El rechazo de los sindicatos médicos a la mediación de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP) en las negociaciones para terminar con la huelga contra el estatuto marco ha truncado la reunión convocada este miércoles por el Ministerio de Sanidad con el comité de huelga.

El ministerio volverá a convocar un nuevo encuentro el próximo lunes, según ha explicado la propia ministra de Sanidad, Mónica García, en un mensaje en X, al que los sindicatos han adelantado que acudirán. "Hoy los sindicatos médicos han dado plantón al Ministerio de Sanidad despreciando a la Plataforma de Organizaciones de Pacientes como mediador y no se han sentado en la mesa de negociación para avanzar y desescalar el conflicto", ha lamentado la ministra en un mensaje en la red social X, que concluye: "Por nuestra parte que no quede, volveremos a convocarles a una nueva reunión el lunes mismo y no nos levantaremos hasta que se desbloquee la situación".

En un comunicado de prensa, el comité de huelga —formado por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) junto al Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O’MEGA)— ha informado de que ha acudido a la convocatoria del Ministerio de Sanidad, pero que la reunión no ha llegado a celebrarse. "Al inicio, los sindicatos han reiterado su rechazo a la figura impuesta unilateralmente del mediador/observador, mientras que Sanidad ha defendido que se debían ceñir a la petición expresa hecha por las comunidades autónomas para desbloquear el conflicto", explica el comunicado de prensa de los sindicatos convocantes de la huelga.

El pasado 27 de marzo, en el Consejo Territorial de Salud, el Ministerio y las comunidades autónomas acordaron proponer a los sindicatos médicos la mediación de la POP, ya que, según plantearon varios gobiernos autonómicos, son los pacientes los perjudicados por un conflicto que se acerca a su tercera semana de huelga al mes.

Esta propuesta se puso sobre la mesa después de que no fructificara la vía de diálogo abierta con el Ministerio con el Foro de la Profesión Médica para encajar las reivindicaciones del sector que trascienden el ámbito competencial del estatuto marco. En su mensaje de X este miércoles, la ministra lamenta que "a pesar de la buena fe de diálogo y acuerdo, parece que (los sindicatos) no quieren bajarse del bloqueo y del conflicto".

El comité de huelga rechazó este martes la mediación de la POP, que estaba invitada a la reunión, por considerar que no es neutral —al ser parte afectada—, ni especialista en cuestiones laborales, que son la clave de esta negociación. Con este argumento ha acudido al Ministerio este miércoles, motivo por el que ambas partes se han emplazado a "nuevos encuentros sin necesidad de mediación para poder avanzar en las negociaciones", según el comunicado sindical, que mantiene su calendario de huelga una semana al mes hasta junio. La próxima, del 27 al 30 de abril.

Esta era la segunda reunión con Sanidad para retomar el diálogo, tras semanas (desde diciembre) con las negociaciones en punto muerto. El comité de huelga mantiene sus reivindicaciones, que pasan por un estatuto marco propio, una mesa de negociación directa con los médicos, una clasificación profesional que refleje su responsabilidad en el sistema, una jornada laboral máxima de 35 horas semanales, nuevas condiciones para la jubilación y otras cuestiones como la conciliación y los descansos.

Estos sindicatos rechazan el acuerdo al que llegó Sanidad en enero con FSS-CCOO, SATSE-FSES, UGT, CSIF y CIG-Saúde para reformar el actual estatuto marco, en vigor desde 2003 y que regula las condiciones sanitarias de todo el personal del Sistema Nacional de Salud.

El Gobierno ha ampliado la cobertura sanitaria para los españoles residentes en el exterior durante sus desplazamientos temporales a España, una reforma que extiende este derecho a estas personas aunque no desempeñen actividad laboral ni perciban prestaciones y lo reconoce a sus familiares acompañantes, ha informado este martes el Ministerio de Sanidad y recoge EFE.

La asistencia sanitaria tendrá una vigencia equivalente a la estancia declarada, con un máximo de tres meses y el periodo total no podrá superar los seis meses por año, tras la aprobación del Real Decreto 180/2026.

Según el Gobierno, el texto da respuesta a una demanda social histórica, ya que hasta ahora solo los trabajadores y pensionistas españoles residentes en el exterior tenían reconocida la asistencia sanitaria durante sus desplazamientos a España.

A partir de ahora, los españoles de origen residentes en el exterior tendrán derecho a ser atendidos por el Sistema Nacional de Salud siempre que, conforme a la normativa española, comunitaria o internacional, no dispongan de cobertura sanitaria exportable desde su país de residencia.

Se reconoce también el derecho a la asistencia sanitaria para los familiares que acompañen al titular durante su estancia temporal o para los que se establezcan con él en caso de retorno.

Se consideran familiares con derecho el cónyuge o pareja de hecho y los descendientes del titular, del cónyuge o de la pareja de hecho, menores de 26 años o mayores con discapacidad igual o superior al 65%.

El trámite será gestionado y acreditado por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), que contará con un plazo máximo de tres meses para resolver la solicitud. Transcurrido dicho plazo sin resolución, la solicitud se entenderá estimada por silencio administrativo positivo.

Medicina sí o medicina no. Ciencia sí o ciencia no. Vacunas sí o vacunas no. Parecían debates ya superados, pertenecientes al siglo pasado y que nadie en su sano juicio cuestionaría, hasta que llegó la pandemia. La desinformación sobre las vacunas se abrió paso entre el miedo y la incertidumbre hasta llegar a este momento, algo peligroso no solo para quienes no quieren escuchar, sino para todos. Con esa inquietud de fondo, infoLibre ha organizado el foro Salud frente al bulo con el apoyo del Ministerio de Sanidad. 

Con el covid-19, fueron muchos los que se aprovecharon del miedo colectivo y alimentaron la histeria con remedios tan milagrosos como beber desinfectante para librarte del virus o ir por la calle con bolsas en la cabeza. Todos ellos ignoraban la solución más clara: vacunarse. 

La vacunación contra el coronavirus salvó casi 20 millones de vidas. Sin embargo, lo que inauguraron personajes como Trump se ha trasladado en los últimos años a España, con distintos congresos antivacunas –el último en Ciudad Real, ante la protesta del Colegio de Médicos de Ciudad Real– y mensajes difundidos en foros ultraderechistas de Telegram que hablan del peligro de ellas. 

El foro ha comenzado con una entrevista de Virginia P. Alonso, directora de este periódico, y la ministra de Sanidad, Mónica García para desmontar todos los bulos en el ámbito sanitario, cómo impactan en la sociedad y qué se puede hacer para combatirlos.

“La desinformación con respecto a la salud ha estado siempre. Pero ahora estamos viendo cómo la desconfianza también llega a cuestiones de las que ya había un marco riguroso. Los bulos se cuelan entre los huecos. La ciencia tiene un método científico, pero este método no siempre tiene respuestas para todo”, ha apuntado la ministra. Es una escena ya habitual: al no obtener una respuesta, lo más sencillo es acudir a internet. Pero en la red, lo que gana no es lo más fiable sino lo más atractivo. Y aquí entran los intereses externos. 

Para ocupar los espacios que todavía no ha cubierto la ciencia “hay actores que buscan desinformar y generar miedo para, en cierto punto, beneficiarse de ese miedo”, asegura García, que también destaca una amenaza aún mayor (pero que vemos a diario). Cuando se cuestiona o se plantea que una certeza es mentira, todo tiene que serlo. 

“Un gran ejemplo es el cambio climático. Cuando ideológicamente estás en contra de las medidas para combatir el cambio climático pero te llegan las consecuencias de él, tienen que negar todo, el papel del Gobierno, de la ciencia. Es un efecto dominó de desconfianza”, ha explicado la ministra. 

“Cuando se da un discurso antipolítico no es solo dañino para la política, sino que también genera desconfianza en la ciudadanía. Todo genera incertidumbre y hay intereses políticos e ideológicos que buscan generar una sensación de caos”, ha añadido. 

Esta sensación de caos no solo llega desde los espacios políticos o públicos sino que, desde hace ya bastante tiempo, se ha contagiado a las redes sociales. De hecho, en las redes, los bulos sobre salud mental van mucho más rápido que los hechos contrastados. En la pandemia, un 25% de los videos más vistos en YouTube sobre el covid incluían información falsa. 

“Las redes sociales son el lejano oeste donde todo vale y esos algoritmos, que hay que controlar, son capaces de llevarte a lugares donde nunca llegarías. No son neutrales”, ha declarado García. Para poder combatir ese caos de las redes sociales, la ministra también ha recalcado la necesidad de proporcionar el marco y las herramientas necesarias para paliar el riesgo. 

“El 100% de alfabetización no llegará nunca, pero tenemos que seguir construyendo el ecosistema. Tiene que ser transversal, la vía de acceso de información sobre la salud no tiene que llegar solo a través de los hospitales, también puede ser a través de los coles”, ha señalado. La ministra ha explicado que es precisamente por esto por lo que las derechas quieren controlar esos espacios. 

“Por eso la derecha puso el PIN Parental, para que los jóvenes no recibieran información sobre salud sexual. Nos lo jugamos con el terreno. Tenemos que aprender a alfabetizar y a dar las informaciones veraces”, ha denunciado. 

Tras la conversación con la ministra, Marta Gesto, directora general de infoLibre, ha moderado una mesa redonda para desentrañar las causas y consecuencias de este auge de la desinformación sobre salud. La han acompañado expertos y expertas en la materia, que conocen de primera mano a qué nos enfrentamos: Aser García Rada, pediatra y doctor en Medicina (UCM) y autor de la newsletter Cuídate; Graziella Almendral, secretaria General de ANIS; Araceli Rivera, enfermera de Familia en Semap; y Pampa García Molina, coordinadora del Science Media Centre España (FECYT). 

“¿En quién confío?”, esa es la pregunta principal que se hacen ahora los pacientes. Con el auge de los bulos y el desprestigio de las instituciones y los medios de comunicación, los ciudadanos se encuentran sin certezas absolutas y en una posición vulnerable en la que se impone la emoción.

“La clave está en la emoción, prestamos más atención a aquello que nos toca. Cuando nos toca algo de la salud, ya no vamos a preguntar a nuestro médico, simplemente buscamos en Google, pero internet no muestra la información veraz o más contrastada sino que enseña las noticias más impactantes, que confirmen lo que tú ya temías”, ha explicado Araceli Rivera. 

“La gente se fía de su personal sanitario, pero muchas veces no saben muy bien que les han dicho y ahí es cuando se van a redes, donde puede haber información veraz pero también información falsa. Si no tienen respuestas y son gente vulnerable, esto puede ser muy grave”, ha asegurado Graziella Almendral. 

