El Gobierno valenciano del Botànic tiene un simbolismo muy importante para la izquierda española. Fue un laboratorio para los posteriores Ejecutivos de coalición, un modelo de gestión antagónico a las derechas y un espejo de convivencia de las diferentes sensibilidades progresistas. Y ese espíritu vuelve a cobrar fuerza.

Dos miembros de aquel Gobierno valenciano copan las portadas durante esta Semana Santa. La exvicepresidenta Mónica Oltra (Compromís) ha dado un paso al frente, como le llevan pidiendo en su partido meses, para aceptar el reto de competir en las próximas elecciones municipales y autonómicas en València capital. Y Arcadi España, que fue conseller dentro del ala socialista, ha sido la gran sorpresa del cambio de Gobierno al situarlo Pedro Sánchez como sustituto de María Jesús Montero en la todopoderosa cartera de Hacienda.

Con el aterrizaje de Oltra, la batalla por el Ayuntamiento de València se convierte en una de las más interesantes y competidas para las elecciones locales de 2027. El PP tiene en esta ciudad ahora uno de sus bastiones más fuertes con María José Catalá al frente, aunque depende de Vox. El partido de Santiago Abascal podría concurrir con Vicente Barrera, el extorero y hombre fuerte en la provincia.

La izquierda ha decidido echar el resto para recuperar el Ayuntamiento valenciano. Por parte del PSPV-PSOE la candidata será Pilar Bernabé, una de las principales figuras ahora mismo del partido por su papel durante la gestión de la dana desde su posición como delegada del Gobierno en la comunidad. Es uno de los perfiles más aplaudidos dentro del partido.

Y ahora Oltra vuelve a primera división. La exvicepresidenta sigue inmersa en el proceso judicial por supuestamente encubrir los abusos de su exmarido, una causa que sigue viva por las acusaciones de la ultraderecha. Ella defiende su inocencia y es uno de los principales rostros del espacio progresista que está reconstruyéndose durante estos meses. Su regreso ha sido recibido con mucho calor por parte de todo el espectro, con apoyos de toda España.

Las candidaturas de Bernabé y Oltra evidencian que la izquierda va a por todas en el Ayuntamiento de València, que también es esencial para poder recuperar la Generalitat en las elecciones en las que se medirá el desgaste del Partido Popular por la actuación de Carlos Mazón durante la dana y el clima de crispación agitado por los espacios relacionados con la ultraderecha.

La Comunitat Valenciana será una de las autonomías clave en esos comicios. El PSOE llevará como número uno en la papeleta a Diana Morant, la actual ministra de Ciencia y Universidades. Por parte de Compromís concurrirá Joan Baldoví. La lucha entre bloques está muy igualada en estos momentos. El PP espera que Juanfran Pérez Llorca se asiente durante este tiempo, mientras que Vox espera recoger en votos a muchos votantes de los populares y a los antisistema desencantados por el papel de los políticos durante la dana.

Los socialistas valencianos cercanos a Puig pisan fuerte además en estos momentos en el Gobierno y en Ferraz. Arcadi España es ya el nuevo ministro de Hacienda. Él fue precisamente conseller de Hacienda en el Gobierno del Botànic y fue el encargado de realizar la reforma fiscal en la Comunitat Valenciana. Por eso, llega entrenado para formar parte de un Gobierno de coalición donde las almas del PSOE y de sus socios a la izquierda suelen chocar en materia de impuestos. 

Pero, además, España es un convencido federalista, como lo es Ximo Puig, su padre político. Esto le aporta un plus en un Ejecutivo que debe armar mayorías con partidos como el PNV, ERC, Junts, EH Bildu, BNG y el propio Compromís durante todas las semanas en el Congreso. Además, su experiencia en el Govern le sirve para poder hablar en el mismo lenguaje con las comunidades autónomas, un tema en el que además ha profundizado en los últimos años desde su anterior puesto como secretario de Estado de Política Territorial.

El socialismo valenciano ha alcanzado cotas de poder en el PSOE nunca vistas hasta ahora. Después de la irrupción del caso Cerdán, Sánchez eligió a Rebeca Torró como secretaria de Organización. Ella también proviene del Botànic, donde ejerció como consellera de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad de la Generalitat en la última etapa.

Pero no se queda ahí solo el poder valenciano. Bernabé también tiene un pie a nivel federal, ya que, además de delegada del Gobierno en la comunidad y candidata a la Alcaldía de València, es la número cuatro en el partido como responsable de Igualdad, un puesto al que ascendió en el último congreso del PSOE celebrado en Sevilla en diciembre de 2024.

El socialismo valenciano acudió en masa a la toma de posesión de España en el Ministerio de Hacienda el viernes pasado. Allí también estaban, por ejemplo, Lydia del Canto, actual secretaria de Estado de Comunicación y una de las más estrechas colaboradoras de Sánchez en el Palacio de La Moncloa. Es una persona muy cercana a Puig, del que fue directora de comunicación y también pasó una breve temporada por el Govern.

En esa instantánea en el Palacio de la Aduana estaba también Zulima Pérez, que actualmente es la comisionada del Gobierno central para la reconstrucción tras la dana. ¿Su procedencia? Fue alto cargo en los gobiernos de Puig, ejerciendo puestos como subsecretaria de la Consejería de Hacienda y Modelo Económico y directora general de Coordinación del Diálogo Social.

En las pasadas elecciones valencianas, el PSPV creció cuatro escaños, pero la suma fue insuficiente frente al PP y Vox. En la cita electoral del 28M, la izquierda alternativa, que acudió dividida, fue menos competitiva: Compromís bajó dos escaños y EUPV-Podemos desapareció del Parlamento autonómico, al no lograr ni el 4% de votos, perdiendo sus ocho diputados.

Las mujeres apenas suponen el 29,2% del empleo en materia de innovación en España, y su participación destaca sobre todo en ámbitos feminizados (textil, belleza o alimentación) y cae en sectores tecnológicos e industriales, según los datos del informe Mujeres e Innovación 2026.

El trabajo, que elabora anualmente el Ministerio de Ciencia desde el año 2020, ha sido presentado este jueves por la titular de este departamento, Diana Morant, quien ha destacado que “España avanza hacia un sistema de innovación más igualitario, aunque más despacio de lo que nos gustaría”.

La participación femenina se concentra mayoritariamente en universidades y organismos públicos de investigación, mientras que la masculina presenta una mayor presencia en el ámbito empresarial y en sectores STEM (de las siglas en inglés de Ciencia, Tecnología, Ingeniería, y Matemáticas).

En cuanto a las empresas, la participación de las mujeres alcanza máximos en las de mayor tamaño, donde suponen un 31,3%, lo que sugiere que los entornos organizativos más estructurados favorecen la presencia de mujeres.

Por el contrario, en las empresas con sello PYME innovadora, solo el 15% de las personas representantes legales son mujeres.

En los consejos de administración del IBEX-35, la presencia de mujeres se aproxima al 40%, lo que supone un avance relevante, aunque las presidencias siguen estando prácticamente en manos masculinas.

Una situación similar se observa en las presidencias de las Cámaras de Comercio. En contraste, en la Red de Ciudades de la Ciencia y la Innovación (Red Innpulso), de ámbito municipal, se registran niveles más cercanos a la paridad.

Por temas, el empleo femenino en innovación está ligado a actividades vinculadas al comercio, las finanzas y los seguros, mientras que su participación es más reducida en las ramas STEM y en los sectores intensivos en tecnología

España se mantiene entre el grupo de países europeos que tienen más mujeres inventoras, pero el porcentaje sigue siendo mucho menor que el de los hombres.

Las solicitudes de patentes presentadas por mujeres inventoras en España entre 2015 y 2024 muestra una tendencia de crecimiento moderado, pero sigue en el 27,8%.

En el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), por ejemplo, entre el 70% y el 80% de las solicitudes de patentes incluyen al menos a una mujer, y las solicitudes lideradas por una mujer han aumentado en los últimos años hasta alcanzar el 42,6%.

No obstante, el liderazgo de estos procesos presenta diferencias relevantes según áreas científicas, con una presencia alta en biomedicina y baja en tecnologías físicas, lo que refleja patrones de segregación disciplinar.

En el entorno universitario, la participación femenina es elevada y al mismo nivel que los hombres en investigación competitiva, ligeramente superior en gestión, pero menor en transferencia tecnológica, tradicionalmente masculina.

En cuanto a la creación de empresas spin-off (que explotan comercialmente el conocimiento científico) en las universidades españolas, la participación femenina se sitúa en torno al 40%.

“El informe identifica desigualdades estructurales persistentes en el sistema de innovación español y, aunque se observan mejoras en casi todas las dimensiones analizadas, su ritmo de avance sigue siendo lento”, ha señalado la ministra. Morant ha hecho hincapié también en que la financiación pública en innovación muestra efectos positivos en materia de igualdad.

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades solicitará este viernes en el patronato del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) que se proceda al cese del gerente de la institución, José Manuel Bernabé, por un presunto caso de acoso sexual.

Así lo han señalado a EFE fuentes del departamento que dirige Diana Morant, después de conocerse las informaciones publicadas por el diario ABC sobre un presunto caso en el citado centro.

El Ministerio condena de "forma rotunda lo que consideramos unos hechos impropios de una institución como el CNIO". "Por ello, el ministerio solicitará mañana en el patronato del CNIO, que se proceda al cese del gerente de la institución", han agregado las mismas fuentes.

ABC publica que el CNIO investiga una denuncia de la exsecretaria general Laura Muñoz. Siempre según el citado periódico, Muñoz presentó el 11 de noviembre de 2025, cuando era secretaria general, una queja en el área de Recursos Humanos contra el gerente de la institución, José Manuel Bernabé, por su "situación laboral y solicitud de amparo frente a posibles represalias".

Según la denunciante, desde la incorporación de Bernabé como gerente, el 1 de septiembre de 2025, se produjeron cambios en su dinámica profesional y un trato personal poco habitual que, con el paso de las semanas, le hicieron sentir cada vez más incómoda e insegura en el ejercicio de sus funciones.

Muñoz habla de modificaciones de horarios para coincidir con su jornada, pero "la situación se volvió tensa y desconcertante". "Mientras se producían todas estas situaciones laborales (...), el gerente me escribía con frecuencia por WhatsApp", que es donde surgieron las conversaciones denunciadas, detalla el diario. "Este canal que inicialmente se utilizó para cuestiones laborales, acabó siendo usado por su parte para enviarme fotografías, vídeos y comentarios sobre su vida privada", relata Muñoz.

Con el tiempo, el contenido de los mensajes fue derivando hacia cuestiones cada vez más personales, lo que le fue resultando "progresivamente incómodo e inapropiado en el contexto de una relación jerárquica".

El gerente le enviaba supuestamente mensajes personales desde el gimnasio y alardeaba de las mujeres con las que se acostaba: "Este año llevo catorce", recoge el ABC.

Según fuentes conocedoras del caso, Diana Morant se ha enterado del contenido de la denuncia por la información de este diario, "nunca antes" había tenido acceso al mismo. Bernabé sustituyó en el cargo a Juan Arroyo y se incorporó al centro el pasado septiembre.

Unos meses después, el 25 de noviembre, el patronato del CNIO acordó por unanimidad una reorganización de la estructura del organismo que pasaría por la destitución del todavía alto cargo que ostentaba Juan Arroyo en el área económica, tras una denuncia por presuntas irregularidades.

Este órgano rector dio luz verde a una propuesta de Bernabé para eliminar, de forma inmediata, "duplicidades y capas intermedias que no aportan valor diferencial". Esa reorganización de la estructura incluía también el cese en sus puestos de otros dos cargos del área económica, entre ellos el de Laura Muñoz.

La decisión se produjo a raíz de que un ex alto cargo del CNIO denunciara en la Fiscalía Anticorrupción a antiguos directivos del área económica del organismo y empresas afines por, supuestamente, haberse lucrado con contratos. 

El Comité de Ética y Garantías del PSPV-PSOE ha abierto un expediente contra el alcalde de Almussafes (Valencia), Toni González, por "amenaza velada" a la secretaria general del partido y ministra de Ciencia, Diana Morant, y por "menospreciar" a la mujer que le denunció por presunto acoso sexual.

Fuentes del PSPV-PSOE han explicado a EFE que esa "amenaza velada" contra la líder de los socialistas valencianos hace referencia a unas declaraciones en las que el alcalde habría dicho: "Juro que como le pase algo a mi familia, Diana Morant se las verá conmigo".

Las mismas fuentes han señalado que el expediente también se ha abierto por "deslealtad al proyecto socialista", al asegurar que el alcalde ha reconocido que "está en conversaciones con otros partidos" para presentar una alternativa política en el municipio.

González, que fue suspendido cautelarmente de militancia el pasado mes de diciembre al hacerse públicas unas acusaciones de acoso sexual y laboral presentadas contra él, mantiene el cargo de alcalde de Almussafes y su acta en el grupo socialista, por lo que tiene que responder a la disciplina interna del partido, según las mismas fuentes socialistas, que también han dicho que son "varias" las denuncias por acoso sexual presentadas internamente contra el alcalde.

El alcalde, por su parte, en declaraciones a EFE, ha negado las acusaciones de acoso y asegura que no ha tenido ninguna comunicación oficial por parte del PSOE de que se haya presentado una segunda denuncia contra él.

De hecho, ha remitido un burofax a la dirección nacional del PSOE, al que ha tenido acceso EFE, para que le informen de la existencia o no de esa segunda denuncia "con el fin de ejercitar, si fuera necesario, el derecho de defensa".

González ha asegurado que toda esa situación obedece a una guerra interna del PSPV-PSOE en la provincia de Valencia, "que está abierto en canal", según ha dicho.

En una carta abierta publicada en sus redes sociales González ha señalado que "la denuncia falsa por acoso sexual y laboral no es un hecho aislado, sino que es el punto culminante de una campaña de acoso y derribo" contra su persona, que se inició hace más de cuatro años para menoscabar su imagen política, personal, familiar y profesional.

"Ante la falta de pruebas en mi contra y las pruebas y testimonios de mi inocencia que yo sí he aportado ante mi partido, resulta incomprensible que el caso no haya sido archivado", afirma el alcalde, y añade que luchará "en todos los frentes posibles" para defender su honor y su imagen.

