El ministro de Cultura y portavoz de Comuns, Ernest Urtasun, ha mostrado este viernes su desacuerdo con la prórroga de la autorización para explotar la central nuclear de Almaraz (Cáceres) y ha acusado al PSOE de incumplir lo pactado: "Es un error estratégico que rompe el calendario de cierre acordado".

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha renovado la autorización de explotación de las dos unidades de la central nuclear de Almaraz hasta el 8 de junio de 2030.

En un comunicado, Urtasun ha denunciado que "el PSOE incumple el acuerdo de gobierno con Sumar" y ha alertado de que alargar la vida de las nucleares "envía un mensaje equivocado en plena transición energética" porque "frena el despliegue de las renovables".

Además, según el ministro, "se pone en riesgo el calendario que muchos operadores de renovables tenían previsto para sus inversiones en renovables".

Urtasun ha acusado al PSOE de haber "cedido a las presiones del oligopolio energético en detrimento de la transición ecológica".

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este viernes la declaración como Lugar de Memoria Democrática del pazo de Meirás, un edificio construido a finales del siglo XIX en Sada (A Coruña) que fue residencia de verano del dictador Francisco Franco.

La resolución, tramitada conforme a la Ley de Memoria de Democrática, destaca que Meirás, también conocido como 'Torres de Meirás', constituye "uno de los espacios más significativos" para comprender la historia contemporánea de Galicia y de España.

La publicación oficial recuerda que la dictadura franquista convirtió este inmueble, que mandó construir Emilia Pardo Bazán y donde escribió parte de su obra, "en uno de sus principales símbolos de poder" de la dictadura.

Según el BOE, fue un "lugar esencial" para la memoria democrática durante la Guerra Civil. Así, recuerda que en marzo de 1938 se creó la 'Junta Pro-Pazo del Caudillo' para comprar este inmueble y entregárselo a Franco.

La compra, que se formalizó el 3 de agosto de 1938, se financió mediante aportaciones forzosas de ayuntamientos, funcionarios y particulares. Además, los terrenos se ampliaron mediante expropiaciones realizadas sobre propiedades vecinas.

El inmueble se le entregó a Franco en diciembre de 1938. En 1941 se simuló una escritura de compraventa para poder registrar el pazo a su nombre pero décadas después los tribunales declararon esta operación fraudulenta, tras acreditar que la Junta ya había adquirido la propiedad y se la había donado como jefe de Estado.

El pazo de Meirás funcionó entre 1938 y 1975 como residencia oficial de verano del jefe del Estado y como uno de los principales escenarios del poder franquista. En sus dependencias se celebraron consejos de ministros, audiencias oficiales, recepciones diplomáticas y reuniones políticas de relevancia.

Como residencia oficial, el inmueble fue utilizado por la propaganda del régimen para proyectar la imagen pública del dictador y escenificar la adhesión popular al franquismo.

El pazo se convirtió así en "uno de los espacios más representativos del ejercicio del poder durante la dictadura", concluye el BOE.

En una nota informativa, el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática señala que la declaración establece que cualquier uso del inmueble deberá ser compatible con la preservación de la memoria, la defensa de los derechos humanos, el reconocimiento y la reparación moral de las víctimas y la defensa de los principios de justicia, verdad y reparación.

La resolución reconoce asimismo la relevancia de Emilia Pardo Bazán como figura esencial de la literatura española y pionera en la reivindicación de los derechos de las mujeres, otorgando a Meirás una dimensión vinculada a la historia de la creación literaria femenina y al avance hacia la igualdad.

Indica además que el Estado impulsará en este lugar recursos audiovisuales y digitales explicativos, promoverá la instalación de placas, paneles o distintivos memoriales interpretativos y desarrollará mecanismos institucionales para integrar Meirás en circuitos internacionales relacionados con experiencias de construcción de memoria democrática.

La Xunta ha abierto expediente al bar de Arteixo (A Coruña) conocido por su apología franquista y el uso de simbología fascista tanto en su fachada principal como en su interior. El establecimiento se enfrenta ahora a hasta 9.000 euros de multa tras la denuncia realizada por la plataforma vecinal Arteixo Futuro, que reclama la intervención del Gobierno de España a través de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática.

Fue Turismo de Galicia quien realizó una inspección a este establecimiento hostelero de Chamín, en la carretera que une Arteixo con Caión, después de que fuese denunciado por una supuesta vulneración de la prohibición del derecho de acceso. Fue la fórmula utilizada para la denuncia de un bar que luce en su entrada la consigna “Rojos abstenerse” o lemas franquistas como “Una, grande y libre”.

Turismo de Galicia, a preguntas de Praza.gal, aclara que acordó iniciar “diligencias previas que se tradujeron en la realización de una visita inspectora”. El resultado de la visita fue el levantamiento de un acta de infracción que dará lugar a la “apertura del correspondiente expediente sancionador por la supuesta comisión de una infracción turística grave, que, en su caso, podrá ser objeto de sanción con multa por importe de 901 a 9.000 euros”. Una sanción máxima que ya le había sido impuesta por motivos semejantes a un establecimiento en Mera.

Antes de la apertura del expediente, Turismo de Galicia había recordado que no era “competente” en lo que tiene que ver con las posibles manifestaciones contra la dignidad de las víctimas del franquismo y que debía ser “el Gobierno central quien dictamine si es contrario a normativas como la Ley de Memoria Democrática”. Turismo de Galicia se limitará a actuar si considera que los mensajes y procederes del bar suponen vulnerar el derecho de acceso: si niega, restringe o condiciona de forma injusta o discriminatoria la entrada. Por eso, desde la plataforma Arteixo Futuro hacen ahora un llamamiento a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática y a su titular, Fernando Martínez. En una carta abierta piden una intervención contra el establecimiento por “ensalzar el franquismo y el periodo dictatorial” y mostrar un “evidente negacionismo de sus crímenes”.

En una carta abierta al secretario de Estado, la entidad advierte de la “necesaria intervención para determinar” si el establecimiento “cumple con el marco jurídico actual y con el respeto por las víctimas y familiares” de las personas represaliadas por la dictadura.

La polémica rodea este establecimiento desde hace muchos años por su reiterada apología fascista, que también incluyó una antigua placa de una calle dedicada a José Antonio Primo de Rivera. Una reivindicación sin complejos del fascismo que provoca aún más indignación durante el verano, cuando aumenta la afluencia a la zona, ya que el local está situado en una concurrida carretera que conecta varias playas y zonas de baño, como Barrañán y Caión.

En el perfil de su cuenta de X, inactiva desde hace años, su dueño utiliza una foto en la que aparece haciendo el símbolo fascista en la puerta de su bar, ante el lema “Una, grande y libre”, del que presume en su único mensaje, empleado para contestar a las críticas sobre su decoración. En sus últimas declaraciones, después de conocerse la denuncia, insistió en su intención de mantener las banderas y lemas franquistas en el establecimiento.

La apología franquista de este establecimiento, desde que la iniciara durante la pandemia del covid, ha sido denunciada públicamente en numerosas ocasiones por vecinos y visitantes de la zona. Sin embargo, el propietario del establecimiento se ha negado siempre a retirar la simbología y ha asegurado que exhibe banderas fascistas porque esas son sus ideas.

La Formación Profesional (FP) se está convirtiendo en los últimos años en una de las opciones más atractivas dentro del mundo educativo. En tan solo cinco años, el número de alumnos se ha incrementado en un 17,6% y, comparando los dos últimos cursos, el aumento es de un 2,3%. Dentro de estas cifras, no todos los grupos crecen por igual y uno de los que se encuentra a la cabeza es el de las personas extranjeras que viven en nuestro país.

Comparando los cursos 21/22 y 25/26, el número de personas extranjeras que han estudiado FP ha crecido un 64,7%, pasando de 85.453 a 140.800. Además, el aumento se ha acelerado en el último año: entre los dos últimos cursos, ha sido del 12%, diez veces el registrado entre los alumnos españoles, que solo han crecido un 1,2%.

Aunque el número de extranjeros en la FP todavía está lejos de los nacionales (solo representa el 11%), los datos demuestran que es una opción cada vez más atractiva para las personas de otros países. Según los datos del curso 24/25, los últimos publicados con esta información por el Ministerio de Educación, entre las nacionalidades destaca el alumnado procedente de América Central y del Sur (38,4%) y de Europa (28,4%), por delante del proveniente de África (22,9%).

El principal atractivo es la posibilidad de acceder al mercado laboral con mayor rapidez, según describe Accem, organización especializada en acompañamiento a personas migrantes. “Lo que tienen en común estos cursos es que ofrecen una incorporación ágil al mercado laboral”, señalan desde la organización, que ha detectado entre las personas migrantes y refugiadas un aumento de la demanda de formación vinculada al empleo. 

En el caso concreto de la FP, apuntan a una ventaja añadida, ya que muchas personas llegan a España con una titulación obtenida en su país de origen, pero su homologación puede alargarse durante un tiempo que necesitan para empezar a trabajar y alcanzar su autonomía. Entre sus usuarios, Accem ha observado un mayor crecimiento de las formaciones de Administración y oficinas, Turismo y Hostelería y Mantenimiento y reparación.

A esta misma conclusión han llegado todos los estudios que han observado este fenómeno. El informe Población extranjera en la Formación Profesional, publicado en enero de 2025 por el Observatorio de la Formación Profesional de CaixaBank Dualiza y Orkestra, concluye que la FP constituye una herramienta especialmente relevante para la integración de la población extranjera, tanto porque mejora sus competencias y empleabilidad como porque facilita el acceso al mercado laboral formal y permite acreditar conocimientos adquiridos previamente. 

El estudio destaca también que la población extranjera parte de una situación de mayor vulnerabilidad formativa y de una mayor concentración en niveles educativos bajos y medios, por lo que la FP puede actuar como vía para reducir esas barreras y mejorar su posición en el mercado laboral español.

El fuerte crecimiento del alumnado extranjero se produce, además, en un sistema de FP en el que los centros privados están ganando peso. En los últimos cinco años, la FP privada ha pasado de concentrar un 31,1% de los alumnos a un 34,1% en el curso 25/26. Aunque no parece un cambio demasiado grande, lo relevante está en la velocidad en la que crece. 

Desde el curso 20/21, el alumnado de los centros públicos ha pasado de 678.031 a 789.314 estudiantes, lo que supone un aumento del 16,4%. Por su parte, la privada ha crecido de 306.322 a 412.100, un incremento del 34,5%, más del doble que en la pública.

Este crecimiento tampoco es uniforme en las diferentes comunidades autónomas. Madrid está a la cabeza y, en los últimos cinco cursos, la presencia de la privada ha crecido en 6,44 puntos y actualmente supone el 52,2% del sistema, siendo la única comunidad en la que tiene más presencia que la pública.

Le siguen Cataluña, con un 46,6%, y País Vasco con un 41,31%, dos territorios que, aunque tiene una elevada tasa de FP privada, en los últimos cinco años han conseguido rebajarla en 1,25 y 2,16 puntos respectivamente, a través de potenciar sus sistemas públicos de FP. Completan el ranking Aragón con un 36,7% y Andalucía con un 36,1%.

En el curso 25/26, entre las personas extranjeras matriculadas en grados de FP, el 66,8% estaba en la pública, frente al 33,2% en la privada, unos datos muy parecidos a los del conjunto del alumnado. Sin embargo, el crecimiento ha sido desigual, ya que en la pública se ha pasado de 60.983 a 94.032 alumnos extranjeros, un incremento del 54,2%, mientras que la privada ha pasado de 24.470 alumnos a 46.768, aumentando su número en un 91,1%, casi el doble de la cifra inicial.

La operación militar Romeo-Sierra, ordenada por el Gobierno de José María Aznar y ejecutada por miembros de Operaciones Especiales del Ejército de Tierra y de Infantería de Marina en la madrugada del 17 de julio de 2002, desalojó del islote de Perejil, junto a Ceuta, a un retén de efectivos de la Marina marroquí que habían acampado en ese ínfimo promontorio español seis días antes. Ese mismo día, el entonces ministro de Defensa, Federico Trillo, y la de Exteriores, Ana Palacio, comparecieron a petición propia en una sesión conjunta de sus respectivas comisiones parlamentarias para explicar el operativo militar. El que era el líder de la oposición, José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE), ofreció al Ejecutivo su "apoyo, comprensión y solidaridad" y aseguró que su partido sería "plenamente responsable" en la gestión de esa crisis sistémica con el país vecino.

24 años después del que, probablemente, ha sido el principal encontronazo entre Madrid y Rabat –junto con la invasión del Sáhara Occidental por la Marcha Verde– entre 70.000 y 80.000 jóvenes, la mayoría marroquíes, entraron hasta el pasado 31 de julio en Ceuta (83.567 habitantes, según el INE) a nado y a través del espigón fronterizo ante la pasividad de las autoridades del país vecino. Ese mismo día, Pedro Sánchez hizo una declaración solemne en la ciudad autónoma en la que definió lo ocurrido como otra "violación de la integridad territorial española". "Lo sucedido en el día de ayer merece todo nuestro reproche, toda nuestra condena en el nivel más enérgico posible de rechazo, de condena y de consideración como deplorable el ataque a la integridad territorial de una ciudad española como es la ciudad de Ceuta", añadió sin nombrar a Marruecos pero en claro mensaje a su Gobierno.

Como en el caso del islote Perejil, los ministros más implicados en la gestión del incidente, el de Interior, Fernando Grande-Marlaska, la de Defensa, Margarita Robles, y el de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, pidieron comparecer ante sus respectivas comisiones en el Congreso para dar explicaciones a finales de mes. 13 días después, pese al retorno del grueso de los extranjeros a Marruecos, la crisis está aun lejos de solucionarse con una amenaza latente de entrada masiva para este fin de semana y cientos de migrantes durmiendo al raso en las calles y playas. La preocupación y el malestar de la población local se pudo comprobar este miércoles durante la visita de la ministra de Defensa, Margarita Robles, a la ciudad, con decenas de ciudadanos y ciudadanas pidiendo al Ejecutivo que ponga los medios necesarios para que incidentes como este no se vuelvan a repetir.

Pese a ello, y a diferencia del PSOE en 2002, la respuesta del PP ha sido muy diferente. En lugar de ponerse detrás del Gobierno y ofrecerle su apoyo como en su día hizo Zapatero, su reacción ha sido utilizar la Cámara en la que cuenta con mayoría absoluta, el Senado, para azotarlo con una polémica vacía. Su presidente, Pedro Rollán, llegó a amenazar al Ejecutivo con acciones legales en caso de que esos mismos ministros, además del de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, se negaran a comparecer ante los senadores. Desde el Gobierno ya han respondido que los cuatro citados acudirán a la Cámara de representación territorial, pero no en las fechas exactas que quiere el PP. Ayer, sin embargo, sus senadores quisieron escenificar la ausencia anunciada de Grande-Marlaska ante la comisión de Interior haciéndose una foto junto a su silla vacía.

La falta de unidad política frente a los embates de Marruecos propiciada por el PP (no solo ahora, también en el anterior incidente diplomático de 2021 en el que Rabat permitió el paso de 10.000 personas en protesta por la hospitalización en Logroño del dirigente saharaui Brahim Ghali) se produce pese a que voces muy cualificadas señalan al país vecino como instigador del incidente. Desde El Confidencial, el excorresponsal de El País en el Magreb Ignacio Cembrero afirmó este miércoles, citando a dos exagentes con mando en los servicios secretos marroquíes, que la entrada masiva fue una respuesta del aparato de los servicios de espionaje y seguridad de ese país en respuesta a la investigación internacional del consorcio Forbidden Stories Pegasus Project, que denunció el recurso masivo al spyware israelí por los agentes marroquíes. También lo usaron contra Sánchez, Grande-Marlaska, Robles y la anterior titular de Exteriores, Arancha González Laya, destituida tras la crisis del dirigente polisario Ghali.

El uso de las tormentosas relaciones con Marruecos por el partido que dirige Alberto Núñez Feijóo se produce, además, con el reforzamiento por parte de reino alauí de sus relaciones con Washington y, más concretamente, con la Administración Trump que, en su anterior mandato, apoyó la reclamación marroquí del Sáhara Occidental, ocupado desde 1975, y en este ha abierto un consulado general en su segunda ciudad en importancia, Dajla. Ese apoyo entraba en el paquete de la firma de los Acuerdos de Abraham, que supusieron el reconocimiento y la normalización de relaciones diplomáticas de Rabat con Israel. Trump y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se han convertido en los principales adversarios internacionales del Gobierno de Pedro Sánchez. El primero amenaza periódicamente con una guerra arancelaria o con la salida de EE UU de las bases de Rota y Morón a cuenta de las cifras de inversión española en armamento; Netanyahu, por la oposición española al genocidio en Gaza, la personación de Madrid en la causa abierta en el Tribunal Internacional de Justicia y el reconocimiento del Estado palestino.

A diferencia del PSOE, que cuando está en la oposición siempre ofrece su apoyo al Gobierno ante cada crisis sistémica (como hizo, por ejemplo, en la aplicación del 155 de la Constitución durante el proceso independentista catalán), el PP se negó a cerrar filas con el Ejecutivo de Sánchez en asuntos como la lucha contra el covid y se ha puesto de perfil ante las bravuconadas del presidente de EE UU, el principal socio de España en materia estratégica de Defensa que, sin embargo, se muestra cada día más cercano a Rabat. La pregunta es cuál sería la posición del PP en caso de que Trump diera un giro inesperado como el del Sáhara Occidental en apoyo de la reclamación marroquí sobre Ceuta y Melilla, algo que ya ha hecho con otro Estado europeo, Dinamarca, en relación a Groenlandia. Ante los incidentes de Ceuta, Feijóo ha preferido cargar directamente sobre Sánchez. "Yo no creo, honradamente, que le tenga que pedir explicaciones a Marruecos", dijo este lunes en OkDiario alentando la conspiración de que el Gobierno español no hizo nada pese a saber lo que iba a ocurrir.

El sentido de Estado y la colaboración de la izquierda ante situaciones difíciles también se da en otros países. Cuando Trump atacó a la que fuera su principal aliada en Europa, la ultraderechista primera ministra italiana, Giorgia Meloni, por defender el discurso pacifista del papa León XIV, la líder de la oposición, Elly Schlein, secretaria general del Partido Democrático, expresó en la Cámara de Diputados italiana la "más firme condena" de su formación a los insultos del presidente de EE UU a Meloni. "Italia es un país libre y soberano y repudia la guerra", dijo entre los aplausos de sus correligionarios pero también de sus adversarios. "Ningún jefe de Estado extranjero puede permitirse atacar, amenazar o faltar el respeto a nuestro país y a nuestro Gobierno; somos adversarios en esta cámara, pero somos todos ciudadanos italianos".

Este miércoles se cumplen cinco años desde que la ley rider entró en vigor. La norma nació tras el "boom" de teléfonos inteligentes y plataformas digitales de reparto de comida a casa que impulsaron esta tendencia y que operaban en su mayoría con autónomos. Un lustro después, el sistema es muy diferente.

El hecho de que los repartidores de los productos funcionaran como "falsos autónomos" se situó en el centro de la polémica desde el inicio de este fenómeno del "delivery".

Por ello, administraciones, sindicatos y patronales impulsaron esta norma, que ha impactado de lleno en el sector y en sus operadores, con procesos judiciales y movimientos empresariales de calado.

El pasado 21 de julio, la Asamblea Nacional de Francia aprobó un proyecto de ley que establece la presunción de uso legítimo de la fuerza para policías y gendarmes. Es decir, que cuando un agente utiliza su arma, “se presume que ha actuado” en los supuestos previstos por la ley, y esta presunción solo puede ser desvirtuada cuando existan pruebas en contra. La ley, que todavía tiene que pasar por el Senado, fue aprobada por 313 votos a favor y 199 en contra, y desde la izquierda y diferentes asociaciones de defensa de los derechos sociales ya la han descrito como una “licencia para matar”.

No es un caso aislado. Alessia Schiavon, directora de la Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR), entidad centrada en la defensa de los Derechos Humanos, advierte de una tendencia europea hacia una “progresiva restricción del espacio cívico y del espacio ciudadano”. La jurista considera especialmente preocupante que esta evolución se esté produciendo en democracias con una larga tradición de protección de los derechos. “A lo mejor podemos esperarnos de países como Hungría que adopten esta legislación, pero no de Francia, Italia o Alemania misma”, destaca.

A su juicio, estas medidas avanzan amparadas en una narrativa de inseguridad que acaba desplazando la protección de los derechos. “Lo que se está intentando utilizar es la narrativa de la falta de seguridad para restringir los derechos de los ciudadanos y ciudadanas”, sostiene. Francia es precisamente uno de los ejemplos que más preocupación despiertan. Sobre la nueva presunción de uso legítimo de la fuerza, Schiavon advierte que “claramente va a afectar a las garantías fundamentales” y de que existe “un riesgo evidente de que se deje espacio importante a la impunidad policial”.

La reforma sigue la línea de otra ley aprobada en 2017, que amplió los supuestos en los que los agentes podían usar armas. El más polémico es el que permite disparar contra un vehículo cuyo conductor se niega a detenerse si los policías consideran que su huida puede poner en peligro su vida o la de terceros.

Un estudio realizado por investigadores del Centro Nacional para la Investigación Científica francés (CNRS) concluyó que solo en ese año los disparos mortales contra vehículos en movimiento se multiplicaron por cinco. Los datos de la Inspección General de la Policía Nacional (IGPN) recogieron además que en 2017 los disparos efectuados por policías aumentaron un 54% respecto al año anterior.

