Ceuta se encuentra desde hace un mes en una situación límite por la entrada masiva de migrantes del pasado 31 de julio. De los 5.000 que continúan en la ciudad autónoma, más de 2.600 son menores (1.478 ya filiados y una estimación de otros 1.200 todavía en la calle), según los últimos datos compartidos por la ministra de Infancia, Sira Rego. Ceuta, con capacidad para acoger a 29 menores, no puede asumir esa presión. De ahí la necesidad de trasladarlos a otros recursos de acogida en otras comunidades mientras se resuelve individualmente si pueden regresar con sus familias o deben permanecer en España.  

Sin embargo, no todas las comunidades están a favor de estos traslados. Por ello, el año pasado el Gobierno puso en marcha el Real Decreto 2/2025, con el que se creó el mecanismo obligatorio de reubicación entre comunidades cuando existe una contingencia migratoria extraordinaria. Desde el 29 de agosto de 2025 esta contingencia está activa en Ceuta, Melilla y Canarias, y comenzó el proceso de reubicación.

Ceuta ha trasladado ya a 720 menores desde esa fecha al resto de comunidades, según indican fuentes del Ministerio de Infancia. Eso significa que durante este primer año se han realizado, de media, 60 traslados al mes. 

Teniendo en cuenta el ritmo al que se han llevado a cabo estos traslados, solo para trasladar a los 2.678 menores que entraron el 31 de julio en Ceuta harían falta tres años y nueve meses si se utiliza únicamente la vía ordinaria prevista en el real decreto. Según indican desde Infancia, esta es una de las principales razones por las que han pedido “solidaridad” a las comunidades para abrir otras vías de traslado más rápidas.

Entre ellas se encuentran los acuerdos entre Ceuta y asociaciones de infancia, mediante los que el Ministerio ya ha planteado la posibilidad de trasladar a las primeras 500 niñas; los acuerdos bilaterales entre territorios; y el acogimiento familiar, sobre el que la ministra ha destacado que hay muchas familias interesadas y que es necesario estudiar cómo llevarlo a cabo. 

Aunque son varias las comunidades que se han mostrado abiertas a explorar estas nuevas vías, según ha confirmado la propia ministra, no ha querido precisar de cuáles se trata para mantener la discreción hasta que finalice el proceso. Otras, sin embargo, rechazaron los traslados desde el primer momento. Aragón, Extremadura y Castilla y León, donde Vox tiene las competencias en materia de infancia, se negaron a participar en la Conferencia de Infancia del 27 de agosto y enviaron una carta en la que rechazaban cualquier tipo de reparto. Otras comunidades gobernadas por el PP, como Madrid o Baleares, también se han mostrado en contra.

Esta misma polémica se ha colado este lunes en la comparecencia de Sira Rego en el Congreso de los Diputados, donde PP y Vox han sido los únicos partidos que han rechazado frontalmente los traslados, aunque eso suponga ir en contra de la ley. La ministra ha defendido que la postura del Gobierno es conseguir que estos menores puedan volver con sus familias, pero siempre que el retorno sea posible, responda al interés superior del menor y se complete el proceso que marca la normativa.

Según la legislación española, para decidir si un menor debe ser devuelto a su familia, debe seguirse primero un procedimiento individualizado que incluye informes de la Fiscalía de Menores, de los servicios sociales y del país de origen sobre la situación de su familia. Se trata de un proceso largo, como ha explicado Rego, de ahí la necesidad de trasladar a estos menores a otras comunidades como medida para aliviar la situación de Ceuta y proporcionar a estos niños y niñas un lugar seguro donde permanecer.

Sin embargo, por mucho que muestren su rechazo, las comunidades no pueden frenar los traslados que se realicen al amparo del real decreto, ya que son de obligado cumplimiento. El problema reside en el tiempo necesario para completarlos: más de tres años sin que Ceuta pueda recuperar la normalidad supondría una situación insostenible tanto para sus ciudadanos como para los menores migrantes.

El 30 de julio de 2026 va a quedar marcado en la historia de Ceuta. Unas 72.000 personas cruzaron ese jueves a nado la frontera desde Marruecos y accedieron a la ciudad autónoma. Aunque en los días siguientes un 90% de los migrantes que cruzaron, según estimaciones del Gobierno, volvieron a Marruecos, muchos de ellos se quedaron en busca de un futuro mejor.

Sobre el origen de esta entrada masiva todavía hay más dudas que certezas. El Gobierno español en ningún momento se ha atrevido a apuntar directamente a Marruecos como actor necesario y solo ha hablado de llamamientos masivos por redes y un papel predominante de las mafias migratorias. Tampoco se conoce si el Ejecutivo tuvo información que hubiera permitido evitar o controlar esta entrada.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, declaró este martes en el Congreso de los diputados que los 25 agentes del CNI que se encuentran en Ceuta sí avisaron al Ministerio del Interior sobre el peligro días antes, una versión que negó ese mismo día Fernando Grande-Marlaska y al que se le sumaron otros ministros como Félix Bolaños o Ángel Víctor Torres.

Más allá de estas contradicciones en el seno del Gobierno, lo cierto es que una gran cantidad de migrantes se quedaron en la ciudad autónoma tras aquel 30 de julio. Aunque el dato total se desconoce, desde el Ejecutivo indican que la cifra ronda, hasta el día de hoy, las 5.000 personas, casi un 6% de la población de Ceuta. Muchos de ellos deambulan y pernoctan en las calles o en campamentos improvisados ante la falta de espacio en las instalaciones de la ciudad.

Gran parte del pueblo ceutí se volcó en ese primer momento en auxiliar a estos recién llegados y, ya fuera por iniciativa propia o a través de asociaciones vecinales, les ayudaron con sus asentamientos y les proporcionaron comida y medicamentos. En los dos primeros días de agosto los agitadores de ultraderecha Alvise Pérez, Vito Quiles y miembros de Núcleo Nacional hicieron un primer intento de caldear el ambiente, pero fueron rechazados por el pueblo ceutí entre abucheos y gritos de “¡Esto es Ceuta, no Torre Pacheco!”.

En el ámbito político, la postura del PP nacional fue desde el principio la de pedir la “expulsión” de todos los que habían entrado. El presidente popular de Ceuta, Juan Jesús Vivas, que lleva años apelando a la solidaridad del resto de comunidades para el reparto de migrantes, principalmente de los menores, se alineó a partir del 19 de agosto con su partido. “La ley se va a cumplir, pero la devolución de todos los menores y mayores es el objetivo”, aseguró en una rueda de prensa junto al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Sin embargo, la propia ley española no permite actualmente las devoluciones masivas de migrantes. En el caso de los adultos, se les tiene que abrir un expediente en dependencias policiales para permitir su expulsión, pero el proceso se complica con los menores, un colectivo más protegido. Según el artículo 35 de la Ley Orgánica 4/2000 de Extranjería, se tienen que seguir una serie de pasos que incluyen informes individualizados sobre el menor, informes de la Fiscalía de Menores, datos sobre su familia y una audiencia con el propio menor para poder determinar si es más seguro que vuelva con su familia o se quede en España.

Y es que, en la crisis de Ceuta, los menores se han convertido en uno de los frentes abiertos más complicados. Actualmente Interior tiene unos 1.500 menores filiados, de los que 700 son niñas y entre los que predominan los menores de 13 años. Sin embargo, el número puede ser mayor y asociaciones como Save the Children hablan de unos 2.000 niños y niñas en la ciudad.

“Una gran parte de estos menores se encuentran todavía en los campamentos improvisados por los vecinos y otros están en el monte, en la playa, buscándose la vida o escondiéndose porque creen que les van a devolver”, describe a infoLibre Catalina Perazzo, directora de influencia y desarrollo territorial en Save the Children España, que añade que lo que más están sufriendo es “miedo y ansiedad”, porque desconocen qué les va a pasar y muchos han vivido trayectos “muy complicados” para llegar aquí.

Desde el Ministerio de Infancia mantienen que la prioridad es devolver a estos menores con sus familias, pero mientras se lleva a cabo el procedimiento que determine su futuro están buscando vías para trasladarlos a otros centros de la península para que puedan vivir en sitios seguros y protegidos. Para ello han aprobado entregar 25 millones de euros a Ceuta y están pidiendo al resto de comunidades “solidaridad” para abrir todas las vías posibles que permitan estos traslados.

Una de estas vías es el traslado urgente de 500 niñas a centros de asociaciones en defensa de la infancia, una medida que, por el momento, solo es una idea; Ceuta es quien tiene que activar los mecanismos para que se ponga en marcha, pero no ha realizado ningún avance. Perazzo pide también a la ciudad que entregue “más recursos de acogida” para apoyar a las asociaciones vecinales y que puedan mantener a estos menores en unas buenas condiciones y con acceso a agua, alimentación e higiene.

Una vez más, la cuestión de los traslados de los menores no ha estado exenta de polémica. Las tres comunidades autónomas en las que Vox tiene las competencias de infancia (Aragón, Extremadura y Castilla y León) se negaron a participar en la Conferencia de Infancia del 27 de agosto, anunciando su voto en contra del reparto de los 25 millones y de “cualquier pretensión de reparto”. Otros territorios como Madrid y Baleares sí votaron a favor del dinero y participaron en la reunión, pero mantienen una posición crítica con el reparto.

Para aliviar la situación en Ceuta, el Gobierno habilitó el 20 de agosto uno de los terrenos pertenecientes al Ministerio de Defensa, la explanada de Loma Margarita, como dispositivo de acogida temporal. Gestionado por la ONG Accem, lleva más de una semana acogiendo a 1.100 migrantes que hasta ese momento se encontraban malviviendo en la playa del Trampolín. “Es un perfil muy concreto, ya que se trata de hombres adultos de países subsaharianos”, explica a este periódico Pedro Santiago, portavoz de la organización.

Desde que llegaron a este centro, se ha conseguido un avance exponencial. “El primer día nos limitamos a darles unas atenciones muy básicas de comida, asignación de camas, que estuviesen bajo techo y acceso a cuartos de baño, pero con el paso de los días hemos podido habilitar una zona para que jueguen al fútbol, les estamos dando clases básicas de español y acompañándolos a la comisaría para que puedan iniciar las peticiones de asilo”, relata el portavoz, que añade que el ambiente es en general tranquilo y colaborativo.

Para permitir la apertura de más lugares de acogimiento temporal y mejorar la coordinación entre todas las administraciones, el Gobierno creó un mando único esta misma semana bajo el liderazgo del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. El presidente ceutí llevaba pidiendo esta medida desde los primeros minutos de la crisis.

Otro de los aspectos que Santiago destaca de Loma Margarita es que les está permitiendo dar atención sanitaria a los migrantes. “Son pequeñas lesiones, como cortes, dolores de garganta, de muelas o diarreas, temas que se tratan muy fácilmente, pero al no haber tenido acceso a atención médica no se podía hacer un seguimiento hasta ahora”, describe.

Se trata de una situación sanitaria muy diferente de la que Feijóo describió el domingo 23 y con la que llegó a pedir un confinamiento en Ceuta. Pedía que se confinara a todas las personas portadoras de enfermedades infectocontagiosas, tras haber hablado con el presidente del Colegio de Médicos y la presidenta del Colegio de Enfermería de Ceuta, que le trasladaron la existencia de casos de tuberculosis, sarna, más de 450 casos de gastroenteritis y algún caso de varicela.

La ministra de Sanidad, Mónica García, respondió en un tuit defendiendo que el confinamiento planteado es “injustificado y totalmente desmesurado” y concretó los casos reales que había en la ciudad, explicando que ninguno representaba un riesgo para la salud del resto de la ciudadanía.

Sin embargo, este y otros discursos contra los migrantes se han unido a la desesperación de parte de la sociedad ceutí y esta última semana se han vivido protestas y acciones cargadas de racismo y de odio organizadas a través de grupos de WhatsApp y Telegram.

Este miércoles 26 de agosto, miles de personas se concentraron frente a la Delegación del Gobierno de Ceuta y se corearon lemas como “invasores, expulsión”. Con el avance de la tarde, las palabras se convirtieron en acciones y unas 400 personas se dirigieron a las playas del Trampolín y Benítez, donde todavía se concentran grandes grupos de migrantes, e intentaron agredirlos, mientras tiraban sus colchones, mantas y todo tipo de pertenencias al mar. La Policía tuvo que utilizar medios disuasorios para evitar que los ataques se intensificaran. 

Al día siguiente un centenar de personas hicieron un bloqueo sentándose en la carretera para impedir que un convoy de Cruz Roja que llevaba agua y comida pudiera llegar a los migrantes. La Policía tuvo que intervenir para permitir el reparto entre gritos de “fuera invasores” y “la Cruz Roja es una mafia”. Tras este bloqueo, un grupo saltó el cordón policial y entró en los asentamientos de las playas, destrozando tiendas, estructuras y pertenencias y prendiendo fuego a una parte de ellas.

Amnistía Internacional ha mostrado su “preocupación” ante estos hechos y pide a “las autoridades que protejan a todas las personas, incluyendo migrantes y refugiadas, y que garanticen que el personal humanitario pueda desarrollar su labor en condiciones de seguridad”. En la misma línea, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad comienzan a mostrar nerviosismo y la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha hecho un “llamamiento a la calma”, advirtiendo que “una espiral de violencia dejaría a los agentes policiales atrapados en medio del conflicto”.

Para atajar estos problemas, el Gobierno ha acordado una nueva lista de lugares para poder acoger a migrantes, que tiene que ser aprobada en el próximo Consejo de Ministros, con el objetivo de ofrecerles una mayor seguridad. “Vamos a lograr esa normalidad y lo vamos a hacer en la mayor brevedad posible. Vamos a intentar acortar los plazos y ese es el compromiso que también les quiero trasladar”, declaró este jueves el ministro Torres, mientras los miles de migrantes y la población ceutí esperan impacientes a que realmente se consiga esa normalidad.

En Ceuta se encuentran actualmente unos 1.500 menores migrantes que ya están filiados, de los cuales 700 son niñas y hay un claro predominio de los menores de 13 años, según los datos compartidos este jueves por la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego. Son 1.500 menores que ya se encuentran inmersos en los primeros pasos del proceso que debe determinar si su futuro pasa por quedarse en España o volver a su país de origen con sus familias.

Desde el Gobierno indican que su prioridad es que estos menores puedan regresar con sus familias, pero esta no siempre es una posibilidad y para ello hay que estudiar primero si ese retorno es realmente seguro. Para ello se abre un proceso en el que participan la Fiscalía de Menores y diferentes servicios de protección del menor. Este proceso tiene que incluir un informe del país de origen para conocer la situación de su familia y finaliza con una audiencia con el propio menor en la que puede expresar sus preferencias.

“No es algo sencillo”, ha señalado la ministra Rego y, sobre todo, es un proceso largo. Al tener Ceuta tan solo 29 plazas ordinarias para acoger menores, surge la necesidad del traslado de estos niños y niñas a otros territorios, para poder mantenerlos en una situación segura y controlada mientras se llevan a cabo todos los trámites.

Aquí entra en juego el Real Decreto 2/2025, que establece que, en casos de “contingencia migratoria extraordinaria”, como la que está ocurriendo en Ceuta, los menores pueden ser trasladados a centros de otras comunidades autónomas para que asuman la tutela y se pueda reducir la presión sobre el territorio de origen. 

Aunque un poco más ágil, este proceso también requiere de una serie de pasos, como la elaboración de un informe individualizado y la decisión del Ministerio de Infancia sobre qué comunidad autónoma debe acoger al menor, por lo que, en situaciones de extrema gravedad como la actual crisis humanitaria, surge la necesidad de abrir nuevas vías.

