Detrás del sistema de dependencia, se encuentra una marea silenciosa de trabajadoras (cuidadoras, auxiliares de ayuda a domicilio, trabajadoras sociales, etc) que lo sostienen con su esfuerzo diario. Con sueldos y condiciones precarias, llevan años luchando por un trabajo digno, que pasa principalmente por contratar más profesionales en el sector y poder aliviar esta carga de trabajo.

Según los datos de la Federación Empresarial de la Dependencia (FED) actualmente faltan 160.000 trabajadoras en el sector de la dependencia, una cifra que podría aumentar hasta los 639.000 en 2030. Sin embargo, esta semana el Ministerio de Derechos Sociales ha conseguido grandes avances para mejorar el sistema de dependencia y que podrían influir concretamente en las profesionales del sector.

El Congreso de los Diputados aprobó este martes el texto impulsado por esta cartera para modificar las leyes de dependencia y discapacidad, una norma que, además de ampliar derechos y simplificar trámites, blinda por primera vez la financiación del sistema al establecer que la Administración General del Estado deberá asumir el 50% de la inversión destinada a la dependencia.

Ese mismo día la Cámara Baja convalidó también el real decreto-ley aprobado por el Gobierno a finales de junio para incrementar la financiación del denominado nivel mínimo de la dependencia, es decir, las cantidades que el Estado transfiere mensualmente a las comunidades autónomas en función del número de personas con una prestación reconocida y del grado de dependencia que tengan. Estas cuantías ya han comenzado a abonarse este mes de julio y aumentan, de media, un 82%, aunque el incremento es aún mayor para las situaciones de mayor gravedad: un 100% para el grado II y un 128% para el grado III.

A ello se suma el aumento del denominado nivel acordado, la segunda vía de financiación estatal del sistema. El Consejo de Ministros aprobó también esta semana incrementar esta partida en 120 millones de euros en 2026 y otros 120 millones en 2027.

De esta manera, entre 2026 y 2027 el Estado transferirá 6.200 millones de euros adicionales a las comunidades autónomas respecto a la financiación prevista en los últimos presupuestos, alcanzando la mayor inversión de la historia en dependencia. Según las estimaciones del departamento que dirige Pablo Bustinduy, este esfuerzo económico permitirá incorporar alrededor de 417.000 nuevas personas beneficiarias al sistema y reducir las listas de espera en unas 71.000 personas antes de finalizar 2027.

Sin embargo, el impacto no será solo asistencial, ya que está financiación tendrá también un importante efecto sobre el empleo. Según las estimaciones que ha realizado este Ministerio, el dinero permitirá crear 107.735 y 115.050 nuevos puestos de trabajo en el sector de la dependencia en toda España. 

La distribución territorial de ese empleo refleja que Andalucía y la Comunidad de Madrid serán las comunidades donde se prevé una mayor creación de puestos de trabajo. En Andalucía se estima la incorporación de 23.577 profesionales, mientras que Madrid alcanzaría los 22.315 nuevos empleos. Cataluña sumaría 13.611, la Comunitat Valenciana 12.704, Castilla y León 7.329, Canarias 6.563, Castilla-La Mancha 6.254, Galicia 6.156 y la Región de Murcia 3.334.

El resto de comunidades también experimentarán un crecimiento del empleo, aunque de menor magnitud. Asturias podría crear 2.374 puestos, Extremadura 2.096, Aragón 2.089, Baleares 1.752, Navarra 1.419, País Vasco 1.328, Cantabria 1.032 y La Rioja 846 nuevos empleos.

El Ministerio defiende que esta inversión tendría que traducirse también en mejores condiciones laborales para las trabajadoras mediante salarios más dignos, mayor estabilidad y más formación. Aunque Derechos Sociales no tiene competencias para negociar los convenios colectivos, ha anunciado a este respecto la creación de una mesa de diálogo con sindicatos y patronal para favorecer una mejora de las condiciones laborales aprovechando este incremento de la financiación.

En cuanto a la ampliación de la cobertura del sistema por territorios, Andalucía podría incorporar más de 102.000 nuevos beneficiarios, Cataluña y la Comunitat Valenciana superarían las 61.000 nuevas personas atendidas cada una y Madrid rondaría las 60.900. Además, el Ministerio calcula importantes reducciones de las listas de espera, especialmente en Cataluña (24.881 personas menos), Andalucía (15.461), Madrid (11.497), Murcia (4.904), la Comunitat Valenciana (4.471) y el País Vasco (4.153).

“Es preocupante que, cada cierto tiempo, un humorista tenga que acudir a un juzgado para explicar un chiste. Eso indica que tenemos un problema”, resume Eduardo Gómez, abogado de Red Jurídica, sobre el debate que ha vuelto a abrir la detención del humorista Héctor de Miguel, conocido como Quequé, que ha pasado la noche de este miércoles en una comisaría de Salamanca. La razón, no haber atendido de forma adecuada parte de las formulaciones de la sentencia que le condenó en 2024 por un delito de intromisión ilegítima al honor por haber llamado “subnormal” en más de una ocasión en la radio y en redes al periodista ultraconservador Alfonso Rojo. En concreto, De Miguel no difundió el encabezamiento y fallo de dicha sentencia ni en su programa ni en sus perfiles de redes sociales como había determinado el tribunal.

Esta no es la primera vez que el humorista tiene un encontronazo con la justicia después de convertirse en el punto de mira para organizaciones ultras. En marzo se abrió juicio oral contra él por un presunto delito de coacciones tras una denuncia de la asociación Abogados Cristianos, mientras que en 2025 la Audiencia Provincial de Madrid archivó otra causa en la que se le investigaba por un supuesto delito de odio, impulsada también por Abogados Cristianos, al considerar que sus declaraciones estaban amparadas por la libertad de expresión.

Sin embargo, el que quizás sea el episodio más grave ocurrió este pasado enero, cuando el humorista anunció su retirada temporal del programa Hora Veintipico por los ataques que recibió tras hacer una parodia del periodista Nacho Abad y del sensacionalismo con el que cubrió el accidente ferroviario de Adamuz. En el comunicado con el que anunció su marcha, el humorista aseguró que había "llegado el momento de parar” y que “lo acontecido en las últimas horas precipita una decisión que llevaba tiempo barruntando”. También rechazó las acusaciones de haber faltado al respeto a las víctimas: “Nos centramos en hacer comedia con lo que había alrededor de la desgracia, y quien sostenga que le faltamos al respeto a las víctimas de los accidentes ferroviarios, simplemente está mintiendo y finalizó que no tenía “madera de héroe” ni le apetecía ser “mártir”

De Miguel es solo uno más dentro de los humoristas, artistas y comunicadores de corte progresista o de izquierdas que han tenido que pasar por los tribunales en la última década. Dani Mateo fue investigado tras sonarse la nariz con una bandera de España durante un programa de televisión; el presentador Facu Díaz declaró ante la Audiencia Nacional por un vídeo satírico sobre el terrorismo, causa que terminó archivada; la tuitera Cassandra Vera fue condenada por unos tuits humorísticos sobre el atentado contra Carrero Blanco, aunque fue absuela por el Tribunal Supremo posteriormente; el rapero Pablo Hasél fue condenado por el contenido de sus canciones y mensajes en redes sociales, y continúa en prisión; el también rapero Valtònyc pasó por el mismo trance, aunque no ingresó en la cárcel porque huyó de España. Y unos tuits acabaron con el músico César Strawberry procesado por enaltecimiento del terrorismo; tuvo que llegar hasta el Tribunal Constitucional para ser absuelto.

Para Eduardo Gómez, el fenómeno no puede analizarse únicamente atendiendo al número de condenas, porque la importancia reside en que “está habiendo más denuncias y más procedimientos”. A su juicio, muchas de estas acciones cumplen su función aunque no terminen con una sentencia condenatoria. “Muchas veces, para quienes impulsan estos procedimientos, el resultado judicial casi es secundario. El objetivo principal ya se consigue con el titular de que han denunciado o de que una persona ha tenido que declarar”.

Esa idea conecta con un concepto ampliamente desarrollado por la jurisprudencia europea: el efecto desaliento o chilling effect. Ana Galdámez Morales, profesora ayudante doctora de Derecho Constitucional en la UNED, recuerda que fue el Tribunal Europeo de Derechos Humanos quien desarrolló este concepto para advertir de las consecuencias de sancionar en exceso la libertad de expresión. “Si una persona sabe que puede recibir una sanción por expresar una opinión crítica, tenderá a autocensurarse. Será más cauta y evitará ejercer plenamente esa crítica”, explica.

Gómez sostiene que ese efecto no es una hipótesis teórica, sino una realidad que observa en su práctica profesional. “Conozco humoristas, creadores y personas con relevancia en redes sociales que hoy se autocensuran mucho más o que directamente han dejado de hacer determinados contenidos. Muchas veces ni siquiera hace falta conseguir una condena para lograr ese efecto. Basta con que trascienda que alguien ha sido denunciado o llamado a declarar”.

Sin embargo, ambos juristas distinguen claramente entre el derecho de cualquier ciudadano a acudir a los tribunales y la responsabilidad de los jueces a la hora de valorar estas denuncias. “Cualquier persona que considere lesionado su derecho al honor tiene pleno derecho a acudir a los tribunales para defenderse”, señala Galdámez. "La responsabilidad está en quien aplica el Derecho. Corresponde a jueces y tribunales realizar una ponderación justa y equilibrada teniendo en cuenta la importancia que tiene la crítica social para el funcionamiento de la democracia”, añade.

La profesora de Derecho Constitucional recuerda que el humor no ocupa una posición marginal dentro del sistema constitucional, sino que forma parte del núcleo protegido por la libertad de expresión y la libertad de creación artística, reconocidas en el artículo 20 de la Constitución. “El ejercicio del humor, la sátira y la crítica política es necesario en una sociedad democrática”, afirma. Esa protección alcanza también, recuerda, a las expresiones que “incomodan, ofenden o disgustan”, porque el Tribunal Constitucional considera que forman parte del debate público imprescindible para el funcionamiento democrático.

“El único límite absoluto es el insulto”, explica Galdámez. Fuera de ese supuesto, cuando entran en conflicto la libertad de expresión y derechos como el honor o la intimidad, corresponde a los tribunales realizar un juicio de ponderación atendiendo a las circunstancias concretas del caso. En el ámbito del humor, añade, esa ponderación debe aplicarse “con mayor flexibilidad, porque, si no, nos quedaríamos sin él”.

Gómez, por su parte, considera que los jueces de instrucción deberían ejercer un mayor filtro frente a denuncias que, en su opinión, carecen de recorrido penal. “No creo que el problema esté en las leyes. El problema está en cómo se aplican. Lo que hace falta es que los jueces de instrucción sean más restrictivos a la hora de admitir este tipo de denuncias, para evitar que la justicia pueda instrumentalizarse con fines políticos”, denuncia.

Galdámez coincide en que la Constitución ofrece un marco de protección suficientemente sólido y que “el problema está en la aplicación práctica de esos principios”. A su juicio, hace falta una mayor pedagogía constitucional, también entre quienes aplican el Derecho, para comprender que la libertad de expresión merece una protección reforzada precisamente cuando resulta incómoda. “Necesitamos asumir que la libertad de expresión y el humor son absolutamente necesarios para una sociedad democrática y que, en estos momentos, quizá no gozan de toda la salud que deberían”, defiende.

Las camareras de piso han movido la primera ficha para conseguir un derecho que llevan años persiguiendo: ser consideradas como profesión de riesgo. Este pasado jueves 9 de julio, Omar Rodríguez Cabrera, secretario del sector estatal de Hostelería, Restauración Social y Turismo de FeSMC-UGT, presentó formalmente la solicitud para la tramitación de coeficientes reductores para conseguir anticipar la edad de jubilación de estas trabajadoras, lo que defiende como “un acto de justicia social”.

Los coeficientes reductores son un mecanismo previsto en la Ley General de la Seguridad Social que permite adelantar la edad ordinaria de jubilación en aquellas actividades que acrediten unas condiciones de trabajo excepcionalmente penosas, peligrosas, tóxicas o insalubres y que presenten elevados índices de morbilidad o mortalidad.

El sistema funciona aplicando un coeficiente concreto por cada año efectivamente trabajado en la actividad de riesgo. Esto significa que los trabajadores de las profesiones a las que se les aplica un coeficiente de 0,20, pueden descontar un año de la edad de jubilación por cada cinco trabajados, mientras que uno de 0,10 exige diez años. Sin embargo, la jubilación no puede ser nunca antes de los 52 años.

Gracias al Real Decreto 402/2025, en vigor desde mayo del año pasado, se fija un procedimiento común para solicitar este reconocimiento: cada profesión debe demostrar, mediante indicadores objetivos como la siniestralidad, las enfermedades profesionales o las bajas laborales, que el riesgo no puede eliminarse únicamente con medidas de prevención. Si el Gobierno aprueba la solicitud, los trabajadores de ese colectivo podrán jubilarse antes de la edad ordinaria sin sufrir recortes en la cuantía de su pensión, a cambio de una cotización adicional que asumirán empresas y trabajadores.

Los primeros trabajadores que consiguieron este derecho en los años 70 fueron los mineros y los trabajadores del mar. Más tarde llegaron los artistas, por las peculiares características de determinadas actividades y por la brevedad de la vida profesional en algunas categorías; y los toreros, que se pueden jubilar a los 55 años. También lo han conseguido trabajadores ferroviarios, el personal de vuelo de trabajos aéreos y los bomberos.

Sin embargo, son todavía muchas las profesiones, que, aunque cada día se enfrentan a situaciones muy complicadas que comprometen su salud física y psicológica, todavía no han logrado tener un coeficiente reductor específico.

En el caso de albañiles y trabajadores primarios de la construcción no tienen reconocido este derecho, por lo que mantienen la misma jubilación que el resto de trabajadores. “No tiene sentido que una persona de más de 60 años siga trabajando en un andamio, cargando pesos, adoptando posturas forzadas o expuesta a agentes cancerígenos y tóxicos”, denuncia Aída Suárez, secretaria de Salud Laboral y Política Energética de CCOO del Hábitat, en conversación con este periódico.

Por esta razón, junto a UGT, registraron en julio de 2025 una solicitud para que los profesionales que trabajan en los oficios de mayor desgaste físico, como albañiles, poceros u operarios de carreteras, puedan tener coeficientes de reducción y disfrutar de una jubilación anticipada. Su principal argumento es la elevada siniestralidad en el sector. 

Sergio Estela, portavoz de UGT-Federación de Industria, Construcción y Agro, recuerda que “en los cinco primeros meses de 2026 han fallecido 71 trabajadores en la construcción”, el mayor número de todos los sectores económicos, y advierte de que, si la tendencia continúa, "superaríamos los 200 fallecidos al año, y eso no lo podemos consentir”. Para ambos sindicatos, permitir la jubilación anticipada de quienes desempeñan los trabajos más penosos no solo mejoraría la salud de los trabajadores, sino que contribuiría a renovar el sector y a hacerlo más atractivo para las nuevas generaciones.

La petición no cuenta por el momento con el respaldo de la patronal, porque defienden que “supondría un sobrecoste que no están dispuestos a asumir”. Desde los dos sindicatos indican que están en contacto constante para conseguir su respaldo, “perfilar los cálculos y determinar con precisión qué profesiones presentan un mayor riesgo y una mayor exposición a la siniestralidad y a las enfermedades profesionales”, porque consideran que “es una cuestión de justicia”.

Una lucha que también se arrastra desde hace años y que puede estar cerca de terminar, está dentro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. La Ertzaintza tiene reconocido un coeficiente de 0,2 desde 2010, mismo grado que recibieron las policías locales en 2019 a través del Real Decreto 1449/2018. También lo consiguieron los Mossos d’Esquadra y Policía Foral de Navarra 2022, dejando fuera a los dos cuerpos principales: Policía Nacional y Guardia Civil.

La reducción de la edad de jubilación en ambos cuerpos es uno de los principales caballos de batalla de los sindicatos policiales y las asociaciones de la Guardia Civil. Sin embargo, todo el proceso se ha acelerado gracias a una sentencia del Tribunal Supremo impulsada por JUPOL, sindicato mayoritario dentro de la Policía Nacional.