Tras el asesinato en 2023 del joven de 17 años Nahel Merzouk por disparos de un policía, se produjeron protestas por todo el país para derogar la ley e incluso, la comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatović, expresó su preocupación por el “uso excesivo” de la fuerza por parte de las fuerzas del orden francesas y pidió a las autoridades que “revisaran el marco legal y las prácticas policiales”. Sin embargo, el Gobierno ha mantenido la ley, defendiendo su necesidad y señalando que el uso de las armas siempre exige “necesidad y proporcionalidad” por parte de los agentes.

Italia es uno de los países donde más se ha ampliado el margen de actuación policial. Desde 2011 existe el foglio di via obbligatorio (orden de prohibición de presencia) que permite al jefe de policía prohibir durante hasta tres años la entrada de una persona a un municipio determinado.

Aunque nació vinculada a la lucha contra las mafias, su uso se ha extendido a manifestantes y activistas. Amnistía Internacional ha documentado una intensificación de su aplicación desde 2022 contra protestas climáticas, movimientos estudiantiles y otros colectivos.

Algo similar ocurre con los DASPO (Divieto di Accedere alle manifestazioni SPOrtive), medidas concebidas para impedir el acceso de personas violentas a recintos deportivos y ampliadas en 2017 a otros espacios como estaciones, aeropuertos u hospitales. En los últimos años también se ha utilizado contra personas sin hogar y activistas.

El mayor salto llegó con el Decreto Sicurezza, aprobado en junio de 2025 por el gobierno de ultraderecha de Giorgia Meloni. Entre otras medidas, permite al Estado adelantar hasta 10.000 euros por cada fase del procedimiento para sufragar la defensa de los agentes de policía investigados o procesados por actuaciones relacionadas con el servicio, una cantidad que solo deberán devolver si se demuestra que actuaron con dolo. 

El decreto también endurece las penas por violencia o resistencia contra policías, amplía sus competencias en los desalojos de viviendas que constituyen el primer domicilio de inmediato, en las que pueden actuar sin tener que esperar a una resolución judicial, y permite a los agentes fuera de servicio llevar, a parte de su arma reglamentaria, otra de su propiedad.

Schiavon alerta además de que este decreto fue aprobado directamente por el Gobierno, sin pasar por el Parlamento, un procedimiento previsto en la Constitución italiana, pero que limita la intervención parlamentaria. A su juicio, recurrir a este tipo de mecanismos puede generar “riesgos muy altos” cuando las normas van “más allá de la urgencia que las justifica”.

En Alemania, el cambio se ha producido principalmente mediante la ampliación de los casos en los que puede actuar la policía. Hasta 2016 predominaba el principio de konkrete Gefahr, o peligro concreto, que exigía la existencia de un riesgo identificable. 

Ese año, el Tribunal Constitucional Federal abrió la puerta a actuar ante una “amenaza suficientemente específica” en determinados casos graves, incluso antes de que existiera un peligro concreto.

Baviera incorporó esta posibilidad a su legislación en 2018 y permitió medidas preventivas como la vigilancia de comunicaciones, la geolocalización, los registros o una mayor duración de la detención preventiva. Aunque una reforma de 2021 limitó su alcance, esta herramienta terminó utilizándose también contra activistas climáticos. Entre 2022 y 2023, la policía bávara llegó a detener preventivamente durante 30 días a miembros de Letzte Generation por anunciar su participación en los cortes de carreteras que se estuvieron llevando a cabo durante esos años.

A ello se suma la normalización de los controles en las fronteras interiores. Reintroducidos por Angela Merkel en 2015 como respuesta excepcional a la crisis migratoria, se han mantenido y ampliado desde entonces hasta abarcar las nueve fronteras terrestres alemanas. 

Estos controles permiten identificaciones sin sospecha individualizada, una práctica que Amnistía Internacional cuestiona por el riesgo de racial profiling, perfilado racista. En 2025 y 2026, varios tribunales alemanes cuestionaron la legalidad de mantener estos controles durante tanto tiempo y, este junio, la Comisión Europea reclamó mejores justificaciones al Gobierno. 

La migración también está sirviendo en Bélgica para ampliar las competencias policiales. El Gobierno de Bart De Wever ha recuperado una propuesta que lleva en el aire desde 2018: permitir la entrada de agentes en domicilios para ejecutar órdenes de expulsión de personas migrantes. 

El anteproyecto, aprobado por el Consejo de Ministros en mayo de 2026 y pendiente ahora de su tramitación parlamentaria, permitiría estas entradas cuando exista una orden de expulsión firme, la persona se haya negado reiteradamente a colaborar y sea considerada una amenaza para el orden público o la seguridad nacional.

Sería necesaria una autorización previa de un juez de instrucción y tendría que hacerse conjuntamente con la Oficina de Extranjería. Aun así, organizaciones de derechos humanos, abogados y representantes policiales han advertido de que la medida supone una ampliación significativa de los poderes coercitivos del Estado y puede afectar a la inviolabilidad del domicilio, protegida por la Constitución belga y el Convenio Europeo de Derechos Humanos.

“Lo que estamos viendo es la criminalización de las personas migrantes”, denuncia la jurista de FIBGAR. A su juicio, se construye una narrativa de emergencia que facilita la aceptación social de medidas excepcionales. “No es una emergencia, porque no hay datos que lo demuestren, pero a los ojos de la ciudadanía se pueden justificar estas medidas”.

España muestra una situación diferente: no ha aprobado nuevas leyes de este tipo en los últimos años, pero mantiene vigente la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, aprobada en 2015 por el gobierno de Mariano Rajoy y conocida como ley mordaza.

La norma permite sancionar administrativamente conductas como la desobediencia o resistencia a la autoridad, las faltas de respeto a los agentes o determinadas actuaciones durante manifestaciones, con multas de miles de euros.

Su reforma lleva años bloqueada. PSOE, Sumar y EH Bildu pactaron en 2024 recuperar una modificación que había fracasado un año antes, pero continúan las discrepancias sobre cuestiones como el uso de pelotas de goma, las sanciones por faltas de respeto a los agentes, las infracciones por desobediencia y resistencia o las llamadas devoluciones en caliente. En abril de 2026, el Gobierno volvió a incluir la reforma entre sus prioridades, pero, por el momento, no se ha conseguido ningún cambio.

“Que España no haya aprobado nuevas normas en los últimos años no significa que el problema haya desaparecido. No podemos olvidarnos de que esta herramienta existe y está para ser utilizada”, destaca Schiavon. 

La directora de FIBGAR insiste en que los ejemplos europeos forman parte de una misma tendencia. “No son casos aislados”, advierte. Por ello, reclama una mayor vigilancia por parte de las instituciones comunitarias y de los representantes políticos para evitar que estas medidas continúen avanzando.

Les invito a que hagan un ejercicio de atención. Si viven cerca de una plaza o de un parque, abran la ventana y escuchen. Hace unos años oirían a niños jugar, gritar, les verían correr o montar en bici… Ahora, cuando abran la ventana es probable que haya menos niños o que, directamente, no estén jugando.

El cambio climático y el calor de estos últimos veranos, además, dificultan la escena. La infancia se ha replegado al interior de las viviendas, de los centros comerciales o de actividades organizadas por adultos. La pregunta es: ¿por qué los niños han dejado de jugar en la calle y qué dice eso de los espacios comunes?

Las respuestas apuntan en diferentes direcciones: menos niños, aumento del espacio para los coches, la percepción de más inseguridad, el uso intensivo de las pantallas o unas agendas infantiles más apretadas y llenas de actividades.

Francesco Tonucci lleva décadas estudiando y advirtiendo de esta transformación. Este pedagogo ha cambiado el foco del problema, invirtiendo el argumento al asegurar que “la calle es peligrosa porque no hay niños en ella”. Porque, argumenta, la falta de niños es causa y consecuencia de esa percepción de peligrosidad que, en otros lugares, “como en los pueblos, no es percibida porque hay menos coches, más confianza en el entorno y más sensación de familia”, dice Adama Sophia Ndao, geógrafa especializada en género.

La disminución del juego infantil no es un fenómeno aislado, sino un síntoma de la crisis de los espacios comunes. El profesor del máster en Dirección de Personas y Desarrollo Organizativo de ESIC University, Óscar Barroso, habla de esta crisis al asegurar que “una terraza aporta vida, empleo y seguridad urbana —dice—, pero no puede sustituir por completo al banco, al árbol o al juego infantil”.

Para el urbanista danés Jan Gehl, la calidad de una ciudad no se mide por la altura de sus edificios, se mide por la “vida que existe entre ellos”. Cuando esa vida desaparece, la calle deja de ser un lugar de convivencia y pasa a ser solo un espacio de tránsito. Esos “no espacios” los define Pablo Asián, arquitecto, al asegurar que se han desplazado al ámbito privado, “refugiándose en el interior de las urbanizaciones con piscina y pista de pádel”, donde existe la percepción de seguridad y donde no hay coches que puedan atropellar a los niños.

La arquitecta y catedrática de Práctica Arquitectónica de la Bartlett School of Architecture Izaskun Chinchilla ha reclamado un urbanismo pensado para la diversidad y no solo para un ciudadano adulto y con coche.

Para Chinchilla, las plazas sin sombra, las largas avenidas y los barrios “para no hacer vida y atravesar con coche” obligan a renunciar al juego espontáneo en las calles, algo que, como recuerda UNICEF, es un derecho reconocido por la Convención sobre los Derechos del Niño y que los gobiernos deberían “favorecer” para mejorar “el encuentro, la autonomía y la participación infantil”.

Esa renuncia a jugar en las calles y a mezclarse puede provocar, como recuerda la psicóloga María García a infoLibre, que a futuro "nos encontremos con adultos más retraídos, menos tolerantes y que no saben desenvolverse en algunas situaciones sociales". La necesidad de empezar a educar entre diferentes "se produce desde pequeños y el parque es el mejor lugar para hacerlo".

El psicobiólogo Jorge Romero-Castillo advierte de que la clave no está en demonizar la tecnología, sino en evitar que los dispositivos “sustituyan otras experiencias esenciales para el desarrollo cerebral”, especialmente “actividades fundamentales como el juego entre iguales”. El riesgo aparece cuando la pantalla desplaza el movimiento, la interacción y el juego físico, es decir, cuando sustituye experiencias que antes se daban en la calle, en la plaza o en el parque.

Un estudio de la Universidad de Exeter, en el Reino Unido, publicado en la revista especializada Wellbeing Space and Society, demostró que el 34% de los niños reportó no jugar al aire libre entre semana y el 30% no hacerlo ni siquiera durante los fines de semana. Van del colegio a casa y de casa al colegio. Y quizá alguna extraescolar. La agenda de los pequeños cada vez está más saturada, influenciada por la difícil conciliación laboral de las empresas.

Beatriz Giménez, madre de dos niños, sufre esto cada día al ir a recogerlos: "A uno, a la escuela infantil; y, mientras le recojo y llego, el mayor está en actividades extraescolares todos los días de la semana, menos el viernes, porque si no, no me da tiempo a llegar", dice. No es la única y esto lo que provoca es que los niños pasen más tiempo en el colegio, con sus amigos de clase o de las extraescolares, pero que no se relacionen con diferentes.

El estudio Born in Bradford (nacido en Bradford) llegó a la conclusión de que “los niños que salen al aire libre con más frecuencia tienden a tener una mayor estabilidad social y emocional”. Esto también lo apoya la profesora de Primaria Sara Arija, partidaria de que los niños pasen el mayor tiempo posible en la calle o en el patio, jugando entre ellos y “desarrollando diferentes interacciones entre iguales”. Ella, también madre, intenta que su hija lo haga, “como hemos hecho nosotros cuando éramos pequeños: jugar en el césped, quedar con amigos y pedir jugar al fútbol con niños desconocidos porque tenían un balón”.

El profesor Joan Tahull Fort, que centra sus palabras en el aprendizaje del niño en verano, fuera de los tiempos tasados del día a día, coincide con Arija. Durante las vacaciones, los niños siguen aprendiendo “de manera más informal, espontánea y emocionalmente significativa”, desarrollando “habilidades sociales, autonomía, creatividad, gestión emocional, resolución de conflictos”.

En ese sentido, jugar en la calle no es una distracción menor, sino una forma de aprendizaje y de socialización que desaparece cuando la infancia deja de ocupar el espacio público.

La última razón para evitar el juego en la calle es el calor. El cambio climático ha convertido la época estival en un horno, apoyado además por “la sobreprotección de los niños en los parques infantiles”, dice Arija, que señala el caucho del suelo como uno de esos problemas. El caucho es más seguro para los pequeños en caso de caerse, pero la arena que antes inundaba los parques “acumulaba menos calor que los suelos de ahora”. Y es que si al calor del ambiente se le suma el que desprende el suelo, más el metal de los columpios, los parques infantiles “son impracticables”, dice.

De ahí que su hija pase la mayor parte del tiempo jugando con globos de agua o en el césped de los parques. Reconoce, “eso sí”, que si tuviera urbanización estaría más tranquila, porque sabe que ahí “no le pasarían las cosas que le pueden pasar en la calle” y, señala que “ahora la urbanización ayuda a socializar más que el parque”, donde percibe que los niños son más individualistas que antes.

Algunos ayuntamientos de grandes ciudades españolas ven necesario recuperar el espacio común para niños y para adultos y, poco a poco, van poniendo en marcha campañas de peatonalización de determinadas calles y en ciertos días para que los pequeños puedan disfrutar de un rato sin coches y esparcimiento. Y sí, funciona.

Quienes vivan en esas calles y abran las ventanas se darán cuenta de que el ruido de niños ha vuelto al barrio; aunque sea un rato y solo un día, "por algo se empieza", dice Arija.

La polémica sobre la petición de la comparecencia inmediata de tres ministros aprobada por el Senado haciendo valer la mayoría absoluta del PP y la amenaza de su presidente, Pedro Rollán, de tomar medidas contra el Gobierno en caso de que rechacen acudir a la Cámara ha quedado reducida a un cruce de declaraciones de políticos de distinto signo sin apenas trascendencia constitucional. El Ejecutivo de Sánchez ha desinflado el globo al confirmar que tiene la intención de comparecer en la Cámara de representación territorial, pero no en las fechas que exige Rollán y su partido, sino cuando lo permitan sus agendas. La única herramienta jurídica del Senado, la presentación de un conflicto entre órganos constitucionales ante el Tribunal Constitucional, quedaría así vacía de contenido. El PP, sin embargo, no se empleó con la misma contundencia en 2016 cuando Mariano Rajoy y los miembros de su Gobierno se negaron a acudir a ninguna de las Cámaras durante más de 10 meses.

Los tres ministros –el de Exteriores, José Manuel Albares; la de Defensa, Margarita Robles; y el de Interior, Fernando Grande-Marlaska– junto con el de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, han pedido a iniciativa propia comparecer en el Congreso entre los próximos 25 y 28 de agosto. Cuando acudan podrán informar a los diputados sin límite de tiempo y después los portavoces de cada uno de los grupos en cada una de esas comisiones podrán plantear sus cuestiones en su turno de palabra. También han asegurado, ante la polémica suscitada por Rollán, que cumplirán con su obligación de ir al Senado, aunque no con la premura que les exige el PP. Gracias a la reforma del Reglamento de la Cámara Alta impulsada por ese partido el pasado noviembre, los ministros cuentan con solo 40 minutos para dar sus explicaciones.

El Ejecutivo cumple así con la obligación prevista en el artículo 101 de la Constitución que permite a ambas Cámaras exigir la presencia de los ministros y del presidente en ejercicio de su función de control. También con el artículo 66.2 del Reglamento del Senado que en la nueva redacción propuesta por el PP introdujo un mandato expreso de acudir a los miembros del Gobiernos para dar dar explicaciones. "Los miembros del Gobierno y demás autoridades y funcionarios de Administraciones públicas están obligados a comparecer ante las Comisiones y sus órganos, incluidas las Comisiones de Investigación", dice el nuevo precepto. La incomparecencia ante una comisión de investigación supone la comisión de un delito de desobediencia, según el artículo 502 del Código Penal, pero la ley no prevé ninguna consecuencia por no acudir a una comisión ordinaria en una fecha concreta.

Fuentes del Ejecutivo explican que lo normal en los casos de los ministros y el presidente es que los gabinetes de estos o la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes, se pongan de acuerdo con los letrados de las Cortes o los presidentes de cada comisión para pactar una fecha. Esas mismas fuentes subrayan la dificultad que, en muchos casos, supone preparar una comparecencia y dar las preceptivas explicaciones debido a las cargadas agendas del presidente o de los ministros. "Se trata de una cuestión de cortesía parlamentaria y de lealtad entre instituciones", aseguran esas mismas fuentes. Marlaska anunció ayer que este miércoles debe coordinar el dispositivo para el eclipse. Robles, por su parte, está en Ceuta para supervisar el despliegue militar que busca prevenir una nueva entrada masiva de migrantes.

En esas condiciones, la única arma que le queda al Senado es presentar un conflicto de atribuciones ante el Tribunal Constitucional como el que ya remitió a ese órgano el pasado diciembre contra el Gobierno por no presentar los Presupuestos. El anuncio del Ejecutivo de que sí dará explicaciones en la Cámara de representación territorial sobre la crisis de Ceuta dejaría previsiblemente sin contenido ese recurso ya que los magistrados del órgano de garantías, debido a los plazos que establece ese mecanismo, solo lo estudiarían cuando las comparecencias ya se hayan producido y la obligación constitucional de los ministros de someterse al control de los senadores se haya cumplido.

El incumplimento de ese deber –no solo ante el Senado, sino también ante el Congreso– sí se produjo en 2016, cuando el entonces presidente, Mariano Rajoy, y los miembros de su Gobierno se negaron a comparecer ante el Parlamento durante más de 10 meses alegando que estaban en funciones. En esa ocasión fue el Congreso, entonces presidido por el socialista Patxi López, el que llevó al Constitucional al Gobierno con los votos en contra del PP, que no consideró un problema los continuos plantones del presidente y sus ministros a ambas Cámaras.

La respuesta del Constitucional no llegó hasta noviembre de 2018, cuando Rajoy ya había caído por la moción de censura que hizo presidente a Sánchez. Sus magistrados dieron la razón al Congreso y aseguraron que las sucesivas negativas del ya expresidente y sus ministros a comparecer afectaban al "equilibrio de poderes" y que el Gobierno estaba obligado a someterse al control parlamentario "en la medida en que el Ejecutivo sigue desarrollando actividad", aunque se encuentre en funciones. La diferencia con las comparecencias por la crisis de Ceuta es evidente: el Gobierno socialista sí cumplirá con su obligación constitucional de acudir tanto al Congreso como al Senado, pero no en el momento exacto que le imponga el principal partido de la oposición.

El encuentro entre el rey Felipe VI y el agitador ultra Javier Negre se produjo durante la toma de posesión del nuevo presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella. Una escena que ha terminado desatando una polémica política después de que el ministro de Transportes, Óscar Puente, la calificara de “absoluta ignominia” y cuestionara que el jefe del Estado se prestara a fotografiarse con el fundador de EDATV.

Las imágenes fueron grabadas el pasado viernes en Cali, donde Felipe VI acudió como representante de España a la investidura de De la Espriella. En el vídeo difundido posteriormente por el propio Negre se observa cómo este se acerca al monarca, le estrecha la mano, intercambia unas palabras con él y le pide una fotografía. Felipe VI accede y posa junto al comunicador. No obstante, la conversación apenas puede distinguirse en la grabación.

Fue Negre quien difundió el encuentro en sus redes sociales acompañado de un mensaje en el que celebraba haber vuelto a coincidir con el rey. La escena no tardó en provocar críticas y Puente compartió las imágenes con un mensaje contundente: “Esta situación me parece una absoluta ignominia”.

Ante las reacciones generadas, el ministro desarrolló posteriormente sus motivos. Puente aseguró que Negre había “insultado reiterada y gravemente” tanto a la reina Letizia como a Felipe VI y lo definió como “un profesional de la difamación y el bulo” y “un activista de ultraderecha” que, según el ministro, practica el acoso contra políticos progresistas y sus familias, incluida la suya.

Puente puso además el foco en la dimensión institucional del encuentro. “El Rey es un símbolo”, defendió, antes de advertir de que “no es inocuo” con quién se fotografía o a quién saluda cuando, según su interpretación, no se trata de una relación institucional ni de un acto protocolario. “Su imagen se contamina y la del sujeto con el que se fotografía se limpia. Y ambas cosas son inaceptables”, concluyó.

Las críticas del ministro adquieren además un componente particular por las declaraciones que el propio Negre ha dedicado anteriormente a la Casa Real. Hace apenas unos meses llegó a referirse a Felipe VI como “un títere de Sánchez” y calificó a la reina Letizia de “vergüenza”. 

Negre respondió al ministro defendiendo la normalidad del encuentro. “Ignominia no es que el rey de todos los españoles salude al propietario del grupo de medios más viral en política de Hispanoamérica”, escribió, antes de acusar de corrupción al Gobierno y relacionar la polémica con la crisis de Ceuta. Puente volvió a contestarle poco después: “Hay una sola verdad en tu tuit. Que eres un virus”.

