¿La vía Junqueras o la vía Rufián? Los comunes —y prácticamente todo el espacio progresista, a excepción de ERC— quieren que se imponga la segunda. Y ya presionan, tanto en público como en privado, para ello. La presidenta del grupo parlamentario de En Comú Podem, Jéssica Albiach, reclamó este martes al portavoz de ERC en el Congreso que concrete su futuro político en una entrevista en la Cadena Ser.  “No podemos jugar con las esperanzas de la gente”, señaló. La dirigente de los comunes admitía así que Rufián ha logrado abrir una expectativa de reagrupamiento de la izquierda alternativa, pero también que ese plan choca de frente con la negativa de la dirección de Oriol Junqueras.

“Lo que me preocupa es que va ganando, o eso es lo que me está pareciendo en los últimos días, la vía Junqueras y no la vía Rufián”, admitió. Así, reclamó al portavoz republicano que aterrice su propuesta. “Lo más importante es que Rufián aclare hacia dónde va”, señaló. A su juicio, “se están generando una serie de expectativas” con los actos protagonizados por el diputado catalán pero ella misma admitió que su partido “no sabe” hacia dónde irá, “porque ERC ya ha dicho que no se mueve”.

Fuentes de la dirección del partido admiten en conversación con infoLibre que ven en Rufián a un dirigente capaz de ensanchar el espacio y conectar con un electorado progresista que está actualmente en la abstención. Una tesis que refrendan las encuestas, que sitúan al portavoz de ERC como el favorito para liderar una candidatura a la izquierda del PSOE muy por delante de cualquier otro candidato. Pero, al mismo tiempo, no quieren quedar atrapados en una operación sin recorrido mientras Junqueras mantiene a ERC en la negativa. 

Albiach ha dejado claro que su partido estaría dispuesto a explorar un acuerdo llegado el momento. “Tenemos el espíritu frenteamplista y de unidad en nuestro ADN. De hecho, la misma ‘fórmula comuns’ viene de la confluencia de personas que venían del mundo del activismo, personas como yo que venían del mundo de Podemos, de Iniciativa, de Izquierda Unida... Nosotros lo tenemos clarísimo”, señaló en la citada entrevista.

Los comunes quieren formar parte de ese frente amplio. Según aseguran fuentes de la dirección de Catalunya en Comú no se ha producido una petición formal para que Rufián encabece nada, pero algunas voces del espacio revelan a infoLibre que sí se ha tratado en las reuniones internas la posibilidad de que el portavoz de ERC pueda convertirse en un referente de una candidatura compartida entre comunes y Podemos. Desde el entorno del diputado admiten contactos informales pero reiteran la petición que lanzó el pasado jueves de que tiene que ser ERC la que “escuche” lo que “la gente” pide “en la calle”.

Lo que sí admiten en la dirección de Catalunya en Comú es que Rufián es un activo político evidente, pero consideran que “todavía es pronto” para hablar de cómo articularse de cara a las generales, teniendo en cuenta que el republicano insiste en que cualquier movimiento debe pasar por ERC y su formación sigue rechazando diluir sus siglas o integrarse en una lógica estatal de confluencia. Fuentes de la formación independentista aseguran que Junqueras está “enrocado” en el ‘no’, pero que otras voces del partido no ven con malos ojos la propuesta de su portavoz en Madrid y recuerdan que Junqueras ganó con un estrecho margen en las últimas primarias celebradas en noviembre del 2024. Así, consideran que la presión interna puede ser efectiva para que el líder del partido ceda terreno. 

En el acto que Rufián protagonizó junto a la eurodiputada de Podemos, Irene Montero, en Barcelona, el catalán volvió a defender que ERC debería “liderar e inspirar” una alianza plurinacional de las izquierdas para frenar a la derecha y a la extrema derecha. “Le pido a mi partido que lidere esto y si me va el cargo en ello, me voy a mi casa”, llegó a plantear. Según explican fuentes cercanas al diputado, esto no implica que se vaya a marchar si no sale adelante ese “frente” de izquierdas, pero sí que él no va a dejar de intentarlo. Y, si por el camino, le echan, lo aceptará. 

El portavoz independentista está dispuesto a dar la batalla interna, pero sin renunciar a ERC, pese a que la dirección republicana le dio un sonoro portazo solo unas horas a través de su portavoz, Isaac Albert. En un post en X, aseguró que su formación no quiere sumarse a un proyecto de unidad de las izquierdas estatales, por mucho que tengan puntos de conexión en algunos asuntos. "No somos la izquierda del PSOE. Somos la izquierda nacional de Cataluña”, zanjó. Sin embargo, la dirección de ERC sí que ha dado luz verde para pactar con los comunes en algunos municipios catalanes.

La presión de los comunes sobre ERC responde también a un pulso más amplio por el liderazgo del espacio progresista. La formación de Albiach forma parte de la coalición Sumar y participa del intento de reconstrucción del espacio junto a IU, Más Madrid, Compromís y Chunta, entre otros. En ese marco, defienden la unidad “sin condiciones” y repiten que “no sobra nadie”, pero también quieren asegurarse un papel destacado en la futura arquitectura de las izquierdas. No les interesa que el debate sobre la unidad quede monopolizado solo por Rufián ni que la iniciativa política la capitalice Podemos por un lado o ERC por el otro.

El papel de la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, también puede ser clave. Colau lleva meses defendiendo un “frente democrático amplio” y ha valorado positivamente los llamamientos de Rufián a la unidad, aunque se ha desmarcado de las fórmulas de renuncia electoral automática entre partidos. Colau no acudió al acto en la Universitat Pompeu Fabra por problemas de agenda, pero sí escribió al portavoz de ERC en el Congreso para tratar de agendar un encuentro con él, aunque finalmente no fue posible.

La dirección de los comunes, además, intenta equilibrar dos planos. Hacia dentro de Sumar apuestan por liderazgos corales y por una reorganización más colectiva del espacio. Pero al mismo tiempo asumen que, cuando se acerquen las generales, hará falta un nombre que ordene la candidatura. Es ahí donde aparece, entre otros, el de Ernest Urtasun, ministro de Cultura y dirigente de los comunes y uno de los rostros más visibles del proceso de refundación del bloque de Sumar, aunque él mismo ha enfriado por ahora cualquier carrera personal y ha insistido en que no es momento de hablar de candidatos.

Hace poco más de un mes el nombre de Gabriel Rufián no generaba precisamente consensos en Podemos. Los morados lo percibían como una amenaza electoral con la vista puesta en encuestas como la del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que situaban al portavoz de Esquerra Republicana como una figura al alza dentro de la izquierda, el preferido por uno de cada diez españoles (el 9,1%) para ser presidente del Gobierno. Nadie más en la izquierda transformadora se acercaba a sus ratios de popularidad. Y, aunque algunos sectores trataron de impulsar el liderazgo del ministro Pablo Bustinduy tras el paso atrás de la vicepresidenta Yolanda Díaz, la idea no cuajó.

El acto de Rufián con Emilio Delgado (Más Madrid) en febrero supuso todo un revulsivo para el espacio y en él se dibujaron algunas ideas sobre cómo debe presentarse el espacio a la izquierda del PSOE en las elecciones generales. El movimiento de Díaz aumentó, todavía más, la presión sobre el republicano. La líder de Podemos, Ione Belarra, lo definió como un “cálculo electoral” sin contenido. “Si todo el planteamiento es de matemática parlamentaria, de candidatura con más opciones electorales, entonces está clara cuál va a ser la conclusión: que hay que apoyar al PSOE porque es la candidatura más grande”.

Menos de un mes después, Belarra estaba este jueves entre el público en Barcelona que asistió al acto protagonizado por Rufián y la eurodiputada de Podemos, Irene Montero. Un encuentro que surgió a raíz de la petición de la exministra de Igualdad unas semanas atrás. ¿Qué hay detrás de ese giro estratégico? Principalmente, sus malos resultados electorales en los comicios autonómicos, con la única excepción de Extremadura. Y las complicadas perspectivas para el futuro más inmediato, que le han obligado a pactar in extremis en Andalucía con Izquierda Unida y Movimiento Sumar. Un acuerdo que horas después fue muy criticado por el exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, quien lo tachó de poco “ilusionante”.

La dirección de Podemos quiere apoyarse en el perfil de Rufián para reabrir un espacio político que, por sí solo, ya no consigue ensanchar.  Así lo visibilizó Montero en el acto celebrado en el campus universitario de la Pompeu Fabra. Afirmó que debe ser su partido a nivel estatal y ERC en Cataluña quienes "impulsen" una alianza y reivindicó que, aunque las izquierdas hayan recorrido caminos distintos —y no exentos de críticas—, nunca se ha sentido sola en esa convicción. Así, volvió a repetir que a ella la idea de "hacer equipo" con Rufián le gusta y que “merece la pena intentarlo”.

Desde la ruptura con Sumar, la izquierda alternativa ha ido encadenando malos resultados y pérdida de representación. En las elecciones gallegas de 2024, la candidatura de Podemos-Alianza Verde no obtuvo escaños y apenas logró el 0,26% del voto. En Euskadi, los morados desaparecieron del Parlamento vasco y en las europeas de 2024, en las que se presentó Montero como apuesta política del partido, los morados solo obtuvieron dos escaños y el 3,3% de los votos, lejos de los números de sus mejores años.

En los comicios más recientes, la excepción es el caso extremeño, en el que la candidatura de Podemos e IU obtuvo el 10,25% de los votos y siete escaños—su líder, Irene de Miguel, pide desde hace tiempo que la dirección deje los vetos a un lado—. En el caso de Aragón únicamente obtuvieron 6.206 votos, el 0,94% del total; y en el de Castilla y León,9.225 papeletas, el 0,74%. En ambos territorios la candidatura del agitador ultra Alvise Pérez les duplicó en votos. Sin embargo, Montero no considera que esos malos resultados sentencien a su formación. “Para ganar una vez hay que perder setecientas”, afirmó este jueves.

Pero la tendencia descendente también la reflejan las encuestas, que siguen mostrando a Podemos en un suelo bajo, por detrás de Sumar, sin que ninguno de los dos consiga reconstruir el antiguo espacio. Un sondeo de 40dB. publicado esta misma semana situaba a Sumar en el 5,8% y a Podemos en el 2,7%, prueba de que la fragmentación no está generando dos espacios fuertes, sino lo contrario. En ese contexto, Rufián aparece para Podemos como una palanca electoral que los morados quieren aprovechar.

