Una de las señas de identidad de infoLibre en sus primeros diez años de historia ha sido el periodismo de investigación. Nos sentimos orgullosos de cientos de informaciones que han denunciado comportamientos corruptos, privilegios o intereses ocultos de los poderosos, que han desvelado hechos del máximo interés público y que han tenido un importante impacto social. No resulta fácil seleccionar diez de esas investigaciones, pero las que te contamos a continuación sin duda definen ese periodismo comprometido de infoLibre.

Este periódico nació el 7 de marzo de 2013 y la primera portada fue ya toda una declaración de intenciones: Los dueños del gigante de la sanidad privatizada se ocultan en las Caimán. La compañía entonces denominada Capio, primer grupo sanitario privado y mimado especialmente por los Gobiernos madrileños del PP, tenía una compleja estructura societaria que pasaba por los Países Bajos y Luxemburgo, para terminar en las islas Caimán. Una trama que convertía en misión imposible conocer la identidad de los verdaderos dueños de una empresa que se alimentaba en buena medida de dinero público, ya que la colonia británica es uno de los territorios más opacos desde el punto de vista fiscal.

El juez Marcelino Sexmero, titular del Juzgado que investigaba la querella por la privatización de hospitales madrileños presentada por la asociación de médicos Afem, requirió a infoLibre copia de los documentos que acreditaban la conexión de Capio con sociedades de las Islas Caimán. En noviembre de 2014, la Audiencia Provincial ordenó archivar la investigación judicial.

infoLibre fue el primer medio que consiguió, a finales de noviembre de 2013, los correos secretos de Miguel Blesa, quien entre 1996 y 2009 había sido presidente de Caja Madrid. Este periódico publicó decenas de informaciones exclusivas, entre ellas que Blesa le había buscado a su íntimo amigo José María Aznar un contrato como comisionista de una empresa que vendía armamento a Venezuela. El contrato no llegó a “concluirse”, según la versión del expresidente del Gobierno, quien denunció a infoLibre ante la Fiscalía General al entender que la publicación de los mensajes constituía un delito de revelación de secretos. La denuncia de Aznar no prosperó.

Los correos de Blesa destaparon, entre otras muchas cuestiones, que la entidad ahorro ya sabía en 2006 que los preferentistas nunca recuperarían su inversión al completo. O que la entonces presidenta madrileña Esperanza Aguirre impulsó que Caja Madrid y Telemadrid comprasen derechos del fútbol sabiendo que se perdería dinero.

Esperanza Aguirre fue, precisamente, la protagonista de otra relevante exclusiva de este periódico. Durante la campaña de las elecciones municipales de 2015, cuando la dirigente del PP aspiraba a convertirse en alcaldesa de Madrid, Aguirre se negó de forma reiterada a revelar cuáles habían sido sus ingresos. infoLibre puso fin a la opacidad al desvelar, el 21 de mayo de aquel año, sus ingresos: en 2013 Aguirre ganó 369.000 euros como cazatalentos en Seeliger & Conde y otros 5.000 en juegos de azar.

La dirigente madrileña montó en colera y, nada más publicarse la información, ordenó al bus de campaña del PP donde iban los periodistas que se dirigiese a la Fiscalía General del Estado, donde interpuso una denuncia por presuntos delitos de descubrimiento y revelación de secretos. Aguirre culpó directamente al entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, de la filtración. Y, tras los comicios, admitió públicamente que no había logrado la Alcaldía –para la que fue elegida Manuela Carmena– por la publicación de su declaración de la renta: el día que infoLibre destapó los datos el PP detectó “la caída de 12 puntos en el apoyo que hasta ese momento” tenía “entre los pensionistas”.

El fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, era dueño del 25% de una empresa en Panamá denominada Duchesse Financial Overseas, según desveló infoLibre el 29 de mayo de 2017. La compañía panameña era, a su vez, propietaria de un chalé en España valorado entonces en 550.000 euros. Ante la negativa del fiscal a ofrecer su versión, este periódico llegó a enviarle un burofax para dejar constancia de los hechos, burofax que resultó clave para establecer la verdad de lo ocurrido cuando Moix intentó desactivar la noticia ofreciendo una versión falsa a través de un medio amigo. Tras tres días de mentiras públicas, el fiscal Anticorrupción tuvo que dimitir.

Este periódico también desveló que Manuel Moix, en su etapa de fiscal en Madrid, había evitado en tres ocasiones investigar a Ignacio González a pesar de que tenía pruebas más que evidentes sobre el escándalo de corrupción que terminó convirtiéndose diez años después en el caso Lezo, que supuso la detención del expresidente madrileño en 2017. Una asociación ciudadana denunció a Moix por el presunto delito de encubrimiento, pero el Supremo decidió archivar la querella.

infoLibre se convirtió en marzo de 2019 en el único medio español en formar parte de European Investigative Collaborations (EIC), consorcio europeo de periodismo de investigación del que forman parte entre otros la revista alemana Der Spiegel y el digital francés Mediapart (medio que tiene un acuerdo editorial con infoLibre y que también está entre sus principales accionistas). Desde entonces este periódico ha publicado decenas de informaciones de Football Leaks, filtración que ha desvelado la parte oculta del negocio del fútbol, incluyendo la utilización masiva de paraísos fiscales por parte de futbolistas y clubes con el objetivo de pagar menos impuestos.

Como parte del EIC, infoLibre ha publicado otras investigaciones relevantes, desde la historia de los 24 años de fracaso europeo en política fiscal hasta el saqueo del Congo por parte del dictador Joseph Kabila y su clan, los negocios del grupo de mercenarios Wagner en África, la utilización de España por parte del gigante petrolero Exxonmobil para transferir beneficios de Luxemburgo a Delaware sin pagar ni un euro en impuestos, o como España ayuda a las empresas alemanas a sortear la prohibición de Berlín de vender armas a Arabia Saudí.

Francisco Serrano, candidato de Vox en 2015 y en 2018 en las elecciones autonómicas andaluzas, proclamaba que había entrado en política para terminar con las “paguitas”. De quien no decía nada era de aquellos que estafan millones de euros de dinero público. Serrano tenía sus razones: como destapó en 2019 este periódico, el juez y dos socios se embolsaron 2,4 millones de euros de una ayuda pública tras declarar falsamente que era dueño de maquinaria industrial que nunca tuvo. Las diferentes informaciones de este periódico sobre dieron lugar a la apertura primero de una investigación policial y luego otra judicial, cuyos frutos se conocieron en enero de este año: el juez procesó a Serrano y sus socios por estafa y fraude de subvenciones de 2,4 millones.

Como es práctica bastante común entre los presuntos corruptos, Serrano intentó matar al mensajero, para lo que presentó una querella contra este periódico por presunta revelación de secretos. La jueza la desestimó, en un auto en el que recordó al juez “el deber moral de ejemplaridad” de los representantes políticos.

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso aprobó un Protocolo que impidió el traslado a los hospitales de las personas más vulnerables que vivían en las residencias y 7.291 mayores murieron en los geriátricos durante los dos primeros meses de la pandemia de covid. Aunque la presidenta madrileña y sus cómplices mediáticos intentaron imponer la falsa versión de que era un simple borrador y que las competencias sobre las residencias eran en realidad de Pablo Iglesias, infoLibre desveló las cuatro versiones del ya conocido como Protocolo de la Vergüenza, documentos que reprodujo íntegramente.

Desde el inicio de la pandemia, infoLibre publicó decenas de informaciones exclusivas sobre lo que había ocurrido en las residencias de toda España y también sobre los principales grupos empresariales del sector, que en algunos casos son multinacionales que ocultan sus verdaderos propietarios en paraísos fiscales. Este periódico también ha puesto el foco en la pasividad del Ministerio Público a la hora de investigar lo ocurrido, que en el caso de la fiscal superior de Madrid –Almudena Lastra– llegó hasta el extremo de poner por escrito una serie de mentiras flagrantes que chocan con la realidad de todos los datos oficiales conocidos.

Este periódico destapó el contenido del chat creado por miembros de la XIX promoción de la Academia General del Aire, lleno de mensajes de altos mandos del Ejército retirados que sueñan con fusilamientos y golpes de Estado. “No queda más remedio que empezar a fusilar a 26 millones de hijos de puta”, escribió el antiguo general de división Francisco Beca. Los mensajes del chat desvelan la afinidad de algunos de sus integrantes con la ultraderecha y el franquismo, con referencias de los militares a "pronunciamientos" y ataques furibundos a los partidos independentistas.

El Ministerio de Defensa decidió poner en conocimiento del Ministerio Público el contenido de los mensajes de los militares. Sin embargo, la Fiscalía archivó el asunto al entender que como el chat era “privado”, sus integrantes se expresan “con libertad” y “en la confianza de estar entre amigos”, pero sin que concurran “elementos que permitan inferir que el chat fue creado al objeto de promover, fomentar o incitar al odio, hostilidad o violencia hacia un colectivo de los expresamente contemplados como grupo”.

En junio de 2021, infoLibre empezó a publicar una serie de informaciones sobre empresarios españoles que disponían de sociedades en Luxemburgo. Eran parte del proyecto OpenLux, impulsado por el periódico francés Le Monde y por la organización internacional Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). Una investigación periodística que descubrió, entre otros temas, que el traficante de armas El Assir declaraba ser dueño de una empresa en Luxemburgo con 77 millones que Anticorrupción atribuía a Rodrigo Rato, que el banquero Jaime Botín guardaba más de 85 millones en una sicav en el Gran Ducado, la trama societaria montada por el hijo de Ana Botín para controlar desde Luxemburgo 20 residencias de estudiantes en España o el destino de parte del dinero que la familia política de Aguirre se embolsó gracias a un pelotazo inmobiliario.

OpenLux fue la primera colaboración entre este periódico y OCCRP, a la que siguieron otras durante estos dos últimos años, entre ellas las conocidas como Suisse Secrets, que demostró cómo el banco Credit Suisse mantuvo cuentas de dictadores, criminales y políticos corruptos de todo el mundo, o Radar de Activos Rusos, que analizó cuáles son los activos que realmente controlan los jerarcas próximos al Kremlin.

En junio de 2021, este periódico reveló que el presidente de Murcia, Fernando López Miras, medió para una operación quirúrgica a la que debía someterse un familiar cercano del entonces número dos del PP, Teodoro García Egea. Los hechos ocurrieron durante el pleno que la Asamblea Regional celebró el 14 de abril, cuando una cámara captó los mensajes que desde el móvil cruzó López Miras con el secretario general del PP. Y lo que demostraban esas imágenes es que fue el presidente del Gobierno murciano, y no un médico o administrativo del servicio de salud, quien comunicó a su paisano García Egea cuándo entraría en quirófano la persona en cuestión: “Buenas, la intervención la van a programar el martes 20 por la tarde”, escribió. “Cojonudo”, reaccionó Egea.

Los dos políticos del PP presentaron una querella contra infoLibre. El juez la archivó por medio de un auto en el que destacó “la diligencia” de este periódico en el contraste de la noticia.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó en el último consejo ordinario del año pagar al gigante sanitario IDC –la antigua Capio– 11,64 millones "para cubrir los gastos derivados de la liquidación del contrato" de dos de los cuatro hospitales con cuya gestión se hizo el grupo en la etapa de Esperanza Aguirre. Pero esos gastos de liquidación no corresponden a los efectuados en 2019. Ni a los del año anterior. Se generaron, según el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso, en 2015. ¿Por qué la Comunidad ha esperado cinco años para satisfacer tales pagos? La respuesta ofrecida por la Consejería de Sanidad a infoLibre señala que a raíz de la liquidación de 2014 "surgieron diferencias interpretativas del alcance técnico y jurídico del contrato" que no se han resuelto hasta ahora. Es decir, hasta el último mes de 2020, un año marcado a fuego por las muertes de la pandemia y el hachazo que la expansión del virus ha asestado a la economía y las cuentas públicas. 

Los dos acuerdos para abonar a IDC 8.263.098,52 por el hospital Infanta Elena de Valdemoro y 3.383.980,83 euros por el Rey Juan Carlos de Móstoles se adoptaron el 29 de diciembre. Fueron las dos únicas decisiones de esa naturaleza frente a una avalancha de autorizaciones de gasto sanitario por acciones desarrolladas en el ejercicio que estaba a punto de concluir.

Las fuentes consultadas en el departamento madrileño de Sanidad aseguran que de esos 11,64 millones que han ido a IDCSalud Valdemoro SA e IDCSalud Móstoles SA, dos filiales del grupo, ni un solo euro procede del Fondo Covid. Con cargo a ese fondo estatal creado para amortiguar el golpe infligido por el coronavirus y sostener el gasto público de las comunidades autónomas, Madrid ha recibido ya 3.300 millones. Hasta ahora, ha trascendido su reparto por consejerías. Pero el desglose completo, esencial para saber qué actuaciones concretas se han acometido con ese dinero, sigue sin conocerse. Sí han trascendido los datos sobre gasto dedicado a becas universitarias a raíz de la pandemia.

Los pagos efectuados a IDC a los que dio vía libre el último consejo de gobierno ordinario del año –al día siguiente hubo uno extraordinario– constituyen un importante eslabón de una cadena de pagos para la que no hay fechas concretas pero que sin duda será larga y pesada. Un informe de la Cámara de Cuentas de Madrid fechado también el pasado 29 de diciembre cifra en nada menos que 769,29 millones lo que la Comunidad estima como cantidades relativas a "liquidaciones pendientes" desde 2015 con seis hospitales gestionados de forma indirecta: cinco de ellos funcionan bajo concesión a empresas privadas. Y de esos cinco, cuatro están en manos de IDC, el grupo que alcanzó notoriedad bajo la denominación Capio y que hace siete años era propiedad de cinco empresas domiciliadas en las Islas Caimán –oficialmente ya no es paraíso fiscal– y por tanto completamente opacas en cuanto a su accionariado. Sí se conocía su vínculo con el fondo británico CVC.

El holding de la antigua Capio, que se hizo con el grupo Quirón y cuyo accionariado acabó bajo control de la alemana Fresenius, había llegado a la cúspide del sector cuando la sanidad madrileña tenía a su frente a Javier Fernández-Lasquetty. Ahora, el círculo se cierra: Lasquetty, que en su momento se negó a dar explicaciones sobre si la Comunidad conocía la conexión de Capio con las Caimán, permaneció varios años fuera de la primera línea política. Dimitió en enero de 2014 después de que el TSJ madrileño cerrara la puerta a la privatización de otros seis hospitales. Y regresó cinco años más tarde para ostentar en el Gobierno de Díaz Ayuso el cargo de consejero de Hacienda, el departamento esencial en materia de gasto.

Dado que la provisión contable por liquidaciones pendientes excede de 750 millones –los 769 contabilizados por la Cámara de Cuentas y reconocidos por la Comunidad de Madrid menos los 11,6 ya abonados a IDC–, surge un interrogante: el de cuándo se prevé dotar económicamente esa bolsa y efectuar los pagos correspondientes. No hay previsión de fecha ni de cuantía: "Cada año –dicen los portavoces de la sanidad madrileña– se va presupuestando en función de las estimaciones de pago, pero, dada la complejidad para la realización de las correspondientes auditorias y subsanación de las alegaciones a las mismas, es normal que las liquidaciones de los contratos se realicen en ejercicios posteriores". "En la elaboración del presupuesto de 2021 –agrega la fuente– se incluirán las estimaciones de liquidación previstas en ese ejercicio".

Cifras atrasadas que se disparan y contratos casi imposibles de rescatar

Entre el importe calculado para las liquidaciones pendientes de cerrar desde 2015 y el que el presupuesto de la Comunidad de Madrid reserva a los seis hospitales de gestión concertada –el único no privatizado es el de carácter militar Gómez Ulla– hay una acentuada similitud: la estimación de cuánto costarán las liquidaciones finales llega a los 769.295.147 millones ya mencionados y de ese total solo 239.170.147 corresponden a 2019; y lo presupuestado para 2019 y también para 2020 –el Gobierno madrileño no ha aprobado cuentas desde que tomó posesión– se sitúa en 727.624.117 euros. 

¿Ha comenzado entonces el pago de sobrecostes, altos además, con la autorización de gasto de los 11,64 millones aprobados el antepenúltimo día del año?. "No se trata de un sobrecoste. Los contratos de concesión con los adjudicatarios –responde la Consejería– prevén unos pagos a cuenta mensuales que suponen el 90% de la actividad asistencial desarrollada en función de la cápita actualizada para cada anualidad. Lo que se abona ahora por acuerdo del Consejo de Gobierno es la liquidación en ambos hospitales, tras auditar la actividad asistencial y la facturación intercentros de ambos hospitales".

En otras palabras: el gasto real de los hospitales privatizados es superior al que cada año se prevé en los presupuestos. Solo el contrato del Hospital de Móstoles, suscrito en 2010, implica un gasto mínimo global de 2.908 millones de euros en los 30 años de su duración, según los datos oficiales de la Comunidad. El precio del contrato de Valdemoro, en vigor desde 2009 con tres décadas por delante a partir de ese momento, asciende a 720,16 millones. El de Torrejón, formalizado en 2009, alcanza los 2.127 millones. La magnitud económica de esos contratos de más que larga duración dificultaría el rescate de los hospitales para la gestión pública incluso si un Gobierno de otro signo así lo considerase oportuno.

La información disponible sobre el desglose de los 769 millones provisionados para liquidaciones pendientes del periodo 2015-2019 muestra un dato que sorprende: al hospital Fundación Jiménez Díaz, otro de los que gestiona la antigua Capio, la Comunidad calcula que deberá abonar 497.652.243 euros. Las cuentas autonómicas de 2019 –y 2020– preveían traspasar a lo largo del ejercicio a ese centro 371.945.459 euros en pago por la concesión. O sea, que el cálculo global de lo que se le adeuda desde 2015 desborda con creces lo que en teoría se prevé como coste total por año.

A qué obedece ese fenómeno constituye una incógnita. Porque a la pregunta que, en relación a ese dato, formuló infoLibre a la Consejería de Sanidad obtuvo una respuesta sin detalles: "La cifra provisionada corresponde a la estimación de liquidaciones pendientes de varios ejercicios, en el presupuesto de cada ejercicio se incluye la liquidación a cuenta que se refleja en el contrato correspondiente al ejercicio y la estimación de liquidaciones de años anteriores". 

Desde la oposición, los socialistas anuncian que pedirán explicaciones. "Llama mucho la atención –afirma Pilar Sánchez Acera, portavoz adjunta del grupo parlamentario en la Asamblea regional– que la Comunidad de Madrid acabe el año realizando el pago de más de 11 millones de euros a IDCSalud por deudas pendientes de 2015". Y a ello, prosigue la diputada, "hay que añadirle que la Cámara de Cuentas ha cifrado en más 769 millones de euros la cantidad que según las propias previsiones del Servicio Madrileño de Salud la Comunidad debe a las empresas de los hospitales concertados y concesionarios de la región". "El Gobierno regional –concluye– debe aclarar cuánto van a pagar de más a estas empresas sanitarias, cuándo van a hacerlo y con cargo a qué partidas del presupuesto".

Las políticas de austeridad impuestas durante la última crisis, que obligaron a fuertes restricciones en los presupuestos públicos, se convirtieron en el abono ideal para el éxito de las llamadas fórmulas de colaboración público-privadas: concesiones –como las de autopistas–, empresas mixtas –las de servicios municipales, como aparcamientos– y contratos –del SEPE con agencias privadas para buscar empleo a los parados–. Hospitales, colegios, autopistas, suministro de agua, seguridad… casi cualquier infraestructura o servicio es susceptible de ser construida o gestionado por empresas privadas con el respaldo de una garantía pública.

La colaboración público-privada se presenta como un sistema más ágil que el meramente público que, además, ahorra costes y dinamiza la iniciativa privada. Pero tampoco está exenta de polémica. Según un informe elaborado por el Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG), estas fórmulas son en realidad más caras, desvían riesgos hacia la parte pública y carecen de transparenciacarecen de transparencia. También propician el deterioro de las condiciones de trabajo e incluso medioambientales.

