. "¿Le pidieron ellos que facilitara la presentación [de Ríos con el comisario José Manuel Villarejo] o lo comentó con ellos?", le ha preguntado la letrada. "Para nada", ha contestado el acusado, quien también ha querido dejar claro que durante su etapa en la UDEF nunca tuvo "acceso a nada de la Gürtel". Durante su comparecencia como testigo en el juicio, Manuel Morocho, antaño investigador principal de ese caso de corrupción, dijo que sus informes eran analizados, entre otros, por Gómez Gordo.

En su escrito de acusación, la Fiscalía Anticorrupción resalta el papel clave del acusado en la captación del topo en la familia Bárcenas. Y durante su declaración, el entonces inspector ha reconocido haber facilitado esa gestión. Así, ha relatado que Ríos, con quien había coincidido durante la etapa en la que ambos trabajaron para el Gobierno de la Comunidad de Madrid, se puso en contacto con él después de que el comisario jubilado Enrique García Castaño, quien fuera máximo responsable de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Comisaría General de Información –quien no se sienta en el banquillo de los acusados por un problema de salud–, hubiera intentado captarle. "Me dice que le han tocado, que no sabe de dónde son y que le han dejado una tarjeta", ha explicado Gómez Gordo.

Tras eso, el acusado ha contado que llamó al número de teléfono y se identificó como inspector jefe. Unos días después, ha continuado, recibió una llamada en la que el comisario jubilado José Manuel Villarejo, a quien ha asegurado que entonces no conocía, le citaba a una reunión en un hotel de la capital. Allí, le dijo que era "seguridad del Estado" y que les ayudase, a lo que él respondió que si todo eso era "oficial" que le citara en "un sitio oficial". Al acabar el encuentro, Gómez Gordo se puso en contacto con el entonces director adjunto operativo, Eugenio Pino, a quien conocía, y le contó todo. El jefe policial, tras escucharle, le citó en la Dirección Adjunta Operativa. Y allí, oficialmente, se le pidió que facilitara la presentación de Ríos a Villarejo.

El exchófer, quien ha declarado tras él y para el que Anticorrupción pide 12 años, ha confirmado que García Castaño, a quien conocían en el Cuerpo como El Gordo, intentó captarle y que pidió ayuda a Gómez Gordo después de que "algunos compañeros" no pudieran "comprobar" quién era la persona que le había abordado. "En ningún momento se identificó como policía, pensaba que era prensa o un detective privado", ha resaltado. Algo que, ha querido poner de manifiesto el fiscal Anticorrupción, entra en contradicción con lo dicho por el acusado en fase de instrucción, donde declaró que habló con "compañeros" de Fuencarral-El Pardo que habían estado en Policía Judicial y que le dijeron que la persona que le había tocado –en el argot policial– era un comisario principal.

Aquella presentación, han sostenido ambos acusados, se produjo en las inmediaciones de un aparcamiento público. Ríos acudió con su coche. Y a Villarejo lo llevó Gómez Gordo, quien se retiró para que ambos hablaran. En aquel primer encuentro, el exchófer ha explicado que el comisario le advirtió que se podía meter en problemas con algunas gestiones que estaba realizando para la familia Bárcenas y le informó de que se "había abierto" una "línea de investigación" orientada hacia la mujer del extesorero "para intentar saber de dónde venía el dinero y dónde estaban los testaferros". ¿El encargo? Que no "obstaculizara" los seguimientos y que "facilitara los lugares a los que llevaba a la señora", las "personas con las que se reunía", los "números de teléfono que pudiera tener de prepago" o las "matrículas de los vehículos que usábamos".

En aquella primera cita, según ha resaltado, Villarejo le dijo que consultaría en qué categoría de confidente podría encajar. Algo que se concretó en una segunda reunión en un centro comercial, en la que Ríos ya accedió a colaborar. "Me manifestó que habían aceptado que iba a ser colaborador con cargo a los fondos reservados y se calculó una cuantía de 2.000 euros", ha señalado. Del mismo modo, el comisario jubilado le informó que se le iban a facilitar unos "teléfonos ilocalizables" –conocidos en el argot policial como canutos– y que los utilizara para comunicarse con él cuando hubiera "cualquier tipo de problema o sospecha". "Al principio, me veía con Villarejo dos o tres veces por semana. Luego, las visitas se fueron espaciando", ha completado.

Ríos ha asegurado que nunca le pidieron "discos duros" ni "ningún tipo de material" relacionado con el extesorero. Y que "jamás" tuvo acceso a dispositivos de Bárcenas. De hecho, ha negado haber facilitado a García Castaño los teléfonos del extesorero cuyo contenido fue volcado en un restaurante de la capital por miembros de la Unidad Central de Apoyo Operativo. Dicha extracción ha sido confirmada durante el juicio por dos agentes, los cuales relataron que los dispositivos les fueron entregados por El Gordo, quien acudió a la cita junto con otra persona. El escrito de la Fiscalía Anticorrupción identifica a Ríos como el acompañante. Él, sin embargo, rechaza todo. "Yo no fui a ese Vips", ha insistido ante el tribunal.

