La comisión de investigación sobre RTVE en el Senado es ya una realidad tras ser aprobada su creación por el pleno de la cámara, con los votos del PP, que cuenta con mayoría absoluta, y de Vox.

El PP dice que quiere "aclarar si sigue estando al servicio de todos" o está "cada vez más sometida políticamente, más opaca y más alejada de su función".

Han sido 147 los votos emitidos, 144 del PP, dos de Vox, y una abstención de UPN. El resto, aunque ha estado presente en el debate, no ha participado en la votación en señal de protesta porque, según han argumentado en el pleno, no ven necesaria su creación cuando ya existe una comisión mixta de control parlamentario del ente público.

Una comisión en la que comparece de forma mensual el presidente de la corporación, José Pablo López, que ha salido a colación en varios momentos del debate, al igual que el presidente del Gobierno.

"La han convertido en Telepedro, y muestra de ello es la parrilla de los programas de infoentretenimiento, que se ha convertido en un altavoz de opiniones polarizadas, que proyectan ideas que secundan en el Gobierno, con pocas voces disconformes (..) Esto no es periodismo, se llama activismo y propaganda política pagada con el dinero de todos", ha afirmado la senadora del PP Miriam Bravo.

A ese relato se ha sumado su compañera Cristina Díaz, quien ha defendido defiende que "una corporación financiada por todos tenga que dar explicaciones cuando se acumulan dudas tan graves sobre su dirección, gestión, recursos y el cumplimiento de su función de servicio público".

Ambas han insistido en la idea de que RTVE "no es un medio privado", sino público, "sometido a pluralismo, neutralidad y objetividad por mandato marco", y "no pertenece al Gobierno".

Es un "servicio público —ha dicho Díaz— que se ha puesto al servicio del poder" y a este "deterioro", ha apostillado, se enfrentan los trabajadores de la corporación, algunos de los cuales —ha comentado—, los que "no resultan cómodos, se les está apartando, mientras se refuerzan perfiles y formatos que actúan como sicarios informativos del poder."

Una denuncia que se ha sumado al supuesto desvió de recursos públicos que, ha asegurado, se está produciendo hacia productoras externas "amigas y afines a La Moncloa", como a las dudas sobre determinados fichajes y formulas contractuales.

Unas intervenciones que no han gustado al socialista Alfonso Gil, quien cree que lo que pretende el PP es "antidemocrático" porque quieren "amordazar la opinión independiente de los profesionales que están en RTVE".

"Quieren vulnerar el Enfa (un reglamento europeo que protege la libertad de prensa)", le ha espetado el senador a Díaz, a quien le ha recordado la gestión del PP de los medios públicos en las comunidades en las que gobierna, también sus índices de audiencia frente a las de TVE y sus ataques a algunos de los presentadores de la tele pública.

Gil ha reprochado a los populares que estén al lado de Vox, cuando los de Abascal están afirmando que van a entrar con lanzallamas y con una motosierra en RTVE: "¿Ustedes creen que se puede estar al lado de estos?". "Son un partido conservador, de Estado, ¿cómo pueden plantear esta marcianada?", ha agregado.

Por eso, les ha recomendado que no extremen sus posiciones porque en la medida que lo hacen "no solo la televisión gana cuota de audiencia". "Ustedes bajan en la sociología y tienen que estar preocupados", ha concluido.

El PP ha anunciado este lunes la creación de una comisión de investigación en el Senado sobre la gestión directiva, financiera y patrimonial de la Corporación RTVE y el cumplimiento de su misión de servicio público, según inform aE.

La solicitud de creación se ha registrado este lunes, ha explicado la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, en una rueda de prensa en la que ha llamado "Telepedro" a TVE, porque, a su juicio, en los gobiernos presididos por Pedro Sánchez la televisión pública estatal adolece de "sectarismo, radicalidad y pérdidas millonarias".

El PP tiene mayoría absoluta en el Senado para aprobar la creación de comisiones de investigación y la de RTVE será la séptima esta legislatura, tras las abiertas por el caso Koldo, el CIS (ya cerrada), la dana, el apagón eléctrico (en fase de conclusiones), la SEPI y la seguridad ferroviaria.

García ha destacado que RTVE sufre una grave instrumentalización política y además tiene capítulos oscuros como la inédita repetición de unas oposiciones y la devolución de 29,4 millones de euros de fondos europeos, más 1,3 millones en intereses de demora, por una incompetencia para su ejecución.

Según la solicitud registrada, facilitada a la prensa por el PP, para la "contraprogramación política" a la oposición, con "propaganda partidista y gubernamental", RTVE recurre a productoras privadas externas, "bajo el eufemismo de infoentretenimiento". 

En opinión de García, la pérdida de credibilidad y neutralidad de RTVE es tan grande que indagar sobre las causas requería una comisión diferenciada a la ya existente, mixta de diputados y senadores.

Preguntada sobre la gestión de RTVE en los gobiernos de José María Aznar y Mariano Rajoy, la portavoz del PP en el Senado ha evitado una comparación y ha reiterado su referencia a las irregularidades recientes en la gestión de los fondos europeos, como asunto que la nueva comisión de investigación tendrá que analizar. 

En cuanto a quiénes comparecerán, una vez que sea aprobada por el Pleno y que cuente con un plan de trabajo aprobado en la comisión, fuentes del PP han señalado que quien lo hará seguro será el presidente de la Corporación RTVE, José Pablo López.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este lunes al Gobierno de "inhibirse de sus responsabilidades" en la catástrofe de la dana y ha vuelto a defender que el Ejecutivo central debió declarar el nivel 3 porque "fue una emergencia nacional de libro", según informa EFE. 

En su comparecencia ante la comisión del Congreso que investiga la gestión de la dana, que dejó más de 200 muertos, ha instado a los diputados a preguntar a "otro líder político", en referencia al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y no a él, que no tiene esas funciones de declarar una emergencia. 

A su entrada a la comisión ha dicho que, al igual que hizo ante la jueza de la dana, cuando compareció el pasado 9 de enero de manera telemática, este lunes contestará a todos los grupos parlamentarios.

La diputada Águeda Micó de Compromis, la primera que le ha interrogado, le ha preguntado en tono duro si él tenía autoridad sobre las decisiones que tomaba el entonces presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, durante la tragedia, a lo que el líder del PP ha respondido que "evidentemente, no".

Feijóo ha dicho que le preguntó a Mazón por mensaje qué ocurría, si necesitaba algo, pero no dónde estaba. De hecho, fue el primer político que se puso en contacto con él, ha añadido. "Ninguna de las administraciones públicas estuvieron al nivel exigible -ha proseguido-. Lo he dicho y lo reitero, cada uno con sus responsabilidades".

Ha criticado la falta de información adecuada y puntual por parte de organismos relacionados con las previsiones meteorológicas como la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y la Confederación Hidrográfica del Júcar, dadas las intensas lluvias y caudales, y por parte del Gobierno. Y ha negado, ante las acusaciones de Javier Sánchez, de Podemos, sobre sus declaraciones sobre la tragedia, que él mintiera. "No pude mentir, entre otras razones porque he dado voluntariamente mis mensajes, tanto los que recibí del señor Mazón como los que yo le remití", ha apostillado.

El diputado de Podemos ha reprochado a Feijóo que mostrara "más interés por el relato para despejar las responsabilidades del PP de Valencia que para garantizar la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas".

El líder de los populares ha defendido en todo momento su papel y se ha preguntado en tono irónico si es culpable por haberse interesado con lo que estaba ocurriendo en Valencia, Andalucía y Castilla-La Mancha, y por ponerse en contacto a partir de las 19:59 horas con los responsables de esas autonomías.

Ante la insistencia de la diputada del PNV Idoia Sagastizabal, Feijóo ha vuelto a lanzar una pregunta: ¿Ustedes creen que el líder de la oposición tiene que tener conocimiento del funcionamiento de todos los sistemas de emergencia de todas las comunidades autónomas?".

El líder del PP ha comparado la respuesta del expresidente de la Generalitat valenciana Carlos Mazón tras la dana, con el cese "inmediato" de dos consejeras, y la gestión del ministro de Transportes, Óscar Puente, en el accidente ferroviario de Adamuz, quien debería, ha dicho, haber dejado ya su cargo. 

En su comparecencia ante la comisión del Congreso que investiga la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 que dejó 230 muertos sólo en la provincia de Valencia, Feijóo ha contestado a los diputados que le gustaría que de la misma forma que le preguntan por las responsabilidades políticas de Mazón ante la dana, exigieran también al Ejecutivo el cese del ministro Puente. 

Feijóo ha defendido que tras la dana, Mazón cesó a dos conselleras, entre ellas la responsable de las emergencias en la Comunitat Valenciana, y posteriormente dimitió y ha espetado que Puente tendría que haber dimitido "hace tiempo". 

En esa línea, el líder del PP ha ironizado con que los socios del Gobierno creen que Puente "lo ha hecho muy bien" en la gestión del accidente. "Me sorprende mucho que no se pida el cese del ministro de Transportes, por mantener el mismo criterio y proporcionalidad", ha añadido.

Feijóo también ha contestado con alusiones a "los 800 muertos de ETA" y al historial de Arnaldo Otegi a las preguntas que le ha formulado el diputado de Bildu Oskar Matute en la comisión de investigación de la dana en el Congreso, lo que ha llevado a la presidenta a llamarle al orden. "No tengo por qué callarme cuando le oigo hablar de cuerpos sin vida, de delitos y de víctimas. ¿Cómo es posible?", le ha dicho Feijóo a Matute.

"¿Me pregunta si amparo a un presidente de una comunidad autónoma la misma persona que ampara a (Arnaldo) Otegi? Se me ponen los pelos como escarpias", ha expresado el dirigente popular. Feijóo ha indicado que escuchar a Oskar Matute hablar "de mentiras y de dimisiones" le parecía "un insulto" y ha aludido a "los 800 muertos de ETA".

"¿Usted tiene alguna información para esclarecer los asesinatos de ETA pendientes?", le ha preguntado a Matute, que le ha contestado que él no tiene ningún antecedente penal. "¿Y su partido? ¿Y su líder?", ha dicho Feijóo, que ha añadido que el diputado de Bildu "sigue las consignas políticas de Otegi" y de "la organización terrorista que respaldan".

El duro enfrentamiento entre Feijóo -que ha dicho que cuando sea presidente del Gobierno no va "a blanquear a Bildu"- y Matute ha llevado a la presidenta de la comisión, Carmen Martínez, a pedirle repetidas veces que se ciñese al contenido de la comparecencia y finalmente a llamarle al orden.

La ministra de Ciencia y líder de los socialistas valencianos, Diana Morant, ha reprochado este lunes al presidente del PP, Alberto Núñez Feijoo, que mintiera para darle "una coartada" al expresident Carlos Mazón en relación con su "negligente" gestión de la dana y que siga haciéndolo.

Diana Morant ha participado en el programa Mañaneros 360 de TVE coincidiendo con la comparecencia de Alberto Núñez Feijoo en la Comisión de Investigación en el Congreso sobre la dana de Valencia. Durante la entrevista ha señalado que Feijóo estaba compadeciendo "por una mentira" ya que aseguró "que estuvo puntualmente informado por el señor Mazón, y con eso lo que quería era darle una coartada a su gestión y a la gestión negligente del PP”, ha dicho Morant.

“El PP, Feijoo y Mazón estaban todos en El Ventorro y hasta que no salió Mazón de El Ventorro hubo un apagón informativo, y ni Feijoo estaba enterando ni la ciudadanía estaba enterada, porque el máximo responsable estaba en El Ventorro”, ha recordado Morant.