“La desinformación está muy bien hecha y llega a todos los sectores. Tenemos que clasificar los bulos como un riesgo para la salud pública y articular acciones concretas”, ha añadido. 

Cuando se trata de salud, es normal tener dudas. Por eso, los expertos han coincidido en que no se debe generalizar. “No me gusta hablar de antivacunas porque eso implica que están en oposición a algo. Es más acertado hablar de reticencias. Hay que contar todo el proceso, escuchar y entender que una reticencia puede surgir ante la duda”, ha reclamado Araceli Rivera. 

“No hay que llamar a la gente antivacunas por tener dudas legítimas. Se vio con el covid. En ese momento le vimos las costuras a la ciencia y se comprendió que es necesario tener toda la información para poder tomar decisiones”, ha añadido Pampa García Molina. 

Precisamente en la pandemia los medios de comunicación aumentaron sus espacios para la información de sanidad y dieron espacio a expertos para poder aliviar la incertidumbre que trajo el covid. Incluso, Aser García ha contado cómo durante el covid, cuando trabajaba en pediatría, recurría a los medios de comunicación para informarse sobre los avances médicos que estaban surgiendo. 

Ahora, la cosa ha cambiado. “Se han reducido los espacios sobre salud en los medios, en el covid estos contenidos aumentaron su presencia pero ahora hemos vuelto a lo de antes. Solo nos llaman cuando hay una amenaza”, ha denunciado Graziella Almendral. Ese hueco lo están ocupando quienes buscan, como decía la ministra, el “caos”. 

Por ello, es importante saber en quién confiar. “Hay que hacer ver a la ciudadanía que es normal tener dudas, que es legítimo. Pero tienen que buscar en quien confiar: busca a quien te cuida, a quien está pensando en informarte aunque sea difícil. Busca a quien te de una mano”, ha zanjado Pampa García. 

“No seré candidata en las próximas elecciones generales de 2027”. Yolanda Díaz ha despejado su futuro y se aparta de la carrera por el liderazgo del espacio de las izquierdas. Se acabó el yolandismo. Y ahora los partidos que han relanzado Sumar se enfrentan a un nuevo proceso en el que perfilar un programa y buscar a una persona que encabece la papeleta.

La izquierda vive unos días de ebullición tras el acto la semana pasada de Gabriel Rufián (ERC) y de Emilio Delgado (Más Madrid) y el relanzamiento del espacio de Sumar a través de una precoalición electoral entre IU, Más Madrid, los comunes y Movimiento Sumar. Díaz no apareció en ninguno de ellos pero los apoyó con determinación externamente. Y ahora deja el espacio libre para canalizar esa ilusión.

El movimiento de Díaz es todo un terremoto en el espacio. Da un paso al lado después de meses de cuestionamiento interno y de presiones para que no repitiera. A la vez, como reconocen varios interlocutores de esos partidos, su decisión supone “desatascar” ese ambiente de vetos que se instaló en la izquierda a raíz de las listas del 23J y dejar una pequeña rendija para que pueda haber algún tipo de entendimiento de última hora con Podemos para las generales, aunque ahora parezca imposible.

Aunque no repita como candidata, Díaz se quedará como vicepresidenta segunda en el Gobierno y como referente institucional. Los miembros del ala de Sumar en el Ejecutivo apoyan plenamente que se mantenga en esa posición a pesar de que no aspire a las generales. De hecho, indican que su papel es esencial y podrá visualizar más su valor en la coalición. “Es la mejor ministra de Trabajo de la democracia”, repiten todos los cargos del espacio.

Fuentes de los partidos trasladan que no hay intención de nombrar a un número uno de manera inmediata para la próxima papeleta de las generales. Los cuatro partidos que se conjuraron el sábado para ir juntos a esos comicios están manteniendo constantes reuniones (ha habido contactos después del acto) y destacan el buen clima existente. Pero creen que ahora no es el momento y “no se dan las condiciones” para hablar de nombres ni para fijar un calendario para ese debate. 

Lo que tienen en mente en los dos próximos meses, según confiesan varios interlocutores, es celebrar actos de unidad, similares al que se produjo en el Círculo de Bellas Artes en Madrid el pasado sábado, tanto en Cataluña (el ámbito político de los comunes) como en Andalucía, una comunidad clave por varias razones: es la que reparte más escaños para el Congreso, hay elecciones autonómicas previsiblemente en junio y es la tierra de Antonio Maíllo, el líder federal de IU y el candidato en esos comicios en el sur.

La pregunta que flota en el ambiente es si la marcha electoral de Díaz puede ayudar a que Podemos vuelva a juntar su camino con los otros partidos como pasó con Sumar el pasado 23J. La vicepresidenta segunda era uno de los principales obstáculos para el reencuentro y ya no estará. 

Los morados no han querido comentar esta decisión, aunque mantienen su postura, a tenor de lo que han dicho algunos referentes como Pablo Echenique: “Ahora mismo, solo existe una fuerza de izquierdas estatal que tenga candidata, militancia, un nombre claro, un discurso coherente, una hoja de servicios y un programa sólido y audaz. Todo lo demás es un marasmo que no lo entienden ni los periodistas de la Corte de Madrid DF”.

En el espacio de Sumar, según señalan en privado algunos de sus dirigentes, se instala la sensación de que Podemos no tiene ninguna intención de pactar. Pero dicen que la marcha de Díaz hace que Movimiento Sumar sea un “pequeño actor más” y no debería ser un problema para un gran frente amplio. Y algunos no descartan que pueda haber un acuerdo in extremis antes de que haya que presentar candidaturas para las generales ante el clima de “emergencia democrática” que vive el país ante el escenario de un Gobierno en el que participe Santiago Abascal (Vox).

Los diferentes interlocutores señalan que todavía hay tiempo para armar la candidatura y que trabajan con el horizonte de que Pedro Sánchez, como ha reiterado, aguante hasta el final de la legislatura en julio del año que viene. “Todo es posible en este tiempo”, como señala una dirigente con mando en plaza del espacio, además de que varias fuentes destacan la importancia también de preparar los nombres para las elecciones autonómicas y municipales, que irán, si todo va según lo planeado, antes que las generales.

Pero, aunque quieren evitarlo, el debate sobre los nombres y las quinielas siempre inunda todos los rincones de los círculos políticos. ¿Quién puede encabezar la candidatura? No hay nada claro ni nadie tiene el cartel de favorito. Dentro del espacio hay sectores que apuestan por una persona independiente que supere la lógica de los partidos, que pueda actuar como paraguas unitario y que represente la cara de la sociedad para frenar a la ultraderecha. 

Dentro del propio Gobierno aparecen varios nombres. El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, despierta el aplauso mayoritario de los partidos, aunque él siempre responde que no se va a presentar. Por parte de los comunes emerge el titular de Cultura, Ernest Urtasun, pero en los últimos días vuelve a crecer la figura de la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que estuvo presente en el acto del pasado sábado. “Está jugona”, señalan en el espacio. En Más Madrid sigue como máxima referente Mónica García, aunque también dejó muy buen sabor de boca la intervención de la portavoz en el Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, que presentó el relanzamiento de la coalición.

Y un nombre se repite entre varios dirigentes: Gabriel Rufián. A pesar de que el portavoz de ERC en el Congreso haya negado que se vaya a ir de su partido y de que Oriol Junqueras haya dicho no a unirse a una candidatura estatal, en sectores de Sumar manifiestan que se pueden producir movimientos tectónicos todavía. Como argumenta una fuente del espacio: “Es que a mí me piden a Gabriel los jóvenes para nuestros actos. Es un fenómeno”.

Otras miradas están puestas en Antonio Maíllo, el líder de IU que despertó grandes aplausos durante su intervención el pasado sábado. No obstante, en su entorno trasladan que él ha dado “un paso al frente” para ser el candidato en Andalucía y un paso al “lado a nivel estatal”, dónde sí jugará un papel importante orgánicamente como coordinador de esa formación.

Desde Movimiento Sumar, ahora liderado por Lara Hernández, señalan que ahora toca trabajar para ilusionar de nuevo a la gente “poco a poco, con mimo y de forma silenciosa”. Sobre las candidaturas, remarcan que ahora importa el “qué y el cómo, no el quién”. ¿Se deberían celebrar primarias o puede haber un número uno por consenso? Las fuentes consultadas responden: “Las personas que vayan a asumir el liderazgo de este espacio serán el resultado de un proceso colectivo. Movimiento Sumar quiere ensanchar este espacio lo máximo posible y las primarias son una forma de hacerlo”.

Las izquierdas recobran la ilusión y el pulso. Y, sobre todo, evidencian que la ola de la ultraderecha no es invencible y que piensan plantar cara en el ciclo electoral. IU, Más Madrid, los comunes y Sumar lanzaron este sábado su vía para la unidad con un mensaje muy claro de que van a luchar ante la “batalla más importante del siglo” y de que “no sobra nadie” en el espacio progresista.

El espacio de Sumar protagonizó en un acto en el Círculo de Bellas Artes en Madrid su refundación en una semana clave para la izquierda y de gran componente simbólico para levantarse, que tuvo como primera parada la conversación el miércoles entre Emilio Delgado (Más Madrid) y Gabriel Rufián (Esquerra Republicana).

Y el acto de este sábado sorprendió hasta los propios organizadores, con una cola de personas que se alargaba varias manzanas en la madrileña calle de Alcalá, hasta casi la Puerta del Sol. No pudieron entrar centenares de ellos, por lo que se habilitó la sala de cine del Círculo para que lo pudieran seguir. 

Un acto que supone un punto de inflexión después de meses de depresión del espacio, que hizo un clic este sábado para recuperar ganas e ilusión. Algo que se notó desde el mismo momento de las llegadas. Se dejó atrás la resignación con abrazos, aplausos y hasta pasos de baile al ritmo de Bad Bunny, Amaral, Patti Smith y Arde Bogotá. Sobre el escenario como voces de esa izquierda estaban Lara Hernández (Sumar), Antonio Maíllo (IU), Mónica García (Más Madrid), Ernest Urtasun (los comunes) y Rita Maestre (Más Madrid), que se presentaron como “la casa de todos”.

Esta vía hacia la unidad para una candidatura en las generales lleva fraguándose de manera muy discreta desde hace meses por parte del grueso de partidos que participaron bajo el paraguas de Sumar el 23J, a excepción de Podemos. Unos trabajos muy orquestados desde IU a través de Antonio Maíllo, que se ha empleado más de un año y medio recorriendo España para impulsar un frente amplio.

