El público aplaude a rabiar. Colman Domingo, en pleno prime time. Los espectadores, enganchados al programa de Jimmy Kimmel. El actor nominado al Oscar lleva bajo el brazo el vinilo de Spanish leather. Y presenta Babieca!. Sobre el escenario está Guitarricadelafuente. De Benicàssim al corazón de Estados Unidos con su zanfona. “Me sube la flor de tu perfume, la vida te consume. Bailé y me entretuve. Es mi condena”.

Esto pasaba el martes por la noche en uno de los talk shows más emblemáticos de la televisión estadounidense. Apenas 48 horas después de que la selección masculina de fútbol se hubiera hecho con la deseada Copa en Nueva York, en un partido en el que demostró su superioridad deportiva y de comportamiento ante Argentina. Un triunfo radiado en todo el mundo y que vieron en el estadio Donald Trump, Richard Gere, Dua Lipa, Rihanna, Beyoncé y Jay-Z.

La prensa internacional se ha rendido ante el combinado español, pero no sólo por su juego. Del The New York Times a Le Monde han dedicado páginas y páginas a un equipo que va más allá del césped y que también representa la diversidad de la sociedad española, con jugadores como Lamine Yamal y Nico Williams. Y un ejemplo de unidad en tiempos de polarización. Con jugadores, asimismo, como Borja Iglesias, que rompe tabúes del mundo del fútbol mostrándose abiertamente feminista y a favor de los derechos LGTBIQ+.

Además, el apoyo internacional ha sido masivo a la selección española por haber representado el juego limpio y la deportividad frente al combinado argentino hosco y con malas artes. Los españoles, dirigidos por Luis de la Fuente, han mostrado una forma de actuar en el campo con valores y educación frente a la actitud conspiranoica de su rival en la gran final.

Asimismo, las redes sociales se han inundado de imágenes de miles de personas en Gaza celebrando la victoria de España en un Mundial que estaba diseñado para el lucimiento de Donald Trump y Javier Milei. Uno de los artífices de esa pasión en el mundo es Yamal, que ha mostrado en muchas ocasiones su apoyo a Palestina y ha ondeado su bandera en alguna ocasión. También ha emocionado el vídeo de Williams entregándole la medalla a su madre, que cruzó sin papeles el Sáhara para darles a sus hijos una vida próspera. Esto ha hecho que en muchos rincones del mundo se mire con admiración a España en un momento en el que la ultraderecha ha convertido a los migrantes en su gran enemigo.

Pero, además, con este título, España se convierte en el primer país que consigue a la vez vencer en los campeonatos masculino y femenino. Ellas lograron desatar la locura colectiva con su victoria hace tres años, con mujeres que se han convertido también en referentes a nivel internacional como Alexia Putellas, Aitana Bonmatí y Jenni Hermoso.

Durante los partidos del Mundial de Estados Unidos también se ha visto al tenista Carlos Alcaraz, que representa a la nueva generación de españoles y es el gran heredero de Rafael Nadal. El murciano se ha convertido en un icono global que supera las fronteras españolas. La revista Vanity Fair, en su edición de Estados Unidos, le dedicó la portada del mes de mayo bajo el título de King Carlos y con fotografías de Ethan James Green.

En el Mundial acudió también a un partido Rosalía, la cantante española que está batiendo todos los récords y que es una de las imágenes más internacionales del país con una mezcla de flamenco, música clásica y reguetón que nadie pudo predecir. Esta es una constante de esta generación joven que está conquistando el mundo: creatividad sin barreras y fuera de los cánones ortodoxos. La barcelonesa ahora está inmersa en su gira, que acaba de conquistar Estados Unidos. Por sus famosos confesionarios han pasado Chappell Roan, Benito Skinner y Lola Young. 

Toda esta generación está interconectada: se ayudan y se apoyan. Y también van de la mano fuera de España. Rosalía llevó a un confesionario de su gira a Guitarricadelafuente. El artista, además, ha protagonizado un Tiny Desk, en la NPR (la radio pública de Estados Unidos). Es uno de los espacios más prestigiosos del mundo y está mirando con mucha atención a España, ya que también ha invitado a María José Llergo, Rusowsky y Amaia.

Pero, además, Guitarrica es uno de los grandes protagonistas de La bola negra, la nueva película de Javier Calvo y Javier Ambrossi. Los dos son otros de los grandes exponentes de esta nueva generación. Su película ha sido un terremoto en el último Festival de Cannes, donde se alzaron con el premio a la mejor dirección. En la historia del cine español solo lo habían conseguido Luis Buñuel y Pedro Almodóvar. Ya han mostrado su devoción por ellos personalidades como Isabelle Huppert, Tilda Swinton y Anne Hathaway.

Es sólo el principio. Después del aluvión de buenas críticas en Cannes, la película ya es una de las favoritas en la carrera de los Oscar. En las quinielas actuales de Variety y Awards Daily se sitúa a La bola negra dentro de las nominadas a mejor película del año, algo que no ha conseguido nunca en la historia un largometraje español. El filme, que es un gran tríptico épico queer, ha sido adquirido por Netflix en Estados Unidos, como su gran apuesta para la carrera de premios, y se ha vendido para su exhibición en más de cincuenta países. 

Todos ellos han creado un universo propio que está redefiniendo la imagen de España ante el mundo. Y son orgullosos herederos de las generaciones anteriores que han forjado la imagen del país fuera de las fronteras. Pedro Almodóvar, Penélope Cruz, Javier Bardem, Rafa Nadal, Andrés Iniesta y Antonio Banderas ya no están solos. La nueva generación ya está aquí. Con mucha fuerza. Y sin ningún tipo de complejos.

Pedro Sánchez se ha convertido ya en el presidente español al que más le gusta jugar en los campos políticos internacionales. Las elecciones en España ya están a la vista, pero el Gobierno va a librar varias batallas con toda su artillería allende los Pirineos para situar a dirigentes en puestos clave para el futuro.

El propio Sánchez confirmó este jueves que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, concurre a la carrera para hacerse con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), dependiente de Naciones Unidas. Lo que suma trabajo a la diplomacia española, que tiene también entre manos ayudar a Luis Planas a hacerse con las riendas de la FAO (la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) y a Pablo Hernández de Cos a llegar a lo más alto en el Banco Central Europeo (BCE).

Díaz da este paso después de escuchar a las organizaciones sindicales en un momento en el que las derechas mundiales quieren desviar el rumbo de la OIT, una organización esencial para los derechos de los trabajadores. El plazo para la presentación de las candidaturas concluye a mediados de agosto y la elección se producirá el 16 de noviembre, pero el ganador no iniciará el mandato hasta octubre del año que viene. Por lo tanto, la vicepresidenta segunda no dejará el Gobierno. De hecho, esa toma de posesión se produciría previsiblemente con un nuevo Ejecutivo en España tras las elecciones generales del año próximo.

La vicepresidenta segunda ya lleva tiempo preparando esta carrera y ha intensificado su agenda internacional. De aquí a noviembre, le toca lo más complicado: ganarse la mayoría entre los 56 votantes. Entre ellos, hay representantes de 28 países, 14 de los sindicatos y 14 de los empresarios. 

La lucha se prevé muy reñida y, por el momento, solo aparece un único contrincante, Gilbert F. Houngbo, el togolés que dirige la organización desde el año 2022. La propia Díaz fue muy crítica con el actual mandato el mes pasado durante su intervención en sesión plenaria en Ginebra: “No creo que nadie se sorprenda en esta sala si digo que la OIT está en crisis”.

Las palabras de aquella sesión marcan el camino de su candidatura: “Se pretende, sobre todo por la Administración norteamericana, desregular completamente el mundo del trabajo de la mano de la IA. Esto es la barbarie”. “Frente a ese modelo de ley de la selva, lo que estamos señalando justamente es tener un instrumento normativo de mínimos con capacidad de desarrollo de normas propias, para que tengamos la posibilidad de tener normas laborales, derechos humanos y competencia leal entre las empresas”, argumentó en Suiza.

“Sin normas, es una organización inane frente a los grandes cambios digitales y verdes que tenemos la obligación de gobernar”, clamó la vicepresidenta segunda, quien ahondó en que la OIT no se puede convertir en mera “mercancía”. Asimismo, quiere poner en el centro del debate de la OIT la regulación de la IA y de la digitalización que está trastocando el mercado laboral.

Díaz va a la carrera, como dicen en su equipo, con su trabajo como mejor aval: la subida sin precedentes del salario mínimo interprofesional, la aplicación del sistema de los ERTE que salvó miles de puestos de trabajo durante la pandemia, una reforma laboral que ha demostrado que se puede crecer mejorando la dignidad de los trabajadores y un número récord de más de 22 millones de empleados en el país. La vicepresidenta segunda se puede convertir en la primera mujer en dirigir la OIT, una organización fundada en 1919.

España también lleva tiempo trabajando para que el ministro de Agricultura, Luis Planas, se haga con la FAO. La elección se producirá en verano del año que viene, pero el Gobierno ya ha arrancado los trabajos diplomáticos, que están encabezados por el titular de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel Albares.

El propio Albares ha explicado durante estas semanas la filosofía de este movimiento: “Es una candidatura española, pero que tiene vocación europea y es también un reflejo de la creencia que tiene España en el multilateralismo y en Naciones Unidas en momentos en que la seguridad alimentaria es algo absolutamente fundamental”.

Esa vocación europea de la candidatura también se debe a que la FAO no está en manos de un dirigente de este continente desde 1975. Por eso, varios países de la UE trabajan para hacerse con la FAO tras el mandato del chino Qu Dongyu. España intentó sin éxito lograr ese puesto en 2011 a través del exministro de Asuntos Exteriores Miguel Ángel Moratinos. Planas podría competir en esta batalla con el irlandés Phil Hogan y el italiano Maurizio Martina.

El Gobierno confía en el abultado currículum de Planas, que es ministro del ramo desde que llegó Pedro Sánchez al Palacio de la Moncloa tras la moción de censura de junio de 2018. Asimismo, ha ocupado cargos como embajador de España en Marruecos y ante la UE, lo que le ha permitido forjar aliados a nivel internacional durante décadas.

Y España también va a librar una de las grandes batallas continentales: la Presidencia del Banco Central Europeo. El Gobierno respaldará finalmente a Pablo Hernández de Cos, exgobernador del Banco de España y actual director gerente del Banco Internacional de Pagos (BIS), que es uno de los grandes favoritos entre los expertos para suceder a Christine Lagarde.

Hernández de Cos cuenta con el apoyo de los dos grandes partidos, algo casi utópico en mitad del clima de polarización política, y encabeza quinielas como las del Financial Times. A favor de su candidatura está su marcado perfil técnico, además de presentarse como un pragmático entre los halcones y las palomas. España tendrá que competir duramente con Francia y los Países Bajos, que ansían ese puesto, pero Moncloa confía en que se premie, entre otros aspectos, la buena marcha de la economía nacional.

La diplomacia española no para. Con Sánchez a la cabeza. A pesar de que queda menos de un año para que acabe la legislatura, el Gobierno quiere atar algún gran puesto más a nivel internacional. Todo en un momento de auténtica incertidumbre internacional y en el que se juega el nuevo orden mundial. Y en el Ejecutivo esperan marcar algún gol más, como ya hicieron con Teresa Ribera como vicepresidenta de la Comisión Europea y con Nadia Calviño al frente del Banco Europeo de Inversión.

España arde. El fuego devora con virulencia muchas partes del país. El incendio en La Mierla (Guadalajara) vuelve a dibujar un panorama de tierra negra, que cada vez es más frecuente en el país por los efectos del cambio climático. Los bomberos no descansan en muchos puntos de la geografía y se suceden día tras día las imágenes nefastas.

Impactan durante estas horas las escenas que se producen en este municipio, cuando todavía España sigue digiriendo el destrozo medioambiental y social que ha supuesto el reciente incendio en Los Gallardos (Almería), el más mortífero en la historia de Andalucía desde que existen estadísticas oficiales.

A la vez, se lucha contra el fuego en El Cerro de Andévalo, en la provincia de Huelva, y se intenta extinguir el incendio forestal de Ejulve (Teruel), que se ha llevado por delante unas 1.400 hectáreas. Los vecinos siguen todavía con el susto en el cuerpo después de los episodios de fuego en Cádiar, en la Alpujarra granadina, y en Brieva (Segovia).

España lleva ya este año, según los datos del Gobierno, 22 grandes incendios, cuatro veces más respecto del año anterior. Y, además, se han calcinado más de 100.000 hectáreas en todo el país, lo que hasta ahora era la media anual de la última década. Estos datos evidencian la virulencia del fuego y su propagación. Todo ello en una de las naciones más vulnerables por los efectos del calentamiento global, según los informes de la propia ONU y de organizaciones como Greenpeace.

A pesar de esta situación de emergencia, no hay visos de un gran acuerdo en base al pacto de Estado para luchar contra el cambio climático propuesto por el Gobierno. La izquierda sigue apostando por armar una gran mayoría institucional, pero tanto el Partido Popular como Vox rechazan unirse.

Esta propuesta de pacto de Estado fue lanzada el pasado verano por el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pero las derechas se resisten. El propio jefe del Ejecutivo sigue insistiendo en la necesidad de llegar a un gran acuerdo, como verbalizó este miércoles durante su visita al puesto de mando del incendio de Guadalajara.

Sánchez enfatizó: “España necesita un gran acuerdo y un gran pacto de Estado contra la emergencia climática. No podemos acordarnos de los incendios y de las emergencias climáticas que derivan en emergencias de protección civil cuando se producen. Tenemos que actuar previamente, tenemos que concienciar a la ciudadanía. No se puede banalizar sobre los efectos de la emergencia climática, hay que tomarla muy en serio”.

“Eso no es política ni ideología, sino ciencia. Son datos. Son olas de calor que superan los cuarenta grados de temperatura, como estamos viendo, por desgracia, en muchas partes de España. Es imperativo que se alcance un pacto de Estado entre las distintas instituciones y en las Cortes Generales para convertir en leyes y en recursos económicos medidas que son fundamentales para salvaguardar la vida, la seguridad y la prosperidad de comarcas, territorios y provincias”, agregó el presidente del Gobierno.

Desde el Partido Popular se insiste en que ellos ya presentaron un catálogo de medidas el verano pasado y el Ejecutivo no les hizo caso. No obstante, fuentes de la dirección del Partido Popular subrayan que estos fuegos no se pueden achacar únicamente al cambio climático y ponen el foco en que el Gobierno central tiene que adoptar iniciativas propias. 

Además, en Génova 13 señalan que no han recibido ningún tipo de texto concreto por parte del Gobierno para hablar sobre un pacto de Estado contra la emergencia climática, e insisten en que el problema está en la dirección adoptada por Moncloa. 

El propio Alberto Núñez Feijóo se refirió de manera breve al tema durante su comparecencia para hacer balance del curso político, pero se centró en trasladar su solidaridad a los afectados, dejando de lado menciones a la emergencia climática. 

Feijóo habló de “riesgos naturales”, una expresión que presenta los incendios, las inundaciones y las sequías como fenómenos ante los que la Administración debe reaccionar, pero eludió explicar cómo el aumento de las temperaturas y los episodios meteorológicos extremos multiplican su frecuencia y gravedad.

Asimismo, el Partido Popular ha claudicado en las últimas semanas ante Vox y le ha comprado su negacionismo climático en el acuerdo firmado por Juanma Moreno y la ultraderecha para conformar un Ejecutivo de coalición. En el texto se plasma su oposición a la Agenda 2030, la supresión de cargas vinculadas al Pacto Verde y la eliminación de impuestos ambientales.

A pesar de esta oleada de incendios, Vox mantiene su duro discurso contra “el fanatismo climático” y carga duramente contra Sánchez por, en su opinión, utilizar como “excusa” el cambio climático para buscar orígenes a los fuegos. La ultraderecha habla de que se han “criminalizado” ciertas actividades rurales que han servido, a su juicio, durante años para evitar este tipo de catástrofes.