Ademas, ha añadido que “hoy ha admitido que le escribió por primera vez en torno a las 20.00 horas de la tarde porque la información le llegaba solo a través de los medios de comunicación”.

A juicio de Morant, Feijoo apoyó y sigue apoyando a Mazón, que continúa como parlamentario valenciano, “porque su objetivo era ganar el relato, ese fue el consejo que le dio a Mazón aquel 29 de octubre, que liderara la comunicación, y para el PP y Feijoo liderar la comunicación significaba mentir a los valencianos y a toda España”.

Feijoo tenía autoridad para haber obligado a dimitir a Mazón, y, como mínimo, podía haberle exigido el acta, como el PSOE ha hecho con Ábalos, ha señalado Morant, que ha argumentado también que la decisión sobre situar a Juanma Pérez Llorca, el actual president, en el lugar de Mazón, la tomaron Feijoo y el líder de Vox, Santiago Abascal.

“Lo ha mantenido porque ha querido”, ha señalado, además calificar a Feijoo como “el mentiroso de Catarrocha” y pedir elecciones en la Comunitat Valenciana.

El Gobierno defiende la independencia y la profesionalidad de los miembros de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), sobre la que cree que no caben dudas, informa EFE.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado que "no hay ninguna duda" de la independencia funcional de la CIAF, porque la propia norma reguladora así lo establece y por el funcionamiento demostrado en los últimos años.

Desde 2007, ha dicho el ministro, la CIAF lleva analizando expedientes, en concreto de 270 siniestros, y "nunca ha habido ninguna duda" de la profesionalidad, el carácter técnico y la finalidad, que es la determinación de las causas de los accidentes para evitar a futuro otros incidentes.

La CIAF es un órgano colegiado, formado por un presidente, Ignacio Barrón, y cinco vocales, de los que tres son ingenieros (de caminos, canales y puertos e industrial y de telecomunicaciones, expertos en infraestructura ferroviaria, material rodante y señalización y comunicaciones). Otro más es experto en seguridad y circulación ferroviaria y un quinto en explotación de los servicios ferroviarios.

Está adscrito a la subsecretaría del Ministerio de Transportes, pero trabaja en independencia funcional. En su web, este órgano colegiado expone que es independiente en su organización, estructura jurídica y capacidad decisoria respecto de los administradores de la infraestructura, de las empresas ferroviarias, o de cualquier organismo interesado.

Grande-Marlaska ha asegurado también, categórico, que nunca se ha manejado la opción del sabotaje como causa del descarrilamiento del tren de Iryo con el que 20 segundos después chocó el Alvia de Renfe.

La comisión de investigación del caso Koldo en el Senado, en la que el PP tiene mayoría para tomar decisiones, citará al exministro José Luis Ábalos a comparecer el 8 de enero, pese a encontrarse actualmente en prisión provisional en la cárcel de Soto del Real (Madrid), según recoge EFE.

El anuncio lo ha hecho la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, en una rueda de prensa este martes.

Ha explicado que la solicitud para que pueda celebrarse esa comparecencia se trasladará tanto a Soto del Real e Instituciones Penitenciarias como al Tribunal Supremo, que instruye el caso en el que es investigado y que ordenó su ingreso en prisión preventiva.

La comparecencia, si fuese autorizada, podría celebrarse mediante un traslado policial hasta el Senado o bien por vía telemática, según han apuntado fuentes del PP.

Han recordado, en este sentido, el precedente del pasado febrero en el Congreso de los Diputados, cuando compareció Mohamed Houli en la comisión de investigación sobre los atentados de Barcelona y Cambrils de 2017, trasladado para ello desde la cárcel de Córdoba.

De producirse en esa fecha, la comparecencia de Ábalos sería la número 99 en la comisión Koldo, tras veintiún meses de trabajos.

Y sería la segunda declaración de Ábalos en esta comisión, pues fue ya uno de los primeros en comparecer, el séptimo, cuando lo hizo el 6 de mayo de 2024.

García ha dicho en la rueda de prensa que el Gobierno está "respondiendo con silencio" a las imputaciones sobre corrupción y a las acusaciones de acoso sexual, por lo que el PP del Senado replicará "con más control" parlamentario.

Ha evitado concretar la fecha en que será citado el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, cuya comparecencia fue anunciada por el PP para que explique si tuvo participación en el rescate a la aerolínea Plus Ultra.

Tampoco ha ofrecido García fechas sobre otras comparecencias pendientes, como las del exdirigente socialista Francisco Salazar, la del primogénito de Ábalos o la de Francisca Muñoz, esposa de Santos Cerdán, más allá de recordar que enero fue habilitado en el Senado para que continuaran activas las cuatro comisiones de investigación abiertas.

Preguntada por la auditoría forense que el PSOE encargó a dos catedráticos, que ha descartado financiación ilegal en ese partido, la portavoz del PP en el Senado ha restado valor al resultado: "Es prácticamente como encargar a Ábalos un informe sobre la abolición de la prostitución o a Paco Salazar sobre el acoso sexual".

El Partido Popular creyó haber hallado en el caso Koldo, una investigación dirigida por el juez Ismael Moreno acerca del supuesto cobro de comisiones, una vía para llevar a Alberto Núñez Feijóo a La Moncloa. Lo que en febrero de 2024 se creó como una comisión parlamentaria para indagar en los contratos de la pandemia "relacionados con la intermediación" de Koldo García, el antiguo asesor del Ministerio de Transportes, fue reconvertido solo dos meses después en una investigación más amplia. Es más, el PP modificó el objeto de la misma en cuatro ocasiones para extender la cobertura mediática y tratar de que el caso Koldo fuera el caso PSOE.

La mayoría absoluta del PP en el Senado le ha permitido introducir temas tan dispares como los contratos de mascarillas durante la pandemia, el rescate a la aerolínea Plus Ultra, el llamado caso Delcy, las supuestas fiestas en Paradores en las que habría participado el exministro José Luis Ábalos, las adjudicaciones al empresario Juan Carlos Barrabés, el trabajo de Cristina Álvarez, asesora de Begoña Gómez, y la financiación del PSOE. Desde la oposición han lamentado en varias ocasiones la utilización partidista de esta comisión, que el PP prevé alargar toda la legislatura.

El último en comparecer fue el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán el pasado miércoles. Cerdán se sentó por segunda vez en la sala que lo acogió en abril de 2024, aunque en aquella ocasión estuvo respaldado por los senadores socialistas, todavía como secretario de organización del PSOE. Ahora, tras pasar casi cinco meses en prisión, Cerdán trató de mostrarse como víctima de una investigación "sin justificación" y "propia de la Inquisición". El PP había citado dos días antes a su mujer, Francisca Muñoz, pero no acudió alegando enfermedad.

El PP no logró, sin embargo, arrancarle ninguna confesión, más allá de algún reproche puntual a su partido por haberle "dado la espalda" y no creer en su inocencia. "Más vale solo que mal acompañado", llegó a afirmar a preguntas de la senadora de UPN sobre su manifiesta soledad. Cerdán lanzó una advertencia al senador socialista Alfonso Gil, portavoz de la comisión y curtido en mil batallas políticas en Madrid y en Euskadi al decirle si estaba en condiciones de hacerle reproches. Sin embargo, el que fuera su partido evitó entrar en polémicas con él.

Aunque en varios momentos se acogió a su derecho a no declarar, Cerdán llevaba bien preparada la estrategia con su abogado, Benet Salellas, y se presentó como un damnificado por haber negociado con Junts y la izquierda abertzale. Negó rotundamente que el PSOE se financiara ilegalmente durante los siete años de su estancia en Ferraz. También aseguró que la campaña del actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en las primarias socialistas de 2016 se nutrió exclusivamente de aportaciones de los militantes.

A esa supuesta financiación irregular se agarró el PP, pese a que en los informes de la UCO no se menciona en ningún momento –solo apunta a un desfase de 500 euros en la liquidación de gastos que el PSOE le abonó a Ábalos para cubrir dietas– y a que, hasta ahora, la investigación judicial no ha podido constar dicha irregularidad, para justificar la citación de Sánchez a finales del mes de octubre. Fue el primer presidente en activo en hacerlo. El PP tampoco logró ninguna declaración en ese sentido de la empresaria Carmen Pano, que evitó hacer declaraciones "por indicaciones" de su letrada tras conceder entrevistas a varios medios de la derecha mediática como El Español o The Objective en las que aseguró que en octubre de 2020 entregó dos bolsas con 90.000 euros en la sede del PSOE en Ferraz. Lo único que consiguió el PP de ella fue un gesto de asentimiento cuando le preguntaron si había entregado ese dinero

Para el presidente del Gobierno la comisión fue "un circo". El socialista lo definió de ese modo cuando fue interrogado durante más de cinco horas por los grupos parlamentarios, que no lograron rascar grandes novedades al jefe del Ejecutivo sobre los supuestos casos de corrupción. Un fracaso en toda regla para las expectativas de la formación de Alberto Núñez Feijóo, que tampoco pudo arrancarle ninguna mentira con la que tratar de llevarle ante los tribunales, como era su objetivo. Vox, por parte, sí presentó una querella contra el socialista por "falso testimonio".

El afán del senador del PP, Alejo Miranda de Larra, en obtener respuestas rápidas a sus preguntas le obligó en varios momentos a retirar algunas que Sánchez contestaba explayándose, lo que también provocó que el presidente de la comisión, Eloy Suárez (PP), llamara la atención al senador de su propio grupo. Aunque los conservadores presumieron de haber "logrado su objetivo" de ver al presidente del Gobierno "respondiendo a preguntas sobre la corrupción de su familia, su partido y su Ejecutivo", Sánchez no aportó ninguna novedad al caso y logró salir vivo del encuentro.

Esa ha sido la tónica habitual en una comisión en la que, hasta ahora, han comparecido un centenar de personas al más alto nivel político. Además de Sánchez, han tenido que acudir otros ocho ministros: Pilar Alegría (Educación), Fernando Grande-Marlaska (Interior), Óscar López (Transformación Digital), María Jesús Montero (Hacienda), Luis Planas (Agricultura) o Elma Saiz (Seguridad Social). Algunos han han hecho en varias ocasiones, como el titular de Política Territorial, Ángel Víctor Torres y el de Transportes, Óscar Puente —tres y dos veces, respectivamente—.

Además de los citados ministros y otros exaltos cargos del Ejecutivo central como Reyes Maroto, antigua titular de Industria, Teresa Ribera, exministra de Transición Ecológica, y el propio José Luis Ábalos, también han pasado por el Senado otras autoridades, la mayoría vinculadas al PSOE, como la presidenta del Congreso, Francina Armengol, el president de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa y la presidenta de Navarra, María Chivite. Los llamados a comparecer tienen la obligación de acudir pero no de contestar. Un recurso del que hacen uso algunos de ellos.

El listado de comparecientes la convierten en una de las comisiones más numerosas de la historia de la democracia. Sin embargo, y aunque el PP presume de que la comisión está siendo "un éxito" porque evidencia que la "corrupción acorrala a Sánchez", lo cierto es que la investigación política promovida por el PP apenas ha aportado nuevos avances respecto a lo ya determinado por los tribunales. Esto supone una diferencia significativa con lo que está sucediendo en la comisión del Congreso sobre la dana, en la que la jueza de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, ha incoado nuevas diligencias tras escuchar algunas declaraciones.