El Alto Tribunal concluyó en mayo de 2025 que el Estado estaba incurriendo en un “trato discriminatorio” al no regular la jubilación anticipada de los agentes de la Policía Nacional adscritos al Régimen General de la Seguridad Social, mientras sí la había reconocido para policías autonómicas y locales. En su fallo, el Supremo obligó al Gobierno a iniciar el procedimiento para desarrollar esta regulación mediante un real decreto, al considerar que la diferencia de trato carecía de una justificación objetiva y razonable.

Unas semanas después, el Gobierno aprobó el nuevo Real Decreto 402/2025, que establece un procedimiento común para solicitar coeficientes reductores en profesiones especialmente penosas, peligrosas o insalubres. Desde entonces, tanto los sindicatos de la Policía Nacional como las asociaciones de la Guardia Civil están participando en las mesas de negociación con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para concretar las condiciones de acceso a la jubilación anticipada y la financiación del sistema mediante un incremento de las cotizaciones.

Según indican desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), mayoritaria en este cuerpo, actualmente se encuentran en un parón de las negociaciones, que se retomarán en septiembre. Su portavoz, Diego Madrazo, se muestra optimista y asegura a infoLibre que espera que para el próximo enero ya tengan reconocido este derecho.

La jubilación anticipada es también una de las reivindicaciones centrales del personal sanitario y se ha convertido en uno de los principales puntos de fricción durante la negociación del nuevo Estatuto Marco. Los sindicatos sostienen que las guardias, el trabajo nocturno y a turnos, la sobrecarga asistencial, el desgaste físico y emocional y la exposición a riesgos biológicos y psicosociales justifican que se estudie la aplicación de coeficientes reductores a determinadas actividades y categorías profesionales del Sistema Nacional de Salud.

Esta petición se ha convertido en el motor de diferentes movilizaciones y protestas en los últimos años, pero, según aseguran fuentes sindicales, “lo ven muy mal” para conseguir este objetivo en un futuro próximo. En enero de 2026, SATSE-FSES, CCOO, UGT y CSIF alcanzaron con el Ministerio de Sanidad un acuerdo para iniciar la tramitación del Estatuto Marco y el borrador negociado contemplaba que Sanidad elaborase informes técnicos sobre las ocupaciones que pudieran considerarse excepcionalmente penosas, tóxicas, peligrosas o insalubres y que, una vez realizados estos estudios, las administraciones y las organizaciones sindicales promovieran ante la Seguridad Social el procedimiento para determinar si correspondía establecer coeficientes reductores.

Sin embargo, el anteproyecto aprobado por el Consejo de Ministros y sometido a audiencia pública en junio eliminó esa regulación detallada. El nuevo texto mantuvo una referencia genérica a que la jubilación anticipada podría regularse mediante la correspondiente norma reglamentaria y previa tramitación del procedimiento establecido en el Real Decreto 402/2025, pero dejó de recoger expresamente el compromiso de realizar los estudios y de impulsar la solicitud. 

Los sindicatos denunciaron entonces que el cambio debilitaba lo pactado y exigieron recuperar la redacción anterior. infoLibre ha contactado con Sanidad, donde aseguran que estos informes todavía están en proceso de elaboración, pero la decisión final recae en el Ministerio de Inclusión, por lo que el proceso está todavía en una fase embrionaria.

El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado este martes por mayoría, con los votos en contra de los 33 diputados de Vox y la abstención de los 137 del PP, la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales. El texto plantea una transformación integral del modelo de cuidados en España, con nuevos derechos, servicios y prestaciones para las personas en situación de dependencia y las personas con discapacidad, además de una reducción de la carga burocrática. La reforma deberá ser ahora ratificada por el Senado.

“Es la mayor reforma social en nuestro país en lo que va de siglo”, ha defendido Pablo Bustinduy, el ministro de Derechos Sociales en su intervención desde la tribuna del Congreso. Bustinduy ha asegurado que lo aprobado en la Cámara Baja supone “una revolución y una transformación profunda” del sistema público de cuidados y que responde “a las necesidades tanto de las personas que reciben cuidados como de quienes cuidan”. 

La reforma coincide con la ampliación de la financiación del sistema de la dependencia, incluida en el real decreto ley convalidado también este martes. Una nueva financiación que tiene carácter estructural, porque duplica por ley las cuantías del nivel mínimo que la Administración General del Estado (AGE) abona a las comunidades autónomas cada mes y porque permite avanzar hacia el compromiso de que la inversión estatal en dependencia alcance el 50% del coste total del sistema. 

El Gobierno prevé alcanzar ese objetivo entre 2026 y 2027, gracias a la ampliación del nivel mínimo y al incremento del nivel acordado. En conjunto, las comunidades autónomas recibirán 6.200 millones de euros adicionales. La aportación estatal alcanzará en 2027 la cifra récord de 7.239,4 millones de euros, el doble que en 2025. Según el Ejecutivo, estos recursos permitirán a los gobiernos autonómicos continuar reduciendo listas de espera, contratar más profesionales, y ofrecer más y mejores servicios. 

La reforma de la Ley de promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia amplía el catálogo de servicios y de prestaciones, refuerza la capacidad de elección de las personas usuarias y agiliza los procesos administrativos para el reconocimiento de las ayudas. Esta reforma incluye medidas como:

Fin del régimen de incompatibilidades

La reforma garantiza que las personas en situación de dependencia puedan recibir diferentes prestaciones de manera simultánea sin que sean incompatibles entre sí. Además, reforzará el derecho de cada persona a elegir el servicio o prestación que mejor se ajuste a sus necesidades. Para ello, se flexibiliza el Programa Individual de Atención que elaboran los servicios sociales de las Comunidades Autónomas. Así, si una persona en situación de dependencia puede quedarse en su casa, podrá combinar, por ejemplo, la asistencia a un centro de día con los cuidados en el entorno familiar o con la teleasistencia. 

La asistencia personal se incorpora al catálogo de servicios 

La asistencia personal queda blindada como servicio y podrá ofrecerse más allá del entorno domiciliario, que es el ámbito al que hasta ahora estaba limitada. De esta forma, la persona que presta esta asistencia no solo atenderá a la persona usuaria en el domicilio, sino que también podrá acompañarla en actividades básicas de la vida diaria, como hacer la compra o ir al médico. 

Ampliación del concepto de cuidadores/as 

La norma reconoce la figura del cuidador o cuidadora principal y la complementa con la figura del cuidador/a no profesional. Al mismo tiempo, permite que personas del entorno afectivo o relacional puedan asumir los cuidados, adaptándose así a los diferentes modelos de convivencia. Podrán beneficiarse de este reconocimiento, por ejemplo, dos personas mayores que mantienen una relación sin estar casadas o personas que comparten un hogar sin una relación familiar entre sí. 

Teleasistencia como derecho subjetivo

La teleasistencia será reconocida a toda persona que tenga acreditada una situación de dependencia, garantizando así que quede configurado como un derecho subjetivo. El servicio podrá llegar así a personas que antes no podían acceder a él, como las personas con demencia. Además, se refuerza la teleasistencia como herramienta preventiva para evitar o retrasar el ingreso en residencias y permitirá el seguimiento de los usuarios a través de otros dispositivos como, por ejemplo, las pulseras geolocalizables. 

Cotizaciones y sustituciones de las cuidadoras 

La reforma garantiza por ley que la AGE abone las cotizaciones de las cuidadoras principales (la mayoría son mujeres), así como la continuidad de los cuidados en caso de enfermedad grave u hospitalización de la persona cuidadora.

Reducción de plazos para reconocer las prestaciones 

El plazo habilitado al gobierno de cada CCAA para resolver una prestación por dependencia se reduce a la mitad, pasa de seis meses a tres meses. 

La reforma de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social despliega el mandato del renovado artículo 49 de la Constitución y consolida la inclusión, la accesibilidad universal, la vida independiente y la autonomía personal.

Reconocimiento automático de la discapacidad 

Se reconocerá automáticamente un 33% de discapacidad a aquellas personas a las que se les asigne un grado I de dependencia, y a las que obtengan un grado II o III podrán ser reconocidas con el 65% de discapacidad. De esta manera, la medida pretende reducir la burocracia, agilizar los procesos administrativos y reducir las listas de espera. 

Accesibilidad universal como derecho 

La reforma reconoce la accesibilidad universal como un derecho, de forma que las personas con discapacidad podrán reclamar que los servicios o edificios públicos sean accesibles. Para ello, se creará, además, un Programa Estatal de Promoción de la Accesibilidad Universal que financiará las intervenciones que sean necesarias, como, por ejemplo, la instalación de rampas para sillas de ruedas o la incorporación de audiodescripciones.

Obras de accesibilidad en viviendas 

Se modifica la Ley de Propiedad Horizontal para obligar a las administraciones públicas a colaborar económicamente en las obras de accesibilidad de los edificios residenciales. Las comunidades de propietarios tendrán que solicitar estas ayudas si alguna de las personas residentes así lo solicita. Además, se rebajan del 75% al 70% el porcentaje de financiación de la obra a pagar por la comunidad de propietarios. Actualmente, se estima que en España hay 100.000 personas que no pueden salir de sus casas porque sus viviendas no son accesibles. 

Atención temprana como derecho subjetivo 

La reforma fija por ley que la atención temprana es un derecho subjetivo para garantizar que los gobiernos autonómicos atiendan a todos aquellos niños y niñas de entre cero a seis años que presenten trastornos en el desarrollo o tengan riesgo de desarrollarlo. Las familias podrán exigir ante su administración autonómica el tratamiento correspondiente, con independencia de la disponibilidad presupuestaria o de la existencia de plazas.

Se prohíbe la discriminación en los seguros 

Se prohíbe por ley que las aseguradoras encarezcan los seguros de hogar o de salud por el hecho de que la persona que quiere contratarlos tenga una discapacidad. Se considera una práctica discriminatoria que será ilegal. 

Asistencia en procesos judiciales 

La reforma regula la figura de un facilitador procesal que evitará situaciones de indefensión en los procesos judiciales de personas con dificultades de comprensión o comunicación. Esta figura será un puente entre los operadores jurídicos y esas personas.

“La atención temprana es clave, hasta el punto de que un niño o una niña que nace con algún tipo de dificultad tenga autonomía o no la tenga, que su desarrollo sea más o menos saludable, que vaya a necesitar más o menos apoyos”, explica Jesús Martín Blanco, director general de Derechos de las Personas con Discapacidad del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Este tipo de atención recoge un conjunto de intervenciones, ya sean físicas o psicológicas, dirigidas a niños y niñas de 0 a 6 años que presentan trastornos en el desarrollo o tienen riesgo de desarrollarlo.

Hasta ahora, solo estaba contemplada en la Ley Orgánica 8/2021 como una petición a las administraciones públicas para que se garantizara de forma “universal y con carácter integral”, pero no como una obligación, y era cada comunidad autónoma la que decidía sobre su aplicación. Con la nueva reforma de las leyes sobre dependencia y discapacidad, que va a ser votada este martes en el Congreso de los Diputados, esto podría cambiar por primera vez en la historia. El texto impulsado por el ministerio del ramo incluye el reconocimiento de la atención temprana en menores como derecho subjetivo, según confirman fuentes de esta cartera a infoLibre.

Esto significa que, si un niño o niña recibe un diagnóstico y los servicios competentes valoran que necesita atención temprana, la familia puede exigir que se le proporcione el tratamiento sin que dependa de la disponibilidad presupuestaria o de plazas. 

En el caso de que la Administración no garantice estas ayudas, la familia puede reclamar por la vía administrativa e incluso judicial para que se reconozca y se haga efectivo ese derecho, por lo que la atención temprana pasaría de ser considerada una ayuda opcional a un derecho individual de los menores que cumplen los criterios establecidos por la normativa vigente.

“El cambio sustancial es que ahora damos a las familias un arma jurídica para poder exigir la atención temprana en cualquier territorio del Estado. Seguirá habiendo diferencias organizativas entre comunidades autónomas porque la competencia es suya, pero damos poder a la ciudadanía para que, viva en Extremadura, Murcia o el País Vasco, si una niña o un niño que cumple los requisitos no recibe la atención temprana que le corresponde, pueda acudir a la Justicia para reclamar ese derecho”, defiende Blanco en conversación con este periódico. Hasta este momento, solo cuatro comunidades tenían una ley concreta que declaraba la atención temprana como derecho: Canarias, Andalucía, Castilla-La Mancha y la Región de Murcia.

Sobre la importancia de este tipo de atención, explica que “cuando un niño nace, su cerebro es más plástico, por lo que cualquier intervención temprana tiene un efecto muy transformador en su desarrollo. Por ejemplo, si empieza una fisioterapia de manera precoz tendrá más posibilidades de ganar autonomía y movilidad. Lo mismo ocurre con los aspectos cognitivos, sensoriales o auditivos”.

“Por tanto, cuanto antes empecemos, mayores serán los éxitos que vaya a tener ese niño cuando sea adulto y menos apoyos y menos dependencia necesitará. Por eso hemos trabajado tanto, durante la pasada legislatura y esta, para que la atención temprana sea un asunto de Estado”, añade. Blanco, que nació con una discapacidad congénita, describe la medida como “clave” y recuerda que estos servicios no estaban implantados durante su infancia. “Ojalá mi país hubiera tenido atención temprana porque seguramente mi vida, mi salud y mi respiración habrían sido mejores”.

Paralelamente, el ministerio señala que el pasado jueves se aprobó un Consenso Estatal para la Mejora de la Atención Temprana, acordado con las comunidades autónomas y dotado con 41,87 millones de euros procedentes del Fondo Social Europeo Plus, que Derechos Sociales ha puesto a disposición de todos los gobiernos autonómicos.

El objetivo, según explican, es destinar este dinero a que los territorios refuercen sus servicios, reduzcan tiempos de espera, mejoren la detección precoz, elaboren planes individualizados, formen a profesionales y creen sistemas comunes de información y seguimiento. Sin embargo, en la reunión solo Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Extremadura y Navarra accedieron a recibir esta financiación, que funciona más como una cofinanciación, en la que cada comunidad debe poner una parte y, una vez han certificado el gasto, se les devuelve el dinero. Esta es la razón de la negativa de la mayoría de territorios

“En cualquier caso, ese dinero no se va a perder. Buscaremos la manera de canalizar los fondos que no hayan sido utilizados mediante otras convocatorias para seguir impulsando la atención temprana”, matiza Blanco sobre esta situación.

La reforma de la ley, que, tras su paso por el Congreso, tendrá que ser también votada en el Senado, incluye otras medidas destinadas a mejorar la vida de las personas dependientes y de su entorno. Entre ellas figura la ampliación del concepto de cuidadores no familiares al reconocer a nivel normativo que personas del mismo entorno relacional puedan ofrecer cuidados, asumiendo así los diferentes modelos de convivencia que existen. 

Esto permitirá que una persona, aunque no esté registrada como familiar, pueda cuidar de otra en situación de dependencia. Por ejemplo, dos personas mayores que mantienen una relación, pero no están casadas, o personas que comparten un hogar sin mantener una relación familiar, indican desde el ministerio.

En materia de discapacidad, la reforma prohibirá la discriminación en los contratos de seguros para personas con discapacidad, ya que actualmente algunas pólizas de vida y de salud encarecen sus precios cuando la persona solicitante tiene una discapacidad, una práctica que ahora quedará prohibido por ley.

El texto también pretende eliminar incompatibilidades entre prestaciones para que las personas dependientes puedan combinar diferentes ayudas y servicios en función de sus necesidades. Asimismo, reconocerá la teleasistencia como un derecho subjetivo, garantizando su acceso cuando esté prescrita, y simplificará los procedimientos administrativos para reducir la burocracia y agilizar el acceso a las prestaciones.

La reforma incluye, además, un importante refuerzo de la financiación pública. El Gobierno se compromete por primera vez a que la Administración General del Estado asuma, como mínimo, el 50% del coste del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), un porcentaje que nunca se ha alcanzado desde la aprobación de la ley en 2006 y que quedará blindado por ley para que no se reduzca en el futuro. Para avanzar hacia ese reparto paritario de la financiación con las comunidades autónomas, el Ejecutivo ha anunciado ya una inversión adicional de 6.200 millones de euros entre 2026 y 2027, destinada a reforzar los servicios y reducir las listas de espera.

Cada año suben más las temperaturas y sus consecuencias, en algunos casos, resultan fatales. En lo que va de 2026, las muertes atribuibles al calor ya superan las 1.200, según los datos recogidos por el Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo). No se trata de un fenómeno nuevo: desde el 2015, España acumula 29.244 defunciones asociadas a altas temperaturas.