La ultraderecha trata de reducir el asunto a una cuestión de meras infraestructuras. La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, se centró en esta idea tras el incendio de Los Gallardos: "El Gobierno se apresuró a hablar de forma muy imprudente sobre el cambio climático como excusa para descargar las responsabilidades de las administraciones. Lo que pedimos es prevención en los montes, que cada día están más abandonados, preparar a los equipos y escuchar a los que mejor conocen, mucho antes de que se abra el periodo de incendios”.

Aunque la derecha busque un debate solo sobre los medios, la teoría se cae, como señalan dirigentes de la izquierda, con el ejemplo del incendio de Los Gallardos. Todas las administraciones se volcaron y se pusieron todos los recursos para acabar con el incendio, pero la virulencia del fuego fue inaudita, llegando a propagarse en cien metros durante un simple minuto.

España arde. Y la derecha deja de lado un gran acuerdo para hacer frente de una manera conjunta por todos los partidos.

El caso que afecta a José Luis Rodríguez Zapatero ha vivido un giro. Julio Martínez Martínez apunta directamente al expresidente del Gobierno en el rescate de Plus Ultra. Y le complica su futuro procesal. Pero la noticia va más allá de las paredes de la Audiencia Nacional e impacta de lleno en el complicado panorama político español, que ya mira a las elecciones del año que viene.

El caso de Zapatero es muy doloroso para los socialistas. Supone un golpe para su gran faro moral durante años. En el Palacio de la Moncloa y en el cuartel general del PSOE en la madrileña calle de Ferraz se mantiene su respaldo al expresidente a pesar de la declaración de Martínez. Fuentes de la dirección del partido subrayan de manera directa: “Se mantiene la confianza. Presunción de inocencia y tiempo para la Justicia”.

Y el giro de Martínez no ha sorprendido, de hecho, a la cúpula del PSOE y del Gobierno, como señalan dirigentes del partido en privado, ya que esa puerta la abrió el propio Tribunal Supremo con su condena a José Luis Ábalos, que no conllevó pena de cárcel para el empresario corruptor Víctor de Aldama. 

Para cargos del PSOE consultados, esto supuso señalar también el camino para Julio Martínez Martínez por el caso del rescate de Plus Ultra y para Leire Díez, investigada por las supuestas cloacas orquestadas por el exsecretario de Organización Santos Cerdán para frenar investigaciones judiciales relacionadas con el partido y con el Ejecutivo. Ese giro era esperado por muchos en Moncloa y en Ferraz.

La orden de mantener el apoyo viene directamente de Sánchez, quien siempre ha respaldado al expresidente, una figura clave durante la campaña electoral de 2023 y enlace esencial durante mucho tiempo para mantener en vigor el bloque de investidura. Los socialistas viven estos días en una montaña rusa de emociones y muchos todavía se resisten a creer que haya podido cometer algún delito.

Asimismo, desde el Gobierno se defiende el proceso de préstamos a Plus Ultra durante la pandemia del covid. Fuentes de la Moncloa insisten: “Lo hemos mirado de arriba a abajo. Está hecho conforme a la ley y fue supervisado. Lo difícil en la Administración es adjudicar dinero. El crédito está avalado, es razonable y se hizo conforme a derecho”. La postura del Ejecutivo es que esa ayuda se concedió en virtud de parámetros técnicos y no por algún tipo de presión externa.

En el núcleo duro de la Moncloa insisten en que creen en la inocencia del expresidente, pero que el Gobierno no es el encargado de la defensa judicial ni de la estrategia del expresidente. Y admiten la fuerte presión mediática y de la oposición por este caso: “Esta es una situación difícil. Nuestra posición es la más honrada. Creemos en la inocencia de Zapatero”.

Durante estas horas el Gobierno ha querido también mandar ese mensaje de respaldo públicamente a través de la portavoz, Elma Saiz, y de la ‘número dos’ del partido, María Jesús Montero, quien apuntó a la nueva estrategia de los acusados en la Audiencia Nacional: "Han cambiado su versión respecto a lo que declararon en un primer momento, llevándoselo al ámbito de la sentencia de Ábalos en relación con Aldama".

Asimismo, en el PSOE emiten que este proceso judicial será largo y que quedan muchos vaivenes. Por ello, creen que hay que mantener la calma e ir observando todos los pasos que se den en la Audiencia sin retirar su apoyo a Rodríguez Zapatero. El Gobierno evita hablar directamente, no obstante, de lawfare, como sí explicita en los casos de Begoña Gómez y del hermano del presidente.

La ofensiva de las derechas es total contra Rodríguez Zapatero, al que tienen especial inquina por su papel movilizador de voto en las últimas elecciones generales, cuando en la calle Génova se repartían los ministerios sin ningún tipo de pudor. La portavoz del Partido Popular en el Congreso, Ester Muñoz, criticó: “Sánchez no puede separarse de Zapatero. Uno no se puede separar de sí mismo, porque Zapatero y Sánchez son lo mismo”. 

“Si Zapatero pudo mediar ante los gobiernos de España y Venezuela es porque tenía dos socios: a Delcy en Caracas y a Sánchez en Madrid. Si no, no se hubiera producido el rescate de Plus Ultra por el que cobró un 1%. Este es el gran chanchullo que se puede llevar a los dos por delante ahora que la ley del silencio socialista ya no funciona”, denunció la dirigente popular. El PP, no obstante, no ha reactivado la idea de una moción de censura contra Sánchez y en el partido se instala la sensación de que el jefe del Ejecutivo será incapaz de superar esta situación en las urnas.

Las derechas también tratan de presionar a los socios del Gobierno para que dejen caer a Sánchez. Desde Sumar, la vicepresidenta segunda y titular de Trabajo, Yolanda Díaz, rechazó cualquier ruptura con el PSOE, pero pidió públicamente, desde la sala de prensa de Moncloa tras el Consejo de Ministros, que Rodríguez Zapatero dé “explicaciones” porque entiende que hay “inquietud, tristeza y preocupación” ciudadana.

Este domingo por la tarde, Reyes Maroto se imponía en las primarias a Enma López para ser la candidata del PSOE al Ayuntamiento de Madrid. La capital será una de las grandes batallas de las elecciones municipales de mayo del año que viene. Y los partidos ya han puesto en marcha toda la maquinaria para ganar el mayor número de consistorios.

Tanto en el PSOE como en el PP reconocen que hay que librar ya esa competición municipal, a pesar de que todavía faltan diez meses. En los cuarteles generales de los dos grandes partidos recalcan la importancia de esa cita, en la que el PP quiere retener el amplio poder adquirido el 28 de mayo de 2023 y el PSOE aspira a recuperar terreno, algo esencial para una formación que siempre se ha enorgullecido de su carácter municipalista.

Los dos partidos se lanzan a una intensa precampaña de cara a esta cita, aunque esas elecciones estarán marcadas también por un factor clave: cuándo serán las generales. La sensación instalada en el panorama político es que Pedro Sánchez puede adelantarlas si fracasan los Presupuestos Generales del Estado. Entre los políticos se perfila marzo como un posible horizonte, pero solo el líder socialista sabe cuándo será el movimiento. 

El jefe del Ejecutivo, por el momento, solo ha trasladado la idea de que no planea un superdomingo electoral en mayo en el que coincidan generales, autonómicas y locales. Dentro de su partido hay sectores que apuestan por ir a la batalla nacional antes que a la local para que el debate general no afecte a los candidatos, como sucedió el 28-M. Pero saben que Sánchez irá a las urnas en el momento en que crea más oportuno. La clave será reactivar a un importante número de progresistas que ahora mismo está instalado en la abstención.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ya ha lanzado esta larguísima precampaña hacia las municipales. Este fin de semana los populares organizaron un gran acto en Santiago de Compostela para presentar como un equipo a los candidatos en las cincuenta capitales de provincia. La orden fue “ganar, ganar y ganar” y salir ya a disputar el partido vecino a vecino. La línea, como pasó en 2023, será presentarse como diques ante el “sanchismo”, dejando a un lado los temas municipales.

Madrid volverá a ser una de las grandes batallas. El PSOE llevará finalmente como número uno a Reyes Maroto después de batirse en un tenso duelo con Enma López. Ferraz y la dirección del PSOE-M han logrado vencer con su apuesta por la exministra de Industria, a pesar de que López se presentara como la candidata de la ilusión y con más posibilidades de hacer frente a José Luis Martínez-Almeida.

En el Partido Popular están convencidos de que Almeida volverá a ganar holgadamente en 2027 y muchos celebran en privado que el PSOE haya optado finalmente por Maroto, a quien consideran peor candidata que López. Pero a los populares les preocupa especialmente que Vox pueda romper su mayoría absoluta. Los de Santiago Abascal todavía no han movido ficha y no han escogido a su aspirante después de la defenestración de Javier Ortega Smith. El partido esperará hasta el año que viene para la designación.

Más Madrid volverá a presentar a Rita Maestre como número uno. En el partido también ha habido satisfacción durante estas horas por la elección de Maroto por parte del PSOE, ya que la consideran una rival menos potente que López. No obstante, la sensación, según fuentes de esta formación, es que sin un PSOE que tire, es muy difícil arrebatar al PP el Palacio de Cibeles. 

Los partidos también miran con especial atención las municipales en Barcelona, una de las disputas más interesantes del año que viene. El PSC confía en la consolidación de Jaume Collboni para repetir y ser, además, el único capaz de articular una amplia mayoría. “Está siendo mucho mejor alcalde que candidato”, señalan en el núcleo duro del socialismo catalán. 

Los comunes también han hecho una apuesta fuerte para Barcelona con la elección de Gerardo Pisarello, que ganó las primarias ante Bob Pop y dejará su escaño como diputado. No obstante, el fenómeno en el ojo del huracán en la política catalana se llama Aliança Catalana. Su número uno será Jordi Aragonès, uno de los fundadores del partido xenófobo y que llama a recuperar la Barcelona “de Carlomagno”.

Junts irá a esta convocatoria con Jordi Martí encabezando la plancha electoral. Se trata de una opción del ala que se mira en el espejo de CiU y es una persona de confianza del exalcalde Xavier Trias. Su elección en las primarias supuso un toque de atención a Carles Puigdemont al vencer el ala más pragmática del partido. Y ERC apuesta fuerte en esta carrera al confiar el liderazgo a Elisenda Alemany, secretaria general del partido, persona de la órbita de Oriol Junqueras y uno de los rostros con más proyección para el futuro del partido republicano.

Y gran revuelo mediático están provocando las elecciones municipales en la ciudad de Valencia. María José Catalá aspira a repetir como alcaldesa, cargo que ocupa ahora con el apoyo de la ultraderecha de Abascal. Pero la popular tiene varios flancos abiertos, como la investigación por parte de la Fiscalía Anticorrupción al consistorio y a la Autoridad Portuaria por supuestos delitos de prevaricación y tráfico de influencias por la recolocación a dedo de trabajadores del Consorcio Valencia 2007. Asimismo, la gestión de Carlos Mazón de la tragedia de la dana sobrevolará este ciclo electoral.

Pero la carrera por la Alcaldía de Valencia ha dado un giro trascendental después de la decisión de Mónica Oltra de concurrir a las municipales. La exvicepresidenta valenciana se ha lanzado ya a una larga precampaña denunciando el lawfare que sufre en primera persona y organizando eventos multitudinarios como su conversación con Gabriel Rufián (Esquerra Republicana).

Dentro del ámbito de la izquierda, el PSPV ha hecho una apuesta fuerte con la presentación de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, una figura que creció mucho entre la opinión pública por su trabajo durante la dana. La también responsable de Igualdad del PSOE a nivel federal se está volcando en la calle y en las redes sociales con la idea de desalojar a la derecha y sostiene que hay pulsión de cambio en la sociedad valenciana. 

Por parte de la ultraderecha, Vicente Barrera, el extorero y exvicepresidente de la Generalitat valenciana, gana enteros para ser el candidato el año que viene. Y muchos políticos, de distintos signos, creen que sería un aspirante que le podría quitar muchos votos a Catalá, quien ya no sueña con una mayoría absoluta. 

Los partidos ya se han lanzado a la carrera de las elecciones municipales. Se repartirán el poder de 8.132 municipios. Y, además, las locales son la mayor bolsa de empleo de políticos del país. 

“Si el fútbol sirve para algo, es para integrar en la sociedad. Y no hay mejor ejemplo que Francia y nosotros. Somos ejemplo de la integración. El fútbol, al final, es eso. No hablar de lo que ha dicho otra persona”. De esta manera Lamine Yamal se pronunciaba en rueda de prensa esta semana antes de las semifinales del Mundial sobre las polémicas palabras racistas del expresidente Mariano Rajoy respecto al equipo galo.

Yamal lo decía con la camiseta blanca de la selección española que ha causado furor y que se puede ver puesta en miles de personas durante estos días en las calles. España juega este domingo la final del Mundial en Nueva York contra Argentina. Pero el equipo ha desbordado el plano deportivo y ha cautivado a todo un país de una manera diferente a otras ediciones.

La selección española es hoy una foto de un equipo diverso, el retrato de la sociedad actual. Y en la punta de lanza están Yamal y Nico Williams, hijos de inmigrantes. Una imagen que molesta en muchos ámbitos de las derechas, que atacan a estos jugadores especialmente en las redes sociales. En un momento, además, en el que el discurso racista de la “prioridad nacional” se asienta en los pactos del PP y de Vox, frente a la política del Gobierno de coalición con el proceso de regularización de migrantes.

En el campo y en las gradas

Una imagen muy potente durante estos días ha sido la del apoyo en los estadios en Estados Unidos a la selección española, ataviados con las camisetas oficiales, de los actores Javier Bardem y Penélope Cruz, que siempre han tenido un claro discurso progresista y que han sido durante años receptores de insultos por parte de las derechas. Los dos, asimismo, se han dejado ver con Borja Iglesias, un jugador del equipo con posicionamientos políticos de izquierdas y a favor de los derechos humanos y del colectivo LGTBIQ+.

La derecha, que siempre ha querido asociarse con la imagen del país, está, en cambio, desorientada durante este Mundial por el abrazo de la izquierda de manera entusiasta a la selección. Los populares han llegado a pedir incluso que el presidente del Gobierno no acuda a la gran final. Sánchez sí va finalmente al partido en Nueva York tras ajustar su agenda para poder luego desplazarse a Argelia, donde al día siguiente tiene previsto un viaje oficial.

“La selección manda el mensaje de que España es diversa, mestiza y joven. Yamal es ya un referente y encarna la identidad plural y sin contradicciones del país. Es catalán, negro, hijo de migrantes y de un barrio humilde. Nos enseña una forma de ser español diferente al marco establecido por la derecha”, señala la politóloga Anna López Ortega.

“Ahora que la democracia está amenazada por la extrema derecha en el Parlamento, el marco empieza a cambiar”, prosigue la profesora de Ciencia Política, que subraya: “El discurso de ahora de la izquierda sería impensable hace diez años, los progresistas han empezado a reaccionar. Y están hablando actores o personas del colectivo LGTBIQ+, pero también jugadores jóvenes, hijos de migrantes. Envían un mensaje, además, sin crispación y con una sonrisa. Esto demuestra que los símbolos nacionales nunca son neutros. Hablan de un nacionalismo que no es excluyente, sino que es de pertenencia e inclusivo. Demuestra que la lucha por los símbolos no está cerrada”.

Además, pone mucho énfasis en que precisamente los campos de fútbol eran un lugar donde históricamente se han escuchado muchos cánticos racistas. Pero cree que a raíz de la llegada de Vox aumenta la “galaxia” de esos discursos xenófobos: “Ese racismo se ha radicalizado porque hay una extrema derecha en el Parlamento”. “Pero la novedad es que la derecha tradicional, en este caso representada por Rajoy, se ha contagiado de ese discurso y es síntoma de esta época en la que las derechas asumen ese relato”, incide.