El último en ser requerido ha sido el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, fue la encargada de anunciarlo el jueves bajo la premisa de que debe dar explicaciones por su papel en el rescate de Plus Ultra. La formación de Feijóo quiere saber "si participó directa o indirectamente en el 'chivatazo' y si supo que iba a haber detenciones" en el marco de la investigación de la Policía Nacional a propósito de un posible blanqueo de capitales en la aerolínea. Fuentes del PP no concretan si le llamarán en el mes de enero o más adelante. Quieren esperar a saber cómo evolucionan "las informaciones" tras hacerse eco de una publicación de El Debate.

Es más, el anuncio de esta comparecencia llegó solo un día después de que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, arremetiera contra el expresidente en su balance político de 2025 y reclamara a los suyos esa situación. "Es el perejil de todas las salsas, le vemos en muchas noticias, cada vez más llamativas y sería bueno que diese explicaciones en Congreso y Senado, si va a hacer concesiones que comprometen la seguridad de toda España". El expresidente del Gobierno niega a través de su entorno tanto estas "insinuaciones" como otras sobre su implicación en el rescate de la aerolínea Plus Ultra o sobre su patrimonio.

A principios de la pasada semana, además, el PP también anunció que llamaría a Francisco Salazar a comparecer en la citada comisión porque, según su portavoz en el Senado, "sabe de las primarias, sabe de los chanchullos y sabe de la banda del Peugeot de la que formó parte". Salazar fue parte del círculo más estrecho de Pedro Sánchez desde 2017 hasta julio de 2025, cuando se conocieron varias denuncias por acoso de mujeres contra él. En las últimas semanas ha estado en el centro del debate público después de que el PSOE no investigara las denuncias, un "error" que Sánchez asumió "en primera persona" el pasado seis de diciembre.

La exconsellera de Emergencias e Interior, Salomé Pradas, había decidido no contestar a ninguna de las preguntas de los portavoces que integran la comisión de la dana en el Congreso. Pradas está imputada en la causa que instruye la jueza de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, y había optado por "no contestar a nada" en su "calidad de investigada" y por "consejo" de su equipo de abogados. Sin embargo, después cambió de opinión y reaccionó a algunas de las preguntas de los portavoces.

En respuesta al portavoz de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, pidió "disculpas" a los familiares de las víctimas de la dana. "Pido disculpas por no haber podido hacer más. Si quiere se lo repito, está en las consideraciones —un documento de ocho páginas que entregará a los grupos tras la comisión—. Pido disculpas por no haber podido hacer más, es algo que llevaré siempre conmigo", dijo la exconsellera, entre lágrimas, después de que Rufián le dijera que "no tiene corazón". "No le voy a permitir que diga que me falta corazón", le respondió. Así, dijo que a las víctimas "se les debe escuchar, empatizar con ellas y con todo lo que dicen". Sobre los familiares, recalcó que deben ser "resarcidos": "Hay que buscar la verdad por las víctimas y por la reparación" de estas.

Pradas escuchó entre lágrimas el relato del portavoz republicano, que le recordó el caso de una niña china que murió en la dana después de estar horas agarrándose a una cuerda. Rufián le dio un trozo de esa cuerda. La exdirigente del PP protagonizó un duro rifirrafe con el dirigente catalán, al que acusó en dos ocasiones de ser "machista" por "responder por ella" y dirigirse a ella como "una persona" y no citar su nombre. Además, también criticó que este la llamara "mentirosa" amparándose en la instrucción de la jueza de la dana, que se ha mostrado dura en sus autos con el envío "tardío y equivocado" del mensaje Es Alert. "Si me llama mentirosa, al menos hágalo con rigor y datos, que no ha aportado ninguno", zanjó la exconsellera.

Pradas también repitió en varias ocasiones que ella estuvo "al pie del cañón", cuando el diputado de Compromís (Sumar), Alberto Ibáñez, le echó en cara que el día de la dana se retrasó la convocatoria del Cecopi dos horas —no comenzó hasta las 17— para que ella se fuera a "que se le viera con los bomberos forestales" en Carlet. Según Pradas, fue a realizar declaraciones ante la prensa y se cancelaron por el temporal. "Hay muchos testigos que saben que iba a hablar con medios de comunicación en Carlet", aseguró.

La comisión, por la que han pasado el expresident Carlos Mazón, el que fuera su jefe de gabinete, José Manuel Cuenca, la vicepresidenta Susana Camarero y el president de la diputación de Valencia, Vicent Mompó, entre otros, había decidido citar a Pradas después de la entrevista de la exconsellera en el programa Salvados. En esa entrevista aseguró que "recibió órdenes de no molestar esa tarde al president", en referencia a Mazón, a través de Cuenca. Este último también le dijo que no podía confinar a la población.

Tras un año de silencio, Pradas cargó contra el que era su superior, que decidió cesarla unas semanas después de la dana que arrasó la provincia de Valencia dejando 230 muertos. "Le dije que creía que él estaba siendo injusto conmigo, que me estaba señalando, que me estaba culpabilizando cuando justo yo sí había estado desde el principio donde debía estar", aseguró Pradas ante el periodista Fernando González Gonzo. Según la exconsellera, con ese cese "se estaba buscando una cabeza de turco" por mero "interés político".

Han sido varios los portavoces que le han recriminado a la exconsellera que acudiera a un programa de prime time a hablar sobre lo que sucedió el 29 de octubre de 2024, pero que no lo haga este lunes. En ese sentido, el diputado de EH Bildu, Mikel Otero, le preguntó directamente si cobró por esa entrevista. Pradas no contestó a esa cuestión, pero a diferencia de lo que había hecho durante los turnos de Javier Sánchez (Podemos), Águeda Micó (Compromís) e Idoia Sagastizabal (PNV), sí se se dirigó a Otero en varias ocasiones para cargar contra el Gobierno de Pedro Sánchez.

Ante las preguntas del parlamentario de EH Bildu, que le recriminó su responsabilidad como directora última del Cecopi, Pradas dijo que el "mando único" autonómico, que ostentaba ella como máxima responsable de la consellera de Emergencias, se contradice con la ley nacional. Otero le leyó entonces los planes nacionales y autonómicos que determinan cómo el mando único le corresponde al consejero de Emergencias, a ella en este caso, mientras Pradas negaba con la cabeza. "Hay otros órganos, lea el plan. Hay un comité asesor, dentro del grupo de seguimiento del riesgo, de cuatro miembros, tres son del Gobierno", argumentó la exconsellera.

Pradas entregó un documento con sus consideraciones ante los grupos poco antes de finalizar la intervención. En ese documento, la exconsellera de Emergencias e Interior se escuda en la desinformación para justificar que el Ejecutivo de Mazón y ella, personalmente, no actuara antes ese mismo día. Así, afirma que no esperaba un "apocalipsis" ni una "explosión meteorológica" y se escuda en la falta de información "concreta" y "en tiempo real" de las agencias meteorológicas para anticipar y actuar.

La exconsellera reitera que estuvo "al pie del cañón" en Cecopi y también sobre el terreno, en la Ribera Alta, y lo contrapone con "otros" que no acudieron o se quedaron "en despachos". También subraya que su intención no es "reprochar" nada a técnicos ni al resto del Cecopi porque todos actuaron "humanamente" con los planes vigentes.

Sobre el Es Alert, sostiene que el Plan Especial de Inundaciones valenciano no lo regula –"ni uso, ni responsabilidades, ni umbrales"–, que apenas se había testeado y que faltan directrices técnicas nacionales y autonómicas. Además, también defiende que el criterio para enviar el mensaje fue "técnico" y que ella no ralentizó el envío, tampoco para esperar al expresident. Sobre sus comunicaciones con Mazón, afirma que informó de lo ocurrido pero no pidió autorización ni esperó su presencia para decisiones del Cecopi.

Saldar cuentas. Es lo que hizo la exconsellera valenciana de Emergencias, Salomé Pradas, en su primera entrevista televisiva, emitida el domingo en el programa Salvados. Tras un año de silencio, Pradas cargó contra el que era su superior y hasta hace solo unos días president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, que decidió cesarla unas semanas después de la dana que arrasó la provincia de Valencia dejando 229 muertos. "Le dije que creía que él estaba siendo injusto conmigo, que me estaba señalando, que me estaba culpabilizando cuando justo yo sí había estado desde el principio donde debía estar", aseguró Pradas ante el periodista Fernando González Gonzo. Según la exconsellera, con ese cese "se estaba buscando una cabeza de turco" por mero "interés político".

Pradas, visiblemente enfadada con Mazón, ahondó en la falta de comunicación del president incluso antes de que llegara a El Ventorro. Es más, confesó que fue el jefe de gabinete del entonces jefe del Consell, José Manuel Cuenca, quien le dio la orden expresa de no molestar a Mazón aquel fatídico día. Una directriz que, según ella, decidió no cumplir al no entender cómo el máximo responsable de la Generalitat debía permanecer ajeno a lo que estaba ocurriendo. "¿Cómo no iba a tener que conocer el president lo que estaba pasando? Por responsabilidad, me salté la orden. A veces soy un poco inconformista y llamo directamente al president", señaló.

Una afirmación que este lunes desmintió —o, más bien, matizó— el propio Cuenca en la comisión de investigación de la dana tras asegurar no haber visto la emisión. "No es cierto que no se le molestara", respondió. Aunque en un primer momento el responsable de comunicación alegó que no "recordaba" el contenido de la conversación, después admitió que era "probable" que le dijera a Pradas "que el president tenía agenda ese día y que si había alguna novedad" le avisara a él, afirmó ante las preguntas de la diputada de Compromís, Àgueda Micó. A lo largo del interrogatorio fueron varios los portavoces que incidieron en la misma cuestión.

La ausencia de Mazón y el lapso de tiempo en el que no logró localizarlo durante la tarde del 29 de octubre en plena emergencia —entre las 18:57 y las 19:34 de la tarde el president no hizo ni recibió ninguna llamada— constituyen el mayor reproche de su exconsellera. "Todavía hoy llevo mal ese momento, en que estamos en los peores minutos de la emergencia, cuando nos dicen que va a reventar una presa [la de Forata] y puede afectar a 80.000 personas, y yo no puedo contactar con el presidente. Me hubiera gustado, viendo lo que ha pasado, que hubiera estado en esa sala el máximo representante de la Generalitat", dijo en Salvados. Es más, a Pradas le molestó especialmente que el jefe del Consell dijera en la comisión del Congreso que no le cogió el teléfono porque estaba caminando hacia el Palau —una versión que pone en duda el diario El Levante— y tenía "el móvil en la mochila".

Según Cuenca, "el president estaba a la espera de una propuesta" que le hizo él "para viajar a Utiel una vez finalizara el Cecopi". Un Cecopi que, a su juicio, iba a ser una mera reunión informativa, pero que después se alargó dada la gravedad de la emergencia, por lo que ese supuesto viaje se canceló. A preguntas del diputado Mikel Otero, de EH Bildu, Cuenca también recalcó que "nadie" reclamó la presencia de Mazón para tomar ninguna decisión en el Cecopi y que en ningún momento estuvo "desconectado". Según Pradas, tras escuchar que Mazón dijo que no sabía que iban a enviar la alerta masiva a la población, le llamó para que lo desmintiera. "Le dije que nos contara qué había hecho ese día y que, efectivamente, le había informado de cada paso y de cada momento".