Desgranando las cifras por comunidades autónomas, el dato más llamativo es el de la Región de Murcia. Pese a ser uno de los territorios más calurosos de España, con máximas que alcanzan los 40 grados, desde 2015 solo ha registrado 85 muertes atribuibles al calor: 5,5 por cada 100.000 habitantes. Es la comunidad que menos muertes ha registrado en la serie histórica.

En el extremo opuesto se encuentra la Comunidad de Madrid, que acumula 5.640 muertes, 83,6 por cada 100.000 habitantes, pese a registrar temperaturas muy parecidas, incluso unas décimas por debajo, a las de Murcia. Por encima de la región murciana también se sitúan otros territorios con temperaturas más bajas, como Navarra, con 551 muertes; Galicia, con 2.172; o Castilla y León, con 2.649.

La explicación, por tanto, no está solo en el termómetro. Según un estudio liderado por el Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal) y publicado en Nature Health este mes de junio, tras analizar más de 161 millones de defunciones en 32 países europeos entre 2000 y 2019, las muertes por calor dependen tanto del clima como del contexto social.

En el caso de Murcia, varios factores ayudan a entender su baja mortalidad relativa. La región es el tercer territorio con más refugios climáticos públicos de España, con 94, según los datos recopilados por Greenpeace. Estos espacios –interiores o exteriores– proporcionan una temperatura confortable, en torno a los 27 ºC, en función de las condiciones locales. “Puede ser un espacio verde u otro lugar público habilitado para ello, como por ejemplo un colegio, una biblioteca o un centro social”, explica la organización.  

A esto se suma que solo el 2,45% de su población supera los 85 años, un dato únicamente superior al de Baleares (2,33%) y Canarias (2,22%), las dos comunidades que completan el final del ranking de muertes por cada 100.000 habitantes con 10,8 y 21,8 respectivamente. Murcia también se encuentra entre las regiones con menor porcentaje de hogares en situación de pobreza energética, un 5,1%, según un estudio de Esade.

La comparación con Madrid resulta significativa. La población mayor de 85 años es bastante parecida, un 3,06%, pero la comunidad cuenta con solo 31 refugios climáticos —menos de la mitad que Murcia— y presenta un porcentaje de pobreza energética del 8,3%. Este mismo porcentaje lo registra Cataluña, que, sin embargo, acumula 2.683 muertes, 34,4 por cada 100.000 habitantes, muy por debajo de las más de 5.000 de Madrid. En este caso, la población por encima de 85 años asciende al 3,39%, pero Cataluña dispone de 528 refugios climáticos.

La pobreza energética también ayuda a entender otros casos. Castilla-La Mancha presenta el peor dato, con un 13,2% de hogares afectados. Allí, las muertes por altas temperaturas alcanzan las 2.409, 117,3 por cada 100.000 habitantes, la tasa más alta del país. Además, la comunidad no cuenta actualmente con ningún refugio climático público y tiene una población mayor de 85 años del 3,75%. 

Estos datos demuestran que las distintas variables —temperatura, envejecimiento, pobreza energética y acceso a refugios climáticos— influyen de forma conjunta en el impacto final del calor sobre la mortalidad.

Es también el caso de Castilla y León, que no destaca por registrar unas temperaturas extremas, pero acumula 2.649 muertes por calor, 116 por cada 100.000 habitantes. La clave está, en este caso, en el envejecimiento: es la comunidad con mayor porcentaje de población mayor de 85 años, un 5,34%. En esta misma línea se encuentra Galicia, donde este grupo representa el 5,23% de la población y las muertes alcanzan las 2.172, 80,7 por cada 100.000 habitantes. Asturias, con un 5,15% de población mayor de 85 años, registra 404 fallecimientos, 40,2 por cada 100.000 habitantes.

"Ha sido una masacre". Es la conclusión a la que llega Rosa, opositora para maestra de Primaria en la Región de Murcia, en las que se presentaron 9.451 aspirantes para 1.607 plazas. Como muchos otros candidatos, denuncia que los criterios con los que se corrigen los exámenes "no son los mismos que aparecen en la convocatoria" y critica la falta de transparencia del sistema. "No sabemos en qué nos evalúan y, por tanto, tampoco tenemos una base real para reclamar", asegura. Por eso, considera que el procedimiento de revisión "no sirve absolutamente de nada", ya que las notas definitivas se publican el mismo día en que los opositores presentan sus reclamaciones.

Rosa, de la especialidad de Audición y Lenguaje y que trabaja como interina desde 2019, asegura que en su especialidad han aprobado menos aspirantes que plazas ofertadas, por lo que van a quedar vacantes “desiertas”. Según explica en conversación con infoLibre, el principal problema es que los opositores preparan los temas basándose en unos criterios de evaluación "muy generales" recogidos en la convocatoria.

Parecido es el caso de Lucía, aspirante de Inglés en la misma comunidad, que denuncia que de su tribunal sólo aprobaron siete de los 73 opositores, lo que supone una tasa de suspensos cercana al 91%. Su principal crítica es que el resultado evidencia que "el aprobado o suspenso depende absolutamente del tribunal en el que caigas", ya que considera que los criterios de evaluación "se interpretan y aplican de manera diferente" por cada comisión calificadora, comprometiendo el principio de igualdad entre aspirantes. 

“La arbitrariedad de un sistema que juega con la salud mental, el dinero y los sueños de miles de opositores”, denuncia otra aspirante, también de la rama de Inglés, que asegura haber pasado más de un año dejando su vida a un lado para acabar suspendiendo con unas “rúbricas ocultas”. “La desmotivación es tal que muchos nos planteamos volver a emigrar fuera de España”, añade.

La indignación ya ha llevado a algunas afectadas a emprender acciones concretas. Una opositora ha presentado un escrito dirigido a la directora general y a la subdirectora de Recursos Humanos de la Consejería de Educación de Murcia para que investiguen la actuación de los dos tribunales de Audición y Lenguaje.

En el escrito, la aspirante compara los resultados oficiales de ambos tribunales y sostiene que existen diferencias que, en su opinión, evidencian la falta de homogeneidad en la evaluación. Señala que el tribunal 7 registró 14 aprobados de 58 opositores (24,1%) y que ningún aspirante superó el 3,7 sobre 5 en ninguna de las dos partes de la primera prueba, mientras que el tribunal 1 solo permitió superar esa fase a tres de los 40 opositores evaluados, un 7%, con numerosas calificaciones de cero o inferiores a un punto.

En el total de la prueba en esta comunidad han suspendido el 62,7% de los aspirantes. La Consejería de Educación de Murcia ha rechazado públicamente las críticas sobre la falta de transparencia y defienden la actuación de los tribunales. El departamento asegura que los criterios de evaluación se publicaron antes del inicio de las pruebas y atribuyen el elevado número de suspensos al modelo ordinario de oposición, más exigente que los procesos extraordinarios de estabilización de los últimos años.

Las quejas, sin embargo, no son nuevas. Las oposiciones docentes arrastran desde hace años críticas por la antigüedad de los temarios, la falta de criterios homogéneos y el peso de la interpretación de cada tribunal. Lo que ha encendido ahora la indignación es la combinación de esos problemas estructurales con tasas de suspenso muy elevadas, diferencias llamativas entre tribunales y plazas que pueden quedar sin cubrir pese al alto número de aspirantes. 

Aunque Murcia se ha convertido este año en el principal foco de las quejas de opositores, los problemas se repiten por toda España. Desde la Comunidad de Madrid, donde se presentaron 20.189 opositores para 1.756 plazas, Naiara (nombre ficticio), aspirante a la especialidad de Música, describe el proceso como “súper exigente” e “injusto”. Explica que hubo una prueba común para todas las especialidades de cultura general y que en su tribunal no les repartieron una hoja en blanco para poder realizar las operaciones de los ejercicios de cálculo, lo que les obligó a realizarlas de cabeza. 

“Lo increíble es que en algún tribunal de Música sí la han repartido y me consta que en el resto de especialidades también”, denuncia. “Si se va a tener una prueba común, todos tendríamos que tener las mismas condiciones si luego se nos va a evaluar igual, con la misma rúbrica”, añade.

A esto se suma que, según describe, “han puesto ceros como panes” sin explicar las razones de esas calificaciones. “No sabemos cuáles son los criterios con los que nos evalúan por lo que no sabemos por qué tenemos las notas que tenemos. Reclamamos y no nos contestan y sentimos la impotencia de no poder hacer nada”, lamenta. “Las cosas deberían ser transparentes porque, si no sabemos en qué hemos fallado, ¿Cómo vamos a estudiar para mejorar?”, agrega. 

Sobre la tasa de suspensos en Madrid, todavía no se conocen los datos. infoLibre ha contactado con la Consejería de Educación madrileña para conocer su valoración y visión de este tema, pero no ha obtenido respuesta, por el momento.

En Asturias los sindicatos CSIF y Comisiones Obreras denuncian que los suspensos han estado este año en la mayoría de tribunales en un 80 y 90%. Desde la Consejería de Educación de esta comunidad indican que las faltas de ortografía "constituyen una de las causas más relevantes en el índice de suspenso". Sin embargo el problema real está en la “ocultación” de los criterios y rúbricas en el proceso, según explica Jorge Caro, representante de CSIF.

“Los opositores no saben lo que se les va a pedir porque las rúbricas las tienen solo los tribunales y no son públicas”, relata. A esto se suma que en este territorio no se puede consultar el examen una vez entregado y no existe periodo de reclamación. “Si suspendes el primer examen, que es eliminatorio, no puedes presentar un recurso hasta que se ha terminado todo el proceso de oposición y tienes que presentarlo a ciegas, porque no puedes ver tu examen ni conocer las notas de los demás”, añade Borja Llorente, portavoz de CCOO.

UGT y Comisiones Obreras denuncian que en estas oposiciones se vive una situación absurda, en la que los aspirantes solo tienen el índice del temario, pero no hay ningún contenido concreto. "No existen unos criterios concretos. En Secundaria, por ejemplo, hay 75 temas y solo existe un índice con el título de cada uno de ellos, no el contenido", explica Beatriz García, representante de UGT, por lo que depende de cada academia o persona el enfoque que quieren seguir.

A esta falta de un contenido oficial se suma la ausencia de criterios homogéneos de corrección. "Si reclamas tampoco te lo explican. Es una impotencia brutal, porque no sabes lo que quiere el tribunal de ti y entra el factor suerte", añade García. 

Carlos Cuesta, portavoz de CCOO, coincide en que se trata de "un sistema obsoleto, que no permite elegir al candidato idóneo" y recuerda que los temarios vigentes no se actualizan desde 1993, por lo que los contenidos están completamente desfasados, poniendo el ejemplo de que para el examen de Informática se sigue preguntando por los disquetes. “En Biología no se nos pregunta por el sida ni por las pruebas PCR, porque no eran cosas que estuvieran presentes en esa época”, denuncia Javi, profesor de Biología y Geología de Madrid, que estuvo desde 2014 hasta 2021 luchando por una plaza y hasta el día de hoy arrastra problemas de salud mental por la “incertidumbre” y la “humillación” que sufrió con algunos tribunales.

El representante de CCOO también pone el foco en que esta situación “engarza” con la problemática de los interinos. “Al no cubrirse todas las plazas, se permite que haya más personas en situación de temporalidad”, denuncia.

Los sindicatos se han reunido este miércoles con Educación para plantear una vez más la creación de un grupo de trabajo que aborde de forma específica el sistema de oposiciones. Entre sus principales reivindicaciones figuran la actualización de los temarios, la definición de criterios de evaluación comunes y una revisión del modelo de acceso para reducir la subjetividad que, denuncian, sigue marcando el resultado de las oposiciones. Desde el ministerio indican que están todavía cerrando el calendario para la consolidación de este grupo.

Con todo, ambos sindicatos piden que las críticas no se centren en los tribunales, que al final son docentes que tienen que compaginar este trabajo con el final del curso y que trabajan en unas condiciones muy complicadas, también por factores como el “calor extremo”.

Comenzaba un nuevo siglo y con él nacían nuevas ideas. La década de los 90 fue el caldo de cultivo que consiguió organizar a millones de personas por todo el mundo con un mismo objetivo: frenar los abusos del capitalismo neoliberal y exigir un modelo económico mundial más justo. Tras unos primeros pasos, como el alzamiento zapatista en Chiapas, (México), de 1994 o la celebración de un Encuentro Intercontinental por la Humanidad y contra el Neoliberalismo que se vivió en Madrid en 1997, se consiguió el surgimiento de una gran coordinación mundial de movimientos en 1998, con el nacimiento de asambleas, grupos de trabajos y organizaciones como ATTAC, un movimiento internacional altermundialista con origen en Francia y el objetivo de exigir el control democrático de los mercados financieros y promover alternativas sociales, ecológicas y democráticas.

Así comenzaron las primeras contracumbres centradas en organizaciones como el Banco Mundial, el G20 o el Fondo Monetario Internacional, que conseguían reunir a cientos de miles de personas. Sin embargo, el pistoletazo de salida real ocurrió en 1999 cuando una movilización plural consiguió bloquear la reunión de la Organización Mundial de Comercio (OMC) en Seattle, demostrando el poder que podía alcanzar el recién nacido movimiento antiglobalización o altermundista.

“Fue el movimiento social más importante de aquella época”, recuerda Raúl Camargo, activista de la organización Anticapitalista en conversación con infoLibre, que en esos años participó de forma activa en este movimiento. “Organizábamos viajes a las contracumbres, charlas, debates y actividades en las universidades, que era donde entonces militábamos”, relata y añade que “la culminación de todo aquello fue la contracumbre de Génova de 2001” donde se celebró la reunión de líderes del G8.

 Más de 700 organizaciones reunieron a unas 200.000 personas en una ciudad totalmente sitiada por los carabinieri durante el fin de semana del 19 al 21 de julio. “Cuando llegamos a Génova parecía un escenario de guerra”, describe Camargo, que viajó en uno de los dos autobuses que salieron desde Madrid. En el otro se encontraba Miguel Urbán, activista y uno de los fundadores de Podemos, que considera este punto como “un antes y un después” en el movimiento antiglobalización. “En ese momento éramos pequeños grupos, pero cuando nos reuníamos en una ciudad éramos miles de personas llevando a cabo acciones muy simbólicas: desobediencia civil, bloqueos y enfrentamientos con la policía”, explica Urbán.

La represión policial en Génova fue brutal y más de 600 personas resultaron heridas, pero la noticia que se quedó grabada fue el asesinato del activista italiano Carlo Guliani tras recibir el disparo de un agente. “Después de horas respirando gases lacrimógenos y sufriendo una violencia policial que no habíamos visto nunca, la muerte de Giuliani provocó un auténtico pánico”, describe Urbán, que les obligó a escapar de forma precipitada de la ciudad, teniendo que abandonar a dos compañeros, con los que se reunieron fuera de la ciudad. “Muchos compañeros necesitaron tratamiento psicológico por el impacto de lo que vivieron”.

Este miedo fue una de las principales razones por las que el movimiento quedó debilitado, pero no fue la única. Por una parte, faltó una “estructura organizativa permanente”, ya que “existían grandes movilizaciones y manifiestos muy elaborados, pero no una herramienta capaz de coordinar esas propuestas internacionalmente y convertirlas en programas políticos o sociales con capacidad de aplicarse en cada país”, explica Camargo. Por otra parte, también quedó claro que “no basta con la movilización social, que si quieres transformar la sociedad necesitas también disputar el poder político”, lo que acabó generando “desafección y debilitando a quienes pretendían transformar el sistema”.

Sin embargo, ni Camargo ni Urbán, consideran que este gran movimiento fuera en vano y si permitió grandes cambios. En Italia, aunque no fue un proceso rápido, los sucesos de Génova fueron la primera piedra en el debilitamiento de su presidente, Silvio Berlusconi, que acabó dimitiendo en 2011. Más directas fueron las consecuencias en España, ya que gracias al impulso de los Foros Europeos, nacidos del movimiento antiglobalización, se consiguió acabar con el gobierno de José María Aznar a través de las protestas contra la guerra de Irak. En Grecia, a partir de este movimiento nació el partido SYRIZA (Coalición de la Izquierda Radical), que acabaría ganando las elecciones en 2015.

