Comenté en un artículo reciente que el proyecto de ley que está en sede parlamentaria tiene ahora la oportunidad de ser debatido y mejorado por los grupos parlamentarios; es el momento de demostrar más ambición en la gobernanza de la IA y pasar de un texto de mínimos a una versión más valiente. 

Como un antecedente, conviene recordar que la Unión Europea tenía previsto que en el próximo mes de agosto empezaran a aplicarse las obligaciones del reglamento de IA (RIA), para los sistemas usados en el ámbito laboral. Aunque esta norma comunitaria entró en vigor hace casi dos años, la parte relativa a su aplicación en las empresas debía comenzar dentro de pocos días. Sin embargo, Parlamento Europeo y Consejo alcanzaron recientemente un acuerdo político dentro de un paquete legislativo conocido como Omnibus Digital, en el que determinaron retrasar a diciembre de 2027 la entrada en vigor de las nuevas obligaciones en materia de sistemas de IA de alto riesgo, entre ellas las laborales.

El Gobierno, a través en esta ocasión de su vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha explicado muy recientemente que ve con recelo esta demora y planea defender que la regulación de la inteligencia artificial y los algoritmos en el mercado laboral español sea más estricta y vaya más allá de los mínimos exigibles que marca el RIA a las empresas a la hora de usar todo tipo de tecnología algorítmica para objetivos como la selección de personal; la evaluación del desempeño profesional; las decisiones de promoción o despidos o la monitorización de trabajadores, entre otras cuestiones.

Con estas manifestaciones, críticas a la postura desreguladora de la UE, el Gobierno se sumaría a la posición de muchas organizaciones de la sociedad civil, que han criticado y siguen criticando esta postura liderada por Estados Unidos y, por omisión, por la Comisión Europea en materia del uso de la IA.

Llegados a este punto conviene destacar que una buena parte de las propuestas de mejora del proyecto de ley referido, preparadas para los Grupos Parlamentarios por parte de la Fundación Alternativas, coinciden con estas inquietudes manifestadas por el Gobierno de coalición.

Ante este cúmulo de informaciones que convergen en la necesidad de mejorar el proyecto de ley presentado, solamente cabe esperar de su trámite parlamentario un resultado: que se pase de las palabras a los hechos, porque a pesar de que la Comisión Europea pida tiempo, el mundo del trabajo no puede esperar.

Un primer aspecto clave de la mejora que se espera del proyecto es el de consolidar las garantías suficientes para la transparencia algorítmica y el control humano. Uno de los principios fundamentales de la IA es que sea explicable y, por tanto, hay que garantizar la posibilidad de auditar o ejercer control sobre los algoritmos, siendo lo prioritario asegurar que la decisión última antes de ser aplicado un sistema sea adoptada por un ser humano que pueda explicar, por ejemplo, cómo se ha llegado a un resultado. En el fondo de las decisiones que deben adoptar las organizaciones están los algoritmos, que son el corazón de los sistemas que se desarrollan, pero lo importante es que el cerebro del proceso siga siendo humano. Por ello es conveniente comprender bien todas las etapas, educando sobre su importancia, por ejemplo, en la rectificación de sesgos cuando se haya detectado que un programa va en contra de derechos fundamentales.

Un segundo aspecto clave que debería corregirse es el resultado de la falta de diálogo social en la versión actual del proyecto normativo. Ese ha sido, por cierto, uno de los reproches más serios del Consejo Económico y Social (CES). Por ello, otra de las mejoras sustanciales del proyecto consistiría en articular la necesaria coordinación de la Agencia Española de Supervisión de la IA y la Agencia Española de Protección de Datos, en tanto que agencias supervisoras de la IA en nuestro país, con otras instituciones. Instaurar esta coordinación supondría, por ejemplo, asegurar la participación y el seguimiento de las autoridades nacionales, económicas, laborales y sociales en sus correspondientes ámbitos y en lo relativo al desarrollo de la IA, incluyendo también a una representación de los trabajadores y de los empresarios. Esta propuesta de mejora va en la línea de propiciar, entre otras, una participación sindical informada y una coordinación real entre Inspección de Trabajo con las agencias de supervisión antes mencionadas.

Un tercer aspecto clave que habría que corregirse es el déficit en el articulado de la apertura de sistemas de coordinación de las autoridades encargadas de la supervisión y vigilancia del mercado, con los foros de consulta existentes en la Unión Europea.

Un cuarto aspecto clave es conseguir que el Gobierno garantice en la norma que finalmente resulte aprobada en el Congreso, el proceso de una negociación colectiva en el marco de lo que ya establece la norma comunitaria sobre IA.

En resumen, todo ello es lo que interpreto como una falta de valentía en la gobernanza de la IA; pero ahí está la oportunidad de que se corrija en el trámite parlamentario, pues el texto que aprobó el Gobierno de coalición progresista en el mes de mayo pasado acentúa la impresión de que es un proyecto de mínimos en su actual versión, y no incluye, curiosamente, muchas de las ambiciones explicitadas por sus distintos miembros en torno a este tema.

El poder legislativo tiene ahora la palabra.

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Antoni Farriols es analista de aplicaciones informáticas, miembro de la Asociación Pro-Derechos Humanos de España y miembro del Consejo Asesor de la Fundación Alternativas.

Pedro Sánchez se ha convertido ya en el presidente español al que más le gusta jugar en los campos políticos internacionales. Las elecciones en España ya están a la vista, pero el Gobierno va a librar varias batallas con toda su artillería allende los Pirineos para situar a dirigentes en puestos clave para el futuro.

El propio Sánchez confirmó este jueves que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, concurre a la carrera para hacerse con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), dependiente de Naciones Unidas. Lo que suma trabajo a la diplomacia española, que tiene también entre manos ayudar a Luis Planas a hacerse con las riendas de la FAO (la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) y a Pablo Hernández de Cos a llegar a lo más alto en el Banco Central Europeo (BCE).

Díaz da este paso después de escuchar a las organizaciones sindicales en un momento en el que las derechas mundiales quieren desviar el rumbo de la OIT, una organización esencial para los derechos de los trabajadores. El plazo para la presentación de las candidaturas concluye a mediados de agosto y la elección se producirá el 16 de noviembre, pero el ganador no iniciará el mandato hasta octubre del año que viene. Por lo tanto, la vicepresidenta segunda no dejará el Gobierno. De hecho, esa toma de posesión se produciría previsiblemente con un nuevo Ejecutivo en España tras las elecciones generales del año próximo.

La vicepresidenta segunda ya lleva tiempo preparando esta carrera y ha intensificado su agenda internacional. De aquí a noviembre, le toca lo más complicado: ganarse la mayoría entre los 56 votantes. Entre ellos, hay representantes de 28 países, 14 de los sindicatos y 14 de los empresarios. 

La lucha se prevé muy reñida y, por el momento, solo aparece un único contrincante, Gilbert F. Houngbo, el togolés que dirige la organización desde el año 2022. La propia Díaz fue muy crítica con el actual mandato el mes pasado durante su intervención en sesión plenaria en Ginebra: “No creo que nadie se sorprenda en esta sala si digo que la OIT está en crisis”.

Las palabras de aquella sesión marcan el camino de su candidatura: “Se pretende, sobre todo por la Administración norteamericana, desregular completamente el mundo del trabajo de la mano de la IA. Esto es la barbarie”. “Frente a ese modelo de ley de la selva, lo que estamos señalando justamente es tener un instrumento normativo de mínimos con capacidad de desarrollo de normas propias, para que tengamos la posibilidad de tener normas laborales, derechos humanos y competencia leal entre las empresas”, argumentó en Suiza.

“Sin normas, es una organización inane frente a los grandes cambios digitales y verdes que tenemos la obligación de gobernar”, clamó la vicepresidenta segunda, quien ahondó en que la OIT no se puede convertir en mera “mercancía”. Asimismo, quiere poner en el centro del debate de la OIT la regulación de la IA y de la digitalización que está trastocando el mercado laboral.

Díaz va a la carrera, como dicen en su equipo, con su trabajo como mejor aval: la subida sin precedentes del salario mínimo interprofesional, la aplicación del sistema de los ERTE que salvó miles de puestos de trabajo durante la pandemia, una reforma laboral que ha demostrado que se puede crecer mejorando la dignidad de los trabajadores y un número récord de más de 22 millones de empleados en el país. La vicepresidenta segunda se puede convertir en la primera mujer en dirigir la OIT, una organización fundada en 1919.

España también lleva tiempo trabajando para que el ministro de Agricultura, Luis Planas, se haga con la FAO. La elección se producirá en verano del año que viene, pero el Gobierno ya ha arrancado los trabajos diplomáticos, que están encabezados por el titular de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel Albares.

El propio Albares ha explicado durante estas semanas la filosofía de este movimiento: “Es una candidatura española, pero que tiene vocación europea y es también un reflejo de la creencia que tiene España en el multilateralismo y en Naciones Unidas en momentos en que la seguridad alimentaria es algo absolutamente fundamental”.

Esa vocación europea de la candidatura también se debe a que la FAO no está en manos de un dirigente de este continente desde 1975. Por eso, varios países de la UE trabajan para hacerse con la FAO tras el mandato del chino Qu Dongyu. España intentó sin éxito lograr ese puesto en 2011 a través del exministro de Asuntos Exteriores Miguel Ángel Moratinos. Planas podría competir en esta batalla con el irlandés Phil Hogan y el italiano Maurizio Martina.

El Gobierno confía en el abultado currículum de Planas, que es ministro del ramo desde que llegó Pedro Sánchez al Palacio de la Moncloa tras la moción de censura de junio de 2018. Asimismo, ha ocupado cargos como embajador de España en Marruecos y ante la UE, lo que le ha permitido forjar aliados a nivel internacional durante décadas.

Y España también va a librar una de las grandes batallas continentales: la Presidencia del Banco Central Europeo. El Gobierno respaldará finalmente a Pablo Hernández de Cos, exgobernador del Banco de España y actual director gerente del Banco Internacional de Pagos (BIS), que es uno de los grandes favoritos entre los expertos para suceder a Christine Lagarde.

Hernández de Cos cuenta con el apoyo de los dos grandes partidos, algo casi utópico en mitad del clima de polarización política, y encabeza quinielas como las del Financial Times. A favor de su candidatura está su marcado perfil técnico, además de presentarse como un pragmático entre los halcones y las palomas. España tendrá que competir duramente con Francia y los Países Bajos, que ansían ese puesto, pero Moncloa confía en que se premie, entre otros aspectos, la buena marcha de la economía nacional.

La diplomacia española no para. Con Sánchez a la cabeza. A pesar de que queda menos de un año para que acabe la legislatura, el Gobierno quiere atar algún gran puesto más a nivel internacional. Todo en un momento de auténtica incertidumbre internacional y en el que se juega el nuevo orden mundial. Y en el Ejecutivo esperan marcar algún gol más, como ya hicieron con Teresa Ribera como vicepresidenta de la Comisión Europea y con Nadia Calviño al frente del Banco Europeo de Inversión.

Este jueves se ha confirmado la candidatura a dirigir la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo Yolanda Díaz. Lo anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y con ello ponía fin a meses de rumores que apuntaban en esa dirección, pero no terminaban de confirmarse. Este organismo, con sede en Ginebra, es una agencia vinculada a Naciones Unidas que se dedica a promover el trabajo decente y los derechos laborales, elaborando convenios, informes y recomendaciones internacionales.

Díaz se presentará frente al actual presidente de la OIT, el togolés Gilbert F. Houngbo, que ostenta la presidencia desde 2022 y no ha anunciado que se vaya a retirar. Por el momento no se han anunciado más candidaturas, aunque el plazo estará abierto durante el mes de agosto y las elecciones tendrán lugar el 16 de noviembre. En la votación participan 28 representantes de los gobiernos, 14 de los sindicatos y otros 14 de las patronales; todos ellos componen el Consejo de Administración, encargado de la elección. 

A lo largo del día, las organizaciones sindicales han celebrado la noticia. “El sindicato considera la opción de Yolanda Díaz muy buena, ya que ha demostrado tener en su agenda todas las cuestiones importantes relacionadas con el mundo del trabajo”, señalaba UGT. Por su parte, Comisiones Obreras apuntaba su respaldo a la candidatura y hacía un llamamiento “para que gobiernos, organizaciones empresariales y sindicatos apoyen un proyecto basado en el trabajo decente, el fortalecimiento de la negociación colectiva, la transición justa, la libertad sindical y un multilateralismo que defienda la democracia y la justicia social”. Pero además de convencer a los representantes sindicales, tendrá que hacer lo mismo con patronales y representantes de los distintos países.

Fuentes conocedoras señalan que por ahora la candidatura está en un momento muy incipiente y aún no se han concretado los detalles de cómo será la campaña. Sin embargo, sí confirman que la ministra seguirá desarrollando sus funciones en el Ejecutivo sin cambios, ya que ante una hipotética victoria, la toma de posesión del cargo no tendría lugar hasta noviembre de 2027.