Para empezar, las concesiones y subcontrataciones se financian con tipos de interés de mercado, más elevados que si se financiaran con endeudamiento público. Además, las empresas privadas deben obtener un beneficio, lo que aumenta el coste de la inversión, como también lo hace si se le añaden los costes de renegociación de los contratos, una práctica que suele ser habitual, explica el informe. Y hay que añadir los costes ocultos, destaca el observatorio, por ejemplo los que la Administración pública debe sufragar si la demanda del servicio gestionado por la empresa privada cae por debajo de un nivel predeterminado. De esta forma, aunque los contratos y concesiones permiten a las administraciones sacar el servicio o infraestructura de sus cuentas, el coste real fuera de balance no es “ni transparente ni auditable”, asegura el informe.

El servicio o infraestructura sigue siendo de titularidad pública, pero su carga figura diluida en el balance de la Administración: una inversión pública de 10 millones de euros debe consignarse de una sola vez en las cuentas de un ejercicio, mientras que, trasladada a la esfera privada, se convierte en un millón de euros anual durante 10 ejercicios, por ejemplo.

A cambio, no se conoce, insiste el documento, el importe de los avales públicos que garantizan esos contratos de colaboración público-privada; por tanto, tampoco se puede calcular con exactitud cuánta deuda pública generaría el posible rescate de esas inversiones. En algunos casos, no obstante, la cifra sí ha sido pública y resultó cuantiosa: 1.350 millones de euros ha tenido que pagar el Estado a EscalUGS, filial de ACS, por el proyecto Castorel proyecto Castor, el controvertido almacén de gas en la costa de Tarragona que provocaba seísmos y hubo de ser abandonado antes de entrar en funcionamiento.  El rescate de las nueve autopistas radiales tras quebrar las sociedades concesionarias supondrá un gasto para el Estado –para el contribuyente– de 4.000 millones de euros, según los cálculos de la patronal Seopan.

Sin control ni supervisión adecuados

El Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) publicó en 2018 un informe donde revelaba las “deficiencias generalizadas y beneficios limitados” de las colaboraciones público-privadas. Tras examinar 12 de ellas cofinanciadas por la Unión Europea en Francia, Grecia, Irlanda y España, concluyó que estos proyectos “tienden a gestionarse de forma poco eficaz y no proporcionan una rentabilidad adecuada”. Los contratos analizados se referían únicamente a los sectores del transporte por carretera y las tecnologías de la información. En conjunto, recuerda el Observatorio de la Deuda, estos cuatro países suman el 70% de los 29.200 millones de euros que reciben estas fórmulas de contratación con el respaldo de la UE. Según resalta el Tribunal de Cuentas Europeo, las administraciones eligen los contratos público-privados sin haber realizado antes ningún tipo de análisis comparativo para demostrar que mejoran la relación calidad-precio. España, además, carece de un reglamento específico, así como de un departamento o unidad que se encargue de regular y vigilar estos contratos, denunciaba el TCE.

Aunque en 2015 el Gobierno del PP creó una Oficina Nacional de Evaluación y en 2018 el Ejecutivo socialista la transformó en la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación Pública (OIReSCon), no han tenido una gran actividad. Hasta ahora, esta última sólo ha publicado una instrucción, el pasado mes de marzo, donde instaba a las administraciones a reducir el número de contratos menores –por debajo de 15.000 euros para servicios y suministros; por debajo de 40.000 euros para obras– y les obligaba a solicitar al menos tres ofertas a otras tantas empresas antes de adjudicarlos. Los directivos al cargo de la OIReScon, además, fueron elegidos por libre designación, a dedo, critica el Observatorio: “No parece el mecanismo más democrático para garantizar su independencia”. Tampoco ha elaborado la oficina, dependiente del Ministerio de Hacienda, un calendario de informes de supervisión de contratos ni se ha concretado si sus resoluciones serán vinculantes o podrá imponer sanciones. Una ambigüedad preocupante teniendo en cuenta que España posee una baja tasa de publicación de los anuncios de contratos, insiste el informe del ODG, al tiempo que el número de concursos negociados y sin publicidad –los más opacos– es “relativamente elevado”.

Dos ejemplos: la AP7 y el Hospital General de Villalba

El Observatorio de la Deuda pone como ejemplos de los peligros y costes de la colaboración público-privada la autopista AP7, que transcurre desde La Jonquera hasta Alicante, y el Hospital General de Villalba, en Madrid. Construida y explotada en régimen de concesión por Abertis, el primer operador de autopistas de España y del mundo, su tráfico cayó un 30% a partir de 2008 por culpa de la crisis económica. Abertis pedía 3.000 millones de euros al Estado como compensación por esa bajada del negocio. Ante la negativa del Gobierno, la empresa llevó el caso a los tribunales. El pasado mes de mayo, el Supremo rechazó que el Estado deba pagarle 785 millones de euros por la pérdida de tráfico en el tramo Tarragona-Alicante, que revertirá al Estado el próximo 31 de diciembre. Y aplazó hasta el 31 de agosto de 2021 la compensación de 2.061 millones que Abertis exige por el descenso de sus ingresos en los tramos de la AP7 en Cataluña.

El Hospital General de Villalba es uno de los siete centros sanitarios que el Gobierno de Esperanza Aguirre construyó en la Comunidad de Madrid a partir de 2004 utilizando diferentes modelos de colaboración público-privada. El de Villalba es gestionado por IDC Salud, rebautizado como Quirónsalud en 2014 tras una fusión y desde 2017 propiedad del grupo alemán Fresenius, un gigante de la sanidad privada europea que recibe de la Comunidad Madrid el 8% de su presupuesto para sanidad, de acuerdo con las cifras del ODG.

Según el informe, el Hospital General de Villalba ha tenido un sobrecoste para el erario madrileño de 114,21 millones de euros: 93 millones proceden de su construcción, inicialmente presupuestada en 108 millones; otros 21 millones tienen su origen en los dos años que estuvo cerrado tras acabar las obras en 2012, y 212.718 euros más son el coste de los accesos al hospital que fueron sufragados por el Ayuntamiento de Collado Villalba pese a que el contrato obligaba a la adjudicataria a pagarlos.

Hasta que abrió sus puertas en octubre de 2014, la Consejería de Sanidad pagó a IDC Salud 938.465 euros al mes. Para justificar el cierre, la Comunidad de Madrid adujo los recortes presupuestarios. El ODG precisa que ese gasto, en concepto de “seguridad, desinfección, desratización, limpieza, mantenimiento, seguros y costes financieros”, no ha sido “auditado adecuadamente”. Finalmente, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid anuló en 2016 el acuerdo municipal que había modificado la calificación urbanística del suelo no urbanizable de especial protección sobre el que se construyó el hospital. “Está construido ilegalmente”, resume el estudio.

De ahí que los autores del informe reclamen una regulación y supervisión estrictas de este tipo de contratos, sin ocultar sus costes reales, pero también sin renunciar a su limitación o incluso prohibición en sectores “clave” como la sanidad, la educación, el transporte o las infraestructuras.

La multinacional alemana Fresenius ha tenido que pagar 237 millones de dólares –211,5 millones de euros– al Tesoro de Estados Unidos por sobornar durante años a decenas de médicos en 16 países, uno de ellos España. A cambio de regalos, viajes a congresos, donaciones y pagos por consultorías ficticias, Fresenius consiguió adjudicaciones de concursos en hospitales públicos españoles que le reportaron unos ingresos de más de 20 millones de dólares –17,8 millones de euros– entre 2007 y 2015, según el documento que acredita el acuerdo alcanzado entre la SEC y la multinacional el pasado mes de marzo. Fresenius es el principal grupo sanitario europeo y, desde septiembre de 2016, el dueño de QuirónsaludQuirónsalud (antes Capio), el gigante de la sanidad privada de España. Gestiona 47 hospitales, desde la Fundación Jiménez Díaz hasta las clínicas Ruber, Teknon y Dexeus o el Hospital La Luz.

En todo el mundo, las prácticas corruptas se tradujeron en unos ingresos de 135 millones de dólares para la compañía alemana. Como desveló este viernes El País, además de España, los sobornos de Fresenius se extienden a Marruecos, Turquía, Arabia Saudí, Angola, otros ochos países de África Occidental que no precisa, México, Serbia y Bosnia. Y no sólo pagó sobornos, sino que también sus directivos impedían “activamente” cualquier esfuerzo por cumplir la normativa, “implicándose personalmente en las tramas de corrupción y empujando a sus subordinados a destruir las pruebas de su conducta indebida”, explica la SEC.

Los pagos indebidos se hicieron en una de las cuatro divisiones de la multinacional, Fresenius Medical Care, que se dedica a la venta de productos y servicios para pacientes con fallo renal, como los de diálisis. En España, en concreto, los médicos sobornados le adelantaron información sobre los requisitos de concursos en hospitales públicos, aunque el documento de la SEC también habla de “administradores” de esos centros sanitarios. No cita sus nombres, tampoco de qué hospitales se trata. Tan sólo habla de uno situado en Valencia, otro en Torrecárdenas (Almería) y de seis médicos más que El País sitúa en Barcelona.

A cambio de regalos, viajes a congresos médicos, vuelos a Estados Unidos y donaciones a proyectos de los nefrólogos sobornados, Fresenius conseguía modificar requisitos de los pliegos de las adjudicaciones. También pagaba consultorías ficticias a estos facultativos, entre 16.000 y 187.000 euros al año. En el caso del hospital valenciano que menciona la SEC, la empresa alemana se hizo con un contrato de dos millones de dólares tras abonar a un médico 114.000 dólares entre 2008 y 2011. Además, donó 40.000 dólares más a los programas de formación dirigidos por ese médico en la fundación del hospital. Después, entre 2012 y 2014, le abonó otros 51.600 dólares en viajes y regalos. En el hospital de Torrecárdenas, Fresenius se adjudicó el 60% del concurso, unos tres millones de dólares. Y a seis especialistas de otro hospital público la empresa alemana les compró la clínica que habían abierto, les sufragó el 5% de su facturación y después les pagó un alquiler. También les abonó consultorías. En total, más de tres millones de dólares para los seis, que derivaban pacientes a la clínica de Fresenius o usaban los productos de la marca pese a ser más caros.

Los directivos no hicieron nada

Estas prácticas fueron puestas al descubierto en 2010 por el equipo de auditoría interna de Fresenius Medical Care, asegura la SEC. Cuatro años más tarde, otro informe del mismo equipo, que fue enviado a los mismos responsables que el de 2010 e incluso al equipo directivo al completo de la compañía, activó las alertas sobre los pagos a funcionarios públicos que se realizaban en España, con regalos, donaciones, patrocinios, comisiones y pagos de consultoría que no fueron “documentados”. Sin embargo, subraya el supervisor estadounidense, los pagos continuaron haciéndose hasta 2015. “Muchos de ellos fueron registrados de forma indebida como gastos de consultoría en los libros de Fresenius Medical Care y de Fresenius Medical Care España”, concluye el documento.

Como la multinacional informó de forma voluntaria sobre algunas de sus prácticas ilegales durante la investigación a que fue sometida, entregó documentos y puso a disposición de la SEC a los empleados involucrados, el organismo llegó a un acuerdo para no procesar a Fresenius durante tres años, a cambio de que la empresa reconociera su responsabilidad penal. También le ha impuesto el pago de una multa de 84,7 millones de dólares a cambio de no castigarla con otra civil, así como el abono de una compensación de 135 millones y de 12 millones más en concepto de intereses.

El beneficio de Fresenius en España se dispara un 26%

Otra de las divisiones de la multinacional alemana, Fresenius Helios, fue la que compró en septiembre de 2016 –un año después de que se pusiera fin a los “pagos inapropiados” a médicos– el 100% del principal grupo privado de hospitales de España, Quirónsalud. La adquirió al fondo de inversión CVC, que lo había fusionado con IDC Salud, antes conocida como Capio, en 2014. Fresenius pagó entonces 5.760 millones de euros.

Según los datos de su última memoria, Fresenius Helios facturó 8.993 millones de euros en 2018, de los cuales 3.023 millones corresponden a su negocio en España. La cifra supone un aumento del 17% respecto al ejercicio anterior. Su beneficio operativo (EBIT), 413 millones de euros, se disparó en España ese ejercicio un 26%, mientras se hundía un 14% en Alemania.

De sus cuatro divisiones, Medical Care supone casi la mitad de toda su facturación, que ascendió en 2018 a 33.530 millones de euros. Los servicios de diálisis le proporcionan el 51,43% de su beneficio operativo, que alcanzó 4.561 millones. Ese último ejercicio, Fresenius sufrió una caída de su facturación del 1,06% respecto al año anterior, que se tradujo en un recorte de su beneficio de explotación del 5,57%. En todo el mundo, la multinacional cuenta con 276.750 empleados, de los cuales corresponden a Helios España 31.094. Pero mientras en Alemania Fresenius atiende a 5,32 millones de pacientes, en España la cifra casi se triplica y alcanza los 13,31 millones. Porque, aunque su número de camas y hospitales es menor, cuenta con casi tres veces más de pacientes tratados en 57 centros de día y 300 centros de prevención de riesgos laborales.

El grupo de empresas de sanidad privadaIDCSalud ingresó durante el año pasado 856 millones de euros de diferentes administraciones públicas, tal y como consta en la información depositada en el Registro Mercantil analizada por infoLibre. Esta cifra supone el 34,1% de la facturación total del grupo en ese ejercicio, que alcanzó los 2.509,9 millones de euros. Es decir, uno de cada tres euros que ingresó el grupo durante 2016 proceden de las arcas públicas.   

Estos 856 millones de euros provienen principalmente de los pagos que recibe de la Comunidad de Madrid por gestionar cuatro hospitales públicos que cubren una población de 814.000 personas; de conciertos para aligerar las listas de espera tanto quirúrgicas como diagnósticas; y de otros programas asistenciales en diversas comunidades autónomas. Por otro lado, durante 2016, el grupo declaró pérdidas globales de 69,4 millones de euros. Las empresas que declaran pérdidas están exentas del impuesto de sociedades, pues este tributo grava los beneficios. 

En conjunto, en los últimos cinco años, IDCSalud ha ingresado un total de 3.464,4 millones de euros como fruto de su colaboración con administraciones públicas. El año pasado ingresó los citados 856 millones de euros, un 53,2% más que en 2012, cuando facturó a diferentes administraciones 558,8 millones. La cifra no dejó de crecer en los últimos años: 595,5 millones de euros en 2013, 644,8 millones de euros en 2014 y otros 809,3 millones de euros en 2015. La cifra de 2016, por tanto, supone un nuevo récord. 

Por otro lado, en el periodo analizado, los ingresos derivados de entidades aseguradoras y mutuas y servicios a particulares se dispararon un 770%. De 190,1 millones en 2012 a 1.653,9 en 2016. De hecho, el análisis del conjunto de la cifra de negocio evidencia un descenso progresivo del peso de los fondos públicos en las cuentas de la sociedad dominante. En 2012, tres de cada cuatro euros ingresados (74,6%) procedían del erario público. Ese porcentaje se mantuvo prácticamente igual en 2013 (73,4%), pero comenzó a descender a partir de 2014 (65,8%) y, especialmente, en 2015 (37,7%) y 2016 (34,1%).

Expansión 

Este cambio tiene que ver con una agresiva estrategia de adquisiciones emprendida a partir de 2014 con el objetivo de potenciar una nueva línea de negocio, la de los servicios prestados a compañías aseguradoras y a clientes privados. IDCSalud compró en noviembre de ese año Grupo Hospitalario Quirón, que ya se había unido a USP Hospitales en 2012. Se creó así el conglomerado QuirónSalud, que se erigió en el primer grupo hospitalario de España y el tercero de Europa. Un mes después, en diciembre, QuirónSalud compró el grupo sanitario Ruber para "reforzar su posición en el sector de la asistencia privada sanitaria", tal y como recoge la matriz IDCSalud en su memoria.

En 2015 el grupo IDCSalud irrumpió en el negocio de la prevención de riesgos laborales adquiriendo cuatro empresas de este sector, entre ellas la líder del sector, Fremap. El precio de ésta rondó los 100 millones de euros. También compró MC SPA, Universal de Prevención y Salud, así como la filial de Muprespa. Según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que autorizó la operación tras descartar que supusiera "un obstáculo a la competencia efectiva", el grupo controla menos del 30% del sector.

En 2016 la sociedad dominante continuó con su proceso de expansión en España con la compra del hospital privado Infanta Luisa de Sevilla, que cuenta con 139 camas, e inició su expansión internacional a través de la compra de la Clínica Ricardo Palma, el mayor hospital privado de Lima (Perú). En este ejercicio también se formalizó la compra del grupo IDC Salud por parte del grupo sanitario alemán Fresenius Helios por 5.760 millones de euros. Con esta operación, el fondo de capital riesgo británico CVC fue sustituido como accionista de referencia.

Según la última información depositada en el Registro Mercantil, de 2016, el grupo IDCSalud gestiona 44 hospitales y 64 centros sanitarios –excluyendo las sociedades de prevención– repartidos por trece comunidades autónomas y tiene en nómina a 31.277 profesionales. También están trabajando para el grupo 3.700 médicos autónomos. En 2012 contaba prácticamente con un cuarto de los trabajadores a los que emplea actualmente, alrededor de 9.000.

Negocio 

IDCSalud –que cambió su denominación a Capio Sanidad entre los años 2005 y 2013– se hizo hueco en el sector sanitario a mediados de los noventa especializándose en el negocio de la disminución de las listas de espera del sistema público prestando esos servicios (diagnóstico por imagen, intervenciones quirúrgicas, diálisis, rehabilitación...) en centros privados. Desde entonces y hasta ahora esa línea de negocio centra buena parte de sus ingresos. 

Precisamente de forma reciente, a principios de septiembre, la Fundación IDIS, donde están representadas las principales empresas de la sanidad privada del país, anunció el diseño de un "plan de choque" para realizar en sus hospitales intervenciones quirúrgicas de pacientes que están esperando para operarse en la sanidad pública a cambio de 1.500 millones de euros. El objetivo, sostuvieron entonces sus promotores, era "dejar a cero" la abultada lista de espera quirúrgica, que alcanzó las 614.101 personas al cierre de 2016. 

No obstante, las listas de espera sanitarias no son el único ámbito de colaboración entre este gigante hospitalario y las administraciones públicas. IDCSalud también gestiona cuatro hospitales públicos en Madrid a través del llamado modelo Alzira de concesiones administrativas que incluyen la gestión de servicios sanitarios: la Fundación Jiménez Díaz, que mantiene un concierto singular por el que tiene transferida la atención sanitaria de más de 420.000 pacientes del sistema público; el General de Villalba, en Collado Villalba; el Rey Juan Carlos, en Móstoles; y el Universitario Infanta Elena, en Valdemoro.

El modelo de centros sanitarios públicos gestionados totalmente por empresas privadas es el siguiente: la Administración encarga a una empresa la construcción del edificio y, a cambio, ésta recibe un canon anual por prestar la atención tanto sanitaria como no sanitaria a los ciudadanos de la población de referencia de ese centro. Cuando las concesiones vencen, si no hay prórrogas, revierten a la Administración que, mientras tanto, es simplemente una inquilina en el edificio. Ribera Salud, pionera de este sistema en la Comunitat Valenciana, e IDCSalud son los principales agentes de este modelo de sanidad privatizada.

La política sanitaria de Esperanza Aguirre, que presentó la privatización de hospitales como gran mascarón de proa y garantía de una mayor eficiencia, ha terminado abofeteando al erario madrileño no solo como fuente de continuos sobrecostes sino también desde el flanco legal. En un solo año, 2015, la sanidad pública de Madrid se vio obligada a pagar más de 66 millones de euros a golpe de sentencia firme por litigios perdidos frente a un centenar de empresas, y así consta en una respuesta parlamentaria facilitada por el Ejecutivo autonómico a la diputada socialista Pilar Sánchez Acera.