La operación, sin embargo, no está exenta de problemas. Rufián puede empujar, pero no decide solo. La dirección encabezada por Oriol Junqueras ya ha reiterado su rechazo a un frente amplio, tanto a nivel estatal como catalán, y el líder republicano no estuvo presente en el acto de este jueves. La formación envió en representación al secretario general adjunto, Oriol López, que aseguró en su cuenta de X que el encuentro había dejado “reflexiones interesantes” del papel de las izquierdas en el contexto social y político actual. Tal y como avanzó Rac1 y confirmó infoLibre, Belarra se reunió con López este viernes en la sede de ERC aprovechando su visita a la ciudad condal.

Pero la dirección del partido ha vuelto a dejar claro que si Rufián quiere participar, o directamente liderar, un frente de izquierdas en las próximas elecciones generales, tendrá que hacerlo sin su partido. Este viernes, el portavoz de ERC, Isaac Albert, señaló que su formación no quiere sumarse a un proyecto de unidad de las izquierdas estatales, por mucho que tengan puntos de conexión en algunos asuntos. "No somos la izquierda del PSOE. Somos la izquierda nacional de Cataluña”, dijo.

La negativa de los republicanos complica los planes de Montero y del propio portavoz de Esquerra Republicana, que pidió a su partido estar a la altura del “momento histórico” actual para frenar el auge de las derechas a nivel estatal. "Le pido a mi partido que lidere esto y si me va el cargo en ello, me voy a mi casa”, llegó a plantear. Según explican fuentes cercanas al diputado, esto no implica que se vaya a marchar si no sale adelante ese “frente” de izquierdas, pero sí que él no va a dejar de intentarlo. Y, si por el camino, le echan, lo aceptará.

Estas mismas fuentes niegan que su movimiento responda a una ambición personal, un miedo a perder la posición de portavoz en Madrid o un cálculo para poder colocar a perfiles más afines en el Congreso. Uno de los grandes apoyos de Rufián es su predecesor en la Cámara Baja, Joan Tardá, que estuvo en el acto y está tratando de ejercer de mediador entre él y Junqueras. Los morados son conscientes de la difícil situación interna del portavoz de ERC y por ello insisten en la idea de un “tándem electoral” que obligaría a Rufián a abandonar su formación y apostar por otra fórmula junto a los morados.

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha confirmado que no asistirá al acto de Gabriel Rufián (ERC) e Irene Montero (Podemos) este jueves en Barcelona por "temas de agenda" y ha reiterado su 'no' a un frente amplio de izquierdas que incluya a ERC, según informa EFE.

"ERC, el BNG o Compromís ya representan todo lo que tienen que representar. Les deseo mucha suerte a los partidos españoles. En su ámbito de decisión, no tenemos intención de decirles a los demás cómo tienen que presentarse", ha dicho en una entrevista este martes en RNE. 

Junqueras ha rechazado así una vez más la propuesta de Rufián, portavoz de los republicanos en el Congreso, para que ERC participe en una candidatura unitaria de las izquierdas, si bien cree que lo que dice "tiene un punto de razonable". De todos modos, ha reiterado su negativa a que ERC forme parte de esta candidatura porque "es un partido que tiene su representación en Cataluña". 

"No se presenta en otros lugares. No se presenta en Finlandia ni tendría ningún sentido, ni nadie espera, que nos presentemos en quién sabe dónde", ha expuesto. 

Sobre si es una contradicción que Rufián sea portavoz de ERC y defienda este frente en contra de la dirección, Junqueras ha considerado "perfectamente compatible" reivindicar mejoras en vivienda, transporte público y salud para la sociedad catalana y para "otros lugares".

En cuanto a las negociaciones con los socialistas, Junqueras ha insistido en que deben cumplir con sus pactos con los republicanos si quieren "estabilidad" y presupuestos, en el Estado y en Cataluña.

En concreto, ha reclamado al PSOE poner "una alternativa sobre la mesa" si no quiere ceder la recaudación del IRPF a Cataluña, tal y como prevé el acuerdo firmado entre ERC y el PSC para investir a Salvador Illa.

Junqueras ha reiterado que su condición para pactar los presupuestos con el Govern es concretar avances en el autogobierno, algo que ERC tiene "la obligación y la voluntad" de defender en la negociación de las cuentas, que sigue abierta.

"Nosotros trabajamos siempre. La cuestión es si el PSC tiene el mismo interés", ha deslizado, y ha añadido que en ERC están "encantados de conceder crédito a quien lo merezca".

Sobre la relación con Junts, ha afirmado que la voluntad de ERC es "colaborar con los partidos de tradición democrática", tanto con los de Carles Puigdemont como con el PSOE.

Días de descanso y reflexión para la mayoría de los políticos. Pero también tiempo para repensar las estrategias y coger fuerzas para una primavera política con temperaturas casi de agosto. Unos meses decisivos para el escenario público, que mira ya a las generales del año que viene. Y todo está por escribir.

Con la última remodelación del Gobierno, el presidente, Pedro Sánchez, busca centrar el discurso en la economía elevando a Carlos Cuerpo como vicepresidente primero. Tras las fotos, toca la hora de testar el nuevo perfil del ministro de Economía, con el que Moncloa quiere hablar de los buenos datos y obligar al Partido Popular a abordar la cuestión durante todos los miércoles en la sesión de control al Ejecutivo en el Congreso.

Pero el Gobierno sigue teniendo una gran asignatura pendiente: el proyecto de presupuestos generales del Estado. Cuerpo ha prometido que se presentarán. Esta labor le tocará al nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España, que asume unas cuentas saneadas por parte de María Jesús Montero, pero también otras carpetas abiertas como la búsqueda de apoyos para el nuevo modelo de financiación autonómica y para el proyecto de la quita de la deuda. 

La política internacional copa cada día más importancia en el tablero doméstico. El ‘no a la guerra’ de Sánchez se nota ya en las encuestas, con una recuperación del PSOE, pero, sobre todo, refuerza la imagen de estadista del presidente, que ha conseguido que la mayoría de países de la UE haya cambiado su posición y se muestre en contra de participar en una guerra ilegal.

Sánchez se ha erigido como la némesis de Donald Trump, que, por el momento, no ha cumplido su amenaza de un embargo comercial a España. El presidente español continúa su ronda por medios internacionales y tiene prevista una agenda internacional muy apretada durante las próximas semanas. Los días 13, 14 y 15 de abril volverá de viaje oficial a China en un momento de máxima tensión con Washington, con la idea de reforzar lazos económicos pero también de contrarrestar el poder de Trump y defender el multilateralismo. A la vuelta, tiene una cita muy simbólica con la cumbre internacional de líderes progresistas en Barcelona, donde ejercerá de anfitrión. Allí estarán, entre otros, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y el máximo representante del Consejo Europeo, António Costa.

El 17 de mayo se celebrarán elecciones en Andalucía, la comunidad más poblada de España. Es una batalla muy importante para el termómetro nacional, aunque sus resultados no son del todo extrapolables a unas generales. La gran duda en estos momentos es si Juanma Moreno (PP) conseguirá revalidar la mayoría absoluta o tendrá que pactar con Vox para seguir en el Palacio de San Telmo. Esta última opción sería un revés para el popular, que se ha presentado como el barón moderado frente a la madrileña Isabel Díaz Ayuso, con postulados similares a la ultraderecha.

El PSOE tiene el gran reto de no caer en su peor resultado histórico. El socialismo lleva como candidata a la exvicepresidenta María Jesús Montero, que aspira a romper las encuestas con un discurso basado principalmente en la defensa de los servicios públicos como la sanidad, la educación y la dependencia. En la sala de máquinas de la calle de San Vicente en Sevilla no paran de repetir que hay margen para crecer, ya que hay más de medio millón de votantes del PSOE que se quedaron en casa en las elecciones de 2022.

La derecha tiene por delante una apretada primavera de cortejo. El Partido Popular y Vox tienen sumidas en la incertidumbre a tres autonomías: Extremadura, Aragón y Castilla y León. A pesar de que dan los números, no logran ponerse de acuerdo para esta nueva etapa que enfrenta el bloque por la vuelta a los Ejecutivos de coalición.

Aunque Alberto Núñez Feijóo quería cerrar cuanto antes estos acuerdos, la dirección de Vox ha ralentizado este proceso. Sobre la mesa vuelve la sombra del 28M: a qué pactos llegarán, hasta dónde cederán los populares y qué consejerías exigirán los de Abascal. Y se debate la propia fórmula: María Guardiola y Jorge Azcón aceptan que haya consejeros de la ultraderecha, mientras que Alfonso Fernández Mañueco prefiere gobernar en solitario con el apoyo externo de los de Santiago Abascal.

Estos meses antes del verano serán cruciales para saber el estado de salud de la ultraderecha en España, en un momento en el que en Europa se aprecian frenazos en este espectro como el resultado de las presidenciales en Portugal y la pérdida del referéndum constitucional por parte de Giorgia Meloni en Italia, además de las encuestas en Hungría que apuntan a la posibilidad de que pierda Viktor Orbán.

En España, varias encuestas empiezan a apuntar una ralentización del fenómeno Vox. Por un lado, las elecciones de Castilla y León fueron frustrantes para el partido de Santiago Abascal al no lograr sobrepasar el simbólico 20% de votos. Vox tiene ahora mismo dos elementos de desgaste principalmente: su apoyo sin fisuras a Donald Trump y Benjamin Netanyahu en la guerra de Irán y la herida interna abierta por el choque entre el líder y varios de los fundadores como Iván Espinosa de los Monteros y Javier Ortega-Smith. Además, su incorporación en los Ejecutivos autonómicos pondrá la lupa sobre su gestión y se rebajará el discurso antisistema sobre el que cabalga ahora mismo la extrema derecha española.

Las izquierdas siguen explorando vías para las próximas elecciones generales tras los fracasos de Aragón y Castilla y León. En pleno Viernes Santo, el espacio logró un gran acuerdo en Andalucía que parecía impensable incluso hace una semana. Finalmente, compartirán papeleta IU, Podemos y Movimiento Sumar bajo el paraguas de Por Andalucía (en el que también están Iniciativa del Pueblo Andaluz, Alternativa Republicana, Partido Verde y Alianza Verde).

