La Audiencia Provincial de Madrid juzgará el próximo miércoles a Carlo Ancelotti por defraudar a Hacienda 1,06 millones de euros en 2014 y 2015. Una década después de haber cometido los supuestos delitos fiscales, el entrenador del Real Madrid se enfrenta a una petición de cuatro años y nueve meses de cárcel y a una multa de 3,18 millones de euros: el fiscal le acusa de no haber tributado por sus derechos de imagen, que cobró a través de dos sociedades pantalla, una registrada en Londres y otra en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas.

La sentencia proporcionará otra ocasión –y ya habido una veintena de ellas– para ver de qué lado se inclina la balanza de la justicia en la ya larga pugna entre Hacienda y el millonario negocio que rodea al fútbol y los futbolistas. Porque las más recientes decisiones judiciales han dado la razón a los deportistas que cedieron sus derechos de imagen a sociedades en un “negocio simulado” que, según la Agencia Tributaria, forma parte de una estrategia para defraudar al fisco.

Son los casos de Andrés Iniesta, Xavi Hernández, Xabi Alonso o Dani Alves. En el de Carles Puyol, la Audiencia Nacional anuló en mayo de 2024 sanciones por importe de 2,5 millones de euros, pero validó el argumento de Hacienda de que el contrato que Puyol firmó con su representante era “simulado”, una forma de que el Barça pagara el salario del futbolista de manera encubierta sin abonar el IRPF. Antes, Gerard Piqué y Juanfran Torres fueron absueltos también.

Por el contrario, Marcelo, Luka Modric, Fábio Coentrão, Ricardo Carvalho, Radamel Falcao, Ángel Di María, Diego Costa y Samuel Eto’o llegaron a acuerdos con la Fiscalía, tras pagar cantidades millonarias a Hacienda, para librarse de la cárcel. Todos ellos reconocieron el delito fiscal que se les imputaba en una sucesión de juicios que comenzaron en 2017 tras la publicación de los Football Leaks. Esa filtración sentó también en el banquillo a Cristiano Ronaldo, José Mourinho y Leo Messi, que reconocieron sus delitos, pagaron sustanciosas multas y no fueron a prisión.

La operativa es siempre la misma y en ella aparecen sociedades pantalla creadas en Panamá, Islas Vírgenes, Belice, Uruguay, Colombia, Hungría, Madeira, Irlanda y Nueva Zelanda, entre otros paraísos fiscales y territorios de baja tributación.

Como ocurrió con los jugadores mencionados, el “complejo y confuso” entramado de fideicomisos y sociedades interpuestas que Carlo Ancelotti creó para eludir la tributación de los rendimientos de sus derechos de imagen, por utilizar la descripción de la Fiscalía, fue igualmente desvelado en detalle por Football Leaks, una filtración de más de 70 millones de documentos sobre la industria del fútbol que la revista alemana Der Spiegel compartió desde 2016 con la red de medios European Investigative Collaborations (EIC), a la que pertenece infoLibre. Esos documentos sirvieron para elaborar más de 1.000 artículos, muchos de los cuales dieron lugar a procedimientos judiciales. Igualmente pusieron al descubierto los secretos del Manchester City, el París Saint-Germain y la UEFA, entre otras organizaciones.

Según demuestran los documentos de Football Leaks, Carlo Ancelotti utilizaba una sociedad en Islas Vírgenes como antes lo había hecho con una en Suiza. Para crearlas y gestionarlas empleó una firma especializada en grandes patrimonios, Trident Trust, que apareció después como una de las protagonistas de otra filtración, los Pandora Papers.

La Fiscalía, que denunció a Ancelotti en junio de 2020, necesitó casi cuatro años para presentar el escrito de acusación. La instrucción de la causa estuvo en manos del Juzgado número 35 de Madrid, que sólo consideró al entrenador como residente fiscal en 2014, pero no en 2015, ya que había sido despedido en mayo de ese último año. La Fiscalía recurrió alegando que el italiano había mantenido su residencia en España al menos hasta octubre, que era la fecha de fin del contrato de alquiler de su ático en la Plaza de la Independencia, junto a la Puerta de Alcalá de Madrid.

Por todos sus problemas fiscales, Ancelotti figuró en la lista de morosos de Hacienda entre junio de 2021 y junio de 2022, con una deuda de 1,46 millones de euros. De hecho, la Agencia Tributaria embargó su sueldo para cobrársela. En esa última fecha, su nombre desapareció, bien porque había cancelado total o parcialmente esa deuda, al menos por debajo de 600.000 euros, o porque había obtenido un aplazamiento o suspensión. “Si me dicen que he defraudado, me molesta”, declaró este viernes el italiano cuando los periodistas le preguntaron por el inminente juicio, antes de manifestar su confianza “ciega en la ley y la justicia”.

Pero la gestión supuestamente fraudulenta de sus derechos de imagen no fue la única trampa fiscal de Ancelotti en España que se hizo pública gracias a Football Leaks. El entrenador y el Real Madrid pactaron en 2015 un despido improcedente que permitió a Ancelotti rebajar en 180.000 euros la factura a Hacienda por la cuantiosa indemnización que le pagó el club. Como se sabe, el italiano fue destituido el 25 de mayo de ese año y recontratado seis años después por Florentino Pérez, quien le renovó en diciembre de 2023 hasta 2026.

En su escrito de acusación la Fiscalía describe con detalle el esquema que el entrenador utilizó para “simular” la cesión de sus derechos de imagen a unas sociedades “carentes de actividad real” y de capacidad de explotación que estaban domiciliadas en Londres y las Islas Vírgenes Británicas. Se trataba de ocultar el beneficiario real de los ingresos por derechos de imagen, de manera que ni el propio Ancelotti ni esas sociedades tributaran por ese concepto a la Hacienda española.

Para empezar, Ancelotti y el Real Madrid dataron el 4 de julio de 2013 tanto su primer contrato laboral como su primer contrato de imagen con el club. Pero según los documentos de Football Leaks, el italiano había firmado aparentemente su contrato el 26 de junio de 2013. Ese mismo día, la entidad presidida por Florentino Pérez presentó a su nuevo entrenador en el estadio.

El baile de fechas es relevante: unos pocos días pueden suponer una gran diferencia económica. Cualquier persona que resida en España más de 183 días es considerada a efectos fiscales como “residente” y paga el IRPF, con un tipo máximo del 47%, mientras que si permanece aquí menos tiempo tributa ese año como “no residente”, cuyo tipo marginal en el impuesto sobre la renta es el 24%. Entre el 1 de julio y el 31 de diciembre transcurren exactamente 184 días, así que para Ancelotti datar el contrato después del 1 de julio le permitía tributar como no residente. Eso fue lo que ocurrió en 2013, cuando el entrenador abonó el 24,75% –era el tipo máximo ese año–. La Agencia Tributaria ingresó así cerca de un millón de euros menos que si hubiera el italiano hubiera pagado el IRPF como residente.

En virtud de su contrato laboral, el entrenador debía cobrar 7,9 millones de euros brutos la primera temporada y 10,17 millones cada una de las dos siguientes. De acuerdo con lo firmado en el contrato de imagen, percibiría 1,4 millones brutos el primer año y 1,79 millones cada uno de los dos años siguientes. Las cantidades antes mencionadas deberían abonarse al técnico cada temporada en dos pagos iguales, uno el 10 de enero y otro el 10 de julio, menos el primer año, cuando tenía que hacerse el ingreso el 28 de diciembre de 2013.

Sin embargo, en esa última fecha, el Real Madrid tuvo que incluir el primer pago a Ancelotti por los derechos de imagen añadiéndolos a su nómina, como si fuera parte de su salario, en lugar de a la sociedad que figuraba –sin nombre– en el contrato. Por entonces, el entrenador gestionaba sus derechos de imagen a través de una empresa domiciliada en Suiza. Ingresarle de esta forma esas cantidades suponía para el club un sobrecoste, porque tenía que aumentar el importe bruto del pago para garantizar al técnico la cantidad neta inicialmente comprometida. Así que, según los correos electrónicos que se cruzan en enero y marzo de 2014 los ejecutivos del Real Madrid, éstos piden que “quien corresponda” hable con Ancelotti y le convenza de que debe constituir una sociedad en otro país que no sea la Confederación Helvética.

De hecho, el contrato entre el entrenador, el club y una firma coreana de videojuegos, Nexon, no se pudo firmar hasta que el 18 de julio de 2014 llegó el documento, con el conforme del propio Ancelotti, donde se dejaba constancia de que una sociedad británica, Vapia LLP, era la propietaria de los derechos de imagen del entrenador hasta el 30 de junio de 2023. También informaba de que los derechos habían sido adquiridos con anterioridad por otra empresa, Vapia Limited, socia al 99% de Vapia LLP. El papel lo firma Jack [Michael] French, quien además ofrece a Greg [Charles Williams] MacRae para atender cualquier consulta al respecto. Ambos son los directores de Appledore, una firma de gestión de grandes patrimonios con sede en Londres. Lo que no dice el documento es que Vapia Limited es una sociedad registrada en Road Town, la capital de las Islas Vírgenes Británicas, al igual que Ditomac Limited, propietaria del 1% restante de Vapia LLP. Así consta en la Companies House, el registro mercantil de Reino Unido.

Y según informa el Registro Mercantil de Islas Vírgenes, tras Ditomac Limited y Vapia Limited figuran como representantes autorizados dos firmas de servicios financieros, Corporate Registrations Limited y Trident Trust Company Limited. Esta última es la delegación en Islas Vírgenes de Trident Trust, una empresa de gestión de patrimonios y fondos con 25 oficinas repartidas en 18 jurisdicciones distintas, entre ellas los mayores paraísos fiscales del planeta, desde las Islas Caimán hasta Nevis, las islas de Jersey y Guernsey, Singapur, Seychelles o Dubai. Resulta que también es la firma que más veces aparece en los Pandora Papers, la filtración que publicó el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) en colaboración con periódicos como The Washington Post, The Guardian, Le Monde o El País.

En su escrito, la Fiscalía explica que el entrenador había firmado el 1 de julio de 2013 un contrato privado donde “aparentemente” cedía durante 10 años sus derechos de imagen a Vapia Limited, la sociedad de las Islas Vírgenes, a cambio de 25 millones de euros. Sólo un día más tarde esa empresa nombró apoderado al propio Ancelotti, con capacidad para gestionar los derechos de imagen cedidos. Un anexo modificó después el contrato inicial para reducir la cesión a tres años y el precio de compraventa de los derechos de imagen a un millón de euros anuales, “sin que Carlo Ancelotti reciba indemnización alguna por dichos cambios sustanciales”, resalta el acusador público. Es decir, el fiscal considera que se trató de una cesión simulada.

El acuerdo con Vapia Limited se firmó, por tanto, sólo tres días antes de la fecha en que Ancelotti dató su contrato con el Real Madrid. Pero en este último documento no se menciona el nombre del propietario de los derechos de imagen del italiano. Sólo se establece que el entrenador debería comunicar al Real Madrid en un plazo de tres meses –a principios de octubre de 2013, por tanto– qué sociedad se los gestionaba. Y hay que recordar que en diciembre el club le abonó el primer pago por esos derechos en su nómina, como parte de su salario, para no hacerlo en la cuenta de una sociedad suiza. El caso es que no fue hasta julio de 2014, un año después de su contrato con la sociedad de Islas Vírgenes, cuando el técnico comunicó al Real Madrid que la británica Vapia LLP –ni Vapia Limited ni la sociedad suiza– era la propietaria de sus derechos de imagen.

infoLibre preguntó en 2021, cuando desveló este esquema fiscal, tanto al club blanco como a Carlo Ancelotti, por estas sociedades y por la operativa que siguieron respecto a los derechos de imagen del entrenador, sin obtener una respuesta.

Vapia LLP, además, figura en el Registro Mercantil británico como sociedad “durmiente”. No tuvo actividad alguna desde que fue creada, el 4 de octubre de 2013, y hasta que fue disuelta, el 16 de marzo de 2021. En las cuentas enviadas a la Companies House, sus administradores aseguran que funciona únicamente como nominee –sociedad interpuesta–, por lo que no tiene ni ingresos ni gastos, ni beneficios ni pérdidas, y hacen constar únicamente 200 libras –234 euros– en activos durante todos esos años.

Sin embargo, el Real Madrid hizo al menos tres transferencias a esta empresa en 2014 y 2015 con los pagos por derechos de imagen de Ancelotti. Todos ellas, a una cuenta del Barclays Bank ubicada en una sucursal de la isla de Man, uno de los territorios dependientes de la Corona británica considerado un paraíso fiscal por España.

En total, el Real Madrid pagó a Vapia LLP en concepto de derechos de imagen 3,6 millones de euros en 2014 y 2015, según consta en las facturas que remitía la sociedad al club y las transferencias que éste realizaba a continuación tras haber practicado una retención del 24%. Todas ellas forman parte de los documentos de Football Leaks.

Esos ingresos, sin embargo, no fueron declarados ni por Vapia LLP en Reino Unido ni por Ancelotti en España, por lo que no tributaron, según denuncia la Fiscalía. Por el contrato antes mencionado con el videojuego coreano Nexon, Ancelotti cobró 100.000 euros brutos en 2014; por otro para promocionar los relojes Cecil Purnell, 306.007 euros en 2014 y 2015. Con Nike, 101.586 euros en esos dos años. De Perform Media Sales –la plataforma DZN–, recibió 55.250 euros; de Imagosport, su agencia de relaciones públicas, 24.545 euros, y de su agente, CAA Sports, 9.204 euros también en 2015. Hay una diferencia entre estos ingresos: Nexon pagó a Vapia LLP (Londres), pero Cecil Purnell, Nike, Perform Media Sales, Imagosport y CAA facturaron a Vapia Limited (Islas Vírgenes).

Magnolia TV, la productora de Supervivientes, entre otros reality shows, pagó directamente al entrenador 70.000 euros por participar en Hay una cosa que te quiero decir, y Academy for Excellence, 13.709 euros por asistir a una cena de gala en Londres. Son sólo algunos de los ingresos enumerados por la Fiscalía por los que el entrenador italiano no abonó impuestos. Ancelotti solicitó la residencia fiscal en España en septiembre de 2014, por lo que pasó de tributar en el IRPF con un tipo del 24,75% como no residente a hacerlo por el tipo marginal del 47%.

De esta forma presentó unas declaraciones a Hacienda que, al incluir sólo sus nóminas del Real Madrid pero omitiendo los derechos de imagen, le salían a devolver: 39.575 euros en 2014 y 529.076 euros en 2015, desvela la Fiscalía. Por derechos de imagen había ingresado 1,25 millones de euros en 2014 y 2,96 millones en 2015. No tributó por esas cantidades ni un euro. Tampoco pagó impuestos, añade el escrito de acusación, por dos inmuebles que posee en el extranjero.

Cuando el Real Madrid despidió a Ancelotti en 2015, aún le quedaba un año de contrato. Como queda dicho más arriba, el que había firmado dos años antes le aseguraba un salario de 7,98 millones de euros brutos la primera temporada y de 10,17 millones las dos siguientes. La indemnización que le correspondió ascendió a 9,78 millones de euros brutos, según consta en los documentos de Football Leaks.

Pero de esa sustanciosa cantidad también quisieron el italiano y el club rebajar el obligado pago a Hacienda. Así que llegaron a un acuerdo previo al despido que le permitió a Ancelotti no tributar por 180.000 euros y al Real Madrid no hacer la retención a la que está obligado por esa misma cantidad, exenta de tributar en el IRPF desde la reforma fiscal de 2014.

Con la misma fecha de su destitución, el 25 de mayo de 2015, Ancelotti firmó un documento privado donde el Real Madrid reconoce que el despido es improcedente. Tanto el club como el entrenador se obligan a acudir al Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SMAC), donde el primero accederá a pagar la indemnización al segundo y éste la aceptará y se declarará “plenamente indemnizado, liquidado, saldado y finiquitado”, de manera que renunciará a “interponer cualesquiera acciones contra el Real Madrid”. Porque, en teoría –al menos–, el italiano tenía intención de presentar una demanda por despido improcedente contra el club.

Sin embargo, en ese mismo documento, Ancelotti “delega en la empresa”, el Real Madrid, la presentación de la papeleta de conciliación, ya adjunta al escrito y con la misma fecha, 25 de mayo de 2015. Tal es así que el abogado que representó los intereses del entrenador ante los mediadores del SMAC un mes más tarde era Gonzalo Gallardo, letrado de Garrigues, el despacho habitual del club blanco. Y fue el Real Madrid el que gestionó con Garrigues y con un notario la redacción y firma de un poder notarial para que Gallardo representara al italiano ese día. Ancelotti se iba de vacaciones y no podía acudir al acto en el SMAC, le explicó un ejecutivo del Real Madrid al notario en el mismo correo electrónico donde le pedía que acudiera a la Ciudad Deportiva del club para que el entrenador firme el poder. Por lo que ha podido saber infoLibre, el italiano en realidad iba a volar a Vancouver (Canadá), donde posee una casa.

La misma operación ante el SMAC, con abogados y notario pagados por el club, se siguió con los siete miembros del equipo técnico de Ancelotti que fueron despedidos el mismo día: Paul Clement, William Vecchi, Jack William Wyler, Giovanni Mauri, Francesco Mauri y el hijo de Ancelotti, Davide. Poco después, el 11 de junio, también fue despedido Juan Garrido Canales, segundo entrenador de porteros que había sido contratado en agosto de 2014 y también presentó su papeleta de conciliación ante el SMAC. 

Según consta en el acta de conciliación de Carlo Ancelotti, de los 9,78 millones de euros brutos de indemnización, 4,89 millones corresponden a la liquidación, saldo y finiquito por los seis meses de salarios entre enero y junio de 2015, 4,71 millones a una indemnización “adicional” y 180.000 euros a la “indemnización legal”.

Como tributó con un tipo del 47%, el neto cobrado por Ancelotti se quedó en 5,091 millones de euros. Además, fue resarcido con otros 1,31 millones de euros por sus derechos de imagen. Es decir, el total cobrado se elevó a 6,4 millones.

En el informe elevado al comité económico del club del 3 de julio, otro documento de Football Leaks, el Real Madrid calculó que la cancelación anticipada del contrato del italiano y del resto de su cuerpo técnico le habían supuesto un desembolso de ocho millones de euros a 30 de junio y un “impacto en el valor neto contable” de otros 4,1 millones. En total, una “desviación negativa” de 11,4 millones de euros.

La Fiscalía Provincial de Madrid pide cuatro años y nueve meses de cárcel para Carlo Ancelotti, el entrenador que le ha conseguido 11 títulos al Real Madrid, por defraudar a Hacienda 1,06 millones de euros en 2014 y 2015. En esos dos ejercicios fiscales, el técnico italiano no tributó por sus derechos de imagen, que cobró a través de dos sociedades pantalla, una registrada en Londres y otra en las Islas Vírgenes Británicas, un notorio paraíso fiscal.

Ancelotti se suma así a la ya larga lista de jugadores y entrenadores de fútbol que han sido procesados por intentar ocultar al fisco los millonarios ingresos que perciben por vender a las marcas su nombre, imagen o incluso su voz. Cristiano Ronaldo, José Mourinho, Luka Modric, Angel Di María, Fábio Coentrão, Ricardo Carvalho, del Real Madrid; Leo Messi, Samuel Eto’o, del Barça; Radamel Falcao y Diego Costa, del Atlético de Madrid… Son sólo algunos de los que fueron condenados por delito fiscal. Por el contrario, Gerard Piqué –Barça–, Juanfran Torres –Atlético de Madrid– y Xabi Alonso –Real Madrid–, el más reciente, han sido absueltos del mismo delito.

La Fiscalía, que denunció a Ancelotti en junio de 2020, ha necesitado casi cuatro años para presentar el escrito de acusación, donde este miércoles repite las cifras y argumentos de su primera reclamación. La instrucción de la causa ha estado todo este tiempo en manos del Juzgado número 35 de Madrid, que sólo consideró al entrenador como residente fiscal en 2014, pero no en 2015, ya que había sido despedido en mayo de ese último año. La Fiscalía recurrió alegando que el italiano había mantenido su residencia en España al menos hasta octubre, que era la fecha de fin del contrato de alquiler de su ático en la Plaza de la Independencia, junto a la Puerta de Alcalá.

La Audiencia de Madrid le dio la razón al Ministerio Público, que ahora pide cárcel para Ancelotti por haber creado un “complejo y confuso” entramado de fideicomisos y sociedades interpuestas para eludir la tributación de los rendimientos de sus derechos de imagen. Ese esquema fue desvelado por infoLibre en 2021 gracias a los documentos de Football Leaks, la filtración de más de 70 millones de documentos sobre la industria del fútbol que la revista alemana Der Spiegel compartió desde 2016 con la red de medios European Investigative Collaborations (EIC). Esos documentos sirvieron para elaborar más de 1.000 artículos, muchos de los cuales dieron lugar a procedimientos judiciales. En España, las revelaciones sobre las operativas fiscales de Cristiano Ronaldo y José Mourinho llevaron a su procesamiento y condena por defraudar a Hacienda millones de euros. También desvelaron las operaciones opacas de la Fundación Leo Messi con el Barça. Y pusieron al descubierto los secretos del Manchester City, el París Saint-Germain y la UEFA, entre otras organizaciones.

Según demuestran los documentos de Football Leaks, Carlo Ancelotti utilizaba una sociedad en Islas Vírgenes como antes lo hacía con una en Suiza. Para crearlas y gestionarlas empleó una firma especializada en grandes patrimonios, Trident Trust, que apareció después como una de las protagonistas de otra filtración, los Pandora Papers.

La gestión fraudulenta de sus derechos de imagen no fue la única trampa fiscal de Ancelotti en España que se hizo pública gracias a Football Leaks. El entrenador y el Real Madrid pactaron en 2015 un despido improcedente que permitió a Ancelotti rebajar en 180.000 euros la factura a Hacienda por la cuantiosa indemnización que le pagó el club. Como se sabe, el italiano fue destituido el 25 de mayo de ese año y recontratado seis años después por Florentino Pérez, quien le renovó el pasado diciembre hasta 2026.

Por todos sus problemas fiscales, Ancelotti figuró en la lista de morosos de Hacienda entre junio de 2021 y junio de 2022, con una deuda de 1,46 millones de euros. De hecho, la Agencia Tributaria embargó su sueldo para cobrársela. En esa última fecha, su nombre desapareció, bien porque había cancelado total o parcialmente esa deuda, al menos por debajo de 600.000 euros, o porque había obtenido un aplazamiento o suspensión.

La Fiscalía denuncia que el entrenador “simuló” la cesión de sus derechos de imagen a unas sociedades “carentes de actividad real” y de capacidad de explotación que estaban domiciliadas en Londres y las Islas Vírgenes Británicas. Se trataba de ocultar el beneficiario real de los ingresos por derechos de imagen, de manera que ni el propio Ancelotti ni esas sociedades tributaran por ese concepto a la Hacienda española.

Ancelotti y el Real Madrid dataron el 4 de julio de 2013 tanto su primer contrato laboral como su primer contrato de imagen con el club. Pero según los documentos de Football Leaks, el italiano firmó aparentemente su contrato el 26 de junio de 2013. Ese mismo día, la entidad presidida por Florentino Pérez presentó a su nuevo entrenador en el estadio.

El baile de fechas es sustantivo: unos pocos días pueden suponer una gran diferencia económica. Cualquier persona que resida en España más de 183 días es considerada a efectos fiscales como “residente” y paga el IRPF, con un tipo máximo del 47%, mientras que si permanece aquí menos tiempo tributa ese año como “no residente”, cuyo tipo marginal en el impuesto sobre la renta es el 24%. Entre el 1 de julio y el 31 de diciembre transcurren exactamente 184 días, así que para Ancelotti datar el contrato después del 1 de julio le permitía tributar como no residente. Eso fue lo que ocurrió en 2013, cuando el entrenador abonó el 24,75% –era el tipo máximo ese año–. La Agencia Tributaria ingresó así cerca de un millón de euros menos que si hubiera pagado el IRPF.

En virtud de su contrato laboral, el entrenador italiano debía cobrar 7,9 millones de euros brutos la primera temporada y 10,17 millones cada una de las dos siguientes. De acuerdo con lo firmado en el contrato de imagen, percibiría 1,4 millones brutos el primer año y 1,79 millones cada uno de los dos años siguientes. Las cantidades antes mencionadas deberían abonarse al técnico cada temporada en dos pagos iguales, uno el 10 de enero y otro el 10 de julio, menos el primer año, cuando tenía que hacerse el ingreso el 28 de diciembre de 2013.

Sin embargo, en esa última fecha, el Real Madrid tuvo que incluir el primer pago a Ancelotti por los derechos de imagen añadiéndolos a su nómina, como si fuera parte de su salario, en lugar de a la sociedad que figuraba –sin nombre– en el contrato. Por entonces, el entrenador gestionaba sus derechos de imagen a través de una empresa domiciliada en Suiza. Ingresarle de esta forma esas cantidades suponía para el club un sobrecoste, porque tenía que aumentar el importe bruto del pago para garantizarle al técnico la cantidad neta inicialmente comprometida. Así que, según los correos electrónicos que se cruzan en enero y marzo de 2014 los ejecutivos del Real Madrid, éstos piden que “quien corresponda” hable con Ancelotti y le convenza de que debe constituir una sociedad en otro país que no sea la Confederación Helvética.

De hecho, el contrato entre el entrenador, el club y una firma coreana de videojuegos, Nexon, no se pudo firmar hasta que el 18 de julio de 2014 llegó el documento, con el conforme del propio Ancelotti, donde se dejaba constancia de que una sociedad británica, Vapia LLP, era la propietaria de los derechos de imagen del entrenador hasta el 30 de junio de 2023. También informaba de que los derechos habían sido adquiridos con anterioridad por otra empresa, Vapia Limited, socia al 99% de Vapia LLP. El papel lo firma Jack [Michael] French, quien además ofrece a Greg [Charles Williams] MacRae para atender cualquier consulta al respecto. Ambos son los directores de Appledore, una firma de gestión de grandes patrimonios con sede en Londres. Lo que no dice el documento es que Vapia Limited es una sociedad registrada en Road Town, la capital de las Islas Vírgenes Británicas, al igual que Ditomac Limited, propietaria del 1% restante de Vapia LLP. Así consta en la Companies House, el registro mercantil de Reino Unido.

Y según informa el Registro Mercantil de Islas Vírgenes, tras Ditomac Limited y Vapia Limited figuran como representantes autorizados dos firmas de servicios financieros, Corporate Registrations Limited y Trident Trust Company Limited. Esta última es la delegación en Islas Vírgenes de Trident Trust, una empresa de gestión de patrimonios y fondos con 25 oficinas repartidas en 18 jurisdicciones distintas, entre ellas los mayores paraísos fiscales del planeta, desde las Islas Caimán hasta Nevis, las islas de Jersey y Guernsey, Singapur, Seychelles o Dubai. Resulta que también es la firma que más veces aparece en los Pandora Papers, la filtración que publicó el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) en colaboración con periódicos como The Washington Post, The Guardian, Le Monde o El País.