La ministra de Infancia ha pedido a las comunidades autónomas “solidaridad” en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia celebrada este jueves para recurrir a estas nuevas vías que permitirían trasladar a los menores más rápidamente y sacarlos de la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran en Ceuta, además de liberar a la ciudad autónoma de gran parte de la presión que se vive en sus calles. 

A la reunión no han acudido Aragón, Castilla y León y Extremadura. Los tres territorios, en los que las competencias sobre la infancia están en manos de Vox, enviaron una carta indicando que estaban en contra de los 25 millones de euros a Ceuta que se han aprobado y de “cualquier pretensión de reparto” de menores. Añadían que impugnarán judicialmente los traslados que no terminen en un retorno a Marruecos. 

Del resto de comunidades que han acudido, Galicia asegura estar dispuesta a acoger menores, pero reclama que el Estado asuma el coste y que exista una planificación previa. Euskadi también mantiene su disposición a colaborar, aunque reclama conocer antes la situación individual de los menores y recuerda que todavía no ha recibido una petición formal. Navarra se ha ofrecido directamente a acoger menores y ha planteado estudiar convenios bilaterales con Ceuta y acogimientos familiares. Baleares, por su parte, apoyó los fondos pero descarta acoger nuevos menores por falta de capacidad. Castilla-La Mancha advierte de que su sistema está ya sobreocupado y reclama más recursos.

Madrid anunció su participación a la reunión a última hora, pero lo ha hecho rechazando que se aborde el reparto y mantiene que los menores deben ser devueltos con sus familias. Por su parte, la Junta de Extremadura ha pedido celeridad a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, para que inicie y resuelva de manera "inmediata" los expedientes individualizados de devolución de los menores migrantes que permanecen en Ceuta, con el fin de no "perjudicar" el interés superior del menor y el de sus padres.

La primera opción son los convenios que puede firmar Ceuta con entidades en defensa de los menores para que sean estas las que los acojan en sus centros por toda España. Esta propuesta lleva ya en el aire más de una semana, desde que el propio ministerio sugirió a Ceuta que podría llevarlo a cabo con un primer grupo de 500 niñas.

Este número lo determinó el ministerio tras hablar con las diferentes asociaciones de menores, que le indicaron que actualmente tienen 500 camas disponibles y se decidió que fueran mayoritariamente niñas, ya que son el grupo más vulnerable. Sin embargo, este es un proceso que solo puede ponerse en marcha desde la ciudad autónoma, ya que en este caso la ciudad autónoma seguiría manteniendo la tutela de estos menores, y por el momento no se ha hecho ningún avance.

En la misma línea, otra de las vías posibles consiste en la firma de acuerdos bilaterales entre Ceuta y otra comunidad para acoger a estos menores de forma solidaria.

En estos casos, es el territorio de origen el que lanza una petición de ayuda al resto de comunidades y estas responden con el número de plazas que pueden ofrecer. Es un proceso más rápido, pero tiene que seguir también una serie de pasos en los que ambos territorios tienen que ponerse de acuerdo en el número de menores que pueden ser trasladados, qué perfiles concretos tienen y siempre se debe contar con la opinión de los propios niños y niñas elegidos.

Por último, existe la posibilidad de que el menor sea acogido por una familia residente en España hasta que finalice todo el proceso. Esto no equivale a una adopción, ya que la familia no se convierte en tutora, sino que simplemente ejerce la guarda cotidiana mientras la Administración mantiene la responsabilidad protectora. El Código Civil obliga a la familia a cuidar, alimentar, educar e integrar al menor en su vida familiar.

Desde el Ministerio de Infancia indican que ya han recibido mensajes de familias que “de manera generosa y unilateral” se han puesto a disposición del Gobierno para acoger a niños y niñas desde distintos puntos de la península. Para que una familia pueda acoger a un menor, tiene que ofrecerse ante los servicios de protección de la comunidad en la que reside y a partir de ahí esta Administración debe comprobar que es una familia adecuada, mediante entrevistas, evaluaciones y la revisión de sus circunstancias personales y del hogar. 

Una vez identificada una posible familia, también hay que contar con la opinión del menor y con su consentimiento. Si la familia reside fuera de Ceuta, ambas administraciones tienen que ponerse de acuerdo para formalizar el acogimiento y organizar el traslado. En estos casos, Ceuta seguiría manteniendo la tutela del menor, pero es la comunidad donde vive la familia la que debe encargarse de su seguimiento. El acogimiento puede ser temporal o permanente y puede finalizar si cambian las circunstancias o si aparece otra solución que resulte más adecuada para el menor.

El Ministerio de Infancia ha estado explorando todas estas vías, pero, como ha explicado la propia ministra, aunque el Ejecutivo central puede prestar apoyo económico, las competencias recaen sobre Ceuta, que es quien tiene la tutela, y el resto de comunidades, por lo que ha pedido un “ejercicio de solidaridad que responda a las competencias que tenemos cada uno de los estamentos del Estado”.

“Hemos perdido una oportunidad histórica de liderar la Europa de los valores y los derechos”. Estas son las palabras con las que la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) describe los anteproyectos presentados este martes por el Gobierno para sustituir la ley de asilo y modificar la de extranjería y acusa al Gobierno de plantear “medidas regresivas” que ponen en riesgo a personas que pueden necesitar protección internacional. 

Desde el Ministerio del Interior han defendido que estos cambios son una adaptación necesaria al nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo y tienen el objetivo de crear un sistema “más ágil, eficaz, ordenado y garantista”. Estos dos anteproyectos se encuentran todavía en tramitación y deben pasar por el resto de ministerios para que propongan modificaciones antes de poder llegar a las Cortes para su aprobación final.

El Pacto Europeo fue aprobado en mayo de 2024, pero no entró en aplicación oficialmente hasta el 12 de junio de este año. Integrado por diez textos, nueve reglamentos y una directiva, los países de la Unión Europea “están 100% obligados a cumplirlos”, según explica la abogada especializada en protección internacional Yolanda Bassas. Los reglamentos son directamente aplicables y, si una norma nacional entra en conflicto con ellos, “la norma europea tiene prioridad”. Sin embargo, existe cierta flexibilidad en puntos concretos, que permite a los países hacer leyes “más garantistas”, añade la letrada.

Uno de los conceptos más controvertidos introducidos en el Pacto Europeo es el de “instrumentalización de la migración”, incorporado mediante el Reglamento 2024/1359. Se refiere a situaciones en las que un tercer país o un agente hostil facilita movimientos de personas hacia las fronteras de la UE con una finalidad de desestabilización. No basta, por tanto, con una llegada numerosa. Para Bassas, lo ocurrido en Ceuta constituye, a su juicio, “un perfecto ejemplo” de instrumentalización y lo define como una “crisis humanitaria y una crisis geopolítica”, no migratoria.

Aunque el anteproyecto de la nueva ley de asilo no menciona directamente el concepto de “instrumentalización”, en el punto tercero de su artículo 81 indica que “los supuestos de aplicación de los procedimientos de examen acelerado y de frontera y su duración respectiva podrán verse alterados en situaciones de crisis o de fuerza mayor, en aplicación del Reglamento (UE) 2024/1359”, que incluye entre esos supuestos la instrumentalización.

Sin embargo, la posible activación de este mecanismo no depende de la legislación nacional, por lo que desde su puesta en marcha el pasado 12 de junio, podría haber sido utilizado por España en el caso de Ceuta, pero eso habría supuesto que España tendría que haber apuntado directamente a Marruecos como precursor de la entrada masiva ante la Comisión Europea.

Una vez que se activa esta situación, la Unión Europea autoriza al país concreto a retrasar hasta cuatro semanas el registro de solicitudes, ampliar de 12 a 18 semanas el procedimiento fronterizo de asilo y permitir que prácticamente todas las solicitudes de las personas instrumentalizadas sean examinadas en frontera.

Uno de los principales cambios es precisamente el mayor peso de los procedimientos rápidos y fronterizos. Para las personas que llegan de forma irregular, el nuevo sistema europeo establece un triaje previo a su derivación al procedimiento que corresponda, en el que se realizan comprobaciones de identidad, salud, vulnerabilidad y seguridad. 

El Pacto Europeo establece un plazo máximo de siete días para realizar este triaje, pero la nueva ley de extranjería española propone que sea solo de 72 horas. Durante ese tiempo la persona estará a disposición de la Policía Nacional y si no se consigue concluir, un juez tendrá que determinar las instalaciones en las que deberá permanecer hasta finalizarlo, sin superar en ningún caso los siete días totales desde la aprehensión, rescate o presentación en frontera.

“Es extremadamente complejo reducir los plazos y catalogar a las personas de manera tan rápida”, denuncia Bassas, ya que los casos de asilo “son extremadamente complejos y se han de estudiar uno a uno”.

El anteproyecto fija además un máximo general de 12 semanas para el conjunto del procedimiento fronterizo, incluida la fase judicial, aunque la fase administrativa tiene un máximo ordinario de seis semanas y determinadas solicitudes formuladas directamente en un puesto fronterizo deben recibir un primer examen en un plazo de dos semanas. “En un procedimiento de frontera, en el que hay escasos días para decidir si una persona puede solicitar asilo, es muy complicado”, señala Bassas. Lo que debe decidirse con mayor rapidez es su admisibilidad y, en su caso, si reúne los requisitos para obtener protección y, según destaca la letrada, “a veces necesito días y días para saber si una persona cumple o no los perfiles y conocer su historia”.

CEAR critica también la posibilidad de encadenar internamientos con distinto fundamento jurídico. El anteproyecto establece que, si una persona ya está internada para garantizar una expulsión, devolución o retorno y presenta entonces una solicitud de protección internacional, la Administración podrá solicitar al juez un nuevo internamiento, esta vez vinculado al procedimiento de asilo. Mientras dure este segundo internamiento se suspende el cómputo del primero, que puede reanudarse posteriormente si desaparece el derecho de permanencia. El internamiento durante el procedimiento de protección internacional tiene, a su vez, un máximo de 60 días y debe estar justificado individualmente.

Sin embargo, no todos los cambios que se proponen en estos anteproyectos vienen impuestos de Bruselas. Esta nueva normativa permitiría que España disponga de listas nacionales propias de países seguros, además de las que establezca la Unión Europea. Esto significa que se faculta al ministro del Interior a aprobar una lista española de países de origen seguros, previa consulta con otros departamentos, organismos públicos y ACNUR.

Esto plantea una nueva problemática, ya que como describe Bassas, la nacionalidad no determina por sí sola la necesidad de protección. Como abogada ha atendido casos de personas procedentes de países considerados seguros que finalmente obtuvieron protección internacional. “Que alguien tenga una nacionalidad determinada no descarta por completo que pueda solicitar asilo”, advierte.

Por su parte, CEAR cuestiona varios de estos cambios que no vienen exigidos directamente por el Pacto. El anteproyecto elimina de la Ley de Asilo la posibilidad específica de conceder una autorización de residencia por razones humanitarias cuando el procedimiento de protección internacional finalice con una denegación, una figura que hasta el momento existe en España.

La organización también denuncia que el anteproyecto de ley dificultaría enormemente la reagrupación familiar de las personas refugiadas al exigir requisitos de medios económicos y vivienda adecuada si se presenta la solicitud de reagrupación pasado un año, un criterio que en la actual ley no es obligatorio.   

Ante la reforma planteada por Interior, Bassas coincide en que la reforma de la Ley de Asilo era necesaria por la antigüedad de la norma actual, de 2009, por el fuerte crecimiento del número de solicitudes —más de 165.000 en 2024— y porque su desarrollo reglamentario quedó incompleto, pero teme que la nueva norma “no vaya a ser tan garantista como la que existe actualmente o que recorte derechos”. En la misma línea, CEAR pide al Gobierno español que “recapacite y retire esta propuesta para que no sea recordada como la más involucionista de las tres reformas que se han aprobado en democracia”.

Pasados 26 días desde el inicio de la crisis migratoria en Ceuta, el Gobierno ha decidido activar un mando único para atajar la situación. La medida ha sido anunciada este mismo lunes por el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, como un “antes y un después” en cuanto a la gestión y ha sido definitivamente aprobada este martes a través de un real decreto, respondiendo así a la solicitud que había hecho el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas.

Para encabezar este mando se ha designado al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y en él participan también representantes de Ceuta, incluido su presidente, el delegado del Gobierno en la ciudad autónoma, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y los 11 ministros implicados, con el asesoramiento del Departamento de Seguridad Nacional. El real decreto indica, además, que esta situación estará vigente hasta el 31 de diciembre, pero podrá ser prorrogada si es necesario.

De hecho, la publicación del real decreto tiene que recoger específicamente la crisis concreta que se declara, qué territorio queda afectado, cuánto durará la situación y, si procede, cuánto podrá prorrogarse. Además, el Gobierno está obligado a informar inmediatamente al Congreso de las medidas adoptadas y de la evolución de la crisis.

Aunque la expresión “mando único” se ha utilizado coloquialmente en otras crisis como la de los incendios, el apagón de 2025 o la pandemia de covid, la de Ceuta marca la primera vez que un Gobierno activa la Situación de interés para la Seguridad Nacional recogida en los artículos del 23 al 26 de la Ley 36/2015, de 28 de septiembre, de Seguridad Nacional.

Esta situación excepcional no equivale a un estado de alarma ni supone que el Gobierno pueda suspender derechos o sustituir las competencias de las administraciones que ya actúan en Ceuta. La propia Ley de Seguridad Nacional la define como una fórmula para aquellas crisis cuya “gravedad, urgencia, dimensión y carácter transversal” hacen necesaria una coordinación reforzada de las autoridades competentes, pero siempre en el ejercicio de sus atribuciones ordinarias y bajo la dirección del Gobierno.

En la práctica, el cambio simplemente consiste en colocar bajo una misma estructura de dirección las competencias que hasta ahora estaban repartidas entre distintos ministerios y administraciones. En el caso de Ceuta, eso incluye la seguridad y el control fronterizo, la gestión migratoria, los retornos, las solicitudes de asilo, la atención a los menores, los servicios públicos y las consecuencias económicas de la crisis.

Esto significa que Torres no se convierte en el superior de todos los profesionales que trabajan en Ceuta (policías, militares, funcionarios de la ciudad de Ceuta, etc.). La propia ley habla de una autoridad “funcional”, y el Tribunal Constitucional dejó claro en 2016 que la aportación temporal de medios durante una crisis no implica una adscripción orgánica de esos cuerpos a la Administración estatal. Cada administración conserva sus competencias y sus estructuras y lo que cambia es la forma de coordinar su actuación durante la crisis. 

En el caso de Ceuta y, según lo que recoge la ley, el mando único no puede, por el hecho de existir, ordenar una devolución que la legislación de extranjería o una resolución judicial impidan; eliminar las garantías de un procedimiento de asilo; prescindir de las reglas de protección de los menores; o suspender derechos fundamentales. Tampoco permite por sí mismo imponer restricciones generales a la circulación o adoptar medidas extraordinarias propias de un estado de alarma. La Ley de Seguridad Nacional establece expresamente que esta situación se afronta con los poderes y medios ordinarios de las administraciones y que no puede implicar la suspensión de derechos y libertades públicas.

Esto marca diferencias con crisis anteriores en los que se ha hablado de mando único. El precedente más cercano en cuanto a funcionamiento práctico son las emergencias de interés nacional de protección civil, recogido en la Ley 17/2015, de 9 de julio. La última vez que se aplicó fue el pasado mes de julio durante los grandes incendios que afectaron a Madrid, Ávila y, después, Toledo.

En ese caso sí existía una dirección operativa específica: el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, asumió la dirección de la emergencia y el titular de la Unidad Militar de Emergencias (UME) ejerció como director operativo. La dirección podía integrar sobre el terreno los recursos estatales, autonómicos y locales movilizados para hacer frente a los incendios. La propia normativa de protección civil establece que, en una emergencia de interés nacional, las funciones de dirección operativa corresponden al titular de la UME bajo la superior dirección del ministro del Interior.