El próximo 9 de abril se producirá asimismo en Barcelona un movimiento muy simbólico con la charla programada entre Gabriel Rufián (Esquerra Republicana) e Irene Montero (Podemos). Un nuevo paso en busca de herramientas comunes tras el inicio de la gira del catalán con Emilio Delgado 

De manera paralela se darán pasos por parte del frente amplio que han conformado Izquierda Unida, Más Madrid, los comunes y Movimiento Sumar, que se han citado a otro gran acto, como el que hubo en el Círculo de Bellas Artes en Madrid, en Sevilla el próximo 19 de abril, en plena precampaña de las elecciones andaluzas 

No obstante, el espacio sigue huérfano de liderazgo tras la decisión de Yolanda Díaz de no repetir como número uno y el autodescarte del ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy. Todas las miradas están puestas en Rufián, cuya distancia con la dirección de ERC aumenta cada día con Oriol Junqueras señalando, por ejemplo, que él no pasó por la cárcel para que Ada Colau vaya en una lista con los republicanos. 

La política española seguirá pendiente también de lo que pase en Cataluña, ya que afecta directamente a las mayorías en el Congreso. Salvador Illa consiguió salvar una bola de partido con los presupuestos, pero ahora debe abrir un periodo de negociación con Esquerra. No tener cuentas públicas puede ser un problema para su estabilidad e incluso abriría un escenario de elecciones adelantadas.

Los republicanos en Madrid van a seguir empujando para el traspaso del IRPF a la Generalitat, algo a lo que se negó María Jesús Montero. En ERC confían en el talante de Arcadi España para asumir sus postulados y encajar un enfoque más federalista del Estado. Además, todos los partidos están muy atentos al ascenso fulgurante de Aliança Catalana, un elemento que puede romper los equilibrios de la política catalana y, por ende, de la española.

La vivienda sigue como la principal preocupación para los españoles. Y ninguno de los partidos ha logrado imponer sus recetas. “Quien dé con la tecla de la vivienda ganará las próximas elecciones”, disecciona un veterano parlamentario. Y será la principal batalla en el Congreso en las próximas semanas a través del decreto aprobado por el Gobierno.

El texto deberá pasar por votación en la Cámara Baja antes del próximo 22 de abril (está un mes en vigor hasta que se pronuncie el Congreso). Se ha convertido en la gran batalla política del ala de Sumar en el Gobierno, que presionó hasta el final para que el PSOE aceptara las medidas dentro del paquete de ayudas por la guerra de Irán. Una de sus columnas es la prórroga de los contratos de alquiler con un tope de subida. Ahora mismo no cuenta con los votos suficientes, ya que el PP, Vox y Junts ya han anunciado su rechazo. No obstante, la izquierda transformadora cree que todos deben retratarse y que el ‘no’ tendrá un coste social para esos partidos.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), con sede en Estrasburgo, desestimó este lunes el recurso presentado por los líderes independentistas catalanes Jordi Sánchez, Jordi Turull y Oriol Junqueras para elevar a la Gran Sala su demanda por su detención preventiva durante el 'procés', confirmaron a EFE fuentes de la corte.

Una decisión que deja en vía muerta esta denuncia presentada por los tres líderes independentistas contra la orden de la justicia española de ponerlos en prisión preventiva en los días siguientes al referéndum del 1 de octubre de 2017.

El Colegio de la Gran Sala, formado por cinco jueces y encargado de determinar qué casos llegan a la máxima instancia del TEDH consideró que no hay motivos para elevar esa causa.

La sala ya había rechazado el pasado 6 de noviembre la demanda de los denunciantes al considerar que no se habían vulnerado ninguno de sus derechos durante el tiempo que pasaron en prisión provisional.

En concreto, Jordi Sánchez, entonces presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) fue detenido el 16 de octubre de 2017, mientras que Jordi Turull, conseller de la Generalitat, y Junqueras, número dos del Ejecutivo autonómico de Cataluña (nordeste de España), lo fueron el 2 de noviembre de aquel mismo año.

En su demanda ante el Tribunal de Estrasburgo argumentaban que aquella privación de libertad lesionaba sus derechos políticos, ya que les impidió hacer campaña en las autonómicas del 21 de diciembre de 2017 y, posteriormente, acudir a las sesiones del Parlament al que fueron elegidos.

En su sentencia del 6 de noviembre, adoptada por unanimidad, el TEDH concluyó que no hubo "ilegalidad o arbitrariedad" en las decisiones de la justicia española y estableció que los tres líderes independentistas eran "objeto de procesamientos penales por delitos graves", por lo que no se podía "razonablemente esperar que pudiesen participar en las elecciones sin ninguna restricción".

Consideró que la justicia española ponderó los diversos intereses en juego de una manera que no podía calificarse de arbitraria, y sin interferir con la libre expresión de la opinión pública y que trató de mantener la equidad parlamentaria pese a su estancia en la cárcel.

Al tiempo, estableció que un Estado debe poder impedir la realización de "un proyecto político, incompatible con las normas de la Convención (Europea de Derechos Humanos), antes de que sea puesto en práctica por actos concretos que comprometan la paz civil y el régimen democrático del país".

Turull denunciaba, asimismo, que su ingreso en prisión le impidió ser investido presidente del Gobierno de la Generalitat de Cataluña.

El exconseller fue liberado el 4 de diciembre y vuelto a poner en arresto provisional el 23 de marzo de 2018, un día después de que en primera votación no obtuviera la mayoría absoluta necesaria para ser investido y un día antes de que se celebrara una segunda votación, a la que no pudo ya asistir por encontrase encarcelado.

Estrasburgo indicó que las pruebas presentadas no respaldaban la conclusión de que la segunda orden de prisión preventiva dictara contra él hubiera sido arbitraria con el único fin de impedirle ser investido, al tiempo que rechazó que el plazo de resolución de su recurso de amparo vulnerara sus derechos.

Las izquierdas no quieren perder más tiempo. La ola de las derechas sigue avanzando en cada cita autonómica. Y, tras un periodo de bloqueo, el espacio progresista se remueve. No se resigna. Y en Cataluña emerge como uno de los faros morales más simbólicos el exdiputado Joan Tardà (ERC), con una apuesta clara por la convergencia ante el nuevo ciclo electoral.

Tardà es, además, el padre político de Rufián, que se ha convertido en el catalizador de la vía de unidad con “ciencia, orden y método” para que la izquierda sea competitiva a nivel general, pensando de manera efectiva en cada provincia. Su acto con Emilio Delgado (Más Madrid) el pasado día 18 en Madrid supuso todo un revulsivo para que la izquierda deje atrás la melancolía y se ponga manos a la obra.

Pero sus propuestas no han calado en la dirección de su propio partido y ERC rechaza por el momento esas listas conjuntas. Tardà está dispuesto a dar la batalla y ya ha configurado una corriente interna bajo el nombre de Àgora Republicana con la idea de influir en la hoja de ruta que está preparando el partido independentista catalán.

¿Y a favor de qué está remando Tardà? Por un lado, el exdiputado defiende, como Rufián, la idea de que en la mayoría de provincias se produzca un entendimiento principalmente entre Sumar, IU y Podemos para maximizar los resultados. En el caso catalán, propugna tanto para las elecciones generales en 2027 como para las autonómicas de 2028 un frente amplio de izquierdas formado por partidos independentistas y soberanistas como son la propia ERC, los comunes, la CUP y Comunistes, además de integrar a referentes de los movimientos sociales y sin tener que perder las siglas.

La idea de esta papeleta en Cataluña para las generales también serviría de empuje para el resto de formaciones en toda España. Y en el caso de las elecciones catalanas cree que podría ser incluso primera fuerza o estar al nivel del PSC de Salvador Illa. Su plan siempre pasa por conformar un Govern de coalición. Frente al intento de separarse de los socialistas de algunas partes de ERC, el exdiputado es un firme defensor del apoyo en el Congreso y de cogobernar en el Palau.

Este plan choca con algunas premisas como que algunos votantes independentistas puedan dar de lado la papeleta al integrar a los comunes o viceversa. Pero, según ha ido explicando durante estas semanas Tardà, cree que la situación ahora mismo gira en torno a otros ejes y prima la unidad para hacer frente al avance de las derechas (en el caso catalán se suma el auge de Aliança Catalana, capitaneada por Sílvia Orriols).

En esa apuesta por la vía de la unidad, Tardà mira especialmente a los comunes (Sumar tuvo más votos en Cataluña el 23J que Esquerra Republicana). Ese partido está ahora mismo inmerso en la refundación de Sumar junto a Más Madrid, Izquierda Unida y Movimiento Sumar. En el acto del día 21, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, apeló a la necesidad de crear un proyecto político ganador porque no solo se vence en las urnas con aritmética sociológica.

Los comunes se han convertido en uno de los principales pilares para reconstruir ese espacio de la izquierda y en los últimos días ha reaparecido con fuerza la figura de la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que acudió al acto de Madrid y que ya aparece en todas las quinielas como uno de los posibles nombres para encabezar una futura candidatura de unidad.

Tardà, mientras, quiere dar la batalla interna en su partido a favor de este tipo de frentes de izquierdas. ¿Tiene peso suficiente? Según varias fuentes de ERC, ahora mismo la dirección está bajo el control absoluto de Junqueras, que no comulga con el papel de Rufián. “En Madrid se sobrevalora mucho la importancia de Gabriel y de Joan”, señala un cargo republicano.

En ERC sí valoran mucho el tirón mediático de Tardà, que es habitual en tertulias y da entrevistas a medios nacionales. Pero también algunos cargos recuerdan que muchas veces se pronuncia dando solo su opinión, sin pensar en el partido o sin respetar las negociaciones en curso, como pasó durante la investidura de Salvador Illa como president. Esto ha provocado que se haya creado algún enemigo interno.

También reconocen diversas fuentes de Esquerra que Tardà cuenta con un gran peso moral en el partido y mucho tirón entre los militantes: “Tiene un papel muy simbólico y emocional”. Pero el poder lo tiene Junqueras, como indican en el partido: “Junqueras manda con Junqueras. Y se ha rodeado de una camarilla muy cerrada. Antes todo era más coral. La Ejecutiva actual tiene muy poco peso político”.

Estos movimientos por buscar un frente de izquierdas se dan en un momento en el que Esquerra Republicana ha endurecido su posición respecto a los socialistas. Los republicanos rechazan apoyar los presupuestos de Salvador Illa y de Pedro Sánchez al poner por delante la exigencia de que se ceda la gestión del IRPF a Cataluña, un aspecto que por ahora no ve claro Moncloa.

Se remueven las aguas de la política catalana. En sentido contrario a la imagen de estabilidad que le gusta proyectar al president, Salvador Illa. Y es que los presupuestos para el año que viene ven la luz este viernes por parte del Govern sin tener atado el apoyo necesario de Esquerra Republicana, que en los últimos días ha endurecido sus posiciones.

