Las elecciones en Andalucía, nación del Sur, periferia europea, llegan a su final este domingo con Juan Manuel Moreno Bonilla surfeando la ola de la mayoría absoluta. Alejado del Madrid D.F. y de los gobiernos del futuro terror asimilados por la prioridad nacional en Extremadura, Aragón y Castilla y León, el presidente de la Junta ha puesto a prueba su fortaleza y los límites que definen la derecha plural. El silencio benedictino ha permitido al guardián de San Telmo resistir el primer debate electoral y colocar el marco de discusión entre PP y Adelante Andalucía en el segundo combate. Estos comicios transcurren por carreteras secundarias, en un sistema autónomo compuesto por ocho provincias en las que Vox corre el serio riesgo de desfondar, situándose por debajo del 13% de los votos. Aviso a navegantes: la derrota de María Jesús Montero no anticipa la derrota de la izquierda plural en las próximas generales que se podrían celebrar en julio de 2027. Ni siquiera el fracaso de un nuevo Sumar impedirá que el PSOE ocupe ese espacio, por ahora, vacío.

Llegados a este punto, también conviene aclarar conceptos. Lo que pase en Andalucía se quedará en Andalucía. Cualquier estrategia que trate de definir una analogía entre el resultado del 17 de mayo en la nación del sur y el que tenga lugar en ¿julio del 2027? para decidir nuevo gobierno de España será una estrategia fallida. Las elecciones de Moreno Bonilla (primera vuelta de las generales) nos hablan de la reedición de una mayoría absoluta desde la cristalización de una derecha plural que bebe de diversas generaciones, un marco territorial perfectamente definido y un modelo económico que produce confianza después de ocho años de gestión. La carretera autonómica que Moreno Bonilla atraviesa en Andalucía transcurre paralela a otra de mayor distancia y recorrido, sobre la que carbura el gobierno de la izquierda plurinacional que tiene tiempo y capacidad suficiente para volver a repetir, siempre que sea capaz de resolver sus cuitas (y si no, también). En Vox creen que el PSOE está situado "incluso en el 38,5%" y todos saben que ambos senderos, el de Bonilla y el de Sánchez, comparten una elemento en común: los presidentes tienen bonus si completan sus legislaturas.

Hay gobiernos que intentan parecer neutros, casi burocráticos, como si su función fuera simplemente administrativa. Han entendido que, en las guerras cognitivas, lo importante es acaparar la atención del votante, volcarse en el dominio de sus emociones y, sobre todo, ocupar el campo de juego, controlando el balón y fijando propósitos y emociones en las gradas del estadio. Tan importante es lo que decidan los votantes el próximo 17 de mayo como que no hagan scroll. Jugar al despiste se paga. Engañar también. Lo sabe Fernando Clavijo. Lo hemos visto en la gestión de la crisis sanitaria en Tenerife. La derecha plural de Juan Manuel Moreno Bonilla apostó por la coordinación en la crisis de Adamuz y asumir el error en la de los cribados. Pero en las guerras cognitivas, la fe puede más que la memoria. Los debates electorales no han logrado despertar su vis mediática pero sí han permitido exponer que la estabilidad es la materia política con la que trabaja su gobierno. El mejor marketing electoral del PP andaluz es que sus electores lo necesiten: porque la suya es una estabilidad adherida a la industria de la actualidad. Si no gobierno, no podré convocar oposiciones. Sin estabilidad es imposible que haya continuidad. El presidente de Andalucía aún tiene tiempo suficiente para convencer a 400.000 indecisos, entre ellos a 15.000 votantes repartidos entre Vox y PSOE que están dispuestos a depositar en él su confianza.

En poco más de dos meses, Yolanda Díaz anunció su retirada como candidata y renunció a ir siquiera en las listas. IU y Maíllo, después de quedar fuera de las Cortes de Castilla y León el 15-M, se anticipó a resolver el asunto crucial y pendiente: ¿Quién lidera el futuro? Nadie parece querer. Se descartó Bustinduy y Unai Sordo sigue sin dar el paso. Si se lo pidieran, el secretario de CCOO quizás no lo rechazara, pero primero tendría que resolver quién puede ocupar su liderazgo en el sindicato sin crear fisuras internas. Después, antes de dar sí quiero, tendría que valorar si está dispuesto a construir un espacio, si acaso, bastante más volátil que su propio sindicato.

Sin que diera tiempo a que cuajase el debate, Juanma Moreno, el 23 de marzo, convocó las elecciones andaluzas y descolocó todavía más a los que quedaban en Sumar, que son menos sin Podemos tras el error Magariños: Lara Hernández y Verónica Martínez Barbero compiten como herederas de las ruinas de Yolanda Díaz; Mónica García y Emilio Delgado se dan puñaladas por ser el rival de Ayuso; Maíllo se ahoga en el pavor de que en Andalucía, donde mantiene su mayor implantación, les supere Adelante, los aliados de Teresa Rodríguez, ex de Podemos, y de IU. Conviene destacar que las reestimaciones del último sondeo del CENTRA elaboradas por el instituto Opina360 confirman ese escenario y apuntan a los 18 diputados si sendas formaciones hubiesen acudido unidas en una misma papeleta. Separadas, difícilmente podrán llegar a 14 escaños. Hará falta algo más que un Sumar 2.0 para que la izquierda alternativa a Sánchez no se desplome. Si Sordo no da el paso, el campo de juego de la izquierda acabará siendo ocupado en su totalidad por Pedro Sánchez.

Este martes el Gobierno ha aprobado el Plan Anual Normativo, un documento que recoge las iniciativas legislativas que prevé aprobar durante el año. En el documento no aparecía la reducción de jornada laboral hasta las 37,5 horas semanales, una de las medidas en las que más ha insistido Sumar y, sobre todo, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Pero a pesar de este interés, la medida sigue en el aire. Fuentes del ministerio señalan que el hecho de que no aparezca en el plan no implica que no se pueda llevar a cabo este año, aunque ante la falta de respaldo parlamentario priorizarán la puesta en marcha del registro horario, que pretenden llevar por otra vía.

El control de las horas extraordinarias es uno de los caballos de batalla del Ministerio de Trabajo y uno de los escollos en los que tropezó la propuesta de reducción de la jornada laboral hasta las 37,5 horas semanales que proponía Yolanda Díaz. Pero mientras que la reducción de jornada debe pasar por el Congreso para su validación, Trabajo pretende que el endurecimiento del control de las horas extraordinarias se tramite por real decreto.

Pero esta vía se ha encontrado con el rechazo de la parte socialista del Gobierno. Recientemente, el Ministerio de Economía y el Consejo de Estado han emitido informes desfavorables a la activación de un real decreto que obligaría a las empresas a implementar sistemas de fichaje digitales y accesibles por parte de Inspección de Trabajo. El vicepresidente primero y ministro de Economía Carlos Cuerpo pedía tiempo y una implementación “equilibrada” con “periodos de adaptación”, mientras Díaz insistía en la necesidad de regular este ámbito inmediatamente. “Aunque sea lo último que haga, el registro horario se va a hacer”, afirmaba la titular de Trabajo en el Congreso. 

Este real decreto se escindió de la propuesta inicial, que era la reducción de jornada laboral y que no logró el respaldo del Congreso en septiembre del año pasado. En aquel momento, PP, Vox y Junts votaron en contra y las posiciones no se han movido demasiado desde entonces. Por parte de Trabajo reconocen la complejidad para cerrar acuerdos sobre esta medida, pero señalan que buscarán una “ventana de oportunidad” para su tramitación.

En cuanto al real decreto sobre el registro horario, que ahora avanza de manera independiente, las mismas fuentes apuntan que su intención es hacerlo efectivo “antes del verano”.

Desde que tengo uso de razón, el Primero de Mayo ha sido para mí un día en el que mirar al futuro, para frecuentar Il sol dell'avvenire, por acordarme ahora de la deliciosa película de Nanni Moretti.

De la mano de mi padre, quien veía en cada Primero de Mayo la oportunidad de tomar aire e impulso para construir una sociedad más habitable para la gente corriente, para los que trabajan. Sus Primeros de Mayo eran los días con más trabajo del año, donde la reivindicación se mezclaba con los afectos y la camaradería, construyendo esa atmósfera única que se forma cuando la solidaridad se hace palpable en calles y plazas abarrotadas de trabajadoras y trabajadores.

Años después soy yo quien doy la mano a mi hija para recorrer las calles que ahora se convierten para mí en un recuerdo emocionado de Suso Díaz, el sindicalista de hierro, soldado, con la robustez con la que se unen los metales en Astano, a la memoria colectiva de la clase trabajadora de nuestro país.

El presente de este Primero de Mayo es muy diferente de cualquier otro. España ha completado la gran transformación del trabajo. No es solo que sea más, sino que es mejor. Tenemos la tasa de temporalidad más baja de nuestra historia, que por fin está en los parámetros europeos; más trabajo indefinido que nunca, que llega a las mujeres y a los jóvenes que antes quedaban fuera del empleo de calidad. Hemos desplegado normas ambiciosas y adelantadas a cualquier otro país para proteger a los y las trabajadoras del cambio climático. Fuimos pioneras en dar acceso a los representantes de los trabajadores al funcionamiento laboral de los algoritmos, porque no aceptamos que el trabajo del siglo XXI nos obligue a retroceder a las condiciones del s. XIX. Hemos hecho que los ERTE sean una alternativa real al despido. Hemos reconocido la ciudadanía laboral a las empleadas de hogar y a los artistas. La protección por desempleo ha mejorado sustancialmente y los trabajadores extranjeros que viven con nosotras podrán acceder a la integridad de sus derechos dejando atrás años de intolerables abusos y explotación.

Pero yo jamás vine a un Primero de Mayo a mirar para atrás, sino a conquistar el futuro, a pedir más y a reivindicar avances para quienes crean la riqueza en un país, que no son otros que los trabajadores y las trabajadoras.

El Primero de Mayo, como se recordará, fue instituido por Largo Caballero como fiesta nacional para “solemnizar” la conquista de la jornada de ocho horas.