El Partido Popular, por su parte, aprovechó las palabras del ministro para salir en defensa del monarca y cargar contra el Ejecutivo. El secretario general del PP, Miguel Tellado, replicó que “ignominia” es la gestión gubernamental de la crisis migratoria de Ceuta y reprochó a Sánchez haberse marchado de vacaciones.

También intervino el vicesecretario de Igualdad del PP, Jaime de los Santos, quien sostuvo que la verdadera “ignominia” eran Puente, Sánchez y su Gobierno y acusó al titular de Transportes de señalar al jefe del Estado.

Dentro del propio Ejecutivo, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, evitó sumarse a las críticas de su compañero. Preguntado por el asunto, señaló que no era él quien debía pronunciarse “ni sobre con quién se fotografía el rey de España ni sobre los tuits” de Puente.

La Casa Real tampoco ha realizado por el momento ningún pronunciamiento público ni ha respondido a las preguntas remitidas por infoLibre para aclarar el contexto del saludo y la conversación con Negre, así como su posición ante las declaraciones de Óscar Puente.

Javier Negre, de 41 años, trabajó durante años en El Mundo y en 2020 puso en marcha Estado de Alarma, proyecto que acabaría convirtiéndose en EDATV y expandiéndose posteriormente por Latinoamérica. Su conglomerado ha establecido vínculos con el ecosistema político de la derecha y la ultraderecha española y latinoamericana, y Negre adquirió en 2024 la mitad de La Derecha Diario en Argentina, coincidiendo con el ascenso de Javier Milei.

Su trayectoria periodística ha estado acompañada de polémicas tanto por sus métodos como por la difusión de contenidos falsos. En 2019, Negre y El Mundo fueron condenados a indemnizar con 30.000 euros a una mujer vinculada al caso del asesino Sergio Morate por una “intromisión ilegítima en los derechos a la intimidad, al honor y la propia imagen”. La sentencia examinó un reportaje presentado como una entrevista con la mujer pese a que esta no había consentido mantenerla en esos términos.

También existen ejemplos más recientes de desinformación difundida directamente por Negre. Tras la dana de octubre de 2024, aseguró que el radar de AEMET en Valencia no funcionaba durante el episodio. El organismo meteorológico lo desmintió públicamente y aseguró que el radar había operado “sin ningún tipo de problemas”. La falsedad volvió a quedar desmentida en mayo de 2026, cuando un informe de AEMET incorporado a la causa judicial sobre la dana señaló que el radar de Cullera fue, de hecho, la “herramienta principal” utilizada para la vigilancia meteorológica durante la catástrofe.

Negre ha convertido desde entonces EDATV en el centro de un entramado mediático con creciente presencia internacional. Según las últimas cuentas publicadas, el grupo pasó de facturar 346.000 euros en 2021 a 1,3 millones en 2024, con ingresos procedentes, entre otras fuentes, de administraciones gobernadas por el PP, anunciantes privados y su expansión por América Latina.

El pasado miércoles, un agente de la Guardia Civil que había sido expulsado del cuerpo entró en el cuartel de Llanes y, tras hacerse con un arma, asesinó a su expareja, una guardia civil que trabajaba en ese puesto. El atacante murió también por los disparos de sus compañeros, pero el suceso abre una pregunta: ¿cómo pudo un agente apartado del cuerpo tener acceso a un arma?

La pistola con la que cometió el crimen se encontraba en la taquilla de un compañero, que el asesino forzó para hacerse con el arma. “En Asturias no hay casi armeros —cajas de seguridad diseñados para guardar armas de fuego— repartidos de forma oficial. Habrá diez, y casi todos los tienen algunos oficiales o personal de oficinas. Poco más. En el resto no hay ningún tipo de armero”, relata José Álvaro Nieto, portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles en Asturias (AUGC), en conversación con infoLibre. Por ello, “los agentes tienen que dejar el arma en la taquilla o llevársela a casa”.

El problema es que las taquillas personales no están diseñadas para custodiar armas. “Son taquillas metálicas con un candado”, explica el portavoz asturiano, que añade que las que tienen cerradura son minoritarias y presentan un nivel de seguridad “insuficiente”. “No hay ningún tipo de protocolo. Aquí lo que hacen es responsabilizarte a ti del arma. La Guardia Civil realmente se lava las manos”, denuncia.

El problema no solo está en Asturias. Desde Madrid, Ivo Pantoja, también portavoz de esta asociación, explica que solo hay armeros en algunas unidades y que, según su experiencia, “el 99% de los destinos” que conoce no disponen de ellos para todos los agentes. Señala que la mayoría de los armeros oficiales se concentran en lugares donde la normativa obliga a retirar el arma al agente, como los centros de detención.

“Muchas de las armas están guardadas directamente en las taquillas. Pero una taquilla es la típica taquilla metálica que con un destornillador la abres”, explica, en la misma línea que su compañero de Asturias. Añade que, en el puesto en el que trabaja, de las 26 taquillas que tienen, “hay muchas que ni abren ni cierran porque está rota la cerradura y tienen, a lo mejor, 40 años de servicio”. Desde la propia Guardia Civil indican que son conscientes de que actualmente no hay armeros “suficientes” y que se está ampliando su número en función de las disponibilidades presupuestarias, pero insisten en que la custodia final del arma recae en el propio agente.

Ante esta situación, la AUGC lleva desde 2010 reclamando la instalación de armeros individuales para todos los agentes. Según explica el portavoz del área jurídica de esta asociación, Eugenio Nemiña, la primera petición tenía precisamente como argumento la seguridad de las armas y la dificultad de custodiar una pistola en un domicilio particular. 

“Hay casas donde tienes niños, donde tienes una persona que limpia la casa o que cuida a los niños. Entonces tú no puedes estar todo el día con el arma encima y tienes que dejar el arma en casa”, denuncia. Agrega que la única alternativa que queda es la taquilla. “Más seguro que en la calle sí que es, pero eso no quita que se pueden abrir fácilmente”, explica.

De esta manera, la asociación ha planteado esta problemática mediante el envío de diferentes escritos y en las reuniones del Consejo de la Guardia Civil. Al principio, la única respuesta que recibían era que la responsabilidad de custodiar el arma recaía en el propio agente, pero en los últimos años “poco a poco ha ido mejorando la cosa y ahora reconocen que sí, que son importantes, pero cuando hay presupuesto. Y de ahí no salen. El presupuesto nunca llega y estamos siempre con las mismas”.

La AUGC lleva más de una década reclamando armeros individuales para las armas cortas. Ya en 2012 planteó en el Consejo de la Guardia Civil que la facilidad de acceso al arma de un compañero por parte de una persona que estuviera de baja psicológica era “absoluta”, según el acta a la que ha tenido acceso infoLibre. La respuesta entonces fue que “el arma formaba parte del uniforme y el guardia era responsable de ella en todo momento”.

Las peticiones se repitieron en los años siguientes. En 2013, el Estado Mayor del Mando de Operaciones insistió en la responsabilidad individual de los agentes aunque reconoció que el lugar más seguro para guardar las armas era “el propio acuartelamiento”. En 2024, 2015 y 2017, las reclamaciones de más armeros chocaron principalmente con la falta de presupuesto. 

En 2021, la Guardia Civil valoró “positivamente” la instalación de armeros individuales, pero reconoció que los 5.118 disponibles en toda España eran insuficientes para cubrir las necesidades del resto de la plantilla. Dos meses después anunció la adquisición de otras 5.200 unidades, adjudicadas finalmente en 2023 por 416.000 euros.

Ese mismo año, un teniente general reconoció ante el Consejo que la disponibilidad de un medio letal era uno de los factores que influían en las conductas suicidas y señaló entre las medidas preventivas complementarias el “resguardo del arma oficial” en unidades dotadas con armeros. La última adjudicación, realizada en febrero de 2026, contempla un mínimo de 6.450 nuevos armeros en 2026 y 2028.

Pese al aumento de la dotación, la AUGC considera que sigue siendo insuficiente para una plantilla de más de 80.000 agentes. La asociación evita afirmar que un armero hubiera impedido el asesinato machista de Llanes, pero sostiene que habría añadido una barrera de seguridad. “Sería indecente vender la idea de que una caja fuerte es un escudo, pero hay un abismo entre no poder impedir un crimen y ponérselo fácil”, concluyen.

La Comisión Europea considera que la reforma del Reglamento del Congreso que permitió prohibir el acceso a la Cámara a agitadores ultras como Vito Quiles o Bertrand Ndongo camuflados como periodistas supone un avance bien valorado por todas las partes afectadas. Así lo recoge el capítulo dedicado a España del Informe sobre el Estado de derecho de 2026. La Mesa del Congreso suspendió el pasado 13 de mayo indefinidamente las acreditaciones de Quiles, candidato de Se Acabó la Fiesta (SALF), la formación de Alvise Pérez, y Ndongo, exasesor de Vox en la Asamblea de Madrid, por su acumulación de expedientes provocados por grabar a diputados en zonas no autorizadas, reventar ruedas de prensa y hostigar a parlamentarios y periodistas.

El apartado dedicado a los medios del informe anual de la Comisión que analiza la calidad democrática de cada uno de los 27 socios europeos bendice la reforma del Reglamento. "En 2025, se modificaron las normas internas de procedimiento del Parlamento para introducir un marco formal de reglas de acreditación y estándares de comportamiento que definen el acceso de los periodistas y las condiciones de trabajo dentro del Parlamento", afirma el documento. Después añade que la modificación supuso "un avance que fue generalmente bien recibido por las partes interesadas". La reforma ha sido reivindicada durante meses por la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP) y la Federación de Asociaciones de la Prensa de España (FAPE), además de otros colectivos.

La modificación de la norma con rango de ley que regula el funcionamiento de la Cámara baja se aprobó el 22 de julio de 2025 con el apoyo de la mayoría de la investidura y el voto en contra del PP y Vox. El nuevo texto encomendó a la Mesa la regulación "del procedimiento para la concesión y renovación de credenciales a los representantes gráficos y literarios de los distintos medios, con objeto de que puedan acceder a los locales del recinto parlamentario que se les destine y a las sesiones a que puedan asistir". También atribuyó a ese órgano parlamentario la fijación "de los requisitos que resulten exigibles atendiendo a la necesidad de respetar el derecho a la información veraz y el buen funcionamiento de la Cámara".

Entre esos requisitos, aprobados por la Mesa dos meses después, se recogía expresamente la prohibición de "dirigirse a cualquier persona con un equipo de grabación en funcionamiento sin haber solicitado previamente su permiso", uno de los métodos de acoso más comunes de los agitadores ultras. También quedó vetada "la grabación o toma de imágenes con dispositivos móviles, así como con cámaras o material de grabación de manera engañosa", limitando esa actividad informativa a los reporteros gráficos y operadores del televisión.

La reforma del Reglamento ahora avalada por Bruselas recoge como infracciones muy graves algunos de los comportamientos reiterados de Quiles y Ndongo, como "la falta de respeto a las reglas de cortesía en el recinto parlamentario y zonas o edificios adscritos al Congreso". "Se considerará en todo caso una infracción muy grave proferir insultos, descalificaciones o atentar contra la dignidad de otras personas", añadía. También "la grabación de imágenes o sonidos mediante el uso de dispositivos ocultos" en los despachos y en las oficinas de los grupos o fuera de los espacios habilitados para ello "que contenga datos de carácter personal o vulnere la intimidad de las personas", así como la difusión de estas grabaciones "en medios y redes sociales".

Los expedientes más avanzados sobre Vito Quiles, que permitieron a la Mesa la suspensión indefinida de su acreditación en mayo, se abrieron por dos grabaciones realizadas con su teléfono móvil en dependencias del Congreso donde no estaba autorizado. La APP denunció primero la grabación al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un pasillo anexo a la Sala Constitucional y, después, otro encontronazo con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Quiles estaba acreditado como redactor literario, una categoría que no permite grabar vídeos dentro de la Cámara. El excandidato de SALF acumula otras seis quejas por denuncias del PSOE y Podemos, además de varias causas judiciales, como la presunta agresión a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno.

El expediente que motivó la suspensión de Ndongo parte de la denuncia de Sumar por la interrupción de una rueda de prensa de su portavoz, Verónica Martínez. El Consejo Consultivo de Comunicación Parlamentaria, también creado por la reforma del Reglamento para atajar estos comportamientos, ya apreció que su conducta había obstaculizado el desarrollo de la comparecencia ante los medios de comunicación y había implicado una "visible violencia verbal" contra una representante pública y contra una periodista que tenía concedido el turno de palabra. El agitador camerunés protagonizó un incidente con la diputada de Sumar Aina Vidal, a la que insultó –le llamó "idiota"– en una rueda de prensa antes de abalanzarse sobre ella para impedirle acceder a un taxi a la salida del Congreso.

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) acaba de hacer pública una resolución que sanciona a la Consellería de Medio Ambiente como responsable, por su baja seguridad informática, de la filtración de datos personales de unas 40.000 personas propietarias de animales de compañía. Además de datos como nombres, direcciones o teléfonos, la brecha de seguridad también facilitó el acceso a documentos escaneados como el DNI. Según Protección de Datos, la propia Xunta admitió que el acceso a esa documentación “podría dar lugar a que las personas físicas afectadas pudieran ser víctimas de usurpación de identidad”.

En octubre de 2023 la Xunta informó a través del Diario Oficial de Galicia (DOG) de que un “incidente de seguridad informática” había afectado “a los datos personales de las personas titulares de animales de compañía inscritos en el Rexistro Galego de Identificación de Animais de Compañía de Galicia (Rexiac)”, dependiente de la Consellería de Medio Ambiente. Tras aquellos hechos, Protección de Datos abrió una investigación que ahora concluye con una resolución que establece la responsabilidad de la consellería.

Según la resolución, la brecha informática se inició el 8 de septiembre de 2023 y la consellería tuvo conocimiento de la misma a través de una alerta del Centro Criptológico Nacional los días 13 y 14. Pero la brecha no se dio por cerrada hasta el 22 de septiembre y la Xunta no informó a la ciudadanía a través del DOG hasta el 3 de octubre con la publicación de un anuncio que tenía fecha del 29 de septiembre.

El origen de la brecha fue “la usurpación de credenciales de acceso de 7 usuarios legítimos”, esto es, de las contraseñas de personas habilitadas para consultar el registro. Un registro que a su vez contaba con sistemas de consulta distintos para que los propietarios pudiesen conocer los datos de sus mascotas y para el acceso de otros usuarios no propietarios, como veterinarios, concellos o policía. Pero la consellería “carecía de un sistema de gestión y eliminación de perfiles inactivos” y tampoco contaba con doble factor de autenticación de los perfiles.

La Xunta alegó la “complejidad organizativa y heterogeneidad de usuarios”, pero Protección de Datos le respondió que eso “no elimina el deber jurídico de garantizar un nivel de seguridad adecuado”, sino que “al contrario, la existencia de distintos perfiles y entidades con acceso al nivel de usuario de la plataforma comprometida debían ser valoradas desde un inicio para asegurar la adopción de medidas técnicas y organizativas de todo tipo necesarias para asegurar un adecuado nivel de protección”.

Una vez producida la brecha, Protección de Datos también dice que “la ausencia de una monitorización avanzada dificultó la detección temprana de la brecha de datos personales, lo que revela una insuficiencia de las medidas técnicas y organizativas adecuadas y, por ende, el incumplimiento” del reglamento de protección de datos.

Protección de Datos recoge que la propia Xunta, como responsable de los datos, admitió que “se contabilizaron más de 40.000 consultas de información, por lo que se estima un número aproximado de 40.000 personas que podrían ver afectados sus datos personales”. Respecto de la documentación escaneada que también estaba disponible en el sistema, la consellería señaló que “dicha extracción podría dar lugar a que las personas físicas afectadas pudieran ser víctimas de usurpación de identidad, o de campañas de phishing/spamming o sufrieran la pérdida de control sobre sus datos personales”.

La resolución señala que el Centro Criptológico Nacional “no tiene constancia del uso, publicación o venta en internet de los datos robados”, pero no indica con qué fecha hizo esa valoración ni descarta que los datos robados puedan ser empleados en el futuro.

Ante las alegaciones de la Xunta de que no constan daños, Protección de Datos concluye que “no puede sostenerse en este punto la ausencia de culpa de la consellería que sufrió una brecha de datos personales como consecuencia de una usurpación de credenciales que carecía de medidas de todo tipo, como el doble factor de autenticación o una política de modificación periódica de contraseñas, entre otros”. Por eso, Protección de Datos concluye imponiendo una sanción a Medio Ambiente que en la práctica no es más que un apercibimiento, la declaración de que la consellería “infringió lo dispuesto” en el reglamento de protección de datos, ya que las administraciones públicas no tienen que pagar multa económica. Esta, en el caso de dirigirse a una empresa, podría ser de hasta 20 millones de euros o el 4% del volumen de negocio anual.

La Fiscalía Provincial de Madrid ha remitido cuatro denuncias al juzgado que ha abierto diligencias por la compra de un ático en el barrio madrileño de Chamberí por una empresa pública dependiente de la Comunidad de Madrid para su presidenta, Isabel Díaz Ayuso.

Fuentes jurídicas han informado a EFE de que el Juzgado de Instrucción número 8 de Madrid ha abierto esas diligencias a raíz de la denuncia que presentó la pasada semana el partido Iustitia Europa, con lo que, la Fiscalía no puede emprender un procedimiento paralelo.

Por esa razón, ha remitido a ese juzgado las cuatro denuncias que había recibido, tres de particulares y una del PSOE.

La investigación judicial se abrió por la denuncia de Iustitia Europa —una acusación habitual en procedimientos por corrupción—, en la que apunta la posible existencia de delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa y administración desleal del patrimonio público en la compra de ese ático por un importe de 6,3 millones de euros.

Ese partido político quiere conocer el expediente completo de compra, los informes de necesidad, tasación, legalidad urbanística, financiación, los acuerdos de la empresa pública Planifica Madrid, la posible intervención de la Consejería de Presidencia, la documentación sobre las obras de la Real Casa de Correos que justificarían la compra de ese ático como oficina temporal o la comisión inmobiliaria, entre otras cuestiones.

El PSOE, por su parte, optó por presentar la denuncia ante la Fiscalía al entender que se ha podido incurrir en delitos de malversación de fondos públicos y de prevaricación.

Para los socialistas, o hay "una gravísima irresponsabilidad negligente" en una adquisición con una finalidad imposible de cumplir o "toda la justificación es incierta, y realmente se buscaba un inmueble para un uso residencial".

Según su denuncia, la venta "precipitada" del inmueble que acaba de emprender Planifica Madrid es otro "indicio" de posibles irregularidades en la compra y puede ser en sí misma una "situación irregular, también con posible relevancia penal".

El nombre de Miguel Ángel Rodríguez lleva décadas ligado a la política, pero también a los negocios. Entre su etapa como portavoz del Gobierno de José María Aznar y su regreso a la primera línea como hombre de máxima confianza de Isabel Díaz Ayuso más de veinte años después, MAR desarrolló una extensa trayectoria empresarial: pasó por compañías de publicidad y comunicación, se sentó en varios consejos de administración y construyó su propio grupo de sociedades alrededor de una empresa, Splendens Ibérica.

El rastro está en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME), la publicación oficial en la que quedan registrados los principales movimientos de las empresas españolas y que describe quién las administra, cuándo un directivo entra o sale, qué sociedades se fusionan y cuáles desaparecen. Seguir ese rastro permite reconstruir una trayectoria de más de 40 cargos en cerca de veinte sociedades, según los recuentos mercantiles publicados sobre Rodríguez. Muchos de esos negocios estaban relacionados con terrenos que conoce bien, entre los que destacan la publicidad, los medios, el marketing y la producción audiovisual

Entre otros nombres aparecen Carat España, Secuoya Grupo de Comunicación, iPhone Media o NetThink Iberia, compañías en las que ejerció como consejero e incluso como presidente y vicepresidente. Pero en el centro de su actividad empresarial acabó situándose Splendens Ibérica, su propia sociedad y alrededor de la cual fue agrupando buena parte de sus negocios en el mundo de la comunicación que, según el registro, tiene dos momentos claves. 

El primero se produjo entre 2018 y 2019, cuando Rodríguez simplifica y concentra su estructura empresarial. El segundo llegó a comienzos de 2020, inmediatamente después de convertirse formalmente en alto cargo de la Comunidad de Madrid tras haber asesorado previamente a la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso en la campaña de las autonómicas. En enero de 2020, MAR abandona los puestos de administración de sus principales compañías y su hija, Clara Rodríguez Ilárraz, pasa a ocuparlos.

Durante años, los intereses empresariales de Rodríguez estuvieron repartidos entre distintas sociedades. Algunas se dedicaban a actividades audiovisuales, otras a publicidad, libros o inversiones. Pero en septiembre de 2018 comenzó un movimiento para reunir buena parte de ellas bajo un mismo paraguas. Splendens Ibérica pasó entonces a controlar cinco empresas: Aba Libros, Formatos Audiovisuales por Internet, Tinychip, Elestes Inmobiliaria y Splendens Ibérica Televisión. Una estructura que se completó después con Splendens Branding y Peñafiel Estudios de Cine y Televisión.

En octubre de 2019, al quedar definitivamente registrada la absorción de las otras compañías, Rodríguez fue renovado como administrador único de Splendens Ibérica. Entonces, ya había participado como asesor en la campaña de las autonómicas y municipales que llevó a Ayuso a la presidencia de la Comunidad de Madrid pese a ser la segunda fuerza. Pero todavía no era alto cargo del Ejecutivo madrileño. La operación redujo el número de empresas y simplificó su estructura, pero MAR seguía al frente de la sociedad principal.