López Ortega, autora de La extrema derecha en Europa, analiza, acto seguido, hechos como que el PP haya pedido que el presidente no vaya a la final: “La política española ha llegado a un nivel de polarización como el de Estados Unidos. Para la derecha española, Sánchez es una amenaza existencial, al nivel de un dictador. Se trata de un discurso de deslegitimación del adversario. Además, su objetivo es que su electorado se comporte como un hooligan”.

“Pero la bandera de España que ellos defienden cada vez es más pequeña. No caben ni socialistas ni lesbianas ni musulmanes ni independentistas. No cabe Sánchez”, asegura la politóloga, que hace esta reflexión: “En Ciencia Política tenemos muchos manuales sobre cómo ganar unas elecciones, pero no sobre cómo gestionar las derrotas y hacer una oposición de Estado”.

Hilvana en ese punto: “El PP y Vox están redactando el manual de la antipolítica. Su estrategia es derribar al presidente. Lo hemos visto con métodos como la retórica y el ámbito judicial. Pero en la medida en que se acerquen las elecciones esta presión va a aumentar. Ahora ya está la frontera de las sospechas del recuento electoral. Esto acaba de empezar. Esos mensajes van a crecer. Se busca anular cualquier racionalidad, sólo valen las pulsiones negativas”, reflexiona.

A lo que añade: “El mejor neutralizador del racismo se llama selección española. Se llaman Lamine Yamal y Nico Williams. Están respondiendo sin crispar”.

Yamal, de 19 años, es el futbolista más adorado por los más jóvenes. Y frente a la imagen de deportistas escorados hacia la derecha, el jugador del Barcelona ha tenido gestos como ondear la bandera de Palestina durante las celebraciones de su club. Aunque en los últimos años los nuevos votantes se habían derechizado, en las últimas encuestas, como la de 40dB., el PSOE se ha posicionado como la primera fuerza entre los menores de 24 años. Según López Guerra, estos movimientos se deben a factores como la estrategia digital “inédita” de Sánchez y de los socialistas en redes desde hace un año y la “nueva generación de jugadores que está demostrando que se puede ser español de muchas maneras”. 

El politólogo Toni Aira también introduce otra reflexión sobre lo que está pasando con la selección y su alejamiento de la visión tradicional conservadora: “A la derecha y la ultraderecha les ha afectado bastante su agenda anti-Sánchez, ya que la han priorizado frente al país. Giorgia Meloni, por ejemplo, se ha mostrado beligerante contra Trump, mientras que Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal no lo han hecho ante los ataques del presidente de Estados Unidos no sólo contra Sánchez, sino contra el propio país de España”.

“Eso, a ojos de mucha gente, les ha quitado fuerza al PP y a Vox a la hora de defender los colores de lo español. Y han regalado la bandera de la defensa de España a Pedro Sánchez y al PSOE, incluso a Sumar, que hablan de patriotismo real y de la defensa de la voluntad y de la capacidad de decisión propia de España para no plegarse ante líderes como Trump”, describe.

“Esto ha generado un efecto de mancha de aceite que se extiende y cala. Hay mucha gente a la que, sin haber tenido la idea del nacionalismo español incorporada, le ha salido ese sentimiento frente al servilismo del PP y Vox ante el gran emperador”, asegura Aira. “Esto se concentra en esa reivindicación de la selección española en estos momentos. Se ha generado una bola de nieve”, remacha.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ya se ha pronunciado. Su aval a la ley de amnistía ha sido recibido con gran satisfacción entre el Gobierno, los miembros del bloque de investidura y especialmente Junts. Una victoria jurídica y política frente a las proclamas del fin del Estado de derecho por parte de las derechas desde la negociación de investidura de Pedro Sánchez.

Esta es la ley clave de esta legislatura. Una polémica norma exigida por Junts y ERC para hacer presidente a Sánchez y que supuso todo un terremoto político. Con dudas incluidas dentro del propio socialismo. Pero tres años después, y con la mirada ya puesta en el fin de la legislatura, el texto ha sobrevivido a la ofensiva en los tribunales y, además, ha servido para reconducir el panorama político catalán.

Esta decisión judicial era esperada desde hace meses con ansiedad por parte de Junts y del Gobierno, pues sirve para allanar la vuelta de Carles Puigdemont a Cataluña. No obstante, el paso no se traducirá en el restablecimiento de las relaciones entre los socialistas y los posconvergentes en esta etapa final de la legislatura.

A pesar de la satisfacción por la decisión del TJUE, diversas fuentes socialistas indican que no ven a Junts dispuesto a apoyar ahora de manera férrea al Ejecutivo de Sánchez. “Son imprevisibles”, señala un dirigente del núcleo duro de Ferraz. El fallo del tribunal llega en el momento en el que Moncloa prepara los presupuestos generales del Estado para el año que viene, un factor clave para saber cuándo se pondrán las urnas.

El presidente del Gobierno abrió la puerta a adelantar las elecciones generales, que en teoría deberían ser en julio del año que viene, si no logra sacar adelante las cuentas públicas. El primer gran debate en el Congreso, el de enmiendas a la totalidad, podría celebrarse a finales de octubre o principios de noviembre.

Aunque en el Gobierno siguen trasladando que van a intentar sacar las cuentas públicas y que no tiran la toalla, muchas voces en el partido reflexionan que ahora parece casi imposible lograrlo. La decisión del TJUE da algo de esperanza, pero los posconvergentes llevan semanas trasladando que ellos prefieren que haya ya comicios.

Junts no quiere apretar el botón de la moción de censura junto al Partido Popular y Vox, algo que considera que sería letal para sus resultados en Cataluña. No se puede permitir Puigdemont ir de la mano de la ultraderecha de Santiago Abascal. Pero, a la vez, el nerviosismo prende entre todos los sectores de Junts, especialmente entre los alcaldes, por el auge en las encuestas de Aliança Catalana.

Ahora Junts pone el foco en la aplicación de la ley y mira al Tribunal Supremo. Según el expresidente, el “partido” ahora se jugará en “el Bernabéu”: "Sabemos a quién nos enfrentamos y algunos no nos llamamos a engaño".

"Hoy tenemos derecho a celebrar una victoria ganada a pulso. Sin embargo, el camino para acabar con la represión no ha acabado", remarcó Puigdemont en un texto en redes sociales, donde mandó un mensaje a los tribunales españoles: "Si se siguen negando a aplicar la amnistía de forma integral, no solo estarán incumpliendo una ley aprobada por las Cortes y declarada constitucional, sino que, además, estarán enfrentándose con el derecho europeo".

"El TJUE no podía ser más nítido y no ha dejado ninguna grieta a través de la cual se pueda discutir nuestra victoria", apostilló el expresidente catalán, que recordó que ni Pedro Sánchez ni Salvador Illa quisieron en un primer momento aprobar esta norma.

Para el Gobierno central, la decisión de la Justicia europea supone todo un triunfo en el aspecto técnico de la norma, cuya firma principal es la del ministro de Justicia, Félix Bolaños. Fue una ley redactada con lupa, hasta la última coma, ya que los socialistas y los independentistas sabían que se enfrentaría a una ofensiva judicial sin precedentes para tumbarla.

“Hoy es un gran día”, consideró el propio Bolaños en una declaración en el Palacio de la Moncloa, donde pidió que se aplique “lo antes posible” a los líderes independentistas. Pero, además de calificar de “impecable” y de constitucional la norma, el ministro puso énfasis en la dimensión política que supuso su aprobación.

Para Bolaños: "La amnistía es la apuesta de un país para devolver a la política lo que nunca debió salir de ella, de resolver sus diferencias, reconociendo la legitimidad de todas las posiciones y la necesidad de convivir y acordar las soluciones dentro de la ley y dentro de la Constitución”. El ministro aseveró que ha servido para zanjar un conflicto: "Los catalanes y el conjunto de los españoles se lo merecían, se lo merecen".

El Gobierno, además, durante estas horas quiere presentar la resolución del conflicto catalán como uno de sus principales legados. En la pasada legislatura, el Ejecutivo aprobó los indultos a los líderes soberanistas. Y en esta llevó a cabo la amnistía. Como reconocen en Ferraz, era esencial para la investidura, pero también se ha evidenciado que ha sido una buena solución en el plano de la convivencia y del diálogo. Los socialistas valoran que, según el último barómetro del CEO de la Generalitat, el ‘no’ a la independencia se impone en la sociedad y que está en mínimos históricos la preocupación por las relaciones entre Cataluña y el Estado.

La decisión del TJUE supone un varapalo para el PP, que lleva toda la legislatura tratando de tumbar esta ley a través de todas las instituciones judiciales posibles y que confiaba mucho en Europa. A pesar de ello, los populares tratan de desviar la atención a través de sus críticas a Sánchez: “El Gobierno intentará presentar esta sentencia como el final del debate. Se equivoca. El debate nunca fue solo jurídico. El debate es si un presidente puede negociar privilegios penales a cambio de una mayoría parlamentaria. Y nuestra respuesta sigue siendo no”.

La ley de amnistía permitió la investidura. Ahora el aval llega en su recta final. A la política le quedan todavía muchos capítulos hasta las elecciones.

El teléfono de Pablo Bustinduy no para de sonar. En los últimos meses, se ha convertido en la pieza clave de Sumar dentro del Gobierno de coalición. Un interlocutor imprescindible con el PSOE y artífice de algunos de los grandes avances del Ejecutivo en este final de la legislatura. Pero todavía le queda mucho trabajo.

Bustinduy vive unas horas de satisfacción después de que el Congreso diera el visto bueno este martes a una histórica reforma del sistema de dependencia, que irá acompañada también de una aportación financiera sin precedentes por parte del Ejecutivo central para darle un impulso a esta columna del Estado del bienestar de la mano de las comunidades.

Y, además, el titular de Derechos Sociales está negociando de manera discreta con el socio mayoritario del Gobierno el decreto en materia de vivienda que el Ejecutivo se ha comprometido a llevar antes del mes de agosto al Consejo de Ministros y que se perfila como una de las iniciativas estrella de la coalición para coger impulso en un momento en el que se vislumbran las elecciones generales.

Con Yolanda Díaz de salida por su renuncia a presentarse en las próximas generales, Bustinduy ha ganado mucho peso dentro del ala de Sumar. Desde su Ministerio, a pesar de no tener grandes competencias, se empuja con fuerza al PSOE para ir más allá de las declaraciones y ofrecer iniciativas concretas a los ciudadanos. Como repiten en ese espacio de la coalición constantemente: “A los socialistas hay que obligarlos a hacer”.

Para Bustinduy era esencial sacar adelante las reformas de las leyes de dependencia y de discapacidad. El Pleno del Congreso dio finalmente su visto bueno con el apoyo de todo el arco parlamentario, a excepción del voto negativo de Vox y la abstención del Partido Popular. Fuentes del Ministerio de Derechos Sociales subrayan que las derechas “han quedado retratadas” con su posición. Asimismo, recalcan que el Gobierno se compromete a una financiación del 50%, una exigencia que habían hecho los populares, aunque luego han evitado respaldar la propuesta. Pero la mayoría de investidura volvió a cobrar sentido en el debate de la Cámara Baja.

“Es la mayor reforma social en nuestro país en lo que va de siglo”, proclamó Bustinduy desde la tribuna de oradores del Congreso, donde subrayó que se trata de “una revolución y una transformación profunda” del sistema público que responde “a las necesidades tanto de las personas que reciben cuidados como de quienes cuidan”. 

El ministro de Derechos Sociales está enfrascado ahora en la negociación con Isabel Rodríguez del próximo decreto de vivienda. Se trabaja en una doble dirección: pactar con el PSOE el texto y configurar un menú, además, que pueda ser votado también por el PNV y Junts en el Congreso, los dos partidos que miran con más recelo las iniciativas que vienen de la izquierda.

Bustinduy busca un decreto “ambicioso”, como señalan en el Gobierno, que incluya medidas como las prórrogas de los alquileres (algo que ya consiguieron incorporar en el anterior texto, pero que no fue convalidado por el Congreso), la regulación de los alquileres de temporada y una fiscalidad disuasoria para los pisos turísticos.

A la vez, también de manera silenciosa, el ministro perfila con los socialistas el próximo proyecto de Presupuestos Generales del Estado. Sobre la mesa ha puesto de manera insistente la iniciativa de aprobar una prestación mínima universal para familias con hijos menores de 18 años. Es una de sus grandes obsesiones desde que llegó al Paseo del Prado, pero los socialistas la han bloqueado hasta el momento. 

Bustinduy ha tratado de dotar de contenido a su Ministerio a pesar de las pocas competencias y de un presupuesto pequeño. Se ha centrado en la lucha contra los abusos de empresas como Ryanair o Alquiler Seguro. Esto también le ha granjeado grandes enemigos. Pero los suyos recuerdan que siempre ha tenido claro de qué lado está, “moleste a quien le moleste”. Una de sus quejas en privado es que el Gobierno se enfrenta con pocos funcionarios a las batallas con estas multinacionales, que se dejan millones de euros en equipos jurídicos y en lobbies en Europa.

Su papel en el Gobierno lo ha convertido para muchos dentro del espacio en el candidato natural para concurrir a las elecciones generales después de que Díaz se haya apartado de la carrera. Él lo rechaza constantemente. No quiere serlo por motivos personales ni quiere entrar de lleno en la vida orgánica de los partidos. Como dice una persona que lo conoce mucho: “Detesta las guerras internas. Cree que desgastan mucho más que la gestión”.

Bustinduy rechaza dar ese paso hacia adelante en la izquierda en un momento en el que el espacio no sabe ni cómo se va a articular ante unas elecciones generales que cada día están más cerca. Todavía hay algunos dirigentes que piensan que lo pueden convencer para que lidere una lista. “Es un político serio, con ideas, con templanza. No es el alma de la fiesta, pero genera mucha confianza”, recalca un miembro de Sumar.

El ministro de Derechos Sociales es el segundo miembro del Gobierno con mejor puntuación. Solo lo supera el vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, según el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas hecho público este miércoles. Son los dos únicos que tienen notas por encima del cinco. Por eso, algunos creen que sería el mejor aspirante. Pero las izquierdas, por el momento, sólo ven dirigentes apartándose, como Díaz y Ada Colau, mientras que Gabriel Rufián rebaja las expectativas sobre su posible salto.

En esa labor de construir el futuro de la izquierda tiene ahora un papel muy importante la mano derecha de Bustinduy, Rosa Martínez. La secretaria de Estado de Derechos Sociales asumió el fin de semana pasado el coliderazgo de Movimiento Sumar, junto a Verónica Martínez Barbero, actual portavoz del espacio en el Congreso. La última oportunidad para salvar al partido que fundó Díaz.

Bustinduy, en cambio, solo quiere oír hablar de vivienda y presupuestos.

Una ola de indignación recorre todo el Gobierno y el PSOE. La condena del hermano del presidente, David Sánchez, provoca rabia. Y la percepción es compartida: se trata claramente de una operación contra el jefe del Ejecutivo y su entorno para hacer caer a la coalición progresista. Pero, a la vez, hay confianza en que se revoque esa decisión en instancias superiores. 

“Es una barbaridad que se condene a un inocente sin pruebas”. Esta es la principal reflexión que sale del Palacio de la Moncloa en estos momentos tras la decisión de la Audiencia Provincial de Badajoz de condenar al hermano del presidente a nueve años de inhabilitación para empleo público como autor por cooperación necesaria de un delito de prevaricación administrativa.

Además, la Audiencia Provincial ha sentenciado al exlíder del PSOE de Extremadura y expresidente de la Diputación de Badajoz Miguel Ángel Gallardo a 18 años de inhabilitación para empleo público como autor de dos delitos de prevaricación administrativa por la contratación de David Sánchez. Un puesto que se adjudicó cuando el actual presidente del Gobierno no era ni secretario general del partido.