El apagón del 28 de abril de 2025 siguió un esquema similar. El Gobierno declaró una emergencia de interés nacional de protección civil porque la caída generalizada del sistema eléctrico afectó simultáneamente a infraestructuras y servicios esenciales en varias comunidades autónomas. La lógica era la de una emergencia concreta, en este caso una catástrofe tecnológica y la recuperación de servicios básicos, que requería una dirección nacional de la respuesta.

Pero la gran diferencia de mando único, sin lugar a dudas, es el que hubo durante la pandemia de Covid-19, en la que el mando centralizado no se apoyó en la Ley de Seguridad Nacional, sino en el estado de alarma declarado el 14 de marzo de 2020 y que se sustentó en la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio. El Gobierno era la autoridad competente y se designó como autoridades delegadas a los ministros de Defensa, Interior, Transportes y Sanidad. El decreto permitió así adoptar medidas extraordinarias sobre la movilidad —como el confinamiento—, las actividades económicas y los servicios públicos.

Esta diferencia es fundamental porque el estado de alarma pertenece a un régimen constitucional excepcional, mientras que la situación de interés para la Seguridad Nacional está diseñada para gestionar una crisis sin abandonar el marco ordinario de competencias. En Ceuta, por tanto, el objetivo es coordinar mejor la aplicación de las leyes existentes a diferencia de lo que sucedió durante la primera fase de la pandemia, cuando el Gobierno disponía además de instrumentos jurídicos extraordinarios para imponer determinadas medidas restrictivas de forma directa.

El pasado 30 de julio, unas 70.000 personas cruzaron la frontera con Marruecos y entraron en Ceuta. Han pasado tres semanas y, aunque el número de migrantes ha disminuido —las últimas estimaciones hablan de 5.000 personas migrantes aún en la ciudad— todavía se está “muy lejos” de restablecer la normalidad, según ha descrito este mismo lunes el delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano.

¿Se podría haber evitado esta crisis? ¿Se está trabajando lo suficiente para que la ciudad pueda volver a la normalidad? ¿Cuántos migrantes quedan realmente y cuál va a ser su futuro? Son algunas de las dudas que todavía quedan y que, a partir de este martes y hasta el lunes que viene, se espera que puedan ser respondidas por los ocho ministros que van a comparecer en sus respectivas comisiones en el Congreso de los Diputados.

La primera gran pregunta que queda por resolver es si esta entrada masiva se podría haber evitado, por lo que es importante conocer la información que manejaba el Gobierno antes del 30 de julio y qué acciones se llevaron a cabo. La primera ministra que tendrá que responder a esta cuestión es Margarita Robles, titular de Defensa, que este martes abre el turno de palabra.

En una comparecencia pública ante los medios, la ministra ya eludió la pregunta de si el CNI, dependiente de Defensa, había alertado al Ministerio del Interior. Se limitó a destacar el “trabajo excepcional” de sus profesionales, por lo que los diputados aprovecharán para pedir más explicaciones.

En la misma línea, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, podrá arrojar más luz sobre esta cuestión en su comparecencia del viernes, concretamente sobre qué coordinación policial existió con las autoridades marroquíes antes, durante y después de la crisis, qué información recibió España y qué compromisos se han alcanzado para evitar una nueva entrada masiva.

Otro de los puntos en los que se centrarán los interrogatorios de ambos ministros, es en el papel que tuvo Marruecos. Desde el Gobierno no han querido hacer alusiones directas al país vecino, indicando que detrás de la llegada masiva estarían las mafias de migrantes y un llamamiento masivo en redes. Robles ha sido la única que se ha salido un poco de este molde y el pasado 3 de agosto reclamó a las autoridades marroquíes que “investiguen qué ocurrió y quién estuvo detrás de los movimientos organizados a través de las redes” y consideró imperativo que “quien haya estado detrás de esto, las mafias o quien lo haya consentido o tolerado, tendrá que asumir responsabilidades”.

Otros ministros como Marlaska, Albares o Elma Saiz este mismo martes han defendido que Marruecos sigue siendo un “socio fiable y leal”, indicando que tuvo una “disposición de colaboración” desde el primer momento.

Sin embargo, quién más podrá responder sobre este tema, es el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, que ha mantenido una comunicación constante con su homólogo marroquí, Nasser Bourita. El Gobierno sostiene que Marruecos no actuó de forma hostil ni está detrás de la entrada masiva, por lo que la aclaración de en qué información se basa esa conclusión será una de las cuestiones centrales.

Otro punto relevante es lo ocurrido entre el 30 de julio y el 15 de agosto, día en el que se esperaba una segunda entrada masiva que nunca se llevó a cabo, principalmente porque Marruecos desplegó a sus fuerzas de seguridad y controló los accesos. Las preguntas estarán enfocadas en qué cambió entre ambas fechas en la relación con las autoridades marroquíes.

Por su parte, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, tendrá que responder el jueves sobre las gestiones y contactos con su homólogo marroquí. Será preguntado sobre si ha solicitado asistencia judicial a Marruecos para identificar a los muertos, si existe una relación de desaparecidos y quién coordina jurídicamente la entrega o repatriación de los cuerpos.

El titular de Justicia deberá responder también a la petición del Consejo General del Poder Judicial para reforzar el servicio de guardia y la plaza con competencia en materia de violencia sobre la mujer de Ceuta, cuestión que ha abordado este lunes en una carta en la que indica que “tiene todo preparado” para cuando se le dé traslado de la solicitud del Tribunal de Instancia de Ceuta.

Otra de las grandes preocupaciones en Ceuta tiene que ver con la respuesta sanitaria que se ha dado a la crisis. En la Comisión de Sanidad del jueves, la ministra de Sanidad tendrá la oportunidad de confrontar su versión con la de la oposición, en la que el PP ya ha pedido la dimisión de la ministra por lo que describen como un “colapso sanitario”.

El PP ha reprochado que García no ha reforzado las plantillas pese a las advertencias de los médicos que se encuentran en Ceuta y Elías Bendodo llegó a cifrar el único refuerzo por parte del Ejecutivo en “dos médicos y dos enfermeros”.

El Ministerio respondió negando esta situación y explicando que los hospitales, tanto urgencias como atención primaria, han funcionado dentro de los niveles de “normalidad”. García añadió que se ha agilizado la contratación de hasta 60 nuevos sanitarios y reforzado las plantillas de urgencias en torno a un 17% más. Sin embargo, los sindicatos de médicos alegan que el Hospital Universitario de Ceuta se encuentra al 125% respecto a la capacidad estival habitual y que solo el 25% lo ocupan migrantes.

El foco se pondrá también sobre la aparición de enfermedades contagiosas. El debate se ha agravado este fin de semana con las declaraciones de Alberto Núñez Feijóo reclamando al Gobierno que estudie confinar a las personas portadoras de enfermedades infectocontagiosas por el riesgo de tuberculosis, sarna, varicela o gastroenteritis. 

La propia ministra le respondió que un confinamiento “es injustificado y totalmente desmesurado” y que, por el momento, solo se han confirmado tres casos de tuberculosis, dos de ellos no contagiosos, tres sospechosos de varicela, de los cuales dos no tienen que ver con la población migrante, y 450 casos de gastroenteritis, ya controlados y relacionados con el consumo de agua contaminada.

Sin embargo, la gran duda tiene que ver con la situación actual de los migrantes en Ceuta. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha habilitado cuatro espacios temporales con una capacidad inicial de 1.500 plazas y posteriormente ha elevado a 1.800 las plazas disponibles, con organizaciones como Accem y Cruz Roja encargándose de gran parte de la atención.

Incluso con estos cambios, sigue habiendo personas que duermen en playas y espacios públicos y se han conocido casos de migrantes que pagan hasta 500 euros semanales por dormir en trasteros. La ministra de Migraciones, Elma Saiz tendrá que explicar si la capacidad de acogida es suficiente y qué medidas se están tomando para garantizar unas condiciones dignas de alojamiento, alimentación, higiene y atención sanitaria.

Otra de las grandes incógnitas que podrá resolver en su comparecencia del viernes es cuántas personas quedan realmente en Ceuta y cuál será el futuro de cada una: cuántos serán acogidos, cuántos podrán pedir asilo, qué ocurrirá con los menores y cuántos serán devueltos a Marruecos, así como los plazos y las condiciones para hacerlo.

Los menores son otro de los puntos calientes, ya que según los últimos datos del Gobierno, hay actualmente 2.500 en la ciudad autónoma, que no pueden ser deportados de forma masiva debido al artículo 35 de la Ley de Extranjería, que establece que cada caso se tiene que estudiar de forma individualizada.

Ante el desbordamiento, el Ministerio de Infancia anunció que está estudiando trasladar a 500 niñas a centros de asociaciones de infancia de la Península para aliviar la presión en Ceuta. Sin embargo, el plan sigue en el aire. Fuentes de esta cartera indican que su participación es únicamente de apoyo, por lo que tiene que ser Ceuta la que firme los convenios con las entidades y, por el momento, no hay ningún avance.

La cifra de 500 responde a la información recibida de las asociaciones sobre las plazas libres y se decidió que fueran niñas por ser el grupo más vulnerable. Pero es la propia ciudad autónoma la que debe decidir qué menores concretos se beneficiarían de estos traslados urgentes. Sira Rego, ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, deberá explicar el lunes los avances de este plan y qué se puede hacer con todos los menores que se encuentran en Ceuta.

Ese mismo día, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, podrá añadir una nueva capa a la situación de las mujeres y niñas que llegaron a Ceuta. Desde Igualdad indican que desde el 30 de julio no han recibido “ninguna” llamada al 016 relacionada con la crisis de Ceuta, pero desde los juzgados hablan de hasta 13 denuncias formalizadas por agresión sexual, por lo que Redondo tendrá que responder sobre esta realidad.

De esta manera, en una semana y tras el paso de ocho ministros del Gobierno por el Congreso, se espera poder tener información más amplía y concreta sobre la crisis migratoria que se está viviendo en Ceuta desde su origen y el futuro que espera a la ciudad autónoma y a las personas migrantes.

Las personas con menos recursos tienen un mayor riesgo de sufrir problemas de salud mental. Esta es una de las principales conclusiones a la que llega el estudio PaRIS, elaborado por la OCDE y el Ministerio de Sanidad, que analiza a las personas de 45 años o más usuarias de Atención Primaria y que, en un nuevo informe publicado a finales de julio de este año, se centra específicamente en los problemas de salud mental.

La diferencia más clara se observa entre las mujeres. Las que tienen menos renta presentan una prevalencia de problemas de salud mental del 30,3%, frente al 21% entre las mujeres con más ingresos, lo que suponen 9,3 puntos de diferencia. Entre los hombres, la brecha es menor, pero también existe: 16,7% entre los de menor renta frente al 12,5% entre los de mayor renta.

Otra de las variables en las que se centra el estudio es la disparidad entre los territorios. Los que tienen un mayor porcentaje de problemas de salud mental (PSM) son Ceuta, con un 31,3%, Melilla, con un 29,3%, Murcia, con un 25,2% y Andalucía, con un 24,4%. En estos territorios existe una correlación entre estas cifras y los datos de AROPE, el indicador que mide el riesgo de pobreza o exclusión social.

Ceuta tiene un porcentaje de AROPE del 41,8%, Melilla del 36,7%, Andalucía del 37,5% y Murcia del 30,5%. En el otro extremo de la lista también existen coincidencias claras como País Vasco, con un PSM del 17% y un AROPE del 15,5% y Navarra con un 15,5% del primer indicador y un 17,2% del segundo. 

Sin embargo, el nivel de pobreza no es el único factor que puede explicar un aumento de los problemas de salud mental, ya que existen casos que se apartan de esta tendencia. Es el caso de la Comunidad de Madrid, que teniendo el mismo PSM que Andalucía (24,4%) tiene una tasa de AROPE bastante más baja, del 19,4%. 

Aquí entra otra de las variables en las que el Ministerio de Salud lleva meses poniendo el foco: el lugar dónde se vive. En febrero de este año, la ministra Mónica García indicaba que “la salud muchas veces depende de nuestro código postal más que de nuestro código genético” y advertía del impacto que pueden tener en la salud mental factores urbanos como la vivienda, el ruido, la contaminación o la falta de espacios comunitarios.

El informe ahora publicado sigue esta línea y concluye que los problemas de salud mental son más frecuentes en ciudades grandes. Entre las mujeres, afectan al 29,1% de quienes viven en ciudades de más de 100.000 habitantes, frente al 25,9% de quienes residen en municipios de menos de 10.000 habitantes. Entre los hombres, la diferencia es del 16,6% frente al 12,3%.

Al observar los datos del INE sobre los hogares que ingresan menos de 1.500 euros, también se aprecia una relación entre los que viven en municipios de 50.000 habitantes y los problemas de salud mental. En Madrid, el 85,5% de los hogares con menos de 1.500 euros mensuales incluidos en esta estadística viven en municipios de más de 50.000 habitantes. En Navarra, la proporción ronda el 25,2%.

Al combinar pobreza y concentración urbana, la brecha se hace más clara. En los territorios donde ambas variables presentan valores más bajos, la prevalencia de problemas de salud mental es del 18,6%. En aquellos donde tanto la pobreza como la concentración urbana son más elevadas, asciende al 24,4%. La diferencia es de 5,8 puntos. Estos dos grupos corresponden, respectivamente, a los territorios situados en torno al percentil 25 y al percentil 75 en el indicador elaborado a partir de ambas variables. 

El resultado se repite cuando se mira específicamente a la población con menos ingresos. Entre los hogares que ganan menos de 1.500 euros al mes, cuanto mayor es la proporción que vive en municipios de más de 50.000 habitantes, mayor tiende a ser también el porcentaje de problemas de salud mental. Con esta segunda medida, la diferencia entre los territorios con menor y mayor concentración de hogares vulnerables en ciudades es de unos cinco puntos, del 18,9% al 23,8%.

La cerveza sin gluten está de moda. Así lo constata el Informe del consumo alimentario en España 2025 del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), que recoge que la compra de este producto en los hogares españoles ha crecido un 21% en comparación con el año anterior. Un dato que choca directamente con el de la cerveza normal, cuyas compras se han reducido un 4,7%.

Dentro de los productos sin gluten, es también el que más crece, ya que en conjunto han aumentado en un 5,4%, muy por debajo del 21% registrado por la cerveza. Hay una primera razón de este crecimiento y no es otra que la médica. Esta es la única cerveza apta para las personas que padecen enfermedad celíaca y, según recoge la Federación de Asociaciones de Celíacos de España (FACE), el número de personas diagnosticadas no ha dejado de crecer en los últimos años gracias a una aplicación cada vez mejor de los protocolos de diagnóstico, alcanzando ya la cifra de 450.000 personas.

La cerveza normal se elabora habitualmente con cebada malteada y, por ello, suele contener gluten, por lo que estas bebidas se preparan con cereales naturalmente libres de esta proteína o mediante procesos destinados a reducirla. Sin embargo, el número de celíacos no puede responder por sí solo a estas cifras y aquí entra una segunda vertiente: consumir cervezas sin gluten pensando que son una opción más sana.

Un estudio llevado a cabo en Estados Unidos en 2021 analizó el consumo de productos sin gluten en personas sin ningún tipo de celiaquía y acabó concluyendo que aquellas que consideraban estos alimentos más sanos tenían un 69% más de probabilidades de incluirlos en sus dietas. Otro estudio llevado a cabo en Portugal llegó a una conclusión parecida al comprobar que los productos con la indicación “sin gluten” se percibían como más saludables, menos calóricos y menos procesados. 

Esto es lo que se conoce como health halo, que se produce cuando una característica real, en este caso, la ausencia de gluten, se convierte mentalmente en una cualidad saludable, aunque no exista una relación demostrada entre ambas. Y es que no existe hasta el momento un estudio científico que sostenga que este tipo de productos mejoran la salud de personas no celíacas.