Por su parte, la secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, en declaraciones a los periodistas en Les Corts Valencianes, ha manifestado que ella va a estar siempre "del lado de la víctima".

Representantes de dos de las principales asociaciones de víctimas de la dana del 29 de octubre de 2024 han asegurado que no les mueve ni el "odio" ni la "venganza" sino la justicia por unas muertes creen "evitables", y han pedido al PP que deje de proteger al expresident de la Generalitat Carlos Mazón, informa EFE.

Así lo han afirmado las presidentas de la Asociación Víctimas Mortales Dana 29-O, Rosa Álvarez, y de la Associació Víctimes de la Dana 29 d'Octubre de 2024, Mariló Gradolí, en su comparecencia este martes ante la comisión de investigación de Les Corts Valencianes sobre las inundaciones.

La primera en comparecer ha sido Rosa Álvarez, quien ha afirmado que su organización no busca venganza sino justicia, y ha asegurado que 230 personas no murieron "por un hecho meteorológico imprevisible" sino por la "negligencia" del Gobierno valenciano, que "solo tenía que hacer su trabajo y, al menos, mandar la alerta a tiempo y con un contenido acorde al riesgo".

En la misma línea, Mariló Gradolí ha asegurado ante la comisión que "no habrá normalidad" mientras se siga "protegiendo al principal responsable de la muerte de 230 personas", Carlos Mazón, y ha asegurado no estar aquí "por odio", sino "por responsabilidad, porque detrás de cada cifra hay una familia y detrás de cada decisión no tomada hay una consecuencia".

Esta comparecencia ha tenido lugar el mismo día en el que la jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana ha acordado elevar a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana una exposición razonada contra el expresident valenciano, que es aforado por ser diputado en Les Corts Valencianes.

La reacción de la oposición no ha tardado en llegar. El PSPV-PSOE y Compromís han instado este martes al Partido Popular a reclamar el acta de diputado autonómico a Mazón y, si no la deja, expulsarle del grupo popular y del partido, al considerar que es "una vergüenza" que siga siendo diputado autonómico.

La secretaria general de los socialistas valencianos, la ministra Diana Morant, ha afirmado que "al PP se le acaban las excusas para seguir protegiendo" a Mazón y ha aseverado en un mensaje en X que ni manteniéndole como diputado "podrán tapar tanta negligencia" y cada día se está "más cerca de que se haga justicia".

El síndic socialista, José Muñoz, ha afirmado en los pasillos de Les Corts que hoy se ha dado "un primer paso importante" hacia la imputación del expresident y parece que "ni el aforamiento" va a impedir que Mazón acuda los tribunales a declarar por su "inacción fundamental" el día de la dana.

Para Muñoz, "no tiene sentido que la democracia valenciana siga aguantando" a Mazón como diputado autonómico, y por ello el president de la Generalitat y presidente del PP, Juanfran Pérez Llorca, debe exigirle el acta, y si no la deja debe expulsarle del grupo y del partido, o seguirá siendo "el encubridor" de su antecesor. Además, ha conminado al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, a actuar.

El síndíc de Compromís, Joan Baldoví, ha señalado que la decisión de la jueza de Catarroja llega después de haber escuchado a 500 testigos y "ratifica lo que todo el pueblo entiende, y es que hay indicios suficientes para que Mazón esté imputado", por lo que la "única salida digna" que le queda es dejar el acta e irse de Les Corts.

El Gobierno de España también se ha sumado a la presión al PP para exigir el acta del expresident. Fuentes del Ejecutivo señalan a EFE que con el caso de Mazón y el del alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, acusado de acoso sexual, se demuestra que al Partido Popular siempre le tiembla la mano cuando se trata de casos que afectan a sus dirigentes.

Desde el Congreso de los Diputados, otros portavoces políticos han coincidido en que la decisión de la jueza demuestra que Mazón debe dejar su escaño.

La portavoz de Bildu, Mertxe Aizpurua, ha señalado que "hacía muchísimo tiempo que debería haberlo dejado", mientras que el portavoz de Izquierda Unida, Enrique Santiago, ha afirmado que "es lógico" que la jueza pida la imputación y que Mazón "debería dejar el escaño para que no hubiera otras competencias y facilitar la investigación".

"Parece que los hechos son más graves de lo que parecen, pero tengo que leerlo con detenimiento. ¿Tendría que dejar el escaño? Pues sí, posiblemente sí", ha asegurado la portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero.

El diputado de Compromís y portavoz de Vivienda de Sumar en el Congreso, Alberto Ibáñez, ha asegurado que el expresident "debe dejar el escaño le imputen o no, porque es una indignidad". "Feijóo puede decirle a los suyos que lo expulsen del Grupo Popular y se vaya al Grupo Mixto; no lo hará porque, en el fondo, al señor Feijóo ese día solo le preocupaba la comunicación", ha concluido Ibáñez.

Por su parte, el portavoz del PP en Les Corts Valencianes, Fernando Pastor, ha rechazado comentar u opinar la decisión de la jueza Catarroja de este martes.

En declaraciones a los periodistas en Les Corts, Pastor ha dicho que el PP no comenta las decisiones judiciales, ni las que le favorece ni las que no le favorecen. "No somos como ellos y además no queremos serlo", ha manifestado en referencia a los partidos de izquierdas.

"Siempre hemos huido de censurar o de aplaudir las decisiones judiciales según nos favorezcan o nos perjudiquen", ha manifestado Pastor, quien ha apuntado que no caerán ahora en ese error "porque sería renunciar" a uno de los principios del PP, que es "no opinar sobre las causas judiciales abiertas".

Ha afirmado que eso les diferencia de lo que hacen otros, y como ejemplo ha señalado que "cuando el juez Peinado instruye alguna cuestión que afecta a la mujer del presidente -del Gobierno-, salen tres ministros a decir que es un juez facha".

"Nosotros no somos iguales y no queremos serlo", ha indicado, y por eso ha añadido que no opinarán sobre la decisión de la Audiencia de Valencia de que se abra juicio contra Mónica Oltra por el presunto encubrimiento de los abusos sexuales a una menor ni sobre lo que han leído esta mañana sobre la jueza de la dana y su marido.

Preguntado por si desde el PP se va pedir el acta a Mazón, Pastor ha pedido no hablar "de futuribles", pues todavía no se sabe ni siquiera lo que decidirá el Tribunal Superior de Justicia, y ha señalado que él no está en estos momentos para "para descartar o dejar de descartar".

La adscripción del Centro Universitario Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) a la Universidad Complutense de Madrid se encuentra con obstáculos. La idea, que aprobó el gobierno de Isabel Díaz Ayuso el pasado noviembre, ha sido recurrida por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

Según ha adelantado El País y han confirmado a EFE fuentes del Ministerio, el recurso contencioso-administrativo fue interpuesto a través de la Abogacía del Estado y presentado el pasado 12 de enero en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Fuentes del ministerio, dirigido por Diana Morant, aseguran que es algo inédito que un colegio profesional pueda repartir títulos. Además, afirman que “la docencia está, y debe seguir estando, en las universidades, donde está el profesorado que domina los temas y las metodologías para enseñar”.

La aprobación de la adscripción a la UCM del centro de la ICAM tendría que ver, según recoge elDiario.es, con la falta de financiación de la Universidad Complutense, algo que se podría aliviar mediante esta operación ya que las universidades reciben dinero por alojar centros adscritos. También, apunta el medio digital, sigue la línea del gobierno de Ayuso, que querría tener más influencia en el sector de un organismo jurídico con buenas conexiones en el Gobierno de la Comunidad de Madrid y con su constante privatización de la educación.

Precisamente, fuentes del ministerio han asegurado a elDiario.es que “el resultado de esta decisión va a permitir que un centro privado compita con la facultad de derecho de la misma universidad a la que está adscrita, la Complutense. La decisión adoptada por el Gobierno de la señora Ayuso sienta un precedente muy grave al ceder a grupos profesionales la formación en títulos universitarios, habilitantes como este, a precios privados”.

Con este centro, la propia Complutense se estaría haciendo competencia a si misma, ya que en el grado de Derecho no llena todas las plazas, con una tasa de cobertura del 90%. De esta forma, dicen fuentes del ministerio, "se abre otra vía para desmantelar la universidad pública". También han alertado de que si esta decisión la toman otros colegios profesionales, "significaría desmontar la universidad y ceder la formación de nuestros jóvenes a intereses particulares de grupos profesionales".

El recurso del Gobierno se une al que ya presentó el PSOE hace pocos días y, además, podrían no ser los únicos. El rector de la Universidad Carlos III, Ángel Arias, anunció que también lo haría ya que considera que es un paso "forzado" y "un error". El rector asegura que es una “puerta falsa para formalizar como universidades ámbitos que no lo son”, una declaración que también comparte la Universidad Complutense.

El PSOE está revuelto internamente contra José Luis Ábalos. Indignación, rabia, decepción. El que fuera el todopoderoso secretario de Organización del partido pasa ya sus primeros días en la prisión de Soto del Real, junto a Koldo García, y dispara con dudas y sin pruebas contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su esposa, Begoña Gómez.

El daño al PSOE de la imagen de Ábalos en la cárcel es muy profundo, como reconocen varios dirigentes consultados. Una herida que recorre todas las federaciones del partido a poco menos de un mes de que arranque el nuevo ciclo electoral con Extremadura como primera parada el próximo día 21. Los socialistas están tocados, pero han decidido salir a contrarrestar los ataques del exministro de Transportes.

“No nos va a chantajear”. Esta es la frase que más se repite tanto en las estancias del Palacio de La Moncloa como de la sede del partido en la madrileña calle de Ferraz. El tono ha cambiado en 24 horas y la orden de la dirección socialista es contrarrestar el mensaje que está lanzando Ábalos, que eligió el periódico El Mundo para lanzarse contra Gómez por el rescate de Air Europa a la vez que entraba en la cárcel.

Hay unanimidad en el partido sobre que Ábalos (que fue suspendido de militancia y expulsado del grupo parlamentario) deje su acta en el Congreso (una decisión que sólo puede tomar él mismo). En la cúpula de Ferraz creían que lo haría si entraba en prisión, pero el exdirigente socialista no ha dado ni las más mínima muestra de esa intención.

Ábalos ha cambiado radicalmente de postura desde que apareció la nube negra de la prisión en su vida (dictada por el juez Leopoldo Puente este jueves). Horas antes se sumó a la teoría de Koldo García de que hubo una reunión entre Sánchez y Arnaldo Otegi para pactar la moción de censura en 2018 (los dos protagonistas lo han negado). Y también se lanzó contra la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, dejando caer que alojó a personas más allá de su familia en la residencia oficial (algo que también ha rechazado la titular de Trabajo).

Pero Ábalos dejó preparada una bomba por si entraba en prisión: una entrevista en el diario El Mundo para apuntar a la mujer de Sánchez como hacedora del rescate a Air Europa, algo que él había negado hasta el momento. Sus declaraciones son bastante nebulosas, porque no llega a indicar pruebas y habla en genérico de conversaciones entre ella y el empresario Javier Hidalgo. 

En el PSOE tienen claro que este giro del exministro se debe a su “estrategia judicial”, en un momento en el que el valenciano se ha visto en prisión y con una posible pena de hasta 24 años. Por eso, los socialistas creen que Ábalos se ha lanzado de manera desesperada a contar “mentiras y difamaciones”.

El mensaje que reiteran en Ferraz es: “Que nadie se confunda: este partido jamás se dejará chantajear por nadie”. Y defienden su actuación desde que se conociera este caso: “El PSOE ha actuado y seguirá actuando con transparencia y contundencia contra cualquier comportamiento irregular. Ahora es tiempo de que la Justicia esclarezca los hechos y que cada cual asuma sus responsabilidades. El que tenga que responder ante los tribunales, que lo haga. El PSOE ya ha respondido con ejemplaridad y con tolerancia cero frente a la corrupción”.

Los socialistas quisieron visibilizar este choque al máximo nivel con declaraciones este viernes de María Jesús Montero, ‘número dos’ del Gobierno y del partido, y de Diana Morant, que es la líder del PSPV, la federación de Ábalos, que ocupa un escaño en el Congreso por la provincia de Valencia. 

"Aquellas personas que tienen un pie en la cárcel se dedican a intentar implicar con mentiras y bulos a personas inocentes porque creen que van a llegar a un mejor acuerdo sobre su propia sentencia", aseveró Montero, que puso sobre la mesa que hay "una pena de telediario de personas que son mencionadas gratuitamente, sin ningún tipo de argumento y sin ninguna evidencia, sino todo lo contrario". Recordó que el caso de Air Europa fue “investigado, auditado y fiscalizado por todos los órganos de control”.

"Este partido y este Gobierno jamás se van a dejar chantajear por nadie, y eso lo sabe el señor Ábalos perfectamente. Por eso creo que responde más a una actitud de defensa", argumentó la vicepresidenta primera. Por su parte, Morant indicó que no le da “ninguna credibilidad” al exministro y le reprochó su “ventilador”. “Tendrá que responder ante la justicia”.

La entrada en prisión de Ábalos ha supuesto un duro golpe para el Gobierno en una semana en la que parlamentariamente también ha recibido un palo con el rechazo (a través del bloque de Vox, PP y Junts) de la senda de déficit, que tendrá que volver a presentarse en el plazo de un mes en las Cortes. Esta situación irradia muchas dudas sobre la viabilidad de la legislatura a pesar de que Moncloa sigue emitiendo que quiere llegar hasta 2027.

Mientras tanto, la dirección del PP trata de canalizar el malestar a través de una manifestación este domingo en Madrid sin paraguas de siglas. Y Alberto Núñez Feijóo cortejó este viernes a los empresarios catalanes, durante un encuentro de Foment del Treball, para que presionen a Junts de cara a un posible apoyo a una moción de censura que desaloje a Sánchez del Gobierno. El secretario general del PP, Miguel Tellado, también dejó la puerta abierta a esta posibilidad, aunque en Génova esperan a un momento en el que, por ejemplo, se diera la situación de que el PSOE fuera imputado en alguna pieza.