Todo parecía encarrilado hace unas semanas, el viento soplaba a favor. El acuerdo entre Oriol Junqueras y Pedro Sánchez para el nuevo modelo de financiación autonómica había sentado las bases para negociar las cuentas públicas en Cataluña y también en el Congreso. 

Ahora, ese ambiente se ha enrarecido. Bastante. Pero Illa, en una reunión del Consell este viernes, ha decidido impulsar el proyecto de presupuestos, marcado por un acuerdo previo para las cuentas por parte de los socialistas y de los comunes que incluye la prohibición de comprar vivienda de manera especulativa por parte de grandes propietarios en las denominadas zonas tensionadas.

Illa cree que hay que lanzar ya las cuentas públicas porque considera que no se puede estar con un proyecto prorrogado y, además, sostiene que es una reclamación tanto empresarial como sindical. Por eso, durante estos días el presidente catalán, recién incorporado a la actividad pública tras su baja médica, hace llamadas constantes al diálogo y muestra su mano tendida a ERC para llegar a un acuerdo. El escenario que barajan en el Palau es que el Parlament pueda dar luz verde a los presupuestos en abril después de las vacaciones de Semana Santa.

¿Y si no hay acuerdo? Aquí se abriría un escenario muy complicado para Illa. Incluso algunas fuentes socialistas indican que esto podría presionar para una convocatoria electoral anticipada, pero desde el entorno más cercano al presidente se niega esa pantalla y se señala que están en la idea de que tiene que haber sí o sí presupuestos. Y es que en el Palau reflexionan que es muy difícil para ERC terminar diciendo que no a unas cuentas con un marcado carácter progresista.

Durante estas horas, en el socialismo catalán hay sorpresa por el comportamiento de ERC, que está poniendo freno a los presupuestos cuando todo parecía encauzado. De hecho, en el PSC creían que para esta negociación el instrumento de canalización sería un acuerdo sobre el consorcio de inversiones, algo que ahora los republicanos ven insuficiente.

Pero ERC se ha enrocado en que haya avances en el traspaso de la gestión del IRPF a la Generalitat, un aspecto al que pone frenos el Gobierno central. El asunto no se logró desatascar en la reunión que mantuvieron el viernes anterior el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de ERC, Oriol Junqueras.

Desde entonces, ERC ha subido la intensidad del pulso, como señaló Junqueras este fin de semana tras la reunión: “Las declaraciones tienen que ir acompañadas de gestos y de decisiones. Y estos gestos todavía no han llegado y no tenemos ninguna garantía de que acaben llegando”. Asimismo, en este circo de varias pistas en el que se mueve la política española se da también un factor determinante: la responsable de Hacienda, María Jesús Montero, saldrá pronto del Ejecutivo para ser la candidata del PSOE en las elecciones andaluzas, algo que no facilita una debate ahora sobre la gestión de este impuesto.

Fuentes del Gobierno central indican: “Ellos tienen un planteamiento en IRPF que no compartimos desde hace mucho tiempo. No hemos llegado a un acuerdo, tenemos un enfoque distinto. Se nos escapa por qué ahora dicen que no apoyan los presupuestos de Illa”. Según el Ejecutivo, “hay caminos transitables, pero no le gustan a Esquerra porque quieren una modificación de la LOFCA (Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas)”. “Hemos dicho que no. Se podría ir por la cogestión de agencias tributarias, pero esa vía no la ven”, trasladan las fuentes.

En este difícil mosaico, en el que se necesitan todas las teselas, también se complica el desatasco de los presupuestos generales. Junts evidenció de nuevo este jueves la distancia con Moncloa tumbando el decreto con el escudo social, mientras que el frente abierto por ERC por el IRPF dificulta las cuentas también en la Cámara Baja. El Gobierno insiste en que quiere presentarlas en este primer trimestre del año, antes de que Montero salte a Andalucía cuando Juanma Moreno convoque los comicios, que podrían celebrarse el 14 de junio.

De nuevo, la sombra de las elecciones sobrevuela los dos escenarios. En el caso de Madrid, Sánchez ha repetido que no piensa adelantar los comicios si no consigue sacar los presupuestos, poniendo la mirada en julio del año que viene. Illa insiste en que no contempla otro escenario que el de la aprobación de las cuentas. Y rechazan en el Palau que pueda ser un aviso a Sánchez sobre los pasos a dar si no hay cuentas: “Los dos van de la mano”.

Junqueras también quiere alejar el escenario de las elecciones y recomendó a Illa no adelantar los comicios: “No escale conflictos que no puede ganar”. Pero, a la vez, dejó claro que no le va a dejar ganar en este pulso: “He aguantado cuatro años de prisión, ¿creen que no aguantaré cuatro semanas de presión?”.

ERC mantiene su rechazo a negociar los Presupuestos de la Generalitat para 2026 al considerar que los compromisos del PSOE para que Cataluña recaude el IRPF no son suficientes, tras la reunión que mantuvieron ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder republicano, Oriol Junqueras.

Según ha avanzado La Vanguardia y han confirmado a EFE fuentes de ERC, Sánchez y Junqueras se reunieron ayer en la Moncloa para abordar la recaudación del IRPF, una de las condiciones fijadas por los republicanos para poder sentarse a negociar las cuentas de la Generalitat, un encuentro que no sirvió para desencallar la situación al no haber obtenido un compromiso explícito al respecto.

ERC celebra este sábado una reunión de su ejecutiva y después reunirá a su consejo nacional, máximo órgano del partido entre congresos, en el que Junqueras expondrá a los dirigentes el estado de las negociaciones e intervendrá ante los medios de comunicación.

El pasado viernes, el presidente catalán, Salvador Illa, reafirmó su "compromiso total" con los acuerdos de investidura, en especial con "avanzar" en el despliegue de la hacienda catalana y que esta pueda asumir la gestión del IRPF, una medida a la que Hacienda se opone.

"Nosotros la queremos poner en valor y la agradecemos, pero es evidente que no es suficiente porque las declaraciones tienen que ir acompañadas de gestos y de decisiones. Y estos gestos todavía no han llegado y no tenemos ninguna garantía de que acaben llegando", ha subrayado Junqueras.

Fuentes de ERC consultadas por EFE han explicado que el Govern estaba al corriente desde ayer por la tarde del anuncio de Junqueras de esta mañana, y que estaban preparados para anunciar el inicio de las negociaciones.

De hecho, ERC ha retirado esta semana su proposición de ley al ver "más factible" negociar enmiendas al nuevo modelo de financiación que incluyan esta cesión, aunque Junqueras pidió el lunes que el PSOE mostrara su apoyo a esta vía.

"Alguien no ha hecho sus deberes"; "hay gente que ha dicho que tenía atados unos apoyos y finalmente no era así", coinciden en señalar las fuentes consultadas por EFE, que apuntan a la negativa de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, como uno de los principales obstáculos.

No en vano, en su intervención pública de esta mañana, Junqueras ha interpelado directamente al PSC para que "convenza al Gobierno español para que cumpla sus compromisos". "Entonces sí se darán las condiciones para negociar presupuestos", ha apuntado el dirigente republicano.

La negativa de ERC a iniciar la negociación presupuestaria puede llevar al Govern a reorganizar sus planes, ya que tenía previsto convocar el lunes a los agentes sociales en el Palau de la Generalitat para que diesen su aval a los Presupuestos de 2026, con la opción encima de la mesa de aprobarlos el jueves en un consejo ejecutivo extraordinario.

Pese al no a los Presupuestos, Junqueras sí que se ha referido a los suplementos de crédito, mostrando de manera explícita su "voluntad de negociarlos" para que "aporten a la sociedad los recursos que son necesarios".

El no a las cuentas catalanas no es óbice para que los republicanos lleguen a otros acuerdos con el Gobierno central, entre ellos el consorcio de inversiones en Cataluña que reclaman y del que hoy Junqueras ha dicho que es "muy importante" y que debería servir para "acelerar, ejecutar el dinero que hay en los Presupuestos".

A este consorcio de inversiones se ha referido también el secretario general de JxCat, Jordi Turull, que ha expresado su rechazo a este organismo en su intervención ante el consejo nacional de JxCat, reunido de manera ordinaria en Vilanova i la Geltrú (Barcelona).

"No hace falta ningún consorcio. Que pague el Estado lo que no ha cumplido. Basta ya de crear empresas mixtas que no hacen más que confundir, y al final aquí no manda nadie. Lo que no haya ejecutado el Estado, dinero directo a Cataluña", ha sostenido Turull en su intervención.

La pugna entre Esquerra Republicana y Junts se recrudece cada día más. ¿Quién se puede arrogar más logros en Madrid para Cataluña? Con la Generalitat en manos de Salvador Illa (PSC), el independentismo tiene de manera paradójica como principal tablero político el Congreso. Y la nueva financiación autonómica se ha convertido en un elemento clave para el futuro político de las dos formaciones.

El nuevo sistema ideado por la vicepresidenta primera y titular de Hacienda, María Jesús Montero, pasa este miércoles por la reunión entre el Gobierno y las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). El PP, que tiene en sus manos la mayoría de gobiernos regionales, no piensa apoyarlo cuando llegue al Congreso (todavía el proyecto de ley no ha sido acordado en el Consejo de Ministros). Por lo que todas las miradas están puesta en Junts de cara a esa futura negociación en las Cortes.

El sistema de financiación nace marcado políticamente por el acuerdo entre los socialistas y ERC para hacer presidente a Salvador Illa en Cataluña. Entonces, los republicanos para dar su apoyo al líder del PSC vendieron la creación de un concierto económico al estilo del País Vasco.

En el documento que suscribieron las dos formaciones se recogía el impulso de “un sistema de financiación singular que avance hacia la plena soberanía fiscal, basado en la relación bilateral con el Estado y la recaudación, gestión y liquidación de todos los impuestos con el objetivo de dotar a las instituciones catalanas de los recursos necesarios para hacer frente a las necesidades de una Cataluña de 8 millones de habitantes”.

El acuerdo que alcanzaron Oriol Junqueras, líder de ERC, y el presidente, Pedro Sánchez, en el Palacio de La Moncloa la semana pasada supone un aumento de financiación para Cataluña de 4.700 millones de euros, además de contemplar, al igual que el resto de autonomías, el aumento de la cesión de la recaudación del IRPF y del IVA hasta el 55% y el 56,5%, respectivamente.

