El Ministerio de Seguridad Social anunció este lunes una nueva escala de cotización para los trabajadores autónomos. La propuesta, que abarca 2026, 2027 y 2028, modifica los tramos mínimos de cotización elevando las cuotas entre 11 y 206 euros anuales para el próximo año. La medida ha provocado las críticas de la oposición y también la de los propios socios del Gobierno.

Desde Sumar, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, señaló que “no compartían” la medida e insistió en que “esta propuesta, si es cierta la que he conocido por los medios de comunicación, penaliza a las rentas inferiores”. Tanto Junts como Esquerra Republicana se han alineado en este rechazo y el Partido Popular ha hecho lo propio, como suele ocurrir cuando se abordan reformas fiscales. De un lado, los socios de Gobierno apelan a la progresividad fiscal y piden impuestos a las rentas altas. Del otro, el vicesecretario de Hacienda del PP, Juan Bravo, acusaba al Ejecutivo de dar un “sablazo fiscal”. 

“Hay que crear una fiscalidad para los ricos y no tanto machacar a los trabajadores autónomos”, deslizaba Gabriel Rufián (ERC) en la sesión de control al Gobierno de este martes. Por su parte, Miriam Nogueras, de Junts, publicó en sus redes sociales un post en el que afirmaba: “Ni un voto de Junts irá a apretar más a los autónomos”.

Desde el Gobierno mantienen la posición y defienden que estas nuevas tablas responden a una reforma acordada hace tres años, cuando los agentes sociales firmaron un despliegue progresivo hasta 2032 del modelo de cotización por ingresos reales. “En 2022, autónomos, sindicatos y patronal firmaron un acuerdo para cotizar por ingresos reales, es decir, por lo que cobran. Un acuerdo que se ratificó en una ley, que por cierto salió gracias a los votos a favor el PP”, señaló la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. 

En la práctica, la medida eleva las cotizaciones en todos los tramos. Para 2026, por ejemplo, un trabajador con ingresos de entre 900 y 1.166 euros –menos del salario mínimo– tendría una cuota de 271,2 euros al mes, con una subida de 11 euros. En tramos superiores, por ejemplo, entre 1.700 y 1.850 euros, la cuota sería de 403 euros mensuales, con una subida de 33 euros. Y así hasta llegar a un aumento de 206 euros en los tramos con ingresos superiores a 6.000 euros, que pagarían una cuota de cerca de 800 euros. En los dos años sucesivos, estos tramos volverán a cambiar.

Desde el Ejecutivo se defienden señalando que este acuerdo se instauró atendiendo a que las pensiones y las prestaciones por baja o desempleo de este colectivo eran muy inferiores a la media y esta era la forma de elevar el importe de las mismas. En el fondo del debate, además de las pensiones, ha surgido el dilema de la progresividad fiscal y si el sistema exige realmente más a quienes más tienen o, por el contrario, es injusto con las rentas más bajas. 

Este es uno de los puntos que atacan desde Sumar. De hecho, señalan que las microempresas (con menos de diez trabajadores) pagan un tipo efectivo en el Impuesto de Sociedades del 16,5%, las pequeñas (con entre 10 y 49 empleados) pagan un 18,1%, las medianas abonan un 15,9% y las grandes, tan solo un 5%. “Ya hemos conseguido el mínimo 15% para multinacionales; ahora hay que reformar el Impuesto de Sociedades para acabar con esta injusticia”, señalan desde el ministerio de Trabajo. 

“Es un reflejo de cómo las personas con grandes patrimonios —que no son los autónomos— o personas con grandes fortunas, no tributan lo que corresponde a su renta o a su patrimonio, conforme dice la Constitución: con progresividad”, señala José María Mollinedo, economista del Sindicato de Técnicos Hacienda (Gestha). “No se puede decir que el sistema no sea progresivo, pero no lo es con toda la potencia con la que debería”, señala en referencia a las diferencias tributarias que se dan con las grandes empresas. “Esa progresividad queda partida”, concluye.

Mollinedo explica que el diseño del Impuesto de Sociedades favorece a las grandes compañías frente a los de menor tamaño. El experto apunta que el tipo efectivo de los grandes grupos societarios fue en 2023, último dato disponible, de un 7,24%, mientras que las empresas de menor tamaño que no forman parte de grandes conglomerados rondan el 18%. Y es este punto el que ha suscitado más quejas desde los socios del Gobierno.

En España hay un total de 3,4 millones de trabajadores por cuenta propia afiliados a la Seguridad Social, según el último dato oficial disponible, relativo a agosto. Por sector de actividad son los servicios los que más autónomos agrupan (2,5 millones), seguidos de la construcción con 421.000 y de agricultura (264.400) e industria (207.700). Según las mismas estadísticas, en agosto de 2025, 2,1 millones de trabajadores autónomos (61,6%) cotizaron por una base de cotización entre 1 y 1,5 la base mínima, seguidos de los que cotizan por la base mínima: 721.599 trabajadores (21,1%). Es decir, la gran mayoría se agrupan en la parte baja de la tabla, donde las rentas son menores. 

Sobre las pensiones y las prestaciones que recibe este grupo de trabajadores, los datos son reveladores de sus niveles de renta. El importe medio de las pensiones por jubilación en España ascendió a 1.508 euros al mes, pero si se observa lo que cobran los autónomos, la pensión se desploma en casi 600 euros, hasta una mensualidad de 910 euros en septiembre.

“Era de esperar que esta reforma se produjera, porque se aprobó en 2022, pero el debate está en si tiene que ser en los porcentajes y en las cantidades que se han expresado. Sobre todo, porque probablemente sería necesario en estos momentos apostar más por una mayor progresividad”, señala Josep Ginesta, profesor de OBS Business School y secretario general de la confederación de pequeñas empresas catalanas, Pimec.  

En el fondo del debate está la justicia del sistema fiscal y cómo pueden salvarse estos aumentos que, si bien están destinados a engordar las pensiones, pueden comprometer el poder adquisitivo de los trabajadores en el presente. Otro punto que han propuesto desde el ministerio de Trabajo es un cambio en la forma de abonar el IVA, de manera que los autónomos y microempresas no tengan que pagar este impuesto hasta que no cobren ellos mismos la factura. “No tiene sentido que un autónomo pague el IVA de una factura antes de cobrarla. No es justo”, señaló Díaz durante un desayuno informativo a Europa Press. Además, también proponen que, en caso de pequeños autónomos y microempresas con facturaciones por debajo de 85.000 euros, solo tengan que hacer una declaración informativa anual.

Por el momento la medida está en la mesa de diálogo social, donde también se sientan los sindicatos y la patronal. La ministra Saiz, que ha recibido críticas a izquierda y derecha durante la sesión de control de este miércoles, ha pedido “tranquilidad” y “sosiego”, aunque por el momento no ha movido su postura.

La deuda pública española bajó hasta el 104,4% del PIB en el tercer trimestre del año, tres puntos menos que en el mismo periodo de 2023, pero sigue batiendo récords si se mide su volumen en términos absolutos, 1,63 billones de euros. El repunte ha sido de 57.304 millones, un 3,6%. Hace unos días, la Comisión Europea ha validado el plan fiscal que el Gobierno español le había enviado en octubre, porque considera que establece una senda “creíble” para garantizar que la deuda pública bajará o se situará en niveles “prudentes”. Y es que, tras la entrada en vigor el pasado abril de las nuevas reglas fiscales de la UE y teniendo en cuenta el débil crecimiento económico europeo –lastrado por la mala salud de sus dos principales motores: Alemania y Francia–, la consolidación fiscal, como la llaman los economistas, y la austeridad, como se bautizó en la penúltima crisis, vuelve al centro de atención de expertos y políticos, y ocupa titulares.

La época en que los gobiernos pusieron en marcha grandes planes de gasto para luchar contra la parálisis económica causada por el covid y para afrontar la crisis energética provocada por la guerra en Ucrania ha quedado atrás. Entonces Bruselas suspendió las reglas fiscales europeas, fijadas en un 3% de déficit y un 60% del PIB para la deuda pública. Ahora, los vientos soplan del lado contrario. Según calcula Bruselas, de 2025 a 2028 la eurozona deberá aplicar un ajuste fiscal de 1,9 puntos porcentuales de PIB. El país que más tendrá que apretarse el cinturón es Finlandia, 4,8 puntos porcentuales, mientras que a Alemania sólo le sobran 0,4 puntos y a Irlanda, ninguno. El ajuste español debe ser de 3,6 puntos porcentuales de PIB, sólo una décima menos que el francés.

Para hacerse una idea de la profundidad del recorte, se puede comparar con los casi siete puntos porcentuales del ajuste sufrido por la economía española entre 2011 y 2013, los años de la gran crisis financiera y de la austeridad impuesta por Bruselas tras el rescate a la banca. Es decir, el esfuerzo fiscal que se le pide a España es la mitad del que tuvo que hacer una década atrás. Además, esta vez “la senda que ha mandado el Gobierno a Bruselas está bien dosificada en el tiempo”, por lo que el ajuste debería ser mucho menos doloroso, apunta Diego Martínez, catedrático de Economía de la Universidad Pablo de Olavide e investigador de Fedea. La incógnita, añade, es que el Gobierno aún no ha concretado cómo va a llevarlo a cabo.

Para reducir la deuda sólo hay dos caminos: recortar el gasto público y subir los impuestos. Tras la crisis financiera, la mayor parte del ajuste fiscal se llevó a cabo mediante recortes del gasto público, un 56%; el resto fueron subidas de impuestos. El FMI, en su más reciente Monitor Fiscal, apremia a los gobiernos a “reconstruir los colchones fiscales” y a contener la deuda pública “ahora y no más tarde”. Dice que retrasarlo sólo aumentará la necesidad de hacer “una corrección mayor” más adelante. Justifica la oportunidad del momento en el hecho de que la inflación se está moderando y los bancos centrales han bajado los tipos de interés, por lo que las economías se hallan “en mejores condiciones para absorber el efecto económico del endurecimiento de la política fiscal”.

Porque de lo que no hay duda es de que esos ajustes tienen un inevitable impacto en la economía y en los hogares, como el mismo FMI reconoce. Los recortes en las transferencias de dinero público afectan a los ciudadanos, en especial a los de rentas más bajas. Habrá menos subsidios y prestaciones o éstos serán de menor cuantía, por ejemplo, si se recorta el gasto social. El resultado inmediato es una reducción del consumo de los hogares. Y un aumento de la desigualdad. Otro tanto ocurre si se bajan los salarios de los funcionarios. Finalmente, si se recorta la inversión pública, inevitablemente caerá la actividad económica.

Como recuerda Philipp Heimberger, economista del Vienna Institute for International Economic Studies, en Consolidación fiscal y sus efectos sobre el crecimiento en la eurozona, los ajustes fiscales siempre frenan la actividad económica en el corto plazo. Así, un recorte del 1% del PIB se traduce en una pérdida de crecimiento del 1% los dos primeros años y del 3,5% en cinco años. De hecho, explica, entre 2011 y 2013, en lo peor de la anterior crisis, las ratios de deuda pública respecto al PIB de los países del sur de Europa empeoraron con la austeridad porque sus economías entraron en recesión y se redujo el denominador de la fórmula.

El Banco de España ya ha cuantificado el impacto que el ajuste previsto puede tener en la economía. En las proyecciones económicas que publicó la semana pasada, cifra en un 3,9% lo que crecerá el gasto de promedio entre 2025 y 2027, cuatro décimas porcentuales más de lo que prevé el Gobierno en el Plan Fiscal enviado a Bruselas. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), por su parte, también cree que el gasto se desviará sólo un poco menos: tres décimas. Tras señalar que el Gobierno no ha concretado suficientemente cómo va a llevar a cabo el ajuste fiscal al que se ha comprometido, el Banco de España plantea dos posibles escenarios, dependiendo de cómo se dibuje ese recorte. El primero, reduciendo la inversión pública, frenará el crecimiento del PIB en un un 0,5%. El segundo, rebajando el resto de las partidas de gasto pero protegiendo la inversión pública, rebajará un 0,3% el PIB en 2027.

De ahí que el FMI pida un “diseño cuidadoso” del ajuste fiscal, para evitar que los países terminen en lo que denomina como “crecimiento anémico”. Pero también recomienda como medida paliativa un aumento de los impuestos progresivos que, a su juicio, afectará menos a la actividad económica que el recorte del gasto público, considerando que las rentas más altas –las que más impuestos pagarán– reducen menos su consumo porque cuentan con un mayor colchón patrimonial. “El problema que tienen las subidas de impuestos en los tramos superiores es que genera un aumento de la recaudación poco relevante”, precisa Diego Martínez. Lo mismo ocurre con los impuestos a las energéticas o la banca, por cuyo mantenimiento lucha el Gobierno en el Congreso.

Para Carlos Martín Urriza, profesor de Economía de la Universidad de Alcalá de Henares y portavoz de Economía del Grupo Parlamentario de Sumar, la austeridad no es el camino. En su lugar, aboga por “encauzar el capital hacia inversiones más productivas”. Se refiere tanto a los Fondos Next Generation de la UE para la transición digital y la ecológica, como al capital humano, consiguiendo “un mercado de trabajo lo más amplio posible”. Martín Urriza cree que es la receta adecuada para un país que tiene infrautilizados sus recursos laborales, con una tasa de paro elevadísima, un alto porcentaje de contratos a tiempo parcial indeseados o demasiados trabajadores subempleados. Por lo que propone “elevar los estándares laborales”, subiendo el Salario Mínimo Interprofesional o mejorando el cumplimiento de la jornada de trabajo, para que prevalezcan las empresas más productivas.

Bajando al detalle, el FMI recomienda eliminar las subvenciones a los combustibles, que en los países en desarrollo “favorecen desproporcionadamente” a los más ricos, mientras que en los países más avanzados sus beneficios recaen en gran medida en las rentas medias. A España, en concreto, le sugiere que “mejore la eficiencia” de los beneficios fiscales; es decir, de las deducciones, exenciones y bonificaciones de las que disfrutan determinados contribuyentes, actividades o inversiones. En los últimos Presupuestos del Estado, su cuantía ascendía a 45.268 millones de euros. “Es una gran fuente de ingresos a los que se está renunciando”, admite Diego Martínez. Carlos Martín coincide en que hay que “redefenir” el catálogo de exenciones y deducciones, sobre todo en el impuesto de sociedades, pues sus deficiencias de diseño permiten a la empresas el “escaqueo fiscal”.

A Estados Unidos, el FMI le recomienda en cambio que suba los impuestos indirectos y aumente de forma progresiva el impuesto sobre la renta, mientras que a Reino Unido le pide que elimine exenciones al IVA. Con Francia es más expeditivo y le aconseja que redefina sus prioridades de gasto “dentro de un recorte general del gasto público”.

La razón de tanta dureza estriba en que la deuda pública francesa ha escalado hasta el 112% del PIB, y está casi ocho puntos por encima de la española. Tal es así que la prima de riesgo gala ha igualado a la griega y superado a la española. Algo impensable en los peores años de la crisis financiera cuando el diferencial de la deuda española con la alemana se disparó hasta casi los 500 puntos básicos y la griega superó los 1.000. Ahora la prima de riesgo de España se sitúa por debajo de los 70 puntos básicos. La de Francia ha llegado a exceder los 90. Merece la pena recordar también que el déficit público francés superará este año el 6%, mientras que el español se quedará en el 3%.

La alarma es de tal envergadura que el ex economista jefe del FMI Olivier Blanchard urgió la semana pasada a abordar en Francia un recorte del gasto público y un aumento de los ingresos que sume 150.000 millones de euros “a largo plazo”. A su juicio, la mayor parte del ajuste debería realizarse en el lado del gasto, pero sin comprometer la inversión pública. “A menos que le pidamos a Elon Musk que haga el trabajo, no podemos solucionar el problema reduciendo los gastos operativos [de la Administración]”, advierte Blanchard en referencia a los recortes masivos de funcionarios que ha anunciado el multimillonario elegido por Donald Trump para encabezar el Departamento de Eficiencia Gubernamental.

No obstante, en un artículo publicado en el periódico Le Point y firmado junto con François Ecalle, asesor honorario del Tribunal de Cuentas francés, Blanchard no duda en proponer recortes en las prestaciones sociales. Y no le bastan las pensiones, también plantea pasar la tijera a las prestaciones de desempleo y familiares, al reembolso de los medicamentos o incluso al equivalente francés del Ingreso Mínimo Vital, allí llamado Ingreso de Solidaridad Activa (RSA). También aboga por aumentar la tasa de empleo de los trabajadores de más edad. En resumen, un programa de recortes sociales que no satisfará precisamente a la izquierda gala, movilizada en pleno contra la reforma de las pensiones propulsada por Emmanuel Macron.

Por lo que a España se refiere, el plan fiscal recién validado por Bruselas prevé que la ratio de deuda pública respecto al PIB siga bajando hasta el 102,5% este año e incluso llegue al 98,4% en 2027 y al 90,6% en 2031. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, fía esa senda al crecimiento español –Bruselas lo ha elevado al 3% este año–, que permitirá “proteger el Estado del bienestar de cara al futuro” al tiempo que sostener las inversiones, según aseguró en su cuenta de X.

“El crecimiento económico, en efecto, amortigua el ajuste fiscal, pero ese esfuerzo lo pide Bruselas en términos estructurales, es decir, descontando el efecto del ciclo económico sobre los ingresos”, detalla Diego Martínez. De forma que eso le permite al Gobierno “comportarse un poco como el doctor Jeckyll y Míster Hyde”, añade, “y eso es bueno: puede meter mejor el cuchillo en decisiones estructurales si tiene un ciclo económico que le ayuda a generar ingresos de forma automática, con el viento a favor”.  

Sin embargo, Philipp Heimberger advierte de que la Comisión Europea subestima los efectos negativos sobre el crecimiento económico del ajuste fiscal que exige. “Las ratios de deuda pública de la zona euro probablemente no se reducirán a medio plazo tanto como se espera”, explica, “de hecho, la consolidación fiscal durante el periodo de ajuste bien puede desacelerar la economía o al menos conducir a un estancamiento”. De hecho, calcula que la Comisión Europea ha infravalorado en 3,1 puntos porcentuales la previsión para 2033 del peso de la deuda pública sobre el PIB español y aún más, 3,9 puntos porcentuales, la de Francia.

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha cifrado este miércoles en 5.000 millones de euros el coste de la anulación de las reformas del impuesto de sociedades del PP por parte del Tribunal Constitucional, que ahora se pretende neutralizar. El paquete fiscal del Gobierno que este jueves votará el Congreso incluye "arreglar un problema que generó el señor (exministro de Hacienda, Cristóbal) Montoro", en referencia a la anulación de sus reformas, "y que por sentencia regalaría 5.000 millones este año a las grandes empresas", ha apuntado durante la sesión de control al Gobierno, según informa EFE.

El Constitucional anuló las reformas del impuesto de sociedades implementadas por el PP en una sentencia con un gran impacto en la recaudación, que se pretende neutralizar con cambios en este tributo introducidos en el paquete fiscal, ya avalados por la Comisión de Hacienda pero pendientes de la votación del Pleno del Congreso.

Ante esta circunstancia, "el PP vota que no", ha afeado Montero, que también ha repasado otras medidas del paquete fiscal como la subida del IRPF para las rentas del capital elevadas, la bajada del impuesto de sociedades a las pymes o medidas para combatir el fraude fiscal de los hidrocarburos. "Nos jugamos el plan fiscal y el quinto desembolso" de fondos europeos, ha reconocido Montero, ya que en ambas normativas España se había comprometido a aprobar una reforma fiscal que, por el momento, no tiene garantizada su aprobación en el Congreso.

En una intervención muy dura, la portavoz del PP, Cuca Gamarra, ha cargado contra el "esperpento" vivido en la Comisión de Hacienda del lunes, interrumpida en varias ocasiones por largos recesos y en la que se pactó con unos socios dejar caer el impuesto a las energéticas y, con otros, mantenerlo un año más, provocando así "inseguridad jurídica y ahuyentando la inversión", según Gamarra.