No es posible que 95 años después de Largo Caballero las ocho horas de trabajo diario sigan constituyendo una referencia y, lo que es peor, que no se cumplan porque muchas empresas siguen basando su rentabilidad en la execrable práctica de no pagar horas extraordinarias y aumentar ilegalmente la jornada de sus trabajadores. Solo un registro digital y al que pueda acceder la Inspección de Trabajo puede resolverlo. Los que defraudan lo saben y por eso lo quieren evitar a toda costa. Nosotras también lo sabemos y no vamos a parar hasta que esté en el BOE.

Hoy es también un día profundamente democrático. La democracia se vive y se siente en la calle y por eso mismo se percibe todavía más su ausencia en las empresas. En los lugares donde pasamos un tercio de nuestras vidas no podemos decidir. Cuenta más un fondo buitre dedicado a desguazar una industria que la opinión de la plantilla que lleva media vida en la empresa. Tenemos derecho a decidir porque la democracia no se frena en seco en la puerta de la oficina o del supermercado y porque es un estándar europeo frente al que España es una anomalía. No estábamos condenados a ser el país con más temporalidad de la UE al igual que no estamos condenados a sufrir un sistema autoritario de relaciones laborales.

Y no olvidemos que son precisamente las trabajadoras y los trabajadores de nuestro país quienes sufren en primera persona la dificultad de acceso a una vivienda digna, porque no tienen herencias, sino salarios con los que no cabe afrontar las exigencias de los especuladores.

Pero el Primero de Mayo es también un día para no olvidar la fragilidad de lo que tenemos.

Hasta que llegamos al Gobierno, el PP permitía despedir trabajadores enfermos. Que nadie dude de que lo volverán a hacer: Rueda propone perseguir trabajadores de baja y algunos dirigentes patronales se ríen de quienes no pueden ir a trabajar hablando de “bajaciones”. Y, mientras tanto, las CCAA gobernadas por la derecha privatizan la sanidad y privan a los trabajadores de un diagnóstico y una curación rápida.

Hoy el SMI es de 1.221 euros. Lo hemos subido año a año, alguno de ellos con mucho esfuerzo. El PP lo congeló en dos ocasiones. ¡Congeló un SMI de 641 euros! Hoy Feijóo nos dice sin ambages que las subidas del SMI son “indiscriminadas”… mañana ya sabemos qué nos espera.

Nuestras conquistas, las que ya hemos logrado y las que vamos a lograr, no son eternas. Cada gobierno autonómico que queda en manos de la ultraderecha bicéfala de PP y Vox las pone en peligro persiguiendo a los sindicatos, primer paso antes de criminalizar la huelga y la acción sindical, como cuando el PP se dedicó a meter huelguistas en la cárcel con el Código Penal en la mano, el Código Penal que afortunadamente nosotras hemos derogado.

Pero toda esta sinrazón que siempre se dirige frente a los mismos, frente a la clase trabajadora de nuestro país, no nos hace perder la esperanza porque sabemos de dónde venimos y sabemos dónde encontrarnos: en las calles, las plazas y las grandes avenidas para clamar que ¡Viva el Primero de Mayo!

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Yolanda Díaz es Vicepresidenta Segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social.

Días de descanso y reflexión para la mayoría de los políticos. Pero también tiempo para repensar las estrategias y coger fuerzas para una primavera política con temperaturas casi de agosto. Unos meses decisivos para el escenario público, que mira ya a las generales del año que viene. Y todo está por escribir.

Con la última remodelación del Gobierno, el presidente, Pedro Sánchez, busca centrar el discurso en la economía elevando a Carlos Cuerpo como vicepresidente primero. Tras las fotos, toca la hora de testar el nuevo perfil del ministro de Economía, con el que Moncloa quiere hablar de los buenos datos y obligar al Partido Popular a abordar la cuestión durante todos los miércoles en la sesión de control al Ejecutivo en el Congreso.

Pero el Gobierno sigue teniendo una gran asignatura pendiente: el proyecto de presupuestos generales del Estado. Cuerpo ha prometido que se presentarán. Esta labor le tocará al nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España, que asume unas cuentas saneadas por parte de María Jesús Montero, pero también otras carpetas abiertas como la búsqueda de apoyos para el nuevo modelo de financiación autonómica y para el proyecto de la quita de la deuda. 

La política internacional copa cada día más importancia en el tablero doméstico. El ‘no a la guerra’ de Sánchez se nota ya en las encuestas, con una recuperación del PSOE, pero, sobre todo, refuerza la imagen de estadista del presidente, que ha conseguido que la mayoría de países de la UE haya cambiado su posición y se muestre en contra de participar en una guerra ilegal.

Sánchez se ha erigido como la némesis de Donald Trump, que, por el momento, no ha cumplido su amenaza de un embargo comercial a España. El presidente español continúa su ronda por medios internacionales y tiene prevista una agenda internacional muy apretada durante las próximas semanas. Los días 13, 14 y 15 de abril volverá de viaje oficial a China en un momento de máxima tensión con Washington, con la idea de reforzar lazos económicos pero también de contrarrestar el poder de Trump y defender el multilateralismo. A la vuelta, tiene una cita muy simbólica con la cumbre internacional de líderes progresistas en Barcelona, donde ejercerá de anfitrión. Allí estarán, entre otros, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y el máximo representante del Consejo Europeo, António Costa.

El 17 de mayo se celebrarán elecciones en Andalucía, la comunidad más poblada de España. Es una batalla muy importante para el termómetro nacional, aunque sus resultados no son del todo extrapolables a unas generales. La gran duda en estos momentos es si Juanma Moreno (PP) conseguirá revalidar la mayoría absoluta o tendrá que pactar con Vox para seguir en el Palacio de San Telmo. Esta última opción sería un revés para el popular, que se ha presentado como el barón moderado frente a la madrileña Isabel Díaz Ayuso, con postulados similares a la ultraderecha.

El PSOE tiene el gran reto de no caer en su peor resultado histórico. El socialismo lleva como candidata a la exvicepresidenta María Jesús Montero, que aspira a romper las encuestas con un discurso basado principalmente en la defensa de los servicios públicos como la sanidad, la educación y la dependencia. En la sala de máquinas de la calle de San Vicente en Sevilla no paran de repetir que hay margen para crecer, ya que hay más de medio millón de votantes del PSOE que se quedaron en casa en las elecciones de 2022.

La derecha tiene por delante una apretada primavera de cortejo. El Partido Popular y Vox tienen sumidas en la incertidumbre a tres autonomías: Extremadura, Aragón y Castilla y León. A pesar de que dan los números, no logran ponerse de acuerdo para esta nueva etapa que enfrenta el bloque por la vuelta a los Ejecutivos de coalición.

Aunque Alberto Núñez Feijóo quería cerrar cuanto antes estos acuerdos, la dirección de Vox ha ralentizado este proceso. Sobre la mesa vuelve la sombra del 28M: a qué pactos llegarán, hasta dónde cederán los populares y qué consejerías exigirán los de Abascal. Y se debate la propia fórmula: María Guardiola y Jorge Azcón aceptan que haya consejeros de la ultraderecha, mientras que Alfonso Fernández Mañueco prefiere gobernar en solitario con el apoyo externo de los de Santiago Abascal.

Estos meses antes del verano serán cruciales para saber el estado de salud de la ultraderecha en España, en un momento en el que en Europa se aprecian frenazos en este espectro como el resultado de las presidenciales en Portugal y la pérdida del referéndum constitucional por parte de Giorgia Meloni en Italia, además de las encuestas en Hungría que apuntan a la posibilidad de que pierda Viktor Orbán.

En España, varias encuestas empiezan a apuntar una ralentización del fenómeno Vox. Por un lado, las elecciones de Castilla y León fueron frustrantes para el partido de Santiago Abascal al no lograr sobrepasar el simbólico 20% de votos. Vox tiene ahora mismo dos elementos de desgaste principalmente: su apoyo sin fisuras a Donald Trump y Benjamin Netanyahu en la guerra de Irán y la herida interna abierta por el choque entre el líder y varios de los fundadores como Iván Espinosa de los Monteros y Javier Ortega-Smith. Además, su incorporación en los Ejecutivos autonómicos pondrá la lupa sobre su gestión y se rebajará el discurso antisistema sobre el que cabalga ahora mismo la extrema derecha española.

Las izquierdas siguen explorando vías para las próximas elecciones generales tras los fracasos de Aragón y Castilla y León. En pleno Viernes Santo, el espacio logró un gran acuerdo en Andalucía que parecía impensable incluso hace una semana. Finalmente, compartirán papeleta IU, Podemos y Movimiento Sumar bajo el paraguas de Por Andalucía (en el que también están Iniciativa del Pueblo Andaluz, Alternativa Republicana, Partido Verde y Alianza Verde).

El próximo 9 de abril se producirá asimismo en Barcelona un movimiento muy simbólico con la charla programada entre Gabriel Rufián (Esquerra Republicana) e Irene Montero (Podemos). Un nuevo paso en busca de herramientas comunes tras el inicio de la gira del catalán con Emilio Delgado 

De manera paralela se darán pasos por parte del frente amplio que han conformado Izquierda Unida, Más Madrid, los comunes y Movimiento Sumar, que se han citado a otro gran acto, como el que hubo en el Círculo de Bellas Artes en Madrid, en Sevilla el próximo 19 de abril, en plena precampaña de las elecciones andaluzas 

No obstante, el espacio sigue huérfano de liderazgo tras la decisión de Yolanda Díaz de no repetir como número uno y el autodescarte del ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy. Todas las miradas están puestas en Rufián, cuya distancia con la dirección de ERC aumenta cada día con Oriol Junqueras señalando, por ejemplo, que él no pasó por la cárcel para que Ada Colau vaya en una lista con los republicanos. 

La política española seguirá pendiente también de lo que pase en Cataluña, ya que afecta directamente a las mayorías en el Congreso. Salvador Illa consiguió salvar una bola de partido con los presupuestos, pero ahora debe abrir un periodo de negociación con Esquerra. No tener cuentas públicas puede ser un problema para su estabilidad e incluso abriría un escenario de elecciones adelantadas.