Unas horas antes que Cuenca compareció el conseller de Educación y hombre también de la máxima confianza de Mazón, José Antonio Rovira. En la citada comisión parlamentaria y, a preguntas de los portavoces, afirmó que no recordaba que Pradas informara al Consell por la mañana de que estaban haciendo rescates en la comarca de la Ribera y sostuvo que tampoco supo que se había convocado un Cecopi horas después. Así, justificó su decisión de marcharse el 29 de octubre de 2024 a comer a Alicante por la "falsa tranquilidad" que, según él, demostró la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, esa jornada. Un relato que no concuerda con la documentación del sumario de la causa, que señala que Bernabé llamó por primera vez a Pradas a las doce y media de la mañana para ofrecerle ayuda de la UME ante la gravedad de las lluvias y los avisos de la AEMET.

Rovira ahora considera equivocada su decisión. "Fue errónea, pero si hubiera tenido la información que debía, no me hubiera marchado", insistió. Durante toda su comparecencia volvió a recurrir al bulo del "apagón informativo" del Gobierno de Pedro Sánchez e insistió en que la Conselleria de Educación no tiene la potestad ni las competencias para abrir o cerrar centros en una emergencia. Como consecuencia de la riada fallecieron un profesor, un director de instituto y un operario que trabajaba en un centro en las labores de reconstrucción. El conseller dijo que el director de IES Cheste falleció porque tomó "la desgraciada decisión de coger el coche".

Unas palabras que han provocado que la Associació Víctimes de la Dana 29 de octubre de 2024 haya pedido su dimisión, así como una disculpa "inmediata" y "pública" a la familia de José Martínez Toral, el director fallecido. En un comunicado, la asociación califica de "intolerable" que el conseller haya afirmado tal cosa, porque "culpar a una víctima de su propia muerte es cruel, indigno y profundamente ofensivo".

Al igual que Cuenca, y a diferencia de la vicepresidenta y portavoz, Susana Camarero, y del presidente de la Diputación, Vicent Mompó, Rovira respaldó de manera clara al expresidente valenciano. Así, dijo que siempre que ha acudido a un acto con él le ha aplaudido, como sucedió en el aniversario de la dana, solo unos días antes del funeral de Estado en el que las familias de las víctimas le increparon. "No me arrepiento de haberlo hecho", dijo. Tampoco de haber acudido a la comida de despedida de Mazón en el restaurante El Xato, situado en La Nucía, en Alicante, a la que fue con chófer oficial, como él mismo admitió en la comisión.

El apoyo expreso a Mazón de dos de sus lugartenientes llega el mismo día en el que el PP valenciano le ha elegido como nuevo presidente de la comisión de reglamento de Les Corts Valencianes, por lo que cobrará un plus mensual de 634 euros en su sueldo de diputado. Se trata de una comisión que no se ha reunido en toda la legislatura, que no tiene carácter legislativo y que aborda la modificación del reglamento del Parlamento. La última vez que se convocó fue en octubre de 2020.

Mazón, que dimitió el pasado 3 de noviembre del cargo de jefe del Consell, decidió no dejar el acta de diputado autonómico, que le procura un aforamiento clave que le permite, por el momento, no acudir de manera obligada al juzgado de Catarroja que instruye la causa. Su nombre, sin embargo, no fue mencionado ni en una ocasión por su sustituto y hasta ahora mano derecha, Juanfran Pérez Llorca, investido el pasado jueves en primera votación gracias a los votos de Vox. Ni él ni el portavoz del PP en Les Corts, Nando Pastor, se refirieron a él en ningún momento. Y Mazón solo acudió a la investidura al final, para votar. Ahora, y aunque tanto desde Génova como del PP valenciano sostienen que quieren "pasar página" de su etapa, le premian con 8.900 euros más al año.

Es todo tan ignominioso. Es tan injusto. Es tan provocador ver al ex presidente de la Generalitat valenciana acudir al Congreso de los Diputados a negarlo otra vez todo, saltando una vez más sobre los doscientos veintinueve muertos que le han costado, muy a su pesar, el cargo que le queda tan grande pero que a él le gustaba tanto. Era tan agradable pisar los suelos de baldosas doradas del poder, sentir las miradas de los subordinados y llevarse los aplausos de los militantes y las palmadas en la espalda de los jefes nacionales de su partido. “Hemos perdido las elecciones por cuatro muertos de hambre”, decía el ministro de su formación Francisco Álvarez Cascos, refiriéndose a las víctimas humildes del 11M, y no me extrañaría que Mazón tuviera adentro alguna idea semejante, dictada por la rabia y el sentimiento de haber sido despojado de lo que era suyo. Total, por unos cuantos ahogados y cuando, según afirmó en la comisión parlamentaria donde iban a pedirle explicaciones, nadie sabía nada, nadie imaginó la magnitud de la tragedia que se avecinaba. Se olvida de un pequeño matiz: de todos esos que tampoco hicieron nada, ninguno era el presidente de la Generalitat ni tenía en su mano dar las órdenes que hubieran salvado muchas vidas. Lo repetiré de nuevo: en un país de la categoría de España y en una ciudad como Valencia, una dana como aquella debería haber causado una cifra de decesos testimonial.

Mazón sigue negándolo todo, justificando lo injustificable, encendiendo un ventilador que esparza la sospecha y divida las responsabilidades que él no quiere asumir. Y, por supuesto, continúa alterando su versión de dónde estaba y haciendo qué, durante el tiempo en el que desapareció del mapa. Ahora afirma que tenía el teléfono en la mochila y no oyó ninguna llamada. Hemos perdido la cuenta de sus mentiras, que van cambiando de semana en semana. Las suyas y las de su jefe, al que se le escapó en el Parlamento que si, tal y como afirma, estuvo al minuto en comunicación con el entonces y ahora máximo responsable del Consell, entonces es igual de responsable de la inacción dramática de los suyos, que gobiernan en la comunidad, igual que en casi todas partes, con la ultraderecha que, por cierto, defendió a capa y espada a Mazón. Otra pregunta especulativa: ¿no será que alguien se puso a calcular el daño que la incompetencia que acabó en tragedia podía causarle al Gobierno central? Digo, es un decir, como escribe el poeta César Vallejo.

La estrategia política es más fuerte que el respeto a la verdad, a los damnificados y a sus familias. Todos los caminos son buenos si van a dar a La Moncloa. Y ese es el problema en el que estamos atrapados, porque nos obliga a descartar la posibilidad de que, en lo que se refiere a este caso concreto, el Partido Popular en su conjunto o el propio Mazón acepten sus errores y las consecuencias que estos puedan acarrear. Muy al contrario, su plan es mantenerse a flote –él no ha abandonado sus otros cargos, sigue de diputado en Les Corts y de número uno regional de su formación–, culpar al adversario de lo ocurrido y hacerse pasar por inocentes, poco menos que por chivos expiatorios. Cualquier día, reúnen a los medios de comunicación, se suben solemnemente al estrado y Núñez Feijóo proclama con gesto de suma gravedad que lo ocurrido el 29 de octubre de 2024 no es una canallada de Mazón, sino contra el PP. Estamos a diez minutos de eso.

La dirección nacional del Partido Popular "no estaba escuchando" la comparecencia del presidente valenciano, Carlos Mazón, en la comisión de investigación del Congreso que investiga la dana. Eso es, al menos, lo que alegó el vicesecretario de Hacienda del PP, Juan Bravo, desde la sede nacional del partido este lunes. Y lo cierto es que ningún miembro de Génova acompañó al jefe del Consell en funciones. Tampoco nadie de la dirección del grupo parlamentario, encabezada por Ester Muñoz, a diferencia de lo que pasó durante las comparecencias de los expresidentes Mariano Rajoy y José María Aznar.

En el caso de Aznar, en 2018, le arroparon Pablo Casado, entonces líder del partido, su número dos, Teodoro García Egea, y también la portavoz parlamentaria, Dolors Montserrat, actual secretaria general del Partido Popular Europeo. Por lo que respecta a Rajoy, en 2021 estuvo acompañado por la entonces portavoz del partido, Cuca Gamarra, por la exministra y vicesecretaria de Política Social del PP, Ana Pastor, y también por el secretario general del grupo, Guillermo Mariscal, que sí estuvo durante la comparecencia de las víctimas de la dana. Sin embargo, en esta ocasión no apareció por la 'Sala Prim' del Congreso.

A Mazón, además de los diputados que forman parte de la comisión parlamentaria, únicamente le acompañaron algunos miembros del PP de la Comunitat Valenciana como Macarena Montesinos, su persona de confianza en Madrid que estuvo con él durante el fin de semana que decidió renunciar al cargo, o el expresidente de la Generalitat Alberto Fabra, cercano a Génova, que abandonó la comparecencia a la mitad. Fabra solo volvió al final de la misma, cuando los pocos diputados del PP presentes aplaudieron al presidente valenciano en funciones. Ninguno de ellos se acercó a saludar a los familiares de las víctimas, que se manifestaron en la puerta de la Cámara Baja al grito de "Mazón a prisión".

Bravo, por su parte, evitó respaldar a Mazón el día que volvió a dar nuevas explicaciones sobre lo que ocurrió el 29 de octubre de 2024 —como hizo al afirmar que "tenía el móvil en la mochila" y que por eso no escuchó las llamadas de la exconsellera de Interior, Salomé Pradas, o cuando afirmó que ningún escolta le acompañó tras la comida en El Ventorro— y volvió a recurrir a las mismas mentiras sobre el falso "apagón informativo" de las agencias meteorológicas que repite desde hace más de un año. El jefe del Consell mintió también cuando afirmó que "no hubo información" sobre el desbordamiento del Poyo, pese a que la Confederación Hidrográfica del Jucar (CHJ) envió dieciséis correos advirtiendo del peligro.

Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico han negado de manera categórica que se interrumpiera la transmisión de datos hidrológicos ni se bloqueara el acceso público a la información. Estas mismas fuentes aseguran que AEMET no afirmó en ningún momento que la tormenta fuera a desplazarse a la Serranía de Cuenca —como volvió a repetir Mazón— y que, por ello, el temporal fuese a cesar y que predijeran que caerían 180 litros por metro cuadrado. "Esa cifra corresponde al umbral mínimo que activa un aviso rojo en la zona mediterránea", señalan.

En Génova se escudaron en el desconocimiento para evitar defenderlo. "No sé exactamente a lo que él ha hecho referencia", fue la respuesta de Bravo. "Estábamos en la reunión del comité de dirección, entonces no he podido escuchar esas declaraciones", argumentó ante los periodistas, si bien defendió que Mazón había comparecido —de manera obligada, en el Congreso— a diferencia de otros miembros del Ejecutivo central, que no han detallado "dónde estaban" el 29 de octubre. El PP también prometió que el valenciano estaría en la comisión del Senado —donde los de Alberto Núñez Feijóo tienen mayoría absoluta— pero ahora evitan confirmar su presencia.

El vicesecretario del PP evitó mencionar que la gestión de la catástrofe siempre fue competencia de la Generalitat, tanto antes como después de la dana, ya que Mazón no elevó el nivel de alerta como le pidió Alberto Núñez Feijóo. Una decisión de la que el jefe del Consell en funciones culpó al Gobierno de Sánchez en la comparecencia en la que anunció su dimisión, pese a que había dicho que era decisión de los técnicos.

En Génova siempre han visto a Mazón un "lastre" para el PP, como admiten desde hace tiempo en privado miembros de Génova, pero han evitado dejarlo caer tratando de responsabilizar también a Pedro Sánchez. Aunque el equipo de Feijóo asegura que no fue él quien forzó su dimisión hace dos semanas, la popularidad bajo mínimos del jefe del Consell preocupaba —y mucho— a la dirección nacional, cuyo único objetivo es conservar el gobierno de la Comunitat Valenciana. Ahora van a tratar de mantenerlo, a toda costa, al nombrar al número dos de Mazón, Juanfran Pérez Llorca, como su sustituto.