"Deje de subir los impuestos, de aferrarse al poder, y empiece a pensar en los que lo necesitan", ha pedido Gamarra en referencia a los afectados por la dana en Valencia, a lo que Montero ha respondido que será la reforma fiscal que se vota el jueves la que "proporcione los recursos" para afrontar las emergencias y pagar los salarios de los empleados públicos que trabajan en la zona.

"Racanean ayudas a los valencianos", ha insistido el diputado del PP Jaime de Olano, que ha acusado al Gobierno de ser "una banda", pero Montero ha alegado que el Gobierno ya ha aprobado ayudas por más de 14.000 millones mientras que el gobierno valenciano solo ha puesto a disposición 250 millones y, además, "estamos conociendo que también con motivo de la dana han adjudicado a dedo a una empresa implicada en casos de corrupción del PP".

Las empresas del Íbex 35 batieron récord en 2023, por tercer año consecutivo, en pago de dividendos a sus accionistas. Les retribuyeron con 30.086,83 millones de euros, un 19% más que en 2022, según los datos recopilados por Bolsas y Mercados Españoles (BME), el operador de los mercados de valores y financieros de España en su último informe anual. En realidad, la cifra es superior, alcanza los 43.709 millones, si se tienen en cuenta las recompras de acciones, otra manera de retribuir al inversor. Es el segundo mejor registro de la historia del selectivo español, sólo superado por el de 2014. La racha de beneficios que disfrutan las grandes compañías desde el covid tiene su reflejo en el reparto de dividendos, de forma que la rentabilidad por dividendo de la Bolsa española –un 4,6%– supera, un año más, la de las bolsas británica –3,5%–, italiana –1,6%–, francesa –3%– y de Estados Unidos –1,6%–. Sólo la alemana, con un 4,9%, rinde más.

Cierto es que los beneficios de las 35 empresas del Íbex cayeron el año pasado en conjunto un 9,6% respecto al ejercicio anterior, pese a que sus ingresos crecieron un 5,6%. Pero su rendimiento en la Bolsa fue tan espléndido que el índice español se revalorizó un 22,76%. Sólo el Nasdaq, el Nikkei japonés y el FTSE MIB italiano lo hicieron mejor que el español en 2023. El descenso de las ganancias fue culpa de las pérdidas de Telefónica, Cellnex, Merlin Properties y Colonial. No obstante, fueron compensadas con holgura por los boyantes resultados de los cinco grandes bancos, que ganaron un 26% más que en 2022: los beneficios de Caixabank, Sabadell y Bankinter crecieron nada menos que un 54%, 55% y 51% respectivamente, mientras que Santander y BBVA ganaron más dinero que nunca –11.076 y 8.019 millones–.

Al mismo tiempo, Inditex disparaba los suyos un 30%, hasta los 5.381 millones. El de IAG sí que fue un despegue espectacular: tras la parálisis de vuelos forzada por la pandemia, multiplicó por seis sus ganancias. Con el mismo impulso, AENA aumentaba sus resultados un 80% y la tecnológica del turismo Amadeus un 58%. El repunte de los precios del gas por la guerra de Ucrania también permitió a Naturgy mejorar sus ganancias un 20%. El crecimiento porcentual de Iberdrola fue un poco menor, un 10,7%, pero le bastó para firmar el mayor beneficio de su historia, 4.803 millones de euros. Ferrovial estrenó su nueva sede en Países Bajos también con cifras récord: ganó 460 millones de euros, un 148% más que en 2022.

En este clima de éxito, también ha crecido la recaudación del impuesto de sociedades, que grava los beneficios. Según la Agencia Tributaria, un 9%, hasta los 35.060 millones de euros, consecuencia de un aumento de los beneficios empresariales del 10%, un máximo histórico. Como se ve, la cantidad repartida en dividendos por el Íbex 35 –esos 30.086,83 millones de récord– casi alcanza los ingresos del impuesto sobre los beneficios de todo el tejido empresarial español.

Sin embargo, las empresas del Íbex 35 pagaron en 2023 al fisco en concepto de impuesto de sociedades 6.468 millones de euros, 66 millones menos que el ejercicio anterior, de acuerdo con los datos del informe sobre Contribución Tributaria Total del Íbex 35 que publica la consultora PricewaterhouseCoopers (PwC). A esa cifra habría que añadir los 1.029 millones del gravamen temporal que han tenido que abonar las empresas del sector energético y los 1.109 millones del gravamen temporal a la banca.

infoLibre ha comparado los dividendos repartidos por las 25 empresas de mayor capitalización con los impuestos que han abonado por sus beneficios, basándose en la información que sobre ambos parámetros publican en sus informes anuales. El resultado: han gastado 6.500 millones de euros más en retribuir a los accionistas que en pagar a Hacienda. Un 32% más. Los dividendos alcanzaron los 26.842,23 millones de euros; el impuesto de sociedades se quedó en 20.322,48 millones. La factura fiscal sólo creció para ellos un 5,7%, 1.106,85 millones más. Es decir, la mejora de los dividendos quintuplica la del impuesto.

Algunos ejemplos. Inditex distribuyó 4.800 millones de euros entre sus accionistas con cargo a los beneficios de 2023, más que triplicando los 1.475 millones de euros que han pagado en el impuesto de sociedades. Aunque esta última cifra se refiere a los impuestos que el grupo de Amancio Ortega ha abonado en todas las jurisdicciones donde opera. Según recoge en su informe país por país, Inditex pagó a la Hacienda española 334 millones de euros.

Endesa también triplica con sus 1.058,75 millones en dividendos los 347 millones que pagó en el impuesto de sociedades en 2023. El hecho de que el año pasado redujera sus beneficios un 60,34% no impidió que siguiera remunerando de forma generosa a sus accionistas: recortó un casi un 37% los dividendos, casi la mitad de lo que cayeron sus resultados.

La semipública Enagás recortó igualmente su beneficio, un 20% en 2023, y consecuentemente el impuesto de sociedades, pero aumentó la cantidad destinada a dividendos, un 1,17%, hasta los 455,36 millones de euros, lo que multiplica casi por seis los 78,08 millones que pagó a Hacienda.

Merlin Properties sólo pagó 8,5 millones de euros en concepto de impuesto de sociedades en 2023. Es una socimi –sociedad anónima cotizada de inversión inmobiliaria–, que cuenta con un régimen fiscal especial: disfruta de un tipo general de gravamen del 0% en el impuesto de sociedades, pero se le aplica un gravamen especial del 15% sobre los beneficios no distribuidos y del 19% sobre los distribuidos, sujetos a determinadas condiciones. Pero también está obligada a repartir dividendos todos los años. Así, distribuyó 207 millones entre sus accionistas el año pasado, 24 veces lo que pagó a Hacienda. Y ello pese a que registró unas pérdidas de 83,5 millones de euros.

Los dividendos pagados por ACS, la constructora de Florentino Pérez, en 2032 ascendieron a 532,46 millones de euros, más del doble que el ejercicio precedente y casi tres veces lo que pagó en el impuesto de sociedades, 199 millones.

Iberdrola –3.532,8 millones–, Amadeus –558,62 millones– y las públicas Aena –1.149 millones– y Redeia –541 millones– también más que duplicaron en el reparto de dividendos los impuestos por los beneficios.

En 2023, Telefónica aumentó un 41,2% su remuneración a los accionistas respecto al ejercicio precedente, pese a haber pasado de ganar 2.011 millones a perder 892 millones de un año a otro. El dividendo distribuido alcanzó los 1.698 millones, duplicando los 899 millones que pagó en concepto de sociedades.

Naturgy es otro de los miembros del Íbex que superó los 1.000 millones en dividendos el año pasado. Sus 1.454 millones de euros también duplicaron el impuesto de sociedades abonado. Por lo que a Ferrovial se refiere, su último año con sede social en España lo cerró recortando su retribución al accionista en un 56,7%, hasta dejarlo en 250 millones de euros, pese a haber disparado sus beneficios nada menos que un 147% respecto a 2022.

De entre las 25 grandes, también las hay que retribuyeron menos a los accionistas de lo que pagaron a Hacienda: BBVA y Banco Sabadell, Cellnex, Acciona Energía, Indra y Sacyr. El banco que preside Carlos Torres distribuyó 3.169,8 millones de euros en dividendos y pagó más, 4.003 millones, por el impuesto de sociedades. Cellnex abonó tres veces más por sus beneficios de lo que repartó a sus accionistas –40,3 millones–. El Sabadell subió hasta los 326,4 millones en dividendos y Acciona Energía hasta los 158 millones. Indra sólo pagó 44,1 millones de euros, la mitad de los que ingresó en Hacienda, y Sacyr 106,7 millones, cuatro veces menos de lo que abonó en el impuesto de sociedades.

Pero la entidad que más dinero repartió entre sus accionistas fue el Banco Santander, 5.538 millones de euros, un 23% más de lo que pagó por sus beneficios en 2023 y un 44% más que el dividendo de 2022.

Además, merece destacarse el caso de IAG, el grupo propietario de Iberia y la única de las 25 grandes que no distribuyó dividendos en 2023. Lleva sin hacerlo desde 2020, cuando el covid dejó en tierra sus aviones y entró en pérdidas –6.923 millones de euros–. Volvió a números negros en 2022 y el año pasado sextuplicó sus beneficios hasta los 2.655 millones. Pero tampoco recuperará el dividendo este ejercicio, un asunto que ni llegó a tratarse en la junta general de accionistas que celebró el grupo la última semana de junio.

Las mayores compañías también han sido más generosas a la hora de remunerar a sus consejeros que a sus empleados. A tenor de las cifras que ellas mismas proporcionan en los informes anuales enviados a la CNMV, las 25 empresas con mayor capitalización pagaron a sus consejeros un 17,8% más en 2023, mientras que la retribución media de sus plantillas mejoró sólo un 5,2%. Las que más aumentaron su gasto en remunerar a su consejo de administración fueron Indra y Cellnex. En el primer caso, la nómina de su cúpula se multiplicó por siete debido a los 15,5 millones de euros que cobró su exconsejero delegado Ignacio Mataix y que incluyeron una indemnización de 2,64 millones por su salida de la empresa en mayo de 2023 y otros 1,98 millones en concepto de pacto de no competencia. Otro consejero ejecutivo, Luis Abril, también septuplicó sus emolumentos, hasta llegar a los 5,9 millones de euros. La retribución media de la plantilla –34.408 euros anuales– creció un 5,8% el año pasado.

En el operador de telecomunicaciones Cellnex, el alza de los pagos a sus consejeros fue del 90% en 2023, mientras que la nómina media de los empleados –84.000 euros anuales– creció un 21,7%.

Entre los 25 grandes, sólo bajaron tanto la retribución total de su consejo como la media de su plantilla Redeia y Repsol. También recortaron a sus máximos ejecutivos Naturgy y Telefónica. Y a sus empleados, Merlin Properties, Acciona Energía y BBVA. La entidad que más gastó el año pasado en remunerar a sus consejeros es el Santander, 28,56 millones de euros, seguido de Indra, con 24,88 millones. Por detrás, Iberdrola –23,96 millones– y ACS –23,09 millones–. La que menos, AENA, que como empresa pública tiene topados por ley los sueldos de sus máximos ejecutivos.

Con los empleados, la empresa con la retribución media más elevada es Merlin Properties, 101.000 euros anuales, seguida de Iberdrola, con 88.000. Las nóminas medias más cortas son las que cobran de media las plantillas de Indra –34.408 euros– e Inditex –36.000–.

La Fiscalía Provincial de Madrid pide cuatro años y nueve meses de cárcel para Carlo Ancelotti, el entrenador que le ha conseguido 11 títulos al Real Madrid, por defraudar a Hacienda 1,06 millones de euros en 2014 y 2015. En esos dos ejercicios fiscales, el técnico italiano no tributó por sus derechos de imagen, que cobró a través de dos sociedades pantalla, una registrada en Londres y otra en las Islas Vírgenes Británicas, un notorio paraíso fiscal.

Ancelotti se suma así a la ya larga lista de jugadores y entrenadores de fútbol que han sido procesados por intentar ocultar al fisco los millonarios ingresos que perciben por vender a las marcas su nombre, imagen o incluso su voz. Cristiano Ronaldo, José Mourinho, Luka Modric, Angel Di María, Fábio Coentrão, Ricardo Carvalho, del Real Madrid; Leo Messi, Samuel Eto’o, del Barça; Radamel Falcao y Diego Costa, del Atlético de Madrid… Son sólo algunos de los que fueron condenados por delito fiscal. Por el contrario, Gerard Piqué –Barça–, Juanfran Torres –Atlético de Madrid– y Xabi Alonso –Real Madrid–, el más reciente, han sido absueltos del mismo delito.

La Fiscalía, que denunció a Ancelotti en junio de 2020, ha necesitado casi cuatro años para presentar el escrito de acusación, donde este miércoles repite las cifras y argumentos de su primera reclamación. La instrucción de la causa ha estado todo este tiempo en manos del Juzgado número 35 de Madrid, que sólo consideró al entrenador como residente fiscal en 2014, pero no en 2015, ya que había sido despedido en mayo de ese último año. La Fiscalía recurrió alegando que el italiano había mantenido su residencia en España al menos hasta octubre, que era la fecha de fin del contrato de alquiler de su ático en la Plaza de la Independencia, junto a la Puerta de Alcalá.

La Audiencia de Madrid le dio la razón al Ministerio Público, que ahora pide cárcel para Ancelotti por haber creado un “complejo y confuso” entramado de fideicomisos y sociedades interpuestas para eludir la tributación de los rendimientos de sus derechos de imagen. Ese esquema fue desvelado por infoLibre en 2021 gracias a los documentos de Football Leaks, la filtración de más de 70 millones de documentos sobre la industria del fútbol que la revista alemana Der Spiegel compartió desde 2016 con la red de medios European Investigative Collaborations (EIC). Esos documentos sirvieron para elaborar más de 1.000 artículos, muchos de los cuales dieron lugar a procedimientos judiciales. En España, las revelaciones sobre las operativas fiscales de Cristiano Ronaldo y José Mourinho llevaron a su procesamiento y condena por defraudar a Hacienda millones de euros. También desvelaron las operaciones opacas de la Fundación Leo Messi con el Barça. Y pusieron al descubierto los secretos del Manchester City, el París Saint-Germain y la UEFA, entre otras organizaciones.

Según demuestran los documentos de Football Leaks, Carlo Ancelotti utilizaba una sociedad en Islas Vírgenes como antes lo hacía con una en Suiza. Para crearlas y gestionarlas empleó una firma especializada en grandes patrimonios, Trident Trust, que apareció después como una de las protagonistas de otra filtración, los Pandora Papers.

La gestión fraudulenta de sus derechos de imagen no fue la única trampa fiscal de Ancelotti en España que se hizo pública gracias a Football Leaks. El entrenador y el Real Madrid pactaron en 2015 un despido improcedente que permitió a Ancelotti rebajar en 180.000 euros la factura a Hacienda por la cuantiosa indemnización que le pagó el club. Como se sabe, el italiano fue destituido el 25 de mayo de ese año y recontratado seis años después por Florentino Pérez, quien le renovó el pasado diciembre hasta 2026.

Por todos sus problemas fiscales, Ancelotti figuró en la lista de morosos de Hacienda entre junio de 2021 y junio de 2022, con una deuda de 1,46 millones de euros. De hecho, la Agencia Tributaria embargó su sueldo para cobrársela. En esa última fecha, su nombre desapareció, bien porque había cancelado total o parcialmente esa deuda, al menos por debajo de 600.000 euros, o porque había obtenido un aplazamiento o suspensión.

La Fiscalía denuncia que el entrenador “simuló” la cesión de sus derechos de imagen a unas sociedades “carentes de actividad real” y de capacidad de explotación que estaban domiciliadas en Londres y las Islas Vírgenes Británicas. Se trataba de ocultar el beneficiario real de los ingresos por derechos de imagen, de manera que ni el propio Ancelotti ni esas sociedades tributaran por ese concepto a la Hacienda española.

Ancelotti y el Real Madrid dataron el 4 de julio de 2013 tanto su primer contrato laboral como su primer contrato de imagen con el club. Pero según los documentos de Football Leaks, el italiano firmó aparentemente su contrato el 26 de junio de 2013. Ese mismo día, la entidad presidida por Florentino Pérez presentó a su nuevo entrenador en el estadio.

El baile de fechas es sustantivo: unos pocos días pueden suponer una gran diferencia económica. Cualquier persona que resida en España más de 183 días es considerada a efectos fiscales como “residente” y paga el IRPF, con un tipo máximo del 47%, mientras que si permanece aquí menos tiempo tributa ese año como “no residente”, cuyo tipo marginal en el impuesto sobre la renta es el 24%. Entre el 1 de julio y el 31 de diciembre transcurren exactamente 184 días, así que para Ancelotti datar el contrato después del 1 de julio le permitía tributar como no residente. Eso fue lo que ocurrió en 2013, cuando el entrenador abonó el 24,75% –era el tipo máximo ese año–. La Agencia Tributaria ingresó así cerca de un millón de euros menos que si hubiera pagado el IRPF.

En virtud de su contrato laboral, el entrenador italiano debía cobrar 7,9 millones de euros brutos la primera temporada y 10,17 millones cada una de las dos siguientes. De acuerdo con lo firmado en el contrato de imagen, percibiría 1,4 millones brutos el primer año y 1,79 millones cada uno de los dos años siguientes. Las cantidades antes mencionadas deberían abonarse al técnico cada temporada en dos pagos iguales, uno el 10 de enero y otro el 10 de julio, menos el primer año, cuando tenía que hacerse el ingreso el 28 de diciembre de 2013.

Sin embargo, en esa última fecha, el Real Madrid tuvo que incluir el primer pago a Ancelotti por los derechos de imagen añadiéndolos a su nómina, como si fuera parte de su salario, en lugar de a la sociedad que figuraba –sin nombre– en el contrato. Por entonces, el entrenador gestionaba sus derechos de imagen a través de una empresa domiciliada en Suiza. Ingresarle de esta forma esas cantidades suponía para el club un sobrecoste, porque tenía que aumentar el importe bruto del pago para garantizarle al técnico la cantidad neta inicialmente comprometida. Así que, según los correos electrónicos que se cruzan en enero y marzo de 2014 los ejecutivos del Real Madrid, éstos piden que “quien corresponda” hable con Ancelotti y le convenza de que debe constituir una sociedad en otro país que no sea la Confederación Helvética.

De hecho, el contrato entre el entrenador, el club y una firma coreana de videojuegos, Nexon, no se pudo firmar hasta que el 18 de julio de 2014 llegó el documento, con el conforme del propio Ancelotti, donde se dejaba constancia de que una sociedad británica, Vapia LLP, era la propietaria de los derechos de imagen del entrenador hasta el 30 de junio de 2023. También informaba de que los derechos habían sido adquiridos con anterioridad por otra empresa, Vapia Limited, socia al 99% de Vapia LLP. El papel lo firma Jack [Michael] French, quien además ofrece a Greg [Charles Williams] MacRae para atender cualquier consulta al respecto. Ambos son los directores de Appledore, una firma de gestión de grandes patrimonios con sede en Londres. Lo que no dice el documento es que Vapia Limited es una sociedad registrada en Road Town, la capital de las Islas Vírgenes Británicas, al igual que Ditomac Limited, propietaria del 1% restante de Vapia LLP. Así consta en la Companies House, el registro mercantil de Reino Unido.

Y según informa el Registro Mercantil de Islas Vírgenes, tras Ditomac Limited y Vapia Limited figuran como representantes autorizados dos firmas de servicios financieros, Corporate Registrations Limited y Trident Trust Company Limited. Esta última es la delegación en Islas Vírgenes de Trident Trust, una empresa de gestión de patrimonios y fondos con 25 oficinas repartidas en 18 jurisdicciones distintas, entre ellas los mayores paraísos fiscales del planeta, desde las Islas Caimán hasta Nevis, las islas de Jersey y Guernsey, Singapur, Seychelles o Dubai. Resulta que también es la firma que más veces aparece en los Pandora Papers, la filtración que publicó el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) en colaboración con periódicos como The Washington Post, The Guardian, Le Monde o El País.