Otras fuentes señalan que, pese a la posible cercanía de los sindicatos a la candidatura de Díaz, en el ámbito patronal obtener apoyos no será tan sencillo. De hecho, en febrero de este año el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, amenazaba con acudir precisamente a la OIT al considerar que Trabajo se saltaba las recomendaciones sobre el diálogo social. "Lo quiero dejar muy claro. Tendremos que acabar yendo a la Organización Internacional del Trabajo a denunciarlo", señalaba Garamendi tras referirse al diálogo social como “bipartito” e insistir en que los acuerdos entre Ejecutivo y sindicatos no eran diálogo social.

Desde el ámbito sindical y también desde Trabajo se ha criticado en varias ocasiones la gestión actual de la OIT. En junio, Yolanda Díaz acudió a la sede de la organización y pronunció allí un discurso que ahora encaja con la noticia de su candidatura. "La OIT se debe tomar en serio a sí misma. El mandato de la OIT está en crisis, pero si el trabajo no es una mercancía, tampoco puede serlo la organización que representa el trabajo”, señaló la ministra con motivo de la 114ª Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT 2026.

Uno de los problemas del organismo está en el hecho de que Estados Unidos haya cortado parte de la financiación, aunque sin abandonar del todo la OIT, como ha hecho con otros organismos internacionales. Este distanciamiento ha generado una deuda que asciende a 280 millones de euros, el 70% de todo lo que adeudan distintos países a la organización.

En cuanto al apoyo que pueda tener entre los distintos gobiernos, no todos participan en los comicios y los países con derecho a voto son casi una treintena: Alemania, Bangladés, Barbados, Brasil, Brunéi, Canadá, China, España, Estados Unidos, Rusia, Francia, Gabón, India, Italia, Japón, Libia, Lituania, Malawi, Níger, Omán, Perú, Polonia, Corea del Sur, República Dominicana, Reino Unido, Sudán y Uruguay. Cabe destacar que Díaz se reunió en junio con sus homólogos de la mayoría de estos países, al término de su visita a la cumbre de la OIT en Ginebra. Además, mantiene una posición próxima al gobierno de Lula da Silva en Brasil y en junio acudió a la XV edición del Congreso de Prevención de Riesgos Laborales en Iberoamérica, donde se reunió con los ministros de Trabajo de Uruguay y de República Dominicana.

La última vez que las tres partes llegaron a un gran acuerdo fue en 2021, para poner en marcha la reforma laboral y lejos quedan ya las prórrogas de los ERTE, consensuadas de forma tripartita hasta seis veces. Desde entonces, la patronal no ha respaldado las últimas cinco subidas del SMI, ha rechazado la reforma de la ley de riesgos laborales, los permisos por fallecimiento o cuidados paliativos y también mantiene un rechazo frontal a la intención de Trabajo de regular de forma más estricta el control horario y las horas extraordinarias.

La patronal culpa al Ejecutivo de la falta de acuerdo y esto puede ser un escollo en el camino hacia la OIT, ya que se trata de un órgano en el que también tienen participación y derecho a voto los empresarios.

Tras confirmarse la candidatura, el entorno de Podemos también se ha mostrado crítico. "Implica que a alguien, después de haber estado en un gobierno, se le premia con una posición sin presión política, con salarios seguramente mucho más altos a los que cobra un ministro o un exvicepresidente. Es un premio a los servicios prestados", afirmó el exvicepresidente y exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, quien a la vez ha señalado que Díaz se va a convertir en la "afiliada de Comisiones Obreras mejor pagada de la historia". Por su parte, Pablo Echenique, publicaba un mensaje en la red social X que ahondaba en la misma crítica. “Hoy es necesario recordar que existe una izquierda que no se vende. Una izquierda que sabe que trabajar para el PSOE tiene premio y no hacerlo tiene castigo”, apuntó.

También el Partido Popular, a través de X, se ha expresado de forma crítica. Su cuenta oficial ha compartido el mensaje del presidente del Gobierno con un texto que rezaba: "Ya sabemos la contraprestación por callar a todo".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este jueves la candidatura de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para dirigir la Organización Internacional de Trabajo (OIT). No obstante, Díaz continuará en el Gobierno debido a que la elección está prevista para el próximo noviembre y el mandato, en cualquier caso, no empezaría hasta octubre de 2027.

Su designación supondría que "por primera vez una mujer y nuestro país estarían al frente de esta institución fundamental para la defensa del trabajo digno y la justicia social", ha destacado Sánchez en un mensaje en la red social X.

El jefe del Ejecutivo ha resaltado además que Yolanda Díaz ha demostrado con políticas y resultados su compromiso con los derechos laborales, el diálogo social y la prosperidad de España. Sánchez está convencido de que la experiencia, trayectoria y vocación de consenso de la también dirigente de Sumar la convierten en "una excelente candidata para liderar la OIT".

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, dice que asume "con orgullo y una responsabilidad enorme" su candidatura para dirigir la Organización Internacional del Trabajo (OIT), representando "a España, a Europa, al Sur global y a toda la comunidad internacional".

"La OIT es la casa común del trabajo en el mundo, la que mejor representa el empleo digno y el diálogo social entre trabajadores y empresas", ha dicho Díaz este jueves en su cuenta de la red social Bluesky, después de que el presidente anunciara su candidatura.

En su mensaje, la ministra sitúa los principales retos para el mundo laboral en la inteligencia artificial, el cambio climático y las nuevas formas de trabajar en plataformas digitales, que "están transformando las empresas y el trabajo a toda velocidad".

"Necesitamos una OIT fuerte, moderna, del lado de las personas trabajadoras, de las empresas, que impulse los derechos de las mujeres y defienda con pasión el multilateralismo y los grandes acuerdos para el siglo XXI", deja claro Díaz.

Una OIT, añade, que tenga en el diálogo social un pilar básico y que cuente siempre con quienes fortalecen el tejido empresarial en el conjunto del planeta, para garantizar un futuro de empleos de calidad y empresas sostenibles y productivas.

Los socios del Gobierno de coalición —PSOE y Sumar— han llegado a un acuerdo para incluir en el decreto de vivienda que aprobará el próximo 28 de julio el Consejo de Ministros una nueva prórroga extraordinaria de dos años para los contratos de alquiler que venzan antes del 30 de junio de 2028.

Según fuentes de Sumar, esta "prórroga reforzada", que deberán solicitar los inquilinos, amplía en casi un millón de personas las potenciales beneficiarias.

El texto también incluye otras medidas ya anunciadas, como la regulación del alquiler de temporada y habitaciones para acabar con su uso fraudulento, un aumento de la tributación de los pisos turísticos hasta el 21% del IVA y un endurecimiento del régimen sancionador sobre su publicidad en plataformas, con el fin de desincentivar el alquiler turístico.

Tras el acuerdo dentro del Gobierno, el Ministerio de Vivienda tiene ahora que negociar con los grupos parlamentarios, con el fin de asegurarse su apoyo para la convalidación del decreto en el Congreso.

Para ello necesita los votos imprescindibles de Junts, que ya impidió el pasado abril la convalidación de la anterior prórroga.

Aquel decreto, que había entrado en vigor el 22 de marzo, fue derogado el 28 de abril con los votos en contra del PP, Vox, Junts, la abstención del PNV y el resto de la cámara a favor.

Según Sumar, a propuesta suya, el nuevo decreto ley incluye un borrador de texto a negociar con los grupos parlamentarios sobre medidas para proteger a las familias en situación de vulnerabilidad, con el objetivo de evitar los desahucios y de que ninguna quede sin alternativa habitacional.

La inclusión en el decreto de la suspensión de los desahucios de familias vulnerables sin alternativa habitacional es una exigencia de Podemos, pero a ello se oponen con matices Junts y el PNV.

Sumar asegura que este decreto "permitirá dar solución de manera integral al problema de acceso a la vivienda", actualmente la principal preocupación de la ciudadanía española.

En total, con las dos últimas prórrogas aprobadas por el Ejecutivo (desde el 21 de marzo del 2026 hasta el 30 de junio del 2028) podrán beneficiarse casi cuatro millones de personas y un millón y medio de hogares.

Junts per Catalunya ha asegurado este miércoles que no apoyará el nuevo decreto de vivienda si el Gobierno mantiene las medidas "que perpetúan las ocupaciones" y no protege ni a los inquilinos ni a los pequeños propietarios.

En un comunicado, Junts ha exigido este miércoles incentivos fiscales para los inquilinos, protección al pequeño propietario y una mayor inversión pública en oferta de alquiler.

Asimismo, ha pedido que se desbloquee la ley contra la ocupación ilegal que presentó hace dos años y que aún sigue pendiente.

Junts considera que las políticas intervencionistas del Gobierno no solo no han solucionado el problema del acceso a la vivienda, sino que lo han agravado, trasladando la subida de precios a municipios donde la situación no era tan crítica.

Por ello, la formación catalana reclama que el estado, al igual que hacen la mayoría de los gobiernos europeos, asuma el coste de las políticas de vivienda social para las personas vulnerables, y no los pequeños propietarios, además de pedir que se restablezcan las cuentas de ahorro para la vivienda, con el fin de ayudar a los jóvenes a ahorrar para la compra de su primera vivienda.

El teléfono de Pablo Bustinduy no para de sonar. En los últimos meses, se ha convertido en la pieza clave de Sumar dentro del Gobierno de coalición. Un interlocutor imprescindible con el PSOE y artífice de algunos de los grandes avances del Ejecutivo en este final de la legislatura. Pero todavía le queda mucho trabajo.

Bustinduy vive unas horas de satisfacción después de que el Congreso diera el visto bueno este martes a una histórica reforma del sistema de dependencia, que irá acompañada también de una aportación financiera sin precedentes por parte del Ejecutivo central para darle un impulso a esta columna del Estado del bienestar de la mano de las comunidades.

Y, además, el titular de Derechos Sociales está negociando de manera discreta con el socio mayoritario del Gobierno el decreto en materia de vivienda que el Ejecutivo se ha comprometido a llevar antes del mes de agosto al Consejo de Ministros y que se perfila como una de las iniciativas estrella de la coalición para coger impulso en un momento en el que se vislumbran las elecciones generales.

Con Yolanda Díaz de salida por su renuncia a presentarse en las próximas generales, Bustinduy ha ganado mucho peso dentro del ala de Sumar. Desde su Ministerio, a pesar de no tener grandes competencias, se empuja con fuerza al PSOE para ir más allá de las declaraciones y ofrecer iniciativas concretas a los ciudadanos. Como repiten en ese espacio de la coalición constantemente: “A los socialistas hay que obligarlos a hacer”.

Para Bustinduy era esencial sacar adelante las reformas de las leyes de dependencia y de discapacidad. El Pleno del Congreso dio finalmente su visto bueno con el apoyo de todo el arco parlamentario, a excepción del voto negativo de Vox y la abstención del Partido Popular. Fuentes del Ministerio de Derechos Sociales subrayan que las derechas “han quedado retratadas” con su posición. Asimismo, recalcan que el Gobierno se compromete a una financiación del 50%, una exigencia que habían hecho los populares, aunque luego han evitado respaldar la propuesta. Pero la mayoría de investidura volvió a cobrar sentido en el debate de la Cámara Baja.

“Es la mayor reforma social en nuestro país en lo que va de siglo”, proclamó Bustinduy desde la tribuna de oradores del Congreso, donde subrayó que se trata de “una revolución y una transformación profunda” del sistema público que responde “a las necesidades tanto de las personas que reciben cuidados como de quienes cuidan”. 

El ministro de Derechos Sociales está enfrascado ahora en la negociación con Isabel Rodríguez del próximo decreto de vivienda. Se trabaja en una doble dirección: pactar con el PSOE el texto y configurar un menú, además, que pueda ser votado también por el PNV y Junts en el Congreso, los dos partidos que miran con más recelo las iniciativas que vienen de la izquierda.

Bustinduy busca un decreto “ambicioso”, como señalan en el Gobierno, que incluya medidas como las prórrogas de los alquileres (algo que ya consiguieron incorporar en el anterior texto, pero que no fue convalidado por el Congreso), la regulación de los alquileres de temporada y una fiscalidad disuasoria para los pisos turísticos.

A la vez, también de manera silenciosa, el ministro perfila con los socialistas el próximo proyecto de Presupuestos Generales del Estado. Sobre la mesa ha puesto de manera insistente la iniciativa de aprobar una prestación mínima universal para familias con hijos menores de 18 años. Es una de sus grandes obsesiones desde que llegó al Paseo del Prado, pero los socialistas la han bloqueado hasta el momento. 