Gómez Gordo ha afirmado que nunca fue informado de la Operación Kitchen ni del interés que había por el exchófer de Bárcenas. "Nadie me dijo ni me explicó nada", ha resaltado, si bien ha dicho que tampoco había que ser un "lumbreras" para imaginarlo, dado que por aquel entonces el extesorero era "el delincuente uno". Ríos, del mismo modo, trató de dejar al comisario al margen. "Solamente traté con él los últimos tres meses durante este tema", ha resaltado el exchófer, un periodo de tiempo en el que estaba "latente" y solo tenía por "misión" vigilar un par de coches de gran cilindrada que tenía el extesorero. "Jamás le di ningún tipo de comunicación de los sitios a los que iba la señora", ha insistido Ríos.

El comisario ha reconocido que, efectivamente, se encargó de abonar durante tres meses al colaborador los pagos con cargo a los fondos reservados. "Lo hice porque me lo ordenó el director adjunto operativo", ha aseverado. También ha confirmado que fue él mismo quien se encargó de registrar la operación en Gati, el fichero de inteligencia policial en el que se registran las diferentes investigaciones, de forma que se establezcan cruces entre ellas por si hubiera elementos coincidentes y, en ese caso, se tuvieran que tomar medidas a nivel de coordinación entre unidades investigadoras. Lo hizo en 2015, pese a que el grueso de las vigilancias a la familia Bárcenas se desarrollaron en el verano de 2013.

La desvinculación total de Gómez Gordo ha generado algunas dudas a la presidenta del tribunal. "¿Por qué dedica esa cadena de mensajes a hablar de algo que le es ajeno?", ha lanzado la magistrada Teresa Palacios en relación a unos mensajes intercambiados con el ex secretario de Estado de Seguridad en julio de 2015 en los que este último preguntaba si Bárcenas estaba tan enfadado como para "tener intención de hacer daño", algo a lo que responde el comisario tras ponerse en contacto con Ríos. "Fíjese qué importancia le da usted que cuelga y habla con el señor Ríos", insiste la presidenta del tribunal. "Joe, es el secretario de Estado, le quiero contestar a la pregunta", ha intentado zanjar.

Este tipo de apuntes por parte de Palacios se han repetido en más ocasiones. Por ejemplo, cuando le ha preguntado por qué ese interés que ponía en las noticias que salían sobre la Kitchen o por qué en los mensajes se refería al exchófer como El Coci. "Todo el mundo le llamaba El Coci. Villarejo, los que estábamos en la DAO", ha contestado él. "¿Los acusados casualmente?", ha insistido la magistrada. "Puede ser", ha respondido el Gómez Gordo, quien ha querido culminar así su comparecencia: "Lo único que he hecho ha sido presentar al conductor porque me lo han ordenado, subir la nota a Gati porque me lo han ordenado y hacer los pagos porque me lo han ordenado. [...] Intentar medrar no es delito ninguno, intentar complacer [al secretario de Estado] yo creo que no es delito ninguno".

Un nuevo informe policial sostiene que el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero participó en una "dinámica de intermediación e influencias" con autoridades de Bolivia "orientadas a beneficiar los intereses" del grupo empresarial peruano Gloria, "mediando una contraprestación económica de 200.000 euros" entre 2024 y 2025.

"Esta influencia habría sido ejercida ante autoridades del Estado Plurinacional de Bolivia, y como remuneración, José Luis Rodríguez Zapatero habría recibido 200.000 euros de la sociedad peruana Focus Social Research", según recoge el informe del 22 de junio, al que ha tenido acceso EFE este miércoles.

La Unidad central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía da por "acreditado" que Zapatero "realizó gestiones para conseguir" una reunión de directivos del Grupo Gloria, un conglomerado empresarial peruano, aunque asentado en distintos países de Sudamérica, con el ministro de Justicia de Bolivia, y deduce asimismo que pidió la intermediación del expresidente del país, Luis Arce.

"Los hechos analizados en el presente informe apuntalan, a juicio de los investigadores, los indicios de la existencia de una organización criminal, liderada por José Luis Rodríguez Zapatero, que, aprovechando sus contactos y ascendencia pública internacional, se dedicaría al ejercicio de influencias de carácter ilícito en beneficio de distintos clientes", apunta la UDEF.

Los investigadores, que ya han remitido su informe al juez del caso Plus Ultra en la Audiencia Nacional, extraen estas conclusiones tras "un primer análisis" de los dispositivos telefónicos incautados a la secretaria de Zapatero, Gertrudis Alcázar, en el registro practicado en el despacho del expresidente el 19 de mayo.

El informe atribuye al ex secretario general socialista otra presunta línea de influencias distinta a la que, según el juez, habría ejercido en favor de la aerolínea Plus Ultra para conseguir el préstamo público de 53 millones de euros en 2021 y por la que está investigado en la Audiencia Nacional.