Y uno de los aspectos más polémicos es que el sistema “tiende a la ordinalidad”, como señaló Montero, por lo que Cataluña será la tercera que más recibe por habitante al ser la tercera que más aporta en global. Pero eso no sucede igual en todas las autonomías, debido a los ajustes del modelo, por lo que Madrid no será la primera por habitante a pesar de ocupar ese puesto a nivel general.

Pero la llamada financiación singular para Cataluña dista mucho de ser un sistema como el cupo vasco, algo que está sirviendo a Junts para marcar distancias con ERC y amortiguar su pacto con el Gobierno. En realidad, se trata de una renovación del modelo de financiación de las comunidades del régimen común (todas menos Euskadi y Navarra) y no implica, como pretende desde hace años el independentismo, la recaudación total de los impuestos por parte de una Hacienda catalana.

Junts en estos momentos se posiciona en contra del sistema precisamente por considerar que se trata de “café para todos y perjudica a los catalanes, especialmente a los barceloneses”. Su apuesta sigue siendo un concierto económico y que la comunidad salga del paraguas de la ley de régimen común. Pero, sobre todo, está utilizando políticamente el asunto para desgastar a Esquerra, en un momento en el que los posconvergentes necesitan marcar terreno por la subida en las encuestas de Aliança Catalana.

Antoni Castellà, vicepresidente de Junts, hacía estas reflexiones al hilo del acuerdo entre Junqueras y Sánchez: “No entendemos por qué ERC, que siempre ha votado a favor del concierto económico. ha llegado a un acuerdo tan débil y que mantiene a Cataluña en el café para todos”. “Negociar un nuevo modelo de financiación sin las balanzas fiscales es un fraude”, reflexionaba. 

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, también ha sido muy crítica con el plan acordado por el Gobierno y ERC: “El modelo de financiación dice que Madrid gestiona el dinero de los catalanes: Alberto Núñez Feijóo, Pedro Sánchez o incluso Abascal. Nosotros no queremos eso”. No obstante, Puigdemont todavía no se ha pronunciado específicamente.

En Esquerra son conscientes del intento de Junts de rebajar de todas las maneras por el acuerdo. El que ha hablado de manera más clara ha sido el portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián, que ha expresado durante estos días:  “Ante cualquier acuerdo de ERC siempre lo mismo. La derecha española dice que es una traición por exceso y la derecha catalana dice que es una traición por defecto. PP, VOX y Junts con diferentes banderas pero la misma soberbia”.

Por eso, ha pedido: “Si quieren votar en contra, que lo hagan. pero que lo expliquen. Y que no sean pesados. Sobre todo eso. Y, sobre todo, Junts”.

Asimismo, Junqueras está tratando de presionar al propio Carles Pugidemont, al que ha pedido una cita en Bruselas para hablar del nuevo modelo. Los posconvergentes están muy molestos con que el líder de ERC hiciera pública en una entrevista este lunes esa reclamación.

A juicio del portavoz de JxCat en el Parlament, Salvador Vergés, esta petición "llega tarde", reduciéndola a un "tanteo vía mensaje privado". "Lamentamos que haya trascendido al ámbito público este mensaje, una petición de reunión que era privada y que no tenía ni motivos ni concretaba ninguna fecha. No es la manera. Llega tarde, esto tendría que haber ocurrido antes de la reunión y la foto en Moncloa", señaló al hilo.

Y también Juns se ha lanzado contra el nacimiento de la empresa mixta que gestionará Rodalies, cuya firma se realizó entre Illa y el ministro de Transportes, Óscar Puente. Esta es otra de las exigencias que puso ERC a los socialistas en las negociaciones tanto de la investidura del presidente catalán como de Sánchez. Al acto de rúbrica de este lunes acudió Ester Capella, exconsellera de Territori y una de las figuras de ERC más próximas a Junqueras. 

Los posconvergentes han desacreditado por completo esta iniciativa: "La firma de la empresa mixta de Rodalies escenifica un engaño ante el drama que vivimos en este país con el servicio de trenes. Que alguien pueda pensar que la solución pasa por hacer una empresa mixta de Rodalies en la que siga participando Renfe, y además con mayoría absoluta, nos parece una estafa”.

"Vemos un paralelismo evidente en estos acuerdos entre PSC y ERC. Es igual que sea Rodalies como financiación, siempre acaban descafeinados respecto a lo que prometieron en el punto inicial", lanzaron desde el partido posconvergente.

En mitad de esta pugna entre las fuerzas catalanas, en La Moncloa tratan de evitar enfrentamientos. Y no quieren poner presión sobre Junts de manera pública en un momento en el que las relaciones están rotas por parte de los de Puidgemont. Pero los socialistas creen que los posconvergentes pueden terminar apoyando tanto el sistema de financiación como la quita de la deuda (que fue aprobada en el último Consejo de Ministros de diciembre y ya pasa a tramitación parlamentaria) porque suponen miles de millones de para Cataluña y es muy difícil de justificar socialmente. 

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha confirmado que el modelo de financiación autonómica propuesto por el Gobierno respeta el principio de ordinalidad para Cataluña, de modo que, como avanzó el líder de ERC, Oriol Junqueras, es la tercera en aportar recursos al sistema y será la tercera en recibir, según informa EFE.

En la rueda de prensa en la que ha presentado la propuesta de financiación, Montero ha indicado que este principio no figura como tal en el sistema, aunque la construcción del modelo "tiende" a que en la práctica sea una realidad.

Como consecuencia de la "construcción" del modelo, como ha dicho la ministra, para Cataluña sí se cumple, pero por ejemplo no lo hace para Madrid, que es la comunidad que más recursos aporta, porque paralelamente se ha establecido un mecanismo que mantiene con 400 millones el 'statu quo' de Cantabria y Extremadura para que no reciban menos dinero que ahora, y la primera se sitúa por delante.

La vicepresidenta primera del Gobierno no ha querido facilitar un listado ordenado de cómo quedan las distintas comunidades para no alimentar, ha dicho, el discurso de los agravios territoriales que considera que mantiene el PP, pero fuentes de Hacienda han indicado que Andalucía recibirá algo más de lo que aporta y gana una posición.

Al PP ha apelado Montero para reclamar su apoyo a la propuesta, que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, adelantó el jueves al líder de ERC. "Espero contar con la complicidad del Partido Popular, con más entusiasmo o con menos", ha afirmado la ministra de cara a la votación en el Congreso del proyecto de ley en el que se materializará la iniciativa del Gobierno.

Montero ha lamentado, eso sí, que el PP no tenga una posición única ni una propuesta propia y ha llegado a decir que el líder popular, Alberto Núñez Feijóo no tiene "liderazgo suficiente para poner una propuesta encima de la mesa" porque los distintos presidentes autonómicos de su partido tienen posturas discrepantes entre sí.

En todo caso, ha considerado "muy difícil" para algunos grupos parlamentarios y especialmente para el PP explicar a los ciudadanos un no a este modelo, sobre todo cuando el 70% de los casi 21.000 millones de nuevos recursos previstos para 2027 van a comunidades gobernadas por los populares.

La también secretaria general de los socialistas andaluces y candidata a la Presidencia de la Junta ha manifestado también que le cuesta trabajo pensar que Andalucía "pueda renunciar a recibir 4.850 millones de euros" con el sistema de financiación planteado.

"¿Van a decir que no por puro interés partidista, por sectarismo político?", se ha preguntado Montero, que ha considerado que eso sería "absurdo".

Asimismo ha dicho desconocer cuál será la posición de Junts y ha apuntado al respecto que la propuesta del Gobierno en materia de financiación "responde a muchas aspiraciones de autogobierno".

A pesar del clima apocalíptico que dibujan la oposición y parte de la izquierda, Pedro Sánchez sigue sin dar por muerta la legislatura. No tira la toalla. Y busca rearmar el bloque de investidura para esta parte final. Siempre hay dos piezas clave: ERC y el PNV. Y a los primeros, que terminaron muy preocupados el año por los casos de corrupción y acoso en el PSOE, vuelve a acercarlos a su órbita.

El Gobierno ya tiene sobre la mesa el nuevo modelo de financiación autonómica, con el que se pretende renovar el sistema que data de la época de José Luis Rodríguez Zapatero. Aunque las cuentas no cuadran para cuando tenga que ser validado en el Congreso, de momento ha supuesto encarrilar la relación con ERC, unos socios “clave”, señalan en La Moncloa. 

El sistema de financiación es un asunto de una enorme complejidad técnica (los detalles serán explicados este viernes por la vicepresidenta primera y titular de Hacienda, María Jesús Montero), pero a la vez es un tema de gran inflamabilidad política, ya que afecta a las quince comunidades de régimen común (Navarra y Euskadi tienen sus propios sistemas forales).

Y en este juego de equilibrios casi imposibles Sánchez busca con el nuevo sistema dar respuesta a los acuerdos con ERC para hacer presidente a Salvador Illa en Cataluña, pero a la vez procura no incendiar al resto de autonomías. En la balanza el socialismo tiene un gran reto: que no salga quemada con este sistema Montero, la candidata para las elecciones andaluzas que se celebrarán teóricamente en el próximo mes de junio. El Partido Popular lleva meses ya intentando desgastar la figura de la número dos del Gobierno por los acuerdos relacionados con Cataluña como el futuro sistema de financiación o la quita de la deuda, que fue aprobada en la última reunión en diciembre del Consejo de Ministros.

El acuerdo alcanzado por Sánchez y Oriol Junqueras en la reunión en el Palacio de La Moncloa durante este jueves dista del concierto catalán que se dibujó en un primer momento, puesto que, según lo poco que ha trascendido en boca del líder de ERC, incluye el principio de ordinalidad y supondrá 4.700 millones de euros más para el Govern. Pero no incluye ningún tipo de pacto sobre recaudación fiscal (especialmente del IRPF), que es una de las principales aspiraciones de los soberanistas. Aún así, este acuerdo allana el camino para una posible entente de cara a los presupuestos. No hay nada concreto aún, pero Esquerra está dispuesta a que haya cuentas.

Según el Ejecutivo central, con el nuevo modelo se garantizarían más recursos para todas las autonomías y, además, persigue que todos los territorios reciban más transferencias para reforzar el estado del bienestar (las comunidades manejan competencias clave como sanidad, educación y dependencia). Y desde el Gobierno se hace durante estas horas una apelación directa al Partido Popular para que apoye el texto cuando pase a las Cortes.

