Adjudicación de contratos

La presidenta de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación ha avisado de que hay "mucha confusión" y déficits de transparencia en torno al procedimiento de emergencia utilizado en los más de 22.000 contratos suscritos durante la pandemia. 

No hace falta más que un pequeño ejemplo para evidenciar que las administraciones locales, autonómicas y nacionales han llegado a niveles inhóspitos de absurdidad en la gestión del dinero de los contribuyentes.

El ICO utiliza el procedimiento negociado sin publicidad para adjudicar a PricewaterhouseCoopers la verificación de la validez de los préstamos que los bancos han concedido con el aval del Estado. Es el séptimo encargo recibido por PwC desde 2014. El ICO tiene sólo 346 empleados; la KfW alemana, 6.700.

España sólo fue capaz de absorber el 43% de los 56.500 millones de euros que le correspondieron entre 2014 y 2020 de los fondos estructurales de la UE. Ahora tiene que digerir tres veces más recursos con el Fondo de Recuperación, el mayor desembolso de estímulo económico de la historia europea. También es el Estado con más denuncias por irregularidades en el uso de los fondos estructurales.

Preocupado por la imagen, el consistorio ya ha pedido a la adjudicataria que cambie las papelerías por oficinas propias. Lo hará “en dos o tres meses”.

El decreto-ley enviado por la organización empresarial al Gobierno prevé una "excepción" parcial de la legislación para los fondos europeos.

La contratación pública se ha desplomado un 55,5% hasta junio, según la patronal Seopan.

La institución ferial de Madrid envió un correo invitando a uno de los licitadores a una apertura de sobres cuatro días después de que se celebrara.

El Juzgado de Instrucción número 50 de Madrid abre diligencias por la adjudicación irregular que hizo Tragsa de cuatro contratos a la consultora Reinforce.

El Ministerio de Transportes –antes Fomento– abre una “investigación preliminar” sobre la actuación de la jefa de Informática de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF), que aprobó adjudicar un contrato a una empresa de su marido.

La jefa de Informática de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, Nuria Marabini, avaló en 2017 la adjudicación del contrato a una UTE en la que participaba una empresa que era 100% propiedad de su esposo.

El Tribunal de Cuentas ha realizado un informe en el que se fiscaliza por primera este tipo de contratos y concluye que en general estos consistorios cumplen la normativa vigente.

Políticas Sociales les encargó a dedo en 2009 y por 67.000 y 69.000 euros sendos trabajos sobre dependencia que, dice ahora la Consejería, no llegaron a ejecutarse porque hubo "una orden". Quién y por qué echó el freno con la tecnológica hoy investigada en 'Púnica' y la consultora fundada por el exministro de Hacienda, Equipo Económico SL, es un misterio. 

Un informe del Observatorio de la Deuda en la Globalización denuncia que estas fórmulas de gestión son más caras y menos transparentes que la explotación pública de las infraestructuras y servicios.

La Seguridad Social saca a subasta por 59,6 millones de euros un centro de formación con hotel, restaurante, auditorio, gimnasio y piscina repartidos en 25.666 metros en Pozuelo de Alarcón (Madrid). 

Los seis ministerios del área político-administrativa del Estado eludieron enviar al Tribunal de Cuentas en 2016 un total de 330 contratos, de los cuales 311 correspondían al departamento que encabezaba Pedro Morenés. El 95% de los contratos ocultados al órgano de control son negociados sin publicidad, el procedimiento más opaco.

infoLibre desveló que, entre 2008 y 2011, MC Infortécnica SL recibió al menos 907.000 euros en adjudicaciones de la Comunidad.

Un estudio de la CNMC revela que el 42% de los concursos son negociados sin publicidad, en teoría un procedimiento excepcional y restringido. 

Aseguradoras, suministradores tecnológicos o de servicios aéreos con sede en Reino Unido son adjudicatarios de concursos públicos en España. Tras el 'Brexit', no podrán tener más de un 50% de accionistas extracomunitarios si quieren contratar con las administraciones españolas. 
 

La Policía Nacional interroga al director de la empresa pública de emergencias sanitarias de la Consejería de Salud. 

Futuver acusa al Colegio de Registradores ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de vender software a precio por debajo de coste. La firma asturiana fue parte de una dura polémica con los registradores y Justicia en 2014 a cuenta de un contrato informático.

Competencia ha impuesto desde 2015 multas por importe de 293,44 millones a empresas por repartirse contratos y encarecer los precios de los servicios y suministros públicos. El órgano regulador acaba de abrir expediente a siete de las principales constructoras del país por preparar de forma concertada las ofertas en licitaciones de obras públicas.