Si la charla de Delgado y Rufián tuvo un alto componente motivacional, además de plantear la necesidad de buscar fórmulas para maximizar los escaños en todo el país, el acto de este sábado tuvo también un mensaje fuerte sobre la viabilidad de la herramienta, poniendo sobre la mesa el peso de estas organizaciones y militantes. “No se vence con sociología electoral, sino con un proyecto ganador”, remarcó Urtasun. Y poniendo también énfasis en las propuestas: desde la vivienda a la defensa de la sanidad pública y el control a los tecnooligarcas.

Y es que todos los intervinientes compartieron varías líneas: reivindicación de la labor en el Gobierno (con constantes menciones y aplausos a las medidas laborales de Yolanda Díaz), adiós al pesimismo y apuesta por la unidad con buenas palabras. “Gracias, Gabriel. Gracias, Emilio”, repitieron tanto García como Urtasun.

“Esta es la casa común de las izquierdas, las puertas están abiertas”, señaló García en un encendido discurso que levantó muchos aplausos al calor de frases como: “Venimos a quitarnos el pesimismo, a recuperar la autoestima, la esperanza y la alegría”. “Estamos aquí para ganar”, afirmó la ministra de Sanidad, que hizo continuas referencias al feminismo, como el resto de compañeros, uno de los puntos que sí distanció este acto respecto al de Rufián y Delgado.

Uno de los mensajes que compartieron los oradores es que es un proyecto que aglutina a todos los sectores de la sociedad, desde las mujeres a las personas LGTBI y los defensores del ecologismo, a los que hoy se señala como parte de la cultura woke.

Maíllo desplegó también un potente discurso que sorprendió a muchos en Madrid, donde no están acostumbrados a escucharlo de manera asidua: “Anuncio solemnemente que se ha acabado la melancolía”. “El sentido común se ha instalado esta semana, el nuevo sentido común es la unidad”, resaltó.

“Se van a incorporar más partidos y más gente. Y nos organizaremos con inteligencia política”, añadió el líder de IU

Como indicó también Lara Hernández, este sábado “es un punto de partida” y “el primer paso a recorrer juntos”. “Por supuesto, estamos muy orgullosos de todo lo que hemos conseguido, pero queremos más derechos y más igualdad”. Además, hizo una llamada a romper el constructo de que el voto joven es de Vox. Todo juntos, como añadió Rita Maestre, para enfrentarse “en la batalla del siglo”.

El acto derrochó poderío en presencia de caras del espacio progresista, como la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, el eurodiputado Jaume Asens y el exministro Alberto Garzón, además de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, y el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla. Provocó constantemente aplausos además el titular de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, que fue citado por varios de sus compañeros.

También acudieron los diputados Alberto Ibáñez (Compromís), Lander Martínez (Sumar), Nahuel González (EUPV), Txema Guijarro (Sumar), Enrique Santiago (IU), Agustín Santos Maraver (Sumar) y Engracia Rivera (IU), además de las parlamentarias de la Asamblea de Madrid Manuela Bergerot, Carla Antonelli y Jimena González, todas de Más Madrid. Del mismo partido también estuvo el concejal Eduardo Rubiño, que ha sido uno de los principales motores organizativos del acto. Desde Barcelona se trasladó Jéssica Albiach, con los presupuestos catalanes recién firmados con Salvador Illa. Quisieron apoyar el acto, aunque no se plantean integrarse en la papeleta, representantes de ERC (Oriol López) y Bildu (Oriana Etxebarrieta).

Llamó la atención la aparición de Nacho Álvarez, el que fuera cerebro económico de Unidas Podemos y que decidió retirarse de la primera línea por las tensiones entre Sumar y Podemos a la hora de nombrar ministros tras el 23J. Asimismo, Emilio Delgado, a pesar de algunos roces internos, acudió al acto del Círculo de Bellas Artes para defender la necesidad de unidad.

Pero no solo hubo representantes políticos en el evento de refundación, ya que también acudieron a la Sala de Columnas los líderes sindicales de UGT y de Comisiones Obreras, Pepe Álvarez y Unai Sordo, respectivamente, y el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero.

La que no acudió, como ya había anunciado, fue la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que quiere evitar que se centre en la conversación sobre su futuro político, que todavía no ha aclarado. Ella, no obstante, está apoyando activamente en redes y en entrevistas el proceso de unidad. Su nombre fue aplaudido constantemente. El espacio de Sumar tiene todavía muchas cosas que decir.

El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes un anteproyecto de ley para priorizar la gestión pública de los servicios sanitarios ante la proliferación de modelos privados en las últimas décadas, según informa EFE.

El Ministerio de Sanidad, como ha adelantado la SER y ha confirmado EFE de fuentes de este departamento, llevará al Consejo de Ministros el anteproyecto de ley de gestión pública e integridad del Sistema Nacional de Salud (SNS), que establece un marco jurídico que potencia el carácter universal y equitativo del sistema sanitario.

El anteproyecto consolida la gestión directa como modalidad preferente en la prestación sanitaria pública y deroga la ley de 1997 sobre nuevas formas de gestión del SNS, aprobada en el Gobierno de José María Aznar. Esta norma permitió la gestión de hospitales y centros sanitarios públicos y desarrollar modelos como el Alzira de Ribera Salud o el de Quirón en Madrid.

Esta proliferación de modelos privados ha derivado, a juicio del Gobierno en fragmentación, déficits de transparencia y menor capacidad de control institucional. Unos modelos que, además, según Sanidad, obtienen peores resultados en hospitalizaciones evitables y mortalidad por infarto o ictus en comparación con hospitales públicos similares.

La privatización, además, se vincula, según el Gobierno, con una reducción de plantillas que puede afectar a la calidad asistencial y a la sostenibilidad del sistema. En el texto se define la gestión directa y se limita la indirecta a situaciones excepcionales. La permite sólo cuando no sea posible la prestación directa, cuando se garantice sostenibilidad financiera y eficiencia y cuando se cumplan una serie de requisitos de calidad, continuidad, accesibilidad y asequibilidad del servicio.

Estas fórmulas de gestión indirecta requerirán una evaluación previa que se realizará por comités técnicos. Con la norma se eliminarán también fórmulas contractuales mixtas que vinculaban la infraestructura con la prestación del servicio.

El anteproyecto ahonda en la transparencia, la rendición de cuentas y el control público sobre la prestación de servicios sanitarios y fija mecanismos para asesorar a las instituciones que aborden procesos de reversión de la privatización, con participación de la Alta Inspección del Ministerio de Sanidad.

Además de derogar la ley de 1997, el anteproyecto modifica el artículo 67 de la ley General de Sanidad de 1986 e introduce una cláusula en la ley de contratos del sector público para priorizar a entidades sin ánimo de lucro en casos de empate. Se impedirá que se utilicen contratos donde una empresa privada se encargue tanto de la construcción del hospital como de la gestión de los centros sanitarios posteriores.

Los conciertos y contratos existentes seguirán vigentes hasta su vencimiento, y se aplicará la nueva normativa a los procedimientos futuros.

Gabriel Rufián ha conseguido lo que parecía imposible. Como adelantó este periódico, el portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso y el portavoz adjunto de Más Madrid en la Asamblea, Emilio Delgado, se unirán en un acto el próximo 18 de febrero bajo el nombre Doble o nada: disputar el presente para ganar el futuro. Será en la sala Galileo Galieli a las 18:30 horas y el debate estará moderado por la analista política Sarah Santaolalla.

Rufián tiene previsto reunirse con otros dirigentes de la izquierda a la izquierda del PSOE como el portavoz de EH Bildu, Óskar Matute, pero deja claro que "no es incompatible" con su papel en la formación de Oriol Junqueras. "Soy candidato de mi partido. Estoy donde estoy representando a Esquerra Republicana y para mí es un honor. Yo no voy a apuñalar a nadie ni voy a postularme para nada. Simplemente estoy diciendo algo que está en la calle", declaró a infoLibre.

Ya en verano, el dirigente catalán habló de la necesidad de construir un espacio "plurinacional" para los próximos comicios haciendo referencia a las últimas elecciones europeas en las que ERC se presentó en coalición con Bildu, el BNG y los baleares de Ara Més. “Si no nos ponemos de acuerdo, nos van a matar por separado políticamente”, avisó en ese momento. Con esta iniciativa busca ese espacio, aunque en forma de debate. Los distintos partidos y dirigentes de la izquierda de España no han tardado en dar su opinión

La secretaria general y portavoz de ERC, Elisenda Alamany, ha cerrado la puerta al frente de izquierdas que propone el líder de los republicanos en el Congreso de los Diputados: "ERC se presentará con las siglas de ERC".

En una rueda de prensa en la sede del partido, Alamany ha descartado este lunes la propuesta de Rufián, al que ha mantenido su confianza para repetir como su líder en el Congreso de los Diputados: "Si él quiere ser candidato lo será, y tiene todas las ganas".

Ha recordado que este tipo de alianzas ya las hacen en las elecciones europeas, cuando hay circunscripción única española, pero que en el resto apuestan por una "izquierda kilómetro cero".

"El mejor antídoto ante la derecha y la extrema derecha, lo hemos visto también en las elecciones aragonesas, es apostar por proyectos de izquierda nacional arraigada a nuestro país y no decidida desde Madrid", ha enfatizado Alamany, que ha asegurado que Rufián nunca ha planteado formalmente el debate sobre este frente de izquierdas en los órganos formales del partido.

La portavoz de Más Madrid y ministra de Sanidad, Mónica García, síve con buenos ojos que el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, inicie un espacio de debate sobre políticas progresistas.

García, en declaraciones a los medios en el Congreso, donde participa en un acto sobre los efectos de la IA, ha señalado que desde Más Madrid siempre han apostado por "abrir los brazos" a todas las fuerzas progresistas que tengan algo que aportar a este debate, recordando que estas formaciones progresistas llevan meses hablando de impulsar una alianza de izquierdas.

Esa alianza, ha subrayado, permitió reeditar en 2023 un gobierno progresista que está dando sus réditos "en forma de políticas públicas ambiciosas". En este caso, ha detallado, están en conversaciones con IU, los comunes y Movimiento Sumar, un frente que se va a hacer cargo de ese espacio, según ha señalado. "Y, por supuesto, vamos a seguir dando la batalla", ha recalcado.