A la vez, el Gobierno se prepara para enfrentar el relato del PP de que este modelo supondrá un trato de favor para la Generalitat de Cataluña. Además, se pone en el foco la contradicción de comunidades del Partido Popular de pedir más dinero y luego desviarlo a servicios privados. En esa línea se manifestó el ministro de Transformación Digital y líder de los socialistas madrileños, Óscar López, ante las críticas del equipo de Isabel Díaz Ayuso: “Lo que es injustificable es haber recibido 129.000 millones en siete años con el Gobierno de Sánchez (43.000 más que con Rajoy) y haber asfixiado a las universidades públicas y privatizado la sanidad con más de 5.000 millones para Quirón”.

El Partido Popular, que tiene en sus manos la mayoría de comunidades autónomas, ha cerrado ya la puerta de lleno al nuevo sistema. Según expresó Alberto Núñez Feijóo, la igualdad “no puede ser moneda de cambio” y Moncloa “no es una casa de empeños para apuntalar un Gobierno en ruinas”. "La financiación autonómica debe perseguir el bien común y así será cuando gobernemos", afirmó.

Además, sobre este nuevo modelo va a cimentar el PP parte de la campaña de las elecciones autonómicas que vienen por delante. La primera cita es en Aragón el próximo 8 de febrero. El presidente regional y candidato popular, Jorge Azcón, convocó una rueda de prensa tras conocerse el acuerdo con ERC para decir que estaba “profundamente cabreado” ante “la desigualdad y la insolidaridad”.

Pero donde se frotan especialmente las manos los populares es en Andalucía, donde la propia Montero se la juega como cabeza de cartel en las autonómicas contra Juanma Moreno. El PP regional no está en su mejor momento y ya asume que perderá la mayoría absoluta, pero ve en el modelo de financiación espacio para hacer mucho daño a la ministra de Hacienda.

El mensaje del presidente andaluz dejó clara la estrategia: “Mal empieza la propuesta del nuevo modelo de financiación autonómica, negociada unilateralmente con un inhabilitado del procés y sin contar con el resto de territorios de España. Andalucía no va a consentir un nuevo maltrato del Gobierno de Sánchez y que se rompa la igualdad”. 

El acuerdo entre ERC y La Moncloa deja también grietas dentro de algunos sectores socialista, evidenciadas por ejemplo por la expresidenta andaluza Susana Díaz. Además, Emiliano García-Page (Castilla-La Mancha) también afeó que el proceso para renovar el modelo arranque con una reunión con Junqueras: “No es un comienzo que facilite un clima de entendimiento”. 

El nuevo modelo de financiación que esboza el Gobierno se ha encontrado con otro frente duro: Junts. El partido de Carles Puigdemont, en cambio, lo considera insuficiente para Cataluña, por lo que su apoyo se evapora en estos momentos. “¿Dónde está el concierto económico que se había pactado para investir a Illa?”, repiten los posconvergentes en una lucha clara en estos momentos contra Esquerra y en un momento en el que suben los decibelios ante la fuerte irrupción en las encuestas de Aliança Catalana. "Hay un poco más de café, pero sigue siendo el mismo café para todos", concluyó el portavoz de la formación, Josep Rius. Sin ellos, el pacto entre Sánchez y Junqueras quedará en papel mojado.

El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, ha asegurado este jueves que la negociación entre el Gobierno y ERC para la financiación de Cataluña es "lo más parecido a lo que pudiéramos llamar corrupción política", según informa EFE.

Bravo, que ha participado en Córdoba en un encuentro con autónomos, ha señalado a los periodistas que se trata de "coger el dinero de unos para dárselos a otros" cuando en el Ministerio de Hacienda "está una persona -María Jesús Montero- que, cuando era consejera de la Junta de Andalucía, defendía justo lo contrario".

Ha recordado que entonces Montero "defendió que había que hacer un nuevo sistema de financiación para todas las comunidades autónomas, que en ningún caso se podía hacer una financiación singular, que la condonación no era la solución, sino que la solución era un nuevo sistema de financiación".

Sin embargo, el Gobierno y ERC se han reunido para una financiación singular para Cataluña que es la "exigida por un partido independentista en contra de la voluntad del conjunto de los españoles" con el único fin de que Pedro Sánchez siga siendo presidente del Ejecutivo.

Para Juan Bravo "lo que realmente, como defiende el presidente Juanma Moreno, se requiere ahora es una financiación autonómica para todas las comunidades, con más recursos para todas las comunidades, con multilateralidad, con las puertas abiertas para que todo el mundo sepa lo que se está negociando teniendo en cuenta las variables y los criterios que defienden cada comunidad autónoma".

Por ello, es necesario compartir "un sistema de financiación que sea común para todos y que nos permita tener oportunidades" y ha añadido que "mientras unos escuchamos y hacemos propuestas, otros lo que hacen es comprar con el dinero de todos los españoles voluntades de partidos independentistas para que Sánchez siga siendo presidente".

El presidente de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, ha anunciado que ha llegado a un acuerdo con el presidente del Gobierno sobre el modelo de financiación, que conllevaría el principio de ordinalidad y supondría un desembolso adicional de 4.700 millones para el Ejecutivo catalán. Este acuerdo tendrá que aprobarse en una votación en el Congreso de los Diputados.

En declaraciones posteriores a la reunión entre el líder nacionalista y Pedro Sánchez en La Moncloa, la primera desde que el catalán salió de prisión, Junqueras ha aclarado que con este acuerdo "nadie pierde y todo el mundo gana". A su juicio, si hay territorios que recaudan todos los impuestos, no debería haber ninguna razón para que Cataluña no pueda recaudar al menos uno de ellos.

El presidente de Esquerra ha avanzado este acuerdo aunque ha señalado que todos los detalles serán avanzados por la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Junqueras también ha remarcado que no hay ningún acuerdo sobre recaudación fiscal ni sobre los presupuestos, ha querido dejar claro que ERC quiere que los haya y ha confiado en que el PSOE y otros partidos demuestren el mismo "compromiso" y la misma "voluntad".

Sobre la continuidad de la legislatura, ha estimado que la pregunta debería estar dirigida a Sánchez, pero ha señalado que para ERC es importante que siga en la medida en que sea "útil" para la sociedad y permita generar una riqueza compartida. 

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha asegurado este jueves que todas las comunidades autónomas van a ganar con el nuevo modelo de financiación autonómica pero ha advertido de que lo importante es que todos estos nuevos recursos lleguen a la ciudadanía y no a negocios privados. "Todos esos recursos no sirven para nada si al final van al grupo Quirón", ha asegurado el ministro en un acto en Miranda de Ebro (Burgos).

López ha insistido en que el nuevo modelo de financiación, que lleva 13 años sin renovarse, es bueno para todas y cada una de las comunidades, por lo que ha negado que el acuerdo con Cataluña pueda afectar a los candidatos socialistas en las próximas elecciones de Aragón o Andalucía.

El líder de ERC, Oriol Junqueras, se reunirá el próximo jueves 8 de enero en la Moncloa con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para abordar la reforma de la financiación autonómica, según ha anunciado en declaraciones a El Periódico y han confirmado a EFE fuentes del Gobierno.

El objetivo de esta reunión, según ha dicho Junqueras, "es desbloquear del todo el modelo de financiación y recordarle (a Sánchez) que hay otros compromisos que se tienen que ir cumpliendo. Por ejemplo, desbloquear los mecanismos necesarios para poder recaudar el IRPF".

"Nosotros entendemos que las negociaciones son de carácter global. Está la condonación de la deuda del FLA, el modelo de financiación, la recaudación del IRPF, el consorcio de inversiones que debe garantizar que se ejecute lo presupuestado en Cataluña, medidas en el ámbito de infraestructuras clave como los trenes o la gobernanza aeroportuaria", ha subrayado el presidente de ERC.

Para Junqueras, un buen acuerdo "es posible" porque los republicanos han "batallado" para conseguirlo, ya que "si dependiera solo del partido socialista, no habría habido nunca un acuerdo para una nueva financiación ni respeto a la ordinalidad".

"Esta próxima semana concretaremos las cifras", ha apuntado el presidente de ERC.

El Tribunal Constitucional (TC) ha retirado in extremis del orden del día del Pleno que comienza este martes las peticiones del exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y los exconsellers Raül Romeva, Dolors Bassa y Jordi Turull de que se suspendan las penas de inhabilitación a las que han sido condenados, según recoge EFE.

Fuentes jurídicas confirman a EFE la noticia, adelantada por La Razón, de que el tribunal no abordará los borradores de los ponentes -el presidente Cándido Conde-Pumpido y los magistrados José María Macías y César Tolosa- coincidentes todos ellos en rechazar la suspensión cautelar que pedían los líderes del procés.

El motivo de esta retirada in extremis es para unificar la respuesta que se de a los cuatro casos, que son idénticos, con el fin de alcanzar la unanimidad en la votación que previsiblemente rechazará acceder a la medida cautelar de suspensión de la pena.

De esta forma, se dará tiempo para así llevar nuevamente los borradores al último pleno del año que se prevé que arranque el próximo día 16 para ya sí proceder a su votación.

El pasado 11 de febrero, el TC admitió a trámite los recursos de Junqueras, Bassa y Romeva contra la decisión del Supremo de no aplicarles el perdón por el 'procés'. Y el 28 de abril hizo lo mismo con el del exconseller y secretario general de Junts Jordi Turull.

Todos ellos siguen inhabilitados para ejercer cargo público y solicitaron en sus escritos que esta pena se les suspenda de forma cautelar, por lo que el tribunal abrió una pieza de medidas cautelares para oír a las partes. Junqueras y Bassa cumplen 13 años de inhabilitación, hasta 2031, y Romeva y Turull 12 años, hasta 2030.

Los borradores rechazan acceder a la suspensión cautelar atendiendo a la naturaleza de la pena y la duración de la misma y, en el caso de Junqueras, porque podría suponer "una grave perturbación del interés general" ante el riesgo de que ocupe un cargo público justo aprovechando el momento en que no esté inhabilitado.

Todos ellos coinciden con la tesis de la Fiscalía que aboga por "denegar la suspensión de la pena de inhabilitación absoluta interesada" por los líderes independentistas del procés.

Dice la Fiscalía que "la concesión de la suspensión de la condena que resta por cumplir de la pena de inhabilitación absoluta a los recurrentes supondría, por tanto, una anticipación del fallo del amparo y de sus efectos pues exigiría tanto como pronunciarse sobre la aplicación de la Ley orgánica de amnistía y su eventual estimación, que no corresponde hacer en esta pieza de suspensión".

El Supremo resolvió no amnistiar el delito de malversación por el que Junqueras, Romeva, Turull y Bassa fueron condenados al concluir que los líderes independentistas obtuvieron un beneficio personal de carácter patrimonial con el 'procés' y que los gastos del 1-O habían causado un perjuicio a las finanzas europeas.