El monto total supera sin duda los 66 millones aunque, de momento, no se sabe por cuánto: el listado entregado a la oposición incluye tres sentencias favorables a otras tantas empresas concesionarias de hospitales pero no detalla el importe que vino obligada a desembolsar la Comunidad de Madrid para darles cumplimiento. Las fuentes oficiales consultadas en la sanidad pública madrileña aseguraron este martes que no disponen de las cifras y que las están recabando. Salvo sorpresa, serán elevadas.

De los 66 millones que suman las condenas cuantificadas, al menos el 27% (18,3 millones) procede de sentencias ganadas por compañías vinculadas a la construcción y gestión de los nuevos hospitales de titularidad pública y gestión privada o semiprivada y que fueron promovidos en la segunda mitad de la pasada década. Consultados por infoLibre, portavoces del Ejecutivo de Cristina Cifuentes admiten que las "discrepancias sobre la construcción o la fase de arranque" de esos hospitales o las que persisten con "proveedores de servicios/suministros" como el Hospital Puerta de Hierro (Majadahonda) están detrás de dos de los grandes grupos de pleitos perdidos.

Expertos ajenos al Gobierno madrileño subrayan en cambio que los contratos de concesión revisten tal carácter laberíntico que se prestan a múltiples interpretaciones. Y que, por tanto, entrañan un riesgo cierto de inseguridad para los intereses públicos.

El Puerta de Hierro constituye el paradigma: gestionado a partir de 2005 por el grupo ACS (Florentino Pérez) y desde 2015 controlado por un fondo de inversión holandés, el hospital de Majadahonda absorbió a parte de la plantilla que ya trabajaba para la sanidad pública madrileña en su antiguo emplazamiento de Puerta de Hierro. Bajo esa premisa, el Servicio Madrileño de Salud (Sermas), y así lo relatan fuentes oficiales, "dedujo el equivalente salarial del pago a la concesionaria". Pero como el contrato decía que la Administración había de incluir en sus pagos el coste de la plantilla, la concesionaria acudió a los tribunales. Y ganó. Conclusión: solo en 2015, el Hospital de Majadahonda se embolsó 12.912.878 euros vía sentencia firme.

El tercer bloque de sentencias contrarias a la Administración madrileña tiene igualmente su origen en la segunda mitad de la década pasada: hasta 2006, y en aplicación de una vieja norma estatal de 1974 cuya aplicación asumió la Comunidad de Madrid tras el traspaso de competencias sanitarias, varios bancos prestaban atención médica a sus respectivos pensionistas y endosaban luego la factura al Servicio Madrileño de Salud (Sermas).

En 2006, y así lo relata la sentencia del Tribunal Superior de Madrid (TSJM) derivada del litigio que planteó uno de esos bancos, el Santander, la Comunidad de Madrid dejó de pagar [pincha aquí para leer la resolución judicial]. Lo hizo, rememora una fuente del sector, "a las bravas". Es decir, sin anular previamente el convenio marco que le obligada a esos pagos ni modificar la legislación en que se sustentaba el pacto. Aquel abaratamiento de costes aplicado por el equipo de Aguirre en su etapa de máximo esplendor político le ha salido caro a la Administración autonómica: cuatro entidades financieras (Santander, BBVA, Banesto y BNP Paribas) han ganado litigios que suman 20,9 millones de euros. Las fuentes consultadas en el Ejecutivo madrileño no pudieron confirmar si la sentencia del BNP Paribas se encuadra en la categoría de gastos médicos impagados.

Ningún otro departamento del Gobierno madrileño se vio forzado en 2015 a indemnizar a empresas por imperativo judicial en una cuantía ni siquiera cercana a la impuesta a Sanidad, y así lo certifica el listado de sentencias aportado al PSOE.

¿Es habitual que una administración que dispone de un potente servicio jurídico y que durante lustros mantuvo en activo un Consejo Consultivo pierda en un solo año contenciosos sanitarios valorados en 66 millones de euros? La respuesta de los portavoces oficiales de la Consejería de Sanidad a esa pregunta fue la siguiente: "Consideramos que es una cuantía global excepcional, ya que concurren dos grupos de pagos por sentencias no habituales, los correspondientes a las discrepancias con las constructoras /consecionarias en el arranque de los centros, y de los contenciosos de los bancos por un hecho puntual en el cambio de relación con la administración. Los pagos por sentencias originadas por discrepancias con los proveedores forman parte de la relación entre la administración con otras entidades, y se enmarca en la defensa de los intereses de la administración. Aquí no se reflejan las sentencias que se ganan por parte de la administración".

El holding de empresas de sanidad privadaIDCSalud ha ingresado 2.608 millones de euros de dinero público entre los ejercicios de 2012 y 2015, los últimos de los que consta información en el Registro Mercantil, tal y como ha verificado infoLibre. Esta cifra supone el 55,6% de la facturación total del grupo en este periodo –que alcanzó los 4.689 millones de euros– y proviene principalmente de concesiones administrativas y diferentes tipos de conciertos (procedimientos diagnósticos, prestaciones sanitarias...) en diversas comunidades autónomas, según confirma un portavoz autorizado de la compañía a preguntas de este periódico. 

En 2015 IDCSalud ingresó 809,3 millones de euros de dinero público, un 44,8% más que en 2012, cuando facturó a diferentes administraciones 558,8 millones. La cifra no dejó de crecer desde entonces: 595,5 millones de euros en 2013 y 644,8 millones de euros en 2014. En total, los citados 2.608 millones de euros en cuatro ejercicios. En ese periodo los ingresos derivados de entidades aseguradoras y mutuas y servicios a particulares se dispararon un 604,8%. De 190,1 millones en 2012 a 1.339,9 en 2015.  

De hecho, el análisis del conjunto de la cifra de negocio evidencia un descenso progresivo del peso de los fondos públicos en las cuentas de la sociedad dominante. En 2012, tres de cada cuatro euros ingresados (74,6%) procedían del erario público. Ese porcentaje se mantuvo prácticamente igual en 2013 (73,4%), pero comenzó a descender a partir de 2014 (65,8%) y, especialmente, en 2015 (37,7%). 

Estrategia de expansión 

Este cambio tiene que ver con una agresiva estrategia de adquisiciones emprendida a partir de 2014 con el objetivo de potenciar una nueva línea de negocio, la de los servicios prestados a compañías aseguradoras y a clientes privados. IDCSalud compró en noviembre de ese año Grupo Hospitalario Quirón, que ya se había unido USP Hospitales en 2012. Se creó así el conglomerado QuirónSalud, que se erigió en el primer grupo hospitalario de España y el tercero de Europa. Un mes después, en diciembre, QuirónSalud compró el grupo sanitario Ruber para "reforzar su posición en el sector de la asistencia privada sanitaria", tal y como recoge la matriz IDCSalud en su memoria. 

En 2015 el grupo IDCSalud irrumpió en el negocio de la prevención de riesgos laborales adquiriendo cuatro empresas de este sector, entre ellas la líder del sector, Fremap. El precio de ésta rondó los 100 millones de euros. También compró MC SPA, Universal de Prevención y Salud, así como la filial de Muprespa. Según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que autorizó la operación tras descartar que supusiera "un obstáculo a la competencia efectiva", el grupo controla menos del 30% del sector. 

Según la última información depositada en el Registro Mercantil, de 2015, el grupo IDCSalud gestiona un total de 90 centros sanitarios –excluyendo las sociedades de prevención– repartidos por trece comunidades autónomas y da empleo a 28.000 profesionales exceptuando a los médicos autónomos. En 2012 el grupo contaba con un tercio de los trabajadores con los que cuenta actualmente, alrededor de 9.000. 

Los inicios   

IDCSalud –que cambió su denominación a Capio Sanidad entre los años 2005 y 2013– se hizo hueco en el sector sanitario a mediados de los noventa especializándose en un jugoso negocio, el de la disminución de las listas de espera del sistema público prestando esos servicios (diagnóstico por imagen, intervenciones quirúrgicas, diálisis, rehabilitación...) en centros privados. Desde entonces y hasta ahora esa línea de negocio centra buena parte de sus ingresos. De hecho, según datos de la Fundación IDIS, organismo en el que están representadas las principales empresas de la sanidad privada junto a algunas compañías suministradoras, el 11,8% del gasto sanitario público se destina a la partida presupuestaria de conciertos. 

De ahí IDCSalud pasó a la gestión privada de centros sanitarios públicos a través del llamado modelo Alzira deconcesiones administrativas que incluyen la gestión de servicios sanitarios y por el que actualmente gestiona cuatro hospitales públicos en Madrid. La Fundación Jiménez Díaz, que mantiene un concierto singular por el que tiene transferida la atención sanitaria de más de 420.000 pacientes del sistema público; el General de Villalba, en Collado Villalba; el Rey Juan Carlos, en Móstoles; y el Universitario Infanta Elena, en Valdemoro.

El modelo de centros sanitarios públicos gestionados totalmente por empresas privadas es el siguiente: la Administración encarga a una empresa la construcción del edificio y, a cambio, ésta recibe un canon anual por prestar la atención tanto sanitaria como no sanitaria a los ciudadanos de la población de referencia de ese centro. Cuando las concesiones vencen, si no hay prórrogas, revierten a la Administración que, mientras tanto, es simplemente una inquilina en el edificio. Ribera Salud, pionera de este sistema en la Comunitat Valenciana, e IDCSalud son los principales agentes de este modelo de sanidad privatizada. 

Carlos Conde no revalidará su cargo como rector de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM). El que hasta ahora era el máximo responsable del campus madrileño logró este miércoles el 32,06% del voto ponderado, frente al 67,94% de su contrincante, el catedrático de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación Guillermo Cisneros. 

Este último recibió el apoyo de los profesores doctores con vinculación permanente, con un 64,45 %, y del resto del personal docente e investigador, con un 63,40%. También sumó un alto porcentaje del voto estudiantil, con un 72,23 % y del personal de administración y servicios, con un 84,32%, según difundió la UPM a través de su página web. 

Precisamente el Personal de Administración y Servicios (PAS) ha sido de los colectivos más críticos con Carlos Conde. Fue bajo su mandato, en 2013, cuando el campus inició el proceso de amortización de 301 plazas del PAS, lo que supuso el despido de otros tantos trabajadores. La universidad puso en marcha este plan bajo la justificación del recorte del dinero que destinaba la Comunidad de Madrid a todos los campus públicos y del ajuste de precios en los estudios tras la subida de tasas aplicadas a los alumnos.

Tal y como desveló infoLibre este proceso ha tenido, hasta el momento, un coste de 10,3 millones de euros para la UPM. En junio de 2014 el Tribunal Supremo declaró nulo el despido de parte de esos trabajadores –en concreto, de los 156 que eran personal laboral interino– y obligó al centro a readmitirles y a pagarles el sueldo acumulado desde que fueron despedidos. La universidad no aceptó que volvieran y les ofreció –asesorada por el bufete Sagardoy– pactar un despido improcedente o ir a otro ERE.

Estos despidos tuvieron una fuerte respuesta en parte de la comunidad educativa y en los sindicatos. De hecho, la Asociación Memoria 301, de la que forman parte trabajadores de la UPM, ha llevado a los tribunales a los máximos responsables de este campus durante ese proceso. Este colectivo presentó el pasado 17 de febrero ante el juzgado decano de Madrid una denuncia –a la que tuvo acceso este periódico– en la que atribuye a Carlos Conde Lázaro, y a la gerente, Carmen García de Elías, los supuestos delitos de prevaricación, administración desleal y malversación de caudales públicos por su gestión al respecto. No obstante, se necesitarán varias semanas para saber si la denuncia es o no admitida a trámite. 

Adjudicación a dedo 

Por otro lado, Carlos Conde también fue cuestionado por las organizaciones sindicales por la venta a dedo, es decir, sin concurso público, de los derechos de edificabilidad de un terreno de 12.000 metros cuadrados ubicado en la Ciudad Universitaria de la capital a la empresa de sanidad privada IDC Salud –antigua Capio– por 6.537.000 euros. Conde ocultó al órgano de gobierno y al Consejo Social detalles sustanciales de la venta y sólo informó en el primero de esos órganos cuando ya se había producido.

Tras publicar infoLibre esta información en junio de 2015 el rector la calificó de "errónea" en una circular a los miembros de la comunidad universitaria. Sin embargo, su carta confirmaba íntegramente los datos proporcionados por este diario sobre la operación. Conde dijo lamentar que "una vez más, algunos medios hayan tergiversado los hechos, dañando la imagen de la universidad" y avisó de que la UPM se reservaba "los derechos de actuación jurídica contra los responsables". 

El de las sociedades de prevención de riesgos laborales era hasta ahora un sector muy atomizado –lo integran unas 370 empresas– y con un “muy bajo valor añadido”, según lo describe Rubén Rodríguez, presidente de ASPA, la asociación que agrupa a 168 pequeñas empresas. Rodríguez cifra en unos 700 millones de euros la facturación del sector, sumados los servicios de prevención ajenos y los creados por las mutuas. No obstante, un informe elaborado por la consultora británica Plimsoll elevaba a 1.300 millones el volumen de negocio del sector español de salud laboral. Rodríguez cree que el dato está “inflado” porque incluye la facturación de grupos que se dedican sólo tangencialmente a la gestión de los riesgos laborales, “como SGS Tecnos”, que el estudio sitúa como la segunda empresa del sector, pese a que sólo una pequeña parte de su actividad se refiere a la prevención en el trabajo.

El caso es que, con la salida al mercado en bloque de las 19 sociedades y la amenaza de liquidación si no se cumplía el plazo, el sector temía que éstas se malvendieran a precios por debajo de su valor. Cinco de las más importantes se encuentran en pérdidas. De hecho, la primera oferta que recibió Fremap por su sociedad de prevención, la mayor de todas, fue de sólo 100.000 euros, cuando el valor en libros de la empresa rozaba los 13 millones. La presentó una empresa colombiana que fue aceptada por Fremap pero rechazada por el Ministerio de Empleo.

Hasta el 40% del mercado para IDC Salud

Finalmente, sin embargo, las 19 sociedades de prevención han atraído intereses múltiples hasta venderse todas. Es más, el gigante de la sanidad privada IDC Salud –la antigua Capio– ha adquirido cuatro de estas empresas, entre ellas la líder del sector, Fremap. El precio de ésta rondó los 100 millones de euros. El primer grupo hospitalario privado de España, con una red de 42 hospitales, también ha comprado MC SPA, Universal de Prevención y Salud, así como la filial de Muprespa. En total, casi el 40% del sector, según el presidente de las pequeñas sociedades de prevención. Menos del 30% según los cálculos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que el 11 de junio pasado autorizó las compras de IDC Salud tras descartar que supongan “un obstáculo a la competencia efectiva”.

IDC Salud, que hasta abril de 2013 se llamaba Grupo Capio, ha sido foco de atención al haberse hecho en pocos años con la gestión de hasta nueve hospitales públicos en Madrid, Cataluña y Castilla-La Mancha. También por el hecho de que, como publicó infoLibre, sus propietarios, el fondo de inversión CVC, se ocultan en los paraísos fiscales de Luxemburgo, Holanda y las Islas Caimán. Factura 1.700 millones de euros al año.

Las sociedades de prevención de riesgos laborales pueden ser un bocado suculento si se tiene en cuenta que llevan a cabo los reconocimientos médicos de millones de trabajadores. El responsable del sector en UGT, Álvaro Vicioso, no descarta que IDC Salud haya visto en las empresas para las que trabajan estas sociedades “una posible cartera de clientes”, un “nicho de negocio”. El presidente de ASPA, por su parte, advierte de que sería ilegal que las sociedades intentaran aprovechar los recursos de sus hospitales para dar servicios a las empresas. “Las normas que regulan nuestra actividad son muy estrictas y prohíben cualquier vinculación con otras actividades, la ley es muy taxativa al respecto”, explica, “espero que a nadie se le pasará por la cabeza utilizar bases de datos de trabajadores o usar un traumatólogo de un hospital, por ejemplo, para el servicio de prevención”.

Restaurantes italianos, patronal textil, laboratorios

Sea cual sea el beneficio previsto, lo cierto es que en las sociedades de prevención se han interesado nombres completamente ajenos al sector. Algunos de ellos se han asociado a directivos de las propias empresas para hacerse con ellas. Tal es el caso de Nueva Activa, que ha sido adquirida por Raúl Quejido Molinero, administrador de esa sociedad de prevención, tras unirse al gerente de la cadena de restaurantes La Tagliatella en España, David Gorgues Carnicé. Éste posee el 85% del capital de Equaltus SL, la empresa que ha constituido con Raúl Quejido para comprar Nueva Activa.

El presidente del Celta de Vigo, Carlos Mouriño, que además es empresario y tiene negocios en México, compró en 2013 Mutua Gallega de Accidentes de Trabajo (Mugatra), a través de una de sus sociedades, Inverhismex.

Los Laboratorios Echevarne, que cuentan con una red de 43 centros repartidos por toda España, se han hecho con la Sociedad de Prevención MAZ.

Asepeyo, que nació con Catalana Occidente, ha pasado a manos de cinco directivos de la propia sociedad de prevención y un inversor privado, Pablo Garriga de Vaz Concicao, exconsejero de la sociedad de capital riesgo de CatalunyaCaixa.

También Ibermutuamur se ha quedado en manos de sus directivos, un total de 47, que han constituido Inverpren SL y pagado 12,9 millones de euros por ella. Otro tanto ha ocurrido con la filial de Umivale, adquirida por Valora Equipe SL, a su vez controlada por 196 trabajadores y directivos de la sociedad de prevención, que se han asociado con 21 inversores de Valencia, Madrid, Galicia y Albacete. Todos ellos eran socios de la mutua y serán los clientes de la nueva sociedad de prevención. Pagaron 10,7 millones de euros.

Ésa ha sido otra de las fórmulas para comprar las filiales de salud laboral. Unión de Mutuas se la han quedado 30 antiguos mutualistas, desde empresas de azulejos hasta bodegas e incluso colegios, todos ellos de la Comunidad Valenciana. La sociedad Prevint, antes en manos de Mútua Intercomarcal, ha quedado en manos de la Fundación per la Indústria, la patronal textil de Sabadell (Barcelona).

Finalmente, otras empresas del sector de la salud laboral han aumentado su perímetro adquiriendo a sus competidoras. El Grupo Preving ha comprado dos, asociado con la firma de capital riesgo Corpfin Capital: Prevención Navarra y Egarsat. PFA Asesores es otra firma del sector de la prevención, que se ha hecho con Previmac. El líder en servicios sanitarios del País Vasco Igualatorio Médico Quirúrgico ha preferido Mutualia. Por último, NorPrevención ha comprado la cántabra Mutua Montañesa.

Con estas operaciones se pone fin a una situación que el Tribunal Supremo no dudó en calificar de “competencia desleal e intrusismo” en una sentencia de marzo de 2014. Según el Alto Tribunal, las filiales de prevención de las mutuas utilizaban “para su estructura recursos propios de la Seguridad Social”, también “recursos con cargo a las cuotas [de la Seguridad Social] para su propio funcionamiento” e incluso se aprovechaban de “información privilegiada de las empresas” y ofertaban “tarifas por debajo del coste real”.

¿Despidos?