En 2024, un grupo de investigadores siguió a 27 adultos sanos que durante cuatro semanas consumieron una dieta estrictamente sin gluten. La conclusión fue que, aparte de algunos pequeños efectos antiinflamatorios a corto plazo, el consumo de estos productos no produjo “una mejora cardiovascular global ni una mejora de la calidad de vida”.

Esto significa que un producto sin gluten no aporta por sí mismo ninguna mejora en la salud y, en el caso de la cerveza, no hay que olvidar que mantiene el resto de componentes perjudiciales. La Organización Mundial de la Salud (OMS) es tajante en su posición frente al alcohol y afirma que no existe ninguna bebida alcohólica mejor o peor, ya que el compuesto responsable del riesgo es el etanol, independientemente de si llega al organismo a través de una cerveza con o sin gluten, un vino o cualquier otro tipo de bebida alcohólica.

La OMS recuerda que el alcohol está clasificado como carcinógeno del grupo 1 por la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer y que está relacionado causalmente con al menos siete tipos de cáncer. También señala que no se ha podido establecer un umbral por debajo del cual desaparezca este riesgo. De esta manera, entre dos cervezas con una graduación alcohólica similar, el hecho de que una no contenga gluten no elimina el riesgo sanitario derivado de su contenido en alcohol.

La Universidad del País Vasco publicó en 2025 un estudio que seguía esta misma línea. Los investigadores analizaron 60 muestras correspondientes a tres lotes de diez marcas comerciales, recogidas a lo largo de tres años y compararon cervezas a las que se había retirado el gluten con sus equivalentes que lo conservaban para estudiar dos grupos de compuestos que producen hinchazón y problemas intestinales, sobre todo en personas con problemas previos: los fructanos, pertenecientes a los FODMAP, y los inhibidores de amilasa/tripsina (ATI).

Tras el análisis, no encontraron diferencias significativas en el contenido total de ninguno de los dos componentes entre las bebidas con gluten y aquellas a las que se les había retirado. Los investigadores encontraron, además, que la cantidad de estos compuestos dependía más de otras características de la cerveza y de su elaboración. De esta manera, llegaron a la conclusión de que retirar el gluten no hace desaparecer automáticamente otros componentes de la cerveza que pueden presentar problemas digestivos para determinados grupos, lo que supone un mayor peligro si la sociedad empieza a ver las cervezas sin gluten como una alternativa más sana que la tradicional.

Ceuta vive desde el 30 de julio una crisis humanitaria tras la entrada masiva de 70.000 personas desde Marruecos, de la que, según los últimos datos del Ministerio del Interior, quedarían cerca de 5.000. Entre ellas, se estima que puede haber más de 3.000 menores, según las asociaciones que trabajan en el terreno, aunque por el momento han sido identificados 2.168. Este grupo es el más vulnerable y aquel sobre el que las organizaciones piden que se ponga el foco para garantizar su protección, pero también se ha convertido, una vez más, en el punto principal de disputa política.

Desde esta semana, el PP exige que todos los migrantes que entraron, ya sean mayores o menores de edad, sean devueltos a Marruecos. Aunque esta medida está prohibida por la Ley de Extranjería, que no permite las devoluciones masivas y establece una protección específica para los menores, como recoge su artículo 35, el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, defendió públicamente: “Ni mayores ni menores. Han de regresar todos”.

Por su parte, el Gobierno defiende que la prioridad absoluta debe ser la defensa de estos menores y, por ello, ha presentado un plan para trasladar a 500 niñas con los perfiles más vulnerables a centros de la Península gestionados por entidades sociales. Según explican fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia, esta cifra responde a las plazas disponibles comunicadas por diferentes asociaciones. Defienden, además, que este traslado se trata solo de una “propuesta”, ya que es el Gobierno de Ceuta quien debe formalizar el traslado.

El ejecutivo de la ciudad autónoma, liderado por el popular Juan Vivas, ha respondido que su objetivo es el retorno a Marruecos de todas las personas que entraron irregularmente, un discurso que difiere del mantenido durante los primeros días de la crisis, cuando pedía ayuda al resto de comunidades para acoger a todos estos menores. “Marruecos es un país seguro para el retorno”, aseguró el vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, esta misma semana al referirse al traslado de las 500 niñas.

Sin embargo, la posición que mantiene ahora el principal partido de la oposición no es la misma que ha defendido en los últimos años. Basta con retroceder dos años para comprobar el cambio.

En julio de 2024, Canarias sufrió una de las peores crisis migratorias y llegó a tener bajo su tutela a miles de menores. Ante esta situación, el Gobierno central planteó repartir entre las comunidades a 347 de estos menores para aliviar la presión sobre los territorios más afectados. El PP aceptó aquel reparto voluntario y Feijóo aseguró entonces que las comunidades gobernadas por su partido debían ser “solidarias” y “cumplir con sus obligaciones”.

Para Vox, aquello fue una línea roja. El partido de Santiago Abascal anunció el 11 de julio de ese año que rompía los acuerdos de gobierno que mantenía con el PP en Castilla y León, Aragón, Comunidad Valenciana, Extremadura y Murcia. La ruptura dejó al PP gobernando en minoría en varios territorios y precedió a los adelantos electorales posteriores en Extremadura y Aragón.

Y es que, para el partido de ultraderecha, los menores migrantes no acompañados son desde hace años una de las puntas de lanza de su estrategia política. A principios de esta década, Vox incluyó el cierre de los centros de menores de España en sus campañas autonómicas de Asturias y Cataluña y, en 2021, durante la campaña madrileña, colocó un cartel en el que se podía leer: “Un MENA, 4.700 euros al mes. Tu abuela, 424 euros de pensión al mes”. 

La comparación resultó ser engañosa, como puso de manifiesto el servicio de verificación de RTVE, ya que los 4.700 euros correspondían al coste mensual de una plaza en un centro de acogida y no una cantidad entregada directamente al menor. En aquellas elecciones, el partido consiguió un escaño más que en 2019 y siguió utilizando a los menores migrantes como arma política.

La crisis de 2024 llevó la disputa al Congreso, donde el Gobierno quiso modificar la Ley de Extranjería para establecer un mecanismo que obligara a las comunidades a acoger menores cuando un territorio concreto superase unos determinados niveles de saturación. 

El 23 de julio de 2024 el Congreso rechazó tramitar esta reforma con los 177 votos en contra de PP, Vox y Junts per Catalunya frente a los 171 a favor. Apenas unos días antes, el principal partido de la oposición había pedido “solidaridad” para acoger a estos menores, pero decidió votar en contra alegando que se necesitaba mayor financiación y un control integral de las fronteras que no estaba contemplado en la propuesta.

De esta manera, el Gobierno optó por otra vía diferente y en marzo de 2025 aprobó el Real Decreto-ley 2/2025, que creó un mecanismo extraordinario de derivación de menores extranjeros no acompañados entre comunidades y ciudades autónomas y estableció los criterios para determinar cuándo un territorio se encuentra en una situación de contingencia migratoria. El Congreso lo convalidó en abril de 2025 y esta vez el Ejecutivo sí consiguió mayoría gracias al cambio de postura de Junts.

El sistema dejó así de depender exclusivamente de la voluntad de las comunidades y permite activar una redistribución de los menores cuando se cumplen los requisitos previstos. Sin embargo, el PP mantuvo su oposición a este decreto y diez de las comunidades en las que gobernaba (Andalucía, Aragón, Cantabria, Comunidad Valenciana, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Baleares, Madrid y Murcia) recurrieron su aplicación ante el Constitucional alegando que el Estado invadía sus competencias y que imponía acogimientos sin garantizar los recursos necesarios.

En el lado opuesto, Canarias, gobernada por una coalición de Coalición Canaria y el PP, y Ceuta, presidida por el popular Juan Vivas, defendieron el reparto como una forma de aliviar sus sistemas de acogida, en ese momento sobresaturado, mientras que desde la dirección nacional del PP sostenían que se negarían al reparto si no se garantizaba la “capacidad para alojarlos con respeto y garantías”, según declaró Feijóo en ese momento.

Así, el PP pasó de reclamar “solidaridad” para alojar a los menores a mostrar reticencias ante los repartos, una evolución que ha desembocado en su postura actual, en la que se alinean con el discurso de Vox al reclamar que todos los migrantes, mayores o menores de edad, sean devueltos.

“Ni mayores ni menores. Han de regresar todos”. Estas han sido las palabras de Alberto Núñez Feijóo en su segunda visita a Ceuta para defender que todos los migrantes que entraron el pasado 30 de julio a la ciudad autónoma sean devueltos sin importar su edad. Un argumento al que también se ha sumado el presidente popular de Ceuta, Juan Jesús Vivas.

Sin embargo, la actual ley de extranjería no permite este tipo de devoluciones masivas y menos, cuando se trata de menores. En su artículo 35 recoge que la Administración del Estado tiene que llevar a cabo un procedimiento individualizado en el que se debe recabar la información sobre las circunstancias familiares del menor en su país de origen, además de dar audiencia al propio afectado y contar con los informes pertinentes de los servicios de protección de menores y del Ministerio Fiscal. Sólo entonces puede decidirse entre su retorno al país de origen, la reunificación con su familia o su permanencia en España, siempre atendiendo al interés superior del menor.

“El Gobierno de España tiene que afiliar al menor, tiene que saber quién es y de qué país viene y en qué circunstancias ha venido”, explica a infoLibre la abogada y presidenta de L’Escola, Nuria González. Este artículo de la ley es el que permitió que la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta condenara por prevaricación a la exdelegada del Gobierno en la ciudad autónoma, Salvadora Mateos, y a la exvicepresidenta del Gobierno ceutí, Mabel Deu, por la repatriación de 55 menores a Marruecos en agosto de 2021, un proceso en el que Gonzalez representó a la acusación.

“Se llevaron de golpe a 55 chavales que no se sabía a dónde iban a ir”, señala la letrada sobre estos menores que fueron trasladados a Marruecos “sin papeles, sin haber sido escuchados y sin haber hecho el procedimiento que marcaba el artículo 35”. Esta sentencia, firmada a finales de 2025, marcó el primer hito en el que se aplicaba de forma efectiva este artículo de la ley de extranjería.

Sin embargo, esta normativa en ningún momento “quiere decir que los niños estén destinados a quedarse en España”, aclara González, simplemente el retorno solo se puede llevar a cabo tras estudiar el caso concreto y determinarse qué es lo mejor para el menor. “Lo único que dice la ley es que mientras estén en España, España es responsable de esos niños”, añade.

La ley de extranjería se creó a principios del año 2000 a petición de varios grupos políticos, como Izquierda Unida y Convergència i Unió (CiU). En ese momento, uno de sus artículos, el 32 en concreto, denominado como “Residencia de menores”, establecía que, cuando hubiera dudas sobre la edad de una persona indocumentada, debían determinarse su identidad, edad y “circunstancias personales y familiares”. Si se demostraba la minoría de edad, la Administración debía decidir individualmente entre el retorno o la permanencia. 

Sin embargo, no fue hasta diciembre de ese mismo año cuando el propio Gobierno de Aznar, del Partido Popular, con mayoría absoluta, planteó por iniciativa propia un cambio en esta ley en el que se introdujo la redacción del nuevo artículo 35. Esta vez establecía que, ante las dudas sobre la edad, el menor debía recibir atención inmediata y que el Ministerio Fiscal debía intervenir en su determinación. Si se acreditaba la minoría, la decisión sobre la devolución correspondía a la Administración del Estado, que debía actuar “conforme al principio de reagrupación familiar del menor” y contar previamente con un informe de los servicios de protección de menores.

El propio Gobierno de ese momento defendió este artículo con una lógica muy diferente a la que ahora acoge el PP. En mayo de 2000, antes incluso de que el Ejecutivo presentara su proyecto, el entonces ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, estableció como prioridades ante el problema de los menores extranjeros no acompañados la determinación correcta de la edad, identificar a los menores, crear centros que facilitaran el “futuro reagrupamiento familiar” y conseguir la repatriación “cuando sea posible y cuando no haya riesgos en el país de origen”. 

Meses después, durante la tramitación de la reforma, la diputada del PP María Ángeles Muñoz Uriol defendió una redacción que incorporaba precisamente esos elementos: atención inmediata, intervención del fiscal, reagrupación familiar como principio, informe de los servicios de protección y decisión entre retorno y permanencia.

Esta posición tampoco planteaba entonces la repatriación como una consecuencia automática de la entrada irregular. En octubre de 2001, ya con la reforma en vigor, el delegado del Gobierno para la Extranjería, Enrique Fernández-Miranda, declaró que “los niños deben desarrollarse y vivir con sus familias siempre que sea posible”. Si después de nueve meses no podía producirse la reagrupación, defendía su acogida, documentación e integración en España. El reglamento, aprobado ese mismo año por el Gobierno, presentó, de hecho, su desarrollo como una norma que incorporaba “mayores garantías en los procesos de repatriación”.

Ya en 2009, el Gobierno de Zapatero introdujo un nuevo cambio, que simplemente desarrolló y reforzó las garantías que ya contemplaba la normativa. La Ley Orgánica 2/2009 estableció que, antes de iniciar una repatriación, el Estado debía recabar información de las autoridades del país de origen sobre las circunstancias familiares del menor. Si el procedimiento seguía adelante, había que oír al menor si tenía suficiente juicio, recabar los informes de los servicios de protección y del Ministerio Fiscal, y adoptar la decisión atendiendo al “interés superior del menor”.

Además, la reforma precisó que el retorno no podía consistir simplemente en dejar al menor en su país de origen. Debía producirse mediante su reagrupación familiar o mediante su entrega a servicios de protección adecuados, siempre que existieran condiciones para que pudieran hacerse cargo de él. También reforzó su capacidad para recurrir la decisión y estableció garantías específicas cuando el menor tuviera menos de 16 años y su voluntad entrara en conflicto con la de su representante.

Por lo tanto, desde hace un cuarto de siglo, existen normas en España que impiden la devolución automática de menores migrantes como ahora exige Núñez Feijóo. Es más, fue su propio partido el que introdujo reformas en la ley para que se velara por el interés superior del menor y no se procediera a hacer devoluciones globales bajo el paraguas de “han de regresar todos”.

Ceuta afronta una emergencia de protección de menores tras la entrada masiva registrada el pasado 30 de julio. La Policía Nacional ya ha identificado 2.168 menores no acompañados, mientras las organizaciones que trabajan sobre el terreno sitúan la cifra en unos 3.000. La ciudad está teniendo que habilitar todo tipo de espacios para poder atenderlos y, a la espera de que comience el proceso de reubicación, el Gobierno ha abierto una nueva vía con la que pretende “agilizar” todo el proceso. 

Este mismo miércoles, el Ministerio de Juventud e Infancia ha anunciado un plan para trasladar de forma urgente a la Península a 500 niñas que se encuentran en una situación de alta vulnerabilidad, una cifra que, según indican, podría crecer en los próximos días. 

La vía es distinta al mecanismo de acogida previsto en el Real Decreto 2/2025. En aquel sistema, el traslado del menor a otra comunidad autónoma implica también que esta asuma su tutela. En este caso, según explican fuentes de la cartera que dirige Sira Rego a infoLibre, “las comunidades autónomas no intervienen en el traslado”, ya que la tutela seguiría correspondiendo a Ceuta y serían entidades especializadas en infancia las encargadas de atender a las menores en los recursos que se habiliten en la Península.

Se trata de una fórmula que ya se ha utilizado con anterioridad, según indican desde el ministerio. El caso más reciente es el de Canarias entre 2025 y 2026, aunque entonces estaba vinculado a la protección internacional y solo afectaba a menores solicitantes de asilo, una circunstancia que no se da ahora en Ceuta.