El objetivo de esta supuesta dinámica sería "tratar de mediar o influir" a favor del mencionado grupo empresarial en varios litigios millonarios mantenidos con la Administración Pública de Bolivia y para ello Zapatero, según la UDEF, "se había reunido o contactado con altas esferas políticas de Bolivia, como son el propio presidente de la nación, los ministros de Economía y Justicia o el Procurador General del Estado".

Según desgrana cronológicamente el informe, Gertrudis Alcázar -a quien otorga un "papel relevante"- agendó, a petición de Zapatero, varias de esas reuniones.

Gestiones que se desencadenaron después de que el Estado boliviano ejecutase una serie de actos administrativos que perjudicaron económicamente al Grupo Gloria, tras lo que éste solicitó la asesoría de Zapatero a cambio de 200.000 euros y una dieta de 10.000 euros diarios más gastos en caso de viajes.

Además, la UDEF atribuye a Carmen Almendras, exembajadora de Bolivia en España entre 2007 y 2015 y actual asesora de Kreab Bolivia, el papel de "intermediaria" entre Zapatero y Ana María Ospina, directiva del Grupo Gloria.

La UDEF hace referencia en su informe a tres transferencias a una cuenta de Zapatero, abonadas entre los años 2024 y 2025, por un importe total de 200.000 desde una cuenta ubicada en Perú.

La primera tiene fecha de 2 de julio de 2024 por 100.000 euros, la segunda, de 20 de junio de 2025, por 50.000 euros; y una tercera el 24 de junio de 2025 por otros 50.000 euros.

Según los investigadores, "el flujo de fondos detectado obedece al pago de lo acordado" en el mencionado contrato de prestación de servicios de asesoría, suscrito entre Zapatero y Focus Social Research, si bien, de las conversaciones analizadas, la UDEF deduce que los servicios prestados "no guardan relación" con dicha empresa, cuyo objeto social estaría orientada al marketing y que habría sido empleada como "sociedad interpuesta".

Detrás de estos pagos estaría el conglomerado empresarial Gloria, según la UDEF, que ve "indicios" de que se habrían simulado "servicios de asesoría no prestados, creando contratos ad hoc para justificar dichos pagos".

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que disuelva las Cortes y convoque elecciones, en una intervención en el Congreso centrada en la corrupción tras la intervención previa del socialista. "Disuelva usted las Cortes y vayamos a votar", ha reclamado el líder del PP, que ha acusado al presidente de poner "excusas", hacer "propaganda" y "victimizarse".

Feijóo también ha acusado al presidente del Gobierno de "absoluta falta de moralidad" y le ha señalado sin pruebas como "el nexo político corruptor" de todos los casos que afectan al Gobierno y al PSOE. "Da exactamente igual si lo sabía todo o parte de las fechorías de los suyos", le ha espetado, preguntándole si es "un superhéroe al que no se le escapa nada o un incompetente al que le engañan todos, hasta en su casa". "Quienes han delinquido a su alrededor lo han hecho porque le conocen. Es usted quien puso el Estado en manos de esa gentuza", ha añadido.

Casi al final de su intervención, el líder del PP también se ha referido a la moción de censura que no se atreve a presentar. "Deberíamos echar a este Gobierno con una moción de censura. Por mí, hoy mismo", ha afirmado, antes de reprochar a los antiguos socios parlamentarios de Sánchez su posición ante el Ejecutivo: "Ver a la izquierda progresista aplaudiendo la corrupción les puedo asegurar que es una experiencia inolvidable".

Por su parte, Santiago Abascal ha elevado el tono contra el PSOE y ha acusado al partido, sin aportar pruebas, de financiación ilegal. Según el líder de Vox, "el entorno de Pedro Sánchez se ha enriquecido ilegalmente" y "el PSOE se ha financiado ilegalmente". Abascal ha añadido que, con ese dinero, se habría pagado a "una trama" dedicada a "extorsionar, coaccionar, sobornar o acosar" a jueces, fiscales, guardias civiles, policías, periodistas y políticos.

El presidente de Vox también ha acusado a Sánchez de estar preparando un fraude electoral. "Sánchez está actuando para robar las elecciones en España", ha afirmado, de nuevo sin aportar pruebas. Abascal ha hablado de "estructuras chavistas y peronistas" y ha asegurado que habría "millones de votos" que, según él, se controlarían "desde el aparato", con participación de autoridades de Cuba, México o Brasil.

Al igual que Feijóo, ha insistido en que la única salida del presidente del Gobierno español es convocar elecciones, aunque también se ha dirigido a Feijóo para advertirle de que "el cambio no está hecho", que no empiece a “repartir ministerios” como asegura que ocurrió en el 2023 y de que queda "muchísimo que hacer en España".

Sesión de alto voltaje en el Congreso. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha rechazado que haya corrupción generalizada en el Gobierno y en su partido y se ha desvinculado por completo de los casos relacionados con José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Leire Díez: "Jamás conocí ni hubiera tolerado estas prácticas".