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha acusado hoy al president de la Generalitat en funciones, Carlos Mazón, de haber "vuelto a engañar a los valencianos" con una dimisión "fake" que debería incluir la de todo el PPCV porque "todos son corresponsables" de la gestión de la dana.

Morant ha comparecido hoy en rueda de prensa en Valencia junto a la portavoz socialista en la Comisión de Investigación de la dana en el Senado, Rocío Briones, y la presidenta de la Comisión de Investigación de la dana en el Congreso de los Diputados, Carmen Martínez.

La ministra ha calificado de "fake" la decisión tomada por Mazón el pasado lunes, y ha asegurado que su renuncia "debería haber sido un alivio", pero "ha vuelto a ser un engaño del PPCV, porque Mazón sigue siendo presidente, sigue siendo diputado y recibiendo su sueldo, sigue siendo aforado y parapetado para no rendir cuentas ante la justicia y sigue siendo presidente del PPCV".

Por tanto, ha agregado, "sigue siendo el que manda y el que esta pilotando la situación actual del PP y de los valencianos". Su decisión, ha señalado, "es una prórroga del PP para arreglar su problema que acaba siendo el de los valencianos".

Una decisión que llega además "un año y 13 manifestaciones después". Un tiempo ha dicho que "se tomó Mazón en El Ventorro, alargó la sobremesa, paseó al parking y las cosas que aún no sabemos: un tiempo que no tuvieron los valencianos".

La dirigente socialista ha dicho que esta solución "fake" está "buscada bajo los intereses de dos partidos, del PPCV y el PP de España, porque Feijóo también está sacando cuentas de lo que interesa o no, y del Vox de Abascal", que están actuando "bajo parámetros de conveniencia".

Y ha mostrado un "rechazo absoluto" a las "maniobras tacticistas" que "pretenden imponer una solución fallida a la crisis provocada en la Comunitat Valenciana desde Madrid".

Diana Morant ha asegurado que uno de los ejes de esas negociaciones va a poner en juego el derecho de proteger a la ciudadanía frente a las consecuencias del cambio climático. "El PP y Vox nos van a ofrecer en la Comunitat Valenciana más negacionismo del cambio climático y la ciencia", cuando "esa coalición negacionista se ha convertido en 229 víctimas".

Así, ha rechazado esas negociaciones y ha dicho que "la única salida posible a una crisis política de estas dimensiones pasa por la democracia y devolver la voz al pueblo" con la convocatoria de elecciones.

Preguntada por la posibilidad de que Juanfran Pérez Llorca ocupe el puesto de Mazón, la representante del PSPV-PSOE ha dicho que "fue uno de los grandes facilitadores entre el PPCV y Vox y es más de lo mismo".

Además, ha afirmado, ha demostrado, "la gestión más inútil", del día de la dana, cuando "habló con Mazón" pero "entre todos hicieron la nada más absoluta".

Sobre el presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó ha señalado que ya pidió su dimisión porque "el testimonio que ofreció a la jueza es diferente del que ofreció a los ciudadanos".

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha exigido este sábado la convocatoria inmediata de elecciones en la Comunidad Valenciana para que los ciudadanos "tomen la palabra” tras la dimisión "tarde y mal" de Carlos Mazón como presidente de la Generalitat.

En declaraciones a los periodistas en Villanueva de Córdoba (Córdoba), tras visitar la Feria del Jamón Ibérico de Los Pedroches, Montero ha afirmado que la renuncia de Mazón llega "después de un sufrimiento innecesario" para los valencianos, a los que, a su juicio, se les "ha privado de explicaciones" sobre la gestión de la dana.

La dirigente socialista ha acusado al ya expresidente valenciano de haber actuado con "negligencia" durante aquellas jornadas y ha señalado que "todavía no se sabe" qué hizo "la tarde en la que los vecinos lo necesitaban para salvar sus vidas".

Montero ha sostenido que la renuncia de Mazón no puede cerrar la crisis abierta en el Ejecutivo valenciano, ya que, a su juicio, lo que ahora "merecen los ciudadanos de Valencia es poder decidir", y ha criticado que el Partido Popular "negocie con Vox un posible sustituto" en lugar de "asumir responsabilidades" y "devolver la palabra a la ciudadanía".

"Un gobierno que niega el cambio climático no está capacitado para dirigir una comunidad como la valenciana, especialmente expuesta a fenómenos meteorológicos extremos", ha advertido Montero, quien ha calificado de "despropósito" la gestión del PP y Vox y ha reiterado la exigencia convocar elecciones para "restablecer la confianza y la seguridad de los ciudadanos".

El futuro de la Comunitat Valenciana, en el aire. Ni siquiera hay un nombre sobre la mesa respecto a quién postulará el Partido Popular como sustituto de Carlos Mazón al frente del Consell. No hay tampoco un acuerdo con Vox por parte de Génova 13 para sostener ese Govern. Incluso cabe la posibilidad de que el caos se imponga en el periodo para elegir nuevo presidente y se convoquen finalmente elecciones anticipadas para el próximo mes de marzo.

La izquierda mira con estupefacción el espectáculo “vergonzoso”, como definen tanto en el PSPV como en Compromís, de la dimisión “en diferido” de Mazón y del vacío de poder que se ha instalado en estos momentos en la Comunidad. Los socialistas y los naranjas presionan para que se convoquen elecciones, pero creen, según altas fuentes de ambos partidos consultadas, que los populares se plegarán a lo que pida Vox.

En el núcleo duro del socialismo valenciano pronostican que el PPCV “le va a dar todo” a Vox, algo muy similar a lo que dicen los altos mandos de Compromís: “Les van a dar hasta la vida para seguir en la Generalitat”. “Dentro de la M-30 no se ve, pero ya el PP ha cedido en todo durante estos meses con Mazón a Vox, como pasó para pactar los presupuestos. Y en las últimas semanas acordaron hacer estadísticas diferenciando los nacionales de los migrantes, fomentar la caza en los colegios y eliminar las comisiones de igualdad, lgtbi y de asuntos europeos en Les Corts”, subrayan los socialistas. 

Tanto en el PSPV como en Compromís sostienen que la Comunitat debería ir ya a elecciones y que ellos están preparados para los comicios. Fuentes socialistas valencianas indican que el Partido Popular no se ha atrevido a pulsar el botón electoral porque sabe que puede perder esa autonomía y que la izquierda está en condiciones de ganar. En la dirección del PSPV indican que los números de sus sondeos dan esa hipotética victoria frente a los estudios que aparecen en los medios de derechas, que penalizaban a Mazón pero sostenían a la marca del PP.

Asimismo, el análisis que hacen los socialistas valencianos en esos momentos es que todo depende del cálculo que haga Vox sobre la situación y no se atreven a predecir cuál será el movimiento final de Santiago Abascal, que está fuerte en las encuestas. Creen que la ultraderecha está en pleno dilema si ir a unas elecciones con buenos números o si le interesa más tener atado al Partido Popular, pudiendo escoger a un “títere” que le compre toda la agenda. 

“El que va a salir perdiendo con las dos opciones es Feijóo. Si va a elecciones, la izquierda puede ganar. Si no lo creyeran, ya habrían convocado. Y si pacta con Vox, va a marcar toda la política nacional”, sostienen en el PSPV. Respecto a la posibilidad de que un nuevo president se consolide en estos dos años, los socialistas reflexionan que todo ha sido tan “vergonzoso" que no hará que el PP pueda recuperarse.

En la sala de máquinas del socialismo valenciano entienden que se trata de una disputa entre bloques y no ven un trasvase de votantes del Partido Popular hacia el PSPV. Pero creen que la balanza se puede decantar hacia el bloque progresista por una alta movilización de la izquierda en las urnas y por la abstención dentro del electorado del PP que siente “vergüenza” por cómo se ha gestionado la dana. 

Lo que sí preocupa de cara a un proceso electoral en el socialismo es que se fragmente el espacio a su izquierda, por eso esperan que ese ámbito político consiga un entendimiento en la comunidad como pasó en la papeleta del pasado 23J. En cambio, en las autonómicas de ese año EU-EUPV, que compitió de manera separada de Compromís, se quedó fuera de Les Corts habiendo logrado casi un 3,5% de votos (más de 85.000 papeletas).

El PSPV-PSOE llevará como cabeza de cartel a la próxima cita con las urnas a la actual ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant. La derecha mediática trata de airear una supuesta guerra con la delegada del Gobierno en la Comunitat, Pilar Bernabé, sobre esa posición en la papeleta. Pero fuentes socialistas resaltan la buena relación entre la líder de PSPV y Bernabé (que será la candidata a la Alcaldía de Valencia). “Son un tique electoral”, resaltan las fuentes.

Respecto a las críticas de que Morant sea ministra y líder territorial, en la dirección de PSPV señalan que es un activo precisamente que forme parte del equipo más cercano de Pedro Sánchez, a quien los votantes progresistas ven como un dique para frenar a las derechas en el Gobierno central.

En el PSPV rechazan también que haya una competición dentro de la izquierda y apuestan abiertamente por un pacto con Compromís, lo que sería el “Botànic 3”. Creen los socialistas que las dos formaciones se complementan y que el partido naranja llega a votantes que nunca meterían la papeleta del PSOE. El PSPV apuestan por ofrecer a los ciudadanos un fortalecimiento de los servicios públicos y además apostar por una ordenación del territorio que se ajuste a la situación climática que vive la Comunitat. 

Por territorios, la izquierda, según señalan en el PSPV y en Compromís, está fuerte en Valencia y en Castellón, aunque tiene más problemas en Alicante. A pesar de eso, analizan que todavía no se ha medido el efecto negativo para los populares que puede tener todo lo que ha sucedido en los últimos días y en la gestión de la crisis por parte de Feijóo. “La gente ha visto que se han movido por el daño reputacional y no por conciencia”, señalan en el PSOE.

En Compromís también llevan meses exigiendo que se convoquen elecciones anticipadas, aunque también trasladan fuentes del partido que creen que el PP va a intentar un pacto con Vox y evitar así poner las urnas. “El PPCV le va a dar todo a la ultraderecha", trasladan los naranjas sobre el periodo de negociación que se abre ahora para elegir al sucesor de Carlos Mazón. 

El análisis que hacen en Compromís es que la izquierda tiene posibilidades de ganar a la derecha si hoy hubiera elecciones en la Comunitat Valenciana. No obstante, señalan que ahora mismo no hay sondeos respecto al impacto que tuvo, por ejemplo, el funeral de Estado y la marcha de Mazón. Pero los naranjas manifiestan que Vox está en unos números muy fuertes, mientras que creen que el PSOE no lo está. Ellos, asimismo, analizan que pueden tener sus mejores resultados en unas autonómicas.

Aunque no ha habido un proceso oficial todavía para elegir candidato, en la casilla de salida está ya Joan Baldoví, portavoz en Les Corts y gran referente del partido en estos momentos. Y no hay preocupación sobre si se unen a ellos EUPV y Podemos porque sostienen que la marca Compromís es fuerte y no les roban votos los otros partidos de la izquierda.

Dos modelos de gestión frente a frente. España vive en estos momentos un choque en el que se juega parte del futuro del país. El Gobierno central trata de parar los pies a la ofensiva de externalizaciones y gestión privada que están impulsando las autonomías del Partido Popular a lo largo y ancho del país.

No se trata de una mera guerra cultural, sino de que en los últimas semanas el modelo de gestión del Partido Popular en sus autonomías está en el foco por asuntos como el derecho al aborto, el escándalo del cribado del cáncer de mama en Andalucía y la proliferación de las universidades privadas, con el reciente ejemplo de la tramitación exprés por parte del Govern de Balears para la instalación en seis meses de una universidad del CEU en Mallorca.

El Gobierno de coalición trata de frenar esta deriva privatizadora de los populares con medidas de carácter nacional. En el Consejo de Ministros del martes dio luz verde al decreto impulsado por el Ministerio de Ciencia para endurecer los requisitos frente a los ‘chiringuitos universitarios’ y debatió un informe de Sanidad sobre el derecho al aborto, que sirvió de paraguas para exigir a las autonomías que cumplan la ley en aspectos como la lista de objetores. 

Asimismo, el Gobierno acordó en el ámbito sanitario el real decreto para regular el plan Veo, dotado con 47,7 millones de euros para la concesión de ayudas directas de 100 euros a menores de 16 años para la adquisición de gafas y lentillas, y lanzó una partida de 26,7 millones de euros para financiar hasta 1.783 plazas de Medicina en universidades públicas para el próximo curso (922 del primer curso y la restantes para segundo y tercero).

El decreto fue una promesa del presidente del Gobierno con la idea de endurecer los criterios frente a las universidades privadas que están aprobando las autonomías, muchas de ellas incluso en contra de los informes técnicos. En España actualmente hay 50 universidades públicas y 46 privadas, con la previsión de que con las aprobaciones pendientes las privadas se conviertan en breve en mayoría. El 30% de los estudiantes van a centro privados, un dato que era sólo del 4% hace tres décadas.

El negocio de las universidades privadas se centra especialmente en la Comunidad de Madrid, donde ya hay 13 frente a las seis públicas. El decreto del Gobierno sube los parámetros para crear un centro, empezando por la necesidad de que sea obligatorio un informe favorable por parte de la agencia de evaluación autonómica o de la ANECA. Además., la nueva norma exige un mínimo de 4.500 alumnos en el plazo de seis años y una oferta académica que incluya al menos diez títulos oficiales de Grado, seis de Más tres de Doctorado.

El Gobierno ha puesto en la diana, como expuso la ministra de Ciencia, Diana Morant, la infrafinanciación de las comunidades del PP a las universidades públicas: “Estamos muy preocupados porque en el futuro podemos volver a España en la que solo se podrá estudiar o no en función de si la familia lo puede pagar”. Asimismo, la también líder del PSPV argumentó que ve “ecos” en Madrid de la guerra abierta por Donald Trump en Estados Unidos contra centros de referencia como Harvard y Columbia.