Así, las empresas asociadas en ASPA saludan la “privatización” de estas filiales de las mutuas [infoLibre ha intentado, sin éxito, contar con la opinión sobre estas operaciones tanto de ASPREM, la patronal de las sociedades de prevención más grandes, como de AMAT, la patronal de las mutuas]. Todo lo contrario que los sindicatos. Tanto UGT como CCOO se opusieron en todo momento a la venta, que tachan de “expolio”. “Supone la ruptura definitiva del vínculo entre salud laboral y Seguridad Social”, condena el sindicato que dirige Ignacio Fernández Toxo. Álvaro Vicioso, de UGT, critica que el Ministerio de Empleo no haya incluido entre las condiciones para la venta de estas sociedades la exigencia a los compradores de mantener las plantillas. Y teme lo que pueda ocurrir en los próximos meses. Ya han empezado, asegura, “movimientos” de directivos en las sociedades recién adquiridas. “Estamos expectantes ante lo que pueda hacer IDC Salud en las cuatro empresas que ha comprado”, avanza, porque da por hecho que se producirán inevitables “duplicidades en la estructura directiva”.

En efecto, en la lista de condiciones que el Ministerio de Empleo impuso a los posibles compradores no figura ninguna garantía del empleo. Además de aportar información mercantil, se les exige que carezcan de vinculaciones laborales e intereses económicos con la mutua vendedora. Para acreditarlo bastan declaraciones juradas de los compradores donde conste que no poseen más del 10% del capital de la sociedad de prevención, ni ellos ni sus parientes. Esa situación deben mantenerla durante cinco años después de la venta. El ministerio se limita a pedir un informe de los representantes sindicales de la filial con su “opinión” sobre la venta, pero éste no tiene carácter vinculante.

Deuda de 40 millones, sin concurso público

Cuestión aparte son los 40 millones de euros que las sociedades de prevención adeudan a la Seguridad Social. CCOO critica que Empleo no haya explicado el origen de esa deuda, tampoco “las cantidades debidas por cada mutua ni las acciones que emprenderá para depurar responsabilidades”. Según el ministerio, esa cifra será abonada en algunos casos por las mutuas vendedoras y en otros por las empresas compradoras. “Será devuelta sin ningunda duda”, zanja.

Tanto los sindicatos como las pequeñas sociedades de prevención se quejan de la falta de transparencia de todo el proceso de venta. Empleo explica que no se convocó un concurso público porque las sociedades de prevención “no son empresas públicas”, sino privadas surgidas de las mutuas, que también son entidades de derecho privado. Álvaro Vicioso se queja de que sólo las juntas directivas de las mutuas han sido informadas por el ministerio sobre las operaciones.

La incógnita ahora es si, como apuntan los sindicatos y ASPA, el siguiente paso va a ser un proceso “natural” de concentración en los próximos dos o tres años que reduzca aún más la atomización del sector. Álvaro Vicioso vaticina que la gestión de la salud laboral estará a partir de ahora “mucho más mercantilizada” porque, a su juicio, la privatización “ha finiquitado lo poquito de calidad que había en los servicios de prevención”.

El sindicato Comisiones Obreras exige a la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) que le facilite los documentos clave relativos a la adjudicación a dedo, es decir, sin concurso público, de los derechos de edificabilidad de un terreno de 12.000 metros cuadrados ubicado en la ciudad universitaria de la capital a la empresa IDC Salud –antigua Capio– por 6.537.000 euros. El rector, Carlos Conde Lázaro, ocultó al Consejo de Gobierno y al Consejo Social –donde tienen representación los sindicatos– detalles sustanciales de esta venta y sólo informó en el primero de esos órganos cuando ya se había producido.

Por ello, en aras de la "transparencia de los intereses públicos", la organización sindical, a través de su consejera Isabel Galvín, que es también secretaria general de Enseñanza de CCOO de Madrid, reclama cinco documentos relativos a este proceso, tal y como se recoge en un escrito presentado en la reunión del Consejo Social del pasado 29 de junio y al que ha tenido acceso infoLibre. 

Entre ellos, Galvín reclama documentos urbanísticos relativos al solar enajenado, que tiene una superficie equivalente a algo más de un campo de fútbol. Específicamente el plan de transferencia de edificabilidad y la ficha técnica de desarrollo y ordenación de la parcela, que son trámites que la UPM ya había empezado a gestionar con el Ayuntamiento de Madrid en el verano de 2014, tal y como consta en la documentación examinada por este diario. 

También exige tener acceso al informe de la Abogacía del Estado en el que la UPM se ampara para haber enajenado el derecho de edificabilidad de esos terrenos sin hacer un concurso público, así como al informe de la entidad tasadora oficial que, según comunicó el rector, estableció el precio del metro cuadrado de edificabilidad en Ciudad Universitaria entre los 510 y los 545 euros, por lo que el importe por los 12.000 metros cuadrados objeto de esta venta de edificabilidad sería de 6.537.000 euros. En último lugar, CCOO reclama el documento notarial completo relativo al traspaso y la venta de los derechos de edificabilidad.

A juicio de Galvín, tal y como recoge en el escrito, se trata de "una petición lógica y ajustada a los objetivos y obligaciones" que tiene encomendados como miembro del Consejo Social. "Entiendo debe contribuir a garantizar la coherencia, objetividad y transparencia de las cuestiones planteadas a este Consejo y a los acuerdos del mismo", asevera.

"Grave carencia de información" 

El sindicato afea al rector la "grave falta de transparencia" que ha rodeado este proceso. Hay que tener en cuenta que de la ejecución de la venta, el nombre de la entidad adjudicataria y el precio acordado, Conde Lázaro dio información al Consejo de Gobierno de la Universidad cuando la transacción ya se había producido, tal y como consta en el acta de la reunión que este órgano celebró el 30 de abril de 2015 y a la que tuvo acceso infoLibre. La venta, según confirmó la propia compañía a este periódico, se había rubricado ante notario el 9 de abril de 2015, por tanto, veinte días antes.

Antes de esa reunión, el rector Conde Lázaro sólo había informado en dos citas previas al Consejo de Gobierno y al Consejo Social de que había "una entidad" interesada en "comprar los derechos de edificabilidad" de los terrenos. En ambas reuniones se aprobó la venta por mayoría, aunque los asistentes no fueron informados ni del precio al que se iban a vender los terrenos, ni a quién. 

Al Consejo Social –en su reunión del 12 de febrero, cuya acta ha consultado este diario– el rector sólo le informó de que "una institución ubicada en la ciudad universitaria" estaba interesada en el traspaso de "derechos de edificabilidad". Y lo comparó con otras operaciones similares que se habían realizado "anteriormente". A saber: la ampliación de la Escuela de Ingeniería Aeronáutica y la regularización de la Biblioteca María Zambrano. Pero en estos casos los beneficiarios fueron entidades públicas y no una empresa privada como IDC Salud. 

Asimismo, el rector explicó en esa reunión del Consejo Social que la UPM disponía de 19.300 metros cuadrados de edificabilidad y que traspasar 12.000 "no afectaría a otros proyectos" que pudiera tener la Universidad. Añadió, además, que "esta operación se realizaría de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, acompañando los informes correspondientes y evitando toda especulación, por lo que se realizaría una tasación pericial de estos derechos". El Consejo Social aprobó por mayoría la enajenación, aunque los representantes de CCOO y UGT, Isabel Galvín y Eduardo Sabina, manifestaron su abstención "por carecer de la información suficiente para adoptar una posición". También se abstuvo Eugenio Morales, uno de los consejeros nombrados por la Asamblea de Madrid.

Ahora, en el escrito en el que hace la petición de información, Galvín reitera que manifestó en el desarrollo de la citada reunión lo que entendía era "una grave carencia de información y documentación relativa a esta cuestión, lo que impedía la emisión de un pronunciamiento ajustado sobre la misma". "La consecuencia lógica de falta de apoyo documental al punto objeto de discusión no podía ser otra que la de mi abstención en el proceso de votación por el que se aprobó la autorización solicitada", sentencia.

El Gobierno de José Antonio Monago (PP) permitió que el gigante de la sanidad privada, Capio (ahora llamada IDC Salud), mantuviera vigentes en Extremadura durante casi año y medio en sus contratos con las aseguradoras privadas cláusulas prohibidas de “exclusividad y no competencia” a largo plazo.  Y ello pese a existir una denuncia de su rival directo, Clínica Extremeña de Salud (CES), que acreditaba de manera fehaciente –o sea, con papeles- cómo la multinacional estaba vulnerando en su clínica de Badajoz la legislación antimonopolio.

En esa clínica, denominada Clideba y que mantiene un concierto con la sanidad pública extremeña, trabaja Javier Fernández Perianes. Es decir, el consejero de Sanidad extremeño que en mayo de 2012 se vio forzado a dimitir cuando la prensa local destapó que seguía ejerciendo la medicina privada en Portugal.

Clideba salió indemne y sin un euro de multa del procedimiento sancionador que finalmente tuvo que abrir el Ejecutivo extremeño. Sus peculiares, por explícitas, cláusulas de exclusividad llevaban mucho más tiempo en vigor: desde 2009.

Pero no salieron a la luz hasta que varios empresarios extremeños se lanzaron a abrir en 2011 otro hospital privado en Badajoz, la Clínica Extremeña de Salud (CES). Sus responsables aseguran que no supieron lo que se les avecinaba hasta que la inversión ya había sido desembolsada.

Asfixiados por la imposibilidad de competir en el mercado de las aseguradoras privadas, a las que Capio tenía literalmente atrapadas con cláusulas de exclusividad por hasta 15 años que preveían penalizaciones millonarias en caso de incumplimiento, los denunciantes habían acabado de un modo muy distinto: en concurso de acreedores, con una plantilla laboral de 60 empleados en la cuerda floja y una inversión de 20 millones amenazada de ir directamente a la basura. Ahora siguen en concurso pero confían en salir adelante.

Puerta giratoria de doble sentido

Clideba era una de las clínicas para las que Javier Fernández Perianes, que en febrero de 2012 ascendió al cargo de consejero de Salud, había trabajado antes de su nombramiento. Las referencias de la prensa extremeña a ese dato, localizadas en noticias sobre su dimisión, son brevísimas pero inequívocas y confirmadas ahora por fuentes que conocen de primera mano este caso.

Localizar a Perianes en Clideba ha resultado materialmente imposible tras múltiples llamadas efectuadas a lo largo del martes. Pero el oftalmólogo ocupa un lugar destacado en su cuadro médico, como se puede comprobar pinchando en aquí. 

Un episodio datado en septiembre de 2013 ilustra la importancia del doctor Fernández Perianes para Clideba: en esa fecha –y así lo destacó Capio en su blog institucional- ya era uno de los dos directores de la Unidad Oftalmológica de Clideba, cuya ampliación inauguró su sucesor al frente de la Consejería de Salud, Luis Alfonso Hernández Carrón. 

Como indican los hechos, la puerta giratoria fue de doble dirección para Fernández Perianes: antes de ser consejero por tan solo tres meses trabajó para Clideba y fue a Clideba donde volvió cuando tuvo que dimitir de su cargo público.

“Sin límite de plazo”

La denuncia de CES llegó al Ejecutivo el 8 de marzo de 2012 pero el Jurado de Defensa de la Competencia de Extremadura, cuya web solo muestra un historial de seis expedientes sancionadores tramitados desde 2008, no abrió diligencias hasta el 17 de enero de 2013 y no adoptó una resolución definitiva hasta julio de ese año.

El equipo de Monago se justifica alegando que la ley autoriza un periodo previo de “información reservada” sin “límite de plazo”.

Por lo demás, la Junta de Extremadura alega que se cumplieron todos los plazos legales una vez abierto el procedimiento: 18 meses para su tramitación, como efectivamente señala la ley. Pero contados a partir de la incoación del expediente y sin tener en cuenta los 10 meses de barbecho que habían transcurrido desde la presentación de la denuncia.

La respuesta del Ejecutivo saliente señala que el jurado adoptó su resolución el “11 de abril de 2013”. En realidad, y como corrobora la propia resolución enlazada por el gabinete de comunicación de la Consejería de Economía en su respuesta a infoLibre, la fecha definitiva fue posterior: 23 de julio de 2013. 

La denuncia de la clínica CES adjuntaba en efecto contratos de Capio con aseguradoras que incluían la ya citada cláusula de “exclusividad y no competencia” por periodos nada menos que de tres lustros.

Uno de esos contratos, a los que ha tenido acceso este diario, ataba a la aseguradora Caser con Capio entre 2009 y 2023. Si Caser decidía remitir a sus asegurados a otro hospital privado de Badajoz -y solo había uno más, el de CES-, el contrato le imponía una penalización de tres millones de euros. En el caso de Asisa, la denuncia de CES relata cómo Capio le impuso "la prohibición de abrir un centro hospitalario en Badajoz durante el período de 12 años so pena de pagar una indemnización de dos millones de euros".

Por supuesto, la Ley de Defensa de la Competencia (LDC), vigente desde 2007, prohíbe taxativamente lo que se conoce como “abuso de posición dominante”. En otras palabras, prohíbe cosas como que un gigante llamado Capio, dominado por un enorme fondo de inversión (CVC) que a su vez es propiedad de varias sociedades del paraíso fiscal de las Islas Caimán, aplique cláusulas que impongan a un cliente o proveedor una relación de exclusividad total durante lustros.

El artículo 2.2.a) de la Ley de Defensa de la Competencia expone el asunto del abuso de posición en estos términos: "[El abuso podrá consistir, en particular, en:] La imposición, de forma directa o indirecta, de precios u otras condiciones comerciales o de servicios no equitativos". Por ejemplo.

De hecho, los denunciantes comunicaron al Jurado de Defensa de la Competencia su convicción de que la existencia de esas cláusulas de exclusividad implicaban una conculcación evidente del artítulo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia en su apartado 1.e, que prohíbe esto: “La subordinación de la celebración de contratos a la aceptación de prestaciones suplementarias que, por su naturaleza o con arreglo a los usos de comercio, no guarden relación con el objeto de tales contratos”.

Así que la denuncia de Clínica Extremeña de Salud (CES) llegó a la mesa del Jurado de Defensa de la Competencia el 8 de marzo de 2012. Pero ese órgano, dependiente de la Consejería de Economía, creado por una ley regional de 2005, no incoó diligencias hasta el ya mencionado 17 de enero de 2013.

infoLibre preguntó al equipo de Monago en la saliente Consejería de Economía extremeña por qué durante casi un año se quedó en el cajón una denuncia relativa a un sector estratégico como es la sanidad y que adjuntaba un contrato abiertamente opuesto a la legislación sobre competencia.

La respuesta textual y escrita fue la siguiente en este punto: “Antes de iniciar el expediente se puede abrir un periodo de información reservada (artículo 49.2 de la Ley de Defensa de la Competencia) con el fin de determinar con carácter preliminar si concurren las circunstancias que justifiquen la incoación de un expediente sancionador y, en su caso, determinar si la competencia para resolver la tiene el Jurado de Defensa de la Competencia o la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (extinta Comisión Nacional de la Competencia)”.

“Esta información reservada –concluye la respuesta- no tiene límite de plazo”.

En resumen: como la información reservada “no tiene límite de plazo”, la clínica donde trabajaba y trabaja el exconsejero de Sanidad Javier Fernández Perianes –ni el Ejecutivo saliente ni Capio dijeron una sola palabra sobre esa pieza de la historia– continuó aplicando sus cláusulas de exclusividad. La resolución definitiva del Jurado de Defensa de la Competencia no llegó hasta el 23 de julio de 2013.

Para entonces, dada la explicitud de la clásula de exclusividad y de que tarde o temprano alguien confirmaría su ilegalidad, Capio hacía casi cuatro meses que se había allanado. En otras palabras, había reconocido que la estipulación de “no competencia” debía desaparecer de los contratos pero, aun así, intentó que la aplicable a Asisa continuase viva hasta julio de 2014.

Y eso le resultó inadmisible incluso al mismo Jurado de Defensa de la Competencia de Extremadura que se había tomado 10 meses para deshojar la margarita de la “información reservada” antes de abrir expediente.

El jurado impuso la eliminación inmediata del requisito de exclusividad en todos los contratos y concluyó que con eso quedaba restituido el principio de libre competencia. En resumen, razonó que no cabía aplicar ninguna de las durísimas sanciones previstas por la Ley de Defensa de la Competencia, que para las infracciones graves llegan incluso al 5% del volumen de negocio declarado en el ejercicio anterior por la empresa infractora.

Los denunciantes aseguran que el plazo de infracción fue más allá de julio de 2013 por cuanto el Jurado de Competencia dictó otra resolución para vigilar que Capio cumplía la retirada de esas cláusulas y daba publicidad al procedimiento sancionador. Y que el periodo de vigilancia no finalizó hasta julio de 2014. Pero este diario no ha podido verificar si el precepto que impedía la libre competencia siguió o no aplicándose en la práctica a partir de julio de 2013. O si, incluso, dejaron de aplicarse de manera automática, salvo en el caso de Asisa, en cuanto Capio se avino a eliminar la cláusula anticompetencia.

Este martes, este diario envió a los portavoces oficiales de Capio un resumen de los hechos con una pregunta final: “¿Por qué aplicó Clideba cláusulas de exclusividad y no competencia por periodos superiores incluso a 15 años pese a que su introducción en cualquier contrato vulnera abiertamente la Ley de Defensa de la Competencia vigente desde 2007?”.

La multinacional, que gestiona en Madrid varios hospitales públicos por adjudicación de los Gobiernos de Esperanza Aguirre y se ha librado de la querella que interpuso el colectivo de médicos AFEM, dejó sin respuesta esa pregunta. Su último éxito conocido ha sido el de obtener, por 6,5 millones de euros, una parcela de Madrid que la Politécnica le vendió a dedo.

Lo que Capio contestó fue esto: “En febrero de 2013, el Jurado de Defensa de la Competencia de Extremadura dictó la adopción de medidas cautelares que fueron comunicadas a todas las Compañías Aseguradoras implicadas, informando de que eran libres de contratar con quien quisieran”.

En efecto, el Jurado dictó medidas cautelares –la resolución está fechada exactamente el 11 de abril - pero eran eso, cautelares. El procedimiento no acabó hasta que hubo una resolución final –el 23 de julio de ese año- que descartó sancionar a Capio y consagró la eliminación de las estipulaciones de “no competencia” a expensas de que se cumpliera todo lo ordenado por el Jurado.

“Idcsalud –añade la respuesta oficial de Capio- ha cumplido en todos sus extremos la Resolución del Jurado de Defensa de la Competencia de Extremadura, emitida con fecha 9 de mayo de 2013: la supresión total de las claúsulas de exclusividad y no competencia incluidas en los contratos con las compañías aseguradoras; a difusión de la resolución que se adopte, no sólo de manera directa a todas las compañías de seguros, sino de manera general en la web de idcsalud y en cualquier otro medio que se considere oportuno; la abstención de suscribir en el futuro contratos con claúsulas de exclusividad; y la remisión, a la Junta de Extremadura, de la documentación definitiva que acredite los cambios aprobados”.

El pasado martes, infoLibre publicó que la UPM había adjudicado sin concurso público los derechos de edificabilidad de un terreno de 12.000 metros cuadrados ubicado en la ciudad universitaria de Madrid a la empresa IDC Salud –antigua Capio– por 6.537.000 euros. De la ejecución de esa venta, el nombre de la entidad adjudicataria y el precio acordado, Conde Lázaro sólo informó al Consejo de Gobierno de la Universidad cuando la transacción ya se había producido. Así consta en el acta de la reunión que este órgano celebró el 30 de abril de 2015.

 explicó que "el rector hizo alusión, en la reunión del Consejo de Gobierno del 30 de abril, a un informe vinculante de la Abogacía del Estado que determinó que se podía hacer la venta directa de los derechos" sin pasar por un concurso público.