Bustinduy ha tratado de dotar de contenido a su Ministerio a pesar de las pocas competencias y de un presupuesto pequeño. Se ha centrado en la lucha contra los abusos de empresas como Ryanair o Alquiler Seguro. Esto también le ha granjeado grandes enemigos. Pero los suyos recuerdan que siempre ha tenido claro de qué lado está, “moleste a quien le moleste”. Una de sus quejas en privado es que el Gobierno se enfrenta con pocos funcionarios a las batallas con estas multinacionales, que se dejan millones de euros en equipos jurídicos y en lobbies en Europa.

Su papel en el Gobierno lo ha convertido para muchos dentro del espacio en el candidato natural para concurrir a las elecciones generales después de que Díaz se haya apartado de la carrera. Él lo rechaza constantemente. No quiere serlo por motivos personales ni quiere entrar de lleno en la vida orgánica de los partidos. Como dice una persona que lo conoce mucho: “Detesta las guerras internas. Cree que desgastan mucho más que la gestión”.

Bustinduy rechaza dar ese paso hacia adelante en la izquierda en un momento en el que el espacio no sabe ni cómo se va a articular ante unas elecciones generales que cada día están más cerca. Todavía hay algunos dirigentes que piensan que lo pueden convencer para que lidere una lista. “Es un político serio, con ideas, con templanza. No es el alma de la fiesta, pero genera mucha confianza”, recalca un miembro de Sumar.

El ministro de Derechos Sociales es el segundo miembro del Gobierno con mejor puntuación. Solo lo supera el vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, según el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas hecho público este miércoles. Son los dos únicos que tienen notas por encima del cinco. Por eso, algunos creen que sería el mejor aspirante. Pero las izquierdas, por el momento, sólo ven dirigentes apartándose, como Díaz y Ada Colau, mientras que Gabriel Rufián rebaja las expectativas sobre su posible salto.

En esa labor de construir el futuro de la izquierda tiene ahora un papel muy importante la mano derecha de Bustinduy, Rosa Martínez. La secretaria de Estado de Derechos Sociales asumió el fin de semana pasado el coliderazgo de Movimiento Sumar, junto a Verónica Martínez Barbero, actual portavoz del espacio en el Congreso. La última oportunidad para salvar al partido que fundó Díaz.

Bustinduy, en cambio, solo quiere oír hablar de vivienda y presupuestos.

Las palabras de Alberto Núñez Feijóo sobre el absentismo laboral han provocado un aluvión de críticas para el presidente del PP por parte del Gobierno y los sindicatos. "Que casi 1,2 millones de personas no acudan a trabajar todos los días es algo que España no se puede permitir", dijo Feijóo, que añadió que se debe abordar el asunto "con o sin acuerdo, sentar a patronal y sindicatos y tomar una decisión".

El líder de los populares aseguró que "todo aquello que supere un 4-5% de absentismo tiene un enorme porcentaje de fraude, hay que abordar este asunto con las comunidades autónomas, el Gobierno central y la patronal y sindicatos, y si llegamos a un acuerdo, fantástico, y si no llegamos, qué le vamos a hacer, pero España no puede dedicar 30.000 millones a esto".

La primera en criticar las palabras del fraude ha sido la ministra de Sanidad, Mónica García, que ha recordado al líder del PP que detrás de cada baja médica hay un facultativo por lo que cuando habla de fraude, de lo que está hablando es de "fraude de los profesionales sanitarios que recetan esas bajas".

"Las altas y las bajas son actos médicos", ha recalcado García, que ha tachado de "desafortunadas" las palabras del presidente del PP al "equipararlo a la palabra cáncer".

Se preguntó también Feijóo qué ocurre con un absentismo como el de nuestro país y cuestionó que un trabajador cobre lo mismo cuando va a trabajar que cuando se encuentra de baja. "Si en los convenios de empresa se pacta que una persona que no va a trabajar cobre lo mismo que cuando va a trabajar, ¿qué quieren que les diga?", señaló, para después decir que, si la Administración pública considera que un ciudadano puede "darse de baja y no ir a trabajar sin justificación y sigue teniendo el mismo sueldo y prestaciones", este tipo de absentismo "no se sostiene".

También el presidente del Gobierno ha recogido las palabras de Feijóo para criticar que "quien llama 'cáncer' a las bajas laborales y propone que los trabajadores enfermos cobren menos deja claro de qué lado está", ha escrito el jefe del Ejecutivo en X, en el que ha asegurado que el Gobierno está "del lado de quienes madrugan, trabajan y merecen protección cuando la salud les falla".

"Los derechos no se recortan. Se defienden", ha señalado también Sánchez, que ha contestado así a la propuesta de Feijóo ante un grupo de empresarios vascos para abordar el "cáncer" del absentismo laboral para lograr reducirlo con o sin acuerdo sindical y a su cuestionamiento de que un trabajador cobre lo mismo y tenga las mismas prestaciones cuando va a trabajar que cuando no lo hace.

A las críticas se han sumado también la vicepresidenta, ministra de Trabajo y principal figura política de Sumar, Yolanda Díaz, y la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, que han cargado este martes contra el presidente del PP.

En un mensaje publicado en su cuenta de BlueSky, Díaz ha afeado que "estar enfermo no es una elección" pero "elegir desproteger a las personas trabajadoras cuando más vulnerables están, sí lo es".

"Feijóo deja claro qué hará si llega a ser presidente del Gobierno. No lo vamos a permitir", ha añadido.

En ese mismo sentido, Torró ha criticado en su cuenta de X que las prioridades de Feijóo consisten en ampliar los derechos del concebido no nacido "mientras se recortan para los trabajadores que enferman". "Cuanto más ultra, mayor es su despropósito".

El PSOE ha cargado contra el proyecto "ultra" de Feijóo, que "está dispuesto a pasar por encima del diálogo social y del Estatuto de los Trabajadores para imponer recortes a quienes más protección necesitan".

Por otro lado, CCOO y UGT creen que las palabras del líder popular son un "disparate". Unai Sordo ha asegurado que "mandar a la gente a trabajar enferma, reducir las prestaciones por baja que paga la empresa, aunque hayan sido pactadas entre trabajadores y empresas o presuponer un fraude masivo en las bajas, más que un programa electoral, es una declaración de intenciones".

Además, Pepe Álvarez, secretario general de UGT, destacó que lo pactado en los convenios tiene "fuerza de ley" y por ello se debe "respetar": "El absentismo conlleva sanciones, porque no tiene justificación. Meter el mismo saco las bajas laborales, permisos y licencias, es un disparate".

Movimiento Sumar vuelve a otra asamblea el día 11. De nuevo, con aire refundacional. O de supervivencia. ¿O de última oportunidad? La tercera en tres años. Y lo hace tras unos meses de enfrentamiento cainita, de denuncias de acoso laboral, de dimisiones, de ausencia de liderazgos y de cohesión. Queda un solo cartucho.

En ese cónclave no se vivirá lucha interna porque ya se ha librado durante las últimas semanas. Solo habrá una lista, surgida del sector crítico. El partido fundado por Yolanda Díaz quedará en manos a partir de entonces de la portavoz en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, y de la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez.

Se hacen con las riendas tras unas semanas de máxima tensión interna. Pero ya hay vía libre a una sola lista después de la decisión de Lara Hernández, hasta este miércoles líder del partido, de no presentarse y de dejar hasta la militancia una vez que se ha archivado el expediente abierto contra ella por supuesto acoso laboral.

El proceso de presentación de candidaturas para la asamblea ha estado marcado por este hecho. Finalmente, la comisión interna ha cerrado el expediente contra Hernández, iniciado el pasado mes de febrero y originado por la denuncia de varios cargos orgánicos e institucionales. Esto ha provocado una situación muy tensa dentro de la formación que puso en el punto de mira las formas de la que era la cocoordinadora.

A pesar de cerrarse el expediente, Hernández ha decidido que no quiere seguir en esta formación tras una campaña que califica “de desprestigio”. Se va, como confiesa, con la cabeza alta porque se ha demostrado su inocencia, pero con el amargo sabor de que la izquierda ha vuelto a defraudar a sus votantes por la imagen ofrecida en un momento en el que precisamente intenta rearmarse frente al avance de las derechas.

Ese expediente se archiva a las puertas de la asamblea y después de que se hayan retirado todos los denunciantes. Hernández deja la primera línea política y vuelve a su plaza de profesora de Filosofía en un instituto público de la Comunidad de Madrid. Pero no ha cerrado la puerta a contribuir al futuro de la izquierda desde otros ámbitos. Por el momento dice que seguirá con el activismo a pie de calle y también prevé acudir a actos del espacio progresista.

Este terremoto en Movimiento Sumar llega en un momento en el que la izquierda trata de rearmarse para las próximas elecciones generales. El espacio quería tener ya una candidatura para el verano, consciente de que la campaña electoral para las generales empieza en septiembre aunque las elecciones sean en 2027. Pero, lejos de eso, en las últimas semanas ha habido varios chascos. Por un lado, Gabriel Rufián, el gran mirlo blanco al que miran muchos progresistas, ha desinflado la posibilidad de liderar una lista a nivel nacional.

También el espacio se ha encontrado con el rechazo de Ada Colau a presentarse a las generales, a la vez que Izquierda Unida, el principal pegamento de la unidad, no ha encontrado el trampolín que esperaba en las elecciones andaluzas, a las que llevaba como número uno a Antonio Maíllo, líder a nivel nacional. Hernández, además, era una de las interlocutoras principales del intento de refundación de Sumar como lista junto a Más Madrid, IU y los comuns.

El espacio sigue por el momento sin una figura sólida que pueda unir sensibilidades y servir de paraguas para las elecciones. En las quinielas aparecen nombres como los ministros Ernest Urtasun y Pablo Bustinduy, aunque este último se ha apeado varias veces de la carrera por la sucesión de Yolanda Díaz como número uno. Todo ello en un momento en el que los comicios ya no se ven tan lejos después de que el presidente, Pedro Sánchez, haya abierto la puerta a adelantarlos si no logra sacar adelante el proyecto de presupuestos generales del Estado.

Los miembros de Sumar en el Gobierno tratan, no obstante, de presionar al PSOE en estos momentos para aprobar medidas más ambiciosas que pongan de relieve su papel en el Ejecutivo de coalición. Por eso, en el espacio señalan entre sus victorias que se hayan aprobado una financiación histórica en materia de dependencia y el decreto de vivienda que se acordó el lunes en el Consejo de Ministros.

La gran incógnita es qué papel puede jugar Movimiento Sumar en estos momentos. El partido, a partir de la asamblea del día 11, tendrá que demostrar si es viable y si sirve como instrumento político para el próximo ciclo electoral. Toda la presión recae ahora en Barbero y Martínez, que anunciaron la semana pasada su candidatura de esta manera: "Después de varias semanas de trabajo y debate, hemos decidido dar el paso y presentarnos a la coordinación de Movimiento Sumar en la asamblea que celebraremos el próximo 11 de julio. Queremos hacerlo así, juntas, en común, compartiendo y conversando. Avanzando a la par".

Barbero es una persona de la confianza de Díaz y fue la elegida para sustituir a Íñigo Errejón como portavoz en el Congreso después del escándalo por las denuncias machistas. Asimismo, atesora un gran bagaje de gestión después de haber sido pieza fundamental durante su etapa en el Ministerio de Trabajo junto a la vicepresidenta segunda para llevar a buen puerto la negociación de la reforma laboral o para diseñar el mecanismo de los ERTE en plena pandemia del coronavirus.

Martínez es persona de la máxima confianza de Bustinduy y es su número dos en el Ministerio de Derechos Sociales. Ha sido una de las políticas de referencia durante años en Equo y aportará a la dirección ese marcado carácter ecologista, una de las señas del partido que fundó Díaz.

En Movimiento Sumar también son conscientes de un reto que hasta ahora no ha sido posible materializar: el arraigo territorial. Por eso, la nueva dirección del partido se plantea pisar mucho todas las comunidades autónomas y dar voz a esa España plurinacional. Todo ello con la vista puesta en la gran cita de mayo del año que viene en la que habrá autonómicas y municipales y la izquierda se enfrentará al reto de conformar grandes frentes amplios después del desastre del 28 de mayo de 2023.

Movimiento Sumar y su tercera asamblea. La última oportunidad.  

Movimiento Sumar ha estallado. El partido que fundó Yolanda Díaz vive sus horas más bajas. Una formación nueva que no sabe qué futuro le espera. El cóctel molotov incluye una fuerte lucha de poder, dimisiones en su Ejecutiva, denuncias internas y falta de liderazgo en un momento clave para las izquierdas que buscan una fórmula para las próximas elecciones generales.