“Hubo un agotamiento del modelo de las contracumbres y una apuesta por formas más propositivas, ligadas a los foros sociales y a la territorialización de las luchas”, describe Urbán. “Hoy el movimiento ya no existe con el mismo formato que conocimos entonces, pero el internacionalismo sigue muy presente en muchos movimientos sociales. La solidaridad con Palestina es un buen ejemplo. Muchas de las formas de organización que vemos hoy recuerdan a las de aquella época con colectivos descentralizados, acciones coordinadas sin una dirección única y una causa compartida que articula la movilización”, agrega.

“Los programas que salían del Foro Social Mundial y de los Foros Sociales Europeos planteaban medidas muy ambiciosas: la anulación de la deuda ilegítima, unas relaciones internacionales basadas en la cooperación y la justicia social, el control democrático de los bancos o la nacionalización de sectores estratégicos. Eran propuestas muy concretas y, en muchos aspectos, siguen teniendo plena actualidad. El problema no eran las propuestas, sino la falta de una herramienta capaz de convertir esos manifiestos en políticas reales” detalla Camargo.

Sin embargo, aunque a día de hoy estos movimientos no llenan portadas de periódicos o arranques en los telediarios, siguen existiendo y manteniendo una fuerza importante de movilización. “Es menos visible que en la época de las grandes movilizaciones contra las cumbres internacionales, pero lo que recibe menos cobertura mediática no significa necesariamente que esté menos vivo”, describe Jane-Léonie Bellay, activista francesa de la organización ATTAC, a este periódico.

Bellay fue una de las 20.000 personas que a mediados de junio de este año participaron en las protestas contra la reunión del G7 en Ginebra, bajo el lema No G7. “Nuestro primer mensaje fue que los movimientos altermundialistas siguen presentes. Frente al G7 y al mundo que representa, queríamos recordar la importancia de unirnos, de construir solidaridades internacionales y de rechazar la idea de que las crisis actuales son independientes unas de otras”, describe.

Esta concentración, que acabó con 549 personas arrestadas, de las que 28 acabaron siendo detenidas y en dependencias policiales, se inscribe de forma totalmente orgánica en las orientaciones que ATTAC adoptó colectivamente cuando nació en 1998, según explica la activista, que no son otras que “dar vida al altermundialismo, fortalecer las solidaridades internacionales, construir amplias coaliciones y permitir que los activistas se involucren en las movilizaciones”.

“A principios de la década de 2000, el movimiento altermundialista se construyó en torno a la crítica a la globalización neoliberal, al FMI, al Banco Mundial, a la OMC, a los tratados de libre comercio, a las políticas de ajuste estructural y al poder de las finanzas”, explica y agrega que “estas luchas siguen siendo totalmente actuales. Estas instituciones y estos acuerdos continúan impulsando una globalización en la que los derechos de los inversionistas y las multinacionales se anteponen, con demasiada frecuencia, a los derechos sociales, la soberanía alimentaria, los servicios públicos, la protección de la vida y la capacidad de los pueblos para decidir su futuro”.

Estas crisis se han agravado con el tiempo, lo que ha llevado a un entrelazamiento y que el altermundismo acabe impregnando una multitud de luchas: justicia ecológica, justicia social, justicia climática, defensa de los servicios públicos, defensa de los bienes comunes de la humanidad, luchas campesinas, feministas, sindicales, antirracistas, descoloniales, solidaridad con los pueblos, lucha contra las fronteras mortíferas y resistencia frente al poder de las multinacionales.

El No G7 solo ha sido uno de los eslabones en está lucha que la activista describe como viva. “Forma parte de una secuencia internacional más amplia que incluye la contracumbre de los pueblos organizada en Belém durante la COP30, la Conferencia Internacional Antifascista y por la Soberanía de los Pueblos de Porto Alegre y el Foro Social Mundial que se llevará a cabo en Cotonú en agosto de 2026”, relata. “Desde Belém hasta Porto Alegre, desde Ginebra hasta Cotonú, hay un mismo hilo conductor: fortalecer los lazos entre los pueblos, construir resistencias comunes, propiciar el diálogo entre los movimientos sociales y generar alternativas”.

Bellay considera que “el simple hecho de encontrarnos, debatir, crear lo común y construir solidaridades ya es una forma de resistir a un sistema que busca poner en competencia a las personas, los pueblos y los territorios. Cada vez que un colectivo se niega a que se sacrifiquen la salud, la naturaleza, las culturas, los lazos sociales o el bienestar en nombre de las ganancias, algo cambia”.

“El hilo conductor del altermundialismo sigue latente a pesar de su invisibilidad en los medios. Lo que hemos visto en Ginebra, al igual que en numerosas movilizaciones en todo el mundo, son terrenos fértiles para construir sociedades capaces de preservar la vida, la dignidad humana y la pluralidad de los mundos frente a un sistema dominante que, con demasiada frecuencia, convierte a los territorios, a los pueblos y a todo lo vivo en variables de ajuste”, concluye.

La dependencia sigue siendo una de las tareas pendientes de España. En lo que va de año 13.053 personas han fallecido estando en lista de espera para ser reconocidas como dependientes. Unas listas que en la media nacional superan los 300 días. Pero este jueves se ha dado un paso que puede ser decisivo para revertir esta situación. Se ha puesto la penúltima piedra de la nueva ley que va a permitir al Ejecutivo central asumir el 50% de la financiación para dependencia y así evitar recortes en el futuro.

Esto se ha conseguido con la aprobación en la Comisión de Derechos Sociales –formada por 37 diputados del Congreso: 14 del PP, 12 del PSOE, tres de Vox y de Sumar y uno del resto de grupos parlamentarios– del dictamen del proyecto para reformar las leyes de Dependencia y de Discapacidad, según indican fuentes del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. El texto deberá someterse ahora a la votación definitiva del Pleno del Congreso de los Diputados.

Hasta el momento actual, la ley de dependencia no fijaba expresamente ese porcentaje. El principio de cofinanciación entre el Estado y las autonomías estaba recogido en la norma de 2006, pero el reparto efectivo ha dependido durante años de las decisiones presupuestarias de cada Gobierno central. El Ejecutivo de Pedro Sánchez asumió el compromiso de recuperar el equilibrio financiero y, tras anunciar una aportación total de 7.239 millones a las comunidades en 2027 para alcanzar ese 50%, pretende ahora blindarlo para que no pueda revertirse con un simple cambio de mayoría parlamentaria.

El Gobierno justifica esta reforma recordando que durante los años de Mariano Rajoy el sistema perdió más de 5.000 millones de euros de financiación estatal, en el marco de las políticas de austeridad aplicadas tras la crisis financiera. Aquellos recortes supusieron la supresión de uno de los niveles de financiación previstos en la ley y coincidieron con el incremento de las listas de espera y la ralentización del despliegue del sistema.

Según las mismas fuentes, el Partido Popular ha votado este jueves en contra de la enmienda, pese a que las comunidades autónomas que gobiernan llevan años reclamando precisamente que el Estado asuma la mitad del coste de la dependencia. Para el Ejecutivo, esa contradicción evidencia una vez más la distancia entre el discurso territorial del PP y su posición en el Congreso.

Actualmente, el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia se financia mediante tres niveles previstos en la Ley 39/2006. El denominado "nivel mínimo" corre íntegramente a cargo del Estado y se calcula en función del número de personas atendidas y de su grado de dependencia. A él se suma el "nivel acordado", financiado conjuntamente por el Gobierno central y las comunidades autónomas mediante convenios que tienen en cuenta variables como la población potencialmente dependiente, el número de personas atendidas, la inversión realizada por cada territorio o la reducción de las listas de espera. Finalmente, las autonomías pueden establecer un tercer nivel adicional financiado exclusivamente con recursos propios.

Pese al incremento de recursos aprobado en los últimos años, la distribución del gasto sigue muy alejada del objetivo del 50% que ahora pretende blindar el Gobierno. Los datos correspondientes a 2025 muestran que la inversión pública total alcanzó los 13.734 millones de euros. De esa cantidad, las comunidades autónomas asumieron 9.976 millones, el 72,6% del gasto, mientras que la Administración General del Estado aportó 3.758 millones, el 27,4% restante.

Esta medida podría suponer un alivio en un sistema que desde años muestra importantes signos de saturación. Según los últimos datos de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales, durante los cinco primeros meses de 2026 el tiempo medio transcurrido entre la solicitud de una prestación y la resolución del expediente asciende a 320 días en el conjunto del país, muy por encima del plazo máximo de seis meses (180 días) que fija la normativa.

Murcia encabeza la clasificación con una demora media de 552 días, seguida de Andalucía (446), Asturias (411) y Madrid (346), todas ellas muy por encima de la media nacional. Solo seis comunidades —Castilla y León, Aragón, País Vasco, La Rioja, Castilla-La Mancha y Cantabria—, además de Ceuta, consiguen situarse por debajo del límite legal.

Acompañando estas cifras está el dato de que entre enero y mayo de este año 13.503 personas han fallecido mientras se encontraban en las listas de espera del sistema de dependencia. Son 90 personas al día, una cada 16 minutos. De ellas, 6.940 todavía esperaban ser valoradas y otras 6.563 ya tenían reconocido el derecho, pero seguían aguardando la prestación o el servicio correspondiente. El dato sigue la estela del de 2025, año en el que 32.704 personas fallecieron antes de recibir la atención a la que ya tenían derecho.

Carla (nombre ficticio) vino desde Perú a España en febrero y vive en Valencia junto a su marido y sus dos hijos, de ocho años el mayor y año y medio el pequeño. Aquí comparten piso con otra familia y, mientras el padre trabaja de forma ocasional en lo que puede, ella se ocupa del cuidado de su bebé. Tras conseguir escolarizar a su hijo mayor gracias a un empadronamiento especial, iniciaron los trámites para obtener la tarjeta sanitaria. 

Su mayor prioridad era conseguir el servicio para sus niños, pero desde la comunidad autónoma no les permitieron conseguirlo, ya que para acceder a este proceso, la Generalitat obliga a que los solicitantes lleven más de tres meses viviendo en el país. La situación se agravó cuando Carla sufrió una fuerte contractura en la espalda. “Estuve una semana con dolores, no podía ni atender a mi hija”, relata. Tras una semana, decidió acudir a un centro de salud, donde recibió atención médica, pero le avisaron de que le tendrían que emitir una factura, porque no tenía seguro.

Aceptó la asistencia porque el “dolor era insoportable”. Días después recibió la factura de 107,10 euros y una llamada en la que le comunicaban que debía abonarla. "Le dije a la señorita que me llamó que cómo podría hacerlo porque yo no estoy trabajando y mi esposo prácticamente se encarga de todo", recuerda. La respuesta fue que la deuda ya estaba emitida y que, en todo caso, podría intentar fraccionar el pago. Actualmente, y gracias a la ayuda de la organización Médicos del Mundo, esta decisión está recurrida y a la espera de recibir una respuesta.

Sin embargo, el caso de Carla no es una excepción. Han pasado ya tres meses desde la entrada en vigor del nuevo real decreto que debía facilitar el acceso a la sanidad pública de las personas migrantes en situación administrativa irregular, pero las barreras burocráticas persisten en la mayor parte de España.

El Real Decreto 180/2026, aprobado el pasado mes de marzo, nació precisamente con el objetivo de homogeneizar el acceso a la asistencia sanitaria y eliminar los obstáculos administrativos detectados desde la recuperación de la sanidad universal en 2018. Entre sus principales novedades, sustituye gran parte de la documentación exigida hasta ahora por una declaración responsable, amplía las formas de acreditar la residencia habitual en España —sin limitarla al padrón—, deja claro que no es necesario demostrar un tiempo mínimo de permanencia en el país para acceder al sistema sanitario y reconoce expresamente la atención garantizada para colectivos especialmente vulnerables, como menores, mujeres embarazadas, víctimas de trata o solicitantes de protección internacional.

Sin embargo, la experiencia a la que se enfrentan los migrantes cada día dista mucho de ese objetivo. "De momento no se está aplicando correctamente en la mayor parte del territorio", asegura Pablo Iglesias, portavoz de incidencia política de la organización Médicos del Mundo, ya que siguen “detectando importantes barreras en la mayor parte de las comunidades autónomas".

Médicos del Mundo ha documentado al menos 4.000 casos de personas que han tenido dificultades para acceder a la atención sanitaria desde que la norma entró en vigor. Esta cifra se suma a una tendencia preocupante en la que 2025, según los datos recogidos por esta organización, 12.768 personas se encontraron con trabas administrativas para acceder a la sanidad.

Como ocurre en la Generalitat Valenciana, una de las trabas más extendidas es la exigencia de acreditar los 90 días de residencia. La documentación recogida por la organización muestra que, salvo Aragón y Andalucía, el resto de comunidades siguen aplicando este criterio.

Además de los problemas administrativos, la organización continúa documentando dificultades para colectivos especialmente vulnerables. "Seguimos documentando casos de menores de edad, mujeres embarazadas, víctimas de trata y solicitantes de protección internacional", afirma Iglesias. Aunque no habla de denegaciones sistemáticas, sí advierte de que "no se garantiza en todo caso, que es lo que debería ocurrir". A su juicio, el origen del problema sigue siendo "la falta de información y formación que haga que el real decreto se aplique debidamente en las distintas comunidades autónomas".

Ante esta situación, Médicos del Mundo reclama a Sanidad que acelere la publicación de las instrucciones aclaratorias comprometidas con las comunidades autónomas para aplicar esta normativa. El ministerio que dirige Mónica García asegura a este periódico que está en proceso. "Al Ministerio le pediríamos mayor celeridad a la hora de sacar estas instrucciones para que las comunidades autónomas las pongan en marcha", señala Iglesias. Sin embargo, el foco principal está en los gobiernos autonómicos, que son los encargados de aplicar plenamente una norma que el portavoz describe como “suficientemente clara”.

“Tenemos un sistema de aire acondicionado de 1983, que cada vez falla más y la única solución que pone el centro es poner parches sobre parches”, denuncia Rubén Carrión Medina, delegado sindical de Comisiones Obreras en el Hospital Universitario Torrecárdenas, en la ciudad de Almería. “El servicio de mantenimiento es público, pertenece al SAS, pero lo que ocurre es que cuando hay una avería la arreglan y, a los dos o tres días, vuelve a aparecer porque las instalaciones ya están muy deterioradas. Ese es el principal problema”, explica.

Debido al aumento de las temperaturas, que este junio alcanzó los 42,2 grados en Almería, los sistemas de climatización están fallando mucho, a lo que se suma que “no hay suficiente personal de mantenimiento, así que cuando se rompe algo ya no se arregla en dos horas, sino que puede tardar tres días porque tienen muchas incidencias pendientes. Durante ese tiempo, tanto los trabajadores como los pacientes se quedan sin ventilación o sin aire acondicionado”.

El representante relata que las zonas más afectadas son las plantas altas, la quinta y la sexta, donde se encuentra Hematología y Oncología. “Allí los pacientes pasan un calor insoportable”, denuncia y que la única vía que tienen es presentar “reclamaciones prácticamente todos los días”. El calor también afecta al control de Enfermería, donde se prepara la medicación, que”están trabajando con un ventilador” y a Esterilización, que con el calor que desprenden las máquinas hace que “las temperaturas sean muy altas y las condiciones de trabajo muy complicadas”.

El problema ha alcanzado también a la sección sindical de Comisiones, donde tienen dos rejillas de ventilación. “Una no funciona y entra aire caliente de la calle ¿La solución que han puesto? Tapar la rejilla averiada con un cartón para que deje de entrar este aire”, se queja el representante que describe esta situación como un claro ejemplo de la política de “un parche sobre otro” que aplica el centro. 

“Los trabajadores de las distintas plantas llevan años presentando escritos a la dirección denunciando que el aire acondicionado no funciona, pero la respuesta del hospital siempre es la misma: dicen que están trabajando en ello y que lo van a reparar, pero solo hacen pequeñas reparaciones y no tocan el problema real”, denuncia. Desde la Consejería de Sanidad defienden que todos sus centros están climatizados, pero que puede haber “incidencias puntuales”. En cuanto al hospital, según si versión, cuentan con un equipo de 90 profesionales de mantenimiento, trabajando con guardias a todas horas y, aunque admiten que en épocas de más actividad se pueden dar fallos, el sistema de climatización funciona. Sobre los plazos para los arreglos, defienden que solo se sufren demoras cuando falta alguna pieza concreta.

Aunque el problema se lleva arrastrando años en este hospital, como en muchos otros, en 2026 la situación se agrava al haber sido el junio más cálido desde que se tienen registros, con una temperatura media de 3,2 grados por encima de lo habitual, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Lejos de remitir, las nuevas olas de calor que se prevén durante el verano van a mantener máximas que superarán los 40 grados por todo el país. 