El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ha afirmado este lunes que la propuesta del dirigente de ERC, Gabriel Rufián, sobre construir un frente plurinacional para frenar a la derecha, supone un "diálogo desde arriba" del que la gente de izquierdas está "harta", por lo que apuesta por hablar entre la militancia.

En una rueda de prensa en la sede de su formación en Sevilla, Maíllo ha insistido en que la población está "harta de las telenovelas de la izquierda" y que cree que se debería hablar "desde abajo, con más protagonismo colectivo y menos personal".

Ha recordado que él lleva dos años, desde que asumió la Coordinación federal de IU tras el último congreso, recorriendo el país y manteniendo reuniones con organizaciones del espacio progresista en los que ha constatado que buscan hacer sentir a la ciudadanía "orgullosa" con una "alternativa para evitar que llegue la extrema derecha" al poder institucional.

A su juicio, los votantes de izquierdas ya no quieren que los partidos hablen "desde arriba, desde hiperliderazgos" porque solo desde la gente común se pueden "pergeñar complicidades y conexiones".

Sobre esa supuesta "gira nacional" del líder de Esquerra, que ya ha compartido encuentros en Valencia y en el futuro también lo hará en País Vasco con EH Bildu, ha señalado que IU "quiere construir y colaborar con otras organizaciones para presentar un proyecto de Estado y dar certidumbre y esperanza a millones de personas en nuestro país".

Una necesidad de diálogo en la izquierda que se ha convertido en más necesario para el líder de IU tras las elecciones en Aragón de este domingo, que ha analizado en clave de "fracaso" del PP en su estrategia de convocar a las urnas "para unas cuentas que no le salen".

El secretario primero de la Mesa del Congreso y portavoz de Comuns, Gerardo Pisarello, ha afirmado este lunes que su partido tiene "una vocación de entendimiento máxima" con el resto de organizaciones de izquierdas, pero ha llamado a "hablar con discreción" y a priorizar "objetivos colectivos".

En rueda de prensa en la sede de la formación, Pisarello se ha referido a los movimientos de Gabriel Rufián, que este lunes ha insistido en "intentar hacer algo diferente" y ha pedido "más cabeza y menos pureza", dado que, como repite a menudo, "a la izquierda del PSOE no hay nada".

Tras reconocer la "valentía" con la que Rufián expone sus planteamientos, Pisarello ha dicho que el "arraigo" en el territorio debe ser un elemento indispensable para la izquierda y que por ello Comuns es un partido que nace del municipalismo. También ha señalado que la propuesta de Rufián es "individual", y no de la dirección de ERC, y ha llamado a priorizar en todo momento los "objetivos colectivos" de las organizaciones. 

Ha explicado que Comuns hace tiempo que se reúne periódicamente con las principales fuerzas de izquierdas, como son la propia ERC, Bildu, Izquierda Unida, Sumar o Podemos.

Pisarello ha hecho referencia también a las elecciones aragonesas. Para el dirigente de Comuns, la izquierda debe "tomar nota" y apostar por actuar "de forma más cooperativa", con más "arraigo" en el territorio y con un discurso "coherente". 

En cualquier caso, ha afirmado que lo sucedido en Aragón no tiene porqué "marcar tendencia", ya que en Portugal se ha impuesto en las elecciones presidenciales el socialista José Seguro.

El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha señalado que la propuesta de Gabriel Rufián de formar un frente común de los partidos de izquierdas "no es viable" y ha remarcado que "nunca han hablado de esto ni con ERC" ni con su portavoz en el Congreso.

En una entrevista en Euskadi Irratia, Otegi ha señalado que "parece que se ponen las intenciones individuales sobre las colectivas". "Puede ser muy loable intelectualmente hacer ese ejercicio", ha señalado Otegi, que ha incidido en que EH Bildu "no ha hablado nunca con Rufián, ni con ERC en el Congreso de los Diputados, ni en la relación oficial de los dos partidos". Otegi ha subrayado que EH Bildu tiene fijada la posición ante unas elecciones generales que, a su juicio, suponen una "oportunidad" para "responder como país".

"Desgraciadamente la tendencia es hablar como partidos, y por eso hicimos la propuesta de una lista única aceptando que el País Vasco está formado por siete provincias, que tiene derecho a la autodeterminación y que el euskera es nuestra lengua nacional", ha afirmado. El líder de la formación soberanista ha opinado que los argumentos utilizados por el PNV para rechazar esta propuesta "son muy débiles".

"Podemos acordar un programa mínimo y luego dejar que cada uno defienda su postura en Madrid. Podemos ir a las elecciones españolas como partido o como pueblo pero nuestra apuesta es presentarnos como pueblo", ha explicado.

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, se ha desmarcado este lunes de que su partido vaya a formar parte de la alternativa de izquierdas estatal que reclama el líder de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián. "Lo respetamos, pero el BNG se mueve en otra clave", ha indicado en una desayuno informativo en Vigo. 

Pontón ha reconocido que las elecciones autonómicas en Aragón dejan aspectos que "preocupan" a su partido como el avance de la extrema derecha, pero ha advertido de que en Galicia el "mapa electoral es muy diferente al estatal".

Así, ha recordado que Vox no ha tenido representación en el Parlamento gallego y ha señalado que el BNG es una "fuerza gallega, nacionalista, que defiende los intereses de Galicia" y que va a seguir "concurriendo" con sus propias siglas "para mejorar la posición" de la comunidad autónoma en Madrid.  Pontón ha sugerido a las fuerzas de izquierda en el Gobierno central que "su agenda social" se centre en "mejorar" la vida de los trabajadores.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha defendido una "alianza democrática", con un "programa de mínimos" frente al avance de la extrema derecha y "una emergencia democrática sin precedentes".

Preguntada por la apuesta del portavoz de ERC en el Congreso, Diaz ha subrayado que, "ante una emergencia democrática sin precedentes" en España y en el mundo, "hay que pensar en grande", aunque esto "no va de listas ni va de personas".

En declaraciones a los medios desde Mataró (Barcelona), donde participa en el acto Mataró, capital española de la economía social 2026, Díaz ha salido al paso de los resultados electorales de este domingo en Aragón, donde el PP ha ganado las elecciones autonómicas con 26 escaños, aunque se deja dos diputados y seguirá dependiendo, aún más, de Vox.

"La cuestión está en tener un programa de mínimos y una capacidad de generosidad", ha afirmado Díaz, que ha reivindicado el modelo que impulsó con Alternativa Galega d'Esquerda en 2012. Según la vicepresidenta y cabeza visible de Sumar, "hay que hacer una alianza democrática", en la que "todos los demócratas y las demócratas debemos estar ahí con un programa de mínimos".

El Ministerio de Sanidad ha arrancado un estudio piloto de vigilancia para evaluar durante tres años el impacto de la dana en la salud mental de los afectados, ya que catástrofes medioambientales como esta pueden aumentar el riesgo de ansiedad, depresión o estrés postraumático, según recoge EFE.

Se trata de un estudio de cohorte prospectiva en dos fases, una primera con una recogida de datos inicial aproximadamente al año de la dana, y dos oleadas adicionales previstas a los dos y tres años posteriores, según ha informado el Ministerio de Sanidad en una nota de prensa. Es decir, el estudio seguirá a un grupo de individuos físicamente sanos durante estos tres años para observar los posibles efectos de la catástrofe. Con ello pretenden ayudar a la planificación de medidas de control y de servicios asistenciales adecuados tanto en esta dana como en futuras emergencias similares.

Más específicamente, también buscan desvelar la frecuencia de probable depresión, ansiedad y estrés postraumático según el nivel de exposición a la inundación, ya que las catástrofes medioambientales pueden aumentar el riesgo de aparición de estos trastornos, e identificar factores personales, sociodemográficos, de apoyo social y relacionados con la dana asociados a la morbilidad psicológica.

La población de referencia se sitúa en 608.772 personas mayores de 5 años residentes en las zonas afectadas en el momento de la catástrofe, distribuidas en 37 municipios y 4 pedanías de la provincia de Valencia que fueron clasificadas como zonas de impacto medio y alto según el informe de la Cámara de Valencia.

El Instituto Valenciano de Estadística ha llevado a cabo un muestreo aleatorio estratificado por sección censal, nivel socioeconómico, grado de afectación, edad y sexo; así, se ha definido una muestra compuesta por al menos 8.153 adultos mayores de 18 años y 2.718 menores de entre 6 y 17, procedentes de los 23.318 hogares seleccionados invitados a participar.

Las personas seleccionadas recibirán la invitación mediante correo postal; lo que acepten, deberán comunicar su consentimiento expreso por medios telefónicos o electrónicos, tras lo cual se concertará una entrevista que podrá realizarse de manera presencial o telefónica. Todas las oleadas se realizarán a los mismos participantes.

Habrá dos tipos de cuestionario, uno dirigido a adultos y otro para los menores, en los que se recogerán datos sobre características personales y del hogar, percepción de salud y calidad de vida, morbilidad, salud mental, apoyo social y variables específicas relacionadas con la dana.

Realizado a través de la Dirección General de Salud Pública y Equidad en Salud y el Comisionado de Salud Mental, junto con las Direcciones Generales de Salud Pública y Salud Mental de la Conselleria de Sanidad valenciana, en colaboración con el Centro de Investigación Biomédica en Red de Epidemiología y Salud Pública, este trabajo permitirá identificar de forma específica el impacto en el bienestar emocional provocado por fenómenos climatológicos extremos como las inundaciones.

Asimismo, contribuirá a generar evidencia local sobre los determinantes del impacto emocional y psicológico en contextos de emergencia para establecer medidas preventivas y de atención más eficaces.

Como cada 24 de enero, Madrid recuerda con varios actos a los abogados laboralistas asesinados por un comando de extrema derecha en su despacho en el número 55 de la calle Atocha en 1977, en homenaje a unos defensores de la democracia y la libertad.

Tras visitar los cementerios de Carabanchel y San Isidro donde descansan sus restos mortales, se ha realizado la tradicional ofrenda floral en la plaza de Antón Martín frente a la escultura 'El Abrazo', en recuerdo de los abogados de CCOO y del PCE Francisco Javier Sauquillo, Enrique Valdelvira y Luis Javier Benavides, el estudiante de Derecho Serafín Holgado y el administrativo Ángel Rodríguez.

El ataque se produjo cuando tres pistoleros acudieron al despacho de abogados, situado en el número 55 de la calle de Atocha de Madrid, y dispararon contra los trabajadores causándoles la muerte.

Además, otras cuatro personas -Miguel Sarabia, Alejandro Ruiz-Huerta, Luis Ramos y Dolores González- resultaron heridas de gravedad a consecuencia de los disparos de tres ultraderechistas que irrumpieron en el despacho y abrieron fuego contra los presentes.