La derecha se agarra a esta condena para tratar de meter presión al Gobierno y a los socios para que pongan fin a la legislatura. Y ve el PP una victoria política en el hecho de que David Sánchez sea el primer condenado dentro del círculo íntimo del presidente, a la espera de que caiga también pronto una sentencia contra la esposa del jefe del Ejecutivo, Begoña Gómez. 

Pero la sensación dentro del espectro progresista es que se trata de un caso de manual de lawfare, aunque los miembros del Ejecutivo no utilicen concretamente esa palabra. Fuentes del entorno del presidente subrayan: “Hay segunda instancia y, por tanto, esperamos que la Justicia haga justicia”. El apoyo es total respecto al hermano del presidente y al resto de condenados. 

En el Ejecutivo esperaban la absolución de David Sánchez porque, en su opinión, durante el juicio quedó claro que no había pruebas contra él. Y lamentan las fuentes consultadas que la sentencia contra el ex fiscal general del Estado “sentó precedentes” en España: “Una estrategia de organizaciones ultraderechistas, apoyadas por el Partido Popular y por Vox, que acaba en sentencias injustas”.

“Tenemos que seguir creyendo en instancias superiores”, insisten en el núcleo duro del Gobierno. Por eso, ahora toca la pantalla del recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Dentro del socialismo, ven que la sentencia hace aguas por muchos lados, empezando por el hecho de que diga que “no ha quedado probado [...] que persona o personas determinadas ejercieran presión o influencia sobre los acusados”.  

La sentencia, como señalan algunos dirigentes socialistas, llega a apuntar la posibilidad de que el puesto fuera creado por autoridades de la Diputación de Badajoz para congraciarse con David Sánchez “por su relación de parentesco con quien era una figura política señera y futuro secretario general del PSOE”. Esto no se corresponde con la realidad, porque en ese momento Pedro Sánchez acababa de ser defenestrado como líder del partido y nadie preveía que pudiera presentarse a las primarias más tarde y ganar al aparato del partido, que apostó por Susana Díaz.

En Moncloa y en Ferraz insisten: “La sentencia no puede obviar que no hay pruebas”. “Es una condena injusta”, repiten. De manera tajante, fuentes del Gobierno remarcan: “Es una causa política cuyo único motivo es acosar y perseguir a la familia del presidente del Gobierno. Y eso lo ve toda España”.

Esa sensación la expresaron a lo largo de todo el día y en voz alta casi todos los miembros del Gobierno. El ministro de Transportes, Óscar Puente, consideró: “Esta época se estudiará en los libros de historia como aquella en la que se tensaron las costuras de nuestras instituciones más esenciales con la única finalidad de derribar a un Gobierno ante la incapacidad de hacerlo por las urnas”.

Pero también existe la sensación en el Gobierno y en el PSOE de que esta ofensiva judicial, alentada por la ultraderecha y el PP, se ha pasado tanto “de frenada” que la sociedad española está viendo esa “obsesión” y “persecución” a Sánchez y su familia. De hecho, muchos dirigentes socialistas creen que se le va a volver en contra a la derecha esta estrategia y que muchos votantes progresistas van a dar su respaldo a la izquierda en las urnas de manera masiva ante el actual panorama.

“Es una sentencia injusta que no va a hacer caer al Gobierno”, zanjan desde el Palacio de la Moncloa.

Dentro de la coalición, la indignación también se apodera de Sumar, el socio menor. La ministra de Sanidad, Mónica García, afirmó: “Nueve años de inhabilitación a un músico por ser hermano del presidente del Gobierno. Una sentencia que admite que no hubo ninguna presión para adjudicarle la plaza en la Diputación de Badajoz pero que igual se la dieron en previsión de que su hermano fuera presidente algún día. Lo de “el que pueda hacer, que haga” se les ha ido de las manos”. 

Desde ERC, Gabriel Rufián calificó la sentencia de “sobrada importante”: “Luego vendrá Begoña Gómez, que será condenada por la cara. Lo único positivo es que el PSOE ya sabe el pan que se da cuando tienes un juez encima. Si eres realmente patriota, te tiene que parecer mal que los jueces persigan a la gente por la cara”.

La derecha celebra durante estas horas esta condena y cree que será imposible para Pedro Sánchez darle la vuelta a la situación en las encuestas. El PP no ha hecho ni un amago de reactivar una moción de censura a pesar de sus afirmaciones de que, en cualquier otro país, y con una situación como la que vive el entorno del presidente Sánchez, el Gobierno caería.

Los populares consideran insoportable la situación del Ejecutivo después de esta condena, que se suma a la del anterior fiscal general del Estado y a la de José Luis Ábalos y Koldo García. “Que nadie esté por encima de la ley, sea familia de quien sea, habla bien de nuestro Estado de derecho y debería reconfortar a todos los españoles”, remarcó Feijóo tras la decisión de la Audiencia Provincial, que le sirvió para aliviarse de las polémicas que lo rodean, como su plan para recortar las bajas laborales y la crisis abierta con Francia por las declaraciones racistas de Mariano Rajoy sobre la selección gala de fútbol

El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar en su reunión de este martes un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la Ley de Concordia de Extremadura, acordada el año pasado con los votos a favor del Partido Popular y de Vox y que supuso derogar la anterior normativa autonómica sobre memoria democrática.

El Gobierno, a petición del Ministerio de Política Territorial y de Memoria Democrática, dará este paso después de haber pedido el informe previo al Consejo de Estado, que emitió su dictamen en la reunión que mantuvo el jueves pasado, según fuentes del Ejecutivo.

La Ley de Concordia fue aprobada el año pasado en la Asamblea de Extremadura y fue una de las exigencias de Vox para respaldar a María Guardiola en su primera investidura. En cambio, contó con los votos en contra del PSOE y de Unidas por Extremadura, que consideraron durante el debate parlamentario que se trataba de una norma con carácter revisionista y una humillación para las víctimas del franquismo.

El Gobierno ha tratado de negociar con la Junta de Extremadura durante los últimos meses para evitar el conflicto ante el Tribunal Constitucional, pero no se ha llegado a ningún tipo de acuerdo. Por ello, ahora el Ejecutivo central pulsará el botón del recurso para intentar frenar la norma en el Alto Tribunal al entender que vulnera el marco de la ley estatal de Memoria Democrática.

La norma autonómica, impulsada por la ultraderecha, borra la referencia a la dictadura y obvia aspectos como la represión franquista al colectivo LGTBI, la perspectiva de género, y las asociaciones memorialistas. Además, evita que se tengan que eliminar los símbolos franquistas y rehúye las sanciones por destruir fosas comunes.

La aprobación de esta ley supuso la derogación de la norma sobre memoria democrática que aprobó el Gobierno extremeño en 2019, con Guillermo Fernández Vara a la cabeza. Los socialistas autonómicos criticaron duramente al PP y Vox por esta decisión porque, en su opinión, se trata de “un retroceso para quienes están comprometidos con la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición”.

El Gobierno ya ha llevado al Tribunal Constitucional leyes de Concordia parecidas y aprobadas por comunidades como Balears, Aragón, Cantabria y la Comunidad Valenciana. El Ejecutivo entiende que cada una de estas normas tienen un efecto similar al tratar de mantener las exhumaciones, pero no defender el derecho a la verdad (derecho a conocer lo que ocurrió), el derecho a la reparación pública (tanto material como moral) y el derecho de garantías de no repetición, fundamentalmente a través de esta reparación pública y de la inclusión de estos contenidos en el sistema educativo.

Además, el Gobierno central ha advertido durante estos meses que estas leyes autonómicas extinguen los órganos administrativos que se habían creado para dar cumplimiento a la Ley de Memoria Democrática.

Reyes Maroto vive su momento de mayor voltaje interno en el PSOE. El próximo domingo, los militantes de Madrid se pronunciarán sobre si debe ser ella o Enma López la candidata del PSOE al Ayuntamiento de Madrid en las próximas elecciones municipales. Y ella pone sobre la mesa el mensaje de que representa la unidad, la experiencia, el compromiso y la lealtad a las siglas y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Maroto (Medina del Campo, Valladolid, 1973) fue el rostro del PSOE en las elecciones de 2023. Y defiende que está cumpliendo su compromiso de quedarse en la batalla municipal. Por el momento, ha ganado la batalla de los avales. Tiene el respaldo silencioso de las direcciones nacional y autonómica, aunque niega ser la candidata del aparato. Pero hay un dato que observa todo el partido: López la superó en los avales online, aquellos que se registraron de forma confidencial en la web del partido. Quedan seis días de infarto en el socialismo madrileño.

Tiene más avales que su rival, ¿se considera la favorita en las primarias?

Hay que darle voz a la militancia. Todos los avales implican un compromiso. He escuchado decir a Enma que los avales online eran libres. Es una falta de respeto a la militancia que ha ido a las casas del pueblo a llevar sus firmas. Tenemos una semana para hablar de proyectos, para seguir transmitiendo ilusión y, sobre todo, para salir reforzados en el objetivo de ganar al PP el año que viene.

Su candidatura ha tenido más avales físicos que online. ¿Se puede interpretar que tiene más apoyo del aparato que de los militantes rasos?

Si hacemos esa distinción, estamos poniendo en cuestión el proceso, que es limpio y en el que la voz la tiene la militancia. Enma se ha equivocado poniendo en valor unos avales frente a otros. Todos valen lo mismo. Las firmas físicas son valientes y demuestran confianza y compromiso. Las etiquetas de aparato y de favorita no representan a mi candidatura. Llevo tres años y medio trabajando con la militancia de base. Me comprometí con este proyecto y no he dejado de cumplir mi palabra.

¿Ha hablado con Óscar López y con Pedro Sánchez para ser su candidata?

Enma López fue la primera persona a la que le dije que me iba a presentar a las primarias. Cosa distinta a lo que hizo ella, que prefirió anunciarlo a través de un medio de comunicación en un momento en el que quiso ser la protagonista. Pero el protagonismo debía ser del presidente y del partido, por la celebración del Comité Federal. El proyecto está por encima de cualquier proyecto individual. En este partido cabemos todos y no hay nadie más estrella que otro. Desde luego, ha sido una falta de lealtad y no era el momento. Ella prefirió ser la protagonista en un momento que no tocaba.

¿Por qué un militante tiene que apoyarla a usted frente a López?

Porque cumplo mi palabra. El compromiso es muy importante. En este momento toca la unión y las siglas del partido. Y también trasladar todo el trabajo que hemos hecho en estos tres años y medio, con la aportación de López como parte del proyecto colectivo. Mi candidatura es muy transparente y no he mentido a nadie. Dije que venía a quedarme y me he quedado. Estoy trabajando por Madrid. No he hecho ningún cambio de cromos y no me he ido para luego volver. Mi despacho está en el grupo municipal y llevo tres años trabajando en la calle, con los vecinos y con los militantes. 

La candidatura de López se presenta como la de la ilusión, ¿qué responde?

Ilusión tenemos todos. Queremos el cambio en Madrid. La ilusión es contagiosa, como pasa con la selección en el Mundial. Pero si no jugamos en equipo, no vamos a conseguir el objetivo de ganar al PP. 

¿Se considera mejor candidata que López?

No creo que vaya de personalismos ni de individualismos. Creo en el trabajo en equipo, en la militancia de base y en las Casas del Pueblo. También soy la secretaria general del PSOE de Madrid ciudad. Me presenté a unas primarias y nadie más lo hizo. No sé si el momento de Enma López es ahora, fue o si será. Yo elegí 2023 para llegar a Madrid y ese compromiso ha sido refrendado por los avales de los militantes. Pero también por los madrileños cuando voy a los barrios a defender un proyecto de ciudad. Es un proyecto de lucha vecinal, que puedo defender porque he estado. A López la he visto en muchos sitios, pero también ha tenido muchas ausencias. Luego decidió irse a acompañar al presidente desde Ferraz y yo decidí quedarme.

Mucha gente en el partido compara este proceso con las primarias de 2017. Entonces, Susana Díaz ganó en avales, pero luego ganó Pedro Sánchez en la votación. ¿Cómo se enfrenta a este paralelismo?

Hay una diferencia fundamental: entonces gobernaba el PP en España. Por lo tanto, se estaban configurando liderazgos. Ahora gobiernan España el PSOE y Sánchez. Hay dos palabras que defienden mi candidatura: la unión y la lealtad. Por supuesto, siempre están por delante el PSOE, el Gobierno y nuestro secretario general.

Si gana, ¿contará con López en su candidatura?

Siempre cuento con ella porque es la portavoz adjunta y dirigió mi campaña. No cabe ninguna duda de la confianza que tengo en ella, pero ahora se ha frustrado porque no me trasladó sus inquietudes ni el proyecto de cambio que quiere liderar. No acabo de entender si esto va de ella o del PSOE. 

¿Cómo se enteró de la candidatura de López?

Con hechos consumados. Me llamó para decirme que iba a salir en un medio su decisión.

¿Madrid es de derechas?

No lo es. Me identifico mucho con Ángel Gabilondo, al que llamaban soso. No tenía esa campaña de marketing o en redes que parece que ahora está de moda. Pero ganó al PP en Madrid. Manuela Carmena también era una candidata basada en la palabra y no en la polarización, y venció al PP. ¿Por qué no puede ganar Reyes Maroto al Partido Popular en 2027? En mi candidatura hay bagaje, ganas e ilusión.

Hay mucha frustración entre los votantes socialistas al ver cómo gana sucesivamente el PP en Madrid. ¿Qué ofrece a las personas de izquierdas para que vayan a las urnas?

Tenemos que ofrecer certezas y explicar qué haríamos si gobernáramos. Una de las primeras cosas sería abordar el problema de la vivienda. No venderíamos parcelas públicas a los fondos de inversión, pondríamos coto al fraude en las viviendas de uso turístico e invertiríamos en la Empresa Municipal de Vivienda. La gente quiere que acabemos con los problemas. También busco eliminar el ruido y la descalificación. Quiero recuperar la buena política. La gente me conoce porque habla conmigo, voy a las manifestaciones y a los plenos de los distritos. Por ejemplo, estamos apoyando a las trabajadoras de las escuelas infantiles, saben dónde están el PSOE y Reyes Maroto. Siempre con la dignidad.

Uno de los grandes debates es por dónde se puede ensanchar el voto del PSOE en Madrid. ¿Cree que le puede comer terreno a Más Madrid o va a ir hacia un voto más de centro?

Tenemos que conseguir que los resultados de las elecciones generales se den también en las autonómicas y municipales. Es el voto que hay que movilizar. Pero hay que ser más ambiciosos y tenemos que volver a ilusionar haciendo buena política como hace el Gobierno de España y dando certezas. Tenemos ahora dos elementos muy importantes. Uno es la población migrante. El proceso de regularización nos da la oportunidad de mirar a los ojos a los migrantes para decirles que allí donde el PSOE da derechos, el PP utiliza la “prioridad nacional". El otro son las mujeres. Almeida y Ayuso están atacando nuestros derechos. 

Critica el momento elegido por López, pero usted avanzó su intención de ser candidata meses antes de que se abriera el proceso. ¿Cuál es la diferencia?

Hace tres años dije que venía a quedarme. Di un paso muy importante que podía haber hecho cualquier militante. Soy la secretaria general del PSOE en la ciudad. He ido asumiendo y cumpliendo mis compromisos. He reforzado la unión entre las 23 agrupaciones y he compartido un proyecto colectivo. He sido muy clara y transparente.

La principal estrategia del PP de Madrid es el antisanchismo. Usted fue ministra del Gobierno. ¿Cómo puede combatir ese discurso del Partido Popular?