De hecho, en su comunicado, Conde Lázaro aporta más detalles sobre las fechas en las que se solicitó y elaboró el informe de la Abogacía del Estado, en el que claramente se escuda para justificar su decisión de adjudicar a dedo los terrenos públicos. La Abogacía del Estado, señala el rector de la UPM, finalmente determinó que concurrían "razones de excepcionalidad para la adjudicación directa de la transferencia de la edificabilidad que permita la legalización del edificio destinado a Hospital Universitario por las siguientes razones: se trata de un Equipamiento Público de carácter singular en su categoría de Salud que es considerado como un Sistema General, que forma parte de la Red Pública integral del equipamiento existente y, por tanto, ofrece un servicio esencial al municipio de Madrid”. Este periódico pidió el lunes al equipo rector de la UPM, antes de publicar la noticia, copia del citado informe de la Abogacía del Estado. La respuesta fue el silencio: ni facilitó el informe, ni contestó a ninguna de las preguntas planteadas.

La información de infoLibre sostenía que "antes de esa reunión, el rector Conde Lázaro sólo había informado en dos citas previas al Consejo de Gobierno y al Consejo Social de que había 'una entidad' interesada en 'comprar los derechos de edificabilidad' de los terrenos, equivalentes a algo más de un campo de fútbol. En ambas reuniones se aprobó la venta por mayoría, aunque los asistentes no fueron informados ni del precio al que se iban a vender los terrenos, ni a quién".

Eso es precisamente lo que confirma la circular de Conde Lázaro, que explica que fue en la sesión del Consejo de Gobierno del 30 de abril cuando se informó "a los señores consejeros de que la entidad interesada era la Fundación Jiménez Díaz", así como "de que una empresa especializada había tasado el importe de la cesión de 12.000 metros cuadrados de edificabilidad en 6.375.000 euros, cantidad que contribuiría a aliviar la delicada situación económica que atraviesa la universidad".

"El 29 de enero de 2015 el rector informó al Consejo de Gobierno de que 'no hace mucho' había 'surgido' el interés 'de una entidad ubicada en la ciudad universitaria' por adquirir los derechos de edificabilidad de 12.000 metros cuadrados que 'al parecer, corresponderían a la UPM'", sin dar más detalles, explicaba la información de este diario. Exactamente lo mismo que reconoce el propio Conde Lázaro, que explica en su circular que "tal y como informé al Consejo de Gobierno, esta actuación se debía al interés de una entidad ubicada en la Ciudad Universitaria por adquirir derechos de edificabilidad que al parecer pertenecían a la UPM".

De igual forma, en la reunión que mantuvo el Consejo de Gobierno el 12 de febrero tampoco se dieron más detalles sobre la empresa que quería edificar en el terreno, tal y como contó infoLibre y confirma el propio rector, que sólo sostiene que en esa reunión se acordó autorizar la enajenación "de los derechos de 12.000 metros cuadrados de edificabilidad disponibles en la parcela ubicada dentro del ámbito de la Ficha de Desarrollo y Ordenación Específica DOE 067/15, con sujeción a lo dispuesto en la legislación sobre Patrimonio".

"Lamento que, una vez más, algunos medios hayan tergiversado los hechos, dañando la imagen de la universidad, por lo que la UPM se reserva los derechos de actuación jurídica contra los responsables", termina su misiva el rector. También se plantean tomar acciones legales, aunque en este caso contra la universidad, los sindicatos, disconformes con la venta de los terrenos.

La Universidad Politécnica de Madrid (UPM) adjudicó a dedo, es decir, sin concurso público, los derechos de edificabilidad de un terreno de 12.000 metros cuadrados ubicado en la ciudad universitaria de la capital a la empresa IDC Salud –antigua Capio– por 6.537.000 euros. De la ejecución de esa venta, el nombre de la entidad adjudicataria y el precio acordado, el rector de la Politécnica, Carlos Conde Lázaro, sólo informó al Consejo de Gobierno de la Universidad cuando la transacción ya se había producido. Así consta en el acta de la reunión que este órgano celebró el 30 de abril de 2015 y a la que ha tenido acceso infoLibre. 

Antes de esa reunión, el rector Conde Lázaro sólo había informado en dos citas previas al Consejo de Gobierno y al Consejo Social de que había "una entidad" interesada en "comprar los derechos de edificabilidad" de los terrenos, equivalentes a algo más de un campo de fútbol. En ambas reuniones se aprobó la venta por mayoría, aunque los asistentes no fueron informados ni del precio al que se iban a vender los terrenos, ni a quién. También llama la atención el hecho de que la transacción se hiciera sin concurso público. Especialmente teniendo en cuenta que, ante el Consejo Social, el rector justificó la venta por la "difícil situación económica que atraviesa la Universidad". 

Un portavoz autorizado de IDC Salud, a preguntas de este periódico, confirmó que la compañía había iniciado el proceso hace dos años, aunque se retomó hace 15 meses, en abril de 2014. Asimismo, explicó que la venta se había escriturado el pasado 9 de abril y que la intención de la empresa es dedicar esa superficie a dotar de servicios adicionales ("para la investigación") a la Fundación Jiménez Díaz, situada a poco más de dos kilómetros. "La venta se ha llevado a cabo de forma pública y transparente de acuerdo al procedimiento previsto en estos casos", añadió este portavoz.

Este diario también se puso en contacto en la mañana de este lunes con la secretaria de la gerente de la UPM, Carmen García de Elías, para trasladarle seis preguntas relacionadas con esta enajenación (ver La caja negra al final de esta información). La colaboradora de la gerente onfirmó la recepción del cuestionario, pero dijo que García de Elías iba a estar de viaje durante una semana y que se encontraba "ocupada en otras cosas", por lo que no garantizaba que las pudiera responder. A última hora de este lunes este diario no había recibido respuesta alguna. 

La titularidad de los terrenos

La documentación a la que ha tenido acceso este diario evidencia que tanto el rector como la gerente dieron información errónea sobre esta venta de terreno público tanto al Consejo de Gobierno, que es el órgano ejecutivo de la Universidad, como al Consejo Social, en el que además del equipo de gobierno están representados docentes, alumnos, personal de administración y personalidades de la vida cultural, profesional, económica, laboral y social que no son miembros de la comunidad universitaria.  Los hechos son los siguientes. El 29 de enero de 2015 el rector informó al Consejo de Gobierno de que "no hace mucho" había "surgido" el interés "de una entidad ubicada en la ciudad universitaria" por adquirir los derechos de edificabilidad de 12.000 metros cuadrados que "al parecer, corresponderían a la UPM". "Lo que no está claro es dónde están registrados esos derechos. Lo que interesa es ver si la UPM es la propietaria de la edificabilidad e incluso de los terrenos", señaló Carlos Conde, según el acta a la que ha tenido acceso infoLibre. Ocultó, por tanto, el nombre de la empresa interesada –IDC Salud– y dejó caer que se desconocía si el centro universitario tenía derecho o no para la construcción en esos terrenos. 

Sin embargo, el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) había publicado 27 días antes –el 2 de enero de 2015– el acuerdo al que había llegado el pleno del Ayuntamiento de Madrid para transferir los derechos de edificabilidad de 19.300 metros cuadrados situados en la zona de ciudad universitaria a la Universidad Politécnica de Madrid, entre ellos los 12.000 que se acabaron vendiendo. El diario oficial recogió [consultar aquí] que esa modificación de la ordenación urbanística había sido "promovida" por la gerente de la UPM. A preguntas de este periódico, Carmen García de Elías ha declinado responder por qué se había facilitado esa información errónea. 

El nombre del comprador 

El rector tampoco concretó al Consejo Social –en su reunión del 12 de febrero, cuya acta ha consultado este diario– cuál era la empresa interesada en edificar en este terreno. Se limitó a informar de que "una institución ubicada en la ciudad universitaria" estaba interesada en el traspaso de "derechos de edificabilidad". Y lo comparó con otras operaciones similares que se habían realizado "anteriormente". A saber: la ampliación de la Escuela de Ingeniería Aeronáutica y la regularización de la Biblioteca María Zambrano. Pero en estos casos los beneficiarios fueron entidades públicas y no una empresa privada como IDC.. 

Asimismo, el rector explicó en esa reunión del Consejo Social que la UPM disponía de 19.300 metros cuadrados de edificabilidad y que traspasar 12.000 "no afectaría a otros proyectos" que pudiera tener la Universidad. Añadió, además, que "esta operación se realizaría de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, acompañando los informes correspondientes y evitando toda especulación, por lo que se realizaría una tasación pericial de estos derechos". El Consejo Social aprobó por mayoría la enajenación, aunque los representantes de CCOO y UGT, Isabel Galvín y Eduardo Sabina, manifestaron su abstención "por carecer de la información suficiente para adoptar una posición". También se abstuvo Eugenio Morales, uno de los consejeros nombrados por la Asamblea de Madrid. 

La realidad es que el rector sólo informó al Consejo de Gobierno de que la entidad interesada en la venta era IDC Salud cuando la enajenación ya se había producido. "La entidad interesada es la Fundación Jiménez Díaz, que en su momento realizó ampliación de sus instalaciones y, al abrirlas y pedir los permisos pertinentes de evacuación, los bomberos no pudieron dárselos por no tener los derechos de edificabilidad", explicó en la sesión del 30 de abril de 2015, siempre según el acta. 

La compañía IDC Salud tiene una estrecha relación con la sanidad privatizada en la Comunidad de Madrid. Gestiona la Fundación Jiménez Díaz, que mantiene un concierto singular por el que tiene transferida la atención sanitaria de 426.136 pacientes del sistema público; así como los hospitales de Valdemoro, Collado de Villalba y el Rey Juan Carlos de Móstoles, todos ellos integrados también en la red pública. La compañía ha vivido una gran expansión en los últimos años. En julio de 2014 compró el grupo Quirón, con lo que pasó a tener una cifra de negocio agregada cercana a 1.700 millones. Y en diciembre de 2014 se hizo con el Grupo Ruber. En 2013 había comprado el 51% de la Clínica La Luz y la totalidad de la Clínica del Pilar, todas ellas en Madrid.

El porqué de la adjudicación a dedo

La otra cuestión clave es el procedimiento de adjudicación, sin concurso público. En la reunión del Consejo de Gobierno del 30 de abril de 2015 el rector informó de que la Universidad había solicitado "a una entidad tasadora oficial" que determinara el precio de los derechos de edificabilidad que se iban a vender. Esta compañía –de la que no informó del nombre– lo estimó en 6.537.000 euros, un precio al que la Fundación Jiménez Díaz "dio su conformidad", según explicó Conde Lázaro. Desde IDC Salud aseguran que la venta se ha llevado a cabo "de forma pública y transparente de acuerdo al procedimiento previsto en estos casos". 

Asimismo, el rector hizo alusión, en la reunión del Consejo de Gobierno del 30 de abril, a un informe vinculante de la Abogacía del Estado que determinó que se podía hacer la venta directa de los derechos. infoLibre reclamó a la gerente de la Universidad poder acceder a ese informe o, al menos, a los argumentos que había dado la institución, pero no obtuvo respuesta. Este diario también preguntó, sin éxito, sobre si, dada "la difícil situación económica" que atraviesa la UPM, en palabras de su propio rector, no habría sido más beneficioso haber sacado a concurso la venta para lograr el precio más alto posible. 

El Grupo Hospitalario Quirón e IDCsalud –antiguo Capio Sanidad– se fusionarán a finales de este mes de junio, informa Europa Press. Ambas compañías son empresas participadas de las sociedades de capital riesgo Doughty Hanson y CVC, respectivamente.

De hecho, según informó infoLibre hace ya más de año, el hilo societario de IDC Salud, que pasa por Holanda, Luxemburgo y las Caimán, se parapeta tras cuatro sociedades instrumentales extranjeras filiales de CVC. Esta empresa de capital riesgo compró los centros sanitarios de la antigua Capio en 2011. La operación alcanzó los 900 millones de euros. El médico Víctor Madera se mantiene a día de hoy a cargo de la dirección de la empresa, que gestiona una treintena de hospitales en todo el país. Entre ellos, cuatro hospitales de Madrid pagados con dinero público. 

Por otro lado, según informa el diario Cinco Días, el fondo de capital riesgo británico Doughty Hanson impulsó en 2012 la fusión de USP Hospitales con Grupo Hospitalario Quirón. En julio de ese año uno de sus fondos compró una participación minoritaria en Grupo Hospitalario Quirón, controlado por la familia Cordón. Prácticamente al mismo tiempo la firma de inversión convenció a la familia Cordón en intercambiar su participación mayoritaria en Quirón a cambio de otra participación menor en la empresa que resultaría de la fusión de Quirón con los hospitales USP, que a principios de ese mismo año había comprado Doughty Hanson por 355 millones. Quirón gestiona, por su parte, 21 hospitales generales.

Ahora, la compañía resultante de la fusión se convertirá en una de las mayores del sector a nivel europeo, con 40 centros hospitalarios y una plantilla superior a 17.000 empleados y otros 8.000 colaboradores médicos. Ofrecerá más de 6.200 camas. La actividad conjunta en 2013 se sitúa en torno a 5.000.000 de consultas, 1.500.000 urgencias, 1.200.000 estancias hospitalarias, 220.000 resonancias magnéticas y más de 100.000 tratamientos oncológicos.

"Esta operación viene a confirmar el proceso de consolidación que ya ha ocurrido en otros países de Europa", destacan ambas compañías en un comunicado, donde se recuerda la posición de Quirón, que siempre ha defendido la necesidad de consolidar el sector hospitalario en España, "muy fragmentado en la actualidad".

A punto de cumplirse un año de que un juez aceptase la querella de la asociación de médicos AFEM por la privatización de hospitales madrileños iniciada en 2003, la Audiencia provincial ha desplegado una maniobra insólita para no verse obligada a resolver sobre el recurso que contra la admisión de esa misma querella plantearon los imputados, entre los que figuran los exconsejeros Manuel Lamela y Juan José Güemes, así como las empresas Capio –ahora rebautizada IDC Salud- y Ribera Salud.

En una providencia fechada el pasado día 12, la Sección Segunda de la Audiencia madrileña pide “a las partes” que “manifiesten si continúan manteniendo el recurso de apelación interpuesto en las presentes actuaciones o [si], por el contrario, desisten del mismo”.

Pero en la causa solo queda un recurso pendiente: el planteado justamente por aquellos a quienes el titular del juzgado de instrucción número 4 de Madrid, Marcelino Sexmero, citó a declarar como imputados al mismo tiempo que aceptaba la querella. Si los querellados –cuatro personas físicas, más las empresas Capio, Ribera Salud, Asisa y Unilabs- desisten del recurso, Sexmero tendrá vía libre para reemprender las investigaciones. Y, por supuesto, para tomarles declaración como imputados.

La Audiencia, que en febrero tumbó el primer recurso del caso –que impugnaba la simple apertura de diligencias-, justifica el contenido de su resolución con un argumento que ninguno de los juristas consultados alcanza a comprender: que el Gobierno de Madrid ha renunciado a desarrollar la segunda fase de la privatización sanitaria –que pretendía externalizar otros seis hospitales- y, en consecuencia, el Tribunal Superior de Madrid (TSJM) ha dado por concluido el contencioso impulsado también por AFEM. 

Privatizaciones aún no ejecutadas

Algunas fuentes deslizaron con cautela una hipótesis: que la Audiencia Provincial busca evitar un pronunciamiento sobre la admisión de la querella porque si finalmente tiene que resolver, será para desestimar el recurso de los querellados. De ser cierta esa teoría, la Audiencia estaría ofreciendo a los querellados la opción de declarar voluntariamente ante Sexmero antes que verse forzados a ello por mandato judicial.

La providencia no hace ninguna mención a que ese contencioso que dio por acabado el TSJM –proceso similar a una demanda civil pero en el que se impugnan decisiones de una administración pública- se refería a privatizaciones todavía no ejecutadas. En cambio, la querella –penal, es decir, con hipotéticos delitos en liza- alude a los hospitales públicos que ya funcionan bajo gestión privada. Ese es el caso de los hospitales Infanta Elena de Valdemoro y Rey Juan Carlos de Móstoles, ambos gestionados por Capio; y del de Torrejón de Ardoz, inicialmente adjudicado a Ribera Salud pero ahora bajo la batuta de Sanitas.

La querella se dirige contra cuatro antiguos altos cargos de la sanidad pública madrileña y contra las cuatro empresas que resultaron beneficiarias de la primera oleada privatizadora: Capio Sanidad –la nueva IDC Salud-, Ribera Salud, Asisa y Unilabs. Según AFEM, lo sucedido con ese proceso privatizador muestra indicios de ocho delitos: realización arbitraria del propio derecho, coacciones, delito contra la Hacienda Pública, falsedad documental, prevaricación, cohecho , fraude y malversación de caudales públicos.

Entrega al juzgado

El mismo día en que el juez Sexmero aceptó la querella, no solo citó como imputados a los querellados sino que ordenó enviar una comisión rogatoria a Luxemburgo para recabar información sobre el fondo opaco que controla la antigua Capio y actual IDC. Sexmero recabó luego la información publicada sobre ese punto por infoLibre, que, tres meses antes de que Afem presentara su querella, había desvelado cómo los verdaderos propietarios de Capio se ocultan tras cinco sociedades domiciliadas en el paraíso fiscal de las Islas Caimán. Este diario entregó al juzgado toda la información mercantil internacional que, en julio de 2013, obraba en su poder. 

La querella abordaba también cómo dos exconsejeros madrileños de Sanidad que jugaron un papel clave en el proceso privatizador se habían incorporado, tras su cese como cargos públicos, a empresas beneficiarias de la “externalización”.

El primero de ellos es Manuel Lamela, que ganó fama como político por su persecución del equipo de urgencias del Hospital Severo Ochoa de Leganés –el caso del doctor Montes-, al que acusó en falso de matar a enfermos terminales con sedaciones irregulares. 

Tras el fiasco del Severo Ochoa, Lamela cesó como consejero de Sanidad y, entre junio de 2007 y el mismo mes de 2008, asumió la cartera madrileña de Transportes. Artífice del proceso privatizador iniciado en 2003, Lamela terminó por dejar la política institucional. Y se incorporó a Assignia Infraestructuras. Esa compañía participaba, al menos en junio de 2013, en la unión temporal de empresas (UTE) que gestiona servicios del hospital del Tajo, “licitados y adjudicados durante la etapa en la que este era consejero de Sanidad”, dice la querella de AFEM “El propio Lamela –agrega la denuncia- inauguró el hospital que ahora gestiona la sociedad en la que trabaja”.

Querella también contra Güemes

Ese hospital, en régimen de gestión mixto –los servicios médicos se gestionan desde el sector público– era uno de los seis que el Gobierno madrileño pretendía privatizar. Es, por tanto, uno de los afectados por el contencioso que el TSJM dio por liquidado una vez que el actual presidente de Madrid, Ignacio González, renunció a sus planes privatizadores.

El segundo exconsejero contra el que se dirige la querella de los médicos es Juan José Güemes. Consejero de Sanidad entre junio de 2007 y marzo de 2010, Güemes saltó de nuevo a la palestra a comienzos de 2013. Fue entonces cuando se supo que la empresa de la que entonces era consejero, Unilabs, había resultado beneficiada con la gestión de los análisis clínicos de la sanidad pública madrileña. Y había sido Güemes quien, como consejero, privatizó justamente ese servicio. La revelación periodística terminó con su dimisión como miembro del órgano de administración de Unilabs. 

La Marea Blanca volvió a las calles de Madrid durante la mañana de este domingo para recordar que los procesos de privatización en la sanidad pública siguen adelante en la Comunidad de Madrid. A pesar de que la afluencia era menor que en otras ocasiones (debido al puente y a la celebración de los atléticos por la victoria de su club en la Liga durante la noche anterior, dicen los manifestantes), el ambiente festivo y reivindicativo que caracteriza al colectivo siguió bien presente. Unas trescientas personas se conglomeraron en la plaza de Neptuno a las 12 horas con destino Puerta del Sol, para recordar que múltiples instituciones hospitalarias públicas (como el Instituto Cardiológico, centros de atención primaria, el servicio de lavandería...) siguen sometidas al "saqueo" de la Comunidad. 