En su escrito, la Fiscalía explica que el entrenador había firmado el 1 de julio de 2013 un contrato privado donde “aparentemente” cedía durante 10 años sus derechos de imagen a Vapia Limited, la sociedad de las Islas Vírgenes, a cambio de 25 millones de euros. Sólo un día más tarde esa empresa nombró apoderado al propio Ancelotti, con capacidad para gestionar los derechos de imagen cedidos. Un anexo modificó después el contrato inicial para reducir la cesión a tres años y el precio de compraventa de los derechos de imagen a un millón de euros anuales, “sin que Carlo Ancelotti reciba indemnización alguna por dichos cambios sustanciales”, resalta el acusador público. Es decir, el fiscal considera que se trató de una cesión simulada.

El acuerdo con Vapia Limited se firmó, por tanto, sólo tres días antes de la fecha en que Ancelotti dató su contrato con el Real Madrid. Pero en este último documento no se menciona el nombre del propietario de los derechos de imagen del italiano. Sólo se establece que el entrenador debería comunicar al Real Madrid en un plazo de tres meses –a principios de octubre de 2013, por tanto– qué sociedad se los gestionaba. Y hay que recordar que en diciembre el club le abonó el primer pago por esos derechos en su nómina, como parte de su salario, para no hacerlo en la cuenta de una sociedad suiza. El caso es que no fue hasta julio de 2014, un año después de su contrato con la sociedad de Islas Vírgenes, cuando el técnico comunicó al Real Madrid que la británica Vapia LLP –ni Vapia Limited ni la sociedad suiza– era la propietaria de sus derechos de imagen.

infoLibre preguntó en 2021, tanto al club blanco como a Carlo Ancelotti, por estas sociedades y por la operativa que siguieron respecto a los derechos de imagen del entrenador, sin obtener una respuesta.

Vapia LLP, además, figura en el Registro Mercantil británico como una sociedad “durmiente”. No ha tenido actividad alguna desde que fue creada, el 4 de octubre de 2013, y hasta que fue disuelta, el 16 de marzo de 2021. En las cuentas enviadas a la Companies House, sus administradores aseguran que funciona únicamente como nominee –sociedad interpuesta–, por lo que no tiene ni ingresos ni gastos, ni beneficios ni pérdidas, y hacen constar únicamente 200 libras –234 euros– en activos durante todos esos años.

Sin embargo, el Real Madrid hizo al menos tres transferencias a esta empresa en 2014 y 2015 con los pagos por derechos de imagen de Ancelotti. Todos ellas, a una cuenta del Barclays Bank ubicada en una sucursal de la isla de Man, uno de los territorios dependientes de la Corona británica considerado un paraíso fiscal por España.

En total, el Real Madrid pagó a Vapia LLP en concepto de derechos de imagen 3,6 millones de euros en 2014 y 2015, según consta en las facturas que remitía la sociedad al club y las transferencias que éste realizaba a continuación tras haber practicado una retención del 24%. Todas ellas forman parte de los documentos de Football Leaks.

Esos ingresos, sin embargo, no fueron declarados ni por Vapia LLP en Reino Unido ni por Ancelotti en España, por lo que no tributaron, denuncia la Fiscalía. Por el contrato antes mencionado con el videojuego coreano Nexon, Ancelotti cobró 100.000 euros brutos en 2014; por otro para promocionar los relojes Cecil Purnell, 306.007 euros en 2014 y 2015. Con Nike, 101.586 euros en esos dos años. De Perform Media Sales –la plataforma DZN–, recibió 55.250 euros; de Imagosport, su agencia de relaciones públicas, 24.545 euros, y de su agente, CAA Sports, 9.204 euros también en 2015. Hay una diferencia entre estos ingresos: Nexon pagó a Vapia LLP (Londres), pero Cecil Purnell, Nike, Perform Media Sales, Imagosport y CAA facturaron a Vapia Limited (Islas Vírgenes).

Magnolia TV, la productora de Supervivientes, entre otros reality shows, pagó directamente al entrenador 70.000 euros por participar en Hay una cosa que te quiero decir, y Academy for Excellence, 13.709 euros por asistir a una cena de gala en Londres. Son sólo algunos de los ingresos enumerados por la Fiscalía por los que el entrenador italiano no abonó impuestos. Ancelotti solicitó la residencia fiscal en España en septiembre de 2014, por lo que pasó de tributar en el IRPF con un tipo del 24,75% como no residente a hacerlo por el tipo marginal del 47%.

De esta forma presentó unas declaraciones a Hacienda que, al incluir sólo sus nóminas del Real Madrid pero omitiendo los derechos de imagen, le salían a devolver: 39.575 euros en 2014 y 529.076 euros en 2015, desvela ahora la Fiscalía. Por derechos de imagen había ingresado 1,25 millones de euros en 2014 y 2,96 millones en 2015. No tributó por esas cantidades ni un euro. Tampoco pagó impuestos, añade el escrito de acusación, por dos inmuebles que posee en el extranjero.

Cuando el Real Madrid despidió a Ancelotti en 2015, aún le quedaba un año de contrato. Como queda dicho más arriba, el que había firmado dos años antes le aseguraba un salario de 7,98 millones de euros brutos la primera temporada y de 10,17 millones las dos siguientes. La indemnización que le correspondió ascendió a 9,78 millones de euros brutos, según consta en los documentos de Football Leaks.

Pero de esa sustanciosa cantidad también quisieron el italiano y el club rebajar el obligado pago a Hacienda. Así que llegaron a un acuerdo previo al despido que le permitió a Ancelotti no tributar por 180.000 euros y al Real Madrid no hacer la retención a la que está obligado por esa misma cantidad, exenta de tributar en el IRPF desde la reforma fiscal de 2014.

Con la misma fecha de su destitución, el 25 de mayo de 2015, Ancelotti firmó un documento privado donde el Real Madrid reconoce que el despido es improcedente. Tanto el club como el entrenador se obligan a acudir al Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SMAC), donde el primero accederá a pagar la indemnización al segundo y éste la aceptará y se declarará “plenamente indemnizado, liquidado, saldado y finiquitado”, de manera que renunciará a “interponer cualesquiera acciones contra el Real Madrid”. Porque, en teoría –al menos–, el italiano tenía intención de presentar una demanda por despido improcedente contra el club.

Sin embargo, en ese mismo documento, Ancelotti “delega en la empresa”, el Real Madrid, la presentación de la papeleta de conciliación, ya adjunta al escrito y con la misma fecha, 25 de mayo de 2015. Tal es así que el abogado que representó los intereses del entrenador ante los mediadores del SMAC un mes más tarde era Gonzalo Gallardo, letrado de Garrigues, el despacho habitual del club blanco. Y fue el Real Madrid el que gestionó con Garrigues y con un notario la redacción y firma de un poder notarial para que Gallardo representara al italiano ese día. Ancelotti se iba de vacaciones y no podía acudir al acto en el SMAC, le explica un ejecutivo del Real Madrid al notario en el mismo correo electrónico donde le pide que acuda a la Ciudad Deportiva del club para que el entrenador firme el poder. Por lo que ha podido saber infoLibre, el italiano en realidad iba a volar a Vancouver (Canadá), donde posee una casa.

La misma operación ante el SMAC, con abogados y notario pagados por el club, se siguió con los siete miembros del equipo técnico de Ancelotti que fueron despedidos el mismo día: Paul Clement, William Vecchi, Jack William Wyler, Giovanni Mauri, Francesco Mauri y el hijo de Ancelotti, Davide. Poco después, el 11 de junio, también fue despedido Juan Garrido Canales, segundo entrenador de porteros que fue contratado en agosto de 2014 y también presentó su papeleta de conciliación ante el SMAC. 

Según consta en el acta de conciliación de Carlo Ancelotti, de los 9,78 millones de euros brutos de indemnización, 4,89 millones corresponden a la liquidación, saldo y finiquito por los seis meses de salarios entre enero y junio de 2015, 4,71 millones a una indemnización “adicional” y 180.000 euros a la “indemnización legal”.

Como tributó con un tipo del 47%, el neto cobrado por Ancelotti se quedó en 5,091 millones de euros. Además, fue resarcido con otros 1,31 millones de euros por sus derechos de imagen. Es decir, el total cobrado se elevó a 6,4 millones.

En el informe elevado al comité económico del 3 de julio, otro documento de Football Leaks, el Real Madrid calculó que la cancelación anticipada del contrato del italiano y del resto de su cuerpo técnico le había supuesto un desembolso de ocho millones de euros a 30 de junio y un “impacto en el valor neto contable” de otros 4,1 millones. En total, una “desviación negativa” de 11,4 millones de euros.

Las autoridades judiciales españolas no han mostrado “ningún interés” en aprovechar para sus investigaciones los 20 terabytes de información que Rui Pinto, el denunciante de los Football Leaks, entregó el pasado día 1 a policías y fiscales alemanes, franceses y belgas en París. Así lo atestigua a infoLibre un portavoz de la Fiscalía Nacional Financiera de Francia (PNF), que organizó la cita junto con Eurojust, el organismo europeo de coordinación judicial.

España fue uno de los 10 países europeos que empezaron a cooperar para utilizar la información de Football Leaks en febrero de 2019, aunque ya antes, en 2018, Rui Pinto se había puesto a disposición de los fiscales franceses. Sin embargo, a la entrega de los discos duros desencriptados en París este mes no acudió ningún representante español. Y ello pese a que las revelaciones de Football Leaks, publicadas por la red de medios European Investigative Collaborations (EIC), a la que pertenece infoLibre, permitieron abrir en España las investigaciones judiciales que terminaron en las condenas por fraude de fiscal a Cristiano Ronaldo y José Mourinho, además de desvelar las operaciones opacas de la Fundación Leo Messi con el FC Barcelona.

Este periódico ha preguntado, sin éxito, al enlace español en Eurojust, el juez José de la Mata, por el motivo de la ausencia española en la cita de París y por la disposición española para utilizar los datos aportados por Rui Pinto. Por su parte, la Fiscalía española niega haber tenido conocimiento de la reunión. “No se le informó de la entrega [de los discos duros]”, asegura un portavoz. Aunque añadió que, en caso de necesitar esa información, sabe que la tiene a su disposición, al igual que el resto de las autoridades europeas, a través de Eurojust.

En efecto, a partir de ahora, “la asistencia mutua europea permitirá transmitir los datos a los demás países europeos afectados”, destacó a Mediapart, socio galo de infoLibre, también miembro de EIC, la Fiscalía Financiera francesa, que calificó de “prometedor” el contenido de los discos duros obtenidos.

España sí participó en la primera reunión de febrero de 2019, celebrada en La Haya, donde se acordó aprovechar las revelaciones de Football Leaks para investigar delitos en toda Europa. Los medios de EIC llevaban publicando desde diciembre de 2016 los casos de corrupción, fraude fiscal, dopaje, compra de partidos e influencia política que documentaba la filtración, en principio 3,4 terabytes obtenidos por la revista alemana Der Spiegel y compartidos con una quincena de medios de comunicación europeos.

La Fiscalía Nacional Financiera abrió entonces una primera investigación penal por blanqueo de capitales y fraude fiscal contra varios futbolistas, entre ellos Javier Pastore, que en esa época jugaba en el Paris Saint-Germain, y Lucho González, que militaba en el Olympique de Marsella. En España, la fiscalía hizo lo propio enseguida con Xabi Alonso, Radamel Falcao, Fabio Coentrão…

Una segunda tanda de relevaciones comenzó a publicarse en noviembre de 2018, desde las citadas operaciones opacas del Barça con Leo Messi hasta la burla del fair play financiero llevada a cabo por el Paris Saint Germain y el Manchester City, con el consentimiento de los presidentes de la UEFA, Michelle Platini, y de la FIFA, Gianni Infantino.

Hace sólo unos días, la Audiencia Nacional confirmó una sanción de 23 millones de euros al Barça por pagar a sus jugadores parte del sueldo a través de sus agentes y reducir así a sus estrellas la factura del IRPF. Un ardid que ha utilizado también el Real Madrid y otros clubes de fútbol, tal y como documentó Football Leaks. El pasado martes, además, el Tribunal Supremo rechazó un recurso de Mourinho, que finalmente tendrá que pagar la multa por fraude fiscal que se le impuso en España. También intentó ocultar parte del sueldo que le pagaba el Real Madrid cobrándolo a través de su agente, Jorge Mendes. El mismo truco utilizado por Cristiano Ronaldo, con quien compartía representante. El entrenador portugués fue condenado en 2019 a un año de cárcel y al pago de tres millones de multa.

Pero la información facilitada por Rui Pinto a la Justicia europea no se limita al mundo del fútbol. El portugués también está en el origen de los Luanda Leaks, una investigación coordinada por otro consorcio de medios, ICIJ, y la ONG PPLAF, que destapó las turbias operativas financieras de Isabel dos Santos, hija del expresidente angoleño José Eduardo dos Santos. Además, los discos duros contienen información sobre sociedades y cuentas bancarias en paraísos fiscales, como la que permitió publicar a EIC los Malta Files.

Es más, los discos duros ahora en manos de las autoridades judiciales pueden alimentar nuevas investigaciones o ayudar a cerrar otras en curso. En Francia, la ya citada sobre Javier Pastore, pero también otra sobre discriminación racial en el PSG, que fue archivada en febrero de 2023 por la Fiscalía de París, aunque existe un documento en Football Leaks que demuestra que la dirección del club estaba informada de lo que ocurría. La Liga de Derechos Humanos (LDH) ha presentado una segunda denuncia para intentar relanzar el caso. Además del posible favor fiscal concedido al club en 2017 por Gérald Darmanin, entonces ministro de Presupuesto y hoy de Interior, en relación con el traspaso de Neymar, exdelantero estrella del Barça. Los jueces de instrucción ordenaron el registro policial del Ministerio francés de Economía el pasado 15 de enero, nueve días después de que Mediapart publicara la información.

Mientras, en España, el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional mantiene abierto un caso contra el fondo de inversión Doyen Sports Investments Limited, que hizo negocios con el Atlético de Madrid y el Sevilla, entre otros clubes, y gestionaba los derechos de imagen de Xavi Hernández, Neymar, Beckham y Usain Bolt. Como resultado de la Operación Dean, la Fiscalía acusa a su expresidente, Nélio Lucas, y a los socios de éste, los agentes de de futbolistas Juanma López y Mariano Aguilar, de fraude a Hacienda y blanqueo de dinero. Sólo en 2013 el volumen del fraude al fisco supera los cinco millones de euros, pero están en entredicho más ejercicios. Según el juez, todos ellos utilizaron sociedades interpuestas para ocultar su actividad real: simulaban que ésta se realizaba en Malta para no pagar impuestos, cuando su negocio se desarrollaba en España.

En concreto, la investigación menciona la compraventa de derechos del colombiano Radamel Falcao, los franceses Guilavogui y Geoffrey Kongdobia y el senegalés Babá Diawara. Doyen también concedió un préstamo de 2,5 millones al Atlético de Madrid, de 3,65 millones al Sevilla, de 3,5 millones al Getafe y de medio millón al expresidente del Sevilla José María del Nido.

El caso lleva abierto desde 2019. El pasado julio se concedió una nueva prórroga por culpa de unas comisiones rogatorias pendientes, necesarias para el informe de la Agencia Tributaria, que ejerce funciones de auxilio. En diciembre, la Fiscalía informó en contra de más prórrogas, pues considera concluida la instrucción. Ahora el juez deberá decidir si sobresee la causa o si continúa el procedimiento. Ese magistrado es ahora Santiago Pedraz, pero quien inició la instrucción y la dirigió hasta noviembre de 2020 fue José de la Mata, el enlace español en Eurojust.

Rui Pinto lleva colaborando con los fiscales franceses desde 2018, pero sólo puedo desencriptar sus discos duros cinco años después, porque se lo impedía un requerimiento de la Justicia portuguesa, según ha explicado su abogado, William Bourdon. Pinto fue detenido en Budapest, a petición de las autoridades lusas, en enero de 2019. Le acusaban de piratería informática e intento de extorsión.

Después fue extraditado a Portugal. Estuvo en prisión hasta que en 2020 llegó a un acuerdo con la Fiscalía de Lisboa: fue puesto en libertad como testigo protegido pero, además, se le prohibía cooperar con autoridades extranjeras sin el acuerdo de la Justicia portuguesa. Ese pacto fue impugnado por el Benfica ante los tribunales, una demanda que perdió en noviembre de 2023.

Dos meses antes, en septiembre, Rui Pinto había sido condenado a una pena suspendida de cuatro años de cárcel, que el portugués ha recurrido. También se declaró culpable ante un tribunal de París, tras aceptar una pena de seis meses de prisión, igualmente en suspenso, por piratear los buzones de correo electrónico del Paris Saint-Germain.

La historia de Rui Pinto no es muy distinta a la de Hervé Falciani, el ingeniero italofrancés que desde 2009 colabora con la Justicia internacional tras haberse apoderado de los datos de 130.000 evasores fiscales cuando trabajaba en la filial suiza del banco HSBC.

Detenido en Barcelona en 2012, pasó cinco meses y medio en la prisión de Valdemoro (Madrid), mientras la Audiencia Nacional decidía si lo extraditaba a Suiza, que le acusaba de revelación de secretos y de espionaje económico. También de intentar vender los datos de la que luego se conoció como Lista Falciani. Finalmente, no fue extraditado e incluso fue protegido por el CNI y la Policía. La Audiencia Nacional lo puso en libertad en mayo de 2013, pero la Cámara Federal Penal suiza lo condenó en rebeldía dos años después a cinco años de cárcel. Lo que dio pie a que Suiza volviera a ordenar su detención. Fue arrestado de nuevo en España, en la Universidad de Comillas (Cantabria). La Fiscalía pidió su prisión provisional, pero el juez dejó a Falciani en libertad con medidas cautelares.

En su caso, sí funcionó la cooperación europea: Francia compartió la lista con otros países, entre ellos España. Con la lista Falciani en la mano, se investigaron 659 nombres y se recuperaron 260 millones de euros. Entre los evasores fiscales pillados se encontraba el presidente del Banco Santander, Emilio Botín y su familia. La Agencia Tributaria ofreció a los españoles de la lista –empresarios, abogados– la posibilidad de pagar los impuestos que la información de Falciani demostraba que habían defraudado sin abrirles una inspección. Unos aceptaron y otros no. Estos últimos terminaron en los tribunales.

El Tribunal Supremo (TS) ha rechazado el recurso presentado por el entrenador de fútbol José Mourinho contra las liquidaciones de IRPF que le hizo Hacienda referidas a los ejercicios 2011 y 2012 por los pagos realizados por el Real Madrid a una sociedad liderada por el entonces representante del técnico portugués, Jorge Mendes. Las irregularidades fueron destapadas en el marco de las revelaciones de Football Leaks publicadas por European Investigative Collaborations (EIC), consorcio periodístico al que pertenece infoLibre. 

Según la sentencia, recogida por Europa Press, los hechos se remontan a julio de 2014, cuando "se notificó al interesado el inicio de un procedimiento de inspección relativo al IRPF, ejercicios 2010 a 2012".

Dos años después, "se instruyó acta de disconformidad por el IRPF, en la que se imputaban al obligado tributario como rendimientos de trabajo y de la actividad económica, los pagos satisfechos por el Real Madrid a Gestitute International Limited, por entender que se trataba de pagos realizados en nombre de Mourinho a su representante, Jorge Mendes, quien lideraba aquella sociedad".

Hacienda sostenía que Mourinho había ocultado los pagos del Real Madrid a Gestifute, ya que, según el Reglamento de Agentes de la FIFA, debía ser el propio entrenador el que se hiciese cargo del salario de Mendes.

La Agencia Tributaria apuntaba que, sin embargo, en este caso las retribuciones de Mendes habían sido abonadas por el club blanco, lo que supuso para Mourinho "un menor importe de sus rentas del trabajo, que de haberse hecho de manera correcta hubiera supuesto una mayor tributación".

Todo ello culminó con los acuerdos de liquidación de julio de 2015, que Mourinho recurrió pero fueron confirmados por el Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC). Entonces, acudió a la vía judicial y la Audiencia Nacional (AN) le dio parcialmente la razón. Así, declaró prescrito el ejercicio de 2010 y anuló la multa de 571.073,28 euros que se le había impuesto.

No conforme con ello, Mourinho llamó también a las puertas del Supremo para recurrir las dos liquidaciones confirmadas por la Audiencia Nacional, las referidas al IRPF de 2011 y 2012.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS explica que la cuestión a examinar es "el derecho del sujeto pasivo y la obligación de la administración tributaria de contemplar, en la liquidación del IRPF que en su caso se dicte, la deducción por las retenciones que se debieron practicar, pero no se practicaron, por parte del pagador de las rentas".

En este sentido, recuerda que la Audiencia Nacional declaró como hechos probados que "ni se produjo retención, ni fue declarado rendimiento sujeto por Mourinho, por lo que no la incluyó en su declaración de IRPF".

Por ello, sostiene la Sala Tercera, "cuando se produce la regularización, la administración se limita, correctamente, ante la falta de retención en las circunstancias vistas, a depurar la obligación principal", "la de incluir en su declaración todas las rentas obtenidas".

Con todo, frente a los argumentos de Mourinho, para quien Hacienda no debe limitarse únicamente a "regularizar lo que perjudica al contribuyente, sino también lo que le beneficia", el Supremo no observa "ninguna falta de diligencia" por parte del fisco.

"Máxime, teniendo en consideración que no fue hasta la correspondiente calificación jurídica, efectuada por la inspección, respecto de las cantidades abonadas sobre las que no se practicó retención, cuando se constató la obligación de retener dichas cantidades por el pagador", añade.

El Supremo indica que esta tesitura "no puede obviarse porque difícilmente la administración podría haberse dirigido contra el pagador, esto es, contra el obligado tributario retenedor, hasta que no calificó o constató, en sede del obligado principal, que se trataba de una renta no exenta".

Rui Pinto llevaba más de cinco años esperando este momento. El informante portugués, en el origen de las revelaciones de Football Leaks, visitó el martes y el miércoles en Nanterre (Francia) los locales de la Oficina Central de Lucha contra la Corrupción y los Delitos financieros y fiscales (OCLCIFF) de la Policía Judicial, donde fue entrevistado en calidad de testigo. Se trata de la brigada de la policía francesa encargada de los mayores casos de corrupción y de delitos financieros.

Rui Pinto también acudió al departamento de informática de la Policía Judicial. Se sentó frente a seis ordenadores, donde los investigadores habían almacenado copias de discos duros encriptados incautados durante un registro en su domicilio de Budapest en 2019, a petición de la Justicia portuguesa. Después introdujo las contraseñas que daban acceso a su tesoro: más de 20 terabytes de datos, que contienen decenas de millones de documentos confidenciales sobre los turbios entresijos del negocio del fútbol. Y mucho más.

El joven, que ahora tiene 35 años, ya había facilitado parte de estos documentos desde 2016 a la revista alemana Der Spiegel, que los compartió con el francés Mediapart y sus socios de la red European Investigative Collaborations (EIC), entre ellos infoLibre.

Los Football Leaks permitieron a EIC, en 2016 y luego en 2018, revelar decenas de escándalos sobre los grandes clubes (Real Madrid, Paris Saint-Germanin, Manchester City), los agentes deportivos más influyentes, la evasión fiscal de superestrellas como Cristiano Ronaldo, Mourinho o Paul Pogba, e incluso los tejemanejes de los órganos rectores del fútbol mundial (FIFA) y europeo (UEFA).

Esas informaciones permitieron a varios países, entre ellos España, Francia y Bélgica, abrir investigaciones penales. Pero Rui Pinto tenía prohibido hasta ahora cooperar con ellos por falta de voluntad de la Justicia portuguesa, que le condenó el pasado mes de septiembre a cuatro años de cárcel con suspensión de pena por piratería informática e intento de extorsión.

Aunque había empezado a cooperar con los fiscales franceses en 2018, Rui Pinto sólo pudo desencriptar sus discos duros hasta cinco años después, porque se lo impedía “un requerimiento de la Justicia portuguesa”, explicó este jueves durante una rueda de prensa junto a su abogado, William Bourdon.

“Es la primera vez que las autoridades judiciales de Francia y de otros países europeos distintos de Portugal tienen acceso pleno y sin restricciones a todos los datos. El trabajo de investigación comienza ahora”, declaró Rui Pinto.

Su visita a París fue organizada por la Fiscalía Nacional Financiera de Francia (PNF) en colaboración con Eurojust, el organismo europeo de cooperación judicial. Un comisario de policía belga, así como un fiscal y un agente de policía alemanes también estuvieron presentes para entrevistar a Rui Pinto y recuperar una copia de los datos. No había ninguno español. Otros países europeos podrán acceder a ella si lo desean a través de Eurojust. De hecho, los Países Bajos han manifestado su interés.

“La entrevista con Rui Pinto se llevó a cabo en presencia de investigadores extranjeros, en el marco de la asistencia judicial europea, bajo los auspicios de Eurojust”, confirmó la PNF a Mediapart. “Rui Pinto permitió el acceso a los voluminosos datos de Football Leaks, que los investigadores podrán ahora empezar a analizar, aunque por el momento no es posible determinar si guardan relación con investigaciones ya en curso. La asistencia mutua europea permitirá transmitir los datos a los demás países europeos afectados. [...] La cooperación de Rui Pinto fue esencial para permitir el acceso a estos datos, cuyo contenido parece prometedor”, añadió la Fiscalía Financiera francesa.

Los documentos sobre el mundo del fútbol, a los que ha tenido acceso Mediapart, podrían alimentar varias investigaciones francesas en curso.

La primera, abierta por la Fiscalía en diciembre de 2016 a raíz de una información de Footbal Leaks, se refiere en particular a la evasión fiscal del exjugador del PSG Javier Pastore. La segunda, sobre discriminación racial en el PSG, fue archivada en febrero de 2023 por la Fiscalía de París, aunque existe un documento en Football Leaks que demuestra que la dirección del club estaba informada de lo que ocurría. La Liga de Derechos Humanos (LDH) presentó una segunda denuncia para intentar relanzar el caso.

Además, está la muy reciente investigación en torno al Paris Saint-Germain, dirigida por jueces de instrucción parisinos, sobre el posible favor fiscal concedido al club en 2017 por Gérald Darmanin, entonces ministro de Presupuesto y hoy de Interior, en relación con el traspaso de Neymar, exdelantero estrella del Barça. Los jueces de instrucción ordenaron el registro policial del Ministerio francés de Economía el pasado 15 de enero, nueve días después de que Mediapart publicara la información.

Tras los primeros descubrimientos de los investigadores, Mediapart profundizó en Football Leaks y encontró documentos inéditos sobre esta operación, que demuestran que Gérald Darmanin y su jefe de gabinete actuaban entonces como asesores fiscales del Paris Saint-Germain. Gracias a la desencriptación de los datos llevada a cabo esta semana por Rui Pinto, los magistrados y policías encargados de la investigación tienen ahora acceso a estos documentos.