La lucha de poder interno lleva tiempo librándose, aunque sin apenas repercusión pública. Y en el centro está la actual líder, Lara Hernández, que ha despertado muchos recelos entre grupos de la formación. El sector crítico tiene como principal referencia en estos momentos a la portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero. Con una raíz: la decisión de Yolanda Díaz de no concurrir de nuevo como número uno en la papeleta electoral. Y con un objetivo: ganar el liderazgo en la asamblea que está prevista para el próximo mes de julio. Este jueves, la organización tiene previsto fijar su hoja de ruta para este proceso interno.

El origen de Movimiento Sumar fue la decisión de Díaz de generar un nuevo paraguas dentro de las izquierdas con motivo de las elecciones del 23J. Surgió entonces el espacio de Sumar, bajo el que concurrieron diferentes partidos como Izquierda Unida, Compromís, los comunes, Chunta, Podemos o Equo, entre otros. Y posteriormente, la vicepresidenta segunda trató de canalizar esa fuerza en un partido en sí mismo, que ha fracasado en su intento de ser la gran casa a la izquierda del PSOE.

Movimiento Sumar quería ser el principal vehículo de ese espacio, pero ahora es un partido minoritario con una débil capacidad de influencia. La primera gran caída se produjo en las elecciones europeas de 2024, que se saldaron con tan sólo tres diputados. Díaz decidió en ese momento apartarse como líder orgánica y dejar espacio a otras figuras. Asimismo, partidos como IU, Más Madrid o los comunes pidieron más espacio en el grupo parlamentario en el Congreso, cansados del hiperliderazgo de la también ministra de Trabajo, que impuso a Estrella Galán en lo más alto de aquella plancha electoral.

Pero la sucesión de Díaz nunca cuajó, a pesar de las críticas que empujaron a la vicepresidenta a dejar el cargo interno. Nadie ha conseguido llenar ese hueco. En la última asamblea, que se celebró en marzo del año pasado, salió un equipo directivo encabezado por Lara Hernández y Carlos Martín. Pero este último dimitió de ese puesto en agosto del año pasado, alegando motivos personales, aunque no dejó su acta como diputado en el Congreso.

Desde ese momento, Hernández se quedó al frente de Movimiento Sumar. Su cara más visible, la persona que daba las ruedas de prensa todos los lunes, la encargada de negociar con el resto de formaciones, la imagen del partido en los actos de confluencia en Madrid, Barcelona y Sevilla para impulsar una candidatura para las generales. Pero Hernández, que viene de la cantera de Izquierda Unida, está en el centro ahora de todas las miradas. Muchos ven en ella a la gran desestabilizadora de la Ejecutiva.

El núcleo de la organización ha sufrido un terremoto esta semana con dos dimisiones al más alto nivel: Laura Moreno (responsable de la Secretaría de Organización) y David Comas (secretario de Comunicación y de Discurso). La primera ha removido todos los cimientos de la organización con una carta en la que denuncia la “falta de respeto” en la dirección e injerencias en procesos de primarias.

Asimismo, en la misiva se recoge que hay una denuncia interna “interpuesta por seis altos dirigentes institucionales y orgánicos que pudieron observar comportamientos preocupantes de la coordinadora hacia algunos trabajadores”. Moreno habla incluso del “deterioro” de su salud mental y de la “ansiedad crónica” que ha sufrido durante este tiempo, lo que la ha llevado a tener que medicarse y tratarse. Desde el entorno de Hernández niegan comportamientos de acoso laboral y dicen que la verdad se terminará imponiendo.

El comportamiento de Hernández está en el ojo del huracán, como también ha sacado a relucir Elizabeth Duval, que dejó su cargo en la dirección en marzo del año pasado. La filósofa ha señalado durante estas horas en la red social X: “Yo dimití como coordinadora de Comunicación de Sumar hace ya más de un año. En el año transcurrido desde entonces, han dimitido: la secretaria de Organización, el secretario de Comunicación y hasta el cocoordinador general. ¡Me pregunto quién será responsable del destrozo!”

Para añadir directamente: “Por ser más concreta: Lara Hernández, que lleva meses vulnerando los estatutos, con una investigación abierta por acoso laboral, acusada de fraude en primarias internas por su propia exsecretaria de Organización, debería dimitir y no presentarse a la siguiente asamblea de Sumar”.

Con esta marejada interna, Movimiento Sumar dará el pistoletazo de salida a su próxima asamblea este jueves, con la aprobación de la hoja de ruta de ese cónclave. Hernández, que era la favorita hasta este momento, ahora se encuentra en un momento muy complicado y no ha confirmado si se va a presentar. Tampoco Martínez Barbero ha dicho si dará el paso. Ante esta contienda, en el espacio también hay quienes apuntan a la posibilidad de que pueda tomar las riendas el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, que es el portavoz de la formación.

¿Se puede abrir la puerta a que vuelva Díaz? En el entorno de la vicepresidenta rechazan esta posibilidad y recuerdan que ella ya dejó hace dos años sus cargos orgánicos ante las críticas a su liderazgo. Ella, como señalan fuentes cercanas, detesta la vida interna de los partidos y ya ha dicho que ni siquiera opta a repetir en las próximas elecciones generales. Tampoco toma partido por ninguna de las opciones que se perfilan ahora de cara a esa asamblea.

Esta crisis dentro de Movimiento Sumar impacta de lleno en el proceso de confluencia de las izquierdas, en un momento en el que todavía no se ha perfilado un instrumento de unidad. De hecho, este partido lleva trabajando meses junto a Izquierda Unida, los comunes y Más Madrid en una papeleta común. El partido de Díaz es el principal motivo para que Podemos no se sume a esa vía. Y, a la vez, se producen los encuentros de Gabriel Rufián para cohesionar a ese espacio. Esta lucha dentro de Movimiento Sumar lleva a que sea más débil la formación, que era ya era de por sí la que menos peso interno tenía dentro del espacio. La izquierda vuelve a tropezar consigo misma.

“Alzo la mirada, mis ojos en Jesús. Alzo la mirada, clavada en la cruz. Cuando miro al cielo, todo es nuevo con su luz. Alzo la mirada. Alzo la mirada. Alzo la mirada. No estoy hecho para mirar al suelo”.

El estribillo se repite minuto a minuto. Es el himno oficial de la visita del papa a España. En todos los actos, los altavoces reverberan a este ritmo. León XIV prosigue su visita al país, con una clase política volcada de lleno en el viaje. La mayoría de medios emiten durante casi las 24 horas todos los pasos del pontífice, que lanza mensajes a favor de la paz y de la inclusión de los migrantes, pero también muestra su rechazo al aborto y a la eutanasia.

Pero, ¿qué piensan políticamente los católicos practicantes en España? ¿Y los no practicantes? ¿A quién votan? ¿Qué les preocupa? ¿Tienen también interiorizados los valores que proclama León XIV?

Si hoy se celebrasen elecciones generales en España, la derecha se impondría con mayoría absoluta entre los católicos practicantes. Según el barómetro de mayo del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el 32,7% de ellos y ellas meterían la papeleta del Partido Popular. Después se situaría Vox, con un 19%. El PSOE aparece en tercera posición, con un 18,2%. A mucha distancia ya se sitúan la cuarta y quinta opción: Falange (1,4%) y Se Acabó la Fiesta (1,1%). El apoyo a las izquierdas es irrisorio en ese segmento: Podemos (0,8%), Sumar (0,3%), BNG (0,2%) y EH Bildu (0,1%). También el que obtendría la derecha soberanista: PNV (0,3%) y Junts (0,2%).

Pero lo que hay entre católicos practicantes es una sensación de vacío en el panorama político, ya que el 42% confiesa en el sondeo que no siente simpatía por ninguno de los partidos políticos. El que genera más afecto, no obstante, es el Partido Popular, citado por el 19,6%. El PSOE cae “simpático” al 7,9%, mientras que la ultraderecha de Santiago Abascal solo tiene buena imagen entre el 3% de los encuestados. Muy cerca se sitúa Se Acabó la Fiesta, con un 1,9%.

Los católicos practicantes colocan la vivienda como el principal problema que tiene el país, aunque su nivel de preocupación es inferior al de los no practicantes, ateos, agnósticos y creyentes de otras religiones. Y señalan como segunda preocupación al Gobierno y los partidos, por delante de la crisis económica y la migración. 

Asimismo, la opción favorita de los católicos practicantes para ser presidente del Gobierno es Alberto Núñez Feijóo (Partido Popular), al que apoya el 25,4%. Pedro Sánchez es la segunda opción, con un 17%, por delante de Santiago Abascal (Vox), que tiene el respaldo del 15,7%. Isabel Díaz Ayuso está en cuarto lugar, aunque su porcentaje no llega al cinco por ciento. El interés por los líderes de izquierdas no alcanza ni al uno por ciento como eventuales jefes del Ejecutivo: Yolanda Díaz (0,6%), Gabriel Rufián (0,4%) e Irene Montero (0,3%).

En cuanto a la valoración de los propios líderes, sólo aprueba entre los católicos practicantes Núñez Feijóo, al que le dan un 5,32 de nota media. Abascal es el segundo, con un 4,37. Luego ya está Sánchez, con un 3,62, por delante de Yolanda Díaz, con un 3,52.

A pesar del discurso a favor de la ayuda e integración de los migrantes, el grupo de los católicos practicantes es el que da más apoyo al concepto de “prioridad nacional" impulsado por Vox y que está aceptando el Partido Popular para formar gobiernos autonómicos como los de Extremadura, Aragón y Castilla y León. El 67,2% está “muy” o “bastante de acuerdo” con que las políticas sociales se orienten en este sentido.

La derechización del electorado católico cae cuando se trata de católicos no practicantes. De hecho, según los datos del barómetro de mayo del Centro de Investigaciones Sociológicas, el PSOE se impondría en este espectro en unas elecciones generales, con una intención de voto del 28,2%. El Partido Popular cae casi diez puntos respecto a los practicantes y se sitúa en el 23%, mientras que Vox se queda en el 15,4%.

Entre los no practicantes, luego se sitúan, de manera casi residual, otros partidos como Se Acabó la Fiesta (2,2%), Esquerra Republicana (1,3%), Sumar (1,2%), Junts (0,8%) y Podemos (0,3%).

La mitad de los votantes católicos no practicantes confiesa que no siente simpatía por ningún partido. El que despierta más afinidad es el PSOE, aunque solo lo nombra el 13,6%. Luego aparecen el Partido Popular (8%), Vox (3,5%), Izquierda Unida (1,2%), Sumar (1,1%), Pacma (0,7%), Podemos (0,3%) y Junts (0,3%). Los socialistas también se imponen en la pregunta de qué partido se acerca más a sus ideas personales, con un 30%. Por delante del Partido Popular (23,1%) y de Vox (15,7%).

Asimismo, este grupo de votantes da su nota más alta, aunque no aprueba, al presidente del Gobierno, que recibe de media un 4,11, por delante de Núñez Feijóo, que le sigue de cerca con un 4,02. En cambio, Díaz se queda en un 3,76. El menos valorado es Abascal, que tiene un 3,28. 

Los católicos no practicantes se sitúan en general en el centroizquierda, con una autoubicación media de 4,95 (del 1 de la extrema izquierda al 10 de la extrema derecha). En cambio, los practicantes están mucho más derechizados, con un 6,20. Quienes se ven más a la izquierda son los ateos (3,02) y los agnósticos (3,80). En otro orden de cosas, los practicantes tienen porcentajes más altos de pertenencia entre la clase alta, media alta y media media. En cambio, los no practicantes se imponen en la clase media baja, la clase obrera y la clase baja.

El acto que compartirán Gabriel Rufián y Mónica Oltra en València el próximo 19 de junio es el tercero que protagoniza el político catalán en un momento de incertidumbre sobre su futuro político —tras sus exigencias públicas a Esquerra Republicana— pero también por las incógnitas sin despejar en el espacio situado a la izquierda del PSOE. En ese espacio casi todos reconocen que Rufián es uno de los dirigentes con mayor capacidad de “ilusionar” frente a unas derechas ultramovilizadas. E identifican el hecho de que comparta escenario con Oltra, la dirigente valenciana más influyente de las últimas décadas, como otro paso más.

Lo que ambos esperan es que el acto sirva para abrir un debate formal sobre el futuro de un espacio político que lleva meses atrapado entre las tensiones internas de Sumar, la estrategia autónoma de Podemos y la ausencia de una figura capaz de ejercer de referente compartido. Según aseguran fuentes autorizadas a infoLibre, dirigentes de Sumar ya están tanteando a diferentes perfiles para encabezar la candidatura de las próximas generales, si bien todavía están en una fase inicial a la espera de lo que decida Rufián, de las negociaciones entre partidos y la evolución de los casos de corrupción que afectan al PSOE.

