Good luck, Babe! Estos días de reivindicación y de celebración tienen ritmo y letra de Chappell Roan para Eduardo Rubiño. El concejal de Más Madrid en uno de los grandes referentes políticos LGTBIQ+ y no para quieto ni un minuto durante la semana del Orgullo en Madrid. Pero su trabajo a favor de los derechos se prolonga durante un año. Sin descanso. 

Por eso, cree que es más necesario que nunca levantar con fuerza la bandera arcoíris en un momento en el que la ola reaccionaria atrapa gobiernos en todo el mundo. Y esa nube también amenaza España de cara a las próximas elecciones generales. Llama a la izquierda a seguir luchando. Queda todavía mucho por hacer. Y eso pasa, en opinión de Rubiño (Madrid, 1991) por reglamentar todas las leyes aprobadas y por poner el foco en que las escuelas sean espacios libres de odio. 

¿Por qué hay que salir a las calles en este Orgullo?

Hay una ofensiva reaccionaria en todo el mundo y es un momento decisivo para las libertades. Surgen gobiernos reaccionarios en todo el planeta que amenazan nuestra mera existencia. En España tenemos que defender nuestro legado, somos la envidia de Europa.

El Ayuntamiento de Madrid ha congelado el presupuesto para esta cita y se está imponiendo la parte capitalista durante estos días con precios de hoteles prohibitivos, por ejemplo. ¿Está el Orgullo en Madrid en un momento de inflexión?

Llevamos una larga temporada diciendo que nos están robando Madrid. El coste de la vida hace que nuestra ciudad ya no nos pertenezca, se expulsa a los vecinos. Y esto afecta también a la comunidad LGTBIQ+ y al propio Orgullo. A eso se suman la ofensiva reaccionaria y la erosión que conlleva de apoyos interesados que habían venido por parte de empresas, que ahora ya no quieren patrocinar. Estamos en un momento en el que estamos llamados a recuperar la reivindicación y la celebración cargando de contenido y reclamando el Orgullo como una parte de activismo ciudadano para impedir pasos atrás.

Otro año más sin que el Ayuntamiento de Madrid ponga en su fachada la bandera arcoíris, algo que ya está permitido por la justicia. ¿Hay homofobia institucional en Madrid?

Hay una jurisprudencia clarísima de que es legal colgar la bandera. El Tribunal Supremo ha especificado que es un símbolo que representa valores constitucionales. Esa excusa se acabó. Lo peor no es no colgar la bandera, sino que el Ayuntamiento de Madrid se carga las políticas que vienen detrás. El reconocimiento institucional es importante porque es un mensaje, pero se están recortando programas. 

El Orgullo de Madrid es el más multitudinario de Europa pero no veremos ni al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ni a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso. ¿Cómo lo interpreta?

Tienen alergia a todo lo que significa el movimiento LGTBQ+. El PP está en una pendiente de colonización ideológica por Vox y no quiere fotos que les reste apoyos en ese flanco. Refleja la hipocresía absoluta del PP, que presenta una campañita por la mañana y luego por la tarde se abstiene en la reforma para las penas de cárcel por las terapias de conversión. 

¿Qué le pareció la expresión de Jaime de los Santos en el Congreso de “soy del PP y maricón, orgullo de ambas cosas”?

El sumun de la hipocresía del PP. Nos tiene acostumbrados desde hace tiempo, Jaime lleva haciendo este numerito desde que lo conozco en la Asamblea. Siempre le contestamos que el problema no son las ideas que quiera tener, sino que su partido siempre está poniendo obstáculos a los avances. Él nunca ha sido capaz de alzar la voz en su partido contra esos que están recortando derechos LGTBIQ+, como ha pasado con las leyes en la Comunidad de Madrid. Es una incoherencia muy grande que disfrutes de esos derechos y luego le hagas el trabajo sucio a tu partido.

¿Qué supone que el Congreso haya aprobado esa ley para incluir penas de cárcel por las terapias de conversión?

Ha sido una batalla de bastantes años junto a asociaciones y víctimas. Hasta el momento había impunidad y eso se tenía que acabar. Una terapia de conversión es una de las situaciones más graves de violencia lgtbifóbica a las que se puede enfrentar una persona, ya que deja secuelas de por vida. Nos hubiera gustado una ley más ambiciosa, pero es una gran victoria.

Este Orgullo ya tiene un aire preelectoral después de que el presidente, Pedro Sánchez, haya abierto la puerta a adelantar los comicios si no hay presupuestos. Las encuestas arrojan ahora una mayoría absoluta del PP y de Vox. ¿Están amenazados los derechos LGTBIQ+ en ese escenario?

Claramente sí. Sólo hay que escuchar a Vox, que ha puesto en la diana a las personas LGTBIQ+ y tiene un programa para triturar los avances. Pero también hay que escuchar a Feijóo, que ha dicho claramente que quiere derogar la ley trans. En la Comunidad de Madrid el PP no ha necesitado pactar con Vox para recortar leyes. 

¿Qué responde a los que siguen con la cantinela de que no hay un Orgullo Hetero?

El Orgullo Hetero es 364 días al año. Hemos avanzado mucho y vivimos en una sociedad más diversa y libre, pero el Orgullo viene a reivindicar que también nos pertenece la sociedad a los que no encajamos en las normas. Es muy importante que sea una reivindicación y una fiesta. Hay que hacer un llamamiento a toda la sociedad, los heterosexuales tienen que venir al Orgullo también.

Las agresiones al colectivo se han duplicado este año, según el último estudio de la Federación Estatal LGTBIQ+. ¿Por qué?

Las agresiones han aumentado en la medida en que hay más discursos de odio cada vez más legitimados a través de las redes, en los parlamentos y en las instituciones que envalentonan a los matones. Hay fuerzas políticas que están echando gasolina. Hubo hace unos meses una agresión terrible en las puertas del Teatro del Barrio, en Madrid, y las víctimas me cuentan que siguen con mucho miedo y que tienen que contar con ayuda psicológica. No solo duelen los golpes. No hay que victimizarse, pero muchas personas LGTBIQ+ están viendo cómo la seguridad está ahora en cuestión.

¿Qué medidas legales son necesarias para avanzar?

Hay un reto: reglamentar las leyes que tenemos en nuestro país. Y es más importante que nunca poner el acento en la educación. Se debe trabajar en convivencia y en generar espacios libres de odio en las escuelas. 

No ha habido en España un candidato abiertamente LGTBIQ+ a las elecciones generales. ¿No está preparado el país?

Sí lo está. Y lo veremos. La sociedad española tiene muchos referentes culturales, sociales y políticos. Empezamos a jugar esta partida sin tener que pedirle permiso a nadie. 

¿Por qué las personas trans, dentro del colectivo, siguen siendo el principal objetivo de la ultraderecha?

Las han tomado como un chivo expiatorio, junto a los migrantes y las mujeres. Han encontrado en las personas trans un punto vulnerable en el que concentrar el odio. Hay que hacer de las reivindicaciones de las personas trans un asunto central en la agenda del movimiento. Y es más importante que nunca en la izquierda que no haya ninguna duda de que estas banderas no se pueden bajar. Mamdani ha demostrado en Nueva York cómo se puede perfectamente armar un discurso para la Alcaldía basado en el coste de la vida y en la necesidad de regular el alquiler al mismo tiempo que dice que va a convertir la ciudad en un santuario LGTBIQ+ y a reivindicar figuras como la de Sylvia Rivera. La izquierda no puede bajar esa bandera y tiene que entender que es una línea central en la batalla cultural.

Hay sectores de la izquierda que están planteando un debate sobre que se ha ido demasiado lejos en temas como los derechos LGTBIQ+ y de las mujeres y que se ha olvidado a la clase obrera y a los chicos jóvenes. ¿Están comprando parte del discurso de las derechas?

Es una falsa dicotomía de libro. La comunidad LGTBIQ+ también es precaria y sufre el coste de la vida. También tiene miedo de que un fondo buitre le eche de su casa. Esas agendas tienen que ir de la mano. No cabe duda en ese sentido. ¿Quién lidera la agenda oculta? Gente como Elon Musk y Donald Trump, que comparten odio hacia las personas del colectivo y a los woke. Son ultramillonarios que tienen una agenda neoliberal agresiva a favor de las grandes multinacionales. 

El test del Orgullo…

Una serie: Compañeros de ruta

Una película: Este cuerpo mío, de Carolina Yuste y Afioco Gnecco

Un artista: Rodrigo Cuevas

Una canción: Good luck babe!, de Chappel Roan

Un libro: Me dibujaron así. Por qué el mundo odia la feminidad, de Noemí López Trujillo

Miles de personas se echan a las calles este sábado en Madrid. Desde Atocha hasta Colón. Es la manifestación más multitudinaria en toda Europa a favor de los derechos LGTBIQ+. En el recorrido no verán la bandera del arcoíris en la fachada del Ayuntamiento, pero sí en pegatinas en las papeleras. Toda una metáfora de lo que está sucediendo: la ola conservadora avanza con recortes y solo busca una celebración capitalista y consumista.

Por eso, este año la semana del Orgullo de Madrid se desarrolla bajo el lema “Orgullo Ciudadano”, un término acuñado por el histórico activista y político socialista Pedro Zerolo y que es una apelación directa a toda la sociedad para la conquista, celebración y conservación de los derechos civiles. 

Porque este Orgullo es vital para el colectivo en un momento en el que las derechas están al alza, con la mayoría de encuestas pronosticando una mayoría absoluta en las próximas elecciones generales, y en un contexto en el que los derechos LGTBIQ+ están amenazados por los movimientos ultras.

La marcha del Orgullo tiene este año una gran carga política en el aspecto reivindicativo y de pancarta, mayor que el componente festivo de las carrozas. Y es que pesa especialmente, como señalan los organizadores, la situación que se está viviendo: “Retroceso en derechos civiles, discursos y políticas extremistas y excluyentes en ese nuevo orden mundial que nos quieren imponer”.

“¡A las calles con orgullo! Disidencia y resistencia” es el lema concreto de la propia manifestación. Los organizadores defienden en su manifiesto que tiene más sentido que nunca la concentración como “herramienta” para la conquista de derechos: “Este año es fundamental salir a la calle porque las agresiones contra personas LGTBIQ+ se han triplicado en solo dos años. Solo a través de la movilización ciudadana podemos seguir avanzando hacia la igualdad real y efectiva. Ya no basta con no retroceder, es imperativo seguir avanzando en derechos para blindarnos frente al odio organizado”.

El espíritu del Orgullo de este año pasa por esta idea de MADO (la organización del Orgullo): “No hemos alcanzado la plena igualdad. Nos señalan, nos echan de casa, nos acosan, nos insultan, nos discriminan y nos agreden. Estamos hartas de estereotipos, de que nos sexualicen, de vernos obligadas a dejar nuestros pueblos, de que nuestras familias no aparezcan en los libros de texto. Hartas de esconder la pluma, de que nos borren, de tener que salvar mil obstáculos para tener una documentación que refleje nuestra identidad, hartas de tener que exigir que se cumplan nuestros derechos. El Orgullo es ahora. Y es urgente. Nuestra fuerza está en la calle y por eso hay que hacerla nuestra. Los tiempos del resistir han terminado, hay que seguir caminando y cada paso cuenta, suma el tuyo y vamos a por el siguiente”.

Ese sentimiento contrasta con la homofobia institucional que sufre el Orgullo de Madrid, a pesar de ser el más grande de toda Europa. Una vez más, el Ayuntamiento de Madrid ha congelado su aportación económica y el alcalde de la ciudad, José Luis Martínez-Almeida, ha vuelto a dar la espalda al evento, sin participar en ninguno de los grandes actos. Lo mismo sucede con la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, que ha sido la primera dirigente en la historia democrática en recortar derechos recogidos en leyes, aunque finalmente el recurso del Gobierno ante el Tribunal Constitucional frenó la involución en las leyes LGTBIQ+ de la Comunidad de Madrid, que habían sido aprobadas paradójicamente por Cristina Cifuentes (Partido Popular).

El Orgullo de Madrid quiere marcar este 2026 un punto de inflexión en un momento en el que el aire reivindicativo está quedando en un segundo plano para ser absorbido por el pinkwashing que hacen muchas empresas y algunas instituciones y partidos como el PP. Algo que cristaliza en esta situación: en los orígenes, se escogió como fecha para su celebración los días de principios de julio porque era temporada baja turística en Madrid y esto permitía que pudieran ir activistas de todas las partes de España para encontrarse. Ahora los precios de las habitaciones de hotel son prohibitivos en la capital durante estos días, lo que dificulta que puedan acercarse personas de todo el país, especialmente los jóvenes.

Esa carga política está más viva que nunca este año. Los actos en Madrid se producen apenas una semana después de la histórica votación en el Congreso, a propuesta del PSOE, por la que ha salido adelante una proposición de ley para que se incorporen penas de cárcel por las denominadas terapias de conversión para personas LGTBIQ+. La norma logró mayoría absoluta en el Parlamento, a pesar de que el PP se abstuvo de manera cosmética (en la fase de comisión se opusieron y sus votos no fueron necesarios en Pleno) y del ‘no’ de la ultraderecha. 

El debate que tuvo lugar en la Carrera de San Jerónimo sirvió para retratar el doble discurso del PP. Desde la tribuna, el diputado popular Jaime de los Santos exclamó: “Soy del PP y soy maricón. Y me siento muy orgulloso de ambas cosas”. Así le contestó el parlamentario y responsable LGTBI del PSOE, Víctor Gutiérrez: “Hoy es el día de las víctimas, no le voy a hacer protagonista. Pero usted es una vergüenza para el colectivo. Hoy se ha puesto al lado de Vox. Se pone al lado de seguir ejerciendo la violencia. Yo también soy maricón y orgulloso de estar en el lado correcto de la historia”. 

El Partido Popular se ha postulado en contra de todos los avances históricos del colectivo logrados en el Parlamento: votó en contra del matrimonio igualitario impulsado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, recurrió esa norma ante el propio Tribunal Constitucional, rechazó la ley trans y ha eliminado consejerías y concejalías de Igualdad en toda España a raíz de sus pactos con Vox.

El PSOE durante estos días, por ejemplo, ha impulsado una campaña para recoger firmas de ciudadanos para que los ayuntamientos del PP y de Vox vuelvan a izar las banderas arcoíris en sus fachadas porque muchos lo están evitando: “Una clara señal de que pretenden revertir los derechos que tanto nos ha costado conseguir para que estén al alcance de todos”.

La izquierda es consciente de que las próximas elecciones generales serán esenciales para el colectivo LGTBIQ+, cuyos derechos están amenazados por el frente del Partido Popular y de Vox. Desde el PSOE subrayan que este año, por primera vez, España ha sido reconocida por ILGA-Europe como el país europeo con mejores leyes y políticas públicas en materia LGTBI, alcanzando un cumplimiento cercano al 89% en el conocido como Rainbow Map. De esta manera, se ha superado a Malta, que durante una década había liderado esta clasificación. 

Pero el camino está incompleto. Por eso, desde el Gobierno se sigue marcando una hoja de ruta que pasa por reforzar la prevención de los delitos de odio, mejorar la atención a las víctimas, impulsar la formación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y del ámbito judicial, garantizar la educación en diversidad, combatir la LGTBIfobia en el trabajo y proteger a las personas trans.

Movimiento Sumar vuelve a otra asamblea el día 11. De nuevo, con aire refundacional. O de supervivencia. ¿O de última oportunidad? La tercera en tres años. Y lo hace tras unos meses de enfrentamiento cainita, de denuncias de acoso laboral, de dimisiones, de ausencia de liderazgos y de cohesión. Queda un solo cartucho.