Es que el sanchismo nos va a dar votos, como en 2023. Conseguí cambiar los muy malos resultados y pasé de ocho a 11 concejales. Es un aval de que esta candidatura genera confianza. El objetivo es ganar al PP. Las primarias son el instrumento democrático que defiendo. Es muy bueno que se presenten militantes a estas primarias para tener el proyecto, pero respetando claramente el proceso. Y, sobre todo, lealtad a unas siglas, a un presidente y a un grupo municipal, algo que Enma no ha hecho. Hay que tener claro que hay que batir al PP.

Es una campaña exprés hasta el domingo, ¿cómo va a pedir el voto?

Llevo tres años y medio recorriendo las agrupaciones, trabajando con la militancia de base y yendo a las fiestas. Esta semana estaremos en Villaverde, en Chamberí y en Puente de Vallecas. Voy a dedicarme a hablar del proyecto. Para ganar al PP, no hay que mirar hacia adentro, sino hacia afuera. Seguiré ilusionando a los militantes y pidiendo su confianza. En este momento, hace falta un proyecto de cambio y de alternativa al Partido Popular. 

Las elecciones municipales serán en mayo del año que viene. ¿Puede esta batalla interna agriar el trabajo del grupo municipal y desgastar al PSOE? ¿Se compromete a trabajar unidos pase lo que pase?

El grupo municipal ha hecho un trabajo muy bueno con un liderazgo claro, contando siempre con las agrupaciones y los vocales vecinos. En cuanto acaben las primarias, el grupo se tiene que poner a construir un programa electoral, en el que ya estamos trabajando con ilusión y con ganas. El objetivo es ganar al PP en mayo de 2027.

Si gana, será la candidata del PSOE en la capital y en la ciudad más poblada del país. Hay un debate en el partido sobre si es mejor que las elecciones generales se convoquen antes que las municipales y autonómicas. ¿Qué le va a pedir a Sánchez?

Es una decisión que tiene que tomar el presidente. Nosotros podemos tener unas prioridades, pero Sánchez acertó adelantando en 2023. Fue muy valiente y confío en su criterio. Va a hacer lo mejor para España, que será lo mejor para Madrid.

El Madrid de Reyes Maroto…

Un lugar para pasear: Me gusta mucho el Retiro. Siempre ha sido un refugio para mí.

Un lugar para hacer deporte: Un centro municipal.

Un lugar para pasar una noche de fiesta: Me iría a una verbena. Por ejemplo, este fin de semana, la de Villaverde.

Un lugar para escaparse dentro de la ciudad: El Parque Juan Carlos I y la Quinta de los Molinos.

Un lugar para llevar a alguien que viene por primera vez a Madrid: Chueca.

Un lugar especial para los socialistas: Casa Labra.

El curso político llega a su fin. Una temporada intensa. Acalorada. El Gobierno y la oposición saben que el clima preelectoral se ha instalado ya. Pero de verdad. A partir de septiembre, todos estarán pendientes de un único movimiento: en qué momento pulsará Pedro Sánchez el botón para ir a las urnas.

Pero el Gobierno quiere cerrar el curso durante estas tres semanas con un fuerte componente social frente a la frenética actividad en los tribunales. La coalición busca evidenciar para qué sirve, a qué intereses responde, cuál es el proyecto que ofrece a los ciudadanos. Para ahora y para la cita electoral de 2027.

Esa razón de ser pasa, como señalan fuentes gubernamentales, por tres ejes principales: el avance histórico en aportaciones para la dependencia, un nuevo decreto en materia de vivienda y la defensa del estado del bienestar ante la “amenaza” que supone el frente del PP y Vox que sueña con llegar ya al Palacio de la Moncloa.

En el Gobierno reconocen que la polémica de Alberto Núñez Feijóo por sus comentarios sobre el absentismo les da oxígeno en estos momentos. Como señalan fuentes del Consejo de Ministros: “Ha dicho lo que pensaba sobre las bajas laborales. Es el modelo oculto del PP, que intenta no revelar antes de las elecciones. Pero el líder del PP tiene un bajo nivel. Han tenido que salir los suyos a corregirlo, hasta Borja Sémper”.

Como señala otro miembro del Gobierno: “La gente está viendo que vienen con la motosierra”. El Ejecutivo lleva meses luchando para que se hable de gestión y de políticas sociales, pero los escándalos judiciales han alterado totalmente el ritmo del debate público. Por eso, ve las palabras de Núñez Feijóo como un regalo para que se hable de asuntos de calado que afectan al día a día de los ciudadanos.

Precisamente, varias fuentes del Gobierno señalan que el PP también se está “retratando” de manera paralela con el tema de la dependencia. Este jueves la Comisión de Derechos Sociales del Congreso dio su visto bueno a la reforma de las leyes de dependencia y de discapacidad, que conllevan reducir la burocracia, suprimir la incompatibilidad de prestaciones y ampliar servicios.

Los proyectos de ley salieron adelante con el voto de todo el arco parlamentario a excepción del Partido Popular y de Vox. La próxima votación será ya en Pleno el próximo martes, el mismo día en el que, además, la Cámara Baja someterá a votación el decreto que lleva a máximos históricos la aportación del Gobierno central para dependencia, con 6.200 millones de euros extra para este año y el que viene.

El Partido Popular trata de boicotear estas normas a pesar de que se ha caído su principal excusa: la necesidad de incrementar la aportación del Gobierno central en una materia que es competencia de las comunidades, la mayoría en manos de gobiernos del Partido Popular con el apoyo de la ultraderecha de Santiago Abascal.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quiere hacer bandera de todos estos avances sociales. De vuelta de la cumbre de la OTAN en Ankara, el líder socialista escribió estas ideas en la red social X: “La semana pasada, contra el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo. Ayer, contra los trabajadores y su derecho a una baja laboral. Hoy, contra las personas en situación de dependencia. Así opina y actúa el PP de Alberto Núñez Feijóo. No son lapsus. Son sus ideas”.

Máxima relevancia dan ahora mismo en el Gobierno a la elaboración del decreto de vivienda en el que trabaja el Ejecutivo. El compromiso es llevarlo al Consejo de Ministros antes de las vacaciones de agosto. Estos días negocia intensamente el área socialista, a través de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, con el ala de Sumar, pilotada por Pablo Bustinduy (Derechos Sociales).

Fuentes de Sumar trasladan que hay dos líneas rojas: el decreto debe llevar sí o sí la regulación de los alquileres de temporada, en sintonía con las propuestas del Sindicato de Inquilinos, y la prórroga de los contratos de alquiler (que ya estuvo en el anterior texto que no convalidó el Congreso). “Esto es irrenunciable”, enfatizan desde el socio pequeño de la coalición. Asimismo, se están poniendo sobre la mesa otras medidas sobre las que no quieren dar pistas en el Ejecutivo.

En paralelo, el Gobierno trabaja a todo rendimiento para la aprobación de los presupuestos generales del Estado. Y esta es la pieza clave para saber hasta dónde llega la legislatura. Sánchez ya ha abierto la puerta a ir a unas elecciones adelantadas si cae el proyecto de cuentas públicas para el año que viene.

Los trabajos los está pilotando el ministro de Hacienda, Arcadi España, en sintonía total con el vicepresidente primero y titular de Economía, Carlos Cuerpo. Son unas cuentas con un importante mensaje político, por lo que se ha aprobado también un techo de gasto histórico con el fin de que se aumenten las partidas de vivienda, becas, lucha contra la violencia machista, I+D+i y dependencia. “Será un proyecto con el ADN progresista y socialdemócrata. Igualdad y servicios públicos. Es nuestra hoja de ruta ante la sociedad”, indican fuentes del Ejecutivo.

Pero también, de manera discreta, se está produciendo la negociación entre los dos socios de Gobierno. En Sumar siguen insistiendo, frente a la negativa de los socialistas, en que se debe incluir en los presupuestos el proyecto para una prestación universal por crianza por hijos hasta los 18 años.

Sumar ondea con fuerza la idea que el aumento en dependencia y las medidas de vivienda son fruto de su trabajo intenso dentro de la coalición. “Merece la pena estar dentro para hacer todas estas medidas. Al PSOE hay que presionarlo y obligarlo”, apuntan desde el partido. 

Llega el verano. Y el Gobierno quiere marcar su impronta en un momento en el que los tribunales se llevarían todos los titulares si no fuera porque Feijóo parece reclamar algunos para sí mismo.

Verónica Barbero y Rosa Martínez. Dos mujeres al frente de Movimiento Sumar desde este sábado. Y varias señales claras para un momento esencial para ese partido que se juega la supervivencia: apuesta por los asuntos sociales y por perfiles bregados en la Administración con una clara vocación por lo público. Se presentan como la cara en España del “laborismo ecosocialista”.

Movimiento Sumar unge este sábado a la nueva dirección del partido en la asamblea que se celebra tras una durísima crisis interna, que se saldó con la salida de Lara Hernández a pesar de que se había archivado el expediente contra ella por supuesto acoso laboral. La formación da el visto bueno a una lista única encabezada por Barbero y Martínez, en la que también están en puestos clave Ernest Urtasun, Lander Martínez y Amanda Andrades.

El tándem Barbero-Martínez, como indican en el corazón de su candidatura, vertebra una dirección con cuatro ejes principales: “Personas expertas en políticas públicas, cargos públicos de la organización, una importante representación territorial y una amplia presencia joven”.

Las dos arrancan su mandato con el espíritu que reza su lema, “Sumar para gobernar”. Porque su idea pasa por un proyecto político “fuerte”, como indican fuentes de su entorno, que dé impulso al Gobierno de coalición. Dado que en contraposición a otros ámbitos de la izquierda, Barbero y Martínez apuestan con fuerza por la labor institucional. De hecho, la primera es portavoz del espacio en el Congreso y la segunda es la secretaria de Estado de Derechos Sociales.

Con ambas cobra mucha fuerza esa idea de la España plurinacional. Barbero es una galleguista convencida y siempre ha mostrado una gran sensibilidad por lo territorial, a la vez que Martínez ha sido diputada dos legislaturas por Vizcaya. De esa manera, se dibuja un equipo con aires periféricos dentro de una izquierda transformadora en la que cada vez tienen más importancia los movimientos con arraigo autonómico.

Barbero asciende a lo más alto del partido después de muchos años en segundo plano. Pero, detrás de los focos, atesora un trabajo que ha influido en la vida de centenares de miles de españoles sin que sepan su nombre. Cuando trabajaba en el Ministerio de Trabajo durante la época de la pandemia, fue una de las principales artífices del plan de los ERTE para salvar puestos de trabajo.

Díaz la llamó, cuando llegó al Ministerio, para ocupar la Dirección General de Trabajo. En su portátil se escribió la normativa de los ERTE. Nacida en Gijón en 1980 y licenciada en Derecho por la Universidad de Oviedo, Barbero es gallega de adopción y fue inspectora de Trabajo y de la Seguridad Social en la provincia de Pontevedra. Fue entonces cuando entabló una relación de confianza con la vicepresidenta segunda, que ha sido su confidente y figura clave para el ascenso político. Además, fue una de las personas esenciales para la negociación de la reforma laboral.

Y en los últimos años ha tenido la difícil tarea de recoser el grupo parlamentario de Sumar. Su ascenso a la portavocía en el Congreso se produjo por la crisis abierta a raíz de la dimisión de Íñigo Errejón por las denuncias de acoso machista. El espacio confió en ella para tratar de volver a la normalidad y para unir a unos diputados deslavazados. Pero especialmente su papel se ha mirado con lupa por sus discursos en relación al PSOE en un vertiginoso final de la legislatura marcado por los escándalos relacionados con los socialistas. 

Ella ha utilizado un tono muy duro contra los socialistas, pero siempre se ha mostrado a favor de seguir gobernando. Como señala un parlamentario que la conoce mucho: “La situación no ha sido nada fácil. Nos repugnan muchas cosas que hemos conocido y el PP está presionando para que rompamos. Pero ella también tiene en la cabeza que hay que transformar con el BOE en la mano”.

Fuentes cercanas a Barbero recalcan que tiene el objetivo claro de que Movimiento Sumar sea esa “fuerza clave” para garantizar que avance el Gobierno en derechos y para que sea útil para las mayorías sociales. Además, es una persona que apuesta por la unidad en el proceso abierto entre las diferentes formaciones de la izquierda para buscar una fórmula común de cara a las elecciones generales.

En su equipo, además, destacan su interés por el arraigo en los territorios y las “miradas propias” en cada autonomía. Los derechos laborales son parte esencial de su discurso, mientras que sobre Martínez recae más la parte verde (ha militado durante años en Equo). Y las dos quieren llevar también un mensaje, como señalan los suyos, de políticas de izquierdas frente al “momento trumpista” que se vive a nivel internacional. Todo bajo una perspectiva feminista.

“Tiene experiencia de gobierno y es una persona con fuerza y con mucho carácter para todo lo que viene”, dice una persona que trabaja con Barbero todos los días, además de poner sobre la mesa su gran experiencia en la Administración.

La palabra “gestión” se repite también cuando se pregunta a varios interlocutores sobre Rosa Martínez (León, 1975), que actualmente es la mano derecha de Pablo Bustinduy en el Ministerio de Derechos Sociales. Estos días ha sido una figura esencial, aunque no haya copado titulares, para el acuerdo del Consejo de Ministros que incluye el mayor incremento de la historia en la aportación del Gobierno a la dependencia, con una inversión de 6.200 millones de euros más en 2026 y en 2027 respecto a los últimos presupuestos.

Sobre Martínez, varias fuentes consultadas señalan su “gran compromiso con lo social” y su “capacidad para el diálogo y el acuerdo”. Pero también indican su experiencia política después de haber sido diputada durante dos legislaturas. Y comparte también un perfil ecologista. Antes de que la fichara Bustinduy, trabajaba en la European Climate Foundation, donde gestionaba proyectos vinculados a la lucha contra el cambio climático. 

Verónica Barbero y Rosa Martínez. Dos mujeres para salvar Movimiento Sumar.

Movimiento sísmico político. De los que se sienten en la calle. El cuestionamiento de Alberto Núñez Feijóo de las bajas laborales ha removido todo el panorama en un momento clave en el que el ambiente preelectoral se ha instalado en el país. Unas declaraciones del líder del Partido Popular que enseñan el camino de su plan económico neoliberal y en contra de la actual reforma laboral.

Feijóo, que siempre evita concretar propuestas económicas de cara a su futuro programa electoral, levantó el martes una enorme polvareda llamando “cáncer” al absentismo laboral y ligándolo a los procesos de baja, que en España están regulados bajo el criterio de los médicos de la sanidad pública. Unas declaraciones con un impacto similar a sus mentiras sobre las pensiones a escasos días de las elecciones del 23J, en una entrevista en TVE con Silvia Intxaurrondo.

El líder del PP, al rebufo de las reclamaciones de la patronal, ha puesto en el centro del debate el retroceso de los derechos laborales como uno de los grandes ejes económicos para los próximos comicios. Y el Gobierno, los partidos de izquierdas y los sindicatos han salido en tromba contra el expresidente de la Xunta para confrontar modelos económicos y, sobre todo, señalar lo que puede venir si se materializa un Ejecutivo de coalición entre los populares y la ultraderecha el próximo año.

De esta manera, también los partidos progresistas quieren centrar el debate en el modelo económico y social en un momento en el que la agenda política está marcada principalmente por las noticias de tribunales y los diferentes casos de corrupción ligados a los socialistas.

Un debate de política económica que se produce, además, con todo el mundo político mirando al futuro proyecto de Presupuestos Generales, que marcará el posible adelanto electoral después de que Pedro Sánchez apuntara que pondrá las urnas si no logra sacar adelante las cuentas. 

Este proyecto, que ahora mismo no tiene asegurados los votos, supone para el Gobierno plantear su hoja de ruta de cara a las próximas elecciones. Y el mensaje es claro y rotundo: unas cuentas expansivas con un fuerte componente social. El Consejo de Ministros aprobó este martes el mayor techo de gasto de la historia con la idea de reforzar el estado del bienestar. 