Sánchez, durante su discurso inicial de más de media hora, ha mostrado también su apoyo al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en este momento de la investigación judicial y ha defendido de manera "clara y rotunda" que no hubo un trato de favor para conceder las ayudas para el rescate de la aerolínea Plus Ultra.

En sus primeras palabras tras la condena a José Luis Ábalos y Koldo García por el caso Mascarillas, el jefe del Ejecutivo ha subrayado que respeta y acata la sentencia el Tribunal Supremo, "como no puede ser de otra manera". "Estamos convencidos de que en este país no puede haber espacios de impunidad para las personas corruptas, sean quienes sean", ha indicado.

Pero, acto seguido, también ha ahondado en que el PSOE "no se ha financiado irregularmente".

Asimismo, el líder de los socialistas se ha detenido en el casos de su mujer y de su hermano. Ha recordado que Begoña Gómez ha trabajado en la Universidad Complutense desde 2012 y que ha cobrado "cero euros", mientras que la plaza que ocupó David Sánchez en la Diputación de Badajoz salió a concurso cuando él ya no era líder del PSOE.

Sánchez ha lanzado: "Yo voy a confiar en la justicia de mi país. A pesar de que haya actuaciones que cuesta mucho comprender. Porque sé que la inmensa mayoría de jueces hacen un trabajo modélico, esencial y objetivo. Y solo voy a pedir a la Justicia que sea justa".

"Señorías del PP y de Vox, no sean hipócritas. No vengan de defensores del orden constitucional cuando están sistemáticamente violentando la separación de poderes. No hablen de cloacas cuando ustedes están siendo juzgados por montar toda una policía patriótica. No mientan afirmando que este es el Gobierno más corrupto de la historia cuando ustedes tienen más de treinta casos abiertos con 150 implicados", ha indicado el presidente, que ha despertado el aplauso en varias ocasiones de su bancada.

Con este mensaje para los que piden elecciones: "Para mí, la pregunta no es si debemos continuar. La pregunta es cómo no vamos a continuar. Porque si aún hay rescoldos de corrupción en nuestro país, es evidente que será un Gobierno como el nuestro y no uno del PP con Vox el que podrá acabar con ellos. Porque cuando nosotros hemos detectado casos no los hemos tapado, los hemos perseguido. Y porque nosotros trabajamos para la gente, no para las élites".

Sánchez también ha querido lanzar esta idea desde la tribuna de oradores: "Entiendo el enfado de la ciudadanía. Entiendo su frustración y su decepción. Me hago cargo. Entiendo que, después de pasar treinta minutos ante el televisor viendo este chorreo de casos, tengan la tentación de pensar que todos somos iguales. Pero no es cierto".

En este sentido, ha hecho una defensa de su partido y de su acción ante el contexto judicial actual: "No somos perfectos. Lo sabemos. Ni nuestra gestión está completa. Tenemos que hacer mucho más para garantizar el acceso a la vivienda. Para fortalecer la sanidad pública. Para subir salarios que aún son demasiado bajos y acabar con injusticias por resolver".

"Pero la solución a estos problemas no está a la derecha. Está en el centro y en la izquierda de este hemiciclo. Las élites de este país lo saben. Netanyahu y otros líderes y tecno-oligarcas extranjeros también lo saben. Los diputados del PP y Vox lo saben. Por eso no hablan de economía, ni de políticas sociales. Por eso no nos cuentan cuál es su proyecto energético, ni su estrategia de posicionamiento internacional. Por eso no paran de verter bulos, manipulaciones y fango al debate público", ha reflexionado el jefe del Ejecutivo en una de sus intervenciones más difíciles en la Cámara Baja.

Pero, a la vez, ha mandado un mensaje de resistencia: "No somos infalibles. Pero no vamos a cometer el error de callarnos. Ni de rendirnos. Ni de olvidar que esto no va de nosotros ni de ellos, sino de millones de españoles cuyo bienestar y porvenir dependen de las decisiones que toma el Gobierno cada martes. Por eso limpiamos lo que haya que limpiar. Vamos a defender la verdad donde esté siendo sepultada bajo mentiras. Y vamos a seguir gobernando para quienes más lo necesitan".

Fue la primera causa en la que Víctor de Aldama probó las mieles de la colaboración con la justicia. Y ahora es la espada de Damocles que pende sobre su cabeza y amenaza su libertad. Tras la decisión del Tribunal Supremo de librarle de la cárcel en el caso Mascarillas, en el que se han impuesto severas penas de prisión al exministro de Transportes José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García, al empresario aún le persigue el llamado caso Hidrocarburos, en el que se investiga un fraude tributario millonario con el combustible. Una causa en la que su colaboración y reconocimiento de los hechos está siendo, a diferencia de lo ocurrido con la carpeta que acaba de ser sentenciada, prácticamente nula.