“Sé que hay muchas cosas en mis datos que aún no han sido exploradas, y el reciente caso de este ministro francés que facilitó los asuntos fiscales del PSG es un muy buen ejemplo de ello. Me siento muy satisfecho porque demuestra que los datos son poderosos”, destaca Rui Pinto. Para preservar el secreto de las investigaciones judiciales, el portugués no quiso precisar sobre qué temas le interrogó la policía: “Sobre todo me hicieron preguntas sobre clubes franceses y agentes de jugadores activos en Francia”. ¿Y sobre el PSG? “La respuesta a esta pregunta es evidente”, sonríe.

El examen del enorme volumen de documentos también podría llevar a varios países a abrir nuevas investigaciones judiciales. “Mis datos no sólo se refieren al fútbol, sino a muchos otros temas que no han sido publicados” por los medios de comunicación, asegura Rui Pinto. Por ejemplo, hay información sobre evasión fiscal en Malta (publicada por EIC como parte de los Malta Files), pero también datos que han permanecido secretos sobre las Islas Caimán y otros.

En España, las revelaciones sobre las operativas fiscales de Cristiano Ronaldo y José Mourinho llevaron a su procesamiento y condena por defraudar a Hacienda millones de euros a lo largo de los años. También desvelaron las operaciones opacas de la Fundación Leo Messi con el Barça.

Además, el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional mantiene abierto un caso contra el fondo de inversión Doyen Sports Investments Limited, que hizo negocios con el Atlético de Madrid y el Sevilla, entre otros clubes, y gestionaba los derechos de imagen de Xavi Hernández, Neymar, Beckham y Usain Bolt. Como resultado de la Operación Dean, la Fiscalía acusa a su expresidente, Nélio Lucas, y a los socios de éste, los agentes de de futbolistas Juanma López y Mariano Aguilar, de fraude a Hacienda y blanqueo de dinero. Sólo en 2013 el volumen del fraude al fisco supera los cinco millones de euros, pero están en entredicho más ejercicios. Según el juez, todos ellos utilizaron sociedades interpuestas para ocultar su actividad real: simulaban que ésta se realizaba en Malta para no pagar impuestos, cuando su negocio se desarrollaba en España.

En concreto, la investigación menciona la compraventa de derechos del colombiano Radamel Falcao, los franceses Guilavogui y Geoffrey Kongdobia y el senegalés Babá Diawara. Doyen también concedió un préstamo de 2,5 millones al Atlético de Madrid, de 3,65 millones al Sevilla, de 3,5 millones al Getafe y de medio millón al expresidente del Sevilla José María del Nido.

La historia de la colaboración de Rui Pinto con la Justicia es digna de un thriller. A finales de 2018, justo después de la publicación de la segunda temporada de Football Leaks, el portugués, aún anónimo, inició la cooperación con la Fiscalía francesa, a la que entregó una muestra de 12 millones de archivos. Pero el proceso se interrumpió unas semanas después: en enero de 2019, Rui Pinto fue detenido en Budapest a petición de la Justicia portuguesa, que lo perseguía por piratería informática e intento de extorsión. La policía húngara se incautó en su domicilio de varios discos duros encriptados.

Es el inicio de un conflicto entre Francia, que quiere explotar la información, y Portugal, cuya prioridad es procesar a Rui Pinto. En febrero de 2019, la Fiscalía francesa compartió esa muestra de datos con Eurojust, que organizó una reunión con fiscales de nueve países. Un mes más tarde, justo antes de que Rui Pinto –y sus datos– fueran extraditados a Portugal, los fiscales franceses volaron a Budapest y obtuvieron de las autoridades húngaras una copia del contenido de los discos duros. “Los franceses recuperaron los datos a espaldas de los portugueses”, ríe Rui Pinto.

Pero los datos encriptados son inutilizables y Portugal no coopera con Eurojust. Pinto pasa un año en prisión preventiva. Pese al alcance de sus revelaciones, es el único protagonista de Football Leaks que ha pisado la cárcel. En diciembre de 2019, denunció en una entrevista con EIC que estaba siendo víctima de un procedimiento sesgado, ejecutado para servir a los intereses de los dirigentes del fútbol portugués, y en particular del poderoso Benfica de Lisboa, un “un pulpo de influencia [con tentáculos] entre la élite de la nación”.

La situación cambió con la publicación, en enero de 2020, de los Luanda Leaks, una investigación coordinada por el consorcio de medios ICIJ y basada en nuevos datos aportados por Rui Pinto a la ONG PPLAAF. Los artículos exponían las turbiedades financieras de Isabel Dos Santos, hija de un antiguo autócrata angoleño, y sobre cómo supuestamente blanqueó parte de su dinero en Portugal. “Las autoridades se sintieron muy avergonzadas por las revelaciones de Luanda Leaks, que crearon un terremoto en Portugal. Fue en ese momento cuando los fiscales portugueses empezaron a discutir sobre el acceso a los datos”, recuerda Rui Pinto.

En los primeros meses de 2020 se llegó a un acuerdo. El joven aceptó descifrar el contenido de sus discos duros y cooperar con la Fiscalía de Lisboa. A cambio, queda en libertad, se beneficia de la condición de testigo protegido y los fiscales se comprometen a sobreseer los procedimientos relacionados con cinco demandantes, entre ellos el Benfica. El acuerdo establece que estos procedimientos no se detendrán hasta 18 meses después, y sólo si se cumplen varias condiciones, entre ellas que Rui Pinto no vuelva a cometer ningún delito.

Una de las cláusulas de este acuerdo había permanecido hasta ahora en secreto. “Mientras no se cerraran los cinco procedimientos incluidos en el acuerdo, se me prohibía cooperar con autoridades extranjeras sin el acuerdo de la Justicia portuguesa”, desveló este jueves Rui Pinto. El portugués añade que los fiscales de Lisboa nunca le permitieron cooperar plenamente con los investigadores franceses. La Fiscalía gala solicitó los datos descifrados a Portugal ya en septiembre de 2020, pero nunca los obtuvo.

Los fiscales y policías franceses consiguieron finalmente la autorización para reunirse en Lisboa con el informante en Lisboa en 2023. “Pero tuvieron que enfrentarse a la resistencia de un fiscal portugués, el mismo que dirige la acusación contra mí”, denuncia Rui Pinto. “Los investigadores franceses llegaron con palabras clave e hice todo lo que pude para ayudarles a buscar los datos”, detalla. “Pero el fiscal empezó por oponerse a la transmisión de los datos, amenazando con que el asunto lo decidiera un juez. Era absurdo”, protesta, “al final intervino otro fiscal, el que había concluido el acuerdo conmigo, pero los franceses sólo pudieron llevarse una cantidad muy pequeña de datos”.

Rui Pinto tuvo las manos atadas más tiempo del previsto, porque el Benfica impugnó ante los tribunales el acuerdo entre el informante y la Fiscalía. El club portugués perdió definitivamente en noviembre de 2023. Fue en ese momento cuando se archivaron las diligencias incluidas en el acuerdo, cuando Rui Pinto fue liberado de sus compromisos y cuando por fin pudo ir a París a desencriptar los datos obtenidos por la Fiscalía francesa en Hungría.

Su comparecencia ante los investigadores franceses, belgas y alemanes este jueves le ha dado esperanzas. “Fue exactamente lo contrario de lo que vi en Portugal. Me sentí respetado y tuve la sensación de que la policía y los fiscales estaban sinceramente interesados en mi información. En Portugal, que yo sepa, nunca se han utilizado mis datos en el marco de investigaciones judiciales, y los investigadores nunca me han entrevistado para que les ayudara en este asunto”.

Para entender la conducta de la Fiscalía de Lisboa, hay que recordar que la ley portuguesa no permite, a diferencia de la de otros países europeos como Francia, utilizar documentos obtenidos ilegalmente como pruebas legales. “Pero eso no cambia, porque a los poderosos no les interesa”, critica Rui Pinto.

A su juicio, los fiscales portugueses nunca tuvieron intención de investigar basándose en sus datos: “Lo único que querían era saber qué contenían y utilizarlos para incriminarme”.

En este asunto, puede decirse que la Justicia portuguesa se ha mostrado especialmente esquizofrénica. A pesar del acuerdo de cooperación concluido en 2020, el fiscal acusó a Rui Pinto de 90 delitos, principalmente de piratería informática –que admitió en parte– e intento de extorsión –que el portugués niega­.

Aunque un tribunal de Lisboa reconoció el interés público de sus revelaciones, le condenó en septiembre de 2023 a una pena suspendida de cuatro años de cárcel, que Pinto ha recurrido. Dos meses después, se declaró culpable, esta vez ante un tribunal de París, y aceptó una pena de seis meses de prisión en suspenso por piratear tres buzones del Paris Saint-Germain.

Pero sus problemas legales en Portugal distan mucho de haber terminado. El pasado mes de julio, la Fiscalía de Lisboa le notificó una segunda serie de procesamientos por 377 nuevos presuntos delitos informáticos, cometidos contra instituciones –clubes de fútbol, bufetes de abogados y otros– en su mayoría implicadas por las filtraciones Football Leaks y Luanda Leaks. Entre las víctimas se encuentra el Benfica de Lisboa, a pesar de que el primer proceso iniciado por el club ha sido retirado como parte del acuerdo alcanzado entre la Fiscalía y Rui Pinto en 2020.

Es muy probable que se celebre un segundo juicio. Y podría seguir otro. De hecho, la Fiscalía está preparando una tercera serie de procesamientos, que aún no le han sido notificados. “Es acoso judicial”, suspira Rui Pinto.

“Hay una voluntad de la Justicia y de la industria del fútbol portugués de perseguir a Rui Pinto a perpetuidad”, denuncia su abogado francés, William Bourdon. “Este fraccionamiento en varios procedimientos de hechos idénticos ocurridos durante el mismo periodo es absurdo y contrario a los principios fundamentales de un juicio justo”, critica, “estudiaremos la viabilidad de un recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre este asunto”.

“El caso de Rui Pinto, cuyas revelaciones son de una magnitud comparable a las de Edward Snowden, demuestra el altísimo precio que deben pagar los informantes cuando se enfrentan a poderosas redes de corrupción”, añade.

“Mi vida está totalmente bloqueada”, se queja Rui Pinto. Vive bajo el estatus de testigo protegido. Se aloja gratuitamente en un lugar secreto custodiado por agentes de policía, debido a las amenazas que ha sufrido. El Estado portugués también le paga una renta “inferior al salario mínimo portugués [820 euros al mes], que por supuesto no es suficiente para ganarse la vida”. Tampoco para pagar a sus abogados, cuya minuta ha sido cubierta hasta ahora por la fundación The Signals Network. Esta ONG, especializada en ayudar a los denunciantes de corrupción, lanzó recientemente un llamamiento para conseguir donaciones con las que financiar su defensa.

“No puedo tener un trabajo porque implicaría tener contactos con múltiples personas, lo que va en contra de las condiciones de seguridad del programa de protección de testigos. Intento leer, ejercitarme. Y esperar que toda esta locura, esta lucha contra estos fiscales portugueses, termine por fin y pueda empezar a vivir una vida normal”.

Rui Pinto, el informante de Football Leaks, la filtración que desnudó la cara sucia del fútbol europeo, ha sido condenado este lunes en Portugal a cuatro años de prisión, con suspensión de la pena, por lo que no irá a la cárcel. La jueza Margarida Alves lo ha encontrado culpable de un delito de extorsión en grado de tentativa, tres delitos de violación de correspondencia agravada y cinco delitos de acceso ilegítimo. El resto de los cargos que le imputaba el Ministerio Fiscal han quedado retirados en virtud de la amnistía concedida gracias a la Jornada Mundial de la Juventud, y también por falta de pruebas.

Además de la condena suspendida, Rui Pinto tendrá que pagar una indemnización al fondo Doyen de 3.000 euros y a los abogados que del despacho PLMJ. João Medeiros 15.000 euros más, mientras que otros dos abogados tendrán derecho a 2.039 euros cada uno. También ha sido condenado el abogado Aníbal Pinto, en su caso a dos años de prisión igualmente con suspensión de pena. Y tendrá que compensar a Doyen con 2.500 euros.

En su sentencia, la jueza destaca que Rui Pinto tenía a su favor la edad cuando cometió los hechos, su falta de antecedentes penales, el arrepentimiento que expresó durante el juicio y el hecho de que pusiera a disposición de un consorcio de periodistas, la red European Investigative Collaborations (EIC), a la que pertenecen tanto Expresso como infoLibre, los documentos que dieron lugar a investigaciones de interés público.

Fueron más de 70 millones de documentos sobre la industria del fútbol que Pinto compartió desde 2016 con Der Spiegel. Tras analizarlos la revista alemana junto con sus socios de EIC, esos documentos sirvieron para elaborar más de 1.000 artículos, muchos de los cuales dieron lugar a procedimientos judiciales. En España, las revelaciones sobre las operativas fiscales de Cristiano Ronaldo y José Mourinho llevaron a su procesamiento y condena por defraudar a Hacienda millones de euros a lo largo de los años. También desvelaron las operaciones opacas de la Fundación Leo Messi con el Barça. En 2018, una nueva serie de revelaciones puso al descubierto los secretos del Manchester City, el París Saint-Germain y la UEFA, entre otras organizaciones.

En la lectura de la sentencia del caso Football Leaks, la jueza explicó que “no era creíble” la alegación de Rui Pinto de que los correos electrónicos enviados al consejero delegado de Doyen, Nélio Lucas, proponiendo el pago de entre 500.000 y un millón de euros para detener las publicaciones, eran sólo una provocación, ya que no esperaba que el gerente de Doyen contestara en absoluto. “El acusado sabía claramente que Nélio Lucas iba a responderle”, zanjó Margarida Alves.

La jueza subraya también que Rui Pinto actuó solo y que, en octubre de 2015, era el único poseedor de la información extraída de Doyen y de otras entidades. “No sólo era el cerebro del proyecto Football Leaks, sino que además era la única persona que tenía acceso a la información y a los archivos en ese momento”, señala. El hacker portugués siempre adujo que la extracción de los documentos había sido fruto de un trabajo colectivo, ejecutado por un grupo de personas del que él sólo era uno más. Pero Margarida Alves concluye que el argumento de Rui Pinto de que había otras personas en posesión de los archivos tampoco es creíble y que, si hubiera actuado solo, no habría podido decidir y controlar las conversaciones con Nélio Lucas.

“Nadie pide dinero a cambio de información si no la posee en exclusiva”, apunta la jueza. “Era únicamente el acusado Rui Pinto quien la tenía y gestionaba”, remató.

En cuanto al abogado Aníbal Pinto, la jueza señala que estaba “meridianamente claro” que acudió a la reunión de octubre de 2015 con Nélio Lucas –entonces bajo vigilancia de la policía judicial– “consciente del plan de Rui Pinto” de pedir dinero al fondo Doyen para dejar de publicar Football Leaks. “Ha quedado probado que los dos acusados se propusieron extorsionar al asistente de Doyen”, concluyó Margarida Alves.

La sentencia también responsabiliza a Rui Pinto de las publicaciones en el blog Mercado de Benfica. “Fue con la detención del acusado cuando cesaron todas las publicaciones en Football Leaks y Mercado del Benfica. ¿Es creíble que si el acusado hubiera actuado en grupo las publicaciones no habrían continuado?”, se preguntó la jueza.

A su juicio, “todo el plan [para extorsionar a Doyen] se llevó a cabo”, sólo que “no tuvo el resultado deseado por razones ajenas a su voluntad”; es decir, porque Doyen no pagó la cantidad propuesta por Rui Pinto y negociada por Aníbal Pinto. “Los acusados eran perfectamente conscientes de la ilegalidad de su comportamiento”, señala también Margarida Alves.

La sentencia condena también a Rui Pinto por cinco delitos de acceso ilegítimo, pero le absuelve de un sexto delito de este tipo, porque no se probó que hubiera accedido a la plataforma Score, de la Federación Portuguesa de Fútbol.

La jueza tampoco duda en calificar de “inconcebible” prever una “disminución de la culpabilidad” asociada al “supuesto interés público” de las publicaciones de Football Leaks. “El derecho al secreto [de las comunicaciones] prevalece sobre el derecho a la libertad de expresión. Si no está bien para el Estado, mucho menos lo está para cualquier ciudadano”, dijo, señalando que el hacker también actuó por interés personal, chantajeando a Doyen. “En un Estado de Derecho, nadie puede estar por encima de la ley y le debe obediencia. No todo vale y nunca puede valer todo. La verdad no es un valor absoluto y no tiene por qué ser investigada a cualquier precio”, fue el argumento, seguramente polémico, expuesto por Margarida Alves.

Sobre los 68 delitos de acceso indebido a decenas de buzones de correo electrónico, la jueza señaló que este acceso se produjo en los sistemas de cinco entidades, entre ellas el fondo Doyen, el club Sporting de Lisboa y el despacho de abogados PLMJ. Y dictamina que debe ser absuelto de estos delitos en su versión agravada, beneficiándose de la amnistía por la visita del papa en la Jornada Mundial de la Juventud. La misma amnistía se aplica al delito de hurto simple de correspondencia. Sin embargo, se dictará una sentencia condenatoria por la violación de la correspondencia de los abogados de PLMJ, cuyos correos electrónicos fueron publicados en el blog Mercado del Benfica.

“Aunque Rui Pinto ha sido condenado, es un alivio que no se accediera a la petición de la fiscalía de sentenciarle a varios años de prisión”, ha declarado el abogado del informante portugués, William Bourdon, a EIC. El letrado aún no ha decidido si recurrirá la sentencia. “Lamentamos que el tribunal no haya atenuado su responsabilidad penal teniendo en cuenta el gran interés público de sus revelaciones”, ha explicado, “sin embargo, ha reconocido en su sentencia la contribución de Rui Pinto a la defensa del interés público, y es probable que esto influyera en el hecho de que no haya impuesto una pena privativa de libertad, al igual que el hecho de que Rui Pinto reconociera sus errores y aceptara sus responsabilidades”.

En un comunicado, Bourdon y los otros dos abogados que han defendido a Rui Pinto –Francisco Teixeira da Mota y Luisa Texeira da Mota– han elogiado la “independencia” del tribunal y que haya tenido en cuenta todas las explicaciones dadas por el portugués durante el juicio, además de los testimonios “muy convincentes”, recalcan, “de testigos eminentes”, confirmando el hecho de que es “uno de los mayores denunciantes [de corrupción] de los últimos años en Europa”.

Los abogados recuerdan, además, que Pinto “sigue siendo un testigo protegido”, debido a las amenazas que sufre, y “objeto de un insoportable acoso judicial ilustrado por las permanentes iniciativas legales emprendidas por los mayores clubes de fútbol de Portugal. Según destacan, ese acoso constituye “una prueba evidente de que existe en Portugal una comunidad de intereses que desea criminalizarlo ad vitam aeternam”.

Por ese motivo, no descartan recurrir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos para poner fin a esa “persecución judicial, que lesiona gravemente los principios fundamentales de un juicio justo”.

Ocho años después de sacudir el mundo del fútbol, Rui Pinto, el informante de Football Leaks, se prepara para conocer el veredicto del proceso que lo ha llevado varias veces en los últimos tres años desde la casa en la que vive bajo protección policial en una dirección secreta hasta el Campus de Justicia de Lisboa

Fue en 2015, entre pintas de cerveza en Praga (Checoslovaquia), cuando Rui Pinto y un grupo de amigos decidieron atacar el negocio del fútbol. En agosto de ese año, de vuelta a Budapest (Hungría), donde residía, Rui Pinto se puso “manos a la obra”, como diría ante el tribunal durante el juicio, dejando también una garantía: “El ataque inicial no fue perpetrado por mí”. El objetivo era sacar a la luz el lado oscuro del fútbol. “Mirabas los informes y las cuentas de los tres grandes, y veías cómo desaparecía el dinero”, declaró ante el tribunal en octubre del año pasado. Pinto también admitió la existencia de un “acceso ilegítimo” para obtener la enorme colección de documentos que poco después aparecieron en el blog Football Leaks.

Los primeros documentos, publicados a finales de septiembre de 2015, apuntaban al Sporting de Lisboa. Pocos días después, se compartieron documentos del fondo Doyen, lo que llevó al vehículo de inversión de la familia kazaja Arif, liderada por el portugués Nélio Lucas, a presentar una denuncia ante la Policía Judicial lusa. Doyen Sports Investments Limited, creado en Malta y con decenas de millones de euros invertidos en el fútbol europeo, ha hecho negocios con el Atlético de Madrid y el Sevilla, entre otros clubes, y gestionaba los derechos de imagen de Xavi Hernández, Neymar, Beckham y Usain Bolt. En España, ha sido investigado por el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.

Con la denuncia de Lucas comenzaron las pesquisas que terminaron con la detención del informático portugués en Budapest en enero de 2019.

Entretanto, desde la capital húngara, Rui Pinto siguió la explosión del proyecto Football Leaks, los más de 70 millones de documentos sobre la industria del fútbol que Pinto compartió desde 2016 con Der Spiegel. La revista alemana los ha analizado junto con sus socios de la red periodística European Investigative Collaborations (EIC), a la que pertenecen tanto infoLibre como Expresso. Esos documentos sirvieron para elaborar más de 1.000 artículos, muchos de los cuales han dado lugar a procedimientos judiciales.

En España, las revelaciones sobre las operativas fiscales de Cristiano Ronaldo y José Mourinho llevaron a su procesamiento y condena por defraudar a Hacienda millones de euros a lo largo de los años. También desveló las operaciones opacas de la Fundación Leo Messi con el Barça. En 2018, una nueva serie de revelaciones puso al descubierto los secretos del Manchester City, el París Saint-Germain y la UEFA, entre otras organizaciones.

A finales de ese mismo año, otro blog, Mercado de Benfica, volcó en internet documentos de este equipo lisboeta, pero las publicaciones terminaron al cabo de sólo unos meses, poco después de la detención de Rui Pinto. Por lo que crecieron las sospechas de que ese proyecto también era suyo –Rui Pinto lo negó ante el tribunal–.

Fue en octubre de 2020 cuando arrancó en Lisboa el juicio del caso Football Leaks, desencadenado por la denuncia de Doyen en 2015. Rui Pinto fue acusado de 90 delitos: 68 de acceso indebido, 14 de violación de correspondencia, seis de acceso ilegítimo, uno de sabotaje informático al Sporting y otro de intento de extorsión a Doyen. Otras víctimas del hackeo fueron el bufete de abogados PLMJ y la Federación Portuguesa de Fútbol.

Además, el pasado mes de julio, mientras esperaba sentencia en este caso, Rui Pinto volvió a ser acusado por el Ministerio Público en otra causa, esta vez por 377 delitos informáticos que incluían al Benfica entre los perjudicados. Lo que ocurra con él se hará previsiblemente público este lunes.

Este verano, la visita del papa Francisco a Portugal propició la aprobación de una amnistía, en el marco de la Jornada Mundial de la Juventud, para algunos delitos cometidos por jóvenes. La pista de cómo la amnistía podría beneficiar a Rui Pinto está en el auto de la jueza que aplazó la sentencia del creador de Football Leaks hasta el 11 de septiembre.

Según Margarida Alves, el acusado podría acogerse al beneficio decretado con motivo de la visita papal “en relación con algunos de los delitos [...], a saber, el delito de violación de correspondencia y el delito de acceso indebido, que, en sus formas simples, se castigan precisamente con pena de prisión de hasta un año o multa". "Dada su edad en el momento de cometerse los delitos, el acusado entra en el ámbito de aplicación de dicha ley”, se lee en el escrito.

Cuando la magistrada aplazó la lectura de la decisión, la ley de amnistía aún no había entrado en vigor –lo hizo el 1 de septiembre–. Pero Margarida Alves entendió que no tenía sentido condenar al presunto hacker por delitos por los que más tarde podría ser amnistiado. 

Tal y como ha subrayado la jueza, si Rui Pinto es condenado –y todo apunta a que así será, ya que el acusado confesó algunos delitos y la jueza ha dado a entender que considera algunas de las pruebas de la acusación– los delitos castigados con un año de prisión serán amnistiados. Es decir, 14 delitos de violación de correspondencia y otros 68 de acceso indebido. Pero tampoco es inevitable. “Hay causas de exclusión relacionadas con la reincidencia, por ejemplo”, explica a Expresso un abogado que no quiere ser identificado: “Si la jueza considera que ha habido reincidencia, puede no aplicar la amnistía”. 

En cuanto al delito de extorsión en grado de tentativa –por sugerir a Doyen un pago de entre 500.000 y un millón de euros para detener las publicaciones–, también fue imputado al abogado Aníbal Pinto, quien, al tener más de 30 años cuando tuvieron lugar los hechos, no podrá beneficiarse de ningún indulto. Según indica otro abogado, este delito, incluso en grado de tentativa, es uno de los que están “excluidos” de la ley de amnistía. Lo mismo ocurre con los delitos de sabotaje informático y acceso ilegítimo, que están contemplados en la ley de ciberdelincuencia y para los que no puede haber indulto. Pero, aunque el juez no se pronuncie en este sentido, el primer abogado señala que “la ley de amnistía establece que el indulto sólo puede aplicarse si se indemniza a las víctimas”.

A sus 34 años –cumple 35 en octubre–, Rui Pinto se enfrenta a uno de los juicios más sonados de la última década en Portugal. Ha vivido los últimos tres años bajo protección policial en un lugar desconocido, mientras colaboraba con la Policía Judicial lusa para procesar la información de los discos duros que le fueron incautados, en busca de pruebas de delitos con las que abrir nuevas investigaciones, tanto dentro como fuera del fútbol.

A pesar de su vida de reclusión, no ha dejado de aparecer ocasionalmente en Twitter –ahora X–, ante sus 125.000 seguidores. En una de sus últimas publicaciones, el 24 de agosto, volvió al fútbol. “El equipo especial creado en 2018 en el DCIAP [Departamento Central de Investigación y Acción Penal] para investigar los delitos de corrupción en el fútbol solo buscaba servir a los intereses de los clubes que cometieron los delitos, especialmente el Sport Lisboa e Benfica”, acusó.

Pero la detención y el juicio le han dejado un sabor amargo. “Sabiendo lo que sé hoy, no volvería a hacer lo que hice”, dijo ante el tribunal en octubre de 2022. Rui Pinto ya ha sido objeto de un documental y un libro. Su vida añadirá un nuevo capítulo ahora.

La Fiscalía investiga los pagos que el Fútbol Club Barcelona hizo, desde 2016 hasta 2018, a José María Enríquez Negreira, vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) durante 24 años, porque sospecha que detrás de ellos no existió contraprestación real alguna. Pero el club había empezado en 2001 a remunerar al exárbitro por un asesoramiento técnico del que, de momento, ni la Agencia Tributaria ni el fiscal ha encontrado pruebas.