El otro gran frente que tiene abierto ahora mismo el Gobierno tiene que ver con el aborto, donde el ala más dura del PP está marcando el camino a Génova 13. La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, está echando un pulso al Ejecutivo central, que ha requerido a las autonomías el cumplimiento de la creación de un registro de personas objetoras de conciencia para la práctica del aborto (un requisito de la ley de 2023, cuyo protocolo fue aprobado por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud en 2024).

Cuatro autonomías no lo cumplen actualmente: Aragón, Baleares, Asturias y Madrid. Y Andalucía está en trámite. Las tres primeras han asegurado que lo van a hacer, mientras que Ayuso ha puesto objeciones al rechazar que se “persiga” y “señale” a los profesionales sanitarios que no quieran practicar abortos: “Es impropio de una democracia liberal”. 

Desde el Gobierno, la titular de Sanidad, Mónica García, advirtió este martes a la presidenta de Madrid de que se van a utilizar “todas las herramientas jurídicas, normativas y administrativas” para que se cree ese registro: “La ley en nuestro país se cumple”. La ministra presentó un informe sobre el aborto, donde se refleja que cuatro de cada diez interrupciones del aborto se realizan en Madrid y Andalucía, pero, sin embargo, sólo se producen en centros públicos el 0,47% y el 0,2% en esas comunidades respectivamente (las cifras más bajas de toda España, contrastando, por ejemplo, con que en Cantabria más del 80% se realizan en la sanidad pública).

Y este choque entre los modelos públicos y privados también sobrevuela en el terreno político con el escándalo de los fallos en el sistema de cribado del cáncer de mama en Andalucía. Izquierda Unida y Adelante Andalucía han acudido a la Fiscalía para que se investiguen las negligencias y las posibles responsabilidades judiciales de los tres consejeros de Sanidad que ha tenido en sus gobiernos Juanma Moreno.

Desde Sanidad se han pedido a la Junta todos los informes “elaborados o en elaboración” y los indicadores de los últimos cinco años del programa de cribado, una medida que se va a extender al resto de comunidades. Para la ministra García, según declaró en TVE, no se trata de un error “puntual” que se pueda solucionar con un software informático: “Esto es un fallo estructural en el sistema sanitario andaluz, en el que seguramente el señor Moreno Bonilla no confía”.

“Es una curranta nata. Muy formada, muy discreta. Nadie se puede imaginar las horas que trabajó para lograr que la gigafactoría de Volkswagen se instalara en Sagunt. Ella es muy del PSOE, muy leal a las siglas. No tiene afán de protagonismo, muy seria. Además, es feminista y muy defensora de los derechos LGTBIQ+. Va a ser un acierto aunque su nombre no se conociera a nivel nacional”.

Esta es la definición que hace de Rebeca Torró un alto dirigente del PSPV que ha crecido junto a ella políticamente. A partir de este sábado, la hasta ahora secretaria de Estado de Industria salta a la primera línea política como nueva secretaria de Organización del PSOE tras el caso Cerdán. En sus manos está buena parte del futuro del socialismo en su momento más difícil desde que Pedro Sánchez llegara al Palacio de La Moncloa.

Torró (Ontinyent, 1981) se ha convertido en la cara de la nueva etapa que abre el PSOE y que supone la gran prueba de fuego para tratar de agotar la legislatura. En el partido había un clamor por que una mujer cogiera la Secretaría de Organización (algo que no pasaba desde Leire Pajín en 2008) y se evidenciara un cambio total tras las etapas hipermasculinizadas encarnadas por José Luis Ábalos y Santos Cerdán. Las conversaciones de ellos dos con Koldo García sobre mujeres han supuesto un durísimo golpe para el PSOE, un partido que se proclama feminista y que tiene un altísimo grado de votantes féminas.

Hay mucha confianza en un estilo nuevo alejado del ordeno y mando que históricamente ha caracterizado ese puesto en manos de hombres de perfil duro durante las últimas décadas, como Alfonso Guerra, Txiki Benegas y José Blanco, aparte de Ábalos y Cerdán. El último se rodeó además de una guardia de corps con figuras masculinas como Juanfran Serrano, Javier Alfonso Cendón y Manuel Arribas. Torró liderará una cúpula en la que ganan peso en el día a día también otras mujeres como Anabel Mateos (Coordinación Territorial), Montse Mínguez (Portavocía) y Enma López (adjunta a la Portavocía y responsable de Economía).

Asimismo, supone una ruptura total con los sectores relacionados con Cerdán y Ábalos. Otro dirigente del PSPV aporta este ángulo: “Rebeca pertenece en la federación socialista al sector de Ximo Puig y nunca ha estado en la órbita de José Luis [Ábalos]. Dos familias que se han enfrentado históricamente por el poder en la Comunitat Valenciana”. 

Su nombre en lo más alto del poder socialista viene a reforzar el papel del PSPV, donde Sánchez ha encontrado a una serie de dirigentes de confianza como Diana Morant (líder del territorio y ministra de Ciencia y Universidades) y Pilar Bernabé (delegada del Gobierno en la Comunitat y un referente ya moral en el partido por su papel durante los días de la dana). A ambas hay que sumar la figura de Lydia del Canto, secretaria de Estado de Comunicación, que también ha estado vinculada al socialismo valenciano como directora de Comunicación del partido y como secretaria autonómica de Comunicación de la Generalitat.

Además, esta Comunidad es clave para el futuro electoral: el PSPV es la segunda federación con más militantes después de Andalucía y el socialismo espera recuperar terreno después de la desastrosa gestión de Carlos Mazón.

Sánchez ya tenía a Torró en el radar desde hace unos años. Su nombre llegó a la mesa del presidente cuando pidió perfiles para el Gobierno tras las elecciones del 23 de julio. El expresidente valenciano Ximo Puig dio dos al líder nacional: Rebeca Torró y Arcadi España (que habían desempeñado papeles relevantes en el Gobierno del Botànic en la Comunitat Valenciana). Ambos entraron como secretarios de Estado de Industria y de Política Territorial, respectivamente.

Su nombre, aunque apenas conocido para el gran público, siempre estaba encima de la mesa para cualquier puesto de responsabilidad y faltó poco para que entrara en la pasada Ejecutiva que salió del congreso de Sevilla, pero se cayó porque ya había mucha presencia valenciana dentro con el propio Arcadi España, Alejandro Soler y Pilar Bernabé. 

Un colaborador cercano del presidente analiza así el nombramiento de Torró: “El presidente buscaba un perfil de esas características. Una persona con gestión comprobada, con condiciones de CEO de una empresa. Profesional como muchos de los perfiles que hay dentro del Ejecutivo. Encaja perfectamente en la idea que tenía. Además, ha demostrado aceptando que también es valiente”.

Torró tiene esa parte de gestión, pero es una persona, como también destacan varios dirigentes consultados, muy del PSOE. De hecho, ella ya era secretaria de Organización en su comarca con 23 años, como recuerda una compañera de fatigas políticas. Licenciada en Derecho, ha pasado por todos los niveles en la Administración y empezó como concejala en la oposición en el Ayuntamiento de Ontinyent. Allí trabajó codo con codo con Jorge Rodríguez, que dejó el PSOE por el caso Alquería aunque luego no salió declarado culpable. Después él montaría un nuevo partido, pero ella decidió quedarse en el PSOE. 

Dentro del Gobierno valenciano, Torró jugó un papel muy importante como conexión con el mundo empresarial, que recelaba de la presencia de Compromís en ese Ejecutivo. Desde el Partido Popular se trató de vincular a la entonces consellera con el sobrecoste de material sanitario durante la pandemia a través de un contacto con un empresario chino, pero la investigación no llegó a ningún puerto. Durante estas horas, la derecha también intenta vincularla con el caso Cerdán porque, según publica La Razón, durante su época en el Ejecutivo autonómico autorizó adjudicaciones a Levantina de Ingeniería y Construcción SL, una de las empresas citadas en la trama.

Otro alto cargo que la conoce desde hace años responde así cuando se le pregunta por los puntos fuertes y los débiles de Torró: “Luchadora, valiente, con garra, conoce bien orgánicamente el partido. Es buena comunicadora y dura contra el PP”. Y sobre sus fragilidades: “Nunca ha llevado temas orgánicos, pero seguro que se pondrá en cero coma”. Por Torró pasa buena parte del futuro del socialismo y ahora le toca remontar, como en los partidos de fútbol femenino que suele ver.

El juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge ha decretado el secreto de las diligencias que ha abierto este viernes para investigar la filtración y publicación, en un canal de Telegram con más de 92.000 seguidores, de los datos personales y teléfonos de siete ministros socialistas y de varios exdirigentes del PP, según informa EFE.

Lo ha hecho horas después de que recayeran en su juzgado, el Central de Instrucción número 1, las pesquisas que la Policía Nacional ha puesto en conocimiento de la Audiencia Nacional en relación a estos hechos, que podrían atentar contra la Seguridad del Estado, han informado a EFE fuentes jurídicas.

La Policía Nacional se hizo cargo de la investigación nada más conocerse este jueves la filtración y publicación de esos datos, que afectan a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y a los ministros del Interior, Fernando Grande-Marlaska; Transportes, Óscar Puente; Agricultura, Luis Planas; Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant; Igualdad, Ana Redondo; e Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. En el mismo listado, se han publicado datos de exdirigentes del PP como Elvira Rodríguez, María Dolores de Cospedal, Rafael Catalá, Isabel García Tejerina y Ana Pastor.

Los mensajes con esos datos aparecieron publicados a primera hora de la mañana del jueves por un usuario que se identifica en el canal con seudónimo y se republicaron por otro usuario una hora después.

Según adelantó el diario Público, el grupo de Telegram donde han aparecido estos mensajes es utilizado por sus usuarios para difundir publicaciones relacionadas con la actividad política de Alvise Pérez, así como para atacar al Gobierno o divulgar mensajes xenófobos. 

Hay comunidades autónomas que están "asfixiando" la universidad pública. Algunas de esas regiones llevan, además, años "maltratando" el sistema. Tanto, que en varios casos puede hablarse ya de que éste ha "quebrado". Y eso suele tener un efecto colateral: la privatización. Es teoría pero es, también, lo que la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, diagnostica que está ocurriendo en España.

Lo comparó, en una entrevista con infoLibre, con lo que ha pasado con la sanidad madrileña: la que preside Isabel Díaz Ayuso es la comunidad que menos invierte por habitante y es, al mismo tiempo, la región con más ciudadanos con una póliza privada. Pues lo mismo ocurre con la educación superior. Ahora bien, no es la única. Como señaló la ministra, detrás de que la universidad se haya convertido en un negocio hay una clara "intencionalidad ideológica". Madrid es el ejemplo, pero el modelo, cada vez, se replica en más puntos del mapa.

Situemos primero en qué punto estamos. Según los datos oficiales del departamento de Morant recogidos en el último informe Datos y cifras del sistema universitario español, actualmente hay 50 universidades públicas y 41 privadas. En las primeras estudian 1.077.830 estudiantes de grado y 143.349 de máster que suponen, respectivamente, el 78,2% y el 49,7% del total. No siempre ha sido así. Si nos atenemos a los grados —por ser los estudios mayoritarios—, los datos indican que el número de matriculados ha descendido un 3,5% en las instituciones públicas entre los cursos 2016-2017 y 2023-2024, un periodo en el que el alumnado de la privada ha escalado un 61,1%. Hay, en cualquier caso, matices entre autonomías. Y tienen relación, claro, con el número de centros de cada una.

Vayamos primero a esto último. Madrid gana por goleada, en el peor sentido de la palabra, y destaca por encima de todas las demás autonomías con 13 universidades privadas, más del doble de las seis públicas. De todas ellas, siete se crearon en los últimos 25 años y en la región hay, además, otros dos proyectos encima de la mesa. Por detrás de la gobernada por Isabel Díaz Ayuso se encuentran, aunque lejos, Canarias, Andalucía y Cataluña, aunque sólo las dos primeras han experimentado un fenómeno de explosión de la privada similar al madrileño. Todos sus centros se han construido en el último cuarto de siglo y las islas tienen, de hecho, otro proyecto encima de la mesa. No hay por ahora ningún otro en marcha en Andalucía, y Cataluña tiene particularidades que merecen mención aparte.

¿Cómo se distribuye el alumnado entonces en Madrid, Andalucía y Canarias? O mejor dicho: ¿cómo ha cambiado esa distribución en los últimos años? Haciendo la misma comparativa que a nivel nacional —es decir, lo que ha ocurrido entre los cursos 2016-2017 y 2023-2024—, los estudiantes matriculados en la privada han crecido un 890,4% en Canarias, un 123,5% en Andalucía y un 63,2% en Madrid. En paralelo, los de la pública han descendido, respectivamente y en el mismo periodo, un 4,2%, un 3,4% y un 6%. Para hilar más fino, no obstante, merece la pena comparar cuánto representa el alumnado de las privadas respecto al total de universitarios. Y ese cálculo muestra que estudia en privadas el 14,6% en Canarias (hace casi una década lo hacía el 1,6%), el 2% en Andalucía (antes eran el 0,9%) y el 31,5% en Madrid (en 2016-2017 eran el 21%). En todas ha crecido.

Una vez situados los datos, ¿puede hablarse de factores comunes que los expliquen? Sí, y son varios. Para empezar, las tres autonomías están gobernadas por la derecha. Madrid y Andalucía, por el PP; Canarias, por una coalición entre los conservadores y Coalición Canaria. Destaca especialmente en cualquier caso la región que tiene a Juanma Moreno al frente: cuatro de las cinco universidades privadas andaluzas se crearon a partir de 2023. En concreto, dos ese año y dos el siguiente. Una está ubicada en Sevilla y otras tres, que todavía no han empezado su actividad, lo harán en Málaga. El conservador preside la Junta desde 2019.

Pero hay más. Las cifras que ofreció Morant en la entrevista con infoLibre hablan de diez proyectos de universidades privadas encima de la mesa. Pues bien, según ha sabido este periódico, tres se reparten entre Madrid y Canarias y los otros siete entre Extremadura (que plantea la apertura de tres), Illes Balears (una) y Aragón (con otros tres proyectos). Comunidades, todas ellas, también gobernadas por el PP.