Los republicanos en Madrid van a seguir empujando para el traspaso del IRPF a la Generalitat, algo a lo que se negó María Jesús Montero. En ERC confían en el talante de Arcadi España para asumir sus postulados y encajar un enfoque más federalista del Estado. Además, todos los partidos están muy atentos al ascenso fulgurante de Aliança Catalana, un elemento que puede romper los equilibrios de la política catalana y, por ende, de la española.

La vivienda sigue como la principal preocupación para los españoles. Y ninguno de los partidos ha logrado imponer sus recetas. “Quien dé con la tecla de la vivienda ganará las próximas elecciones”, disecciona un veterano parlamentario. Y será la principal batalla en el Congreso en las próximas semanas a través del decreto aprobado por el Gobierno.

El texto deberá pasar por votación en la Cámara Baja antes del próximo 22 de abril (está un mes en vigor hasta que se pronuncie el Congreso). Se ha convertido en la gran batalla política del ala de Sumar en el Gobierno, que presionó hasta el final para que el PSOE aceptara las medidas dentro del paquete de ayudas por la guerra de Irán. Una de sus columnas es la prórroga de los contratos de alquiler con un tope de subida. Ahora mismo no cuenta con los votos suficientes, ya que el PP, Vox y Junts ya han anunciado su rechazo. No obstante, la izquierda transformadora cree que todos deben retratarse y que el ‘no’ tendrá un coste social para esos partidos.

La nueva coalición Sumar va a celebrar tras su presentación oficial del pasado mes de febrero un segundo acto el 19 de abril en Sevilla, coincidiendo con la precampaña para las elecciones andaluzas, al que invitan a unirse a Podemos y al resto de "fuerzas políticas de la izquierda plurinacional y transformadora", según informa EFE.

Los cuatro partidos que integran por el momento esta coalición (Movimiento Sumar, IU, Más Madrid y los comunes) han informado este martes del acto del 19 de abril en Sevilla que, según señalan, supone "un paso más en la construcción iniciada de una alianza común, compartida y abierta de cara a las próximas elecciones generales".

El acto, que tiene lugar en la precampaña de las elecciones autonómicas andaluzas, convocadas para el 17 de mayo, servirá para apoyar la coalición Por Andalucía, que integran por el momento IU y Movimiento Sumar, aunque Podemos se ha mostrado dispuesto también a unirse, rompiendo así el veto que mantenía sobre Movimiento Sumar.

Para las elecciones generales, previstas en 2027, la nueva coalición Sumar tiene previsto aún elegir un nuevo nombre y a su candidato o candidata, después de que la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, haya renunciado a esta posibilidad al dejar claro que no volverá a ir en listas.

La nueva coalición Sumar se presentó públicamente el pasado 21 de febrero en un acto en Madrid con el lema Un paso al frente en el que intervinieron el líder de IU, Antonio Maíllo; la líder de Movimiento Sumar, Lara Hernández; el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, en representación de los comunes; y la ministra de Sanidad y portavoz de Más Madrid, Mónica García.

El acto del 19 de abril en Sevilla se celebrará con el mismo lema, pero todavía no están confirmadas las personas que intervendrán, aunque será nuevamente una de cada partido.

La nueva coalición Sumar, que pretende incorporar a esta alianza a Podemos y a otras fuerzas de izquierdas, ha vuelto a invitar al acto a "todas las fuerzas políticas de la izquierda plurinacional y transformadora del Estado". 

"Nuestras manos nunca han dejado de estar tendidas para el diálogo y la cooperación, respetando los tiempos y necesidades de cada organización", aseguran.

Tras romper con Sumar a finales de 2023, Podemos ha iniciado ahora el deshielo con el partido de Yolanda Díaz al mostrarse dispuesto a ir juntos en coalición en las elecciones andaluzas del 17 de mayo, un cambio de guion que llega después de la desaparición de los morados en Aragón y en Castilla y León.

El secretario de Organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández, lo adelantó el pasado viernes y lo ha vuelto a dejar claro este lunes: son favorables a ir en coalición con IU y Sumar en las elecciones andaluzas dentro de la candidatura Por Andalucía.

"Lo que se ha trasladado es que queremos ese acuerdo y para eso hay que negociar", ha dicho.

Los morados han ofrecido su mando tendida al líder de IU, Antonio Maíllo, que es el cabeza de lista de la coalición Por Andalucía, y han asegurado que no han puesto ninguna condición ni requisito.

El cambio es muy significativo, ya que hasta ahora Podemos estaba abierto a pactar con IU en todas las elecciones pero mantenía su veto a Sumar, al considerarlo un partido subordinado al PSOE y alejado de lo que denominan la "izquierda transformadora".

Fuentes de Sumar señalan a EFE que la nueva postura de Podemos es una "buena noticia para el conjunto del espacio progresista" y han mostrado su respeto y su "confianza absoluta" en las negociaciones que están llevando los compañeros en Andalucía.

Al igual que Sumar, IU siempre se ha mostrado a favor de la unidad a la izquierda del PSOE y, de hecho, el propio Maíllo lleva días diciendo que no es necesario que Podemos haga nada en especial en Andalucía, ya que basta con decir que sigue en la actual coalición.

Ahora hay que ver si las negociaciones llegan a buen puerto y las tres partes alcanzan un acuerdo de aquí al viernes, cuando finaliza el plazo para inscribir coaliciones para las elecciones andaluzas.

Esta actitud de Podemos de mano tendida a Sumar llega tras su debacle en las elecciones de este año en Aragón y Castilla y León, donde los morados concurrieron en solitario y desaparecieron de ambos parlamentos autonómicos, al perder el único representante que conservaban en cada uno de ellos.

La única alegría electoral que se ha llevado Podemos recientemente ha sido en las autonómicas extremeñas del pasado mes de diciembre, donde la coalición Unidas por Extremadura pasó de cuatro a siete escaños (tres para Podemos y cuatro para IU).

Más allá de los parlamentos autonómicos de Extremadura y de Andalucía, donde Podemos cuenta con tres diputados en cada uno de ellos, los morados solo mantienen un representante en Murcia y otro en Navarra, después de haber desaparecido progresivamente de otros lugares tan relevantes como Madrid.

La pérdida de poder autonómico de Podemos es evidente y ha podido pesar en su estrategia en Andalucía.

Pero este cambio también puede evitar un cisma interno, ya que fuentes de Podemos reconocen que los diputados del partido en el Parlamento andaluz eran favorables a seguir en la coalición, mientras la dirección estatal era partidaria de mantener el veto a Sumar.

Las desavenencias de Podemos con Sumar vienen de lejos y acabaron en ruptura poco después de las elecciones generales de 2023, cuando los morados abandonaron el grupo parlamentario que compartían con la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, y pasaron al grupo mixto.

Ahora, la duda es si el deshielo de Podemos con Sumar en Andalucía se mantendrá en otras elecciones como las generales, previstas en 2027, algo que no aclaran por el momento en el partido.

Por parte de Podemos, la eurodiputada y número dos del partido, Irene Montero, ha expresado su voluntad de liderar una candidatura de izquierdas en las próximas generales.

Y por parte de Sumar, Yolanda Díaz ya ha dejado claro que no repetirá como candidata, algo que podría facilitar la incorporación de Podemos a una coalición de la que ya forman parte Movimiento Sumar, IU, Más Madrid y los comunes.

La salida de María Jesús Montero de la Vicepresidencia Primera y del Ministerio de Hacienda para presentarse como candidata socialista en Andalucía ha propiciado que Carlos Cuerpo, actual ministro de Economía, haya asumido este viernes el cargo de vicepresidente. En el siguiente escalón de las vicepresidencias se encuentra la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, quien ostenta la segunda, y en tercer lugar Sara Aagesen, que lidera la cartera de Transición Ecológica. En el Ejecutivo también se estrena como ministro de Hacienda Arcadi España. Con este nuevo esquema, vuelven a encontrarse en las vicepresidencias dos enfoques económicos que han generado no pocos debates en la coalición de PSOE y Sumar.

Los ministros Carlos Cuerpo y Yolanda Díaz han protagonizado algunas de las disputas más llamativas dentro del seno del Gobierno, una dinámica que ya se venía dando cuando Nadia Calviño ostentaba la cartera de Economía. El subsidio por desempleo, la entrada de capital saudí en Telefónica o las prórrogas de los ERTE llenaron titulares y debates con los enfoques (nada próximos en general) desde cada uno de los ministerios. Ahora el esquema se repite y Economía vuelve a la vicepresidencia primera de la mano de Cuerpo, aunque las diferencias entre Trabajo y Economía, en realidad, nunca cesaron. La reducción de jornada, el salario mínimo interprofesional (SMI) o el registro horario han sido, y son, los frentes abiertos entre las, ahora, vicepresidencias primera y segunda. 

Sus diferencias emergen de dos enfoques diferentes sobre cómo debe ser la economía política. Carlos Cuerpo llegó al ministerio en 2023. Es un perfil técnico, poco dado a entrar en disputas políticas —ni siquiera tiene carnet del PSOE—. Comenzó su carrera en el Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado. Posteriormente, se marchó a Bruselas como analista económico antes de recalar en la política. Yolanda Díaz es abogada laboralista y tuvo su propio despacho. Comenzó su carrera política como concejala en el Ayuntamiento de Ferrol por Izquierda Unida. Su relación con los sindicatos es estrecha y durante sus primeros años de mandato contó con una posición fuerte en la mesa de diálogo social, llegando a consensos incluso con la patronal de las empresas. Un ejemplo característico de esto se produjo en 2020 cuando se acordó de forma tripartita una subida del SMI. O cuando se plantearon los ERTE por la pandemia.

Ahora las posiciones del Ministerio de Trabajo y de las patronales CEOE y Cepyme están mucho más alejadas e incluso desde el Gobierno se ha reprochado a los empresarios su negativa rotunda a participar en algunas negociaciones. Economía, en cambio, se posiciona en un terreno intermedio y ha defendido, por ejemplo, medidas especiales para las pymes en relación con el nuevo registro digital o plazos más dilatados para su posible implementación. De hecho, el fichaje digital es el enfrentamiento más sonoro que mantienen ambos ministerios en la actualidad. 