Bravo también se refirió a este asunto aunque remarcó que es el PP valenciano quien está implicado ya "en esas negociaciones" para la investidura del próximo president de la Generalitat. El portavoz de Alberto Núñez Feijóo aseguró que lo esencial es "centrarse en los trabajos de reconstrucción", que es "lo que los valencianos esperan tras la catástrofe".

En el PP nacional quieren evitar, además, pasar a la pantalla de la sucesión de Mazón al frente del PP valenciano, un puesto que codicia Vicent Mompó, actual president de la diputación de Valencia, pero también el expresident Francisco Camps, que ha prometido dar la batalla tras quedar absuelto de todas sus causas judiciales. Según Bravo, "a los valencianos les importa poco" cuándo se producirá el relevo de Mazón al frente del PPCV.

El día de la dana Mazón encadenó tres actos ajenos al temporal —en ningún momento anuló su agenda— y después se ausentó para comer con la periodista Maribel Vilaplana. Según la versión de la Generalitat, allí Mazón le ofreció la presidencia de la radio televisión pública valenciana, À Punt, aunque algunos periodistas valencianos ponen en cuestión que ese ofrecimiento tuviera lugar y aseguran que, en su momento, ya le ofreció ser la portavoz del Consell. El reciente testimonio de Vilaplana ante la jueza de Catarroja fue clave para aclarar que el jefe del Consell estuvo en el restaurante hasta casi las 19 horas.

Ante las preguntas de los grupos parlamentarios, Mazón no pudo dar una hora concreta sobre cuándo dejó a Vilaplana en el parking y aseguró que no había más testigos con él, más allá de la periodista, porque sus escoltas le acompañaron hasta la entrada al restaurante pero que no lo hicieron a la salida. Así, cabe deducir que tenía prevista acabar su jornada cuando entró a la comida, ya que como él mismo admitió "nadie" le esperaba en el Cecopi porque su presencia, a su juicio, "no hubiera cambiado nada".

Según el relato de Mazón, la máxima autoridad valenciana fue sin escoltas hasta un parking ubicado en el centro de la ciudad, en dirección contraria al Palau, sobre las siete de la tarde y después regresó caminando por la calle sin seguridad alguna. Mazón justificó después la presencia de los escoltas por los "escraches" que, según él, organiza el PSOE contra él, pero tampoco supo responder por qué no estuvieron por la tarde.

Carlos Mazón sigue dando versiones de lo que ocurrió el 29 de octubre de 2024 más de un año después de la tragedia que arrasó l’Horta sud valenciana y que provocó 229 muertes a su paso. Esta vez, en la comisión de investigación del Congreso, en la que el jefe del Consell en funciones ha perdido en más de una ocasión los nervios, a diferencia de lo que ocurrió la pasada semana en la de Les Corts, en la que optó por no responder a las preguntas de la oposición. En esta ocasión el formato era distinto y a Mazón le tocó responder a algunas preguntas incómodas y, aunque intentó zafarse de la mayoría de ellas, en otras no le quedó más escapatoria. Pese a no estar acompañado por ningún miembro de la dirección nacional del PP, los diputados allí presentes le aplaudieron al finalizar la comisión, en lo que será con toda probabilidad su último examen en una cámara institucional.

Es lo que ocurrió, por ejemplo, durante el turno de preguntas de la diputada de Compromís, Àgueda Mico. Después de que Micó le preguntase insistentemente sobre su paradero tras salir del restaurante El Ventorro —en una comida que duró casi cuatro horas— y el motivo por el que no le cogió el teléfono a l’exconsellera de Interior, Salomé Pradas, a las 19.10, Mazón dio una nueva explicación al afirmar que "tenía el móvil en la mochila" mientras se dirigía al Palau de la Generalitat andando. "No sé si estaba andando y tenía el móvil en la mochila", respondió el aún jefe del Consell. Según el registro que entregó Mazón, entre las 18.57 y las 19.34 no contactó con nadie. Más allá de la explicación sobre que no tenía el móvil en la mano, no supo contestar a por qué no atendió las demás llamadas, pese a presumir de estar comunicado toda la tarde. Tampoco quiso enseñar sus WhatsApps.

También le ocurrió durante el turno del portavoz de ERC, Gabriel Rufián, que protagonizó la comparecencia más dura de la jornada, con múltiples protestas de los diputados del Partido Popular presentes en la comisión, a los que Rufián acusó de ser "cómplices" del president de la Generalitat. El republicano le preguntó a Mazón si los escoltas le acompañaron al restaurante El Ventorro cuando comenzó la comida y también cuando salió, entrada ya la tarde. El valenciano admitió que sí le escoltaron hasta la entrada al restaurante, sobre las 15 horas, pero que no lo hicieron a la salida, cuando él acompañó a la periodista Maribel Vilaplana a un parking cercano. Así, cabe deducir que tenía prevista acabar su jornada cuando entró a la comida.

Según el relato de Mazón, la máxima autoridad valenciana fue sin escoltas hasta un parking ubicado en el centro de la ciudad, en dirección contraria al Palau, sobre las siete de la tarde y después regresó caminando por la calle sin seguridad alguna. Mazón justificó después la presencia de los escoltas por los "escraches" que, según él, organiza el PSOE y la izquierda contra él, pero tampoco supo responder por qué no estaban por la tarde.

En los veinte minutos que duró la comparecencia de Rufián, este narró las historias de algunas de las víctimas que murieron ese fatídico 29 de octubre y le enseñó al president sus fotografías. El portavoz de ERC le recriminó que siguiera de comida cuando "la mayoría de las víctimas" ya se habían ahogado. Un dato que Mazón ha cuestionado, insistiendo en que no tuvieron conocimiento de los fallecimientos hasta la madrugada. Sin embargo, esa información aparece en los autos judiciales de la jueza de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, como le ha recordado el propio Rufián.

El jefe del Consell en funciones, al igual que lleva haciendo desde hace un año, volvió a justificar su actuación excusándose en el falso “apagón informativo" de las agencias meteorológicas. "En base a la información de la que se disponía, no se podía actuar de otra manera", llegó a afirmar en respuesta a las preguntas del diputado de EH Bildu, Óscar Matute. “Nada hubiera cambiado si yo hubiera llegado antes al Cecopi porque la información no había llegado. Decían que iba a ser una reunión corta porque la AEMET aseguró que la tempestad acababa a las seis de la tarde", añadió.

Lo cierto es que la Aemet llamó a Emergencias de la Generalitat para advertirle de que lo peor llegaría entre las 15.00 y las 18 horas, pero no afirman, como sostiene Mazón, que iba a irse hacia la serranía de Cuenca. También es falso que la Aemet dijera que iba a llover 180 litros por metro cuadrado, como sostuvo de nuevo el jefe del Consell. En un momento determinado, el president valenciano afirmó que no "tenía previsto ir al Cecopi" porque "nadie le esperaba" allí. "Lo que pasó ese día no fue un problema de decisiones, fue un problema de falta de información", insistió.

También es falso que no exista un protocolo para enviar el mensaje ES Alert de emergencia, tal y como le dijo Mazón a la diputada de Podemos, Ione Belarra. Se trata de un sistema de envíos automático a los móviles que otorga a los centros de protección civil de las comunidades autónomas una "disponibilidad continua" para avisar a la población situada "en zonas afectadas o que se prevea que pueden verse afectadas por situaciones de emergencia o catástrofe" y que sí cuenta con un protocolo específico, aunque la exconsellera Pradas lo desconocía en ese momento.

El president de la Generalitat Valenciana en funciones, Carlos Mazón, ha afirmado este martes en Les Corts Valencianes que las "responsabilidades políticas" suyas y de su Consell sobre la dana del 29 de octubre de 2024 "ya han sido asumidas" y ha criticado que se ha usado su persona como "excusa" para que el Gobierno de España no asumiera las suyas, según ha informado EFE.

Mazón ha comparecido este martes en la comisión de investigación sobre la dana en el parlamento valenciano. En el exterior del edificio se han concentrado decenas de personas procedentes de colectivos sociales y familiares de víctimas para abuchear y pedir prisión para el presidente en funciones.

Por su parte, el PSPV y Compromís han reprochado a Mazón el no haber respondido a ninguna de las preguntas que le han formulado. También le han acusado de haber "repetido mentiras", lo que, según la secretaria general del PSPV-PSOE, la ministra Diana Morant, van a estudiar la comparecencia de Mazón por si pueden iniciar alguna acción, pues estaba "obligado a decir la verdad".

En su intervención, que ha durado algo más de hora y media, el mandatario autonómico ha declarado que el día de la tragedia nadie le pidió "permiso para refrendar ni para refutar ninguna decisión" del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), ni ningún aviso como el Es-Alert que se mandó a las 20.11 horas.

Mazón ha señalado que "nadie en su sano juicio podría estar en contra de alertar a la población", y si el mensaje Es-Alert no llegó a tiempo "no fue porque alguien lo parara o bloqueara", ni "mucho menos" porque la entonces consellera de Interior, Salomé Pradas, estuviera esperando "una autorización que ni pidió ni necesitaba".

"Para quienes tanta importancia prestan a esta cuestión conviene recordarles que no tengo responsabilidad operativa en la gestión de la emergencia", ha afirmado, y ha insistido en que la información que se tenía no hacía prever el desenlace posterior, ya que si hubiera sabido entonces lo que sabe ahora, esa comida "desde luego no se habría producido" y su agenda "hubiera sido distinta".

Sobre su comida en El Ventorro con la periodista Maribel Vilaplana, el dirigente popular ha afirmado que estuvo "atento, haciendo llamadas para conocer la situación" de una emergencia que hasta entrada la tarde creía que estaba focalizada en una posible rotura "a 13 horas vista" de la presa de Forata.

Mazón ha declarado que "nadie ha dado más explicaciones" ni "ha asumido más responsabilidades" por la dana que él. Es más, el presidente en funciones asegura haber asumido "tal nivel de responsabilidad" que ha acabado renunciando a la Presidencia de la Generalitat.

Frente a eso, ha lamentado que nadie del Gobierno central haya dado explicaciones ni asumido responsabilidades por su actuación el día de la dana, y ha pedido a los parlamentarios que cumplan con el objeto de esta comisión, que es "analizar las causas" de lo ocurrido y proponer soluciones para que no vuelva a ocurrir. Según ha dicho, los valencianos merecen "estar preparados" y no pueden asumir que los cauces de sus barrancos "no estén monitorizados y mucho menos un año después de lo vivido".

El president se ha referido también a las víctimas para asegurar que siempre ha tenido "la mano abierta" hacia ellas y las ha querido escuchar, porque han sido siempre "prioritarias" para él y para su gobierno.

En cuanto a las intervenciones de los partidos, ha habido duros reproches por parte de las formaciones de la oposición: "No eres una víctima", le ha dicho a Mazón el síndic socialista, José Muñoz, mientras que el síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha tachado la intervención de "burla" a las víctimas, a Les Corts y al pueblo valenciano. Además, le ha preguntado cómo pudo desentenderse de la emergencia y "por qué cojones" se quedó "en un reservado del Ventorro".