El calor, más allá de las molestias que genera, es un factor de riesgo, sobre todo en personas con problemas de salud como los enfermos crónicos. Según describen varios estudios, las altas temperaturas se asocian con un mayor impacto en trastornos metabólicos e insuficiencia renal y también pueden provocar confusión, convulsiones o daño cerebral, lo que incrementa la necesidad de una correcta climatización en centros hospitalarios.

En la Comunidad de Madrid, las temperaturas se han mantenido estas semanas entre los 37 y 39 grados, afectando gravemente a sus hospitales. En el Hospital Universitario de La Princesa la solución al calor ha sido bloquear las ventanas de las habitaciones y de los pasillos. "El otro día vinieron unos técnicos y las bloquearon todas con una chapa metálica. Nos dijeron que era porque la gente abría las ventanas y entonces el aire acondicionado no se notaba", relata la familiar de una paciente. 

Según explica, el sistema de climatización apenas consigue refrescar las habitaciones y, además, "lo apagan a las dos de la madrugada". Ante esa situación, asegura que ha tenido que comprar un ventilador para aliviar el calor de su madre. "Es tremendo. Los pacientes están sudando y una enfermera terminó vomitando por el calor", afirma.

En el Gregorio Marañón las temperaturas en muchas de sus habitaciones han superado los 30 grados debido al deterioro y falta de mantenimiento de la refrigeración, según denuncian las trabajadoras del hospital. “Los familiares, un año más, tienen que traer ventiladores a los enfermos”, relata la representante del sindicato Mats del centro, que describe la situación como “insufrible”. Desde la Consejería de Sanidad de este territorio indican que "no se han registrado problemas de climatización" y aseguran que cumplen con las temperaturas estipuladas en todos sus centros.

Sin embargo, no son todo malas noticias y sí que existen hospitales en España en los que se está consiguiendo mantener unas temperaturas agradables. Desde Castilla-La Mancha, la delegada de Sanidad de Comisiones Obreras explica que, al ser casi todos los centros de la comunidad relativamente nuevos, no le han llegado quejas de situaciones de calor extremo.

El único problema del que tiene constancia es en el hospital de Alcázar, en el que ella misma trabaja, que al tener una zona nueva y otra antigua, está habiendo problemas de regulación de la temperatura entre ambas. “Tienen el aire puesto para los pacientes y nosotras tuvimos que estar trabajando con los polares el otro día en nuestra planta”, describe con humor y agrega que es un problema que espera que tenga solución pronto.

Más allá de las habitaciones y los pasillos, el calor también se vive en el resto de instalaciones de los hospitales. Es el caso del Hospital Clínico de Málaga, donde las 36 personas, entre gobernantas, cocineros y pinches, que prestan sus servicios en la cocina han tenido que sobrevivir el anterior verano y los primeros meses de calor de este año con solamente dos pingüinos en el centro de una sala que supera los 100 metros cuadrados. “En invierno ya se pasa calor, que yo me tengo que quitar la chaqueta, pues en verano es por dos o por tres", denuncia María (nombre ficticio), una de las trabajadoras de estas instalaciones. 

“Nosotras tenemos que estar un mínimo de dos horas en la cinta de alimentos entre fuegos, hornos, ollas y los baños maría donde tenemos que mantener los alimentos calientes hasta que salgan”, relata la mujer, que describe el trabajar durante la última ola de calor como “insoportable”.

“El año pasado se desmayó una compañera y la tuvieron que llevar a urgencias. La solución fue poner un pingüino como una medida temporal, porque supuestamente a finales del año se iba a instalar el aire acondicionado”, una obra que se lleva prometiendo más de un año y que hasta finales de junio no se ha conseguido llevar a cabo.

Para María no es la primera vez que se tiene que enfrentar a una situación así, ya que en su anterior destino, el Hospital Regional Universitario de Málaga, tuvo que trabajar durante 2024 mientras estaba embarazada. “Me desmayé tres veces en la cinta por el calor y me tuve que dar de baja”, explica. Las trabajadoras buscaron como solución utilizar los platos que iban a sacar como abanico, pero desde la dirección se lo prohibieron, medida que tampoco pueden aplicar en el Clínico.

[FOTO VENTILADORES]

En la sala de rehabilitación del Centro de Salud Puerta Blanca, en Málaga, si tienen un sistema de aire acondicionado, pero está averiado. Esta situación está comunicada desde principios de año, pero sigue sin estar reparada, lo que obliga a los pacientes y fisioterapeutas a soportar temperaturas extremas. La única solución que han encontrado hasta el momento es que los usuarios tengan que llevar sus propios ventiladores para soportar el calor.

Los delegados de Prevención de Riesgos Laborales del Distrito Sanitario Málaga-Guadalhorce del sindicato SATSE, denuncian que una usuaria sufrió “un desvanecimiento o episodio sincopal”, por lo que exigen “una actuación urgente e inmediata” por parte de la Gerencia del Distrito y del Servicio Andaluz de Salud para restablecer unas “condiciones dignas, seguras y adecuadas”.

Desde 1988, la Comunidad de Madrid lleva a cabo un Programa de Educación Ambiental que permite a profesores y alumnos de centros educativos, desde Educación Infantil hasta Bachillerato, pasar unos días en los albergues públicos para aprender de primera mano sobre fauna, flora, orientación o astronomía. “No es el típico viaje de fin de curso, sino un programa en el que docentes reciben formación y se trabajan contenidos curriculares sobre el terreno. Se abordan materias como Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Historia o cultura general”, relatan los educadores que guían estas actividades.

Durante el curso 2025/2026 participaron 4.903 alumnos de más de 112 centros, repartidos por los cuatro albergues y el refugio que hasta el momento han sido de gestión pública en la región: 1.220 en el albergue de El Escorial, 1.124 en Las Dehesas, 1.052 en Los Batanes, 1.021 en Villa Castora y 486 en el Refugio Puerto de la Morcuera.

Durante los tres o cuatro días que pasan los menores junto a sus profesores en los albergues, se persiguen dos objetivos principales, según describen los siete educadores que lideran estas actividades. “El primero es formar al profesorado para que pueda incorporar la educación ambiental en las aulas. El segundo es sensibilizar ambientalmente a niños y niñas y ofrecerles la oportunidad de aprender de una manera distinta, fuera del aula”, relatan.

Este programa, aunque público, se lleva gestionando a través de empresas privadas mediante una licitación que tiene que ser renovada cada dos años. Este 2026 tocaba iniciar un nuevo contrato, con un presupuesto de 179.321,52 euros para 2026 y 2027, y ya se habían presentado dos empresas: GSD Cooperativa y Talher S.A. Sin embargo, este 26 de junio el Gobierno regional anunció la cancelación de todas las actividades que estaban previstas.

La inesperada decisión está vinculada al proceso iniciado por la Comunidad de Madrid a finales de mayo para adjudicar a una empresa privada la gestión de estos cinco centros a partir del año que viene.

Desde la Consejería de Educación, responsable del Programa de Educación Ambiental, explican que “durante la fase de licitación de dicho contrato, la Dirección General de Juventud comunicó que se estaba tramitando un contrato de concesión de servicios para la gestión de los albergues juveniles, que pasarán a ser explotados por cuenta y riesgo del concesionario, quien percibirá directamente de los usuarios el importe de las tarifas”. 

“En consecuencia, los albergues pasarán a ser explotados en régimen de concesión a partir del 1 de enero de 2027, lo que determina un cambio en el sistema de tarifas aplicables. Esta falta de conocimiento de las tarifas finales determina que no se podrá tramitar la convocatoria para inscripción en el programa de albergues prevista para septiembre de 2026 y en consecuencia no se llevarán a cabo las actividades previstas”, señalan desde la consejería. Por todo ello, el informe que justifica la suspensión de la licitación , concluye que “la ejecución del contrato resulta de imposible cumplimiento”. La consejería ha indicado a este periódico que estas actividades “no se convocarán hasta que termine el proceso de licitación”.

“Es una vergüenza”, denuncian desde los sindicatos CSIF y UGT, que ya llevan más de un mes convocando diferentes protestas y llamamientos en contra de este proceso. Aunque su crítica principal se ha centrado en la incertidumbre laboral de los trabajadores de estos centros, consideran que la suspensión de este programa educativo supone una nueva vía que demuestra los problemas de una privatización de este tipo. 

Lo que más les duele a las representantes sindicales es que la propia Consejería de Familia, Juventud y Servicios Sociales, encargada de los albergues y refugios, les indicó en más de una ocasión que los programas educativos no se iban a ver afectados.

infoLibre ha contactado con esta consejería, que califica de “falsa” la acusación de estas organizaciones y rechaza cualquier responsabilidad en la suspensión. “Estos programas podrán seguir desarrollándose en las instalaciones, que continuarán destinadas a actividades educativas, sociales, ambientales, juveniles y de ocio. Los albergues seguirán abiertos a este tipo de iniciativas, plenamente compatibles con la finalidad de estas instalaciones, que además continuarán contando con descuentos”, indican. La consejería insiste en que no existe impedimento para que continúen estas actividades, pero no entra en el hecho de que la privatización ha provocado la cancelación de un programa que llevaba casi cuatro décadas en marcha.

En cuanto a los educadores que desarrollan este programa, su situación ahora mismo es desconocida. Según explican, ellos no forman parte de la plantilla de los albergues, sino que son subrogables con cada nueva licitación del programa de educación ambiental, por lo que, aunque cambie la empresa, siguen vinculados al programa. Actualmente, la principal opción que se les plantea es su reubicación en otras actividades que realiza la actual empresa adjudicataria, Thaler S.A.

Estos trabajadores denuncian que esta situación es una muestra más de cómo “los programas relacionados con la educación cada vez están más deteriorados”. "Nos preocupa la poca consideración que se tiene hacia un recurso que funciona, que tiene aceptación y que presta un servicio. Vemos una falta de protección de este tipo de programas, igual que ocurre con otros servicios básicos como la educación o la sanidad. Desde nuestro punto de vista, es un proceso de deterioro constante”, lamentan.

“Queremos tener nuestras propias herramientas para mejorar y modernizar el cuerpo”, es la clave que defienden desde el Sindicato Reformista de la Policía (SRP) para defender la que durante una década ha sido su lucha: permitir a los agentes de la Policía Nacional la sindicación libre total. Fue en 2016 cuando tres agentes destinados a la zona de Levante, Manuel Soler, Carolina Yáñez y Luis Miguel Lorente Moreno, crearon esta organización para perseguir ese objetivo, que esta semana ha vivido uno de sus mayores impulsos, con la presentación de una proposición de ley para permitir que los agentes se puedan afiliar a sindicatos de clase, como Comisiones Obreras o UGT.

“Vimos que nadie tocaba este tema desde hace tiempo y era la forma de conseguir un avance real del cuerpo”, relata Soler, actual portavoz del sindicato, en conversación con infoLibre, que llevaba años siendo parte del Sindicato Unificado de la Policía (SUP), pero en el que veía una “deriva reaccionaria muy peligrosa”.

La fecha de su creación no fue escogida al azar, ya que solo había pasado un año desde la creación de la Ley Orgánica 9/2015, de 28 de julio, que firmó el Gobierno de Mariano Rajoy. Esta normativa fue la que, basándose en el quinto punto del artículo 1 de la Ley de Libertad Sindical que recoge que “el ejercicio del derecho de sindicación de los miembros de cuerpos y Fuerzas de Seguridad que no tengan carácter militar, se regirá por su normativa específica”, limitó a los policías nacionales solo poder afiliarse a sindicatos formados exclusivamente por miembros del cuerpo.

Como primera acción pública, el SRP envió en 2021 una carta al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en el que le exponían sus reivindicaciones y como se estaba vulnerando la Constitución con esa ley, concretamente a su artículo 28, que establece que “todos tienen derecho a sindicarse libremente. La ley podrá limitar o exceptuar el ejercicio de este derecho a las Fuerzas o Institutos armados o a los demás cuerpos sometidos a disciplina militar y regulará las peculiaridades de su ejercicio para los funcionarios públicos”.

También hacían mención a que desde la publicación de la Ley 9/1987, las policías locales y municipales adquirieron este derecho, incluyendo a Mossos D’Esquadra, la Ertzaintza o la Policía Foral de Navarra. La respuesta desde Interior nunca llegó y el SRP puso en marcha una “estrategia” conjunta. infoLibre ha contactado con este Ministerio para conocer su posición actual sobre el tema y no han querido hacer ningún comentario.

A partir de 2024, la lucha se centró principalmente en conseguir convencer a los sindicatos de clase mayoritarios de España, Comisiones Obreras y UGT, para que apoyaran este objetivo. “La primera vez que nos reunimos con ellos, nos dijeron que era una reivindicación que tenían, pero que nunca habían llegado a cerrar”, explica Soler. De esta manera se empezaron a llevar a cabo una serie de reuniones casi constantes este último año y medio que consiguieron su objetivo en junio de este año.

Concretamente el día 5, ambos sindicatos hicieron un llamamiento “al conjunto de partidos políticos y grupos parlamentarios para dar un paso a la apertura democrática de la representación de los cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, así como a las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil, para que todas las personas trabajadoras de nuestro país tengan acceso a la libre sindicación, un principio democrático no garantizado después de 50 años de democracia en España”. Fue la primera vez que realizaban un comunicado de este tipo de forma pública y el antecedente a la proposición presentada esta semana por el grupo parlamentario Sumar.

Mientras desde el SRP iban consiguiendo estos avances, el resto de sindicatos policiales mantuvieron su oposición a esta idea. “Los sindicatos respondieron reivindicando la equiparación de sueldos con las policías autonómicas, pero esto solo es un parche, ya que la lucha real está en conseguir la igualdad de derechos, que es lo que realmente importa”, defiende Soler, que denuncia la “deriva reaccionaria” que se está viviendo en los sindicatos policiales, “siempre buscando quién dice la mayor barbaridad”.

Desde su organización ponen el foco en el Sindicato Profesional de la Policía (SPP), que representa a los altos cargos dentro del cuerpo, y del que denuncian que lleva desde 1986 ejerciendo un “monopolio” para evitar que “el resto de escalas alcancen lo que otros cuerpos policiales tienen”. Este es el sindicato que más se ha opuesto y se opone a esta medida. “Nosotros quedamos exceptuados, nos regimos por nuestra propia normativa, y dentro de la Policía los sindicatos son exclusivamente formados por miembros del cuerpo”, señala a este periódico su presidente, Daniel López.

En el caso de JUPOL, su respuesta se basa en que este debate solo “pretende desviar la atención de los verdaderos problemas de la Policía Nacional”, mientras que el SUP mantiene una posición más moderada, mostrando su respeto a “cualquier iniciativa que pretenda ampliar derechos y, por supuesto, la libertad sindical es un derecho fundamental reconocido constitucionalmente”. Desde el SRP están seguros que en el momento en el que se les ponga en la mesa esta reivindicación, estos dos sindicatos no se van a poder negar porque sería ir en contra de “muchos beneficios”.

Teniendo el apoyo de los sindicatos de clase, el SRP decidió este año abrir una nueva vía con la que defender su objetivo y no fue otra que la judicial. Tras la negativa por parte de la Dirección de la Policía Nacional a dos agentes de poder afiliarse a diferentes sindicatos externos, presentaron dos denuncias ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y el de Valencia a principios de junio de este año.

Se trata concretamente de dos recursos administrativos que se basan en la vulneración del derecho fundamental a la libertad sindical, el principio de igualdad y convenios internacionales, como el Convenio Europeo de Derechos Humanos y convenios de la Organización Internacional del Trabajo. En el caso de Madrid, el proceso ya se encuentra en tramitación, pero en Valencia está todavía pendiente de ser aceptada. 

El abogado que representa a la organización, Adría Paños, confirma a infoLibre que en el segundo caso, el proceso se ha alargado simplemente porque el TSJ de Valencia tuvo que preguntar si era competente para decidir sobre esta cuestión, “lo que supone 20 días más”. Con todo esto, el letrado es optimista y defiende que para finales de julio o principios de agosto pueden llegar noticias sobre los procesos.

En el caso de que los tribunales se pronuncien favorablemente sobre este tema, supondría un impulso en la tramitación de la ley que plantea Sumar. Enrique Santiago, diputado de Sumar y portavoz de Izquierda Unida, ha sido la persona que ha presentado esta propuesta en el Congreso de los Diputados, que lo ha descrito como “un paso histórico”.