Fuentes de Trabajo señalaban recientemente a este periódico que el ministerio liderado por Carlos Cuerpo había tenido en general, y no solo ahora, una concepción económica ortodoxa y que la tónica solía ser la de disputar los pasos que se daban en el ámbito laboral. 

El control de las horas extraordinarias es uno de los caballos de batalla del Ministerio de Trabajo para la legislatura y uno de los escollos en los que tropezó la propuesta de reducción de la jornada laboral hasta las 37,5 horas semanales, que decayó por falta de respaldo en el Congreso. También será, previsiblemente, un reestreno de los ya conocidos duelos entre las vicepresidencias primera y segunda.

Recientemente, Economía y el Consejo de Estado han emitido informes desfavorables a la activación de un real decreto que obligaría a las empresas a implementar sistemas de fichaje digitales y accesibles por parte de Inspección de Trabajo. Cuerpo pedía tiempo y una implementación “equilibrada” con “periodos de adaptación”, mientras Díaz insistía en la necesidad de regular este ámbito. “Aunque sea lo último que haga, el registro horario se va a hacer”, afirmaba este miércoles la titular de Trabajo en el Congreso. Previamente, fuentes de Trabajo habían señalado que Economía estaba boicoteando uno de los acuerdos de Gobierno con Sumar. 

De hecho, muchas veces se ha hablado, más que de diferencias, de unas políticas económicas a dos velocidades. Si Economía pide “tiempo”, “equilibrio” o plazos más largos; Trabajo suele presionar para un aterrizaje más rápido y plazos más cortos. Es algo que se ha visto, por ejemplo, en el debate sobre la ampliación de los permisos por fallecimiento de un familiar hasta los diez días. Tras el anuncio de Trabajo, Cuerpo respondía desde Bruselas que la propuesta debía implementarse, eso sí, “de forma equilibrada, teniendo en cuenta a las empresas”, remarcaba. 

Es habitual que Díaz apriete en el debate público y que Cuerpo replique ciñendo el debate a las medidas técnicas. “Es casi de mala persona decirle a los trabajadores que no a reducir la jornada media hora al día”, le espetaba la vicepresidenta segunda en relación a la posibilidad de reducir la jornada laboral hasta las 37,5 horas semanales, a lo que el ministro replicaba aludiendo a las cuestiones de fondo, es decir, a la norma, y evitando los adjetivos. Este perfil, de político solvente con los datos, calmado y con alto conocimiento técnico, le ha valido a Cuerpo ser el ministro mejor valorado, según el último barómetro del CIS, publicado en enero. Como curiosidad, cuando en 2021 Yolanda Díaz repetía aquello de “le voy a dar un dato” en los debates parlamentarios, era a ella a quien el CIS coronaba como la mejor posicionada. 

Por otro lado, el buen comportamiento de la macroeconomía española, siendo uno de los países que más a salvo se ha puesto del estancamiento que sufren países como Alemania y con un crecimiento del 2,8% en 2025, el doble que la zona euro, también ha hecho del Ministerio de Economía un reducto de buenas noticias que, sin duda, suma puntos a esta buena percepción.

Tras el anuncio ayer tarde de los nuevos nombramientos por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la vicepresidenta segunda ha felicitado a Carlos Cuerpo en sus redes sociales. "Mi más sincera enhorabuena a Carlos Cuerpo por esta nueva responsabilidad en la vicepresidencia primera y bienvenido Arcadi España al Consejo de Ministros y Ministras", a lo que añadía una referencia al acuerdo de Gobierno, en el que, como han insistido estos días desde Sumar, figura la reducción de jornada y el control horario. “Seguiremos trabajando en defensa del acuerdo de Gobierno y afrontando los retos que aún tenemos pendientes en nuestro país", finalizaba su texto en la red social Bluesky. 

El Ministerio de Trabajo seguirá adelante con la reforma del fichaje digital, una norma que endurece la forma en que los trabajadores registran su jornada y obliga a las empresas a hacerla "digital e interoperable" para que Inspección de Trabajo tenga acceso a la información. El ministerio que dirige Yolanda Díaz seguirá adelante con la tramitación del real decreto a pesar de que el Consejo de Estado —y previamente el Ministerio de Economía—, se han mostrado en contra de la formulación de la norma. Fuentes de Trabajo explican que dichos informes no son vinculantes y en ningún caso paralizan la tramitación de la norma. Señalan además que esta medida formaba parte del acuerdo de Gobierno, por lo que esperan que siga adelante pese a las dudas del Ministerio de Economía.

El control de las horas extraordinarias es uno de los caballos de batalla del Ministerio de Trabajo para la legislatura y uno de los escollos en los que tropezó la propuesta de reducción de la jornada laboral hasta las 37,5 horas semanales que decayó por falta de respaldo en el Congreso. Por eso, las mismas fuentes señalan que si la jornada efectiva en España está en 40 horas semanales, lo lógico es que ese horario se cumpla y se controle escrupulosamente.

En la mañana de este martes el titular de Economía pedía una implementación "equilibrada" y calificaba el proyecto de "ambicioso". Desde este ministerio pedían un periodo de adaptación más largo para las pequeñas empresas y Trabajo argumentaba que muchas pymes ya utilizaban aplicaciones de fichaje, por lo que el coste sería cero para muchas de ellas. Además, las mismas fuentes de Trabajo señalan que el real decreto no modifica la ley, sino que aporta una herramienta más fiable para su cumplimiento, de forma que se evite el fraude con horas extra no pagadas ni reconocidas.

La evaluación del Consejo de Estado lanza tres críticas fundamentales al fichaje digital: la primera, que excede la potestad reglamentaria del ministerio al imponer "nuevas obligaciones y cargas a los empresarios y trabajadores" y que podría interferir en competencias que atañen a a la negociación colectiva; la segunda es relativa al cálculo del coste, que consideran insuficientemente fundamentado; y una tercera, que se apoya en un dictamen de la Agencia de Protección de Datos que considera que "no se cumplen las exigencias propias de la reserva de ley en la materia" por el acceso de terceros a los asientos del registro de los trabajadores.

Para el Ministerio de Trabajo estas críticas resultan desafortunadas y las mismas fuentes señalan que no supone un cambio legal, sino que simplemente implementa una herramienta digital y a la que Inspección de Trabajo puede acceder con más facilidad. La norma, insisten, busca mejorar un sistema que ya existe desde 2018 para que sea efectivo y permita atajar el grave problema de las horas extras no remuneradas, que se estiman en dos millones semanales.

También inciden en la potestad del Gobierno para regular este aspecto y subrayan que no puede depender de la negociación colectiva ni hacer excepciones según el tamaño de la empresa. Porque de ser así, insisten, no se estaría protegiendo a todos los trabajadores por igual.

Ante las preguntas de los periodistas al respecto, Carlos Cuerpo no ha entrado al choque y se ha limitado a pedir una implementación equilibrada para las pymes. Para su tramitación, la norma tendrá que pasar por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE), dependiente de su ministerio. Yolanda Díaz si ha señalado a Economía como uno de los obstáculos para la puesta en marcha de la medida y en un mensaje en red social Blue Sky señalaba que "A pesar de los intentos del Ministerio de Economía", sacarían adelante el proyecto.

Sumar empuja con toda su fuerza. El objetivo es que el Congreso convalide el decreto con medidas de vivienda aprobado el pasado viernes tras un duro enfrentamiento con el ala socialista durante la reunión extraordinaria del Consejo de Ministros para alumbrar ayudas que reduzcan el impacto económico de la guerra de Irán. Ahora mismo no salen las cuentas en la Cámara Baja.

La vivienda se ha convertido en la principal bandera política para los partidos del espacio de Sumar, que van a llevar la presión también a la calle hasta la votación en la Cámara Baja (aún sin fecha concreta, pero el texto debe pasar por la Carrera de San Jerónimo en un plazo máximo de 30 días). Para esta ala del Gobierno, la crisis habitacional es el principal problema del país y por eso busca poder aplicar medidas más intervencionistas en un mercado desbocado.

Pero no es solo una cuestión de sus dirigentes. Las propias bases de esos partidos y sus simpatizantes también empujan para que se adopten soluciones más efectivas para controlar los precios del alquiler y de la venta, que baten récords cada mes. Y es que el electorado progresista muestra unos grados de preocupación más altos que los votantes del PP y de Vox por la vivienda.

¿Cuál es el problema que más te afecta personalmente? Ante esta pregunta del barómetro de marzo del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el 19,8% de los votantes que eligieron Sumar el 23J (donde se incluye Podemos) responde que la vivienda. En el caso de los socialistas, el porcentaje es del 15,1%, mientras que esa primera contestación la da el 9% de los que apoyaron al PP en las últimas elecciones y el 8,8% de los de Vox.

En el caso del Partido Popular, entre sus votantes hay más preocupación personal por la crisis económica (15,4%). Y en el ámbito de Vox, sus electores colocan por encima de la vivienda las cuestiones de la crisis económica (23,4%) y de la migración (9,3%). En cambio, la vivienda aparece en primer lugar tanto para los que apoyaron a Sumar como los que respaldaron a Pedro Sánchez.

Si se tienen en cuenta los tres problemas personales más citados, como recoge el CIS, los votantes de Sumar son los que están más preocupados (con un 40,8%), por delante de los del PSOE (28,9%), de los del PP (21,1%) y de los de Vox (19,4%).

Además, los votantes de la izquierda transformadora son también los que consideran en mayor medida que la vivienda es el principal problema del país (lo cita como primera opción el 46,3%). Después aparecen los electores de EH Bildu (40,9%), ERC (36,8%), BNG (35,6%) y PSOE (31,8%). En cambio, sólo cita la vivienda como primera gran preocupación del país el 17,2% del electorado del PP y el 5,8% de Vox.