En ese cónclave no se vivirá lucha interna porque ya se ha librado durante las últimas semanas. Solo habrá una lista, surgida del sector crítico. El partido fundado por Yolanda Díaz quedará en manos a partir de entonces de la portavoz en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, y de la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez.

Se hacen con las riendas tras unas semanas de máxima tensión interna. Pero ya hay vía libre a una sola lista después de la decisión de Lara Hernández, hasta este miércoles líder del partido, de no presentarse y de dejar hasta la militancia una vez que se ha archivado el expediente abierto contra ella por supuesto acoso laboral.

El proceso de presentación de candidaturas para la asamblea ha estado marcado por este hecho. Finalmente, la comisión interna ha cerrado el expediente contra Hernández, iniciado el pasado mes de febrero y originado por la denuncia de varios cargos orgánicos e institucionales. Esto ha provocado una situación muy tensa dentro de la formación que puso en el punto de mira las formas de la que era la cocoordinadora.

A pesar de cerrarse el expediente, Hernández ha decidido que no quiere seguir en esta formación tras una campaña que califica “de desprestigio”. Se va, como confiesa, con la cabeza alta porque se ha demostrado su inocencia, pero con el amargo sabor de que la izquierda ha vuelto a defraudar a sus votantes por la imagen ofrecida en un momento en el que precisamente intenta rearmarse frente al avance de las derechas.

Ese expediente se archiva a las puertas de la asamblea y después de que se hayan retirado todos los denunciantes. Hernández deja la primera línea política y vuelve a su plaza de profesora de Filosofía en un instituto público de la Comunidad de Madrid. Pero no ha cerrado la puerta a contribuir al futuro de la izquierda desde otros ámbitos. Por el momento dice que seguirá con el activismo a pie de calle y también prevé acudir a actos del espacio progresista.

Este terremoto en Movimiento Sumar llega en un momento en el que la izquierda trata de rearmarse para las próximas elecciones generales. El espacio quería tener ya una candidatura para el verano, consciente de que la campaña electoral para las generales empieza en septiembre aunque las elecciones sean en 2027. Pero, lejos de eso, en las últimas semanas ha habido varios chascos. Por un lado, Gabriel Rufián, el gran mirlo blanco al que miran muchos progresistas, ha desinflado la posibilidad de liderar una lista a nivel nacional.

También el espacio se ha encontrado con el rechazo de Ada Colau a presentarse a las generales, a la vez que Izquierda Unida, el principal pegamento de la unidad, no ha encontrado el trampolín que esperaba en las elecciones andaluzas, a las que llevaba como número uno a Antonio Maíllo, líder a nivel nacional. Hernández, además, era una de las interlocutoras principales del intento de refundación de Sumar como lista junto a Más Madrid, IU y los comuns.

El espacio sigue por el momento sin una figura sólida que pueda unir sensibilidades y servir de paraguas para las elecciones. En las quinielas aparecen nombres como los ministros Ernest Urtasun y Pablo Bustinduy, aunque este último se ha apeado varias veces de la carrera por la sucesión de Yolanda Díaz como número uno. Todo ello en un momento en el que los comicios ya no se ven tan lejos después de que el presidente, Pedro Sánchez, haya abierto la puerta a adelantarlos si no logra sacar adelante el proyecto de presupuestos generales del Estado.

Los miembros de Sumar en el Gobierno tratan, no obstante, de presionar al PSOE en estos momentos para aprobar medidas más ambiciosas que pongan de relieve su papel en el Ejecutivo de coalición. Por eso, en el espacio señalan entre sus victorias que se hayan aprobado una financiación histórica en materia de dependencia y el decreto de vivienda que se acordó el lunes en el Consejo de Ministros.

La gran incógnita es qué papel puede jugar Movimiento Sumar en estos momentos. El partido, a partir de la asamblea del día 11, tendrá que demostrar si es viable y si sirve como instrumento político para el próximo ciclo electoral. Toda la presión recae ahora en Barbero y Martínez, que anunciaron la semana pasada su candidatura de esta manera: "Después de varias semanas de trabajo y debate, hemos decidido dar el paso y presentarnos a la coordinación de Movimiento Sumar en la asamblea que celebraremos el próximo 11 de julio. Queremos hacerlo así, juntas, en común, compartiendo y conversando. Avanzando a la par".

Barbero es una persona de la confianza de Díaz y fue la elegida para sustituir a Íñigo Errejón como portavoz en el Congreso después del escándalo por las denuncias machistas. Asimismo, atesora un gran bagaje de gestión después de haber sido pieza fundamental durante su etapa en el Ministerio de Trabajo junto a la vicepresidenta segunda para llevar a buen puerto la negociación de la reforma laboral o para diseñar el mecanismo de los ERTE en plena pandemia del coronavirus.

Martínez es persona de la máxima confianza de Bustinduy y es su número dos en el Ministerio de Derechos Sociales. Ha sido una de las políticas de referencia durante años en Equo y aportará a la dirección ese marcado carácter ecologista, una de las señas del partido que fundó Díaz.

En Movimiento Sumar también son conscientes de un reto que hasta ahora no ha sido posible materializar: el arraigo territorial. Por eso, la nueva dirección del partido se plantea pisar mucho todas las comunidades autónomas y dar voz a esa España plurinacional. Todo ello con la vista puesta en la gran cita de mayo del año que viene en la que habrá autonómicas y municipales y la izquierda se enfrentará al reto de conformar grandes frentes amplios después del desastre del 28 de mayo de 2023.

Movimiento Sumar y su tercera asamblea. La última oportunidad.  

“La puerta se cerró detrás de mí con un sonido que, todavía hoy, sigo escuchando. No fue un ruido especialmente fuerte, pero fue definitivo. Quince días antes estaba sentado en una mesa donde se tomaban decisiones que afectaban a todo un país. Quince días después, estaba solo, en nueve metros cuadrados, intentando entender cómo había llegado hasta allí. Ese contraste no es progresivo, es violento”.

Así describe el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán su ingreso en prisión. Y lo hace en el libro La caída: poder, relato y destrucción en la era del juicio político, escrito en buena parte en Soto del Real. Un texto autoeditado y distribuido a través de Amazon en el que se presenta principalmente como víctima de un “juicio político” y en el que plasma su particular visión del poder, la justicia y los medios de comunicación, además de reivindicar el principio de la presunción de inocencia.

Cerdán plantea como principal idea que su caída en desgracia política y judicial se debe a su papel para construir mayorías que parecían imposibles, como la de la investidura de Pedro Sánchez después de las elecciones del 23J. Y pone también el foco en una supuesta operación contra él por ser el encargado de negociar durante estos años con el PNV y con Junts, dos formaciones clave para sustentar al socialismo en el Palacio de la Moncloa.

Pero los silencios y omisiones son también muy elocuentes. No hay ninguna mención a la exmilitante Leire Díez, con la que supuestamente orquestó una operación para boicotear investigaciones judiciales relacionadas con el Gobierno y con el PSOE. Tampoco hace mención al exasesor Koldo García, con el que supuestamente formó parte del entramado para cobrar mordidas por adjudicaciones de contratos de obra pública. Un libro que respira aire de defensa ante los tribunales.

A José Luis Ábalos, su gran compañero durante años en el partido y ahora condenado a 24 años de prisión por el caso Mascarillas, solo lo cita una vez con su apellido en todo el libro. En concreto, lo hace al recordar el momento de la reunión en Ferraz capitaneada por Pedro Sánchez para decidir si se presentaba la moción de censura, que posteriormente marcaría el giro inesperado que ha determinado la política española desde junio de 2018.

Lo que sí quiere dejar por escrito el navarro es su versión de que fue él quien decidió dimitir de su cargo como secretario de Organización el mismo día que se publicó el informe de la UCO sobre sus actividades. Relata que lo leyó en su escaño en el Congreso, durante la sesión plenaria: “El hemiciclo sigue ahí, yo ya no”. “Lo que leo no tiene sentido, interpretaciones sin sustento, afirmaciones que no reconozco y, sobre todo, unos audios que no son conversaciones mías”, afirma.

Según Cerdán, se fue posteriormente a su despacho en la sede del partido en la madrileña calle de Ferraz y allí tomó la decisión, junto a su equipo, de dejar su puesto orgánico y su escaño en el Congreso. Deja esta idea: “Nadie me pidió la dimisión. Fue una decisión propia, convencido de que era mi obligación, de que era la única forma de poder defenderme”.

En ese momento, prosigue Cerdán, recibió otra llamada de Sánchez para pedirle que fuera a Moncloa. Relata entonces: “Le explico lo que estoy leyendo, que las acusaciones son muy graves, que no las reconozco, que no tiene sentido. Pero también le digo que tengo la decisión de dimitir tomada”.

Pero lo peor, añade Cerdán, no fue la caída “institucional”, sino la “personal, emocional y vital”. Ahí sí expresa su pesar por la decisión del PSOE de que el abogado del partido dejara de representarlo y le comunicara que debía buscar una defensa por su propia cuenta. “Me encontré solo”, escribe, para luego hablar del “golpe definitivo” cuando el Tribunal Supremo ordenó su ingreso en prisión.

“Nadie ha explicado qué pruebas podría destruir ni por qué ese riesgo era real para justificar una medida tan extrema como la entrada en prisión”, se queja Cerdán, quien dice que no quiso ni comprar una televisión en la cárcel para no ver el tratamiento mediático que estaba recibiendo.

Cerdán carga contra el ecosistema de justicia y medios: “La combinación de filtraciones selectivas, investigaciones prolongadas y cobertura mediática masiva genera un entorno en el que la sospecha se transforma en una verdad socialmente aceptada. A partir de ahí, la justicia deja de percibirse como proceso y pasa a convertirse en escenario”.

Su reflexión pasa por esta línea: “Se utiliza la justicia como instrumento de gestión y de comunicación. El objetivo es influir en la opinión pública y generar un determinado clima social, para lo cual se instrumentaliza el derecho dentro de una guerra política mucho más amplia que mi caso”. Con esta apreciación: “Y cuando esto sucede, nadie, y digo nadie, está completamente a salvo”. Para lamentar también que el informe “demoledor” de la UCO sobre él ya se venía anticipando en la prensa desde un año antes de su publicación.

Asimismo, también habla de los momentos elegidos para ir contra él y pone, como ejemplo, la publicación de una noticia sobre el supuesto pago de Víctor de Aldama de una comisión de 15.000 euros en un bar cercano a la sede del PSOE. Esa noticia apareció justo cuando iba a arrancar el congreso federal en Sevilla, en el que Cerdán fue reelegido secretario de Organización. 

Cerdán alimenta en el libro la idea de que su caso forma parte de un juicio político contra él principalmente por haber armado esas mayorías “imposibles”, especialmente a través de su conexión con el PNV, EH Bildu y Junts. Sobre los nacionalistas vascos, cuenta cómo cerró el apoyo a la moción de censura contra Mariano Rajoy la noche anterior, aunque se pactó que fuera Aitor Esteban el que anunciara su voto durante la propia sesión plenaria.

Pero, añade el exdirigente socialista, “un antes y un después” de su vida fue la relación con Junts. Fue un encargo directo de Sánchez, pero mucho antes de la investidura. El jefe del Ejecutivo le pidió abrir una vía de diálogo ya pensando que los posconvergentes serían necesarios después de las elecciones generales de 2023. Ese acercamiento se inició con la ayuda del PNV, que sirvió de contacto para que el entonces secretario de Organización se viera con Jordi Turull en Bilbao por primera vez. 

Hubo conversaciones muy discretas durante meses. El otro gran punto de inflexión fue la reunión con Carles Puigdemont en Bruselas, con foto incluida. Para Cerdán, aquel acuerdo “simbolizó un cambio de etapa” porque abrió la puerta a la investidura de Sánchez y a la Ley de Amnistía, “con todo lo que ello acarreaba”. “Todo se puso en marcha aquel día”, dice.

Según Cerdán, “los ciudadanos no votan para el conflicto, sino para que se resuelvan sus problemas”. “Pero esa forma de entender la política tiene un precio. Porque moverte entre posiciones distintas, construir acuerdos y hacer posible lo que otros consideran imposible también genera incomodidad”, remarca.

Por eso, el ex secretario de Organización del PSOE abona esta tesis del juicio político con frases crípticas como que el “contexto” hace que la “caída parezca un hecho aislado, cuando en realidad no lo es”. Y remata: “Es el resultado de una trayectoria, de un rol y de un conjunto de dinámicas que en algún momento convergen y lo hacen sin avisar”.

La foto de las joyas encontradas en el registro del despacho de José Luis Rodríguez Zapatero ha copado portadas de periódicos y se ha visualizado durante horas en los debates televisivos. El expresidente está reuniendo toda la documentación sobre las mismas mientras el juez José Luis Calama ha abierto una pieza separada por estas alhajas, tasadas en 1,3 millones de euros.

Asimismo, esa polémica ha reavivado el debate sobre los regalos que pueden recibir los políticos y ha sacado a la luz el tema de los presentes que vienen especialmente de las monarquías árabes, como ha puesto encima de la mesa el exministro socialista Miguel Sebastián, que ha narrado cómo fue obsequiado en Arabia Saudí con unas joyas, que él mandó colocar en una vitrina en el departamento.

¿Y los otros expresidentes del Gobierno? ¿Recibieron algún tipo de joya durante su etapa al frente del Palacio de la Moncloa? ¿Qué hicieron con esos regalos? infoLibre ha contactado con el entorno de Felipe González, de José María Aznar y de Mariano Rajoy para recabar sus respuestas. 

Solo Mariano Rajoy, a través de fuentes de su máxima confianza, contesta de manera clara. Su entorno asegura que “no recibió ninguna joya” y que “todos los regalos de cierto valor que recibió en su mandato quedaron registrados y depositados en la Presidencia del Gobierno”.

Desde la oficina del expresidente Felipe González, ante la pregunta de si el expresidente socialista recibió joyas durante su mandato, se limitan a contestar: “El presidente González no tiene previsto por el momento hacer intervenciones en medios”. Ante la repregunta, tanto por correo como por vía telefónica, si podían concretar si recibió joyas o no, no hubo contestación.

En un acto este martes, junto al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, el expresidente González abordó el tema de las joyas de Rodríguez Zapatero, a petición de la moderadora. El ex jefe del Ejecutivo señaló que durante su mandato no había legislación respecto a los regalos, pero que hizo una lista con los grandes regalos en su Gobierno y se colocaron en galerías junto al Consejo de Ministros, con objetos como sables con perlas. Indicó que sus ministros también dejaron los obsequios en sus departamentos.

González reveló situaciones como que Helmut Kohl, a través de Mercedes, quiso regalarle un vehículo todoterreno para usarlo en Doñana, pero que él le pidió que fuera cedido al propio parque. También puso de ejemplo cómo el rey Juan Carlos no quiso rechazar el palacio de la Mareta en Lanzarote, un regalo del rey de Jordania, pero que pasó a ser del Estado.

El expresidente González señaló que Rodríguez Zapatero debería devolver las joyas y dar todas las explicaciones sobre su origen y legalidad.

¿Y José María Aznar recibió joyas? Desde Faes, tras insistentes preguntas de infoLibre, responden: “El presidente se atuvo, desde la Presidencia del Gobierno, a la legalidad y el decoro personal en todas sus relaciones personales e institucionales”. A la petición de si podían concretar si le hicieron entrega de alguna joya, esta fundación reitera: “Es un asunto que no afecta a José María Aznar que siempre se ha atenido a los criterios más exigentes de integridad y decoro personal”.

Ante una nueva pregunta de si podían concretar si recibió joyas sí o no, Faes no ha respondido a este medio.