En su escrito, la Fiscalía explica que el entrenador había firmado el 1 de julio de 2013 un contrato privado donde “aparentemente” cedía durante 10 años sus derechos de imagen a Vapia Limited, la sociedad de las Islas Vírgenes, a cambio de 25 millones de euros. Sólo un día más tarde esa empresa nombró apoderado al propio Ancelotti, con capacidad para gestionar los derechos de imagen cedidos. Un anexo modificó después el contrato inicial para reducir la cesión a tres años y el precio de compraventa de los derechos de imagen a un millón de euros anuales, “sin que Carlo Ancelotti reciba indemnización alguna por dichos cambios sustanciales”, resalta el acusador público. Es decir, el fiscal considera que se trató de una cesión simulada.

El acuerdo con Vapia Limited se firmó, por tanto, sólo tres días antes de la fecha en que Ancelotti dató su contrato con el Real Madrid. Pero en este último documento no se menciona el nombre del propietario de los derechos de imagen del italiano. Sólo se establece que el entrenador debería comunicar al Real Madrid en un plazo de tres meses –a principios de octubre de 2013, por tanto– qué sociedad se los gestionaba. Y hay que recordar que en diciembre el club le abonó el primer pago por esos derechos en su nómina, como parte de su salario, para no hacerlo en la cuenta de una sociedad suiza. El caso es que no fue hasta julio de 2014, un año después de su contrato con la sociedad de Islas Vírgenes, cuando el técnico comunicó al Real Madrid que la británica Vapia LLP –ni Vapia Limited ni la sociedad suiza– era la propietaria de sus derechos de imagen.

infoLibre preguntó en 2021, tanto al club blanco como a Carlo Ancelotti, por estas sociedades y por la operativa que siguieron respecto a los derechos de imagen del entrenador, sin obtener una respuesta.

Vapia LLP, además, figura en el Registro Mercantil británico como una sociedad “durmiente”. No ha tenido actividad alguna desde que fue creada, el 4 de octubre de 2013, y hasta que fue disuelta, el 16 de marzo de 2021. En las cuentas enviadas a la Companies House, sus administradores aseguran que funciona únicamente como nominee –sociedad interpuesta–, por lo que no tiene ni ingresos ni gastos, ni beneficios ni pérdidas, y hacen constar únicamente 200 libras –234 euros– en activos durante todos esos años.

Sin embargo, el Real Madrid hizo al menos tres transferencias a esta empresa en 2014 y 2015 con los pagos por derechos de imagen de Ancelotti. Todos ellas, a una cuenta del Barclays Bank ubicada en una sucursal de la isla de Man, uno de los territorios dependientes de la Corona británica considerado un paraíso fiscal por España.

En total, el Real Madrid pagó a Vapia LLP en concepto de derechos de imagen 3,6 millones de euros en 2014 y 2015, según consta en las facturas que remitía la sociedad al club y las transferencias que éste realizaba a continuación tras haber practicado una retención del 24%. Todas ellas forman parte de los documentos de Football Leaks.

Esos ingresos, sin embargo, no fueron declarados ni por Vapia LLP en Reino Unido ni por Ancelotti en España, por lo que no tributaron, denuncia la Fiscalía. Por el contrato antes mencionado con el videojuego coreano Nexon, Ancelotti cobró 100.000 euros brutos en 2014; por otro para promocionar los relojes Cecil Purnell, 306.007 euros en 2014 y 2015. Con Nike, 101.586 euros en esos dos años. De Perform Media Sales –la plataforma DZN–, recibió 55.250 euros; de Imagosport, su agencia de relaciones públicas, 24.545 euros, y de su agente, CAA Sports, 9.204 euros también en 2015. Hay una diferencia entre estos ingresos: Nexon pagó a Vapia LLP (Londres), pero Cecil Purnell, Nike, Perform Media Sales, Imagosport y CAA facturaron a Vapia Limited (Islas Vírgenes).

Magnolia TV, la productora de Supervivientes, entre otros reality shows, pagó directamente al entrenador 70.000 euros por participar en Hay una cosa que te quiero decir, y Academy for Excellence, 13.709 euros por asistir a una cena de gala en Londres. Son sólo algunos de los ingresos enumerados por la Fiscalía por los que el entrenador italiano no abonó impuestos. Ancelotti solicitó la residencia fiscal en España en septiembre de 2014, por lo que pasó de tributar en el IRPF con un tipo del 24,75% como no residente a hacerlo por el tipo marginal del 47%.

De esta forma presentó unas declaraciones a Hacienda que, al incluir sólo sus nóminas del Real Madrid pero omitiendo los derechos de imagen, le salían a devolver: 39.575 euros en 2014 y 529.076 euros en 2015, desvela ahora la Fiscalía. Por derechos de imagen había ingresado 1,25 millones de euros en 2014 y 2,96 millones en 2015. No tributó por esas cantidades ni un euro. Tampoco pagó impuestos, añade el escrito de acusación, por dos inmuebles que posee en el extranjero.

Cuando el Real Madrid despidió a Ancelotti en 2015, aún le quedaba un año de contrato. Como queda dicho más arriba, el que había firmado dos años antes le aseguraba un salario de 7,98 millones de euros brutos la primera temporada y de 10,17 millones las dos siguientes. La indemnización que le correspondió ascendió a 9,78 millones de euros brutos, según consta en los documentos de Football Leaks.

Pero de esa sustanciosa cantidad también quisieron el italiano y el club rebajar el obligado pago a Hacienda. Así que llegaron a un acuerdo previo al despido que le permitió a Ancelotti no tributar por 180.000 euros y al Real Madrid no hacer la retención a la que está obligado por esa misma cantidad, exenta de tributar en el IRPF desde la reforma fiscal de 2014.

Con la misma fecha de su destitución, el 25 de mayo de 2015, Ancelotti firmó un documento privado donde el Real Madrid reconoce que el despido es improcedente. Tanto el club como el entrenador se obligan a acudir al Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SMAC), donde el primero accederá a pagar la indemnización al segundo y éste la aceptará y se declarará “plenamente indemnizado, liquidado, saldado y finiquitado”, de manera que renunciará a “interponer cualesquiera acciones contra el Real Madrid”. Porque, en teoría –al menos–, el italiano tenía intención de presentar una demanda por despido improcedente contra el club.

Sin embargo, en ese mismo documento, Ancelotti “delega en la empresa”, el Real Madrid, la presentación de la papeleta de conciliación, ya adjunta al escrito y con la misma fecha, 25 de mayo de 2015. Tal es así que el abogado que representó los intereses del entrenador ante los mediadores del SMAC un mes más tarde era Gonzalo Gallardo, letrado de Garrigues, el despacho habitual del club blanco. Y fue el Real Madrid el que gestionó con Garrigues y con un notario la redacción y firma de un poder notarial para que Gallardo representara al italiano ese día. Ancelotti se iba de vacaciones y no podía acudir al acto en el SMAC, le explica un ejecutivo del Real Madrid al notario en el mismo correo electrónico donde le pide que acuda a la Ciudad Deportiva del club para que el entrenador firme el poder. Por lo que ha podido saber infoLibre, el italiano en realidad iba a volar a Vancouver (Canadá), donde posee una casa.

La misma operación ante el SMAC, con abogados y notario pagados por el club, se siguió con los siete miembros del equipo técnico de Ancelotti que fueron despedidos el mismo día: Paul Clement, William Vecchi, Jack William Wyler, Giovanni Mauri, Francesco Mauri y el hijo de Ancelotti, Davide. Poco después, el 11 de junio, también fue despedido Juan Garrido Canales, segundo entrenador de porteros que fue contratado en agosto de 2014 y también presentó su papeleta de conciliación ante el SMAC. 

Según consta en el acta de conciliación de Carlo Ancelotti, de los 9,78 millones de euros brutos de indemnización, 4,89 millones corresponden a la liquidación, saldo y finiquito por los seis meses de salarios entre enero y junio de 2015, 4,71 millones a una indemnización “adicional” y 180.000 euros a la “indemnización legal”.

Como tributó con un tipo del 47%, el neto cobrado por Ancelotti se quedó en 5,091 millones de euros. Además, fue resarcido con otros 1,31 millones de euros por sus derechos de imagen. Es decir, el total cobrado se elevó a 6,4 millones.

En el informe elevado al comité económico del 3 de julio, otro documento de Football Leaks, el Real Madrid calculó que la cancelación anticipada del contrato del italiano y del resto de su cuerpo técnico le había supuesto un desembolso de ocho millones de euros a 30 de junio y un “impacto en el valor neto contable” de otros 4,1 millones. En total, una “desviación negativa” de 11,4 millones de euros.

El juego del gato y el ratón al que se aplican con entusiasmo los evasores fiscales y las autoridades de todo el mundo es una partida interminable. También muy creativa. Pese a los esfuerzos de muchos gobiernos para tapar los agujeros por donde se les escapan los contribuyentes menos inclinados a pagar impuestos, la maquinaria de huida siempre encuentra cómo seguir funcionando. Pero no siempre es necesario recurrir a mecanismos ilegales. Porque los propios gobiernos crean esquemas que facilitan a grandes contribuyentes considerables ahorros en sus facturas fiscales, en principio con el objetivo de aumentar el atractivo económico de su país, acogiendo a trabajadores cualificados, ejecutivos o artistas, por ejemplo, y mejorar así su base imponible captando a contribuyentes ricos de otras naciones.

Es lo que ocurre con los llamados regímenes preferenciales, que se han convertido en una de las nuevas formas de competencia fiscal entre los países para atraer a grandes contribuyentes, junto con los subsidios para productores de energías verdes, según el diagnóstico del Observatorio Fiscal de la UE, una institución cofinanciada por la Unión Europea y alojada en la Paris School of Economics. El informe sobre la Evasión fiscal global de 2024, que firman Annette Alstadsæter, Sarah Godar, Panayiotis Nicolaides y Gabriel Zucman, detalla la evolución de estos regímenes, que han ganado protagonismo con los años.

De hecho, en 1995 sólo existían cinco en la Unión Europea y el Reino Unido, pero en 2023 ya eran 30. El español, el Régimen Fiscal Especial para Impatriados, conocido como Ley Beckham, permite a los extranjeros que se trasladan a España por motivos laborales tributar como no residentes durante un periodo de seis años; es decir, a un tipo del 24% hasta un máximo de 600.000 euros, y del 47% a partir de esos ingresos anuales. En enero del año pasado, se flexibilizó aún más el régimen, reduciendo de 10 a cinco años la residencia mínima en España, y ampliándolo a los profesionales altamente cualificados contratados por empresas emergentes o que lleven a cabo actividades de formación, investigación, desarrollo e innovación, incluyendo los llamados nómadas digitales y los administradores societarios.

Existen tres tipos de regímenes preferenciales: los que ofrecen una fiscalidad especial para los ingresos obtenidos en el extranjero diferente a los tipos impuestos a los que se generen en el país, los que están destinados a determinados grupos de profesionales o actividades, como científicos, artistas y deportistas, y los que ofrecen condiciones fiscales ventajosas para los pensionistas. En total, según el estudio del Observatorio fiscal de la UE, en Europa –incluyendo al Reino Unido– 262.999 personas se benefician de estos esquemas, unos 30.000 más que en 2021. En conjunto los descuentos fiscales que consiguen estos contribuyentes hacen perder a las Haciendas europeas un total de 7.467 millones de euros. De media, cada uno de los beneficiados se ahorra en impuestos 34.300 euros al año.

Para hacerse una idea cabal del volumen de recaudación al que se renuncia, el informe lo compara con el presupuesto anual del programa Erasmus, 3.300 millones de euros o los 9.800 millones que costó el acuerdo del Brexit con el Reino Unido en 2023. Esos 34.300 euros anuales equivalen a tres salarios mínimos franceses –16.214 euros al año, superior a los 15.876 euros del español tras su reciente subida–.

Al régimen de impatriados español se acogieron en 2020, último año del que ha obtenido datos el Observatorio Fiscal de la UE, 9.852 expatriados, a los que Hacienda les ha perdona unos 134 millones de euros anuales. Se trata de una estimación realizada por los investigadores de la institución, puesto que el Gobierno no les ha facilitado sus números. Es decir, cada extranjero obtiene de media un beneficio fiscal de 13.601 euros anuales. Y eso es el cuádruple de la cantidad que paga a Hacienda cada año de media un contribuyente español.

El Observatorio también clasifica los distintos regímenes preferenciales según el perjuicio que ocasionan a sus respectivas haciendas nacionales. España se sitúa exactamente en la mitad de ese ranking. Los más onerosos para las arcas públicas son los de Grecia e Italia –ambos para contribuyentes por encima del medio millón de euros–, seguido del suizo –por encima de 900.000 euros– y del chipriota. Los que más beneficiarios tienen son los de Reino Unido –44.400–, Países Bajos –92.048– y Portugal –27.367–. Y los que más dinero cuestan a sus respectivas Haciendas son el británico, con una pérdida de recaudación de 3.200 millones de euros; el holandés, que se deja unos ingresos de 1.100 millones; y el portugués, con 893 millones de euros menos. Sin embargo, los más generosos per cápita resultan ser el de Grecia –156.896 euros de ahorro fiscal por contribuyente extranjero–, Italia –128.266 euros–, Suiza –72.000 euros– y Reino Unido –69.264–.

No sólo en España el ahorro fiscal para estos contribuyentes privilegiados es un agravio frente a los impuestos que paga el contribuyente medio. En Grecia, el descuento obtenido por un extranjero acogido a su régimen especial equivale a 134 veces la factura fiscal abonada de media por un ciudadano nacional; en Italia, es 30 veces superior y en Portugal, 19 veces. Incluso en Suiza la brecha es considerable: 13,5 superior.

Además, destaca el Observatorio Fiscal de la UE, estos esquemas son regresivos. En ciertos casos permiten a los extranjeros pagar una cantidad fija –el italiano, por ejemplo: 100.000 euros al año y 25.000 por cada hijo– por los ingresos obtenidos fuera del país, mientras tributan con el tipo ordinario por sus ingresos nacionales. O bien el tipo al que tributan es menor que el aplicado a los contribuyentes locales, como en Finlandia, donde los extranjeros pagan un 32% y los finlandeses el 37% o más. Los científicos extranjeros en Italia se ahorran el 90% de sus impuestos por la actividad que desarrollen mientras residan en el país. En Portugal, los pensionistas extranjeros empezaron no pagando impuestos cuando en 2009 empezó a aplicarse el régimen especial, se elevó hasta el 10% en 2020 y se anunció su supresión en octubre de 2023, tras años de polémica. Entre otros motivos, se culpa al Programa para Residentes no Habituales (RNH) de la subida del precio de las viviendas.

En efecto, no se trata sólo de la pérdida de recaudación, estos regímenes preferenciales tienen otros problemas añadidos: también facilitan el fraude –algunos permiten tributar menos a los extranjeros aunque no tengan un contrato o un negocio en el país– o, si están ligados a programas de visas oro –ciudadanía a cambio de la compra de una vivienda o una inversión– pueden suponer un problema de seguridad o disparar los precios de los inmuebles. Viviendas que, a su vez, pueden utilizarse para el blanqueo de capitales o eludir sanciones internacionales.

No obstante, parece improbable que estos regímenes decaigan en popularidad. Al menos es lo que augura el Observatorio Fiscal de la UE. El auge de los nómadas digitales es uno de los motivos. Cada vez son más quienes teletrabajan, por lo que aumenta igualmente el número de quienes pueden hacerlo desde el extranjero. “Así, para los residentes no domiciliados, crece el atractivo de los regímenes fiscales que les permiten no pagar impuestos en su nuevo país de residencia por los ingresos que obtienen en el extranjero. Además, los gobiernos se verán tentados a ofrecer regímenes fiscales preferenciales como complemento de los incentivos en el impuesto de sociedades”, advierte el informe.

El impuesto de sociedades mínimo del 15% entró en vigor en la UE el mismo 1 de enero, en lo que constituye el primer paso para que se haga realidad el laborioso acuerdo firmado en 2021 por 136 países en el seno de la OCDE. En España, el Consejo de Ministros aprobó el pasado 19 de diciembre el anteproyecto de ley que transpone la directiva europea y lo ha colgado en su página web, para darle audiencia pública, antes de ser ratificado definitivamente en el Congreso. Aun con parte de su tramitación pendiente –dictamen del Consejo de Estado y segunda aprobación por el Consejo de Ministros–, el nuevo impuesto ya está vigente.

Y, de acuerdo con los cálculos que el Ministerio de Hacienda ha incluido en el informe sobre el impacto económico de la medida, sólo 41 grandes multinacionales españolas de las 126 que presentan el informe país por país –con el detalle de sus operaciones en el extranjero, el llamado modelo 231– tendrán que pagar al erario público nacional para llegar a ese suelo del 15% en el impuesto de sociedades. Casi un tercio de ellas, por tanto. Lo harán con un tipo medio del 6,21%. Otras 109 grandes compañías –que incluirán en su mayoría a las anteriores– tendrán que tributar en otros países donde tienen negocios. Con un tipo medio inferior, el 5,14%. De las 126 antes citadas, el 90%, asegura el ministerio, se van a ver “afectadas en algún grado” –en España o en otros países– por el nuevo tributo mínimo.

Hacienda también ha calculado el impacto del nuevo impuesto en los 30 grupos exclusivamente nacionales que superan los 750 millones de euros en facturación. De ellos, sólo 10 tendrán que pagar el nuevo impuesto para alcanzar el tipo mínimo del 15%. Pero su tipo medio efectivo será superior, un 9,2%. Esa decena, por tanto, representa únicamente un tercio de las grandes compañías nacionales que el anteproyecto denomina como “grupos de gran magnitud”.

Por contra, serán muchas más las empresas extranjeras con filiales en España que deberán tributar ante Hacienda hasta el mínimo del 15%: 707 compañías. Equivalen sólo al 28% de los 2.526 grupos de este tipo que operan en territorio nacional. Y pagarán un tipo medio efectivo mucho menor, el 2,56%.

Tal y como lo ha diseñado la OCDE, el “impuesto complementario” que deberán pagar las empresas para alcanzar el mínimo del 15% en sociedades afectará en todo el mundo a las compañías que hayan facturado más de 750 millones de euros anuales en dos de los últimos cuatro ejercicios. En España, según los datos de la Agencia Tributaria, 137 empresas cuentan con una cifra de negocio consolidado de entre 500 y 1.000 millones de euros al año, y otras 143 superan los 1.000 millones.

En cualquier caso, según las cuentas de la Agencia Tributaria, los que facturan por encima de 1.000 millones pagaban hasta ahora por el impuesto sobre sociedades una media del 4,98% de sus beneficios, muy por debajo del tipo nominal, que es del 25% –un 23% para las pymes y un 30% para banca y petroleras–, e incluso del tipo resultante de aplicar el impuesto sobre la base imponible –resultado de aplicar deducciones, exenciones y bonificaciones, y por tanto inferior a los beneficios reales–, que es del 19%. El objetivo de la OCDE, y del Gobierno, es que ese tipo efectivo sobre beneficios reales del 4,98% se triplique hasta alcanzar el 15%.

El impuesto complementario para garantizar el suelo del 15% adoptará tres formas: el nacional, tanto para multinacionales como para empresas de gran magnitud sin actividad en el exterior que tributen por debajo del mínimo; el primario, que se aplicará a la matriz de una multinacional española que obtenga rentas de filiales en el extranjero donde pagan menos del 15%; y el secundario, que se aplicará a las filiales del grupo en España por las rentas obtenidas en el exterior que no hayan sido gravadas con el 15%.

Ya en 2022 el Ejecutivo aprobó un tipo mínimo del 15% en el impuesto sobre sociedades que deben pagar las empresas con facturación superior a los 20 millones de euros. Hasta noviembre, Hacienda ha recaudado por este concepto 578 millones de euros. Este impuesto, que se calcula sobre la base imponible, es compatible con el nuevo, que se calcula sobre el “resultado contable ajustado”, determinado según los parámetros que marca la directiva europea y que es igual para todos los países miembros.