La cita del próximo 19 de junio pretende, según fuentes del entorno de Rufián, ser un acto que contribuya a un "debate enriquecedor sobre la responsabilidad de las izquierdas soberanistas ante la salvajada que nos viene", en referencia a una eventual victoria del Partido Popular con la ultraderecha de Vox en las generales. En ese diagnóstico, el encuentro con Oltra se plantea como un paso más en la construcción de alternativas a la dispersión del voto progresista y se produce pocas semanas después de que Rufián se mostrase dispuesto a liderar una eventual confluencia de izquierdas.

Durante la última década, la izquierda alternativa ha funcionado alrededor de liderazgos muy definidos. Primero fue el exlíder de Podemos y exvicepresidente, Pablo Iglesias. Después, Yolanda Díaz. Con estilos, discursos y bases electorales diferentes, ambos ejercieron como polos de agregación de organizaciones diversas. Actualmente, sin embargo, en el espacio no hay un liderazgo claro desde que Díaz renunció a encabezar un nuevo proyecto electoral el pasado mes de febrero. Y en Sumar son conscientes de que esa es su principal debilidad.

La retirada de Díaz de la primera línea electoral dejó al descubierto un problema que llevaba tiempo incubándose, la dificultad para encontrar una figura con suficiente reconocimiento público, capacidad de negociación interna y atractivo electoral como para ordenar un ecosistema cada vez más fragmentado. No pocos identifican que el ciclo inaugurado por el 15M y la irrupción de Podemos está “agotado”, al igual que la legislatura.

Tampoco se puede ignorar que el espacio de la izquierda transformadora ha perdido peso institucional, ha sufrido divisiones sucesivas y ha visto cómo parte de su energía política se desplazaba hacia proyectos de ámbito territorial. Según explicó Rufián en el reciente coloquio celebrado en el Club Siglo XXI,  las izquierdas de ámbito estatal “son el problema” porque han perdido capacidad para ordenar el espacio alternativo al PSOE y deben dejarse “inspirar” o arrastrar por las fuerzas arraigadas al territorio. 

En ese contexto se entienden mejor los movimientos de Gabriel Rufián. En los últimos meses, el portavoz de ERC ha multiplicado los contactos con dirigentes de distintos espacios de la izquierda, adelantados por infoLibre. En febrero se produjo el primer acto con Emilio Delgado en Madrid, después el evento con Irene Montero en Barcelona, y este mes de junio se sentará junto a Oltra. A diferencia de los dos primeros, en el caso de la dirigente valenciana fue el portavoz de ERC quien le solicitó formalmente el encuentro.

El dirigente catalán intenta situarse como puente entre la izquierda estatal y las izquierdas soberanistas. Sin embargo, él tampoco se autodescarta para liderar ese eventual frente común, ya rechazado por formaciones como EH Bildu, BNG o la propia ERC. En el foro citado, aseguró que, si estaba en condiciones de "ayudar a que haya una confluencia o una colaboración entre las izquierdas soberanistas y estatales" y ser "el cabeza de lista", iría "p’alante". También advirtió de que no volverá a presentarse como cabeza de lista por ERC si no se cumplen determinadas condiciones vinculadas, entre otros aspectos, a la composición del grupo parlamentario.

Fuentes de su entorno aseguran que ha estado “reflexionando mucho” en las últimas semanas y que "es posible" que en ese acto "resuelva su futuro" después de que esta misma semana ERC haya aumentado la presión sobre Rufián tras estallar públicamente la situación interna del grupo en Madrid. Sin embargo, pocas voces consideran que su horizonte inmediato sea liderar una candidatura estatal si no se marcha definitivamente de ERC. En ese caso, tampoco sería fácil ya que el dirigente catalán no cuenta con una estructura partidista detrás y tendría que depender del resto de formaciones para configurar las listas.

Lo que sí reconocen distintos dirigentes en conversación con este periódico es que Rufián está ocupando un espacio político necesario y que intenta abrir una conversación estratégica sobre el futuro de la izquierda más allá de las siglas existentes. Sin embargo, también le reprochan que no aterrice su proyecto, no ofrezca certezas ni concrete qué papel quiere jugar en un momento que todos creen que es clave para el futuro del espacio.

La presencia de Mónica Oltra es también importante para la reconfiguración del bloque. La exvicepresidenta valenciana prepara su regreso institucional de la mano de Compromís, si bien un sector de Més, el partido mayoritario encabezado por Joan Baldoví, desconfía de su “excesivo protagonismo”. Y lo cierto es que su influencia supera desde hace años el ámbito estrictamente valenciano y sigue siendo una referencia para sectores amplios del progresismo.

La exvicepresidenta de la Generalitat Valenciana anunció en marzo su regreso a la primera línea política con el objetivo de disputar la alcaldía de València en 2027, a la espera del juicio oral por la causa que considera un caso de persecución judicial. Desde entonces, ha defendido la necesidad de una candidatura capaz de agrupar a la izquierda valenciana y ha llegado a afirmar que habrá "un pacto de todas las fuerzas políticas" que quieran cambiar la capital del Turia.  El suyo, aseguran en Sumar, es un claro “caso de lawfare” que nada tiene que ver con las investigaciones que afectan a la cúpula del PSOE a las que sí dan crédito.

El encuentro entre Oltra y Rufián también busca simbolizar que el poder está cambiando de geografía, ya que durante años las decisiones estratégicas se tomaban fundamentalmente desde Madrid. Actualmente, sin embargo, algunas de las organizaciones más competitivas se encuentran fuera de la capital. Es el caso Compromís en la Comunitat Valenciana, el de Adelante Andalucía o el de la Chunta Aragonesista en Aragón, todas ellas con una fuerte implantación territorial. Formaciones que rechazan, además, diluirse en proyectos centralizados y reivindican fórmulas de cooperación basadas en relaciones más horizontales.

Esa realidad territorial explica por qué la discusión sobre el liderazgo se está transformando. Cada vez son más las voces que consideran improbable la aparición de una figura con la capacidad de hegemonía que tuvieron Iglesias o Díaz. No porque falten dirigentes relevantes, sino porque el propio espacio político ha cambiado, al igual que el contexto.

Hay figuras como la de la eurodiputada Irene Montero que conservan una influencia considerable y mantiene un núcleo militante muy movilizado, aunque genera resistencias fuera de Podemos. Otros como Antonio Maíllo también han ganado protagonismo desde Izquierda Unida —si bien el resultado de las últimas elecciones autonómicas no le sirvió para reivindicarse—, y hay nombres como el de la ministra de Sanidad, Mónica García, que también se repiten a menudo. Pero, por ahora, ninguno parece tener las cualidades para ser candidato.

En las últimas semanas el nombre de Emilio Delgado, que ha protagonizado una tensa negociación con García de cara a la candidatura de las autonómicas del próximo año en la Comunidad de Madrid, también resuena. Y él mismo ha dejado caer en alguna ocasión que estaría dispuesto a ser el candidato, si bien todavía no cuenta con apoyos internos para ello.  

La hipótesis que empieza a abrirse paso en algunas conversaciones internas no pasa por encontrar un nuevo liderazgo personalista, sino por construir una dirección más plural donde distintos referentes territoriales compartan protagonismo. Es la fórmula Sumar de la actual legislatura, con el ministro Ernest Urtasun como portavoz, Díaz como jefa del Gobierno y Lara Hernández como la líder de la organización. Sin embargo, deberá haber un nombre en la papeleta por Madrid —o Barcelona—  sobre el que recaiga el peso de la campaña.

Con todo, las diferencias estratégicas entre las distintas organizaciones siguen siendo profundas y los incentivos para preservar las identidades propias continúan siendo muy fuertes. Pero el hecho de que dirigentes procedentes de tradiciones tan distintas estén buscando puntos de encuentro revela que la izquierda alternativa atraviesa un momento de redefinición y sabe que el tiempo para resolver sus debates internos empieza a agotarse.

Las elecciones en Andalucía, nación del Sur, periferia europea, llegan a su final este domingo con Juan Manuel Moreno Bonilla surfeando la ola de la mayoría absoluta. Alejado del Madrid D.F. y de los gobiernos del futuro terror asimilados por la prioridad nacional en Extremadura, Aragón y Castilla y León, el presidente de la Junta ha puesto a prueba su fortaleza y los límites que definen la derecha plural. El silencio benedictino ha permitido al guardián de San Telmo resistir el primer debate electoral y colocar el marco de discusión entre PP y Adelante Andalucía en el segundo combate. Estos comicios transcurren por carreteras secundarias, en un sistema autónomo compuesto por ocho provincias en las que Vox corre el serio riesgo de desfondar, situándose por debajo del 13% de los votos. Aviso a navegantes: la derrota de María Jesús Montero no anticipa la derrota de la izquierda plural en las próximas generales que se podrían celebrar en julio de 2027. Ni siquiera el fracaso de un nuevo Sumar impedirá que el PSOE ocupe ese espacio, por ahora, vacío.

Llegados a este punto, también conviene aclarar conceptos. Lo que pase en Andalucía se quedará en Andalucía. Cualquier estrategia que trate de definir una analogía entre el resultado del 17 de mayo en la nación del sur y el que tenga lugar en ¿julio del 2027? para decidir nuevo gobierno de España será una estrategia fallida. Las elecciones de Moreno Bonilla (primera vuelta de las generales) nos hablan de la reedición de una mayoría absoluta desde la cristalización de una derecha plural que bebe de diversas generaciones, un marco territorial perfectamente definido y un modelo económico que produce confianza después de ocho años de gestión. La carretera autonómica que Moreno Bonilla atraviesa en Andalucía transcurre paralela a otra de mayor distancia y recorrido, sobre la que carbura el gobierno de la izquierda plurinacional que tiene tiempo y capacidad suficiente para volver a repetir, siempre que sea capaz de resolver sus cuitas (y si no, también). En Vox creen que el PSOE está situado "incluso en el 38,5%" y todos saben que ambos senderos, el de Bonilla y el de Sánchez, comparten una elemento en común: los presidentes tienen bonus si completan sus legislaturas.

Hay gobiernos que intentan parecer neutros, casi burocráticos, como si su función fuera simplemente administrativa. Han entendido que, en las guerras cognitivas, lo importante es acaparar la atención del votante, volcarse en el dominio de sus emociones y, sobre todo, ocupar el campo de juego, controlando el balón y fijando propósitos y emociones en las gradas del estadio. Tan importante es lo que decidan los votantes el próximo 17 de mayo como que no hagan scroll. Jugar al despiste se paga. Engañar también. Lo sabe Fernando Clavijo. Lo hemos visto en la gestión de la crisis sanitaria en Tenerife. La derecha plural de Juan Manuel Moreno Bonilla apostó por la coordinación en la crisis de Adamuz y asumir el error en la de los cribados. Pero en las guerras cognitivas, la fe puede más que la memoria. Los debates electorales no han logrado despertar su vis mediática pero sí han permitido exponer que la estabilidad es la materia política con la que trabaja su gobierno. El mejor marketing electoral del PP andaluz es que sus electores lo necesiten: porque la suya es una estabilidad adherida a la industria de la actualidad. Si no gobierno, no podré convocar oposiciones. Sin estabilidad es imposible que haya continuidad. El presidente de Andalucía aún tiene tiempo suficiente para convencer a 400.000 indecisos, entre ellos a 15.000 votantes repartidos entre Vox y PSOE que están dispuestos a depositar en él su confianza.

En poco más de dos meses, Yolanda Díaz anunció su retirada como candidata y renunció a ir siquiera en las listas. IU y Maíllo, después de quedar fuera de las Cortes de Castilla y León el 15-M, se anticipó a resolver el asunto crucial y pendiente: ¿Quién lidera el futuro? Nadie parece querer. Se descartó Bustinduy y Unai Sordo sigue sin dar el paso. Si se lo pidieran, el secretario de CCOO quizás no lo rechazara, pero primero tendría que resolver quién puede ocupar su liderazgo en el sindicato sin crear fisuras internas. Después, antes de dar sí quiero, tendría que valorar si está dispuesto a construir un espacio, si acaso, bastante más volátil que su propio sindicato.

Sin que diera tiempo a que cuajase el debate, Juanma Moreno, el 23 de marzo, convocó las elecciones andaluzas y descolocó todavía más a los que quedaban en Sumar, que son menos sin Podemos tras el error Magariños: Lara Hernández y Verónica Martínez Barbero compiten como herederas de las ruinas de Yolanda Díaz; Mónica García y Emilio Delgado se dan puñaladas por ser el rival de Ayuso; Maíllo se ahoga en el pavor de que en Andalucía, donde mantiene su mayor implantación, les supere Adelante, los aliados de Teresa Rodríguez, ex de Podemos, y de IU. Conviene destacar que las reestimaciones del último sondeo del CENTRA elaboradas por el instituto Opina360 confirman ese escenario y apuntan a los 18 diputados si sendas formaciones hubiesen acudido unidas en una misma papeleta. Separadas, difícilmente podrán llegar a 14 escaños. Hará falta algo más que un Sumar 2.0 para que la izquierda alternativa a Sánchez no se desplome. Si Sordo no da el paso, el campo de juego de la izquierda acabará siendo ocupado en su totalidad por Pedro Sánchez.

