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En un sistema democrático como el español los únicos mensajes que deben ser perseguidos penalmente son aquellos que inciten de manera clara y efectiva a cometer delitos o vulneraciones de derechos.
El mercado, tal y como está diseñado, no revela los costes de abastecer la demanda de electricidad sino tan sólo los costes de la central más cara del mix tecnológico que la abastece.
La ligereza con la que los poderes públicos invocan y aplican el Código Penal para perseguir las ideas y el humor da una idea de su baja estatura democrática.
La violencia, el miedo y la frivolidad protagonizan el último libro del escritor sevillano, La gran ola, premio Tusquets de Novela, que abre el último número de nuestra revista de libros.
En este número de nuestra revista cultural cinco escritores y cinco librerías nos dicen qué títulos seguirán recomendando más allá de las listas de top 10 del año.
¿Qué decir, qué hacer para que el enésimo aniversario del Día Internacional de los Migrantes no sea sólo la enésima denuncia del fracaso de nuestras políticas?
La vigilancia gubernamental no es la única que ha aumentado en los últimos años. La presión de la observancia y la censura ciudadana son cada vez más evidentes.
Lo más granado y tradicional de nuestro periodismo se rasga las vestiduras ante la falta de rigor de algunos medios en el contraste de sus noticias y la fe injustificada que despierta Internet.
No concibo llamar democrático a un sistema que excluye interesadamente. No, no lo concibo si su bienestar es construido sobre la explotación, la guerra ilegal o el terror.
Desde 2006 el Consejo de Europa viene reiterando que ni el insulto religioso ni la blasfemia deberían establecerse como delito en los Estados europeos.
Quien desmonta un derecho como este no está cuadrando las cuentas, está devolviendo una desigualdad, que se había hecho pública y visible, al ámbito familiar y opaco del que los conservadores preferirían no sacarla.