Desde que dejó el Gobierno de José María Aznar en 1998 hasta que se incorporó al Gobierno de Ayuso más de dos décadas después, Rodríguez desarrolló durante años una carrera estrechamente relacionada con el mundo de la comunicación y la publicidad. No solo como polémico tertuliano, como ya contó infoLibre en la entrega sobre MAR y los medios. Fue presidente de Carat España, una de las grandes agencias de medios, entre 1999 y 2006 y pasó por los órganos de dirección de distintas compañías.

Un recuento de su historial empresarial publicado en El Español en 2020 elevaba el balance a 42 cargos en cerca de 20 sociedades. No todas estuvieron activas al mismo tiempo ni tuvieron la misma importancia, pero el conjunto dibuja una trayectoria empresarial muy extensa y que le ha dado “mucho dinero”, en palabras de una persona cercana a MAR, que insiste en que el jefe de gabinete de la presidenta accedió a asesorarla y a entrar en su Gobierno por una mezcla de “vocación” , “aburrimiento” y “ambición política”.

Cuando accedió al cargo en 2020, un puesto por el que actualmente cobra unos 100.000 euros brutos anuales, según Transparencia, MAR declaró un patrimonio de 5,7 millones de euros, que se dividía en dos empresas, que son también las dueñas de un patrimonio inmobiliario compuesto por cinco viviendas y una nave industrial por valor de 4,6 millones, mientras que el resto son activos en Bolsa y fondos de inversión (550.000 euros), planes de pensiones y ahorros (283.000) y cuatro vehículos (172.000).

Su última declaración data de 2023 y permite cifrar en al menos seis millones de euros su patrimonio, es decir, 300.000 euros más que cuando entró. El jefe de gabinete de Ayuso puede seguir manteniendo su participación en esas empresas porque la ley madrileña no obliga a un alto cargo a vender todas sus empresas ni todas sus acciones o participaciones cuando llega al Gobierno. Lo que establece como regla general es que debe dedicarse de forma exclusiva a su función pública y que no puede seguir desempeñando al mismo tiempo un trabajo o un cargo en una empresa privada.

En cuanto a propiedades inmobiliarias, en 2004 y 2010, Rodríguez adquirió dos viviendas en Madrid. La primera se valoró en 359.936 euros y la segunda en 400.048 euros. Por último, en 2017, compró una nave industrial en el municipio de Cebolla (Toledo), cuyo valor catastral asciende a 546.238 euros en 2020. Además de los inmuebles a nombre de sus empresas, MAR es copropietario de dos bienes por herencia: una vivienda en Sada (A Coruña), valorada en 36.505 euros y de la que posee 1/4 de la titularidad, y un terreno rústico en Valladolid, con un valor de 421 euros y del que tiene 1/6. 

El jefe de gabinete de Ayuso también declaró ser dueño de una cartera de valores que ascendía a 237.000 euros y de cuatro fondos de inversión, que suman 312.951 euros. En total, 549.951 euros por este concepto. En el apartado de vehículos, MAR declaró cuatro bienes diferentes: un Lexus RX 300, que adquirió en 2014 por 75.000 euros; un Audi Q5 que compró ese mismo año por 30.000 euros; un Lexus CT200H que le costó 22.500 euros en 2016; y una Mercedes Vito que consiguió en 2017 por 45.000 euros. Entre los cuatro desembolsó, por tanto, 172.500 euros.

Que la primera ministra italiana, la ultraderechista Giorgia Meloni, pida mano dura contra la inmigración y la ligue a la delincuencia grave, el tráfico de drogas o las agresiones sexuales, entra dentro de su ideario reaccionario que, en gran parte, comparte en España con su amigo y líder de Vox, Santiago Abascal. Que lo haga su homóloga socialdemócrata danesa, Mette Frederiksen, tampoco es una novedad –lo hace sin complejos desde que los ultras dieran su campanazo electoral en el pequeño país escandinavo en 2015–, pero es una muestra más de cómo algunos partidos de centroizquierda europeos, como los socialistas de Eslovenia o Rumanía, han ido abandonado sus banderas tradicionales para abrazar algunas de la extrema derecha racista como única vía para mantener su influencia.

El comunicado difundido en sus redes sociales por ambas jefas de Gobierno –las dos únicas de la UE, como subrayan en su texto– rechazan lo que llaman "inmigración descontrolada", en clara referencia al exitoso proceso de regularización puesto en marcha por el Gobierno de Pedro Sánchez (teórico socio de Frederiksen) y en el contexto de la crisis migratoria de Ceuta, un fenómeno, si no impulsado, sí tolerado por Marruecos sobre una ciudad cuya soberanía reclama y que el presidente español calificó de "violación de la integridad territorial". La misma integridad territorial que la premier danesa defiende a capa y espada en Groenlandia frente a Donald Trump con el apoyo de todos los socios de la UE y Sánchez a la cabeza.

Italia, por su parte, ha sido el socio comunitario que más migrantes ha recibido en los últimos años a través de la ruta del Mediterráneo hacia Lampedusa y Sicilia desde Libia y Túnez, obteniendo debido a ello la solidaridad de la Unión. Ante los sucesos en la ciudad autónoma, sin embargo, ha optado por establecer controles fronterizos a los españoles que lleguen a su país anulando de facto el Tratado de Schengen entre ambos Estados. En reciprocidad con la actitud del Gobierno de Meloni, el de Sánchez también ha decidido reestablecer esos chequeos con los turistas y residentes italianos que viajen a nuestro país.

Frederiksen, como Meloni, liga la inmigración irregular –ambas prefieren el término "ilegal"– al aumento de la delincuencia. En concreto, se refieren a los "delitos violentos", el "tráfico de drogas" o la "violencia sexual", algo que, al menos en el caso de España, todas las cifras oficiales de criminalidad desmienten. También suscriben otros mantras ultras, como la "creciente presión sobre los servicios públicos" y la "erosión de la confianza en la ciudadanía". Las dos jefas de Gobierno aseguran que actúan "con determinación" para ofrecer respuestas a los ciudadanos, que han pagado "un precio demasiado alto debido a la inmigración descontrolada". "Especialmente", prosigue la nota conjunta, "a los más vulnerables" (se entiende que personas vulnerables con pasaporte italiano o danés).

Las medidas que proponen al efecto Frederiksen y Meloni coinciden, en esencia, con las que en España defiende Vox. La primera, es simple, "aumentar las expulsiones". Pero también reclaman abrir "centros de repatriación en terceros países", como ya ha hecho el Gobierno de Meloni en Albania. Dinamarca e Italia, junto a Países Bajos o Austria, encabezan el grupo de 19 países que el pasado junio reclamaron a la comisión la creación de estos centros, que califican de "solución innovadora". Algunos de esos Estados han aportado ya países que consideran "seguros" para crearlos, como Túnez, Egipto, Kosovo o Colombia. España y Francia se oponen al considerar que no caben en los principios fundamentales de la UE. Sánchez los calificó de "espejismo" y de "desperdicio de recursos económicos", así como de falta de respeto hacia los países de origen de los migrantes.

Pero lo más llamativo de todo lo que suscribe la líder supuestamente izquierdista danesa es el tufo racista y antimusulmán que el texto conjunto rezuma. "Estamos orgullosas del patrimonio cultural cristiano de Europa y queremos protegerlo", dice el comunicado. "Esperamos que quienes llegan a nuestros países y eligen Europa como su hogar respeten nuestros valores y no intenten imponernos modelos de vida que no compartimos", añade. Es decir, cristianos católicos o evangélicos de países de América Latina u ortodoxos de Ucrania, sí; musulmanes procedentes del Magreb, Oriente Próximo y países subsaharianos, absténganse. Justo lo que en España difunde a diario Vox, que centra el grueso de su mensaje conspiranoico sobre la migración en las personas procedentes de países islámicos.

Tal y como explica el investigador Franco delle Donne, autor del podcast Epidemia Ultra, el abandono de los valores tradicionales de la socialdemocracia y el giro de Frederiksen a lo que él llama la "ultraderecha nativista" que señala a los inmigrantes como competidores de los daneses en el acceso a los recursos públicos, se produjo a partir de 2015, cuando el ultraconservador Partido Popular Danés se convirtió, con su discurso excluyente y antimusulmán, en la segunda formación del Parlamento danés. Un año después, los Socialdemócratas ya votaron a favor, desde la oposición, a la llamada ley de las joyas, que permitía al Estado confiscar bienes a los solicitantes de asilo para pagar así su permanencia en el país.

"Mediante la normalización del pensamiento nativista, los Socialdemócratas daneses han conseguido que restaurar el derecho de asilo y las políticas de integración sea cada vez más difícil, incluso si existiera voluntad de hacerlo", explicaron en 2024 en un artículo los investigadores alemanes Jakob Schwörer y Kristina Birke Daniels, de la Fundación Friedrich Ebert. "Esa estrategia también ha fallado para neutralizar a la derecha radical. Al contrario, la extrema derecha se ha multiplicado y ha alcanzado un mayor éxito en general". Las consecuencias para los migrantes son "devastadoras", según los autores: "Creciente precariedad e inseguridad, imposibilidad de hacer planes de futuro e incluso intentos de suicidio". "La integración se ha convertido en algo casi imposible" debido a que la legislación "ha eliminado la perspectiva a largo plazo de formar parte de la sociedad danesa".

Miles de personas salieron este domingo a las calles de Ceuta para reclamar una respuesta ante la situación que atraviesa la ciudad después de la entrada masiva de más de 72.000 personas desde Marruecos los pasados 30 y 31 de julio. La movilización, una de las más multitudinarias de los últimos años en la ciudad autónoma, reunió a más de 10.000 asistentes según los organizadores y a algo más de 5.000 según la estimación de la Policía Nacional.

Bajo el lema “Basta ya. Ceuta no se rinde”, la concentración llenó la plaza de la Constitución convocada por las cuatro comunidades religiosas de la ciudad —cristiana, musulmana, hebrea e hindú— y con el respaldo de la Federación de Vecinos, los sindicatos CCOO y UGT y el Gobierno ceutí. El presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, acudió también a la protesta.

El llamado Manifiesto por la Unidad de Ceuta, leído por el presidente de la Comunidad Hindú, Ramesh Chandiramani, reclamó al Gobierno de España, a las instituciones europeas y al resto de administraciones una respuesta “inmediata, decidida y proporcionada”. Entre las demandas figuraron más medios humanos y materiales, el refuerzo de las fuerzas de seguridad, una mayor protección de la frontera con Marruecos y recursos suficientes para atender a las personas migrantes que continúan en la ciudad y aliviar la presión sobre los servicios de acogida.

Los convocantes buscaron mantener un mensaje centrado en la convivencia. “Esta llamada no nace del rechazo a nadie, sino de la responsabilidad hacia todos”, recogía el manifiesto, que defendió la pluralidad de Ceuta y advirtió de que la ciudad no puede afrontar en solitario una situación que “supera ampliamente sus capacidades”.

Sin embargo, entre parte de los asistentes también se escucharon consignas de rechazo a la inmigración y gritos de “Sánchez, dimisión”, “ilegales, expulsión” o “invasores”. Los manifestantes pidieron además la dimisión del delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, que no asistió a la concentración. La tensión llegó incluso a impedir que se guardara el minuto de silencio propuesto desde la organización por las personas fallecidas al intentar alcanzar la ciudad.

Vivas volvió a aprovechar la movilización para pedir ayuda al resto del país. “Solos no vamos a poder, necesitamos solidaridad del resto de España y que el Estado cumpla con sus obligaciones”, afirmó el presidente ceutí, quien calificó nuevamente de “insostenible” la situación de la ciudad.

Un día después de la concentración, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, se ha desplazado este lunes a Ceuta para mantener una reunión de coordinación con Vivas y evaluar la situación. Según las últimas estimaciones del presidente ceutí, todavía permanecen en la ciudad entre 8.000 y 11.000 personas migrantes, muchas de ellas sin alojamiento y con los recursos de acogida desbordados. Torres tiene previsto comparecer ante los medios a las 13.00 horas en la Delegación del Gobierno.

La situación de los menores no acompañados es otro de los principales frentes abiertos. Hasta el momento hay 1.342 registrados oficialmente en Ceuta. La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha convocado para este jueves 13 de agosto la Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia con las comunidades autónomas y ha anunciado que un equipo técnico de su departamento se desplazará a la ciudad el próximo día 16 para agilizar los trámites relacionados con su acogida.

La reunión entre Torres y Vivas se produce, por tanto, después de un fin de semana en el que la presión ciudadana ha vuelto a situar en primer plano las reclamaciones de Ceuta al Ejecutivo central y en un contexto marcado también por el temor a que pueda producirse un nuevo intento de entrada multitudinaria desde Marruecos el próximo sábado.

Ese temor ha llevado también a la Comandancia General de Ceuta a cancelar todos los permisos de los militares destinados en la ciudad autónoma a partir del próximo jueves 13 de agosto y hasta nueva orden, salvo en circunstancias excepcionales. La decisión ha sido confirmada a EFE por fuentes de Defensa.

La orden, firmada por el general jefe de la Comandancia General, establece que las excepciones deberán estar “debidamente justificadas y autorizadas” por los responsables de cada unidad. En la práctica, según la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME), implica que los efectivos que se encuentren disfrutando de sus vacaciones en la Península o en otros países deberán regresar a Ceuta si no obtienen esa autorización.

La asociación vincula la medida con la situación provocada por la entrada masiva de finales de julio y con los llamamientos detectados en redes sociales para intentar una nueva entrada multitudinaria el 15 de agosto. En Ceuta hay miles de militares repartidos entre unidades como la Legión, el Grupo de Regulares de Ceuta 54 y los regimientos de Caballería Montesa 3 e Ingenieros.

ATME asegura comprender la decisión por las circunstancias excepcionales, pero reclama al Ministerio de Defensa que tenga en cuenta las consecuencias para quienes tengan que interrumpir sus vacaciones y asumir pérdidas por billetes de avión o alojamientos ya contratados. Su presidente, Marco Antonio Gómez, ha pedido especialmente flexibilidad para los militares destinados en Ceuta que hubieran viajado al extranjero para visitar a sus familias.

La organización también alerta del desgaste de los efectivos desplegados estos días. Según Gómez, algunos están encadenando turnos de ocho horas de patrulla, ocho de descanso y otras ocho en situación de alerta dentro del cuartel. El presidente de ATME ha recalcado además que los militares están prestando apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y que cualquier persona migrante interceptada queda a disposición de la Policía Nacional, la Guardia Civil o la Policía Local.

El pasado 2 de agosto, Radio France Internationale (RFI) dedicó su programa semanal de geopolítica al 90º aniversario del estallido de la Guerra Civil española. Sin embargo, ese programa fue aprovechado por uno de los invitados, Amalio de Marichalar, conde de Ripalda, para atacar al Gobierno, a Pedro Sánchez y a la izquierda española en general con bulos, desinformaciones y exageraciones.

Durante la emisión, la directora del programa llegó a referirse a Marichalar en dos ocasiones como “coordinador de la Asociación Española de Mujeres Juristas”. Sin embargo, el aristócrata no solo no ostenta ese cargo, sino que no tiene posibilidad alguna siquiera de formar parte de esa organización según sus propios estatutos. 

La confusión de Marie-France Chatin, que dirige el programa Géopolitique de RFI desde septiembre de 2008, no es de extrañar, ya que Marichalar utiliza el nombre de la asociación en casi todas las presentaciones públicas en las que participa. Un uso nada casual, ya que la AEMJ es una organización histórica con un pasado feminista en España. Por ello, funciona para maquillar las reivindicaciones de Marichalar como movimiento transversal o heterogéneo, insulso, quizás, feminista. La pregunta que cabe hacerse es si a la organización no le molesta que se haga este uso de su nombre. La respuesta se encuentra en el viraje que ha dado en los últimos años la AEMJ, que ha transitado a posiciones más conservadoras llegando incluso a relacionarse con Vox.

La Asociación Española de Mujeres Juristas (AEMJ) está presidida por Begoña Sainz de la Maza y Orrantia y la junta directiva la completan otras siete mujeres. Ningún hombre. Y en el organigrama no figura ninguna coordinación.

El hecho de que no aparezcan hombres en la junta se debe a la propia composición estatutaria de la asociación, ya que para formar parte de la organización se tiene que ser mujer licenciada en Derecho y ejercer como abogada, procuradora, magistrada, jueza, letrada de la Administración de Justicia o profesora universitaria. Marichalar, que no es jurista, no reúne ninguna de las dos condiciones exigidas. 

Aún así, Marichalar, de forma sistemática, invoca el nombre de esta asociación de forma explícita en sus alocuciones públicas. Por ejemplo, el 25 de septiembre de 2025, en su comparecencia ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo en Bruselas —fue el único de los peticionarios españoles que acudió—, declaró que hablaba "en nombre de la Asociación Española de Mujeres Juristas". En la carta abierta remitida a Ursula von der Leyen, Roberta Metsola y António Costa escribió que lo hacía "como coordinador de De español a español por la Constitución y en nombre de la Asociación Española de Mujeres Juristas y de 30 asociaciones más". 

Y el patrón siempre es el mismo. Marichalar dice hablar en nombre de esta asociación y otras 30 adicionales. Pero la única que nombra de forma explícita es la AEMJ. Las demás, —entre las que se encuentran Espanya i Catalans, el Movimiento Resistencia Ferraz, el Círculo de Amigos de las Fuerzas Armadas de Jaén, Amigos de la Hispanidad y una veintena más—, quedan disueltas en una cifra. La única que pronuncia, y la primera que escribe, es la de las mujeres juristas.

La explicación parece clara. Ante una comisión parlamentaria europea, "hablo en nombre de treinta asociaciones de la sociedad civil" es una afirmación sin rostro; "hablo en nombre de la Asociación Española de Mujeres Juristas" aporta dos credenciales de golpe: la solvencia técnica de un colectivo de juristas con una trayectoria histórica y la legitimidad de una organización de mujeres. 

Por esta razón, el error de la directora del programa de RFI cobra importancia. En sus textos, Marichalar se atribuye la coordinación de una única plataforma —"De español a español por la Constitución"—, y dice actuar en nombre de las demás. Habla como portavoz. La emisora pública francesa convirtió ese "en nombre de" en un "coordinador de" que no existe en ningún documento ni siquiera en los que redacta él. Pero Marichalar tampoco desmintió a la periodista de RFI.

A pesar de todo, el pasado feminista de la asociación y su trayectoria histórica ha variado a lo largo de los años. La AEMJ se constituyó en julio de 1971, presidida por María Telo Núñez, a partir de una comisión de estudios nacida del consejo que la Federación Internacional de Mujeres de Carreras Jurídicas celebró en Madrid en 1969. En plena dictadura franquista, su objetivo era desmontar un Código Civil que “situaba a la mujer casada entre los menores, los locos o dementes y los sordomudos que no sabían leer ni escribir”. 

Telo y otras tres juristas lograron entrar en la Comisión General de Codificación, y sus trabajos desembocaron en la ley de 2 de mayo de 1975, que suprimió la obediencia al marido y la licencia marital. La asociación impulsó también el I Congreso Internacional de Mujeres Juristas, en Madrid, en diciembre de 1976.

Medio siglo después, el perfil es otro. Su blog institucional recoge el apoyo al decano del Colegio de la Abogacía de Madrid por su polémico papel en la causa contra el fiscal general del Estado, artículos que reprochan su silencio a "otros colectivos que dicen defender a las mujeres con presupuestos subvencionados" y, de forma recurrente, las cartas que Marichalar dirige a las instituciones europeas.

Pero este giro tiene una fotografía muy representativa. El 21 de marzo de 2024, la AEMJ organizó en el Casino Primitivo de Albacete el encuentro La amnistía a debate. ¿Es posible en un Estado de Derecho? Según la invitación difundida por la propia asociación, la conferencia correría “a cargo de Don Amalio de Marichalar, Conde de Ripalda". El acto estuvo moderado por la presidenta de la asociación e intervinieron el exjuez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Javier Borrego, el magistrado del TSJ de Castilla-La Mancha y vicepresidente de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial Jaime Lozano, y el abogado del Estado y diputado constituyente Francisco Ruiz Risueño. 

El acto se presentó como un debate sobre la ley de amnistía, pero ninguna de las voces presentes se acercó siquiera a defender la constitucionalidad de la norma. En esa jornada, tan solo seis días después de que el Congreso publicara el dictamen de la proposición de ley —el 14 de marzo de 2024, casi tres meses antes de que la amnistía llegara al BOE—, Borrego desplegó ante el auditorio un rollo de papel higiénico con el texto de la norma impreso encima. 

Una imagen gráfica sobre la posición de los presentes que el mismo Borrego repetiría meses más tarde en unas jornadas organizadas por OKdiario, donde explicó que la idea se le había ocurrido precisamente en Albacete preparando el acto de la AEMJ.

Por si esta imagen dejara lugar a dudas, entre los invitados estaba el comité ejecutivo provincial de Vox en Albacete, que difundió su asistencia y las fotografías del acto en redes sociales, donde se puede ver sentado en primera fila a Marichalar y a la presidenta de la AEMJ moderando la mesa.

Esa es la asociación cuyo nombre encabeza las cartas que Marichalar envía a Bruselas. Una organización nacida para acabar con la discriminación jurídica de la mujer en el franquismo, que hoy convoca actos a cargo del conde de Ripalda e invita a ellos a directivos provinciales de Vox.