Hasta la llegada al Gobierno precisamente de Rodríguez Zapatero, no había ninguna norma que regulara el tema de los regalos. En febrero de 2005, el Consejo de Ministros aprobó el Código del Buen Gobierno, que fijaba: “Se rechazará cualquier regalo, favor o servicio en condiciones ventajosas que vaya más allá de los usos habituales, sociales y de cortesía o préstamos u otras prestaciones económicas que puedan condicionar el desempeño de sus funciones, sin perjuicio de lo establecido en el Código Penal”.

“En el caso de obsequios de mayor significación de carácter institucional se incorporarán al patrimonio del Estado, en los términos previstos en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, de acuerdo con lo que se determine reglamentariamente”, añadía el código.

Este texto además sirvió de inspiración para la Ley de Transparencia, aprobada en 2013 por el Gobierno de Mariano Rajoy. Entre los principios de conducta para los miembros del Ejecutivo, los secretarios de Estado y los altos cargos, se incluye: “No aceptarán para sí regalos que superen los usos habituales, sociales o de cortesía, ni favores o servicios en condiciones ventajosas que puedan condicionar el desarrollo de sus funciones. En el caso de obsequios de una mayor relevancia institucional se procederá a su incorporación al patrimonio de la Administración Pública correspondiente”.

Estos dos textos no fijan una cantidad exacta que bareme la aceptación de los obsequios y lo fía al criterio de los políticos respecto a los “usos habituales, sociales y de cortesía”. En cambio, sí hay otras instituciones, como las Cortes Generales, que fijan topes monetarios. En el caso del Parlamento, el límite está en los regalos de hasta 150 euros. El reglamento indica que los diputados y senadores se “se abstendrán de aceptar, en beneficio propio o de su entorno familiar, obsequios o regalos de valor, favores, servicios, invitaciones o viajes que les sean ofrecidos por razón de su cargo o que puedan ser razonablemente percibidos como un intento de influir en su conducta”.

A Arancha González Laya le obsesiona una cuestión: la erosión de la democracia. Y cree que se debe avivar un debate ciudadano en estos momentos de “desorden” internacional. Ese sentimiento la llevó a sentarse delante del ordenador y plasmar sus reflexiones sobre el papel de Europa en Solos en el mundo (Arpa).

La exministra de Asuntos Exteriores analiza con su bisturí geopolítico lo que está pasando en un escenario en el que muchos países están sacando sus “peores instintos”, aunque también analiza que a Donald Trump le ha salido “el tiro por la culata” con la guerra de Irán. Un mundo en el que serán esenciales, como señala, las elecciones en Brasil y en España, y en el que la ultraderecha europea se está dando cuenta de que el presidente de Estados Unidos no quiere amigos, sino vasallos.

¿Cómo definiría el orden mundial que impera hoy?

Es un desorden y una salida de las certezas de los últimos 80 años, como el derecho internacional, las fronteras inviolables y una economía internacional que podía ser win win. El sistema anterior no era perfecto, pero los Estados nación habían decidido reprimir sus peores instintos. Y ahora quieren asentar su primacía frente al orden internacional.

¿Está la Unión Europea en decadencia?

La UE está siendo atacada. Por un lado, por el neonacionalismo y la vuelta de Westfalia. Se trata de la vuelta de los Estados fuertes, como son EEUU, China o Israel. Pero también hay fuerzas políticas dentro de la Unión que quieren afirmar una primacía nacional. Lo que aquí llaman prioridad nacional. Por otro lado, también la tecnología está erosionando la Unión Europea porque se está saltando las fronteras europeas en materia económica y también está afectando a la democracia. 

¿Qué impresión tiene del mandato de Donald Trump?

Es un síntoma de un malestar y de una división muy profunda en Estados Unidos. Un bando quiere encerrarse detrás de sus fronteras y otro quiere seguir respirando con el mundo. La diferencia entre los dos es tan pequeña que se elige al líder en unas elecciones por el canto de un duro. Trump representa el nacionalismo de Estados Unidos.

Después de la aventura fallida de la guerra de Irán, parece que Trump sale tocado…

Sí. Se envalentonó después de lo que consideró una victoria en Venezuela y pretendió proyectarlo a otros teatros de operaciones en Oriente Próximo. Le ha salido el tiro por la culata. Ha chocado su neonacionalismo con fuerzas muy poderosas, en este caso también con el neonacionalismo de un régimen con una gran raíz teocrática y con una narrativa histórica del Imperio persa que ha sabido resistir de manera muy hábil a la presión de Estados Unidos después de entender que no habría una guerra sobre el terreno. Este conflicto ha mostrado también las limitaciones de las guerras de la IA. 

Colombia acaba de engrosar la lista de países en Latinoamérica que han virado a la ultraderecha, como Argentina, El Salvador y Chile. ¿Cómo analiza ese vuelco?

Lo que estamos viendo es un movimiento de péndulo y cómo los líderes de izquierdas no repiten. Y veremos el test de Lula. Se ha instrumentalizado la rabia ciudadana, con una gran importancia de la IA y de las redes. Se está vaciando el suelo común que necesita la democracia: el de los hechos compartidos. Lo que hace la tecnología es vaciar de contenido y nos separa en tribus que no solamente piensan distinto, sino que no tienen ese suelo común de hechos compartidos. Entonces vemos movimientos pendulares: primero una tribu y luego la otra. 

Citaba a Brasil, ¿qué significan las elecciones de octubre en ese país en el contexto geopolítico actual?

Son una prueba para saber si este movimiento pendular funciona en la democracia más grande de Latinoamérica. Cuando uno mira los sondeos, ve que las fuerzas están muy ajustadas. Lo que estamos viviendo es una polarización de la sociedad. No solamente en términos de dos ideas, sino de dos partes irreconciliables. También en nuestro país vemos esa idea de que es imposible llegar a acuerdos. Es muy chocante ver cómo se pueden llegar a acuerdos en el Parlamento Europeo entre las mismas fuerzas políticas que son incapaces de hacerlo a nivel nacional.

España tiene el Gobierno de izquierdas más potente de la UE. ¿Qué suponen las elecciones generales en el actual contexto? ¿Esta batalla se libra también a nivel internacional?

Se mira a España con mucha atención. Se ha cantado tantas veces el fin del Gobierno español que se ha construido una especie de mito. No hay nada perdido. En Francia e Italia se sigue mucho la política de nuestro país. 

Ahora reside en Francia. ¿El próximo morador del Elíseo será un candidato de la ultraderecha?

Creo que es evitable. Pero veo una fragmentación en el espacio político. Aquí se va a tratar de quién es capaz de hacer pactos. Tenemos dos polos claros: Reagrupamiento Nacional y Jean-Luc Mélenchon. Lo que no está para nada claro es qué va a ocurrir en el espacio político que va del centroizquierda al centroderecha. El antídoto para que no gane la ultraderecha son los pactos y la capacidad de hacer alianzas.

En Italia sí gobiernan los ultras con Giorgia Meloni. Pero ahora estamos asistiendo a su enfrentamiento con Trump. ¿Tiene la extrema derecha problemas a la hora de gestionar cuando llega a las instituciones?

La ultraderecha europea va descubriendo que, en realidad, Trump no es su amigo. El objetivo del presidente de Estados Unidos no es hacer amigos en Europa, sino vasallos. Los últimos en descubrirlo, en nuestro país. Pero lo harán también. Vemos cómo el vasallaje es muy caro en política, ¡que se lo pregunten a Meloni!

¿Le ha decepcionado la evolución política de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen?

La presidenta de la Comisión está jugando a mantener dos posibles alianzas en el Parlamento: la clásica, con los socialdemócratas y los liberales, y otra con las fuerzas de ultraderecha. El peligro es que las fuerzas a la derecha del PPE son nacionalistas y no europeístas. Si se apoya en la última mayoría, ella es menos reconocible para el centro de gravedad de la UE y sus ciudadanos.

¿Es el momento de que la UE se siente a hablar en serio con Rusia a través de António Costa para dialogar sobre el fin de la guerra de Ucrania?

Europa tiene que estar preparada para cuando Putin quiera sentarse a negociar. Por ahora no quiere, porque quiere conseguir con esta presión lo que no logra en el campo de batalla. Y busca el apoyo de EEUU. Ahí los europeos nos hemos colocado detrás del presidente ucraniano para evitar que esto ocurra. Tenemos que estar preparados para acompañar estas negociaciones que tendrán que ser entre Zelenski y Putin. Europa tiene que tener voz y capacidad de influencia. Creo que Costa puede ser la persona que acompañe, pero esta es una negociación de Ucrania. 

Hablando de las fronteras de Europa, España siempre se queja de que se habla poco de la franja del sur. Una de las relaciones más difíciles es con Marruecos. ¿Se siente cómoda con la política actual del Ejecutivo con Rabat?

Es normal que un país tenga sus relaciones más complicadas con sus vecinos más cercanos. El roce hace el cariño, pero a veces hay más roce que cariño. España tiene que tener con Marruecos las mejores relaciones desde la firmeza de los intereses nacionales. Hay una serie de cuestiones en juego que España debe defender desde la fuerza, pero buscando siempre las mejores relaciones. Como hace Marruecos desde la firmeza de sus intereses.

¿Qué le parece el pacto europeo para centros de migrantes en terceros países?

Es pan para hoy y hambre para mañana. Es ingenuo creer que esto no va a ser entendido por los aliados de la UE como una nueva forma de neocolonialismo. Lo es. Y, además, no resuelve el problema. Necesitamos una política migratoria que tenga que ver con la realidad de nuestro continente y no con la histeria de algunas fuerzas políticas. Tenemos que tratar cuestiones fundamentales como la seguridad de las fronteras y las políticas de integración. Eso pasa también por políticas públicas de vivienda, sanidad y educación. Reducir todo esto a centros de retorno se queda bastante corto.

Dentro de este debate europeo, ¿qué está pasando con la falta de liderazgo de Alemania en estos momentos?

Alemania tiene también una sociedad dividida y cuenta con un Gobierno de coalición más frágil que los anteriores. También tiene la necesidad de realizar reformas estructurales en la economía y en las políticas públicas con una mayoría política muy exigua. El canciller entiende la dirección, pero luego tiene que navegar la política doméstica, que es muy difícil.

¿Por qué nadie consigue pararle los pies realmente a Benjamin Netanyahu?

Se los ha parado el presidente de EEUU, que era quien le daba alas.

Pero sigue habiendo asesinatos en Gaza, Trump le hizo caso para emprender la guerra contra Irán, Israel está atacando Líbano… No se le han parado los pies.

Lo que le ha dado margen de maniobra al primer ministro israelí es una alianza de hierro con EEUU. Más con Trump que con presidentes anteriores. Y también algunos aliados en la región como los Emiratos Árabes Unidos, y otros países como India. Netanyahu lidera un Gobierno muy raro que también polariza a su país. Pero también vemos las dudas que tiene Estados Unidos, con su presidente diciéndole que ha llegado el momento de cambiar de táctica. Esto ha supuesto un cierto freno. Su alianza hoy es más matizada que hace tres meses.

En este desorden mundial, también muchos países están mirando ahora a China, ¿le gusta la apuesta del Gobierno español por tener una mayor relación con Pekín?

Lo que está haciendo España es ponerse al nivel de otros grandes países de la UE que tenían una interlocución fluida con China. Esto no quiere decir sintonía económica o política con Pekín. Hemos normalizado que el presidente español vaya una vez al año, como hacen los líderes de Francia y Alemania. Ahora bien, Europa tiene dos problemas fundamentales con China: el apoyo indirecto a Rusia para atacar a Ucrania y el desequilibrio económico. Esto obliga a que Bruselas tenga que definir de manera más clara cuál es su estrategia con Pekín.

¿Recibió algún tipo de joya durante su etapa al frente del Ministerio de Asuntos Exteriores?

No. Y los regalos que recibí pasaron a Patrimonio Nacional. 

¿Cuál es la mayor fortaleza de España en estos momentos? ¿Y su mayor debilidad?

La mayor debilidad es la incapacidad política para hacer pactos. Y la mayor fortaleza, nuestra ciudadanía. 

¿Cómo está el PSOE de Madrid? “Patas arriba”. Esta expresión que sale de un curtido parlamentario socialista madrileño refleja lo que está pasando en la federación. ¿El motivo? La decisión de Enma López de concurrir a las primarias para ser la candidata a la Alcaldía de la capital. La mayor batalla en las municipales del año que viene.

López decidió este jueves por la noche romper el tablero y hacer pública, a través de una noticia en El País, su intención de concurrir al proceso interno. Un anuncio bomba dentro del partido y de la política madrileña. Pero no por ello inesperado. Para muchos en el partido, ella es la candidata natural a este puesto y ya debería haber encabezado la lista en 2023.

Pero su anuncio pilló por sorpresa a la mayoría de dirigentes. Y no ha sentado nada bien en la sede federal en la calle Ferraz ni en la regional en Buen Suceso. En la cúpula del partido trasladan que apenas informó antes de que saliera la noticia y que da el paso en un momento en el que todavía no se ha convocado oficialmente ese proceso interno. Algo que para muchos es desleal al ser miembro de la dirección nacional. Y ya ha tenido sus consecuencias: la propia López dejó este viernes su cargo en la Ejecutiva Federal.

Esto va de procesos y de nombres también. La carrera acaba de empezar y ya arde como la ola de calor. La líder socialista en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, avanzó en abril su intención de repetir en 2027, algo que no fue criticado por la cúpula. Pero, al mismo tiempo, muchos en el partido también esperan que dé ese paso Mar Espinar, actual portavoz en la Asamblea y una de las caras más potentes en la etapa que vive ahora el PSOE-M con Óscar López al frente.

El paso de López coincide con la celebración de este sábado de la reunión del Comité Federal del PSOE, que activará la maquinaria electoral y pondrá sobre la mesa un calendario interno para las primarias en comunidades y grandes ayuntamientos con tres ventanas temporales: julio, septiembre y noviembre. Cada federación elegirá sus fechas y el PSOE de Madrid todavía no ha decidido a cuál se acogerá.

López es una de las figuras emergentes del PSOE. Aunque es concejala desde 2019, su imagen tiene proyección nacional porque ejercía hasta este viernes como portavoz adjunta de la Ejecutiva Federal y responsable de Estudios y Programas. Además, la socialista es una de las figuras más destacadas de la izquierda en los debates televisivos que marcan buena parte de la agenda política de España.

Los partidarios de López despliegan sus virtudes para que sea la candidata: es una dirigente que genera ilusión en la militancia en unos tiempos difíciles para el partido, lleva ocho años recorriendo Madrid de arriba a abajo y conecta muy bien con la ciudadanía. “Ha llegado su momento”, como indican algunos de sus apoyos, además de poner en valor que va a por todas, a ganar; una ambición que contrasta muchas veces con la actitud de miembros del PSOE madrileño que parecen conformarse con sacar un puesto en la lista y estar en la oposición cuatro años.

En la cúpula del PSOE de Madrid hay enfado con los tiempos elegidos por López, pero también hay cargos y militantes del partido que aplauden la “valentía” de la concejala de anunciar su candidatura sin estar esperando a que la bendigan desde los grandes despachos. Como señalan fuentes socialistas: “Va a cumplir 40 años. Tiene ganas de lanzar un proyecto político. Quiere ser alcaldesa de la ciudad. No se quiere quedar solo haciendo declaraciones. Y, además, no vive de dependencias orgánicas, ella tiene su puesto como inspectora de Seguros del Estado”, analiza una voz de la federación.