El Barça retribuía a Enríquez Negreira facturando con dos empresas del éxarbitro: Nidsal SCP (Sociedad Civil Privada) y Dasnil 95 SL –el mismo nombre al revés–. Pero también están en el foco de la investigación los pagos del club a Javier Enríquez Romero, hijo del exárbitro, a través de una tercera empresa, Soccercam SL.

La Fiscalía sostiene, además, que los pagos al hijo se hicieron través de Tresep 2014 SL, una empresa que vincula con Josep Contreras, directivo del Barça fallecido el pasado diciembre. En su calidad de intermediario, Contreras cobraba comisiones de hasta el 50% de las cantidades abonadas a Javier Enríquez.

Los miles de documentos de Football Leaks, la investigación que destapó la cara más sucia del fútbol, desde los fraudes fiscales por los que han sido condenados Cristiano Ronaldo y Mourinho hasta Messi, detallan también todos los pagos realizados por el Barça a Enríquez Negreira, así como a Josep Contreras. En las investigaciones de Football Leaks participa infoLibre, miembro de European Investigative Collaborations (EIC), la red integrada por una quincena de medios europeos con los que la revista almena Der Spiegel compartió la filtración de documentos. Las empresas de todos los implicados aparecen en la lista de proveedores del club e incluso se presupuestan cada temporada las partidas a ellos destinadas. En noviembre de 2016, el director ejecutivo del club, Óscar Grau, ordena paralizar el pago de una factura a Tresep 2014 hasta que hable con Albert Soler, entonces director de Deportes Profesionales. Unos días más tarde, Pancho Schröder, el director financiero, pide a la jefa de administración, “para OG [Óscar Grau]”, un histórico de los pagos del club tanto a Nidsal y a Dasnil como a Tresep. Las tres empresas al mismo tiempo.

En el Excel que se le envía poco después, aparece la relación de todos los abonos hechos a las sociedades de Enríquez Negreira desde 2001 hasta 2017. Por meses y por temporadas, sin IVA y con IVA. En otro Excel figuran los pagos a Tresep desde 2014 –fecha de constitución de la sociedad– hasta 2017. Dasnil 95 fue creada en 1995 y fue la primera con la que Enríquez Negreira facturó al Barça: 135.227,74 euros, 163.625,56 euros si se le suma el 21% de IVA. En las tres temporadas siguientes, el club no facturó “nada” –con esa palabra lo consignan en el Excel–.

Es decir, el primer desembolso a Enríquez Negreira se hizo con Joan Gaspart de presidente, que no siguió pagándole. Cuando Joan Laporta ocupó ese cargo, en 2003, no le pagó hasta la temporada 2005/2006, en que comenzó a cobrar Nilsad, la sociedad civil privada del exárbitro. Laporta presidió el club hasta 2010. Ese año le sucedió Sandro Rosell, hasta 2014, año en que llegó Josep María Bartomeu, en el puesto hasta 2020. Enríquez Negreira siguió facturando al Barça a través de Nilsad hasta la temporada 2015/2016, cuando volvió a utilizar Dasnil 95 para ese fin. El 11 de enero de 2016, el entonces responsable de Tesorería, Manel Mangado, informa a la directora financiera del cambio. “Han cambiado unilateralmente la razón social argumentando los cambios normativos respecto a las SCP, sin más”, es la sucinta explicación que le da.

Los cobros de Nidsal entre la temporada 2005/2006 y la temporada 2014/2015 suman 4,37 millones de euros. En la siguiente, factura medio ejercicio Nidsal y medio Dasnil 95, un total de 521.613 euros. En la temporada 2016/2017, Dasnil 95 recibe 157.528 euros. Si a estas cifras se les añade el 21% del IVA, la cantidad total percibida por Enríquez Negreira asciende a 6,2 millones de euros desde 2001. Y sin contar la temporada 2017/2018, cuando el exárbitro abandonó la vicepresidente del CTA y el club dejó de pagarle su asesoría técnica.

Por tanto, según consta en las cuentas del club a las que ha tenido acceso Football Leaks, Enríquez Negreira empezó a cobrar cantidades por debajo de 200.000 euros en 2001 y 2005, pero sus honorarios fueron creciendo con el tiempo, hasta casi rozar los 729.000 euros en la temporada 2013/2014. En la anterior alcanzaron los 722.460 euros. Desde la temporada 2009/2010 siempre estuvieron por encima del medio millón. Los pagos eran mensuales, normalmente de entre 40.000 y 50.000 euros, excepto los que cerraban cada temporada, en junio, cuando se duplicaba o incluso de triplicaba esa cantidad, hasta 125.000 o 145.000 euros. También se hicieron estos pagos más abultados en las facturas de los meses de diciembre algunos años.

En los apuntes contables del club, los servicios por los que se hacían estos desembolsos figuran como “asesoramiento vídeos técnicos”. En el caso de un pago de 100.569,15 euros, que en la contabilidad figura como correspondiente a junio de 2015, el club lo vincula a una “grabación de los partidos de equipos españoles en competiciones europeas”, por un importe de 83.115 euros más IVA.

En el Excel donde el Barça recoge los desembolsos a Tresep 2014, la sociedad de Josep Contreras, se consignan 10 pagos entre enero de 2015 y noviembre de 2016, por un importe total de 394.460 euros, IVA incluido. Pero las facturas no eran mensuales; por lo general, se emitían cada dos meses. Normalmente por 29.040 euros, IVA incluido, pero también las hay de hasta 65.340 euros, como en junio de 2016. El concepto que figura en ellas es bastante inconcreto: “Por la prestación de diversos servicios educativos-deportivos”, con emisión de “informes sobre la participación de diversos actores de las diferentes competiciones deportivas y del seguimiento de aspectos que puedan interesar en un futuro en dicho ámbito educativo-deportivo”.

Las cantidades de estas facturas contrastan con las partidas inicialmente apuntadas en los presupuestos del club. En los de la temporada 2016/2017, se preveía un pago mensual a Tresep 2014 de 12.000 euros al mes, un total de 144.000 euros en toda la temporada.

Trident Trust es una empresa de gestión de patrimonios y fondos que presume de tener más de 900 empleados en 25 oficinas repartidas en 18 jurisdicciones distintas, entre ellas los mayores paraísos fiscales del planeta, desde las Islas Caimán hasta Nevis, las islas de Jersey y Guernsey, Singapur, Seychelles o Dubái. También resulta ser la firma que más veces aparece en los Papeles de PandoraPapeles de Pandora, la filtración que publica el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) en colaboración con periódicos como The Washington Post, The Guardian, Le Monde o El País. Finalmente, la delegación de Trident Trust en las Islas Vírgenes Británicas es una de las empresas de servicios financieros que el entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, utilizó para eludir el pago de impuestos en España por los derechos de imagen que cobró durante su primera estancia en el club blanco, en 2014 y 2015.

En junio de 2020, la Fiscalía le denunció por haber utilizado un “entramado de sociedades instrumentales” para evitar el pago de 1,06 millones de euros, la cantidad que debería haber abonado en impuestos por los 3,6 millones que percibió entonces del Real Madrid por ese concepto. Gracias a los documentos de Football Leaks,Football LeaksinfoLibre –como miembro de la red de medios European Investigative Collaborations (EIC)– reveló que Ancelotti había utilizado para burlar a la Hacienda española una sociedad instrumental ubicada en Reino Unido, Vapia LLP. El 99% de sus acciones eran propiedad de Vapia Limited, una sociedad registrada en Road Town, la capital de las Islas Vírgenes Británicas, al igual que Ditomac Limited, propietaria del 1% restante. Así consta en la Companies House, el registro mercantil de Reino Unido. Y en el Registro Mercantil de Islas Vírgenes figuran como representantes autorizados, tanto de Vapia Limited como de Ditomac, dos firmas de servicios financieros: Corporate Registrations Limited y Trident Trust Company Limited, la oficina en las Islas Vírgenes de la firma que ahora va a estar en el centro del huracán de la elusión fiscal mundial.

Ancelotti es sólo uno más de las cientos de personas con grandes patrimonios que han utilizado a Trident Trust y otras firmas similares para crear entramados en paraísos fiscales tras los que ocultarse ante las haciendas de sus respectivos países y no pagar impuestos. Uno de los instrumentos utilizados por sus clientes para esconderse son los trusts o fideicomisos.

Mourinho, un trust en Nueva Zelanda

Por ejemplo, fue precisamente un trust el mecanismo que empleó para evitar el pago de impuestos otro entrenador del Real Madrid, José Mourinho. Lo desveló la revista alemana Der Spiegel que, como parte de la investigación periodística Football Leaks, publicó en diciembre de 2016 que detrás de la sociedad que el portugués usaba para ocultar sus ingresos por derechos de imagen, Koper Services, domiciliada como la de Ancelotti en las Islas Vírgenes Británicas, se encontraba un fideicomiso, Kaitaia Trust, con sede en Auckland (Nueva Zelanda). Estaba a nombre de la esposa y los hijos de Mourinho, pero era al 100% del entrenador.

Según explicó la revista alemana, a los 10 días de desvelarse que la red de empresas de Mourinho terminaba en las antípodas tras pasar por dos firmas sitas en Dublín (Irlanda) –Multisports & Image Management Limited y Polaris Sports Limited–, la Agencia Tributaria neozelandesa se presentó en Kaitaia Trust para requisar documentación.

José Mourinho fue condenado en febrero de 2019 por dos delitos fiscales a un año de cárcel y a una multa de 1,98 millones de euros. Tras llegar a un acuerdo con la fiscalía, la pena de prisión fue sustituida por otra multa de 91.250 euros. Cuatro años antes, en julio de 2015, el hoy técnico de la Roma había firmado ya un acta de conformidad con la Agencia Tributaria en la que reconoció que no había declarado sus derechos de imagen. Entonces pagó una sanción administrativa de 1,14 millones de euros así como los 3,28 millones de las cuotas del IRPF –y sus intereses– que no había abonado en su momento. Un total de 4,42 millones de euros.

Un trust para diluir la propiedad real del patrimonio

Los trusts según los concibe el derecho anglosajón no existen en la legislación española. Pero tanto la normativa comunitaria como la nacional sobre prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo consideran que esta figura diluye la titularidad real y, por tanto, puede constituir un riesgo de lavado de dinero. De hecho, la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, obliga a abogados y gestores de patrimonios a identificar a los titulares reales de los trusts y a “comprobar su identidad con carácter previo al establecimiento de relaciones de negocio o a la ejecución de cualesquiera operaciones”.

Los fideicomisos, tal y como los utilizan quienes poseen grandes patrimonios por los que no quieren tributar, son un contrato privado por el cual una persona transfiere bienes o derechos a otra para que los administre en beneficio de terceros. Por tanto, hay una relación trilateral entre el propietario original del bien o derecho –settlor u otorgante: Mourinho–, la persona, o entidad que lo administra –trustee o administrador: Trident Trust– y el beneficiario de la transacción –en teoría, la mujer y los hijos de Mourinho–. A todos ellos obliga la ley española a quedar identificados ante la administración tributaria, así como a “cualquier otra persona física que ejerza en último término el control del fideicomiso a través de la propiedad directa o indirecta o a través de otros medios”.

En su origen, los trusts eran un mecanismo de sustitución testamentaria pero, debido a las ventajas que aportan para gestionar bienes, derechos e intereses familiares, ha terminado convirtiéndose en un vehículo de inversión y en un sistema de protección de activos. De hecho, los hay tanto privados, para gestionar patrimonios familiares, como mercantiles, para proteger inversiones a largo plazo, por ejemplo.

Al dividir la titularidad sobre un bien para proteger a sus beneficiarios, los dueños reales, el trust se convierte en un posible vehículo para el blanqueo de capitales y para la elusión fiscal. De ahí la obligación legal de comunicar a la Agencia Tributaria quiénes son los beneficiarios últimos del dinero en ellos depositado. Ni Mourinho ni Ancelotti ni buena parte de los adinerados cuyos nombres serán destapados por los Papeles de Pandora han sido transparentes.

La importancia de los titulares reales: 'OpenLux'

Otro tanto ocurre con Luxemburgo, un país de la Unión Europea que, sin embargo, mantiene una normativa fiscal tan laxa que facilita a quienes quieren eludir impuestos ocultarse ante sus respectivas haciendas nacionales. El Gran Ducado estableció en 2019 lo que se conoce como Registro de Titularidades Reales, cuyo acceso es libre y gratuito, pero que tiene una laguna fundamental: sólo permite realizar búsquedas por el nombre de una empresa, pero no por el nombre de una persona física. Sin embargo, Le Monde consiguió extraer del sitio web del Registro 3,3 millones de documentos de las más de 124.000 empresas operativas en Luxemburgo en 2020, incluidos los que aportan información sobre los verdaderos dueños de cada sociedad. El periódico francés compartió esos documentos con otra organización internacional, Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), cuyos equipos de datos y tecnología los procesaron para facilitar su consulta. OCCRP dio posteriormente el acceso a la base de datos a una docena de medios de todo el mundo. infoLibre los publicó en España. De esa forma se puso en marcha el proyecto OpenLux.

En total, 1.558 personas vinculadas con España controlaban sociedades registradas en Luxemburgo, país que gracias a sus ventajas fiscales y su opacidad se ha convertido en uno de los destinos favoritos para las inversiones de multimillonarios de todo el mundo, pero también para el dinero sucio de miembros de organizaciones criminales o de políticos y funcionarios corruptos.

Este periódico ha publicado una decena de informaciones que afectan al traficante de armas Abdul Rahman El Assir y el exvicepresidente Rodrigo Rato; al empresario de la jet y socio de Villarejo, Adrián de la Joya; al banquero y máximo accionista de Bankinter, Jaime Botín; al primogénito de Ana Botín, Felipe Morenés, y su socio Juan Pepa; a Amancio Ortega y a su hija Sandra; a la familia política de Esperanza Aguirre; al presidente de la empresa de apuestas y tragaperras Cirsa, Joaquim Agut; a los productores televisivos de La ruleta de la suerte, Enric Lloveras y Daniel Bilbao, y al dueño de Pikolin, Alfonso Soláns.

Pérdidas fiscales y un delito contra la Hacienda Pública

Según la última actualización de The missing profits of nations (Los beneficios perdidos de las naciones), un estudio que arrancaron en 2015 Thomas Tørsløv y Ludvig Wier, de la Universidad de Copenhague, y Gabriel Zucman, de la Universidad de Berkeley y director del Observatorio Fiscal de la UE, las ganancias mundiales distraídas a paraísos fiscales ascienden a 946.000 millones de dólares. La pérdida global en el impuesto de sociedades alcanza los 243.000 millones de dólares.

El sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha) advierte de que, si cualquiera de las personas descubiertas en los Papeles de Pandora no ha incluido la titularidad de las empresas offshore o sus propiedades en el extranjero en el modelo 720 de bienes en el exterior, esos importes se calificarán como una “ganancia patrimonial no justificada” que debe tributar en la base general del IRPF del último año no prescrito. Si el importe de ese bien no declarado supera los 250.000 euros en Cataluña, los 275.862 euros en Madrid o los 267.000 en las comunidades autónomas con un tipo marginal máximo del 45% en 2017, su propietario debe ser acusado de un delito contra la Hacienda Pública.

El Real Madrid redactó y firmó al menos dos cartas de indemnidad fiscal para Cristiano Ronaldo, una en 2009, cuando fichó por el club, y otra en 2013, cuando renovó por otras seis temporadas. El hoy delantero de la Juventus es el único jugador con quien los blancos han tenido ese gesto al menos hasta 2016: garantizarle a un futbolista por escrito y en un documento fuera de contrato un ingreso neto millonario independientemente de las decisiones de Hacienda.

Desde que la Agencia Tributaria puso en su punto de mira los contratos de las estrellas mejor pagadas de la Liga, tanto los clubes como los propios jugadores y sus agentes buscaron cómo protegerse ante la eventualidad de una inspección, una multa millonaria e incluso un juicio por delito fiscal. Las sanciones y las posteriores condenas no constituyen la mejor publicidad para unos futbolistas que viven en gran parte de sacar rédito a su imagen y cuyas escandalosas nóminas y sofisticados sistemas para no tributar ha dejado el fisco al desnudo.

Pero las cartas de indemnidad retributiva concedidas a Cristiano Ronaldo son anteriores a la campaña de la Agencia Tributaria que sentó en el banquillo a Leo Messi, José Mourinho o al propio delantero portugués. Y le garantizan un blindaje mayor del que habitualmente concede el club al resto de sus jugadores, limitado a las variaciones que puedan sufrir los tipos del IRPF. Una protección ampliada que también les reclamó años después el galés Gareth Bale y que el club, en principio, no estaba dispuesto a conceder porque, además, pidió que figurara en el mismo contrato de trabajo.

La primera carta a Ronaldo data de 21 de junio de 2009 y garantiza al portugués un ingreso neto de 8,5 millones de euros, “libres de cualquier retención a cuenta del IRPF o del Impuesto sobre la Renta de No Residentes (IRNR) que le sea de aplicación, y/o deducción de los gastos de Seguridad Social”. Además, se le garantiza que no deberá realizar ningún pago adicional por ninguno de esos dos impuestos si es el Real Madrid el que tiene que abonar alguna cantidad más en su favor. El documento, uno de los miles de Football Leaks compartidos por la revista Der Spiegel con la red European Investigative Collaborations (EIC), a la que pertenece infoLibre, lo firmaron Jorge Valdano, en ese momento director general del Real Madrid, y Enrique Sánchez González, su secretario general.

Porque, en caso de que el club fuera obligado a aumentar las retenciones de Hacienda o las cotizaciones a la Seguridad Social o tuviera que hacer esa “imposición adicional”, se comprometía en la carta a elevarle a Ronaldo su salario de tal forma que éste terminara siendo igual al que habría cobrado sin ese aumento de presión fiscal. A cambio, el futbolista debía solicitar que se le aplicara el régimen especial de repatriados, la conocida como Ley Beckham, que le permitía tributar como no residente a un tipo del 24%, y sólo por las rentas obtenidas en España, en lugar de al 45% del IRPF que le correspondería como residente español, y por todas sus retribuciones, también las conseguidas en el extranjero.

En la carta de 17 de junio de 2013, al jugador portugués se le garantizaban unos ingresos netos anuales de 18 millones de euros, sumando los importes con que se le remuneraba por su contrato de trabajo y por la cesión de sus derechos de imagen, con un reparto entre ambos que debía ser del 85% para los primeros y del 15% para los segundos como exige la ley. Pero se añadió un párrafo. El Real Madrid pedía al futbolista que realizara “las actuaciones necesarias” –o autorizara al club para que éste las llevara a cabo en su nombre– para conseguir un “resultado favorable” en el recurso que había presentado contra la decisión de la Agencia Tributaria de negarle la consideración de no residente hasta 2015. En 2010, Cristiano Ronaldo había pedido que se le ampliara hasta ese año tal calificación, asegurando que había llegado a España cinco días después de la fecha comunicada un año antes, por lo que no podía contar como residente en el país en 2009. La Ley Beckham le permitía tributar como no residente los cinco años siguientes a su llegada a España, por lo que pretendía alargar un ejercicio más su tributación especial. Cristiano Ronaldo terminó ganando el recurso en el Tribunal Económico Administrativo (TEAR).

infoLibre ha preguntado al Real Madrid por el contenido de ambos documentos, pero el club ha declinado responder.

Seis años después de que se le entregara la última carta, en enero de 2019, Cristiano Ronaldo tuvo que pagar una multa de 18,8 millones de euros por haber defraudado 5,7 millones de euros a Hacienda. Aunque fue condenado a 23 meses de prisión por cuatro delitos fiscales cometidos entre 2010 y 2014, no los cumplió tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía. Según el ministerio público, el delantero portugués había ocultado las rentas que obtenía en España por sus derechos de imagen utilizando una estructura societaria que pasaba por Irlanda y las Islas Vírgenes y terminaba en Suiza. En esos cuatro años, declaró haber ganado, sólo en España, en concepto de IRPF, 11,5 millones, cuando en realidad sus ingresos, únicamente por lo que ganaba en territorio nacional, se elevaban a casi 43 millones de euros.

La ley prohíbe los pactos de retribuciones netas

Los pactos que garantizan un salario neto son materia de controversia legal. El Estatuto de los Trabajadores, que regula también los contratos de los futbolistas –tanto laborales como los de cualquiera, pese a sus salarios estratosféricos–, establece en su artículo 26 que todas las cargas fiscales y de la Seguridad Social debe soportarlas el trabajador y declara nulo todo pacto que sea contrario. Es decir, impide desplazar la carga tributaria a la empresa, que es lo que ocurre con este tipo de cláusulas y cartas. La Ley General Tributaria también dicta que el crédito tributario es “indisponible”: los contribuyentes no pueden descargar en otro –la empresa– sus deudas con Hacienda. Y esa obligación tributaria no puede ser alterada por un pacto entre particulares.

Pero los tribunales han dictado sentencias contradictorias. El Tribunal Superior de Justicia de Aragón falló en 2010 a favor del jugador argentino Milito frente al Real Zaragoza, declarando que el club no asumió la carga fiscal del futbolista en su pacto de retribuciones netas. Por el contrario, los tribunales superiores de Baleares y de Madrid fallaron lo contrario en los casos de Zoran Vulic, jugador croata del Real Mallorca, y Hugo Sánchez, que lo fue del Atlético de Madrid, el Real Madrid y el Rayo Vallecano. El Tribunal Supremo, por su parte, declaró nulo en 2009 el acuerdo de salarios netos que un club deportivo sevillano había firmado con uno de sus directivos.

Gareth Bale quiere 12 millones limpios

En 2016 fue el representante de Gareth Bale, Joshua Barnett, y su abogado fiscalista en España, Íñigo Landa, quienes solicitaron al Real Madrid una garantía de indemnidad total para el galés. Piden 12 millones de euros netos al año y que figuren como una cláusula más en el contrato del jugador. “Ellos quieren una cláusula de indemnidad fiscal general (así hay que entender la relativa a ‘cualquier pago en metálico o especie relacionada con la contratación del jugador’)”, critica el director financiero del club, Julio Esquerdeiro en un correo electrónico enviado al director general del club, José Ángel Sánchez Periáñez, en septiembre de 2016. En efecto, Landa busca un ingreso “neto de cualquier contingencia” para el contrato de Bale, explica Landa en su petición al Real Madrid, tras tachar de “inaceptable” que el club pretenda limitar la “protección” a un eventual aumento del tipo del IRPF, excluyendo las retenciones que puedan derivarse de posibles inspecciones fiscales. La Agencia Tributaria, advierte el abogado, está actuando de forma muy “agresiva” en esos momentos.

Pero el Real Madrid no quiere ni oír hablar de incluir en el contrato laboral de Bale una cláusula “relativa a otros contratos distintos” vinculados con el intermediario o los derechos de imagen. Para cubrirse de posibles riesgos en el contrato con el agente, dice Esquerdeiro, ya firman un documento específico de indemnidad con él. Además, resalta, el contrato laboral es público, puesto que debe remitirse a la Liga de Fútbol Profesional. Y se trata del “primer documento que piden en cualquier inspección”. Así, el club corre el riesgo de que queden vinculados “de forma pública” todos los contratos con el salario del jugador, lo que apoyaría el argumento de Hacienda de que los clubes repartían las retribuciones de los futbolistas con sus agentes para pagar menos en el IRPF.

Por tanto, su propuesta al director general del club es redactar “un documento de indemnidad más amplio” que cubra “todos los riesgos fiscales del jugador por su relación con el Real Madrid”. El director financiero reconoce que “algo así se ha firmado sólo con Ronaldo en su día”. El club se expone a que Bale reclame algún día si tiene problemas con Hacienda, pero cree que es una solución “más discreta” que incluir la cláusula en el contrato laboral.

En la versión final de los contratos que el Real Madrid envía el 10 de agosto de 2016 a Joshua Barnett en Londres para que los firme no se incluye tal carta, según los documentos de Football Leaks a los que ha tenido acceso este periódico. Por el contrario, sí que se cancelan los contratos que el club mantenía con la empresa de Barnett, The Stellar Group, y con Primasure, a las que Bale había cedido sus derechos de imagen –y que ahora el jugador otorga al Real Madrid directamente– y se incluye una carta donde los blancos sí asumen el “coste fiscal adicional” que pueda derivarse de cualquier actuación de Hacienda por el contrato con el agente del galés. En el caso de que el fisco, como estaba haciendo con otros agentes de futbolistas, le reclamara a Bale el IRPF de las cantidades abonadas a Barnett, el Real Madrid se comprometía a entregar al jugador la cantidad que le fuera reclamada por la Agencia Tributaria, o bien a no repercutirle el importe que ésta exigiera al club.

En el contrato laboral se establecía para Gareth Bale una retribución bruta por temporada de 21,82 millones de euros en 2016 y 2017, y de 22,56 millones desde 2018 hasta 2022.

Dos años después, Hacienda sancionó al delantero galés por haber tributado a través de la citada Primasure parte de sus derechos de imagen. Le impuso una multa de 337.000 euros por defraudar 200.000 euros, que el jugador recurrió.

Estos blindajes tuvieron un coste monumental para el Real Madrid. Como consecuencia de las inspecciones de la Agencia Tributaria, el Real Madrid debió regularizar 27,77 millones de euros de los 80 millones que había pagado entre 2011 y 2014 a los agentes de sus mejores futbolistas, por corresponder a contratos simulados por prestaciones inexistentes. Por esos cuatro años ingresó 9,2 millones de euros, de los que 4,21 millones –2,83 millones de IRPF y 1,37 del Impuesto de la Renta de No Residentes– correspondían a Bale. Por Cristiano Ronaldo pagó 1,31 millones de euros, todos ellos en concepto de IRNR. Para regularizar las comisiones al agente del galés en 2015 ingresó 2,45 millones más, además de otros 3,6 millones por los de 2016. En total, 10,26 millones. El Real Madrid impugnó en su día todas estas retenciones adicionales, con la esperanza de conseguir su devolución.

Zidane, 10 millones netos garantizados en contrato

Para otros jugadores y entrenadores, las cláusulas de indemnidad estaban incluidas en sus contratos, y no todas son iguales. Por ejemplo, Zinedine Zidane, que tenía un sueldo bruto anual de 18,18 millones de euros según consta en su contrato de 2017, cuenta con la cláusula habitual madridista para protegerse de la variación del marginal del IRPF: la cantidad se ajustará al alza o a la baja, en función del tipo máximo y “en función de las modificaciones legislativas que se pudieran producir”. Pero a continuación se le garantiza que recibirá “siempre la misma cantidad, como mínimo la cantidad neta o íntegra de 10 millones de euros una vez descontado el IRPF que le afecte en cada momento”. Y si se le aplicara el IRNR, “con independencia de la retención que proceda”, el club debería abonarle la diferencia hasta cubrir la retención que le correspondería como residente. Es el único contrato de aquellos a los que ha tenido acceso infoLibre en que se precisa la cantidad exacta neta garantizada.