La Mesa en Defensa de la Sanidad Pública de Madrid (MEDSAP), convocante de la protesta, denuncia que la negación del Gobierno regional de estar llevando a cabo privatizaciones responde a una "táctica electoral", "pues si quisieran", dicen, "lo primero que habrían hecho es publicarlo en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid".

"Seguimos denunciando el destrozo que están haciendo de nuestra sanidad pública", criticó Maribel Ramos, médica de atención primaria. "Continúan las derivaciones a pruebas diagnósticas y a cirugías que luego, si hay complicaciones o son incompletas, las debe asumir la pública. Continúa la privatización de las transfusiones, de la lavandería central, tenemos a Sacyr y a Bankia que han vendido parte de unos hospitales (que son nuestros, porque los propietarios de la sanidad somos los ciudadanos) a fondos de inversión extranjeros, es decir, sigue habiendo una especulación con lo público tremenda", denunció Ramos.

Por otro lado, la médica señaló que los profesionales de la sanidad han notado en las últimas semanas un intento de "calmar los ánimos" por parte de la Comunidad y la Consejería de Sanidad. "Es posible que ofrezcan alguna cosilla para que algunos piquen, pero realmente yo creo que toda la ciudadanía ha despertado, hemos despertado, y somos conscientes de la barbaridad que están haciendo", añadió. "Estamos en un momento muy crítico y por supuesto que los ciudadanos deben ser conscientes de a quién votan el próximo 25 de mayo. Por cierto, que piensen si la superioridad intelectual de algunos sirve para negociar con mujeres indefensas y acorraladas como Angela Merkel, como Christine Lagarde, no sé, que se lo piensen", ironizó Ramos haciendo referencia a los comentarios machistas que el pasado viernes virtió el candidato del PP, Miguel Arias Cañete, en Espejo público en referencia al debate con Elena Valenciano.

Los centros de salud mental o la donación de sangre

A pesar de que el personal sanitario fue mayoritario en la manifestación, también decenas de usuarios y pacientes acudieron a mostrar su apoyo. "No quiero que de aquí a cuatro días me quiten la sanidad y me dejen con el culo al aire", reclamó Carlos Rodríguez, funcionario. Otros continúan con una lucha incesante en defensa de lo público, como Soledad Prado, informática. "La sanidad pública, gratuita y universal es un derecho de todos los seres humanos", comentó. "Es importante que la gente salga a la calle para defender sus derechos. Este país es rico y lo único que se está haciendo es un reparto de la riqueza, quitándoselo a los pobres para acumularlo en una minoría de la población y hay que volver a construir un Estado que sea justo para todos", reclamó Prado.

Desde la MEDSAP advierten de casos concretos como el hospital de Collado Villalba que, a pesar de que se siguen abonando 900.000 euros anuales a la empresa adjudicataria (IDC Salud, antigua Capio), permanece cerrado. También recuerdan la deficiente atención que reciben los centros de salud mental, la privatización de la donación de sangre, que pasó a manos de la Cruz Roja hace unos meses, los servicios de limpieza y lavandería y otras 24 categorías de trabajadores no sanitarios que también quieren privatizar. Denuncian que estos procesos están contribuyendo paulatinamente a la pérdida de calidad del sector.

El fondo LBEIP BV, ligado al Lloyds Bank, radicado en Holanda, especializado en infraestructuras y cuya cartera de inversores constituye un misterio inextricable, acaba de hacerse con el control (55%) de la empresa Phunciona SA, que gestiona los servicios no médicos del hospital público de Arganda (Hospital del Sureste). Así lo han confirmado a infoLibre fuentes de FCC, que en unión de Bankia sumaba hasta ahora mayoría en Phunciona a través de la sociedad Global Vía Infraestructuras SA.

Autorizada por la UE el pasado día 18, la operación de Arganda es la segunda que en una semana introduce al fondo LBEIP en la sanidad pública madrileña. La primera, aprobada por la Comisión Europea el 5 de marzo, le permitió hacerse con el 49% de la compañía que explota los servicios no sanitarios de otros dos hospitales –los de Parla y Coslada-, aunque Sacyr, que ingresó 90 millones por la venta de esos títulos, sigue conservando ahí la mayoría al quedarse con el 51% de las acciones. 

Del fondo LBEIP BV (Lloyds Bank European Partners Infrastructure Partners BV) poco se sabe, más allá de que gestiona "fondos de pensiones". Su socio único es otra sociedad homónima pero con el sufijo LP (Limited Partnership, un tipo de sociedad en comandita), domiciliada en Londres y sobre el que este diario no ha logrado ninguna información mercantil o financiera. El Banco Sabadell gestiona el negocio local del Lloyds. Pero sus portavoces niegan poseer cualquier dato sobre el fondo de inversión en infraestructuras LBEIP dado que la operación no tiene su origen en España.

La operación llega en un momento en que las constructoras buscan soltar lastre para concentrarse en sectores prioritarios. "Estos eran activos no core [no básicos o estratégicos]", señalan fuentes cercanas a FCC que subrayan la pertenencia del LBEIP al Banco Lloyds. La batida en retirada de Sacyr y el tándem FCC-Bankia se produce, además, justo después de que el Gobierno de Madrid se viese forzado a renunciar a su plan para privatizar nuevos hospitales.

Siete hospitales con inversores desconocidos

Tras la llegada del fondo LBEIP BV, son ya siete los hospitales integrados en la red pública madrileña cuya gestión total o parcial está en manos de grandes fondos de composición opaca. Cuatro de esos hospitales permanecen bajo el mando de Capio –ahora llamada IDC Salud-, el gigante de la sanidad pública privatizada cuyos verdaderos propietarios se ocultan tras cinco sociedades radicadas en el paraíso fiscal de las Islas Caimán.

Desde la segunda oleada privatizadora, lanzada en 2008 por Esperanza Aguirre  y que esta vez ya preveía la cesión de los servicios sanitarios a empresas privadas, Capio gestiona cuatro hospitales integrados en la red pública: Valdemoro –inaugurado en 2007–, Móstoles, la Fundación Jiménez Díaz y el de Collado Villalba, por el que cobra un canon mensual de 900.000 euros pese a que todavía no ha entrado en funcionamiento. 

Sujeto a una concesión administrativa para 30 años otorgada en junio de 2005, el hospital de Arganda pertenece a un grupo de hospitales anterior: aquel que el Gobierno de Madrid usó como banco de pruebas para su proyecto de privatización sanitaria. El Servicio Madrileño de Salud (Sermas) seguiría prestando directamente los servicios sanitarios y las empresas concesionarias obtendrían una concesión de hasta tres décadas  y el pago de un canon anual a cambio de construir el edificio.

En el caso de Arganda, tres gigantes –FCC, Caja Madrid y OHL, que ahora sigue conservando su 33,33% original en Phunciona dado que, según sus portavoces, no ha vendido una sola de sus acciones a LBEIP– acudieron de modo conjunto al concurso.

Lo ganaron, se garantizaron el cobro de un canon global de 277,89 millones de euros con cargo al erario madrileño, construyeron el hospital y, una vez inaugurado en 2007, pasaron a explotar todos los servicios no sanitarios del complejo: desde la cafetería a los aparcamientos, de los locales comerciales a la lavandería y la administración.

Causa y efecto

En efecto, la venta de activos fue propuesta a la UE tanto por Sacyr como por Phunciona justo después del varapalo asestado por la justicia madrileña a la tercera fase de privatización hospitalaria y la consiguiente renuncia del Gobierno regional a seguir adelante con ella, lo que ocurrió el 27 de enero.

Diez días después, el 7 de febrero, Sacyr pidió a la UE autorización para vender al LBEIP BV el 49% de HC SL –la compañía que gestiona los servicios no sanitarios de los hospitales de Parla y Coslada–. Y el día 20, el conglomerado Phunciona –donde, junto con FCC-Bankia participa OHL– siguió la misma senda y comunicó a Europa que planeaba dar entrada al fondo.

Tras un año largo de protestas capitaneadas por la asociación de médicos Afem y con una querella estancada en espera de que la Audiencia de Madrid revalide o anule la imputación de la antigua cúpula sanitaria del Gobierno de Madrid, el Tribunal Superior de Madrid ratificó en enero la paralización del proceso por el que otros seis hospitales quedarían bajo gestión de distintas empresas. 

El nombre de una de ellas, la puertorriqueña Hima San Pablo Inc, había aflorado meses antes durante una investigación del Fondo de Garantía de Depósitos de EEUU: el impago del crédito concedido a una de sus filiales coadyuvó a la quiebra del Eurobank, una de las entidades financieras que en 2010 cayeron en el Estado Libre Asociado.

Renuncia tras el castigo judicial

El golpe del TSJM cayó a plomo sobre el Gobierno de Madrid tras una fallida maniobra del entonces presidente de la Sala de lo Contencioso y esposo de una consejera del Gobierno de María Dolores de Cospedal, Gerardo Martínez Tristán, para buscar un escenario judicial –el pleno de la sala– hipotéticamente más favorable a las tesis privatizadoras.

Que el Tribunal Superior revalidase las tesis de los demandantes –que si la privatización no se paralizaba antes de que las empresas adjudicatarias tomasen posesión de los hospitales, el proceso sería irreversible– implicó un castigo de tal magnitud que el Ejecutivo regional renunció de inmediato a su plan. 

Anunciada ayer lunes por Sacyr, la venta del 49% de la sociedad que explota los servicios no sanitarios dos hospitales públicos madrileños, el de Parla y el de Coslada, ha introducido en escena a un nuevo fondo internacional que agrupa a inversores desconocidos y cuya estructura accionarial arranca en Holanda: exactamente igual que la de Capio –ahora llamada IDC Salud–, la opaca compañía que desarrolla la gestión sanitaria de cuatro hospitales de la red pública madrileña y cuyos verdaderos propietarios se ocultan tras cinco sociedades de las Islas Caimán.

Tras la operación, que ha reportado a la constructora Sacyr 90,2 millones de euros, su nuevo socio es ya el Lloyds Bank European Infrastructure Partners BV (LBEIP BV), una filial del conglomerado que encabeza el banco británico del que toma su nombre y focalizado en las infraestructuras.

Constituido como sociedad limitada (eso significan las siglas BV), el fondo holandés tiene como accionista único, según la nota oficial de Sacyr, a otra filial del Lloyds Bank, el Lloyds Bank European Infrastructure Partners LP, con sede en Reino Unido. Para Sacyr, la operación con Lloyds "se engloba dentro de la estrategia de Sacyr Concesiones de dar entrada en sus concesiones a un socio financiero que maximice la rentabilidad de sus activos y aporte capital para el desarrollo de nuevos proyectos (greenfield), sector en el que ostenta una posición de liderazgo mundial".

Pero los planes del fondo Lloyds para la sanidad madrileña van más allá: la Comisión Europea recibió el 20 de febrero otra solicitud de venta de acciones a LBEIP BV, esta planteada por OHL y FCC-Bankia, que, como Sacyr, explotan en régimen de concesión los servicios no sanitarios de otro hospital público de la comunidad, el de Arganda del Rey. Una información fechada en marzo de 2012 y divulgada por el Foro Institucional del Inversor detallaba que el mayor interés inversor en torno a Lloyds Bank European Infrastructure Partners Limited se había manifestado en "fondos de pensiones europeos". 

La venta de acciones de Hospitales Concesionados SL, la filial a través de la que Sacyr explotaba hasta ahora en solitario los hospitales de Parla y Coslada, no ha sido notificada a la CNMV pero sí a la Comisión Europea, que publicó el 5 de marzo su visto bueno a la operación. En lo que respecta al hospital de Arganda, la Comisión no se ha pronunciado todavía. En los dos casos hay un segundo nexo además de la presencia de Lloyds Bank European Infrastructre Partners BV: tanto OHL como Sacyr están siendo investigadas dentro de la pieza separada del caso Gürtelcaso Gürtel con la que el juez Pablo Ruz busca esclarecer si el PP aceptó donaciones ilegales de personas que luego se vieron beneficiadas con contratos públicos.

Tanto el hospital de Parla como el de Coslada y Arganda pertenecen a la primera hornada de la privatización de hospitales. En su caso, no fue la gestión sanitaria lo que pasó a manos privadas sino la de los servicios adicionales. Bajo el manto del Plan de Infraestructuras Sanitarias 2004-2011, el Ejecutivo regional adjudicó la construcción de varios hospitales a distintas empresas a cambio de concederles la explotación de distintos servicios por hasta 30 años.

El segundo paso privatizador ya afectó a la gestión sanitaria. Empresas como Capio y Ribera Salud asumieron la dirección de otros hospitales. Pero fue el tercer episodio de lo que parecía un proceso imparable el que dio al traste con los planes del PP madrileño: tras un año largo de protesta sostenidas capitaneadas por la asociación de médicos AFEM en contra de la privatización de seis nuevos hospitales y una vez que el Tribunal Superior de Madrid confirmó la suspensión del proceso, el Gobierno regional anunció que renunciaba al plan. 

La renuncia fue anunciada el 27 de enero. El 7 de febrero la Comisión Europea ya recibió la "notificación conjunta de un proyecto de concentración" para el hospital cuyos servicios gestiona Sacyr. Y dos semanas más tarde, llegó la comunicación del consorcio que lidera OHL.

De izquierda a derecha y de arriba a abajo: Miguel Blesa, Cristina de Borbón, Ignacio González, Luis Bárcenas y Mariano Rajoy. | Europa Press

44,5%. El porcentaje es todo un síntoma del malestar. 

Afloró en el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de marzo de 2013. Un 44,5% de los ciudadanos mentó la corrupción como su preocupación más importante. Nunca se había hallado una cifra similar en los registros del organismo público, ni siquiera en las postrimerías del Gobierno de Felipe González –el máximo se marcó en enero de 1995, un 33,5%–. Las razones que explicaron el pico récord tienen nombre propio: papeles de Bárcenas, caso Urdangarin, caso ERE... Escándalos mayúsculos que recorrieron todo 2013, de principio a fin, en un ciclo que culmina, en diciembre, con la aparición de los correos secretos de Miguel Blesa, que vinieron a demostrar la ruinosa gestión de una caja pública que al final tuvo que ser rescatada con el dinero de todos. Caja Madrid y Bankia como epítome del fracaso de una parte de un sistema financiero podrido. 

Descubrir, desentrañar y relatar estos y otros tantos escándalos –la privatización de la sanidad, las pensiones de oro de los banqueros, el controvertido ático de Ignacio González, el expediente de registrador de Mariano Rajoy, el expolio de Telemadrid, el desfile de los directivos de banca por los juzgados...– ha sido un objetivo clave de infoLibre desde su nacimiento, el 7 de marzo de 2013. Ahora, cuando el año se acaba, toca hacer resumen, glosar las líneas maestras de unos casos con gran repercusión mediática y, a la vista está, en la opinión pública. Algunos comparten protagonistas, muchas historias se cruzan y todas tienen en común que no se ha escrito su última línea, su final abierto. Por ahora. 

01. LAS VUELTAS DE LA PRIVATIZACIÓN SANITARIA

Fue la primera exclusiva de infoLibre, la que acompañó su lanzamiento, el pasado 7 de marzo: Capio, el gigante de la sanidad privatizada en Madrid, hunde sus raíces en un territorio opaco y considerado paraíso fiscal por España hasta 2005: las Islas Caimán. Allí tienen su sede las cinco filiales de CVC que dominan la empresa (hoy llamada IDC Salud). Como contó este diario, la holandesa HC Investments BV  controla el 100% de Capio Sanidad Holding SL, la cabecera en España del grupo. A su vez, HC Investments BV está controlada al 100% por una empresa radicada en Luxemburgo, HC Investments sàrl. Y si se sigue tirando del hilo hacia arriba, como si se tratara de una muñeca rusa, se llega a las cinco filiales instrumentales de CVC residenciadas en el archipiélago caribeño. Capio (hoy llamada IDC Salud) nunca ha explicado por qué un operador dedicado a la gestión privada de la sanidad pública necesita esconderse en una compleja trama societaria cuyo último cabo se halla en las Caimán. 

Meses después, en junio, el magistrado titular del Juzgado número 4 de Madrid, Marcelino Sexmero, cursó una comisión rogatoria a las autoridades de Luxemburgo "a fin de que informen de los accionistas, socios, administradores y apoderados de la compañía HC Investments BV y de su conexión con algún grupo de empresas". Sexmero pidió a este periódico los papeles que prueban la conexión de Capio con las Caimán. 

La privatización de seis hospitales públicos madrileños, un bocado goloso aprobado por el Gobierno de Ignacio González (PP), ha dado en 2013 no pocas vueltas. Su suerte se ha ido discutiendo en los tribunales, en las instituciones y, también, en la calle, donde las sucesivas manifestaciones multitudinarias de la marea blanca han evidenciado la oposición de los profesionales sanitarios. En septiembre, la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) paralizó cautelarmente el proceso. Los jueces en este caso estimaron el recurso de la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM), y entendieron que si la externalización seguía adelante podrían darse situaciones "irreversibles" o "de difícil o costosa reversibilidad". El TSJM no entró al fondo de la cuestión, aunque sí advirtió de que la "modificación sustancial de las condiciones" ejecutada por la Consejería de Sanidad de la Comunidad a cuatro días de que se cerrase el plazo de presentación de documentación para las empresas ofertantes –rebajó la fianza del 5% del total del contrato, a diez años, al 5% del primer año– podría haber "limitado el principio de libre concurrencia competitiva al haber podido impedir licitaciones de empresas por el importe de la garantía definitiva". 

La batalla no se paró ahí. Como adelantó infoLibre, el presidente de la Sala de lo Contencioso del TSJM, Francisco Gerardo Martínez Tristán, dictó una resolución el 11 de octubre, por la que ordenó que todos los recursos sobre la privatización de los seis hospitales quedasen bajo su control. Martínez Tristán está casado con Marta García de la Calzada, consejera de Fomento en el Gobierno manchego de María Dolores de Cospedal. El Partido Socialista de Madrid (PSM) le recusó de inmediato y ya entonces apuntó que se postulaba para ser elegido por el PP como vocal para el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Sólo hizo falta esperar. Al final, los conservadores le incluyeron en su lista y Martínez Tristán entró en el órgano de gobierno de los jueces. Su nombramiento provocó, de camino, un enfrentamiento entre el PSM y el PSOE, que al final se ventiló con la marcha de Tomás Gómez del Senado. 

El PSM, en cuanto se produjo la votación del magistrado, amplió su escrito contra él. Pero la Sala de Recusaciones del TSJM desestimó las alegaciones del partido en su auto del 10 de diciembre, por entender que no eran suficientes para "destruir la presunción de inocencia" que asiste a Martínez Tristán. Es un "recelo sustentado en presunciones y cábalas", concluyeron los jueces. Que el magistrado esté casado con una consejera del PP no le convierte, "ya directamente, en persona interesada en la resolución del procedimiento". Su apariencia de imparcialidad sólo podría verse "comprometida" por los actos propios del magistrado, no por una "mera relación de matrimonio" con una persona que no es parte. La Sala también despreció el argumento de que estuviera contaminado por ser vocal del CGPJ a propuesta del PP, porque su elección no tiene por qué suponer que "vulnere" sus deberes como juez. 

La marea blanca rodea la Puerta de Alcalá para abrazar la sanidad pública y universal | EFE

Martínez Tristán fue elegido el pasado 20 de diciembre miembro de la Comisión Permanente del CGPJ, a propuesta de su presidente, Carlos Lesmes. Este órgano centraliza todo el poder del Consejo, y sus integrantes lo son a tiempo completo, con dedicación exclusiva. Él, por tanto, ya no será quien presida el pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo –50 magistrados– que, el 9 y de 10 de enero, decidirá la suerte de los siete recursos vivos contra la externalización sanitaria. Le sustituirá Miguel Ángel Vela, por ser el magistrado de más antigüedad en la sala.