En los despachos de Ferraz no disimulan su malestar con la forma en la que López ha dado el paso. Le echan en cara no haber respetado los plazos oficiales para las primarias, teniendo en cuenta la importancia de Madrid en el escenario político. Y creen que debería haberlo negociado con Óscar López, líder del PSOE de Madrid y ministro de Transformación Digital y Función Pública. Asimismo, ponen el foco en que López no es outsider, sino que es una de las piezas fundamentales de la dirección nacional, por lo que se le presupone otra forma de actuar internamente.

También algunas voces críticas con López dejan caer que era una persona cercana a Santos Cerdán, ex secretario de Organización. Pero partidarios de la portavoz adjunta contrarrestan: “Es totalmente injusta esa crítica. Si se aplicara ese baremo, no quedaría casi nadie en la Ejecutiva ni en el Gobierno”.

A nivel federal y regional, varios dirigentes trasladan sus dudas sobre los tiempos de López para anunciar su candidatura. En cambio, otros indican que demuestra autonomía y que no es una candidata impuesta por Moncloa, una fórmula esta última que no ha tenido éxito en elecciones como las de Aragón y Andalucía.

Ese malestar hizo que López anunciara el viernes que dejaba sus puestos en la dirección nacional para centrarse en la carrera de Madrid. Su argumento es que, desde el máximo ejercicio de “lealtad” al partido y a Pedro Sánchez, deja sus responsabilidades orgánicas para afrontar esta carrera. 

Reyes Maroto, mientras tanto, guarda silencio. Fuentes de su entorno explican que está centrada en preparar el debate sobre el estado de la ciudad que se celebrará el próximo martes en el Palacio de Cibeles: “Ahora lo primero son los madrileños y hacer una radiografía del mandato de Almeida, que es lo que toca”. ¿Seguirá en la lucha? ¿Se plantea retirarse? En su círculo más cercano subrayan: “Cuando se convoque el proceso, hablará”.

Espinar es el otro apellido que aparece en todas las conversaciones. Se ha labrado un lugar desde la Asamblea de Madrid, donde protagoniza todas las semanas las sesiones de control con Isabel Díaz Ayuso (PP). Para muchos, ha dado con la tecla para poner contra la cuerdas a la presidenta, pero a ella siempre le ha tirado la vida municipal. Además, durante estas horas ha dado mucho que hablar su entrevista con Manuel Jabois en El País, que dentro del partido ha sido interpretada por algunos dirigentes como una puesta de largo para su lanzamiento a las primarias.

El socialismo madrileño vuelve a ser el socialismo madrileño. Como indica otra fuente de la federación: “Como en los viejos tiempos, un PSOE-M ruidoso, animado y convulso”.

“No tenemos miedo a hablar de corrupción”. Desde el corazón del Palacio de la Moncloa admiten la dureza del momento, pero, a su vez, señalan que van a defender la honorabilidad del Gobierno y del PSOE ante el “ruido” del PP. Van a dar la batalla en un periodo en el que ya se empieza a oler el final de la legislatura.

En el entorno de Sánchez emiten señales de que no dan todo por perdido. Y creen, además, que el “tono duro, faltón e impropio de la democracia” que está desplegando el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se le puede volver en su contra precisamente: “El foco de la corrupción está en la Puerta del Sol. ¿Qué va a hacer con Ayuso?”

Los socialistas viven días convulsos, pero creen que le fue “bien” al presidente en la comparecencia de este miércoles en el Congreso, donde lanzó mensajes como que no existe “corrupción generalizada” y que nunca conoció las prácticas de José Luis Ábalos, Koldo García, Santos Cerdán y Leire Díez.

En el PSOE y en la Moncloa trasladan que quedan meses muy duros por delante con el “goteo” de informaciones judiciales, pero también sostienen que las derechas se han pasado de frenada y que los ciudadanos están percibiendo alguna anomalía. Este mismo miércoles se produjo otra “casualidad”, como señalaba un miembro del círculo más cercano a Sánchez, con la filtración de un nuevo informe de la UDEF sobre José Luis Rodríguez Zapatero en mitad de la comparecencia del líder socialista, que minutos antes había defendido la presunción de inocencia del expresidente.

Fuentes socialistas insisten en que no cuela ya esa imagen de “Torquemada” de Feijóo en relación con la corrupción cuando su propia figura está llena de dudas. El propio Sánchez puso de nuevo sobre la mesa la incógnita sobre quién paga la vivienda de lujo en la que vive Núñez Feijóo, una información que destapó infoLibre. Lo hizo en el Congreso después de que el líder popular lanzara dudas sobre la declaración de la renta del socialista.

Pero, además, en Moncloa ponen el foco en que a Feijóo se le va a volver en contra su propio discurso por lo que está pasando en la Comunidad de Madrid, donde se ha hecho público que la pareja de Díaz Ayuso, Alberto González Amador, llegó a multiplicar por siete sus ingresos de Quirón desde que inició su relación con la política del PP.

En el PSOE creen que Feijóo ha cruzado “todas las líneas rojas”, como se pudo evidenciar en la comparecencia. Por un lado, señalan sus “indecentes” palabras sobre la mujer del presidente, a la vez que repudian la parte en la que el expresidente de la Xunta le dijo a Patxi López que “si se levantara su padre y viera lo que hace, no se lo perdonaría jamás”.

El propio López respondió posteriormente desde la tribuna de oradores, aunque Feijóo decidió quedarse en el pasillo en ese momento para no escuchar la contestación. El socialista fue muy rotundo: “Lamento que no esté el señor Feijóo, porque me gustaría decírselo a la cara. Para que yo le acepte que hable de mi padre, tendría que nacer tres veces. Por las veces que le dieron a mi padre hostias en las comisarías, por las veces que estuvo encarcelado y por el destierro que tuvo que soportar por defender la libertad”.

Fuentes del PP posteriormente insistieron: “El padre de Patxi era político. Lo conocimos. No dejaría que su hijo estuviera con Bildu. Al padre de Patxi le respetamos. A este Patxi, no. Y lo decimos con la legitimidad de quienes le hicieron lehendakari a cambio de nada. El padre de Patxi pertenecía a ese PSOE al que P.S. desprecia”. Los socialistas están absolutamente indignados por lo que hizo Feijóo: “Vil, ruin”.

A pesar de las encuestas y de los vaticinios de las derechas, el PSOE sostiene que es mucho más competitivo electoralmente de lo que creen sus adversarios. En Ferraz traslada que hay muchos votantes progresistas que hoy no están movilizados pero que también comparten la indignación ante algunas decisiones judiciales como la retirada del pasaporte de la mujer del presidente por parte del juez Juan Carlos Peinado y la exención del ingreso en prisión del empresario corruptor Víctor de Aldama a pesar de la condena a cuatro años por parte del Tribunal Supremo.

Asimismo, varios dirigentes del partido comparten en privado que la decisión del juez Peinado un sábado por la mañana, tras darse varios días para adoptar medidas cautelares, se produjo también “casualmente” cuando Díaz Ayuso estaba en el ojo del huracán al revelarse un informe de Hacienda en el que consta que González Amador facturó a Quirón 4,4 millones de euros en apenas tres años. Sus ingresos se dispararon a partir de 2021, año en el que se conoció, a través de un reportaje de la revista Lecturas, que mantenía una relación con la dirigente del Partido Popular.

Quirón es el principal grupo hospitalario privado en España y recibe en torno a mil millones de euros de manera anual por parte de la Comunidad de Madrid. La polémica se extiende al directivo de Quirón Fernando Camino, cuya mujer vendió una empresa estética por medio millón de euros a González Amador en León. Esta compañía no tenía empleados y apenas tres máquinas de depilación ya amortizadas.

La sombra de Díaz Ayuso es alargada. En el PSOE indican que Núñez Feijóo no se atreve a tocarla y recuerdan que el expresidente de la Xunta de Galicia llegó precisamente al despacho principal de la calle Génova por la operación para echar a Pablo Casado por denunciar los negocios del hermano de la presidenta en la compraventa de mascarillas durante la pandemia.

El Partido Popular sigue encapsulando esta cuestión y evitando un choque con Ayuso. El número dos de los populares, Miguel Tellado, afirmó tras conocerse los ingresos millonarios de González Amador: “Es una cuestión particular, que no afecta a una administración, sino a una persona. Y, por lo tanto, no encontrará a nadie en la dirección nacional del partido criticando a los jueces, respetamos la actuación de la justicia y es en los juzgados donde se deben sustanciar esas responsabilidades”.

Asimismo, en el PSOE también ponen el foco en que el exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz acabó siendo condenado sin ningún tipo de prueba por parte del Tribunal Supremo en una causa en la que se limitó a difundir una nota de prensa para contrarrestar las desinformaciones emitidas por el entorno de la presidenta de Madrid con la versión de que era Hacienda quien le debía dinero al empresario.

Sesión de alto voltaje en el Congreso. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha rechazado que haya corrupción generalizada en el Gobierno y en su partido y se ha desvinculado por completo de los casos relacionados con José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Leire Díez: "Jamás conocí ni hubiera tolerado estas prácticas".

Sánchez, durante su discurso inicial de más de media hora, ha mostrado también su apoyo al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en este momento de la investigación judicial y ha defendido de manera "clara y rotunda" que no hubo un trato de favor para conceder las ayudas para el rescate de la aerolínea Plus Ultra.

En sus primeras palabras tras la condena a José Luis Ábalos y Koldo García por el caso Mascarillas, el jefe del Ejecutivo ha subrayado que respeta y acata la sentencia el Tribunal Supremo, "como no puede ser de otra manera". "Estamos convencidos de que en este país no puede haber espacios de impunidad para las personas corruptas, sean quienes sean", ha indicado.

Pero, acto seguido, también ha ahondado en que el PSOE "no se ha financiado irregularmente".

Asimismo, el líder de los socialistas se ha detenido en el casos de su mujer y de su hermano. Ha recordado que Begoña Gómez ha trabajado en la Universidad Complutense desde 2012 y que ha cobrado "cero euros", mientras que la plaza que ocupó David Sánchez en la Diputación de Badajoz salió a concurso cuando él ya no era líder del PSOE.

Sánchez ha lanzado: "Yo voy a confiar en la justicia de mi país. A pesar de que haya actuaciones que cuesta mucho comprender. Porque sé que la inmensa mayoría de jueces hacen un trabajo modélico, esencial y objetivo. Y solo voy a pedir a la Justicia que sea justa".

"Señorías del PP y de Vox, no sean hipócritas. No vengan de defensores del orden constitucional cuando están sistemáticamente violentando la separación de poderes. No hablen de cloacas cuando ustedes están siendo juzgados por montar toda una policía patriótica. No mientan afirmando que este es el Gobierno más corrupto de la historia cuando ustedes tienen más de treinta casos abiertos con 150 implicados", ha indicado el presidente, que ha despertado el aplauso en varias ocasiones de su bancada.

Con este mensaje para los que piden elecciones: "Para mí, la pregunta no es si debemos continuar. La pregunta es cómo no vamos a continuar. Porque si aún hay rescoldos de corrupción en nuestro país, es evidente que será un Gobierno como el nuestro y no uno del PP con Vox el que podrá acabar con ellos. Porque cuando nosotros hemos detectado casos no los hemos tapado, los hemos perseguido. Y porque nosotros trabajamos para la gente, no para las élites".

Sánchez también ha querido lanzar esta idea desde la tribuna de oradores: "Entiendo el enfado de la ciudadanía. Entiendo su frustración y su decepción. Me hago cargo. Entiendo que, después de pasar treinta minutos ante el televisor viendo este chorreo de casos, tengan la tentación de pensar que todos somos iguales. Pero no es cierto".

En este sentido, ha hecho una defensa de su partido y de su acción ante el contexto judicial actual: "No somos perfectos. Lo sabemos. Ni nuestra gestión está completa. Tenemos que hacer mucho más para garantizar el acceso a la vivienda. Para fortalecer la sanidad pública. Para subir salarios que aún son demasiado bajos y acabar con injusticias por resolver".

"Pero la solución a estos problemas no está a la derecha. Está en el centro y en la izquierda de este hemiciclo. Las élites de este país lo saben. Netanyahu y otros líderes y tecno-oligarcas extranjeros también lo saben. Los diputados del PP y Vox lo saben. Por eso no hablan de economía, ni de políticas sociales. Por eso no nos cuentan cuál es su proyecto energético, ni su estrategia de posicionamiento internacional. Por eso no paran de verter bulos, manipulaciones y fango al debate público", ha reflexionado el jefe del Ejecutivo en una de sus intervenciones más difíciles en la Cámara Baja.

Pero, a la vez, ha mandado un mensaje de resistencia: "No somos infalibles. Pero no vamos a cometer el error de callarnos. Ni de rendirnos. Ni de olvidar que esto no va de nosotros ni de ellos, sino de millones de españoles cuyo bienestar y porvenir dependen de las decisiones que toma el Gobierno cada martes. Por eso limpiamos lo que haya que limpiar. Vamos a defender la verdad donde esté siendo sepultada bajo mentiras. Y vamos a seguir gobernando para quienes más lo necesitan".

La puerta está abierta. Pedro Sánchez ya no descarta adelantar las elecciones. Todo dependerá de si logra aprobar o no el proyecto de Presupuestos Generales del Estado, cuyo primer paso se dio este martes en el Consejo de Ministros. Pero todo el tablero político está preparado ante la posibilidad de que las urnas se pongan en el primer trimestre del año que viene.

Sánchez podría pasar el gran test de los presupuestos con el debate de las enmiendas a la totalidad a finales de octubre o noviembre. Si la Cámara Baja tumba las cuentas entonces, el jefe del Ejecutivo podría apretar el botón electoral para febrero o marzo. Y las generales, que en teoría deberían ser en julio del año que viene, se celebrarían antes de las autonómicas y municipales de mayo.

Lo que sí ha descartado ya el presidente del Gobierno es convocar un superdomingo electoral que hiciera coincidir las elecciones generales, autonómicas y municipales el mismo día. De esta manera ha escuchado principalmente al PNV, uno de sus grandes socios y un partido que no quiere que el debate nacional contamine esa cita, porque la polarización podría perjudicarle en beneficio de opciones como PSE-EE y EH Bildu.

Y si las generales van antes de las municipales, el escenario político cambiará totalmente. Con sus pros y sus contras. Desde que Sánchez es presidente, ha vivido los dos tipos de calendario. En 2019 decidió adelantar las elecciones generales tras rechazar el Congreso su primer proyecto de presupuestos. Las urnas se colocaron en abril, con el PSOE ganando los comicios. Posteriormente, en mayo, se celebraron las europeas, las municipales y las autonómicas, donde el PSOE también se impuso al PP. No obstante, durante la segunda cita todavía no se había conformado el Gobierno central. De hecho, los socialistas y Unidas Podemos no llegaron a un acuerdo y se tuvieron que repetir las elecciones generales en el mes de noviembre.

En cambio, en 2023 las fechas fueron al revés. Primero se celebraron las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo, con el PP pintando de azul casi todo el mapa español y con el PSOE perdiendo autonomías clave como la Comunidad Valenciana, Extremadura, Canarias y Balears. Entonces todo el mundo dio por muerto a Sánchez, que aquella madrugada decidió adelantar las generales al 23 de julio (debían celebrarse en noviembre de ese año). Contra todo pronóstico, el PSOE logró aguantar en las urnas y formar posteriormente un Gobierno de coalición. Precisamente, la negociación entre el PP y Vox en autonomías y ayuntamientos fue esencial para despertar al electorado progresista.

¿Cómo puede influir que se celebren antes las generales? Dentro del PSOE hay muchos barones y alcaldes que llevan tiempo pidiendo que las generales se celebren antes para que las autonómicas y municipales no se conviertan, como en el 28M, en una cita para castigar en las urnas a Sánchez. Un argumento que utilizó de manera exitosa el PP para hacerse con la mayoría del poder regional.