Cuestión aparte es cuánto podrá ingresar el fisco español con el nuevo mínimo global para las mayores empresas. En el informe de impacto económico, Hacienda asegura que “no es posible” hacer un cálculo de la recaudación, entre otros motivos porque para ello haría falta que el resto de los países donde tienen negocios las grandes empresas españolas también aprobaran su propio impuesto complementario.

Cuando presentó el acuerdo de investidura firmado por el PSOE y Sumar, el pasado mes de octubre, la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, cifró en 10.000 millones de euros la cantidad que podrá ingresar la Hacienda española una vez esté plenamente aplicado el mínimo del 15%. Pero es difícil que se alcance tal cifra. El comisario de Economía de la UE, Paolo Gentiloni, hablaba este martes de una recaudación de 200.000 millones de euros adicionales en todo el mundo gracias a la nueva medida.

En cualquier caso, el propio anteproyecto incluye cuatro vías de escape para las empresas. Así, durante los tres primeros años no deberán pagar si sus ingresos no superan los 10 millones de euros o sus beneficios antes de impuestos no llegan al millón de euros o tienen pérdidas. Tampoco tributarán durante los cinco primeros años de la fase inicial de su actividad internacional. Tampoco en los cinco primeros años a partir del primero en que una empresa entre en el ámbito de aplicación del nuevo impuesto. Se considera que una empresa se encuentra en la fase inicial de su actividad en el exterior cuando no tenga filiales en más de seis países distintos o cuando la suma del valor contable de los activos materiales que tengan en distintos países no supere los 50 millones de euros. Además, no se exigirá el pago del impuesto complementario a las empresas que ya hayan pagado en otro país “un impuesto complementario nacional admisible”, que garantice una tributación efectiva acorde con los criterios fiscales de la OCDE.

Es lo que se conoce como “puertos seguros” y la norma los establece a fin de reducir los costes de cumplimiento y administrativos para las empresas, cuyo volumen reconoce el ministerio que serán “relativamente elevados en un primer momento”, debido a la “complejidad y novedad de la regulación”. Hacienda no sólo deberá ahora diseñar un modelo específico para la declaración informativa, “especialmente exhaustivo”, sino también otro para la autoliquidación e ingreso de la cantidad en las arcas públicas. Además, destaca, hará falta intercambiar los modelos con los de otros países.

Finalmente, están excluidas del nuevo impuesto las organizaciones internacionales, las organizaciones sin ánimo de lucro, las entidades públicas, los fondos de pensiones, los fondos de inversión y los instrumentos de inversión inmobiliaria cuando sean la matriz última de un grupo.

“Los plazos se están agotando”. “Esto se acaba”. “Se nos ha acabado la paciencia”. Los secretarios generales de los dos sindicatos más representativos, Unai Sordo y Pepe Álvarez, aprovecharon la presentación del lema de las 73 manifestaciones que han convocado con vistas al Primero de Mayo –Subir salarios, bajar precios, repartir beneficios– para emplazar a la CEOE a reanudar ya la negociación del acuerdo marco salarial, que lleva en suspenso desde el verano pasado. Y lo hicieron apremiando a la patronal a dar una señal inequívoca en los próximos días y advirtiéndole de que su negativa significará el “entierro” de lo que ha funcionado durante 13 años como una buena herramienta para ordenar la negociación colectiva en una estructura productiva, destacaron, tan atomizada como la española.

La cuarta edición del acuerdo, que se firmó en 2018 y caducó en 2020, lleva por tanto tres años en el limbo, primero por la pandemia y después por la imposibilidad de llegar a un acuerdo sobre la subida de los salarios durante la recuperación y más tarde por la crisis de precios que trajo la guerra en Ucrania. Si se deja morir el acuerdo marco de salarios, desaparecerá el principal instrumento del Diálogo Social que empezó a firmarse en 2010.

“No lo vamos a alargar indefinidamente o a permitir una negociación sin contenido que sirva de placebo sobre los convenios que aún están por firmar”, apremió Unai Sordo. En caso de que los empresarios no den muestras de que realmente quieren negociar, y no “juntarse a hablar, como en una tertulia” –precisó Sordo–, la respuesta sindical será aumentar la “intensidad” de las movilizaciones que ya comenzaron a convocar el otoño pasado en los sectores. “Y con las movilizaciones se sabe cómo empiezan, pero no cómo terminan”, avisó el líder de CCOO, quien mencionó las protestas contra la reforma de las pensiones de Emmanuel Macron. “Las movilizaciones sociales calan en función de variables que son muy difíciles de prever”, aseguró. A las preguntas de los periodistas sobre la posibilidad de convocar una huelga general, tanto Sordo como Álvarez dejaron claro que la patronal debe decidir qué escenario quiere: si una negociación colectiva “ordenada y ágil” u otra “más desordenada y sin recomendaciones [sobre subidas salariales]”.

Sindicatos y patronal han mantenido contactos informales en los últimos meses, pero sólo una reunión como tal el pasado 22 de marzo. Entonces quedaron en volver a verse en la primera quincena de abril, después de Semana Santa. Esa cita no ha llegado a producirse. Según explicó Unai Sordo, en todo este tiempo no ha habido “una negociación en profundidad” que permita “atisbar ni remotamente un acuerdo, no hay una posición seria de la CEOE”. El año pasado, cuando las conversaciones quedaron en suspenso, fueron las cláusulas de revisión salarial las que impidieron el acuerdo. La patronal no quería ni oír hablar de subir los salarios tanto como lo estaba haciendo la inflación, que en julio alcanzó el 10,8%. En marzo de este año, el IPC ha caído hasta el 3,3%, pero la CEOE se mantiene reacia a firmar un acuerdo en el que los sindicatos continúan exigiendo el reparto “justo y equitativo” de unos márgenes empresariales considerados “beneficios de usura”, en palabras de Pepe Álvarez. Su presidente, Antonio Garamendi, pedía sustituir el IPC por “indicadores económicos cuantificables y medibles”, como la productividad, el empleo, el comportamiento del PIB, la competitividad y los resultados de las empresas

El pasado enero, CCOO recogió el guante y propuso una cláusula que ligue una parte de la subida salarial a la inflación y otra a los beneficios reales de las empresas y los sectores, medidos con un índice que el Gobierno debería elaborar a partir de los datos recopilados por la Agencia Tributaria y la Tesorería de la Seguridad Social. La última oferta sindical se concretaba en un 5% de alza salarial para 2022, el 4,5% para este año y el 3,75% para 2024. La patronal también la rechazó.

Mientras, el Ministerio de Economía ha anunciado la creación de un Observatorio de Márgenes Empresariales, que tampoco ha despertado el entusiasmo de los empresarios. “Si es para controlar, intervenir o para decidir si esto es bueno o malo, para empezar a meter impuestos a la carta como a la banca y a las eléctricas, no nos parece bien”, reaccionó Garamendi.

CCOO y UGT también han emplazado al Gobierno. “Si no hay reparto de los costes de la crisis media la subida de los salarios, debe haberlo mediante los impuestos y las transferencias a las familias”, instó Unai Sordo. De ahí que los sindicatos reclamen al Ejecutivo que “toque” el Impuesto sobre Sociedades para establecer un tipo mínimo. También que no renuncie al control de precios en la vivienda, los alquileres y los productos básicos.

Además, hubo lugar para que Pepe Álvarez llamara a las organizaciones de autónomos y de pequeñas empresas para que “presionen” a las grandes corporaciones, que según dijo son las que “subcontratan su actividad y se quedan con una parte importante del beneficio”, en lugar de ver el problema en la subida del salario mínimo.

En el tintero del Diálogo Social aún queda igualmente el Estatuto del Becario, para el que casi se cerró un acuerdo el pasado mes de octubre con el Ministerio de Trabajo, pero cuya negociación se reabrió en un intento por sumar a la patronal. La última reunión se celebró el pasado 30 de marzo. Según el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, la intención del Gobierno es mantener las prácticas extracurriculares, que en principio quería eliminar. La CEOE quiere que sigan existiendo, mientras que los sindicatos denuncian que es en ese modelo de becas donde se produce el mayor volumen de fraude. “En el caso de que la CEOE no responda a la última propuesta de Trabajo, el Gobierno debe volver al punto de partida, el acuerdo que ya tenía con los sindicatos”, zanjó Pepe Álvarez.

CCOO y UGT, que alabaron la Ley de Vivienda y criticaron el “populismo fiscal de derechas” que reclama bajadas de impuestos al tiempo que “arruina” los servicios públicos, pidieron el voto para organizaciones progresistas en las próximas elecciones –“no somos neutrales ni equidistantes”, dijo Sordo–, pero sin precisar más.

Sordo y Álvarez también contestaron a las preguntas de los periodistas sobre los conflictos laborales desatados dentro de sus propias organizaciones. La plantilla de UGT llevó a cabo protestas en toda España el pasado día 12 contra las subidas salariales que les ha planteado la dirección del sindicato: el 2,8% para 2022 y el 2,5% para este año, no sólo por debajo de la inflación, sino incluso por debajo de lo que UGT reclama a la CEOE en el acuerdo marco salarial. Y los trabajadores de CCOO en Galicia se declararon en huelga el pasado enero para pedir un nuevo convenio colectivo, porque lo tienen congelado desde 2014, además de mejoras salariales: sólo les subieron el sueldo un 1,9% en 2019.

“Un sindicato no es una empresa, no tenemos beneficios ni plusvalías”, explicó Unai Sordo, “no nos lucramos, administramos los recursos que proceden de nuestros afiliados”. Como ambas organizaciones, debido a la crisis de precios, han congelado las cuotas que pagan sus militantes, también han tenido que echar mano de “contención salarial” con sus propios trabajadores. El conflicto subsiguiente, añadió, lo están “gestionando” y “resolviendo”. “No es eso de ‘en casa del herrero, cuchillo de palo”, justificó.

Las cifras de recaudación fiscal de 2022 confirman que, en contra de lo que debería demostrar la famosa curva de Laffer, las rebajas de impuestos no mejoran los ingresos tributarios. Según los datos publicados por la Agencia Tributaria, Andalucía, Madrid, Galicia, Murcia, Castilla y León, abanderadas de las bajadas de impuestos como fórmula de estímulo fiscal, aumentaron menos su recaudación que el resto de las comunidades autónomas el año pasado. Los ingresos tributarios totales crecieron de media un espectacular 14,4% en 2022, sólo siete décimas menos que el ejercicio precedente, como efecto de la recuperación económica tras el confinamiento pandémico. Pero en Andalucía la mejora de la recaudación –12,2%– fue dos puntos inferior a la media nacional, en Castilla y León –9,7%– se quedó 4,7 puntos por debajo, en Galicia –12,2%– la distancia fue de 2,2 puntos, y en Murcia –3,1%, donde menos creció– nada menos que de 11,3 puntos. Sólo en Madrid los ingresos fueron superiores a la media nacional, aunque apenas una décima.

Por el contrario, las que más subieron su recaudación fueron Cantabria –48,3%–, Baleares –un 47,5%–, Canarias –el 36,6%–, La Rioja –23,2%– y Asturias –19,8%–.

Esas cifras se refieren a los ingresos del IRPF, el Impuesto sobre Sociedades, el IVA y los Impuestos Especiales, que gestiona la Agencia Tributaria. Pero si la lupa se pone sobre los impuestos cedidos a las comunidades autónomas –Transmisiones Patrimoniales, Sucesiones y Donaciones, Patrimonio, Matriculación y Juego– también se observa la misma brecha.

De esas cinco comunidades autónomas, Andalucía es la que peor se ha comportado tanto en los impuestos estatales como en los de gestión autonómica. La recaudación del IVA creció en 2022 un 7,3% respecto al año anterior, la mitad de la media nacional y ocho puntos por debajo de lo que mejoró el ejercicio precedente. Los ingresos del Impuesto sobre Sociedades subieron un 8,4%, mientras que la media nacional alcanzó el 20,8%. La tasa de variación de 2022 se quedó, además, 20,3 puntos por debajo de la que se registró en 2021. Los Impuestos Especiales –hidrocarburos, tabaco, alcohol– se hundieron, con un recorte del 26,4%, mientras el alza nacional fue del 2,5% de media. Sólo la recaudación del IRPF, con un crecimiento del 20,4%, superó la media española, situada en el 15,8%. “Pero eso es algo que lleva ocurriendo desde 2015, no es un fenómeno que pueda atribuirse a las últimas bajadas de impuestos en Andalucía, donde, además, como las rentas están por debajo de la media nacional, la recaudación tiene más recorrido”, precisa Diego Martínez López, profesor de Economía de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla e investigador de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea).

En el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITPyAJD), la recaudación en Andalucía aumentó un 10,03%, tres puntos y medio por debajo de la media española y hasta siete, 12 y 17 puntos por debajo de los crecimientos de Baleares, Comunidad Valenciana y Canarias. En Sucesiones, los ingresos cayeron un 17,64%, por sólo un 3,89% en el resto de España, mientras que en Patrimonio el alza del 6,93% se quedó a la mitad del 14,75% en que subió de media lo recaudado en las otras comunidades autónomas. Lo mismo ocurrió con el Impuesto de Matriculación, cuyos ingresos mejoraron cuatro puntos menos en Andalucía que en el resto del país. Tampoco el juego recaudó por encima de la media nacional, que mejoró un 19,5%.

Las cifras, por tanto, “contradicen los argumentos usados por el Gobierno andaluz”, asegura Diego Martínez, para defender las rebajas fiscales aprobadas, seis desde 2018 si se cuentan las de septiembre de 2022: desde una bonificación del 99% en Sucesiones y más deducciones en el Transmisiones Patrimoniales hasta una rebaja del 4,3% en el IRPF en los tres primeros tramos, la supresión de Patrimonio y hasta el canon del agua. “Su tesis es que las bajadas fiscales en esos impuestos permitirían recuperar las bases imponibles de otros, como el IVA, el Impuesto sobre Sucesiones o el IRPF”, abunda el profesor de la Pablo Olavide. Pero eso es algo que desmienten las cifras de recaudación de 2022.

Y no sólo para Andalucía. En Madrid, que lidera la ola de rebajas fiscales imitada por otras comunidades gobernadas por el PP, los ingresos del IRPF crecieron en 2022 un 14,7%, un punto por debajo de la media nacional y en los de Sociedades la distancia fue aún mayor, 4,5 puntos. Aun así, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso acaba de anunciar una nueva bajada, medio punto en todos los tramos del IRPF, si gana las elecciones del próximo 28 de mayo. En cambio, sí mejoró Madrid los resultados del resto de las comunidades la recaudación del IVA –cinco puntos– y los Impuestos Especiales –un punto–. También subió con brío en Madrid en 2022 el cobro del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, un 91,8%, 30 puntos por encima de la media española. Lo mismo sucede en Castilla y León –15 puntos–, pero no en Galicia, Murcia y Andalucía. Diego Martínez lo atribuye al “boom” de la inversión extranjera directa en España en los últimos tiempos, “sobre todo en Madrid”. Se trata, explica, del impuesto que pagan personas físicas asociadas a estas inversiones y que, con el tiempo, debería convertirse en impuesto sobre la renta de residentes.

En Madrid la recaudación de Transmisiones Patrimoniales creció un punto y medio por debajo de la media española, mientras que el Impuesto sobre el Patrimonio es inexistente desde 2009 y los tributos sobre el juego mejoraron sólo un 2,39%, 17 puntos por debajo de lo que lo hicieron de media en el resto del país. Por el contrario, el cobro del Impuesto de Matriculación creció ocho puntos más. También aumentaron los ingresos de Sucesiones y Donaciones, un 6,6% –la recaudación nacional se redujo casi un 3,89%– “muy apoyados en el impuesto sobre los grupos de parentesco 3 y 4”, apunta Diego Martínez: hermanos, sobrinos, tíos, primos. El pasado mes de octubre, la Comunidad aumentó al 25% las bonificaciones para el tercer grado de parentesco.

En Galicia crecieron por encima de la media nacional igualmente los ingresos de Sucesiones y Patrimonio, pero se redujeron los de Transmisiones Patrimoniales, así como los del IRPF, el IVA –nada menos que 11 puntos de caída– y los Impuestos Especiales, cuya recaudación se hundió un 15,7%. Por el contrario, mejoró Sociedades seis puntos por encima de la media española.

Sin embargo, el impuesto que grava los beneficios de las empresas se desplomó en Castilla y León, cuyo cobro cayó un 10,3% en 2022 respecto al ejercicio anterior, mientras que la media nacional disfrutó de un alza del 20,8%. En Murcia la mejora se quedó a 7,5 puntos de esa cifra. En Castilla y León, además, sólo creció la recaudación del Impuesto de Patrimonio entre los tributos cedidos. Y entre los estatales, mejoró únicamente el IRPF –2,8 puntos–respecto de la media española, pero se comportaron peor, aparte de Sociedades, también el IVA y los Especiales, cuya recaudación se desplomó un 41,3%. En Murcia evolucionaron peor que la media nacional tanto el IRPF –7,3 puntos por debajo– como el IVA, que se redujo un 21,2% respecto a 2021.

Las pérdidas de recaudación repercuten en la capacidad de las administraciones para gastar. Pero también tienen otros efectos menos visibles. Es lo que ha pasado con Andalucía, según destaca el profesor Diego Martínez. Sus ingresos tributarios se han quedado por debajo de la recaudación normativa del Sistema de Financiación Autonómica, la cantidad que cada comunidad debe aportar al Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales, fijado en un 75% de lo que recolectan por los impuestos cedidos.

Pues bien, debido a los recortes fiscales practicados, la recaudación real de algunas comunidades es inferior a esa aportación a la que están obligadas. Por tanto, contribuyen más de lo que recaudan, y son cientos de millones de euros, advierte Diego Martínez. También le ocurre a la Comunidad de Madrid. En el IRPF, las cantidades fijadas para la recaudación normativa de las comunidades autónomas son correctas. No así las de los impuestos de Transmisiones Patrimoniales y de Sucesiones, objeta, que están “muy mal calculadas, a partir de valores históricos que se actualizan según unos índices de referencia”. En todos los casos, critica el profesor de la Pablo de Olavide, aportar más de lo que se recauda se convierte en un “mal negocio” para las comunidades autónomas.

En 1974, el economista José Luis Sampedro resumió el problema de la inflación en una idea simple: es un conflicto entre grupos sociales por repartirse una factura: las empresas y los trabajadores. Tras recibir el mercado varios shocks que han desbocado los precios, como los derivados de la pandemia y de la invasión rusa de Ucrania, los indicios apuntan que el reparto de la factura ha sido muy desigual. Según una encuesta preliminar del Banco de España, los beneficios empresariales se han disparado un 91% en 2022, gracias a un mejor desempeño de más de la mitad de las empresas. Los convenios salariales, sin embargo, se han actualizado en un exiguo 2,78%, el año que los precios han subido, de media, un 8,4%.

Los datos del Banco de España coinciden con lo que otros actores económicos ya venían señalando. En julio de 2022, en plena crisis inflacionista, CCOO difundió un estudio que afirmaba que el 83,4% de la inflación procedía de los beneficios empresariales, frente a un 13,7% de los salarios. No es un fenómeno español: en Europa algunos miembros del Banco Central Europeo han empezado a advertir que quizás las empresas se están lucrando de este episodio tan dañino para los trabajadores. En Estados Unidos, el presidente de la Reserva Federal afirmó que unos “menores beneficios” ayudarían a aplacar la inflación.

El conflicto de la inflación nace cuando las empresas aumentan los precios al mismo nivel que los costes en origen de los bienes y servicios que producen. Esto hace que los trabajadores, que pierden poder adquisitivo, exijan subidas salariales en proporción, ya que la vida les resulta más cara. Si las empresas lo hacen y trasladan el coste de nóminas a los precios, los encarece de nuevo, lo que suscitaría mayores subidas salariales, en un círculo vicioso. La exigua revalorización de los salarios descarta que esta espiral esté ocurriendo. 

Los expertos consultados, no obstante, indican que los datos del Banco de España sobre los beneficios deben ser cogidos con pinzas. El informe es resultado de una encuesta voluntaria en la que las empresas que lo desean rellenan anualmente con datos de su propia contabilidad. No son, por tanto, datos de la Agencia Tributaria, que sí revelarían los beneficios declarados por todas las empresas. A cambio de participar en la encuesta, las empresas tienen acceso a datos agregados sectoriales y bases de datos internacionales del Banco de España. 