La primera vez que Aldama se sentó ante Santiago Pedraz, titular del Juzgado Central de Instrucción nº5 de la Audiencia Nacional e instructor del caso, fue a las pocas horas de ser detenido. En aquella comparecencia, el empresario se desvinculó por completo del entramado de empresas bajo la lupa. "Me parece de broma", llegó a decir. Anticorrupción solicitó su ingreso en prisión, una cautelar que acordó el instructor y que se mantuvo durante algo más de un mes, hasta que el empresario decidió tirar de la manta contra Ábalos y García. Tras disparar a discreción contra el exministro y el exasesor en el caso Koldo, el fiscal Luis Pastor solicitó su puesta en libertad en el de los combustibles y el empresario salió de la cárcel.

Aldama se convirtió, desde aquel momento, en pieza clave para la construcción de la acusación en el llamado caso Mascarillas. Por aquel entonces, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ya había puesto sobre la mesa buena parte de los hechos que el Supremo ha considerado ahora acreditados. Más que a la aportación de elementos nuevos –un contrato de arrendamiento con opción a compra suscrito con el exministro como una suerte de garantía de cobros ilícitos o un listado de supuesta obra pública "preadjudicada"–, la colaboración de Aldama se ha basado en el reconocimiento de los hechos, "confirmando y, en ocasiones, apuntalando y contextualizando la prueba que había sido obtenida por los investigadores".

Su papel como colaborador le ha permitido salir con una atenuante muy cualificada y, por tanto, con una condena mínima –cuatro años y medio de prisión, sustituidos por trabajos en beneficio de la comunidad–. Con este caso ya cerrado, el empresario deberá centrar ahora sus esfuerzos en el otro gran frente judicial que aún le queda abierto: el de los combustibles. Sobre la mesa, delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y organización criminal. Bajo la lupa, un fraude en el IVA que los investigadores cifran en 231 millones de euros –182 millones con Aldama ya integrado en la trama–. "Hidrocarburos es otra historia, veremos cómo avanza", deslizan fuentes fiscales.

El 21 de noviembre de 2024, el día que tiró de la manta, el fiscal pidió a Aldama que ratificase su "voluntad de declarar y comparecer" todas las veces que fuera necesario tanto en el caso de corrupción política como en el del fraude tributario de los combustibles. "Manifiesto mi disposición y colaboración", respondió el empresario. Dos años y medio después, sin embargo, poco ha aportado en el segundo de ellos. "Nada ha colaborado", resumen a infoLibre fuentes conocedoras del desarrollo de esta investigación judicial. El comisionista, a diferencia de lo que ha hecho en Mascarillas, niega en este caso las acusaciones contra él.

A finales de enero, durante su declaración como investigado en el marco de este procedimiento, el empresario defendió que las gestiones y pagos que hizo a nivel ministerial fueron para que la empresa Have Got Time, y no Villafuel, obtuviera una licencia de operador de combustible, algo que nunca ocurrió. Esto choca con el relato de la UCO. Y también con el del propio Tribunal Supremo. "A finales de 2020, Víctor de Aldama realizó gestiones ante Koldo García para que se concediera una licencia de mayorista en el sector de hidrocarburos a la empresa Villafuel SL", recogían los magistrados en la sentencia de este lunes.

El empresario, durante aquella declaración, se desvinculó por completo de esta última firma, de la que nunca tuvo capacidad "de gestión ni dirección". Dijo que lo único que hizo fue facturar a tres empresas que en su día establecieron relaciones con esta compañía. Y que lo hizo a través de un conjunto de sociedades en Portugal. "Tributé en Portugal [por las cantidades facturadas] y lo que cobré en España lo tributé en España", aseguró Aldama. Una comparecencia que durante unos segundos se centró en un sobre con las siglas de PDVSA, la petrolera estatal venezolana, hallado por la UCO en una conversación de WhatsApp. "Eso es algo que creo que tenemos que negociar directamente o que tenemos que hablar directamente con ustedes porque es algo que estamos hablando de la financiación ilegal del partido", respondió al fiscal. Unas semanas después, Aldama entregó dicho sobre en la Audiencia Nacional.

En octubre de 2024, en el auto en el que decretaba su ingreso en prisión, el instructor definía así el peso del empresario en la trama: "La estructura societaria fue diseñada y estructurada de manera que Claudio Rivas y Víctor de Aldama –a quienes los investigadores sitúan en la cúspide de la trama–, con poder general sobre ella, quedaran velados y aparentemente desvinculados de la misma. Para ello, dispusieron a Still Growing, administrada por María Luisa Rivas tras entregarla su control Claudio Rivas, como matriz de Villafuel SL, administrada por otro investigado. Éstos adquirieron empresas administradas por testaferros, cuya operativa y gestión era dictada y ordenada por los responsables de la organización criminal".

En la trama Hidrocarburos, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil da por acreditado en un informe fechado el pasado mes de diciembre que el empresario percibió 292.416,66 euros por su intermediación con el ministro "en favor de los intereses de la presunta organización criminal". Y con posterioridad, ya "integrado" en la misma, otros 925.036 euros. Pagos realizados "bajo la cobertura" de un "contrato de prestación de servicios" que los investigadores tildan de "instrumental". El delito fiscal y el blanqueo de capitales contemplan penas de hasta seis años de prisión. En cuanto a la organización criminal, el castigo puede llegar hasta los ocho años.