Un precedente más similar se produjo en Canarias en 2006, cuando una llegada masiva de menores desbordó los recursos del archipiélago. Ante esta situación, el Gobierno central y el autonómico pusieron en marcha un programa para trasladar a 500 menores. Como las plazas ofrecidas por las comunidades resultaron insuficientes, tuvieron que recurrir a diferentes asociaciones. En julio de 2007, el Real Decreto 868/2007 destinó 2,1 millones de euros al Colectivo La Calle para atender a 80 menores y a la Fundación Armenteros para otros 13. En el caso actual, el Gobierno todavía no han querido concretar ninguna cantidad de dinero “hasta que no haya algo completamente cerrado”.

A partir de 2008, Canarias mantuvo esta vía de una forma más continuada. El Gobierno autonómico empezó a contratar directamente a entidades sin ánimo de lucro de otras comunidades para trasladar allí a menores cuya tutela seguía correspondiendo al Ejecutivo canario. 

En mayo de ese año fueron trasladados 127 menores a diferentes centros de la Península bajo tutela canaria y otros 190 en junio de 2009. En 2011 todavía había 137 menores acogidos mediante este mecanismo. Durante los años siguientes, el número de casos fue disminuyendo hasta 2025-2026, cuando se trasladó a los 410 menores solicitantes de asilo.

En cuanto a Ceuta, el propio Gobierno de la ciudad autónoma ha confirmado que ha recurrido a esta fórmula en casos aislados, por ejemplo, cuando un menor necesitaba un tratamiento o un recurso especializado que no existía en la ciudad. Esta sería, sin embargo, la primera vez que se aplica de forma masiva.

No obstante, el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, aseguró en una rueda de prensa junto al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que la ciudad autónoma mantiene contacto permanente con el Ministerio de Juventud e Infancia y que el secretario de Estado se encontraba en Ceuta, pero afirmó no haber recibido ninguna petición formal sobre el traslado de 500 niñas y adolescentes a la península, por lo que, según sus palabras, “no hemos podido decir que no porque no se nos ha planteado”.

Frente a esta versión, el ministerio ha salido al paso para desmentir al presidente ceutí, asegurando que sí le ha mantenido informado de todas las vías posibles para garantizar los derechos de los menores migrantes llegados a la ciudad, y lamentando que Vivas sostenga que “no tiene constancia” del plan.

La Policía Nacional ya ha localizado e identificado a 2.168 menores migrantes desde la entrada masiva que se vivió en Ceuta el pasado 30 de julio, una cifra que desde Interior indican que es provisional y lo más probable es que seguirá creciendo en los próximos días, ya que desde Save the Children advierten que en total habría unos 4.000 menores en la ciudad. Ya estando a disposición del Gobierno regional de la ciudad autónoma, ahora todas las miradas están puestas en su futura reubicación, un proceso que comienza con una entrevista individualizada a cada menor y que el Gobierno ceutí todavía no ha empezado.

“Ahora mismo se está atendiendo la emergencia, por lo que es absolutamente razonable que no se haya comenzado, porque es más urgente dar de comer a los chavales antes que el papeleo”, explican desde el Ministerio de Infancia a infoLibre. Desde esta cartera se ha desplegado, desde el pasado domingo, un equipo permanente en la ciudad con el objetivo de agilizar los trámites.

El primer paso antes de decidir qué ocurre con cada menor es conocer su situación personal y familiar. Desde la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) explican que, una vez identificado, además de determinar su edad y comunicar su situación a los servicios de protección, comienza el rastreo de sus familiares. “Es muy importante entender quién puede ser su responsable legal y valorar una posible reagrupación [familiar]”, explica a este periódico Verónica Laorden, responsable de incidencia, investigación y estudios de la organización.

“Esta reagrupación no se puede hacer de manera automática. Hay que evaluar caso por caso cuál es su situación y valorar el interés superior del menor”, señala Laorden. La organización advierte además de que algunos menores pueden haber huido de situaciones de violencia o tener un perfil de protección internacional, circunstancias que obligarían a descartar su repatriación. Desde el Ministerio de Infancia también sitúan la reagrupación familiar como una de las vías prioritarias para determinar el destino definitivo, ya sea en España o en otro país extranjero. 

Localizar a la familia es solo el comienzo de un proceso que puede alargarse en el tiempo, según describen desde CEAR. “No se puede hacer una valoración general de qué es lo que ocurre porque cada menor es una historia y una familia”, apunta Laorden, ya que incluso cuando los familiares ya han localizado al menor y existe contacto directo, hay que completar el procedimiento administrativo, con intervención de la Fiscalía y audiencia del propio menor. Finalmente, debe existir una resolución individual de la Delegación del Gobierno que determine si la repatriación puede llevarse a cabo.

Todo este proceso se desarrolla mientras Ceuta intenta atender a una cantidad de menores muy superior a su capacidad ordinaria. El Real Decreto 556/2026 fija esa capacidad para Ceuta en tan solo 29 menores, muy por debajo a los 2.168 ya identificados.

Los menores están siendo trasladados a los recursos ordinarios de la ciudad autónoma y distintos dispositivos habilitados de emergencia. Entre ellos se encuentran una nave de la Fundación SAMU, las instalaciones de Piniers y dos centros educativos utilizados provisionalmente. En uno de ellos, el colegio Reina Sofía, se encontraban unas 110 niñas y adolescentes a comienzos de agosto, que ya están siendo ubicadas en otros puntos de la ciudad.

Por esta razón, de forma paralela, las entrevistas individuales de los menores son también el primer paso para una futura reubicación a otras comunidades autónomas, según recoge el mencionado real decreto.

Sobre qué comunidades tendrán que hacerse cargo de los menores, la norma establece una cifra para cada territorio a partir de una fórmula basada principalmente en su población y en la capacidad global del sistema de protección. Andalucía aparece con una capacidad de 3.009 menores, Cataluña con 2.829, Madrid con 2.471 y la Comunitat Valenciana con 1.903. En el otro extremo, Ceuta tiene fijada una capacidad de 29 y Melilla de 30.

El Ministerio insiste en que esas cifras no permiten saber de antemano cuántos de los 2.168 menores acabarán en cada comunidad. “Hay muchas casuísticas por las cuales es imposible decir con antelación cuántos menores van a ir a una comunidad autónoma o a otra”, explican, ya que cada expediente se resuelve individualmente y el reparto se va equilibrando en función de la capacidad de los territorios.

El problema es que varias comunidades cuestionan que la capacidad que establece el Estado equivalga a plazas físicas disponibles. Castilla y León, por ejemplo, sostiene que sus 190 menores ya han llevado su sistema al límite, pese a que el cálculo estatal le atribuye una capacidad ordinaria de 833. Extremadura afirma que solo dispone de 14 plazas físicas libres, aunque el margen que resulta de comparar la capacidad estatal (364) con los menores que tiene acogidos es muy superior.

La discrepancia es todavía mayor en territorios como Baleares, Canarias o Euskadi, que aseguran estar ya por encima de la capacidad que les atribuye el Estado. Baleares afirma atender a 897 menores frente a los 434 de capacidad ordinaria, Canarias cifra en unos 3.600 los menores que acoge frente a los 783 que recoge el decreto, y Euskadi sitúa su cifra en torno a 842, por encima de los 776 que establece el Estado. Murcia también sostiene que ya supera las 553 plazas que le asigna el decreto.

Esta futura reubicación ha reabierto también las diferencias entre el Gobierno central y la oposición. El Ejecutivo de Ceuta, presidido por el popular Juan Vivas, ha pasado de reclamar solidaridad al resto de comunidades a situar las devoluciones a Marruecos como primera opción. El PP nacional mantiene una posición similar sobre la necesidad de priorizar las devoluciones y la reagrupación familiar, aunque sus dirigentes han asegurado que sus comunidades cumplirán la ley si finalmente reciben una resolución de reubicación. 

Vox es más contundente y las comunidades donde el partido controla las competencias de infancia (Aragón, Castilla y León y Extremadura) no participaron en la última reunión preparatoria con el ministerio, en protesta por el mecanismo. Sin embargo, la formación no plantea por ahora romper los gobiernos autonómicos que mantiene con el PP, a diferencia de lo ocurrido en 2024, cuando abandonó varios ejecutivos precisamente por el reparto de menores migrantes. La próxima reunión se llevará a cabo el 27 de agosto, en la que se abordará el crédito extraordinario de 25 millones de euros para Ceuta.

El Gobierno central, por su parte, sostiene que la oposición política no permite bloquear un procedimiento que tiene respaldo legal. “Se pueden negar públicamente, pero nadie va a firmar una resolución contraria a una ley”, explican desde Infancia. El Ejecutivo confía así en que, una vez analizados los expedientes individuales y agotadas las vías de recurso que puedan plantear las comunidades, los menores que no puedan ser reagrupados o retornados sean trasladados a los territorios que determine el mecanismo estatal. La propia Fiscalía ya ha advertido de que intervendrá si alguna comunidad rechaza cumplir con las obligaciones legales de acogida.

De escuela de negocios a centro adscrito para acabar como universidad privada. Ese ha sido el recorrido que ha hecho el Instituto de Empresa (IE) hasta convertirse en la decimocuarta universidad privada de Madrid, que comenzará su actividad el próximo curso 26/27. Detrás de este negocio se encuentra una familia perteneciente a la aristocracia, los Del Alcázar, que actualmente, a través de sus empresas, concentran el control societario total del proyecto.

La empresa titular que está detrás de la Universidad IE de Madrid no es otra que Instituto de Empresa S.L., que tiene como director a Diego del Alcázar Benjumea, hijo del fundador de la escuela de negocios original, Diego del Alcázar Silvela, X marqués de la Romana y Grande de España. El hijo ocupa además los puestos de consejero y consejero solidario dentro de la empresa.

Entre los cargos también se encuentra Isabela del Alcázar Benjumea, hija del marqués, como representante y apoderada solidaria y María Benjumea Cabeza de Vaca, esposa del marqués, como representante. Sin embargo, el control familiar va más allá del Instituto de Empresa S.L. 

Por encima de esta sociedad se encuentra Tabla de las Navas S.L., una empresa patrimonial que actúa como cabecera del entramado societario familiar y que posee la totalidad de Instituto de Empresa. Es, además, la entidad que aparece en la documentación autonómica como promotora del proyecto universitario, mientras que Instituto de Empresa S.L. conserva la condición de titular de IE Universidad Madrid. Esto significa que Tabla de las Navas es la empresa propietaria del grupo y quien tiene la última palabra sobre las decisiones empresariales, mientras que Instituto de Empresa S.L. es la sociedad titular que gestiona la universidad.

La propiedad de Tabla de las Navas está repartida exclusivamente entre los cuatro miembros de la familia. Diego del Alcázar Silvela conserva la mayoría, con un 52,38%; su esposa, María Benjumea Cabeza de Vaca, posee un 14,57%; y sus hijos Diego e Isabela del Alcázar Benjumea controlan un 16,52% cada uno. En conjunto, la familia posee el 100% de la sociedad, por lo que no hay accionistas externos en la cúspide del grupo.

Esta estructura es algo nuevo, ya que es el resultado de una reorganización realizada mientras se tramitaba el reconocimiento de la universidad. Cuando el IE presentó su solicitud, en diciembre de 2021, los promotores identificados eran Azálvaro Empresa S.L. y Diego del Alcázar Silvela. Azálvaro figuraba entonces como la sociedad promotora mayoritaria y sus cuentas fueron utilizadas, junto con las de Instituto de Empresa, para justificar la solvencia económica del proyecto.

Sin embargo, el grupo decidió simplificar su estructura. Azálvaro Empresa fue absorbida y Tabla de las Navas, que ya era su socio mayoritario, pasó a ocupar directamente su posición. La operación eliminó sociedades y participaciones intermedias y convirtió a Tabla de las Navas en propietaria directa del 100% de Instituto de Empresa S.L. La propia entidad explicó a la Comunidad de Madrid que el objetivo era “reducir ineficiencias y racionalizar” las actividades de las distintas sociedades del grupo.

Todo esto se resume en que Tabla de las Navas es la sociedad que decide sobre el destino de los beneficios que eventualmente genere la universidad, ya sea su reinversión, su mantenimiento en reservas o su reparto. Unos beneficios que la empresa ya prevé como bastante jugosos. 

En la memoria económica remitida a la Comunidad de Madrid, la institución prevé ingresar 169,5 millones de euros en su primer año de funcionamiento como universidad madrileña independiente. La cifra crecería de forma sostenida hasta alcanzar 237,6 millones de euros anuales en el sexto ejercicio.

En total, el plan financiero proyecta 1.273 millones de euros de ingresos en sus seis primeros años de actividad, con los títulos oficiales como principal fuente de facturación. La universidad arrancará con 10 grados y 10 másteres oficiales, además de tres doctorados, y prevé ampliar la oferta durante sus primeros cinco años hasta 14 grados y 16 másteres. 

Entre las titulaciones iniciales figuran los grados en Administración de Empresas, Derecho, Comportamiento y Ciencias Sociales y Comunicación y Medios Digitales, así como los másteres universitarios en Administración Internacional de Empresas, Dirección de Empresas y Gestión. Solo los grados generarían más de 111 millones de euros anuales al final del periodo, mientras que los másteres aportarían cerca de 110 millones. Los programas propios y de dirección completarían el resto de la facturación.

Para llegar hasta este punto, el IE ha tenido que pasar por una historia de más de cinco décadas. En 1973, Diego del Alcázar Silvela fundó el Instituto de Empresa como una escuela de negocios, como una institución “por y para emprendedores” y con el objetivo de formar a la próxima generación de empresarios.

En 1999 nació la empresa Instituto de Empresa S.L., que en 2006 compró los derechos de titularidad de la Universidad SEK, una de las tres universidades privadas que en ese momento tenía Castilla y León, y en 2008 cambiaron su nombre por IE Universidad. Este campus fue el impulso necesario para que en 2009 la Junta de Castilla y León aprobara que el Centro de Estudios Superiores IE se pudiera consolidar como un centro universitario adscrito a la base de Castilla y León.

A partir de 2021 este centro empezó a impartir su actividad desde la IE Tower, el quinto rascacielos más alto de la Comunidad de Madrid que se encuentra en el complejo financiero de las cuatro torres, donde ahora se va a ubicar la sede de su nueva universidad. De hecho, ese mismo año fue en el que la empresa inició los trámites para consolidarse como universidad privada en Madrid.

Sin embargo, ese proceso no ha sido un camino sencillo y libre de críticas, algo que tampoco ha frenado el proyecto. En septiembre de 2022 la Comisión Delegada de la Conferencia General de Política Universitaria, órgano técnico en el que participan el Ministerio de Universidades y las comunidades autónomas, trasladó al IE un informe provisional desfavorable. 

El documento cuestionaba que la memoria acreditara suficientemente el cumplimiento de los requisitos exigidos por el Real Decreto 640/2021 para crear una nueva universidad. Entre las principales objeciones figuraban las discrepancias detectadas en la planificación académica, un proyecto investigador considerado demasiado genérico, la falta de concreción sobre la plantilla docente, la ausencia de un plan detallado que garantizara la continuidad de los estudios en caso de cierre y, especialmente, las dudas sobre la solvencia económica de la entidad promotora.

Durante los meses siguientes, el IE reformuló buena parte del expediente. Amplió el plan de investigación, concretó la contratación de profesorado, desarrolló un protocolo para garantizar que los estudiantes pudieran finalizar sus estudios en caso de extinción de titulaciones y aportó nueva documentación económica, incluido un informe elaborado por Ernst & Young (EY) que defendía la capacidad financiera del grupo. 