Las imágenes de la llegada de más de 70.000 personas a Ceuta en los últimos días han dado la vuelta al mundo, situando a la Ciudad Autónoma en el mapa y generando un gran impacto en la actualidad política nacional e internacional.

Para cualquier persona resulta impactante contemplar a miles de personas concentradas en distintos puntos de Ceuta, agolpándose en las playas, buscando agua y comida, esperando conocer cuál será su futuro. Estas escenas han sido utilizadas por la derecha y la extrema derecha para reforzar su discurso antiinmigración. 

Los líderes del PP y Vox, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, han aprovechado la situación para sembrar el miedo y la desconfianza, valiéndose sobre todo de las redes sociales para difundir vídeos y fotografías de la llegada y concentración de miles de personas en Ceuta. Por su parte, grupos neonazis como Núcleo Nacional también han utilizado esos contenidos para avivar un discurso xenófobo. 

Pero estos discursos podrían verse indirectamente reforzados por un fenómeno que afecta a la sociedad en este tipo de situaciones –y con el que los partidos políticos pueden jugar a su favor–: el efecto de la víctima identificable.

La primera vez que se puso nombre a este fenómeno fue en el ensayo del economista y premio Nobel Thomas Schelling, La vida que salvas puede ser la tuya, publicado en 1968. 

A grandes rasgos, el efecto de la víctima identificable describe una mayor probabilidad de que una persona sienta más empatía por un único individuo en situación de vulnerabilidad que por un amplio grupo de personas afectadas.

Schelling sostiene en su ensayo que respondemos de forma muy diferente cuando se trata de salvar la vida de víctimas concretas, a las que se puede poner rostro y nombre, que cuando hablamos de salvar la vida de un pueblo en general.

Desde entonces, diferentes investigaciones han respaldado empíricamente este fenómeno. Entre ellas figura el estudio Desensibilización a la violencia en los medios de comunicación: vínculos con la exposición habitual a la violencia en los medios, las cogniciones agresivas y el comportamiento agresivo (Krahé, B., Möller, I., Huesmann, L. R., Kirwil, L., Felber, J., & Berger, A.; 2011) u otro más reciente, de 2021, mencionado por la corresponsal jefe de CNN Clarisa Ward en un vídeo en el que explica la crisis en Ceuta.

En el artículo Cuando la lente es demasiado amplia, las consecuencias políticas de la deshumanización visual de los refugiados, Ruben T. Azevedo, Sophie De Beukelaer, Isla L. Jones, Lou Safra y Manos Tsakiris parten del denominado efecto de la víctima identificable para analizar cómo la representación visual de las personas refugiadas en los medios de comunicación influye en la percepción que la ciudadanía tiene de ellas y en su deshumanización visual. Para ello, tomaron como caso de estudio la crisis de los refugiados sirios. 

A través de diez estudios realizados con 3.951 ciudadanos europeos, comprobaron que quienes veían imágenes de refugiados sirios en grandes grupos, en vez de imágenes individuales, mostraban una menor capacidad para sentir culpa, ternura o compasión por esas personas.

“Las imágenes de grupos grandes también fueron percibidas como más deshumanizantes y, cuando se combinan con elementos como titulares de prensa, siguen desempeñando un papel significativo e independiente en la percepción de la deshumanización de dicha cobertura informativa”, subraya el artículo. 

Los autores sostienen que estos hallazgos ayudan a entender cómo la forma en que se representan las crisis migratorias puede influir en la opinión pública. Aunque la investigación no analiza estrategias de partidos políticos concretos, sí concluye que la exposición a este tipo de imágenes puede modificar la percepción de la ciudadanía y su actitud hacia las personas refugiadas. 

De hecho, encontraron otro dato relevante: “Además, después de ver imágenes de grupos grandes, los participantes mostraron una mayor preferencia por líderes políticos de apariencia más dominante y menos confiable, y apoyaron menos políticas favorables a los refugiados y más políticas contrarias a ellos”. En el caso de Ceuta, dirigentes del PP y Vox han difundido de forma reiterada imágenes de la crisis migratoria en Ceuta para reforzar sus mensajes sobre inmigración. Declaraciones como las de Juan Bravo alertando sobre intentos de asalto a viviendas, o las de Ester Muñoz, vinculando la regularización de migrantes con el derecho al voto, son algunos ejemplos de relatos construidos en torno al miedo y la inseguridad.

“Lo que vemos en los medios de comunicación y cómo se muestra no solo tiene consecuencias para la forma en que nos relacionamos con otros seres humanos y nuestro comportamiento hacia ellos, sino que, en última instancia, afecta al funcionamiento de nuestros sistemas políticos”, concluyen los investigadores.

El 30 de enero de 1937, mientras las tropas franquistas lanzaban su enésima descarga de artillería sobre Madrid y las tropas italianas del fascista Mussolini bosquejaban el asedio de Málaga, el Ministerio de Instrucción Pública (MIP) del Gobierno republicano se armaba para combatir en otro de sus frentes más urgentes: la lucha contra el analfabetismo. 

Ese mismo día, el ministerio dirigido por el comunista Jesús Hernández Tomás dio la orden de crear las Milicias de la Cultura. Formadas por intelectuales, profesores y estudiantes voluntarios, estas milicias tenían por misión instruir a las filas republicanas entre los estruendos de los cañones y los silbidos de las balas. 

Un auténtico cuerpo militar docente cuyo objetivo no era conquistar ni defender ninguna plaza, sino dotar al combatiente de una herramienta de emancipación personal y social que sigue siendo básica hoy, 90 años después del estallido del conflicto: la educación.

No era una cuestión baladí: la enseñanza pública fue uno de los caballos de batalla de los gobiernos republicanos desde 1931. Para 1936, antes del estallido del conflicto, el índice de analfabetismo en España ascendía al 28%, un dato especialmente alto en comparación con los demás países europeos, según recoge el historiador Juan Manuel Fernández Soria.

En el frente, las cifras era más alarmantes. La extracción mayoritariamente campesina de las filas del Ejército Popular provocaba que, en algunas unidades militares, el analfabetismo alcanzara el 80%. Específicamente, en el frente del Centro, se calculaba que el 60% de los combatientes eran analfabetos. 

Esta fue la realidad que motivó la creación de las Milicias de la Cultura, que nació como una iniciativa dentro del Quinto Regimiento, pero se extendió a todo el Ejército Popular. Se estima que más de 2.200 milicianos batallaron contra el analfabetismo entre febrero de 1937 y abril de 1939.

Entre ellos, destacados artistas e intelectuales como el poeta Miguel Hernández, que lanzó sus versos entre las trincheras como comisario de cultura en el frente. Otros escritores, dramaturgos y poetas como José Herrera Petere, María Teresa León y Rafael Dieste fueron cruciales en la labor cultural de estas milicias.

Así, mientras los obreros abastecían de armas y municiones a los soldados y el campesinado alimentaba su cuerpo; las Milicias de la Cultura alimentaban su mente. Organizados como un cuerpo militar y bajo la supervisión de los comisarios políticos del Ejército Popular, las Milicias tenían su propia jerarquía. 

Sin embargo, el principal cometido de este cuerpo era enseñar a leer y escribir a los soldados, además de impartir otras lecciones básicas de matemáticas, geografía e historia.

No obstante, su labor no se reducía a la docencia. Las milicias organizaron y administraron bibliotecas en cuarteles, hospitales y en el mismo frente. En sus dos años de actividad crearon unas 1.000 bibliotecas, nutridas a menudo de donaciones privadas e incautaciones. Del mismo modo, organizaban conferencias, sesiones de cine, teatro, recitales poéticos y audiciones de música para el entretenimiento y formación de la tropa. Además, muchos de los milicianos culturales compartían la vida y los riesgos de las trincheras con los soldados. Como los ruiseñores de Miguel Hernández, cantaban entre los fusiles y en medio de las batallas.

Su acción en la retaguardia fue prácticamente igual de intensa. A través de las Brigadas Volantes, creadas en septiembre de 1937, extendieron la alfabetización a las zonas rurales más necesitadas que estaban bajo el paraguas del Gobierno republicano.

El impacto fue notorio: diversas fuentes estiman que entre 75.000 y 105.500 combatientes fueron alfabetizados por las Milicias de la Cultura. En la retaguardia, esta y otras iniciativas lograron que más de 300.000 adultos aprendieran a leer y escribir. 

El cartelismo artístico fue una de las más destacadas funciones de las Milicias de la Cultura. Más allá de la función pedagógica e informativa, los carteles se alineaban con la movilización ideológica y el fortalecimiento de la moral combatiente. 

Son célebres los carteles con proclamas como: “La cultura es un arma más para combatir al fascismo”, “Las milicias de la cultura luchan en el frente con sus libros y un fusil”, “Guerra al analfabetismo”, o “El que sabe leer puede ser mejor soldado”. El libro y el fusil copaban una simbología que pretendía equiparar la lucha contra el fascismo con la lucha contra la ignorancia y la defensa del conocimiento y la cultura.

Para ello, las milicias contaban con una sección de prensa y propaganda, coordinada con el ministerio del ramo. Además, publicaban un órgano oficial cuyo título manifestaba sin rodeos su razón de ser: Armas y Letras. Al estilo de los pasquines y los periódicos murales soviéticos, los milicianos confeccionaban los diarios desde los cuarteles y las fábricas.

Otra particular vía de difusión del arte y la cultura fueron los sellos de ayuda. Emitidos para recaudar fondos, lucían imágenes propagandísticas de soldados leyendo o de figuras literarias históricas, como Miguel de Cervantes.

Las Milicias de la Cultura fueron una de las últimas iniciativas educativas que pusieron en marcha los sucesivos gobiernos de la Segunda República. La universalidad de la enseñanza pública fue una de las banderas del efímero régimen, que batalló contra instituciones como la Iglesia para llevar a cabo su proyecto. Esta educación de guerra fue el último de los esfuerzos de los dirigentes republicanos por mitigar el analfabetismo entre la población española más vulnerable, aunque en el menos favorable de los contextos.

Historiadores como Juan Manuel Fernández Soria cifran en 200.000 soldados los que recibieron clases de los milicianos de la cultura. Además, crearon más de 150.000 materiales didácticos para acercar la cultura al frente, a la tropa, y alejar la actividad intelectual de los círculos elitistas. 

El final de la guerra trajo consigo el final de la labor de las Milicias de la Cultura, cuyas noticias desaparecen a partir de agosto de 1938. La represión franquista, la depuración del cuerpo docente y el exilio hicieron el resto. Para 1940, España seguía anclada en un índice de analfabetismo cercano al 30%. 

Nueve décadas después, la huella de las Milicias de la Cultura permanece indeleble en la memoria colectiva. Sus carteles trasladan al espectador a una época en la que la educación tenía tanto o más valor que las balas en la lucha por la justicia social y la emancipación de la clase trabajadora. 

Mientras unos niños pasan sus vacaciones de verano entre campamentos, actividades deportivas, viajes o cursos de idiomas, otros viven estos tres meses solos en casa, frente a una pantalla y sin apenas alternativas de ocio. En España, el 33,8% de los menores está en riesgo de pobreza o exclusión social y alrededor de 2,6 millones, uno de cada tres, no pueden disfrutar siquiera de una semana de vacaciones al año, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), lo que hace que la época estival se convierta en un catalizador más de la brecha educativa entre las diferentes clases socioeconómicas.

“El verano profundiza mucho las desigualdades que ya existían. Durante el curso, la escuela ofrece algunos mecanismos compensatorios, aunque insuficientes, para paliar las carencias más graves, pero cuando llegan las vacaciones y desaparece esa red de apoyo, esas desigualdades se agravan de forma muy importante”, explica a infoLibre Ricardo Ibarra, presidente de Plataforma de Infancia. Pilar Orenes, presidenta de Educo —una ONG especializada en temas de educación—, coincide en que “el reto está en que no todos los niños tienen las mismas oportunidades”. 

En 2021 dos investigadores de Estados Unidos, Allison Atteberry y Andrew McEachin, publicaron en American Educational Research Journal el estudio Schools Out: The Role of Summers in Understanding Achievement Disparities, que analizó los resultados de cerca de 18 millones de estudiantes de los 50 estados entre 2008 y 2016. Su conclusión fue que entre un 20% y un 30% del aprendizaje adquirido durante el curso se pierde durante las vacaciones de verano, especialmente en matemáticas.

Sin embargo, el foco de este problema no debe ponerse solamente en el parón del aprendizaje convencional durante el verano, ya que los tiempos de descanso son casi igual de importantes en el desarrollo de los menores. “Las vacaciones son una estupenda oportunidad para aprender de otra manera. La educación es un derecho que hay que asegurar y que es clave para reducir la pobreza, pero entendida en un sentido amplio, porque no solo transcurre en el aula”, explica Orenes.

La responsable de Educo insiste en que las vacaciones permiten desarrollar competencias que difícilmente se adquieren en el entorno escolar. “En verano los niños y las niñas se relacionan de otra manera, juegan al aire libre, resuelven conflictos, se aburren, pasan muchas cosas diferentes que también son claves para su desarrollo. Pueden terminar el verano dando un salto cualitativo en su aprendizaje. El reto está en que no todos tienen las mismas oportunidades”, denuncia.

“Nuestra petición es que existan actividades de verano gratuitas para todos los niños y niñas. Si todo el ocio es de pago, se tensiona todavía más la situación de las familias con menos recursos”, indica Orenes.

Según un informe publicado este año por Educo, unos 120.000 niños de entre 6 y 10 años permanecen solos en casa durante gran parte del verano porque sus padres no pueden acompañarlos por motivos laborales y no pueden permitirse otro tipo de actividades. “Todo el potencial que tiene esta etapa para relacionarse con otros niños se pierde. Las habilidades de comunicación, convivencia o resolución de conflictos se desarrollan en contacto con otras personas y, cuando un niño permanece aislado, puede producirse un retroceso en ese aprendizaje”, afirma Orenes.

Ibarra advierte de que ese aislamiento tiene consecuencias que van mucho más allá del tiempo de ocio. “Los niños que pasan gran parte del verano únicamente con estímulos digitales ven afectadas sus habilidades cognitivas y comunicativas porque pierden espacios de socialización con otros niños y con adultos. Además, llevan una vida más sedentaria y, cuando vuelven al colegio en septiembre, también tienen muchas menos experiencias que compartir con sus compañeros, lo que puede profundizar la sensación de exclusión que ya sufrían durante el curso”, explica.

Otro de los aspectos en los que ponen el foco las organizaciones sociales es la alimentación. “El comedor escolar es una herramienta clave para reducir desigualdades. No solo garantiza una comida diaria, sino que también es un espacio educativo donde los niños conviven, aprenden hábitos saludables y desarrollan habilidades sociales”, sostiene Orenes, que relata que este año más de un millón de niños se quedarán sin las becas comedor que reciben durante los meses que acuden al colegio.

La relación entre alimentación y aprendizaje está ampliamente documentada. Nutrientes como los ácidos grasos omega-3, el hierro, el zinc o las vitaminas del grupo B desempeñan un papel esencial en el desarrollo cerebral. Un déficit de estos nutrientes puede traducirse en problemas de atención, memoria y capacidad para resolver problemas, afectando directamente al rendimiento escolar.

En esta línea, Plataforma de Infancia alerta además de que unos 450.000 menores en España no pueden acceder a carne o pescado al menos cada dos días. “Cuando termina el curso escolar, la calidad de la alimentación empeora todavía más porque dejan de tener acceso al comedor escolar. Son niños que tienen más dificultades para concentrarse en clase porque no reciben una alimentación adecuada desde el comienzo del día o presentan carencias nutricionales”, señala Ibarra.

De esta manera, el verano se convierte en un período en que las “carencias se profundizan y las diferencias entre unos niños y otros se hacen todavía mayores”, advierte Ibarra, en un sistema en el que todavía existe una gran brecha entre las diferentes clases sociales. Según el informe PISA 2022 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), los estudiantes españoles pertenecientes al 25% de familias con mayor nivel socioeconómico obtienen, de media, 86 puntos más en matemáticas, 83 puntos más en comprensión lectora y 78 puntos más en ciencias que los alumnos del 25% de hogares más desfavorecidos. La diferencia equivale aproximadamente a dos cursos escolares de aprendizaje.

A esa brecha se suma una realidad cada vez más presente en España y es el protagonismo que están ganando las clases particulares en el proceso educativo. Según el estudio La educación en la sombra en la península ibérica, elaborado por el Observatorio Social de la Fundación "la Caixa", uno de cada cuatro estudiantes españoles recibe clases particulares. El gasto de las familias en este tipo de apoyo pasó de 1.691 millones de euros en el curso 2019-2020 a 2.782 millones en 2023-2024, un incremento del 65% en términos nominales.

Además, las familias que declaran una situación económica holgada gastan un 18% más en clases particulares que aquellas que afirman tener dificultades para llegar a fin de mes. La asistencia también es ligeramente mayor entre los hogares más acomodados: un 25,6% de sus hijos recibe este tipo de apoyo frente al 23,1% de los estudiantes de familias con una economía más ajustada.

Para Orenes, sin embargo, el problema no son las clases particulares en sí, sino que se conviertan en un requisito para acceder a una educación de calidad. “Cuando la educación pública no dispone de todos los recursos necesarios, las familias tienen que complementarla con actividades que deben pagar de su bolsillo. El desarrollo y el aprendizaje de un niño no pueden depender de la situación económica de su familia. La educación reduce la pobreza y la desigualdad, pero solo si se garantiza en igualdad de condiciones para todos”, denuncia.

Por ello, las organizaciones sociales insisten en que el objetivo no es llenar el verano de clases, sino garantizar que todos los niños puedan disfrutar de experiencias enriquecedoras con independencia de la renta familiar. Educo propone que todos los menores en situación de vulnerabilidad puedan acceder al menos durante quince días a actividades de verano gratuitas que incluyan una comida completa y nutritiva cada día.

Ibarra coincide en que la solución pasa por reforzar el apoyo público. “Las administraciones deben facilitar becas, actividades e instalaciones para que ningún niño quede fuera por motivos económicos. Lo importante es que sean programas abiertos a toda la infancia, sin estigmatizar a quienes más lo necesitan. España ya dispone de una amplia oferta, el reto es garantizar que las familias que no pueden permitírselo, reciban el apoyo necesario para que sus hijos también puedan participar”, concluye.

“Yo no tengo ni la menor idea”. Esa fue la respuesta que dio Isabel Díaz Ayuso el pasado miércoles a las preguntas sobre el ático de lujo adquirido por la Comunidad de Madrid. Esa frase resume una de las argucias que más ha utilizado desde que llegó a la Puerta del Sol: desvincular su figura de las decisiones adoptadas por su propio Gobierno y trasladar las explicaciones a otros para salvarse. “No trabajo para mis adversarios que están de vacaciones, estoy centrada en los problemas importantes”, añadía este viernes ante la prensa, a la que cuestionaba— especialmente a TVE— por preguntarle por el ático y no “por la gente afectada” y lo que “están haciendo”, en alusión a los incendios. 

El inmueble, situado en Chamberí, tiene 485 metros cuadrados, de los cuales 200 son de terraza, fue adquirido por la empresa pública Planifica Madrid para, según dijo en un primer momento la Puerta del Sol, alojar provisionalmente a la presidenta y a parte de su equipo durante las obras de la Real Casa de Correos, sede de la Comunidad de Madrid. Sin embargo, el piso tiene uso residencial y la normativa urbanística no permite dedicarlo íntegramente a oficinas y tampoco a una residencia oficial de la presidenta madrileña. Apenas un día después de que la compra saliese a la luz, el Ejecutivo autonómico anunció que lo pondría a la venta.

La primera reacción de Ayuso fue denunciar una “campaña de desprestigio” promovida por el Gobierno central y su “prensa afín”. Unos días después, tras comprobar que la polémica no disminuyó, negó que el inmueble fuese para ella pese a que justamente coincidió con la puesta en venta de los inmuebles en los que reside con su pareja, Alberto González Amador. Esta semana, tras las idas y venidas, Ayuso ha decidido remitir cualquier pregunta a la Consejería de Presidencia, que depende de Miguel Ángel García Martín, porque, según afirmó, ella desconoce los inmuebles que la sociedad pública compra o vende. “No es mi competencia”, añadió sobre la polémica operación por la que el Gobierno regional pagó 6,3 millones de euros.

La pelota se situó entonces en el tejado de García Martín, uno de sus hombres de máxima confianza, al menos hasta ahora. El consejero respondió el jueves que las explicaciones estaban “sobradamente dadas” y desplazó de nuevo el foco hacia el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La polémica del ático, sostuvo, había sido sacada de contexto para ocultar las “vergüenzas” de la izquierda, la corrupción del Gobierno central y su gestión de la crisis migratoria de Ceuta. “Lo que no se dice es que Madrid no tiene una residencia oficial para la presidenta, sí la tienen muchos presidentes autonómicos y la mitad de los ministros de este país”, añadió después. Unas palabras que la oposición ha interpretado como un reconocimiento implícito de que ese era en realidad el uso que se le quería dar.

Explicaciones que forman parte del ‘manual’ de supervivencia de la presidenta madrileña y de su entorno, que pasa por negar la responsabilidad personal, derivar la explicación a un subordinado y transformar cada polémica—en este caso quién decidió comprar el inmueble, con qué criterios y para qué uso— en una batalla contra Sánchez sin dar más explicaciones.