Las miradas están puestas de igual manera en Junts, que ha cargado duramente contra el decreto de vivienda aprobado el viernes. ¿Qué opinan sus electores? Según la encuesta del CIS, la vivienda es el segundo problema que más afecta personalmente a los votantes de Puigdemont, ya que el 9% la cita en lo más alto. Solo lo superan las cuestiones de índole económica (15,8), y tiene muy cerca la inseguridad ciudadana (8,7%). Cuando se pregunta a nivel general cuál es el principal problema de país, los votantes posconvergentes sí sitúan a la vivienda en primer lugar (23,7%), por delante de la inmigración (13,8%).

A pesar de que ahora mismo el decreto parece abocado a no salir adelante en el Congreso, los ministros de Sumar están planteando una gran ofensiva para convencer a los partidos que están en el no. El titular de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, señaló este lunes: "Tenemos un mes para organizar la mayor campaña posible de presión para que cuando los diputados vayan a pulsar el botón de la votación se sepa quién defiende a la gente y quién defiende los intereses de una clase rentista que se está forrando a su costa”.

El ministro calculó que la prórroga por dos años de los contratos de alquiler que recoge el decreto afecta a un millón de revisiones y a dos millones de ciudadanos. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, animó a los inquilinos a reclamar ya esa aplicación al estar vigente el texto acordado por el Consejo de Ministros.

El ala de Sumar en el Gobierno quiso escenificar este lunes una foto de unidad en la reunión del grupo parlamentario en el Congreso, a la que acudieron todos los ministros. Díaz lanzó este mensaje: "Yo quiero dar la enhorabuena a los ministros y ministras, y a todo el espacio político de Sumar, porque la batalla fue gruesa. Hemos tenido ya tantas de estas dentro del Gobierno que es importante darlas para justamente ganarlas”. Acto seguido, remarcó: "Lo que os pido es que hagamos lo que estamos haciendo, que lo estamos haciendo bien. Que sigamos ganando derechos, que tengamos mucha fortaleza, mucha entereza”.

En esta reunión, la titular de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, expresó: “No sabéis la cantidad de gente que me ha escrito durante el fin de semana, a izquierdas y derechas, para darme la enhorabuena por habernos plantado y haber puesto esto en el foco”. “Necesitamos hacer un torniquete al principal motivo de sangría de los salarios y de la vida tranquila de nuestro país. Nos han llegado a decir que era un paripé. Pues bienvenidos todos los paripés que les ahorren 400, 500 o 600 euros a las familias”.

En el espacio de Sumar hay una queja constante a los frenos que ponen los socialistas a la hora de tomar medidas efectivas y hay un enfrentamiento constante con el Ministerio de Vivienda que dirige Isabel Rodríguez. Asimismo, hay un convencimiento de que se debe ir mucho más allá en esta materia si se quiere conservar el Palacio de la Moncloa en las elecciones del próximo año.

El ala socialista era reacia a incluir estas medidas ante el escenario de que no salga el decreto en el Congreso. Finalmente aceptó otro texto específico. En cambio, los ministros de Sumar asumen ese riesgo de perder la votación, pero creen que todos los partidos deben quedar retratados con su posición en la Cámara Baja.

Esta presión de Sumar llega también en un momento de convulsión en la izquierdas tras los malos resultados en Aragón y en Castilla y León. Los partidos del espacio de Sumar están organizando nuevos actos en Cataluña y en Andalucía, aunque también se ha acelerado el debate sobre los nombres. La semana pasada el ministro Bustinduy descartó ser el número uno, una plaza ahora vacía tras la decisión de Díaz de no volver a presentarse. Mientras, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, continuará con su agenda de actos con uno en Barcelona junto a Irene Montero (Podemos) el próximo 9 de abril.

El de este viernes está siendo un Consejo de Ministros inédito. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo convocó de manera extraordinaria para aprobar el decreto anticrisis por la guerra de Irán. El arranque de la reunión estaba previsto para las 9.30, pero empezó más de dos horas después ante la negativa de los ministros de Sumar, encabezados por la vicepresidenta Yolanda Díaz, a que diera comienzo. Está prevista la comparecencia de Sánchez tras su finalización de cara a explicar las medidas después de que se haya producido un acuerdo entre ambos socios tras el plante de los ministros de Sumar. 

Desde Sumar no habían entrado en el Consejo en un primer momento porque el PSOE se resistía "a introducir alquileres y control de márgenes empresariales en el decreto. Este no puede ser solo un decreto para bajar impuestos", explicaban en el entorno del equipo de Díaz. Finalmente, según confirman a infoLibre esas fuentes, han llegado a un acuerdo para aprobar este viernes dos reales decretos-ley, uno con el grueso de las medidas fiscales y económicas para hacer frente a los efectos de la guerra en Oriente Medio, pero en el que también se incluyen los márgenes empresariales, y otro específico en materia de vivienda.

Fuentes del ala socialista admiten que el Real Decreto ha llegado a los ministerios a primera hora de este viernes, por lo que apenas ha habido margen para realizar alegaciones y desde Sumar aseguran que se han encontrado con la sorpresa este viernes. Según trasladan fuentes de Sumar a este periódico, es la propia Díaz la que ha negociado directamente con Sánchez para desencallarlo.

Desde Sumar querían que se hiciera efectiva la prórroga de los alquileres. Y es lo que ha pasado, aunque en un decreto separado al económico. "El Gobierno ha aprobado la prórroga por dos años de los contratos de alquiler y un mecanismo para evitar márgenes injustificados para las grandes empresas. Son dos conquistas importantísimas para la mayoría social de nuestro país", celebra en sus redes sociales el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy. La medida comienza a ser efectiva este sábado, con su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE)

"Para esto estamos en el Gobierno. Hemos conseguido ampliar el escudo social controlando los márgenes empresariales, prorrogando los alquileres y ampliando la protección a los trabajadores y trabajadoras. La guerra ilegal de Trump nos encontrará protegiendo a nuestra gente. Siempre", añadía también la vicepresidenta y ministra de Trabajo en la misma red social.

Solo para los contratos que acaben este año, la medida afectaría a unos 600.000 hogares, según las estimaciones del Ministerio de Consumo. Esos contratos, a tenor del alza de los precios, experimentarán subidas muy cuantiosas que quieren evitar para proteger a los inquilinos. Desde el ala socialista alegaban que esa medida no podía estar en el primer decreto porque no cuenta con el consenso del resto de socios parlamentarios que deberán avalarlo el jueves en el Congreso. Ahora, según explican desde Sumar, la "pelota está en el tejado de otros", que deberán justificar el sentido de su voto.

Según trasladan desde el Ejecutivo, el paquete de medidas para evitar que la inflación escale tras el inicio de la guerra en Irán incluirá una rebaja del IVA de los carburantes de automoción, la electricidad y el gas natural, que pasará del tipo general (21%) al reducido (10%). El Gobierno también quiere reducir el tipo del impuesto especial de hidrocarburos, que actualmente es de 0,379 euros por litro de diésel y 0,47269 euros por litro de gasolina.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha asegurado que el Gobierno está trabajando con la idea de aprobar en el Consejo de Ministros del próximo martes el decreto ley con el paquete de medidas anticrisis para mitigar el impacto de la guerra contra Irán.

En declaraciones a TVE, la vicepresidenta ha querido dar un mensaje de tranquilidad porque las medidas incluidas en el decreto ley entrarían inmediatamente en vigor con la publicación de la norma en el Boletín Oficial del Estado (BOE), lo que normalmente ocurre el día después del Consejo de Ministros.

Según ha dicho, las medidas prioritarias que debe incluir son "controlar el precio de la energía y que no se despida a nadie", mientras que para proteger a la ciudadanía habría que actuar frente a los desahucios y "congelando arrendamientos".

La vicepresidenta segunda descarta que ese decreto ley vaya a incluir la rebaja del IVA que los consumidores pagan por los alimentos básicos porque, para la también ministra de Trabajo, "bajar el IVA de los alimentos creo que es un error porque no hace más que ensanchar los márgenes empresariales del sector de la distribución. Ya lo hemos vivido y no bajaron los precios (...) No estamos pensando en rebajas de IVA porque no es eficaz", ha dicho.

No obstante, dentro del Ejecutivo existen diferencias sobre si habría que actuar de otra forma para frenar la subida de los precios de la alimentación.

Sumar es partidario "de intervenir los precios de la cesta de la compra, que es absolutamente posible" y "aquí hay discrepancia", ha dicho Díaz, que también se ha mostrado partidaria de topar los beneficios empresariales de las "poquitas multinacionales" que controlan el sector de la distribución "que son las que causan, por cierto, el destrozo en la ganadería y en la agricultura en nuestro país".

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, va a abrir una mesa de diálogo social con patronal y sindicatos para hacer un seguimiento de las eventuales consecuencias y medidas necesarias ante el conflicto en Oriente Medio y las amenazas de embargo a España por parte de EEUU, según recoge EFE.

Tras la reunión mantenida este jueves con CEOE, Cepyme, CCOO y UGT en la sede del Ministerio de Trabajo, Díaz ha reiterado un mensaje de "absoluta tranquilidad" a ciudadanos y empresas, y ha subrayado que se tomarán las medidas necesarias para acompañar al tejido empresarial y a los trabajadores.

"Hemos puesto en común un diagnóstico y hemos compartido el diseño de políticas públicas a disposición de empresas y trabajadores", ha afirmado Díaz, que ha explicado que esa mesa de seguimiento ha sido petición tanto de patronal como de sindicatos.

"Nuestro país está preparado para tomar las medidas que sea menester", ha incidido Díaz, que ha recordado tanto a patronal como sindicatos todas las medidas ya disponibles y no ha descartado añadir nuevas si es necesario. "Serenidad y tranquilidad. Tenemos experiencia y lo vamos a volver a hacer si es necesario", ha subrayado la vicepresidenta que ha destacado el "escudo laboral y económico" que "está tejido desde hace 6 años".

Según el documento que la ministra ha llevado a la reunión, España cuenta ya con medidas a disposición de empresas y trabajadores como los ERTE o el mecanismo RED para evitar los despidos, instrumentos que son "activables" de forma inmediata "ante caídas de actividad derivadas de un shock energético".