Ambas formaciones han pedido al president en funciones que respondiera a varias preguntas, como por qué no canceló su agenda aquel día, si estuvo informado durante la comida o si tomó alguna decisión sobre la emergencia.

Por otro lado, tanto PP como Vox han enfatizado durante la comisión de investigación que Mazón ha declarado para dar explicaciones, mientras que el Gobierno central no da la cara.

El diputado popular Fernando Pastor ha lamentado que ni el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ni los ministros hayan comparecido este martes. Según él, las sillas vacías de los miembros del Gobierno "retratan a la perfección una ofensa a las víctimas, a los afectados" y son "una burla a Les Corts y una estafa al pueblo valenciano", además de "un acto cinismo y cobardía política sin precedentes".

Sobre Mazón, el político ha afirmado que ha comparecido en "un momento personal y político muy difícil" y lo ha hecho "con serenidad, con respeto, con valentía y con humildad".

Por su parte, el diputado de Vox José María Llanos ha denunciado "el falso y ruin relato de la izquierda", a la que ha acusado de querer convertir esta comisión de investigación "en una ejecución pública", y ha considerado que las víctimas "no merecen que se las utilice como está haciendo la izquierda".

"Se han cobrado la pieza, pero no tienen bastante porque quieren salvar al verdadero culpable, al que no ha hecho las obras que hubieran evitado la tragedia: Pedro Sánchez y su Gobierno", añade.

Desde media hora antes de que se inicie la comparecencia de Mazón en la comisión, varias decenas de personas se han concentrado ante la puerta principal del Parlamento valenciano con cuatro pancartas en las que abogan por la reconstrucción social y por levantar la voz por quien no puede, y llaman "asesino" y "criminal" al president en funciones.

Las personas concentradas han lanzado gritos contra Mazón junto con otros lemas como "No son muertos, son asesinados", en referencia a las 229 víctimas mortales de la dana de octubre del año pasado.

En la primera media hora se han proferido gritos de "Mazón a pressó, Consell dimissió", "Mientras él comía, la gente se ahogaba", "Açí està el poble valencià", "PP cupable, Vox responsable".

Una vez iniciada la comparecencia, han instalado un altavoz para escuchar en directo lo que se dice en la sala de comisiones, que han colocado en medio de la concentración. El portavoz de la asociación Horta Sud, Christian Lesaec, sí sigue la comparecencia de Mazón desde una sala de Les Corts.

Los síndics del PSPV y de Compromís, José Muñoz y Joan Baldoví, respectivamente, han acompañado a los colectivos y familiares antes de entrar a Les Corts. Dos participantes, una de ellas Rosa Álvarez, portavoz de una de las asociaciones de víctimas que ha dicho estar a título particular, han reclamado a Mazón que no se esconda "detrás del acta de diputado", renuncie a ella y vaya a declarar ante la jueza de Catarroja que investiga la causa penal por la dana.

Las dos principales asociaciones de víctimas han anunciado que protestarán a las puertas del Congreso de los Diputados durante la comparecencia de Mazón en la comisión de investigación prevista para el próximo 17 de noviembre.

El ministro de Política Territorial y expresidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, será citado por el PP a la comisión de investigación del 'caso Koldo' en el Senado para que comparezca por cuarta vez, a raíz del último informe de la UCO.

Lo ha avanzado la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, en una rueda de prensa en la que ha apuntado que según la UCO el ministro "mintió" en las tres comparecencias anteriores, porque declaró que no ordenó la compra de mascarillas a la trama del comisionista Víctor de Aldama y que no tuvo relación con él.

Torres ya compareció en la comisión Koldo del Senado el 28 de noviembre de 2024 y el 21 de enero y 6 de marzo de este año, en las comparecencias número 40, 45 y 54, respectivamente, de las 92 celebradas hasta ahora.

En la del 6 de marzo, el ministro mostró una fotocopia del único whatsapp que le envió De Aldama en 2020, al que, aseguró, nunca contestó, y en una rueda de prensa este martes el ministro subrayó que el nuevo informe de la UCO deja en evidencia que solo existió ese mensaje.

García ha informado también de que será llamado a comparecer de nuevo en la comisión Antonio Olivera, exdirector del Servicio Canario de Salud, quien ya declaró el 5 de marzo.

El PP, que tiene mayoría para decidir quiénes comparecen, citará asimismo a la jefa del servicio de contratación y asuntos generales de salud del Gobierno de Canarias, Salomé Ballesteros, porque, según García, también ha sido "señalada" por la UCO.

Otras citaciones anunciadas por la portavoz del PP son las de Pedro Luis Egea, quien fue tesorero de Bancal de Rosas, la asociación que ayudó a Pedro Sánchez en las primarias del PSOE, y Francisco Martín Aguirre, quien presidió ese grupo de militantes socialistas y ahora es delegado del Gobierno en Madrid.

"Sánchez dijo que no recordaba si los negocios de saunas de su suegro habían financiado las primarias, vamos a ver si a los responsables de las cuentas de las primarias les consta", ha explicado García, en referencia a la comparecencia de Sánchez en la comisión el jueves pasado, la número 91.

Además, ha indicado que no descartan convocar de nuevo a Sánchez a declarar, porque en su comparecencia "encubrió" la verdad, en una "burla" al Senado.

El Gobierno francés inició este miércoles el procedimiento para suspender temporalmente en Francia la plataforma china de comercio electrónico Shein hasta que demuestre que "todo su contenido cumple con las leyes y regulaciones vigentes" en el país, informó el equipo del ministro de Economía y Finanzas, Roland Lescure, en un comunicado. Los miembros del Gabinete de Lecornu analizarán la situación "dentro de 48 horas", según la escueta nota.

Poco después, Shein anunció que suspende la venta en Francia de productos ofrecidos por vendedores externos tras el escándalo por la venta de muñecas sexuales con apariencia de niñas. Shein tomó esta decisión "tras las preocupaciones suscitadas por ciertos anuncios de vendedores externos independientes".

La decisión del Ejecutivo francés se produce dos horas después de que Shein haya abierto en París la puertas de su primera tienda física y solo unos días después de que estallara en Francia un escándalo por la venta en esta plataforma de muñecas sexuales de aspecto infantil e hiperrealistas, con argumentos de venta pedo-pornográficos. La inauguración ha estado protagonizada por manifestaciones contra la misma por la venta de estos productos.

El ministro de Economía advirtió el pasado lunes y reiteró ayer que al Gobierno "no le temblará la mano" para prohibir las actividades de la plataforma china en Francia si se demostraba que se hubieran realizado actividades ilícitas. La Fiscalía de París abrió a principios de esta semana una investigación a Shein por "difusión de imágenes o representaciones de menores de naturaleza pornográfica", que también afecta a AliExpress, y por la "difusión de mensajes violentos, pornográficos o degradantes accesibles a menores", en la que además de esas dos plataformas figuran la también china Temu y la estadounidense Wish.

La tienda del gigante asiático, ubicada en la sexta planta de los emblemáticos almacenes BHV, enfrente del Ayuntamiento de la capital francesa y a dos pasos de la catedral de Notre-Dame, abrió sus puertas a las 13.00 hora local en un espacio de 1.200 metros cuadrados.

Coincidiendo con la apertura de la tienda, la prensa francesa informó de la detención y puesta bajo custodia de un hombre en Bouc-Bel-Air, cerca de Marsella, tras interceptar un paquete con una muñeca sexual de aspecto infantil remitido a su nombre y comprado en la plataforma Shein.

Directivos de la compañía china de comercio electrónico deberán responder el 18 de noviembre a las preguntas de los parlamentarios franceses que integran una comisión de investigación para comprender cómo pudieron venderse productos ilícitos en este país.

Además, un grupo de diputados de diversos horizontes políticos anunció este miércoles la próxima presentación de una resolución europea contra el problema de la moda rápida, que insta a Bruselas y al Gobierno francés a adoptar una postura más firme contra Shein. Entre ellos está el diputado del partido conservador Los Republicanos Antoine Vermorel-Marques, quien también es el ponente de la comisión de investigación sobre los controles de productos importados en Francia.

Ese diputado tiene previsto denunciar este miércples ante la fiscalía de París la venta de armas de categoría A (machetes y puños americanos) tras descubrir anuncios en la plataforma. "Se vende como un éxito de ventas en Shein... e incluso con descuento para Navidad. Eso ya es demasiado", exclamó en sus redes sociales, recordando que "la venta de estas armas se castiga con 5 años de prisión y una multa de 75.000 euros" en Francia.

El presidente de la Comunidad valenciana, Carlos Mazón, será el primer político en comparecer, previsiblemente a finales de noviembre, ante la Comisión investigadora de la dana en el Congreso, a la que también acudirá el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, mientras que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo hará en último lugar.

Así se desprende de una lista de comparecientes que serán llamados a testificar ante esa comisión, consensuada por PSOE, Sumar, Podemos y la diputada de Compromís Àgueda Micó, y a la que ha tenido acceso EFE este martes.

La Mesa de la Comisión se dará primero cita mañana en el Congreso para acordar la fecha en la que se celebrará la siguiente sesión de la comisión al completo la próxima semana, y en la que se aprobará el plan de trabajo, que incluye el listado de comparecientes.

La Comisión del Congreso a cargo de investigar la gestión de la dana de Valencia, que se saldó el 29 de octubre de 2024 con más de 200 muertos, tiene previsto comenzar sus comparecencias el próximo mes.

El plan de trabajo constará de dos partes: una primera fase centrada en la investigación, que contará con los testimonios de víctimas y autoridades de la Generalitat valenciana, comenzando por el presidente Mazón, y una segunda etapa en la que se abordarán temas de la reconstrucción, y donde intervendría Sánchez.

La sesión de la próxima semana se celebrará antes del funeral oficial por las víctimas, programado para el próximo día 29, tras lo que continuarán las comisiones.

Según fuentes parlamentarias, la citada lista de comparecientes ha sido pactada en un 90% por PSOE y SUMAR e incluye alguna aportación propuesta por la diputada Águeda Micó, del Grupo Mixto, y Podemos.

También se prevé que vaya a comparecer el líder 'popular' Alberto Núñez Feijóo, cuyo nombre figura en la mencionada lista, donde aparecen también varios ministros y otros políticos como Salomé Pradas Tent, ex Consellera de Justicia i Interior de la Generalitat Valenciana o Teresa Ribera Rodríguez, ex Vicepresidenta Tercera y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

El caso Koldo, en el que el Partido Popular cree haber hallado el atajo definitivo para llevar a Alberto Núñez Feijóo hacia la Moncloa, fue rápidamente convertido en comisión de investigación en el Senado hace ya un año y medio, en abril de 2024. Los conservadores buscaban utilizar la sede parlamentaria para ampliar todo lo posible la cobertura mediática de la investigación judicial abierta en torno al antiguo asesor del Ministerio de Transportes, Koldo García, que también salpica al exministro José Luis Ábalos y al exnúmero tres de Ferraz, Santos Cerdán. Pero al PP no le basta con eso, quiere que el caso Koldo sea el caso PSOE. Porque, en realidad, lo que buscan es un caso Pedro Sánchez que haga caer al presidente del Gobierno.