Avalmadrid: el precedente familiar

Este modus operandi comenzó ya en el verano de 2019, poco después de su investidura, con las exclusivas de infoLibre sobre Avalmadrid. La entidad semipública concedió un aval de 400.000 euros a una empresa participada por los padres de Ayuso. “Yo no he mediado, yo no he presionado, yo no era nadie”, dijo entonces la baronesa del PP. Una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid concluyó, sin embargo, que sí existió un trato “personalizado y preferente” y una gestión negligente en el seguimiento y recobro del préstamo, pero no tuvo ninguna consecuencia para la presidenta madrileña. 

Ayuso utilizó sus contactos en el Gobierno de Esperanza Aguirre para acceder a un directivo de la entidad y conocer qué sucedería con el patrimonio familiar si la empresa no devolvía el dinero. En las semanas posteriores aceptó de sus padres la donación de la “nuda propiedad" de una vivienda y de la mitad de un local. La presidenta sostuvo que no había mediado ni presionado a nadie, negó cualquier trato de favor y denunció que “la izquierda” había llegado demasiado lejos al involucrar a padres y hermanos en el debate público. La denuncia de una supuesta persecución apareció, de nuevo, más tarde con su hermano y su pareja.

Room Mate: el error que acabó en la consejería de Ciudadanos

En mayo de 2020, la revista Vanity Fair publicó que Ayuso llevaba semanas alojada en una suite de la cadena Room Mate durante el confinamiento. Tras destaparse el caso, la presidenta madrileña aseguró que pagaría personalmente la estancia y no se acreditó que el alojamiento fuese abonado con fondos públicos. Pero la polémica aumentó cuando en el portal de contratación de la Comunidad apareció Room Mate como adjudicataria de un contrato de 565.749 euros para atender a mayores trasladados de residencias a hoteles y el Ejecutivo regional alegó que se trataba de un error de publicación. 

Ayuso anunció una investigación interna y dirigió la responsabilidad hacia la Consejería de Políticas Sociales, entonces controlada por Ciudadanos, su socio de Gobierno. Horas después, el consejero Alberto Reyero, destituyó a su secretario general técnico, señalado como responsable del error. Reyero ya se había situado en la diana de la dirigente del PP por su posición crítica respecto a la falta de medicalización en las residencias de mayores durante la pandemia. 

La presidenta defendió paralelamente que su estancia era un asunto privado y que cualquier mandatario en sus circunstancias habría buscado un lugar desde el que trabajar sin molestar a sus vecinos. Las versiones sobre la fecha de la reserva, sus condiciones y el precio fueron cambiando, pero el coste inmediato acabó recayendo en un departamento gestionado por el socio minoritario del Gobierno, Ciudadanos, del que Ayuso se desprendió un año después.

Los aviones que no llegaban, el Zendal y la culpa de Moncloa

Durante la primera ola de la pandemia, Ayuso anunció el 22 de marzo de 2020 la llegada inminente de dos aviones con material sanitario procedente de China. Más de una semana después, los cargamentos seguían sin aparecer. Mientras administraciones de todo el mundo competían por los mismos proveedores y afrontaban problemas logísticos, la Comunidad se quejó de que el Gobierno central estaba bloqueando la llegada de material. 

La dirección nacional del PP, entonces liderada por Pablo Casado, amplificó la acusación y habló de proveedores obligados a desviar mascarillas y respiradores por la “inacción” de Moncloa. La secuencia se repitió después con el Hospital Isabel Zendal que fue presentado por Ayuso como el gran símbolo de su gestión de la pandemia. Cuando comenzaron las denuncias sobre falta de personal, traslados forzosos de sanitarios y problemas de funcionamiento, la presidenta madrileña habló de “sabotajes impresentables”, acusó a personas cercanas a la izquierda de boicotear el hospital y sostuvo que medicamentos y objetos desaparecían del centro para terminar en medios afines a sus adversarios

El drama de las residencias, la culpa fue de Iglesias y de Illa

La gestión de las residencias constituye el ejemplo más grave de este desplazamiento de responsabilidades. El Gobierno madrileño distribuyó durante la primera ola protocolos revelados por infoLibre que establecían criterios de exclusión para trasladar a hospitales a residentes en centros de mayores con determinados niveles de dependencia o deterioro cognitivo. En total, 7.291 mayores murieron en los centros sin ser derivados a un hospital.

Desde que este periódico publicó los documentos, la defensa de Ayuso atravesó distintas fases. Su Gobierno sostuvo que los protocolos eran simples borradores o documentos técnicos que no resultaban obligatorios. También señaló que las muertes se produjeron en toda España y responsabilizó a Pablo Iglesias, entonces vicepresidente y ministro de Derechos Sociales, de la situación de las residencias.

Años después, la acusación se desplazó hacia el presidente catalán Salvador Illa, que durante la pandemia era ministro de Sanidad. Ayuso afirmó que Cataluña y el Ministerio de Sanidad habían ordenado “segregar” a los mayores y prohibir su salida. Los documentos ministeriales citados, sin embargo, eran recomendaciones generales de aislamiento para evitar contagios, no órdenes que prohibieran hospitalizar a los residentes y la decisión final correspondía a las autonomías. 

Los sanitarios: del agotamiento al “boicot” de sus profesionales

Ayuso no siempre acude a Moncloa o a la izquierda cuando quiere desentenderse de un asunto polémico. En ocasiones, el responsable elegido es el mismo colectivo que denuncia el deterioro de un servicio público. En diciembre de 2021, en plena sexta ola de la pandemia, Ayuso aseguró que en algunos centros de salud no se cogían los teléfonos, se colgaban las llamadas y que no todos querían “trabajar y arrimar el hombro”. Los cinco sindicatos de la Mesa Sectorial de Sanidad exigieron una rectificación y recordaron que las diferencias entre centros dependían, entre otros factores, de la falta de profesionales.

El patrón se repitió con la reapertura de las urgencias extrahospitalarias en otoño de 2022. El nuevo modelo arrancó con decenas de centros sin médicos y otros que ni siquiera pudieron abrir. Los trabajadores hablaron de caos organizativo pero desde la Comunidad de Madrid volvieron a presentar las protestas y las dificultades como un “boicot” impulsado políticamente en contra de su presidenta. 

El desplazamiento de la responsabilidad tampoco se limita a adversarios institucionales. En septiembre de 2020, durante el debate sobre el aumento de contagios en los distritos del sur de Madrid, Ayuso los atribuyó al “modo de vida” de la inmigración y a la densidad de población. Posteriormente precisó que se refería a familias numerosas que vivían en viviendas pequeñas, pero rechazó retirar sus palabras y acusó a la izquierda de intentar presentarla como racista. Una situación similar a lo que ocurrió con los cortes de electricidad en la Cañada Real. Ayuso concentró su respuesta en las mafias dedicadas al cultivo de marihuana y en los enganches ilegales a la red de los vecinos.

Aguado, el socio convertido en conspirador

El exvicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, pasó de gobernar con Ayuso a convertirse en otro de los responsables de los obstáculos que, según la presidenta, encontraba su gestión. En marzo de 2021, después de la moción de censura presentada por PSOE y Ciudadanos en Murcia, Ayuso rompió unilateralmente la coalición madrileña, destituyó a los consejeros de Cs y convocó elecciones anticipadas. Justificó la decisión afirmando que había vivido “situaciones inenarrables” con Aguado y que no tenía ninguna duda de que Ciudadanos “venía a por Madrid”.

Aguado negó que existiera una moción de censura inminente y acusó a la presidenta de utilizar una “excusa peregrina” para satisfacer su ambición personal. Pero el marco de la ruptura ya estaba construido y la operación salió bien. Ayuso arrasó en las elecciones del 4 de mayo y Ciudadanos desapareció de la Asamblea. El dirigente al que había responsabilizado de las dificultades de la coalición acabó abandonando la política institucional.

Casado: de padrino a verdugo

El caso más exitoso de esta estrategia se produjo en febrero de 2022. Casado había sido el íntimo amigo de la presidenta madrileña y fue él quien decidió que fuera ella la candidata del PP para la Comunidad de Madrid en 2019, pese a la oposición interna. La dirección nacional del PP pidió explicaciones sobre un contrato de emergencia de 1,5 millones de euros adjudicado por la Comunidad a una empresa vinculada comercialmente con Tomás Díaz Ayuso, tras tensiones internas por la presidencia del PP de Madrid.

La presidenta reconoció que su hermano había mantenido una relación comercial con la empresa y que había cobrado por sus gestiones, pero el centro de la controversia se desplazó rápidamente desde el contrato hacia Pablo Casado y Teodoro García Egea. Ayuso acusó a la dirección del PP de intentar destruirla, actuar con crueldad contra ella y promover una operación de espionaje contra su familia. La petición interna de explicaciones quedó convertida en una conspiración de Génova contra la dirigente más popular del partido. Casado perdió el liderazgo del PP pocas semanas después, mientras Ayuso emergía reforzada como víctima de un supuesto espionaje y traición interna.

La madrugada del incendio que arrasó la sierra madrileña, Haitam (19 años) llevaba solo tres horas dormido cuando tuvo que abandonar su casa. Su familia y sus vecinos de Colmenar del Arroyo (un pueblo de 2.053 habitantes en la Sierra Oeste, a 53 kilómetros de la capital) fueron evacuados por el humo y las cenizas que ya cubrían el pueblo. Ellos encontraron refugio en Las Rozas, en casa de un amigo de Haitam.

Acababan de regresar de un viaje a Cádiz. Llegaron a casa hacia las seis de la madrugada del 24 de julio y apenas pudieron dormir. A las 11 de la mañana, despertaron a Haitam porque el fuego estaba cerca.

“Era imposible quedarse”, recuerda. Poco después de que lograran salir, las carreteras quedaron cortadas. El fuego, que la presidenta de la Comunidad de Madrid llegó a calificar como “el peor incendio de la historia de la región”, no alcanzó el casco urbano de Colmenar del Arroyo. Por eso, cuando pudieron volver, todo seguía en pie.

Aquellas horas de incertidumbre se suman a la historia de una familia que lleva 30 años construyendo su vida entre Marruecos y España.

Hicham, el padre de Haitam, tenía 21 años cuando cruzó a España por Ceuta, la misma frontera por la que, tres décadas después, decenas de miles de personas han vuelto a intentar entrar en busca de un futuro mejor. 

Corría 1995 cuando dejó Larache, una ciudad al norte de Marruecos, donde trabajaba como marinero, un oficio que, según recuerda, tenía “pocos derechos”. Su objetivo era llegar a Holanda, pero decidió hacer una parada en Colmenar, donde vivía su hermana. “Mi intención nunca fue quedarme en España”, comenta. Le ofrecieron trabajar unos días en un restaurante para ganar algo de dinero antes de seguir su viaje al centro de Europa. Pero, lo que iba a ser una semana de trabajo, se convirtió en un contrato. Tuvo suerte, el dueño le tramitó los papeles y se quedó allí hasta 1999. Aquella oportunidad le abrió más puertas. “El dueño abrió nuevos locales y me llevó solo a mí con el jefe de cocina”.

En 1999 decidió retomar su plan inicial. “Me cansé de España y me fui a Holanda”. A partir de ahí, la vida de Hicham se cuenta entre fogones. Se convirtió en jefe de cocina de un restaurante marroquí hasta 2003, cuando regresó a España porque su antiguo jefe le pidió que volviera tras sufrir un accidente. Después trabajó en El Real Ingenio Chico, en Segovia; en un establecimiento de Los Ángeles de San Rafael y en otro de Alcalá de Henares. En 2009 volvió a Holanda durante seis meses para diseñar la carta de un restaurante español en La Haya; más tarde pasó tres años junto a la mezquita de la M-30 y regresó de nuevo a Holanda entre 2015 y 2018, hasta que sus hijos, ya adolescentes, dejaron claro que no querían mudarse con él.

Hicham viajaba de vez en cuando a visitar a su familia a Marruecos, aunque nunca se quedaba más de un mes. Fue en una de esas visitas cuando se casó con su mujer. “En agosto de 2003 me casé y volví a España para arreglarle los papeles a mi esposa”. Karima llegó a España en 2004, embarazada de Adam, el mayor de los tres hermanos. Se habían conocido en Marruecos, donde ella había estudiado Derecho, especializada en procedimiento penal, aunque nunca llegó a ejercer. “Me casé el mismo año que terminé la carrera y no me dio tiempo a nada más”. En España, el idioma y la crianza de los hijos le cerraron la puerta a la convalidación de su título. Los tres hermanos, Adam de 21 años, Haitam de 19 años y Umaima de 16, nacieron ya en España. Haitam describe la casa familiar como un reparto casi exacto entre las dos identidades: “Con mis padres hablamos marroquí, entre hermanos hablamos más español”. La comida, la decoración, los muebles, dice que “son más de Marruecos que de aquí”. Y es que aún hay lazos familiares que les unen, como es la familia de su madre que siguen en Larache, de la parte de Hicham queda aún su madre y algunos hermanos.

Hicham y Karima decidieron que preferían criar a sus hijos en un pueblo pequeño antes que en una ciudad como Madrid. “Hay mucho más control que en la ciudad”, sostiene el padre. Haitam lo confirma desde su propia experiencia. “Cuando me cambié de instituto a Las Rozas, allí todo pasaba por el móvil, había que organizar cada quedada con antelación. En el pueblo hay situaciones mucho más espontáneas. Te encuentras con tus amigos al salir de casa”, cuenta.

Tras años trabajando en cocinas de España y Holanda, Hicham logró abrir su propio restaurante. Tras cerrar un primer negocio en Navas del Rey, la familia inauguró el Bar Casa Mariano, en Colmenar del Arroyo, en febrero de 2026. El negocio es, al mismo tiempo, el sustento y la ausencia. “Antes, cuando trabajaba en restaurantes ajenos, tenía turnos partidos pero jornadas más previsibles; ahora tener el bar significa estar siempre disponible”, dice Hicham. "En casa pasamos muy poco tiempo", confirma Haitam.

Karima ha vivido esa exigencia desde distintos frentes. Durante años trabajó junto a su marido en el bar y, desde hace dos meses, cubre una baja en una residencia de mayores. “Aquí estoy aprendiendo cosas nuevas, como cocinar para muchos comensales”, explica. Además, sigue encargándose de la parte administrativa del negocio, papeles y nóminas, “la parte que a él no le gusta”, dice entre risas.

Los tres coinciden también en que nunca han sufrido un episodio de racismo que haya marcado sus vidas. Hicham asegura que siempre se ha sentido “muy acogido”. Karima recuerda que nunca tuvo problemas ni en el colegio de sus hijos ni en sus trabajos, donde ella llevó hiyab con total normalidad. Haitam tampoco habla de discriminación directa, aunque sí de comentarios aislados. “Ese tipo de actitudes las veo más en redes sociales que cara a cara”.

Haitam recuerda una frase que su padre les ha repetido desde pequeños: “Yo tengo la excusa de no haber nacido aquí y de aceptar cualquier trabajo, incluso donde me exploten. Vosotros no”.. Karima lo expresa de una forma parecida. “Nosotros trabajamos el doble por ser inmigrantes. Vosotros tenéis que sacar una carrera aquí para vivir mejor”, les repetía. Esa idea marcó la educación de los tres hermanos. 

Adam y Haitam cursaron el bachillerato de Excelencia. Hoy, Haitam estudia Ciencia de los Datos Aplicada en la Universidad Complutense de Madrid y este verano compagina la carrera con su primer trabajo.

Esa exigencia, admite, no siempre fue fácil. “De pequeños había mucha disciplina. En bachillerato ya nos dejaron a nuestra bola y la presión pasó a ser nuestra”.

Adam estudia Comercio y Umaima cursa el bachillerato de Ciencias. “Nunca les he dicho lo qué tienen que estudiar. Solo que hagan algo que les guste y lo saquen adelante” resume Hicham.

Las imágenes de Ceuta han removido los recuerdos de Karima. Habla de hospitales donde “aunque tengas dinero, el médico no está” y de aulas de hasta 50 alumnos para explicar por qué tantos jóvenes se juegan la vida en el mar. Pero también les manda un mensaje: “A quienes están pensando en venir les diría que aquí tampoco es fácil: hay que trabajar y luchar”. Hicham lo vive con una emoción distinta. Él cruzó esa misma frontera con poco más de veinte años. Lamenta las muertes y cree que detrás de lo ocurrido “hay una decisión política”.

Haitam, que nació ya en España, teme que episodios como este alimenten prejuicios contra quienes, como él, han crecido aquí. “Esos chavales solo quieren cambiar su vida, como quiso hacerlo mi padre”, dice.

El mismo sueño que empujó a Hicham a cruzar la frontera por Ceuta hace 30 años sostiene hoy la vida de esta familia en Colmenar del Arroyo. Sus hijos ya no piensan en emigrar, pero sí en continuar el camino que empezaron sus padres: construir su futuro donde nacieron.

La decisión de la Xunta de excluir los campamentos municipales del programa Bono Concilia Familia, ayudas a las familias para sufragar recursos para la conciliación y la atención de sus pequeños, provocó el rechazo de padres y madres y también de la oposición parlamentaria. BNG y PSdeG coinciden en calificar como “privatizadora” y “clasista” esta medida del Gobierno gallego, al que señalan por “perjudicar” a miles de familias, especialmente a las trabajadoras y con menos recursos.

Desde el BNG, su portavoz de Infancia y Familia en el Parlamento, Ariadna Fernández, asegura que el “afán privatizador y excluyente” de la Xunta “no es un secreto para nadie porque hay muchos ejemplos”, pero advierte de que el caso del Bono Concilia Familia “es más indignante” por afectar a “cientos y cientos de familias que van a quedar fuera de las ayudas o quedaron fuera porque no tuvieron la información necesaria”.

Así, la diputada nacionalista acusa al Gobierno gallego de “falta de transparencia y falta de responsabilidad con la conciliación de las familias”. “Que tantas queden fuera de esta ayuda y sean perjudicadas al optar por campamentos municipales dice mucho de la actitud y del plan que tiene Alfonso Rueda para nuestro país”, insiste quien califica la decisión como una nueva muestra del “menosprecio a los servicios públicos frente a lo privado”. “Ya no sorprende pero, en casos como este, aún se agrava”, añade.

Desde el PSdeG, su portavoz de Educación en el Parlamento, Aitor Bouza, manifestó que la decisión de la Consellería de Política Social demuestra “una vez más” que el modelo del PP apuesta “por subvencionar el ámbito privado en detrimento del público” a través de una política “clasista” que va “contra la clase trabajadora”.

Además, advirtió de que la decisión —anunciada por sorpresa y pese a que los campamentos municipales habían sido siempre incluidos en las ayudas— supone un “ataque frontal” a las familias que quedan sin ayudas. Ante ello, Bouza adelantó que la portavoz socialista de Política Social, Silvia Longueira, presentará próximamente iniciativas parlamentarias contra el “modelo privatizador” del Gobierno de Rueda. “Rueda apuesta por la 'Galicia Caridad' para que los gallegos y las gallegas tengan que pedir limosna en vez de tener derechos”, criticó en referencia al modo en el que el PP está gestionando ayudas de carácter social, a base de bonos.

También Sumar Galicia pidió a la Xunta que “rectifique” e “incluya los campamentos y las ludotecas públicas en el Bono Concilia”. “Si la Xunta continúa incentivando únicamente la oferta privada, muchas familias se verán obligadas a abandonar los servicios municipales”, advirtió su secretario general, Paulo Carlos López.

Fue el pasado miércoles cuando la Consellería de Política Social anunció que había decidido excluir los campamentos municipales de estas ayudas, detallando una de las novedades que tendrán las bases del programa, aún no publicadas, y cuyo plazo para solicitar el bono no se abrirá hasta los primeros días de septiembre.

Coincidió, además, en la semana en la que muchos de los campamentos municipales envían a las familias los justificantes de pago y asistencia de sus hijos e hijas durante los meses de junio y julio, documentación necesaria para poder optar al bono. Pero también con publicaciones de muchos concellos que advertían a su vecindad de la posibilidad de acceder a las ayudas para sufragar las actividades organizadas por ellos pero que, en realidad, ya no están incluidas en el programa.

La Consellería de Política Social justifica el cambio en su intento de evitar una doble financiación porque, aclara, “los campamentos municipales también son financiados a través del Plan Corresponsables de la Xunta de Galicia”. Se refiere al plan de subvenciones para iniciativas de conciliación, sufragado en un 75% con fondos del Estado y en un 25% con fondos autonómicos. Además, este plan se centra en los concellos pero abarca también las ANPA y entidades sociales, cuyas actividades sí pueden acogerse a los descuentos del Bono Concilia Familia.

La Xunta destina 2,6 millones de euros a este programa y la cuantía de las aportaciones a las familias, que puede llegar a cubrir el 75% del coste, “puede ser de hasta 500 euros para las que contraten un servicio de cuidado a domicilio o de hasta 200 euros para aquellas que lleven a sus hijos a recursos y actividades de conciliación”. “Como campamentos o ludotecas, excluidos los financiados por administraciones públicas”, añade Política Social en un punto que es la clave.

Hasta ahora, tal y como se puede leer en la orden de las bases del programa Bono Concilia Familia del pasado año, la subvención cubría la “asistencia a campamentos u otros recursos de conciliación colectivos específicamente organizados por cualquier persona física o jurídica, pública o privada, para la atención de los niños y niñas en los periodos de vacaciones escolares”. Y solo incluía una excepción: los campamentos de verano organizados por la Xunta, que abarcan juventud de entre 9 y 18 años con 12.000 plazas para actividades entre junio y septiembre.