El límite de gasto no financiero aumenta un 6,6% respecto al ejercicio anterior y permitirá reforzar las políticas de vivienda, becas, dependencia, investigación y lucha contra la violencia machista, según avanzó el ministro de Hacienda, Arcadi España. Además, fuentes del Gobierno señalan que una de las principales bazas de cara a la batalla en las urnas será el crecimiento económico de España, que sirve de palanca también para los servicios sociales frente a la austeridad de las derechas. “En esta legislatura hemos roto el paradigma de que la derecha supuestamente se maneja mejor en el terreno económico”, reflexiona un miembro del Consejo de Ministros.

El Gobierno cree que las palabras de Feijóo sirven para devolver al centro de la discusión pública la confrontación de dos modelos económicos. Y ahí se ve fuerte para poder despertar a los progresistas que ahora mismo están alicaídos y que serán la clave para decantar la balanza en 2027.

El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha puesto al frente en la ofensiva contra las palabras de Núñez Feijóo y su puerta abierta a recortar derechos laborales. El jefe del Ejecutivo le dio la máxima importancia al asunto durante su rueda de prensa en Ankara (Turquía), donde se ha celebrado la cumbre de la OTAN.

Para el socialista, es “absolutamente desafortunado equiparar las bajas laborales con el cáncer”. Remarcó el presidente que el PP, junto a Vox, solo propone “recortes y cercenar derechos”. Asimismo, el socialista avisó de que Feijóo está poniendo en cuestión “conquistas sociales”, además de recordar que ha costado más de una década dar respuesta a las reformas ultraliberales implantadas durante la época de Mariano Rajoy.

“Ahora dice que quizá no se habían comunicado muy bien. Todos hemos entendido muy bien lo que quería decir el señor Feijóo. Llueve sobre mojado”, apostilló el jefe del Ejecutivo, que ha hecho de la materia laboral, bajo el mando de Yolanda Díaz, una de las señas de identidad de la coalición progresista durante estos años.

Desde el ala de Sumar, la ministra de Sanidad, Mónica García, señaló sobre las palabras de Feijóo: "Son desafortunadas de principio a fin, empezando por equiparar las bajas a la palabra cáncer, una enfermedad. Y no olvidemos que las altas y las bajas son actos médicos".

"O sea que si está hablando de fraude, está hablando de fraude de los profesionales sanitarios que recetan esas bajas", apostilló García.

Los sindicatos también pusieron pie en pared ante las palabras de Feijóo. Pepe Álvarez (UGT) acusó al presidente del PP de "sumarse a una situación de bulos, de mentiras y de engaños" al mezclar las faltas injustificadas al trabajo con las bajas médicas por incapacidad temporal. Desde Comisiones Obreras, Unai Sordo tachó de “despropósito” la declaración de Feijóo y acusó al PP de “demonizar” a los trabajadores: “Las personas que están de baja en España sufren una enfermedad”.

El Partido Popular, consciente de que este tema es muy sensible y afecta principalmente a la clase trabajadora a la que quiere llegar para ganar las elecciones, se envuelve durante estas horas en la idea matizada de que Feijóo hablaba de “fraude” y no de bajas laborales. Asimismo, tratan de capear la crisis diciendo que todo se debe a la manipulación de Sánchez para tapar sus “cloacas”. El líder del PP, por su parte, guardó silencio y dedicó la jornada a vivir los sanfermines en Pamplona. 

“La última vez que gobernamos, Madonna sacaba Like a prayer (1989)”. Este es uno de los lemas de la campaña de Enma López para las primarias del PSOE que decidirán la candidatura a la Alcaldía de Madrid. Y, como una señal del destino, la reina del pop ha sacado precisamente ahora un nuevo disco de música dance bajo el título de Confessions II.

López (Vigo, 1986) ha dado el gran salto político de su vida. Tras ocho años de concejala, quiere encabezar la candidatura del PSOE. Pasa estos días de agrupación en agrupación buscando los avales necesarios. Su rival es Reyes Maroto, la exministra bendecida por Ferraz y por el aparato regional. Pero la concejala cree que tiene en su mano la posibilidad de revolucionar al socialismo madrileño con una candidatura que generar ilusión entre los militantes y los ciudadanos. La gran batalla acaba de arrancar.

¿Por qué quiere ser alcaldesa de Madrid?

Ya toca. Esta ciudad necesita a alguien que la quiera, lleva demasiado tiempo siendo la voluntad de otros y no de los madrileños. Se está convirtiendo en un infierno. Estamos en medio, por ejemplo, de una ola de calor, que es casi ya permanente, y no tiene ni zonas de sombra ni árboles suficientes. Un lugar donde es casi imposible vivir y donde el autobús pasa ya cada 20 minutos. Hace falta que alguien se tome en serio esos problemas. 

¿Por qué da este paso político en este momento?

Porque era el momento. He estado ocho años pateándome Madrid, estudiando cada coma del presupuesto y escuchando a mucha gente que me ha pedido que diera el paso. La respuesta está siendo increíble. Uno entra en X, que es un lugar generalmente de odio, y ve ilusión y gente contenta, con ganas de votar. Estoy recibiendo mensajes de muchos compañeros que me mandan su aval después de años sin pisar una agrupación. Hay una ola de gente que quiere formar parte del cambio. No hay nada más bonito que liderar ese movimiento.

¿Cómo va el “avalmaratón”? 

Lo empezamos el lunes y va muy bien. Hemos arrancado en el sur, en Vallecas. Nos estamos encontrando con muchos militantes, desde los más jóvenes hasta los más mayores. Esta ciudad debería mirar más, por cierto, a las personas mayores en el tema de los cuidados cercanos y que no les arranquen de sus barrios. Hay que hablar mucho de igualdad y del papel de las mujeres, ya que cada vez hay más brecha redistributiva. Pero, sobre todo, estamos hablando de ilusión con personas que estaban alicaídas. La gente está a tope. 

Se enfrenta en estas primarias a la exministra Reyes Maroto, ¿qué le diría a un militante para que la apoye a usted?

Me gustaría que se hiciera unas preguntas honestas y difíciles: quién es mejor candidata para Madrid, quién va a llevar mejor las propuestas socialistas a Cibeles y quién tiene más oportunidades de ganar. Porque yo estoy hablando de ganar la Alcaldía después de 37 años sin gobernar. Ahora estamos en el paso de los avales, que se pueden firmar de manera online y en las agrupaciones de manera confidencial. Ese pequeño paso es fundamental para ganar Madrid. 

¿Qué contesta a los que le acusan de desleal y de presentarse fuera del calendario oficial?

No hay nada más leal que querer al PSOE y a los madrileños y presentarse a unas primarias abiertas y limpias con ganas e ilusión. Presento una alternativa a los madrileños cansados de esperarnos y con ganas de votar al PSOE. No hay nada más bonito que llevar las propuestas de Pedro Sánchez a las casas de los madrileños. 

¿Es la candidata antisistema?

Soy la candidata pro-Madrid y la candidata de la militancia. Así me lo están haciendo saber. Y no hay un apellido más bonito. 

¿Madrid es de derechas? ¿Tiene posibilidades reales la izquierda?

Madrid no es de derechas, es progresista. Y, si vemos los datos del CIS, está en uno de sus momentos más de izquierdas. Lo que tenemos que hacer es ser capaces de ilusionar a toda esa gente que nos quiere votar. Hay barrios en los que hay una diferencia de hasta 200.000 votos en las generales respecto a las municipales. Veo ganas de cambio real. Es lo que nos estamos jugando en estas primarias. Esto no es una decisión interna, sino muy externa. Están eligiendo a la próxima alcaldesa de Madrid y eso se consigue con un aval. Se acabaron los tiempos de hablar de superarnos unos a otros. Se acabó la melancolía y hay que decirle a esta ciudad que ya toca y que va a haber un Gobierno socialista.

Durante muchos años se ha asentado la imagen en la calle de que el PSOE de Madrid no quiere ganar. ¿Tiene esa sensación?

Tengo la sensación de que nos están esperando. Es lo que me comentan en los barrios. Por ejemplo, Tomás, un camarero de un bar al que voy habitualmente, me ha dicho: “Enma, llevo 20 años sin votar. Pero, si tú te presentas, lo haré”. Tenemos un proyecto que va desde los más jóvenes a los mayores pasando por las mujeres y el colectivo LGTBIQ+, que necesita que la ciudad lo cuide. Tenemos ganas de mirar a todos y construir una candidatura abierta. Ya toca.

Ese “ya toca” pasa por una ecuación en la que también está la izquierda transformadora. ¿Estaría cómoda gobernando con Rita Maestre y Más Madrid?

Tengo una relación magnífica con todas las personas de los partidos de izquierdas. Pero, en todo caso, hago un símil deportivo: uno no gana el Tour mirando al lado, sino a la meta. Miro a Cibeles. Y, por supuesto, hace falta que lo hagamos juntos y el Gobierno progresista es un ejemplo. Cuando las izquierdas nos entendemos, España mejora. Pero aquí hablamos de un PSOE fuerte que no solo quiera gobernar, sino que gane las elecciones.

¿Qué balance hace de la legislatura de José Luis Martínez-Almeida?

Ha sido una legislatura perdida porque a Almeida no le gusta ser alcalde y prefiere confrontar con el Gobierno central. Él era feliz en la oposición. Pero un Ayuntamiento tiene que hablar de limpieza, de carriles bici, de sombras, de parques, de frecuencias de autobuses, de cuidados y de las cosas que mejoran la vida de los ciudadanos. ¿Cuál es la transformación de Almeida? Ha abierto solo la puerta a proyectos privados que van contra los madrileños. 

Lleva mucho tiempo citando como ejemplo a Zohran Mamdani, que ganó la Alcaldía de Nueva York hablando del coste de la vida. Viniendo en el metro, por ejemplo, había una pegatina denunciando que antes los desayunos valían dos euros y ahora los brunchs cuestan 15. ¿Cómo afronta el reto de Madrid sobre los precios y el problema de la vivienda?

Hay que hablar de las cosas del comer. El metro ahora está sin aire acondicionado, por ejemplo. La vivienda es el gran reto y hay que actuar de forma poliédrica. Tenemos que ser capaces de construir más y más rápido, y también hay que rehabilitar muchas viviendas. Asimismo, hay que apostar por el transporte público. No podemos resignarnos a tener frecuencias de autobús cada 20 minutos.

Menos cuando viene el papa, que el Ayuntamiento pone gratis los autobuses…

No me gustaría que el papa tuviera que censarse aquí para que tengamos una ciudad limpia, con médicos y transporte público. Y es muy importante ayudar a pagar la energía a través de comunidades para que la gente no tenga miedo a encender el aire acondicionado. Hay muchas cosas que tenemos que repensar. Por ejemplo, la Feria del Libro. A lo mejor tenemos que debatir si debería ser en otra fecha en la que no haya 40 grados. Hace demasiado tiempo que esta ciudad no habla ni dialoga. Y hay que hablar también de los bares.

¿Por qué?

Son identidad madrileña y la estamos perdiendo. Tendríamos que tener un plan de ordenación comercial y proteger a las pequeñas tiendas y bares. Están desapareciendo las cañas y solo hay dobles a precios desorbitados. La derecha se está cargando esa forma de vida madrileña de la que tanto hablan. 

La hemos visto también participar en muchos actos en el Orgullo. Hay muchas voces del colectivo que hablan de volver al activismo en una celebración que está cobrando muchos tintes capitalistas, algo a lo que empuja el Ayuntamiento de Madrid, que ha congelado su aportación de medio millón de euros. Por ejemplo, en Sevilla, gobernada por el PP, se ha invertido en este sentido un millón y medio de euros. ¿Qué concepto de Orgullo tiene?

Para empezar, un Orgullo que dure todo el año. No puede ser que estén creciendo los delitos de odio. No puede ser una fiesta privada, sino que debe ser una celebración de la ciudad y el Ayuntamiento se debe involucrar de forma activa. Creo en un Orgullo reivindicativo y festivo porque forma parte de la esencia de un colectivo con el que me siento muy identificada. Hay que reivindicar con dignidad y alegría.

¿Cuál sería la primera medida que tomaría si llega a Cibeles?

Siempre es difícil, pero reuniría al equipo de vivienda para que empezaran ya a trabajar. Y también tomaría medidas sobre los carriles bici y las sombras porque, además, llegaríamos en junio. No podemos permitir que esto sea un asadero.

¿Su gran referente para gobernar Madrid es Tierno Galván?

Tengo muchos. Él es uno. Y también me gusta mucho lo que hicieron Claudia Sheinbaum en Ciudad de México y Anne Hidalgo en París. También Mamdani. Y saldrán muchas cosas buenas de los madrileños y las madrileñas, a los que, por desgracia, nadie escucha. 

Es un rostro habitual en las tertulias de televisión y en la sala de prensa de Ferraz. Pero es la primera vez que encabeza un gran proyecto. ¿Cómo lo lleva personalmente ante una competición tan mediática? ¿Hay vértigo?

Estoy ilusionadísima. Madrid es el gran amor de mi vida. Me da fuerza cada persona que encuentro por la calle. Duermo y como menos, pero no me recordaba con tanta energía y con tanto brillo en los ojos. Es maravilloso hacer aquello en lo que crees. He tenido grandes honores como estar en la Ejecutiva de mi partido, pero no hay nada tan bonito como pelear por la ciudad que quieres. No voy a parar hasta entrar por la puerta de Cibeles y llevar de mi mano a todos los madrileños.

El Madrid de Enma López…

Un lugar para pasear: Me gusta mucho subir la calle de Bravo Murillo. Me encanta su vida, su comercio, su gente, sus mercados. Representa la acogida de Madrid.

Un lugar para hacer deporte: Madrid Río, aunque faltan sombras.

Un lugar para una noche de fiesta: Hace mucho que no salgo, pero siempre he sido de Malasaña.

Un lugar para perderse: Usera. Me encanta ir a comer a sus restaurantes chinos y perderme por las callejuelas. 

Un lugar para tener una cita romántica: El barrio de las Letras. Me encantan los pequeños bares, cuyos dueños son familia, como Casa González, Los Gatos y La Venencia. Sé que me van a cuidar y que van a estar mirando detrás para ver si es la cita perfecta.

Un lugar para llevar a alguien que viene por primera vez a Madrid: El Templo de Debod, que es una joya. Y siempre, al atardecer. 

Un lugar especial para los socialistas: Casa Labra, con una caña y una pavía de bacalao. Y recordar por qué estamos aquí y lo difícil que lo tuvo Pablo Iglesias.

España se ha convertido este año en el país más garantista con los derechos LGTBIQ+ de toda Europa. Así lo ha certificado el Rainbow Map, de ILGA-Europe. Y ha superado a Malta, que llevaba diez años a la cabeza en este listado. Toda una seña de identidad de una sociedad en mitad del avance de los postulados homófobos y ultras en muchas naciones. 

La semana pasada Madrid se convirtió en el epicentro reivindicativo, que tuvo su máxima expresión en la manifestación del sábado, la más multitudinaria de toda Europa. Todo un grito bajo el lema “Orgullo Ciudadano”, la mítica expresión que acuñó el activista socialista Pedro Zerolo para interpelar a toda la sociedad en defensa de los derechos LGTBIQ+.

La bandera arcoíris ha lucido orgullosa durante estos días en espacios institucionales como el Palacio de la Moncloa y el Congreso, como símbolo de apoyo y respeto a un colectivo que ve cómo están subiendo las agresiones lgtbifóbicas alentadas por los discursos ultras. Pero otro año más, desde la Casa Real no ha habido ningún gesto ni mensaje público de apoyo al colectivo.

La agenda de los reyes durante la anterior semana ha pasado por alto cualquier acto relacionado con el Orgullo. No han acudido a ninguno de los eventos institucionales ni tampoco han organizado acto alguno en el Palacio de la Zarzuela, además de no mandar ningún mensaje a través de las redes sociales.