“Son poco representativos, dan una pincelada útil de la situación de las empresas, pero más bien de las grandes empresas”, explica el profesor Antonio Sanabria, que imparte Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid. “Es más, en los datos se ve que no hay homogeneidad”, añade. Según la información del informe, ese aumento del 91% de los beneficios es una media de todas las empresas, pero solo el 55% de estas ha tenido un mejor desempeño que en 2021. El 44,3% lo ha empeorado y un 0,4% lo ha mantenido. Es decir, un muy buen desempeño de la mitad de las empresas que han participado en la encuesta ha elevado la media hasta ese 91%.

“Hay que tener en cuenta otra cosa: los datos siguen distorsionados por la pandemia. Algunas empresas con ese beneficio lo que hacen es compensar años de pérdidas acumuladas. Es algo que se ve en unos sectores más que en otros, es un fenómeno heterogéneo”, explica el profesor, que pone de ejemplo la hostelería, que tuvo un rendimiento extraordinario en 2022, mientras que en 2021 el turismo seguía afectado por restricciones sanitarias. El porcentaje de beneficios es resultado de comparar un año con el anterior.

Pese a estas puntualizaciones, los datos del Banco de España suponen un indicio más, que se suma a otros, sobre la sospecha de que parte de ese aumento de beneficios proviene de sectores que han aprovechado las aguas revueltas para aumentar sus márgenes de manera inadvertida. Además de los sectores cuyo beneficio se sabía antes de que se produjera, como el de las entidades financieras y energéticas, otros también han aprovechado para proteger sus márgenes, cargando a los clientes todo el aumento de costes. 

“Se ha visto en la hostelería, en la restauración, se ha visto en los paquetes turísticos… Han subido los precios antes de que les llegara la inflación para compensar las pérdidas pasadas. Sabían que en 2022 la demanda turística ya era alta. Generalizar más allá yo creo que es complicado”, observa Sanabria. 

¿Cómo se podría probar que parte de este beneficio proviene de la inflación? “Haciendo un observatorio de márgenes”, puntualiza el profesor Sanabria. Esta propuesta consistiría en que la Agencia Tributaria publicara los datos contables de los que dispone de las empresas, de manera agregada por sectores. Según valoró el economista José Ignacio Conde-Ruiz en infoLibre, sería aún más útil si se cruzan datos tributarios, con los datos de contabilidad nacional del INE, los mencionados de la central de balances del Banco de España y que también participara la CNMC, para advertir problemas de competencia. Todo esto en conjunto daría una imagen precisa de los márgenes de cada sector y del abuso de poder de mercado.

“Serviría también a los sindicatos como referente para actualizar los convenios salariales”, añade Sanabria. En el país galo, existe un observatorio de márgenes sobre la cadena alimentaria, que reflejó un aumento de beneficios de las cadenas de distribución. “Esto sirvió en Francia para acordar con los supermercados cestas de productos alimentarios básicos con descuento, a cargo del beneficio de las empresas”, explica. 

“Todo lo que ayude a hacer más precisas las políticas de competencia es bueno”, explica a infoLibre Luis Puch, catedrático de Análisis Económico de la Universidad Complutense de Madrid. “No creo que crear nuevas instituciones sea el camino, pero sí creo que sería útil que los organismos implicados difundieran los datos. Una vez difundidos, hay muchas instituciones que los analizaría, desde servicios de estudios, departamentos de universidades, los medios de comunicación…”, añade. 

“Si hay prácticas no competitivas que estén subiendo los precios, las autoridades de la competencia deberían redoblar sus esfuerzos”, añade Puch. “No creo que haya que hablar de una ‘factura de la inflación’ en concreto, ni buscar culpables concretos. Pero, partiendo de ese lenguaje, si hay que hablar de una “corrección”, es porque hay empresas que han hecho prácticas que van en contra de la competencia y eso es terreno de la CNMC”.

El profesor Puch considera que hay mecanismos que son suficientes para abordar estas posibles disfunciones del mercado: las autoridades de la competencia, el impuesto de sociedades y el pacto de rentas. Aunque considera que no se usan correctamente, o directamente, no se usan: “Es una pena que no funcionen tan bien como nos gustaría a veces, pero no hay que perder la esperanza de hacerlas funcionar”, remacha. El pacto de rentas, que implica negociar un reparto equitativo entre empresas y trabajadores, no está ni se le espera. 

Uno de los debates actuales no solo es si los márgenes empresariales se han hinchado aprovechando la inflación, sino si estos la han alimentado. Es decir, si los márgenes empresariales están provocando “efectos de segunda ronda”, de los que constantemente se advierte cuando se habla de salarios.

Esto ocurriría de dos maneras: en primer lugar, de manera directa, trasladando el aumento de costes al precio de los productos y, aprovechando la confusión, un poco más allá. Una segunda, una vez conocidos estos beneficios, al provocar que los sindicatos exijan mayores subidas salariales de las ya pactadas, ante la evidencia de que el poder adquisitivo no solo se ha perdido por el aumento de costes, sino a beneficio de la empresa.

“Hay algunas voces que lo empiezan a dudar”, explica Sanabria. “Según una información publicada por Reuters, deja entrever que hay voces dentro del Banco Central Europeo que dudan sobre la idoneidad de seguir subiendo tipos de interés. Que se estaba teniendo demasiado en cuenta el tema salarial, que se ha demostrado que no están provocando efectos de segunda ronda, y se está obviando la parte de los beneficios”, añade.

La información a la que se refiere el profesor es un reportaje publicado por la agencia británica el 2 de marzo titulado: “El BCE se enfrenta a una fría realidad: las empresas están haciendo caja con la inflación”. En este, las fuentes del organismo europeo estaban empezando a valorar la posibilidad de que el poder de las empresas para fijar precios estaban influyendo en la inflación.

Sin embargo, ha quedado patente que los salarios no han alimentado los precios. Según los datos de las estadísticas de los convenios colectivos, la media de revalorización de los mismos ha sido de 2,78% en diciembre de 2022. El miedo a que haya una espiral inflacionista viene de experiencias pasadas, como la que hubo tras la crisis del petróleo en los años 70. 

“Había unos sindicatos más fuertes, y también más representativos, porque el modelo económico era otro, con un mayor peso de la industria. Trasladar las subidas de precios a los salarios era más fácil”, observa el profesor Sanabria. En 2022, los precios subieron un 8,4%, lo que supone que los trabajadores, de media, se han empobrecido a tasas inéditas desde la llegada del euro.

En la economía hay resortes automáticos, como por ejemplo, que un desempleado tenga derecho automáticamente a cobrar una prestación por desempleo si es despedido. Esto, a gran escala, hace que en las crisis económicas el gasto aumente de manera automática al margen de la voluntad del Gobierno al que le toque. Algunos economistas proponen, al igual que estos resortes de gasto, que haya resortes de ingresos. El impuesto de sociedades ya lo es en alguna medida, al ir en proporción de los beneficios. Esto supondría ir más allá, por ejemplo, para gravar automáticamente beneficios caídos del cielo en crisis inflacionistas.

“Sería cuestión de diseñar un automatismo, definiendo muy bien qué son beneficios extraordinarios. Por ejemplo, mediante umbrales de rentabilidad. Esto tendría otro efecto: un desincentivo de las empresas a trasladar todos los costes al consumidor. Estamos viendo que no hay ajuste en términos de competencia”, lamenta Antonio Sanabria. La presencia exclusiva de unas pocas grandes empresas en sectores muy concentrados, ayuda: no tienen el incentivo de la competencia para bajar precios.

“Si acordamos un mecanismo así estaría bien”, añade el profesor Luis Puch. “Tenemos algunos estabilizadores automáticos para los gastos, que benefician a hogares y empresas, estaría bien que los hubiera de ingresos. Aunque estos mecanismos deberían ser aprobados por las empresas, por ejemplo, incluyendo rebajas para cuando las cosas sí van bien”, opina.

“Aun así, creo que no soy partidario de dejarlo todo por escrito”, añade el profesor Puch. “Creo que debería poder haber acuerdo en que hubiera cierta discrecionalidad del Gobierno, con una supervisión posterior que garantice que la política haya cumplido con su misión”, valora Puch. 

Entre las posibles medidas discrecionales, como los impuestos extraordinarios a banca y energéticas, destaca un reciente anuncio del Gobierno francés: impuestos sobre recompras de acciones. Este mecanismo permite a las empresas ampliar la participación que tienen en su propia entidad. Las recompras permiten eludir parte de las obligaciones fiscales, ya que parte del beneficio de un ejercicio se gasta en adquirir estas acciones, por lo que se declara menos beneficio y el gravamen sobre el rendimiento del capital tiene un impacto menor.

“Es una demostración de que se pueden hacer muchas cosas”, señala el catedrático Puch. No hay demasiada información sobre este mecanismo, que de momento se limita a un anuncio de Macron. “Es posible que Macron lo haya encontrado adecuado para tener una mejor representación de la base del impuesto. Puede ser algo equivalente al impuesto extraordinario, quizás incluso con mejor diseño”, apunta. 

Lo que no se puede hacer, concuerdan los expertos consultados, es aprobar impuestos “hacia atrás”. Es decir, en caso de que se demostrara, mediante la observación de sus márgenes, que las empresas no solo se han lucrado sino que han alimentado la inflación, sería jurídicamente muy complejo redistribuir esos beneficios extraordinarios. “No puede haber impuestos de hace un año o dos. Lo que se puede hacer es prepararlos de cara al futuro, no se sabe si sucederá en 5 o 50 años, pero puedes fijar unas bases a partir de las que, cuando se produzca un beneficio extraordinario”, explica Sanabria. 

¿Qué se podría hacer en ese caso? “Suena cándido”, añade, “pero de cara al pasado lo único que se me ocurre es apelar públicamente a la responsabilidad de estas empresas. Que hagan algún tipo de aportación. Que muestran compromisos por la sociedad. Pero ya sabemos que eso tiene un impacto muy limitado”, ironiza el profesor de economía.

¿Puede España, mediante adaptaciones legislativas, impedir que una empresa como Ferrovial traslade su sede de España a Países Bajos? La mudanza de la constructora española ha abierto un encendido debate sobre la capacidad de los gobiernos de condicionar las decisiones de las empresas privadas en el entorno del mercado único europeo. Sobre todo en el caso de compañías que, como es el caso, han acumulado beneficios durante décadas a partir de contratos públicos y que en fechas tan recientes como la pandemia de 2020 salvaron su futuro gracias al dinero del Estado que recibió para financiar sus ERTE.

El Gobierno está todavía estudiando la situación y los motivos alegados oficialmente por Ferrovial, si bien fuentes de Moncloa sostiene que detrás del traslado de la sede de Países Bajos hay razones tan prosaicas como el interés por tributar menos, especialmente, y de manera muy personal, por parte de su presidente, el multimillonario Rafael del Pino. 

Las mismas fuentes no creen que haya margen para impedir el traslado de la sede, pero tampoco temen que el caso de Ferrovial anticipe la huidas de otras multinacionales. “No son como gacelas, que sale una corriendo y las otras van detrás”, explican. El Ministerio de Asuntos Económicos y para la Transformación Digital está examinando los argumentos expuestos por Ferrovial para irse. Los de Hacienda y Trabajo, a su vez, estudian las implicaciones fiscales y laborales de las decisión adoptada por Del Pino.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) estudia el caso, pero sólo tiene competencias en relación con la transparencia, que haya información a los inversores, y con la aprobación de la decisión por parte de la junta de accionistas. No obstante, fuentes consultadas por infoLibre señalaron que dos de los motivos que más ha destacado Ferrovial para justificar su mudanza o no tienen fundamento o la empresa no los ha explicado adecuadamente.

Si Ferrovial tiene dificultades para cotizar en Estados Unidos, la CNMV desconoce cuáles son. “Di nos las explican veremos y analizaríamos qué ocurre, pero no las conocemos. Es verdad que no hay ninguna empresa española que esté cotizando allí, pero las hay que cotizan con ADR (American Depositary Receipt, un certificado que permite a los inversores norteamericanos negociar en las Bolsas de EE UU acciones de compañías cuyas sociedades fueron constituidas fuera del país. Lo mismo sucede con el otro motivo que esgrime Ferrovial: “Hay muchos inversores norteamericanos en el capital de empresas españolas, desconocemos las dificultades de las que ellos hablan”.

¿Es posible levantar normas que hagan imposible que este caso se repita? El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, no tiene dudas. En una entrevista emitida por TVE consideró “fuera de lugar” esa posibilidad porque “España es un país con unas reglas de juego y garantías de competencia de todos aquellos que cumplan los requisitos en cada una de las licitaciones”. Por más que detrás de la decisión de Ferrovial no vea otra cosa que “codicia”.

El economista Daniel Fuentes opina que en este caso hay un error de fondo. “No se puede obligar a nadie a que tenga actividad en un sitio. La economía no funciona así”, recuerda. Igual que Ferrovial anuncia que se va de España, otras multinacionales como Unilever y Shell dejaron Holanda para irse al Reino Unido. Y la petrolera ya sopesa cruzar el Atlántico hacia EEUU buscando un mercado de capitales lo más potente posible. Esas son las reglas que están vigor.

El problema, explica, tiene que ver con el acceso a mercados de capital y con la fragmentación de la imposición sobre sociedades en la Unión Europea, uno de los mayores obstáculos al mercado único. Lamentarse porque una empresa española se quiera ir es, en su opinión, poco compatible con celebrar la llegada de miles de euros de inversión directa que llegan a España procedentes del resto de Europa.

Fuentes es de los que creen que la motivación de Ferrovial no tiene nada que ver con un supuesto maltrato por parte del Gobierno, como está denunciando el PP, aunque admite que la reacción del Ejecutivo parezca confirmarlo. “Si creemos que hacen falta gigantes públicos por motivos estratégicos en determinados sectores, hágase. Entremos en el accionariado o busquemos fórmulas. Pongámosle caro el uso de las cuencas hidrográficas, del paisaje, de las infraestructuras. Nacionalicemos la hidroeléctrica”. Pero lo que tenemos son empresas que privatizamos en los noventa, recuerda. Y que se rigen por sus propias reglas.

Tratar de levantar normas que impidan cambios de sede no le parece viable. “Ferrovial no se va, cambia la sede de país por motivos financieros” y conserva aquí su actividad recuerda, por lo que “va a seguir tributando en España”. Y plantear condiciones para recibir ayudas, como propone Unidas Podemos, es algo que ya se hace habitualmente en los pliegos de condiciones en relación con el empleo u otras variables. Y en materia de impuestos, una empresa tributa donde tiene su residencia fiscal.

Javier Santacruz, economista y analista financiero, tampoco cree que la solución pase por levantar nuevos andamiajes normativos. Él da gran importancia a conservar las sedes corporativas de las empresas. Se trata del “efecto sede”, la contribución que hace el domicilio desde el punto de vista laboral, fiscal, de la actividad económica, de la innovación. “Hay un diferencia enorme entre que esté o no esté” en España, porque “implica que las principales decisiones de inversión, de retirada o entrada de mercados, de retribución, se toman en ella”. 

¿Y cómo retenerlas? Santacruz defiende la utilidad de lo que llama “diplomacia económica”. Si se hace bien, “aunque les subas el coste fiscal o regulatorio no tendrán el incentivo de marcharse”. Los gobiernos, de todos los colores, subraya, no suelen prestar atención a las grandes compañías cuyo negocio no depende del Boletín Oficial del Estado. Sólo les interesan como “máquinas de generación de recaudación fiscal” y únicamente se preocupan por ellas cuando tienen problemas. Cuando esas mismas empresas tienen las mayor parte de su negocio fuera del país, no tiene incentivos para quedarse, a menos que se exista esa “diplomacia económica”. “Si hubiese existido, Ferrovial probablemente no se hubiera marchado”, aventura.

En opinión de este economista, es muy difícil condicionar estas decisiones mediante los pliegos de condiciones de los contratos o la letra pequeña de las ayudas. Y menos dentro del mercado único europeo.

Del otro lado, quien no parece tener dudas sobre lo que se puede hacer es Unidas Podemos. La organización que lidera la ministra de Asuntos Sociales, Ione Belarra, ya ha presentado una proposición de ley para que las empresas que deslocalicen su producción o su sede, como Ferrovial, tengan que devolver “con intereses” cualquier ayudas pública que hayan recibido. 

El plan del grupo parlamentario morado es que se vean afectadas ayudas obtenidas durante los 10 años anteriores a la decisión de abandonar el país. “Los españoles salvamos con dinero público de nuestros impuestos a Ferrovial durante la pandemia mediante el mecanismo de los ERTE, por poner tan solo un ejemplo de las múltiples ayudas públicas que ha recibido esta multinacional a lo largo de las últimas décadas”, recordó el portavoz del grupo parlamentario, Pablo Echenique. “Si ahora quieren abandonar el país que les ayudó a crecer y que sujetó su actividad económica en los peores momentos para pagar menos impuestos, por lo menos que devuelvan las ayudas. Estoy seguro que cualquiera que se autodenomine patriota estará de acuerdo con este planteamiento”.

El texto de la iniciativa alerta de que la deslocalización de empresas a países con menores costes laborales, fiscales o sociales es una “amenaza” para el sector industrial del país, sobre todo si han percibido ayudas estatales. El documento detalla que el procedimiento para exigir el reintegro se iniciará de oficio por la administración y el plazo máximo para resolver el proceso será de un año, aunque admite la posibilidad de ampliarse o suspenderse en casos excepcionales pautados.

Unidas Podemos, según las mismas fuentes. respalda la intención del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de aprovechar la Presidencia de la Unión Europea para liderar los esfuerzos encaminados a homogeneizar los tipos impositivos en el conjunto de la UE y muy especialmente el impuesto de sociedades para acabar con el dumping fiscal entre Estados miembros. 

Rafael del Pino y Moreno, el fundador de Ferrovial, recibió la Medalla de Oro del Colegio de Ingenieros de Caminos con un discurso en el que recordó sus comienzos profesionales en un piso del barrio de los Jerónimos de Madrid. Tras explicar al director de una de sus primeras obras las dificultades por las que atravesaba para sacar adelante la empresa, éste le preguntó: “Ah, ¿pero no tienes ningún modificado?”. Del Pino admitió ante su audiencia que no sabía lo que era un “modificado” y tuvo que preguntárselo al director de la obra: los cambios –injustificados– que se hacen en un contrato ya adjudicado y que terminan inflando el coste de un proyecto, una de las viejas malas costumbres de las licitaciones en España. “Fue entonces cuando me hice rico”, les confesó a sus colegas.

En efecto, Ferrovial nació en 1952 y creció a buen ritmo durante el franquismo a golpe de adjudicación pública, sobre todo ferroviaria, como indica su propio nombre. Su primera adjudicación consistió en un contrato para hacer agujeros en las traviesas de madera donde se encajan los raíles de las vías. Después, construyó los enlaces ferroviarios de Madrid, una obra pagada con dinero del Gobierno de EEUU: hizo 30 kilómetros de vías en 30 días, según rememora el periodista Fernando González Urbaneja, autor de Ferrovial. Un viaje sin fronteras, publicado en 2013.

En los años 60 Ferrovial ya contaba con más de 500 empleados. Había pasado de los trabajos ferroviarios a las obras hidráulicas y las carreteras. En 1972, Rafael del Pino se convirtió en el primer presidente de la recién nacida Enagás, propiedad por entonces del Instituto Nacional de Industria (INI). Ese mismo año construyó la autopista Bilbao-Behobia, la actual AP-8. Mucho después llegarían el AVE a Sevilla, los Juegos Olímpicos de Barcelona, la Expo de Sevilla, el Guggenheim de Bilbao, el viaducto de Montabliz (Cantabria), la radial 4 de Madrid, la terminal 3 del aeropuerto de Málaga… “Se trata de una empresa que debe todo a España”, ha sido el reproche del Ministerio de Economía a la empresa, después de que anunciara este martes el traslado de su sede social a Países Bajos.