En la cláusula de indemnidad de Marcelo, que cobra un bruto anual de 10,23 millones hasta 2022, se precisa que el neto que debe garantizarse es la suma de su retribución salarial y de sus ingresos por la cesión de sus derechos de imagen, aunque cambie el tipo impositivo que se les aplique.

José Mourinho, a diferencia de Zidane, se limitó a incluir la cláusula de indemnidad ordinaria, por la que el club se compromete a pagarle “el mismo importe neto por temporada” independientemente de los cambios que sufran los tipos del IRPF. Su sueldo bruto era de 13 millones de euros.

Fue también el caso de James Rodríguez, con un salario bruto de 10 millones de euros. Tenía garantizado el neto si variaba el tipo impositivo, pero nada más. Así que el Real Madrid responde con un no rotundo cuando, en julio de 2018, el abogado del colombiano le reclama 1,5 millones de euros para regularizar su situación con Hacienda. Tras ser inspeccionado por los pagos realizados a su agente, la empresa portuguesa Gestifute, la Agencia Tributaria exige al centrocampista el ingreso de esa cantidad. “Es evidente que se trata de un problema de James. Nosotros nos hemos limitado a cumplir el contrato”, le contesta el club.

Pepe –9,09 millones de euros brutos anuales–, Toni Kroos y Luca Modrić–ambos 19,09 millones– se conformaron también con la cláusula habitual. Otros, como Marco Asensio –dos millones– o Keilor Navas –10 millones– ni siquiera tenían en sus contratosla cláusula de protección frente a los cambios en el tipo del IRPF.

Football Leaks destapó en diciembre de 2016 que Cristiano Ronaldo había ocultado a la Hacienda española 150 millones de euros de ingresos por sus derechos de imagen desde 2009. Para ello había utilizado una estructura fiscal que empezaba por Irlanda y, a través de las Islas Vírgenes británicas, terminaba en una cuenta bancaria de Suiza. En junio del año siguiente, la Fiscalía denunció al jugador portugués por cuatro delitos contra la Hacienda Pública por un fraude tributario de 14,76 millones de euros.

Sólo una semana más tarde, el fiscal denunciaba también al entrenador José Mourinho por el mismo motivo: ocultar al fisco sus cuantiosos ingresos por derechos de imagen, en su caso unos 3,3 millones de euros en 2011 y 2012. La estructura creada para el técnico portugués era casi calcada a la de Cristiano Ronaldo e iba igualmente de Irlanda a Islas Vírgenes, aunque terminaba en Nueva Zelanda.

Ambos compartían, además del club, una empresa pantalla irlandesa, Multisports & Image Management Ltd., la agencia de representación Gestifute –propiedad del superagente Jorge Mendes– y el abogado, Carlos Osório de Castro.

Éste, uno de los letrados del despacho Morais Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva & Associados (MLGTS), es una presencia constante en la vida legal y fiscal de las estrellas del Real Madrid que representa Jorge Mendes, según se desprende de los documentos de Football Leaks compartidos por la revista Der Spiegel con la red European Investigative Collaborations (EIC), a la que pertenece infoLibre. A su cargo se encontraban también los intereses de otras estrellas como Radamel Falcao, Fàbio Coentrão, Ángel Di María y James Rodríguez.

Ya sea para conseguir a Cristiano Ronaldo una casa en Madrid, comprarle un jet privado, defender su nombre cuando los programas del corazón aireaban su vida privada, pelear una subida de sueldo o solucionar sus litigios con Hacienda, allí estaba Carlos Osório dispuesto a exigir o templar gaitas con los directivos del Real Madrid y con los despachos Garrigues y Senn Ferrero, contratados para gestionar sus complicados asuntos fiscales. También fue pieza fundamental en las maniobras legales que consiguieron librar al fubotlista portugués de la denuncia por violación de una mujer en un hotel de Las Vegas en 2009, como publicó Der Spiegel.

Nacido en Nampula, en el norte de Mozambique, en 1959, Osório de Castro estudió Derecho en la Universidad de Coimbra. Su contacto con el mundo del fútbol se fraguó a través del FC Porto, del que es seguidor y cuyos estatutos ayudó a redactar y revisar, según publica el semanario Expresso, también miembro de la red EIC. Fue también a través de ese club como conoció a Jorge Mendes, cuando José Mourinho, entre 2002 y 2004, entrenaba al club luso, como recuerda Diário de Notícias. En la vida de Cristiano Ronaldo apareció en 2004, en el momento en que el jugador dejó el Sporting de Lisboa para fichar por el Manchester United.  

Según puede comprobarse en los correos electrónicos que dirige a directivos y abogados, su tono es a veces altanero, otras desenfadado y en muchas ocasiones un punto desabrido. “Si se refiere [Carlos Osório] a que cambiemos documentos o falsifiquemos documentación, es algo que no vamos a hacer. Es más, podríamos acabar siendo cooperadores necesarios. Por lo menos, esperemos que la próxima vez que venga a Madrid comparezca y no se vaya”, critica uno de los abogados de Senn Ferrero sobre un correo que les ha enviado el abogado portugués y donde intenta eludir su responsabilidad en los problemas fiscales de Coentrão.

infoLibre ha preguntado a Carlos Osório de Castro por sus relaciones con el Real Madrid y con Cristiano Ronaldo, pero el abogado ha declinado responder.

Pero todo cambia cuando Hacienda comienza a desmontar, una tras otra, las estructuras fiscales opacas de sus clientes. Pese al trabajo de los despachos de abogados que defienden en España la legalidad de esos esquemas internacionales, Cristiano Ronaldo –23 meses de cárcel y 19 millones de multa– y José Mourinho –un año de prisión y 2,2 millones de multa– terminaron condenados por delito fiscal. James pactó con Hacienda el pago de cuatro millones de euros. El desembolso de Falcao se elevó a nueve millones para no ir a la cárcel por dos delitos fiscales. La factura de Coentrão fueron otros 1,7 millones. Di María aceptó una pena de un año y cuatro meses de cárcel, que no cumplió, por dos delitos contra la Hacienda Pública. Devolvió dos millones de euros. Carvalho también fue condenado, a siete meses de prisión, por defraudar más de medio millón de euros al fisco.

Es más, Osório de Castro tuvo que declarar como investigado, lo mismo que Jorge Mendes, ante la jueza de Pozuelo (Madrid) que investigaba las finanzas de Cristiano Ronaldo. El pasado mes de marzo, su despacho de Oporto fue registrado por la policía portuguesa en la Operación Fuera de Juego, la misma investigación por la que entraron en el domicilio de Iker Casillas.

Cuatro páginas de explicaciones al Real Madrid

Nada más publicar los medios del EIC las revelaciones sobre la estructura fiscal opaca de Cristiano Ronaldo, Carlos Osório redacta un documento de cuatro páginas donde defiende con todo detalle el diseño de la tributación de los derechos de imagen del jugador portugués que Hacienda está investigando en ese momento. Y se lo envía al director general del Real Madrid, José Ángel Sánchez Periáñez. Antes lo ha perfilado con el abogado Julio Senn –del despacho Senn Ferrero, encargado de los asuntos fiscales de Cristiano–, con Luis Correia, de la agencia Gestifute, y con otros abogados de su propio despacho, Morais Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva.

Comienza asegurando que las informaciones de Football Leaks están llenas de “acusaciones completamente infundadas” y son fruto de “la tergiversación de los hechos y de procesos de intencionalidad completamente gratuitos”. Osório subraya que todo se ha hecho de acuerdo con la ley española y desmiente que la sociedad Tollin, domiciliada en las Islas Vírgenes Británicas y a la que Ronaldo transfirió sus derechos de imagen, sea un “escudo fiscal” para evadir impuestos.

Por el contrario, arguye que el único motivo para crear esa “estructura” era “aislar” los ingresos de los derechos de imagen para que constituyeran “una especie de ahorro forzoso” para Cristiano Ronaldo. A quien califica de “reputado deportista”, “un ejemplo para todos, a nivel personal, profesional y también fiscal”.

Además, deja caer que en la parte fiscal de la operación el delantero fue “asesorado por las oficinas en Madrid de una reputada empresa internacional”, en referencia a King & Wood Malleson. Tampoco cita a Garrigues, pese a que Julio Senn le recomienda que mencione a ambos con sus nombres: “Estar asesorado por dos de los grandes te ayuda y te defiende mucho más”.

Osório termina reafirmándose en que la inspección concluirá que la transparencia ha sido “máxima” y la tributación, “correcta”. Se equivocó.

“Se siente desplazado por el propio jugador”

“Es claro que se trata de una nota de carácter exculpatorio”, responde el director financiero del Real Madrid, Julio Esquerdeiro, a José Ángel Sánchez cuando éste le reenvía el documento, que debe de haber preparado, añade, “para intentar defender su prestigio como abogado”. A Esquerdeiro le “llama la atención”, según confiesa, que Carlos Osório utilizara “estructuras societarias donde intervienen sociedades domiciliadas en paraísos fiscales, algo siempre considerado sospechoso por las autoridades”.

Aun así, en plena fiebre sobre el caso Ronaldo, el abogado portugués no tiene reparos en pedir después al Real Madrid que adelante 15 días un pago de 2,5 millones de euros a Fabio Coentrão, quien se fue cedido al Sporting de Lisboa la temporada 2017/2018. Cuando el club blanco le dice que no puede hacerlo por el riesgo fiscal que supone, Osório, replica que no existe tal. “¿Qué hay de artificial o sospechoso en adelantar un pago adeudado en 15 días cuando el jugador tiene suspendido su contrato con el club?”, les pregunta. El Real Madrid no se lo toma muy bien. Considera “inapropiado” que el abogado luso cuestione sus riesgos fiscales. “Ya sabemos por la prensa que él no había visto algunos que sí le competían”, le reprochan los directivos blancos en un correo. La sombra de la ingeniería fiscal creativa diseñada para Cristiano Ronaldo y José Mourinho ya estaba dejando su mancha en el prestigio de Carlos Osório.

Pocos meses más tarde, el abogado de Cristiano vuelve a ponerse en contacto con el Real Madrid para pedir explicaciones por unas retenciones de más que el club había hecho al jugador y luego le devolvieron. Los directivos de Florentino Pérez aseguran entonces que Osório parece “estar perdiendo los papeles”, puesto que se trata de un asunto “cerrado”. “Debe de estar pasando un mal momento”, comenta José Ángel Periáñez, “me cuentan que se siente desplazado por el propio jugador”. Creen que el hoy futbolista de la Juventus le echa la culpa de su “situación” con Hacienda. “Algo de razón parece tener”, concluye el director general del club.

El coordinador de la estructura

En su declaración ante la juez por la investigación fiscal a Cristiano Ronaldo, que figura entre los documentos de Football Leaks, Carlos Osório sostuvo que sólo asesoraba al jugador “en materias propias de derecho portugués”, pero nunca sobre fiscalidad, ni en España ni antes de llegar al Real Madrid, en el Reino Unido. Su labor, insistió, se limitó a recomendarle que contratara a Garrigues para gestionar esos asuntos. “Una materia como es la fiscal requiere una cualificación técnica de la que Cristiano Ronaldo carece por completo y que tampoco yo manejo”, afirmó. La responsabilidad, por tanto, era de los abogados que le aconsejaron en España, cuyas declaraciones el futbolista se limitó a suscribir.

Los correos en poder de Football Leaks revelan, en cambio, que Carlos Osório ejercía una labor fundamental de coordinación entre los diferentes profesionales al cargo de los intereses de Cristiano Ronaldo. Es la persona a la que Garrigues detalla la estructura tributaria que ha diseñado para el delantero a partir de la que ya tenía en funcionamiento cuando jugaba en el Reino Unido. Y es a Osório a quien el despacho pide y devuelve toda la documentación necesaria. Lo mismo ocurrió con José Mourinho.

De hecho, al mencionar que los contactos de Senn Ferrero para estos clientes son Miguel Marqués, representante en Portugal del banco suizo St. Galler Kantonalbank; Andy Quinn, director de la firma irlandesa de auditoría Moore Stephens Nathans, y el sobrino de Mendes Luis Correia, Julio Senn es claro: “Entendemos que internamente estáis ya coordinados”. Y le recuerda que tanto él mismo como Garrigues les han advertido a todos ellos “en reiteradas ocasiones” sobre la “no idoneidad” de la estructura de derechos de imagen de sus jugadores.

“No olvidéis en ningún caso”, insiste, “que la estructura que tienen montada todos los clientes de Jorge [Mendes] no es la más adecuada para los residentes en España, y sois los asesores que lleváis los temas de Jorge desde siempre quienes tenéis que analizarla, sobre todo después de nuestros avisos y de las actas fiscales que se están levantando en España”. También les reprocha, a Osório y el resto del equipo de Gestifute, que estén actuando “de forma reactiva y no proactiva”. “Ojalá todo esto quede aquí y no consideren la estructura de Jorge en Irlanda como cooperadora necesaria para evitar tributar en España los jugadores”, termina Julio Senn su relato.

Tras ser imputado Osório, Cristiano Ronaldo cambió de abogados. Dejó a Baker & McKenzie, que habían sido contratados por el letrado portugués en diciembre de 2016 con unos honorarios que oscilaban entre los 179 y los 523 euros la hora, dependiendo de la categoría del profesional. Fueron sustituidos por José Antonio Choclán, defensor también, entre otros, de Francisco Correa, el cabecilla de la trama Gürtel, de la expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes y, más recientemente, de la examante de Juan Carlos I Corinna Larsen, pero que no pudo evitarle la condena.

La Agencia Tributaria comenzó hace más de un lustro a demostrar especial interés por la manera en que los clubes de fútbol pagaban a sus jugadores. Los muchos millones que se mueven alrededor de las costosísimas estrellas del deporte se habían convertido en terreno abonado para explotar los agujeros de la legislación tributaria. En esos esquemas fiscales adquirieron un papel protagonista los también millonarios agentes, a veces tan mediáticos como los futbolistas y más poderosos.

Los avisos de Hacienda asustan a todos, incluidos los galácticos, sus abogados y sus representantes. Aunque las sanciones y condenas judiciales tardaron en llegar, la alarma cundió en cuanto los inspectores empezaron a hurgar en las declaraciones de los jugadores. Y el primer movimiento de éstos y sus agentes fue acudir a los clubes en busca de ayuda. Al menos fue lo que ocurrió en el Real Madrid, según se desprende de los documentos de Football Leaks compartidos por la revista Der Spiegel con la red European Investigative Collaborations (EIC) a la que pertenece infoLibre. 

Hasta que Hacienda empezó a investigar, los clubes pagaban a los agentes una parte de las abultadas remuneraciones de los futbolistas. Así rebajaban sus nóminas, y por tanto su IRPF, por el que tributan al tipo máximo. A los representantes, en cambio, se les retribuye en virtud de un contrato de prestación de servicios, por el que sólo deben pagar el IVA a un tipo muy inferior. Para Hacienda, se trata de contratos simulados, porque el agente trabaja para el futbolista, no para el club que lo contrata.

Las peticiones al club incluyen la antedata de documentos en el caso de Fábio Coentrão, algo que el propio Real Madrid tacha de fraude de ley. En el del entrenador Víctor Fernández, los directivos blancos no dudan en calificar como una “barbaridad” –“cooperar para defraudar a Hacienda”, dicen– el favor que le solicita su representante, Arturo Canales. Pero, sobre todo, los agentes requieren la construcción de relatos que sostengan los contratos de los agentes, porque Hacienda considera que remuneran servicios prestados al jugador, no al club. Los merengues, en los documentos analizados, se niegan a colaborar.

El Real Madrid no ha querido responder a las preguntas que sobre los favores fiscales que le pedían jugadores y entrenadores le ha formulado infoLibre, que se reproducen al final de esta información.

Fábio Coentrão

El 22 de junio de 2016, Carlos Osório de Castro, abogado de Fábio Coentrão, escribe un correo al director general del Real Madrid, José Ángel Sánchez Periáñez, para pedirle “ayuda”: el jugador portugués, cuya cesión al AS Mónaco finalizaba el 30 de ese mes, volvía al club blanco el 1 de julio, por lo que ese año sería considerado residente fiscal en España. “Lo que tiene un impacto fiscal considerable” para el futbolista, le explica Osório, también abogado de los más renombrados jugadores de la agencia portuguesa Gestifute, del superagente Jorge Mendes, desde Cristiano Ronaldo hasta James pasando por Falcao. Y del hoy entrenador del Tottenham, José Mourinho, entre otros.

Así que le pregunta si el club puede prolongar la suspensión hasta el regreso de las vacaciones de verano o extinguir el contrato actual y firmar otro con fecha posterior, el 10 de julio. Es decir, le pide al Real Madrid que colabore en la comisión de un fraude de ley “en beneficio fiscal del jugador y en perjuicio de Hacienda”, como le explica a su jefe, José Ángel Sánchez, el director Económico del club, Julio Esquerdeiro, que se opone a hacerle ese favor a Coentrão. Hay que darle de alta obligatoriamente en la Seguridad Social española del 1 de julio porque dilatarlo hasta el 10 de julio supone dejar al futbolista sin cobertura, un riesgo “enorme” que el Real Madrid no quiere correr –“Imaginemos una invalidez no cubierta y reclamada al club”, advierte–. Y sí, no hay duda, el alta en la Seguridad Social es un “indicio rotundo” de residencia fiscal.

En julio de 2015, un año antes de este intercambio de correos, la Agencia Tributaria ya había abierto una investigación a Fábio Coentrão por las retribuciones cobradas del Real Madrid entre 2011 y 2014. Nunca declaró a Hacienda las rentas obtenidas por sus derechos de imagen. La Fiscalía le denunció por no pagar 1,29 millones de euros en impuestos. Antes de declarar ante el juez, en 2017, el portugués pagó al fisco 1,68 millones de euros.

Como publicó entonces Football Leaks, Coentrão simuló la cesión de sus derechos de imagen a una empresa domiciliada en Panamá, Rodinn Company, que posteriormente los cedió a otra con sede en Irlanda, Multisports & Image Management Limited, la misma que utilizaban para engañar a Hacienda Cristiano Ronaldo y José Mourinho.

De hecho, en octubre de 2015, cuando los inspectores de la Agencia Tributaria comunican a Senn Ferrero, los abogados en España de Coentrão –también los de Ronaldo y Mourinho– que van a dar traslado de sus conclusiones al Ministerio Fiscal porque consideran que el jugador portugués ha cometido un delito fiscal, Julio Senn hace una recriminación que es, además, un señalamiento de autoría en toda regla: “Señores, la estructura que creasteis es un problema muy serio para el jugador”. El correo electrónico va dirigido a Carlos Osório, a Jorge Mendes, a su sobrino y directivo de Gestifute Luis Correia, y a Miguel Marques, representante del banco Suizo Saint Galler Kantonalbank (SGKB) en Portugal. 

JOSÉ MOURINHO

Esos mismos días, José Mourinho también peleaba con Hacienda. A través de su abogado en Madrid, Julio Senn, pide al director general del Real Madrid y a su director económico que le ayuden en defensa de sus intereses en el recurso que va a presentar contra el fisco. La Agencia Tributaria, explica en una carta dirigida a Julio Esquerdeiro, le ha solicitado al Real Madrid todos los contratos y facturas entre el club, Jorge Mendes y cualquier otro empleado de Gestifute relacionado con Mourinho. El entrenador quiere que Esquerdeiro y Sánchez Periáñez digan a Hacienda que el Real Madrid contrató a Gestifute “a petición exclusivamente del Real Madrid y en beneficio exclusivamente del club”. Y lo hizo “para que le asistiera y realizara todos los esfuerzos en beneficio del club” a fin de lograr su “desvinculación” del Milan, su contratación por el Real Madrid, e incluso “su renovación y la buena marcha del contrato” después.

El remarcado interés de Mourinho por dejar claro que Gestifute –su agente– trabajó sólo para el club y a solicitud de éste es fundamental para sostener que las cantidades abonadas por el Real Madrid a la empresa no son parte del salario del entrenador, que es lo que argumenta la Agencia Tributaria que, como queda dicho, considera simulados los contratos con los representantes. De ahí el énfasis que los abogados de Mourinho ponen en la carta que mandan a firmar al Real Madrid para que éste refrende que el club solicitó los servicios del agente, éstos quedaron documentados en el contrato firmado y se pagaron “puntualmente”.

La respuesta de Julio Esquerdeiro no puede ser más contundente: “Esta carta que piden que firmemos es improcedente”. El director económico explica que el club ha aportado a Hacienda “datos objetivos sobre facturas y pagos”; por el contrario, Mourinho le pide ahora que firme “opiniones y comentarios” a los que no está obligado. “Lo que ha sido la relación entre Gestifute y el club está adecuadamente reflejada en el contrato y no hay más que añadir”, concluye. El director general confirma después que no van a respaldar la petición del entrenador.

gareth bale

Con Gareth Bale, en cambio, la negociación fue muy larga y mucho más complicada. En noviembre de 2017 Joshua Barnett, hijo de Jonathan Barnett y, como él, al frente de Stellar Group, la empresa que representa a Gareth Bale, le pide a José Ángel Sánchez una reunión con los abogados del galés, de la firma BDO. La cita debe ser antes del 19 de diciembre, que es cuando han sido convocados por la Agencia Tributaria británica, HM Revenue and Customs (HMRC). Los inspectores consideran que los pagos del Real Madrid a Stellar forman parte del salario del jugador, traspasado desde el Tottenham en 2013. Y los abogados de BDO temen que hagan la misma salvedad con los que se refieren a la renovación del jugador en 2016. Acaban de presentar un recurso administrativo para evitar que el asunto termine en los tribunales.

Según le explican al club, además, les consta que el HRMC ha obtenido documentación sobre el contrato con Bale “proporcionada por las autoridades españolas”. Dicen que las haciendas británica y española están intercambiando información sobre este asunto, también la que suministren a ambas tanto el Real Madrid como Stellar. Porque el club blanco está igualmente bajo la lupa de la Agencia Tributaria por el mismo motivo. “Por tanto”, concluyen los abogados de BDO, “hay un interés mutuo en reunirnos con el Real Madrid para debatir la información que estamos compartiendo con el HRMC y viceversa”. A la reunión, que quieren que sea presencial, están convocadas tres firmas distintas: los asesores fiscales (Stellar), abogados (Withers LLP) y contables (BSG Valentine). Un potente escuadrón.

El 8 de diciembre, José Ángel Sánchez le contesta que el Real Madrid ha recurrido las actas levantadas por Hacienda respecto a los pagos del contrato de 2013, pero que con el de 2016 han abonado al futbolista el íntegro –el salario de Bale más la retribución de Stellar– para evitar riesgos fiscales, al mismo tiempo que han presentado el correspondiente recurso, porque no están de acuerdo con el criterio de Hacienda. No hace mención alguna a la reunión que le solicitan los británicos.

Cuando se entera de los recursos, Alistair Culverwell, el abogado de BDO, teme que, al llegar a los tribunales, los detalles del caso sean públicos y la Hacienda británica se haga con ellos. Si, además, el tribunal falla en contra del Real Madrid, los intereses de Gareth Bale en Reino Unido saldrían perjudicados, resalta. De hecho, en un correo posterior Culverwell saca a colación dos casos en los que el HMRC “se basó en gran medida” en sentencias judiciales españolas para defender su posición en los tribunales británicos. En uno de ellos, el HRMC está pendiente de que se resuelva en España un recurso para concluir su informe sobre el pago del IVA en un contrato similar. De ahí que los británicos quieran conocer los argumentos del Real Madrid y de la Hacienda española al respecto, así como la documentación que han presentado.

El director económico del club aconseja entonces a Sánchez Periáñez que rechace la reunión. “No dudo que a ellos les interese involucrarnos en su tema con la Hacienda inglesa, pero de lo que estoy seguro es de que al club no le interesa en absoluto, al contrario, podría perjudicarle”. El Real Madrid, subraya, “nunca ha entrado en un problema particular fiscal de un jugador, menos de un agente, en su propio país”. “Sólo faltaría ahora que nuestros planteamientos ante la Justicia española fueran cuestionados o usados en una corte inglesa”. Esquerdeiro expresa también su molestia: “La insistencia por su parte ya ofende”.

Pero el director general quiere ser mucho más diplomático: “Negarse a verles va a crear una dificultad grande en la relación con ellos [con Stellar y sus abogados] y puede que la sospecha de que estamos defendiendo nuestra posición de una forma que les perjudica a ellos, o algo así”. Así que le pregunta a Esquerdeiro si puede alegar protección de la confidencialidad o conveniencia para no proporcionarles la información que piden.

“Entiendo tu posición. Los agentes han adquirido, para bien o para mal, un poder muy importante en esta actividad y, si has de tratar con ellos, resulta necesario mantener con ellos una relación lo mejor posible”, le responde el director económico. Pero también le advierte de que en este caso “no se trata de ser amable y tener una reunión protocolaria para tomar un café”. Por el contrario, los británicos pretenden “coordinar las estrategias de defensa (por eso hablan de “mutually beneficial”), por lo que el Real Madrid corre el riesgo de que “le citen como testigo en su proceso o hacerle responsable de cualquier perjuicio económico”, asegura Julio Esquerdeiro.

De forma que recomienda a Sánchez Periáñez que sean los abogados de Garrigues, el despacho del club, quienes llamen por teléfono, nada de reuniones, a los abogados de Bale y les respondan “hasta donde sea posible” sus dudas. Será una “discusión técnica”, entre abogados, y sin ningún representante del Real Madrid. “En ningún caso coordinaremos ningún planteamiento jurídico con ellos”, remata.

El director general da su visto bueno a la opción de Esquerdeiro el 14 de diciembre. Pero no es hasta el día 18 cuando Gonzalo Gallardo, un abogado de Garrigues, se pone en contacto con Culverwell para fijar una cita telefónica. Por tanto, la reunión del 19 con el HMRC tuvo que celebrarse sin la información que BDO quería obtener del Real Madrid, porque el 11 de enero aún seguían cruzándose correos para ajustar fechas… y pactar la modalidad de la cita. Los británicos insisten en que sea presencial y se ofrecen a visitar Madrid en varios días posibles de enero y febrero. Pero el Real Madrid sólo está dispuesto a una conferencia telefónica como toma de contacto para luego decidir qué información suministra a BDO y cuál no. Es más, Esquerdeiro se queja de la “mala educación y la arrogancia” de los abogados de Bale y califica de “inaudito” que quien pide una “cortesía/favor” pretenda además “establecer el terreno de juego y fijar las reglas”.

La conferencia telefónica se celebró finalmente el 24 de enero. El abogado de Garrigues cree que el club no puede seguir negándose a recibir a los británicos y que le interesa la información ofrecida por ellos –todo un dosier, dice– para “argumentar bien el caso de Bale, al ser cuantitativamente el más importante”.

El Real Madrid accede entonces a la reunión presencial que demanda BDO. Aunque los asesores de Gareth Bale pretenden que los argumentos de españoles y británicos ante sus respectivas Haciendas “estén en la misma línea”, Esquerdeiro sigue advirtiendo de que “en ningún caso” puede llegar a haber una “actuación jurídica coordinada”.