La celebración de las generales, si fallan los presupuestos, también serviría al PSOE, como indican varias fuentes socialistas, para retratar los argumentos que se den en el debate de las cuentas públicas, después de que el Gobierno apueste por un proyecto expansivo, cargado de partidas sociales, frente al modelo de recortes que representan el PP y Vox bajo la bandera de la bajada de los impuestos.

El PSOE y los socios de izquierda buscan unos presupuestos centrados en temas sociales y en el beneficio de los ciudadanos en su día a día. Un ejemplo de esa línea lo materializó Sánchez este martes con la aprobación de un decreto en el Consejo de Ministros con una inversión récord en dependencia, que supondrá la inyección de 2.218 millones de euros extra.

Varias fuentes socialistas reflexionan que, si las elecciones generales son antes que las municipales, toda la estructura del partido se volcará en esa cita porque los alcaldes se la jugarían pocas semanas después. En el PSOE no dan la batalla por perdida y, por eso, muchos creen que será clave que los ediles vayan puerta a puerta buscando el voto ante un resultado que puede ser muy estrecho.

Un dirigente territorial hace este análisis: “Toda la estructura de los territorios se volcará en unas generales, aunque Sánchez sea el gran protagonista. En el 23J se echó encima la campaña con un partido hundido a nivel municipal y autonómico. Incluso los más críticos con Ferraz se moverán a favor de la formación porque luego les toca a ellos y saben que ir con el ánimo hundido a nivel nacional si se pierden las generales, también les perjudicará. Muchos alcaldes también entienden que si en las generales gana un partido, muchos votantes pueden ir detrás de él en sintonía. Como nos pasó a nosotros en 2019”. En este punto, muchos socialistas recuerdan lo que pasó en 2011, cuando la derrota en las municipales de aquel año fue la antesala de la debacle del 20 de noviembre.

No obstante, fuentes del entorno del presidente inciden en que la dinámica de las generales no corresponde a la de las municipales, como se pudo comprobar en 2023. Un ministro señala: “En el 28M muchos cargos del partido culparon a Sánchez de su derrota. ¿Qué pasó luego? Dos meses después el presidente sacó un millón de votos más que en las anteriores generales y logró conservar el Gobierno de coalición”.

En este juego político también, como dejan caer algunas fuentes consultadas del partido, puede jugar el componente internacional. ¿Por qué? La convocatoria de las elecciones tras el debate presupuestario podría coincidir con la celebración en noviembre de las midterms en Estados Unidos, en las que Donald Trump medirá su grado de desgaste. Este factor podría introducirse en la campaña española con el PSOE poniendo sobre la mesa si España quiere acercarse al modelo del presidente ultra estadounidense que representan PP y Vox.

En muchos territorios prefieren ir por separado a las generales para que no se mezclen asuntos nacionales. Y así tratar de conservar poder municipal o intentar ampliarlo, pensando algunos incluso en que el PSOE pueda empezar una nueva etapa desde esos mimbres si Sánchez no logra conservar el poder. Este es el postulado que defiende, por ejemplo, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. 

No obstante, este no es un criterio homogéneo. En el PSC hay amplios sectores a los que les gustaría que las municipales y las generales fueran de la mano porque el presidente del Gobierno tiene mucho tirón en Cataluña. “Solo hay que ver cómo le pedían fotos hasta los curas al jefe durante la inauguración de la Sagrada Familia cuando vino el papa. No todo es Madrid”, indica un socialista catalán.

Pero el calendario electoral, como reconocen también las fuentes consultadas, estará marcado también por el frente judicial. A pesar del terremoto que sufre el PSOE por la condena a José Luis Ábalos y la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero, , dirigentes del PSOE sostienen que la población está viendo el ataque que está sufriendo Sánchez a través de las decisiones del juez Juan Carlos Peinado contra su esposa, Begoña Gómez. En Ferraz y en Moncloa también creen que muchos votantes progresistas irán a las urnas porque las próximas elecciones van de “democracia o barbarie”.

El botón electoral solo lo tiene en su mano Sánchez.

El PSOE llevaba días esperando la sentencia del Tribunal Supremo por el caso Mascarillas. En mitad de una vorágine judicial que hace tambalear el tablero político. Y finalmente llegó. Con una dura condena al exministro de Transportes José Luis Ábalos de más de 24 años de cárcel. Un hombre que lo fue todo en el partido, pero al que los socialistas habían dado la espalda hace ya mucho tiempo.

Nadie defiende a Ábalos hoy en día en el socialismo. Todos le reprochan no haber actuado conforme a los principios del partido. Y, además, hay una profunda indignación por el daño que ha hecho a la formación que él dirigió durante años a través de la Secretaría de Organización. Un sentimiento de decepción, rabia e indignación recorre a cargos y militantes del partido por lo que hizo el exdirigente valenciano.

El PSOE ya había hecho desde hace meses la digestión de una posible condena. Por eso, encaja durante estas horas este golpe judicial con la idea de que el partido actuó “desde el primer minuto”, como defienden en el cuartel general de los socialistas. Y se reafirman en la dirección del partido en que Pedro Sánchez hizo lo correcto al apartarlo al conocerse los primeros informes e indicios, algo que no fue bien visto incluso entre sectores del partido en ese momento.

En el PSOE dan por amortizado el daño electoral por el caso Ábalos, pero uno de sus objetivos en estos momentos es defender su actuación y remarcar que es un partido “limpio”, como indican varios dirigentes, después de los cambios orgánicos llevados a cabo a raíz de los escándalos del exministro de Transportes y del exsecretario de Organización Santos Cerdán.

“Somos un Gobierno que cree en la transparencia, el mérito y la integridad como principios vertebradores del servicio público. A lo largo de estos años, hemos construido equipos, actuado e impulsado numerosas leyes y regulaciones en virtud de ello”, defendieron fuentes del Palacio de la Moncloa tras hacerse pública la sentencia.

Con este mensaje principal: “Por eso, lamentamos y condenamos sin matices unos comportamientos que claramente han atentado contra esos principios. Y nos comprometemos a seguir trabajando para construir una España ejemplar en la que la corrupción no sea aplaudida ni tolerada”.

Pero también hay miembros del Gobierno que apuntan a que es “desproporcionada” esa sentencia porque conlleva penas de cárcel de más de 24 años para Ábalos y de más de 19 para el exasesor Koldo García, mientras que exime de ingresar en prisión al empresario Víctor de Aldama, condenado a más de cuatro años, y de devolver los 3,7 millones de euros de comisiones.

Este sentimiento se repite entre miembros del Gobierno y del PSOE en privado, aunque algunos dirigentes también lo sacaron a relucir en público, como el actual titular de Transportes, Óscar Puente, y la portavoz federal, Montse Mínguez, que escribió en X: “Quien la hace, que la pague, por supuesto, pero: 24 años para Ábalos, 19 años para Koldo y 4 años para el cabecilla, Aldama, que evita la cárcel porque así lo pidió el PP. ¿Sale a cuenta ser corruptor en España? Porque, sinceramente, cuesta entenderlo”.

Aldama llegó a acusar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de conocer la trama, aunque sin aportar ninguna prueba. No hay ninguna referencia al jefe del Ejecutivo en la sentencia del Tribunal Supremo. El empresario se ha convertido durante estos meses en un icono para parte de la derecha, que lo defiende al entender que puede hacer caer al Gobierno.

Diferentes voces del PSOE comentan también en privado que, tras la sentencia, el empresario condenado se hizo una fotografía con el agitador Vito Quiles, quien en redes dijo: “Lo que estamos preparando va a ser un golpe histórico contra Sánchez. Aldama ya es libre y está dispuesto a seguir ayudando a los españoles a derrotar a la mafia. Atentos a las próximas horas”.

Asimismo, el apoyo al empresario llegó en redes a través de Daniel Esteve, líder de Desokupa, que colgó una foto con él y el siguiente mensaje: “Enhorabuena, hermano. Y los putos rojos ya podéis ir pasando a comernos los huevos por detrás. Aldama no entrará en prisión”.

Nadie en el partido sale a defender a Ábalos, pero sí muchos cargos ponen el énfasis en la idea que envía la parte de la sentencia relacionada con Aldama. Como indica un dirigente territorial: “Que no pise la cárcel ni tenga que devolver la comisión que se llevó de la corrupción lanza un mensaje muy peligroso a la ciudadanía: roba y si luego delatas a los demás, quedas libre”.

Para muchos socialistas, se manda el mensaje de que un corrupto se puede salvar de la cárcel si ayuda a tratar de tumbar a un Gobierno progresista. Y también varios cargos del partido dicen que esto puede servir de cara a futuros procesos en casos como los de Leire Díez y Julio Martínez.

Esta condena a Ábalos y García llega en una semana clave también para el Ejecutivo por la esperada comparecencia de Sánchez en el Congreso para informar sobre la situación tras la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y el paso de la UCO por segunda vez por la sede socialista para requerir información sobre el caso Leire, que investiga una supuesta trama para entorpecer procesos judiciales relacionados con el partido y con el Ejecutivo.

El Gobierno, además, da este martes el primer paso para elaborar los presupuestos generales del Estado a través de la presentación en el Consejo de Ministros, por parte de Carlos Cuerpo, de la actualización del cuadro macroeconómico. Las cuentas públicas serán la clave de hasta dónde puede llegar la legislatura después de que Sánchez haya abierto la puerta a ir a elecciones anticipadas si no salen adelante. La votación de infarto podría ser a finales de octubre o principios de noviembre con las enmiendas a la totalidad. Ya nadie en el partido descarta que la cita pueda ser en el primer trimestre de 2027.

Tras conocerse la sentencia del caso Mascarillas, Alberto Núñez Feijóo (Partido Popular) exigió la dimisión del presidente y la convocatoria urgente de elecciones, aunque evitó presentar una moción de censura en el Congreso. Desde el PSOE insisten en su hoja de ruta, mientras critican la hipocresía del líder del PP: “Antes de lanzar su propia moralina barata, debería explicar por qué es incapaz de exigir una sola explicación a Isabel Díaz Ayuso”.

El PSOE también criticó este lunes duramente la nueva decisión del juez Juan Carlos Peinado, que ha exigido a Begoña Gómez que entregue su pasaporte el próximo miércoles, el día en que el presidente ofrece explicaciones ante el Congreso. El Consejo General del Poder Judicial inició el proceso para decidir si abre expediente al magistrado. Desde el Ejecutivo insisten en lamentar la instrucción “anómala” y con carácter político que está sufriendo la esposa del presidente.

El Gobierno ha reaccionado a la dura sentencia del caso Ábalos dictada por el Tribunal Supremo con la idea de que "condena y lamenta" sin matices unos comportamientos que "claramente" han atentado contra sus principios de "transparencia, mérito e integridad".

Fuentes del Palacio de la Moncloa se ha expresado en estos términos después de conocerse la sentencia del Tribunal Supremo por la que se condena al exministro José Luis Ábalos a 24 años y tres medes de cárcel por el caso mascarillas. También se impone una pena de prisión de 19 años y ocho meses al exasesor Koldo García.

El Ejecutivo indica a raíz de esa decisión judicial: "Somos un Gobierno que cree en la transparencia, el mérito y la integridad como principios vertebradores del servicio público".

"A lo largo de estos años, hemos construido equipos, actuado, e impulsado numerosas leyes y regulaciones en virtud de ello", añaden las fuentes.

Las fuentes subrayan: "Por eso, lamentamos y condenamos sin matices unos comportamientos que claramente han atentado contra esos principios. Y nos comprometemos a seguir trabajando para construir una España ejemplar en la que la corrupción no sea aplaudida ni tolerada".

Moncloa no entra a valorar el hecho de que el empresario Víctor de Aldama sea eximido de ingresar en prisión a pesar de haber sido condenado a más de cuatro años. No obstante, ese hecho sí ha sido criticado, por ejemplo, por el ministro de Transportes, Óscar Puente, en la red social X, donde ha escrito: "¿Lo veis, niños? Si cometéis delitos. pero luego os portáis bien y 'colaboráis', el perdón se abrirá paso y con que nos presentéis un informito de nada ni entráis en prisión. Es una sentencia tremendamente aleccionadora".

El PSOE indicó, tras conocerse la sentencia, que la "Justicia ha hablado y sus resoluciones deben respetarse y cumplirse": "La posición del partido ha sido clara desde el primer momento: tolerancia cero con la corrupción, colaboración total con la Justicia y máxima contundencia ante cualquier comportamiento irregular. El PSOE actuó desde el primer minuto".

Para el PSOE: "La corrupción no solo define a quienes la cometen. También retrata a quienes actúan y a quienes miran hacia otro lado. Y esa es la diferencia fundamental entre el PSOE y el PP. Nosotros actuamos. Ellos siguen en una sede en la que había caja B, sobresueldos en dinero negro y una trama de corrupción que acabó con condenas judiciales históricas. El hipócrita de Feijóo ha venido a dar lecciones hoy no sabemos muy bien desde qué atalaya moral".

"Antes de lanzar su propia moralina barata, Feijóo debería explicar por qué es incapaz de exigir una sola explicación a Isabel Díaz Ayuso", apuntaron desde Ferraz.

“Me gustaría ser el primer alcalde de Barcelona de origen migrante con convicciones fuertemente catalanistas”. La declaración de intenciones es de Gerardo Pisarello, candidato de los comuns en las próximas elecciones municipales. La capital catalana será una de las grandes batallas electorales del próximo año, con el socialista Jaume Collboni tratando de repetir mandato y con la irrupción de la extrema derecha de Aliança Catalana.

Pisarello vive a medio camino entre Barcelona y Madrid, donde es diputado y miembro de la Mesa del Congreso. Sostiene que sólo tiene sentido continuar la legislatura si se adoptan decisiones valientes, especialmente en temas de vivienda o derogando la ley mordaza. Cree que las izquierdas deben estar más en la calle y disputarle a la ultraderecha “cada club de fútbol y cada asociación de estudiantes”. Y apuesta por el entendimiento en ese espacio, aunque cree que las listas conjuntas se deben hacer donde sean eficientes electoralmente. Y lleva por bandera que si llega al despacho de la Alcaldía se opondrá a la ampliación del aeropuerto de El Prat y prohibirá las compras especulativas de los fondos buitre.

¿Por qué ha dado este paso en su vida política para optar a la Alcaldía de Barcelona?

Tengo experiencia municipalista. Quiero y conozco a mi ciudad. En un mundo convulso, Barcelona puede ser referencia no solo de resistencia, sino también de innovación y de grandes transformaciones sociales como pasa en Nueva York, Ámsterdam y Seattle.

¿Qué balance hace de la gestión de Jaume Collboni?

Una gestión sin imaginación y sin valentía política. Es como si Collboni tuviera que pedirle perdón a los grandes lobbies de la ciudad por haber gobernado en su día con Barcelona en Comú. Es una muestra clara de que si no hay una izquierda fuerte, el PSOE no toma decisiones valientes.

¿Es partidario de un gobierno de coalición municipal junto al PSOE?

Aspiro a dirigir un proyecto de cambio y de transformación social en Barcelona y que entienda que esta ciudad se ha vuelto muy cara. Hace falta una Alcaldía que esté dispuesta a enfrentarse a los poderes económicos y a defender a la gente. Hay que batallar por la bajada de precios de la vivienda, de los alimentos y del transporte público. Barcelona no necesita la Fórmula Uno en el Passeig de Gràcia. Lo que necesita la ciudad es que se prohíba la compra especulativa de vivienda y llevar los ejes verdes a los barrios populares. No podemos dejar en la cuneta a mucha gente que lo está pasando mal. 