Todos los expertos consultados coinciden en que esto es determinante. "La Comunidad de Madrid lo pone en bandeja", señala por ejemplo Francisco José Marcellán, profesor de la Carlos III y exmiembro de la comisión de acreditación de universidades Fundación Madri+d. "Hay una clara voluntad política e ideológica que contribuye a toda esta proliferación", añade Delia Langa, profesora titular en la Universidad de Jaén. Y para muestra, Málaga, donde el alcalde, denuncia Ana Jorge Alonso, profesora de la UMA, ha llegado a ceder suelo público a universidades privadas. Ha ocurrido recientemente con un terreno adjudicado a la Alfonso X El Sabio. El regidor malagueño, Francisco de la Torre, además, es claro y directo. Considera, sin ambages, un "acierto" el desembarco de estos centros en la ciudad.

"Las universidades privadas se están concentrando allí donde hay negocio y, sobre todo, en ciudades bien pobladas de comunidades proclives a aceptar estos desembarcos", diagnostica por su parte Carles Ramió, catedrático de Ciencia Política y Administración en la Universitat Pompeu Fabra.

Ahora bien, ¿por qué influye tanto el color político de quien controla el Gobierno? Porque esto determina dos cosas: que el sistema público generalmente no se cuida —al menos no de forma adecuada— y que se van a aprovechar todas y cada una de las rendijas que deje entornadas la norma de acreditación de los centros. Volvamos a Madrid.

La región aprobó a finales del año pasado unos presupuestos que establecen en 801 millones de euros la inversión para las universidades públicas, una cifra que en 2009, antes de los recortes, ascendía a 1.127. Es casi un 30% menos, según las cuentas que publicó el diputado del PSOE en la Asamblea de Madrid Horacio Díez.

Los cálculos de infoLibre son parecidos. Según los datos oficiales recopilados por el desaparecido Observatorio del Sistema Universitario (OSU) y facilitados por la que era su directora, Vera Sacristán, la región gobernada por Ayuso invirtió en 2022 un 5,1% menos que antes de que los servicios públicos sufrieran lo peor de la crisis económica. En el caso de Canarias ese porcentaje se situó en el 1,9% y en el caso de la Comunitat Valenciana, en el 10,9%. Esta autonomía cuenta con cuatro universidades privadas.

"Madrid no permite que la pública amplíe plazas, tampoco mejoran la plantilla de profesores y, al final, lo que se consigue es que los estudiantes se matriculen en la privada", lamenta Marcellán. Enrique Díez Gutiérrez, profesor en la Universidad de León (donde hay otros cuatro centros privados), hace la misma comparación que Morant. Y la aplica a su autonomía y a todas las demás gobernadas por la derecha. "El proceso es bastante clásico: se adelgaza lo público, se genera una necesidad y, entonces, se promueve lo privado como única solución", explica.

En todo caso, el otro factor que mencionábamos también resulta determinante. Es, además, sobre el que ha puesto el foco el Gobierno. Se trata de la normativa que establece las condiciones por las cuales se autorizan y acreditan nuevos centros universitarios, un texto para el que el Gobierno aprobó una reforma hace apenas unos días. En concreto, lo que busca el Ejecutivo es endurecer los requisitos para cerrar esas rendijas por las que los gobiernos de derechas tratan de colar cualquier proyecto o iniciativa.

Hasta este momento —la reforma planteada ha entrado ahora en periodo de consulta— el decreto por el que se rige todo esto es el que en 2021 aprobó el que fuera ministro de Universidades hasta ese mismo año, Manuel Castells. Su objetivo, dijo entonces, era poner coto a los centros privados que actúan como "negocio", pero en ningún caso ser un obstáculo para aquellos "de calidad". En resumen: lo mismo que ahora pretende su sucesora, Diana Morant. "Vamos a asegurar que todo título que se expida en una universidad de nuestro país tenga la calidad que creemos que tenemos que garantizar", dijo en la entrevista que concedió a este periódico.

¿Cómo lo van a hacer? Pues básicamente convirtiendo en preceptivo y vinculante el informe previo que las agencias autonómicas o estatal emiten cuando se presenta cada proyecto. Hasta ahora no ocurre así. Si un examen de una universidad privada concreta determina que la iniciativa no es viable pero el Parlamento autonómico tiene una mayoría para aprobarla, el centro sale adelante. Por eso es muy importante el color del Gobierno. Según los datos del Ministerio de Morant, desde 2018 ha habido cuatro centros abiertos de esta manera. Precisamente en Canarias (Universidad de las Hespérides y Universidad Tecnológica de Canarias), en Madrid (Universidad del Diseño, Innovación y Tecnología) y en Andalucía (Universidad Tecnológica Atlántico-Mediterráneo).

Por su parte, otras seis universidades privadas con informe desfavorable de la Conferencia General de Política Universitaria esperan a que las cámaras autonómicas les den luz verde. Todas, de nuevo, en comunidades del PP: Universidad Internacional del Mediterráneo y Universidad Internacional de Estepona Antonia Guerrero, en Andalucía; Universidad Técnica del Mediterráneo, en Murcia; CESUGA International University, en Galicia; Universidad Abierta de Europa, en Madrid; y Universidad Internacional para el Desarrollo, en Extremadura. Con esta última, la región presidida ahora mismo por María Guardiola tendría, por primera vez, uno de estos centros.

Castilla-La Mancha sale de toda esta ecuación. Cataluña también. Pero hay un matiz entre ambas, y es que en esta última sí tiene presencia la universidad privada. En concreto, cinco centros que, sin embargo, no pueden enmarcarse dentro de ese boom que sí existe en el resto del territorio español. Lo explica el catedrático emérito de la Universitat Politècnica de Catalunya Albert Corominas. "Nuestro mapa es muy distinto, tanto por la composición como por las fechas", explica, desde el otro lado del teléfono.

¿Qué es lo que ocurre? Ninguna de las cinco universidades en manos privadas instaladas en Cataluña tiene afán de lucro. Tres, además, son confesionales: la Ramón Lllull, la Universitat Internacional de Catalunya y la Abat Oliva CEU. Las otras dos que componen el listado son la Universitat Oberta de Catalunya y la Universitat de Vic, ambas subvencionadas parcialmente con fondos públicos.

Ahora bien, ¿cuándo se crearon? Como recuerda Corominas, la más reciente es la Abat Oliva CEU, reconocida como universidad en 2003 aunque en funcionamiento como escuela desde 1973. Desde entonces, hace más de 20 años, ninguna más. "No hay nadie que tenga interés en que aparezcan nuevos competidores. Yo personalmente no recuerdo ningún intento de que algún fondo de inversión quisiera entrar en el mapa universitario catalán pero, si lo ha habido, no ha prosperado", detalla el experto. Y no prevé que lo haga. "El sistema está muy consolidado. No ocurrirá lo que está pasando en Canarias o en Madrid", sentencia.

El Gobierno madrileño de Isabel Díaz Ayuso ha iniciado los trámites para que el Instituto de Empresa (IE) se convierta este año en la decimocuarta universidad privada de la región. Así lo anunció este jueves la propia presidenta en la primera jornada de su visita institucional a Ecuador, desde donde destacó que la nueva condición de universidad del IE le permitirá "ampliar plazas y titulaciones", según recoge EFE. Es un proyecto "que atrae a miles de alumnos de todo el mundo y hace de Madrid una región "cada vez más excelente y universal", destacó la presidenta.

La universidad privada ha centrado, en los últimos días, un nuevo choque entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno de España, que ha emprendido una reforma legal para endurecer los requisitos aplicables a esos centros. Entre otras disposiciones, el Gobierno plantea revocar las autorizaciones otorgadas a las universidades que no cumplan con 4.500 alumnos en los cinco primeros años de ejercicio o no destinen un 5% de su presupuesto total a investigación.

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, señaló expresamente a Andalucía y "muy destacadamente" a Madrid por dar el visto bueno a la creación de nuevas universidades privadas "que no cumplen con la calidad mínima exigible", al tiempo que "asfixian" a la universidad pública. Díaz Ayuso, por su parte, considera que las medidas promovidas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez persiguen "insultar y difamar a la universidad madrileña".

Fuentes de la Comunidad de Madrid explican que ya está concluida la fase preliminar de estudio del proyecto para convertir el IE en universidad privada, en la que ha recabado los preceptivos informes de la Conferencia General de Política Universitaria, la Fundación madri+d, la Secretaría General Técnica y la Dirección General de Infraestructuras, todos ellos positivos.

Ahora se inicia el periodo de audiencia e información pública y se solicitarán los informes de las demás consejerías y de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid, entre otros organismos. Una vez completados todos estos trámites, la Consejería de Educación propondrá, en su caso, la aprobación del anteproyecto de ley por el Consejo de Gobierno. Será entonces cuando, ya como proyecto de ley, se remitirá a la Asamblea de Madrid para su discusión y convalidación definitiva por los grupos políticos de la Cámara.

La situación se repite cada sesión plenaria. El alboroto es algo habitual en las bancadas durante los debates parlamentarios, pero los miembros del Gobierno denuncian que se ha traspasado una línea roja. El motivo: los constantes insultos, sin tener el turno de palabra, que profieren diputados de la bancada de la derecha contra ellos sin que los perciban claramente las cámaras.

Esos insultos están destinados principalmente al banco azul que se encuentra bajo los escaños del PP y de Vox. Los ministros que allí se sientan son: Mónica García (Sanidad), Ernest Urtasun (Cultura), Carlos Cuerpo (Economía), Diana Morant (Ciencia, Innovación y Universidades). Pablo Bustinduy (Derechos Sociales), Ana Redondo (Igualdad), Elma Saiz (Inclusión, Seguridad Social y Migraciones), Óscar López (Transformación Digital y Función Pública) y Sira Rego (Juventud e Infancia). 

A lo largo de toda la legislatura estos ministros durante las sesiones parlamentarias, según confiesan varios de ellos, son objeto de insultos y de gritos mientras habla el Gobierno. Y se han producido episodios de enfrentamiento cuando se han dado la vuelta para pedir respeto y silencio. Estos rifirrafes se han producido incluso con el portavoz del Partido Popular en el Congreso, Miguel Tellado.

Pero la situación no es esporádica, sino que se repite todos los plenos aunque no se aprecie por televisión. Y este miércoles la ministra Diana Morant estalló ante nuevos insultos y decidió ponerle voz ante la Cámara Baja y la opinión pública durante su intervención en la sesión de control.

El momento se produjo cuando Morant contestaba a una pregunta de la diputada de EH Bildu Marije Fullaondo respecto sobre qué medidas piensa el Gobierno adoptar para solucionar la suspensión de la transferencia a Euskadi de homologación de títulos universitarios y sus consecuencias después de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo.

Al contestar, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades indicó: “Previamente quería manifestar que creo que no es de recibo que una ministra del Gobierno de España por estar aquí sentada tenga que estar continuamente escuchando insultos como gentuza, puteros y payasos”. Su afirmación provocó entonces un aplauso por parte de diputados del arco progresista, 

A lo que añadió la también secretaria general del PSPV-PSOE: “Toda una serie de insultos y faltas de respeto que escuchamos y que reconocen. Y cuando se protesta, y lo hago personalmente, estas personas me dicen ‘cállate la boca”. “Quiero, ya que no se escucha por los micrófonos, que la gente sepa cuál es el nivel del Partido Popular y a lo que nos tenemos que enfrentar”, lanzó ante el Hemiciclo. Esta frase volvió a provocar un gran aplauso de los miembros del Gobierno y del PSOE presentes, como María Jesús Montero, Fernando Grande-Marlaska, Santos Cerdán y Pilar Alegría, entre otros, además de parlamentarios de Sumar como Agustín Santos Maraver.

A la salida de la sesión plenaria, la ministra de Ciencia volvió a mostrar ante los periodistas su enfado y su indignación por los insultos recibidos durante la sesión plenaria. Esta sensación de Morant es compartida ampliamente por los diputados del PSOE, que acusan al PP y a Vox de “hooliganismo” en la Cámara y de faltar al respeto continuamente. Y recuerdan varios parlamentarios socialistas el acoso al que han sido sometidos durante esta legislatura con episodios de violencia verbal especialmente por la investidura y con destrozos y acciones violentas contras sus sedes y casas del pueblo en todo el país.

Miércoles 2 de abril. La localidad madrileña de Villanueva de la Cañada se viste de gala para recibir a Felipe VI. El rey, acompañado del secretario de Estado de Ciencia e Innovación, Juan Cruz, visita las instalaciones de la Universidad Alfonso X El Sabio para celebrar el 30 aniversario de la institución. Fue aprobada por las Cortes en 1993 y tan sólo un curso después, en el 94-95, abrió sus puertas para apenas 800 estudiantes. Era entonces la primera institución de educación superior privada aconfesional e independiente que abría sus puertas en España. Hasta entonces, tan sólo eran cuatro las universidades privadas y estaban todas, además, en manos de la Iglesia. Hoy, sin embargo, el mapa es muy diferente. Y precisamente 24 horas antes de esa visita del monarca el Consejo de Ministros aprobó tramitar de urgencia un decreto para evitar que así siga siendo. 

"Esto no va de universidades públicas contra universidades privadas. Esto va de universidades buenas contra universidades malas", aseguró la portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Pilar Alegría, en rueda de prensa. No era una declaración casual. El Ejecutivo lleva una semana tratando de identificar, claramente, sobre qué tipo de universidades quiere poner el foco. Quiénes son, en definitiva, los "chiringuitos universitarios" mencionados por el presidente Pedro Sánchez, que quiso también diferenciarlos de "aquellas instituciones privadas que sí funcionan bien, con rigor y calidad". 

El decreto que ahora el Gobierno somete a audiencia pública diagnostica que en los últimos años nuestro país asiste a una "expansión sin precedentes" de las iniciativas de universidades privadas, un hecho que está sucediendo "con un volumen y rapidez que no tiene comparación con ningún otro de los grandes países europeos". Se está "transformando", sentencia el texto, "el sistema universitario español". Ahora bien, ¿cómo ha ocurrido? ¿Qué factores han contribuido a que se llegue hasta aquí?