En la rueda de prensa que ha dado Santiago este martes para anunciar esta medida ha aprovechado para agradecer a “todos los agentes que llevan años luchando por este objetivo”, entre los que ha destacado al SRP. Los miembros de este sindicato han podido escuchar sus palabras en directo, acompañados de sindicalistas de la Guardia Civil, policías locales e incluso el presidente del sindicato de policía europeo Eurocop, Roberto García. Todos han mostrado su “satisfacción y felicidad” con esta noticia.

De hecho, el texto registrado por Sumar ha sido elaborado con la colaboración de este sindicato, que ha trasladado durante los últimos años buena parte de las reivindicaciones que ahora recoge la proposición. Entre sus principales medidas figuran permitir que los policías nacionales puedan afiliarse a sindicatos interprofesionales o de clase, reconocer la negociación colectiva en el marco del Estatuto Básico del Empleado Público, crear una mesa sectorial específica para la Policía Nacional, reforzar la protección de los representantes sindicales frente a represalias y permitir acciones reivindicativas no uniformadas siempre que no alteren el normal funcionamiento del servicio. La propuesta mantiene, en todo caso, la prohibición del derecho de huelga.

De esta manera, la decisión está ahora en manos de los diputados del Congreso, que tendrán que decidir sobre esta propuesta. Desde el SRP en pocos impedimentos en conseguir poner un punto y final favorable a su lucha, ya que cuentan con el apoyo de los diputados de Sumar, según ha confirmado Enrique Santiago, y tampoco dudan del apoyo del PSOE. “En la última reunión que tuvimos con ellos había siete representantes del partido a los que pudimos explicar punto por punto lo que significaría aprobar esta ley y salieron muy satisfechos”, celebra Soler.

En cuanto al resto de grupos, todavía tienen que reunirse con ellos, por lo que van a comenzar una ronda de contactos en las próximas semanas. No dudan de que los partidos que pertenecen al Gobierno de coalición se vayan a sumar a esta iniciativa, pero la incertidumbre nace en los partidos de la oposición.

“Con Vox ni nos planteamos reunirnos, porque sabemos que su respuesta, al ser una iniciativa de la mano de Sumar, va a ser negativa”, asegura el portavoz del SRP. Con el PP si van a buscar un acercamiento, porque mantienen esperanzas de por lo menos conseguir una abstención. “Ahora mismo el PP está hablando sobre que hay que olvidarse de los problemas con Cataluña de 2021, porque están en el pasado. Nosotros pedimos esa misma aplicación con la ley de 2015, que se olviden del pasado y se centren en el presente”, defiende Soler. Con todo esto, desde el sindicato ya están mirando a finales de año, como fecha tope para que el Congreso vote sobre esta propuesta y pueda significar el final de una lucha que ya se alarga durante una década.

El diputado de Sumar y parlamentario de Izquierda Unida, Enrique Santiago, ha presentado este martes una proposición de ley que podría cambiar completamente la composición de la Policía Nacional, al poner sobre la mesa del Congreso el planteamiento de que estos agentes se puedan afiliar a sindicatos de clase y no solo a los propios del cuerpo, como tienen permitido hasta ahora.

La propuesta plantea modificar el artículo 8 de la Ley Orgánica 9/2015, el que limita a los agentes de la Policía Nacional a solo poder afiliarse a sindicatos internos. De esta manera, el texto defiende que los sindicatos corporativos actuales (SUP, CEP, JUPOL, UFP, etc.) no desaparecerían, sino que convivirían con los sindicatos de clase, mediante una "conjugación mixta" entre sindicatos corporativos e interprofesionales.

“Vamos a dar un paso histórico para conseguir el reconocimiento que durante años un grupo de agentes por el reconocimiento que viene recogido en la Constitución”, ha explicado el diputado y ha añadido que “hay que acabar con las restricciones sindicales dentro de la Policía”.

De esta manera Santiago hace un llamamiento al resto de grupos parlamentarios para apoyar esta medida. “A los agentes se les llena la cabeza con medidas demagógicas, como la equiparación salarial, ya que no se trata de hacer propuestas que se basen en lo que decida un alcalde. Esto significa dar a los funcionarios de las Fuerzas de Seguridad la herramienta para que conquisten sus derechos”, ha explicado.

La proposición de ley persigue seis objetivos esenciales: reconocer plenamente la libertad sindical de los policías nacionales; poner fin a la desigualdad con otros cuerpos policiales locales y autonómicos; establecer un marco regulativo claro; fortalecer la calidad democrática; regular un sistema electoral sindical, actualizando y eliminando las distinciones actuales; y se añade una última para mejorar el ámbito de representación profesional dentro de la Guardia Civil.

Junto a Santiago, le han acompañado en el Congreso un grupo de policías, principalmente miembros del Sindicato Reformista de Policía (SRP), guardias civiles y representantes de los sindicatos Comisiones Obreras y UGT para celebrar esta decisión. 

Hace ya unas semanas, los dos principales sindicatos de España hicieron un “llamamiento” público “al conjunto de partidos políticos y grupos parlamentarios para dar un paso a la apertura democrática de la representación de los cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, así como a las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil, para que todas las personas trabajadoras de nuestro país tengan acceso a la libre sindicación, un principio democrático no garantizado después de 50 años de democracia en España”, que se ha empezado a materializar a partir de este martes.

Sin embargo, esta medida no es algo nuevo y viene de una lucha de años liderada por el Sindicato Reformista de Policía (SRP), sin representación actual en el Consejo de la Policía Nacional. Esta organización defiende que el resto de policías locales y municipales tienen este derecho desde la publicación de la Ley 9/1987, que les incluye dentro del régimen general de empleados públicos. También disfrutan de este derecho los diferentes cuerpos autonómicos como son los Mossos D’Esquadra, la Ertzaintza o la Policía Foral de Navarra.

Su principal defensa está en el artículo 28 de la Constitución: “Todos tienen derecho a sindicarse libremente. La ley podrá limitar o exceptuar el ejercicio de este derecho a las Fuerzas o Institutos armados o a los demás cuerpos sometidos a disciplina militar y regulará las peculiaridades de su ejercicio para los funcionarios públicos”. En este momento solo se pueden afiliar a sindicatos internos de la Policía por la Ley Orgánica 9/2015, de 28 de julio, firmada durante el Gobierno de Mariano Rajoy.

Esto, según explica el portavoz del SRP, Manuel Soler, a infoLibre, hace que “el cambio de modelo sindical en el cuerpo Nacional de Policía, por su condición de instituto de carácter civil, no es un problema jurídico, sino un problema de voluntad política. La Constitución deja en mano del legislador la posibilidad de limitar o exceptuar o no el pleno derecho de sindicación plena”, en un cuerpo que tiene naturaleza civil, por lo que este paso llevado a cabo por Izquierda Unida puede volverse un antes y después en esta lucha.

En paralelo a la vía política, el SRP tiene también abierta otra línea en los tribunales con la presentación de dos denuncias por parte de dos agentes pidieron afiliarse a diferentes sindicatos y les fue denegado. La primera ya ha sido admitida a trámite por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y la segunda en el TSJ de Valencia, que está pendiente de ser aceptada.

Teresa tiene 94 años, sufre alzhéimer y lleva 10 años en la residencia Domusvi Albufera, en Vallecas. Entró primero solo en el centro de día; más tarde ocupó una plaza privada y, desde hace cinco años, se encontraba en una de las 35 plazas concertadas que oferta el centro desde 2022. Este 1 de julio, ella y otras 16 personas de esta residencia tendrán que abandonar sus plazas por la entrada en vigor del nuevo acuerdo marco entre la Comunidad de Madrid y las residencias privadas, que establece el número de plazas concertadas asignadas a cada centro privado. 

Han pasado cuatro años desde el último acuerdo y el nuevo texto redefine ese reparto, ya sea por una decisión económica del propio centro o porque la Comunidad de Madrid entienda que no necesita tantas plazas. Aunque el saldo final arroja un número mayor de plazas concertadas adjudicadas en comparación con 2022, los cambios obligan a eliminar plazas que ya estaban ocupadas, sin contar con la opinión ni las preferencias de los afectados. 

Desde la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales indican que, con esta nueva firma, solo han quedado afectados 95 residentes, de los que 81 han solicitado traslado a otros centros que ofrecen plazas concertadas y otras 14 han permanecido en su residencia, pagando una plaza privada con la ayuda del cheque residencia que ofrece la Comunidad de Madrid, pero infoLibre ha podido constatar que la cifra de ancianos afectados por esta situación superaría el centenar.

Sumadas a las 17 de la Albufera, se han eliminado la totalidad de las 35 plazas de la residencia Solsalud por haber quedado fuera de este acuerdo, otras 35 en la residencia Rafael Alberti y 30 en Sanitas La Florida, hasta alcanzar un total de 117. La cifra podría ser más elevada debido a familiares o residencias que no quieren pronunciarse sobre el tema. Preguntada sobre esta nueva cifra, la Comunidad de Madrid mantiene las 95 personas afectadas y asegura que, “en cuanto se adjudicó [el nuevo acuerdo marco], dejaron de cubrirse esas plazas”.

Aquí entra una práctica que han denunciado varios de los familiares de afectados: las residencias les explicaron antes del 17 de junio –fecha en la que el nuevo acuerdo marco fue autorizado– que se iban a eliminar sus plazas y que se buscaran alternativas, dejando así a muchos afectados fuera de la cifra final antes de que la medida fuera oficial. “El 27 de mayo nos reunieron a las familias para darnos una noticia importante y nos contaron que se eliminaban 20 plazas concertadas, que en realidad son 17, porque tres de los residentes ya habían fallecido”, denuncia la hija de Teresa, Mari Tere, sobre el caso de la Albufera en conversación con infoLibre.

"El único parámetro que han tenido en cuenta para decidir a quién echar ha sido la antigüedad con la que tenían la plaza concertada, sin valorar el arraigo, la condición física y mental o si realmente quieren quedarse o irse”, añade. infoLibre ha contactado con la residencia de DomusVi Albufera, pero no ha querido hacer comentarios ni valoraciones sobre estos hechos.

"¿Cómo puedes reorganizar toda tu vida en 30 días? En el centro ya tenía una rutina, una vida hecha. Era como su familia y ahora se va a encontrar en un sitio que no conoce, con gente nueva y con una rutina diferente. Va a dejar de comer y dormir", lamenta. En este caso, la familia dispone además de un informe médico que desaconseja expresamente el traslado por el deterioro cognitivo de la residente. Sin embargo, Mari Tere asegura que ni la empresa gestora ni la Administración han tenido en cuenta esa circunstancia. "Ni DomusVi ni la Comunidad de Madrid han luchado, no han querido ver cómo les puede afectar. Para ellos solo somos un número".

La hija de la residente afectada también denuncia la falta de información durante todo el proceso. Forma parte del Consejo de Familia de la residencia y asegura que nunca se les trasladó que el centro fuera a reducir las plazas concertadas hasta pocas semanas antes de la entrada en vigor del nuevo acuerdo. "En el último acuerdo pidieron 35 plazas porque no las tenían todas cubiertas, pero ahora les sale más rentable tenerlas privadas y simplemente prescinden de ellas. Tendrían que asumir el riesgo", lamenta.

Una vez se informa a los residentes de que su plaza va a ser eliminada, se les ofrecen dos opciones: el traslado a otra residencia privada que tenga plazas concertadas libres o permanecer en el mismo centro, pero con una plaza privada y con la ayuda de un cheque residencia. En el caso de Teresa, la familia ha decidido aceptar el traslado, porque el cheque que ofrece la Comunidad de Madrid es de tan solo 740 euros, mientras que el coste de la plaza privada alcanza los 3.100 euros con IVA. 

Desde Marea de Residencias describen este cheque como un “chantaje”. “Para aquellas familias que, por motivos de salud extrema o arraigo psicológico de su familiar, se niegan a un traslado traumático, la única alternativa legal para que la persona afectada permanezca en su misma residencia es aceptar este cheque. Al hacerlo, el residente pierde la plaza pública y pasa a ser un cliente privado de la empresa”, denuncia la plataforma. 

La decisión del traslado es la misma que ha tomado María José sobre su madre, de 93 años, que sufre deterioro cognitivo, trastornos psiquiátricos, problemas cardíacos e importantes limitaciones de movilidad, y llevaba ya dos años en la residencia de la Albufera. "Nos dieron dos opciones de residencia, una en Vallecas y otra en Carabanchel. También nos indicaron que si había alguna otra residencia privada que nos gustara o tuviéramos cerca, se podía ver. Por esa parte sí que nos facilitaban todo el tema del traslado", explica.

Sin embargo, asegura que el problema no es la logística, sino el impacto emocional y sanitario del cambio. "Estamos con muchísima presión y con mucha angustia. Mi madre me ha dicho más de una vez que si la sacan de este centro se va a tirar por una ventana. Yo quiero pensar que no lo dice en serio, pero me preocupa mucho. Como se desequilibre, sumado a sus problemas de corazón, puede ser terrible", denuncia.

"Los médicos saben perfectamente que cuando ingresan a una persona en un hospital se desubica, que no parecen ellos mismos, pierden incluso memoria, se desorientan. Eso nos preocupa muchísimo, que pierdan sus referencias de espacio y de personas. Otra residente nos decía el otro día: '¿Os vais a ir todas?'", relata.

Existen varios estudios que han tratado este tema y que describen que la reubicación de personas mayores en residencias puede generar estrés por traslado, con problemas concretos como aumento de la ansiedad y la depresión, especialmente en residentes de larga estancia y con distinto grado de deterioro cognitivo. A esto se suman cambios en los dominios funcionales, cognitivos, conductuales y emocionales tras el traslado de una residencia a otra. 

Un estudio de la Universidad de Michigan encontró criterios de trauma por transferencia en alrededor del 30% de residentes trasladados en 2018 y 2019. Además, una revisión de 28 estudios sobre reubicación involuntaria señala que “la falta de preparación, la escasa información y las dificultades de comunicación con las familias pueden empeorar la adaptación, mientras que la preparación previa y la participación familiar tienden a favorecer el bienestar”. 

Esta falta de preparación es la que también denuncia Pepa. Su madre, de 97, años va a tener que abandonar el centro de la Albufera tras cuatro años en él. Describe que tiene la cabeza bien “a ratos” y se mueve en silla de ruedas. “No depende totalmente de una persona todo el rato, pero ya son 97 años", explica.

La familia ha aceptado finalmente el traslado a una residencia de Carabanchel, ya que el cheque residencia era una opción que consideran inviable. "Con el cheque residencia, al final tienes que pagar 2.800 euros y a mi madre no le llega la pensión. Es verdad que tiene tres hijos, pero tampoco nos podemos permitir ese dinero", asegura.

Más allá del coste económico, insiste en que el problema principal está en el vínculo construido durante estos años. "Ella está muy a gusto, dice que esto ya es su casa, y además es un centro que está a dos minutos de mi casa, por lo que para mí también era muy cómodo. Nos tenemos que ir el 1 de julio y ella no se encuentra en condiciones de estar de aquí para allá”, relata.

Las tres familiares comparten una misma sensación de “desesperación, rabia e impotencia. Impotencia de no poder hacer nada. Aquí lo único que les mueve es el dinero". "Ya con nosotros no se puede hacer nada, pero espero que se pueda hacer algo con los que vienen después. Pero mientras haya dinero de por medio, es imposible", concluye Pepa, poniendo ya la mirada en el próximo acuerdo marco que se tendrá que firmar en unos tres años, dependiendo de las prórrogas que se apliquen.

El Gobierno daba, hace unos días, una de las mejores noticias a las educadoras de 0 a 3 años, colectivo que lleva desde abril denunciando la precariedad y las condiciones en las que desempeña su trabajo. El Ministerio de Educación puso sobre la mesa una propuesta a los sindicatos para reducir a la mitad las ratios en el primer ciclo de Infantil, una medida que, según la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI), va a permitir “ganar en salud emocional y física, además de poder dar la calidad e individualidad que necesitan los niños en esta etapa”.