A finales de la década de los 70, cuando no atravesaba sus mejores momentos, Ferrovial dio un primer salto fuera de España. Así, en 1979 aterrizó en Libia para construir 700 kilómetros de carreteras. Y cruzó el Atlántico hasta México, Brasil y Paraguay, según constata en su página web. Ya en los 90 compró Agromán, que tenía una buena cartera en Latinoamérica. En 1999 salió a Bolsa. El mismo año en que se hizo con el contrato de construcción de la autopista 407 ETR en Toronto (Canadá). Una vía que, además, gestiona con una concesión de 99 años y supuso el empujón definitivo hacia el futuro. Porque en 2000 tomó las riendas de Ferrovial Rafael del Pino Calvo-Sotelo, ingeniero de Caminos como su padre y quien ha pilotado la internacionalización de la compañía hasta hoy. Compró la principal constructora de Polonia, Budimex, la empresa de servicios Amey y el operador portuario BAA en Reino Unido, entre otros negocios. Ahora el 82% de sus ingresos proceden del extranjero. Sobre todo, de EEUU, Canadá y Reino Unido. Y la construcción ha dejado de ser su área principal de negocio. Las concesiones de autopistas y la gestión de aeropuertos han pasado a ser el cuerno de la abundancia para Ferrovial. España, por el contrario, representa sólo una cuota minoritaria de su actividad.

Las managed lanes, o autopistas gestionadas, donde se añaden carriles opcionales de peaje variable, según el tráfico y la hora del día, para aliviar la congestión de vehículos, son otro de sus éxitos: se ha hecho con cinco, tres de ellas en Texas, una en Carolina del Norte y otra en Virginia –esta última una concesión por 50 años–. En Reino Unido Ferrovial posee los aeropuertos de Aberdeen y Glasgow, en Escocia, y el de Southampton. También tiene el 25% del de Heathrow, en Londres. Participa en el proyecto de nueva terminal del Aeropuerto Internacional John Fitzgerald Kennedy en Nueva York. Ha construido autopistas en Australia y un tramo del AVE en California. Además, ha ganado concursos lo mismo en Londres y Bratislava que en Chile y Colombia. Y está interesada en la energía eólica marina. Acaba de aliarse con la alemana RWE para desarrollar proyectos eólicos flotantes, en aguas profundas, una actividad para la que aún no existe tecnología. Por eso está ensayando un prototipo de flotadores de hormigón en Santander.

Es en este amplio mapa internacional donde sitúa Ferrovial los motivos para mudar su sede social a Países Bajos. La empresa de Rafael del Pino cree que “relocalizarse” allí aumentará “la notoriedad de su marca tanto en Europa como en el resto del mundo”. “Se trata de una jurisdicción con calificación crediticia AAA, un entorno favorable para negocios e inversores, un ordenamiento jurídico confiable y un sólido marco de gobierno corporativo”, elogia en las 90 páginas del Proyecto común de fusión transfronteriza que ha colgado en su página web. Esas condiciones, subraya la compañía, le permitirán “acceder a una base de inversores más amplia”. También conseguirán reducir los costes de financiación de sus emisiones de deuda “y, a la larga, también en mejoras en el coste total de capital”. Finalmente, los Países Bajos es la plataforma idónea para negociar simultáneamente sus acciones en España, los Países Bajos “y, llegado el momento, también en los Estados Unidos”. Nada se dice sobre ventajas fiscales, una de las razones por las que Países Bajos se ha convertido en un destino popular para empresas y particulares.

Según un análisis elaborado por el Banco Sabadell, Ferrovial puede ahorrarse hasta 40 millones de euros con el cambio de sede social. No la fiscal, que seguirá situada en España, según se ha ocupado de destacar la propia empresa. Se trata de las retenciones que debería hacer por los dividendos de sus filiales en el extranjero, que en España están bonificadas al 95% y en Países Bajos al 100%.

Sin embargo, un portavoz de Ferrovial asegura a infoLibre que esa cifra se aleja de la real. “Ese análisis se basa en un valor de los dividendos superior al que realmente se ha repartido este año, no tiene en cuenta las compensaciones de bases imponibles negativas de otros años y se ha hecho calculando que el 100% de los dividendos son tributables, cuando son sólo el 25%”, explica. “Los motivos [del traslado a Países Bajos] no son fiscales, sino facilitar la salida a Bolsa en Países Bajos y EEUU, y abrirnos a inversores en esos países con interés en infraestructuras”. Añade. Pero en España, donde dice haber pagado en impuestos el año pasado 282 millones de euros, seguirá “pagando igual el IVA, el IAE, las cotizaciones a la Seguridad Social…”. Tras lamentar la mudanza de Ferrovial a Países Bajos, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha precisado que la compañía de Del Pino ya no tributaba por ese 80% de beneficios que obtiene fuera de España. “El porcentaje restante es el que permanece en España y, según ha declarado la propia empresa, seguirá estando en nuestro país. Es decir, no hay ningún riesgo de que la parte de la inversión que ya estaba aquí se vaya a desplazar y, por tanto, tributará en el país”, indicó.

Además, el Sabadell ha cifrado en 20 millones de euros el coste del traslado de la sede social, una cantidad que el portavoz de Ferrovial admite como más acertado. Toda la operación se prolongará a lo largo de este año para quedar concluida hacia el tercer trimestre, asegura.

A González Urbaneja, el cambio de sede social no le pilla de sorpresa. Le parece una decisión lógica teniendo en cuenta la evolución de la empresa y que España, a su juicio, ha dejado de ser “un país amable con el mundo de los negocios” con las últimas medidas y declaraciones del Gobierno. Pero también asegura que España es un mercado que se le ha quedado “pequeño” a Ferrovial. De hecho, tras el Brexit, la empresa de Del Pino, que tenía en las islas una de sus principales fuentes de ingresos, ya trasladó de Londres a Países Bajos la cabecera de sus sociedades internacionales.

Como se sabe, no fue la única. La acompañaron desde Coca-Cola European Partners, la embotelladora que preside Sol Daurella, hasta las japonesas Sony y Panasonic, las americanas Bloomberg y Discovery Channel, Viacom International y Warner Media, entre otras. Es más, la deslocalización es un fenómeno habitual entre las multinacionales. Dyson, el fabricante de aspiradoras británico –cuyo dueño es un ferviente defensor del Brexit— trasladó la sede de su empresa a Singapur. También con mucho drama se recibió en Italia en 2014 la noticia de la mudanza de Fiat desde Turín hasta Países Bajos. Aunque también se ha dado el movimiento contrario: la petrolera angloholandesa Shell decidió en 2021 fijar su residencia fiscal en Reino Unido, donde ya tenía la social, y abandonar Países Bajos. En 2020 fue la agencia de viajes online eDreams la que cambió su sede social en Luxemburgo por Madrid, alegando “eficiencias organizativas y de costes”.

Pero puede calificarse de pioneros en la deslocalización al grupo irlandés U2, que ya en 2006 decidió desplazar a tierras neerlandesas su multimillonario emporio, para pagar menos impuestos. Pese a que Irlanda tiene ya de por sí un régimen fiscal bastante laxo. Según informó la prensa local, en realidad los U2 iban a utilizar en los Países Bajos la misma empresa a la que habían recurrido los Rolling Stones para beneficiarse de la exención fiscal de la que disfrutan los royalties allí.

Pese a las advertencias del PP sobre un posible efecto contagio a otras empresas del ejemplo Ferrovial, el consejero delegado de Cellnex, Tobias Martínez lo ha descartado: “No nos planteamos un cambio de sede a otro país”. También el presidente del grupo Mutua Madrileña, Ignacio Garralda, fue preguntado este miércoles por la decisión de la histórica constructora, que calificó de “sorpresa”. “Hay que tratar que no sea un precedente”, zanjó.

En cualquier caso, la alarma ha saltado. La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha pedido a Ferrovial que reconsidere su decisión, mientras que la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, y otros miembros de Podemos han cuestionado el “patriotismo” de la empresa. Por el contrario, PP, Ciudadanos y Vox han cargado contra el Gobierno, a quien acusan de ser el culpable del traslado de la constructora. De momento, habrá que esperar a la aprobación de la junta general de accionistas. La mudanza sólo saldrá adelante si la oposición a la medida no supera el 2,57% del capital social. Como quienes la rechacen tienen derecho a recibir una contraprestación por sus acciones, ésta no podrá exceder en total de 500 millones de euros para que la operación se materialice. El accionariado de Ferrovial está en manos de Rafael del Pino Calvo-Sotelo con un 20,4%, su hermana María con un 8,2%, y su hermano Leopoldo con un 4,15%, así como de los fondos Blackrock –un 3,18%–, TCI –un 6,4%– y Lazard –un 3%–. El 67% restante es capital flotante, propiedad de minoritarios. Por el momento, el fondo TCI ya ha dado su visto bueno al cambio de sede social.

El año pasado, Ferrovial ganó 186 millones de euros, un 84% menos que el ejercicio anterior porque los resultados extraordinarios fueron mucho menores. Pero ingresó 7.551 millones, un 4% más que en 2021. Su resultado bruto de explotación también creció, un 7,7%, hasta alcanzar los 728 millones de euros. Sólo la autopista canadiense le proporcionó 237 millones de dólares canadienses en dividendos. Las autopistas de Texas le brindaron otros 123 millones de euros. Y la cartera de construcción fue la más alta de su historia, según ha subrayado la propia empresa: 14.743 millones de euros. Rafael del Pino, uno de los hombres más ricos de España, habitual en la lista Forbes todos los años, ganó el año pasado 5,2 millones de euros, un 16% más que en 2021.

Esta es la historia de una provechosa operación financiera y del posterior triángulo societario, y quizá fiscal, que trazaron quienes consiguieron ese rotundo beneficio. Los gestores del fondo Peninsula Capital, creado por el presidente de Mediaset España, Borja Prado, multiplicaron con una sola operación el dinero que habían invertido en el operador privado del AVE italiano y, ocho meses después, dos de ellos se vendieron a sí mismos dos veces, triangulando a través de dos empresas pantalla en Emiratos Árabes Unidos, las acciones que poseían en un puñado de sociedades del holding. Dos años después, Prado también se las vendió a sí mismo, aunque sin pasar por Oriente Próximo. Sus acciones no salieron de Luxemburgo.

En abril de 2018, los titulares de la prensa, española e internacional, dieron buena cuenta del “golpe” que dio la gestora Peninsula Capital cuando el fondo estadounidense Global Infraestructure Partners (GIP) compró por 1.980 millones de euros el primero operador privado de alta velocidad de Italia –y de Europa–, Nuovo Transporto Viaggiatori (NTV). Un auténtico pelotazo, porque sólo un año antes, Peninsula Capital, uno de cuyos accionistas más destacados es el ahora presidente de Mediaset España, Borja Prado, había adquirido el 12,8% de la empresa italiana por 66 millones de euros. Los de Nueva York pagaron por esa participación 243,78 millones de euros. Peninsula Capital, por tanto, se embolsó 177,78 millones, más 3,73 millones en dividendos. Un total de 181,51 millones, casi el triple de lo que había pagado.

El negocio y sus relucientes cifras fueron ampliamente publicitadas. No era para menos. En Italo, la marca con la que NTV explota los trenes de alta velocidad en Italia, compartían sociedad Luca Cordero di Montezemolo, expresidente de Ferrari, y otro gran empresario italiano, Diego della Valle, presidente de la marca de calzado de lujo Tod’s, con el banco turinés Intesa Sanpaolo y la aseguradora Generali. En 2017, NTV había facturado 455 millones de euros y cerrado con unos beneficios de 33,8 millones. En 2021 los triplicó, hasta 104,37 millones.

Además, España tenía un interés adicional. Peninsula Capital es la creación de uno de los más prominentes ejecutivos del país, Borja Prado, quien antes de llegar a la televisión había presidido Endesa y Mediobanca para la Península Ibérica y Latinoamérica. Tal es así que, al anunciarse su entrada en Italo, hubo quien loó la “alianza” de Prado con Montezemolo para “impulsar la alta velocidad italiana”. Una operación que confirmaba los estrechos y lucrativos lazos del directivo con Italia.

Pero cuando se apagaron los focos, el negocio siguió un recorrido no menos sugestivo. Un rastro que han seguido Mediapart, infoLibre e Il Fatto Quotidiano, todos ellos miembros del consorcio European Investigative Collaborations (EIC). Peninsula Capital fue creada en marzo de 2016 por Borja Prado, cuando aún era presidente de Endesa, junto con dos socios: Javier de la Rica, con quien había trabajado en el italiano Mediobanca, y Stefano Marsaglia, también alto ejecutivo de la entidad milanesa.

Como suele ocurrir con los fondos de inversión, Peninsula se compone de toda una red de sociedades, la mayoría registradas en Luxemburgo, pero también en Londres. Incluye sociedades de inversión, que poseen las participaciones y cobran dinero de los inversores; y sociedades de gestión, propiedad a partes iguales de Borja Prado y sus dos socios. Estas últimas reciben comisiones de gestión y una parte de los beneficios de las operaciones de Peninsula. Por ejemplo, la sociedad de gestión de la operación de NTV era Peninsula Capital II, propiedad a partes iguales de Prado, De la Rica y Marsaglia.

El 11 de diciembre de 2018, ocho meses después de cerrarse la rentable venta de NTV al fondo estadounidense GIP, De la Rica y Marsaglia vendieron sus participaciones del 33,3% en cuatro sociedades de gestión –Peninsula Capital, Peninsula Capital II, Peninsula Capital III y Peninsula Promoters– a dos sociedades constituidas en la zona franca del aeropuerto de Sharjah, uno de los siete Emiratos Árabes Unidos (EAU). Además de un conocido paraíso fiscal. Las sociedades son MBB Holding FZE y Casan Holding FZE. El precio de compraventa no consta en el Registro Mercantil de Luxemburgo.

Pues bien, ese mismo día, De la Rica y Marsaglia también crearon, en Luxemburgo, otra sociedad, Peninsula Holding, propiedad al 50% de MBB y de Casan, y donde ellos figuran como administradores, junto con Joost Anton Mees y Johannes Laurens de Zwart, dos ejecutivos de Peninsula Capital.

Y, de nuevo el 11 de diciembre, vendieron a Peninsula Holding las participaciones de MBB Holding FZE y de Casan Holding FZE en las cuatro sociedades citadas, por un importe de 19,2 millones de euros –9,6 millones cada uno–. De esa suma, 16,5 millones fueron pagados en efectivo por Peninsula Holding. Es decir, tanto MBB como Casan recibieron cada una 8,25 millones de euros. Todas estas operaciones figuran en los documentos que estas sociedades han inscrito en el Registro Comercial de Luxemburgo.

En resumen, De la Rica y Marsaglia se vendieron a sí mismos sus acciones de Peninsula dos veces el mismo día, a través de dos paraísos fiscales, lo que parece no tener ningún sentido económico más allá de que se trate de un plan de optimización fiscal, destinado a localizar en Sharjah parte del dinero que ambos ganaron gracias a Peninsula. Posteriormente, al recibir dividendos y luego vender otras acciones de Peninsula, recibieron grandes sumas de dinero adicionales a través de sus empresas emiratíes. Una de las preguntas que los gestores del fondo no han respondido a EIC es si MBB Holding fue creada por De la Rica y Casan Holding por Marsaglia. Lo que dicen los registros es que el mismo día que el italiano abandonó su cargo como administrador de Peninsula, el 28 de julio de 2021, Casan Holding vendió también todas su acciones en el fondo. Y que De la Rica había constituido en Luxemburgo, el 31 de marzo de 2021, otra sociedad con el mismo nombre que la emiratí: MBB Luxembourg.

Las FZE, Free Zone Establishments, son sociedades de responsabilidad limitada con un solo accionista, que bien puede ser una persona física o jurídica. Deben tener al menos dos directores y un secretario, pero las leyes emiratíes permiten que todos esos cargos los desempeñe la misma persona. En los Emiratos hay más de 40 zonas francas, donde se permite crear sociedades en sólo unas horas con un gasto de apenas 1.440 euros. Pueden ser de propiedad extranjera al 100%, no pagan impuesto de sociedades y la repatriación de capitales no está sujeta a ningún gravamen.

España firmó en 2007 un convenio para evitar la doble imposición con los Emiratos Árabes Unidos, que además suscribieron en septiembre de 2018 el acuerdo para el intercambio automático de información de cuentas financieras. En el IRPF los residentes en España están obligados a declarar las rentas que obtengan también en cualquier otro lugar del mundo.

Borja Prado, en cambio, se quedó con sus participaciones en las cuatro sociedades gestoras y en un quinta, Peninsula Europe GP, hasta que casi dos años después, en noviembre de 2020, las vendió también a Peninsula Holding, la empresa de Luxemburgo propiedad de De la Rica y Marsaglia a través de las dos sociedades de Emiratos citadas. A cambio, se convirtió en accionista del holding luxemburgués junto con los dos citados.

Pero, en esta última operación, el precio al que se le pagó la acción fue poco más de la mitad del que cobraron sus socios cuando vendieron sus participaciones dos años antes: 5,1 millones de euros.

EIC ha preguntado a los tres socios de Peninsula Capital y al propio fondo por estas transacciones, si las declararon a Hacienda y si responden a un plan de optimización fiscal, pero ninguno de ellos ha respondido.

El 31 de marzo de 2021 Javier de la Rica creó MBB Luxembourg, de la que posee el 100% y a la que se incorporó como administrador el pasado 1 de noviembre Borja Prado. MBB Luxembourg, con domicilio en el Gran Ducado, compró acciones de Peninsula Holding que eran propiedad tanto de su homónima en Emiratos como de Borja Prado, de tal forma que en junio de 2022 los dos únicos accionistas del holding eran el presidente de Mediaset España y MBB Luxembourg al 50%.

Pero esa distribución duró poco. En noviembre del año pasado, entraron en el capital de Peninsula Holding los tres hijos de De la Rica –Borja, Marta y Bruno–, cada uno con un 8,4%. De manera que ahora la sociedad pertenece en un 49,8% a Borja Prado, en un 24,7% a MBB Luxembourg –es decir, a Javier de la Rica– y en un 25,2% a los tres hermanos De la Rica, lo que suma otro 49,8%. El 0,2% restante está en manos de Borja Klingenberg, director de Operaciones de Peninsula Capital y antes jefe de gabinete del presidente de Endesa y vicepresidente de Mediobanca para España y Portugal.

Desde que Peninsula y el resto de los accionistas vendieron NTV al fondo GIP, el AVE privado italiano ha mejorado considerablemente sus cifras, tanto de viajeros como contables. Y cambiado su propiedad. En septiembre de 2018 dio entrada a la aseguradora alemana Allianz, que posee un 11,5% del capital. También el fondo de pensiones de los trabajadores de la industria danesa, IP Infra Investors, y el de los funcionarios de Misuri, Molagers, tienen un 7,6% y un 0,6%, respectivamente. El fondo GIP se ha quedado con el 76,6%, mientras que otro 7,7% sigue en manos de seis “reinversores”, accionistas que en 2018 vendieron al fondo de Nueva York pero continúan en NTV, entre ellos no sólo Montezemolo, sino también Peninsula Capital a través de PII1.

Quien abandonó el exitoso fondo de Borja Prado es Stefano Marsaglia. En julio de 2021 vendió sus acciones a los otros dos socios por varios millones de euros, que acabaron en su sociedad de Sharjah, Casan Holding FZE. En julio de 2019, según consta en el Registro Comercial de Luxemburgo, declaraba como lugar de residencia los Emiratos Árabes Unidos. Desde agosto de 2022, Marsaglia es miembro del consejo de administración de Generali, la mayor aseguradora italiana y cuyo principal accionista es Mediobanca. El año pasado creó además una gestora, llamada Azzurra Capital, domiciliada en Dubái y que cuenta en su consejo asesor con Flavio Cattaneo, otro de los “reinversores” de NTV, su actual vicepresidente ejecutivo y, en el momento de la venta a GIP, consejero delegado de la compañía. Cattaneo también acompaña a Marsaglia en el consejo de administración de Generali.