Durante estos días, Felipe VI acudió a la gala de la Fundación Cotec, recibió en Zarzuela a los presidentes Jorge Azcón (Aragón) y Alfonso Fernández Mañueco (Castilla y León) y presidió en El Escorial la entrega de Reales Despachos a la XLVI promoción de suboficiales de la Guardia Civil. 

Asimismo, el monarca asistió, junto a la reina Letizia, a la entrega de los premios Mariano de Cavia, que concede el periódico ABC, y presidió el acto de entrega de Reales Despachos a la LI Promoción de la Escala de Suboficiales, celebrada en la Academia General Básica de Suboficiales de Talarn (Lleida).

Por su parte, la reina estuvo en el acto de despedida del equipo médico de emergencias de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), que se despliega en Venezuela para atender a la población afectada por los terremotos, y recibió en Zarzuela a una representación de la Confederación Salud Mental España, junto a profesionales y asociaciones que trabajan de manera activa en la prevención del suicidio. 

La Casa Real tampoco hizo mención al Día del Orgullo en las redes sociales el 28 de junio. Es una fecha esencial para el colectivo porque se recuerdan las revueltas en 1969 en el bar Stonewall, en Nueva York. Ese día la comunidad LGTBIQ+ salió a la calle para rebelarse ante las continuas redadas de la Policía. Aquellas manifestaciones se convirtieron en un símbolo en todo el mundo y supusieron un grito de libertad con centenares de activistas defendiendo sus derechos sin miedo a ser arrestados.

El departamento de prensa de la Casa Real ha eludido contestar a infoLibre sobre por qué la institución no ha lanzado ningún mensaje públicamente durante el Orgullo ni por qué los reyes no han acudido a ningún acto relacionado con el colectivo durante estos días.

Desde que Felipe VI fue proclamado en junio de 2014, ha habido pocos gestos públicos por parte de Zarzuela hacia el colectivo LGTBIQ+. En el inicio del reinado, la Casa Real invitó en la primera recepción con la sociedad civil a representantes de asociaciones del colectivo (FELGTB, Fundación Triángulo y Colegas), algo inédito hasta ese momento

En 2017, la Casa Real publicó un mensaje en la red social X con motivo de la celebración del Orgullo mundial en Madrid. El texto indicaba: “Felicitamos a todos los participantes y a todas las instituciones y servicios que garantizan el desarrollo festivo del #WorldPride2017”.

En marzo de 2018, Felipe VI mandó una dedicatoria a la revista Shangay con motivo de su 25 aniversario. En concreto, el monarca envió una foto con el siguiente mensaje: “A los lectores, trabajadores y cuantos han hecho posible que el Grupo Shangay cumpla su 25 aniversario, mi más sincera felicitación”.

Según informó El Mundo el año pasado, los reyes también aceptaron la Presidencia de Honor del Top Líderes LGTBI+ 2025 de Actualidad Económica y la Red Empresarial por la Diversidad e Inclusión LGTBI (REDI). Los reconocimientos fueron entregados el pasado mes de diciembre a 25 empresas y 45 profesionales, aunque los monarcas no acudieron a este acto. 

El Orgullo de este año ha tenido un fuerte componente reivindicativo en un momento de avance de los movimientos ultras. En España, en cambio, ha coincidido con la aprobación de una histórica proposición de ley por parte del Congreso para incluir penas de cárcel por las conocidas como terapias de conversión.

Al mismo tiempo, la comunidad LGTBIQ+ está viendo cómo aumenta el odio hacia ella. Según el último informe de FELGTBI+, las agresiones físicas se han triplicado en España desde 2024. Asimismo, más de la mitad de las personas del colectivo ha sufrido algún tipo de acto de odio durante el último año. 

Good luck, Babe! Estos días de reivindicación y de celebración tienen ritmo y letra de Chappell Roan para Eduardo Rubiño. El concejal de Más Madrid en uno de los grandes referentes políticos LGTBIQ+ y no para quieto ni un minuto durante la semana del Orgullo en Madrid. Pero su trabajo a favor de los derechos se prolonga durante un año. Sin descanso. 

Por eso, cree que es más necesario que nunca levantar con fuerza la bandera arcoíris en un momento en el que la ola reaccionaria atrapa gobiernos en todo el mundo. Y esa nube también amenaza España de cara a las próximas elecciones generales. Llama a la izquierda a seguir luchando. Queda todavía mucho por hacer. Y eso pasa, en opinión de Rubiño (Madrid, 1991) por reglamentar todas las leyes aprobadas y por poner el foco en que las escuelas sean espacios libres de odio. 

¿Por qué hay que salir a las calles en este Orgullo?

Hay una ofensiva reaccionaria en todo el mundo y es un momento decisivo para las libertades. Surgen gobiernos reaccionarios en todo el planeta que amenazan nuestra mera existencia. En España tenemos que defender nuestro legado, somos la envidia de Europa.

El Ayuntamiento de Madrid ha congelado el presupuesto para esta cita y se está imponiendo la parte capitalista durante estos días con precios de hoteles prohibitivos, por ejemplo. ¿Está el Orgullo en Madrid en un momento de inflexión?

Llevamos una larga temporada diciendo que nos están robando Madrid. El coste de la vida hace que nuestra ciudad ya no nos pertenezca, se expulsa a los vecinos. Y esto afecta también a la comunidad LGTBIQ+ y al propio Orgullo. A eso se suman la ofensiva reaccionaria y la erosión que conlleva de apoyos interesados que habían venido por parte de empresas, que ahora ya no quieren patrocinar. Estamos en un momento en el que estamos llamados a recuperar la reivindicación y la celebración cargando de contenido y reclamando el Orgullo como una parte de activismo ciudadano para impedir pasos atrás.

Otro año más sin que el Ayuntamiento de Madrid ponga en su fachada la bandera arcoíris, algo que ya está permitido por la justicia. ¿Hay homofobia institucional en Madrid?

Hay una jurisprudencia clarísima de que es legal colgar la bandera. El Tribunal Supremo ha especificado que es un símbolo que representa valores constitucionales. Esa excusa se acabó. Lo peor no es no colgar la bandera, sino que el Ayuntamiento de Madrid se carga las políticas que vienen detrás. El reconocimiento institucional es importante porque es un mensaje, pero se están recortando programas. 

El Orgullo de Madrid es el más multitudinario de Europa pero no veremos ni al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ni a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso. ¿Cómo lo interpreta?

Tienen alergia a todo lo que significa el movimiento LGTBQ+. El PP está en una pendiente de colonización ideológica por Vox y no quiere fotos que les reste apoyos en ese flanco. Refleja la hipocresía absoluta del PP, que presenta una campañita por la mañana y luego por la tarde se abstiene en la reforma para las penas de cárcel por las terapias de conversión. 

¿Qué le pareció la expresión de Jaime de los Santos en el Congreso de “soy del PP y maricón, orgullo de ambas cosas”?

El sumun de la hipocresía del PP. Nos tiene acostumbrados desde hace tiempo, Jaime lleva haciendo este numerito desde que lo conozco en la Asamblea. Siempre le contestamos que el problema no son las ideas que quiera tener, sino que su partido siempre está poniendo obstáculos a los avances. Él nunca ha sido capaz de alzar la voz en su partido contra esos que están recortando derechos LGTBIQ+, como ha pasado con las leyes en la Comunidad de Madrid. Es una incoherencia muy grande que disfrutes de esos derechos y luego le hagas el trabajo sucio a tu partido.

¿Qué supone que el Congreso haya aprobado esa ley para incluir penas de cárcel por las terapias de conversión?

Ha sido una batalla de bastantes años junto a asociaciones y víctimas. Hasta el momento había impunidad y eso se tenía que acabar. Una terapia de conversión es una de las situaciones más graves de violencia lgtbifóbica a las que se puede enfrentar una persona, ya que deja secuelas de por vida. Nos hubiera gustado una ley más ambiciosa, pero es una gran victoria.

Este Orgullo ya tiene un aire preelectoral después de que el presidente, Pedro Sánchez, haya abierto la puerta a adelantar los comicios si no hay presupuestos. Las encuestas arrojan ahora una mayoría absoluta del PP y de Vox. ¿Están amenazados los derechos LGTBIQ+ en ese escenario?

Claramente sí. Sólo hay que escuchar a Vox, que ha puesto en la diana a las personas LGTBIQ+ y tiene un programa para triturar los avances. Pero también hay que escuchar a Feijóo, que ha dicho claramente que quiere derogar la ley trans. En la Comunidad de Madrid el PP no ha necesitado pactar con Vox para recortar leyes. 

¿Qué responde a los que siguen con la cantinela de que no hay un Orgullo Hetero?

El Orgullo Hetero es 364 días al año. Hemos avanzado mucho y vivimos en una sociedad más diversa y libre, pero el Orgullo viene a reivindicar que también nos pertenece la sociedad a los que no encajamos en las normas. Es muy importante que sea una reivindicación y una fiesta. Hay que hacer un llamamiento a toda la sociedad, los heterosexuales tienen que venir al Orgullo también.

Las agresiones al colectivo se han duplicado este año, según el último estudio de la Federación Estatal LGTBIQ+. ¿Por qué?

Las agresiones han aumentado en la medida en que hay más discursos de odio cada vez más legitimados a través de las redes, en los parlamentos y en las instituciones que envalentonan a los matones. Hay fuerzas políticas que están echando gasolina. Hubo hace unos meses una agresión terrible en las puertas del Teatro del Barrio, en Madrid, y las víctimas me cuentan que siguen con mucho miedo y que tienen que contar con ayuda psicológica. No solo duelen los golpes. No hay que victimizarse, pero muchas personas LGTBIQ+ están viendo cómo la seguridad está ahora en cuestión.

¿Qué medidas legales son necesarias para avanzar?

Hay un reto: reglamentar las leyes que tenemos en nuestro país. Y es más importante que nunca poner el acento en la educación. Se debe trabajar en convivencia y en generar espacios libres de odio en las escuelas. 

No ha habido en España un candidato abiertamente LGTBIQ+ a las elecciones generales. ¿No está preparado el país?

Sí lo está. Y lo veremos. La sociedad española tiene muchos referentes culturales, sociales y políticos. Empezamos a jugar esta partida sin tener que pedirle permiso a nadie. 

¿Por qué las personas trans, dentro del colectivo, siguen siendo el principal objetivo de la ultraderecha?

Las han tomado como un chivo expiatorio, junto a los migrantes y las mujeres. Han encontrado en las personas trans un punto vulnerable en el que concentrar el odio. Hay que hacer de las reivindicaciones de las personas trans un asunto central en la agenda del movimiento. Y es más importante que nunca en la izquierda que no haya ninguna duda de que estas banderas no se pueden bajar. Mamdani ha demostrado en Nueva York cómo se puede perfectamente armar un discurso para la Alcaldía basado en el coste de la vida y en la necesidad de regular el alquiler al mismo tiempo que dice que va a convertir la ciudad en un santuario LGTBIQ+ y a reivindicar figuras como la de Sylvia Rivera. La izquierda no puede bajar esa bandera y tiene que entender que es una línea central en la batalla cultural.

Hay sectores de la izquierda que están planteando un debate sobre que se ha ido demasiado lejos en temas como los derechos LGTBIQ+ y de las mujeres y que se ha olvidado a la clase obrera y a los chicos jóvenes. ¿Están comprando parte del discurso de las derechas?

Es una falsa dicotomía de libro. La comunidad LGTBIQ+ también es precaria y sufre el coste de la vida. También tiene miedo de que un fondo buitre le eche de su casa. Esas agendas tienen que ir de la mano. No cabe duda en ese sentido. ¿Quién lidera la agenda oculta? Gente como Elon Musk y Donald Trump, que comparten odio hacia las personas del colectivo y a los woke. Son ultramillonarios que tienen una agenda neoliberal agresiva a favor de las grandes multinacionales. 

El test del Orgullo…

Una serie: Compañeros de ruta

Una película: Este cuerpo mío, de Carolina Yuste y Afioco Gnecco

Un artista: Rodrigo Cuevas

Una canción: Good luck babe!, de Chappel Roan

Un libro: Me dibujaron así. Por qué el mundo odia la feminidad, de Noemí López Trujillo

Miles de personas se echan a las calles este sábado en Madrid. Desde Atocha hasta Colón. Es la manifestación más multitudinaria en toda Europa a favor de los derechos LGTBIQ+. En el recorrido no verán la bandera del arcoíris en la fachada del Ayuntamiento, pero sí en pegatinas en las papeleras. Toda una metáfora de lo que está sucediendo: la ola conservadora avanza con recortes y solo busca una celebración capitalista y consumista.

Por eso, este año la semana del Orgullo de Madrid se desarrolla bajo el lema “Orgullo Ciudadano”, un término acuñado por el histórico activista y político socialista Pedro Zerolo y que es una apelación directa a toda la sociedad para la conquista, celebración y conservación de los derechos civiles. 

Porque este Orgullo es vital para el colectivo en un momento en el que las derechas están al alza, con la mayoría de encuestas pronosticando una mayoría absoluta en las próximas elecciones generales, y en un contexto en el que los derechos LGTBIQ+ están amenazados por los movimientos ultras.

La marcha del Orgullo tiene este año una gran carga política en el aspecto reivindicativo y de pancarta, mayor que el componente festivo de las carrozas. Y es que pesa especialmente, como señalan los organizadores, la situación que se está viviendo: “Retroceso en derechos civiles, discursos y políticas extremistas y excluyentes en ese nuevo orden mundial que nos quieren imponer”.

“¡A las calles con orgullo! Disidencia y resistencia” es el lema concreto de la propia manifestación. Los organizadores defienden en su manifiesto que tiene más sentido que nunca la concentración como “herramienta” para la conquista de derechos: “Este año es fundamental salir a la calle porque las agresiones contra personas LGTBIQ+ se han triplicado en solo dos años. Solo a través de la movilización ciudadana podemos seguir avanzando hacia la igualdad real y efectiva. Ya no basta con no retroceder, es imperativo seguir avanzando en derechos para blindarnos frente al odio organizado”.

El espíritu del Orgullo de este año pasa por esta idea de MADO (la organización del Orgullo): “No hemos alcanzado la plena igualdad. Nos señalan, nos echan de casa, nos acosan, nos insultan, nos discriminan y nos agreden. Estamos hartas de estereotipos, de que nos sexualicen, de vernos obligadas a dejar nuestros pueblos, de que nuestras familias no aparezcan en los libros de texto. Hartas de esconder la pluma, de que nos borren, de tener que salvar mil obstáculos para tener una documentación que refleje nuestra identidad, hartas de tener que exigir que se cumplan nuestros derechos. El Orgullo es ahora. Y es urgente. Nuestra fuerza está en la calle y por eso hay que hacerla nuestra. Los tiempos del resistir han terminado, hay que seguir caminando y cada paso cuenta, suma el tuyo y vamos a por el siguiente”.

Ese sentimiento contrasta con la homofobia institucional que sufre el Orgullo de Madrid, a pesar de ser el más grande de toda Europa. Una vez más, el Ayuntamiento de Madrid ha congelado su aportación económica y el alcalde de la ciudad, José Luis Martínez-Almeida, ha vuelto a dar la espalda al evento, sin participar en ninguno de los grandes actos. Lo mismo sucede con la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, que ha sido la primera dirigente en la historia democrática en recortar derechos recogidos en leyes, aunque finalmente el recurso del Gobierno ante el Tribunal Constitucional frenó la involución en las leyes LGTBIQ+ de la Comunidad de Madrid, que habían sido aprobadas paradójicamente por Cristina Cifuentes (Partido Popular).