Tras meses amagando con convocar a Sánchez a la comisión del Senado, el PP dio el paso el miércoles. Fue el propio Feijóo el que lo anunció desde su escaño en la Cámara Baja durante la sesión de control al Gobierno, en una intervención en la que acusó al socialista de estar "rodeado de corrupción" y en la que concluyó que era "imposible" que Koldo, Ábalos y Cerdán hubieran "delinquido" sin él. "Le digo dos cosas: Primera, le resultará muy difícil pero está obligado a decir la verdad. Y segunda, usted es el máximo responsable de todo, está tan pringado como ellos". En su réplica, Sánchez le recomendó leer "la página 28" del informe de la UCO que el PP está esgrimiendo para tratar de probar la financiación ilegal del PSOE para ver que "sus acusaciones son absolutamente falsas": "Elija bien sus batallas señor Feijóo porque para sobrecogedor, el Partido Popular", dijo.

La decisión de llamar a Sánchez fue tomada por el núcleo duro del PP y sorprendió a diputados y senadores, ya que este lunes la vicesecretaria de Regeneración Institucional, Cuca Gamarra, lo había descartado señalando que aún tenían que recabar más información que cercara a Sánchez, pese a que desde hace meses sitúan al socialista como el "número uno" de la trama de corrupción. En esa comparecencia en la sede de Génova tras el comité de dirección, Gamarra anunció la citación a dos gerentes del PSOE ―la actual, Ana María Fuentes, y su predecesor, Mariano Moreno― y a dos secretarias del partido tras el informe de la UCO sobre la situación patrimonial de Ábalos. Ambos se sentarán en el Senado el próximo 23 de octubre.

Fuentes del equipo de Feijóo señalan que la citación se produce cuando hay "información sobre una caja B en Ferraz", en referencia al citado informe, pese a que no menciona en ningún momento la financiación del PSOE —simplemente apunta a un desfase de 500 euros en las facturas que el PSOE le abonó a Ábalos para cubrir dietas— y de que hasta ahora la investigación judicial no ha constatado que exista financiación irregular en el partido. Ello, sin embargo, no ha impedido un aluvión de acusaciones sobre una supuesta financiación ilegal en Ferraz por parte del PP, a los que ha acompañado la derecha mediática, para justificar que, ahora sí, Sánchez vaya a la comisión de investigación del Senado.

Con todo, a nadie se le escapa que este anuncio se produce en un contexto de avance de la extrema derecha, que según algunos sondeos estaría en disposición de arrebatar más de un millón de votantes al principal partido de la oposición. En el PP admiten que esa presión no es fácil de lidiar y algunas voces dudan de la decisión de llevar en este momento a Sánchez al senado, un movimiento que "tiene riesgos", según las fuentes consultadas, porque en el pasado tanto Koldo como Ábalos "salieron más o menos vivos" de esa comisión y no contaban con los resortes que sí tiene Sánchez.

En las comisiones de investigación parlamentarias son los políticos los que fiscalizan a otros políticos y, aunque el formato no es cómodo para el compareciente porque debe hacer frente a las preguntas de cada grupo, hay quien considera en el PP que el presidente del Gobierno podría salir incluso reforzado. En Génova rechazan esa posibilidad y aseguran que se prepararán el cuestionario a conciencia e incluso apuntan a que si Sánchez miente de manera probatoria, el presidente de la Comisión puede elevar la declaración a la Mesa del Senado, y ésta ponerlo en conocimiento de la Fiscalía.

Sánchez tiene la obligación de acudir pero no de contestar. Un recurso del que hacen uso muchos de los llamados a comparecer. Sin embargo, si decide contestar, tiene la obligación de decir la verdad, al contrario de lo que sucede en un juicio, en el que un acusado sí puede mentir. En algunos casos las comparecencias pueden ser secretas si así lo acuerda la mayoría de la comisión o si su objeto guarda relación con una actuación judicial bajo secreto de sumario, pero no es el caso porque el PP quiere explotar la comisión mediáticamente. En Génova quieren que la declaración sea a finales del mes de octubre, tras los testimonios de Ábalos y Koldo y antes de que arranque el juicio contra el fiscal general del Estado, previsto para el 3 de noviembre.

La incógnita está ahora en quién será la persona que asuma la responsabilidad de interrogar al jefe del Ejecutivo. La portavoz del PP en la Cámara Alta Alicia García —a la que Feijóo se planteó relevar tras el congreso de julio—, ya se ha autodescartado y ha apuntado a que será alguien que ya forme parte de la comisión de investigación. Aunque en Génova evitan dar nombres concretos, en El Confidencial ya apuntan a algunos como el de Alejo Miranda de Larra, que ya ha protagonizado más de un interrogatorio en la citada comisión al ser el portavoz del PP, y también el de Alfonso Serrano, mano derecha de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.

Sánchez no es el primer presidente del Gobierno de la democracia que comparece en activo en una comisión de investigación en las Cortes. Ya lo hizo José Luis Rodríguez Zapatero en 2004, en la comisión sobre los atentados del 11-M, aunque en ese caso fue a petición propia. También se han enfrentado a ese foro tanto José María Aznar como Mariano Rajoy también, pero ya como expresidentes del Gobierno. Lo cierto es que la creación de estas comisiones no es ajena a la lucha partidista, ya que está supeditada a la mayoría parlamentaria, lo que suele beneficiar al partido (o partidos) que formen parte de ella. Una vez creada es la propia mayoría la que controla su funcionamiento y sus eventuales acuerdos, porque la composición de las comisiones se rige por la importancia numérica de los grupos en la Cámara.

Tal y como está recogido en la Constitución y en el reglamento de las Cortes, las comisiones de investigación no tienen por objeto declarar la culpabilidad jurídica de las personas, sino establecer la responsabilidad política, por acción u omisión, al poder público. En algunos supuestos la Carta Magna obliga a la comisión a poner en conocimiento de la Fiscalía "las eventuales conductas ilícitas" de los investigados, aportando los materiales y testimonios obtenidos por el órgano parlamentario. Pero por lo general su función es cumplir con la "pena de telediario", es decir, conseguir acaparar el foco político y mediático del día e incluso de la semana. Y ese es el objetivo de un PP que sabe que no podrá forzar la dimisión de Sánchez.

Mal día para Feijóo. Y mala semana tras un arranque de curso gripado. Más allá del guiño al lenguaje Bárcenas del ‘Luis, sé fuerte’, el golpe de efecto del ‘Ánimo, Alberto’ ha sido una ironía con múltiples lecturas. Feijóo ha gastado la mejor bala llamando a comparecer a Pedro Sánchez en la Comisión del caso Koldo del Senado. El aviso llegaba con toda la pompa de la sesión de control y la respuesta del presidente, sin florituras, ha dejado marcado a Feijóo. Al PP le está pasando con las tertulias y las portadas de los medios conservadores lo mismo que el 23-J con el efecto Michavila y los 160 diputados que nunca fueron. La realidad no se corresponde con la inflación de expectativas. La agenda judicial no da de sí para bloquear la legislatura. Además de estar leyendo mal la realidad del país, incluida la suya propia. Porque aunque todas las encuestas dan una mayoría fuerte de derechas, por encima del 45%, el sangrado de votos a VOX y el dique de contención en la transferencia de centro deja el bloque más en el PP que en el contrario.

‘Ánimo, Feijóo’ con la comparecencia. Porque hasta hoy incluso José Luis Ábalos y Koldo García salieron bien parados de un Senado con mayoría absoluta de los populares que no han sabido hacer un solo marcaje. Si Sánchez se prepara bien la cita, el informe patrimonial de Ábalos, incluida la gestión de la caja de gastos del partido, la estrategia nacional de los populares pincharía. A rebufo de los informes policiales, Feijóo no consigue sacudirse la sombra del PP de Madrid y la FAES de Aznar. Eligió un mitin de Ayuso el día del plantón al poder judicial. Y ha ido a remolque del patinazo de Almeida con el aborto y a rebufo de su posición en Gaza con una Ayuso en unas posiciones donde ya no está ni Trump. 

La aritmética parlamentaria es endiablada y, sin embargo, este mes el ejecutivo ha logrado imponer la agenda política y las leyes salen. Podemos tenía muy complicado tumbar el embargo de armas a Israel. El paquete de medidas se queda corto en la defensa del pueblo palestino y, aun con una cláusula bajo secreto para poder sortearlo, es un mínimo que mejora con creces no aprobar nada. España sigue sumando gestos y las movilizaciones masivas por todo el país del fin de semana han sido el mejor sensor del ‘sí’ necesario en la votación. Las calles tenían un mensaje implícito de apoyo mayoritario que Podemos ha sabido –o ha tenido que– leer. Un ‘no’ le habría salido carísimo. Ha ido más allá y ha negociado con toda discreción las contrapartidas a la Ley de Movilidad Sostenible. Las obras del Prat se aplazarán hasta 2031. Un acuerdo que no se ha fraguado al calor de los últimos minutos de la votación. En suma, dos éxitos legislativos que rompen la maldición de la incompatibilidad del bloque de investidura. Estamos sumidos en la legislatura Schrödinger. Para el PP está muerta desde el 23-J y en la vida real el mandato continúa. Quien alimenta a VOX no es la izquierda, sino la desubicación del PP.

El juez Juan Carlos Peinado ha rechazado que el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, declare por escrito el 16 de abril como testigo en la causa en la que investiga a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno. Según explica el titular del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid en una providencia este lunes, el ministro envió una "comunicación" con "determinadas consideraciones": la posibilidad de declarar por escrito por razón de su cargo y, en el caso de rechazarlo, que la comparecencia se celebre en su despacho del Complejo de la Moncloa por motivos de "seguridad".

De acuerdo al escrito del ministro, al que ha tenido acceso EFE, Bolaños apela al artículo 412 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que permite a determinados cargos declarar por escrito por hechos conocidos por su puesto.

Pero el juez sostiene que Bolaños interpreta "de forma errónea" el citado precepto, pues "es obvio" que los hechos por los que está citado "no los ha conocido en razón de ese actual cargo" de ministro, sino cuando era secretario general de Presidencia.

El magistrado le citó como testigo en la parte de la causa en la que investiga la contratación en 2018 de Cristina Álvarez, la asesora de Moncloa que asiste a Begoña Gómez. Se trata de una pieza separada abierta por un posible delito de malversación, una decisión que ha sido duramente recurrida por la Fiscalía y la defensa de Álvarez.

Peinado sí acepta que la declaración se celebre en el despacho que tiene Bolaños en la sede del Ministerio en el Complejo de la Moncloa y no en la calle San Bernardo de Madrid, donde está el Ministerio de Justicia.

El ministro incorporó un informe del jefe de servicio de su escolta, que señalaba que practicar el interrogatorio en la sede de Justicia, con el traslado de la comisión judicial, "supondría problemas de seguridad, y eventuales inconvenientes a los ciudadanos" que transiten por esa calle.

Acepta el magistrado, pero no sin antes apuntar a que el citado informe se adjunta "sin firma, ni identidad alguna, ni de la persona que 'por orden', habría suscrito dicho informe, ni la de la persona que lo habría ordenado, conteniendo tan sólo, un membrete de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno- Departamento de Seguridad". "Parece algo, cuando menos extraño, que el titular del Ministerio de Justicia, como Notario Mayor del Reino, pretenda justificar una petición, en un informe carente de firma y por tanto, sin persona identificada alguna, que asuma el contenido de lo que en dicho escrito se refleja, por lo que, poca o ninguna virtualidad puede atribuirse al mismo", añade.

El informe, con sello de entrada en el juzgado el 19 de marzo, recomienda que la declaración se practique en Moncloa, al tener "múltiples medidas de seguridad", ser un recinto cerrado y estar controlado interna y perimetralmente.