Este martes el Gobierno ha aprobado el Plan Anual Normativo, un documento que recoge las iniciativas legislativas que prevé aprobar durante el año. En el documento no aparecía la reducción de jornada laboral hasta las 37,5 horas semanales, una de las medidas en las que más ha insistido Sumar y, sobre todo, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Pero a pesar de este interés, la medida sigue en el aire. Fuentes del ministerio señalan que el hecho de que no aparezca en el plan no implica que no se pueda llevar a cabo este año, aunque ante la falta de respaldo parlamentario priorizarán la puesta en marcha del registro horario, que pretenden llevar por otra vía.

El control de las horas extraordinarias es uno de los caballos de batalla del Ministerio de Trabajo y uno de los escollos en los que tropezó la propuesta de reducción de la jornada laboral hasta las 37,5 horas semanales que proponía Yolanda Díaz. Pero mientras que la reducción de jornada debe pasar por el Congreso para su validación, Trabajo pretende que el endurecimiento del control de las horas extraordinarias se tramite por real decreto.

Pero esta vía se ha encontrado con el rechazo de la parte socialista del Gobierno. Recientemente, el Ministerio de Economía y el Consejo de Estado han emitido informes desfavorables a la activación de un real decreto que obligaría a las empresas a implementar sistemas de fichaje digitales y accesibles por parte de Inspección de Trabajo. El vicepresidente primero y ministro de Economía Carlos Cuerpo pedía tiempo y una implementación “equilibrada” con “periodos de adaptación”, mientras Díaz insistía en la necesidad de regular este ámbito inmediatamente. “Aunque sea lo último que haga, el registro horario se va a hacer”, afirmaba la titular de Trabajo en el Congreso. 

Este real decreto se escindió de la propuesta inicial, que era la reducción de jornada laboral y que no logró el respaldo del Congreso en septiembre del año pasado. En aquel momento, PP, Vox y Junts votaron en contra y las posiciones no se han movido demasiado desde entonces. Por parte de Trabajo reconocen la complejidad para cerrar acuerdos sobre esta medida, pero señalan que buscarán una “ventana de oportunidad” para su tramitación.

En cuanto al real decreto sobre el registro horario, que ahora avanza de manera independiente, las mismas fuentes apuntan que su intención es hacerlo efectivo “antes del verano”.

Desde que tengo uso de razón, el Primero de Mayo ha sido para mí un día en el que mirar al futuro, para frecuentar Il sol dell'avvenire, por acordarme ahora de la deliciosa película de Nanni Moretti.

De la mano de mi padre, quien veía en cada Primero de Mayo la oportunidad de tomar aire e impulso para construir una sociedad más habitable para la gente corriente, para los que trabajan. Sus Primeros de Mayo eran los días con más trabajo del año, donde la reivindicación se mezclaba con los afectos y la camaradería, construyendo esa atmósfera única que se forma cuando la solidaridad se hace palpable en calles y plazas abarrotadas de trabajadoras y trabajadores.

Años después soy yo quien doy la mano a mi hija para recorrer las calles que ahora se convierten para mí en un recuerdo emocionado de Suso Díaz, el sindicalista de hierro, soldado, con la robustez con la que se unen los metales en Astano, a la memoria colectiva de la clase trabajadora de nuestro país.

El presente de este Primero de Mayo es muy diferente de cualquier otro. España ha completado la gran transformación del trabajo. No es solo que sea más, sino que es mejor. Tenemos la tasa de temporalidad más baja de nuestra historia, que por fin está en los parámetros europeos; más trabajo indefinido que nunca, que llega a las mujeres y a los jóvenes que antes quedaban fuera del empleo de calidad. Hemos desplegado normas ambiciosas y adelantadas a cualquier otro país para proteger a los y las trabajadoras del cambio climático. Fuimos pioneras en dar acceso a los representantes de los trabajadores al funcionamiento laboral de los algoritmos, porque no aceptamos que el trabajo del siglo XXI nos obligue a retroceder a las condiciones del s. XIX. Hemos hecho que los ERTE sean una alternativa real al despido. Hemos reconocido la ciudadanía laboral a las empleadas de hogar y a los artistas. La protección por desempleo ha mejorado sustancialmente y los trabajadores extranjeros que viven con nosotras podrán acceder a la integridad de sus derechos dejando atrás años de intolerables abusos y explotación.

Pero yo jamás vine a un Primero de Mayo a mirar para atrás, sino a conquistar el futuro, a pedir más y a reivindicar avances para quienes crean la riqueza en un país, que no son otros que los trabajadores y las trabajadoras.

El Primero de Mayo, como se recordará, fue instituido por Largo Caballero como fiesta nacional para “solemnizar” la conquista de la jornada de ocho horas.

No es posible que 95 años después de Largo Caballero las ocho horas de trabajo diario sigan constituyendo una referencia y, lo que es peor, que no se cumplan porque muchas empresas siguen basando su rentabilidad en la execrable práctica de no pagar horas extraordinarias y aumentar ilegalmente la jornada de sus trabajadores. Solo un registro digital y al que pueda acceder la Inspección de Trabajo puede resolverlo. Los que defraudan lo saben y por eso lo quieren evitar a toda costa. Nosotras también lo sabemos y no vamos a parar hasta que esté en el BOE.

Hoy es también un día profundamente democrático. La democracia se vive y se siente en la calle y por eso mismo se percibe todavía más su ausencia en las empresas. En los lugares donde pasamos un tercio de nuestras vidas no podemos decidir. Cuenta más un fondo buitre dedicado a desguazar una industria que la opinión de la plantilla que lleva media vida en la empresa. Tenemos derecho a decidir porque la democracia no se frena en seco en la puerta de la oficina o del supermercado y porque es un estándar europeo frente al que España es una anomalía. No estábamos condenados a ser el país con más temporalidad de la UE al igual que no estamos condenados a sufrir un sistema autoritario de relaciones laborales.

Y no olvidemos que son precisamente las trabajadoras y los trabajadores de nuestro país quienes sufren en primera persona la dificultad de acceso a una vivienda digna, porque no tienen herencias, sino salarios con los que no cabe afrontar las exigencias de los especuladores.

Pero el Primero de Mayo es también un día para no olvidar la fragilidad de lo que tenemos.

Hasta que llegamos al Gobierno, el PP permitía despedir trabajadores enfermos. Que nadie dude de que lo volverán a hacer: Rueda propone perseguir trabajadores de baja y algunos dirigentes patronales se ríen de quienes no pueden ir a trabajar hablando de “bajaciones”. Y, mientras tanto, las CCAA gobernadas por la derecha privatizan la sanidad y privan a los trabajadores de un diagnóstico y una curación rápida.

Hoy el SMI es de 1.221 euros. Lo hemos subido año a año, alguno de ellos con mucho esfuerzo. El PP lo congeló en dos ocasiones. ¡Congeló un SMI de 641 euros! Hoy Feijóo nos dice sin ambages que las subidas del SMI son “indiscriminadas”… mañana ya sabemos qué nos espera.

Nuestras conquistas, las que ya hemos logrado y las que vamos a lograr, no son eternas. Cada gobierno autonómico que queda en manos de la ultraderecha bicéfala de PP y Vox las pone en peligro persiguiendo a los sindicatos, primer paso antes de criminalizar la huelga y la acción sindical, como cuando el PP se dedicó a meter huelguistas en la cárcel con el Código Penal en la mano, el Código Penal que afortunadamente nosotras hemos derogado.

Pero toda esta sinrazón que siempre se dirige frente a los mismos, frente a la clase trabajadora de nuestro país, no nos hace perder la esperanza porque sabemos de dónde venimos y sabemos dónde encontrarnos: en las calles, las plazas y las grandes avenidas para clamar que ¡Viva el Primero de Mayo!

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Yolanda Díaz es Vicepresidenta Segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social.

Días de descanso y reflexión para la mayoría de los políticos. Pero también tiempo para repensar las estrategias y coger fuerzas para una primavera política con temperaturas casi de agosto. Unos meses decisivos para el escenario público, que mira ya a las generales del año que viene. Y todo está por escribir.

Con la última remodelación del Gobierno, el presidente, Pedro Sánchez, busca centrar el discurso en la economía elevando a Carlos Cuerpo como vicepresidente primero. Tras las fotos, toca la hora de testar el nuevo perfil del ministro de Economía, con el que Moncloa quiere hablar de los buenos datos y obligar al Partido Popular a abordar la cuestión durante todos los miércoles en la sesión de control al Ejecutivo en el Congreso.

Pero el Gobierno sigue teniendo una gran asignatura pendiente: el proyecto de presupuestos generales del Estado. Cuerpo ha prometido que se presentarán. Esta labor le tocará al nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España, que asume unas cuentas saneadas por parte de María Jesús Montero, pero también otras carpetas abiertas como la búsqueda de apoyos para el nuevo modelo de financiación autonómica y para el proyecto de la quita de la deuda. 

La política internacional copa cada día más importancia en el tablero doméstico. El ‘no a la guerra’ de Sánchez se nota ya en las encuestas, con una recuperación del PSOE, pero, sobre todo, refuerza la imagen de estadista del presidente, que ha conseguido que la mayoría de países de la UE haya cambiado su posición y se muestre en contra de participar en una guerra ilegal.

Sánchez se ha erigido como la némesis de Donald Trump, que, por el momento, no ha cumplido su amenaza de un embargo comercial a España. El presidente español continúa su ronda por medios internacionales y tiene prevista una agenda internacional muy apretada durante las próximas semanas. Los días 13, 14 y 15 de abril volverá de viaje oficial a China en un momento de máxima tensión con Washington, con la idea de reforzar lazos económicos pero también de contrarrestar el poder de Trump y defender el multilateralismo. A la vuelta, tiene una cita muy simbólica con la cumbre internacional de líderes progresistas en Barcelona, donde ejercerá de anfitrión. Allí estarán, entre otros, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y el máximo representante del Consejo Europeo, António Costa.

El 17 de mayo se celebrarán elecciones en Andalucía, la comunidad más poblada de España. Es una batalla muy importante para el termómetro nacional, aunque sus resultados no son del todo extrapolables a unas generales. La gran duda en estos momentos es si Juanma Moreno (PP) conseguirá revalidar la mayoría absoluta o tendrá que pactar con Vox para seguir en el Palacio de San Telmo. Esta última opción sería un revés para el popular, que se ha presentado como el barón moderado frente a la madrileña Isabel Díaz Ayuso, con postulados similares a la ultraderecha.

El PSOE tiene el gran reto de no caer en su peor resultado histórico. El socialismo lleva como candidata a la exvicepresidenta María Jesús Montero, que aspira a romper las encuestas con un discurso basado principalmente en la defensa de los servicios públicos como la sanidad, la educación y la dependencia. En la sala de máquinas de la calle de San Vicente en Sevilla no paran de repetir que hay margen para crecer, ya que hay más de medio millón de votantes del PSOE que se quedaron en casa en las elecciones de 2022.

La derecha tiene por delante una apretada primavera de cortejo. El Partido Popular y Vox tienen sumidas en la incertidumbre a tres autonomías: Extremadura, Aragón y Castilla y León. A pesar de que dan los números, no logran ponerse de acuerdo para esta nueva etapa que enfrenta el bloque por la vuelta a los Ejecutivos de coalición.

Aunque Alberto Núñez Feijóo quería cerrar cuanto antes estos acuerdos, la dirección de Vox ha ralentizado este proceso. Sobre la mesa vuelve la sombra del 28M: a qué pactos llegarán, hasta dónde cederán los populares y qué consejerías exigirán los de Abascal. Y se debate la propia fórmula: María Guardiola y Jorge Azcón aceptan que haya consejeros de la ultraderecha, mientras que Alfonso Fernández Mañueco prefiere gobernar en solitario con el apoyo externo de los de Santiago Abascal.

Estos meses antes del verano serán cruciales para saber el estado de salud de la ultraderecha en España, en un momento en el que en Europa se aprecian frenazos en este espectro como el resultado de las presidenciales en Portugal y la pérdida del referéndum constitucional por parte de Giorgia Meloni en Italia, además de las encuestas en Hungría que apuntan a la posibilidad de que pierda Viktor Orbán.

En España, varias encuestas empiezan a apuntar una ralentización del fenómeno Vox. Por un lado, las elecciones de Castilla y León fueron frustrantes para el partido de Santiago Abascal al no lograr sobrepasar el simbólico 20% de votos. Vox tiene ahora mismo dos elementos de desgaste principalmente: su apoyo sin fisuras a Donald Trump y Benjamin Netanyahu en la guerra de Irán y la herida interna abierta por el choque entre el líder y varios de los fundadores como Iván Espinosa de los Monteros y Javier Ortega-Smith. Además, su incorporación en los Ejecutivos autonómicos pondrá la lupa sobre su gestión y se rebajará el discurso antisistema sobre el que cabalga ahora mismo la extrema derecha española.