Asimismo, se podrían reconocer prestaciones por desempleo y cese de actividad con requisitos específicos (sin que sea necesario contar con periodo de carencia y sin consumir tiempo).

También cabría la posibilidad de establecer bonificaciones a las empresas o permitir el fraccionamiento o aplazamiento de obligaciones, lo que llevaría aparejado para estas empresas la restricción del despido por causas relacionadas por la crisis.

Otras medidas pasan por facilitar el teletrabajo, establecer permisos climáticos y por catástrofe, aplicar el Plan MeCuida de flexibilidad horaria o impulsar planes de empleo extraordinarios para sectores o territorios para formar trabajadores o recuperar infraestructuras ante catástrofes o situaciones adversas.

El documento cita también medidas de otra índole como la excepción ibérica, el control de precios energéticos, las bonificaciones al gasóleo, el escudo social (que fue rechazado recientemente en el Congreso) o el impulso a las renovables.

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha explicado que, además de esa mesa de diálogo social para monitorizar el impacto en empresas y trabajadores, sería necesario que se abriera una mesa "con más responsables del Gobierno y liderada por el presidente, Pedro Sánchez", para abordar más medidas en función de la escalada del conflicto.

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha querido transmitir un mensaje de "calma y tranquilidad, porque el Gobierno tiene medios y recursos para abordar" esta situación, y ha expresado todo su apoyo a la posición adoptada por España: "La soberanía nacional no se demuestra con pulseras, sino en el día a día".

Ambos han explicado que han pedido a Trabajo que elabore una memoria con el impacto fiscal de las medidas que se pongan en marcha, porque "no puede ser que se gasten recursos públicos para proteger empresas y empleos, y luego haya manifestaciones en contra de pagar impuestos".

No ha habido declaraciones por parte de la patronal, aunque a la reunión han asistido la presidenta de Cepyme, Ángela de Miguel, y el secretario general de la CEOE, José Alberto González-Ruiz, ya que el presidente, Antonio Garamendi, se ha ausentado por motivos de agenda. Díaz mantendrá esta tarde encuentros con las asociaciones de autónomos y con representantes de la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES).

El Gobierno ha aprobado este martes en segunda vuelta el anteproyecto de ley del estatuto de las personas en formación práctica no laboral, el llamado Estatuto del Becario, con el que busca "luchar contra la precariedad", según informe EFE.

Según ha destacado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, esta norma supone "la reforma laboral para la gente joven en España".

La norma, que deberá sumar los apoyos necesarios para superar el trámite parlamentario, busca, entre otros aspectos, la compensación de gastos de los estudiantes en prácticas o el derecho a vacaciones y fija multas para las empresas que incumplan.

El Gobierno ha puesto en marcha el 'Buzón de las personas becarias' que recogerá denuncias "de forma anónima" de malas prácticas y abusos por parte de las empresas para enviarlas a Inspección de Trabajo, mientras continúa con la tramitación del Estatuto que aprueba este martes el Consejo de Ministros, según informa EFE.

El canal de denuncias ha sido impulsado por el Ministerio de Juventud e Infancia de Sira Rego, que ha presentado esta herramienta durante una Jornada celebrada en la sede de su departamento, clausurada por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, promotora del anteproyecto de ley del estatuto de las personas en prácticas que cuenta con el acuerdo de los sindicatos, pero no de la patronal.

"El estatuto va al Consejo de Ministros, pero el buzón arranca ya porque consideramos que hay legislación suficiente para que sea garantista y para que la Inspección de Trabajo puede actuar en los casos en los que se esté dando fraude", ha aseverado Rego.

La responsable de Juventud ha explicado que se quiere acabar "con prácticas que no tienen relación con estudios, becas que sustituyen puestos de trabajo o con el mismo trabajo que el resto de plantilla pero sin salario y sin protección".

"Se ha tolerado durante décadas, pero no es normal", ha señalado Rego, quien ha apelado a combatir esas prácticas de "explotación disfrazadas de experiencia".

Según la Encuesta de Juventud 2023, el 42% de jóvenes denuncian haber sufrido una o varias situaciones de explotación a lo largo de su vida laboral como trabajar sin contrato, haber suscrito un contrato mediante una ETT, ser un becario no remunerado, un falso autónomo o tener contrato de repartidor.

"Hay que acabar con estas prácticas por eso ponemos en marcha este instrumento que consideramos que puede ser tremendamente útil", ha señalado Rego, quien ha confiado en que el estatuto reciba el apoyo necesario en el Congreso, pese a "la situación ahora mismo de equilibrio de fuerzas" parlamentario.

Esta ha sido una de esas semanas en las que resulta ardua la tarea de seleccionar un asunto concreto en el que poner el foco cuando se suceden acontecimientos que son –o uno intuye que pueden ser– trascendentes para el inmediato futuro de este país, de la democracia, de la convivencia y de las cosas que más afectan a la vida de la gente (especialmente de los más vulnerables). Es preciso cada día más un ejercicio selectivo, de modo que procuremos no escribir o hablar demasiado de las falsedades o simples gilipolleces que desde los aparatos mediáticos de la extrema derecha lanzan con el fin de establecer un marco de conversación pública perverso. (Por ejemplo esa supuesta enfermedad cardiovascular de Pedro Sánchez inventada por Federico Jiménez Losantos y elevada a la tribuna parlamentaria por Cayetana Álvarez de Toledo: ni una sola prueba, pero tampoco dudas. El objetivo es obvio).

Vayamos a lo que importa.

P.D. Al cierrre de estas líneas conocemos el ataque militar lanzado por Trump y Netanyahu contra Irán (ver aquí). No disimulan su intención de acabar por la fuerza con cualquier régimen (sea autocrático o democrático) que suponga una amenaza a su dominio en Oriente Próximo. El dúo genocida aprovecha la revolución popular que en los últimos meses ha sido criminalmente reprimida para intentar debilitar definitivamente la fuerza militar iraní y colocar al frente del gobierno a alguien que se someta a sus intereses. Si lo logra, ningún demócrata echará de menos a los ayatolás (tampoco yo), pero conscientes de que se trata de un nuevo golpe en el tablero para controlar los recursos energéticos y los gobiernos que se resistan a su estrategia.

El cine español vive este sábado su gran noche con la gala de los Goya. Una gran celebración cultural, pero también de la industria y de la economía que mueve un sector puntero en España, que durante el último año ha tenido una gran visibilidad internacional con Sirat, nominada a dos premios Oscar, con Romería, en la competición oficial de Cannes, y con Sorda, premiada en la Berlinale.

El cine español vive uno de los mejores momentos de su historia, con producciones alabadas por la crítica como Los domingos y también aupadas por los espectadores, como La cena. Los Goya de 2026 coinciden, además, con el éxito en taquilla de Aída y vuelta y a punto de que Pedro Almodóvar estrene su esperada Amarga navidad. La ceremonia de este año presenta también un componente simbólico por ser la segunda vez que tendrá lugar en Barcelona, bajo los mandos de Luis Tosar y Rigoberta Bandini. Y celebrando su 40 cumpleaños.

Todos quieren sentarse este sábado por la noche en el auditorio Fórum del Centro de Convenciones Internacional de Barcelona (CCIB), mientras que millones de espectadores seguirán cada minuto desde el salón de sus casas. Emoción, lágrimas, música y mucho show. Como grandes homenajeados estarán Gonzalo Suárez y Susan Sarandon. Pero, otra vez más, los reyes Felipe y Letizia dan la espalda al cine español y no asistirán a la ceremonia en la capital catalana.

Felipe VI y Letizia no han acudido nunca al gran evento del cine español desde su proclamación en junio de 2014 tras la abdicación de Juan Carlos I. El rey sólo estuvo una vez, pero cuando era todavía príncipe, precisamente en la única edición hasta ahora que se ha celebrado en Barcelona. Fue el 29 de enero del año 2000, una noche en la que arrasó Todo sobre mi madre. En aquella ocasión Pedro Almodóvar entonó el Happy birthday, como si fuera Marilyn Monroe, para felicitarle porque era su cumpleaños.

Los reyes eméritos, Juan Carlos I y Sofía de Grecia, sí acudieron una vez como monarcas a la gala. Fue en la primera edición en marzo de 1987, que tuvo lugar en el mítico teatro Lope de Vega de la Gran Vía madrileña. Fue un arranque marcado por el éxito de El viaje a ninguna parte, de Fernando Fernán-Gómez. Pero nunca más volvieron.

Esta actitud contrasta con el apoyo de otras casas reales a las industrias cinematográficas de sus países. Buckingham Palace, por ejemplo, siempre se ha volcado con el cine del Reino Unido. La semana pasada se celebró en Londres la última edición de los premios BAFTA, en la que estuvieron presentes el príncipe Guillermo y su esposa, Kate Middleton. Además, en la propia gala se rindió homenaje a la fallecida reina Isabel por su vínculo con el sector. Un momento que estuvo capitaneado por la actriz Helen Mirren, ganadora de un Oscar por The Queen, de Stephen Frears.

Los reyes no acudirán a la gala aunque en su agenda pública, colgada en la web de la Casa Real, no consta ningún acto para Felipe y Letizia. Preguntada por infoLibre sobre los motivos de su ausencia, la Casa Real no ha querido pronunciarse. Apenas unas horas después de los Goya, el monarca sí estará este domingo en Barcelona, para asistir en el Museo Nacional de Arte de Cataluña a la cena oficial con motivo del Mobile World Congress. También tiene previsto participar al día siguiente en la inauguración de esta feria internacional.

Felipe VI y Letizia evitan de nuevo estar junto al cine español en su noche más esperada. ¿A qué han dado prioridad durante esta semana? El rey, como suele ser habitual, apostó por actos de carácter militar (la conmemoración del centenario del vuelo del Plus Ultra), deportivo (audiencia con el equipo español participante en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina) y diplomático (entrega de despachos a los nuevos funcionarios del cuerpo). La reina mantuvo, en cambio, una audiencia en el Palacio de la Zarzuela con representantes del Consejo Español del Cerebro, además de visitar Huesca para acudir a la segunda etapa del Tour del Talento.