El promotor de la acción disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el magistrado conservador Ricardo Conde, estudia desde el pasado lunes si debe abrir expediente al juez del caso Begoña Gómez, Juan Carlos Peinado, por justificar en un auto la retirada del pasaporte a la esposa del presidente del Gobierno al entender que los policías que la protegen o sus superiores podrían ayudarla a huir. A la espera de que se pronuncie el promotor, la comisión permanente, que preside Isabel Perelló, le imputa provisionalmente una falta grave de desconsideración castigada con multa de hasta 6.000 euros. Los conservadores, que votaron en contra y redactaron su opinión discrepante, creen que su exabrupto argumentativo no puede ser sancionado disciplinariamente al haberse producido en el ejercicio de sus funciones, lo que, en su opinión, impediría al Consejo entrar a valorarlo.

Lo que los vocales a propuesta del PP y algunos jueces progresistas sostienen es que Peinado, por muy extravagante que sea su auto de apertura de juicio oral e imposición de medidas cautelares, hizo esas manifestaciones contra la policía con la toga puesta, es decir, en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales. Por tanto, si el Consejo entrara a analizar su resolución, estaría afectando a la independencia e imparcialidad del instructor. Al tratarse del juez 41 de Madrid, esas medidas cautelares, aunque estén justificadas con ese argumento tan exótico, solo pueden ser revisadas por la Audiencia Provincial de Madrid, cuya sección 23 se ha encargado de resolver los recursos de apelación planteados por las partes contra su controvertida instrucción.

Esa misma posición –que no se puede actuar contra un juez por el contenido de sus resoluciones– también es defendida desde ámbitos judiciales progresistas. El magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Miguel Pasquau, lo expresaba en un post en su perfil de X. "El CGPJ no tiene función jurisdiccional ni puede asumirla con la excusa de un expediente sancionador", afirmaba. "Solo jurisdiccionalmente (otros tribunales) pueden controlar los errores o los disparates de una resolución judicial. ¿Cómo? 1) Vía recursos ordinarios, que para eso están; 2) En los casos extremos, una investigación judicial por delito de prevaricación del juez". Pasquau considera que sancionar a un juez por lo que dice en una resolución sería "un precedente espantoso", e iría "contra la independencia/inamovilidad".

La infracción provisionalmente imputada a Peinado por la comisión permanente este lunes es la recogida en el artículo 418.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que considera falta grave "el exceso o abuso de autoridad, o falta grave de consideración respecto de los ciudadanos, instituciones, secretarios, médicos forenses o del resto del personal al servicio de la Administración de Justicia, de los miembros del Ministerio Fiscal, abogados y procuradores, graduados sociales y funcionarios de la Policía Judicial". La conducta, tras el preceptivo expediente, se sanciona con multa de entre 501 y 6.000 euros que corresponde imponer a la comisión disciplinaria. En esta última son mayoría los vocales conservadores los que defienden que el Consejo no puede entrar a valorar, por lo que, previsiblemente, el caso quedará en nada. Los tiempos de instrucción de estos procesos sancionadores, además (una media de seis meses) hacen que, muy probablemente no dé tiempo a concluirlo, pues el instructor del caso Begoña Gómez se jubila en septiembre.

Llevar la toga puesta, es decir, actuar en el ejercicio de las funciones jurisdiccionales y redactar disparates contra los escoltas de la esposa de Sánchez y sus superiores en un auto, es lo que previsiblemente salvará a Peinado del castigo. La falta de consideración que se le imputa es la misma que el promotor ha atribuido meses atrás a otros jueces como el magistrado de la Audiencia Nacional Eloy Velasco –que despreció a la exministra de Igualdad, Irene Montero, como "cajera del Mercadona"– o el juez de lo Mercantil de Madrid Manuel Ruiz de Lara, que llamó a Pedro Sánchez "psicópata sin límites éticos" y a su esposa "Barbigoña". En esos casos, ambos archivados, lo que la Comisión Disciplinaria terminó valorando de esos ataques para exculparlos fue, precisamente, que se hicieron sin la toga puesta, es decir, en la condición de los jueces expedientados de simples ciudadanos y, por lo tanto, asistidos de toda su libertad de expresión como cualquier otro. Velasco hizo sus manifestaciones durante un curso celebrado en Barcelona en el que participó como ponente, mientras que Ruiz de Lara las redactó en su perfil de X.

En ambos procesos, que provocaron una fuerte polémica, tanto el promotor como el Ministerio Fiscal –que debe informar antes de que se decida si se impone la sanción– invocaron sentencias previas de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo, la que resuelve todos los recursos contra las decisiones, también las sanciones disciplinarias, del Consejo. Una de las resoluciones del Alto Tribunal más citadas es la que levantó tres multas por un total de 4.000 euros al magistrado Joaquín Navarro en 2002. Navarro había dicho en una entrevista al diario Gara que el entonces presidente del Gobierno, José María Aznar, hacía declaraciones "propias de un terrorista". El juez acusaba también al exministro del Interior Jaime Mayor Oreja de actuar contra ETA en connivencia con Baltasar Garzón, del que dijo que era "un juez que se inventa casi todo". El Supremo concluyó que esas declaraciones se hicieron "sin invocar la condición de juez", es decir, sin toga, la misma razón aplicada a Velasco y Ruiz de Lara 24 años después.