GIP tampoco es un desconocido en España, porque es el tercer mayor accionista de Naturgy, con el 20,6% del capital.

El ministro de Finanzas y portavoz del Gobierno de Andorra, Eric Jover, ha presentado su dimisión irrevocable después que este mismo lunes se hiciera público que no había presentado la declaración del impuesto de sociedades de su empresa desde 2019, según informa Europa Press.

Según ha informado el Gobierno en un comunicado, el hasta ahora secretario de Estado de Transición Digital y Proyectos Estratégicos, César Marquina, asumirá el miércoles las funciones de Jover como responsable de la cartera de Finanzas y también como portavoz del ejecutivo.

Jover, aun siendo ministro, es también el administrador único de Representacions Jover SLU, la empresa familiar de la cual asumió la gestión después de la muerte de su padre.

En una comparecencia ante los medios este lunes por la mañana ha admitido la dificultad de "compaginar" su trabajo como ministro con la gestión de la empresa y ha asegurado que su gestión empresarial no ha seguido los cánones para hacer crecer la empresa o para que obtuviera beneficios.

Así, ha explicado que ni en 2021 ni en 2022 se emitieron facturas a clientes y que solo se pagó a los proveedores, por lo que la empresa tenía pérdidas, por lo que hizo aportaciones económicas de su patrimonio personal.

La situación le llevó a "un error de interpretación" de la ley ya que consideraba que, como la empresa no facturaba y no tenía beneficios, "no había problema fiscal".

Pero la Agencia Tributaria le contactó hace un año por estos impagos y le abrió un expediente, que ha terminado con una propuesta de liquidación provisional de unos 20.000 euros en total.

Después de la comparecencia de la mañana, este lunes por la tarde Jover ha vuelto a comparecer, esta vez acompañado del jefe de Gobierno, Xavier Espot, para anunciar que había presentado la dimisión irrevocable y que Espot la había aceptado.

Según ha dicho, ha tomado la decisión para que no se ponga en entredicho el proyecto político que representa y el trabajo que lleva a cabo el Govern.

Espot ha agradecido la actuación "absolutamente ejemplar" del ministro a la hora de tomar una decisión que "demuestra que está a la altura de las circunstancias" frente al error cometido por el incumplimiento de las obligaciones tributarias de su empresa.

El jefe de Gobierno también ha elogiado el trabajo de Jover como responsable de Finanzas, así como cuando ejerció de ministro de Educación durante la anterior legislatura.

Jover ha hecho balance de su trabajo al frente del Ministerio de Finanzas, centrado en los últimos años en la gestión de la pandemia de covid-19 y su impacto en la economía del Estado.

Precisamente, ha destacado la diversificación de la deuda realizada esta legislatura, con emisiones internacionales por primera vez en Andorra y la adhesión al Fondo Monetario Internacional.

Los impuestos a la banca, las energéticas y las grandes fortunas entraron en vigor este jueves, una vez publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la ley que los crea. En principio, se recaudarán sólo durante los dos próximos años, aunque al acabar 2024 el Gobierno evaluará los resultados de los tres nuevos gravámenes y decidirá si se eliminan o se convierten en permanentes. El preámbulo de la ley recoge una prolija justificación de los tres impuestos, que tiene su eje en “la necesidad de reforzar el pacto de rentas”. Como instrumento fundamental para luchar contra los efectos de la escalada de precios, el pacto de rentas es, explica el Gobierno, “una fórmula de concertación de todos los agentes económicos para el reparto equitativo del coste de la inflación”. Y los poderes públicos, que son uno de esos agentes económicos, deben actuar como “catalizador” de ese pacto de rentas.

El problema es que ese pacto no existe. El Gobierno quiso ponerlo en marcha ya en primavera, pero sin ningún éxito y, como le reprochan los sindicatos y la patronal, sin siquiera una agenda. Sin embargo, la ley lo invoca hasta 21 veces a lo largo de su preámbulo. Las nuevas “prestaciones patrimoniales públicas no tributarias” que deberán pagar los grandes bancos y energéticas se configuran así como una “aportación obligatoria” que gravará, y reducirá, sus beneficios empresariales para “reforzar la acción pública dotándola de recursos adicionales para el sostenimiento del pacto de rentas respecto de los más desfavorecidos”.

En el mismo pacto de rentas, el Ejecutivo incluye, por ejemplo, el aumento del Ingreso Mínimo Vital (IMV), la revalorización de las pensiones, las ayudas directas a trabajadores, autónomos y desempleados con rentas bajas, además de a los sectores agrario, pesquero, del transporte y la industria gasintensiva, los más afectados por la subida de los precios energéticos. El Gobierno aduce que el coste de esas medidas públicas es muy superior al aumento de la recaudación, pese al vigoroso impulso que está recibiendo de la inflación. Los ingresos tributarios han superado este año en 10.000 millones los previstos en los Presupuestos Generales. Pero, según explica la ley, el Impuesto sobre Sociedades no es capaz de garantizar por sí solo un pacto de rentas “equilibrado y justo”, debido a los incentivos fiscales, regímenes especiales y créditos fiscales de ejercicios anteriores, que reducen las bases imponibles de las empresas.

Para sustentar su análisis, el Gobierno hace acopio de cifras. Los cuatro grandes grupos del sector eléctrico, gasista y petrolero del Íbex 35 –Repsol, Iberdrola, Naturgy y Endesa– sumaron 9.000 millones de beneficios en 2021. Su volumen de operaciones en el IVA creció un 70% respecto al año anterior. Y los cinco grandes bancos –Santander, BBVA, Caixabank, Sabadell y Bankinter– ganaron 20.000 millones en 2021. Para 2023, Morgan Stanley preveía que las ganancias aumentaran hasta 26.000 millones de euros, en un cáculo anterior a las subidas de tipos de interés del BCE, subraya el Ejecutivo.

El Ejecutivo también se apoya en el Banco de España para asegurar que el alza de los tipos ensancha los márgenes bancarios, que el BCE ha subido a su nivel más alto desde 2008 para controlar la inflación. La ley se extiende en detallar los millones de euros cobrados por los bancos según ha ido aumentado el coste del dinero: 26.512 millones netos anuales entre 2016 a 2019, con un tipo medio del 1,93%, pero 35.037 millones cuando el tipo medio era del 4,25% entre 2005 y 2012. El Gobierno añade incluso los 13.400 millones de euros que los cinco mayores bancos pagaron en dividendos a sus accionistas en 2021, cuando los tipos de interés aún estaban por los suelos. Según el INE, el tipo de interés medio en octubre alcanza ya el 2,66%.

Además, en ambos sectores, el peso de los gastos de personal respecto al valor añadido que generan está por debajo de la media de las grandes empresas, que alcanza el 52,73%. Por el contrario, en las energéticas apenas supera el 25% y en los bancos el 30%.

La prestación impuesta a la banca gravará con un 4,8% los intereses y comisiones de las entidades que facturaron más de 800 millones en 2019. Según los cálculos del Gobierno, el coste de ese gravamen para los grandes bancos equivale sólo al 0,06% de sus activos. “El impacto de la prestación es muy reducido”, resalta la ley, si se comparan los 1.500 millones de euros que se pretenden recaudar al año con las cifras de negocio de las mayores entidades: 660.844 millones en préstamos a hogares a más de un año y 396.054 millones a empresas, así como 917.105 millones en depósitos de hogares y 289.728 millones en depósitos de sociedades, aparte de 82.408 millones en hipotecas, de acuerdo con los datos del Banco de España.

Además, el Gobierno no deja de recordar el rescate financiero, los “importantes recursos públicos movilizados” para sanear el sector a partir de 2012. Entonces, “el conjunto de la sociedad” hizo “aportaciones” para el “rescate directo de unos pocos”. Ahora, son “unos pocos” los que deberán contribuir “en favor del conjunto de sociedad”, en nombre del “bien común y un futuro de prosperidad compartida”. El destino de estos recursos adicionales es financiar medidas de apoyo a los hogares vulnerables y a las empresas que más energía consumen, así como al ahorro y la autonomía energéticos, precisa la ley.

Finalmente, el preámbulo descarta que la prestación patrimonial impuesta a la banca se acumule con el Impuesto de Sociedades y resulte “desproporcionado”. El 4,8% del nuevo gravamen, sumado al tipo efectivo que paga la banca, el 23,02%, no alcanza el tipo nominal del 30% en Sociedades que se aplica al sector financiero, destaca el Gobierno, que intenta con todos estos argumentos “poner en perspectiva” el impacto de la nueva figura tributaria. “Como cualquier otra medida que reduce el beneficio empresarial, en este caso para reforzar el pacto de rentas, produce efectos, pero no parece que vayan a ser significativos en relación con las grandes cifras del sector”, concluye.

Tanto el impuesto a la banca como el de las energéticas han recibido fuertes críticas, desde los propios afectados hasta la oposición política. Uno de los rasgos más atacados ha sido que graven la cifra de negocio y los márgenes y comisiones, en lugar de los beneficios. El Gobierno replica que, convirtiendo esos dos parámetros en el hecho imponible, se asegura que la aportación de bancos y energéticas se aproxime a su cuota de mercado, lo que a su juicio garantiza una “distribución equitativa” del gravamen. Se trata, añade, de una contribución a un “fondo virtual solidario”, necesario –una vez más– para “reforzar el pacto de rentas”. Así diseñados, ambas figuras no tienen, por tanto, “carácter tributario”, sino que forman parte de la “intervención del Estado en la economía”, con el fin de “cumplir los principios y valores constitucionales que rigen el contrato social”.

El impuesto a las grandes energéticas gravará con un 1,2% la cifra de negocio de aquellas empresas que facturaron más de 1.000 millones de euros en 2019, una vez excluidos de esos ingresos los procedentes de las actividades reguladas –el Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor, la Tarifa de Último Recurso–. El objetivo de recaudación asciende a 2.000 millones anuales.

La misma ley incorpora también el Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas, que deberán pagar quienes posean un patrimonio superior a los tres millones de euros. Al igual que los gravámenes para bancos y energéticas, este impuesto a los más ricos tiene, en principio, una duración de dos años, aunque se evaluará su desempeño al final de su vigencia para decidir si se mantiene o se suprime.

Se trata de un impuesto complementario al de Patrimonio, por el que se tributará sólo por la parte de los bienes que no hayan sido gravados en la comunidad autónoma de residencia del contribuyente. Porque muchas de ellas, con Madrid a la cabeza, lo bonifican en un altísimo porcentaje. Este nuevo impuesto tiene un mínimo exento de 700.000 euros, a partir del cual tributan un 1,7% los patrimonios de entre tres y 5,3 millones de euros, un 2,1% los de entre 5,3 y 10,6 millones y un 3,5% los superiores a 10,6 millones.

El PIB de España aumentó un 15,5% entre 2015 y 2019, cuando alcanzó los 1.245,5 millones de euros. Los beneficios de sus empresas tuvieron un crecimiento mayor, casi un 24%: pasaron de 154.000 millones de euros a 191.000 millones. Fueron años de recuperación económica tras el batacazo de la crisis financiera. Pero los beneficios multinacionales, los que obtienen las empresas españolas en el extranjero, se dispararon en ese periodo, un 57%, al subir de 20.350 millones de euros a 32.000 millones. Es decir, crecieron el doble que las ganancias corporativas totales. Y con un brío similar lo hicieron también los beneficios que esas grandes compañías españolas desviaron hacia paraísos fiscales, un 46,5% más en 2019 respecto a cuatro años atrás. Ese traslado creciente de ganancias a territorios de baja o nula tributación se tradujo en una pérdida de recaudación para las arcas públicas españolas del 18% en 2019, cuatro puntos más que en 2015.

Los datos proceden de la más reciente actualización que Ludvig S. Wier y Gabriel Zucman, de las universidades de Copenhague y Berkeley, han realizado sobre Los beneficios perdidos de las naciones, un estudio que arrancaron en 2015. Su último informe, Global profit shifting, echa la mirada atrás y sigue la evolución que han tenido el desvío de beneficios a paraísos fiscales y la consiguiente pérdida de recaudación de los estados desde 1975.

Según sus cálculos, por tanto, el traslado de beneficios a paraísos fiscales realizado por las empresas españolas creció entre 2015 y 2015 tres veces más que el PIB y la pérdida de recaudación –un 28,5%– casi dos veces más. Como buena muestra de la creciente internacionalización de las compañías españolas, también las ganancias conseguidas fuera del territorio nacional aumentaron 2,5 veces más que el PIB en esos años.

Si esas cifras se comparan con el resto de los países europeos, España es la tercera nación en que más aumentó el desvío de beneficios empresariales a paraísos fiscales –6.200 millones más en cuatro años–, sólo detrás de Alemania –9.900 millones– y Francia -6.400 millones–. Aunque el traslado de ganancias de las empresas británicas fue muchísimo mayor, con un ritmo de crecimiento de 28.200 millones más. El volumen de capital que va a parar a paraísos fiscales desde el Reino Unido también es el mayor del continente: 106.200 millones de euros. Sólo Estados Unidos saca más beneficios fuera de su territorio, 160.200 millones en 2019, pero desde 2015 el aumento del desvío no ha sido tan considerable como el británico, 12.800 millones de euros.

También España se sitúa en el tercer puesto de la Unión Europea si se pone el foco en lo que ha crecido la pérdida de recaudación fiscal por este traslado de beneficios a lugares con menores impuestos. Letonia es el país que encabeza esta clasificación, con un aumento de 137 puntos porcentuales entre 2015 y 2019. La causa es un cambio legislativo que dejó el tipo efectivo del impuesto de sociedades en el 1% y hundió los ingresos de la Hacienda local. Le sigue Grecia, con un alza de cinco puntos, y después España, que iguala a Suecia y Hungría con cuatro puntos porcentuales. Es el doble de lo que creció la pérdida de recaudación en Estados Unidos. Además, mientras las arcas públicas españolas dejaron de ingresar un 18% en 2019 por culpa de esta transferencia de capitales, en EEUU la pérdida fiscal fue menor, un 16%. Reino Unido, en cambio, sigue a la cabeza en Europa tanto en volumen, con un 32% menos de ingresos en 2019, como en velocidad, con un aumento de 14 puntos respecto a 2015.

El estudio de Wier y Zucman considera paraísos fiscales a 30 territorios de todo el mundo, de los cuales 14, casi la mitad, se encuentran en el continente europeo. Si bien las islas del Caribe y Singapur son las que más ganancias multinacionales atraen, el tercer paraíso fiscal resulta ser Irlanda, con mayor volumen de capital en sus bancos que Suiza y Países Bajos. Todos ellos duplican los beneficios captados por Hong Kong, Bermudas o Luxemburgo.

El ritmo de crecimiento del desvío de beneficios empresariales y la consiguiente pérdida fiscal en España corren parejos a los que está sufriendo el resto del planeta. Según las cifras incluidas en el informe, el PIB mundial aumentó un 17% entre 2015 y 2019, punto y medio más que el español, mientras que los beneficios corporativos totales crecieron un 26% y los beneficios multinacionales, el doble, un 52%. Los que fueron trasladados a territorios de baja tributación aumentaron más incluso, un 57%. La pérdida de recaudación se elevó un 31%. En 2019, los Estados perdían de media un 10% de su recaudación por los beneficios que no gravaban en sus territorios. Es decir, la pérdida de ingresos de la Hacienda española superó ese año en ocho puntos porcentuales el promedio mundial.

Este ritmo es para los autores del estudio especialmente significativo teniendo en cuenta que en 2015 la OCDE empezó a aplicar el proyecto BEPS (Erosión de la Base Imponible y el Traslado de Beneficios, por sus siglas en inglés) para intentar frenar las estrategias de elusión fiscal de las empresas. Vier y Zucman explican que desde entonces el porcentaje de beneficios desviados a paraísos fiscales se ha mantenido más o menos estable por debajo del 40% de los beneficios corporativos mundiales. Por lo que consideran que el plan de la OCDE ha detenido el crecimiento de esas estrategias, pero es claramente insuficiente. Tampoco la ley –Tax Cuts and Jobs Act– que desde 2017 intenta reducir las ganancias que las multinacionales estadounidenses sacan de su territorio ha tenido el éxito esperado. La mitad de los 939.200 millones de euros en beneficios corporativos mundiales que se desvían a paraísos fiscales salen de EEUU.

Wier y Zucman también hace una revisión histórica de las estrategias fiscales de las grandes empresas, que ayuda a entender el fenómeno. Así, en los años 70, aseguran, apenas existía el desvío de beneficios a territorios de baja o nula tributación. Fue en la década de los 80 cuando comenzó a acelerarse el traslado de ganancias. Si en 1980 sólo el 2% de los beneficios corporativos mundiales terminaban en paraísos fiscales, en 1998 ya suponían el 20%. En ese periodo, la pérdida de recaudación fiscal no llegaba al 2,5%.

Pero a partir de 2000 el recorte de estos ingresos tributarios más que se duplicó, alcanzando el 5,8%. Como queda dicho, en 2019 está ya en el 10%. Tras ese crecimiento se sitúa un alza del volumen de beneficios desviados, que pasaron de representar el 20% de las ganancias multinacionales globales al comenzar el nuevo siglo a equivaler al 36% en 2015. Los autores del informe lo atribuyen a el enorme crecimiento de las ganancias de las grandes compañías tecnológicas, usuarias habituales de los paraísos fiscales. En 2019 el traslado de beneficios corporativos ha seguido subiendo y supone ya el 37,4% de las ganancias empresariales mundiales.

El estudio destaca que, desde 1975, los tipos efectivos del impuesto sobre sociedades han sufrido un recorte de un tercio: eran del 23% en 1975 y en 2019 se han rebajado al 17%.

La evolución de los tipos, del traslado de beneficios y de la recaudación explican los recientes acuerdos en la UE, la OCDE y el G-20 para establecer un impuesto mínimo internacional del 15%.

Pero también los impuestos a energéticas y bancos que diferentes gobiernos europeos están aprobando para gravar los que se ha dado en llamar beneficios caídos del cielo. Gabriel Zucman es igualmente uno de los autores de otro estudio, A modern excess profit tax, del Observatorio Fiscal de la UE. En él plantea, junto a Manon François, Carlos Oliveira y Bluebery Planterose, utilizar como base imponible el aumento de la capitalización bursátil de las energéticas. Una propuesta que difiere del plan europeo, que pretende gravar los beneficios, y de la española, que grava los ingresos. Aplicar un tipo del 33% a esas ganancias en bolsa de las grandes compañías energéticas proporcionaría unos ingresos de 65.000 millones de euros a las arcas europeas, casi tres veces más que la recaudación prevista para el impuesto europeo.

Según sus cálculos, Repsol se ha revalorizado en bolsa, sólo entre enero y septiembre de este año, en 2.450 millones de euros, por lo que debería pagar 808 millones si se le aplicara ese impuesto. Iberdrola, con una ganancia en bolsa de 340 millones de euros, tributaría por 112 millones. La energética que más ha ganado en capitalización bursátil en Europa es, no obstante, la francesa TotalEnergies, 12.700 millones, por lo que su factura sería de 4.200 millones de euros. Poco, si se compara con los 51.600 millones en que se ha revalorizado Shell y por los que debería tributar 17.000 millones de euros.

Estos expertos proponen un segundo tipo de impuesto, que gravaría sólo los beneficios obtenidos por estas compañías fuera de sus territorios. La recaudación se elevaría entonces a 75.100 millones de euros, con un tipo igualmente del 33%. En este supuesto, Repsol debería pagar 2.700 millones de euros por los 8.300 millones de beneficios obtenidos fuera de España.

Endesa es hasta ahora la única empresa que ha hecho público un cálculo de cuánto deberá pagar por el nuevo impuesto que prepara el Gobierno: 300 millones de euros al año. Según los analistas del Banco Sabadell, Repsol podría tener que abonar hasta 1.082 millones si se aplicara el impuesto diseñado por Bruselas, mientras que la italiana ENI se quedaría en 455 millones y la francesa TotalEnergie 1.926 millones de euros.