El Orgullo de Madrid quiere marcar este 2026 un punto de inflexión en un momento en el que el aire reivindicativo está quedando en un segundo plano para ser absorbido por el pinkwashing que hacen muchas empresas y algunas instituciones y partidos como el PP. Algo que cristaliza en esta situación: en los orígenes, se escogió como fecha para su celebración los días de principios de julio porque era temporada baja turística en Madrid y esto permitía que pudieran ir activistas de todas las partes de España para encontrarse. Ahora los precios de las habitaciones de hotel son prohibitivos en la capital durante estos días, lo que dificulta que puedan acercarse personas de todo el país, especialmente los jóvenes.

Esa carga política está más viva que nunca este año. Los actos en Madrid se producen apenas una semana después de la histórica votación en el Congreso, a propuesta del PSOE, por la que ha salido adelante una proposición de ley para que se incorporen penas de cárcel por las denominadas terapias de conversión para personas LGTBIQ+. La norma logró mayoría absoluta en el Parlamento, a pesar de que el PP se abstuvo de manera cosmética (en la fase de comisión se opusieron y sus votos no fueron necesarios en Pleno) y del ‘no’ de la ultraderecha. 

El debate que tuvo lugar en la Carrera de San Jerónimo sirvió para retratar el doble discurso del PP. Desde la tribuna, el diputado popular Jaime de los Santos exclamó: “Soy del PP y soy maricón. Y me siento muy orgulloso de ambas cosas”. Así le contestó el parlamentario y responsable LGTBI del PSOE, Víctor Gutiérrez: “Hoy es el día de las víctimas, no le voy a hacer protagonista. Pero usted es una vergüenza para el colectivo. Hoy se ha puesto al lado de Vox. Se pone al lado de seguir ejerciendo la violencia. Yo también soy maricón y orgulloso de estar en el lado correcto de la historia”. 

El Partido Popular se ha postulado en contra de todos los avances históricos del colectivo logrados en el Parlamento: votó en contra del matrimonio igualitario impulsado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, recurrió esa norma ante el propio Tribunal Constitucional, rechazó la ley trans y ha eliminado consejerías y concejalías de Igualdad en toda España a raíz de sus pactos con Vox.

El PSOE durante estos días, por ejemplo, ha impulsado una campaña para recoger firmas de ciudadanos para que los ayuntamientos del PP y de Vox vuelvan a izar las banderas arcoíris en sus fachadas porque muchos lo están evitando: “Una clara señal de que pretenden revertir los derechos que tanto nos ha costado conseguir para que estén al alcance de todos”.

La izquierda es consciente de que las próximas elecciones generales serán esenciales para el colectivo LGTBIQ+, cuyos derechos están amenazados por el frente del Partido Popular y de Vox. Desde el PSOE subrayan que este año, por primera vez, España ha sido reconocida por ILGA-Europe como el país europeo con mejores leyes y políticas públicas en materia LGTBI, alcanzando un cumplimiento cercano al 89% en el conocido como Rainbow Map. De esta manera, se ha superado a Malta, que durante una década había liderado esta clasificación. 

Pero el camino está incompleto. Por eso, desde el Gobierno se sigue marcando una hoja de ruta que pasa por reforzar la prevención de los delitos de odio, mejorar la atención a las víctimas, impulsar la formación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y del ámbito judicial, garantizar la educación en diversidad, combatir la LGTBIfobia en el trabajo y proteger a las personas trans.

Movimiento Sumar vuelve a otra asamblea el día 11. De nuevo, con aire refundacional. O de supervivencia. ¿O de última oportunidad? La tercera en tres años. Y lo hace tras unos meses de enfrentamiento cainita, de denuncias de acoso laboral, de dimisiones, de ausencia de liderazgos y de cohesión. Queda un solo cartucho.

En ese cónclave no se vivirá lucha interna porque ya se ha librado durante las últimas semanas. Solo habrá una lista, surgida del sector crítico. El partido fundado por Yolanda Díaz quedará en manos a partir de entonces de la portavoz en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, y de la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez.

Se hacen con las riendas tras unas semanas de máxima tensión interna. Pero ya hay vía libre a una sola lista después de la decisión de Lara Hernández, hasta este miércoles líder del partido, de no presentarse y de dejar hasta la militancia una vez que se ha archivado el expediente abierto contra ella por supuesto acoso laboral.

El proceso de presentación de candidaturas para la asamblea ha estado marcado por este hecho. Finalmente, la comisión interna ha cerrado el expediente contra Hernández, iniciado el pasado mes de febrero y originado por la denuncia de varios cargos orgánicos e institucionales. Esto ha provocado una situación muy tensa dentro de la formación que puso en el punto de mira las formas de la que era la cocoordinadora.

A pesar de cerrarse el expediente, Hernández ha decidido que no quiere seguir en esta formación tras una campaña que califica “de desprestigio”. Se va, como confiesa, con la cabeza alta porque se ha demostrado su inocencia, pero con el amargo sabor de que la izquierda ha vuelto a defraudar a sus votantes por la imagen ofrecida en un momento en el que precisamente intenta rearmarse frente al avance de las derechas.

Ese expediente se archiva a las puertas de la asamblea y después de que se hayan retirado todos los denunciantes. Hernández deja la primera línea política y vuelve a su plaza de profesora de Filosofía en un instituto público de la Comunidad de Madrid. Pero no ha cerrado la puerta a contribuir al futuro de la izquierda desde otros ámbitos. Por el momento dice que seguirá con el activismo a pie de calle y también prevé acudir a actos del espacio progresista.

Este terremoto en Movimiento Sumar llega en un momento en el que la izquierda trata de rearmarse para las próximas elecciones generales. El espacio quería tener ya una candidatura para el verano, consciente de que la campaña electoral para las generales empieza en septiembre aunque las elecciones sean en 2027. Pero, lejos de eso, en las últimas semanas ha habido varios chascos. Por un lado, Gabriel Rufián, el gran mirlo blanco al que miran muchos progresistas, ha desinflado la posibilidad de liderar una lista a nivel nacional.

También el espacio se ha encontrado con el rechazo de Ada Colau a presentarse a las generales, a la vez que Izquierda Unida, el principal pegamento de la unidad, no ha encontrado el trampolín que esperaba en las elecciones andaluzas, a las que llevaba como número uno a Antonio Maíllo, líder a nivel nacional. Hernández, además, era una de las interlocutoras principales del intento de refundación de Sumar como lista junto a Más Madrid, IU y los comuns.

El espacio sigue por el momento sin una figura sólida que pueda unir sensibilidades y servir de paraguas para las elecciones. En las quinielas aparecen nombres como los ministros Ernest Urtasun y Pablo Bustinduy, aunque este último se ha apeado varias veces de la carrera por la sucesión de Yolanda Díaz como número uno. Todo ello en un momento en el que los comicios ya no se ven tan lejos después de que el presidente, Pedro Sánchez, haya abierto la puerta a adelantarlos si no logra sacar adelante el proyecto de presupuestos generales del Estado.

Los miembros de Sumar en el Gobierno tratan, no obstante, de presionar al PSOE en estos momentos para aprobar medidas más ambiciosas que pongan de relieve su papel en el Ejecutivo de coalición. Por eso, en el espacio señalan entre sus victorias que se hayan aprobado una financiación histórica en materia de dependencia y el decreto de vivienda que se acordó el lunes en el Consejo de Ministros.

La gran incógnita es qué papel puede jugar Movimiento Sumar en estos momentos. El partido, a partir de la asamblea del día 11, tendrá que demostrar si es viable y si sirve como instrumento político para el próximo ciclo electoral. Toda la presión recae ahora en Barbero y Martínez, que anunciaron la semana pasada su candidatura de esta manera: "Después de varias semanas de trabajo y debate, hemos decidido dar el paso y presentarnos a la coordinación de Movimiento Sumar en la asamblea que celebraremos el próximo 11 de julio. Queremos hacerlo así, juntas, en común, compartiendo y conversando. Avanzando a la par".

Barbero es una persona de la confianza de Díaz y fue la elegida para sustituir a Íñigo Errejón como portavoz en el Congreso después del escándalo por las denuncias machistas. Asimismo, atesora un gran bagaje de gestión después de haber sido pieza fundamental durante su etapa en el Ministerio de Trabajo junto a la vicepresidenta segunda para llevar a buen puerto la negociación de la reforma laboral o para diseñar el mecanismo de los ERTE en plena pandemia del coronavirus.

Martínez es persona de la máxima confianza de Bustinduy y es su número dos en el Ministerio de Derechos Sociales. Ha sido una de las políticas de referencia durante años en Equo y aportará a la dirección ese marcado carácter ecologista, una de las señas del partido que fundó Díaz.

En Movimiento Sumar también son conscientes de un reto que hasta ahora no ha sido posible materializar: el arraigo territorial. Por eso, la nueva dirección del partido se plantea pisar mucho todas las comunidades autónomas y dar voz a esa España plurinacional. Todo ello con la vista puesta en la gran cita de mayo del año que viene en la que habrá autonómicas y municipales y la izquierda se enfrentará al reto de conformar grandes frentes amplios después del desastre del 28 de mayo de 2023.

Movimiento Sumar y su tercera asamblea. La última oportunidad.  

“La puerta se cerró detrás de mí con un sonido que, todavía hoy, sigo escuchando. No fue un ruido especialmente fuerte, pero fue definitivo. Quince días antes estaba sentado en una mesa donde se tomaban decisiones que afectaban a todo un país. Quince días después, estaba solo, en nueve metros cuadrados, intentando entender cómo había llegado hasta allí. Ese contraste no es progresivo, es violento”.

Así describe el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán su ingreso en prisión. Y lo hace en el libro La caída: poder, relato y destrucción en la era del juicio político, escrito en buena parte en Soto del Real. Un texto autoeditado y distribuido a través de Amazon en el que se presenta principalmente como víctima de un “juicio político” y en el que plasma su particular visión del poder, la justicia y los medios de comunicación, además de reivindicar el principio de la presunción de inocencia.

Cerdán plantea como principal idea que su caída en desgracia política y judicial se debe a su papel para construir mayorías que parecían imposibles, como la de la investidura de Pedro Sánchez después de las elecciones del 23J. Y pone también el foco en una supuesta operación contra él por ser el encargado de negociar durante estos años con el PNV y con Junts, dos formaciones clave para sustentar al socialismo en el Palacio de la Moncloa.

Pero los silencios y omisiones son también muy elocuentes. No hay ninguna mención a la exmilitante Leire Díez, con la que supuestamente orquestó una operación para boicotear investigaciones judiciales relacionadas con el Gobierno y con el PSOE. Tampoco hace mención al exasesor Koldo García, con el que supuestamente formó parte del entramado para cobrar mordidas por adjudicaciones de contratos de obra pública. Un libro que respira aire de defensa ante los tribunales.

A José Luis Ábalos, su gran compañero durante años en el partido y ahora condenado a 24 años de prisión por el caso Mascarillas, solo lo cita una vez con su apellido en todo el libro. En concreto, lo hace al recordar el momento de la reunión en Ferraz capitaneada por Pedro Sánchez para decidir si se presentaba la moción de censura, que posteriormente marcaría el giro inesperado que ha determinado la política española desde junio de 2018.

Lo que sí quiere dejar por escrito el navarro es su versión de que fue él quien decidió dimitir de su cargo como secretario de Organización el mismo día que se publicó el informe de la UCO sobre sus actividades. Relata que lo leyó en su escaño en el Congreso, durante la sesión plenaria: “El hemiciclo sigue ahí, yo ya no”. “Lo que leo no tiene sentido, interpretaciones sin sustento, afirmaciones que no reconozco y, sobre todo, unos audios que no son conversaciones mías”, afirma.

Según Cerdán, se fue posteriormente a su despacho en la sede del partido en la madrileña calle de Ferraz y allí tomó la decisión, junto a su equipo, de dejar su puesto orgánico y su escaño en el Congreso. Deja esta idea: “Nadie me pidió la dimisión. Fue una decisión propia, convencido de que era mi obligación, de que era la única forma de poder defenderme”.

En ese momento, prosigue Cerdán, recibió otra llamada de Sánchez para pedirle que fuera a Moncloa. Relata entonces: “Le explico lo que estoy leyendo, que las acusaciones son muy graves, que no las reconozco, que no tiene sentido. Pero también le digo que tengo la decisión de dimitir tomada”.

Pero lo peor, añade Cerdán, no fue la caída “institucional”, sino la “personal, emocional y vital”. Ahí sí expresa su pesar por la decisión del PSOE de que el abogado del partido dejara de representarlo y le comunicara que debía buscar una defensa por su propia cuenta. “Me encontré solo”, escribe, para luego hablar del “golpe definitivo” cuando el Tribunal Supremo ordenó su ingreso en prisión.

“Nadie ha explicado qué pruebas podría destruir ni por qué ese riesgo era real para justificar una medida tan extrema como la entrada en prisión”, se queja Cerdán, quien dice que no quiso ni comprar una televisión en la cárcel para no ver el tratamiento mediático que estaba recibiendo.

Cerdán carga contra el ecosistema de justicia y medios: “La combinación de filtraciones selectivas, investigaciones prolongadas y cobertura mediática masiva genera un entorno en el que la sospecha se transforma en una verdad socialmente aceptada. A partir de ahí, la justicia deja de percibirse como proceso y pasa a convertirse en escenario”.

Su reflexión pasa por esta línea: “Se utiliza la justicia como instrumento de gestión y de comunicación. El objetivo es influir en la opinión pública y generar un determinado clima social, para lo cual se instrumentaliza el derecho dentro de una guerra política mucho más amplia que mi caso”. Con esta apreciación: “Y cuando esto sucede, nadie, y digo nadie, está completamente a salvo”. Para lamentar también que el informe “demoledor” de la UCO sobre él ya se venía anticipando en la prensa desde un año antes de su publicación.

Asimismo, también habla de los momentos elegidos para ir contra él y pone, como ejemplo, la publicación de una noticia sobre el supuesto pago de Víctor de Aldama de una comisión de 15.000 euros en un bar cercano a la sede del PSOE. Esa noticia apareció justo cuando iba a arrancar el congreso federal en Sevilla, en el que Cerdán fue reelegido secretario de Organización. 

Cerdán alimenta en el libro la idea de que su caso forma parte de un juicio político contra él principalmente por haber armado esas mayorías “imposibles”, especialmente a través de su conexión con el PNV, EH Bildu y Junts. Sobre los nacionalistas vascos, cuenta cómo cerró el apoyo a la moción de censura contra Mariano Rajoy la noche anterior, aunque se pactó que fuera Aitor Esteban el que anunciara su voto durante la propia sesión plenaria.

Pero, añade el exdirigente socialista, “un antes y un después” de su vida fue la relación con Junts. Fue un encargo directo de Sánchez, pero mucho antes de la investidura. El jefe del Ejecutivo le pidió abrir una vía de diálogo ya pensando que los posconvergentes serían necesarios después de las elecciones generales de 2023. Ese acercamiento se inició con la ayuda del PNV, que sirvió de contacto para que el entonces secretario de Organización se viera con Jordi Turull en Bilbao por primera vez. 

Hubo conversaciones muy discretas durante meses. El otro gran punto de inflexión fue la reunión con Carles Puigdemont en Bruselas, con foto incluida. Para Cerdán, aquel acuerdo “simbolizó un cambio de etapa” porque abrió la puerta a la investidura de Sánchez y a la Ley de Amnistía, “con todo lo que ello acarreaba”. “Todo se puso en marcha aquel día”, dice.

Según Cerdán, “los ciudadanos no votan para el conflicto, sino para que se resuelvan sus problemas”. “Pero esa forma de entender la política tiene un precio. Porque moverte entre posiciones distintas, construir acuerdos y hacer posible lo que otros consideran imposible también genera incomodidad”, remarca.

Por eso, el ex secretario de Organización del PSOE abona esta tesis del juicio político con frases crípticas como que el “contexto” hace que la “caída parezca un hecho aislado, cuando en realidad no lo es”. Y remata: “Es el resultado de una trayectoria, de un rol y de un conjunto de dinámicas que en algún momento convergen y lo hacen sin avisar”.