En paralelo, hay otro proceso que sigue adelante: la imputación de los exconsejeros de Sanidad madrileños Manuel Lamela y Juan José Güemes por dar los primeros pasos en la privatización sanitaria en los hospitales Infanta Elena (Valdemoro), Rey Juan Carlos (Móstoles) y el de Torrejón de Ardoz. El titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Madrid, Marcelino Sexmero, dictó un auto en octubre por el que mantuvo la imputación, por prevaricación y cohecho, que endosó a ambos en junio.

02. EL TESORO OCULTO DE BÁRCENAS Y LOS SUELDOS DEL PP

Luis Bárcenas ha marcado 2013 de principio a fin. Más aún para el PP, al que ha condicionado toda su agenda política y del que ha intentado salir al paso a trompicones, y casi siempre de forma improvisada. La primera revelación llegó el 16 de enero, cuando trascendió que el extesorero llegó a tener 22 millones de euros en Suiza. A partir de ahí se desató la vorágine: El Mundo publicó que Bárcenas pagó durante años sobresueldos en negro a parte de la cúpula del PP, y el 31 de enero El PaísEl País difundió los papeles secretos, en los que se recogen supuestos pagos a las cúpulas del partido entre 1990 y 2009 y supuestas donaciones irregulares de empresarios. Mariano Rajoy, por toda respuesta, lo negó todo al principio: "Es falso". Al cabo de pocas horas, pasó al "todo es falso, salvo alguna cosa". 

El partido fue convulsionando al mismo tiempo que avanzaban las revelaciones periodísticas y también las judiciales, porque el caso, tras un conflicto de competencias en la Audiencia Nacional, recayó en Pablo Ruz. Desde febrero, se conoció que el PP siguió pagándole un sueldo a Bárcenas aun después de dejar su escaño en el Senado y de ser apartado de las labores de tesorería, que había ocultado en Suiza no 22 millones, sino 47, que el propio presidente del Gobierno había seguido en contacto con él incluso después de destaparse la fortuna que escondía en el país helvético ("Luis, sé fuerte. Mañana te llamaré")... La espiral de acontecimientos se agolpó contra Rajoy y su número dos, María Dolores de Cospedal, a quien su archienemigo Bárcenas acusó incluso de haber cobrado, como presidenta del PP de Castilla-La Mancha, una comisión ilegal de una empresa constructora que ganó el concurso de limpieza del Ayuntamiento de Toledo cuando lo gobernaban los conservadores. El extesorero, en prisión desde finales de junio, entregó al juez más documentos y afirmó incluso que entre 2009 y 2010 pagó 45.000 euros al líder del PP y otros 45.000 a Cospedal en negro. 

Las "mentiras" de Rajoy en relación con el caso Bárcenas concertaron a toda la oposición. Al final, el presidente, hostigado incluso por la amenaza de moción de censura anunciada por Alfredo Pérez Rubalcaba, compareció el 1 de agosto en sede parlamentaria. Allí reconoció que había sido un error confiar en Bárcenas y creer en su inocencia, pero poco más. Desde entonces, el jefe del Ejecutivo se ha negado a nuevas comparecencias, con el argumento de que no había datos nuevos. Sí los ha habido: la destrucción de los discos duros de los dos ordenadores del extesorero, pedidos por Ruz, ejecutada por el PP; los pagos en negro que reconoció el exgerente Cristóbal Páez, o la declaración de Cospedal ante el juez, en la que endosó a Rajoy y Javier Arenas la responsabilidad de la negociación de la salida de Bárcenas. 

El último capítulo del serial fue el registro durante 14 horas de la sede nacional del PP, ordenado por Ruz el pasado 19 de diciembre. Se puede definir como un antes y un después en el caso Bárcenas. Tras constatar que el PP no había aportado toda la documentación que obraba en su poder, el juez se vio obligado a ir a la calle de Génova a ir a por los documentos relacionados con la presunta contabilidad B del partido. Los conservadores se han empeñado en negar que la entrada del juez Ruz en su sede se tratara de un registro. Pero no han dado ninguna explicación de por qué no aportaron los papeles cuando habían sido requeridos. Ruz, que seguirá al menos otros seis meses en la Audiencia Nacional, también rechaza en su auto el intento del PP de utilizar a la Fiscalía Anticorrupción como intermediario para aportar documentos y escritos al caso, pues fueron expulsados como acusación popular hace ya varios meses. 

Uno de los muchos titulares que ha dejado este 2013 sobre el caso fue el de las altísimas retribuciones que el PP pagó durante años a sus dirigentes, reflejada en la contabilidad oficial que el partido entregó al juez, y que publicó infoLibre. Rajoy, por ejemplo, cobró, entre 2006 y 2011, 1.068.188 euros. Bárcenas, 1.107.395 euros y Páez, 1.051.336. Estos dos ya están fuera del partido. 

03. LAS PENSIONES DE LOS BANQUEROS

El Estado ya ha asumido que perderá el grueso de los 40.000 millones de euros aportados por Europa para rescatar a la banca española. Y eso que el Gobierno siempre juró y perjuró que las ayudas no costarían "ni un euro" a los contribuyentes. El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), el pasado julio, ya avanzó sus cálculos provisionales: se podían dar por enterrados más de 36.000 millones de euros. Una factura descomunal para un Ejecutivo que, sin embargo, no ha dudado en acometer durísimos recortes sociales. 

La enclenque situación del sector no impidió que en los últimos años las cúpulas directivas de bancos y cajas de ahorros intentaran asegurarse unas jubilaciones millonarias. Unas cifras que encajan mal con la pensión media de un jubilado en España: 986,16 euros en noviembre de 2013, según datos del Ministerio de Empleo. 

Alfredo Sáenz dejó su cargo de vicepresidente y consejero delegado del Santander el pasado abril tras haber acumulado unos derechos de cobro de 88,14 millones de euros. Sáenz había sido indultado por el Gobierno socialista en 2011 de su pena de tres meses de arresto e inhabilitación, pero el Supremo anuló posteriormente esa medida de gracia. 

No fue el único. El hoy presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, se embolsó una pensión de tres millones de euros anuales cuando salió del BBVA en 2009, entidad en la que había trabajado durante 30 años. Una cantidad total de 52,5 millones de euros. Su jefe en el BBVA, Francisco González, de 69 años, ya tiene acumulados 79,7 millones de euros en derechos de pensión, que cobrará cuando cese en sus funciones ejecutivas. Su consejero delegado en el banco, Ángel Cano, ya atesora aportaciones para su jubilación de más de 22 millones de euros. Francisco Luzón, exresponsable de Latinoamérica del Santander, se retiró con 63 millones de euros bajo el brazo. 

Los datos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores de 2011 recogen abultadas pensiones en la cúpula del Santander: Emilio Botín (25 millones); Ana Patricia Botín (31,32 millones) o Matías Rodríguez Inciarte (44,5 millones). Pero los casos se han repetido con las retribuciones a futuro de las cajas intervenidas. Los ejemplos son múltiples: los 8,5 millones como fondo de pensiones para el ex director general de Caixa Galicia José Luis Méndez; de entre 200.000 y 350.000 euros anuales para Miguel Castillejo (CajaSur); Manuel Escribano (Caja Segovia); María Dolores Amorós (Caja de Ahorros del Mediterráneo) o Roberto López Abad (también de la CAM). 

Más datos para acabar de dibujar el paisaje: según un informe de la Comisión Europea publicado el pasado 20 de diciembre, España es el cuarto país de la UE que ha concedido más ayudas públicas para recapitalizar la banca desde el origen de la crisis, en 2008: un total de 60.000 millones, incluyendo la línea de crédito europea. Por delante sólo se ubican Reino Unido (82.000 millones); Alemania (64.000 millones) e Irlanda (63.000 millones). Los cuatro países suman 269.000 millones, la mitad del total de apoyo europeo a la banca (591.900 millones, el 4,6% del PIB de la UE). En el tercer puesto del ranking de los bancos que más fondos públicos han captado se halla Bankia (22.000 millones). El Banco de España también ofreció en septiembre el mismo balance: 61.366 millones de euros desde mayo de 2009. El Fondo Monetario Internacional (FMI) dio un montante global más alto: 246.441 millones. ¿Por qué la diferencia? Porque incluye las ayudas públicas, los avales concedidos a las entidades y a la Sareb o banco malo para sus emisiones de deuda desde 2009 hasta mayo de 2013.

Francisco González, presidente del BBVA | EUROPA PRESS

Otro informe reciente: el de la Autoridad Bancaria Europea (EBA), publicado el 26 de noviembre pasado y con cifras de 2012. Un total de 100 banqueros españoles gana más de un millón de euros al año. Esa cifra coloca a España como el quinto país de la Unión con mayor número de directivos de banca millonarios, por detrás del Reino Unido (hay 2.714), Alemania (212), Francia (177) e Italia (109). La retribución media de esos 100 ejecutivos españoles es de 2,16 millones de euros, la segunda más alta de la UE. A nuestro país sólo le gana Chipre (2,2 millones). El 58% del salario total de los banqueros españoles lo conforman los bonus y las remuneraciones variables. En total, sumando sueldo fijo y variable, cobraron 216,84 millones en 2012.

Según un estudio sobre las retribuciones en el sector financiero de CCOO, como publicó infoLibre, el presidente del BBVA, González, percibe 379 veces más que el trabajador que menos cobra de su banco. El del Santander, Botín, 371 veces más. El de La Caixa, Isidro Fainé, 141 veces más. La media en el mundo de la banca es de 76 veces.

El escándalo por la obscenidad en las retribuciones bancarias ha sido tal que el Gobierno y la UE han tenido que ponerles coto. En agosto de 2012, el Gobierno impuso un tope máximo de salario de 500.000 euros para los directivos de las entidades con ayudas (meses antes, en febrero, el listón estaba en los 600.000 euros). Y este 1 de enero de 2014 entra en vigor la norma que impone un umbral máximo a los bonus de los ejecutivos de banca: estos no podrán sobrepasar la cuantía del salario fijo. Sólo si los accionistas del banco lo autorizan, los bonus podrían alcanzar el doble del sueldo. El objetivo es evitar que los banqueros asuman riesgos excesivos, un factor que para Bruselas está en el origen de la crisis financiera. 

04. BANQUEROS EN EL BANQUILLO

Más de 200 directivos y empresarios de banca, según los datos recogidos por infoLibre, están imputados en la Audiencia Nacional o en juzgados de instrucción del país por el saqueo a las cajas, por delitos como evasión fiscal o administración desleal. Pero sólo dos han dado con sus huesos en prisión: Roberto López Abad, ex director general de la CAM, y Miguel Blesa, expresidente de Caja Madrid. Ninguno ha estado mucho tiempo en la cárcel. López Abad, menos de una semana, hasta que logró reunir la fianza de 1,5 millones de euros que el juez le impuso por desviar 247 millones de euros al paraíso fiscal caribeño de Curaçao (antiguas Antillas Holandesas). Blesa estuvo fugazmente entre rejas dos veces: en mayo, una noche –y salió tras depositar una fianza de 2,5 millones de euros–; en junio, 15 días, hasta que la Audiencia Provincial anuló el auto de prisión dictado por el juez Elpidio José Silva. El magistrado investigaba al expresidente de Caja Madrid por la compra del City National Bank de Florida y el crédito de 26,6 millones de euros concedido al ex jefe de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán. López Abad y Blesa rompieron además un largo periodo de casi 19 años en que ningún banquero había pisado la cárcel: fue en diciembre de 1994 cuando el juez mandó a prisión a Mario Conde por el caso Banesto. 

Jueces y fiscales tienen bajo lupa a los gestores de casi una veintena de cajas de ahorros y bancos que formaron parte de un sistema financiero cuyas costuras estallaron desde 2009 y que necesitó los 61.000 millones largos del Estado y de la UE para poder sobrevivir. Cajas, por cierto, controladas por los dos grandes partidos, aunque también por Izquierda Unida. A muchos de estos banqueros se les acusa de haber diseñado un sistema perfecto para poder cobrar pensiones multimillonarias; otros, por enriquecimiento ilícito. 

Bankia (22.424 millones de dinero público) y Catalunya Banc (12.052), las dos entidades que más inyecciones han recibido, son las que tienen a más dirigentes imputados (36 y 54, respectivamente). Novacaixagalicia, la tercera entidad a la que se enchufaron más fondos públicos (8.198), cuenta con ocho imputados. 

En el caso de Bankia, todo el consejo de administración (32 personas, tras el fallecimiento de una de ellas), incluido su primer presidente, Rodrigo Rato, está imputado. El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu investiga la fusión de las cajas que dieron lugar a Bankia y su polémica salida a bolsa. Pero el magistrado ha decidido en 2013 estudiar la comercialización de preferentes en Caja Madrid y Bancaja, para lo que ha imputado a otras cuatro personas, entre ellas a Blesa. En Catalunya Banc el juzgado de instrucción número 30 de Barcelona imputó a los 54 directivos que gestionaban Caixa Catalunya en 2010, incluido el entonces presidente, el exministro socialista Narcís Serra, y el director general, Adolf Todó, por supuesta administración desleal, por haber aprobado aumentos retributivos pese a la "situación crítica" en que se hallaba la entidad. 

El último caso, conocido el pasado 23 de diciembre, es la imputación de siete exdirectivos de Caixa Laietana (hoy integrada en Bankia), ordenada por el Juzgado de Instrucción número 3 de Mataró (Barcelona). La razón es la venta de preferentes, un producto de alto riesgo que ha atrapado a miles de ahorradores. Estos siete gerentes son los que elevan la cuenta a más de 200 personas. 

05. 'CASO URDANGARIN': LA INFANTA CRISTINA EN LA PICOTA

El foco del caso Nóos, una investigación que profundizó a partir de 2010 en la supuesta malversación de seis millones de euros al Instituto Nóos y su constelación de empresas satélite, basculó en 2013 de Iñaki Urdangarin a la infanta Cristina. Hasta el punto de que la clave fundamental aún por despejar es si la hija menor del rey será imputada por segunda vez o no. Una incógnita que el juez instructor, José Castro, despejará de forma inminente.

2013 despertó con la tanda de nuevos correos electrónicos que Diego Torres, socio de Urdangarin en el Instituto Nóos, entregó al magistrado. Torres, aparte de intentar demostrar el papel central del duque de Palma en la trama para desviar fondos procedentes de las instituciones públicas, buscaba evidenciar que tenía en su poder información sensible capaz de socavar la imagen de la monarquía, pues implicaban directamente al rey Juan Carlos. El fuego, en efecto, fue acechando a la Corona poco a poco. El 29 de enero, el juez citó a declarar como imputado al secretario de las infantas Elena y Cristina, Carlos García Revenga. El asesor real, que ejerció de patrono y tesorero de Nóos, se vio implicado por las gestiones que pudo haber llevado a cabo dentro de Nóos y el conocimiento que pudo haber tenido de sus actividades. En uno de los emails entregado por Torres, el secretario exigió figurar como miembro de "la Casa de S. M. el Rey". En los correos también emergió el nombre de la princesa alemana Corinna zu Sayn-Wittgenstein, amiga del monarca y participante en la promoción de eventos organizados por Urdangarin. 

El 23 de febrero, Urdangarin declaró por segunda vez ante el juez Castro en Palma. Desde el primer momento, quiso desvincular a la Casa del Rey de toda labor de protección de sus turbios negocios con ayudas públicas. "La Casa de S. M. el Rey no opinó, asesoró, autorizó o avaló las actividades que yo desarrollaba en el Instituto Nóos", alegó ante el magistrado. Aseguró además que su mujer no hizo "absolutamente nada" como vocal de la junta directiva de Nóos. Se defendía así de las bombas lanzadas por Torres, que venían a apuntar que en la entidad teóricamente sin ánimo de lucro no se movía un papel sin que lo ignorara la Zarzuela. El exsocio de Urdangarin también reveló una presunta reunión en la Zarzuela (nunca desmentida) en 2004, que congregó a ambos jefes de Nóos, Francisco Camps y Rita Barberá, donde se fraguó la idea de organizar la primera Valencia Summit, la cumbre inaugural de una serie de tres cónclaves de menos de cuatro días en los que el instituto, aun siendo organizador, recibió un "canon" anual de 1,04 millones millones de euros. 

El 3 de abril, Castro imputó finalmente a la infanta. El juez consideró que había indicios de que pudo consentir que su parentesco con el rey fuera utilizado por su marido y su socio en Nóos. En su auto, el juez señaló que un "cierre en falso" de la instrucción, no implicando a la hija menor del rey, dejando que la incógnita sobre su papel en los manejos de Urdangarin y Torres "se perpetúe" iría "en descrédito de la máxima de que la Justicia es igual para todos y una clara contradicción a la práctica cotidiana de los juzgados y tribunales". 

La imputación de Cristina de Borbón abrió una brecha –aún no cerrada– entre Castro y el fiscal Anticorrupción que le había acompañado sin fisuras en toda la investigación del caso, Pedro Horrach. El representante del Ministerio Público anunció de inmediato que recurriría la decisión del magistrado. La Casa Real se deslindó de su habitual actitud de "respeto" a lo dictado por los tribunales: expresó su "sorpresa" por la imputación y mostró su "absoluta conformidad" con la impugnación de Horrach. La Abogacía del Estado se opuso igualmente a la imputación de la hija menor del monarca. A partir de entonces, se comprobó la movilización de todo el aparato del Estado en defensa de la infanta, poniendo en entredicho aquella afirmación de Juan Carlos en su mensaje de Navidad de 2011: "La Justicia es igual para todos". 

La reina Sofía y la infanta Cristina, a su salida de la Quirón tras visitar al rey, operado por segunda vez de la cadera izquierda, el pasado 23 de noviembre | EFE

Al final, la Audiencia de Palma dejó sin efecto la citación de Cristina el 7 de mayo. Pero el auto del tribunal no fue inocuo. Porque canceló la declaración de la infanta por los hechos que le atribuía Castro (básicamente, tráfico de influencias), pero abrió un nuevo frente de investigación: apuntó al juez que indagase si la hija del rey pudo incurrir en delitos fiscales y de blanqueo desde Aizoon, la empresa de la que es propietaria al 50% con su marido. 

La investigación de los bienes de la infanta tropezó con un escándalo mayúscula: la Agencia Tributaria remitió un informe al juez en el que atribuía a la hija del rey la venta de 13 fincas por un valor de 1,43 millones de euros. La Casa del Rey lo negó tajantemente y, al final, Hacienda tuvo que admitir que había cometido dos errores al volcar la información de su base de datos al documento entregado a Castro y culpó a los notarios de otros 11 fallos. El estropicio acabó fusilando a la directora general de la Agencia Tributaria, Beatriz Viana, quien dimitió el 28 de junio por "motivos personales". 

El fiscal rechazó el pasado 14 de noviembre una nueva imputación de Cristina, adelantándose por sorpresa al siguiente paso del juez: la petición a las partes de que se pronunciaran acerca de la conveniencia de una nueva citación, una vez conocidos más datos de cómo la infanta pudo aprovecharse de los ingresos obtenidos por Aizoon. El acusador público argumentó que no había aparecido ninguna nueva evidencia de que la hija menor de Juan Carlos pudo haber cometido delito fiscal o blanqueo de capitales. Todo eso eran "conjeturas" o "sospechas", dijo. Ahora habrá que esperar lo que diga el juez. Fuentes jurídicas apuntan que Castro, si da el paso y la imputa por segunda vez, es porque está convencido de que la Audiencia le respaldará.

La instrucción se encamina hacia su desenlace final y a la apertura de juicio oral. En estos meses, mientras, el magistrado inició los trámites para embargar los bienes de Urdangarin y Torres –después de esperar en vano que ambos depositaran la fianza de responsabilidad civil de 6,1 millones que le impuso–, tomó declaración como testigo a Barberá (que negó haber presionado para que se concediera a Nóos la Valencia Summit) y tuvo que aplazar la citación de Camps, ante la imposibilidad de localizarlo. 