Entenderlo requiere echar la vista atrás. José María Hernández Díaz es catedrático de Teoría e Historia de la Educación en la Universidad de Salamanca y se remonta para explicarlo al periodo prefranquista. "La expansión de la privada es una cuestión muy compleja y, a la vez, muy extensa en el tiempo", explica. Hasta la dictadura, España se encuadraba dentro de la "tradición europea" de únicamente permitir y facilitar la expansión de la universidad pública. "También pasaba en Alemania y Francia", detalla el experto. Tanto era así, que tan sólo había entonces dos instituciones privadas: Deusto y la Pontificia Comillas.

Todo cambió sin embargo con la llegada del franquismo. Y con el incremento exponencial del protagonismo católico de, sobre todo, la primera etapa de la dictadura. Así, en 1941 se creó la Universidad Pontificia de Salamanca y ya en 1964 la Universidad de Navarra, vinculada al Opus Dei. "En aquella época no se aceptaban universidades privadas en España que estuvieran en manos distintas de las eclesiásticas", recuerda Hernández Díaz. Y así fue hasta la década de los 90, años después de la transición. "Ahí se produjo el cambio total de paradigma", afirma.

Llegó en forma de un decreto que permitió, por primera vez, la creación de universidades privadas siguiendo el "modelo anglosajón". "Se viró hacia el libre mercado, que afectó a la sanidad, afectó a la educación y afectó, también, al mundo universitario", continúa el historiador. Todas las normas aprobadas posteriormente ya estaban sujetas a ese marco. Hasta hoy. 

El Gobierno de José María Aznar aprobó en 2001 la Ley Orgánica de Universidades (LOU), que afianzó la entrada de cualquier actor como creador de instituciones privadas, explica Marti Parellada, doctor en Ciencias Económicas y colaborador de la Fundación Alternativas. Sólo seis años después, a partir de 2007, los cambios normativos referentes a las titulaciones y sus registros hicieron el resto.

Lo explica el catedrático emérito de la Universitat Politècnica de Catalunya Albert Corominas. El 12 de abril de aquel año se aprobó una normativa que en su preámbulo indicaba lo siguiente: "La Ley apuesta decididamente por la armonización de los sistemas educativos superiores en el marco del espacio europeo de educación superior y asume la necesidad de una profunda reforma en la estructura y organización de las enseñanzas". Se materializó básicamente en que la estructura clásica de los títulos cambiaba. La establecida en 1983 y que incluía títulos de tres años (diplomaturas, ingenierías técnicas y arquitectura técnica) y de cuatro (licenciaturas, ingenierías y arquitectura) se modificaba por un sistema de Grados y Máster. Se hizo, a juicio de Corominas, aludiendo como "excusa" a la Declaración de Bolonia. Es decir, a ese llamado "marco del espacio europeo".

Esa modificación ya introdujo ventajas para la privada. Según explica la profesora de Sociología de la Educación en la UCM María Fernández Mellizo-Soto, son estas las instituciones que pueden ofrecerlos con una mayor "agilidad". "Las públicas son más lentas y burocráticas, y fueron las privadas las universidades que más aprovecharon este cambio", explica en conversación con infoLibre. Se ve claramente en los datos: según los oficiales del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, el 50,3% de los matriculados en estos estudios lo está en un centro privado.

Sin embargo, la cosa no quedó ahí. Como explica Corominas, el decreto de 2007 también introdujo otra novedad que, vista hoy, explica muchas cosas. No fueron sólo los títulos, sino su acreditación. Hasta ese momento, explica el experto, todos formaban parte de un catálogo que, según un informe del ya desaparecido Observatori Universitari —del que Corominas formó parte— era "modificable, pero muy estable". Las universidades podían entonces "programar como títulos oficiales solo los que figuraban en el Catálogo", pero a partir de 2007 esa figura fue sustituida por la del registro. Y el cambio entonces no fue sólo la nomenclatura. "Se dio pie a que cada centro propusiera un título cualquiera que, si cumplía ciertos requisitos, era aprobado", explica el catedrático. ¿Cuál fue el resultado? Que se crearon "contenidos triviales que sólo tenían sentido dentro de la lógica del libre mercado". "La oferta de Grados empezó a ser una especie de salón del automóvil", critica Corominas.

Ese es el origen de que pueda haber universidades tan especializadas en estudios tan concretos. Por ejemplo, la Universidad de Diseño, Tecnología e Innovación (UDIT) abierta en Madrid con informe en contra del Ministerio se presenta en su propia web como "la atípica universidad". Y no miente. Oferta un Grado en Robótica, otro en Diseño de Moda, otro en Diseño de Interiores u otro en Datos e Inteligencia Artifical. Sus "áreas de conocimiento" quedan lejos de cualquier ciencia. Son seis: diseño de producto, diseño gráfico, interiores, moda, tecnología y videojuegos. "El Estado depositó con estos cambios toda su fe en el mercado. La idea era crear títulos porque era lo que el sistema pedía", lamenta Corominas.

Había pasado muy poco tiempo desde entonces cuando se produjo la que sería la estocada definitiva que provocó la expansión de la universidad privada. El 15 de septiembre de 2008 quebró el banco de inversiones estadounidense Lehman Brothers y comenzó, con ello, una crisis económica de alcance mundial. No obstante, los servicios públicos tardaron en ese momento dos años más para notarlo. Fue en 2010 cuando los recortes del Gobierno de Mariano Rajoy pusieron en jaque una sanidad y una educación públicas que, en el caso de la universidad, todavía no se ha recuperado. Algunos datos lo muestran de hecho de forma muy gráfica.

Por ejemplo, como publicó infoLibre, las comunidades autónomas —competentes en esta materia— tan sólo han incrementado un 4,9% la financiación de estas instituciones desde 2009, un periodo en el que la inflación ha escalado más de un 26%. Pero es que algunas como Canarias, Madrid o la Comunitat Valenciana destinan todavía menos que entonces: un 1,9%, un 5,1% y un 10,9%, respectivamente.

¿Cómo ha influido esto en la proliferación de la privada? Pues según los datos del Ministerio de Diana Morant, de las 28 universidades privadas que se crearon desde el año 2000, 20 lo hicieron a partir de 2010. Casi la mitad, además, en los últimos cinco años. Lo han hecho, además, gracias a actores mucho más diversos. Tanto, que una gran parte está ya controlada por fondos de inversión cuyo único objetivo se basa en obtener el máximo beneficio.

Ahora bien, ¿por qué ha ocurrido esto? Por varios motivos. Según Fernández Mellizo-Soto, la crisis económica incrementó también la demanda de educación superior. "La construcción dejó de dar empleo, el paro subió y mucha gente vio en la educación superior la única solución", explica la profesora. La pública, recortada, fue incapaz de absorber todo eso y fueron entonces las instituciones privadas las que se presentaron como salvadoras de la situación. "Se empezaron a crear muchas universidades para rellenar el vacío entre el hueco de personas que querían estudiar y la oferta de plazas públicas", apostilla Parellada.

Los datos oficiales dibujan un panorama que preocupa a los expertos y al Gobierno, que ya ha dado el primer paso para tomar medidas. Sin embargo, no muestran toda la dimensión de la problemática. El último informe de Datos y cifras del sistema universitario español recoge que actualmente hay 50 universidades públicas por 41 privadas, pero los datos que el Ministerio facilita a infoLibre reflejan que, además, hay otros seis proyectos con evaluaciones desfavorables pendientes de que los gobiernos regionales del PP decidan si dan luz ver o no a esos proyectos. Es decir, que hasta que se apruebe definitivamente el decreto ahora planteado por el Gobierno podrían proliferar muchos más centros. Y todos tendrán tres años para adaptarse a las nuevas exigencias. En caso de no hacerlo, según el borrador del texto, habría que revocar la autorización.

"Ahora mismo tal y como están las cosas es inevitable que existan este tipo de iniciativas, lo que ocurre es que son las autonomías las que deben ponerle coto", reclama Hernández Díaz, que pide que se garantice una oferta de calidad que respete los tres pilares de la universidad: docencia, investigación y transferencia. "No es sólo una cuestión de expedir títulos, sino de formar ciudadanos. Hay que garantizar para ello un mínimo de calidad que, ahora mismo, no cumplen todas las universidades. Ni algunas públicas ni la mayoría de las privadas", sentencia el catedrático.

Diana Morant (Gandía, Valencia, 1980) presume cada vez que puede de haber sido la primera universitaria de su familia. Sin embargo, sabe que desde que ella lo hizo hasta hoy el sistema ha cambiado completamente. Tanto, que como ministra de Ciencia, Innovación y Universidades se enfrenta a uno de los mayores retos con los que se ha encontrado la educación superior: el auge de la universidad privada al calor del cada vez más evidente deterioro de la pública. Pero eso no le frena, al contrario.

Descuelga el teléfono a infoLibre desde Valencia —también es la líder del PSPV— cuando han pasado poco más de 48 horas desde que el Gobierno diera luz verde a un nuevo Real Decreto para la creación de universidades privadas. El objetivo está claro: endurecer los requisitos y, sobre todo, hacerlos obligatorios. Se acabaron las recomendaciones. Y no porque el Ejecutivo tenga "una cruzada" contra la universidad privada, sino por el deber, explica, de garantizar que todo título universitario tenga un mínimo de calidad.

Cuando el presidente del Gobierno avanzó este lunes el nuevo decreto de acreditación de universidades habló sin tapujos de "chiringuitos". Al día siguiente, la portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Pilar Alegría, dijo que no era una cuestión de universidades públicas o privadas, sino de buenas o malas. ¿Qué se puede calificar de universidad mala o de "chiringuito"?

Hemos batido un récord en el número de estudiantes universitarios pero muchas universidades públicas todavía no se han recuperado de los recortes. En la última década el porcentaje de alumnos matriculados en la pública ha crecido sólo un 2%, pero en las universidades privadas lo ha hecho un 117%. Es decir, no hay suficiente oferta en la pública para que todo aquel que quiere estudiar tenga una plaza. En los últimos 25 años no se ha creado ni una sola universidad pública, pero se han abierto 26 privadas y tenemos sobre la mesa del Ministerio peticiones de otros diez centros más. En esa proliferación, muchas instituciones se han aprobado gracias a las comunidades autónomas pero con un informe desfavorable del Consejo de Política Universitaria. El gran cambio que introduce ahora el decreto es que esa evaluación será preceptiva y vinculante, de manera que vamos a asegurar que todo título que se expida en una universidad de nuestro país tenga la calidad que creemos que tenemos que garantizar.

Mencionaba que hay diez proyectos encima de la mesa. Según los datos de su Ministerio, desde 2018 se han aprobado otras cuatro universidades privadas con informes desfavorables del Ministerio. Todos han sido en comunidades del PP. ¿Ha sido la proliferación de estas universidades una cuestión ideológica?

El presidente del Gobierno anunció el lunes dos cosas: por un lado, el endurecimiento de los requisitos para la creación de universidades y, por otro, el aumento del 35% en la financiación de la única universidad pública estatal, la UNED. Nos gustaría que cundiera el ejemplo. Hemos visto que hay comunidades autónomas como Madrid, que sólo ha aumentado un 3% la financiación, que están asfixiando a la universidad pública, de manera que lo único que le queda es sobrevivir y conseguir pagar a final de mes. Cuando hay dificultades hasta para pagar la luz y el agua es que se ha maltratado el sistema, y un sistema quebrado es la mejor excusa para abrir la puerta a la privatización. Se dice entonces que esa oferta permite que el alumno elija en libertad, pero no es cierto, porque no hay suficientes plazas en la pública, y esa es siempre la primera opción para los estudiantes —porque son más prestigiosas— y para los profesores —porque ofrecen mejores condiciones—. Claramente ha habido una intencionalidad ideológica en hacer de la universidad un negocio.

Hay una clara correlación entre el auge de la privada y el deterioro de la pública.

Absoluta. Es una teoría probada científicamente también en muchos países latinoamericanos y en muchas comunidades autónomas. El gran ejemplo es lo que ha ocurrido en la Comunidad de Madrid con la sanidad. Cuando asfixias económicamente lo que es de todos, le das una crisis reputacional al servicio. En ese momento, cuando pones en duda la calidad de lo público es cuando aparece, como alternativa, la privada.

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, prevé aprobar una ley de universidades que garantice que no se tenga que aportar más del 70% del presupuesto de las universidades. ¿Le preocupa al Gobierno esta normativa?

Le preocupa al Gobierno y le preocupa a las universidades públicas. La obligación que tiene la Comunidad de Madrid con respecto a las universidades es garantizar su suficiencia financiera para que tengan autonomía universitaria y con ella puedan, por ejemplo, abrir titulaciones. El problema es que en vez de estar hablando de eso, Ayuso pone en práctica una asfixia que además estipula por ley, cosa que me parece de un descaro absoluto. Su modelo está clarísimo: está basado en una visión muy mercantilista de la universidad. A día de hoy, si quieres estudiar por ejemplo Medicina en Madrid, o tienes la mejor nota posible que te permita acceder o tu familia tiene que sacarse un crédito. Eso es obligar a la población a gastarse dinero en el sistema privado, porque no ofreces las plazas públicas que te corresponden por obligación. Cuando se dice que las comunidades autonómas son competentes en esta materia es porque reciben dinero de los ciudadanos y son ellas las que tienen que garantizar los servicios públicos.

¿Y qué papel tiene aquí el Estado? ¿Llega tarde este decreto? ¿Son ya demasiadas las universidades privadas como para revertir la situación?

No llegamos tarde. En 2021 ya se aprobó un Real Decreto que exigía unas condiciones que tenían que cumplir las universidades nuevas y a las que se tenían que adaptar las ya creadas en un plazo de cinco años. Lo que hemos hecho ahora es convertir esos criterios de calidad en vinculantes, porque hemos visto el descaro de algunas comunidades, que han seguido adelante con muchos proyectos a pesar de tener a toda la comunidad educativa espantada. Dicho esto, creo que también hay que situar el debate socialmente e identificar muy bien qué hacen nuestros políticos con nuestro dinero y qué está pasando con la universidad pública, sobre todo en Madrid, pero también en Andalucía, la Comunitat Valenciana o Canarias.