Los abogados de Bale y los del Real Madrid se vieron finalmente las caras en las oficinas de Garrigues en Madrid el 8 de febrero. Pero el 23 de marzo los de Bale piden aún más información al club. En concreto, las fechas exactas de las reuniones que Jonathan y Joshua Barnett mantuvieron en Londres y en Madrid con José Ángel Sánchez y con Florentino Pérez, así como con Daniel Levy y Franco Baldini, del Tottenham, para negociar el fichaje de Gareth Bale en 2013. También los nombres de las personas que asistieron a esas reuniones e incluso copia de las actas de las conversaciones. Lo mismo preguntan para las negociaciones que mantuvieron los contables de Bale y del club sobre los derechos de imagen. Los abogados de BDO aseguran que los Barnett no guardan ningún registro de esas citas. Igualmente quieren saber quién redactó el contrato, si fue un abogado o un asesor, y si fue un documento hecho a medida o se hizo siguiendo una plantilla modelo. También cuándo firmaron Stellar y el jugador el acuerdo que dejaba en suspenso su contrato y autorizaba a la empresa de Barnett a trabajar para el Real Madrid. Ese documento fue firmado en Madrid sólo un día antes de que el galés suscribiera el contrato que le convertía en jugador blanco, indican los abogados de BDO, pero como carece de fecha, le reclaman una confirmación que lo date.

Además, preguntan al club merengue cómo se negoció y se fijó la retribución que abonó a Jonathan Barnett: 16,373 millones de euros, la mayor cantidad pagada nunca por el Real Madrid a un agente. “Míster Barnett nos indicó que no hay ‘ninguna base científica que explique cómo se calculó esa cantidad”, le revelan al club. Sí que les dijo que esa retribución es “más elevada de lo habitual”. “¿Hubo circunstancias especiales, como servicios adicionales que fuera a suministrar Stellar más allá de los proporcionados de forma habitual por un agente, que se tradujeran en una mayor remuneración?”, preguntan los abogados de BDO.

infoLibre ha solicitado a Jonathan Barnett y su hijo Joshua sus comentarios sobre estas negociaciones, pero no ha obtenido respuesta.

La indagatoria continúa más o menos en el mismo tenor cuando se refiere a la renovación de Bale en 2016. Sus abogados aseguran que, según les ha referido Barnett, el galés fue “contactado directamente por varios clubs de fútbol del Reino Unido para que volviera a jugar en la Premier League”. Y que como el Real Madrid estaba interesado en que el jugador se quedara, pero al mismo tiempo él sentía “nostalgia” y estaba pensando abandonar el club, éste contrató a Stellar para persuadir al galés de que renovara. Para ello, Barnett, Gale y el Real Madrid se reunieron en Toronto (Canadá), una entrevista de la que solicitan, de nuevo, la fecha exacta, los asistentes y copias de las actas. También quieren averiguar si el club contrató a otros agentes o asesores para negociar la renovación de Gareth Bale o si éste contrató a otros para asistirle en este asunto.

En este nuevo contrato, el Real Madrid pagó a Jonathan Barnett ocho millones de euros, señalan los abogados de BDO, la mitad que tres años atrás. Y vuelven a preguntar al club cómo se calculó esa cifra y cómo se negoció.

Hay otra diferencia entre ambos contratos que es sustancial de cara a Hacienda. Según aparece en el escrito enviado por BDO al Real Madrid –un PDF de cinco páginas–, en 2016 Bale no suspendió el contrato que mantenía con Stellar poco antes de firmar la renovación –como sí había hecho en 2013–. Los británicos preguntan al club por qué no se suspendió el contrato de representación que había firmado con Stellar el 23 de julio –sólo unos días antes de renovar con el Madrid, el 10 de agosto–, para que Stellar pudiera trabajar por encargo del club sin que hubiera conflicto de interés.

En el Real Madrid semejante cuestionario no cayó muy bien. De hecho, quedó sin contestar al menos hasta junio de 2018. Los responsables legales del club replican que se trata de preguntas que nada tienen que ver con temas fiscales y que Garrigues no puede contestar. También expresan sus dudas de que José Ángel Sánchez pueda responder o de que al club siquiera le interese contestar. En agosto estaba previsto que los abogados de BDO entregaran una declaración COP9 (Code of Practice 9, que el HMRC abre cuando encuentra sospecha de fraude) a la Hacienda británica. Ellos aseguran que el HRMC compartirá los datos que figuren en el COP9 con la Agencia Tributaria española, por lo que piden una nueva reunión.

Finalmente, el Real Madrid tuvo que pagar a Hacienda por Gareth Bale 4,21 millones de euros, de los que 2,83 millones correspondían al IRPF y 1,37 millones al Impuesto de la Renta de No Residentes (IRNR), según los documentos de Football Leaks. La mayor cantidad que ha abonado el club hasta ahora para regularizar a sus jugadores tras las inspecciones a que los sometió Hacienda. Pero ésa fue sólo la primera regularización, hasta 2015. Cuando el fisco la amplió hasta junio de 2016, el Real Madrid pagó otros 2,45 millones por Bale. Además, por el nuevo contrato de ocho millones de euros firmado con el agente del galés en 2016, el club blanco tuvo que ingresar 3,6 millones de euros más en Hacienda en concepto de IRPF no abonado en su día. En total, los problemas fiscales de Gareth Bale le supusieron al Real Madrid un total de 10,26 millones de euros. El club impugnó en su día todos estos pagos, primero ante la propia Agencia Tributaria y después ante el Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC), paso previo antes de acudir a la justicia ordinaria, y confía en recuperarlos.

SAMI KHEDIRA

La historia se repitió cuando la Hacienda española se puso a investigar las retribuciones a Sami Khedira, a su hermano Denny, que figura al frente de la empresa que gestiona sus derechos de imagen, Khedira 28 Marketing GmbH, y al agente alemán Jörg Neubauer.

Los asesores fiscales del centrocampista alemán de origen tunecino, una empresa de Stüttgart llamada Bansbach, le piden una reunión a José Ángel Sánchez el 4 de abril de 2016. Cuatro días después, le solicitan por lo menos una conferencia telefónica. Le preguntan si puede proporcionarles una confirmación por escrito de que el club contactó con Neubauer para que Khedira firmara el contrato con el Real Madrid en julio de 2010. “Nos gustaría mucho”, concluyen, “comentar la opinión del Real Madrid sobre esta desagradable cuestión fiscal”.

Sin embargo, el club de Florentino Pérez no está interesado en absoluto. El director económico recuerda que es el mismo caso de “Mourinho y otros jugadores”. “Quieren claramente que el club asuma ese coste”, advierte Julio Esquerdeiro, que rechaza cualquier responsabilidad del Real Madrid al respecto. A renglón seguido desaconseja “cualquier reunión como la que plantean”. Así que José Ángel Sánchez contesta a los alemanes que el club es completamente ajeno a las relaciones que Khedira mantiene con su agente y con la empresa que explota sus derechos de imagen y que ya le ha pagado todo lo que establecía su contrato, concluido el 30 de junio de 2015. “No hay nada que el Real Madrid pueda hacer en relación con el tema que menciona”, termina el correo.

Curiosamente, el fiscalista que defiende los intereses de Khedira frente a la Hacienda española es un abogado de Garrigues, el mismo despacho que lleva los asuntos –fiscales y de todo tipo– del Real Madrid.

Sólo unos meses más tarde, en junio, Khedira recurrió a otra firma legal, Abendaño Abogados, para exigir vía burofax al Real Madrid casi 2,67 millones de euros. La inspección de Hacienda le supuso una merma de esa cantidad en sus ingresos netos entre 2011 y 2013 tal y como se le habían garantizado en su contrato con el club. De forma que se los reclamaba. Los responsables legales del Real Madrid encargan a Garrigues que redacte la contestación. Uno de ellos precisa que “por conflicto de interés” la carta que se le envíe al abogado del jugador alemán “no puede ir con membrete de Garrigues, ya que, por lo visto, han llevado temas de la propia inspección de Khedira”.

Pero el culebrón Khedira estaba lejos de acabar. En marzo de 2018 es su agente, Jörg Neubauer, quien pide un favor al director general del Real Madrid. El hermano del jugador, Denny, se ha hecho con la gestión de todos los asuntos económicos del centrocampista y ha presentado una demanda contra Neubauer: le reclama tres millones de euros por el dinero que Sami ha perdido por culpa de la inspección de Hacienda en España. El agente le envía a José Ángel Sánchez un texto que quiere que firme. En él, asegura que fue Mourinho quien contactó con Khedira durante el Mundial de Sudáfrica de 2010 para comunicarle el interés del Real Madrid en ficharle. Y que Khedira puso en contacto al Real Madrid con Neubauer. Después, continúa su relato, firmaron los contratos –laboral, de imagen y con el agente– que el Real Madrid había redactado según los modelos que el club tiene. También pretendía que el club confirmara que la comisión del 10% que la sociedad de Neubauer, NBR13 GmbH, cobró del Real Madrid fue por los servicios prestados al club y por encargo del club.

“Es evidente que no puedo decir esas cosas”, explica José Ángel Sánchez a los responsables legales del club cuando les pide que le redacten una respuesta, “podré decir lo que puedo decir, y lo que sea verdad”. Lo que sus asesores le indican es que no puede firmar nada relativo a datos de carácter personal del jugador sin la autorización de éste y que debe ser Neubauer quien pida en el juzgado un oficio con las preguntas que quiere que conteste el Real Madrid.

MESUT ÖZIL

En octubre de 2014 otro jugador alemán, Mesut Özil, manda un correo a su antiguo club para solicitarle ayuda en sus tratos con Hacienda. A diferencia de los anteriores, lo hace personalmente, sin intermediarios. El asunto del email es un escueto “Hey” y lo abre con un coloquial “Hola Javi. This is Mesut” dirigido al entonces director de Coordinación del Real Madrid, Javier García Coll. Dice que necesita con urgencia una copia de sus contratos para entregar a la Agencia Tributaria española. En noviembre vuelve a contactar con el club para pedir una versión en español de los contratos. “Parece urgente. Cómo se está poniendo la cosa con la Agencia Tributaria”, apremia el director general a sus colaboradores. Se los envían el 19 de noviembre.

En abril de 2015 Özil vuelve a escribir al club merengue para pedirle un documento parecido al que los abogados de otros jugadores redactan cuando Hacienda pone en cuestión las retribuciones de sus agentes. “Necesito que diga que mi exagente Reza Fazeli prestó servicios en mi traspaso del Werder Bremen al Real Madrid, y después para mí y para el club. Sería genial si pudierais hacer eso por mí”, les explica.

El 10 de junio José Ángel Sánchez envía a Özil un escrito en inglés donde se limita a certificar que International Soccer Management, la empresa de Fazeli, “actuó como agente para y por encargo del Real Madrid en la negociación y ejecución del contrato laboral y de imagen” del extremo alemán, así como en el contrato de traspaso con el Werder Bremen. Le explican que no pueden ser más precisos en cuanto a cifras porque violarían la confidencialidad del agente.

Como reveló en su día Football Leaks, Özil tuvo que pagar finalmente 2,8 millones de euros a la Agencia Tributaria por las retribuciones cobradas a través de su agente para eludir el IRPF.

JAMES RODRÍGUEZ

En julio de 2018, Manuel de Vicente-Tutor, de Equipo Económico, el despacho fundado por el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, reclama al Real Madrid el pago de 1,5 millones de euros a James Rodríguez. También inspeccionado por Hacienda por los pagos realizados a su agente, la empresa portuguesa Gestifute, el centrocampista colombiano tiene que ingresar en agosto esa cantidad al fisco para regularizar su situación. De Vicente-Tutor promete devolver el dinero si consigue anular la liquidación.

Pero el Real Madrid, una vez más, contesta con una negativa rotunda. “Es evidente que se trata de un problema de James. Nosotros nos hemos limitado a cumplir el contrato. Si interviniésemos en este caso concreto, tendríamos que hacerlo con los problemas de cada jugador”, zanja Sánchez Periáñez.

Víctor Fernández

En otros dos casos, los agentes solicitaban al Real Madrid que cometiera un fraude. “El favor fiscal que pide es una barbaridad y le he dicho que no”, estalla el director de Recursos Humanos, José María García Tomás, sobre la petición que le ha hecho Arturo Canales, agente del entrenador Víctor Fernández.

Canales quería cobrar 200.000 euros del Real Madrid detrayendo 100.000 euros del salario de Víctor Fernández, que ejerció como director de Formación de la cantera del Real Madrid entre 2015 y 2017. “Para eso hay que destruir los contratos firmados y hacer otros por 50.000 euros menos de retribución cada uno de los dos primeros años”, explica el directivo a José Ángel Sánchez. “De ninguna manera”, continúa, “el Real Madrid va a hacer esas maniobras para que la Agencia Tributaria deje de ingresar 45.000 euros de impuestos de Víctor”.

Eso sería, insiste, “cooperar para defraudar a Hacienda”. En efecto, el contrato que firmaron con fecha del 25 de septiembre de 2015 incluyó finalmente una remuneración a Canales –que también es el representante de Gerard Piqué, Iván Rakitic y Lucas Vázquez– de 100.000 euros por sus servicios para contratar a Víctor Fernández. No los  200.000 que pretendía.

Sergio Llull

Para el jugador de baloncesto Sergio Llull, sus abogados, Berenguer & Mònico, querían cambiar el contrato de intermediación. Lo habían firmado en julio de 2015: 1,65 millones de euros hasta el 30 de junio de 2021. Pero la aparición de los inspectores de Hacienda les llevó a pedir al Real Madrid que lo modificaran sólo cinco meses después, en diciembre. Prentenden que se rompa ese documento y se date el nuevo en octubre “para evitar el riesgo del IVA por no haber emitido la factura por el total de la intermediación en julio”, detalla el jefe de administración del club, Ángel Sánchez Cembellín. También solicitan que, a partir de ahora, se facture a cada socio “individualmente, con el IVA y las retenciones que correspondan” en lugar de a la sociedad. El Real Madrid encargó un informe a Garrigues, aunque el director del departamento jurídico apunta ya que “no se pueden romper unos contratos que ya están firmados y manejan las partes”.

Como en los casos anteriores, los agentes de Llull buscaban incorporar al nuevo contrato un relato que hiciera creíble que sus servicios los prestaron al club y no al jugador, a fin de evitar la garra de Hacienda. En el de Llull, se explica en el documento, Berenguer & Mònico evitaron que el jugador aceptara una oferta de los Houston Rockets, de la NBA. Y lo hicieron, por supuesto, por encargo expreso del Real Madrid.

La Agencia Tributaria portuguesa lanzó este miércoles una macrooperación contra la corrupción en el fútbol que ha incluido el registro del domicilio de Íker Casillas en Oporto, según ha publicado la revista Sábado. Más de 200 inspectores fiscales y agentes de la Guardia Nacional Republicana han sido utilizados en la Operación Fuera de Fuego para llevar a cabo 76 registros en las sedes de los principales equipos de fútbol de la Liga portuguesa, entre ellos el Oporto, el Benfica y el Sporting, además de los despachos y viviendas de sus presidentes. También han sido registradas las oficinas del agente deportivo Jorge Mendes, representante de Cristiano Ronaldo, José Mourinho, James Rodríguez y Keylor Navas, entre otros jugadores de primera línea, así como el bufete de su abogado, Carlos Osório de Castro.

La investigación se centra en dos posibles delitos: fraude fiscal y blanqueo de capitales, relacionados con los contratos de algunos futbolistas, entrenadores, directores y agentes deportivos.

Entre las casas registradas se encuentran las de Pinto da Costa, presidente del Oporto; Luís Filipe Vieira, presidente del Benfica; Frederico Varanda, presidente del Sporting Clube de Portugal, y António Salvador, presidente del Braga. Entre los futbolistas, además de Íker Casillas, se han registrado las viviendas del colombiano Jackson Martínez, ahora en el Portimonense pero en 2015 jugador del Atlético de Madrid; el uruguayo Maxi Pereira, ex jugador del Benfica y el Oporto, y del guineano Danilo Pereira, actualmente también en las filas del Oporto.

Los hechos que propiciaron la investigación se remontan a 2015, cuando la Agencia Tributaria lusa abrió varios procedimientos de inspección en clubes de fútbol. Los inspectores sospechan que éstos, en connivencia con jugadores e intermediarios, actuaron para “ocultar u obstaculizar la identificación de los beneficiarios finales reales” de ciertos pagos, eludiendo así el abono de los impuestos que les correspondían, según consta en el comunicado hecho público por la Agencia Tributaria portuguesa.

Según la revista Sábado, bajo la lupa de los investigadores se encuentran los contratos laborales y por derechos de imagen de los futbolistas, las primas que cobraron y el pago de comisiones a sus representantes. De hecho, creen que utilizaron facturas que no retribuyen servicios realmente prestados por quienes las emiten y que el fraude alcanza tanto al IVA como al IRPF y a las cotizaciones a la Seguridad Social.

Pagos al jugados distraídos en la remuneración al agente

Se trata, por tanto, del mismo tipo de investigaciones que la Agencia Tributaria española lleva años desarrollando sobre los pagos que hacen los clubes de fútbol a jugadores y agentes. El fisco considera ilegal que los equipos abonen parte del salario del futbolista a su representante, por el que éste tributa en el impuesto de sociedades una cantidad menor a la que debería ingresar si esa cantidad fuera gravada con el IRPF.

Aunque la Agencia Tributaria no lo menciona, los investigadores están utilizando las revelaciones de Football Leaks, la filtración de miles de documentos sobre el negocio del fútbol que recibió el semanario alemán Der Spiegel y que éste compartió con la red de medios European Investigative Collaborations (EIC), de la que forma parte infoLibre.

Se da la paradoja de que mientras las autoridades portuguesas aprovechan la información desvelada tanto por Football Leaks como por Luanda Leaks –que ha destapado el oscuro origen de la inmensa fortuna de la empresaria angoleña Isabel dos Santos– para acudir a los tribunales, la persona que ha hecho posible ambas filtraciones, Rui Pinto, permanece en prisión mientras se le juzga por 90 delitos, desde acceso ilegal y violación de correspondencia hasta sabotaje informático.

Casi dos millones en salarios y primas en 2015

Según los documentos obtenidos por Football Leaks, en junio de 2016 la Agencia Tributaria portuguesa requirió al Oporto que le facilitara toda la información disponible sobre los pagos que hizo a dos de las empresas de Íker Casillas: Casillas World SL y 380 Around Marketing SL. También le pedía el detalle de los salarios, primas y cualquier otro tipo de ingreso, brutos y con sus retenciones, abonados al portero español en 2015. Así, ese año el Oporto pagó a Casillas un total de 1,91 millones de euros entre salarios, gratificaciones y primas, por los que le retuvo en concepto de IRPF y Seguridad Social 923.028,33 euros.

A Casillas World SL, respondía entonces el club, le aplicó una retención del 25% por el pago de derechos de imagen. Respecto a 380 Around Marketing SL, el club envió al fisco portugués un certificado emitido por la Agencia Tributaria española en noviembre de 2015 que acredita que esta empresa tiene residencia en España, por lo que pide en otro documento que se le dispense de tributar en Portugal en virtud del convenio entre ambos países para evitar la doble imposición. El exportero del Real Madrid y de la selección española ha asegurado este miércoles en un comunicado que está “absolutamente tranquilo” con respecto a las investigaciones, para manifestar a continuación su “deseo de que la transparencia llegue a todos y cada uno de los rincones del fútbol”. “Ése es uno de los principales motivos por los que he decidido presentarme a la Presidencia de la Federación Española de Fútbol”, concluye la nota.

Además de Casillas, el fisco luso reclamó en 2016 al Oporto información detallada sobre pagos y contratos de otros siete futbolistas: Danilo Luiz da Silva, Gilbert Imbula Wanga, Jackson Martínez, Danilo Pereira, Maxi Pereira, Alex Sandro y Pablo Daniel Osvaldo.

La revista Sábado asegura que el caso penal más avanzado es el dirigido contra Pinto da Costa, presidente del Oporto, como resultado de la fusión de ocho investigaciones abiertas en 2017 y 2018. En el punto de mira del fisco luso se encuentran también los pagos a Radamel Falcao y James Rodríguez, actualmente en el Galatasaray turco y el Real Madrid, respectivamente. Incluso cifra en 20 millones de euros los beneficios fiscales obtenidos ilegalmente por el club.

Rui Pinto, el informante de Football Leaks, ha anunciado este lunes que también es la fuente de los 715.000 documentos que han hecho posible los Luanda Leaks, la filtración sobre Isabel dos Santos, hija del expresidente angoleño José Eduardo dos Santos y la mujer más rica de África, dueña hasta ahora de un conglomerado de empresas e inversiones cuyo valor supera los 2.000 millones de dólares. La justicia angoleña la acusa de malversar 1.000 millones de euros de fondos públicos a través de la petrolera estatal, Sonangol, mientras que la Fiscalía portuguesa está a punto de abrir su propia investigación por el uso de un banco local, Eurobic, para desviar fondos de la petrolera angoleña. La CNMV lusa también ha comenzado a inspeccionar una empresa portuguesa propiedad de Dos Santos, la teleoperadora Nos, así como la petrolera Galp, donde la multimillonaria tiene participaciones.

A través de un comunicado hecho público por su abogado, William Bourdon, Rui Pinto explica que a finales de 2018 entregó a la Plataforma para Proteger a los Informantes de África (PPLAAF) un disco duro con todos los datos relacionados con “las últimas revelaciones sobre la fortuna de Dos Santos, la de su familia y todos los actores que pueden estar involucrados en las operaciones fraudulentas perpetradas a expensas del Estado angoleño y, en su caso, de otros Estados”. Las nuevas informaciones sobre el origen sospechoso del inmenso patrimonio de la hija del expresidente angoleño han levantado un gran escándalo en Portugal.

Según explica Bourdon, abogado francés que preside la PPLAAF y antes ha defendido a otros whistleblowers internacionales como Julian Assange, Edward Snowden, Hervé Falciani Hervé Falcianio Antoine Deltour, el objetivo de Rui Pinto es ayudar a desentrañar las “complejas operaciones desarrolladas [por Dos Santos] con la complicidad de bancos y abogados, que no sólo empobrecen a los ciudadanos de Angola sino que también pueden haber dañado gravemente el interés general de Portugal”. También destaca que ha entregado los documentos “sin contraprestación alguna” y porque lo considera “un deber ciudadano”,  y consciente de los objetivos perseguidos por la PPLAAF.

70 millones de documentos

Rui Pinto está siendo procesado en estos momentos en un tribunal de su país, tras haber sido extraditado desde Hungría en marzo de 2019. La Fiscalía portuguesa lo acusa de 90 delitos, desde intento de extorsión hasta acceso ilegal, violación de correspondencia y sabotaje informático por los más de 70 millones de documentos sobre la industria del fútbol que Pinto compartió desde 2016 con Der Spiegel. La revista alemana los ha analizado junto con sus socios de la red periodística European Investigative Collaborations (EIC), a la que pertenece infoLibre. Esos documentos han servido para elaborar más de 1.000 artículos, muchos de los cuales han dado lugar a procedimientos judiciales. En España, las revelaciones sobre las operativas fiscales de Cristiano RonaldoCristiano Ronaldo y José Mourinho llevaron a su procesamiento y condena por defraudar a Hacienda millones de euros a lo largo de los años. También desveló las operaciones opacas de la Fundación Leo Messi con el Barça.

La suma de condenas por todos esos delitos que él niega puede suponerle a Pinto una pena total superior a los 25 años de cárcel, el máximo permitido en el país vecino.

Rui Pinto también se encuentra tras los Malta Files, las filtraciones que desvelaron cómo la isla mediterránea funcionar como un paraíso fiscal dentro de la UE: acoge grandes compañías y clientes con grandes fortunas que eluden el pago de impuestos en sus países de origen. La información compartida por Pinto permitó igualmente la publicación de los dudosos negocios inmobiliarios de Donald Trump y sus acuerdos con empresarios de Europa del Este, así como los sospechosos negocios petroleros de la familia del presidente turco Recep Tayyip Erdogan.

“Histórica cooperación con EIC”“”

“Sin las revelaciones de los Luanda Leaks, posibles gracias a nuestro cliente, las autoridades regulatorias, policiales y judiciales no habrían hecho nada”, advierte Bourdon en su comunicado, “gracias a él, y sólo gracias a él, los ciudadanos portugueses y el mundo han accedido a la verdad de un extraordinario sistema de rapiña y corrupción, que daña gravemente a Portugal, Angola y otros países”.

De forma que el abogado francés insta a las autoridades lusas a “actuar y abrir las investigaciones, ya iniciadas en Angola al tiempo que les reprocha que hasta el momento sólo hayan solicitado la colaboración de Rui Pinto para que se autoincrimine por las filtraciones de Football Leaks. El portugués ya se ha ofrecido a las autoridades europeas como testigo para ayudar en la investigación de conductas corruptas en el fútbol. De hecho, un grupo de Eurojust –la agencia de cooperación judicial europea– lleva casi un año trabajando con parte de los datos de Rui Pinto.

William Bourdon recuerda que la colaboración de Rui Pinto con la PPLAAF se refiere “exclusivamente” a la entrega de este disco duro pero no menoscaba la “histórica cooperación” que ha mantenido con EIC desde que se hicieran públicos los Football Leaks. Por ejemplo, EIC publicó en 2017 cómo Isabel dos Santos obtuvo sin licitación, a través de una empresa offshore de Hong Kong, casi el 40% de un contrato de 4.500 millones de dólares para la construcción de una presa, aprobado por un decreto firmado por su padre, entonces presidente de Angola, José Eduardo dos Santos, en 2015.

En el largo pasillo que da acceso a la sala 1 del tercer piso del Campus de la Justicia de Lisboa, las paredes de cristal dejan pasar la luz del exterior, en un viernes importante para Rui Pinto, el informante de Football Leaks. Para unos, un simple hacker, un pirata informático. Para otros, el whistleblower que ha hecho posible la denuncia que ha sacudido los cimientos de la industria del fútbol europeo en los últimos años. Desde 2016, el joven portugués ha proporcionado a Der Spiegelmás de 70 millones de documentos, que la revista alemana ha analizado junto con sus socios de la red periodística European Investigative Collaborations (EIC), a la que pertenece infoLibre. Los documentos han sido la fuente que ha servido para elaborar más de 1.000 artículos, muchos de los cuales han dado lugar a procedimientos judiciales. La jueza de instrucción Cláudia Pina ha comenzado este viernes un partido en el que Pinto, de 31 años, se juega su futuro.

Son las 14:22 horas y Rui Pinto entra en la sala, esposado, vigilado y protegido por tres miembros del Grupo de Intervención de Seguridad Penitenciaria (GISP) y por otros cuatro hombres de la Policía de Seguridad Pública. En la sala, poco más de media docena de abogados que representan al fondo de inversión y agencia deportiva Doyen y a otros demandantes, además de dos abogados defensores de Pinto y una abogada de Aníbal Pinto, también acusado.