Se han dado pasos como la aplicación de la Ley de Vivienda en Cataluña y en Barcelona se contienen más los precios que en Madrid. Pero es un drama para los ciudadanos comprarse una casa en la ciudad. Si fuera alcalde, ¿qué medidas efectivas tomaría?

Prohibiría las compras especulativas, adquiriría estratégicamente bloques de edificios para que los fondos de inversión no puedan entrar y reduciría el precio del transporte público. También haría progresivo el IBI. Lanzaría un mensaje con hechos de que queremos parecernos al Nueva York de Mamdani. Ahora tenemos una ciudad en la que Collboni vive de lo que puede hacer Pedro Sánchez en Madrid. Eso no puede ser. Y quiero hacerlo con un movimiento municipalista con la gente de EH Bildu, de Adelante Andalucía y de Compromís. 

Barcelona también vive una gran dicotomía con el turismo. Por un lado, es una fuente de ingresos, pero también conlleva la gentrificación de muchos barrios y la subida de precios. ¿Qué haría de manera concreta?

Vivimos un momento de descontrol turístico producto de un modelo económico que ve la ciudad como un espacio de especulación. El turismo tiene sentido si está al servicio de la ciudad. Hay que generar un modelo más diversificado y que se extienda por toda el área metropolitana. La gallina de los huevos de oro puede acabar desapareciendo. Barcelona siempre ha sido una ciudad abierta, lo que no puede ser es que el turismo se utilice de manera descontrolada. Y hay que introducir, por ejemplo, elementos que protejan a los comercios de barrio. Todo en defensa de la Barcelona diversa. Y quiero decir de manera clara que estoy en contra de la ampliación del aeropuerto de El Prat. 

Este viernes se presentó ya al candidato de Aliança Catalana para Barcelona. El partido de Sílvia Orriols aparece en algunas encuestas como la segunda opción en intención de voto en Cataluña. ¿Cómo explica el ascenso tan fulgurante de una opción de extrema derecha?

Proviene de algunas élites decepcionadas con el procés. Ahora están haciendo un giro peligroso, bajo la apariencia de defender el catalanismo, hacia las políticas de Vox y del PP. Su objetivo es criminalizar a la población migrante con un despliegue obsceno de islamofobia para dividir a los trabajadores y pagarles menos. Me preocupa que la gente trabajadora le vote y quiero interpelarla para mostrar que la solución no es atacar a tu vecino. 

¿Por dónde pasa esa interpelación?

A mí me gustaría ser el primer alcalde de origen migrante con convicciones fuertemente catalanistas. Quiero demostrar que puedes defender las tradiciones culturales y, al mismo tiempo, reconocer que la incorporación de personas de otros lugares del mundo es un factor de riqueza. Es lo que ha convertido a Barcelona en una ciudad de referencia. Hay que hacer una apuesta muy fuerte por dignificar las condiciones materiales de vida de los migrantes y de la población autóctona que vive de manera precaria. La mejor manera de hacer frente a la ultraderecha es con políticas sociales valientes, que impidan que la gente se enfrente. Por ejemplo, apuesto por supermercados públicos para que baje el precio de los alimentos. 

Usted es todavía diputado en el Congreso y miembro de la Mesa. Desde ese punto de observación, ¿hasta cuándo cree que va a durar la legislatura?

No quiero dejar el Gobierno de mi país al PP y a Vox, pero no basta con eso. Para que no lleguen el PP y Vox, hay que adoptar medidas valientes en ámbitos de la plurinacionalidad y de lo social. Esta legislatura sólo tiene sentido si sirve, por ejemplo, para derogar la ley mordaza. El Ejecutivo, que tiene músculo financiero, debe comprar pisos para que no lo hagan los fondos buitre. Y también se debe regular el tema de los alquileres de temporada, que es un agujero enorme. No puede haber inmovilismo. Se acabó el tiempo de los trucos de ilusionista, no basta con que Pedro Sánchez diga algo en una cumbre internacional. Y también hay que apostar por la democratización de la justicia y de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Hay que establecer mecanismos que eviten fenómenos de corrupción heredados del bipartidismo. Detrás de la ofensiva brutal contra Sánchez y dirigentes socialistas, hay un intento clarísimo por parte de sectores de la derecha judicial y mediática de convertir al PSOE en el viejo partido del régimen que gobernaba entendiéndose con el PP. Pero también veo en muchos casos que hay comportamientos que eran propios del bipartidismo.

¿Cree en la inocencia de Zapatero?

Hay un intento de castigar a un expresidente que decidió que se podía gobernar con la izquierda del PSOE y que se podía dialogar con el independentismo. Pero, al mismo tiempo, salen a la luz unos comportamientos que, más allá de su catalogación penal, son muy discutibles en términos políticos. Si un presidente recibe determinadas joyas y no las pone a disposición de Patrimonio Nacional, hay una percepción de que eso era normal. Parece que es un comportamiento de la monarquía parlamentaria bajo el bipartidismo que no se puede repetir. 

¿Y qué le parece el conocido como caso Leire Diéz?

El PP puso en marcha cloacas en los ámbitos de la UCO y de la UDEF, controlando por la puerta de atrás algunos sectores judiciales. Pero si el PSOE vio eso y pensó que había que luchar, lo suyo no era hacer una cosa cutre y tomar una iniciativa oscura, sino haberlo convertido en un debate de Estado con luz y taquígrafos. Y tendría que haber planteado a los grupos políticos que le daban su apoyo hacer reformas compartidas. Ya le dijimos a Félix Bolaños que no se podía pactar la reforma del Consejo General del Poder Judicial solo con el PP. Ahora en parte es tarde, pero esperemos que el PSOE lo haya entendido. Quiero que haya presupuestos generales, pero no quiero que ese debate sea una excusa para irse posicionando de cara a las elecciones. Por eso, vamos a insistir cada semana para que se aprueben normas. Y hay que llamar a la ciudadanía a defender los derechos.

¿Cree que todavía las izquierdas pueden luchar contra el PP y Vox en las próximas elecciones generales y conservar el Gobierno? ¿Hay esperanza todavía?

Las izquierdas debemos estar más al lado de la gente que nos votó. Necesitamos un nuevo arraigo territorial, estar en los barrios escuchando las exigencias de la gente que peor lo está pasando. Si no, esa gente sólo va a escuchar los argumentos de la ultraderecha. Lo principal es que nos volquemos en lo territorial. No hay que pensar solo qué se hace en las redes. No todo es la batalla digital. Hay que hacer una presencial. Llevamos un ciclo con muchas elecciones que no permitieron hacer ese arraigo. Hay que disputarle a la ultraderecha cada club de fútbol, cada asociación de estudiantes. Eso es lo fundamental. A partir de ahí, acordar un programa común para toda la legislatura. 

¿Qué opinión le merece el acto de Gabriel Rufián y de Mónica Oltra? ¿Cómo ve ese fenómeno?

Comparto con Gabriel el sentido de urgencia frente a que supondría un Gobierno de Vox y de PP para la gente trabajadora, las mujeres y los más vulnerables. Y comparto que las izquierdas tenemos que buscar las formas más eficaces de cooperar. Yo sigo sus actos y habría estado con gusto en el que hizo con Mónica Oltra, una referente para todos. Siempre he defendido esta vocación frenteamplista, pero no parece que Oriol Junqueras esté aquí.

¿Ha merecido la pena formar parte del Gobierno de coalición con el PSOE?

Gobernar en minoría con el PSOE siempre tiene riesgos. En el Gobierno tiende a moverse a la derecha. En este caso, Sánchez no pudo hacerlo. Las mayorías no le permitieron gobernar con Albert Rivera. Entendió que sólo podía hacerlo con Unidas Podemos y entenderse con Bildu y ERC. Incluso con el PNV y Junts. Mi experiencia es que al PSOE no se le puede dejar solo. Mientras más fuerza tengas para condicionarlo, más posible es que se puedan producir los cambios estructurales. Ahora escucho a Sánchez defender políticas como la regularización de migrantes y la subida del salario mínimo, pero ninguna fue impulsada por el PSOE. La cuestión no es estar dentro o fuera del Gobierno, sino dónde colocas la presión. El debate es para qué.

¿Qué papel puede jugar Ada Colau en este proceso de la izquierda?

El feminismo es una de las fuerzas más transformadoras para luchar contra la ultraderecha. Tenemos muchos nombres de dirigentes en la izquierda de primer nivel como Ada Colau, Mónica Oltra, Teresa Rodríguez, Irene Montero, Rita Maestre, Mónica García, Sira Rego, Amanda Meyer… Son mujeres valientes que podrían encabezar proyectos contra la ultraderecha y defensores de la justicia social y climática. Representan el humanismo frente a la ideología de la crueldad y de la codicia de Trump, Abascal y Ayuso.

“Hemos superado una semana muy dura”. Esta es la sensación que domina ahora mismo el Palacio de la Moncloa y el cuartel general del PSOE en la madrileña calle de Ferraz. Nadie resta dureza a lo vivido durante estos días, con los tribunales como grandes protagonistas. Pero no ven el game over que presagiaba la derecha política y mediática.

Los socialistas vieron durante toda la semana cómo el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero declaraba ante la Audiencia Nacional, cómo Begoña Gómez comparecía en una audiencia previa ante el juez Juan Carlos Peinado y cómo la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, se enfrentaba al interrogatorio parlamentario en el Senado por sus reuniones con la exmilitante Leire Díez.

Moncloa y Ferraz mantienen su apoyo a Zapatero, que salió de la Audiencia sin medidas cautelares, pero al que el juez mantiene su imputación, además de ampliar la investigación a sus hijas y a su secretaria. Desde el círculo de Sánchez confían en que siga el expresidente aclarando todas las cuestiones y consiga demostrar su inocencia ante el supuesto tráfico de influencias por el rescate de la aerolínea Plus Ultra.

Y, además, creen que se ha visualizado que el caso de Gómez no tiene sustancia y se basa en una instrucción malintencionada del juez Peinado. Sobre la directora de la Guardia Civil, en el entorno de Sánchez consideran que “salió viva” y que fue contundente en su cita en el Senado, donde despejó cualquier sombra respecto a una supuesta injerencia en las investigaciones judiciales.

Sobre la situación, señalan en el círculo íntimo del presidente: “La semana arrancó con mucha pesadumbre. No le quitamos dureza. Pero hemos ido explicando todo. Y hemos escuchado a Rodríguez Zapatero. La hemos superado”.

Y, a pesar del “ruido”, en la sala de máquinas del PSOE dicen que “la militancia está muy enchufada” y pide que el Gobierno siga actuando. En el Ejecutivo admiten que es muy difícil en el actual entorno mediático que se ponga el foco en las medidas que están saliendo adelante. Pero indican que el electorado progresista valora que se vaya a aprobar el día 29 un nuevo escudo social, que ya está negociando el vicepresidente primero y titular de Economía, Carlos Cuerpo, con los sectores implicados.

Los socialistas insisten, frente a la imagen de parálisis que venden las derechas, en que se están dando pasos de gran calado, como la aprobación en la Comisión de Igualdad del Congreso de la proposición de ley para penar con cárcel las llamadas “terapias de conversión” del colectivo LGTBI. Y que también se nota esa acción del Ejecutivo en el día a día con medidas como el Verano Joven, el programa de grandes descuentos para traslados en trenes y autobuses.

Pero esta semana se ha producido un movimiento de Sánchez de enorme trascendencia. Por primera vez, ha abierto la puerta a que las elecciones puedan adelantarse en el caso de que no se logre una mayoría para aprobar los presupuestos generales para el año que viene. El primer paso para esas cuentas públicas se dará el martes que viene con la actualización del cuadro macroeconómico, que presentará Cuerpo como base para ese proyecto de ley. 

A partir de ese momento echarán a andar los trabajos para los presupuestos generales, aunque nadie prevé que vayan al Consejo de Ministros antes de las vacaciones de verano. Los cálculos que hacen en círculos socialistas es que el debate de enmiendas a la totalidad, el primer gran test de las cuentas en el Congreso, no se produciría al menos hasta finales de octubre o noviembre.

En caso de que el botón rojo se impusiera en la Cámara Baja, se abriría la pantalla de poder adelantar elecciones. Este escenario no es nuevo para Sánchez, ya que fue el mismo que vivió en 2019 y que le llevó a llamar a las urnas en abril de ese mismo año. Pero la mayoría de fuentes del Gobierno y del PSOE consultadas entienden que esas elecciones serían ya en 2027, lo que supondría adelantarlas casi de manera técnica.

No obstante, hay un factor esencial: las generales podrían producirse antes que las municipales, una opción que es bien vista por amplias capas de barones regionales y alcaldes. Lo que no está encima de la mesa, como ya ha confesado el propio Sánchez en alguna ocasión, es un superdomingo electoral, algo a lo que teme mucho, por ejemplo, el PNV.

“Presentaremos los presupuestos en 2026. Y habrá elecciones en 2027. No serán junto a las municipales. No puedo decir más. La realidad es muy dinámica”, aseveró Sánchez este viernes en Bruselas.

Voces socialistas también interpretan la declaración de Sánchez abriéndose al adelanto electoral si no hay presupuestos, como un gesto a algunos socios, como el PNV. Y también como una señal ante las presiones parlamentarias que persigue Junts, junto al PP, de tratar de que se vote algún texto simbólico parlamentario que exija que se pongan las urnas antes de 2027.

Pero sus colaboradores más cercanos recalcan que Sánchez está fuerte: “Está convencido de lo que está haciendo. No se trata de estar agazapado en una silla en la Moncloa. Está convencido de lo que tiene que hacer frente al avance ultra. Si Sánchez claudica, ¿qué va a quedar en Europa?”.

Sánchez está convencido de seguir, pero también engrasa ya de lleno la maquinaria electoral. La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, se reunió este miércoles con sus homólogos territoriales para fijar las primarias para la elección de cabezas de lista para municipios de más de 20.000 habitantes y para las comunidades autónomas.

Y se ha elaborado un sistema voluntario de tres ventanas: julio, septiembre y noviembre. Lo elegirá cada agrupación y federación. Esa flexibilidad fue una petición de los diferentes territorios para que quedara constancia en la reunión del Comité Federal del próximo sábado.

De esta manera, como indican fuentes del partido, el PSOE “entra de lleno en modo electoral”: “Ponemos toda la maquinaria en marcha para afrontar las elecciones de 2027. Se da el pistoletazo de salida al próximo ciclo electoral, que sin duda nos llevará a gobernar en muchos más municipios y comunidades, y a revalidar el Gobierno de España”.

Los socialistas miran a estas autonómicas como una oportunidad para recuperar terreno perdido, con batallas tan cruciales como la de Madrid, donde la izquierda echará el resto con dos ministros, Óscar López (PSOE) y Mónica García (Más Madrid), y con la líder de Podemos, Ione Belarra, frente a una Isabel Díaz Ayuso, que ahora se ve más acorralada por el caso de su pareja.

Una cita en 2027 en la que el PSOE mira con fuerza también a la Comunidad Valenciana, la tercera más poblada y donde los socialistas esperan poder, junto a Compromís, vencer a las derechas después de la tragedia de la dana. Y hay mucha esperanza puesta en recuperar Canarias gracias a la figura del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.

Hay reuniones, conversaciones, comentarios. Entre bambalinas. En cenas. En llamadas de teléfono. Pero la izquierda transformadora vive pendiente de una decisión: qué quiere hacer Gabriel Rufián. ¿Está dispuesto a ponerse al frente de una candidatura? Ya se verá la fórmula. Pero en ese espacio todo va a depender de lo que haga el portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso.