¿En qué lugar quedan ahora las universidades que ya están creadas? En el decreto se reduce ahora el plazo a tres años pero, ¿qué pasa si en ese tiempo no se adaptan a los nuevos requisitos? Muchas voces dudan de que las comunidades que ya dieron luz verde a los proyectos ahora los cierren.

Vivimos en un sistema en el que las normas que se aprueban, ya sea por el poder ejecutivo o por el legislativo, se cumplen. Por tanto, confío en que todo aquello que recoge una norma se cumpla. Ahora bien, el Gobierno estará vigilante y si las comunidades autónomas, que son las competentes, no cumplen, pues tomaremos medidas.

¿Se obligaría entonces a las comunidades a cerrar esos centros? ¿En qué lugar dejaría eso a los títulos ya expedidos o incluso a los estudiantes matriculados?

Habrá que estudiar cada uno de los casos. Al final, quien tiene que estar en el foco de nuestra prioridad es el alumno y la alumna que ha hecho un esfuerzo económico para sacarse un título. Lo que queremos es garantizar que esos títulos tengan la calidad cubierta, así que si observamos que una universidad no está trabajando con los criterios debidos no deberíamos seguir incurriendo en esa especie de fraude que se estaría perpretando. En ese caso las universidades dejarían de llamarse universidades y se llamarían de otra manera, al igual que los títulos no serían títulos universitarios. Ahora bien, el título que ya ha sido expedido no perdería su valor.

La derecha ha utilizado varios argumentos para cargar contra el decreto del Gobierno. Entre ellos, aludir a los altos cargos que han estudiado en universidades privadas. ¿Entiende que pueda interpretarse como una hipocresía?

El Partido Popular, como siempre, intenta distorsionar y simplificar el debate. Esto no es una batalla del Gobierno de España contra la universidad privada. Es más, en todo caso sería una batalla de la universidad pública y privada de prestigio contra las universidades privadas de baja calidad. Eso ha quedado clarísimo en el comunicado que este jueves sacó la CRUE, donde están representadas 77 universidades, 26 de las cuales son privadas. Lo que ha dicho básicamente el organismo es que está rotundamente en contra de que se creen universidades con el informe desfavorable del Consejo de Política Universitaria. No hay ninguna cruzada, lo que pasa es que hay que garantizar que quien se gasta un dinero tenga un título con garantías.

Una de las novedades introducidas ahora por el decreto es que las universidades tienen que proporcionar alojamiento para el 10% de sus plazas. ¿Por qué introducir esta medida?

Cualquier comunidad universitaria necesita unos servicios públicos que ofrecer y la vivienda es uno de los que tienen que estar cubiertos. El foco lo ponemos en las privadas porque sólo se crean privadas desde hace años, pero en realidad estamos hablando también de las públicas. Es decir, cualquier institución que se implante tiene que tener un proyecto habitacional que cubra al menos al 10% de la población matriculada. A día de hoy a nadie se le escapa que tenemos un problema de vivienda y un colectivo que lo sufre especialmente es la juventud.

¿La proliferación de la universidad privada también provoca que se incremente el precio de la vivienda?

Sí. Desde Universidades hicimos un trabajo con el Ministerio de Vivienda y el de Economía y hace meses hicimos una propuesta de movilización de suelo público para la construcción de residencias asociadas a universidades que dieran servicio a toda la comunidad educativa, es decir, no sólo al alumnado sino también al profesorado. Hemos detectado el problema de que los propietarios, por la ley de la oferta y la demanda, tienen posibilidad de alquilar un piso por habitaciones sacando más rentabilidad. Al final eso establece también una competencia desleal entre colectivos diferentes que deberían tener una garantía de alojamiento.

Más allá de la calidad de la universidad se ha criticado mucho quiénes están detrás. Hay ya muchos fondos de inversión que controlan algunos de estos centros. ¿Es eso un peligro añadido?

Refuerza la idea de que hay una visión de negocio en torno a algo que para el Gobierno es un bien público. La educación superior no es un bien de mercado y por eso no se puede construir una universidad simplemente bajo valores mercantilistas. El 70% de la investigación que se hace en nuestro país se hace en la universidad, pero es que dentro de ese 70%, el 90% lo aporta la universidad pública. Por eso hemos endurecido también algo que ya introdujimos en 2021, cuando se estipuló que había que dedicar el 5% del presupuesto a esta área. Ahora pedimos que haya otro 2% que proceda de concurrencia competitiva. Es decir, que igual que hay investigadores dando clase en la pública, que los haya en la privada.

Siempre se ha defendido la universidad pública como un ascensor social. ¿Cree que esto sigue siendo así o se está averiando?

Se está averiando. El Gobierno ha hecho el mayor esfuerzo de la historia en becas, destinando 1.000 millones más, y también ha trabajado para que la matrícula esté en mínimos, pero aun así sabemos que la falta de plazas no garantiza oportunidades. La gente ya no elige con libertad, sino que se ve abocada a irse a la privada. Es decir, estamos provocando que los estudios dependan de los recursos familiares.

Carlos Mazón sigue presidiendo la Comunitat Valenciana y una moción de censura no podría cambiar esa situación. Usted ha dicho recientemente que la solución es el adelanto electoral pero, mientras llega o no, ¿qué va a hacer su partido?

Vamos a seguir haciendo una oposición de denuncia a este nuevo pacto —que hemos denominado "del ventorro"— entre PP y Vox. Es más repugnante que el primero, contiene recortes de los derechos de las mujeres, recorte de los derechos a la diversidad, recortes a la memoria. Nos queda la denuncia y la construcción de una alternativa. A día de hoy, la mayoría de la calle —que es solidaria, integradora y busca proteger a las mujeres— no está representada en Les Corts. Puede que ganen las votaciones y saquen sus presupuestos y que Mazón siga de president, pero hay una alternativa mayoritaria que les espera con un proyecto de progreso, no de retroceso. Necesitamos unas elecciones.

¿Le preocupa el clima político que se ha generado en la Comunitat, en la que incluso ha habido un detenido por amenazar de muerte al president?

Claro que nos preocupa, por eso no practicamos nunca los discursos de odio. En política y en la vida hay efectos boomerang. Yo he escuchado al presidente Mazón decir que Sánchez era un cobarde después de haber sufrido una agresión en Paiporta, y ahora él y su equipo nos piden a todos que bajemos el grado de crispación porque se siente amenazado. Creo que hay un problema de degradación de las instituciones y a mí siempre me gusta decir que no ha fallado la política ni la institución de la Generalitat Valenciana ni sus servidores públicos, sino ellos. Por eso la solución es que se vayan.

Andalucía y la Comunitat Valenciana se han convertido en dos lugares estratégicos para los partidos políticos en estos momentos. Emergen como territorios clave para el próximo ciclo electoral, tanto por el poder territorial que representan como por la fuerza que tienen sus escaños en el Congreso de los Diputados. Los representantes de las dos autonomías superan el 26% de los asientos en la Carrera de San Jerónimo.

Y especialmente la izquierda mira a estas dos autonomías para recuperar el pulso. El mapa político, además, bulle en estos dos puntos. En el sur ya empiezan a sonar los tambores de las urnas al quedar apenas poco más de un año para que tengan que celebrarse nuevas elecciones autonómicas, con la gran novedad del salto de la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, para competir contra Juanma Moreno. Y en la zona levantina la pulsión electoral está vigente por la crisis política protagonizada por el presidente regional, Carlos Mazón, y la presión desde las formaciones progresistas para que se adelanten las elecciones.

En estas dos plazas es clave el rearme del PSOE, que confía en dos figuras destacadas del Gobierno, como es el caso de la propia Montero y de la titular de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant. Y, además, los dos escenarios suponen también un termómetro de las candidaturas a la izquierda para ser competitivas para luchar contra el frente del PP y de Vox.

En Andalucía el PSOE está terminando de configurar su estructura, pero ya ha se han dado los pasos principales con la nueva Ejecutiva autonómica, en la que Montero se apoya como grandes columnas en María Márquez (al frente de la Portavocía en el Hospital de las Cinco Llagas) y en Francisco Rodríguez (como secretario de Organización). Y se ha completado la alineación provincial: Juan Latorre (Jaén), Pedro Rodríguez (Granada), Rafi Crespín (Córdoba), José María Martín (Almería), María Eugenia Limón (Huelva), Juan Carlos Ruiz Boix (Cádiz), Javier Fernández (Sevilla) y Josele Aguilar (Málaga).

Las encuestas siguen perfilando una mayoría de Juanma Moreno en las andaluzas, pero en el PSOE y en el resto de formaciones de la izquierda se indica que ahora “hay partido” y que se empieza a vislumbrar un cierto desgaste en el Gobierno andaluz tras años plácidos, especialmente por el descontento social en temas como la sanidad. Lo que sí aparece en algunos sondeos es la tendencia de que el PSOE recupera brío en el sur de cara a unas futuras elecciones generales. En el último barómetro de 40dB despunta el PSOE como primera fuerza con una intención de voto del 24%, superando al Partido Popular, que aglutina en estos momentos un 20%. Destaca que un 28% de los andaluces no se decanta en estos momentos por una opción para su sufragio para el Congreso.

Andalucía también es en estos momentos uno de los grandes laboratorios a la izquierda del PSOE. La convivencia de las diferentes sensibilidades es mejor que en el resto de España y en el grupo parlamentario cohabitan diputados de Podemos con los cercanos a Sumar, habiendo superado algunos baches iniciales durante el arranque de la legislatura. Izquierda Unida ha tomado la iniciativa y ya ha empezado contactos con los diferentes partidos para allanar el camino para una candidatura de unidad, con la esperanza de que la integren también Podemos y Adelante Andalucía. Los morados indican que todavía no es el momento de abordar ese debate, mientras que los de Teresa Rodríguez insisten en que quieren seguir su propio camino como formación de izquierdas con carácter autonomista.

La Comunitat Valenciana es otra comunidad clave, situada ahora en el huracán político por la actuación de Carlos Mazón. El presidente autonómico se resiste a dimitir y acaba de pactar los presupuestos de la Generalitat junto a Vox con la intención de aguantar. A pesar de que en el Partido Popular reconocen el daño en los sondeos, en Génova 13 no mueven ninguna ficha para hacer caer al barón levantino.

En la última encuesta publicada por Sigma Dos para El Mundo se refleja que la izquierda tendría posibilidades de gobernar aunque también se aprecia que el Partido Popular frena su tendencia de caída. El PP estaría en estos momentos en una horquilla de entre 32 y 34 diputados, por debajo de los 40 que logró en 2023. Mazón quedaría todavía más en manos de la ultraderecha para mantener el Palau de la Generalitat, ya que Vox se mueve entre los 15 y 17 diputados (por encima de los 13 que logró hace dos años). No obstante, los de Santiago Abascal no mantienen los índices de voto que tenían a final de año en mitad del descontento por la actuación de las autoridades durante la dana.

Lo que marca la encuesta es que el baile de escaños es dentro de los propios bloques, lo que hace que la derecha mantenga, en el rango alto, la posibilidad de superar la barrera de 50 diputados que da la mayoría absoluta. Este sondeo da al PSOE entre 28 y 30 escaños, lo que supone perder uno respecto a las anteriores elecciones autonómicas. Compromís, con un discurso duro contra Mazón y presionando para una moción de censura, sube hasta los 19-21 asientos en les Corts (ahora tiene 15 y puede volver a los resultados históricos de Mònica Oltra en 2015).

En el espacio a la izquierda del PSOE, Compromís sigue liderando para encabezar papeletas. La formación de Joan Baldoví está integrada en el Congreso bajo el paraguas de Sumar, pero marca su camino propio de cara a las autonómicas. Los documentos de la asamblea de Movimiento Sumar señalan la prevalencia de las fuerzas con arraigo autonómico, como es el caso de los naranjas, por lo que se les deja el papel para pilotar las candidaturas amplias de cara a los próximos procesos.

“Quiero un partido de ganadores”. La orden dada por Pedro Sánchez en su discurso final en el congreso federal de Sevilla fue muy clara. Tras aquel terremoto del 28M, el socialismo se prepara para recuperar terreno en las próximas citas electorales. El poder regional es clave y el partido ha decidido ir a por todas. Darle la vuelta al marcador, una de las especialidades del relato del presidente del Gobierno.

De hecho, uno de los factores claves que llevaron a Sánchez a convocar el congreso federal ya en diciembre del año pasado fue poner a punto los territorios (cuyos cónclaves son después del nacional). La nueva geografía socialista se ha configurado y los líderes están siendo proclamados en sus congresos en las últimas semanas. Este domingo le tocará asumir el mando a Francisco Lucas del PSRM.

Y el PSOE, con más unidad que ruido, ha conformado desde enero al nuevo equipo, donde hay hasta nueve nuevos secretarios generales de las 17 autonomías. Entran a liderar sus federaciones respecto a los anteriores comicios y son candidatos in pectore para las próximas autonómicas: María Jesús Montero (Andalucía), Pedro Casares (Cantabria), Óscar López (Madrid), Carlos Martínez (Castilla y León), Francisco Lucas (Murcia), Pilar Alegría (Aragón), Miguel Ángel Gallardo (Extremadura), Diana Morant (Comunidad Valenciana) y Javier García (La Rioja).

Se mantienen como líderes tras competir en las anteriores elecciones: Emiliano García-Page (Castilla La-Mancha), Eneko Andueza (País Vasco), Ángel Víctor Torres (Canarias), José Ramón Gómez Besteiro (Galicia), Salvador Illa (Cataluña), Francina Armengol (Balears) y Adrián Barbón (Asturias). 

En esta selección del equipo autonómico hay varios hechos destacables como, por ejemplo, la presencia de hasta cinco ministros (Montero, López, Alegría, Morant y Torres). Para Ferraz no significa ningún problema, sino que evidencia la conexión entre los militantes y el Ejecutivo. Asimismo, destaca que cambian de liderazgo respecto a las anteriores urnas las tres federaciones con más militantes (Andalucía, Madrid y la Comunidad Valenciana). Son tres espacios clave, junto a Cataluña, para retener el Gobierno central en las próximas generales. A la vez hay esencia del municipalismo con la llegada de Martínez (alcalde de Soria) y de García (primer edil de Arnedo). 