El joven portugués se presenta con la misma chaqueta de punto oscura de las sesiones anteriores de la instrucción, con el mismo pelo de punta y con la misma serenidad. Es probable que sepa que el Oporto, el club de su corazón, juega este viernes con el Braga, y que sus rivales, el Sporting y el Benfica, se enfrentarán en el estadio José Alvalade, en Lisboa. Una vez terminada la jornada en el Campus de la Justicia, volverá a la prisión de la Policía Judicial y a su pequeña celda. Será desde allí, por la radio, donde seguirá los dos partidos. ¿Le apetecerá aún hacerlo?

Pero lo que le ha llevado al juzgado no es un partido de fútbol. En un trámite que ha durado menos de una hora, Rui Pinto ha sido informado de por qué tendrá que responder ante la justicia. La jueza Pina ha decidido que será juzgado por un total de 90 delitos, no por los 147 de los que le acusaba en septiembre la Fiscalíalos 147 de los que le acusaba en septiembre la Fiscalía. Su abogado, Francisco Teixeira da Mota, aseguró al final de la vista preliminar que la decisión de la jueza tiene “aspectos positivos y negativos”.

Es cierto que la magistrada ha eliminado más de 50 delitos –sobre todo referidos a la violación de correspondencia–, en aquellos casos en que los afectados no presentaron una denuncia contra Pinto. También es cierto que 68 de los 74 delitos de acceso ilegítimo –que implican una pena máxima de hasta cinco años– se han convertido en delitos de acceso indebido –con una pena máxima de hasta dos años–.

Pero muchos de los cargos presentados por los fiscales han sido considerados válidos por la jueza. Así, Rui Pinto deberá ser juzgado por intento de extorsión a Doyen. Y por sabotaje informático al Sporting de Lisboa. También tendrá que responder por seis delitos de acceso ilegítimo –por entrar ilegalmente en los sistemas de Doyen, Sporting, el bufete PLMJ, la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF), la Oficina del Fiscal General y la consultora Score–, 68 de acceso indebido –a otros tantos buzones de correo electrónico– y 14 de violación de la correspondencia, por haber leído o divulgado el contenido de otras tantas direcciones de correo electrónico.

Más condena que por asesinato o fraude fiscal

Ninguno de esos delitos, individualmente, le supondrá a Rui Pinto, si es condenado, más de cinco años de prisión. Sin embargo, la suma de varios de ellos puede traducirse fácilmente en una pena por el tiempo máximo de prisión en Portugal, 25 años. En teoría, Rui Pinto puede ser sentenciado a una condena de prisión mayor que la cumplida por muchos asesinos. Mayor incluso que los 15 años a los que ya ha sido condenado el exbanquero José Oliveira e Costa, fundador del Banco Portugués de Negocios (BPN), por los delitos de fraude fiscal, estafa y abuso de confianza. Salvando las distancias entre ambos casos, tanto por el tipo de delitos como por la situación de los acusados: Rui Pinto está en prisión preventiva, Oliveira e Costa está en su casa con un brazalete electrónico.

En la vista preliminar, la magistrada también ha decidido mantener en la cárcel a Pinto y dictaminado que los tribunales portugueses son competentes para juzgar a Rui Pinto por su supuesto intento de extorsión a Doyen, rechazando así la tesis de los abogados defensores.

Rui Pinto tiene la certeza de que después de un año en prisión –fue detenido el 16 de enero de 2019 en Budapest y extraditado a Lisboa en marzo– se enfrenta ahora a ocho meses decisivos. La Justicia portuguesa tiene hasta el 22 de septiembre para juzgarlo. Si el juicio no ha concluido para entonces, Rui Pinto tendrá que ser puesto en libertad y esperar el final del proceso fuera de la cárcel.

Y será en estos próximos ocho meses cuando Rui Pinto y sus abogados jueguen sus principales bazas, intentando rebatir las acusaciones del Ministerio Público y evitar la condena.

En cualquier caso, y  pese a haber reducido el número de delitos de 147 a 90, en el auto hecho público este viernes la jueza de instrucción Cláudia Pina asume buena parte de los términos de la acusación de la Fiscalía.

Niega que sea un ‘whistleblower’

La magistrada señala que “los hechos de la acusación están suficientemente probados”, rechaza la idea de que Rui Pinto pueda ser considerado un whistleblower –un informante, principalmente porque no formaba parte de ninguna de las empresas cuya información hizo pública– y asume que el acusado había obtenido información que no debía haber conseguido: “Al acceder a los buzones [de correo electrónico], accede a innumerables datos personales”, observa. La jueza Pina no deja de mencionar el pasado de Rui Pinto, incluyendo el desvío de dinero de un banco de las Islas Caimán, un caso que no llegó a los tribunales porque las partes llegaron a un acuerdo y el informático portugués devolvió el dinero.

En la lectura de su decisión, la instructora también afirmó que “no hay duda” de que, debido a los hechos descritos por el Ministerio Público, se cumplen los requisitos para ser acusado del delito de intento de extorsión. Cláudia Pina recordó los acontecimientos de septiembre y octubre de 2015, cuando Pinto, bajo la identidad virtual de Artem Lobuzov, invitó al fondo Doyen a hacer una “donación” de entre medio millón y un millón de euros para detener las revelaciones del blog Football Leaks.

La jueza Pina admiteque a Rui Pinto le “asiste la razón” cuando argumenta que no debe ser juzgado por violación de la correspondencia de personas que no han presentado una denuncia. Por eso han decaído más de medio centenar de cargos. Pero otras 14, que se presentaron como demandantes durante la investigación de la Fiscalía, llevarán a Rui Pinto ante el tribunal por lo que, según la Fiscalía, vio y no debería haber visto.

Entre los denunciantes de esos 14 delitos de violación de la correspondencia se encuentran el ex abogado del despacho PLMJ João Medeiros –ahora en Vieira de Almeida–, cuyos correos electrónicos y documentos fueron publicados, en diciembre de 2018, en el blog Mercado de Benfica, así como la abogada Inês Almeida Costa, que también ha cambiado PLMJ por Vieira de Almeida. El mismo Vieira de Almeida que, desde 2015, representa a Doyen en el caso contra Rui Pinto.

Al salir del tribunal, la abogada de Vieira de Almeida que defiende a Doyen, Sofia Ribeiro Branco, no quiso hacer comentarios. Parecía tranquila, como el resto de los abogados, incluyendo el de Rui Pinto. En las próximas semanas se sabrá cuándo comenzará el juicio. En sus nuevas salidas del establecimiento penitenciario de la Policía Judicial, Pinto tendrá la oportunidad de responder a las acusaciones que pesan sobre él. Son 90. Tantas como minutos tiene un partido de fútbol.

Será allí, ante el tribunal, donde se jugará su futuro. Hace un año, Pinto confió en una entrevista con la revista alemana Der Spiegel que su padre le había advertido, cuando era niño, que no podía ser un hincha de fútbol porque ese deporte podía destruirle la vida. Parece una profecía.

Desde hace unos nueve meses, esta prisión es el domicilio de Rui Pinto, el hombre que está detrás de Football Leaks. Desde 2016, Pinto ha proporcionado a Der Spiegel más de 70 millones de documentos, que la revista alemana ha analizado junto con sus socios de la red periodística European Investigative Collaborations (EIC), a la que pertenece infoLibre. Los documentos han sido la fuente que ha servido para elaborar más de 1.000 artículos, muchos de los cuales han dado lugar a procedimientos judiciales.

Hasta ahora, sin embargo, Pinto es la única persona que ha sido encarcelada como resultado de las revelaciones. Las autoridades detuvieron al ciudadano portugués de 31 años en Budapest el pasado mes de enero y lo extraditaron a Lisboa en marzo. El fiscal portugués acusa a Pinto de 147 delitos, incluyendo intento de extorsión, crimen informático y violación de las leyes de secreto postal.

Después de negarse durante meses, la justicia portuguesa acaba de concederle permiso para realizar una entrevista. Pinto se pronuncia por primera vez sobre las acusaciones, su estancia en la cárcel y el próximo juicio.

Cuando entraron en la cárcel para realizar la entrevista, los periodistas de Der Spiegel tuvieron que pasar por una puerta de seguridad y guardar bajo llave cualquier objeto metálico, incluidos teléfonos móviles y aparatos de grabación, en una taquilla. Los funcionarios sólo les permitieron llevar cuadernos y bolígrafos. La entrevista con Pinto se desarrolló en una sala de conferencias. Las rejas de las ventanas quedaron cubiertas por cortinas. Pinto lleva una camiseta negra y unos vaqueros holgados. Parece mucho más delgado que cuando fue detenido y está mucho más pálido.

PREGUNTA: ¿Alguna vez imaginó que Football Leaks podría terminar para usted en una prisión de Lisboa?Football Leaks

RESPUESTA: Era consciente de que cualquier cosa podía pasar. Sabía que las autoridades portuguesas procesan a los whistleblowers [alertadores, denunciantes de corrupción], así que tenía que estar preparado para eso.

P: ¿Cómo le tratan los guardias?

R: Realmente no tengo ningún motivo para quejarme de ellos en absoluto. Son extremadamente educados. Hablamos mucho. Dicen que la cárcel no es el lugar adecuado para mí y que el país necesita más gente como yo, que esté dispuesta a luchar contra la corrupción y los conflictos de interés.

P: Permaneció en aislamiento durante más de seis meses. ¿Ahora tiene contacto con otros reclusos?

R: Sí, me trasladaron a principios de octubre y ahora estoy en un área con reclusos a los que se permite trabajar en prisión. Cocinan, lavan la ropa, incluso llevan una pequeña tienda. Puedo salir de mi celda y pasar tiempo con ellos, pero no se me permite trabajar. Tampoco puedo salir al patio grande. Ésa fue una orden específica del director de la prisión.

P: ¿Qué sabe de los otros reclusos?

R: La mayoría de ellos está en prisión preventiva, como yo, pero algunos ya han sido condenados. Hay muchos sudamericanos, algunos detenidos por tráfico de drogas.

P: Cuando lo entrevistamos en enero, expresó su temor a sufrir la violencia que es habitual en las cárceles. ¿Estaba justificada esa preocupación?

R: Hasta ahora, no he sido testigo de ningún comportamiento violento en absoluto. Pero los guardias también me dicen que esta prisión es como el cielo comparada con otras cárceles del país.

P: ¿Cómo pasó sus días en aislamiento?

R: Me movía entre mi celda y un patio muy pequeño. Caminaba en círculos y jugaba un poco al fútbol solo. En mi celda hacía ejercicio, leía mucho y escribía en mi cuaderno.

P: ¿Cómo le afectó mentalmente el aislamiento?

R: Al principio fue muy difícil. Todos somos seres humanos y necesitamos el contacto con otras personas. Pero tuve que aceptar la situación y adaptarme. Era muy importante para mí no perder la concentración.

P: ¿Centrarse en qué?

R: Las autoridades portuguesas tienen miedo de lo que sé y por eso es importante que no pierda la cabeza. Al principio escribía notas relacionadas con el caso en mi cuaderno, pero luego me lo quitaron. Mi abogado estaba presente cuando registraron mi celda y dijo que era ilegal quitarme las notas. No fueron los guardias de la prisión quienes lo hicieron, sino los fiscales portugueses. Hacen todo lo que quieren. Tardaron un mes en devolverme el cuaderno.

P: Mirando su situación ahora mismo, ¿cree que valió la pena?

R: Ha habido algunos resultados. Ahí están los casos de delito fiscal contra superestrellas del fútbol como Cristiano Ronaldo, José Mourinho, Radamel Falcao y Ángel Di María. Cristiano Ronaldo fue condenado por fraude fiscal. Hay un caso penal contra [el fondo de inversión] Doyen y [su gestor] Nélio Lucas en España. Hay investigaciones en Bélgica y Francia. En última instancia, habrá que tener paciencia para juzgar si todo valió la pena.

[Los documentos de Football Leaks destaparon el sistema de evasión fiscal que los grandes jugadores de fútbol utilizaban para trasladar parte de sus derechos de imagen a paraísos fiscales. Como consecuencia de las revelaciones, Cristiano Ronaldo tuvo que aceptar una sentencia de dos años de cárcel y pagar 19 millones de euros.

Football Leaks también reveló que el dinero sucio está generalizado en el negocio, además de descubrir los sistemas con los que oligarcas y jeques explotan el fútbol para su propio beneficio. La UEFA está investigando actualmente al Manchester City, un importante club inglés que ha recibido inyecciones de millones de dólares de Abu Dhabi. El club es sospechoso de haber violado las normas financieras internas de la asociación al firmar contratos de patrocinio falsos. Las sanciones penales podrían acarrearle incluso su expulsión de la Liga de Campeones.

Los documentos de Football Leaks también desvelaron cómo el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, hizo regalos a un fiscal suizo de alto rango, que le permitió acceder a un fiscal federal que estaba investigando al organismo internacional].

P: ¿Cree usted que sus revelaciones han logrado mejorar algo en el mundo del fútbol?

R: El año pasado, Der Spiegel y la red EIC destaparon cómo los principales clubes de Europa planeaban unir sus fuerzas en una Superliga exclusiva. Tras publicarse la noticia, todos la desmintieron. Pero mire las últimas noticias: Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, ha creado una nueva asociación internacional de clubes que competirá con la UEFA y la ECA (European Club Association). Quieren hacer realidad la Superliga. Ha sido la misma mierda de siempre durante años. Simplemente sigue adelante.

P: ¿Cree usted que los clubes de fútbol trataron de esconderse y esperar a que pasara la tormenta de Football Leaks?Football Leaks

R: Mientras su equipo gane, nada más le importa a la gente, aunque se enteren de irregularidades, delitos y fallos sistémicos. No puedo luchar contra eso. El fútbol es intocable. Y las autoridades protegen el sector sólo porque es de alto interés público.

P: ¿Por qué cree que es así?

R: Si te fijas en el Benfica, el club más popular de Portugal, ves que es como un pulpo de influencia [con tentáculos] entre la élite de la nación. El club está bien conectado con la policía, los fiscales y los políticos, a los que a menudo regala entradas VIP para los partidos del Benfica. Se produciría un enorme conflicto de interés si alguna vez tuvieran que investigar seriamente al Benfica.

P: Se espera que su juicio comience a principios del próximo año. ¿Por qué tiene que permanecer en la cárcel hasta entonces?

R: No tiene sentido. Es irrazonable e injusto. Le pedí al juez permiso para ir a casa hasta que comience el juicio, pero el fiscal insistió en que existe el riesgo de que yo interfiera en la investigación: que pueda participar en actividades ilícitas junto con potencias extranjeras. Es ridículo.

P: ¿A quién se refiere el fiscal?

R: Supongo que se refiere a los fiscales de otros países que están dispuestos a cooperar conmigo y a trabajar con los datos que he reunido para investigar delitos en el mundo del fútbol. ¿No es increíble? En Portugal no sólo se criminaliza a los alertadores, sino también a las personas que quieren proteger a los alertadores.

P: ¿Las autoridades portuguesas no tienen interés en cooperar con usted?

R: El fiscal me dijo que la única cooperación que espera de mí es que me incrimine voluntariamente. No quieren utilizar los datos que he reunido, que contienen muchas pruebas de delitos cometidos por personas poderosas del mundo del fútbol. Revelé irregularidades en interés del bien común. Pero el único que ha sido procesado soy yo, el denunciante. Me presentan como un peligro para la seguridad pública.

[La investigación contra Pinto también surge de una denuncia presentada por el fondo de inversión y agencia deportiva Doyen y por su director, Nélio Lucas. Pinto se puso en contacto con Lucas en 2015 y le exigió una gran suma de dinero a cambio de no publicar en internet documentos sensibles sobre los negocios de Doyen. Lucas habló con la policía y, al parecer, entabló negociaciones con el abogado de Pinto. Pero antes de alcanzar ningún acuerdo, Pinto y el abogado se retiraron sin recibir ningún dinero.

Dado que la agencia representa todas las cosas desdeñables de la industria del fútbol que Pinto quería combatir, parece una especie de broma pesada que sea Doyen, entre todos las partes implicadas, la que lleve ahora al hombre de Football Leaks a los tribunales. La familia que estuvo detrás de la empresa durante muchos años, los Arifs de Kazajstán, recibió el apoyo de dudosos oligarcas e hizo su fortuna con hoteles, inmobiliarias y el comercio de materias primas. Doyen firmaba acuerdos millonarios en el negocio del fútbol a través de una opaca red de empresas, presionaba a los clubes y vinculaba a los jugadores con contratos por los que podían ser comprados y vendidos como esclavos. La fiscalía española abrió este verano una investigación sobre Doyen y varios de sus directivos por fraude fiscal y blanqueo de dinero. Esas acusaciones se basan en Football Leaks].

P: ¿Se arrepiente de algo?

R: Me arrepiento del primer contacto que tuve con Doyen en 2015, fui ingenuo entonces y fue claramente un error acercarme a ellos. Las autoridades dicen que fue un intento de extorsión y lo están usando para mantenerme en la cárcel. En mi opinión, no cometí ningún delito. Me acerqué a ellos para probar el valor de la información que había reunido. Nunca tuve la intención de aceptar su dinero.

P: No sólo ha sido acusado de intento de extorsión. Los fiscales lo acusan de un total de 147 delitos, incluyendo piratería informática y violación de las leyes relativas al secreto de la correspondencia. ¿Cómo responde a esas acusaciones?

R: Sé que parecen muchos delitos y probablemente seré acusado de delitos que no he cometido. Pero necesito dejar claro que toda la investigación ha sido completamente parcial y contiene grandes fallos. El acceso a la infraestructura de servidores del bufete PLMJ, por ejemplo, debería contarse como un solo delito. Sin embargo, en lugar de eso, contaron cada dirección de correo electrónico para sumar un total de más de 70 delitos. Eso es extremadamente raro.

P: ¿Pero tienen razón al decir que fue usted quien accedió al servidor?

R: Eso es discutible. Lo discutiré en el tribunal. Es prematuro hablar de ello ahora.

P: Lo que dice suena como si finalmente admitiera el pirateo, después de decirnos siempre que no es un hacker.hacker

R: Acepto totalmente que, desde el punto de vista de la ley portuguesa, algunos de mis actos pueden ser considerados ilegales y me pronunciaré al respecto. Pero sostengo que muchas de las cosas que se mencionan no se hicieron ilegalmente. Y no me considero un hacker.

P: ¿Qué significa para usted pirateo entonces?pirateo

R: Para mí, hackear significa entrar en un sistema a base de fuerza bruta y aprovecharse de él. Nunca he hecho nada así.

P: Pero la acusación dice que se encontró software de hackeo en su portátil.hackeo

R: Es cierto, pero en primer lugar, ese ordenador no sólo fue utilizado por mí. Segundo, sólo porque el software esté ahí no significa que lo haya usado realmente. Y tercero, la acusación nunca dice que esos programas se utilizaran para acceder a los datos.

P: Usted no sólo insistió continuamente en que no era un hacker, sino también en que no estaba actuando solo. Sin embargo, desde su arresto, Football Leaks ha guardado silencio. ¿Qué pasó con sus supuestos compañeros?hackerFootball Leaks

R: Tiene que ser paciente. Es cierto que yo era la cara del proyecto, pero ya veremos qué pasa en un futuro próximo.

P: En su apartamento de Budapest, las autoridades incautaron más de una docena de dispositivos de almacenamiento de datos. Algunos discos duros ni siquiera estaban encriptados. ¿Eso no fue descuidado?

R: En realidad, uno de esos discos estaba roto. Y el otro fue creado por otra persona en Sarajevo. Por desgracia estaba en mi apartamento en ese momento, porque lo estaba usando para hacer copias.

P: ¿Ese disco duro contenía material que otra persona había obtenido?

R: Lo diré otra vez: las autoridades me atribuirán muchos delitos que no he cometido. Pero no delataré a nadie.

P: ¿Cuál cree que será el resultado de su procesamiento?

R: Dudo que tenga un juicio justo. Creo que este caso terminará en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, porque a Portugal le importa un bledo la protección de los alertadores.

P: ¿Tiene miedo de algo?

R: No, no tengo miedo.

[El miércoles pasado, dos días después de esta entrevista, Rui Pinto se dio cuenta de cuál puede ser su futuro cuando se reunió en un tribunal por primera vez con los fiscales y las acusaciones. La cita en el palacio de justicia de Lisboa sirvió como una especie de audiencia previa al juicio, donde las partes tuvieron la primera oportunidad de convencer al juez con sus argumentos. Se abordaron buena parte de las formalidades legales; como, por ejemplo, si Lisboa tiene jurisdicción legal sobre el caso cuando un presunto ciberataque se ha llevado a cabo desde el extranjero.

En la mañana de la vista preliminar, la jueza Cláudia Pina tuvo que trasladar a toda prisa la sala de audiencias para dar cabida a todos los asistentes. Pinto entró el último en la sala, acompañado de cinco policías armados y protegidos con chalecos antibalas. Le quitaron las esposas y permanecieron todo el tiempo a su lado. Al otro lado de la sala se situaron los 14 abogados que representaban a las acusaciones, entre ellos la Federación Portuguesa de Fútbol, el bufete PLMJ, el club de fútbol Sporting de Lisboa, el Colegio de Abogados y Doyen. Las partes supuestamente perjudicadas y la Fiscalía nacional presentaron sus argumentos. Explicaron por qué el alcance de la acción está justificado y por qué consideran necesario abordar los 147 presuntos delitos en un juicio. Mientras las acusaciones hablaban, Pinto se acariciaba la cara repetidamente y se mordía las uñas. De vez en cuando, sacudía la cabeza con incredulidad.

Sus abogados defensores, Francisco Teixeira da Mota y su hija Luisa, se sentaban a pocos metros de él. Declararon que consideran inadmisible que la Fiscalía nacional haya ampliado la orden de detención europea emitida en enero de seis a 147 delitos.

La audiencia previa se prolongó durante varias horas. El abogado que representa a Doyen fue la única persona que pronunció la palabra whistleblower y sólo para negar a Pinto esa condición. Rui Pinto miraba en silencio mientras la sala se preparaba para ser escenario de procedimientos más complicados. La jueza Pina suspendió la vista al final de la tarde y dijo que el 13 de enero anunciará su decisión sobre si acusará a Pinto, dónde y por cuántos delitos].

P: Le consideramos un whistleblower por la relevancia de la información que reunió haciendo frente a un riesgo personal considerable. Otros, como los fiscales, por ejemplo, lo ven sólo como un delincuente. ¿Cuál es su respuesta a eso?whistleblower

R: Todos los debates son válidos. Si el director de un periódico escribe que soy un delincuente, no me voy a quejar de ello; es la libertad de prensa. Lo único que exijo es un debate honesto sobre lo que ha conseguido Football Leaks. Y hasta ahora no ha sido un debate justo, porque ahora mismo sólo se centra en mí como persona, y no en las irregularidades que he desvelado.

P: A finales de 2018, usted decidió dejar de vivir en el anonimato y cooperar con las autoridades francesas como alertador. Le ofrecieron la posibilidad de unirse a un programa de protección de testigos para que pudiera ayudar en sus investigaciones sobre delitos en el mundo del fútbol. ¿Sigue en pie esa oferta?cooperar con las autoridades francesas

R: Había planeado mudarme a París a finales de enero. Pero unos días antes fui arrestado. Después de eso, no he tenido ningún contacto con las autoridades francesas.

P: ¿Estaría dispuesto a seguir cooperando con los fiscales de otros países?

R: Sí, por supuesto. Siempre lo tendré en cuenta. Pero no mientras esté encerrado aquí. Eso no es justo.

P: A principios de este año, Eurojust, una agencia de la UE que facilita la cooperación entre fiscales, inició una investigación conjunta sobre el mundo del fútbol basada en sus datos. Fiscales de nueve países declararon su interés en trabajar juntos. ¿Esperaba usted más apoyo de ellos?

R: Sí, esperaba mucha más ayuda. Sé que Eurojust es una estructura muy burocrática, pero no me siento suficientemente respetado. Querían que cooperara plenamente sin darme nada a cambio. Si Portugal me condenara a 25 años de cárcel, Eurojust se limitaría a decir: “Ok, mala suerte. Pero todavía queremos tus datos”.

P: Los fiscales franceses tienen 27 terabytes de datos suyos. ¿Pueden acceder a ellos?

R: Todo está encriptado, y soy el único que tiene las contraseñas, memorizadas en mi cabeza.

P: ¿Esos datos sólo pertenecen al mundo del fútbol?

R: No, definitivamente no. Pero no debería hablar de personas o entidades específicas. De lo contrario, los fiscales podrían tratar de ir tras ellas e imputarme, por ejemplo, más violaciones del secreto de la correspondencia.

P: ¿Sigue sintiendo la necesidad de luchar personalmente contra la injusticia y el delito en el mundo del fútbol?

R: Sí, seguro. Un día saldré de la cárcel y entonces daré conferencias y escribiré artículos. Necesitamos más regulación, necesitamos que intervenga la Comisión Europea. Sólo este año, el negocio del fútbol se añadió a la lista de vigilancia de la UE en materia de blanqueo de dinero. Hay mucho que hacer.

P: ¿Sigue viendo partidos de fútbol en la cárcel?

R: Es difícil porque no tenemos muchos canales disponibles, así que no podemos ver muchos partidos. Normalmente los escucho en la radio.

P: Después de todo lo que le ha pasado, ¿sigue la actualidad del fútbol?

R: Sí, ¡claro! Es el mejor deporte del mundo. Sólo desprecio el turbio negocio que lo rodea.

P: En nuestra última entrevista, usted citó a su padre, quien le dijo cuando era más joven que el fútbol iba a arruinar su vida algún día. ¿Estaba en lo cierto?

R: Ya veremos. Esta lucha está lejos de terminar. En este momento, mi vida tiene menos que ver con el fútbol que con los desequilibrios del sistema político y judicial portugués y la forma en que protege la delincuencia.

P: ¿Cómo será la Navidad en la cárcel?

R: Difícil. No sólo para mí, sino para todos los que están aquí. Estoy seguro de que los presos y yo intentaremos pasarlo bien y olvidarnos de la triste realidad por un tiempo. Pero deberías pasar la Navidad con tus seres queridos. Aun así, a veces hay que hacer sacrificios.

P: Señor Pinto, muchas gracias por esta entrevista.

Rui Pinto, el informático que ha hecho posible la filtración de documentos de Football Leaks, va a recurrir la prisión preventiva en la que se encuentra desde que la jueza lisboeta Maria Antonia Andrade ordenó su entrada en la cárcel el pasado viernes. Pinto ha sido extraditado a Portugal, su país de origen, por Hungría, donde residía. La jueza le acusa de robo de datos y extorsión, unos cargos por los que se enfrenta a 10 años de prisión y que él niega de forma rotunda.