Tras analizar las alegaciones presentadas por la institución, la Comisión Delegada emitió el 7 de marzo de 2024 un informe favorable, aunque mantuvo algunas observaciones. El órgano seguía considerando que persistían determinadas discrepancias documentales, que el proyecto investigador conservaba un carácter "generalista" y que la cuestión de la solvencia había requerido importantes aclaraciones, pero concluyó que la memoria ya cumplía los requisitos exigidos para continuar la tramitación.

Las críticas no terminaron ahí. Durante el periodo de información pública, Comisiones Obreras (CCOO) Madrid presentó alegaciones solicitando la retirada del proyecto. El sindicato sostuvo que la nueva universidad no respondía a una necesidad real del sistema universitario madrileño, ya que duplicaba titulaciones ya existentes y reforzaba un modelo de expansión de la universidad privada mientras las universidades públicas sufren problemas de financiación. También cuestionó la orientación empresarial del proyecto, la solidez de su investigación y retomó algunas de las dudas que inicialmente había planteado la Comisión Delegada sobre la viabilidad económica y las garantías para el alumnado.

“Hubo un primer informe bastante negativo y después otro más favorable, pero aceptando compromisos de que determinados requisitos se cumplirían en el futuro”, denuncia Jesús Escribano, portavoz de Universidades de CCOO Madrid, en conversación con este periódico. A su juicio, la Comunidad de Madrid está concediendo autorizaciones “confiando en que dentro de unos años se cumplirán las condiciones”, pese a que después es la propia administración quien debe supervisar su cumplimiento, un sistema que “no genera demasiada confianza”.

Al no ser ninguna de estas alegaciones vinculantes, la Comunidad de Madrid siguió adelante con el proceso que fue aprobado en noviembre de 2025 y finalmente reconocido en el BOE en febrero de este año. Sobre las críticas que ha recibido el proceso, infoLibre ha contactado con la Consejería de Educación, Ciencias y Universidades de la Comunidad de Madrid y su respuesta ha sido que “la apertura de una nueva universidad en la región solo se produce cuando así se aprueba por Ley en la Asamblea de Madrid una vez cumplidos todos los requisitos necesarios”.

Desde el gobierno regional defienden la aprobación afirmando que el reconocimiento de IE Universidad Madrid constituye “una manifestación de la libertad de creación de centros docentes”, del “derecho a la educación” y de la “libertad de empresa”, subrayando que el proyecto no supondrá coste alguno para las arcas públicas, ya que será financiado íntegramente por la entidad privada promotora. Por su parte, el propio IE argumenta que la nueva universidad forma parte de la continuación de un proyecto nacido para “reinventar la educación superior” y cuyo propósito es “promover el cambio positivo a través de la educación, la innovación y la investigación”, mediante un modelo basado en la “internacionalización, el emprendimiento y la tecnología”.

En lo que llevamos de verano, España ya suma 33 casos en humanos de fiebre del Nilo occidental y el pasado 5 de agosto se registró la primera muerte por esta enfermedad en Dos Hermanas (Sevilla). Andalucía es el territorio que más casos registra, con 29, seguida de Extremadura, con tres, y Alicante, con uno. 

Desde que se detectó el primer caso en humanos en España, en 2004, la presencia de este virus se ha convertido en una realidad cada vez más habitual en nuestro país. El gran punto de inflexión fue en 2020, cuando se registraron 77 casos humanos y ocho fallecimientos. Le siguieron un par de años con una incidencia menor, pero en 2024 se alcanzó un récord de 158 casos. En 2025 se notificaron 45 casos y cinco fallecimientos, que, aunque fueron cifras menores a las del año anterior, mantuvieron una tendencia preocupante.

El virus se transmite a través de las picaduras de los mosquitos, lo que ayuda a entender su expansión en los últimos años. Aunque son muchos los factores que intervienen en su propagación, los veranos cada vez más cálidos y las primaveras lluviosas favorecen en gran medida al crecimiento de las poblaciones de mosquitos y hacen más probable la transmisión del virus.

Sin embargo, el ciclo de transmisión de este virus comienza en las aves, que actúan como reservorio, porque pueden mantenerlo durante mucho tiempo en su sangre sin presentar síntomas graves. Desde ellas, el virus puede pasar a los humanos y a otros animales, principalmente los équidos (caballos, burros, etc.). “Nosotros tenemos viremias, es decir, la presencia del virus en sangre es de menor intensidad y de duración más corta; por lo tanto, no somos tan buenos mantenedores de la circulación del virus como las aves”, explica a infoLibre Gema Fernández, portavoz de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de España.

Aunque en los humanos la infección suele ser asintomática, en ocasiones se traduce en la llamada fiebre del Nilo occidental, que provoca fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares y articulares, malestar general y, en ocasiones, síntomas digestivos. “Cuando la infección afecta al sistema nervioso central puede aparecer la forma neuroinvasiva, con encefalitis, meningitis o meningoencefalitis”, relata Fernández.

El mayor obstáculo a la hora de luchar contra esta enfermedad es que “no existe actualmente una vacuna para las personas ni un tratamiento antiviral específico”, por lo que las principales herramientas para tratar de frenar su propagación son la prevención y la detección precoz. “La vigilancia no se tiene que hacer cuando ya hay casos”, indica Fernández, sino que “hay que mantener siempre un plan de vigilancia importante”.

Por esta razón, desde hace años el Ministerio de Agricultura activa, desde los meses de marzo y abril hasta enero del año siguiente, el Programa de Vigilancia de la Fiebre del Nilo que articula sus acciones preventivas en tres niveles: aves, mosquitos y équidos. 

En el caso de las aves, la vigilancia es relativamente sencilla, ya que es fácil seguir el rastro del virus a través de la investigación de ejemplares enfermos o muertos y el muestreo específico en poblaciones de diferentes especies. Este sistema permitió detectar los primeros positivos animales de 2026 a través del Laboratorio Central de Veterinaria de Algete, referente en esta enfermedad.

Los problemas surgen con la vigilancia entomológica, es decir, la referida a los mosquitos. Aunque es un paso imprescindible para conocer la época de actividad del vector y localizar las zonas donde existe mayor riesgo potencial, no es sencillo llevarla a cabo solo con el uso de trampas. “Los científicos no podemos medir continuamente cuántos mosquitos hay en todos los lugares y por eso la ciencia ciudadana es tan valiosa”, indica Frederic Bartumeus, ecólogo del CSIC y codirector de la aplicación Mosquito Alert, la mayor ayuda en esta misión.

Con ella, cualquier ciudadano puede documentar con una foto los mosquitos que encuentra y su localización, además de registrar las picaduras que ha sufrido. Aunque la plataforma no sustituye a las trampas oficiales ni constituye por sí sola el sistema de vigilancia del virus del Nilo, sí que aporta una red de observación mucho más extensa y permite detectar cambios en la distribución y actividad de los mosquitos.

Desde su creación en 2014, Mosquito Alert ha contribuido a detectar la presencia por primera vez del mosquito de Japón en 2018 y los primeros descubrimientos del mosquito tigre en Andalucía en 2014 y en otras comunidades a partir del 2023.

El tercer nivel de vigilancia son los équidos, especialmente los caballos. Según explica el propio Ministerio de Agricultura, estos animales no son un reservorio del virus ni una fuente relevante para infectar a nuevos mosquitos, sino que actúan como “fondo de saco epidemiológico” porque la cantidad de virus que alcanzan en sangre no es suficientemente elevada para que un mosquito se infecte al picarlos. Por eso, cuando se detecta un caballo infectado, el objetivo no es evitar una transmisión entre animales, sino investigar de dónde procede la infección y comprobar si el virus está circulando en la zona.

El ministerio establece, en su programa de actuación en explotaciones equinas, que ante un caso confirmado debe reforzarse la vigilancia en las explotaciones de la zona. Esto incluye el censo de los animales, una encuesta epidemiológica, inspecciones clínicas y controles serológicos para conocer hasta dónde se ha extendido la infección. La vigilancia debe intensificarse especialmente alrededor de los humedales de riesgo.

Para que este sistema funcione es fundamental la colaboración de ganaderos y veterinarios. La guía considera “imprescindible” su participación para detectar animales con síntomas compatibles y comunicar las sospechas. Además, como solo una parte de los caballos infectados desarrolla signos clínicos, el ministerio contempla utilizar “équidos centinela” en determinadas zonas de riesgo: animales inicialmente seronegativos y no vacunados a los que se realizan controles periódicos para detectar si han entrado en contacto con el virus.

Los caballos tienen además una posibilidad de protección que no existe para las personas: la vacunación. Agricultura recomienda la vacunación preventiva especialmente en las zonas consideradas de mayor riesgo y también en animales que vayan a desplazarse a ellas. La Agencia Europea de Medicamentos mantiene actualmente autorizadas vacunas veterinarias como Equip WNV y Equilis West Nile, destinadas a la inmunización de caballos.

De esta manera, estos tres niveles son la mejor herramienta a la hora de conseguir controlar un virus cada vez más común y que, en casos concretos, puede llegar a provocar la muerte. “Vigilar a todos los niveles es la forma de luchar contra esta enfermedad”, concluye Fernández.

La Formación Profesional (FP) se está convirtiendo en los últimos años en una de las opciones más atractivas dentro del mundo educativo. En tan solo cinco años, el número de alumnos se ha incrementado en un 17,6% y, comparando los dos últimos cursos, el aumento es de un 2,3%. Dentro de estas cifras, no todos los grupos crecen por igual y uno de los que se encuentra a la cabeza es el de las personas extranjeras que viven en nuestro país.

Comparando los cursos 21/22 y 25/26, el número de personas extranjeras que han estudiado FP ha crecido un 64,7%, pasando de 85.453 a 140.800. Además, el aumento se ha acelerado en el último año: entre los dos últimos cursos, ha sido del 12%, diez veces el registrado entre los alumnos españoles, que solo han crecido un 1,2%.

Aunque el número de extranjeros en la FP todavía está lejos de los nacionales (solo representa el 11%), los datos demuestran que es una opción cada vez más atractiva para las personas de otros países. Según los datos del curso 24/25, los últimos publicados con esta información por el Ministerio de Educación, entre las nacionalidades destaca el alumnado procedente de América Central y del Sur (38,4%) y de Europa (28,4%), por delante del proveniente de África (22,9%).

El principal atractivo es la posibilidad de acceder al mercado laboral con mayor rapidez, según describe Accem, organización especializada en acompañamiento a personas migrantes. “Lo que tienen en común estos cursos es que ofrecen una incorporación ágil al mercado laboral”, señalan desde la organización, que ha detectado entre las personas migrantes y refugiadas un aumento de la demanda de formación vinculada al empleo. 

En el caso concreto de la FP, apuntan a una ventaja añadida, ya que muchas personas llegan a España con una titulación obtenida en su país de origen, pero su homologación puede alargarse durante un tiempo que necesitan para empezar a trabajar y alcanzar su autonomía. Entre sus usuarios, Accem ha observado un mayor crecimiento de las formaciones de Administración y oficinas, Turismo y Hostelería y Mantenimiento y reparación.

A esta misma conclusión han llegado todos los estudios que han observado este fenómeno. El informe Población extranjera en la Formación Profesional, publicado en enero de 2025 por el Observatorio de la Formación Profesional de CaixaBank Dualiza y Orkestra, concluye que la FP constituye una herramienta especialmente relevante para la integración de la población extranjera, tanto porque mejora sus competencias y empleabilidad como porque facilita el acceso al mercado laboral formal y permite acreditar conocimientos adquiridos previamente. 

El estudio destaca también que la población extranjera parte de una situación de mayor vulnerabilidad formativa y de una mayor concentración en niveles educativos bajos y medios, por lo que la FP puede actuar como vía para reducir esas barreras y mejorar su posición en el mercado laboral español.

El fuerte crecimiento del alumnado extranjero se produce, además, en un sistema de FP en el que los centros privados están ganando peso. En los últimos cinco años, la FP privada ha pasado de concentrar un 31,1% de los alumnos a un 34,1% en el curso 25/26. Aunque no parece un cambio demasiado grande, lo relevante está en la velocidad en la que crece. 

Desde el curso 20/21, el alumnado de los centros públicos ha pasado de 678.031 a 789.314 estudiantes, lo que supone un aumento del 16,4%. Por su parte, la privada ha crecido de 306.322 a 412.100, un incremento del 34,5%, más del doble que en la pública.

Este crecimiento tampoco es uniforme en las diferentes comunidades autónomas. Madrid está a la cabeza y, en los últimos cinco cursos, la presencia de la privada ha crecido en 6,44 puntos y actualmente supone el 52,2% del sistema, siendo la única comunidad en la que tiene más presencia que la pública.

Le siguen Cataluña, con un 46,6%, y País Vasco con un 41,31%, dos territorios que, aunque tiene una elevada tasa de FP privada, en los últimos cinco años han conseguido rebajarla en 1,25 y 2,16 puntos respectivamente, a través de potenciar sus sistemas públicos de FP. Completan el ranking Aragón con un 36,7% y Andalucía con un 36,1%.

En el curso 25/26, entre las personas extranjeras matriculadas en grados de FP, el 66,8% estaba en la pública, frente al 33,2% en la privada, unos datos muy parecidos a los del conjunto del alumnado. Sin embargo, el crecimiento ha sido desigual, ya que en la pública se ha pasado de 60.983 a 94.032 alumnos extranjeros, un incremento del 54,2%, mientras que la privada ha pasado de 24.470 alumnos a 46.768, aumentando su número en un 91,1%, casi el doble de la cifra inicial.

El pasado 21 de julio, la Asamblea Nacional de Francia aprobó un proyecto de ley que establece la presunción de uso legítimo de la fuerza para policías y gendarmes. Es decir, que cuando un agente utiliza su arma, “se presume que ha actuado” en los supuestos previstos por la ley, y esta presunción solo puede ser desvirtuada cuando existan pruebas en contra. La ley, que todavía tiene que pasar por el Senado, fue aprobada por 313 votos a favor y 199 en contra, y desde la izquierda y diferentes asociaciones de defensa de los derechos sociales ya la han descrito como una “licencia para matar”.

No es un caso aislado. Alessia Schiavon, directora de la Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR), entidad centrada en la defensa de los Derechos Humanos, advierte de una tendencia europea hacia una “progresiva restricción del espacio cívico y del espacio ciudadano”. La jurista considera especialmente preocupante que esta evolución se esté produciendo en democracias con una larga tradición de protección de los derechos. “A lo mejor podemos esperarnos de países como Hungría que adopten esta legislación, pero no de Francia, Italia o Alemania misma”, destaca.

A su juicio, estas medidas avanzan amparadas en una narrativa de inseguridad que acaba desplazando la protección de los derechos. “Lo que se está intentando utilizar es la narrativa de la falta de seguridad para restringir los derechos de los ciudadanos y ciudadanas”, sostiene. Francia es precisamente uno de los ejemplos que más preocupación despiertan. Sobre la nueva presunción de uso legítimo de la fuerza, Schiavon advierte que “claramente va a afectar a las garantías fundamentales” y de que existe “un riesgo evidente de que se deje espacio importante a la impunidad policial”.

La reforma sigue la línea de otra ley aprobada en 2017, que amplió los supuestos en los que los agentes podían usar armas. El más polémico es el que permite disparar contra un vehículo cuyo conductor se niega a detenerse si los policías consideran que su huida puede poner en peligro su vida o la de terceros.

Un estudio realizado por investigadores del Centro Nacional para la Investigación Científica francés (CNRS) concluyó que solo en ese año los disparos mortales contra vehículos en movimiento se multiplicaron por cinco. Los datos de la Inspección General de la Policía Nacional (IGPN) recogieron además que en 2017 los disparos efectuados por policías aumentaron un 54% respecto al año anterior.

