Justicia

El colectivo que se ha querellado contra Manuel Moix asegura que su inacción desde hace diez años ha permitido a Ignacio González delinquir.

La sentencia declara nulas "por abusivas" dos cláusulas del contrato de un cliente de la entidad y le obliga a no volver a aplicarlas.

¿Falla el sistema? La narración sobre la corrupción suele obviar que sólo la sentencia, no la instrucción, establece la verdad judicial. Un 30% de los juicios de corrupción acaba en nada.

Este viernes concluye el plazo para presentar las candidaturas, pero que hasta mediados de la semana próxima no podrán conocerse.

Manuel Marchena, en el Supremo, y Enrique López, en el Constitucional, fueron los ponentes de las dos sentencias que ha tumbado el tribunal europeo. 

"El Ejecutivo no va a presentar ninguna iniciativa que no pueda salir adelante", sostienen las fuentes consultadas. Los conservadores se quejan de una "triple alianza" PSOE-Podemos-Ciudadanos para identificar al PP como "el partido de la corrupción" que, a su vez, recurre a los poderes del Estado "para que estos escándalos no vean la luz".

No existe evidencia de que los acusados utilizaran medios públicos con fines ajenos a la función pública.

La asociación judicial acusa al presidente del CGPJ de tener un "papel irreemplazable en la hoja de ruta diseñada al detalle desde el Ministerio de Justicia para controlar" la investigación de la corrupción.

El partido morado quiere que el Ejecutivo escoja al fiscal de una terna propuesta por el CGPJ y ratificada por el Congreso.

De los 184 fallos dictados en los últimos veinte años, 164 acabaron en condena, tal y como recogen las memorias de la Fiscalía analizadas por infoLibre. Anticorrupción intervino en 2015 en 371 procedimientos judiciales, de los que casi la mitad se habían iniciado antes de 2010.

Los partidos de la oposición consideran que no basta con la dimisión del fiscal jefe Anticorrupción y piden la cabeza del fiscal general del Estado y del titular de Justicia. Mientras, Gobierno y PP intentan pasar página con la teoría de que el escándalo se termina con Manuel Moix fuera del cargo.

El estatuto de los fiscales les prohíbe ejercer "toda actividad mercantil" así como tener una "intervención directa" en sociedades públicas o privadas. La jurisprudencia del Supremo establece, sin embargo, que no hay incompatibilidad si la empresa se utiliza únicamente para administrar patrimonio propio. 

El parlamento y el Gobierno tienen capacidad para nombrar al CGPJ y el Tribunal Constitucional, así como al Fiscal General del Estado o el presidente del Tribunal Supremo.