La ministra de Sanidad, Mónica García, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, y la presidenta del PSOE-M, Paca Sauquillo, entre otros, han asistido a la ofrenda floral frente a la adaptación escultórica del cuadro 'El abrazo' de Juan Genovés dedicado a los abogados laboralistas, declarado como Lugar de Memoria Democrática el pasado año.

En declaraciones a los medios, la ministra ha subrayado que los abogados de Atocha "son parte de la memoria y de la historia" de España, cuya matanza recuerda que en este país "siempre ha habido gente que ha defendido la democracia y la verdadera libertad y gente que ha infundido el odio y ha intentado imponerlo a través de la fuerza".

Por su parte, Paca Sauquillo ha destacado la importancia de la memoria de los cinco abogados laboralistas que fueron asesinados en su despacho "por un grupo fascista que no quería que hubiera democracia".

"Es muy triste que en este momento, 50 años después, haya grupos políticos que nieguen la memoria, los hechos. Si negamos los hechos, se puede volver a repetir", ha advertido la presidenta del PSOE madrileño, hermana de Francisco Javier Sauquillo, y que esquivó la matanza junto a Manuela Carmena y José María Mohedano.

A su juicio, son momentos "muy difíciles políticamente" tanto en Europa como en España, por lo que es importante recordar "a aquellos que lucharon, sufrieron y murieron por defender de la democracia".

Por su parte, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha reivindicado la memoria y el recuerdo a las víctimas "para que no se vuelva a repetir", y como "el mejor ejercicio de la democracia frente a quienes quieren negarla o esconderla".

"A pesar del boicot de algunos que han reprendido a este acto, a pesar dificultades que siempre ponen sobre la mesa quienes trabajan contra la memoria, reivindicamos ésta, en un ejercicio para seguir avanzando en democracia y libertad", ha afirmado, al tiempo que ha criticado la ausencia de dirigentes del PP de Madrid a este acto, como la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, el alcalde, José Luis Martínez Almeida.

En esta jornada, en la que se conmemora el "Día de la Abogacía Amenazada", el Consejo General de la Abogacía Española también ha querido, además de recordar la llamada "matanza de Atocha", reafirmar su compromiso con la defensa de quienes ejercen la abogacía en tiempos de riesgo.

Y pone el foco en Estados Unidos, donde el Observatorio Internacional de la Abogacía en Riesgo ha documentado presiones políticas, amenazas y campañas de desprestigio dirigidas contra abogados que intervienen en casos de inmigración, violencia policial y justicia social.

"Esas prácticas erosionan la independencia profesional, generan autocensura y dificultan el acceso efectivo a la justicia", advierte en un comunicado hecho público con motivo de esta jornada.

El Ministerio de Sanidad ha reclamado al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que ordene a la Comunidad de Madrid elaborar el registro de objetores al aborto, después de no haber respondido al requerimiento que le hizo en este sentido y ser la única autonomía que se ha negado a hacerlo.

"La Comunidad de Madrid es la única que, además de no haber contestado al requerimiento de 14 de octubre de 2025, ha manifestado públicamente su negativa a desarrollar dicho registro, a través de diversas declaraciones efectuadas en medios de comunicación, de conocimiento público y notorio", destaca el departamento que dirige Mónica García en su demanda, a la que ha tenido acceso EFE.

Por ello, solicita a la sala de lo contencioso del TSJM que, como medida cautelar, ordene a Madrid elaborar este registro no sólo porque así lo mandata la ley del aborto, también porque esta comunidad, junto con el resto, votó a su favor en un Consejo Interterritorial celebrado en 2024. 

España realizó en 2025 un total de 6.335 trasplantes de órganos, una cifra un 2% inferior a la del histórico 2024 y que apunta a una estabilización de la actividad nuestro país, en la que se mantiene, no obstante, líder mundial absoluto durante 34 años consecutivos, según recoge EFE. 

Este ligero descenso rebajó a 129 el número de trasplantes ejecutados por millón de población (p.m.p) frente a los 132,8 del año precedente en el que España fulminó todos sus récords, según el balance de la ONT que han presentado este viernes la ministra de Sanidad, Mónica García, y la directora del organismo, Beatriz Domínguez-Gil.

Un volumen que fue posible gracias a las 2.547 personas que donaron sus órganos tras fallecer, lo que arroja una tasa de 51,9 por millón de población, una cifra similar a la del año previo, cuando se alcanzó el máximo histórico de 52,6.

A las que se suman las 226 personas que donaron tras acogerse a la ley de eutanasia, que han posibilitado el trasplante de 643 pacientes desde que entrara en vigor.

Cifras "absolutamente abrumadoras y difíciles de superar por otros países", ha resaltado la ministra, que ha destacado que España, con 17 trasplantes y 8 donantes diarios, "nuevamente, como siempre, puede sentirse orgullosa".

Y que además se corresponden con un país longevo como el nuestro, ha añadido Domínguez-Gil; sólo Estados Unidos se acerca a la tasa de donantes española con un 49,2, con la diferencia de que allí, el perfil de persona que da sus órganos al fallecer es eminentemente joven, víctima por lo normal de accidentes de tráfico, armas de fuego o de fentanilo.

Por el contrario, en España el 60 % de los donantes fallecidos superan los 60 años, el 32 % los 70 y un 5 % los 80, siendo el más longevo registrado uno de 93 años. Sólo el 3 % murió en las carreteras, siendo la principal causa el accidente cerebrovascular (52 %).

El nuevo balance de la ONT dibuja así una tendencia a la estabilización de la actividad en España, que lleva 34 años superando su propio máximo mundial, con excepción de 2020 en el que bajaron como consecuencia de la pandemia.

A retos como este tratará de responder la futura estrategia de la ONT 2026-2030 que estará en marcha este año; uno de sus principales objetivos será el de aumentar la disponibilidad de órganos de personas fallecidas, ampliando la capacidad de detección de posibles donantes, reduciendo las negativas a donar (22 %), ampliar los criterios de aceptación de órganos para uso clínico o impulsar la donación renal de vivo.

Así, volvió a superar por segundo año consecutivo la cifra de 6.300 trasplantes; del total, 3.999 fueron renales, 1.276 hepáticos, 556 de pulmón, 390 cardíacos (el mayor número de la historia), 103 de páncreas y 11 de intestino.

Pese al descenso del trasplante hepático (-5 %) y pulmonar (-11 %), el renal se mantuvo estable y aumentaron de forma significativa los cardíacos un 12 %, de páncreas un 6 % y de intestino un 175 %.

Además, aunque la donación en asistolia (sin latido tras el fallecimiento por parada cardio-respiratoria) se realiza en 25 países, España es el único que trasplanta con éxito todo tipo de órganos de estos donantes, que supusieron el 56 % del total con 1.416, un 8 % más que en 2024.

Con esta técnica se realizaron 1.990 trasplantes renales, 622 hepáticos, 257 pulmonares, 137 cardíacos, 33 pancreáticos, 4 de intestino y un trasplante de cara, algo que fue posible por la generalización de un complejo procedimiento de preservación basado en dispositivos de circulación extracorpórea (ECMO) con firma española que sólo realizan 9 países en el mundo.

Gracias al esfuerzo de la ONT por priorizar pacientes con dificultades para recibir un órgano, en 2025 se realizaron 298 trasplantes en urgencia cero y 180 en niños y se trasplantaron 193 pacientes hiperinmunizados (para los que resulta muy complicado encontrar un donante compatible), 170 pacientes renales en el programa PATHI de la ONT y 23 pulmonares.

Pese a todo, se mantiene un número importante de pacientes en lista de espera: 5.163, de los que 77 eran niños.

Doce comunidades superaron los 50 donantes p.m.p y 7 sobrepasaron los 60; Cantabria volvió a encabezar la tabla con una tasa de 103,4 donantes p.m.p, seguida de Navarra (88,2), Asturias (64,4) y País Vasco (64,3).

Entre las que superan los 5 millones de habitantes, destacó la actividad de la Comunidad Valenciana (57,5) y Andalucía (54,4), aunque las que más crecieron fueron Aragón (+71%), País Vasco (+19%) y Asturias (+16%).

La ONT cifra en 1.416 los trasplantes realizados gracias al intercambio de órganos entre comunidades, el 23 % del total. A su vez, el 6,5 % de los receptores fueron trasplantados en un centro fuera de su autonomía de residencia.

El Ministerio de Sanidad ha iniciado este lunes el procedimiento de consulta pública previa para modificar el Real Decreto que regula la relación laboral de los médicos residentes, con el objetivo de evitar que sus jornadas superen los límites máximos permitidos, según informa EFE. 

El Real Decreto 1146/2006, que ajusta estas horas, no ha sufrido casi cambios, solo experimentando "ajustes menores" desde su entrada en vigor, según ha lamentado Sanidad en un comunicado.

Ninguno de estos ajustes ha abordado aspectos clave como la duración y organización de la jornada laboral, especialmente en lo relativo a las horas de guardia, lo que a ojos del ministerio hace necesaria su revisión en el contexto normativo actual. 

Concretamente, uno de los problemas que se pretende corregir con esta modificación es la realización de jornadas laborales que superan los máximos establecidos por la Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, circunstancia que la normativa vigente no evita de forma efectiva. "Actualmente, existe un debate a nivel internacional sobre la organización de los servicios de salud que permita proteger la salud del personal sanitario y facilitar la retención y atracción de talento", ha reconocido Sanidad.

El ministerio ha recordado que está en curso la reforma del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, que propone eliminar los turnos continuados de 24 horas y reforzar los descansos laborales.

Sin embargo, dicha ley no es aplicable al personal en formación, es decir, a los conocidos como MIR, FIR, BIR e EIR, entre otros.

En este sentido, Sanidad ha apuntado que la duración actual de la jornada de los residentes "no resulta necesaria ni para el cumplimiento de los objetivos formativos de las especialidades ni para la adecuada atención de los deberes establecidos en el Real Decreto en vigor".

La consulta pública estará abierta hasta el próximo 13 de enero de 2026.

Ministra de Sanidad Pública, Mónica García, tu valentía en defensa de la pública me llena de orgullo. Has dejado patente y muy claro que privilegios, prerrogativas y corporativismo no; diálogo e igualdad sí y por la sanidad pública eterna, sin dejar de hablar, dialogar sobre el Estatuto profesional del 2007 para mejorarlo en beneficio de  todos y todas los profesionales sanitarios y no para unos pocos. 

