Adjudicación de contratos

infoLibre desveló que, entre 2008 y 2011, MC Infortécnica SL recibió al menos 907.000 euros en adjudicaciones de la Comunidad.

Un estudio de la CNMC revela que el 42% de los concursos son negociados sin publicidad, en teoría un procedimiento excepcional y restringido. 

Aseguradoras, suministradores tecnológicos o de servicios aéreos con sede en Reino Unido son adjudicatarios de concursos públicos en España. Tras el 'Brexit', no podrán tener más de un 50% de accionistas extracomunitarios si quieren contratar con las administraciones españolas. 
 

La Policía Nacional interroga al director de la empresa pública de emergencias sanitarias de la Consejería de Salud. 

Futuver acusa al Colegio de Registradores ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de vender software a precio por debajo de coste. La firma asturiana fue parte de una dura polémica con los registradores y Justicia en 2014 a cuenta de un contrato informático.

Competencia ha impuesto desde 2015 multas por importe de 293,44 millones a empresas por repartirse contratos y encarecer los precios de los servicios y suministros públicos. El órgano regulador acaba de abrir expediente a siete de las principales constructoras del país por preparar de forma concertada las ofertas en licitaciones de obras públicas.

La empresa estatal concede el servicio de información de vuelo en cuatro aeropuertos a una sociedad de Ildefonso de Miguel, mano derecha de Ignacio González en el Canal de Isabel II. Aena defiende la legalidad de la adjudicación, acordada el 24 de julio.

Los copilotos con contratos temporales de Babcock MCS España han enviado cartas de renuncia y no se han incorporado a sus trabajos al comienzo de la campaña contraincendios, el pasado día 1.

La Comisión Europea no cree que el Gobierno vaya a cumplir el objetivo de déficit ni este año ni el próximo. 

Jurídicos militares critican la sentencia que condenó a dos tenientes coroneles por recibir dinero y regalos de empresarios a cambio de información privilegiada de los contratos de Defensa.

Los oficiales Cruz Picazo y Epifanio Ramírez, que también apelarán en casación, recibían dinero y regalos a cambio de contratos de Defensa.

El CNI informó en marzo de 2014 a Defensa de las prácticas corruptas del teniente coronel Epifanio Ramírez Requeno. Defensa lo destituyó del puesto que ocupaba en la unidad de contratación, pero lo envió a otro puesto similar, donde siguió delinquiendo hasta que fue detenido en abril de 2015.

El ministerio suspendió de empleo a los tenientes coroneles Cruz Picazo y Epifanio Ramírez mientras eran procesados, pero recibieron nuevos destinos en 2016.

Los oficiales cobraban en metálico, recibían relojes de lujo e invitaciones al palco del Bernabéu. También lograron contratos para sus hijos en las empresas a las que favorecían con contratos del Ministerio de Defensa.

Las administraciones han publicado 3.419 nuevos concursos de servicios desde enero de este año hasta el pasado día 8 de marzo, un día antes de que entrara en vigor la nueva Ley de Contratos del Sector Público; en las mismas fechas de 2017, sólo fueron 22.

La intervención se enmarca dentro de una operación anticorrupción en la que la Audiencia Nacional investiga a la empresa adjudicataria en una macrocausa judicial que afectaría a la Federación Española de Fútbol.

El procedimiento judicial se suma al de Seguridad Integral Canaria, cuya insolvencia fue declarada el pasado mes de enero. Los vigilantes de Novo Segur cobran salarios un 40% por debajo del sector, fijados en un convenio colectivo que ha sido anulado por el Tribunal Supremo.

Ratifica a versión ofrecida por su subordinado acerca de la existencia de una práctica institucionalizada en la multinacional para pagar determinadas cuantías a cargos públicos a cambio de contratos.

La Policía acusa a la Junta de favorecer a dos empresas de helicópteros a costa de la seguridad de la atención urgente. "Estoy segura de que se demostrará que se trabaja con rigor", afirma la consejera de Salud en un debate a petición de la oposición tras publicar infoLibre el informe policial sobre el caso.

Sostiene que se emitían facturas falsas bajo el concepto de 'Business Plan', que escondía el pago a cargos públicos.

USO denuncia que los pliegos del macrocontrato para proveer de seguridad privada a los aeropuertos de AENA, de 359 millones de euros, no incluyen el acuerdo, firmado por los ministerios de Empleo y Fomento, que acabó con la huelga de vigilantes de El Prat.