La noticia llega, además, después de que las familias formalizasen ya hace muchas semanas la matriculación en estos campamentos de verano y muchos meses después de que contratasen los servicios de otras actividades municipales para la conciliación que también estaban incluidas hasta ahora en el Bono Concilia. Las destinadas a las vacaciones de Navidad, Semana Santa o a otros periodos sin actividad lectiva.

La Consellería, consultada por este diario sobre los plazos, se limita a recordar que “la fecha de la convocatoria para solicitar la ayuda del Bono Concilia Familia es la misma que el año pasado: septiembre”. Con la diferencia de que muchas familias que contaban con la posibilidad de la ayuda de otros años acaban de enterarse de que ya no la tendrán.

Porque con esta medida, el Gobierno gallego deja fuera de la subvención a miles de familias que optan por los campamentos municipales, que suelen ser mucho más económicos —e incluso en algún caso gratuitos— que los organizados por empresas, instituciones o colegios privados, pero que también pueden suponer un desembolso importante, especialmente en familias con varios hijos.

Basta el ejemplo de varias familias que suelen optar por las actividades que ofrecen sus concellos en una urbe gallega. Sumando los campamentos de Navidad y de verano, el coste por cada hijo o hija puede ascender a entre 130 y 200 euros dependiendo de las necesidades, a las que muchas veces hay que sumar otras alternativas para periodos lectivos sin actividades extraescolares, como el mes de septiembre.

El acceso a la ayuda permitía un ahorro a estos padres y madres de hasta un máximo de entre 97 y 150 euros en estos casos, una aportación con la que muchas contaban al optar por los campamentos municipales, bien por una mayor preferencia hacia estas actividades impulsadas desde lo público, bien por la imposibilidad de abonar de una vez cantidades que en otros campamentos son mucho mayores. De entre 75 euros y hasta 200 euros a la semana, tomando como ejemplo opciones en centros educativos concertados y entidades que ofrecen cursos de hípica o surf, todas ellas incluidas en el Bono Concilia Familia.

Así, como advierten varias familias, la concesión del bono permite que el coste de algunos campamentos para muchas familias pase de esos 75 o 200 euros semanales a algo menos de 20 o 50, cantidades menores que las de muchas opciones impulsadas por administraciones públicas.

La polémica, que se agudizó con esta nueva medida de la Xunta, viene de lejos. Ya el pasado mes de marzo, el PSdeG demandó un cambio en la adjudicación del Bono Concilia para “evitar las sospechas de fraude y de información privilegiada”. Silvia Longueira había denunciado que el programa de 2025 agotó los 2,6 millones de euros cinco días antes de que terminase el plazo de solicitud. “Funciona como un bingo de sobremesa, donde solo ganan los que llegan primero”, advertía.

Longueira defendió una proposición no de ley para reformular el sistema de concesión de estas ayudas instando a la Xunta a implantar, junto a los concellos, “un programa estable con baremos que garantice la concurrencia competitiva, frente al actual modelo donde el dinero se reparte por orden de llegada”.

La Comunidad de Madrid, a través de la empresa pública Planifica Madrid, ha publicado este viernes la venta del ático de Chamberí, ubicado en la calle General Martínez Campos, por 6,69 millones de euros, sin impuestos, según el anuncio firmado por el consejero delegado de la empresa pública, Pedro Corbalán Ruiz

En la web de la empresa pública, dependiente de la Consejería de Presidencia, se ha subido un documento con dos lotes: uno para el ático de la calle General Martínez Campos y otro con el un inmueble de Gran Vía 6, que pone a la venta por 11,8 millones de euros.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha puesto a la venta estos edificios —tras saltar la polémica por la compra del ático, coincidiendo además con la puesta en venta de los inmuebles con los que la presidenta convive con su pareja Alberto González Amador— para destinar el total a la recuperación tras los incendios de la Sierra Oeste.

El documento de la venta ha sido firmado a fecha de este mismo viernes a las 17:27 horas por Corbalán, consejero delegado de Planifica Madrid, la empresa pública dependiente de la Consejería de Presidencia que adquirió el ático el pasado mes de abril.

El inmueble de Martínez Campos número 35 cuenta con una superficie de 481 m2, en un edificio residencial en manzana cerrada que remata la esquina del paseo General Martínez Campos con la calle Zurbano fue comprado inicialmente por 6,3 millones de euros, según ha confirmado a EFE fuentes de la Consejería de Presidencia.

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso justificó esta compra por las obras que se van a acometer en otoño en la Real Casa de Correos, ubicada en la Puerta del Sol y sede del Ejecutivo regional, para que fuera usado para "reuniones": unas obras de las que este viernes también se ha publicado en el Portal de Contratación que se han adjudicado sin concurso y por un valor de casi 60.000 euros al estudio de Alejandra Pombo.

En este contrato, adjudicado al estudio de la prima de la conocida influencer madrileña María Pombo, se señala que es para el diseño y redacción del proyecto, asistencia para licencias y dirección de obras.

Desde el Ejecutivo regional han señalado a EFE que se convocaron ideas para el anteproyecto "donde se invitó a varias empresas y la mejor valorada fue la suya, que es la que realiza ahora el proyecto por exclusividad artística" y cuando este se entregue, se licitará la obra a través de concurso abierto.

Respecto a la venta de los cuatro inmuebles de Gran Vía número 6 tienen una superficie útil de 1.132 m2, en un edificio que tiene un total de 9.045 m2 y salen a la venta con un precio de salida de 11,8 millones.

La fecha límite de presentación de ofertas se marca en las 23:59 horas del 7 de septiembre.

Además, según detallan desde la Comunidad de Madrid, también saldrá a la venta otro piso más de la empresa pública, ubicado en la calle Pedro Moreno, 3 y con una superficie construida de 459,92 metros cuadrados, con el mismo fin que el controvertido lote.

Son las 9:00 de la mañana y los 74 niños y niñas que pasan esta primera quincena de agosto en el campamento Nazaret, en pleno distrito madrileño de San Blas, se levantan para comenzar su día. Tras darse los buenos días, desayunan y comienzan la jornada participando en todo tipo de actividades. Aunque esta es una jornada típica en cualquier campamento, para estos menores supone un soplo de aire fresco, que de otra manera no tendrían unas vacaciones que disfrutar.

“La particularidad de este campamento es que va dirigido a niños, sobre todo del barrio de San Blas, que sabemos que viven una situación complicada”, explica a infoLibre Iria Barreiro, una de las vocales de la Junta Directiva de la Asociación Nazaret. “Durante el año la asociación reparte alimentos a más de 600 familias del barrio, así que muchos de los niños que vienen son beneficiarios de ese reparto o participan en nuestras actividades de ocio de los sábados o en el apoyo escolar. Son familias con muchísimas dificultades que no pueden permitirse un campamento ordinario”, añade.. 

“Un campamento como este cuesta entre 300 y 400 euros por plaza. Nosotros pedimos simbólicamente 200 euros, pero la realidad es que casi nadie puede pagarlos. Sí les pedimos, por compromiso, que aporten al menos 50 euros. Es un esfuerzo enorme para las familias, pero también las dignifica mucho, ya que muchas veces van pagando poco a poco y agradecen poder hacer ese esfuerzo y sentir que les están regalando unas vacaciones a sus hijos”, añade.

Además de estos niños, desde hace años la asociación también acoge a menores tutelados de la Comunidad de Madrid, como una forma de ofrecerles unos días fuera de la residencia en la que pasan todo el año. Este verano acogen a 25 de estos menores.Todos los días realizan todo tipo de tareas como hacer la cama, ordenar la habitación o lavar la ropa sucia, ya que “son hábitos que muchos de ellos no tienen adquiridos”, relata Barreiro. A partir de ahí, pasan el día con todo tipo de actividades como ir a la piscina, talleres de deporte, relajación, juegos, etc.

Uno de los aspectos en los que ponen especial énfasis es en la alimentación. “Tenemos una cocinera excelente y siempre hay cantidad suficiente, lo que a muchos les sorprende, sobre todo el desayuno”, asegura. “Les ponemos leche, zumo, fruta, cereales, galletas y embutidos. Hay niños que el primer día nos dicen que nunca habían visto un desayuno así. Recuerdo una niña que nos contó que en su casa desayunaba agua con cacao en polvo y aquí tomó leche por primera vez”, agrega.

En el campamento cuentan también con “días especiales”, en los que hacen excursiones a Terra Mítica y a la playa, además de organizar un mercadillo, en la que acumulan las donaciones de ropa, material escolar, productos de higiene, libros o juguetes que reciben durante el año y que los niños pueden ‘comprar’ con un dinero simbólico que se les entrega.

“En el campamento te das cuenta de la realidad que viven. Hay menores que llegan con muy poca ropa, por lo que el mercadillo les permite marcharse con prendas, una mochila, material escolar y otras cosas que necesitan”, relata. “También les impresionan las excursiones, porque para muchos es la primera vez que ven el mar o que visitan un parque temático”, pero el punto más importante es el plano emocional.

“Aquí descubren otra manera de relacionarse con los adultos. Muchos de estos niños han vivido abandono, maltrato o abusos y de repente descubren que un adulto no les grita, que no les pega, que los conflictos se resuelven de otra forma y que existen relaciones basadas en el cariño y el respeto”, explica la vocal. 

“Cuando el campamento termina es duro para muchos de ellos. Los niños que viven en residencias no quieren volver y otros tampoco desean regresar a sus casas. Este año, por ejemplo, hemos conocido el caso de cinco niños del campamento que viven en la misma vivienda, aunque son hijos de tres madres diferentes. También hay menores que residen en infraviviendas. Para muchos, disponer de espacio, bañarse en una piscina o pasar unos días fuera de casa de vacaciones supone vivir experiencias muy poco habituales”, describe.

Historias como las que se viven en el campamento de Nazaret se repiten por toda España, en un momento en el que el 34% de las familias españolas no pueden permitirse irse de vacaciones ni una semana al año, según la Encuesta de Condiciones de Vida de 2025 del INE, y que el 29,2% de los niños, niñas y adolescentes está en situación de pobreza, según Unicef. Por esta razón, Save the Children ofrece este tipo de actividades en diferentes comunidades autónomas para así dar una oportunidad de que estos menores puedan salir de su rutina.

“Tenemos dos modalidades. Una son los campamentos de verano con pernocta, donde llevamos durante al menos una semana a chicos y chicas con los que ya trabajamos durante todo el año para que puedan disfrutar de actividades al aire libre, juegos y tiempo de ocio fuera de su lugar habitual de residencia. La otra son las colonias urbanas, que organizamos en los mismos espacios donde trabajamos con ellos durante el curso. Allí combinamos actividades de ocio, salidas a la piscina y también un pequeño refuerzo educativo y atención psicológica básica”, explica Raúl Arnaiz, director de programas domésticos de Save the Children en España, que añade que este año están participando más de 1.500 menores de entre seis a 17 años.

La mayoría de estos niños llegan derivados por los servicios sociales o por sus propios centros educativos y “normalmente cuentan con dificultades económicas en el hogar, empleo muy precario o desempleo en las familias, ingresos muy reducidos y, en algunos casos, situaciones de desprotección o violencia. Son perfiles en riesgo de exclusión y familias que tienen unas condiciones de vida a veces muy precarias”, señala Arnaiz.

“Supone muchas veces la única oportunidad de salir de su entorno habitual y disfrutar de algo parecido a unas vacaciones de verano: hacer excursiones, ir al campo, ir a la piscina o simplemente romper con la rutina que tienen durante todo el año”, defiende el director. Para las familias no supone ningún tipo de gasto, ya que el proyecto se financia a través de acuerdos con diferentes empresas y así pagar los costes de las actividades y los sueldos del personal. Igual que en el caso de la asociación Nazaret, otra de las principales formas de financiación es a través de las donaciones de particulares.

La convivencia durante esos días también permite a los educadores conocer una faceta distinta de los menores. “En los campamentos convives con ellos las 24 horas y conoces otra dimensión de los niños y niñas que no ves durante el resto del curso. La verdad es que da gusto ver lo bien que están y lo bien que se lo pasan”, concluye Arnaiz.

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, la directora de Turismo y Hostelería y el director de Teatros del Canal de la Comunidad de Madrid han declarado 14.847,78 euros en el portal de transparencia de la autonomía por el viaje a México que realizaron junto a la presidenta Isabel Díaz Ayuso, quien solo refleja 623,28 euros.

Así figura en el documento donde se publican los gastos de viaje, protocolarios y de representación de los cargos, tal como ha podido comprobar EFE y ha avanzado este viernes El Salto.

Díaz Ayuso inició su viaje a México el domingo 3 de mayo y, en principio, iba a estar allí hasta el martes 12; sin embargo, el viernes 8 anunció la cancelación anticipada de la gira con motivo de un "clima de boicot" del que acusó a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, y emprendió su regreso el domingo 10, aterrizando en Madrid al día siguiente.

El consejero de Cultura, Mariano de Paco Serrano, ha declarado 6.609,45 euros entre el 2 y el 11 de mayo por acompañar a la presidenta en los encuentros empresariales, reuniones con gobernaciones de México, y participar en la ceremonia de entrega de los Premios Platino de cine iberoamericano.

Según el gasto desglosado, 6.028,10 euros corresponden a gastos de locomoción y 581,35 a alojamiento. Además, no constan gastos de manutención.

El director de los Teatros del Canal, Ruperto Merino Solís, ha declarado 3.952,2 euros de su viaje a México entre el 3 y el 10 de mayo de los que 3.652,92 corresponden a gastos en locomoción y 299,28 a gastos de manutención, no constan así gastos en alojamiento.

El motivo del viaje, detalla el documento, es hacer seguimiento en Aguascalientes de las actividades culturales programadas en la Feria Nacional de San Marcos por ser la Comunidad de Madrid comunidad invitada, y asistir en Xcaret a la XIII Gala de los Premios Platino.

La directora general de Turismo y Hostelería, Laura Martínez Cerro, ha declarado, por su parte, 4.286,13 euros (3.003,50 en concepto de locomoción y 1.282,63 en alojamiento) durante la visita al país para la promoción turística de la Comunidad.

También acompañó a Ayuso en México su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, de quien no constan gastos durante este periodo, solo dos por valor de 213,5 euros en concepto de comida y cena institucional el 6 de mayo, jornada en la que declaró en el juzgado en Madrid tras la cual viajó a México.

Las cantidades declaradas por los tres cargos contrastan con las cifras publicadas en relación a la presidenta, que ha declarado únicamente 623,28 euros en concepto de uso de la sala de autoridades de la T4 del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. 

El secretario general del PSOE de Madrid y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha anunciado este viernes que el PSOE-M presentará una denuncia ante la Fiscalía provincial de delitos económicos dirigida contra el consejo de administración de Planifica Madrid por la compra de un ático en Chamberí.

El inmueble, situado en una novena planta de un edificio residencial, fue adquirido por la empresa Planifica Madrid, dependiente de la consejería de Presidencia de la Comunidad, que posteriormente lo puso en venta, para emplearlo supuestamente como oficina de la presidenta Isabel Díaz Ayuso durante el tiempo que duren las obras previstas en la Real Casa de Correos.

"Empezamos todas las acciones legales", ha avisado López en declaraciones a los medios desde la sede del PSOE en Ferraz, donde ha calificado el asunto de "muy muy grave".

En palabras del secretario general del PSOE madrileño, el objetivo es "conseguir que dimita la señora Ayuso", así como lograr que se diriman todas las responsabilidades penales que haya en este asunto y que se devuelva "hasta el último euro al bolsillo de los madrileños".

El ministro ha reclamado que se investiguen todos los posibles indicios de "prevaricación administrativa, malversación y otros" que pueda haber en relación con la compra del inmueble, y ha avisado de que "esto no va a quedar así".

El PSOE-M confía en que por vía judicial se pueda obtener la certificación registral de la finca y la copia de la escritura pública de adquisición, así como la remisión de toda la documentación que sirvió de antecedente y fundamento a la decisión de comprar el ático, entre otros documentos.

"Es absolutamente imposible que se pueda justificar un expediente como este desde la administración pública", ha aseverado el secretario general madrileño.

López ha criticado que no haya habido explicaciones por parte del Gobierno regional pese a las iniciativas y solicitudes de información presentadas por los socialistas, y ha calificado las respuestas dadas hasta el momento de "chapuza colosal".

"La Comunidad de Madrid y la señora Ayuso han ido cambiando de versión en un relato cada vez más culpable", ha subrayado el ministro, que también ha calificado de "populismo barato" el anuncio por parte del Ejecutivo madrileño de que el dinero que se obtenga de la venta del inmueble se utilizará para ayudar a los afectados por el incendio de la sierra oeste.

El Gobierno registrará esta mañana en el Congreso la solicitud de comparecencia en periodo extraordinario de los ministros de Presidencia, Interior, Exteriores y Defensa ante las respectivas comisiones para informar de la gestión de la crisis migratoria sucedida en Ceuta la semana pasada.

El Ejecutivo propondrá a la presidenta del Congreso que la ministra de Defensa, Margarita Robles, comparezca el 25 de agosto; el titular de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, el 27; y los ministros del Interior y Exteriores, Fernando Grande-Marlaska y José Manuel Albares, respectivamente, el 28.

Las comparecencias, según informan fuentes del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, se celebrarán a petición propia ante las comisiones de Defensa, Seguridad Nacional, Interior y Exteriores. El PP registró el jueves las mismas solicitudes de comparecencia, por duplicado, en el Congreso y en el Senado.

Para evitar duplicidades y teniendo en cuenta la importancia y alcance de la cuestión -subrayan las fuentes- el Gobierno ha decidido comparecer este mismo mes de agosto en la Cámara constitucionalmente prevalente, el Congreso de los Diputados.

Este mismo viernes, el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, mantiene una reunión telemática de coordinación desde la residencia de La Mareta, en Lanzarote, con los ministros Margarita Robles, Fernando Grande-Marlaska, Elma Saiz (Inclusión, Seguridad Social y Migraciones) y Sira Rego (Juventud e Infancia).

El Tribunal Supremo acaba de pedir a la Comisión Europea el dictamen motivado que emitió hace un año en el que consideró que el Gobierno de Aznar había incumplido la normativa comunitaria al prorrogar la concesión de la AP-9 hasta 2048 sin concurso público para después privatizarla. La petición se produce en el marco del proceso judicial iniciado por la asociación de transportistas Apetamcor para que el Gobierno de España rectifique de oficio aquella prórroga y la anule, para lo que el Supremo considera que la valoración de la Comisión Europea puede ser relevante. Ahora será el propio Ejecutivo comunitario el que decida si entrega ese dictamen a la justicia española o si la normativa europea permite mantenerlo confidencial.

Hace un año la Comisión Europea hizo público que acababa de alcanzar un dictamen motivado —cuyo contenido concreto no reveló— en el que instaba a España a respetar la normativa comunitaria sobre concesiones tras considerar, en el marco de un procedimiento de infracción abierto desde 2021, que la prórroga autorizada por el Gobierno de Aznar hasta 2048 sin concurso público había incumplido dicha normativa. Tras conocerse ese paso de la UE, la asociación Apetamcor pidió formalmente al Gobierno de España la revisión de oficio de dicha prórroga. Pero el Ejecutivo de Sánchez viene negándose tanto a iniciar el procedimiento para anular aquella prórroga como a rescatar la concesión y apuesta por mantener activo el pleito con la UE, que puede tardar años en ser resuelto por la justicia europea.

Tras la negativa del Consejo de Ministros a su petición de revisar la concesión, Apetamcor recurrió esa decisión ante el Tribunal Supremo. En ese pleito judicial Apetamcor pidió tener acceso al expediente de infracción de la UE y al dictamen motivado de la Comisión Europea.

En un primer auto del mes de mayo, el Supremo rechazó que Apetamcor pudiese pedir ese dictamen como una ampliación del expediente administrativo que elaboró el Gobierno de España sobre su petición de revisión de oficio de la prórroga. El Supremo admitía entonces la negativa del Gobierno a facilitar el dictamen con el argumento de que no formaría parte del expediente de revisión propiamente dicho. Pero ahora el Supremo sí acepta otra vía empleada por Apetamcor para tratar de acceder al dictamen, ya no como ampliación del expediente que obre en poder del Ejecutivo español sino dentro del periodo de prueba que pueden abrir las partes antes de que el tribunal emita sentencia.

Para ese periodo de prueba Apetamcor pidió que se aportase no solo el expediente del Gobierno de España sobre su petición de revisión, sino también y al margen el dictamen de la Comisión Europea. El Estado y Audasa volvieron a oponerse insistiendo en que es confidencial hasta que termine el procedimiento de infracción de la UE, pero el Supremo tiene una visión distinta.

Si antes el tribunal no consideraba el dictamen parte del expediente del Gobierno de España sobre la petición de Apetamcor, ahora, según un auto del 22 de julio, sí considera que como prueba “no puede considerarse ni impertinente ni inútil”. Según dice, con esa “prueba” que solicita Apetamcor “pretende acreditar que la prórroga acordada” cuya revisión solicita “es contraria a la normativa europea, cuestión esta que no está desvinculada del objeto de este procedimiento”. El Supremo admite que el dictamen por sí mismo no anula la prórroga, pero “eso no implica que dicho dictamen no sea relevante, pudiendo ser tomado en consideración como un elemento más que sirva para apreciar si existieron infracciones de las normas de la Unión Europea que pueden determinar la nulidad de pleno derecho de las normas” cuya revisión de oficio solicitó Apetamcor.