Con la toga puesta, no; sin la toga, tampoco. ¿Cuándo se aplica entonces la sanción a las faltas de respeto y consideración de los jueces prevista en la LOPJ? Los resúmenes de resoluciones disciplinarias que publica el Consejo sí recogen sanciones por conductas producidas tanto dentro como fuera del juzgado. Con y sin toga. Por ejemplo, el acoso laboral a una funcionaria del juzgado o amenazas a la Policía en plena calle tras saltarse un control de tráfico –"soy juez, así que cuando se dirija a mí, diga 'sí señoría'", le dijo al agente en plena disputa por la infracción–. También ha habido archivos sorprendentes, como el de un magistrado de Huelva que lanzó a una fiscal frases como "siempre vienes en blanco, lo que quieres es quitarte cosas de encima" o "cállate coño, que hablas muy mal".

En un terreno en el que el corporativismo está muy presente, sobre todo entre la muy mayoritaria derecha judicial, estos castigos suelen aplicarse más estrictamente a los casos clamorosos de desatención, es decir, a los integrantes de la carrera que no trabajan los suficiente y generan así enormes atascos y cifras de pendencia en sus órganos judiciales, que afectan dramáticamente al servicio público que prestan. En los últimos años, sin embargo, muchos jueces señalados por este motivo han encontrado una salida para librarse de las sanciones: alegar problemas mentales, como cuadros ansioso-depresivos, y culpar al Consejo, como empleador y responsable de su salud laboral, de esos trastornos. Algunos, incluso, han conseguido por esa vía altísimas indemnizaciones, no en el Contencioso-Administrativo, sino por la vía laboral.

Hasta febrero de 2024, Víctor de Aldama era un desconocido para la opinión pública, aunque llevaba décadas cerca del poder, tanto en España como en México. Fue ese mes cuando la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil lo detuvo —junto al asesor de José Luis Ábalos, Koldo García— por un presunto amaño de un contrato millonario de mascarillas del Gobierno durante la pandemia, aunque quedó en libertad provisional. Meses más tarde, en octubre de ese mismo año, Aldama volvió a ser detenido, en ese caso por un presunto fraude en el negocio de los hidrocarburos que asciende, según Hacienda, a más de 231 millones de euros.

Sin embargo, el comisionista únicamente pasó 42 días en la cárcel de Soto del Real de Madrid. Su abogado, exmagistrado de la Audiencia Nacional, le indicó al fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, que su cliente quería colaborar. Y, más de dos años después, el Tribunal Supremo lo ha exonerado de la cárcel y esquivado la multa millonaria que para él exigía la Fiscalía Anticorrupción tras ser condenado a cuatro años y medio de prisión por organización criminal y cohecho. “Han demostrado que son justos y la colaboración en este país sirve”, se congratuló el comisionista tras conocer la resolución.

De esta manera, Aldama ha culminado una de las transformaciones más llamativas de la política española reciente. Pese a que su participación delictiva en el caso mascarillas ha quedado acreditada judicialmente este lunes —la UCO lo considera el jefe de la trama criminal— , se ha convertido en una suerte de denunciante heroico para amplios sectores de la derecha política y mediática. Una figura presentada como pieza clave en la lucha contra el Gobierno de Pedro Sánchez y su entorno más cercano.

La sentencia del Tribunal Supremo que ha cerrado el caso mascarillas no presenta precisamente a Aldama como un ciudadano ejemplar, sino como el corruptor que empezó a colaborar con la justicia una vez ya imputado, tras comprobar que le podía beneficiar en el juicio. Los magistrados aprecian la atenuante análoga de colaboración como muy cualificada. Y, en base a esto, le rebajan la pena en dos grados respecto a los delitos de organización criminal y cohecho continuado, pese a que participó activamente en la trama y obtuvo beneficios económicos millonarios que no tendrá que devolver.

Sin embargo, la imagen pública que ahora proyectan numerosos dirigentes políticos, comunicadores y activistas conservadores poco tiene que ver con esa realidad judicial. Aldama no comenzó a colaborar por arrepentimiento o remordimientos, como sí hizo el exconcejal del PP José Luis Peñas con la Gürtel. En ese caso, fue él quien destapó el caso al proporcionar unas grabaciones de Francisco Correa. Aldama, en cambio, colaboró cuando la UCO ya había acumulado una amplia base probatoria sobre el funcionamiento de la trama y cuando él ya estaba en prisión.