06. EL EXPEDIENTE DEL REGISTRADOR RAJOY

Mariano Rajoy, cuando saltaron los papeles de Bárcenas, se jactó de que no estaba en la política para hacerse rico, que habría cobrado mucho más en su profesión, como registrador de la propiedad. Lo cierto es que la vida del presidente como registrador, labor que no ha ejercido en 30 de los 32 últimos años pero cuya plaza jamás ha dejado, sigue siendo un misterio. 

infoLibre desveló en septiembre que, al menos durante el tiempo en que se lo permitió la ley, cobró como cargo público y como registrador. Al conseguir su primer escaño, en octubre de 1981, en el Parlamento de Galicia, Rajoy tenía dos alternativas: o pedir la excedencia como funcionario público –tenía plaza desde marzo de 1980 en Padrón (A Coruña), su segundo destino como registrador, tras Villafranca del Bierzo (León), obtenida en 1978–, con lo que su puesto saldría a concurso, o bien acogerse a la norma existente entonces que le permitía recibir una parte de los honorarios registrales al tiempo que cobraba como diputado. Sólo renunció a las retribuciones como registrador en noviembre de 1985, 14 meses después de que entrara en vigor la ley 30/1984, que prohibió a todos los funcionarios (también los registradores) percibir dos salarios públicos. En noviembre de 1985 fue cuando requirió al Ministerio de Justicia su pase a la situación de "servicios especiales con reserva de plaza". En ese cuatrienio (1981-1985), simultaneó la titularidad de tres registros (Padrón, en A Coruña; Berga, en Barcelona, y Elche, en Alicante) con sucesivos cargos públicos: diputado autonómico, director general de Relaciones con el Parlamento de la Xunta y presidente de la Diputación pontevedresa. 

Esa doble cobranza se la permitió el artículo 541 del Reglamento Hipotecario de 1947. Unos ingresos legales pero que Rajoy nunca ha detallado. ¿Cuánto percibió en aquellos años? Nada se sabe. La ley socialista de 1984 prohibió la compatibilización de dos sueldos públicos a los funcionarios, sí, pero aún quedaba cierto margen de interpretación porque en 1998, ya con José María Aznar en la Moncloa, se introdujo el artículo 552 en el Reglamento Hipotecario para precisar que al registrador interino le corresponde la "totalidad de los honorarios que se devenguen" en el registro cuyo titular haya alcanzado un cargo público incompatible. 

Este periódico también descubrió que el Gobierno de José María Aznar, del que formaba parte Rajoy, ocultó en 2001, en un "archivo de seguridad" su expediente de registrador, donde figura todo su historial como funcionario público: los registros a cuya titularidad había ido accediendo desde su entrada al cuerpo en 1978 –Villafranca del Bierzo, el primero; Padrón, en 1980; Berga, en 1982; Elche, en 1985 y, finalmente, Santa Pola (Alicante), en 1987– y su solicitud de compatibilidad de cargo público para mantener la titularidad de la plaza. ¿El hoy presidente del Ejecutivo tuvo conocimiento de la decisión de ocultar su expediente en 2001? No hay respuesta. El Gobierno actual respondió al diputado Gaspar Llamazares el pasado octubre que Rajoy "ha sido siempre ajeno" al lugar exacto donde se halla su expediente y la posibilidad de que pueda o no difundirse. El parlamentario de IU, tras las revelaciones de infoLibre, volvió a preguntar si en algún momento de su carrera cobró como registrador y político. El Gobierno ni aclaró ni negó: "Mariano Rajoy se ha ajustado siempre y en todo momento a la legislación aplicable al efecto, tanto en lo relativo a su situación administrativa por razón del puesto o cargo desempeñado en cada momento como en la percepción de la retribución correspondiente".

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, el pasado 27 de diciembre en su comparecencia ante los medios en el palacio de la Moncloa | EFE

Lo único cierto es que en los 32 últimos años (desde 1981 a 2013), Rajoy sólo ejerció únicamente como registrador en dos, entre 1987 y 1989. Precisamente en ese bienio incumplió el artículo 548 del Reglamento Hipotecario, que obliga a los registradores ejercientes a vivir en la ciudad donde tengan su plaza. El hoy presidente desarrolló una intensa actividad política a mil kilómetros de distancia, en Galicia. En 1989, Rajoy logró un escaño en el Congreso y pidió de nuevo la excedencia por servicios especiales con reserva de plaza. 

Mientras permanecen sin respuesta muchas de las preguntas sobre el expediente del registrador Rajoy, el Gobierno ha seguido con su política de beneficiar a este cuerpo de funcionarios. Primero, con las ventajas que les confirió a través de la Ley de Emprendedores –150 millones de euros de nuevos ingresos–; después, declarándoles librar los sábados. Y más tarde, a través del anteproyecto de Ley de Jurisdicción Voluntaria, atribuyéndoles funciones reservadas a los jueces, lo que les permitirá engordar su facturación. 

07. EL SAQUEO DE TELEMADRID

Telemadrid ejecutó hace prácticamente un año un doloroso ERE a más de 800 trabajadores de la cadena pública, y que justificó por razones económicas. En el hundimiento del ente público ha tenido mucho que ver la desastrosa gestión que el PP hizo de él durante años. Y a ella pudieron contribuir las operaciones de alto riesgo en las que la televisión autonómica se metió de lleno, incluso con la anuencia de la Comunidad de Madrid, relacionadas con los derechos del fútbol, tal y como ha destapado infoLibre.  

El nudo gordiano del saqueo se halla en la empresa Madrid Deporte Audiovisual (MDA), cuyos accionistas mayoritarios son Telemadrid (49%) y Bankia (47,50%) –y los minoritarios, el Atlético de Madrid (2,50%) y el Getafe CF (1%)–. Una sociedad en concurso de acreedores desde enero de 2013. En 2007, MDA firmó un contrato por cinco años por los derechos audiovisuales por un valor de 270 millones de euros con el Atlético y el Getafe. El problema, sin embargo, es que un informe confidencial de la propia Caja Madrid desaconsejaba la operación, porque generaría pérdidas. Los papeles aseguraban que sólo se recuperaría la inversión en el octavo ejercicio. Y el contrato era por cinco temporadas. 

Dio igual, porque la adjudicación –firmada en 2007, aunque entró en vigor en 2009/2010– se rompió tras el tercer ejercicio. La sociedad audiovisual no llegó a tener jamás beneficios. Los miembros del PP del consejo de administración de Radio Televisión Madrid (RTVM), al igual que el consejero de IU, José Antonio Moral Santín, votaron a favor de la operación. No lo hizo el PSOE, precisamente porque no veía clara su rentabilidad. 

Hubo un segundo contrato suscrito al mismo tiempo, también en 2007. MDA pagó al menos 24 millones al Atlético por un acuerdo que el club presidido por el empresario Enrique Cerezo no cumplió. La adjudicación detallaba que la compañía liderada por Telemadrid se comprometía a pagar cuatro millones anuales durante ocho años, desde la temporada 2006/2007 a la 2013/2014 (32 millones en total), y a cambio el equipo colchonero cedía espacios publicitarios a MDA en la equipación oficial, en la web y en el Vicente Calderón. Además, cedía los derechos para la retransmisión de los partidos amistosos del club. MDA no comercializó los espacios publicitarios en las seis temporadas en las que estuvo vigente el contrato.

Telemadrid también se dedicó a financiar el agujero económico del Atlético en octubre de 2011, ya que sufría una crisis de liquidez. La cadena adelantó al club rojiblanco dinero pendiente de los contratos por la cesión de derechos audiovisuales de los partidos oficiales y amistosos. Pero la empresa ocultó cuánto anticipó y no respondió si el equipo lo devolvió. 

Los correos secretos de Blesa pusieron de manifiesto, como este diario publicó el pasado 21 de diciembre, que el Gobierno de Esperanza Aguirre alimentó en 2006 la compra de los derechos audiovisuales del Atlético y del Getafe pese a "aceptar que los números generaban déficit". Eso afirmaba un mensaje enviado por Carlos Contreras, entonces director general de Caja Madrid Business, a la dirección corporativa de Blesa. En el mail, Contreras informa de una reunión con los consejeros Francisco Granados y Engracia Hidalgo en octubre de 2006. Ambos intentaron convencer a Caja Madrid para que entrase en el negocio de los derechos del fútbol. La propia Aguirre envió un SMS a Blesa, pidiéndole que hiciera caso de "un asunto importante" que le iba a comentar Ignacio González, número dos del Ejecutivo regional y hoy presidente regional. En efecto, González se puso en contacto con el banquero y le exigió que Caja Madrid entrara en la sociedad audiovisual. Caja Madrid entró. Pero quien se descolgó del plan inicial fue el Real Madrid. 

La correspondencia confidencial de Blesa y del resto de su equipo demostró, como descubrió infoLibre, un trato de favor hacia Enrique Cerezo, pese a reconocer que el presidente del Atlético y máximo accionista de Boomerang TV había hecho perder a la entidad 2,6 millones de euros. 

Los sindicatos de Telemadrid están valorando la posibilidad de emprender acciones legales por todas las presuntas irregularidades descubiertas por este periódico. 

08. EL ÁTICO DE GONZÁLEZ

El pasado 16 de diciembre, la magistrada sustituta del Juzgado número 5 de Estepona (Málaga), Mariana Peregrina, firmó un auto clave para la suerte del presidente madrileño. En su resolución, imputó a su mujer, Lourdes Cavero, por un presunto delito de blanqueo de capitales y delito fiscal por el caso del ático de lujo en Guadalmina que ambos usan desde hace años. La jueza también imputó al testaferro profesional Rudy Valner, titular de la sociedad Coast Investors Llc, utilizada para formalizar la compra del inmueble. Al tiempo, remitió la causa a la Audiencia Nacional, ya que investiga delitos que pudieron cometerse en el extranjero. 

El caso arrancó hace año y medio, impulsado por una denuncia del Sindicato Unificado de Policía (mayoritario en el cuerpo), pero no se reactivó hasta comienzos de 2013, una vez que Peregrina reclamó "toda la información fiscal" de Coast Investors Llc, una firma radicada en Delaware (Estados Unidos) y representada por el mexicano Valner, que desde 2008 fue la propietaria del ático que alquilaba, por un precio de 2.000 euros al mes, el matrimonio González-Cavero. Un precio sorprendemente barato para la zona en la que está enclavado el apartamento, un dúplex de 500 metros cuadrados, y la exclusiva urbanización a la que pertenece, Alhambra del Golf. En diciembre de 2012, la pareja adquirió por 770.000 euros el inmueble a Coast Investors, que solo declaró a Hacienda estos ingresos tras destaparse la investigación realizada por la Policía Judicial. El 80% de la vivienda está a nombre de Cavero, una de las vicepresidentas de la patronal madrileña, CEIM. 

González, antes y después de la imputación, ha defendido su inocencia y la de su familia. Todo el auto está "plagado de presunciones" y no se ha acreditado "ninguna responsabilidad porque no hay nada", aseveró el presidente regional. La versión del jefe del Ejecutivo autonómico es que alquilaron a la empresa de Valner el ático a razón de 2.000 euros mensuales, para finalmente comprar el inmueble el 18 de diciembre de 2012 por 770.000 euros. Sin embargo, los denunciantes sospechan que Valner y Coast Investors Llc, la propietaria del apartamento desde 2008 a 2012, no eran más que meras pantallas para ocultar al verdadero titular de la vivienda, González. Los agentes sospechaban que el inmueble era el pago de una comisión. 

El caso se ha llevado por delante a dos cargos policiales. Uno de ellos, Enrique Rodríguez Ulla, que era comisario jefe de la Policía Judicial. Ahora, la Fiscalía ha recurrido la imputación de Cavero. Y el SUP, de quien partió la denuncia, ha impugnado también la decisión de la jueza por entender que no es el momento procesal oportuno ya que antes deben conocerse los resultados de las comisiones rogatorias cursadas sobre las operaciones de compra del ático, que llevan meses paralizadas. Los agentes entienden que la investigación ha de centrarse en quiénes son los titulares del dinero con el que Coast Investors compró en 2008 la vivienda, ya que la firma carece de actividad económica. La compañía no pagó impuestos ni tasas pese a recibir 2.000 euros mensuales de González. 

La Audiencia Nacional tendrá que tomar una decisión que, según expertos jurídicos, será la de rechazar la inhibición de la jueza, que tendría que seguir investigando. Si Peregrina hallase indicios de delito por parte del presidente regional, debería enviar la causa al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). 

Una denuncia de extrabajadores de Telemadrid fue clave en la investigación, ya que acudieron al fiscal jefe de Málaga para advertirle de que el ático podría ser un regalo del presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, a cambio de al menos tres operaciones, desveladas por este periódico: la adquisición de los derechos audiovisuales del club colchonero por MDA; la cesión de la publicidad de Telemadrid a una compañía en la que figura Cerezo y la adjudicación de 10 televisiones digitales al presidente del equipo. 

09. LOS CORREOS SECRETOS DE BLESA

Los correos secretos de Miguel Blesa, el escándalo con el que se cierra 2013, se conocen gracias a las pesquisas del magistrado Elpidio José Silva, que ahora se enfrenta a su expulsión de la carrera judicial tras acordar en dos ocasiones el ingreso en prisión del expresidente de Caja Madrid.

Miguel Blesa, expresidente de Caja Madrid, a su salida de prisión el pasado 20 de junio | EFE

Estos mensajes, a los que ha tenido acceso infoLibre, aportan evidencias de las actuaciones presuntamente delictivas de Blesa y su equipo directivo. Por eso el juez acordó su imputación, en virtud del contenido de esos más de 8.000 correos. En concreto, tal y como ha publicado este diario, Blesa sabía ya en 2006 que las preferentes eran vendidas por encima del precio real. Esto suponía que los compradores adquirían un producto con un precio irreal, en concreto un 10% superior. Además, también se puede leer en los mensajes intervenidos por el titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid que Caja Madrid y el Canal de Isabel II habían pactado hacerse con la sociedad resultante de la privatización de la empresa que gestiona el agua en la Comunidad de Madrid. También se conocen las gestiones realizadas por el propio Blesa con el expresidente José María Aznar y una empresa de venta de armas, de las que ni Blesa ni Aznar han dado explicación alguna, más allá de un comunicado del expresidente del Gobierno en el que aseguraba que no llegó a firmar ningún contrato con la empresa armamentística.  

La última revelación de los correos la publicó este lunes, 30 de diciembre, este periódico: los mails muestran cómo desde 2006 el propio Blesa y su equipo de confianza tejieron un plan para asegurarse un retiro dorado ante el temor de que fueran desplazados de sus puestos en 2009, año en el que finalizaba el mandato del presidente. Los mensajes manifiestan que los directivos de Caja Madrid convencen a los miembros del comité de retribuciones de la entidad a que aprueben un "incentivo retribuido de fidelización a largo plazo". 

Con todas estas evidencias, la Fiscalía de Madrid ha asegurado que los correos electrónicos no son válidos, y no va a iniciar ninguna investigación al respecto. En la Audiencia Nacional tampoco ha habido ningún intento de aportar los correos. No obstante, tanto UPyD como 15MpaRato tienen intención de pedir que los correos puedan ser incluidos en el caso Bankiacaso Bankia, y más concretamente en la pieza separada de las preferentes en la que Blesa está imputado. 

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* Con información de Tono CallejaTono Calleja

Para llamar a la puerta de uno de los dueños del hospital universitario Quirón Madrid, el centro privado donde el martes ingresará el rey Juan Carlos para ser operado de una infección en su cadera izquierda, hace falta ir al Reino Unido. Porque el Grupo Hospitalario Quirón (GHQ), al que pertenece la clínica, está en manos del fondo de capital riesgo británico Doughty Hanson –propietario de en torno al 60% del accionariado– y de la familia del desaparecido Publio Cordón, empresario secuestrado por los Grapo en 1995. 

GHQ no es una pieza menor dentro del complicado damero de la sanidad privada en España. Es, de hecho, el mayor conglomerado de hospitales privados de toda España desde 2012 tras su fusión con USP. Gestiona 45 centros sanitarios en 11 comunidades autónomas: 20 hospitales generales en España (tres en Madrid), dos hospitales de día, cuatro centros de reproducción asistida, dos centros oftalmológicos, un centro de medicina deportiva y 16 unidades de consultas de diferentes especialidades. Cuenta con más de 6.500 médicos vinculados, 7.000 empleados, 2.250 camas y 411.500 metros cuadrados de superficie total, según indica en la web corporativa. 

Doughty Hanson & Co (DHC) fue fundado en 1985. Técnicamente, es lo que se conoce en el argot como un private equity, una sociedad que invierte en otras empresas privadas con alto potencial de crecimiento (aunque de futuro incierto) a cambio de controlar un gran porcentaje de acciones. Es decir, invierte en empresas con el objetivo de aumentar su valor y obtener una alta y rápida rentabilidad, para después deshacerse de ellas cuando están maduras en el mercado. Doughty Hanson compró en febrero de 2012 el 100% de USP Hospitales (United Surgical Partners), dueño a su vez de la clínica San José que tantas veces ha intervenido al rey por dolencias traumatológicas. Pagó 355 millones por la adquisición a Barclays y Royal Bank of Scotland. USP era entonces el tercer grupo sanitario privado del país (tenía una cuota de mercado del 5,5% en 2010) y poseía 12 centros hospitalarios (entre ellos el Instituto Dexeus de Barcelona) y 22 clínicas auxiliares. La oferta de los británicos fue la más alta.

Entonces, estos exhibían su experiencia en el sector de la salud privada por su inversión en Priory. En el momento en que DHC compró la compañía, en junio de 2002, era el proveedor privado más grande de servicios de salud mental y de rehabilitación en el Reino Unido. Bajo su mando, Priory ganó presencia con más de 42 emplazamientos, más de 2.000 camas y un personal de casi 4.500 empleados. DHC lo vendió en julio de 2005 en una transacción valorada en 875 millones de libras, unas 3,9 veces lo invertido. 

Teknon, en el punto de mira

Tras comprar USP, Doughty Hanson, en un acuerdo con la familia Cordón Muro –fundadora del grupo Quirón, que nació a finales de los cincuenta en Zaragoza–, se hizo con el 35% que la familia capitaneada por el portugués José de Mello poseía en la empresa. USP y Quirón se unían así, dando vida a la mayor operación hospitalaria de España. DHC pasó a controlar en torno al 60% de las acciones de la nueva entidad fusionada, según los datos de la auditora PricewaterhouseCoopers. La Comisión Nacional de la Competencia dio el visto bueno el 11 de julio de 2012. En ingresos, según calcula la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM), la nueva sociedad alcanzaría una facturación proforma de 555,04 millones de euros. Hoy, el gigante GHQ lo preside Pilar Muro, viuda de Cordón. 

El fondo de capital riesgo británico negocia ahora la adquisición de la clínica privada Teknon, hoy en manos de Magnum Industrial Capital Partners, la sociedad de inversión de Ángel Corcóstegui. Magnum ya pagó 140 millones de euros en 2010 por el centro por el que ha desfilado la jet catalana y del resto del país. Entre sus vips, la infanta Cristina, hija menor del rey. En la clínica trabajan más de 2.000 profesionales. 

Con su fusión, USP y Quirón emprendían una senda previsible para los analistas: la agrupación del sector hospitalario privado, hasta entonces muy fragmentado, sobre todo en contraposición con la concentración de los seguros privados de salud. Una realidad que viene vaticinando en sus informes PricewaterhouseCoopers. 

La entrada de fondos de capital riesgo en la sanidad no es nada aislada. Capio (hoy IDC Salud), el gigante de la sanidad privatizada en Madrid, es propiedad de CVC. Un magistrado de la capital cursó en junio una comisión rogatoria para saber quién está en realidad detrás de la compañía. Este periódico informó de que el último cabo de la estructura societaria de Capio se encontraba en las Islas Caimán.