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha sugerido este domingo que Aliança Catalana es "un invento" de los servicios secretos españoles o de parte de la cúpula judicial: "Nunca correrán el riesgo de ir a la cárcel ni al exilio porque nunca harán nada de verdad para nuestro país", ha dicho, informa EFE.

"Si los servicios secretos españoles o algunas de las togas que todavía nos persiguen tuvieran que inventar algo contra Cataluña, inventarían Aliança Catalana", ha afirmado Junqueras en una intervención en el cierre de la Conferencia Nacional de Jovent Republicà, celebrada en L'Espluga de Francolí (Tarragona).

El líder de ERC ha considerado que Aliança Catalana son "herederos de los quintacolumnistas" que en la Guerra Civil "contribuyeron a abrir las puertas de Cataluña a las tropas franquistas".

"Hoy, estos herederos de los quintacolumnistas, vuelven a hacer de quinta columna, y lo vuelven a hacer desde las redes sociales. Se abalanzan sobre nosotros porque explicamos verdades como templos, porque explicamos que, si los servicios secretos españoles o algunas de las togas que todavía nos persiguen tuvieran que inventar algo contra Cataluña, inventarían Aliança Catalana", ha argumentado.

"Del mismo modo que no nos dan miedo las cárceles españolas, tampoco nos dan miedo sus 'trolls' en las redes", ha agregado.

Según Junqueras, si desde Aliança Catalana "pueden permitirse el lujo de hacer burla de los que han estado en la cárcel o en el exilio es porque saben que ellos nunca correrán el riesgo de ir a la cárcel ni al exilio porque nunca harán nada de verdad para nuestro país".

"Porque a ellos les protegen los servicios secretos españoles y las togas que a nosotros nos persiguen", ha añadido.

El líder de ERC ha remarcado que "esta quinta columna solo es arrogante y prepotente contra aquellos que recogen fruta o trabajan en la construcción, el transporte o los servicios sociales".

En cambio, "son cobardes y serviles ante aquellos que se aprovechan del trabajo precario de tantísima de nuestra gente y jóvenes": "Son valientes ante los débiles y profundamente cobardes ante los que consideran poderosos".

Por su parte, la secretaria general de ERC, Elisenda Alamany, ha advertido que, 50 años después de la muerte del dictador Francisco Franco, "el franquismo pervive y la extrema derecha también, envuelta de una bandera española, pero también de una bandera catalana".

Alamany ha apuntado que la extrema derecha "se nutre de la desorientación, la desesperanza y de la frustración", tanto social como "nacional".

Ante este contexto y "ese murmullo que dice que no se puede hacer nada", la dirigente de ERC ha llamado al "optimismo" y a "no resignarse", apelando a victorias como las del izquierdista Zohran Mamdani en la alcaldía de Nueva York: "Hay partido, el futuro no está escrito, la esperanza puede volver a ganar, pero tendrá que cogernos preparados", ha dicho.

La líder de Aliança Catalana y alcaldesa de Ripoll (Girona), Sílvia Orriols, ha respondido a las palabras de Junqueras sobre su formación.

En un mensaje en la red social X, Orriols ha adjuntado un vídeo de Junqueras en el programa Salvados que se emite esta noche, en el que el líder de ERC también apunta que "si el Estado español y sus servicios secretos tuviesen que diseñar algún día una herramienta para debilitar al independentismo, ese instrumento se parecería mucho a Aliança Catalana".

"Qué bien que hablas en castellano, Junqueras ¿No serás tú el del CNI? ¿A lo mejor por eso te entregaste a los tribunales españoles tan deprisa y quizás por eso te han indultado? No lo sé, pregunto... Farsante", ha espetado Orriols en su mensaje.

El abogado general de la Unión Europea Dean Spielmann consideró este jueves que la directiva europea de lucha contra el terrorismo no se opone a la ley de amnistía española, ya que esta "meramente" supone desactivar "parcial y temporalmente" los efectos de la norma europea y no afecta a cómo se aplica la directiva de forma general, según informa EFE.

Spielmann ha defendido que la ley de amnistía es aplicable tanto a los delitos de malversación como a los de terrorismo de los que han sido acusados los miembros de los CDR, si bien cuestiona que se dé a los jueces un plazo de dos meses para aplicarla.

El abogado general también ha argumentado que los gastos del proceso independentista de Cataluña de 2017 no afectaron a los intereses financieros de la UE.

Sí advierte del riesgo de que la ley dé a los tribunales un plazo de dos meses para aplicar la amnistía (aunque matiza que el Gobierno español ha apuntado que se trata de un plazo "estrictamente indicativo") y considera que no es conforme con el derecho europeo obligar a los órganos jurisdiccionales nacionales a dictar una resolución absolutoria y a alzar las medidas cautelares en el plazo máximo de dos meses, aun cuando hayan consultado al TJUE y éste aún no haya resuelto.

Por ello, aprecia que "algunas disposiciones de la Ley Orgánica de Amnistía relativas a la exención de la responsabilidad contable podrían ser incompatibles con el derecho a la tutela judicial efectiva", según las conclusiones que publicó hoy.

En sus conclusiones publicadas este jueves, el letrado asegura que "nada permite calificar a la ley de amnistía de autoamnistía" y argumenta que se trata del "fruto de un procedimiento parlamentario regular tramitado en el seno de un sistema democrático pluralista", no impuesto por un poder autoritario, y que "su aplicación no se sustrae al control judicial".

"La ley de amnistía no abarca indistintamente a todos los agentes del Estado o los titulares del poder, sino que se aplica a un conjunto determinado de actos, circunscritos en el tiempo y vinculados a un período de tensión política, sin consideración de la condición pública o privada de las personas interesadas. En una palabra, opera impersonalmente", señala el abogado en sus conclusiones.

Para Spielmann, la amnistía no persigue "proteger a un régimen político o a sus representantes frente a posibles actuaciones judiciales", sino "dar respuesta a una situación excepcional con un objetivo declarado de normalización institucional y reconciliación".

En la vista de la causa que se celebró en el TJUE el pasado mes de julio, el abogado de la CE, Carlos Urraca, dijo que no parecía que la norma española respondiese a un "objetivo de interés general", porque fue "parte de un acuerdo político para lograr la investidura del Gobierno de España".

Un argumento que refutó entonces la abogada general del Estado, Andrea Gavela, al recordar que el Tribunal Constitucional español ha avalado la ley de amnistía por considerar que "responde a un fin legítimo, explícito y razonable" de mejorar la situación política y social en Cataluña.

Por otro lado, el abogado general no vio hoy ninguna incompatibilidad entre la directiva antiterrorista de la UE y la ley de amnistía, ya que "meramente conlleva una desactivación parcial y temporal de sus efectos, al extinguir la responsabilidad penal por ciertos hechos determinados, limitados en el tiempo y por su naturaleza".

Según el comunicado remitido por el TJUE, la ley de amnistía "cumple los estándares jurisprudenciales establecidos por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos" y no incluye entre los delitos perdonados aquellos que supongan violaciones graves de derechos humanos, principalmente las infracciones de los derechos a la vida y a la integridad física, que excluye explícitamente".

Respecto al potencial carácter vago o abstracto de la formulación de la ley de amnistía que Bruselas había puesto sobre la mesa, el abogado general comunitario apunta a que, aún con un "ámbito de aplicación material y temporal amplio", la norma abarca "un período determinado y unos hechos que se identifican con precisión, vinculados en su totalidad al proceso independentista de Cataluña".

La opinión del abogado general no es vinculante y sólo sirve para orientar la futura sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, que previsiblemente saldrá en unos meses, si bien los jueces suelen coincidir con la valoración de los abogados.

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha señalado este jueves que lo que ha hecho el abogado general de la Unión Europea, Dean Spielmann, en sus conclusiones sobre la ley de amnistía es aplicar el sentido común porque fue una "salvajada" condenar y meter en la cárcel a gente por un referéndum. 

En declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso nada más conocerse el escrito del abogado general de la UE, ha señalado que sería una buena noticia "si no fuera porque la justicia española más que justicia para con este tema fue venganza".

Ha pedido además al juez Manuel Marchena, quien presidió el tribunal que dictó la sentencia del juicio del 'procés', que se lea las conclusiones del abogado general. 

Preguntado por si considera que el informe conocido este jueves abre la puerta a la amnistía de Carlos Puigdemont, ha indicado que debería, pero ha insistido en que "hay jueces en este país (...) que están haciendo política y están sobre todo aplicando no la justicia o la legalidad sino la venganza y creo que eso es una mala noticia para la democracia de este país".

Sobre si podría afectar también a la situación actual de la legislatura tras la ruptura de Junts con el PSOE, ha señalado que su formación, que está en "quinto de lawfare", tiene muy claro que si algún día hay una salida a esto será por la vía europea. 

"Aquí hay jueces españoles que dicen que no les da la gana aplicar una ley aprobada aquí por la inmensa mayoría del hemiciclo y punto. Esto es grave, es gravísimo", ha apostillado.

La vicesecretaria de regeneración institucional del PP, Cuca Gamarra, ha afirmado este jueves que el informe del abogado general de la Unión Europea supone que la ley de amnistía vulneró el Estado de derecho.

Así, aunque "hay que esperar" a la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, ha dicho, el escrito ratifica que el Gobierno de España ha podido vulnerar con la aprobación de esta ley "los principios del Estado de derecho" y, por tanto, "la legislación europea".

Gamarra ha insistido, en declaraciones en los pasillos del Congreso, en que la ley de amnistía fue una ley "inmoral" porque ha sido utilizada "única y exclusivamente" con el objetivo de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se mantuviera en el poder.

El president de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha celebrado el aval del abogado general de la Unión Europea a la ley de amnistía, una decisión que ha dicho es "un paso significativo" antes del pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).

"Puedo decir que estoy contento", ha reconocido Illa en un acto en el Liceu. El president ha pedido asimismo que "la ley de amnistía se aplique con agilidad y sin subterfugios" pues "es una ley buena para Cataluña y para España".

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) dio la razón este jueves a la justicia española por restringir los derechos políticos de los independentistas catalanes Jordi Sánchez, Jordi Turull y Oriol Junqueras cuando estuvieron en prisión preventiva durante el procés, según informa EFE. 

En los tres casos, el tribunal no observa ningún elemento de "ilegalidad o arbitrariedad" en las decisión jurídicas que motivaron el ingreso provisional de Sánchez, Turrul y Oriol Junqueras en la cárcel. 