La propuesta fija unas ratios muy inferiores de las actuales. En el curso de 0 y 1 año pasarían de 8 a 4 niños por educadora; en el de 1 a 2 años, de 14 a 8; y en el de 2 a 3 años, de hasta 20 a solo 8. “Estas relaciones numéricas serán de aplicación desde el curso escolar 2027/2028 para el primer curso del primer ciclo de la etapa y para su aplicación progresiva en los siguientes cursos escolares a los cursos segundo y tercero del primer ciclo, siendo de plena aplicación al comienzo del curso académico 2029/2030”, señala el texto. 

Aunque la medida ha sido recibida como una buena noticia, todavía quedan aspectos clave por definir, especialmente la financiación y la fórmula para hacer posible su aplicación. El Ministerio de Educación todavía no ha detallado estos aspectos, pero los datos actuales permiten estimar el alcance de las necesidades que habría que cubrir para alcanzar esas ratios.

La reducción de ratios planteada por Educación obligaría, en otros niveles, a abrir nuevos grupos allí donde las aulas superen los nuevos máximos. En el primer ciclo de infantil, sin embargo, la lógica es distinta: la existencia de la pareja educativa permitiría cumplir las nuevas ratios incorporando más educadoras a los grupos ya existentes.

A partir de la propuesta del ministerio y de los datos oficiales de escolarización y ratios vigentes, infoLibre ha calculado que la aplicación de las nuevas relaciones máximas de alumnado por educadora exigiría incorporar más de 41.800 nuevas profesionales, lo que representa un incremento del 125% respecto a la necesidad actual.

La matrícula nacional correspondiente al curso 2024-2025, según los últimos datos disponibles, asciende a 488.543 niños y niñas escolarizados en el primer ciclo de Educación Infantil. Según la distribución del alumnado por edades y de las ratios máximas vigentes en cada comunidad autónoma, el sistema requiere actualmente 33.582 educadoras. Con la implantación de las nuevas ratios, esa necesidad se elevaría hasta 75.415 educadoras, lo que obligaría a contratar 41.833 profesionales adicionales.

El aumento de personal no sería homogéneo y se concentraría en las comunidades con mayor volumen de alumnado de 0 a 3 años. Andalucía sería el territorio con mayor incremento, con 9.154 educadoras adicionales, seguida de Madrid (7.680), Cataluña (6.392) y la Comunitat Valenciana (4.470). A continuación aparecen Galicia (2.396), País Vasco (2.016), Castilla y León (1.862) y Castilla-La Mancha (1.819). En conjunto, estas ocho comunidades concentrarían alrededor de tres cuartas partes del incremento total de plantilla que se debería contratar para cumplir los nuevos ratios.

La propuesta del Gobierno no se limita al primer ciclo de infantil. También plantea reducir las de Primaria de 25 a 22 alumnos por aula; las de la ESO, de 30 a 25; y las de Bachillerato, de 35 a 30. En los dos primeros casos, un estudio del centro de políticas económicas de Esade ya ha calculado que su aplicación obligaría a habilitar 69.000 aulas y a incorporar unos 103.000 docentes a jornada completa.

“Estoy cruzando los dedos para tener buenas noticias pronto”, asegura Rachid Bouderka, un joven de 29 años originario de Marruecos y una de las 900.000 personas que se ha acogido al proceso de regularización extraordinaria que aprobó el Gobierno el pasado 14 de abril, que finaliza este 30 de junio. Bouderka es diseñador web y en su país veía muy limitadas sus oportunidades profesionales, por lo que decidió venir a España “para encontrar algo mejor”.

En marzo de 2025 viajó a Portugal, país para el que tenía visado, y desde ahí se trasladó a Madrid. En la capital ya estaba su primo asentado, que le ayudó a encontrar una habitación en la que vivir. En el año y tres meses que lleva en España ha tenido que encadenar diferentes trabajos irregulares, como repartidor, jardinero o pintor, para poder mantenerse. “Cuando me salía algo, tenía que hacerlo”, cuenta en conversación con infoLibre.

Por esta razón, el proceso de regularización extraordinario fue una luz de esperanza en su camino. “Cuando salió la noticia, supe que era una buena noticia, porque yo tenía el plan de esperar dos años para hacer arraigo”, relata. El pasado 27 de abril pudo presentar la solicitud y ahora está a la espera de una respuesta. “Tuve que aportar una lista de documentos”, entre ellos el certificado de antecedentes penales de Marruecos y pruebas de presencia en España como la tarjeta de transporte público, una tarjeta de donación de sangre y pruebas de participación en eventos deportivos.

“Para mí la regularización me permitirá tener estabilidad legal, que es todo lo que estoy buscando, para tener esa tranquilidad. Ojalá me salga el permiso de trabajo y residencia, porque voy a conseguir crecer profesionalmente y un trabajo de lo mío”, explica. Durante todo el proceso ha estado acompañado por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), donde ahora participa como voluntario.

Esa misma tranquilidad buscaba Carla (nombre ficticio), que llegó desde Colombia a España en 2023 en busca de asilo. En su país tuvo problemas con sus tierras familiares y se vio envuelta en un conflicto en el que desaparecieron sus tíos y su abuelo. Cuando llegó, lo que más sintió fue la “incertidumbre”: tuvo que trabajar en lo que podía, muchas veces solo durante unas horas. “Es muy duro emocionalmente no tener una estabilidad laboral”, denuncia al otro lado del teléfono. 

“Muchas empresas no te contratan cuando ven la tarjeta roja de asilo, por lo que este proceso ha sido como una luz en el túnel”, explica. En su caso, ya ha recibido la buena noticia de que su regularización ha sido aceptada. “Estoy muy feliz, ya pidiendo la cita para las huellas”, relata, y destaca el acompañamiento recibido por parte de las trabajadoras sociales de CEAR.

“Soy la voz de muchos migrantes que realmente lo que queremos es una calidad de vida y una tranquilidad” agrega. Y explica que ya se puede olvidar de “ese agobio de si vendrá esa resolución de asilo”. “Era una incertidumbre muy terrible”, resume.

“El perfil de las personas que hemos atendido refleja bastante bien la realidad migratoria de España”, relata a este periódico el presidente de CEAR, Mauricio Valiente. Predominan las personas latinoamericanas, “muchas de ellas jóvenes”, aunque la organización ha observado “una mayor presencia de personas procedentes de países asiáticos, algo que resulta llamativo en comparación con nuestro trabajo habitual”. “Hemos atendido a numerosas personas de Bangladesh, India o Sri Lanka, colectivos que probablemente han permanecido en situaciones de irregularidad menos visibles hasta ahora”, añade.

Detrás de cada una de estas solicitudes hay una historia distinta, pero desde CEAR destacan tres factores comunes entre muchas de las personas migrantes que han acudido al proceso. “El primero es la necesidad de regularizar trayectorias migratorias que ya están plenamente asentadas en España. Se trata de personas que han construido aquí su vida, que tienen posibilidades reales de empleo y de integración y que desean normalizar su situación administrativa”, destaca Valiente.

“El segundo factor es la posibilidad de recuperar la relación con los familiares. La regularización no solo permite avanzar hacia la reagrupación familiar, sino también recuperar algo tan básico como la posibilidad de viajar y mantener el contacto con los seres queridos. Para muchas personas migrantes, la imposibilidad de regresar a su país o de visitar a sus familiares constituye una de las situaciones más dolorosas de la irregularidad administrativa”, continúa.

Por último, Valiente apunta una tercera dimensión, mucho más simbólica, “relacionada con el reconocimiento del papel que estas personas desempeñan en la sociedad española. El hecho de que este proceso haya sido impulsado por una iniciativa legislativa popular y que las propias organizaciones de personas migrantes hayan tenido un papel protagonista ha generado una percepción de reconocimiento y participación que también resulta importante”.

Vitali Aguilar, de 31 años y nacido en Rusia, no tiene ninguna duda del objetivo que persigue con su regularización y la de su familia. “Al final, lo único que quiero es trabajar, contribuir y sacar adelante a mi familia. Quiero tener una vida digna y ofrecerle a mi hijo un futuro mejor”, explica a infoLibre.

Su historia con España es larga, ya que llegó al país por primera vez con ocho años, “gracias a un programa que existía entonces y que permitía que niños rusos y ucranianos pasaran aquí los veranos”. Estuvo con una familia de acogida y repitió la experiencia durante los siguientes veranos. Con 14 años, su abuelo le preguntó si quería venirse a vivir a España y dijo que sí.

“Vine con un permiso de estudios y, cuando terminé mi formación, obtuve un permiso de trabajo”, relata. Sin embargo, acabó teniendo que volver a Rusia. El estallido de la guerra en su país de origen lo cambió todo y, junto a su mujer, decidieron hace tres años regresar de forma definitiva a España, concretamente a Sevilla. “Al regresar me encontré con que había perdido toda mi documentación y tenía que empezar prácticamente desde cero”, denuncia.

Por esta razón pidieron asilo político y han estado años pendientes de la resolución, hasta que el pasado mayo recibieron la noticia de que se lo habían denegado. “Cuando vimos que la situación se complicaba, empecé a buscar alternativas para regularizar nuestra situación. Ya no éramos solo dos: también teníamos un hijo pequeño y necesitábamos estabilidad”, explica Aguilar.

En un principio se planteó recurrir la resolución, pero entonces llegó la noticia de la regularización extraordinaria. “Me enteré por la televisión, como creo que le ocurrió a mucha gente. Al principio me costó creerlo. A veces se anuncian medidas relacionadas con migración que luego tardan mucho en aplicarse o no terminan de materializarse, así que tenía dudas. Sin embargo, me llamó la atención que fuera un proceso relativamente sencillo y con menos exigencias documentales de las habituales”, celebra Aguilar.

Contactó con varios abogados para buscar orientación y fue una de las letradas de CEAR la que le explicó bien el procedimiento. Finalmente, la familia presentó la solicitud para toda la familia el 17 de junio. 

“La posibilidad de regularizar nuestra situación no solo significa poder trabajar, también supone poder pensar en el futuro. Cuando una familia tiene estabilidad económica puede plantearse ahorrar, comprar una vivienda o incluso abrir un pequeño negocio. En definitiva, permite empezar a construir una vida digna. Mi mayor deseo es que mi hijo tenga oportunidades que yo no tuve. Quiero que estudie en buenos centros, que pueda formarse y que tenga la posibilidad de elegir el futuro que quiera para sí mismo”, explica Aguilar.

Aunque CEAR describe el proceso como “positivo”, también destaca una serie de problemas detectados durante estos meses. En el momento del anuncio, la principal crítica se dirigió a la “falta de preparación inicial, fundamentalmente por la falta de concreción por parte de la Administración”, explica el director general de la organización.

“Sin embargo, el desarrollo posterior del proceso ha sido razonablemente bueno. Hemos podido ir resolviendo las dificultades que han ido apareciendo sobre la marcha y creemos que finalmente ha llegado a las personas a las que iba dirigido”, relata .

Los problemas, no obstante, no han tenido tanto que ver con los plazos como con la imposibilidad de obtener determinados documentos, “especialmente en algunos países donde renovar un pasaporte o conseguir antecedentes penales resulta muy complicado”. Valiente destaca que estos obstáculos “difícilmente se habrían solucionado con una simple ampliación del plazo”.

Las mayores tensiones se han vivido en las ciudades donde hay una mayor concentración de población migrante, como Madrid o Barcelona, donde “la magnitud del proceso ha movilizado a centenares de miles de personas”.

A esto se suma que la respuesta institucional ha sido desigual. “Ha habido comunidades autónomas y ayuntamientos que han colaborado activamente, movilizando recursos y facilitando el desarrollo del proceso. Otras administraciones, en cambio, han adoptado una actitud más pasiva e incluso han intentado obstaculizarlo”, relata Valiente. En este punto, CEAR señala las ocho comunidades gobernadas por el PP —Región de Murcia, Comunidad de Madrid, Islas Baleares, Comunidad Valenciana, Aragón, Cantabria, Castilla y León y Galicia— que han presentado recursos para intentar paralizar la regularización.

Sin embargo, este proceso no es nada más que un punto de partida.“Una regularización extraordinaria es, en cierto modo, la constatación de que algo no está funcionando adecuadamente en los mecanismos ordinarios, porque lo deseable es que los procedimientos habituales de regularización sean capaces de responder a las necesidades reales de las personas migrantes sin necesidad de recurrir periódicamente a medidas excepcionales”, asegura Mauricio Valiente.

“El nuevo reglamento ha ampliado y simplificado algunas vías de arraigo, y eso supone un avance importante. Ahora el reto consiste en garantizar que esas herramientas funcionen adecuadamente, para lo que hacen falta recursos, personal y capacidad administrativa. Las buenas leyes, si no van acompañadas de medios suficientes para aplicarlas, corren el riesgo de quedarse en papel mojado”, denuncia.

“No puedo parar de llorar de la emoción”. Así reacciona Rosa Marín, educadora de infantil y portavoz de la de la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI), al conocer que la nueva propuesta del Gobierno para bajar las ratios en la educación incluye, por primera vez, el ciclo de 0 a 3 años. “No pensaba que íbamos a conseguir las ratios que queríamos. Llevamos tres años dedicando cuerpo y alma a esto”, añade.

El debate sobre el número de alumnos por aula lleva meses en el centro de las reivindicaciones educativas. La bajada de ratios ha sido uno de los ejes de las huelgas de profesores y educadores registradas en distintos puntos de España, desde la Comunidad Valenciana a Madrid, pasando por Cataluña y Aragón. 

Hace una semana, el Gobierno presentó el proyecto de ley que modifica la Ley 4/2019, de 7 de marzo, que se está tramitando actualmente en las Cortes, e incluía una reducción de ratios de 25 a 22 alumnos en los cursos de Primaria y de 30 a 25 en la ESO. Sin embargo, la propuesta dejaba fuera a los grupos de Infantil y Bachillerato.

Este miércoles, el Ministerio de Educación ha trasladado a los sindicatos una nueva versión del texto que incorpora también cambios en estas etapas. Con la nueva propuesta, las ratios máximas en el primer ciclo de Infantil quedarían reducidas a menos de la mitad de las que hay ahora establecidas. En el curso de 0 y 1 año pasarían de 8 a 4 niños por educadora; en el de 1 a 2 años, de 14 a 8; y en el de 2 a 3 años, de hasta 20 a solo 8.

Según la propuesta de Educación, al que ha tenido acceso infoLibre, esta modificación se aplicaría de forma progresiva empezando por el primer nivel de cada ciclo a partir del curso 2027-2028, “siendo de plena aplicación al comienzo del curso académico 2029-2030”. 

“Es poder trabajar en condiciones y tener pareja educativa en las aulas, lo que implica ganar en salud emocional y física, además de poder dar la calidad e individualidad que necesitan los niños en esta etapa”, describe Marín, que explica que las educadoras de toda España lo están celebrando. Sin embargo, advierte de que, aunque supone “un gran paso”, no es suficiente para poner final a la huelga de educadoras que permanece activa en la Comunidad de Madrid desde el 7 de abril y que retomará en septiembre.

La protesta se sostiene sobre tres reivindicaciones: bajada de ratios, pareja educativa y salarios dignos. Aunque las condiciones varían según la comunidad, el sueldo medio de estas trabajadoras ronda actualmente los 1.700 euros mensuales, y en territorios como Madrid puede quedarse cerca del salario mínimo. “Cuando tengamos cerrado este último punto, nos bajaremos de la huelga. De momento, continuamos”, asegura Marín. “Esta propuesta es una gran noticia para irnos de vacaciones, coger fuerza en el mes de agosto y seguir luchando en septiembre”, agrega.

En Bachillerato, la propuesta establece un máximo de 30 alumnos, frente a los 35 fijados actualmente. “Esta relación numérica será de aplicación desde el curso escolar 2029-2030 para el primer curso de la etapa y para su aplicación en el siguiente curso escolar al segundo curso”, describe la propuesta. En Primaria, la reducción empezaría a aplicarse a partir del curso escolar 2027-2028, mientras que en Secundaria Obligatoria no entraría en vigor hasta el curso 2028-2029.

Estos cambios tendrán que ser aceptados por los sindicatos y una vez la nueva ley de ratios sea aceptada por el Congreso y el Senado, se podrán incluir con una modificación por Real Decreto.

Ahí se concentra una de las principales críticas de los sindicatos. “Hemos conseguido que el Ministerio asuma nuestra propuesta del 4/6/8 alumnos y alumnas por educador o educadora en Infantil 0-3, lo que supone un gran éxito de la movilización. El único ‘pero’ es que plantean que sea progresiva, como ocurre en el resto de cursos”, defienden desde Comisiones Obreras.