En las redes sociales de la Casa Real tampoco se encuentran, por ejemplo, felicitaciones a Sirat, de Oliver Laxe, el pasado mes de enero cuando logró dos nominaciones en los premios de la Academia de Hollywood (en los apartados de película internacional y de sonido). Esta omisión contrasta con los mensajes en X para ensalzar victorias deportivas en el extranjero como las de Carlos Alcaraz o las de los medallistas en los Juegos Olímpicos de Invierno en las últimas semanas.

A pesar del plantón de los reyes a los Goya, sí habrá una nutrida representación de dirigentes políticos en el auditorio del Fórum. El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, vuelve a la gala, algo que es habitual. También estarán junto al cine español la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y los titulares de Cultura, Ernest Urtasun, y de Industria, Jordi Hereu. Tienen butacas reservadas además el presidente catalán, Salvador Illa, y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ambos del PSC.

La gala de los Goya siempre ha sido objeto de crítica por parte de las derechas, que han hecho durante años campañas contra los “titiriteros” por mensajes reivindicativos como el famoso "no a la guerra". En los últimos años la ultraderecha ha puesto sus ojos en la cultura, exigiendo primero esas consejerías al PP en los Gobiernos autonómicos y lanzando mensajes contra los “profesionales de la subvención”. El exvicepresidente de la Junta de Castilla y León Juan García-Gallardo llamó “señoritos” a los trabajadores del cine con motivo de la gala en Valladolid hace dos años, a lo que Almodóvar respondió en el escenario: "El dinero que los cineastas recibimos como anticipo lo devolvemos con creces al Estado a través de los impuestos y la Seguridad Social, además de crear miles de puestos de trabajo".

La ausencia en los Goya choca además con la reconocida afición por el cine de los monarcas, especialmente por parte de la reina Letizia. Ella, por ejemplo, estuvo a finales del mes de noviembre en Tudela para rendir homenaje a Alejandro Amenábar de la mano del Ayuntamiento del municipio navarro y del cineclub Muskaria. También acudió hace dos años a la propia sede de la Academia en el centro de Madrid para asistir a una charla entre los directores Martin Scorsese y Rodrigo Cortés.

La reina Letizia tampoco falta durante las vacaciones de verano al festival Atlàntida, ideado por Jaume Ripoll (Filmin) en Palma de Mallorca, donde entregó un premio al compositor Alberto Iglesias (Hable con ella, Lucía y el sexo) y acudió, junto a sus hijas, a la proyección del documental En un lugar de la mente, de Pep Bonet. Los monarcas suelen ir de manera discreta a sesiones en los cines Ideal, Renoir o Manoteras en Madrid, además de visitar rodajes (Letizia Ortiz), como el de La reina de España, de Fernando Trueba. Pero, otro año más, no quieren que se les vea en el teatro junto a los rostros del cine español que están haciendo historia.

“No seré candidata en las próximas elecciones generales de 2027”. Yolanda Díaz ha despejado su futuro y se aparta de la carrera por el liderazgo del espacio de las izquierdas. Se acabó el yolandismo. Y ahora los partidos que han relanzado Sumar se enfrentan a un nuevo proceso en el que perfilar un programa y buscar a una persona que encabece la papeleta.

La izquierda vive unos días de ebullición tras el acto la semana pasada de Gabriel Rufián (ERC) y de Emilio Delgado (Más Madrid) y el relanzamiento del espacio de Sumar a través de una precoalición electoral entre IU, Más Madrid, los comunes y Movimiento Sumar. Díaz no apareció en ninguno de ellos pero los apoyó con determinación externamente. Y ahora deja el espacio libre para canalizar esa ilusión.

El movimiento de Díaz es todo un terremoto en el espacio. Da un paso al lado después de meses de cuestionamiento interno y de presiones para que no repitiera. A la vez, como reconocen varios interlocutores de esos partidos, su decisión supone “desatascar” ese ambiente de vetos que se instaló en la izquierda a raíz de las listas del 23J y dejar una pequeña rendija para que pueda haber algún tipo de entendimiento de última hora con Podemos para las generales, aunque ahora parezca imposible.

Aunque no repita como candidata, Díaz se quedará como vicepresidenta segunda en el Gobierno y como referente institucional. Los miembros del ala de Sumar en el Ejecutivo apoyan plenamente que se mantenga en esa posición a pesar de que no aspire a las generales. De hecho, indican que su papel es esencial y podrá visualizar más su valor en la coalición. “Es la mejor ministra de Trabajo de la democracia”, repiten todos los cargos del espacio.

Fuentes de los partidos trasladan que no hay intención de nombrar a un número uno de manera inmediata para la próxima papeleta de las generales. Los cuatro partidos que se conjuraron el sábado para ir juntos a esos comicios están manteniendo constantes reuniones (ha habido contactos después del acto) y destacan el buen clima existente. Pero creen que ahora no es el momento y “no se dan las condiciones” para hablar de nombres ni para fijar un calendario para ese debate. 

Lo que tienen en mente en los dos próximos meses, según confiesan varios interlocutores, es celebrar actos de unidad, similares al que se produjo en el Círculo de Bellas Artes en Madrid el pasado sábado, tanto en Cataluña (el ámbito político de los comunes) como en Andalucía, una comunidad clave por varias razones: es la que reparte más escaños para el Congreso, hay elecciones autonómicas previsiblemente en junio y es la tierra de Antonio Maíllo, el líder federal de IU y el candidato en esos comicios en el sur.

La pregunta que flota en el ambiente es si la marcha electoral de Díaz puede ayudar a que Podemos vuelva a juntar su camino con los otros partidos como pasó con Sumar el pasado 23J. La vicepresidenta segunda era uno de los principales obstáculos para el reencuentro y ya no estará. 

Los morados no han querido comentar esta decisión, aunque mantienen su postura, a tenor de lo que han dicho algunos referentes como Pablo Echenique: “Ahora mismo, solo existe una fuerza de izquierdas estatal que tenga candidata, militancia, un nombre claro, un discurso coherente, una hoja de servicios y un programa sólido y audaz. Todo lo demás es un marasmo que no lo entienden ni los periodistas de la Corte de Madrid DF”.

En el espacio de Sumar, según señalan en privado algunos de sus dirigentes, se instala la sensación de que Podemos no tiene ninguna intención de pactar. Pero dicen que la marcha de Díaz hace que Movimiento Sumar sea un “pequeño actor más” y no debería ser un problema para un gran frente amplio. Y algunos no descartan que pueda haber un acuerdo in extremis antes de que haya que presentar candidaturas para las generales ante el clima de “emergencia democrática” que vive el país ante el escenario de un Gobierno en el que participe Santiago Abascal (Vox).

Los diferentes interlocutores señalan que todavía hay tiempo para armar la candidatura y que trabajan con el horizonte de que Pedro Sánchez, como ha reiterado, aguante hasta el final de la legislatura en julio del año que viene. “Todo es posible en este tiempo”, como señala una dirigente con mando en plaza del espacio, además de que varias fuentes destacan la importancia también de preparar los nombres para las elecciones autonómicas y municipales, que irán, si todo va según lo planeado, antes que las generales.

Pero, aunque quieren evitarlo, el debate sobre los nombres y las quinielas siempre inunda todos los rincones de los círculos políticos. ¿Quién puede encabezar la candidatura? No hay nada claro ni nadie tiene el cartel de favorito. Dentro del espacio hay sectores que apuestan por una persona independiente que supere la lógica de los partidos, que pueda actuar como paraguas unitario y que represente la cara de la sociedad para frenar a la ultraderecha. 

Dentro del propio Gobierno aparecen varios nombres. El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, despierta el aplauso mayoritario de los partidos, aunque él siempre responde que no se va a presentar. Por parte de los comunes emerge el titular de Cultura, Ernest Urtasun, pero en los últimos días vuelve a crecer la figura de la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que estuvo presente en el acto del pasado sábado. “Está jugona”, señalan en el espacio. En Más Madrid sigue como máxima referente Mónica García, aunque también dejó muy buen sabor de boca la intervención de la portavoz en el Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, que presentó el relanzamiento de la coalición.

Y un nombre se repite entre varios dirigentes: Gabriel Rufián. A pesar de que el portavoz de ERC en el Congreso haya negado que se vaya a ir de su partido y de que Oriol Junqueras haya dicho no a unirse a una candidatura estatal, en sectores de Sumar manifiestan que se pueden producir movimientos tectónicos todavía. Como argumenta una fuente del espacio: “Es que a mí me piden a Gabriel los jóvenes para nuestros actos. Es un fenómeno”.

Otras miradas están puestas en Antonio Maíllo, el líder de IU que despertó grandes aplausos durante su intervención el pasado sábado. No obstante, en su entorno trasladan que él ha dado “un paso al frente” para ser el candidato en Andalucía y un paso al “lado a nivel estatal”, dónde sí jugará un papel importante orgánicamente como coordinador de esa formación.

Desde Movimiento Sumar, ahora liderado por Lara Hernández, señalan que ahora toca trabajar para ilusionar de nuevo a la gente “poco a poco, con mimo y de forma silenciosa”. Sobre las candidaturas, remarcan que ahora importa el “qué y el cómo, no el quién”. ¿Se deberían celebrar primarias o puede haber un número uno por consenso? Las fuentes consultadas responden: “Las personas que vayan a asumir el liderazgo de este espacio serán el resultado de un proceso colectivo. Movimiento Sumar quiere ensanchar este espacio lo máximo posible y las primarias son una forma de hacerlo”.

Antes de lo esperado y con más generosidad de la que se acostumbra en política, Yolanda Díaz ha despejado el camino en el reciente pistoletazo electoral de las izquierdas. Su legado es amplio y hay que reconocerlo en un tiempo en el que los liderazgos se trituran sin miramientos. Su célebre “le voy a dar un dato” deja muchos en el currículum: como ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda desde 2020 impulsó la mayor subida del salario mínimo, levantó el paraguas de los ERTE que, en lo más duro del covid, protegió el empleo de millones de trabajadores y empresas —ganando además esa batalla interna a Nadia Calviño— y sostuvo negociaciones ásperas con la patronal para ampliar permisos de conciliación, entre otras reformas. Cinco años de agenda coherente en un contexto de enorme dificultad para alcanzar consensos parlamentarios.