Médicos y médicas huelguistas, os propongo valentía y solidaridad, que protejáis y os comprometáis a recuperar lo privatizado por el PP y no apoyéis la venta de la sanidad  pública a los mejores postores y defender también al resto de profesionales de la sanidad  pública; existen, están ahí y son personas. Les recuerdo que ustedes no son únicos ni especiales, son profesionales e iguales que el resto de personas que prestan sus servicios como empleados públicos en los hospitales de España. 

Médicos y médicas afines al PP, durante las privatizaciones de Aguirre y Zaplana, iban  de la mano de los jefes/as políticos, todavía no los han soltado, suelten la mano del PP y apuesten por la sanidad pública al 100 x 100. Hacerse ricos con el negocio de la  privatización de la sanidad pública, exigiendo un estatuto privado propio y repleto de  privilegios al margen del Estatuto de la Función Pública que rige la negociación colectiva de los empleados públicos, no es la solución, pagado con el dinero público. Es injusto,  egoísta y es corporativista, rancio e insolidario el clasicismo españolista de las elites funcionariales médicos y médicas.

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Victorio Martínez Armero es socio de infoLibre.

El Ministerio de Sanidad ha logrado este lunes alcanzar un preacuerdo con los sindicatos de la mesa de negociación del estatuto marco (CCOO, UGT, CSIF, Satse-FSES y Cig-Saúde), por lo que se ha suspendido la convocatoria de huelga indefinida en todo el Sistema Nacional de Salud (SNS) de enero.

Así lo ha informado el Ministerio y fuentes sindicales después de la reunión que han mantenido desde esta mañana con la ministra de Sanidad, Mónica García, que el pasado viernes les convocó para consultarles si retiraba el borrador del estatuto marco tal y como le habían exigido las comunidades del PP.

Las cinco organizaciones sindicales del ámbito de negociación de esta ley han rechazado explícitamente que se retire el borrador y han logrado arrancar al Ministerio el compromiso de establecer una jornada laboral ordinaria de 35 horas semanales, que se aplicará según los términos que se definan en los correspondientes ámbitos de negociación, atendiendo a las necesidades organizativas y asistenciales de los servicios de salud.

El preacuerdo también incluye el acceso a la jubilación parcial para todo el personal estatutario que cumpla los requisitos establecidos en la normativa vigente de la Seguridad Social.

Además, abre la puerta a una jubilación anticipada para aquellas categorías profesionales que reúnan los requisitos legales, previa realización de un estudio integral de las condiciones de trabajo en el conjunto del (SNS). Por el contrario, se excluyen todas las materias que exceden el ámbito competencial del Ministerio, que se abordarán mediante un acuerdo específico.

Este acuerdo tendrá como objetivo orientar las futuras negociaciones relativas al establecimiento de un nuevo modelo retributivo aplicable a todo el personal del SNS. Con ello, y a expensas de que Sanidad materialice este preacuerdo que de momento es verbal, estas organizaciones han suspendido la huelga indefinida del personal del SNS que habían previsto a partir del 27 de enero en protesta por no atender sus demandas en materia de jubilación anticipada y jornada laboral.

Los cinco sindicatos se quejaban además de la "deslealtad" del Ministerio por haber abierto una negociación paralela con las organizaciones médicas CESM y SMA, que exigen un estatuto propio para estos profesionales pero que CCOO, UGT, CSIF, Satse-FSES y Cig-Saúde rechazan de plano.

Esta huelga de los sindicatos del ámbito es independiente de las tres convocadas este año por CESM y SMA, a los que Sanidad ha convocado el próximo miércoles para tratar de desencallar la situación.

También es independiente de la que ha programado para mediados de enero la Agrupación Profesional por un Estatuto Médico y Facultativo (Apemyf), integrada por una veintena de organizaciones sindicales y no sindicales médicas, de la que no forman parte ni CESM ni SMA, pero que también exige un convenio específico para estos profesionales.

Por ahora, Apemyf ya ha adelantado que ese paro "sigue adelante". Pero a diferencia de los médicos, los sindicatos del ámbito, además del Ministerio, rechazan de plano un estatuto médico.

En su nota conjunta, los cinco reiteran que los avances acordados hoy en asuntos como la jornada laboral, las jubilaciones parcial y anticipada o el nuevo modelo de clasificación profesional con el reconocimiento retributivo correspondiente y que beneficia, por ejemplo, a las enfermeras, han sido fruto del trabajo realizado en ámbito de negociación y "no en otros foros paralelos no legitimados" para acordar las condiciones del personal del SNS.

Tras el encuentro, han manifestado su "moderada satisfacción" por el resultado y por el "cambio de actitud" del Ministerio y "particularmente por la disposición de la ministra" para facilitar la consecución de acuerdos concretos "en la línea de las cuestiones irrenunciables que las organizaciones sindicales vienen planteando".

Así, y a la espera de constatar que todos los avances comprometidos se materializan en una nueva versión del texto, estas organizaciones han reconocido que "esta negociación que ya dura casi tres años no está siendo nada fácil" dada la complejidad que supone negociar la mejora de las condiciones de trabajo "del conjunto del personal estatutario del SNS".

"A las tres de la mañana ya no sabía si lo que estaba diciendo era verdad o si estaba exagerando por puro cansancio". Así recuerda la anestesista Itziar Insausti un momento de crisis que vivió la semana pasada. Llevaba más de veinte horas seguidas de trabajo en el Hospital de La Paz cuando los cirujanos la llamaron para valorar a un paciente con una infección grave. No era una urgencia inmediata, pero sí una operación que, si se retrasaba demasiado, podía costarle la vida al enfermo. "Yo era la anestesista más senior de la guardia y me tocaba decidir si lo operábamos ya o si podíamos esperar a primera hora de la mañana, cuando todos estuviéramos descansados", explica. "Pero estaba tan agotada que no tenía certeza de si mi criterio era real o era fruto de la fatiga. Después de 20 horas ya no sabes si decides bien".

La urgencióloga Mar Laínez describe una escena similar en su servicio en el Hospital de Móstoles. "Cuando llevas desde las ocho de la mañana trabajando y siguen entrando pacientes a las dos, a las cuatro o a las seis de la madrugada, no puedes más. A esas horas no eres la misma médica, no tomas decisiones igual de rápidas y el paciente lo nota. Es inhumano trabajar 24 horas seguidas con este nivel de estrés", denuncia. Ambas acumulan años de carrera, noches enlazadas y decisiones críticas bajo una fatiga que reconocen como el mayor enemigo dentro del hospital. "En todas mis salidas de la guardia me llevo en la cabeza a algún paciente con el que dudo si habría actuado mejor estando descansada", confiesa Laínez. Sus voces reflejan el malestar que ha empujado a miles de médicos a una huelga nacional de cuatro días, celebrada esta semana, para rechazar el borrador del nuevo Estatuto Marco promovido por el Ministerio de Sanidad. La protesta ha coincidido con un nuevo intento de negociación entre el Comité de Huelga —formado por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz— y el equipo de la ministra Mónica García. Un encuentro, celebrado este jueves, que terminó sin avances relevantes. Aunque Sanidad ha retirado el ultimátum de mantener su propuesta y se ha comprometido a seguir negociando el próximo 17 de diciembre, los sindicatos insisten en que el contenido del texto sigue sin incorporar ninguna de las cuestiones de fondo que les han llevado al conflicto.

La situación de desacuerdo resulta especialmente llamativa porque al frente del Ministerio de Sanidad se encuentran dos dirigentes que conocen de primera mano esa realidad asistencial. Tanto la ministra, Mónica García, como el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, han sido médicos en activo hasta hace relativamente poco tiempo y han trabajado en hospitales públicos sometidos a las mismas dinámicas que denuncian los profesionales en huelga. Esa trayectoria previa, que durante años les ha situado del lado de las reivindicaciones laborales y de la crítica a la sobrecarga del sistema, ha intensificado la frustración ante un texto que consideran insuficiente. "Precisamente porque saben lo que es una guardia, duele más que no hayan ido más lejos", lamenta Insausti.

Las experiencias que describen ambas facultativas reflejan las razones por las que los médicos han llegado a este punto. Los sindicatos denuncian que el problema central es que siguen existiendo jornadas que pueden alargarse hasta 24 horas seguidas, unas condiciones que consideran "insostenibles" tanto para quien trabaja como para quien es atendido. "Somos la única categoría sanitaria que está 24 horas seguidas trabajando. Vemos pasar tres turnos de enfermeras, de técnicos y de celadores y nosotros seguimos ahí, sin relevo", recuerda Insausti.

Por ello, una de las principales reclamaciones es eliminar estas guardias encadenadas. Según los profesionales, el borrador del nuevo Estatuto Marco no corrige esta situación, sino que la maquilla al establecer que "la jornada de guardia no podrá ser superior a 17 horas de trabajo efectivo en los días laborables". "El Ministerio dice que ya no habrá guardias de 24 horas, pero es falso, ya que entre semana las llaman de 17 horas, pero se hacen a continuación de una jornada ordinaria de siete u ocho horas, y los fines de semana directamente lo permiten", denuncia Insausti.

Otra de las cuestiones que reclaman con fuerza es que las guardias sigan considerándose "jornada complementaria". Dicha categoría provoca, según los sindicatos, que estas horas se paguen por debajo de la jornada ordinaria y que, además, no cuenten como tiempo de trabajo real. Es decir, no tienen el reconocimiento que sí tendría una hora extraordinaria. "Las guardias no cuentan para nada, no computan para jubilarte y no te reducen la jornada, pero sin ellas no llegas a fin de mes porque el sueldo base es muy bajo", denuncia Laínez.

La regulación de la jornada real es otro punto clave. Los médicos denuncian que el borrador deja intacta la expresión "necesidades del servicio", un concepto amplio que, en la práctica, actúa como una cláusula de escape. Esta fórmula permite a los centros sanitarios ampliar horarios, imponer más guardias de las previstas o modificar los turnos cuando falte personal, algo frecuente en servicios tensionados como urgencias, anestesia o cuidados intensivos. Según los profesionales, esta coletilla convierte en ineficaz cualquier límite horario teórico porque "basta con invocarla para programar semanas de cincuenta o sesenta horas, cubrir ausencias inesperadas o compensar plantillas insuficientes". "Si la ley deja esa puerta abierta, seguiremos con cinco guardias al mes y con déficits estructurales que se tapan a base de cansancio médico", advierte Insausti.