Desde el sindicato piden “medidas más ambiciosas y ágiles”, entre las que incluyen que “todo el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo cuente doble a efectos de ratio en todas las etapas y enseñanzas, asegurar que todas las necesidades y dificultades estén asociadas a la dotación de apoyos especialistas, fijar un máximo de 250 alumnos y alumnas por cada profesional de la red de orientación y dotación adicional en todos los centros para las funciones de coordinación de bienestar”.

Desde la Asociación de Centros Autónomos de Enseñanza Privada (ACADE) la crítica va en otra dirección. Desde la patronal sostienen que la medida podría obligar a cerrar el "cien por cien" de los centros privados de educación Infantil, aunque matizan que ese escenario se produciría solo si no se acompaña de "medidas compensatorias suficientes".

Además de las ratios, el Ministerio también ha planteado en su propuesta los requisitos para los centros de Infantil: aulas de dos metros cuadrados por puesto escolar, una sala de usos múltiples de 30 metros cuadrados, un patio de juegos de uso exclusivo del centro y nunca inferior a 75 metros cuadrados, un aseo por sala destinada a niños de dos a tres años, visible y accesible desde el aula, con dos lavabos y dos inodoros. 

La propuesta también incorpora una reivindicación que ha ganado peso en los últimos años: “el cuidado de la salud, la protección y la atención al bienestar del alumnado y del personal del centro mediante la adecuación de la climatización con criterios de eficiencia energética y la adaptación a las consecuencias del cambio climático”. Para Comisiones Obreras esta propuesta es “imprescindible, pero se deben abordar las medidas para que todas las administraciones la apliquen de forma urgente”.

Lo único que queda por determinar, y que no ha sido discutido en esta reunión, según indican fuentes del Ministerio de Educación a infoLibre, es la financiación que acompañará a estas medidas. Según un informe publicado en mayo por el centro de políticas económicas de Esade, que analizó las bajadas de ratios en Primaria y ESO, calculó que su aplicación obligaría a habilitar 69.000 aulas y a incorporar unos 103.000 docentes a jornada completa.

Según este informe, entre 2027 y 2036 el coste presupuestaria neto medio sería de 2.818 millones al año, con un acumulado de 28.184 millones. En el año pico, 2031, el coste real alcanzaría los 6.549 millones, con 5.169 millones de coste presupuestario neto. Los investigadores indican que al no incluir Infantil ni Bachillerato, la incorporación de estas etapas “elevará la demanda de docentes adicionales de manera considerable, y por tanto los costes, respecto al escenario considerado en este informe”.

Llega el verano y con él, la época de vacaciones. Uno de los momentos más esperados por la mayoría de trabajadores, pero que en las 25 residencias públicas de mayores de la Comunidad de Madrid vuelve a poner en evidencia el problema estructural de la falta de personal. A unas plantillas ya mermadas se suma una cobertura insuficiente de suplencias para las trabajadoras de atención y cuidados directos, integradas principalmente por técnicas en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE) y diplomadas universitarias de enfermería (DUE).

“No hay una previsión para cubrir esto, todos los años nos pasa lo mismo”, denuncia en conversación con infoLibre Toñi Gavalda, trabajadora y representante sindical de CSIF en la residencia de Arganda del Rey. Explica que no es hasta finales de mayo cuando la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS) comienza a tramitar las suplencias para cubrir las vacaciones de la plantilla.

Esa demora deja a residencias como la de Alcorcón o la Gastón Baquero, en Alcobendas, en una situación de incertidumbre. Hasta el 1 de julio no conocerán el alcance real de las contrataciones estivales porque “lo oculta la dirección”, denuncia Esther Fernández, trabajadora y representante del sindicato MATS en el centro de Alcorcón. En esta residencia, asegura, las ratios se sitúan en cuatro TCAE para cada 36 residentes.

Sin embargo, el problema principal no es la falta de información. Según coinciden las trabajadoras de las diferentes residencias con las que ha contactado este diario, todo nace de la falta de candidatos disponibles en las bolsas de empleo, una situación que se arrastra  desde hace años y que obliga a las profesionales a asumir cargas de trabajo muy por encima de sus capacidades. InfoLibre ha preguntado a la Comunidad de Madrid sobre esta situación y no ha habido respuesta.

“Tenemos residentes con mucha necesidad de cuidados que son dependientes y grandes dependientes con una media de edad de 82 años”, explica Elvira García, representante del sindicato MATS en la Gran Residencia de Carabanchel, que añade que cada TCAE tiene que trabajar con nueve o diez usuarios en cada turno. Según relata, los usuarios ingresan cada vez más tarde y con más patologías, lo que incrementa las necesidades de atención. “Estamos con el agua al cuello”, resume.

La solución que desde hace años aplica la Administración es permitir cubrir esas suplencias de verano contratando a personal sin la titulación específica de cuidados auxiliares. “Basándose en que no hay técnicos en cuidados de enfermería, contratan a personas con la titulación de secundaria, que no pueden dar medicación ni hacer una serie de cosas que nosotras sí podemos, por lo que no están cubriendo el puesto entero”, denuncia García. A su juicio, esta práctica termina aumentando la carga de trabajo de las TCAE que sí cuentan con la formación requerida.

García trabaja en el turno de noche de este centro de Carabanchel. Relata que en total son 34 trabajadoras, divididas en dos grupos de 17, y que no cuentan con suplencias suficientes para este verano. “Tenemos por lo menos seis personas de vacaciones por mes y solo se van a contratar cinco suplencias”, señala. A ello se suman trabajadoras con reducciones de jornada, horas sindicales y permisos. “Estamos bajo mínimos”, afirma.

Según los datos del resto de turnos, se han conseguido cubrir 23 plazas de TCAE por la mañana y siete por la tarde, pero todavía quedan 18 pendientes en este último turno. La situación más complicada afecta a las enfermeras (DUE), que tienen ocho plazas pendientes de cobertura por la mañana y cuatro por la tarde. “No hay que olvidar que esta falta de cobertura supone un incremento de la carga de trabajo para el personal de atención directa que deberán asumir más tareas y atender a un mayor número de usuarios durante los meses de verano”, denuncia Silvia Amaya, representante de CSIF en la Gran Residencia.

La dificultad para encontrar personal también se repite en la residencia Nuestra Señora del Carmen, en el distrito de Fuencarral-El Pardo. Ana Sánchez, delegada de CSIF, explica que el centro se encuentra inmerso en el proceso de contratación de verano, aunque con problemas para cubrir determinados perfiles. “En el caso de DUE es que no hay candidatos. Nos pasa todos los años, porque Sanidad se lleva todos los aspirantes, ya que es un trabajo más bonito y que les interesa más”, señala. En el caso de TCAES les faltan siete y ocho vacantes para las suplencias de verano en el turno de mañana y tarde respectivamente.

“Por la fama que se ha creado, por el tipo de trabajo y la falta de personal, la gente prefiere no venir. Si yo quiero a mi amigo, no le voy a decir que venga a trabajar”, lamenta. En este centro hay días en los que hay solamente dos TCAE para 32 residentes y “ha habido jornadas con dos DUE para toda la casa”, algo “inviable” en un centro que atiende a unos 400 usuarios.

En la residencia de Arganda del Rey el panorama es aún más preocupante. Según las representantes sindicales de CSIF de este centro, Toñi Gavalda y Anabel Vadillo, existen 22 vacantes estructurales de TCAE sin cubrir desde hace años. “El verano se afronta de una manera catastrófica. No tenemos personal para cubrir las vacaciones, sobre todo de técnicos de enfermería y DUE”, denuncian.

De cara al verano, el centro acumula 16 bajas de TCAE, tres de DUE, 22 de auxiliares de servicio y tres de auxiliares de control. “Nos faltan ahora mismo 35 TCAE”, aseguran. Ante la falta de profesionales, el sindicato ha propuesto medidas extraordinarias como la realización voluntaria de horas extra, pero en el caso de las TCAE no se ha autorizado esta posibilidad. “Estamos intentando buscar alternativas, alternativas que deberían buscar desde la Administración”, señalan.

Esta escasez de personal repercute directamente en las ratios de atención, según denuncian las trabajadoras. “Por la noche atendemos a 24 residentes grandes dependientes cada TCAE”, explican y añaden que durante el día, la situación puede llegar a ser más complicada, porque han llegado a situaciones en las que “ha habido una planta que tenía dos TCAE para 62 usuarios”.

A todo esto se suma el desgaste físico y psicológico que provoca esta situación en la plantilla. “La gente está muy quemada y cada vez hay más bajas, porque trabajas bajo presión. Es un cansancio no solo físico, también mental. Es una situación muy grave”, aseguran.

La Administración General del Estado (AGE) ha indemnizado a 113.095 familiares de fallecidos o desaparecidos durante la Guerra Civil y la posterior represión franquista. Este reconocimiento ha supuesto  4.059.067.415 euros, según los datos acumulados desde la Transición hasta diciembre de 2024. 

Esta cifra figura en uno de los tres informes elaborados por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática a los que ha tenido acceso infoLibre, y que forman parte de las comisiones de estudio y técnicas previstas por la Ley 20/2022, de Memoria Democrática. Estos escritos no sirven para crear derechos o leyes, sino que tienen el objetivo de estudiar, evaluar y recomendar sobre temas como las víctimas del franquismo o el papel del pueblo gitano en la sociedad española.

El informe sobre indemnizaciones recoge también que entre los beneficiarios se encuentran 3.055 de los denominados niños y niñas de la guerra, 59.271 civiles mutilados y 116 presos y presas por su condición de homosexual. En total, incluyendo los familiares anteriormente mencionados, 611.828 personas han recibido indemnizaciones por parte de la AGE, para las que se han aportado 22.160.848.148 euros.

“No obstante, este importe agregado no refleja la totalidad del esfuerzo reparador efectivamente realizado, al no disponerse de datos plenamente actualizados y consolidados para determinados colectivos, en particular el de las personas funcionarias civiles”, añaden desde el ministerio, que estiman que la AGE habría repartido más de 25.000 millones de euros.

En el caso de las comunidades autónomas, se ha indemnizado a un total de 26.231 personas con un reparto de 69.722.446 euros. Sin embargo, los datos son parciales, ya que los territorios gobernados por el PP, salvo Andalucía, no han compartido su información con el ministerio. En Galicia “no se ha facilitado ni ha sido posible recopilar información” y en el caso de Extremadura “se redactó un borrador de decreto en 2021, pero no ha habido avances administrativos desde entonces”.

En el resto de comunidades donde gobierna el PP (Aragón, Islas Baleares, Cantabria, Castilla y León, La Rioja, Comunidad de Madrid, Región de Murcia y Comunidad Valenciana) la conclusión en todas es la misma: “se desconoce el alcance cuantitativo por no haber sido facilitado por la comunidad autónoma”. Del País Vasco, tampoco se tiene información, pero, según describe el informe, se debe a que “la comunidad autónoma ha explicado que se encuentra consolidando esta información”. 

Entre las comunidades que sí han facilitado datos, Cataluña se encuentra en el primer puesto con 22.512 personas beneficiarias reconocidas y 52.700.950 euros repartidos. Le siguen Andalucía, con 2.522 personas y 9.487.378 euros; Asturias, con 983 personas y 3.455.879,78 euros; Castilla-La Mancha, que no tiene datos de personas, pero si la cantidad de 3.258.600 euros; Navarra (153 personas y 495.032,90 euros); y las Islas Canarias (61 personas y 324.605,4 euros).

“A pesar de este extenso desarrollo normativo y reparador, el análisis realizado por esta comisión permite identificar ámbitos donde persisten vacíos de información, o la ausencia de mecanismos específicos de reparación”, concluyen en el informe.

Otro de los avances que se ha conseguido con la publicación de estos informes es el reconocimiento oficial de 63 víctimas mortales por excesos policiales o violencia de extrema derecha durante la Transición, concretamente entre el 29 de diciembre de 1978, momento en el que entró en vigor de la Constitución española, y el 31 de diciembre de 1983.

Entre las 30 personas muertas a manos de agentes de la autoridad se encuentran Vicente Vadillo Santamaría, transexual de 32 años que fue disparado en la cara por un policía nacional de paisano en el interior de una discoteca. O Julio Martínez Navarro, de 29 años, que recibió un disparo de un guardia civil que le paró en la carretera con la justificación de que había hecho un “movimiento extraño”.

El informe describe que, en el contexto de la Transición, “algunos agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado intervinieron de diversas formas y relación con éste (desde el Estado, desde ámbitos del Estado en los aledaños del Estado) llevando a cabo graves violaciones de derechos humanos. Aproximadamente una cuarta parte de las víctimas mortales de este periodo se produjeron por la actuación represiva del Estado al excederse esos empleados públicos en el uso de la violencia de que disponía como tales”.

“La fórmula legal de ese cambio supuso la ruptura con la dictadura franquista, pero no conllevó la conveniente adecuación de los cuerpos policiales o de otros como la judicatura a la nueva situación política democrática”, describen.

A estas víctimas se suman otras 33 a manos de grupos de extrema derecha, que tuvieron como autores a “elementos terroristas o incontrolados que contaban con su aquiescencia e impunidad”. Casos como el de José Ramón Ansa Echeverría, joven de 17 años que fue secuestrado mientras regresaba a su casa de madrugada y posteriormente asesinado, o el de Salomé Alonso Varela, que con 28 años fue asesinada por una bomba que se encontraba dentro de un contenedor cercano a su coche, están incluidos en esta lista.

El ministerio, “propone el reconocimiento institucional, moral y simbólico de las personas que perdieron la vida en el periodo de 1978-1983 como consecuencia de violaciones de derechos humanos en el contexto de violencia política analizado” y “se recomienda la creación de un canal institucional permanente, accesible, seguro y transparente, que permita a familiares, personas allegadas y organizaciones de derechos humanos presentar solicitudes documentadas para la revisión y eventual incorporación de nuevos casos al listado de víctimas reconocidas”.

El último de los tres informes pone su foco en el pueblo gitano, con el objetivo “de resaltar sus contribuciones, visibilizar las trayectorias de resistencias, supervivencia y compromiso cívico del pueblo gitano y situarlas en el lugar que les corresponde dentro de la Memoria Democrática colectiva”. Tras describir la persecución que ha sufrido este pueblo desde la época de los Reyes Católicos hasta el franquismo, que describe como “una de las etapas más duras de represión cultural”, concluye que con la llegada de la democracia se han conseguido avances, pero con todavía mucho camino por recorrer.

Según los últimos datos recogidos por la Estrategia Nacional 2021-2030 y de otros estudios, el 85,9% de la población gitana está en riesgo de pobreza, el 76,8% en carencia material y el 36,2% tiene baja intensidad laboral. En conjunto, el 92% cumple al menos una de estas dimensiones, frente al 29,3% de la población general.

Esto, sumado a la exclusión social que aún hoy padecen, ha llevado a la Comisión de trabajo sobre la Memoria y la Reconciliación con el Pueblo Gitano en España –que ha realizado este tercer informe– a proponer una serie de medidas que pueden ayudar con su integración. “Las administraciones públicas deberán promover mecanismos eficaces de prevención detección y actuación frente al antigitanismo institucional, aplicables a los ámbitos educativo, policial, judicial, sanitario, social y administrativo”, comienza.

En cuanto a la educación, se insta a incorporar “contenidos específicos sobre prevención del antigitanismo, enfoque intercultural y conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano”. En el ámbito cultural se pide la eliminación de la acepción “trapacero” asociada a la definición de “gitano” en el Diccionario de la Lengua Española, “por su carácter profundamente estigmatizante y por los efectos de violencia simbólica que genera, especialmente en el ámbito educativo”.

También se pide la apertura del debate en cuanto a la “revisión del espacio público y de las denominaciones institucionales”, centrándose en “la eliminación de denominaciones como ‘Marqués de la Ensenada’ [el organizador de la Gran Redada de 1749, que tuvo el objetivo de arrestar a todos los gitanos y separar a hombres y mujeres para conseguir la extinción de la etnia] en sedes institucionales, garantizando que la memoria compartida refleje valores democráticos de respeto, convivencia y justicia histórica”.

Sin embargo, una de las medidas más destacables es el planteamiento de realizar un “reconocimiento formal del pueblo gitano como minoría étnica históricamente asentada en España” con el objetivo de “corregir la invisibilidad histórica que ha condicionado el ejercicio de sus derechos y el acceso efectivo a los recursos del Estado”.