Rufián vuelve este viernes a protagonizar un acto con una gran expectación mediática: una conversación en Valencia con Mónica Oltra (Compromís). La exvicepresidenta de la Generalitat Valenciana vuelve con fuerza a la primera línea política después de un calvario judicial. Y lo hace para competir en las elecciones municipales, en una de las luchas más reñidas frente a María José Catalá (Partido Popular) y Pilar Bernabé (PSOE).

Este acto tiene mucho simbolismo. Compromís es uno de los partidos que más se ha alejado de la fórmula de Sumar, a pesar de haber concurrido bajo el mismo paraguas impulsado por Yolanda Díaz en las elecciones del 23J. De hecho, una de las dos diputadas de la formación valenciana dejó el grupo parlamentario y hoy Águeda Micó forma parte del grupo mixto.

El encuentro entre Rufián y Oltra tiene ese aire que ahora domina las izquierdas transformadoras: un sello territorial, pero con un fuerte compromiso para buscar alianzas que hagan posible frenar la llegada de las derechas al Palacio de la Moncloa, algo que hoy parece casi imposible a tenor de los sondeos publicados.

Y, además, visualiza que Rufián es el único referente que parece capaz de tejer alianzas dentro de un espacio marcado por las luchas fratricidas después de los primeros años de bonanza tras el 15M. A su lado ha tenido ya a Emilio Delgado (Más Madrid) y a Irene Montero (Podemos).

En estos momentos, Rufián aparece como el único puente que puede abrir sus brazos en varias orillas. Así lo confiesan en privado dirigentes de Sumar, Más Madrid, los comunes, Compromís y Podemos, que señalan que todos están pendientes de lo que finalmente haga Gabriel, como lo llaman todos en sus conversaciones privadas.

De manera paralela a los encuentros de Rufián, IU, Movimiento Sumar, los comunes y Más Madrid trabajan en actos para cimentar el espacio, se integre o no Podemos a última hora. Por el momento ya se han organizado grandes encuentros en Madrid, Barcelona y Sevilla. Esos contactos continúan, pero reconocen sus organizadores que todo cambiará el día en que Rufián concrete su plan y explique si está dispuesto a encabezar el espacio, participe o no dentro Esquerra.

El espacio sigue vacío de liderazgo. Y, además, internamente ha vuelto a enrarecerse por la situación de Movimiento Sumar, cuya líder, Lara Hernández, está en plena polémica por denuncias internas por supuesto acoso laboral. El próximo día 11, el partido que fundó Díaz elegirá un nuevo equipo directivo. Las quinielas apuntan a nombres como Ernest Urtasun, Verónica Barbero y Rosa Martínez.

Pero más que los nombres para liderar el espacio en general, por ahora se suceden las bajas. Díaz ya anunció que no va a concurrir de nuevo a las elecciones generales y está centrada en su labor como vicepresidenta segunda. Su futuro puede pasar por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), una plaza que los sindicatos quieren que ocupe la ministra de Trabajo y cuyo plazo de presentación termina a finales del mes de agosto. No obstante, ese puesto no sería una realidad hasta el segundo semestre de 2027, por lo que podría aguantar en el Gobierno hasta el final de la legislatura. 

Asimismo, de esta carrera se ha apartado Pablo Bustinduy. El ministro de Derechos Sociales es uno de los grandes referentes del espacio y, además, era una de las opciones favoritas por parte de dirigentes de Izquierda Unida, una de las grandes columnas del espacio. Él no quiere asumir ese puesto, tanto por motivos personales como por su incomodidad por las luchas internas en los partidos.

En este desierto de nombres, Rufián es, en cambio, la gran estrella. Y hay un aspecto que comentan varios dirigentes del espacio: conecta mucho con la gente joven, habla el lenguaje de la calle, su discurso llega a la barra de los bares. Un tirón que reconocen también en el PSOE, donde la mayoría de dirigentes lo ven como la mejor opción para reflotar el espacio a su izquierda. Sin ellos, Sánchez no podría repetir en el cargo. Un miembro socialista del Gobierno confiesa sobre el republicano: “Es un fenómeno entre los jóvenes. Mis hijos me mandan sus reels de Instagram con sus intervenciones”.

La legislatura está en el aire en estos momentos. Sánchez apuesta por aguantar hasta 2027, pero socios como el PNV y Junts reclaman elecciones anticipadas. Y siempre está el nubarrón de una moción de censura, que, por el momento, no quiere activar el Partido Popular. A pesar de la ansiedad que domina los tiempos políticos, la izquierda todavía no ha hecho los deberes y puede pillarle la fecha electoral sin una cabeza visible.

Lo que domina el panorama en ese espacio es la importancia que tendrán los partidos territoriales en la próxima cita después de los buenos resultados cosechados por Chunta en Aragón y por Adelante Andalucía en las elecciones del 17M. Pero ERC, BNG y EH Bildu siguen rechazando la posibilidad de integrarse en la misma plancha electoral con formaciones de ámbito estatal como IU, Sumar y Podemos.

Esperando a Rufián. La política española también pasa por Beckett.

El PP, Junts y el PNV apuntan desde hace tiempo hacia unas elecciones anticipadas. Deseo, anhelo, cálculo político. En sus manos está presentar una moción de censura, que saldría adelante junto a Vox si reman todos a favor. Pero, por el momento, no quieren utilizar ese instrumento constitucional y dejan toda la presión para que sea el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien pulse el botón para poner las urnas.

La sesión de control al Gobierno de este miércoles dejó patente esa presión que intenta ejercer cada uno de estos partidos para que Sánchez vaya a elecciones antes del verano del año que viene. Pero en la Moncloa insisten en que su hoja de ruta sigue pasando por convocar esos comicios en 2027. Y, como muestra de ese intento de llegar hasta el final, aparece el plan del Ejecutivo de arrancar la semana que viene el proceso para elaborar los presupuestos con la fase de la actualización del cuadro macroeconómico.

Por lo tanto, ahora se da el juego político de la presión en ambos sentidos. PP, Junts y el PNV quieren que el paso sea de Pedro Sánchez, lo que supondría asumir en primera persona el fracaso ya de la legislatura. Pero el líder de los socialistas tira de su habitual manual de resistencia, con su consabida piel de cocodrilo para aguantar pulsos externos. Algo que ha sufrido dentro de su partido durante años, como durante su gestión en temas como el choque con Donald Trump. 

El Partido Popular descarta por ahora presentar esa moción de censura. Cree que por el momento no le dan los números y no se fía de que Junts o el PNV les dejen tirado en la votación de ese instrumento. En esta pantalla, los populares tratan de presionar más al presidente del Gobierno con alguna votación simbólica que evidencie que no tiene mayoría en el Parlamento.

Esta semana se ha frustrado el intento de llevar al Pleno una enmienda en la que el Congreso exija esos comicios adelantados a Sánchez a través de una moción consecuencia de interpelación urgente. Una iniciativa planteada por el PP de manera paralela a Junts, pero que finalmente no fue aceptada por la Mesa del Congreso al entender que se trata de una competencia exclusiva de la Presidencia del Gobierno.

El Partido Popular vuelve a la carga después de esa iniciativa e incluirá en el orden del día del próximo miércoles en el Senado, donde tiene mayoría absoluta, una moción en la que se pide a Sánchez que adelante ya las elecciones.

En concreto, el texto registrado por el grupo del PP en el Senado insta en su último punto al presidente del Gobierno a “proponer la disolución de las Cortes Generales y convocar elecciones generales, de conformidad con la prerrogativa que le confiere la legislación vigente, atendiendo al carácter político, sin vinculación jurídica, de la presente iniciativa”.

El texto no tiene ningún efecto y se trata solo de un movimiento simbólico, pero los populares insisten en que tiene un gran valor porque el Senado deja constancia de la falta de apoyo al presidente. No obstante, esa Cámara no tiene esa representación que buscan los populares porque el respaldo en España se mide en el Congreso, que es el encargado de votar las investiduras, las mociones de censura y las cuestiones de confianza.

Precisamente, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, tachó de “cobarde” a Sánchez durante su cara a cara en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, además de acusarle de tratar de amordazar al Parlamento por el veto de la Mesa a su enmienda sobre adelanto electoral. 

Fuentes del Partido Popular insisten: “Sánchez impide que los españoles voten en las urnas por el miedo que tiene a que los españoles se expresen, y el sanchismo ha dado un paso más impidiendo que los diputados voten iniciativas por el pavor que tiene Pedro Sánchez a comprobar que ha perdido todos los apoyos y que las Cortes exigen elecciones generales”.

Durante estas horas, también Junts ha elevado la presión al Gobierno y sorprendió con esa enmienda para unirse al texto del PP en el Congreso para pedir elecciones, que al final no salió. Tanto los populares como los independentistas niegan tener relaciones, pero a muchos diputados de la izquierda les sorprendió que de manera simultánea los dos grupos presentaran enmiendas similares destinadas a un texto inicial del partido de Feijóo.

Junts se encuentra en una encrucijada. Rompió relaciones con el PSOE, pero, a la vez, no quiere dar el paso definitivo de unirse al PP y Vox para materializar una moción de censura. Pero sí ve con buenos ojos que sea Sánchez quien vaya a elecciones porque así no tendrá que cargar con la idea de que la ultraderecha llegaría a la Moncloa precisamente gracias al soberanismo catalán.

Pero detrás de los movimientos de Junts también está la ansiedad que genera en este partido en estos momentos el subidón en las encuestas de Aliança Catalana. Los posconvergentes no saben cómo frenar el ascenso de la ultraderecha independentista y la dirección de Carles Puigdemont está recibiendo mucha presión por parte de sus alcaldes y cargos locales, que están avisando de la fuerza que ven en las calles de sus municipios del partido de Sílvia Orriols.

"Queda claro, tras esta decisión, la evidencia de la debilidad extrema en la que se encuentra el Gobierno del Estado español, incapaz de afrontar una sencilla votación en el Pleno", indican desde el partido de Puigdemont respecto al veto de su enmienda en el Congreso.

La postura del PNV es la que genera siempre más nervios dentro del Gobierno y del PSOE porque el partido vasco es clave para aguantar. Los peneuvistas llevan ya tiempo dibujando la idea de un adelanto electoral con la idea precisamente de que esa cita no coincida con las elecciones municipales.

El presidente del Gobierno descartó recientemente hacer un superdomingo electoral en mayo del año que viene. Un mensaje que iba dirigido principalmente al PNV. ¿Por qué? Los soberanistas no quieren un día en el que se pongan varias urnas porque el debate nacional polariza y puede beneficiar, en su opinión, al PSE-EE y a EH Bildu, como un frente de izquierdas ante el avance de las derechas. El partido de Aitor Esteban quiere seguir manteniendo su gran poder municipal, con ayuntamientos en sus manos como los de Bilbao y San Sebastián, además de las tres diputaciones forales, con un poder inmenso al ser las que recaudan los impuestos.

El mensaje del PNV fue claro este miércoles en la sesión de control a través de la portavoz en el Congreso, Maribel Vaquero, que dijo directamente a Sánchez que está “nadando en el último largo de la legislatura” y que es “evidente” que se ha perdido la mayoría de la investidura. Con este límite: debe convocar elecciones si no logra aprobar los presupuestos generales.

Por un lado, supone delimitar ya en el tiempo su apoyo a Sánchez, aunque, por otro, también es un balón de oxígeno porque la tramitación de los presupuestos generales puede conllevar meses desde su presentación hasta su votación en la Cámara Baja. No es una exigencia de poner las urnas ya.

Fuentes de la Moncloa quieren ver el vaso medio lleno y se quedan con que el PNV se abre precisamente a negociar las cuentas del año que viene: “Partido a partido. Somos optimistas y no nos planteamos que nos los vayan a tumbar”. El debate de totalidad de ese proyecto en la Cámara Baja, primer gran test de apoyos, podría producirse, según cálculos del propio Ejecutivo, entre octubre y noviembre.

Una sesión de control en el Congreso marcada por la declaración de José Luis Rodríguez Zapatero en la Audiencia Nacional a la misma hora. Puro fuego. Y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha querido mostrar iniciativa política con el anuncio de que se va a aprobar un nuevo escudo social y dejar claro el mensaje de que las elecciones serán en 2027.

Sánchez se ha expresado en estos términos tras la pregunta de Alberto Núñez Feijóo (Partido Popular), que ha acusado al socialista de ser "un cobarde" y tenerle "miedo a la democracia" después de que la Mesa del Congreso vetara este martes las enmiendas del PP y de Junts para que el Pleno se pronunciara sobre un adelanto electoral en la sesión del jueves.

El líder del PP ha dicho al presidente que está acorralado por la corrupción y le ha recordado que su mujer estuvo ante el juez el lunes y que Zapatero, "el que iba de Gandhi", declara ante la Audiencia Nacional este miércoles: "Si fuera mala persona, le diría una cosa. Ánimo, Pedro".

El presidente del PP ha denunciado que el PSOE, en su opinión, financiaba las “cloacas”: “Su argumentarios cada día son más ridículos. Ahora entendemos por qué lleva más de un año sin querellarse contra Antoñita la Fantástica. ¿Cómo van a denunciar a quien cumplía sus órdenes? Sea coherente y prohíba la militancia socialista a quien se haya beneficiado de negocios con corrupción. ¿A que eso no le encaja?”

Para criticar, a continuación, el veto de la Mesa a las enmiendas para votar un adelanto electoral: “No tiene derecho a amordazar al Parlamento. No es demócrata”.

En su respuesta a Feijóo, Sánchez ha remarcado que la “degeneración política” es el voto en contra de manera sistemática de la oposición a asuntos que benefician a los ciudadanos como la revalorización de las pensiones, el salario mínimo y la reforma laboral.

En este sentido, ha anunciado que el Gobierno va a aprobar un nuevo decreto con un escudo social por las repercusiones del conflicto en Oriente Medio. Y en estos momentos el Gobierno está hablando con los diferentes sectores para “aportar soluciones”. 

Alberto Núñez Feijóo no tiene, por el momento, intención de presentar una moción de censura contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Prefiere, en su opinión, que el Ejecutivo se vaya desgastando cada día por las causas judiciales abiertas. Jugando con la presión política, como el texto simbólico que pretendía hacer votar en el Congreso para adelantar elecciones. Y aprovecha estos días duros para el PSOE tratando de buscar una imagen agradable y cercana frente al bronco discurso en las instituciones.

Esta semana supone un vía crucis para el Gobierno, principalmente por la declaración del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ante el juez José Luis Calama en la Audiencia Nacional. Todo ello después de que la mujer del presidente, Begoña Gómez, se enfrentara el lunes a la audiencia previa ante el juez Juan Carlos Peinado y de que la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, compareciese este martes en el Senado por sus reuniones con la exmilitante socialista Leire Díez. Además, sobrevuela la sentencia del caso Mascarillas, que afecta a José Luis Ábalos y Koldo García.

El líder popular ha diseñado una agenda con la que quiere mostrar su lado más cercano frente a los escándalos del Gobierno. Por eso, va este miércoles a divertirse a El hormiguero, en pleno prime time televisivo y en un espacio con un marcado carácter anti-Sánchez. De esta manera, busca meterse en el salón de millones de espectadores de la mano de Pablo Motos, un presentador que ha criticado duramente durante estos años al jefe del Ejecutivo, un tema recurrente también en la mesa de análisis de ese programa. 