Tras el asesinato en 2023 del joven de 17 años Nahel Merzouk por disparos de un policía, se produjeron protestas por todo el país para derogar la ley e incluso, la comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatović, expresó su preocupación por el “uso excesivo” de la fuerza por parte de las fuerzas del orden francesas y pidió a las autoridades que “revisaran el marco legal y las prácticas policiales”. Sin embargo, el Gobierno ha mantenido la ley, defendiendo su necesidad y señalando que el uso de las armas siempre exige “necesidad y proporcionalidad” por parte de los agentes.

Italia es uno de los países donde más se ha ampliado el margen de actuación policial. Desde 2011 existe el foglio di via obbligatorio (orden de prohibición de presencia) que permite al jefe de policía prohibir durante hasta tres años la entrada de una persona a un municipio determinado.

Aunque nació vinculada a la lucha contra las mafias, su uso se ha extendido a manifestantes y activistas. Amnistía Internacional ha documentado una intensificación de su aplicación desde 2022 contra protestas climáticas, movimientos estudiantiles y otros colectivos.

Algo similar ocurre con los DASPO (Divieto di Accedere alle manifestazioni SPOrtive), medidas concebidas para impedir el acceso de personas violentas a recintos deportivos y ampliadas en 2017 a otros espacios como estaciones, aeropuertos u hospitales. En los últimos años también se ha utilizado contra personas sin hogar y activistas.

El mayor salto llegó con el Decreto Sicurezza, aprobado en junio de 2025 por el gobierno de ultraderecha de Giorgia Meloni. Entre otras medidas, permite al Estado adelantar hasta 10.000 euros por cada fase del procedimiento para sufragar la defensa de los agentes de policía investigados o procesados por actuaciones relacionadas con el servicio, una cantidad que solo deberán devolver si se demuestra que actuaron con dolo. 

El decreto también endurece las penas por violencia o resistencia contra policías, amplía sus competencias en los desalojos de viviendas que constituyen el primer domicilio de inmediato, en las que pueden actuar sin tener que esperar a una resolución judicial, y permite a los agentes fuera de servicio llevar, a parte de su arma reglamentaria, otra de su propiedad.

Schiavon alerta además de que este decreto fue aprobado directamente por el Gobierno, sin pasar por el Parlamento, un procedimiento previsto en la Constitución italiana, pero que limita la intervención parlamentaria. A su juicio, recurrir a este tipo de mecanismos puede generar “riesgos muy altos” cuando las normas van “más allá de la urgencia que las justifica”.

En Alemania, el cambio se ha producido principalmente mediante la ampliación de los casos en los que puede actuar la policía. Hasta 2016 predominaba el principio de konkrete Gefahr, o peligro concreto, que exigía la existencia de un riesgo identificable. 

Ese año, el Tribunal Constitucional Federal abrió la puerta a actuar ante una “amenaza suficientemente específica” en determinados casos graves, incluso antes de que existiera un peligro concreto.

Baviera incorporó esta posibilidad a su legislación en 2018 y permitió medidas preventivas como la vigilancia de comunicaciones, la geolocalización, los registros o una mayor duración de la detención preventiva. Aunque una reforma de 2021 limitó su alcance, esta herramienta terminó utilizándose también contra activistas climáticos. Entre 2022 y 2023, la policía bávara llegó a detener preventivamente durante 30 días a miembros de Letzte Generation por anunciar su participación en los cortes de carreteras que se estuvieron llevando a cabo durante esos años.

A ello se suma la normalización de los controles en las fronteras interiores. Reintroducidos por Angela Merkel en 2015 como respuesta excepcional a la crisis migratoria, se han mantenido y ampliado desde entonces hasta abarcar las nueve fronteras terrestres alemanas. 

Estos controles permiten identificaciones sin sospecha individualizada, una práctica que Amnistía Internacional cuestiona por el riesgo de racial profiling, perfilado racista. En 2025 y 2026, varios tribunales alemanes cuestionaron la legalidad de mantener estos controles durante tanto tiempo y, este junio, la Comisión Europea reclamó mejores justificaciones al Gobierno. 

La migración también está sirviendo en Bélgica para ampliar las competencias policiales. El Gobierno de Bart De Wever ha recuperado una propuesta que lleva en el aire desde 2018: permitir la entrada de agentes en domicilios para ejecutar órdenes de expulsión de personas migrantes. 

El anteproyecto, aprobado por el Consejo de Ministros en mayo de 2026 y pendiente ahora de su tramitación parlamentaria, permitiría estas entradas cuando exista una orden de expulsión firme, la persona se haya negado reiteradamente a colaborar y sea considerada una amenaza para el orden público o la seguridad nacional.

Sería necesaria una autorización previa de un juez de instrucción y tendría que hacerse conjuntamente con la Oficina de Extranjería. Aun así, organizaciones de derechos humanos, abogados y representantes policiales han advertido de que la medida supone una ampliación significativa de los poderes coercitivos del Estado y puede afectar a la inviolabilidad del domicilio, protegida por la Constitución belga y el Convenio Europeo de Derechos Humanos.

“Lo que estamos viendo es la criminalización de las personas migrantes”, denuncia la jurista de FIBGAR. A su juicio, se construye una narrativa de emergencia que facilita la aceptación social de medidas excepcionales. “No es una emergencia, porque no hay datos que lo demuestren, pero a los ojos de la ciudadanía se pueden justificar estas medidas”.

España muestra una situación diferente: no ha aprobado nuevas leyes de este tipo en los últimos años, pero mantiene vigente la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, aprobada en 2015 por el gobierno de Mariano Rajoy y conocida como ley mordaza.

La norma permite sancionar administrativamente conductas como la desobediencia o resistencia a la autoridad, las faltas de respeto a los agentes o determinadas actuaciones durante manifestaciones, con multas de miles de euros.

Su reforma lleva años bloqueada. PSOE, Sumar y EH Bildu pactaron en 2024 recuperar una modificación que había fracasado un año antes, pero continúan las discrepancias sobre cuestiones como el uso de pelotas de goma, las sanciones por faltas de respeto a los agentes, las infracciones por desobediencia y resistencia o las llamadas devoluciones en caliente. En abril de 2026, el Gobierno volvió a incluir la reforma entre sus prioridades, pero, por el momento, no se ha conseguido ningún cambio.

“Que España no haya aprobado nuevas normas en los últimos años no significa que el problema haya desaparecido. No podemos olvidarnos de que esta herramienta existe y está para ser utilizada”, destaca Schiavon. 

La directora de FIBGAR insiste en que los ejemplos europeos forman parte de una misma tendencia. “No son casos aislados”, advierte. Por ello, reclama una mayor vigilancia por parte de las instituciones comunitarias y de los representantes políticos para evitar que estas medidas continúen avanzando.

El pasado miércoles, un agente de la Guardia Civil que había sido expulsado del cuerpo entró en el cuartel de Llanes y, tras hacerse con un arma, asesinó a su expareja, una guardia civil que trabajaba en ese puesto. El atacante murió también por los disparos de sus compañeros, pero el suceso abre una pregunta: ¿cómo pudo un agente apartado del cuerpo tener acceso a un arma?

La pistola con la que cometió el crimen se encontraba en la taquilla de un compañero, que el asesino forzó para hacerse con el arma. “En Asturias no hay casi armeros —cajas de seguridad diseñados para guardar armas de fuego— repartidos de forma oficial. Habrá diez, y casi todos los tienen algunos oficiales o personal de oficinas. Poco más. En el resto no hay ningún tipo de armero”, relata José Álvaro Nieto, portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles en Asturias (AUGC), en conversación con infoLibre. Por ello, “los agentes tienen que dejar el arma en la taquilla o llevársela a casa”.

El problema es que las taquillas personales no están diseñadas para custodiar armas. “Son taquillas metálicas con un candado”, explica el portavoz asturiano, que añade que las que tienen cerradura son minoritarias y presentan un nivel de seguridad “insuficiente”. “No hay ningún tipo de protocolo. Aquí lo que hacen es responsabilizarte a ti del arma. La Guardia Civil realmente se lava las manos”, denuncia.

El problema no solo está en Asturias. Desde Madrid, Ivo Pantoja, también portavoz de esta asociación, explica que solo hay armeros en algunas unidades y que, según su experiencia, “el 99% de los destinos” que conoce no disponen de ellos para todos los agentes. Señala que la mayoría de los armeros oficiales se concentran en lugares donde la normativa obliga a retirar el arma al agente, como los centros de detención.

“Muchas de las armas están guardadas directamente en las taquillas. Pero una taquilla es la típica taquilla metálica que con un destornillador la abres”, explica, en la misma línea que su compañero de Asturias. Añade que, en el puesto en el que trabaja, de las 26 taquillas que tienen, “hay muchas que ni abren ni cierran porque está rota la cerradura y tienen, a lo mejor, 40 años de servicio”. Desde la propia Guardia Civil indican que son conscientes de que actualmente no hay armeros “suficientes” y que se está ampliando su número en función de las disponibilidades presupuestarias, pero insisten en que la custodia final del arma recae en el propio agente.

Ante esta situación, la AUGC lleva desde 2010 reclamando la instalación de armeros individuales para todos los agentes. Según explica el portavoz del área jurídica de esta asociación, Eugenio Nemiña, la primera petición tenía precisamente como argumento la seguridad de las armas y la dificultad de custodiar una pistola en un domicilio particular. 

“Hay casas donde tienes niños, donde tienes una persona que limpia la casa o que cuida a los niños. Entonces tú no puedes estar todo el día con el arma encima y tienes que dejar el arma en casa”, denuncia. Agrega que la única alternativa que queda es la taquilla. “Más seguro que en la calle sí que es, pero eso no quita que se pueden abrir fácilmente”, explica.

De esta manera, la asociación ha planteado esta problemática mediante el envío de diferentes escritos y en las reuniones del Consejo de la Guardia Civil. Al principio, la única respuesta que recibían era que la responsabilidad de custodiar el arma recaía en el propio agente, pero en los últimos años “poco a poco ha ido mejorando la cosa y ahora reconocen que sí, que son importantes, pero cuando hay presupuesto. Y de ahí no salen. El presupuesto nunca llega y estamos siempre con las mismas”.

La AUGC lleva más de una década reclamando armeros individuales para las armas cortas. Ya en 2012 planteó en el Consejo de la Guardia Civil que la facilidad de acceso al arma de un compañero por parte de una persona que estuviera de baja psicológica era “absoluta”, según el acta a la que ha tenido acceso infoLibre. La respuesta entonces fue que “el arma formaba parte del uniforme y el guardia era responsable de ella en todo momento”.

Las peticiones se repitieron en los años siguientes. En 2013, el Estado Mayor del Mando de Operaciones insistió en la responsabilidad individual de los agentes aunque reconoció que el lugar más seguro para guardar las armas era “el propio acuartelamiento”. En 2024, 2015 y 2017, las reclamaciones de más armeros chocaron principalmente con la falta de presupuesto. 

En 2021, la Guardia Civil valoró “positivamente” la instalación de armeros individuales, pero reconoció que los 5.118 disponibles en toda España eran insuficientes para cubrir las necesidades del resto de la plantilla. Dos meses después anunció la adquisición de otras 5.200 unidades, adjudicadas finalmente en 2023 por 416.000 euros.

Ese mismo año, un teniente general reconoció ante el Consejo que la disponibilidad de un medio letal era uno de los factores que influían en las conductas suicidas y señaló entre las medidas preventivas complementarias el “resguardo del arma oficial” en unidades dotadas con armeros. La última adjudicación, realizada en febrero de 2026, contempla un mínimo de 6.450 nuevos armeros en 2026 y 2028.

Pese al aumento de la dotación, la AUGC considera que sigue siendo insuficiente para una plantilla de más de 80.000 agentes. La asociación evita afirmar que un armero hubiera impedido el asesinato machista de Llanes, pero sostiene que habría añadido una barrera de seguridad. “Sería indecente vender la idea de que una caja fuerte es un escudo, pero hay un abismo entre no poder impedir un crimen y ponérselo fácil”, concluyen.

Mientras unos niños pasan sus vacaciones de verano entre campamentos, actividades deportivas, viajes o cursos de idiomas, otros viven estos tres meses solos en casa, frente a una pantalla y sin apenas alternativas de ocio. En España, el 33,8% de los menores está en riesgo de pobreza o exclusión social y alrededor de 2,6 millones, uno de cada tres, no pueden disfrutar siquiera de una semana de vacaciones al año, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), lo que hace que la época estival se convierta en un catalizador más de la brecha educativa entre las diferentes clases socioeconómicas.

“El verano profundiza mucho las desigualdades que ya existían. Durante el curso, la escuela ofrece algunos mecanismos compensatorios, aunque insuficientes, para paliar las carencias más graves, pero cuando llegan las vacaciones y desaparece esa red de apoyo, esas desigualdades se agravan de forma muy importante”, explica a infoLibre Ricardo Ibarra, presidente de Plataforma de Infancia. Pilar Orenes, presidenta de Educo —una ONG especializada en temas de educación—, coincide en que “el reto está en que no todos los niños tienen las mismas oportunidades”. 

En 2021 dos investigadores de Estados Unidos, Allison Atteberry y Andrew McEachin, publicaron en American Educational Research Journal el estudio Schools Out: The Role of Summers in Understanding Achievement Disparities, que analizó los resultados de cerca de 18 millones de estudiantes de los 50 estados entre 2008 y 2016. Su conclusión fue que entre un 20% y un 30% del aprendizaje adquirido durante el curso se pierde durante las vacaciones de verano, especialmente en matemáticas.

Sin embargo, el foco de este problema no debe ponerse solamente en el parón del aprendizaje convencional durante el verano, ya que los tiempos de descanso son casi igual de importantes en el desarrollo de los menores. “Las vacaciones son una estupenda oportunidad para aprender de otra manera. La educación es un derecho que hay que asegurar y que es clave para reducir la pobreza, pero entendida en un sentido amplio, porque no solo transcurre en el aula”, explica Orenes.

La responsable de Educo insiste en que las vacaciones permiten desarrollar competencias que difícilmente se adquieren en el entorno escolar. “En verano los niños y las niñas se relacionan de otra manera, juegan al aire libre, resuelven conflictos, se aburren, pasan muchas cosas diferentes que también son claves para su desarrollo. Pueden terminar el verano dando un salto cualitativo en su aprendizaje. El reto está en que no todos tienen las mismas oportunidades”, denuncia.

“Nuestra petición es que existan actividades de verano gratuitas para todos los niños y niñas. Si todo el ocio es de pago, se tensiona todavía más la situación de las familias con menos recursos”, indica Orenes.

Según un informe publicado este año por Educo, unos 120.000 niños de entre 6 y 10 años permanecen solos en casa durante gran parte del verano porque sus padres no pueden acompañarlos por motivos laborales y no pueden permitirse otro tipo de actividades. “Todo el potencial que tiene esta etapa para relacionarse con otros niños se pierde. Las habilidades de comunicación, convivencia o resolución de conflictos se desarrollan en contacto con otras personas y, cuando un niño permanece aislado, puede producirse un retroceso en ese aprendizaje”, afirma Orenes.

Ibarra advierte de que ese aislamiento tiene consecuencias que van mucho más allá del tiempo de ocio. “Los niños que pasan gran parte del verano únicamente con estímulos digitales ven afectadas sus habilidades cognitivas y comunicativas porque pierden espacios de socialización con otros niños y con adultos. Además, llevan una vida más sedentaria y, cuando vuelven al colegio en septiembre, también tienen muchas menos experiencias que compartir con sus compañeros, lo que puede profundizar la sensación de exclusión que ya sufrían durante el curso”, explica.

Otro de los aspectos en los que ponen el foco las organizaciones sociales es la alimentación. “El comedor escolar es una herramienta clave para reducir desigualdades. No solo garantiza una comida diaria, sino que también es un espacio educativo donde los niños conviven, aprenden hábitos saludables y desarrollan habilidades sociales”, sostiene Orenes, que relata que este año más de un millón de niños se quedarán sin las becas comedor que reciben durante los meses que acuden al colegio.