Las izquierdas siguen explorando vías para las próximas elecciones generales tras los fracasos de Aragón y Castilla y León. En pleno Viernes Santo, el espacio logró un gran acuerdo en Andalucía que parecía impensable incluso hace una semana. Finalmente, compartirán papeleta IU, Podemos y Movimiento Sumar bajo el paraguas de Por Andalucía (en el que también están Iniciativa del Pueblo Andaluz, Alternativa Republicana, Partido Verde y Alianza Verde).

El próximo 9 de abril se producirá asimismo en Barcelona un movimiento muy simbólico con la charla programada entre Gabriel Rufián (Esquerra Republicana) e Irene Montero (Podemos). Un nuevo paso en busca de herramientas comunes tras el inicio de la gira del catalán con Emilio Delgado 

De manera paralela se darán pasos por parte del frente amplio que han conformado Izquierda Unida, Más Madrid, los comunes y Movimiento Sumar, que se han citado a otro gran acto, como el que hubo en el Círculo de Bellas Artes en Madrid, en Sevilla el próximo 19 de abril, en plena precampaña de las elecciones andaluzas 

No obstante, el espacio sigue huérfano de liderazgo tras la decisión de Yolanda Díaz de no repetir como número uno y el autodescarte del ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy. Todas las miradas están puestas en Rufián, cuya distancia con la dirección de ERC aumenta cada día con Oriol Junqueras señalando, por ejemplo, que él no pasó por la cárcel para que Ada Colau vaya en una lista con los republicanos. 

La política española seguirá pendiente también de lo que pase en Cataluña, ya que afecta directamente a las mayorías en el Congreso. Salvador Illa consiguió salvar una bola de partido con los presupuestos, pero ahora debe abrir un periodo de negociación con Esquerra. No tener cuentas públicas puede ser un problema para su estabilidad e incluso abriría un escenario de elecciones adelantadas.

Los republicanos en Madrid van a seguir empujando para el traspaso del IRPF a la Generalitat, algo a lo que se negó María Jesús Montero. En ERC confían en el talante de Arcadi España para asumir sus postulados y encajar un enfoque más federalista del Estado. Además, todos los partidos están muy atentos al ascenso fulgurante de Aliança Catalana, un elemento que puede romper los equilibrios de la política catalana y, por ende, de la española.

La vivienda sigue como la principal preocupación para los españoles. Y ninguno de los partidos ha logrado imponer sus recetas. “Quien dé con la tecla de la vivienda ganará las próximas elecciones”, disecciona un veterano parlamentario. Y será la principal batalla en el Congreso en las próximas semanas a través del decreto aprobado por el Gobierno.

El texto deberá pasar por votación en la Cámara Baja antes del próximo 22 de abril (está un mes en vigor hasta que se pronuncie el Congreso). Se ha convertido en la gran batalla política del ala de Sumar en el Gobierno, que presionó hasta el final para que el PSOE aceptara las medidas dentro del paquete de ayudas por la guerra de Irán. Una de sus columnas es la prórroga de los contratos de alquiler con un tope de subida. Ahora mismo no cuenta con los votos suficientes, ya que el PP, Vox y Junts ya han anunciado su rechazo. No obstante, la izquierda transformadora cree que todos deben retratarse y que el ‘no’ tendrá un coste social para esos partidos.

La nueva coalición Sumar va a celebrar tras su presentación oficial del pasado mes de febrero un segundo acto el 19 de abril en Sevilla, coincidiendo con la precampaña para las elecciones andaluzas, al que invitan a unirse a Podemos y al resto de "fuerzas políticas de la izquierda plurinacional y transformadora", según informa EFE.

Los cuatro partidos que integran por el momento esta coalición (Movimiento Sumar, IU, Más Madrid y los comunes) han informado este martes del acto del 19 de abril en Sevilla que, según señalan, supone "un paso más en la construcción iniciada de una alianza común, compartida y abierta de cara a las próximas elecciones generales".

El acto, que tiene lugar en la precampaña de las elecciones autonómicas andaluzas, convocadas para el 17 de mayo, servirá para apoyar la coalición Por Andalucía, que integran por el momento IU y Movimiento Sumar, aunque Podemos se ha mostrado dispuesto también a unirse, rompiendo así el veto que mantenía sobre Movimiento Sumar.

Para las elecciones generales, previstas en 2027, la nueva coalición Sumar tiene previsto aún elegir un nuevo nombre y a su candidato o candidata, después de que la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, haya renunciado a esta posibilidad al dejar claro que no volverá a ir en listas.

La nueva coalición Sumar se presentó públicamente el pasado 21 de febrero en un acto en Madrid con el lema Un paso al frente en el que intervinieron el líder de IU, Antonio Maíllo; la líder de Movimiento Sumar, Lara Hernández; el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, en representación de los comunes; y la ministra de Sanidad y portavoz de Más Madrid, Mónica García.

El acto del 19 de abril en Sevilla se celebrará con el mismo lema, pero todavía no están confirmadas las personas que intervendrán, aunque será nuevamente una de cada partido.

La nueva coalición Sumar, que pretende incorporar a esta alianza a Podemos y a otras fuerzas de izquierdas, ha vuelto a invitar al acto a "todas las fuerzas políticas de la izquierda plurinacional y transformadora del Estado". 

"Nuestras manos nunca han dejado de estar tendidas para el diálogo y la cooperación, respetando los tiempos y necesidades de cada organización", aseguran.

Tras romper con Sumar a finales de 2023, Podemos ha iniciado ahora el deshielo con el partido de Yolanda Díaz al mostrarse dispuesto a ir juntos en coalición en las elecciones andaluzas del 17 de mayo, un cambio de guion que llega después de la desaparición de los morados en Aragón y en Castilla y León.

El secretario de Organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández, lo adelantó el pasado viernes y lo ha vuelto a dejar claro este lunes: son favorables a ir en coalición con IU y Sumar en las elecciones andaluzas dentro de la candidatura Por Andalucía.

"Lo que se ha trasladado es que queremos ese acuerdo y para eso hay que negociar", ha dicho.

Los morados han ofrecido su mando tendida al líder de IU, Antonio Maíllo, que es el cabeza de lista de la coalición Por Andalucía, y han asegurado que no han puesto ninguna condición ni requisito.

El cambio es muy significativo, ya que hasta ahora Podemos estaba abierto a pactar con IU en todas las elecciones pero mantenía su veto a Sumar, al considerarlo un partido subordinado al PSOE y alejado de lo que denominan la "izquierda transformadora".

Fuentes de Sumar señalan a EFE que la nueva postura de Podemos es una "buena noticia para el conjunto del espacio progresista" y han mostrado su respeto y su "confianza absoluta" en las negociaciones que están llevando los compañeros en Andalucía.

Al igual que Sumar, IU siempre se ha mostrado a favor de la unidad a la izquierda del PSOE y, de hecho, el propio Maíllo lleva días diciendo que no es necesario que Podemos haga nada en especial en Andalucía, ya que basta con decir que sigue en la actual coalición.

Ahora hay que ver si las negociaciones llegan a buen puerto y las tres partes alcanzan un acuerdo de aquí al viernes, cuando finaliza el plazo para inscribir coaliciones para las elecciones andaluzas.

Esta actitud de Podemos de mano tendida a Sumar llega tras su debacle en las elecciones de este año en Aragón y Castilla y León, donde los morados concurrieron en solitario y desaparecieron de ambos parlamentos autonómicos, al perder el único representante que conservaban en cada uno de ellos.

La única alegría electoral que se ha llevado Podemos recientemente ha sido en las autonómicas extremeñas del pasado mes de diciembre, donde la coalición Unidas por Extremadura pasó de cuatro a siete escaños (tres para Podemos y cuatro para IU).

Más allá de los parlamentos autonómicos de Extremadura y de Andalucía, donde Podemos cuenta con tres diputados en cada uno de ellos, los morados solo mantienen un representante en Murcia y otro en Navarra, después de haber desaparecido progresivamente de otros lugares tan relevantes como Madrid.

La pérdida de poder autonómico de Podemos es evidente y ha podido pesar en su estrategia en Andalucía.

Pero este cambio también puede evitar un cisma interno, ya que fuentes de Podemos reconocen que los diputados del partido en el Parlamento andaluz eran favorables a seguir en la coalición, mientras la dirección estatal era partidaria de mantener el veto a Sumar.

Las desavenencias de Podemos con Sumar vienen de lejos y acabaron en ruptura poco después de las elecciones generales de 2023, cuando los morados abandonaron el grupo parlamentario que compartían con la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, y pasaron al grupo mixto.

Ahora, la duda es si el deshielo de Podemos con Sumar en Andalucía se mantendrá en otras elecciones como las generales, previstas en 2027, algo que no aclaran por el momento en el partido.

Por parte de Podemos, la eurodiputada y número dos del partido, Irene Montero, ha expresado su voluntad de liderar una candidatura de izquierdas en las próximas generales.

Y por parte de Sumar, Yolanda Díaz ya ha dejado claro que no repetirá como candidata, algo que podría facilitar la incorporación de Podemos a una coalición de la que ya forman parte Movimiento Sumar, IU, Más Madrid y los comunes.

La salida de María Jesús Montero de la Vicepresidencia Primera y del Ministerio de Hacienda para presentarse como candidata socialista en Andalucía ha propiciado que Carlos Cuerpo, actual ministro de Economía, haya asumido este viernes el cargo de vicepresidente. En el siguiente escalón de las vicepresidencias se encuentra la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, quien ostenta la segunda, y en tercer lugar Sara Aagesen, que lidera la cartera de Transición Ecológica. En el Ejecutivo también se estrena como ministro de Hacienda Arcadi España. Con este nuevo esquema, vuelven a encontrarse en las vicepresidencias dos enfoques económicos que han generado no pocos debates en la coalición de PSOE y Sumar.

Los ministros Carlos Cuerpo y Yolanda Díaz han protagonizado algunas de las disputas más llamativas dentro del seno del Gobierno, una dinámica que ya se venía dando cuando Nadia Calviño ostentaba la cartera de Economía. El subsidio por desempleo, la entrada de capital saudí en Telefónica o las prórrogas de los ERTE llenaron titulares y debates con los enfoques (nada próximos en general) desde cada uno de los ministerios. Ahora el esquema se repite y Economía vuelve a la vicepresidencia primera de la mano de Cuerpo, aunque las diferencias entre Trabajo y Economía, en realidad, nunca cesaron. La reducción de jornada, el salario mínimo interprofesional (SMI) o el registro horario han sido, y son, los frentes abiertos entre las, ahora, vicepresidencias primera y segunda. 

Sus diferencias emergen de dos enfoques diferentes sobre cómo debe ser la economía política. Carlos Cuerpo llegó al ministerio en 2023. Es un perfil técnico, poco dado a entrar en disputas políticas —ni siquiera tiene carnet del PSOE—. Comenzó su carrera en el Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado. Posteriormente, se marchó a Bruselas como analista económico antes de recalar en la política. Yolanda Díaz es abogada laboralista y tuvo su propio despacho. Comenzó su carrera política como concejala en el Ayuntamiento de Ferrol por Izquierda Unida. Su relación con los sindicatos es estrecha y durante sus primeros años de mandato contó con una posición fuerte en la mesa de diálogo social, llegando a consensos incluso con la patronal de las empresas. Un ejemplo característico de esto se produjo en 2020 cuando se acordó de forma tripartita una subida del SMI. O cuando se plantearon los ERTE por la pandemia.

Ahora las posiciones del Ministerio de Trabajo y de las patronales CEOE y Cepyme están mucho más alejadas e incluso desde el Gobierno se ha reprochado a los empresarios su negativa rotunda a participar en algunas negociaciones. Economía, en cambio, se posiciona en un terreno intermedio y ha defendido, por ejemplo, medidas especiales para las pymes en relación con el nuevo registro digital o plazos más dilatados para su posible implementación. De hecho, el fichaje digital es el enfrentamiento más sonoro que mantienen ambos ministerios en la actualidad. 

Fuentes de Trabajo señalaban recientemente a este periódico que el ministerio liderado por Carlos Cuerpo había tenido en general, y no solo ahora, una concepción económica ortodoxa y que la tónica solía ser la de disputar los pasos que se daban en el ámbito laboral. 

El control de las horas extraordinarias es uno de los caballos de batalla del Ministerio de Trabajo para la legislatura y uno de los escollos en los que tropezó la propuesta de reducción de la jornada laboral hasta las 37,5 horas semanales, que decayó por falta de respaldo en el Congreso. También será, previsiblemente, un reestreno de los ya conocidos duelos entre las vicepresidencias primera y segunda.