En cambio, el Ministerio de Sanidad defiende que su propuesta supone "el mayor avance en veinte años" y "un intento real" de mejorar las condiciones de un sistema que arrastra carencias desde hace tiempo. El departamento de Mónica García subraya que el texto introduce por primera vez un límite explícito a la jornada, que reduce la duración máxima de las guardias y que refuerza los descansos obligatorios.

El debate competencial también está dificultando alcanzar ciertos acuerdos respecto a los puntos más sensibles de la negociación. El equipo de Mónica García insiste en que el Estatuto Marco es una ley básica que debe respetar el reparto territorial de la sanidad, y que determinadas reclamaciones —como las retribuciones o las políticas de contratación— dependen exclusivamente de las comunidades autónomas. Los médicos, sin embargo, sostienen que ese argumento no puede servir para bloquear los cambios esenciales. Recuerdan que el Estado sí tiene la capacidad de fijar las bases del régimen estatutario, los límites de jornada, la definición de lo que es una guardia y los descansos mínimos que garanticen la seguridad del paciente.

"Las jornadas ordinarias de 35 horas dependen de cada comunidad, igual que el precio de la hora de guardia, pero la regulación  del tipo de descanso obligatorio y los límites de tiempo de trabajo es algo que tiene que fijar el Estado", aclara Laínez. Para los sindicatos, el problema no es jurídico sino político, ya que durante dos décadas "ningún Gobierno ha querido reordenar un sistema que sobrevive gracias a la disponibilidad ilimitada de sus médicos". "Defender nuestras condiciones laborales es defender la seguridad del paciente. Eso es exactamente lo que hacemos cuando vamos a la huelga", recuerda la urgencióloga.

El enfrentamiento actual no puede entenderse sin mirar atrás. El Estatuto Marco que regula las condiciones laborales del personal estatutario se aprobó en 2003, durante el segundo Gobierno de José María Aznar. Desde entonces, apenas se ha tocado pese a que el sistema sanitario se ha visto afectado por un aumento de la presión asistencial, plantillas ajustadas, un incremento constante de las urgencias y una estructura organizativa que no se parece a la de hace veinte años. Además, la descentralización ha provocado que cada comunidad autónoma haya ido gestionando sus recursos humanos de forma distinta, lo que ha generado un mosaico desigual de horarios, retribuciones, ratios de personal y niveles de estabilidad. 

Para Insausti, esta reforma es "la única oportunidad" para corregir un marco que ha quedado obsoleto. "No puede ser que cada comunidad funcione con reglas propias sin unos mínimos comunes. Pedimos un texto que impida jornadas de 24 horas y que reconozca nuestro trabajo como lo que es." Laínez coincide en que la normativa vigente ha dejado a los profesionales expuestos a decisiones unilaterales de cada consejería. "El Estatuto actual no protege. Permite diferencias abismales y fomenta la precariedad. Necesitamos una actualización real, no un lavado de cara."

El Gobierno ha redoblado su apuesta por la defensa de la sanidad pública en un momento crucial de la legislatura para hacer frente al avance de las derechas y sus modelos privatizadores con el fondo del escándalo del Hospital de Torrejón, en Madrid, evidenciando así las tripas de la gestión que pone los intereses económicos en primera línea.

La sanidad pública es una de las principales banderas de la coalición progresista y su gestión está llenando los discursos políticos de los ministros en el contexto, además, de arranque del ciclo electoral con varias citas autonómicas empezando por Extremadura (las regiones son las que tienen las competencias en sanidad). Un momento en el que el Ejecutivo también tiene una grieta abierta en este campo por la huelga de médicos convocada contra la propuesta del nuevo estatuto marco y por las críticas también por parte de Podemos a la tibieza que, en su opinión, tiene la ministra de Sanidad, Mónica García, sobre una desprivatización total.

La titular de Sanidad está pilotando, con el apoyo del ala socialista, un plan para la desprivatización que tendrá como medida estrella una futura ley de gestión pública y de integridad del Sistema Nacional de Salud que limitará la colaboración público-privada y que blindará la sanidad pública frente a los fondos de inversión. La idea que tiene el Ejecutivo es que pase por el Consejo de Ministros en enero e iniciar así ya los trámites para sustituir la actual norma vigente que data de 1997 (cuando estaba José María Aznar al frente del Gobierno central). 

El Ministerio que dirige García también ha ampliado la investigación que encargó a la Alta Inspección sobre el Hospital de Torrejón al resto de centros madrileños de gestión privada en manos del Grupo Quirón. El Gobierno central ha reclamado a la Comunidad de Madrid las auditorías económicas y las actas de la comisión mixta entre la administración y el grupo Ribera, además de los escritos de denuncia de los directivos cesados.

“No se trata de rencillas entre directivos. Es el resultado de un modus operandi que se da sobre todo en Madrid y residualmente en la Comunidad Valenciana y en Galicia. Quirón y Ribera son las dos caras de la misma moneda, un sistema engrasado que necesita de la connivencia del PP de Madrid”, señaló García en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros este martes, donde defendió una ley que ponga por delante los criterios de gestión pública frente a los objetivos económicos.

Precisamente García llevó a la reunión semanal del Consejo de Ministros un informe sobre la evaluación de la sanidad privada en el sistema sanitario de España que deja como una de sus principales conclusiones que la colaboración con entidades privadas ha dejado de ser recurso excepcional para ser ya una práctica estructural.

El documento refleja que el número de hospitales privados integrados en el Sistema Nacional de Salud ha aumentado más de un 36% en la última década, en tanto que el gasto total en ellos se incrementó un 84,6% entre 2011 y 2023. El informe considera que este modelo de colaboración no ha demostrado mejoras significativas en eficiencia ni en resultados de salud, a la vez que advierte sobre los riesgos que supone una transferencia progresiva de gasto público hacia la gestión privada en términos de planificación y control del sistema.

Asimismo, señala que la sanidad pública asume más del 95% de los tratamientos más costosos (como trasplantes, grandes quemados o neonatos de muy bajo peso), mientras que la privada tiende a la atención selectiva, concentrando los casos menos complejos.

El informe recoge la contradicción de que, a pesar de que los ciudadanos prefieren la sanidad pública a la privada, no para de crecer el número de seguros. En 2024 el 32,6% de la población española se había hecho alguno, casi el doble del 17,2% que se registraba en 2018. Con contrastes entre las autonomías: Madrid está a la cabeza con un 44% frente a Navarra que registra sólo un 19%.

Esta lucha contra el modelo del Hospital de Torrejón también se va a librar en los tribunales. El PSOE de Madrid ha llevado el caso a la Fiscalía al considerar que las prácticas conocidas podrían constituir indicios de delitos de prevaricación administrativa, corrupción en los negocios y delitos contra la salud pública. “La sanidad es un derecho. Haremos todo lo que esté en nuestra mano para que nunca más nadie haga negocio con la sanidad pública de Madrid”, señaló el líder de la federación y ministro de Transformación Digital, Óscar López. También Más Madrid y Podemos han anunciado que acudirán a la Fiscalía respecto a este caso.

El escándalo del Hospital de Torrejón ha endurecido todavía más la batalla entre el Gobierno central y la Puerta del Sol. La consejera de Sanidad de Madrid, Fátima Matute, acusó a la coalición progresista de avivar la polémica como “un trending topic para tapar la corrupción, las saunas, las sobrinas y los puteros”. La responsable autonómica llegó a referirse a la ministra García como la “pistolera de Vallecas”.

El Ministerio de Sanidad tiene a la vez un frente abierto con la redacción del nuevo estatuto marco para los profesionales sanitarios, un texto que se encuentra en fase de borrador y que vendría a sustituir al actual que data del año 2003, aprobado durante el Gobierno de Aznar. Los médicos están en pie de guerra contra García e iniciaron este martes una huelga en toda España con paros durante cuatro días para pedir un estatuto propio.

García tendió la mano a los médicos y subrayó que se han incluido todas las reivindicaciones de los sindicatos dentro de las competencias del Ministerio, pero precisó que hay aspectos, como las reclamaciones sobre retribuciones, que dependen de las autonomías. Apeló al diálogo y dijo que si no sale adelante el texto, no habrá mejoras como la reducción de las guardias de 24 a 17 horas, los límites a las jornadas semanales y el establecimiento de oposiciones cada dos años. El Ejecutivo mantiene su intención de llevar la norma al Consejo de Ministros y posteriormente a las Cortes.

Pero el choque no viene solo desde la derecha, sino que Podemos marcó también sus diferencias con García apoyando las movilizaciones de los médicos. Y, asimismo, avisó de que la ley de gestión que prepara el Gobierno no tendrá el voto de los morados si no garantiza una prohibición real de la privatización de la gestión de centros públicos. Los morados advierten que no tolerarán “puertas raras por detrás”, por lo que aseguran que ya están preparando una proposición de ley propia para derogar la actual de 1997.

El Ministerio de Sanidad ha extendido sus sospechas sobre la gestión privada de centros hospitalarios públicos y ha ampliado la investigación que ordenó a la Alta Inspección sobre el Hospital de Torrejón al resto de centros madrileños de gestión privada, operados en este caso por el Grupo Quirón.

Lo ha anunciado este martes la ministra de Sanidad, Mónica García, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ha negado que lo sucedido en el Hospital de Torrejón sea una "rencilla entre directivos" como dijo la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y ha acusado al Grupo Quirón de haber incrementado su presupuesto en los últimos años "de manera absolutamente obscena".

Según ha dicho, se trata de un "modus operandi que intenta parasitar nuestro sistema público a través de la cuenta de resultados de las empresas privadas" sobre todo en Madrid, y también en la Comunidad Valenciana.

Por ello, Sanidad ha optado por extender la investigación que abrió al Hospital de Torrejón tras la publicación de los audios del CEO de Ribera Salud que lo gestiona, Pablo Gallart, en los que ordena aumentar las listas de espera y descartar los procesos más costosos, al resto de hospitales de gestión privada.

En su opinión, "Ribera Salud y Quirón son dos caras de la misma moneda" de un "sistema perfectamente engrasado que necesita de la connivencia y de la complicidad, en este caso del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, que en los últimos años ha inyectado más de 5.000 millones a este grupo, es decir, el equivalente del presupuesto de sanidad de todo un año", ha apostillado.

Sobre el Hospital de Torrejón, la Alta Inspección ha requerido a la Comunidad de Madrid información sobre las investigaciones que ella misma inició tras estallar el escándalo, las auditorías económicas y de gestión de los últimos 4 años y las actas de la Comisión mixta entre la Comunidad de Madrid y Ribera, así como los escritos de denuncia de los cuatro directivos cesados supuestamente por denunciar las órdenes y "cualquier otra información relevante".