La Comisión Europea también incluye en sus medidas para limitar los beneficios extraordinarios de las energéticas a las productoras de electricidad a partir de renovables o de energía nuclear, a las que prevé gravar con 117.000 millones de euros. Los autores del estudio del Observatorio Fiscal de la UE, por su parte, proponen extender este tipo de tributos a las empresas de armamento, que también están notando la guerra de Ucrania en su valor bursátil, aunque en este caso la recaudación –que no cuantifican–sería mucho menor, porque también lo es su capitalización.

Salvo sorpresas de última hora, los impuestos a la banca, las energéticas y las grandes fortunas se aprobarán este jueves en el pleno del Congreso tal y como han quedado diseñados tras su paso por la Comisión de Economía la semana pasada. El dictamen de la proposición de ley presentada por los grupos socialista y de Unidas Podemos contó con el respaldo de 21 votos y el rechazo de 16 diputados, e incluye enmiendas de PNV, PDeCat y EH Bildu. De forma que el diseño final de los tres gravámenes ha incorporado algunas variaciones sobre el esquema elaborado por el Gobierno. Incluso menciona el informe del Banco Central Europeo (BCE) del 2 de noviembre, que advertía al Ejecutivo de los riesgos que aplicar el impuesto a los bancos puede suponer para el sector financiero y para el crecimiento económico en general.

Además, alguna de las enmiendas aprobadas se ajusta a las recomendaciones del BCE, que no son vinculantes, pero que las entidades financieras han aplaudido como sostén de sus argumentos para las demandas judiciales que ya han anunciado contra el impuesto.

Así, la recaudación del nuevo gravamen a la banca por sus beneficios extraordinarios se destinará a unos fines determinados, “en línea con lo aconsejado por el dictamen del Banco Central Europeo de 2 de noviembre de 2022”, se señala en la exposición de motivos. De hecho, la proposición de ley reproduce literalmente una de las recomendaciones del BCE, que considera necesaria “una clara separación entre la cuenta extraordinaria creada a partir de los ingresos procedentes de los gravámenes y los recursos presupuestarios generales de las administraciones públicas para evitar su utilización con fines de saneamiento presupuestario general”.

Varios grupos parlamentarios habían pedido al Gobierno en sus enmiendas que precisara los fines a los que se van a dedicar los ingresos procedentes de estos tres nuevos tributos. Ciudadanos y PDeCat se remitieron a los detallados en el reglamento de la UE sobre intervenciones de emergencia para hacer frente a los elevados precios de la energía. Mientras que Vox reclamaba que la recaudación del impuesto a las energéticas se destinara “íntegramente, hasta el último céntimo”, a rebajar las facturas de la luz de “las familias españolas”, en especial las que se encuentren “en riesgo de pobreza”. Y el impuesto a la banca, a sufragar incentivos fiscales o ayudas a la compra o alquiler de la vivienda y al pago de hipotecas.

Finalmente, PSOE y Unidas Podemos han incorporado la lista de fines establecidos por la UE para el impuesto a eléctricas y petroleras: apoyo financiero tanto a los hogares vulnerables en el pago de las facturas como al ahorro de energía, a las empresas grandes consumidoras de energía, siempre que inviertan en renovables o medidas de eficiencia, y al desarrollo de la autonomía energética. También podrá destinarse la recaudación de estos impuestos a financiar “la protección del empleo y el reciclaje profesional”.

El dictamen del BCE desaconsejaba igualmente que el impuesto a la banca se aplicara sólo a determinadas entidades de crédito españolas, porque “podría falsear la competencia en el mercado y perjudicar la igualdad de condiciones, tanto dentro del país como en toda la unión bancaria”. Tras su paso por el Congreso, el nuevo gravamen va a afectar también a los bancos extranjeros que tengan sucursales en España, “con independencia de la suma de sus ingresos por intereses y comisiones”. Es decir, “a todas las entidades radicadas en España que, por su tamaño, importancia económica […] quedan bajo la supervisión directa del BCE”. De forma que “no se altere la competencia en el mercado” y se favorezca “la igualdad de condiciones”. La idea original era que gravara sólo a las entidades españolas con ingresos por intereses y comisiones superiores a los 800 millones. Tanto Ciudadanos, como el PNV y PDeCat habían pedido que se grave únicamente a las entidades que operen en territorio español y se elimine el límite de los 800 millones, que sin embargo se mantiene.

El impuesto a las energéticas sólo se aplicará a la parte del negocio de estas compañías que se desarrolle en España, según explica la enmienda de PSOE-UP, igualmente para “alinearse” con el reglamento comunitario sobre precios de la energía.

También pedía el BCE al Gobierno que hiciera un análisis exhaustivo de las posibles consecuencias negativas del impuesto a la banca, en particular sobre el impacto en la rentabilidad de las entidades financieras. En su momento, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró que, ya antes de elaborar la proposición de ley, el Ejecutivo había evaluado el margen de los bancos para hacer frente al gravamen, que se ha configurado como una prestación patrimonial. Y, por iniciativa de EH Bildu, el Gobierno se ha comprometido a preparar un estudio, al finalizar 2024, sobre los resultados del gravamen. Y lo hará, de nuevo, “a la vista de las consideraciones que efectúa el BCE en su dictamen del 2 de noviembre de 2022”, evaluando la situación del sector bancario, la evolución de los tipos de interés y las comisiones”, así como el efecto acumulativo del gravamen junto con el Impuesto sobre Sociedades”. Antes, en el último trimestre de 2023 también tendrá que hacer un informe provisional sobre el primer año de aplicación del impuesto. Pero el objetivo de esos análisis será decidir si el gravamen se convierte en permanente o no. Al mismo examen y con idéntico fin se someterá el impuesto a las energéticas.

Sobre la rentabilidad de las entidades financieras, el Banco de España publicó la semana pasada los datos del segundo trimestre de este año: la han mantenido en los niveles que tenían en 2021. La rentabilidad sobre capital alcanza el 10%, superando por tanto “con holgura”, destaca el supervisor, el coste del capital medio, que se sitúa en el 7%. El Banco de España también hará su propio análisis sobre el impacto del nuevo tributo una vez que se apruebe en el Congreso.

Tanto EH Bildu como el BNG querían que se eliminara de la proposición de ley todas las menciones al pacto de rentas, que el Gobierno promueve con sindicatos y patronal para repartir el coste de la crisis energética y de precios, precisamente con el fin de que el impuesto no fuera una medida temporal. Las referencias al pacto –bloqueado desde su mismo anuncio y sin visos de prosperar–se mantienen, al igual que la prohibición a empresas energéticas y bancos de que repercutan el coste del gravamen en los clientes. Pese a que era esta una de las críticas del BCE al diseño del tributo, además de otra de las peticiones tanto de Ciudadanos como de PDeCat. La formación naranja y los catalanes también pretendían que el tributo a las energéticas fuera deducible del Impuesto sobre Sociedades. Ciudadanos pidió que se excluyera de la prestación patrimonial a las eléctricas. Los catalanes, a las empresas que carecen de instalaciones de refino.

Sí que prosperó la idea de Ciudadanos, PDeCat y PNV para que no se gravara la parte regulada del negocio de las energéticas, la que ofrece el Precio Voluntario del Pequeño Consumidor (PVPC). Como el precio está fijado por ley, esa actividad, razonan los grupos, no generan un beneficio extraordinario.

Por el contrario, se quedó en el tintero una modificación que promovieron PDeCat, ERC, Junts y Compromís: que los tributos recaudados tanto con el impuesto a los bancos como a las energéticas se repartieran en un 50% para el Tesoro Público y otro 50% entre las comunidades autónomas. En el primer caso, en función del porcentaje en que cada territorio participa de los ingresos obtenidos con el Impuesto sobre los Depósitos en las Entidades de Crédito. Y en el segundo, según el consumo neto de electricidad en cada comunidad autónoma.

Con la prestación patrimonial que deberán pagar las grandes energéticas, se gravará su cifra de negocio con un tipo del 1,2% a las que superaran en 2019 los 1.000 millones de euros de facturación. Los bancos que ingresaron más de 800 millones en 2019 en concepto de intereses y comisiones deberán pagar un 4,8% de esa cantidad. Ambos gravámenes se cobrarán durante 2023 y 2024. El Gobierno preveía recaudar 2.000 millones de euros al año con el primero y 1.500 millones con el segundo, pero tras la exclusión del negocio regulado y de las empresas extranjeras, los ingresos por el tributo a las energéticas se reducirán a la mitad, de acuerdo con los cálculos realizados por Bankinter y citados por Europa Press.

Finalmente, el impuesto a las grandes fortunas, que fue incluido como una enmienda en la proposición de ley, se ha diseñado como complementario del Impuesto sobre el Patrimonio, que gravará a quienes superen los tres millones de euros también en 2023 y 2024. Los tipos serán del 1,7% para los patrimonios entre tres y 5,3 millones, del 2,2% para quienes posean entre 5,3 y 10,6 millones y del 3,5% para los que estén por encima de 10,6 millones de euros. 

La presentación del nuevo paquete fiscal del Gobierno este jueves por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha generado un debate: ¿inciden los beneficios fiscales sobre la clase media? La ministra, en la presentación, había asegurado que la rebaja del IRPF afectaría al 50% de los trabajadores, los que se encontraban por debajo del salario mediano de 21.000 euros. Apenas una hora después de la presentación del paquete fiscal, Alberto Núñez Feijóo fue rotundo: “Las clases medias no van a tener ningún tipo de rebaja de impuestos”. ¿A cuántas personas y en qué tramos beneficia la bajada del IRPF?

La clase media ha ido adelgazando en las últimas tres décadas, según la desigualdad ha ido avanzando. infoLibre hizo una aproximación para tratar de identificar quién compone la clase media en España, según la definición de la OCDE. Según estos tramos, la clase media la compondrían alrededor de un 55% de los trabajadores, 11,7 millones de personas. Por debajo queda el 40,9%, de clase baja (8,7 millones), y por encima el 4,3% restante (900.000 personas), que sería la clase alta. 

Los cambios en el IRPF benefician, por un lado a los trabajadores que ingresan entre 14.000 y 15.000 euros, que ya no tendrán que hacer la declaración de la renta, y por otro, a los trabajadores que ingresan entre 18.000 y 21.000 euros, a los que se mejoran los beneficios fiscales. El tamaño de las categorías de la Agencia Tributaria impide hacer una aproximación precisa. El tramo al que afecta es el mayoritario de la clase media, el que agrupa al 20% de los trabajadores, aunque no beneficia a todos. Este tramo incluye a las personas que cobran entre 12.000 y 21.000 euros, que son 4,3 millones de trabajadores. Dentro de este no es posible calcular a cuántas personas benefician las medidas.

En ese sentido, las personas con rentas bajas, por debajo de los 14.000 euros no se pueden ver beneficiadas a través del IRPF, ya que no tienen están obligadas a presentar la declaración de la renta. Tampoco las personas de clase media-baja, que están en el tramo entre 15.000 y 18.000; ni las personas de clase media, ni media-alta que se ubican por encima de los 21.000 euros. 

Las otras ventajas fiscales son las que benefician a las pequeñas empresas y a los autónomos. Las primeras, verán como su impuesto de sociedades se rebaja a un 23%, desde el 25%. Los autónomos tendrán dos mejoras: una rebaja adicional del 5% para el rendimiento neto de módulos y una elevación al 7% (desde el 5%) para deducirse gastos de difícil justificación. El Gobierno estima que estas dos medidas afectarán respectivamente a unos 577.000 y 956.000 trabajadores por cuenta propia.

Con la información disponible, no es posible determinar a qué categoría de autónomos afectan ambas medidas, en relación a sus ingresos. Según fuentes de la Asociación de Trabajadores Autónomos, la posibilidad de poder deducir más gastos de difícil justificación beneficiará a los autónomos no societarios, es decir, los que no han constituido una SA o una SL. Las sociedades tienen mayores facilidades para justificar una serie de gastos, pero los requisitos para una persona física son mayores. Por ejemplo, el carburante para ir al centro de trabajo. En este sentido, la medida amplía los márgenes. No obstante, entre los autónomos no societarios hay situaciones de todo tipo, desde una persona propietaria de una pequeña peluquería que esté en apuros, hasta un arquitecto con grandes ingresos.

Las rebajas fiscales del IRPF y las medidas que conciernen a los autónomos supondrá un ahorro para los beneficiarios de 2.065 millones de euros (cantidad que deja de ingresar el Estado). No obstante, la subida de impuestos para los grandes patrimonios y empresas provocará que el paquete en conjunto deje un balance final positivo, que supondrá unos ingresos extraordinarios de 3.144 millones de euros. Esta medida se contextualiza en un momento en el que las cuentas públicas españolas están en un momento delicado, con un 118% de deuda pública y un 6,9% de déficit fiscal, según los datos de 2021. Solo del impuesto de las grandes fortunas, se espera recaudar alrededor de 1.500 millones de euros.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado este jueves la creación de un impuesto de las grandes fortunas. La medida, de carácter temporal entre los ejercicios de 2023 y 2024, afectará a los patrimonios mayores de tres millones de euros, en tres tramos. Entre tres y cinco millones de euros, un tipo impositivo del 1,7%; entre cinco y diez millones, del 2,1%, y por encima de los diez millones, un tipo del 3,5%. El Gobierno estima que la medida afectará a 23.000 contribuyentes, el 0,1% del total, y supondrá un ingreso extraordinario de alrededor de 1.500 millones de euros.

La particularidad de este impuesto es que en la práctica inutilizará la bonificación del 100% anunciada por regiones como la Comunidad de Madrid o Andalucía. Aunque afectará a rentas superiores a las previstas por el impuesto del patrimonio, ya que el mínimo de este tipo es de 700.000 euros, un millón si se tiene en cuenta la deducción de 300.000 por la primera vivienda. La cantidad abonada por el impuesto del patrimonio en el resto de regiones será deducible, para evitar una situación de doble imposición. Este impuesto, llamado “de solidaridad de las grandes fortunas” es la medida estrella de un paquete más amplio, que aumenta la carga fiscal para grandes patrimonios y empresas y la reduce para los trabajadores con menos ingresos. El Gobierno calcula que el conjunto de las medidas supondrá un aumento de 3.144 millones de euros en los próximos dos años.

El Gobierno ha anunciado una subida de tipos impositivos para los ingresos por las rentas del capital para cantidades superiores a 200.000 euros. La subida se aplicará en dos tramos: entre 200.000 y 300.000 euros, subirá de un 26% a un 27%. Además, se creará un nuevo tramo para las cantidades superiores a los 300.000 euros, que aumentará dos puntos, hasta el 28%. Hasta ahora, existían cuatro tramos, que gravaban las rentas del capital entre el 19% y el 26%.

Por otra parte, se limitará en un 50% la posibilidad de compensar las pérdidas de las filiales en los grupos consolidados, una medida que afectará, también de manera temporal, a las grandes empresas. Esto implica que si una gran empresa española tiene una filial en China, y en España tiene beneficios pero en el país asiático pérdidas, hasta ahora podía compensar las pérdidas con los beneficios, y pagar solo por la diferencia. Ahora, solo podrán computarse la mitad de esas pérdidas de las filiales. El Gobierno estima que esta medida afectará a 3.609 empresas, el 0,2% de las declarantes del impuesto de sociedades. “Es una medida quirúrgica para grandes contribuyentes”, indicó la ministra de Hacienda. 

También hay novedades respecto al IRPF en término de rentas de los trabajadores, un impuesto que ha estado sujeto a un intenso debate en estos últimos días, tras el anuncio de deflactaciones de tramos por varias comunidades autónomas, incluyendo la Comunidad Valenciana. El Gobierno anuncia que se elevará de 14.000 a 15.000 el mínimo obligatorio para declararlo. El fin de esta medida es compensar la situación fiscal de las personas que se vean beneficiadas por la subida del salario mínimo interprofesional.

Por otro lado, se aumentarán los beneficios fiscales para las personas que declaren entre 15.000 y 21.000 euros. Es una medida que trata de mejorar la situación fiscal de las rentas más bajas, sin deflactar el IRPF. “El IRPF funciona como una escalera. Si reducimos el tamaño del primer escalón, el conjunto de la escalera, incluso para el que más alto sube, también queda reducido”, ha criticado la ministra Montero. El Gobierno calcula que un trabajador que gana 18.000 euros, se ahorrará unos 746 euros en la declaración de la renta, una rebaja que ronda el 40%. La medida beneficiará al 50% de los trabajadores, ya que el salario mediano se encuentra en torno al 21.000. Esto supondrá un ahorro de 1.881 millones de euros entre 2023 y 2024. 

Respecto a los autónomos, el Gobierno propone una rebaja adicional del 5% en el rendimiento neto de los módulos, lo que beneficiará a 577.000 trabajadores por cuenta propia. Por otro lado, se elevará la reducción de gastos deducibles por el régimen de estimación directa, lo que impactará positivamente en las cuentas de más de 956.000 autónomos. Entre las dos medidas, este colectivo tendrá un ahorro fiscal de 184 millones de euros. 

Desde el punto de vista empresarial, las micropymes tendrán una rebaja en el impuesto de sociedades, que pasaría del 25% al 23% para pequeñas empresas con una facturación por debajo de un millón de euros. Esta medida afecta a 407.384 empresas, según cálculos de Hacienda. 

Los ministros de economía de Francia, España, Alemania, Italia y Países Bajos han suscrito este viernes una declaración conjunta para anunciar su compromiso de aplicar el tipo mínimo del 15% al impuesto de sociedades a multinacionales a partir de 2023, ya sea mediante la cooperación reforzada con otros socios de la UE como a nivel nacional, con el objetivo de salvar el veto que impone el Gobierno húngaro a la medida desde hace meses, según informa Europa Press.

"No queremos ni optimización fiscal ni evasión fiscal en Europa. Hace cinco años que trabajamos en ello y teníamos un acuerdo a Veintisiete hasta hace poco", ha advertido el ministro francés de economía, Bruno Le Maire, en una comparecencia sin preguntas en Praga, acompañado por los titulares económicos de los demás firmantes, incluida la vicepresidenta del Gobierno español, Nadia Calviño.

Le Maire ha señalado que los Veintisiete se enfrentan a "un bloqueo debido al veto de Hungría", un veto que Francia "rechaza" y por el que cree "es momento de decidir poner en marcha" alternativas para asegurar que la medida, en línea con lo acordado en el marco de la OCDE y del G20 el pasado año, sale adelante el próximo año.

"Estamos listos para implementar la tributación mínima efectiva global en 2023 y ello mediante cualquier medio legal posible. También estamos totalmente comprometidos a completar el trabajo sobre la mejor reasignación de los derechos fiscales de las ganancias de las grandes multinacionales globales con el objetivo de firmar una convención multilateral para mediados de 2023", indica la declaración firmada por los cinco países.

Calviño, por su parte, ha afirmado que España está "fuertemente comprometida" con el objetivo de establecer un mínimo a nivel europeo y ve la urgencia de avanzar frente al "bloqueo" favorecido por las reglas comunes que obligan a lograr la unanimidad de los Estados miembro para promover cambios fiscales.

"En este momento en el que los europeos afrontan retos importantes, necesitamos asegurarnos de que no existe una competencia a la baja y de que nuestros sistemas fiscales son justos y de que las grandes empresas también contribuyen al coste de la guerra", ha indicado la vicepresidenta económica, después de recalcar el compromiso de incorporar "lo antes posible" el tipo mínimo al ordenamiento europeo.

El ministro italiano del ramo, Daniele Franco, ha precisado que Italia prefiere actuar por unanimidad y seguirá apoyando los esfuerzos en las negociaciones a Veintisiete para tratar de desbloquear la situación, si bien coincide en que "si no se consiguiera, deberemos proceder de otro modo".

Por su parte, el alemán Christian Linder ha dicho que Berlín está dispuesta a transponer a su ley nacional el tipo mínimo del 15% pero prefiere actuar con un "enfoque coordinado en la Unión Europea", por lo que ha dejado claro que "todos los Estados miembro están invitados a apoyar" esta medida.

Finalmente, la ministra holandesa de finanzas, Sigrid Kaag, ha apuntado la importancia de demostrar que los socios europeos son capaces de "avanzar" y "no permitir la erosión selectiva" de los acuerdos que negocian entre ellos.