El despacho de la calle San Bernardo, sin embargo, está en pleno centro de la ciudad y el acceso se encuentra a pie de calle, además de que la citación coincide con Semana Santa, "con una previsible afluencia de turistas", y se tendría que desplegar un dispositivo de seguridad y movilidad específico, indica el informe al que ha tenido acceso EFE, que aparece firmado por el jefe de escolta "por orden de la directora de seguridad de Presidencia del Gobierno".

Pese a decir que no tiene "inconveniente alguno" en que la comisión judicial se desplace a Moncloa, el juez recuerda que cuando fue al Complejo para tomar declaración como testigo al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, el año pasado, se retuvo a la comisión durante "un periodo de tiempo sensiblemente superior al necesario".

En ese momento, recuerda, había "un nutrido número de personas, expectantes en las inmediaciones de dicho vehículo, con el consiguiente riesgo para la integridad física de los ocupantes del mismo, mientras el vehículo ocupado por el letrado de la persona investigada (Begoña Gómez), accedía sin espera de ningún tipo, y elevando la barrera paralela a la que estaba impidiendo el paso al vehículo judicial"

La comisión de investigación impulsada por el Partido Popular en el Senado sobre la dana acaba de arrancar y el presidente valenciano, Carlos Mazón, no ha salido precisamente reforzado. El objetivo de la formación de Alberto Núñez Feijóo era utilizar su mayoría absoluta para tratar de derivar las responsabilidades al Gobierno central. Sin embargo, las dos primeras sesiones de la Cámara Alta, celebradas este lunes y martes, han recibido las comparecencias de cuatro expertos técnicos sin atribuciones políticas que han desmontado algunos de los argumentos recurrentes tanto por parte de la Generalitat como del PP sobre la riada del pasado 29 de octubre, que se saldó con 227 fallecidos en la provincia de Valencia. Los profesores de Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente de la Universidad Politécnica de València, Juan Bautista Marco y Félix Ramón Francés, el arquitecto Julio Gómez-Perretta y el decano del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Comunitat Valenciana Javier Machí Felici, han sido los primeros expertos en comparecer.

Uno de los mantras más repetidos desde el PP para tratar de desviar su responsabilidad en la gestión de la dana es que la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) abrió las compuertas de la presa Forata y no avisó a los municipios aguas abajo. Para Maco, sin embargo, la presa de Forata no estuvo en un "riesgo grave": "La presa de Forata es una presa de gravedad, una presa de hormigón, que no llegó siquiera a verter por coronación. No llegó ni al límite del aliviadero", aseguró. En esa línea, añadió que las compuertas de un embalse "deben abrirse": "No están para guardar agua en situación de crecida, hay que abrir porque las presas, si el agua salta por encima, se pueden romper".

El profesor de Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente de la Universitat Politècnica de València también fue cuestionado por el senador del PP, Francisco Javier Márquez, sobre si la falta de limpieza por parte del Ministerio de Transición Ecológica agravó los daños personales y materiales de la dana, una premisa en la que el PP también ha incidido en varias ocasiones. "¿Ha contribuido el arrastre de cañas, vegetación y materiales de obra al colapso de infraestructuras? ¿Cuál es la importancia que ha tenido en este tema?", le planteó al ingeniero. "En mi opinión, nula", respondió este. "Las cañas se tumban y se rompen. No tiene ninguna trascendencia", completó, pese a la insistencia del senador conservador, que no se dio por satisfecho con la respuesta e insistió en el tema. "¿Colapsan los puentes esa vegetación?", repreguntó. "Los puentes se caen por otras cosas", respondió el profesor.

Por su parte, Francés puso el foco en que "los sistemas de alerta ayudan a disminuir las pérdidas de vidas humanas", un aspecto clave también para el decano del Colegio de Ingenieros de Caminos y la jueza de Catarroja que instruye el caso, Nuria Ruiz Tobarra, que en su último auto recriminó a los responsables autonómicos la tardanza y la contenido incorrecto del mensaje Es Alert que el Gobierno valenciano envió a las 20.11, cuando ya se habían producido la mayoría de las muertes. Además, también incidió en que el cambio climático "impacta" en el ciclo del agua, lo que entronca con los postulados de Vox y del propio Mazón, que la pasada calificó de "dogmatismo climático" algunos de los postulados medio ambientales. "Lo que está claro es que con el incremento de temperaturas, tanto en la atmósfera, como ocurre en el Mediterráneo, habrá más tormentas y serán de más torrencialidad", apuntó.

El arquitecto director del estudio de arquitectura Perretta, Julio Gómez-Perretta —que ha emitido juicios en prensa muy críticos contra el Gobierno de Pedro Sánchez—, también calificó como un error este martes que el jefe del Consell no declarara el nivel máximo de alerta tras la dana. "El señor Mazón tenía que haber cedido desde el minuto uno el mando", señaló ante las preguntas de Compromís y el PSOE. "No había otra opción que Mazón declarara el nivel tres y pasara el mando, solo él podía hacerlo y no lo hizo, se equivocó gravemente", argumentó. Si Mazón hubiera decidido elevar el nivel de la catástrofe un grado más, la responsabilidad última de su gestión hubiera correspondido al Gobierno central. Pero el presidente valenciano decidió no hacerlo. Esa es la principal razón que invoca la juez para apuntar a la Generalitat como única responsable de no haber avisado a la población en tiempo y forma.

Además, Gómez-Perreta aseguró este martes que "no hubiera habido una catástrofe así" si "se hubieran acometido las obras que estaban proyectadas para conectar los barrancos de la Saleta y el Poyo con el nuevo cauce del río Turia". Unas obras que se idearon durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y que después no ejecutó la administración de Mariano Rajoy por falta de financiación. Con la vuelta al Gobierno de los socialistas, el proyecto se volvió a retomar aunque no dio tiempo a iniciar las obras, según una respuesta del Gobierno al exsenador de Compromís Carles Mulet. "Si se hubieran acometido algunas obras, nos hubiéramos mojado las rodillas, pero no hubiera habido una catástrofe así". Machí también defendió que "son necesarias obras" para que no se vuelva a repetir una catástrofe similar.

Todos estos expertos fueron propuestos por el PP, el mismo partido que hace un mes vetó la comparecencia de los consellers autonómicos, incluida Salomé Pradas —investigada por la jueza de la dana—y de la periodista que comió con Mazón el 29 de octubre del pasado año, Maribel Vilaplana. Sí incluyeron en este listado, sin embargo, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a siete ministros más: la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la vicepresidenta tercera y titular de Transición Ecológica, Sara Aagesen, y su antecesora en el cargo y actual número dos de la Comisión Europea, Teresa Ribera, la ministra de Defensa, Margarita Robles, el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres y la ministra portavoz, Pilar Alegría. También a Mazón, que ya afirmó que acudiría voluntariamente a cualquier comisión sobre la dana.

El PP muestra claramente sus cartas, a la espera de que el Congreso active su propia comisión, pese a que la mesa presidida por el que fuera consejero de Economía de la Generalitat entre 2001 y 2011, el senador del PP Gerardo Camps, pidió que el debate y las conclusiones se alejaran de una intención "partidista": "Señorías, tenemos el deber moral de buscar la verdad, con rigor, dejando de lado intereses personales o partidistas y centrándonos en lo importante: que una tragedia de esta magnitud no vuelva a ocurrir", dijo. Fuentes de la dirección del PP aseguran que escucharán con interés "a todos los expertos" pero ya deslizan que "no todos piensan igual" y que, por tanto, elegirán los argumentos que más les convengan.

En las comisiones de investigación parlamentarias son los políticos los que fiscalizan a otros políticos. Es una herramienta que constituye uno de los medios más formales de control en el seno del legislativo, pero se dirige más a la ciudadanía que a los propios tribunales, puesto que sus conclusiones no son vinculantes ni afectan a las resoluciones judiciales. Su creación está supeditada a la mayoría parlamentaria, lo que suele beneficiar al partido mayoritario, como es en este caso el PP. Una vez creada es la propia mayoría la que controla su funcionamiento y sus eventuales acuerdos, porque la composición de las comisiones se rige por la importancia numérica de los grupos en la Cámara. Estas comisiones son de carácter temporal y pueden convocar a cualquier persona, que tiene la obligación de acudir pero no de contestar. 

Les Corts Valencianes constituirán este lunes la comisión de investigación sobre las causas de las inundaciones por la dana del pasado 29 de octubre y la gestión llevada a cabo por todas las Administraciones, un órgano cuya creación se aprobó hace dos meses, recoge EFE.

La constitución de este órgano investigador, que tendrá lugar a las 13 horas, estaba pendiente desde que el pleno de Les Corts aprobara su creación el pasado 28 de noviembre, un mes después de las riadas de finales de octubre que se han saldado por el momento con 224 personas fallecidas y 3 desaparecidas.

Propuesta por Vox y a la que se añadió una enmienda del PP, la creación de esta comisión contó con el respaldo de Compromís, que también pidió una pero fue rechazada- y la oposición de los socialistas, que consideran que el PP ya tiene escritas las conclusiones antes de empezar.

Su finalidad es analizar las causas de esas inundaciones, la gestión de todas las Administraciones, las consecuencias y posibles actuaciones para la recuperación del territorio afectado, y sus trabajos se desarrollarán durante doce meses, tras lo que se elaborará un dictamen que se llevará al pleno de Les Corts para su debate y aprobación.

Entre los representantes de los cuatro grupos parlamentarios en este órgano figuran los síndics del PSPV, José Muñoz, y de Vox, José María Llanos, así como los portavoces adjuntos del PP Laura Chuliá y de Compromís Isaura Navarro.

La diputada de Vox en Les Corts Valencianes Miriam Turiel presidirá la comisión de investigación, y los diputados del PP Vicente Betoret y Laura Chulià ocuparán las vicepresidencias. La secretaria general del PSPV-PSOE y ministra de Ciencia y Universidades, Diana Morant, ha denunciado que el PP y Vox, “en un nuevo Pacto de la Servilleta, se han repartido la comisión de investigación de las Corts Valencianes sobre la gestión de la dana”.

En los últimos días tanto los socialistas como Compromís habían urgido a constituir ya la comisión de investigación para que se pueda saber "la verdad" de lo que pasó, y han pedido que no sea una "comisión manipulada" como la del accidente de metro de 2006.

Una vez constituida este lunes la comisión, se fijará un plazo para que los grupos presenten propuestas de plan de trabajo, con listados de comparecientes y de peticiones de documentación, y una vez se apruebe el plan en otra reunión de este órgano podrán comenzar ya las sesiones.

El president de la Generalitat, Carlos Mazón; la exconsellera de Interior Salomé Pradas o los responsables de la Confederación Hidrográfica del Júcar y de Aemet son algunas de las comparecencias que los grupos parlamentarios ya han avanzado que pedirán, además de documentación como la factura de la comida del president el día de la dana o el registro de sus llamadas esa tarde. 

De forma previa a la puesta en marcha de la comisión de investigación de Les Corts, el Ayuntamiento de València está celebrando ya las comparecencias en su comisión de estudio referida a las zonas afectadas en la ciudad, y el Senado acaba de constituir su comisión de investigación.

En la comisión no permanente para la recuperación de las zonas afectadas por la dana en la ciudad de València no participan los grupos de la oposición, Compromís y el PSPV-PSOE, que consideran que lo que se busca en este órgano es "tapar la mala gestión" de la alcaldesa, María José Catalá.

La comisión de investigación del Senado se constituyó el pasado lunes, con quejas de Compromís, ERC, Junts y PNV, que no consideran adecuada la composición de la Mesa que dirigirá los trabajos y que preside el senador valenciano del PP Gerardo Camps.