Y de los de Quirón, ha solicitado los expedientes de las modificaciones presupuestarias de 2023, 2024 y 2025 con sus informes justificativos; las auditorías económicas y de gestión de los últimos cuatro años "a las que están obligados por contrato"; las actas de la Comisión Mixta y "toda la información relevante y que sea necesaria para poder investigar hasta el fondo qué es lo que está pasando en estos hospitales".

Por su parte, la presidenta madrileña ha criticado lo que considera una "causa política" orquestada en torno al Hospital de Torrejón y ha censurado que se eleve a "escándalo europeo" mientras se ignoran los problemas sanitarios de otras regiones.

"Si se eleva a caso de escándalo de esta magnitud esto, ¿qué hacemos con la Sanidad de Castilla-La Mancha o la de Aragón? ¿Qué hacemos con la Sanidad de Ceuta, de Melilla? No digamos la de Cataluña, que duplica listas de espera", ha cuestionado la presidenta, que cree que "los problemas solo importan en las comunidades autónomas gobernadas por el PP".

Según Ayuso, en el Hospital de Torrejón no ha habido "negligencias médicas" y tampoco se alcanzan las listas de espera de "otras zonas" que arrojan cifras "mucho peores", y ha indicado que este martes se ha conocido "un segundo informe" de la Consejería de Sanidad que concluye "que no se ha puesto en ningún momento en juego la seguridad del paciente ni la calidad asistencial".

Se trata de un informe que se suma al primero sobre este asunto que concluye que "con relación a la calidad asistencial y la seguridad del paciente se ha trabajado correctamente en todas las áreas auditadas y de manera acorde a los objetivos indicados en el Contrato Programa del Servicio Madrileño de Salud", ha informado la Consejería de Sanidad en una nota.

El ministro de Transformación Digital y Función Pública y líder de los socialistas madrileños, Óscar López, ha avanzado que su grupo interpondrá este martes una denuncia ante la Fiscalía de Madrid contra el CEO de Ribera Salud como "presunto autor de irregularidades" en la gestión del Hospital de Torrejón, así como "la posible omisión de deberes de supervisión por parte de la Comunidad de Madrid".

Desde el PSOE-M consideran que estás prácticas "podrían constituir indicios de delitos de prevaricación administrativa, corrupción en los negocios y delitos contra la salud pública, o denegación de prestaciones públicas por razones de discriminación".

Gallart solicitó el 4 de diciembre pasado apartarse temporalmente de las responsabilidades sobre la gestión del Hospital de Torrejón tras destaparse el caso.

Sumar y Podemos han reiterado sus críticas al modelo de gestión del hospital de Torrejón, lo que la formación morada ha calificado de "crímenes contra el interés general", según el diputado Javier Sánchez, que ha recordado que su partido ya registró hace un año una proposición de ley para derogar la norma que permite la gestión privada de estos centros.

Desde Sumar, Tesh Sidi (Más Madrid) ha reprochado que Ayuso haya "heredado" el modelo de Esperanza Aguirre de "licitar y particionar" contratos públicos, en tanto que Aína Vidal (Comunes) ha cargado contra cualquier protocolo que trate la salud como si "fuera en Excel y no un derecho", y Alberto Ibañez (Compromís) ha afirmado que "los gobiernos del PP matan" por un modelo que prioriza "las ganancias de multinacionales". 

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha señalado que el Gobierno ultima la nueva Ley de Gestión Pública y de Integridad del Sistema Nacional de Salud, que limitará la colaboración público privada, para aprobarla a principios del 2026 y ha recalcado que esta norma "blindará" la sanidad pública frente a los fondos de inversión.

En una entrevista con El País tras el escándalo en el hospital público de Torrejón de Ardoz (Madrid), gestionado por la empresa privada grupo Ribera Salud, la ministra de Sanidad ha señalado que la nueva ley "va a derogar la ley del 97" -sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud- y limitará dicha colaboración.

"El problema es que se ha pervertido esta colaboración público-privada, en una parásita público-privada", ha incidido tras insistir en que la nueva ley "es mucho más amplia" y "pone coto al ánimo de lucro" con unas normas claras.

"Sobre todo blinda y protege nuestra sanidad pública frente a los fondos de inversión, frente al ánimo de lucro y frente a esta depredación constante que tenemos de nuestra sanidad. O sea, no prohíbe que haya una colaboración público-privada, pero limita que lo puedas hacer con empresas con ánimo de lucro", ha explicado.

Mónica García confía en que la ley esté aprobada en esta Legislatura y ha puntualizado que "estamos ya ultimando y la vamos a llevar al Consejo de Ministros a principios del año que viene".

Por otra parte, ha recordado que el Ministerio de Sanidad también trabaja en un real decreto de listas de espera que dará trazabilidad al proceso que inicia un paciente desde que va a su médico de atención primaria hasta que pasa al especialista, se le hacen pruebas y termina en una operación, ya que "ahora mismo las listas de espera son cajas negras y en el caso de la quirúrgica es una caja negra que pasa antes por un servicio de admisión que no es directo desde el cirujano hasta la lista de espera".

En este sentido ha acusado a la Consejería de Sanidad de Madrid de "maquillar" los datos sobre listas de espera quirúrgica que son publicados cada seis meses por el Ministerio de Sanidad y donde la comunidad madrileña no aparece como de las más elevadas.

"Nosotros sabemos que la lista de espera quirúrgica puede ser maquillada", ha dicho García, al tiempo que ha reiterado que en el caso de Torrejón, tanto el Ministerio como el grupo político Más Madrid acudirán a la Fiscalía por un delito de lesiones contra los pacientes.

Además el Ministerio mandará a la alta Inspección para que haga una investigación en el hospital y ha lamentado que este tipo de prácticas que priorizan el beneficio frente al paciente se estén produciendo "también" en el grupo Quirón, "favorecido" por la presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

"Torrejón es un aprendiz de Quirón. Lo que hemos escuchado en Torrejón es lo que lleva ocurriendo en Quirón desde hace muchos años: un complejo sistema por el cual los pacientes de la sanidad pública acaban en hospitales privados pagados aparte por una serie de elementos como la libre elección, la lista de espera y cómo no, la connivencia de la Consejería de Sanidad", ha indicado.

García ha recordado que "desde que está la señora Ayuso" al frente de Madrid, en los últimos años 5.000 millones de euros han ido a parar al grupo Quirón.

El Ministerio de Sanidad ha ordenado este jueves a la Alta Inspección que abra una investigación para esclarecer si se han cometido irregularidades en el Hospital Universitario de Torrejón de Ardoz (Madrid) que hayan vulnerado el derecho a la protección de la salud de los pacientes. La decisión del Ministerio se une a la exigencia que ha hecho a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, para que investigue por su parte lo sucedido y amplíe las pesquisas al resto de hospitales públicos de gestión privada.

El Ministerio quiere saber si se han producido irregularidades que hayan podido vulnerar el derecho a la salud de los pacientes, después de la publicación de unos audios, destapados por el diario El País, en los que el consejero delegado de Ribera Salud, Pablo Gallart, planteaba aumentar las listas de espera en este hospital y rechazar procesos no rentables por criterios económicos.

Durante la mañana de este jueves, Gallart ha dimitido en consecuencia de la publicación de estos audios. El grupo sanitario Ribera ha publicado un comunicado desvinculándose de las responsabilidades sobre la gestión del hospital "para garantizar los valores y la ética que siempre ha caracterizado al Grupo". Asimismo, han informado de que están realizando una auditoría "en profundidad para garantizar que no se ha producido ningún incumplimiento de los estándares de calidad en la atención a los pacientes, de la ética profesional, ni de la ley".

Paralelamente a la investigación de la Alta Inspección del Ministerio, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha remitido una carta a Díaz Ayuso en la que le exige la "apertura inmediata de una investigación exhaustiva, independiente y transparente" sobre los hechos y, en función de sus resultados, a "la cancelación del contrato de concesión y la recuperación de la gestión pública directa del centro". A partir de ahí, pide la "extensión de las actuaciones de inspección y verificación a todos los hospitales madrileños que operan bajo el mismo modelo concesional".

García insta además a la presidenta madrileña a informar de las medidas que va a adoptar, así como del calendario de actuaciones previsto, para garantizar la protección de los pacientes y la integridad del servicio público. De confirmarse, los hechos "constituirían una vulneración gravísima de los principios esenciales del Sistema Nacional de Salud y un atentado directo contra los derechos de los pacientes de la Comunidad de Madrid", advierte en su misiva.

Por ello, considera "imprescindible" que la Comunidad de Madrid esclarezca "con urgencia" si las órdenes que presuntamente dio el CEO de Ribera Salud, titular de la concesión por la que gestiona la asistencia del hospital público de Torrejón, han afectado a la actividad asistencial, a la derivación de pacientes, a los tiempos de respuesta quirúrgica o al cumplimiento de los compromisos contractuales con el Sermas. "La salud de la ciudadanía madrileña, y la confianza en su sistema sanitario, no pueden quedar al albur de prácticas que anteponen la rentabilidad a la atención digna y en igualdad de condiciones", zanja.

El consejero delegado (CEO) del grupo sanitario Ribera, Pablo Gallart, ha dimitido de su cargo de gestor del Hospital de Torrejón de Ardoz (Madrid) tras la publicación de unos audios en los que pedía aumentar las listas de espera de este hospital público de gestión privada para incrementar los beneficios de la empresa, según informa EFE.

Ribera ha señalado en un comunicado que esta desvinculación de Gallart de las responsabilidades sobre la gestión del hospital se produce "para garantizar los valores y la ética que siempre ha caracterizado al Grupo".

Asimismo, han informado de que están realizando una auditoría "en profundidad para garantizar que no se ha producido ningún incumplimiento de los estándares de calidad en la atención a los pacientes, de la ética profesional, ni de la ley".

Tras la publicación de los audios de Gallart, la izquierda madrileña y estatal, con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Sanidad, Mónica García, a la cabeza, han criticado el modelo de sanidad impulsado por el PP y que mantiene el gobierno de Isabel Díaz Ayuso en algunos hospitales de la Comunidad de Madrid. También han amenazado con tomar medidas legales contra el gobierno de Ayuso por permitir que al hospital seleccionar y rechazar la atención a algunos pacientes priorizando sus beneficios económicos.

El grupo Ribera, por su parte, ha subrayado que "mantiene su compromiso con el sistema sanitario público para seguir ofreciendo al paciente la mejor atención posible".