Uno de los mayores déficits de Feijóo es la falta de tirón personal que tiene entre los votantes, muy lejos de las expectativas que depositó el PP en él después de que los barones forzaran la dimisión del anterior líder, Pablo Casado, por su enfrentamiento directo con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), Feijóo sólo es citado por el 13,4% de los encuestados como su político preferido para ser presidente del Gobierno, muy por debajo de Sánchez, que es mencionado por el 25%. Además, Santiago Abascal le sigue de cerca, con un 9,5%.

Asimismo, Feijóo tiene una valoración media (3,79) por debajo de Sánchez (4,21). El presidente del Partido Popular solo genera confianza entre el 20,3% de los españoles, en tanto que despierta “poca o ninguna confianza” entre el 78,4% de los ciudadanos. El líder conservador tiene su principal caladero entre los mayores de 75 años, en tanto que anota sus peores registros entre los votantes de 25 a 34 años.

Este intento de acercarse a los ciudadanos durante estos días se ha visto también en redes sociales. Por ejemplo, en X colgó una foto, antes del partido de España contra Cabo Verde en Atlanta en la primera fase del Mundial, junto a su hijo jugando al fútbol. La acompañó con este mensaje: “Viendo esta imagen, es evidente que ‘no juego en la selección porque no quiero’. Hoy he disfrutado del fútbol con mi hijo. Mañana lo haré con el debut mundialista del equipo de mi país. ¡Vamos España!”

El Partido Popular quiere presionar también políticamente al Gobierno para que se disuelvan las Cortes, pero sin dar el paso definitivo de una moción de censura. Los populares y Junts presentaron este martes sendas enmiendas en la Cámara Baja a una “moción consecuencia de interpelación urgente” del PP para incluir  en la votación del jueves la exigencia al presidente de que convoque elecciones de manera anticipada.

Se trata de una iniciativa sin ningún carácter vinculante y tan sólo con peso simbólico. Pero los populares vendieron el texto como una moción de confianza de facto al Gobierno porque enviaría, en su opinión, una señal muy clara de que Sánchez no tiene respaldo parlamentario.

Finalmente, la Mesa del Congreso, con mayoría progresista, rechazó aceptar las enmiendas del PP y de Junts para su votación al entender que se trata de una competencia (la convocatoria de elecciones anticipadas) exclusiva de la Presidencia del Gobierno.

Junts se ha alineado con el PP en este camino, aunque deja la decisión en manos de Sánchez. Desde el PSOE insisten en que se trata de mera “cobardía política” y restan importancia porque no se trataba de una moción de censura. Asimismo, el mensaje que trasladan desde La Moncloa es que siguen gobernando para la mayoría y que su intención, como ha repetido Sánchez, es agotar la legislatura.

La semana que viene será clave para el Gobierno. El martes dará el primer paso para tramitar los presupuestos generales del Estado. Aunque parezca casi imposible, el Ejecutivo cree que puede conseguir armar todavía una mayoría. Y el miércoles tendrá lugar la esperada comparecencia de Sánchez ante el Pleno para abordar el caso Leire Díez y la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

Feijóo y su equipo creen que es imposible ya para el PSOE darle la vuelta a la situación y que el declive es total. Por eso, a pesar de la ansiedad de algunos en el PP, hay también dirigentes que creen que este fuego lento judicial es abrasador para Ferraz y que sólo hay que esperar. 

Además, el PP aguarda un pacto en breve entre Juanma Moreno y Vox en Andalucía. El presidente de la Junta ha iniciado ya el relato para justificar el acuerdo  con la ultraderecha, a pesar de haberse presentado durante años como uno de los barones moderados y abanderado de un centroderecha alejado de Santiago Abascal. El popular ha criticado que la izquierda “se ha autoexcluido de una manera irresponsable sin dejar ninguna posibilidad a la abstención”. El PP se mueve entre El hormiguero y la “prioridad nacional”.

Máxima expectación en el Senado. La directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, compareció en la Comisión de Interior este martes en plena polémica por sus encuentros con la exmilitante socialista Leire Díez. Con este mensaje por bandera: "No he participado jamás, nunca en ninguna trama o conspiración contra la UCO ni contra la UDEF ni contra cualquier unidad. Ni influenciada por Leire Díez ni por ninguna persona".

González, durante una comparecencia que superó las dos horas, precisó que no se reunió con Díez en alguna dependencia oficial de la Guardia Civil y afirmó que nunca ha adoptado alguna medida "contra algún agente de la UCO o de la UDEF como elemento de presión para alterar investigaciones que afectan al Gobierno".

"No he frenado ni he interferido investigación alguna. Jamás, nunca. Ni de la UCO ni de ninguna unidad", añadió la directora de la Guardia Civil, que subrayó a la vez: "Nunca me he reunido con agentes o mandos para interesarme por investigaciones".

“No creo haber faltado a mi deber, he cumplido con dignidad cada una de mis obligaciones”, prosiguió González, que puso en valor su “ética, responsabilidad y trabajo”. 

Asimismo, quiso mostrar su “respeto, admiración y cariño por la Guardia Civil”: “Esta es mi casa”. Para enlazar con esta idea: “No controlo a nadie por la puerta de atrás. Lamento que el cuerpo se haya visto afectado. Mis más sinceras disculpas”. La directora de la Guardia Civil desoyó en todo momento las exigencias de dimisión por parte del PP y de Vox.

González detalló que supo por primera vez de Díez cuando era delegada del Gobierno en Madrid y la exmilitante ocupaba la dirección de Relaciones Institucionales de Correos. Se intercambiaron varios mensajes siempre relacionados con la situación de conflictividad laboral en esa empresa: “Nunca nos conocimos personalmente [en aquella época]” .

Ahí se adentró en los tres encuentros que señala el informe de la UCO cuando ya González estaba al frente de la Guardia Civil. Reconoció que la primera vez fue tras su nombramiento en una cafetería cercana a la sede de la Benemérita: “Nos vimos personalmente, tuvimos un breve encuentro en el que me trasladó su situación laboral y me comunicó que volvía al periodismo como freelance”.

“No me dijo ni dónde ni para quién trabajaba. Nunca habló de alguna investigación en curso. Fue una mera toma de contacto”, relató, para mostrar luego su impresión de que la buscaba para algún tema de relación laboral o para su agenda como informadora.

Señaló que no recuerda el “segundo hipotético encuentro” que aparece en el informe de la UCO: “Ese día y a esa hora estaba reunida en las instalaciones de la Guardia Civil”.

El tercer encuentro se produjo el año pasado, describió González, quien indicó que fue también en una cafetería y que Díez empezó hablándole de la situación de salud de un familiar. En un momento, la exmilitante le plantea que el agente Rubén Villalba —quien se encuentra imputado por corrupción en la causa que se sigue en la Audiencia Nacional contra Koldo García— vuelva a su anterior destino. La directora de la Guardia Civil rechazó “de plano” esa posibilidad y dio por terminado el encuentro de manera inmediata.

“Desde entonces no volví a mantener ningún tipo de encuentro. Jamás volví a verla”, apostilló, para indicar que los únicos tres encuentros que mantuvo con Díez fueron “cortos” —”no más tiempo de un café”—, y “sin temas predeterminados”. “Nunca me pidió ni frenar ni entorpecer investigación alguna en curso”, remarcó.

Con este resumen final: "Fueron dos cafés, punto. O tés, porque todo el mundo sabe que yo no como ni tomo café”. El paso de González por el Senado no deja ninguna información nueva respecto a la que aportaron fuentes de su entorno tras conocerse el informe de la UCO.

González dijo que ni ella ni el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, han mentido sobre su relación con Díez: “No he negado que la conozca. Pero no he mantenido ninguna reunión con Díez para esa supuesta campaña de intromisión y de intentar entorpecer una investigación”.

Asimismo, indicó que “jamás, nunca” se ha visto algún miembro de su gabinete con la exmilitante. Y también manifestó que “jamás, nunca” han salido fondos reservados para pagar a Díez.

Ante las acusaciones de las derechas de influir en la UCO, la directora de la Guardia Civil mantuvo que el teniente general Antonio Balas sigue en su mismo puesto, y lo ha defendido por su labor "escrupulosa".

"Yo he dicho siempre la verdad. Nunca he perseguido a los míos. Nunca he hecho daño a un agente, ni he frenado ninguna investigación. Jamás, nunca. Nada. Esa es la verdad. Ahora ustedes pueden adornarla con todas las mentiras", resumió González al final de la comparecencia.

Para despedirse con un mensaje contra "la política de la rabia" y la "jauría". Con una llamada al "diálogo": "La democracia no es un juguete, es un tesoro. Debemos protegerlo. Esto tiene que empezar aquí".

Viernes, 18 de febrero de 2005. José Luis Rodríguez Zapatero preside la reunión semanal del Consejo de Ministros. Toma la palabra el titular de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla. En su cartera lleva el Código de Buen Gobierno que afectará a partir de ese momento a todos los miembros del Ejecutivo y a los altos cargos. Un texto que ahora está de plena actualidad por las joyas encontradas en el despacho del expresidente.

En ese código, por primera vez, se regulaba el comportamiento respecto a los regalos que recibían los políticos. En el apartado dedicado a los principios de conducta se fijaba: “Se rechazará cualquier regalo, favor o servicio en condiciones ventajosas que vaya más allá de los usos habituales, sociales y de cortesía o préstamos u otras prestaciones económicas que puedan condicionar el desempeño de sus funciones, sin perjuicio de lo establecido en el Código Penal”.

“En el caso de obsequios de mayor significación de carácter institucional se incorporarán al patrimonio del Estado, en los términos previstos en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, de acuerdo con lo que se determine reglamentariamente”, añadía el código.

Este texto además sirvió de inspiración para la Ley de Transparencia, aprobada en 2013 por el Gobierno de Mariano Rajoy. Entre los principios de conducta para los miembros del Ejecutivo, los secretarios de Estado y los altos cargos, se incluye: “No aceptarán para sí regalos que superen los usos habituales, sociales o de cortesía, ni favores o servicios en condiciones ventajosas que puedan condicionar el desarrollo de sus funciones. En el caso de obsequios de una mayor relevancia institucional se procederá a su incorporación al patrimonio de la Administración Pública correspondiente”.

Estos dos textos no fijan una cantidad exacta que bareme la aceptación de los obsequios y lo fía al criterio de los políticos respecto a los “usos habituales, sociales y de cortesía”. Durante estos días, el exministro socialista Miguel Sebastián ha revelado, por ejemplo, que él recibió unas joyas por parte de la Casa Real saudí después de participar en un acto en ese país y que decidió colocarlas en una vitrina en la sede de su departamento. 

La Casa Real española reguló la recepción de regalos a través de una normativa aprobada en enero de 2015, dentro del paquete de reformas lanzado por Felipe VI tras llegar al trono en junio de 2014 en mitad de los escándalos protagonizados por su padre. Se basó en la Ley de Transparencia y fija que se actualizará si hay cambios en la legislación.

Se establecen unos principios generales por los que los miembros de la familia real “no aceptarán para sí regalos que superen los usos habituales, sociales o de cortesía, ni aceptarán favores o servicios en condiciones ventajosas que puedan condicionar el desarrollo de sus funciones”. Y señala el texto: “En el caso de obsequios que, de acuerdo con estas normas, tengan carácter institucional, se procederá a su incorporación al Patrimonio Nacional”.

Asimismo, establece que los miembros de la familia real “no podrán aceptar regalos que, por su alto valor económico, finalidad o interés comercial o publicitario, o por la propia naturaleza del obsequio, puedan comprometer la dignidad de las funciones institucionales que tengan o les sean atribuidas”. 

Por ejemplo, esta normativa fija que no se aceptarán “préstamos sin interés o con interés inferior al normal del mercado, ni regalos de dinero”. “En este último caso se procederá a su devolución o a ser donado a una entidad sin ánimo de lucro que persiga fines de interés general”, marca el texto, que indica que si se concede un premio a un miembro de la familia real que comprenda una dotación económica, se tendrá que ceder su importe a una entidad sin ánimo de lucro “que persiga fines de interés general”.

Además, regula el escenario de herencias que puedan recibir miembros de la familia real por parte de personas con las que no haya una relación familiar. La norma señala que podrán ser aceptadas “cuando así se considere procedente”: “Estos bienes, en atención a su naturaleza, deberán incorporarse al Patrimonio Nacional o ser entregados a instituciones públicas o entidades sin ánimo de lucro para la consecución de fines de interés general, salvo que las disposiciones incluyan un destino o finalidad específica cuyo cumplimiento se requiere para su aceptación”.

La Casa Real publica todos los años la relación de regalos institucionales recibidos por la familia real. Por ejemplo, en 2024 fueron 358. Especialmente fueron dirigidos a Felipe VI, que obtuvo 203 presentes. Entre ellos, una alfombra del embajador de Irán, un ajedrez de madera del presidente de Paraguay y una camiseta personalizada del Cádiz. Esta lista, no obstante, no incluye el valor económico de estos regalos.

Hay otras instituciones que ponen un tope monetario a los regalos. Es el caso de las Cortes Generales, en cuyo código de conducta, aprobado tanto por el Congreso como por el Senado, se fija como límite 150 euros. Se establece que los parlamentarios “se abstendrán de aceptar, en beneficio propio o de su entorno familiar, obsequios o regalos de valor, favores, servicios, invitaciones o viajes que les sean ofrecidos por razón de su cargo o que puedan ser razonablemente percibidos como un intento de influir en su conducta como parlamentarios”.

Sí permiten las Cortes que los diputados y senadores reciban regalos “personales de amigos y familiares que se hayan otorgado sin vinculación alguna con su labor como parlamentarios”. “Serán también admisibles los obsequios, descuentos, promociones o beneficios de similar naturaleza que sean comunes de acuerdo con los usos y costumbres y cuyo ofrecimiento y entrega se encuentren desvinculados de su actividad política”, añade el texto.

También recoge el caso de los regalos recibidos por miembros de las Cortes en viajes oficiales de las Cámaras: “Deberán ser entregados a la Secretaría General siempre que sean ofrecidos en razón de dicha representación y no a título personal y tengan un valor estimado superior a 150 euros. Dichos regalos serán inventariados y publicados en la página web del Congreso de los Diputados o del Senado”.

Asimismo, en el desarrollo protocolario de esta guía se dispone qué hacer en casos de regalos inesperados, como, por ejemplo, el envío de un presente al despacho de un diputado: “El obsequio no debe usarse ni consumirse. Se informará a la Secretaría General o a la Oficina de Conflicto de Intereses para su devolución o, si ello no fuera viable, para su entrega a la institución o eventual donación autorizada, dejando constancia del trámite”.

También, por ejemplo, fija límites en función del valor económico el Ayuntamiento de Madrid. El régimen fue aprobado durante el mandato de Manuela Carmena y fija que sólo se podrán recibir obsequios dentro de la “cortesía habitual o la atención protocolaria” que se correspondan con los “usos y costumbres sociales”.

Establece que estará prohibido recibir regalos que sobrepasen los 50 euros y no se podrán acumular presentes procedentes de la misma persona física o jurídica cuando la suma de sus valores sea superior a 150 euros durante el periodo de un año. 

En ese sentido, marca también claramente los límites el código de conducta del Parlament catalán, que recoge que no se puede aceptar “ningún obsequio o regalo de valor, ni favor o servicio que les sea ofrecido por razón del cargo”: “Se entiende por obsequio o regalo de valor el que supera el importe estimado de 150 euros”.

Establece esta norma, aprobada en 2016, que si los diputados reciben regalos “en virtud de las reglas de cortesía”, deben entregarlos a la Cámara, que “debe llevar un registro de los mismos que debe ser de consulta pública en el Portal de la Transparencia”. “Los obsequios y regalos se han de enajenar periódicamente y los rendimientos obtenidos deben destinarse a la financiación de actividades o servicios sociales”, añade el texto.