Además, la corte constata en su sentencia de 51 páginas, que los tres demandantes eran "objeto de procesamientos penales por delitos graves", por lo que "no podía razonablemente esperar que pudiesen participar en las elecciones sin ninguna restricción".

Los tres demandantes consideraban que los tribunales españoles no protegieron sus derechos al impedirles participar en la campaña de las elecciones autonómicas de diciembre de 2017.

En la sentencia adoptada por unanimidad, la corte, con sede en Estrasburgo, rechaza los argumentos de los demandantes de que la justicia española violase varios artículos de la Convención Europea de Derechos Humanos y del protocolo adjunto. 

El Tribunal de Estrasburgo señala que un Estado debe poder impedir la realización de "un proyecto político, incompatible con las normas de la Convención (Europea de Derechos Humanos), antes de que sea puesto en práctica, por actos concretos que comprometan la paz civil y el régimen democrático del país". 

Turull fue puesto en prisión preventiva el 23 de marzo de 2018, un día antes de que en primera votación no obtuviera la mayoría absoluta necesaria para ser investido presidente de la Generalitat y un día antes de que se celebrara la segunda, a la que no pudo asistir.

Unos meses más tarde, el 14 de mayo, Quim Torra fue investido en segunda votación con una mayoría simple.

El secretario general de JxCat, Jordi Turull, ha reiterado este jueves que su encarcelamiento en 2018, mientras se sometía al debate de investidura en el Parlament, "respondió a criterios políticos para descabezar al movimiento independentista".

En declaraciones a la prensa en los pasillos del Parlament en respuesta a esta sentencia, Turull ha señalado que el hecho de que lo encarcelasen durante el debate de investidura en el que era candidato a presidente de la Generalitat "respondía a criterios políticos" y "a una estrategia política".

"Esto no me lo quitará nadie", ha subrayado Turull, que ha agregado que, de no haber optado a la presidencia de la Generalitat, "las cosas hubiesen ido de otra manera".

En la sentencia adoptada por unanimidad, la corte, con sede en Estrasburgo, rechaza los argumentos de los demandantes de que la justicia española violase varios artículos de la Convención Europea de Derechos Humanos y del protocolo adjunto.

"Lo volvería a hacer, evidentemente. Como haremos lo que sea para plantar cara a esta especie de jueces que hacen de justicieros contra el independentismo. Esto lo batallaremos", ha dicho.

Y es que, a criterio de Turull, la Abogacía del Estado "ha afinado jurídicamente lo que fue una decisión política", si bien ha dicho que "respeta" la sentencia aunque no la comparta.

"Solo espero que esto no le pase a nadie, aunque esté en las antípodas políticas", ha remachado.

ERC ha afirmado este jueves que mantiene la "lucha antirrepresiva en todos los frentes" a pesar de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

En un comunicado, ERC ha afirmado que el proceso judicial en el ámbito internacional para defender los derechos políticos de los líderes independentistas "sigue abierto".

"Pese a que el TEDH ha desestimado los motivos de los líderes independentistas, estos mismos motivos sí que han sido aceptados en otras causas del Comité de Derechos Humanos de la ONU y el grupo de detenciones arbitrarias", han remarcado los republicanos.

En este sentido, ERC ha defendido que la discusión judicial sigue pendiente de resolverse y, por tanto, esperará a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 

Asimismo, ha señalado que seguirá trabajando para conseguir que la ley de amnistía "sea efectiva para todos los represaliados de la causa general contra el movimiento independentista".

La Comisión Europea cuestionó este martes que la ley de amnistía "responda a un objetivo de interés general" en la vista que celebró este martes el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para determinar si los gastos del procés han puesto en riesgo a los intereses financieros de la UE, según informa EFE.

Una opinión que descartaron tanto el Gobierno de España, representada por la abogada general del Estado, Andrea Gavela, como los abogados de los 35 ex altos cargos de la Generalitat, entre ellos los expresidente catalanes Carles Puigdemont y Artur Mas, cuyas responsabilidades contables está analizando el Tribunal de Cuentas.

Tras la vista, que duró aproximadamente cuatro horas, el abogado general de la UE, Dean Spielmann, no fijó todavía la fecha en la que emitirá su opinión sobre los términos en que deberá pronunciarse la sentencia del TJUE.

"No parece que la ley de amnistía responda a un objetivo de interés general, dado que es parte de un acuerdo político para lograr la investidura del Gobierno de España", dijo el abogado de la Comisión Europea, Carlos Urraca, quien consideró, por tanto, que en realidad se trata de una autoamnistía.

Urraca evitó pronunciar esta palabra en la vista, pero sí hizo referencia al escrito que presentó en diciembre ante el TJUE, en el que alegó que los votos de los beneficiarios de la amnistía han sido necesarios para la aprobación de la ley. Un argumento que hizo suyo el abogado de Sociedad Civil Catalana, Juan Chapapría, pero que rechazó, por contra la abogada general del Estado.

Gavela recordó que el Tribunal Constitucional español ha avalado la ley de amnistía por considerar que "responde a un fin legítimo, explícito y razonable" de mejorar la situación política y social en Cataluña ateniendo así al interés general.

Un argumento en el que incidió el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye: "Las autoamnistías exoneran a los autores de grandes crímenes internacionales, impiden la investigación judicial, son dictadas por quienes se benefician de ello y carecen de control jurisdiccional efectivo. Nada de eso ocurre con la ley orgánica de amnistía".

"Esta ley nace en el seno de un procedimiento de reconocimiento mutuo entre las partes, un incipiente reconocimiento de legitimidades, reconocimiento del conflicto y búsqueda de la reparación y la reconciliación entre dos pueblos", continuó Boye, quien apuntó que toda norma "en todo Estado democrático es fruto de la negociación política si no se tiene mayoría absoluta".

Urraca añadió además que la ley de amnistía "ha ahondado en una división profunda y virulenta en la clase política, en las instituciones, en el mundo judicial, en el mundo académico y en la sociedad española" y no ha respetado los plazos de la Comisión de Venecia "con el fin de lograr el objetivo invocado de la reconciliación".

El abogado de la Comisión añadió que "no parece que la disminución de la Renta Nacional Bruta de un Estado miembro provocada por una secesión ilegal y unilateral de una parte de su territorio constituya un perjuicio suficientemente directo para la protección de los intereses financieros de la Unión". En el sentido de que la aportación de España al presupuesto comunitario seguiría siendo proporcional a su peso económico.

No obstante, Urraca dijo que el Tribunal de Cuentas debe determinar si el origen del dinero con el que financió el procés provenía de los fondos de la UE y, en este sentido, consideró que el plazo de dos meses que la amnistía fija para aplicar la norma "podrían impedir" a los jueces "llevar a cabo dicho examen".

Urraca afirmó que según la legislación española, "los jueces que incumplen los plazos se arriesgan a incurrir en responsabilidades disciplinarias", una opinión que descartaron la abogacía general el Estado, los abogados de los demandados y el ministerio fiscal, asegurando que la práctica demuestra que en los procesos judiciales se incumplen los plazos.

El plazo de dos meses permite que el Tribunal de Cuentas pueda comprobar el origen de los fondos "sin ningún problema", aseguró el fiscal jefe del Tribunal de Cuentas, Manuel Martín-Granizo. "Creemos que se va a hacer justicia", dijo en declaraciones a la prensa presidente de Sociedad Civil Catalana, Alex Ramos, al término de la vista. 

El Gobierno y la Generalitat catalana han destacado este jueves que el aval del Tribunal Constitucional a la ley de amnistía supone el final de la crisis política en Cataluña, y han instado al Supremo a aplicársela a todos, mientras que, al contrario, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, cree que ha sido "una vergüenza".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho en Bruselas que es "una magnífica noticia" que el pleno del Constitucional, por seis votos a cuatro, haya dado el visto bueno a la amnistía, porque "cierra una crisis que nunca debió salir de la política". El jefe del Govern, Salvador Illa, ha apuntado que desde que se aprobó "las cosas van mejor" en Cataluña y ha pedido al Tribunal Supremo que aplique la norma "con diligencia".

En contraste, también desde Bruselas, Feijóo ha llamado "autoamnistía" a la ley y la ha tildado de "inmoral" y de provenir de una "transacción corrupta" porque fue una moneda de cambio que pactaron los socialistas para gobernar esta legislatura.

"Autoamnistía" la ha llamado asimismo el exlíder socialista Felipe González, quien ha anunciado en una entrevista radiofónica que en las elecciones votará en blanco y ya no al PSOE por la "barrabasada" de que los beneficiados por la amnistía fueran redactores de la ley.

El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha convocado a la prensa en el Congreso para manifestar que la decisión del Constitucional constituye un "broche" a la apuesta del Gobierno por la convivencia, aunque no estará completa hasta que se aplique a todos los dirigentes del procés.

En ese sentido se ha expresado el secretario general de Junts, Jordi Turull, que ha exigido al Constitucional usar sus "mecanismos coercitivos" para obligar al Supremo a aplicar la ley a los líderes independentistas, entre ellos Carles Puigdemont. "Si el juez Pablo Llarena quisiera recuperar el prestigio, lo que haría ahora sería retirar de manera inmediata las órdenes de búsqueda y captura" contra Puigdemont y los exconsellers Lluís Puig y Toni Comín, ha apuntado Turull.

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha celebrado el aval, pero ha denunciado que "no comportará ningún cambio" en su situación porque el Supremo "ha dejado clara su voluntad" de no aplicarle la ley a él y otros dirigentes del procés, para agregar: "Sin embargo, persistiremos y estamos convencidos de que ganaremos".

"Era una insensatez abordar una crisis política desde una perspectiva de castigo judicial", ha opinado en Barcelona el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, en representación de Sumar.

El eurodiputado de Comuns, Jaume Asens, quien fue uno de los impulsores de la ley, ha destacado que la sentencia es "una victoria del derecho, la razón, el sentido común, el diálogo y el acuerdo, frente a la venganza y el odio" y "un paso fundamental en la normalización política".

Por el contrario, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha opinado que el aval del Constitucional podrá ser legal "pero no es ético".

El presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, ha afirmado que su presidente, Cándido Conde-Pumpido, "trabaja para Sánchez y no para velar por la constitucionalidad de las normas".

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha manifestado que el Tribunal Constitucional "del bipartidismo" ha permitido "el mayor acto de corrupción de nuestra historia".

Al revés que la portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, quien ha celebrado que se ponga fin a "este conflicto que se ha alargado innecesariamente demasiado tiempo".