Recientemente, Economía y el Consejo de Estado han emitido informes desfavorables a la activación de un real decreto que obligaría a las empresas a implementar sistemas de fichaje digitales y accesibles por parte de Inspección de Trabajo. Cuerpo pedía tiempo y una implementación “equilibrada” con “periodos de adaptación”, mientras Díaz insistía en la necesidad de regular este ámbito. “Aunque sea lo último que haga, el registro horario se va a hacer”, afirmaba este miércoles la titular de Trabajo en el Congreso. Previamente, fuentes de Trabajo habían señalado que Economía estaba boicoteando uno de los acuerdos de Gobierno con Sumar. 

De hecho, muchas veces se ha hablado, más que de diferencias, de unas políticas económicas a dos velocidades. Si Economía pide “tiempo”, “equilibrio” o plazos más largos; Trabajo suele presionar para un aterrizaje más rápido y plazos más cortos. Es algo que se ha visto, por ejemplo, en el debate sobre la ampliación de los permisos por fallecimiento de un familiar hasta los diez días. Tras el anuncio de Trabajo, Cuerpo respondía desde Bruselas que la propuesta debía implementarse, eso sí, “de forma equilibrada, teniendo en cuenta a las empresas”, remarcaba. 

Es habitual que Díaz apriete en el debate público y que Cuerpo replique ciñendo el debate a las medidas técnicas. “Es casi de mala persona decirle a los trabajadores que no a reducir la jornada media hora al día”, le espetaba la vicepresidenta segunda en relación a la posibilidad de reducir la jornada laboral hasta las 37,5 horas semanales, a lo que el ministro replicaba aludiendo a las cuestiones de fondo, es decir, a la norma, y evitando los adjetivos. Este perfil, de político solvente con los datos, calmado y con alto conocimiento técnico, le ha valido a Cuerpo ser el ministro mejor valorado, según el último barómetro del CIS, publicado en enero. Como curiosidad, cuando en 2021 Yolanda Díaz repetía aquello de “le voy a dar un dato” en los debates parlamentarios, era a ella a quien el CIS coronaba como la mejor posicionada. 

Por otro lado, el buen comportamiento de la macroeconomía española, siendo uno de los países que más a salvo se ha puesto del estancamiento que sufren países como Alemania y con un crecimiento del 2,8% en 2025, el doble que la zona euro, también ha hecho del Ministerio de Economía un reducto de buenas noticias que, sin duda, suma puntos a esta buena percepción.

Tras el anuncio ayer tarde de los nuevos nombramientos por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la vicepresidenta segunda ha felicitado a Carlos Cuerpo en sus redes sociales. "Mi más sincera enhorabuena a Carlos Cuerpo por esta nueva responsabilidad en la vicepresidencia primera y bienvenido Arcadi España al Consejo de Ministros y Ministras", a lo que añadía una referencia al acuerdo de Gobierno, en el que, como han insistido estos días desde Sumar, figura la reducción de jornada y el control horario. “Seguiremos trabajando en defensa del acuerdo de Gobierno y afrontando los retos que aún tenemos pendientes en nuestro país", finalizaba su texto en la red social Bluesky. 

El Ministerio de Trabajo seguirá adelante con la reforma del fichaje digital, una norma que endurece la forma en que los trabajadores registran su jornada y obliga a las empresas a hacerla "digital e interoperable" para que Inspección de Trabajo tenga acceso a la información. El ministerio que dirige Yolanda Díaz seguirá adelante con la tramitación del real decreto a pesar de que el Consejo de Estado —y previamente el Ministerio de Economía—, se han mostrado en contra de la formulación de la norma. Fuentes de Trabajo explican que dichos informes no son vinculantes y en ningún caso paralizan la tramitación de la norma. Señalan además que esta medida formaba parte del acuerdo de Gobierno, por lo que esperan que siga adelante pese a las dudas del Ministerio de Economía.

El control de las horas extraordinarias es uno de los caballos de batalla del Ministerio de Trabajo para la legislatura y uno de los escollos en los que tropezó la propuesta de reducción de la jornada laboral hasta las 37,5 horas semanales que decayó por falta de respaldo en el Congreso. Por eso, las mismas fuentes señalan que si la jornada efectiva en España está en 40 horas semanales, lo lógico es que ese horario se cumpla y se controle escrupulosamente.

En la mañana de este martes el titular de Economía pedía una implementación "equilibrada" y calificaba el proyecto de "ambicioso". Desde este ministerio pedían un periodo de adaptación más largo para las pequeñas empresas y Trabajo argumentaba que muchas pymes ya utilizaban aplicaciones de fichaje, por lo que el coste sería cero para muchas de ellas. Además, las mismas fuentes de Trabajo señalan que el real decreto no modifica la ley, sino que aporta una herramienta más fiable para su cumplimiento, de forma que se evite el fraude con horas extra no pagadas ni reconocidas.

La evaluación del Consejo de Estado lanza tres críticas fundamentales al fichaje digital: la primera, que excede la potestad reglamentaria del ministerio al imponer "nuevas obligaciones y cargas a los empresarios y trabajadores" y que podría interferir en competencias que atañen a a la negociación colectiva; la segunda es relativa al cálculo del coste, que consideran insuficientemente fundamentado; y una tercera, que se apoya en un dictamen de la Agencia de Protección de Datos que considera que "no se cumplen las exigencias propias de la reserva de ley en la materia" por el acceso de terceros a los asientos del registro de los trabajadores.

Para el Ministerio de Trabajo estas críticas resultan desafortunadas y las mismas fuentes señalan que no supone un cambio legal, sino que simplemente implementa una herramienta digital y a la que Inspección de Trabajo puede acceder con más facilidad. La norma, insisten, busca mejorar un sistema que ya existe desde 2018 para que sea efectivo y permita atajar el grave problema de las horas extras no remuneradas, que se estiman en dos millones semanales.

También inciden en la potestad del Gobierno para regular este aspecto y subrayan que no puede depender de la negociación colectiva ni hacer excepciones según el tamaño de la empresa. Porque de ser así, insisten, no se estaría protegiendo a todos los trabajadores por igual.

Ante las preguntas de los periodistas al respecto, Carlos Cuerpo no ha entrado al choque y se ha limitado a pedir una implementación equilibrada para las pymes. Para su tramitación, la norma tendrá que pasar por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE), dependiente de su ministerio. Yolanda Díaz si ha señalado a Economía como uno de los obstáculos para la puesta en marcha de la medida y en un mensaje en red social Blue Sky señalaba que "A pesar de los intentos del Ministerio de Economía", sacarían adelante el proyecto.

Sumar empuja con toda su fuerza. El objetivo es que el Congreso convalide el decreto con medidas de vivienda aprobado el pasado viernes tras un duro enfrentamiento con el ala socialista durante la reunión extraordinaria del Consejo de Ministros para alumbrar ayudas que reduzcan el impacto económico de la guerra de Irán. Ahora mismo no salen las cuentas en la Cámara Baja.

La vivienda se ha convertido en la principal bandera política para los partidos del espacio de Sumar, que van a llevar la presión también a la calle hasta la votación en la Cámara Baja (aún sin fecha concreta, pero el texto debe pasar por la Carrera de San Jerónimo en un plazo máximo de 30 días). Para esta ala del Gobierno, la crisis habitacional es el principal problema del país y por eso busca poder aplicar medidas más intervencionistas en un mercado desbocado.

Pero no es solo una cuestión de sus dirigentes. Las propias bases de esos partidos y sus simpatizantes también empujan para que se adopten soluciones más efectivas para controlar los precios del alquiler y de la venta, que baten récords cada mes. Y es que el electorado progresista muestra unos grados de preocupación más altos que los votantes del PP y de Vox por la vivienda.

¿Cuál es el problema que más te afecta personalmente? Ante esta pregunta del barómetro de marzo del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el 19,8% de los votantes que eligieron Sumar el 23J (donde se incluye Podemos) responde que la vivienda. En el caso de los socialistas, el porcentaje es del 15,1%, mientras que esa primera contestación la da el 9% de los que apoyaron al PP en las últimas elecciones y el 8,8% de los de Vox.

En el caso del Partido Popular, entre sus votantes hay más preocupación personal por la crisis económica (15,4%). Y en el ámbito de Vox, sus electores colocan por encima de la vivienda las cuestiones de la crisis económica (23,4%) y de la migración (9,3%). En cambio, la vivienda aparece en primer lugar tanto para los que apoyaron a Sumar como los que respaldaron a Pedro Sánchez.

Si se tienen en cuenta los tres problemas personales más citados, como recoge el CIS, los votantes de Sumar son los que están más preocupados (con un 40,8%), por delante de los del PSOE (28,9%), de los del PP (21,1%) y de los de Vox (19,4%).

Además, los votantes de la izquierda transformadora son también los que consideran en mayor medida que la vivienda es el principal problema del país (lo cita como primera opción el 46,3%). Después aparecen los electores de EH Bildu (40,9%), ERC (36,8%), BNG (35,6%) y PSOE (31,8%). En cambio, sólo cita la vivienda como primera gran preocupación del país el 17,2% del electorado del PP y el 5,8% de Vox.

Las miradas están puestas de igual manera en Junts, que ha cargado duramente contra el decreto de vivienda aprobado el viernes. ¿Qué opinan sus electores? Según la encuesta del CIS, la vivienda es el segundo problema que más afecta personalmente a los votantes de Puigdemont, ya que el 9% la cita en lo más alto. Solo lo superan las cuestiones de índole económica (15,8), y tiene muy cerca la inseguridad ciudadana (8,7%). Cuando se pregunta a nivel general cuál es el principal problema de país, los votantes posconvergentes sí sitúan a la vivienda en primer lugar (23,7%), por delante de la inmigración (13,8%).

A pesar de que ahora mismo el decreto parece abocado a no salir adelante en el Congreso, los ministros de Sumar están planteando una gran ofensiva para convencer a los partidos que están en el no. El titular de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, señaló este lunes: "Tenemos un mes para organizar la mayor campaña posible de presión para que cuando los diputados vayan a pulsar el botón de la votación se sepa quién defiende a la gente y quién defiende los intereses de una clase rentista que se está forrando a su costa”.

El ministro calculó que la prórroga por dos años de los contratos de alquiler que recoge el decreto afecta a un millón de revisiones y a dos millones de ciudadanos. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, animó a los inquilinos a reclamar ya esa aplicación al estar vigente el texto acordado por el Consejo de Ministros.

El ala de Sumar en el Gobierno quiso escenificar este lunes una foto de unidad en la reunión del grupo parlamentario en el Congreso, a la que acudieron todos los ministros. Díaz lanzó este mensaje: "Yo quiero dar la enhorabuena a los ministros y ministras, y a todo el espacio político de Sumar, porque la batalla fue gruesa. Hemos tenido ya tantas de estas dentro del Gobierno que es importante darlas para justamente ganarlas”. Acto seguido, remarcó: "Lo que os pido es que hagamos lo que estamos haciendo, que lo estamos haciendo bien. Que sigamos ganando derechos, que tengamos mucha fortaleza, mucha entereza”.

En esta reunión, la titular de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, expresó: “No sabéis la cantidad de gente que me ha escrito durante el fin de semana, a izquierdas y derechas, para darme la enhorabuena por habernos plantado y haber puesto esto en el foco”. “Necesitamos hacer un torniquete al principal motivo de sangría de los salarios y de la vida tranquila de nuestro país. Nos han llegado a decir que era un paripé. Pues bienvenidos todos los paripés que les ahorren 400, 500 o 600 euros a las familias”.

En el espacio de Sumar hay una queja constante a los frenos que ponen los socialistas a la hora de tomar medidas efectivas y hay un enfrentamiento constante con el Ministerio de Vivienda que dirige Isabel Rodríguez. Asimismo, hay un convencimiento de que se debe ir mucho más allá en esta materia si se quiere conservar el Palacio de la Moncloa en las elecciones del próximo año.

El ala socialista era reacia a incluir estas medidas ante el escenario de que no salga el decreto en el Congreso. Finalmente aceptó otro texto específico. En cambio, los ministros de Sumar asumen ese riesgo de perder la votación, pero creen que todos los partidos deben quedar retratados con su posición en la Cámara Baja.

Esta presión de Sumar llega también en un momento de convulsión en la izquierdas tras los malos resultados en Aragón y en Castilla y León. Los partidos del espacio de Sumar están organizando nuevos actos en Cataluña y en Andalucía, aunque también se ha acelerado el debate sobre los nombres. La semana pasada el ministro Bustinduy descartó ser el número uno, una plaza ahora vacía tras la decisión de Díaz de no volver a presentarse. Mientras, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, continuará con su agenda de actos con uno en Barcelona junto a Irene Montero (Podemos) el próximo 9 de abril.