Como primera mujer candidata en unas generales que consiguió entrar en el Gobierno sumó 3 millones de votos. Desde entonces —y antes— nada fue fácil en lo orgánico. Candidata sin partido pero sí con movimiento, su punto débil ha sido la capacidad de mantener la unidad en ese bloque electoral. Podemos entró casi a la fuerza y el grupo parlamentario plurinacional se fue descomponiendo a la interna. Desde que entraron los 33, cada partido ha mirado más por sus intereses y en ocasiones en contra de ella. No ha sido fácil conciliar las aspiraciones de cada partido y las complejidades humanas en una red de relaciones donde no se reconocen autoridades. 

La salida de Yolanda Díaz acelera el "y ahora qué" de la izquierda. Todo el bloque compite con la abstención frente a una ultraderecha disparada y un PP fundido en Vox. Mientras el voto de derechas está hipermovilizado (60% en Extremadura), la unidad de los partidos de izquierdas tiene un reto mayor al de aglutinar marcas. Movilizar al votante, activar un espacio político adormecido, desorientado y desdibujado. Pelear por un 12% de voto —lo que obtuvieron en 2023— con una papeleta que articule la propuesta de Gabriel Rufián con la candidatura de IU, Movimiento Sumar, Más Madrid y Comuns. Faltan todavía partidos por sumarse, pero sobre todo claridad en cómo articulan esa dirección y su propuesta. 

Las debilidades son mayores que en 2023. No pueden permitirse enfrentamientos en público que ahonden en el desgaste del votante. No sobran liderazgos que superen el conocimiento público de Yolanda Díaz. Tampoco partido alfa que domine el espacio. Podemos no tiene intención de sumarse y si tuviera que decidir hoy se quedaría fuera apostando por el 4-5% de voto que manejan en su demoscopia interna. Unos 6 diputados propios, si comparamos con el 2,3% de Más País en 2019 que supuso tres escaños. 

Pasarán muchas cosas por el camino y todo es posible en la nueva configuración. Para dibujar un espacio único electoral reconocible, un quién y un cómo con claridad, la izquierda tiene menos tiempo del que parece. La salida de Díaz acelera y despeja un camino —más de especulaciones que de otra cosa— que facilita el trabajo de quienes se quedan. Gabriel Rufián es quien mejor ha verbalizado la dimensión del reto. Una ultraderecha y un PP dispuestos a gobernarlo todo juntos y sin líneas rojas a los que necesitan enfrentar con unidad y contundencia. El documento marco de los populares se lo ha puesto fácil esta semana para armar un programa. Los diez puntos son una amenaza a los avances en derechos de la última década.  

La generosidad temporal de Díaz, dejarlo lejos de la cita de las generales, deja un debate al que nunca se quiere prestar suficiente atención. Las formas, la trituradora, el encanallamiento y desgaste permanente de los partidos. Una lógica que machaca el proyecto colectivo y arrasa parte de la vida personal de quien lo sufre. No se hablará de esto pero la dinámica de los actos fundacionales de la pasada semana transpiraba que algo se había aprendido.

Incógnita despejada. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado que no será candidata en las próximas elecciones generales, una decisión "muy meditada" que ha comunicado tanto al espacio de Sumar como al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Díaz ha trasladado públicamente esta decisión en una carta colgada en redes sociales, donde ha mostrado su respaldo a los movimientos en la izquierda para armar una candidatura de unidad: "Quiero también dar espacio y tiempo para que lo que están haciendo ahora corra con la fuerza que se merece y acompañarlo, cuidarlo e impulsarlo con toda mi energía y con la fuerza que me da la convicción".

"Y quiero cuidar también el Gobierno de coalición progresista porque es cuidar la mejor herramienta que tenemos para seguir ganando derechos", señala en la misiva.

La vicepresidenta segunda da este paso después de una semana en la izquierda que ha supuesto todo un punto de inflexión de cara a las generales, tanto por el acto entre Gabriel Rufián (ERC) y Emilio Delgado (Más Madrid) como por la refundación del espacio de Sumar impulsada por IU, Más Madrid, los comunes y Movimiento Sumar.

"Siempre tuve muchas reticencias ante la idea de ser candidata. La política es dura, especialmente para las mujeres, pero no me arrepiento de haber dado el paso. Miro atrás y estoy orgullosa de todo lo que hemos conseguido de forma colectiva y trabajando siempre para mejorar la vida de la gente", traslada en la misiva.

Díaz llegó al Gobierno después del pacto firmado entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias para formar la coalición tras las elecciones de noviembre de 2019. Ella ocupó primero la cartera de ministra de Trabajo, para luego ascender a la Vicepresidencia tras la marcha del líder de Podemos para concurrir en las elecciones madrileñas. Posteriormente fue elegida como candidata de Sumar para competir en el 23J, donde logró 31 escaños.

La vicepresidenta segunda. de esta manera, deja ahora espacio libre para la conformación de esas candidaturas. Ante ello, subraya: "Se abren de nuevo caminos para insuflar de vida e ilusión al espacio progresista".

"Lo hemos visto el pasado día 18 de febrero, con el debate pertinente y ambicioso que ha abierto Gabriel Rufián y lo hemos visto el día 21 con la confirmación de que el espacio que Sumar puso en pie sigue con fuerza, vocación de mayorías y voluntad de acuerdo y avance social. Es el momento de ampliar la democracia y de llenarla de sentido y esperanza. Eso es lo que necesitamos. Es necesario que esa energía, de la que hoy vemos los primeros destellos, crezca”, remarca.

A la vez que señala Díaz: “Di el paso para encabezar Sumar en 2023 pensando en el enorme abrazo de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Dijimos entonces que sin Sumar no habría Gobierno de coalición y logramos revalidar un Gobierno que todas las encuestas daba por perdido. Estos días pienso todo el rato que esa fuerza, ese abrazo y ese encuentro es lo que toca construir y defender. Seguiré trabajando en el Gobierno para cumplir con ese mandato de las urnas y avanzar en todo lo que nos queda por hacer”.

El cantante Julio Iglesias ha presentado una demanda contra la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, por los comentarios de carácter "injurioso y calumnioso" que realizó en una red social y en un programa de televisión en relación con la denuncia interpuesta contra él por presuntos delitos de abusos sexuales y que fue archivada por la Fiscalía.

En su escrito al Tribunal de Instancia (Sección Civil) de Madrid, al que ha tenido acceso EFE este martes, el cantante, a través de su abogado José Antonio Choclán, solicita la celebración de un acto de conciliación en el que la ministra reconozca el daño producido, rectifique sus manifestaciones (en los mismos medios y en la misma franja horaria) e indemnice a Julio Iglesias con el importe en el que se fijen "los daños causados en función de la difusión alcanzada por el comportamiento injurioso y calumnioso".

Acto de conciliación que es requisito previo, recuerda el letrado, a la interposición de una querella por la presunta comisión de delitos de injurias y calumnias con publicidad por parte de Yolanda Díaz.

Se refiere en concreto a las manifestaciones que realizó la ministra, al conocerse dicha denuncia, en la red social Bluesky el pasado 13 de enero y al día siguiente en una entrevista en el programa La Hora de la 1, en RTVE.

En sendos medios, indica el escrito, "la demandada, alto cargo público del Estado, emitió a la opinión pública (...) claros prejuicios de culpabilidad contra el sr. Iglesias, tales como que en su casa se cometían abusos sexuales, los trabajadores se encontraban en régimen de esclavitud y se vulneraban sistemáticamente los derechos fundamentales de los mismos".

"Escalofriantes testimonios de las extrabajadoras de Julio Iglesias. Abusos sexuales y una situación de esclavitud con una estructura de poder basada en la agresión permanente. Gracias a las mujeres valientes y a la periodistas de @eldiario.es por denunciarlo", decía Yolanda Díaz en su mensaje en Bluesky.

Una publicación en una red social en la que Díaz cuenta con 38.027 seguidores y que fue "ampliamente comentada y compartida en redes sociales" y de la que se generaron noticias en otros medios de comunicación, destaca el escrito, de 12 páginas.

En la entrevista en TVE, que recoge transcrita la demanda, Yolanda Díaz abundó: "Creo que la investigación que estamos conociendo estos días da terror, da pánico, se concentran todas las vulneraciones de los derechos humanos en mujeres que además efectivamente estaban en una posición de inferioridad extrema, extrema en tanto que seres humanos, extrema en tanto que trabajadoras de Julio Iglesias".

El abogado del cantante refleja que la entrevista tuvo "una inequívoca repercusión mediática", teniendo en cuenta que ese día dicho programa lideró la audiencia en la franja matinal con un 17,3% de audiencia.

Considera por todo ello que la ministra incumplió "abiertamente sus deberes institucionales como alto cargo del Estado al vulnerar el derecho a la presunción de inocencia por su afectación al derecho al honor y la reputación personal de la persona investigada en un proceso penal".

Unas manifestaciones, añade, que lesionan "de modo irremediable no solo el derecho a la presunción de inocencia" en un caso en el que además no llegó a abrirse un procedimiento judicial, "sino en lo que ahora nos concierne su derecho a la intimidad personal y al honor".

El abogado recoge también jurisprudencia en este sentido del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y señala que las manifestaciones de Yolanda Díaz contra su cliente conculcan también la directiva europea por la que se refuerzan en el proceso penal y que recoge expresamente la prohibición de que las autoridades públicas realicen referencias públicas a la culpabilidad de la persona sometida al proceso penal.

Díaz, por su parte ha respondido a Julio Iglesias que seguirá defendiendo a las mujeres trabajadoras. "Defiendo a las mujeres trabajadoras ante cualquiera que vulnere su integridad y sus derechos y no voy a dejar de hacerlo. Con denuncias o sin denuncias, las mujeres ya no nos callamos", ha escrito la vicepresidenta este martes en su cuenta de Bluesky.