Esto es, igual que en el ámbito comunitario el dictamen puede ser empleado por la Comisión Europea para iniciar un procedimiento contra España en el Tribunal de la UE, a nivel estatal el Supremo también puede tenerlo en cuenta para decidir si el Gobierno de España debe revisar de oficio la prórroga.

El Supremo considera pertinente la petición de Apetamcor del dictamen europeo como una prueba más a tener en cuenta en el proceso judicial, pero dice que las valoraciones sobre si el documento se debe mantener o no confidencial “corresponde realizarlas a la Comisión Europea y no a este Tribunal”. Así que su decisión es enviar un oficio a la Comisión Europea “para que valore si procede o no”, de acuerdo con la normativa comunitaria, “remitir el dictamen motivado que se solicita como medio de prueba”.

El domingo 2 de agosto, Radio France Internationale dedicó su programa semanal de geopolítica al 90º aniversario del estallido de la Guerra Civil española. Lo que se emitió, sin embargo, tuvo poco de conmemoración histórica: durante casi 50 minutos, un aristócrata español que lleva cuatro años organizando manifestaciones para exigir la dimisión del presidente del Gobierno dispuso de la emisora pública exterior francesa para desarrollar su discurso político, presentado ante los oyentes como un simple representante de la sociedad civil.

Amalio de Marichalar y Sáenz de Tejada, noveno conde de Ripalda, fue introducido en antena por Marie-France Chatin, la conductora del programa, únicamente como “coordinador de Español a Español por la Constitución y de la Asociación Española de Mujeres Juristas y de 32 asociaciones de la sociedad civil de toda España”. Esa presentación es formalmente cierta, pero engañosa. Omite algo esencial: que la plataforma que coordina tiene un objetivo político declarado y singular, que es la salida del Gobierno de Pedro Sánchez.

Marichalar ha organizado concentraciones, según él mismo afirmó, en Madrid, Barcelona, Sevilla, Cádiz, Granada, Alicante, Burgos, Santander y Marbella, algunas junto a los movimientos de protesta de la calle Ferraz y ha contado en ocasiones con la participación de figuras como la del exdiputado de Ciudadanos Marcos de Quinto. Además, ha remitido cartas a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola; y al presidente del Consejo Europeo, António Costa, en las que sostiene que el Ejecutivo accedió al poder “corruptamente” y que la ley de amnistía constituye un “golpe institucional”. Incluso, llegó a afirmar en febrero, en el diario El Debate, que a Sánchez “se le ha ido la cabeza”. Es hermano de Jaime de Marichalar, exmarido de la infanta Elena, y de Álvaro de Marichalar. Por lo tanto, es el tío de las personas que ocupan el cuarto y quinto puesto en la línea de sucesión al trono en España: Juan Froilán y Victoria Federica de Borbón.

Nada de este perfil se le explicó al oyente al inicio del programa. Y sobre esa presentación aséptica se construyeron 48 minutos de discurso sin contradicción efectiva.

Marichalar sostuvo en antena que Pedro Sánchez y José Luis Rodríguez Zapatero ejecutan “una estrategia muy bien pensada” para “volver a enfrentar a las partes de España”, y que lo hacen “porque quieren cambiar el régimen español”: “Quieren cambiarlo por cinco repúblicas o por una república”. 

Afirmó que la Segunda República “llegó por la vía de un golpe de Estado”, que Francisco Largo Caballero “hizo un golpe de Estado en 1934” y que Franco “fue designado por la República para detener ese golpe de Estado”. Añadió que “hay que bajar mucho a la realidad de las cuestiones”.

Además, durante una de sus intervenciones, sostuvo que España "está muy sola", que las instituciones europeas "no responden" pese a seis años de cartas, y equiparó su situación a la de Venezuela: “Tenemos un presidente del Gobierno y un antiguo presidente del Gobierno europeo [sic], Zapatero, que ayuda al régimen narcodictatorial de Venezuela, y eso es un problema como España”.

Y cerró con una petición explícita: "Queremos recuperar la dignidad y queremos recuperar la democracia, y queremos que dimita el presidente del Gobierno".

La mayor parte de estas afirmaciones no fue objeto de réplica o matización por parte del resto de contertulios o la conductora.

Varias de las afirmaciones que Marichalar difundió en la radio pública francesa no resisten la comprobación.

La jornada de ocho horas. Es el caso más claro, y no es la primera vez que hace esta declaración sin que se le contradiga. Marichalar afirmó en antena: "Los grandes avances sociales de España se hicieron después de Gran Bretaña, en 1917, 18 y 19. Y fue mi abuelo quien hizo la jornada de ocho horas". Y remató: "No es la izquierda, que ahora dice que la jornada de ocho horas la hizo el señor Largo Caballero".

A pesar de sus palabras, el real decreto que estableció la jornada de ocho horas se firmó el 3 de abril de 1919, bajo el Gobierno del conde de Romanones, tras la huelga de La Canadiense. Luis de Marichalar y Monreal, vizconde de Eza —abuelo paterno de Amalio— fue ministro de Fomento entre junio y noviembre de 1917 y ministro de Guerra entre mayo de 1920 y agosto de 1921. No formaba parte del Gobierno en abril de 1919.

Es cierto que el vizconde de Eza fue una figura relevante del reformismo social católico: consejero del Instituto Nacional de Previsión, director de las Semanas Sociales de España y académico de Ciencias Morales y Políticas. Existe literatura académica específica sobre su papel en el conservadurismo social del primer tercio del siglo XX. Pero eso es una cosa y atribuirle la autoría de la jornada de ocho horas es otra.

No es la primera vez que Marichalar difunde esta versión. La sostuvo también en agosto de 2025 en una entrevista en El Español, cuyo titular la reprodujo sin contraste ni explicación alguna. De hecho, en aquella ocasión, el aristócrata achacaba a una operación del PSOE que se ocultara ese supuesto hito de su abuelo.

El "muro" contra el 50% de los españoles. Marichalar afirmó que Sánchez "lo dijo en el Parlamento: 'quiero hacer un muro contra la mitad de los españoles'". La expresión existe, pero su significado es otro: en el debate de investidura de noviembre de 2023, Sánchez planteó "alzar un muro" frente a lo que definió como los ataques de la derecha reaccionaria a los valores democráticos, no contra el 50% de la ciudadanía.

"La prensa internacional señala casi todos los días la gran corrupción de un primer ministro europeo" y "150 personas de su Gobierno han acabado ante la justicia". No consta ninguna fuente que sustente estas afirmaciones.

Pero más allá de estas frases, Marichalar aseguró en antena que habla “siempre con gente muy importante del Partido Socialista, por ejemplo, José María Múgica, quiero decir el nombre. Hablo con él, le envío todos los días la manifestación que hacemos cada día”. Sin embargo, deliberadamente omitió que Múgica lleva tiempo alejado del PSOE y que, de hecho, pidió la baja del partido hace casi ocho años.

Sería inexacto decir que nadie le rebatió. Hubo dos correcciones. Por un lado, el historiador Benoît Pellistrandi, hispanista francés y autor de Les fractures de l'Espagne (Gallimard, 2022), que también participaba en el programa, rechazó de forma tajante la tesis del golpe de Estado republicano: "No puedo admitir que se diga que el 14 de abril de 1931 se trate de un golpe de Estado. El golpe de Estado es el del 17 de julio de 1936", dijo, recordando además el precedente de Primo de Rivera en 1923. Fue el único momento del programa en que un invitado desmintió a otro en directo.

Por su parte, Miguel Ángel García Carrasco, investigador de la Fondation pour la Recherche Stratégique, tercer invitado en la conversación,  matizó la tesis del cambio de régimen a manos de Sánchez y Zapatero: no es "una estrategia firme", replicó, sino negociaciones sostenidas con socios minoritarios dentro de una coalición con sensibilidades regionalistas e independentistas.

Pero ninguno de los dos discutió el marco general. Pellistrandi habló por su cuenta de "catástrofe democrática", atribuyó a Sánchez "una falta de moral" y comparó su situación con la del ex primer ministro húngaro Viktor Orbán: “Si Viktor Orbán hubiera actuado de esta manera, les puedo asegurar que se hablaría de ello en los medios franceses. Así que sí, hay en España un problema de funcionamiento de las instituciones”. 

García Carrasco coincidió en el diagnóstico de parálisis y pronosticó que las elecciones de 2027 desalojarán al PSOE: “Cada vez [Sánchez] lo tiene más difícil para dar continuidad a la legislatura, de cara a unas elecciones en 2027 que probablemente desalojarán al Partido Socialista del poder”. 

Pero ninguno corrigió el dato de la jornada de ocho horas, ni la cifra de las 150 personas ante la justicia, ni la tergiversación de la frase del muro. Resulta sorprendente que en un programa en el que se quería analizar “qué revela aún 1936 sobre la España de hoy” solo se invitara a participar a contertulios abiertamente críticos con el Gobierno.

Marie-France Chatin, que dirige Géopolitique desde septiembre de 2008, no interrumpió ni verificó ninguna de las afirmaciones. Su única intervención correctiva consistió en pasar el micrófono a Pellistrandi cuando Marichalar sostuvo lo del golpe de Estado de 1931.

Sin embargo, tampoco asumió el papel neutral de conductora del programa. En varios momentos adoptó el marco de Marichalar. De hecho, llegó a elogiar las acciones que lleva el aristócrata contra el Gobierno: "Ese hastío de la política da finalmente todo su valor a lo que usted hace, con esas manifestaciones; imagino que tendría usted otras preocupaciones que organizar todo eso. En todo caso, da esperanza sobre el futuro. Es importante movilizar a esa sociedad civil".

No es una pregunta ni una síntesis: es un aval editorial a una campaña política en curso en un país extranjero, emitido por una radio pública financiada con recursos públicos franceses.

RFI forma parte de France Médias Monde, el grupo público del sector audiovisual exterior francés, y difunde a través de una amplia red de repetidores en todo el mundo, con especial implantación en África y América Latina.

El grupo se financia en un 95% mediante una fracción de la recaudación del IVA —una fórmula elegida precisamente para que no se le perciba como medio de Estado— y su presidencia la designa la autoridad reguladora independiente ARCOM. France Médias Monde dispone de una carta deontológica y de un comité interno específico "relativo a la honestidad, la independencia y el pluralismo de la información y de los programas", y exhibe la certificación Journalism Trust Initiative.

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Santiago Abascal evita presentar a Marruecos como un Estado hostil, pese a calificar de “invasión” la entrada de más de 70.000 marroquíes en Ceuta el pasado jueves. La actual crisis fronteriza ha dejado ya un centenar de fallecidos según las organizaciones sobre el terreno, pero el líder de Vox obvia este argumento en sus declaraciones públicas. El líder de la extrema derecha española definió desde la ciudad autónoma como  “acto de guerra” la entrada masiva de personas, pero cargó las tintas contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, del que dijo debería ser juzgado y estar en prisión, e insinuó —sin aportar pruebas— que Marruecos podría disponer de información sobre supuestas corrupciones del presidente que explicaría su falta de respuesta ante Rabat.

Así, Marruecos puede ser para Vox, al mismo tiempo, el Estado que presiona, chantajea y agrede a España, pero no aparecer en las críticas sobre la responsabilidad de lo sucedido. Esa parte queda reservada para el presidente del Gobierno, presentado por los ultras como responsable o cómplice de la agresión. A él se le suma otra de las figuras culpables habituales para los ultras: los ciudadanos marroquíes que cruzan la frontera, convertidos en el rostro visible de la amenaza y protagonistas a su vez el eje central de los acuerdos con el Partido Popular bajo la consigna de “prioridad nacional”.

Abascal ya había formulado hace meses, antes de la crisis de Ceuta, esta misma posición en una entrevista difundida por el pódcast WorldCast. “Yo no pienso que Marruecos sea el enemigo”, aseguró el pasado mes de mayo. “Marruecos es una nación vecina con la que tenemos que intentar tener una buena relación basada en el respeto mutuo”. También defendió que para ser buenos vecinos son necesarias “altas vallas” y “fronteras firmes”, y acusó a Sánchez de haber convertido a España en el “perrito faldero” del reino alauí. 

Unas declaraciones que fueron criticadas por otro ultra, el eurodiputado y líder de Se Acabó La Fiesta (SALF), Alvise Pérez. “¿Cómo va a ser socio un país que nos extorsiona con la inmigración o Pegasus, exporta las mafias que matan a nuestros guardias civiles, amenaza Ceuta, Melilla y Canarias, o nos espía con software israelí?”, planteó, tras recalcar que él estaba de acuerdo con la posición de Abascal de 2021, en la anterior crisis fronteriza en Ceuta, y no con la actual. 

Abascal ha evitado en todo momento mencionar al rey Mohamed VI, aliado del presidente estadounidense Donald Trump, como responsable de la situación en Ceuta. Y, aunque para el líder de la ultraderecha Marruecos es un vecino peligroso y expansionista, también defiende que España debe conservar una “buena relación”. Mohamed VI funciona sobre todo como representación de la humillación de Sánchez, bajo el lema o pregunta en abstracto de “qué le debe el PSOE a Marruecos”. Abascal lo evoca para describir a un presidente arrodillado ante un soberano extranjero, pero rara vez convierte al rey en destinatario directo de sus exigencias.

Así, los dirigentes de Vox apenas dirigen críticas al monarca alauí, pese a las denuncias que acumula por parte de las organizaciones de derechos humanos. Una de las excepciones la protagonizó el exdirigente de Vox, José Ángel Antelo, en 2024, tras denunciar que el rey había indultado a más de 2.400 presos, pero la acusación se centró en los posibles delitos que esas personas cometerían en España. Antelo afirmó, sin acreditar que fueran a trasladarse al país, que cada “violación”, “machetazo” o robo sería responsabilidad del PP y del PSOE.

En el relato de Vox, Marruecos posee capacidad de decisión. El partido afirma que controla la frontera, instrumentaliza las migraciones, abre y cierra las aduanas según sus intereses y utiliza la cooperación como mecanismo de presión. Juan Sergio Redondo, presidente de Vox en Ceuta, ya había descrito la política marroquí como una “habitual extorsión”. Según Redondo, Rabat ha creado instrumentos con los que “chantajear a España”, emplea estratégicamente la gestión migratoria y “sabe exactamente lo que hace”.

Pero esa claridad desaparece cuando llega el momento de identificar a las personas e instituciones responsables. Apenas se explica qué órgano adoptó las decisiones, qué responsables dirigieron la supuesta operación sobre Ceuta o qué intervención tuvo Mohamed VI. Se señala a Marruecos como un ente, de forma etérea, pero se evita cualquier referencia directa. En cambio, la responsabilidad española nunca es abstracta.

La cautela que Abascal aplica al definir a Marruecos desaparece cuando se refiere a sus ciudadanos. En Ceuta no habló sólo de una entrada irregular o de una crisis migratoria, sino de una“invasión”, tratando de deshumanizar y presentar a todas las personas que sobrepasaron la frontera como un único sujeto hostil, especialmente si estos son musulmanes. Y es que la formación ultra relaciona la inmigración, la enseñanza del árabe y la cultura árabe con una supuesta “islamización de España” y con valores que considera incompatibles con la sociedad española. 

Vox sostiene que Marruecos utiliza a seres humanos como instrumento de presión política, pero al mismo tiempo instrumentaliza a estas personas políticamente, lo que le permite desplazar la responsabilidad sin señalar al poder político. En el imaginario que intentan crear los ultras, se asocia al migrante, también al marroquí, con la inseguridad, con la saturación de la vivienda y de los servicios públicos. El poder marroquí, sin embargo, permanece al otro lado de la frontera y exige un análisis geopolítico más complejo.

Pero a quien sin duda identifica Vox de manera clara es a los menores marroquíes que permanecen en Ceuta. El secretario general de Vox en el Congreso, José María Figaredo, aseguró este jueves que los gobiernos autonómicos compartidos por PP y Vox se opondrán “totalmente” a los traslados pese a que la formación de Alberto Núñez Feijóo ha asegurado que sí que van a cumplir con la ley. A juicio de Vox, sin embargo, hacerlo no consiste en distribuir a los menores entre los sistemas de protección, sino en “devolverlos ya a Marruecos”. Es más, en una entrevista en Cuatro sostuvo que lo que tienen que hacer las fuerzas de seguridad con los marroquíes es “cazarlos o pescarlos uno a uno”: “Es lo que hay que hacer”, señaló. Una expresión que no fue un accidente ni un desliz verbal. Días antes había utilizado exactamente la misma expresión, “cazarlos”, en una entrevista en Antena 3.

A pesar de los exabruptos de Figaredo, en el caso de menores, también de los marroquíes, que llegan a España, la norma aprobada el pasado año es clara: se debe trasladar a menores desde territorios en situación de contingencia migratoria extraordinaria hacia otras comunidades y estos territorios no pueden negarse, algo que modificaba etsa ley ya que hasta entonces la reubicación era voluntaria. La acogida de menores migrantes ya fue una línea roja para la formación de Santiago Abascal hace dos años. En julio de 2024, Vox abandonó los cinco gobiernos autonómicos que compartía con el PP después de que los populares aceptaran una reubicación de menores procedentes principalmente de Canarias. 

En los bandazos de Vox con su posición respecto a Marruecos también aparece el Mundial de fútbol. La formación de Santiago Abascal ha trasladado al Congreso como respuesta a la crisis de Ceuta una medida en la que, paradójicamente, coincide con Sumar y Podemos: que Marruecos sea expulsado de la organización del Mundial de fútbol de 2030. La proposición no de ley registrada este jueves por la portavoz parlamentaria, Pepa Millán, reclama que el Gobierno promueva ante la FIFA la exclusión del país vecino, impida que la final se celebre fuera de España y exija “transparencia y objetividad” en todas las decisiones sobre el campeonato.

La iniciativa permite analizar con precisión cómo distribuye Vox las responsabilidades. La formación ultraderechista describe una “invasión intolerable” protagonizada por más de 80.000 marroquíes (sic), acusa a Marruecos de instrumentalizar la inmigración y califica lo sucedido de estrategia de “guerra híbrida” y de “actos de guerra contra España”. Sin embargo, cuando llega el momento de identificar al responsable político de esa supuesta operación, Mohamed VI, aliado de Estados Unidos, sólo aparece una vez en las cinco páginas de la proposición. 

Vox sostiene que el éxodo contradice la imagen de modernidad que “el régimen de Mohamed VI pretende proyectar internacionalmente”. No afirma que el rey ordenara abrir la frontera, que conociera la operación o que interviniera en ella, como plantean algunos analistas. Tampoco lo menciona en ninguno de los tres puntos que el Congreso debería reclamar al Gobierno. La proposición propone una represalia internacional contra el Estado marroquí, pero despersonaliza la responsabilidad en la cúspide del poder.

Un viajero de nacionalidad franco-argentina se encuentra actualmente aislado junto a su familia en su lugar de alojamiento en Galicia tras haber dado positivo por hantavirus (en su variante 'andes'). Según ha confirmado el Ministerio de Sanidad el contagio fue detectado a partir de una muestra recogida hace unos días en Francia. Pese al diagnóstico, las autoridades sanitarias han descartado su ingreso en una Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (UATAN) dado que el paciente se encuentra completamente asintomático.

Las autoridades sanitarias francesas fueron quienes dieron el aviso este mismo jueves sobre el caso de este turista, que transitó por el país vecino durante la segunda mitad del mes de julio. Según detallan fuentes del Ministerio, el paciente acudió a los servicios médicos en Francia presentando un "cuadro respiratorio leve". Tras realizarle las pruebas pertinentes, Francia identificó que se trataba de hantavirus. Sin embargo, desde Sanidad subrayan que el turista viajó posteriormente a España cuando ya estaba asintomático, motivo por el cual recalcan que "ya no podía contagiar".

A pesar de que el paciente no presenta síntomas, el protocolo sanitario ya se ha activado. Tanto el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) como los servicios de Salud Pública de la Xunta de Galicia están trabajando de manera conjunta. Actualmente se están llevando a cabo los estudios necesarios para determinar las acciones a seguir y se han puesto en marcha los procedimientos habituales para gestionar tanto el caso como a los posibles contactos que haya podido tener el turista.

Este caso aislado se detecta justo un mes después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) diera por finalizado un importante brote de esta misma variante ('andes'). Aquel episodio tuvo lugar en el crucero MV Hondius el pasado mes de abril y requirió de una compleja y delicada operación de evacuación en Tenerife, dejando un trágico balance de tres fallecidos. Durante aquel brote 14 ciudadanos españoles tuvieron que ser evacuados y permanecieron aislados en el Hospital Gómez Ulla de Madrid. Dos de ellos terminaron dando positivo por hantavirus durante dicho periodo de cuarentena.

El hantavirus es una enfermedad de origen viral cuyos síntomas iniciales suelen ser similares a los de un cuadro gripal. Su principal vía de transmisión al ser humano es a través del contacto con la orina, las heces o la saliva de roedores infectados. En cuanto a la variante 'andes' —la detectada en este turista franco-argentino—, se trata de un subtipo predominante en Chile y Argentina (con especial incidencia en la región de la Patagonia). Una de las particularidades de esta cepa es que permite el contagio de persona a persona, aunque se trata de una transmisión muy poco frecuente y que requiere de un contacto estrecho y prolongado con el infectado.