La relación entre alimentación y aprendizaje está ampliamente documentada. Nutrientes como los ácidos grasos omega-3, el hierro, el zinc o las vitaminas del grupo B desempeñan un papel esencial en el desarrollo cerebral. Un déficit de estos nutrientes puede traducirse en problemas de atención, memoria y capacidad para resolver problemas, afectando directamente al rendimiento escolar.

En esta línea, Plataforma de Infancia alerta además de que unos 450.000 menores en España no pueden acceder a carne o pescado al menos cada dos días. “Cuando termina el curso escolar, la calidad de la alimentación empeora todavía más porque dejan de tener acceso al comedor escolar. Son niños que tienen más dificultades para concentrarse en clase porque no reciben una alimentación adecuada desde el comienzo del día o presentan carencias nutricionales”, señala Ibarra.

De esta manera, el verano se convierte en un período en que las “carencias se profundizan y las diferencias entre unos niños y otros se hacen todavía mayores”, advierte Ibarra, en un sistema en el que todavía existe una gran brecha entre las diferentes clases sociales. Según el informe PISA 2022 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), los estudiantes españoles pertenecientes al 25% de familias con mayor nivel socioeconómico obtienen, de media, 86 puntos más en matemáticas, 83 puntos más en comprensión lectora y 78 puntos más en ciencias que los alumnos del 25% de hogares más desfavorecidos. La diferencia equivale aproximadamente a dos cursos escolares de aprendizaje.

A esa brecha se suma una realidad cada vez más presente en España y es el protagonismo que están ganando las clases particulares en el proceso educativo. Según el estudio La educación en la sombra en la península ibérica, elaborado por el Observatorio Social de la Fundación "la Caixa", uno de cada cuatro estudiantes españoles recibe clases particulares. El gasto de las familias en este tipo de apoyo pasó de 1.691 millones de euros en el curso 2019-2020 a 2.782 millones en 2023-2024, un incremento del 65% en términos nominales.

Además, las familias que declaran una situación económica holgada gastan un 18% más en clases particulares que aquellas que afirman tener dificultades para llegar a fin de mes. La asistencia también es ligeramente mayor entre los hogares más acomodados: un 25,6% de sus hijos recibe este tipo de apoyo frente al 23,1% de los estudiantes de familias con una economía más ajustada.

Para Orenes, sin embargo, el problema no son las clases particulares en sí, sino que se conviertan en un requisito para acceder a una educación de calidad. “Cuando la educación pública no dispone de todos los recursos necesarios, las familias tienen que complementarla con actividades que deben pagar de su bolsillo. El desarrollo y el aprendizaje de un niño no pueden depender de la situación económica de su familia. La educación reduce la pobreza y la desigualdad, pero solo si se garantiza en igualdad de condiciones para todos”, denuncia.

Por ello, las organizaciones sociales insisten en que el objetivo no es llenar el verano de clases, sino garantizar que todos los niños puedan disfrutar de experiencias enriquecedoras con independencia de la renta familiar. Educo propone que todos los menores en situación de vulnerabilidad puedan acceder al menos durante quince días a actividades de verano gratuitas que incluyan una comida completa y nutritiva cada día.

Ibarra coincide en que la solución pasa por reforzar el apoyo público. “Las administraciones deben facilitar becas, actividades e instalaciones para que ningún niño quede fuera por motivos económicos. Lo importante es que sean programas abiertos a toda la infancia, sin estigmatizar a quienes más lo necesitan. España ya dispone de una amplia oferta, el reto es garantizar que las familias que no pueden permitírselo, reciban el apoyo necesario para que sus hijos también puedan participar”, concluye.

Son las 9:00 de la mañana y los 74 niños y niñas que pasan esta primera quincena de agosto en el campamento Nazaret, en pleno distrito madrileño de San Blas, se levantan para comenzar su día. Tras darse los buenos días, desayunan y comienzan la jornada participando en todo tipo de actividades. Aunque esta es una jornada típica en cualquier campamento, para estos menores supone un soplo de aire fresco, que de otra manera no tendrían unas vacaciones que disfrutar.

“La particularidad de este campamento es que va dirigido a niños, sobre todo del barrio de San Blas, que sabemos que viven una situación complicada”, explica a infoLibre Iria Barreiro, una de las vocales de la Junta Directiva de la Asociación Nazaret. “Durante el año la asociación reparte alimentos a más de 600 familias del barrio, así que muchos de los niños que vienen son beneficiarios de ese reparto o participan en nuestras actividades de ocio de los sábados o en el apoyo escolar. Son familias con muchísimas dificultades que no pueden permitirse un campamento ordinario”, añade.. 

“Un campamento como este cuesta entre 300 y 400 euros por plaza. Nosotros pedimos simbólicamente 200 euros, pero la realidad es que casi nadie puede pagarlos. Sí les pedimos, por compromiso, que aporten al menos 50 euros. Es un esfuerzo enorme para las familias, pero también las dignifica mucho, ya que muchas veces van pagando poco a poco y agradecen poder hacer ese esfuerzo y sentir que les están regalando unas vacaciones a sus hijos”, añade.

Además de estos niños, desde hace años la asociación también acoge a menores tutelados de la Comunidad de Madrid, como una forma de ofrecerles unos días fuera de la residencia en la que pasan todo el año. Este verano acogen a 25 de estos menores.Todos los días realizan todo tipo de tareas como hacer la cama, ordenar la habitación o lavar la ropa sucia, ya que “son hábitos que muchos de ellos no tienen adquiridos”, relata Barreiro. A partir de ahí, pasan el día con todo tipo de actividades como ir a la piscina, talleres de deporte, relajación, juegos, etc.

Uno de los aspectos en los que ponen especial énfasis es en la alimentación. “Tenemos una cocinera excelente y siempre hay cantidad suficiente, lo que a muchos les sorprende, sobre todo el desayuno”, asegura. “Les ponemos leche, zumo, fruta, cereales, galletas y embutidos. Hay niños que el primer día nos dicen que nunca habían visto un desayuno así. Recuerdo una niña que nos contó que en su casa desayunaba agua con cacao en polvo y aquí tomó leche por primera vez”, agrega.

En el campamento cuentan también con “días especiales”, en los que hacen excursiones a Terra Mítica y a la playa, además de organizar un mercadillo, en la que acumulan las donaciones de ropa, material escolar, productos de higiene, libros o juguetes que reciben durante el año y que los niños pueden ‘comprar’ con un dinero simbólico que se les entrega.

“En el campamento te das cuenta de la realidad que viven. Hay menores que llegan con muy poca ropa, por lo que el mercadillo les permite marcharse con prendas, una mochila, material escolar y otras cosas que necesitan”, relata. “También les impresionan las excursiones, porque para muchos es la primera vez que ven el mar o que visitan un parque temático”, pero el punto más importante es el plano emocional.

“Aquí descubren otra manera de relacionarse con los adultos. Muchos de estos niños han vivido abandono, maltrato o abusos y de repente descubren que un adulto no les grita, que no les pega, que los conflictos se resuelven de otra forma y que existen relaciones basadas en el cariño y el respeto”, explica la vocal. 

“Cuando el campamento termina es duro para muchos de ellos. Los niños que viven en residencias no quieren volver y otros tampoco desean regresar a sus casas. Este año, por ejemplo, hemos conocido el caso de cinco niños del campamento que viven en la misma vivienda, aunque son hijos de tres madres diferentes. También hay menores que residen en infraviviendas. Para muchos, disponer de espacio, bañarse en una piscina o pasar unos días fuera de casa de vacaciones supone vivir experiencias muy poco habituales”, describe.

Historias como las que se viven en el campamento de Nazaret se repiten por toda España, en un momento en el que el 34% de las familias españolas no pueden permitirse irse de vacaciones ni una semana al año, según la Encuesta de Condiciones de Vida de 2025 del INE, y que el 29,2% de los niños, niñas y adolescentes está en situación de pobreza, según Unicef. Por esta razón, Save the Children ofrece este tipo de actividades en diferentes comunidades autónomas para así dar una oportunidad de que estos menores puedan salir de su rutina.

“Tenemos dos modalidades. Una son los campamentos de verano con pernocta, donde llevamos durante al menos una semana a chicos y chicas con los que ya trabajamos durante todo el año para que puedan disfrutar de actividades al aire libre, juegos y tiempo de ocio fuera de su lugar habitual de residencia. La otra son las colonias urbanas, que organizamos en los mismos espacios donde trabajamos con ellos durante el curso. Allí combinamos actividades de ocio, salidas a la piscina y también un pequeño refuerzo educativo y atención psicológica básica”, explica Raúl Arnaiz, director de programas domésticos de Save the Children en España, que añade que este año están participando más de 1.500 menores de entre seis a 17 años.

La mayoría de estos niños llegan derivados por los servicios sociales o por sus propios centros educativos y “normalmente cuentan con dificultades económicas en el hogar, empleo muy precario o desempleo en las familias, ingresos muy reducidos y, en algunos casos, situaciones de desprotección o violencia. Son perfiles en riesgo de exclusión y familias que tienen unas condiciones de vida a veces muy precarias”, señala Arnaiz.

“Supone muchas veces la única oportunidad de salir de su entorno habitual y disfrutar de algo parecido a unas vacaciones de verano: hacer excursiones, ir al campo, ir a la piscina o simplemente romper con la rutina que tienen durante todo el año”, defiende el director. Para las familias no supone ningún tipo de gasto, ya que el proyecto se financia a través de acuerdos con diferentes empresas y así pagar los costes de las actividades y los sueldos del personal. Igual que en el caso de la asociación Nazaret, otra de las principales formas de financiación es a través de las donaciones de particulares.

La convivencia durante esos días también permite a los educadores conocer una faceta distinta de los menores. “En los campamentos convives con ellos las 24 horas y conoces otra dimensión de los niños y niñas que no ves durante el resto del curso. La verdad es que da gusto ver lo bien que están y lo bien que se lo pasan”, concluye Arnaiz.

Europa acumula ya este verano más de 160 casos de virus del Nilo Occidental repartidos en siete países. 94 en Italia, 42 en Grecia, 16 en España, siete en Macedonia del Norte, cinco en Rumanía, dos en Francia y uno en Alemania. A ello se suman otras enfermedades como el chikungunya o el dengue, que en España ya acumulan 108 y 124 casos importados respectivamente y que cada vez son más habitual en territorios donde el aumento de las temperaturas favorece la presencia de los mosquitos que las transmiten.

El punto en común de estas enfermedades es que son transmitidas por la picadura de mosquitos, cuyos patrones de distribución y actividad están cambiando. “Lo que más estamos viendo ahora mismo es el impacto sobre los insectos y otros artrópodos. Si aumenta la población de estos vectores, también aumenta la probabilidad de que haya ejemplares infectados y, por tanto, la posibilidad de transmisión a las personas. Eso no significa que todas las picaduras provoquen una enfermedad, pero sí aumenta el riesgo”, explica a infoLibre Gema Fernández, portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC).

Aunque las altas temperaturas son uno de los factores que explican estos cambios, desde el ámbito científico advierten de que no hay que caer en discursos simplistas que reducen el fenómeno a la idea de que “a más calor, más mosquitos”.

"Hay que desmontar un poco ese mito, porque en principio es así, pero no es tan fácil", describe Frederic Bartumeus, investigador ICREA en el Centro de Estudios Avanzados de Blanes (CSIC) y codirector de la aplicación Mosquito Alert. Explica que “los mosquitos tienen óptimos térmicos, necesitan unas condiciones concretas de temperatura y humedad para sobrevivir y reproducirse. Cuando el calor es extremo y se combina con sequía, su actividad disminuye”.

De hecho, durante las sucesivas olas de calor registradas este verano en Cataluña, los investigadores han observado un descenso de las poblaciones. “Paradójicamente, un otoño lluvioso podría favorecer un repunte mayor que el propio verano”, destaca Bartumeus, que añade que el principal efecto del cambio climático “no será necesariamente un aumento constante del número de mosquitos, sino una modificación de sus patrones de actividad”.

“Esto provocará que los picos de abundancia se desplacen del verano al otoño o que tengamos actividad de mosquitos en diciembre porque el invierno tarda más en llegar, mientras que el verano sea demasiado extremo para ellos”, explica.

Otro de los factores que influyen en la distribución de estos insectos es la geografía, lo que estaría favoreciendo su expansión en países del centro y norte de Europa y que, si las temperaturas siguen aumentando, podría provocar el fenómeno contrario en parte del Mediterráneo debido al exceso de calor y la escasez de agua. “Si hablamos del centro o norte de Europa, el cambio climático sí puede permitir que especies que antes apenas encontraban condiciones adecuadas ahora las tengan durante más meses. Pero España ya parte de un clima donde siempre ha habido mosquitos; aquí el exceso de temperatura puede incluso dificultarles la vida”, resume.

Un factor que tampoco puede ignorarse para entender el crecimiento de estas enfermedades es la movilidad global. Muchos de estos virus llegan a Europa a través de viajeros infectados procedentes de América Latina, Asia o África y, cuando un mosquito local pica a esa persona, puede iniciarse una cadena de transmisión autóctona.

“La movilidad humana ha cambiado muchísimo en los últimos diez o 15 años y eso también explica el aumento del riesgo”, relata Bartumeus, que pone como ejemplo una de las investigaciones que ha llevado a cabo, cuya principal conclusión es que la expansión del mosquito tigre por España ha estado estrechamente relacionada con el tráfico por carretera. “Su expansión está muy asociada a la movilidad en coche de los españoles y a las principales carreteras. El mosquito se mete en los vehículos y puede colonizar nuevas ciudades mucho más rápido de lo que lo haría volando”.

A su proliferación también se suman las alteraciones en las migraciones de las aves. Fernández explica que España es un importante punto de paso para aves procedentes de África y que estos animales pueden transportar garrapatas infectadas, que posteriormente transmiten virus a la fauna silvestre. "Al final, cuanto mayor es la población de mosquitos y garrapatas, mayor es también la probabilidad de que existan ejemplares infectados. Es una cuestión de probabilidad", resume la especialista.

El Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) advierte de que los efectos del cambio climático sobre la salud no se limitan a los mosquitos. El aumento de las temperaturas incrementa también el riesgo de intoxicaciones alimentarias por la proliferación de bacterias, favorece infecciones como la vibriosis tras el baño en aguas costeras de baja salinidad y prolonga la temporada de actividad de las garrapatas, responsables de enfermedades como la de Lyme o la encefalitis transmitida por estos parásitos. “Ante un cambio climático que incrementa el espectro de amenazas para la salud pública, hay una necesidad creciente de colaboración estratégica entre los sectores humano, ambiental y animal”, subraya la agencia europea.

“Las altas temperaturas también favorecen la proliferación de bacterias en los alimentos y de microorganismos del género Vibrio, presentes en aguas salobres, que pueden provocar infecciones cutáneas y cuadros graves en personas vulnerables”, describe Fernández. No obstante, matiza que, por ahora, “en España no estamos viendo un aumento significativo de infecciones por estas bacterias”, ya que se centra más en países del norte de Europa, aunque considera necesario mantener la vigilancia.

En la misma línea, el Ministerio de Sanidad considera que la participación ciudadana es fundamental para detectar precozmente estos cambios. Aquí toma protagonismo la aplicación Mosquito Alert, que se nutre de los avisos enviados por los propios ciudadanos sobre la presencia de mosquitos invasores y contribuye a complementar los sistemas tradicionales de vigilancia.

Para Bartumeus, el seguimiento de millones de observaciones realizadas por la población permitirá comprender mejor cómo evolucionan estas especies en un escenario climático cambiante. “Lo que necesitamos es monitorizar los cambios. El riesgo va a cambiar, la cuestión es cómo va a cambiar. Y para responder a eso necesitamos más datos y más ciencia”, concluye.