En los casos de corrupción, la figura del colaborador aporta información decisiva para descubrir delitos desconocidos o identificar responsables que, de otro modo, permanecerían ocultos. En el caso de Aldama, el Supremo parece obviar que la investigación ya había acreditado buena parte de los hechos esenciales cuando decidió convertirse en colaborador. Pese a ello, el Alto Tribunal considera que su aportación fue suficiente para apreciar una atenuante muy cualificada de colaboración. Sin embargo, también deja fuera algunas de las graves acusaciones que lanzó el comisionista contra Sánchez y su entorno por no considerarlas acreditadas.

Con todo, la transformación de Víctor de Aldama en una figura política de referencia para una parte de la derecha no se ha producido únicamente en los tribunales. También ha sido el resultado de una intensa operación de legitimación mediática y de una red de apoyos públicos que han contribuido a presentarlo como un denunciante perseguido más que como uno de los protagonistas de la trama corrupta que él mismo terminó reconociendo.

Uno de los respaldos más visibles ha sido el de Daniel Esteve, fundador de Desokupa y uno de los referentes del ecosistema ultra español. En diciembre de 2024, cuando Aldama acudió a declarar ante el Tribunal Supremo, lo hizo acompañado por Esteve. Desde entonces, el líder de Desokupa ha actuado como uno de sus principales defensores públicos, celebrando sus éxitos judiciales y presentándolo como víctima de una supuesta persecución política. Tras conocerse la rebaja de su condena y que evitaría la prisión, Esteve difundió varios mensajes de apoyo en redes sociales en los que felicitaba a Aldama y arremetía contra la izquierda.

Pero Esteve no es el único. La exdirigente de Vox Macarena Olona ha llegado a afirmar que "gracias a su colaboración, la Justicia ha condenado una organización criminal dentro del Gobierno de España", presentándolo como una figura que habría asumido "un enorme riesgo personal" por denunciar los hechos. El agitador ultra Vito Quiles también ha celebrado la resolución judicial anunciando que "Aldama ya es libre" y asegurando que está dispuesto a "seguir ayudando a los españoles a derrotar a la mafia", en referencia al Gobierno.

En el ámbito de la política institucional, el Partido Popular ha reivindicado expresamente el papel de sus abogados en la petición de una rebaja de pena para el empresario. Alberto Núñez Feijóo señaló este lunes que se alegraba de que la acusación particular ejercida por los populares hubiera acertado al solicitar esa reducción porque "a aquel que colabora con la Justicia, le corresponde". Esa ha sido la tesis también de las portavoces en el Congreso, Ester Muñoz, y en el Senado, Alicia García. 

Precisamente en la sesión de control de la Cámara Alta, el ministro Félix Bolaños arremetió este martes contra la posición del PP. Señaló que el comisionista “no merece” que se le ensalce y diferenció entre él y el citado José Luis Peñas, tras destacar que muchas de las afirmaciones del comisionista no se han podido probar, al contrario que las de Peñas. Y añadió: "Yo respeto que ustedes tengan tanta admiración por el señor Aldama, que sea su referente ético, su amigo, su aliado. Les propongo que le metan en las próximas listas electorales del PP y que hagan público su amor”.

En paralelo, Aldama ha protagonizado una extensa gira mediática. Durante los últimos meses ha multiplicado sus apariciones en televisiones, radios, periódicos y canales afines a la derecha. Su presencia ha sido especialmente intensa en el universo Mediaset, con entrevistas y conexiones en El Programa de Ana Rosa, Horizonte o los propios Informativos Telecinco. En estos espacios ha reconocido que tuvo ayuda del subdirector de El Español, Jorge Calabrés, para boicotear la rueda de prensa de Leire Díez.

Desde estos medios ha repetido una estrategia basada en anunciar nuevas pruebas, anticipar futuras imputaciones o sugerir revelaciones de gran impacto político que, según sostiene, terminarán afectando al entorno del presidente del Gobierno. La mecánica se ha repetido una y otra vez: anuncio de revelaciones inminentes, promesa de documentación definitiva y expectativa de un supuesto giro histórico en las investigaciones.

Hasta el momento, sin embargo, muchas de esas afirmaciones no han sido acompañadas de evidencia documental ni han tenido reflejo en resoluciones judiciales. Pero todo ello le ha servido para dejar de ser presentado como un empresario implicado en una trama corrupta para convertirse en una especie de acusador permanente del sanchismo.

Así, determinados programas y plataformas digitales han seguido otorgándole una enorme visibilidad, convirtiendo cada nueva declaración en un acontecimiento político. La derecha mediática, además, tampoco parece interesada en someter a Aldama al interrogatorio que merecería cualquier fuente con semejante historial. En la mayoría de esas entrevistas se le pregunta por lo que puede decir contra el Gobierno y se le concede el papel de arrepentido cuando conviene, omitiendo que su relato también es una estrategia de defensa. 

La conversión de Aldama en símbolo político responde también a una necesidad estratégica de la oposición más dura a Sánchez. Su figura permite mantener viva la expectativa de una gran revelación pendiente incluso cuando las pruebas judiciales no acompañan determinadas acusaciones. Pero, en determinados espacios, eso es lo de menos: solo hace falta que Aldama lo diga para publicar. Luego los dirigentes del PP y Vox lo difunden y la sospecha se instala.