Desde la sala de máquinas del PSOE señalan sobre el nuevo mapa de poder autonómico: “Lo primero: esto es fruto de un proceso congresual que comenzó en Sevilla, y que el PP lleva casi ocho años sin hacer. No ven necesario consultar con sus bases ni sus acercamientos bochornosos a la ultraderecha o la formación de gobiernos con los ultras”.

“Ya dijimos en Sevilla que el congreso federal era el pistoletazo de salida a la renovación de las federaciones autonómicas para comenzar a preparar las elecciones de 2026 y 2027. Vamos a recuperar gran parte del poder territorial en esos comicios. Y decimos ‘el poder’, sí, porque lo queremos para hacer lo que el PP no hace: mejorar la vida de la gente”, indican fuentes socialistas, que añaden: “El poder no es un fin en sí mismo. Es una herramienta para el cambio a mejor. Estamos viendo cómo la derecha, solo por cálculo político, se niega a reducir la deuda de las autonomías en las que gobierna. Pero, ¿qué gobernante que se debe a los ciudadanos es capaz de hacer eso?”

Conscientes del choque que está suponiendo con el PP la condonación de la deuda en la política territorial, en Ferraz explican: “Feijóo apuesta contra el Gobierno con el dinero de sus comunidades y, por extensión, de los ciudadanos que viven en ellas. Es la firma de un político sin escrúpulos”. A lo que añaden en el cuartel general del socialismo: “En las próximas elecciones autonómicas hay que devolver los gobiernos progresistas a muchos lugares de España, y los congresos autonómicos, provinciales y las asambleas locales son la primera piedra de ese edificio por construir”.

Para rematar desde la dirección del partido: “El PSOE tiene un liderazgo fuerte en Pedro Sánchez, y Feijóo será un lastre para los candidatos del PP si es que aguanta hasta 2027. Tiene una valoración peor que la de Pablo Casado. Y era difícil. Las dudas están en Génova. En Ferraz solo hay seguridad en lograr los objetivos y ganas de que llegue el momento”.

El ciclo electoral arrancará el año que viene con las elecciones en Castilla y León y en Andalucía, si no aprietan antes el botón electoral algún presidente del PP tras la salida de Vox de sus gobiernos (como podría ser el caso de Murcia o Balears). A pesar de que en el Partido Popular creían que gobernar en solitario podía beneficiarles en las autonomías, entre los populares ahora se ve con preocupación el ascenso de Vox en los sondeos, impulsados por temas como la migración y subiéndose a la ola populista desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. Por eso hay dudas de que algunas autonomías populares vayan a elecciones para “no hacerse un Mañueco”, como hay gente del PP que define a la situación de terminar dependiendo de la ultraderecha sin lograr una mayoría absoluta.

Las tres federaciones más importantes saben, además, que jugarán un papel clave a nivel nacional para aguantar en La Moncloa. La gran apuesta del desembarco autonómico es María Jesús Montero, vicepresidenta segunda y ministra de Hacienda, que tiene la complicada misión de recuperar el Palacio de San Telmo y mantener el pulso electoral en el sur de cara a unas generales. La dirigentes sevillana tomó el control del PSOE-A el paso fin de semana en el congreso de Armilla (Granada) elaborando una Ejecutiva de integración en la que juegan papeles destacados María Márquez y Paco Rodríguez. Ahora la federación está inmersa en el relevo provincial, que se está produciendo de manera consensuada a excepción de las primarias abiertas en Jaén y Cádiz.

Las otras joyas de la corona internas del socialismo son Madrid y la Comunitat Valenciana, por el número de afiliados. En el primer caso Óscar López ejerce ya como líder y ha girado la dirección política respecto a Juan Lobato, además de poner como pilares a Pilar Sánchez Acera (secretaria de Organización) y Mar Espinar (portavoz en la Asamblea). Y en el levante Morant ha tomado las riendas en un momento en el que el socialismo aspira a desbancar, junto a Compromís, a un muy tocado Carlos Mazón. En clave interna, la ministra de Ciencia está atenta a lo que pase este domingo en las primarias provinciales en Valencia y Castellón.

Las estadísticas, por primera vez, reflejan un vuelco. Una victoria de la universidad privada frente a la pública. Llevaba años gestándose, pero el curso 2023-2024 ocurrió: la primera ya tiene más estudiantes de máster que la segunda. En concreto, 1.657, una cifra que previsiblemente seguirá aumentando. Los tentáculos de los centros en manos privadas son cada vez más. En número y en tamaño. Y no es porque no haya legislación al respecto, sino porque su laxitud es tal que, aunque sea con un proyecto suspenso, consiguen salir adelante. ¿Cómo? Fundamentalmente con dos herramientas: dinero y un gobierno autonómico dispuesto.

Empecemos por los números. Por explicar su poder. El dato del alumnado matriculado en máster es el que refleja mejor la situación, pero no es el único. El último documento de Datos y cifras del Sistema Universitario Español 2024-2025 [disponible en este enlace] dibuja una situación que alcanza también a los grados. El curso pasado las universidades privadas tenían 300.994 matriculados, pero es que hace una década eran 166.068. Un 81% menos. En términos relativos, en ese periodo los estudiantes de los centros privados han pasado de suponer el 11,5% del total de universitarios al 21,8%. ¿Por qué, qué ha pasado entre ambas fechas? Pues que las opciones para quienes prefieren este tipo de enseñanza superior se han multiplicado.

Actualmente hay 50 universidades públicas (47 de las cuales son presenciales) y 41 universidades privadas (35 presenciales y seis con enseñanzas online). El primer número siempre es el mismo. Desde 1998 no ha cambiado. El segundo, en cambio, sí. Sólo en el último cuarto de siglo se abrieron 25, es decir, a un ritmo de una al año. Y quedan otras tantas: Madrid ya planea la apertura —virtual— de la Universidad Abierta de Europa, el que será su décimocuarto centro privado; Extremadura tiene en proyecto otros cuatro; Baleares, la primera de las islas, igual que Asturias; y Andalucía, una cuarta. Y la lista podrá seguir creciendo.

Y ahí está el quid de la cuestión, en estos últimos 25 años. Lo explica Marti Parellada, doctor en Ciencias Económicas y colaborador de Fundación Alternativas. "Hablar de 'universidad privada' en su conjunto es arriesgado, porque no tiene nada que ver la que se abrió en el siglo XX que la que se ha abierto en este siglo XXI", señala. Distingue así las que podrían considerarse universidades privadas clásicas, que son básicamente la de Deusto, la Pontificia de Comillas, la Pontificia de Salamanca y la de Navarra, de las que han aflorado en estas últimas dos décadas. Y que en su mayoría, por otro lado, sí tienen afán de lucro. No es lo mismo, ahonda, un centro controlado por la Iglesia —que hay más además de esas citadas— o por una fundación, que otra que tiene el frente un fondo de inversión.

Las primeras de hecho ya lo notan. Según la última memoria de la Conferencia Episcopal, el 58% de los universitarios y universitarias que estudian en universidades privadas presenciales lo hace en centros controlados por la Iglesia, un porcentaje que hace una década era del 65%. Es decir, siete puntos menos de influencia en diez años, el mismo tiempo en el que el número de estudiantes ha crecido más de un 80%. ¿A dónde han ido todos? Pues a esos nuevos centros a los que se refiere Parellada.

Junto a las empresas de negocios, los llamados fondos de capital riesgo son los que están haciendo florecer de manera tan rápida todas estas universidades. Es lo que comprueba Rafael Ramiro, profesor de gestión empresarial en la Universidad Pontificia Comillas y consultor corporativo independiente, con sus datos, que dejan una conclusión muy clara: son estos últimos los principales responsables de todos los números que las estadísticas nos han empezado ya a mostrar. En 2015 ninguna universidad privada contaba con su participación; hoy lo hacen el 10%; de aquí a 2026 lo harán el 19%, calcula el experto.

Pero no son estas empresas en ningún caso quienes, directamente, abren estas nuevas universidades privadas. "Ningún fondo puede directamente pedir y conseguir una autorización para una universidad nueva en ninguna comunidad autónoma. No pueden porque los requisitos que se solicitan solo los tienen instituciones educativas que ya están en funcionamiento durante muchos años", explica el inversor. De este modo, su presencia se explica de dos maneras: o bien porque quien promueve la creación del centro tiene un fondo en su accionariado o bien porque el fondo, al ver que el sector es rentable, compra la universidad después.

Ejemplos de esto último hay de sobra. CVC es dueño de la Universidad Alfonso X El Sabio (UAX) de Madrid desde 2019, cuando la compró por 1.100 millones de euros. Tan sólo unos meses antes, Permira compró la Universidad Europea, que cuenta actualmente con centros en Madrid, Valencia, Tenerife y Málaga. Duró hasta el pasado mes de abril, cuando EQT, dueño en España de Idealista, se convirtió en el principal accionista del centro por 2.200 millones. Y KKR, estadounidense, será quien esté detrás a través de Medac de la futura Universidad Tecnológica Atlántico-Mediterráneo (UTAMED), la primera online de Andalucía.

Estará en Málaga. Y es seguro, porque la Junta de Andalucía ya le ha dado luz verde. No ha importado que tenga un informe técnico contrario a su creación porque, además, esto es algo que pasa habitualmente.

La creación de una universidad nueva no es un proceso inmediato. Y, a priori, tampoco fácil, pero esto último depende de muchas más cosas. Se observa en algunas de las memorias que recogen cómo ha sido el nacimiento de algunas de las nuevas universidades privadas que se han instalado en Madrid y que ha analizado infoLibre. Por ejemplo, la de la Universidad Internacional Villanueva, que registró su solicitud en abril de 2016 y no fue aprobada hasta marzo de 2019, tres años después. O la de la Universidad de Diseño, Innovación y Tecnología (UDIT), cuyo proceso comenzó en diciembre de 2017 y finalizó en febrero de 2022.

Tanto una como otra solicitaron, y así lo recogen sus Memorias de Análisis de Impacto Normativo (MAIN), los informes que deben pedir antes de constituirse. Fundamentalmente son cuatro: uno a la Secretaría General Técnica, otro a la Fundación de Conocimiento Madri+d, otro a la Dirección General de Infraestructuras y Servicios y otro a la Conferencia General de Política Universitaria, dependiente directamente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

Todos estos documentos pueden ser favorables o desfavorables. Por ejemplo, el del departamento de Diana Morant relativo a la Universidad de Villanueva fue "desfavorable" porque el proyecto presentaba "dudas sobre porcentaje de doctores acreditados", "posible falta de espacios docentes para el número de alumnos" y "falta de garantías que aseguren la financiación económica". Aun así, el proyecto puede seguir adelante. De hecho, y según una respuesta escrita del Gobierno a través del Congreso de los Diputados, de las nueve universidades privadas abiertas entre 2020 y 2024, tres lo hicieron así: UDIT, UTAMED y la Universidad Tecnológica de Canarias.

Juan Cayón es rector de UDIT y confirma que en su caso ocurrió así porque la Asamblea de Madrid le dio el beneplácito. Aunque explica, en todo caso, que resolvieron los problemas que se achacó a su proyecto. "Corregimos todas las deficiencias, lo que pasa es que no hubo un segundo informe positivo, directamente en ese punto obtienes el aval del parlamento", cuenta, desde el otro lado del teléfono.

Aquí entra el factor que, junto al dinero, Rafael Ramiro considera fundamental para abrir una universidad privada: la ayuda de los gobiernos autonómicos. Pone dos ejemplos: Madrid y Extremadura. La primera, siempre en manos del PP, es la que, con diferencia, más universidades privadas tiene y proyecta; la segunda, la que más tiene proyectadas. Pasará de no tener ninguna a tener cuatro. Y el gobierno —y poder parlamentario— en manos de la derecha lo explican.

En este sentido, la directora general de Universidad, Esther Muñoz, señaló que su Ejecutivo no quiere que "el mapa de las universidades privadas" sea como el del ferrocarril, que "hace una S" al llegar a su región. A su juicio, los cuatro centros planificados complementan la oferta pública. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, lleva a cabo por su parte una campaña evidente contra la universidad pública, cuya financiación ha caído en picado. Sigue siendo inferior, de hecho, a la que recibía antes de la crisis.

"Hay una clara visión política e ideológica en la proliferación de las universidades privadas", considera Parellada. Si no, aunque los informes que realiza el Ministerio de Universidades fueran no vinculantes, la comunidad en cuestión respetaría su criterio. "Está claro que el sistema no funciona. Habría que establecer otros mecanismos que garanticen una mínima calidad. En eso el consenso de la comunidad académica es absoluto", considera.

El Gobierno ha tomado nota de ello. Tanto es así, que el pasado mes de abril el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades constituyó un grupo de trabajo para consensuar medidas y exigencias para la creación de nuevos centros universitarios. Es decir, para modificar el Real Decreto 640/2021, un proceso que según confirman desde el departamento de Morant todavía sigue en marcha. Y en el que la Conferencia de Rectores, presente, pide no olvidar "cuestiones como la inversión en investigación y transferencia de conocimiento en la creación de una universidad, ni tampoco un plan de viabilidad económica".

El Real Decreto contempla, por ejemplo, la necesidad de diez títulos de grado (de distintas ramas), seis de máster y dos programas de doctorado, dedicar al menos un 5% a investigación o un docente por cada 25 estudiantes, como mínimo. Juan Cayón cree que así es suficiente. Para él, el debate público ha olvidado que la creación de una universidad privada es un derecho fundamental recogido en el artículo 27 de la Constitución. Y suficientemente regulado, además. "Siempre se comprueba que existe lo que un proyecto dice que va a hacer, si no, te quitan la acreditación para dar formación", asegura.

Por eso él tiene clara su postura. "No importa en manos de quién esté una universidad, lo realmente relevante es si esta tiene o no calidad", señala. ¿Y cómo se mide? Pues para él, no debería ser únicamente una cuestión de labor de investigación —requisito que, señala, cumple sobre todo la pública—, sino también de empleabilidad. "¿Dónde están los estudiantes egresados años después? Eso también es un indicador importante", sentencia.