“Nuestro cliente es tan importante como John Doe, que puso al descubierto los Papeles de PanamáPapeles de Panamá”, subrayan sus abogados en un comunicado hecho público este miércoles. Y recuerdan que Eurojust, el órgano de la UE encargado de la cooperación judicial entre los países miembros, ha decidido impulsar las investigaciones penales abiertas gracias a la filtración de Rui Pinto. Por ese motivo, el portugués se ofrece a las autoridades europeas como testigo para prestar su colaboración, algo que ya hizo en el otoño de 2018 con la Fiscalía de Delitos Económicos de Francia.

Los abogados de Pinto alegan que la prisión preventiva no está justificada porque “carece de base legal”. El delito de extorsión que se le imputa es el único que según la ley lusa implica el encarcelamiento sin juicio previo. La acusación se refiere a una supuesta conversación con los responsables del fondo de inversión Doyen Sports, en la que sin embargo Rui Pinto, destacan los letrados, “rehusó cualquier tipo de transacción” con los documentos que obraban en su poder.

El próximo lunes, los abogados del joven portugués, William Bourdon –que también se ocupó de la defensa de Edward Snowden– y Francisco Teixera, explicarán en Lisboa los fallos de la protección a los filtradores en Europa, y lo harán junto a la eurodiputada portuguesa Ana Gomes y Antoine Deltour, el filtrador de Luxleaks, los polémicos acuerdos fiscales de Luxemburgo. También expondrán detalles sobre el caso concreto que afecta a Football Leaks.

De Ronaldo a Mourinho y el Manchester City

Desde la primavera de 2016, Rui Pinto ha enviado 70 millones de documentos confidenciales a la revista alemana Der Spiegel, que los ha compartido con Mediapart –socio francés de infoLibre– y sus socios de la red de medios EIC (European Investigative Collaborations). Ese volumen de información se ha traducido en más de 800 artículos que han destapado qué se esconde detrás del negocio del fútbol. Las informaciones han motivado la apertura de investigaciones judiciales en varios países, entre ellos España y Francia. Los delitos fiscales del futbolista Cristiano Ronaldo y del entrenador José Mourinho tras su paso por el Real Madrid, los fichajes basados en criterios raciales del París Saint Germain o la tolerancia de la UEFA ante las presuntas violaciones del fair play financiero de ese equipo francés y del Manchester City son algunos de los escándalos destapados por Football Leaks.

Bourdon y Teixera consideran “paradójico” que Rui Pinto se encuentre en prisión preventiva cuando al mismo tiempo un borrador de directiva de la UE recomienda que se aumente el grado de protección legal a los filtradores. Aprobado por unanimidad el pasado día 18 en la Comisión Europea, el borrador tiene por objeto ampliar la protección de aquellos ciudadanos que vulneren la ley, y en concreto rompan la confidencialidad, en beneficio del interés general.

José Mourinho ganaba 15,3 millones de euros al año cuando entrenaba al Real Madrid. Menos de la mitad de los 38,2 millones que llegó a cobrar Cristiano RonaldoCristiano Ronaldo en su última etapa en el club de Florentino Pérez. O los 60,4 millones que se embolsa Leo Messi en el Barcelona. Para hacerse una idea de la enormidad de sus emolumentos, basta con compararlos con los 10,58 millones que percibió Ana Patricia Botín en 2017, entre salario y pensión, por ser la presidenta del primer banco español, que tuvo unos beneficios de 7.810 millones de euros el año pasado y posee una plantilla de casi 200.000 empleados repartidos por todo el mundo.

Aunque, en realidad, Ronaldo no cobra el triple que Botín, sino mucho más. A los 30 millones de su nómina, deben sumarse otros tantos millones procedentes de sus innumerables contratos publicitarios.

Los jugadores y entrenadores de élite son una máquina de hacer dinero. Por partida doble: lo multiplican a su alrededor. Cuando la Hacienda española, también las de otros países como Reino Unido y Portugal, empezaron a husmear en las declaraciones de impuestos de estos deportistas millonarios, destaparon toda una industria que se lucra a cambio de reducirles al mínimo sus facturas fiscales. Recurriendo incluso a fórmulas rayanas en lo ilegal cuando no directamente delictivas. Mourinho sólo ha sido el último de una larga lista. También han resultado condenados por delitos contra la Hacienda PúblicaCristiano Ronaldo, Leo Messi, Luca Modric, Marcelo, Ángel Di María, Radamel Falcao, Alexis Sánchez, Javier Mascherano…

Los correos electrónicos en poder de Der Spiegel, que la revista alemana comparte con European Investigative Collaborations (EIC) y que han sido consultados por infoLibre, ponen al descubierto una amplia red de abogados y asesores, en nómina de estos deportistas para gestionar sus complejos esquemas fiscales. El caso Mouriño es paradigmático: hasta ocho bufetes, consultoras, gestores o bancos, de cinco países diferentes, formaban parte de esa red. En concreto, dos bufetes españoles –Garrigues y Senn Ferrero– y uno portugués –Moris Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva–, dos consultoras fiscales británicas –RSM y Moore Stephens– y una suiza –Go Trust SA–, un banco helvético –St. Galler Kantonalbank– y un gestor de grandes fortunas neozelandés –Denton Morrell– participaron en la estructura utilizada por el entrenador portugués y su agente deportivo –la sociedad Gestifute– para ocultar sus ingresos por derechos de imagen a la Hacienda española. Después, para apagar el incendio mediático y de reputación que se declaró al revelarse la estructura, hicieron falta otros dos despachos británicos –Schilling Partners y BCL Solicitors–.

España y Portugal

El abogado Carlos Osório de Castro, del bufete Moris Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva, es quien ordena y coordina los trabajos de todo el entramado. Él contrató en España a los despachos Garrigues y Senn Ferrero para que se ocuparan de los asuntos fiscales del entrenador mientras estuvo en el Real Madrid. Según explica Garrigues a este periódico, su tarea se limitó a preparar las declaraciones del IRPF de Mourinho de 2011 a 2013, “basándose siempre en la información que proporcionaron sus asesores”.

Por su parte, los abogados de Senn Ferrero, un despacho especializado en el mundo del deporte y el entretenimiento, aseguran en sus correos con el resto de asesores que ellos no tienen “ni la más mínima idea” de cómo se creó la estructura que, con un pie en las Islas Vírgenes Británicas y otro en Nueva Zelanda, le permitía a Mourinho no pagar ni euro al fisco por sus derechos de imagen. “Fue a Garrigues a quien encargásteis el análisis” de ese esquema, le recuerdan a Carlos Osório.

Uno de sus fundadores, Julio Senn, ejerció de director general del Real Madrid entre 1999 y 2002. Al igual que su socio, Javier Ferrero, procede de Garrigues, que se encargó hasta 2006 de la asesoría jurídica del club blanco.

Tanto Osório como Garrigues y Senn Ferrero no sólo fueron contratados por el exentrenador, sino también por Cristiano Ronaldo. Además, ambos bufetes españoles se cuidaron de los problemas fiscales de, por ejemplo, Radamel Falcao y Fabio Coentrão, jugadores del agente deportivo Jorge Mendes igualmente investigados por la Agencia Tributaria y condenados por los tribunales.

Un irlandés al cargo

Además, al servicio de Mourinho estaban también dos firmas internacionales de asesoría fiscal. Una de ellas es RSM, con base en Londres, que se presenta como la sexta mayor consultora de auditoría y gestión tributaria del mundo. Posee una plantilla de 41.000 empleados repartidos en 116 países. Uno de sus socios, Freddie Huxtable, fue quien diseñó el plan para liquidar toda la estructura fiscal del portugués una vez que Football Leaks destapó la existencia de la sociedad neozelandesa Kaitaia Trust y las Haciendas española y británica colocaron las lupas sobre sus millonarios ingresos.

La otra es Moore Stephens, también británica e igualmente extendida por todo el planeta, con más de 30.000 empleados. Su especialidad, los problemas “fiscales multijurisdiccionales derivados de operaciones internacionales”. “El ámbito de nuestra gestión global se extiende, por tanto, más allá de proporcionar servicios de cumplimiento normativo, e incluye la asesoría sobre estructuras empresariales internacionales y la planificación fiscal para minimizar las obligaciones tributarias”, se publicita en su página web.

Uno de sus socios, Andrew Quinn, figuraba como fundador y accionista de las sociedades irlandesas MultiSports Image & Management (MIM) y Polaris, utilizadas por Mourinho, Cristiano Ronaldo, Coentrao, Falcao y Di María para gestionar sus derechos de imagen con la mínima carga fiscal posible.

Quinn dejó Moore Stephens el 31 de agosto de 2017, pero sigue siendo codirector de Gestifute International, la rama irlandesa de la empresa creada por Jorge Mendes para representar deportistas de élite. De hecho, en los correos publicados por Football Leaks, Quinn es presentado a los abogados españoles de Mourinho como “la persona al cargo de la estructura” fiscal creada para reducir al mínimo la tributación por los derechos de imagen.

El asesor neozelandés, bajo sospecha

Al otro lado del planeta, en Nueva Zelanda, Denton Morrell, una firma especializada en crear y administrar estructuras para gestionar grandes fortunas e inversiones, tuvo que atender a los inspectores del fisco de ese país en diciembre de 2016 cuando se presentaron en sus oficinas de Auckland para reclamar todos los documentos relacionados con Kaitaia Trust, el fideicomiso con el que Mourinho cobraba sus derechos de imagen tras desviarlos a Koper Services, una sociedad ubicada en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas. Denton Morrell era, junto a Kaitaia Trust, accionista de Operating Nominees, la empresa pantalla de Islas Vírgenes que poseía las acciones de Koper Services.

Matthew Butterfield, director y consejero delegado de Denton Morrell, fue quien dio aviso de la visita de los inspectores al resto de la red, a cuyos miembros pidió a su vez información sobre las actuaciones llevadas a cabo por la Agencia Tributaria española tras destapar Football Leaks la existencia de Kaitaia Trust. En abril de 2018 Butterfield y su empresa aparecieron implicados en una red internacional de blanqueo de dinero que incluía a 16 empresas de Azerbaiyán. La información fue desvelada por el Proyecto Daphne, que integran 18 medios de comunicación de todo el mundo, entre ellos The Guardian, la agencia Reuters y Le Monde, y cuya misión es continuar las investigaciones que le costaron la vida a la periodista maltesa Daphne Caruana Galiza. El 16 de octubre de 2017 fue asesinada con una bomba en su coche, tras indagar en la corrupción del Gobierno maltés, algunos de cuyos miembros resultaron salpicados por los Papeles de Panamásalpicados por los Papeles de Panamá.

Después, los medios neozelandeses publicaron que Butterfield, nacido en Reino Unido, había llegado al país austral desde Suiza y tras abandonar Guernsey, donde en 2010 se le había castigado con una prohibición para trabajar en servicios financieros durante cinco años por transgredir cinco leyes de la isla, situada en el Canal de La Mancha y también considerada como un paraíso fiscal.

Además, Butterfield tuvo que declarar en enero de 2018 ante un tribunal de Colorado (Estados Unidos) como parte implicada en un caso de fraude, evasión fiscal y blanqueo de dinero relacionado con el fideicomiso de los herederos de un empresario estadounidense. Nueva Zelanda saltó a los titulares como paraíso fiscal en alza con los Papeles de Panamá. Según The Australian Financial Review, más de 12.000 fideicomisos registrados en Nueva Zelanda no pagan impuestos por los beneficios obtenidos en el extranjero y la identidad de sus beneficiarios se mantiene en secreto. El Gobierno neozelandés cifra en más de 815.000 millones de euros la cantidad de dinero procedente del fraude y el narcotráfico que se blanquea en Nueva Zelanda a través de empresas pantalla.

Pero, antes de llegar a Nueva Zelanda, los asuntos fiscales de Mourinho necesitaron los servicios de los asesores fiscales de Go Trust, con sede en Ginebra (Suiza) y que dirige Christian Thury, también habitual en los intercambios de información de la red. El dinero que cobraba Koper por los derechos de imagen de Mourinho se ingresaba en cuentas del St. Galler Kantonalbank, un banco suizo, cuyo delegado en Portugal es Miguel Marques. Fue él, y no el abogado Carlos Osório, quien dio la orden a todo el equipo, tras hablar con José Mourinho, de liquidar la estructura fiscal una vez revelada la existencia de Kaitaia Trust.

Hasta aquí la unidad de combate al servicio de un objetivo globalizado: de Portugal a Nueva Zelanda pasando por Suiza y con paradas en Islas Vírgenes e Irlanda. En un primer momento, Mourinho consiguió amortiguar el golpe consiguiendo que la primera inspección de la Hacienda española se limitara a una sanción administrativa y que la británica liquidara con una multa las irregularidades que halló en la tributación de sus derechos de imagen. Pero, cuando en diciembre de 2016 la prensa desnudó al completo sofisticada trama, fue necesaria ayuda adicional.

Crisis de reputación: apagando el incendio

El motivo aducido por Marques para hacer desaparecer el entramado fiscal de Mourinho, tal y como lo explicaba en un correo del 13 de diciembre de 2016, era “evitar cualquier sorpresa o publicación en los medios para el futuro”. No mencionaba aún la amenaza  de nuevas inspecciones por parte de la Agencia Tributaria española y del HMRC británico. El 4 de diciembre, al día siguiente de las revelaciones de Football Leaks, dos socios de la consultora británica especializada en lidiar con crisis de reputación y privacidad Schilling Partners, Rod Christie-Miller y Phil Hartley, se ponían ya a trabajar para intentar apagar el fuego que había prendido en torno al entrenador, entonces en el banquillo del Manchester United. Hartley sí que menciona una posible inspección por parte del fisco británico y recomienda a Carlos Osório que se asesore con expertos, no sólo para lidiar con el caso Mourinho, sino también con el de Cristiano Ronaldo. Christie-Miller le facilita el nombre de Ian Burton y un enlace a su perfil. Le dice que el abogado ya ha leído la historia publicada por The Sunday Times –que entonces formaba parte de EIC– y que cree que no hay dudas: el HMRC inspeccionará a Mourinho. Osório accede a hablar con Burton, mientras Hartley le aconseja que primero mantenga “bajo control los documentos relevantes”. Así, le advierte de que los asesores no deberían “traer al Reino Unido ningún documento que actualmente se encuentre fuera del país ni deberían eliminar ni destruir ningún documento que se encuentre dentro”. “The house is burning [La casa está en llamas]”, le contesta el abogado de Mourinho.

Ian Burton es el fundador de BCL Solicitors, un bufete de Londres especializado en asesorar a empresas, instituciones y personajes públicos en materia de delitos corporativos y financieros. “Si fuera un oligarca en problemas, acudiría a Ian Burton” es la frase con la que se publicita a sí mismo en la web de BCL Solicitors.

InfoLibre se ha puesto en contacto con todas las empresas de la red creada para reducir la factura fiscal de José Mourinho. Pero sólo dos, el suizo St. Galler Kantonalbank y el británico RSM –además del bufete español Garrigues– han contestado. Ambos se amparan en la confidencialidad del trabajo con sus clientes para no responder a ninguna de las preguntas que este periódico les ha trasladado sobre el asunto.

Cambios a partir de 2020

El 1 de enero de 2020 debe entrar en vigor en todos los países de la UE una directiva comunitaria que obligará a asesores, abogados y bancos a informar a las autoridades tributarias sobre “esquemas transfronterizos” que constituyan “planificación fiscal agresiva”. Para entonces, estos intermediarios tendrán que cambiar sus métodos de trabajo si no quieren exponerse a sanciones.

Cuando en mayo de 2017 el Tribunal Supremo ratificó la sentencia que la Audiencia de Barcelona había impuesto a Messi y a su padre, los jueces recriminaron tanto a la Fiscalía como a la propia Agencia Tributaria que no hubieran investigado también a los asesores fiscales de ambos. Hasta ahora ninguno ha sido condenado como colaborador necesario en los procesos que se han seguido contra sus clientes.

Quizá un signo de cambio respecto a estos casos es el de otro antiguo jugador del Real Madrid, Xabi Alonso. El juez sí que ha imputado al asesor fiscal Iván Zaldúa Azcuenaga y a Ignasi Maestre Casanova, administrador de Kardazli Comercio Serviços de Consultoría e Investimentos LDA, una sociedad ubicada en Madeira a la que el deportista simuló ceder la explotación de sus derechos de imagen, según la denuncia de la Fiscalía. Mientras que el acusador público solicita cinco años de prisión para Xabi Alonso por tres delitos contra la Hacienda Pública cometidos entre 2010 y 2012, para el asesor y el administrador de la sociedad pide el pago de una multa de cuatro millones de euros y en concepto de responsabilidad civil el abono de forma conjunta y solidaria de 2,03 millones euros más.

El extrenador del Real Madrid José Mourinho firmó el 3 de julio de 2015 un acta de conformidad con la Agencia Tributaria por el que reconoció que no había declarado los más de seis millones de euros que había ingresado en 2011 y 2012 por sus derechos de imagen y aceptó una sanción de 1,14 millones de euros. Dos meses más tarde pagó al fisco español los 3,28 millones de euros de las cuotas del IRPF que había eludido en su momento. Sin embargo, año y medio después, en diciembre de 2016, lo que se había resuelto con una mera sanción administrativa, se convirtió en una investigación por delito fiscal.

Der Spiegel, junto con Mediapart [socio editorial de infoLibre] y el resto de los miembros de European Investigative Collaborations (EIC), publicó el día 16 de ese mes que detrás de la sociedad Koper Services, domiciliada en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas, no sólo se escondía un fiduciario, Operating Nominees Limited, sino que además Mourinho había extendido su estructura para rebajar la factura fiscal hasta Nueva Zelanda, con un fideicomiso denominado Kaitaia Trust. La Agencia Tributaria reabrió entonces la investigación, que ha terminado con la condena a un año de prisión del entrenador portugués.

¿Cómo es posible que los inspectores de Hacienda no supieran de la existencia de Kaitaia Trust? El 23 de julio de 2014 le habían comunicado a Mourinho la apertura de una investigación sobre sus declaraciones del IRPF de 2010 a 2012, así como del Impuesto de No Residentes de 2013. En ese momento, los inspectores empezaron a pedir documentos a los asesores del entrenador, los despachos españoles Garrigues y Senn Ferrero, contratados por su abogado, Carlos Osório de Castro, para que llevaran los asuntos fiscales del portugués.

Según los documentos en poder de Der Spiegel que la revista alemana comparte con EIC y que han sido consultados por infoLibre, el 13 de marzo de 2015 uno de los abogados de Senn preguntaba en un correo electrónico a los asesores suizos de Mourinho quién era el “primer dueño” de las acciones de Koper Services. Dudaba si se trataba de Operating Nominees, también con sede en Islas Vírgenes, o de dos sociedades neozelandesas, Denton Morrel LimitedDenton Morrel Limited y Kaitaia Holdings Limited, pues los tres nombres aparecían en documentos distintos que se les habían hecho llegar. Irene Genevieve Jornod, de GoTrust, una asesoría fiscal de Ginebra, le contesta el 16 de marzo que las acciones están registradas a nombre de Operating Nominees Limited, que las posee en nombre de Denton Morrell y Kaitaia Holdings. En el correo figuran en copia los nombres de Miguel Marques, el banquero portugués de Mourinho, empleado del suizo Sankt Galler Kantonalbank, y el socio del departamento fiscal de Garrigues en Barcelona Diego Rodríguez Titos. Este último aclara ese mismo día a los abogados de Senn Ferrero que Operating Nominees “es un fiduciario”. Y a continuación les propone “mantener lo de Operating Nominees para no liar más a los inspectores”. Es decir, aconseja no mencionar a la Agencia Tributaria que detrás de ese fiduciario se encuentran las dos sociedades neozelandesas. “En el fondo, lo relevante es a quién se le deben imputar todas las rentas que obtiene Koper”, explica.

Diego Rodríguez fue el encargado de preparar las declaraciones de Hacienda no sólo de Mourinho, sino también de Cristiano Ronaldo, a su vez cliente tanto de Osório como de Jorge Mendes, el superagente portugués compartido por otros futbolistas de élite –Ángel di María, Radamel Falcao, James Rodríguez, Ricardo Carvalho, Fabio Coentrao…–. De hecho, fue llamado a prestar declaración como testigo en octubre de 2017 por la jueza que instruyó el caso Ronaldo.

“Máxima colaboración”Máxima colaboración

“Esperemos que haya suerte”, termina su correo el abogado, “sigo pensando que esto hay que cerrarlo en conformidad imputándole a la persona física las rentas obtenidas por Koper (menos un margen, si la inspección lo acepta), a imagen y semejanza de los que aceptaron en el caso de UK”. Se refiere a la inspección a que fue sometido Mourinho por el HMRC (Her Majesty Revenue & Customs), la Hacienda británica, por ocultar 1,68 millones de euros por sus derechos de imagen entre 2004 y 2007, mientras entrenaba al Chelsea, y que se saldó con el pago de una multa de 413.000 euros tras admitir “un fallo” en el cumplimiento de todas sus obligaciones fiscales.

Efectivamente, la inspección terminó con un acta de conformidad y una sanción administrativa, ya que los inspectores no pudieron probar que hubiera ánimo de defraudar por parte de Mourinho.

A preguntas de infoLibre, un portavoz del despacho Garrigues indica que Diego Rodríguez “colaboró con el despacho Senn Ferrero en la inspección a que fue sometido José Mourinho por sus declaraciones de 2010 a 2013”. “En ese proceso se prestó la máxima colaboración con la Inspección de Hacienda y se respondió correctamente y de manera concreta a las preguntas que se hicieron”, añadió el portavoz, quien negó que se hubiera ocultado información a los inspectores. Cuando la investigación derivó en una causa penal, Garrigues ya “ni participó ni fue requerido”, añadió. Este periódico también se ha puesto en contacto con el despacho Senn Ferrero, que ha declinado hacer comentario alguno sobre los correos citados.

“El único que podría aportar algo es Garrigues”

Sin embargo, en otro correo fechado el 13 de diciembre de 2016, 10 días después de que se publicara la existencia de Kaitaia Trust, Carlos Osório recibe un correo de los asesores suizos donde le reenvían noticias llegadas desde Nueva Zelanda: la Agencia Tributaria local requería a Denton Morrell, el gestor de Kaitaia, información sobre el titular de ese fideicomiso, su lugar de residencia, quiénes eran sus beneficiarios, con qué activos contaba, balances y estados financieros… Denton Morrell es una firma neozelandesa dedicada a la gestión de grandes fortunas.

Así que Osório pide “ayuda” a los abogados de Senn Ferrero, y pone en copia al banquero Miguel Marques y a Luís Correia, sobrino de Jorge Mendes, director de Gestifute, la agencia para deportistas del anterior, y consejero delegado de Polaris, una de las sociedades irlandesas que gestionaban los derechos de imagen de Cristiano Ronaldo y Mourinho. Julio Senn le contesta que sobre “lo que piden [los inspectores de Nueva Zelanda] y de cómo fue creado todo esto!!!! [sic]”, ellos no tienen “ni la más mínima idea”. “El único que podría aportar algo es Garrigues, ya que fue a quien encargasteis el análisis de esta estructura”. Incluso citan a “Diego Rodríguez, más famoso como D. R., que es quien analizó esta estructura para vosotros en el pasado y quien coordinó la inspección de JM [José Mourinho]”. En la información que sobre el esquema fiscal utilizado por el exentrenador del Real Madrid publicó el 3 de diciembre de 2016 el periódico El Mundo –que entonces formaba parte del grupo de diarios integrantes de EIC– sólo se mencionaba a un “asesor externo” de siglas D. R. Tampoco aparecía siquiera el despacho Garrigues.

“¿Os parece que informe a Diego Rodríguez??”, pregunta Julio Senn, que queda a la espera de “instrucciones”. Así que Carlos Osório pregunta en portugués a Marques y Correia si le “pasa la pelota a Diego”. Y precisa que “algunas cosas implican a Freddy”. El abogado se refiere a Freddie Huxtable, socio de RSM, una de las mayores asesorías fiscales del mundo. Para entonces, Miguel Marques ya había comunicado a abogados y asesores que Mourinho había dado orden de “liquidar toda la estructura que posee” para evitar “cualquier sorpresa o publicación en los medios en el futuro”. “Aunque aceptable fiscal y legalmente, todo lo relacionado con las estructuras debería ser rescindido de acuerdo con la ley”. El banquero dice que antes de tomar esa decisión, Huxtable le había “reasegurado” que “todo lo que tiene el entrenador está conforme a las leyes de Reino Unido”. Al día siguiente los asesores suizos de Mourinho pidieron a Freddie Huxtable un borrador de cómo debería llevarse a cabo la liquidación de la “estructura”, que el experto británico envió el 15 de diciembre.

Como resultado de esa operación, José Mourinho debía recuperar sus derechos de imagen, hasta entonces en manos de Koper Services y cedidos a la sociedad irlandesa Multisports & Image Management Limited (MIM). Entonces los cedería a Polaris Sports, que pagaría por ellos a Mourinho. Finalmente, el entrenador tributaría por ellos ante el fisco británico a un tipo del 45%, puesto que entonces ya era residente sin domicilio en Reino Unido.

Pese a las prisas –todos los correos se enviaron con el título de “urgente Kaitaia”–, los inspectores de la Agencia Tributaria española no sólo reabrieron la investigación cerrada en 2015 sino que, en junio de 2017, la Fiscalía presentó una denuncia ante el juez por dos delitos contra Hacienda. Al aparecer Kaitaia Trust, Koper Services quedó al descubierto como una sociedad pantalla, sin empleados ni actividad alguna. Por tanto, los gastos que Mourinho se había deducido gracias a Koper Services estaban falseados, no existían. Kaitaia Trust pertenecía al 100% a Mourinho –en caso de fallecimiento los beneficiarios eran su mujer y sus dos hijos– y ésta, a su vez, era la dueña al 100% de Operating Nominees, fiduciaria de Koper Services. Por tanto, no hay diferencia alguna entre Mourinho y la sociedad que le gestionaba los derechos de imagen, explica la Fiscalía.

Entonces sí que apreciaron los inspectores de Hacienda que Mourinho y sus asesores habían tenido intención de ocultar información y, por tanto, de defraudar. La condena fue finalmente de un año de cárcel, con una multa de 1,98 millones de euros. El entrenador portugués aceptó ambas tras llegar a un acuerdo con el fiscal que le evita entrar en prisión.

Asesores que no saben nada

El papel de los asesores fiscales en las complejas tramas que las grandes fortunas utilizan para eludir el pago de impuestos se sitúa en el centro de la polémica cada vez que salta a la luz pública un caso. Si en la investigación sobre Cristiano Ronaldo la juez llamó a declarar como testigo a Diego Rodríguez, y como imputados a Jorge Mendes y Luís Correia, en el de Mourinho ni siquiera han tenido que pisar el juzgado. Por el contrario, han sido procesados Iván Zaldúa Azcuenaga, asesor fiscal del exjugador del Real Madrid Xabi Alonso, así como Ignasi Maestre Casanova, administrador de Kardazli Comercio Serviços de Consultoría e Investimentos LDA, una sociedad ubicada en Madeira a la que el deportista simuló cederle la explotación de sus derechos de imagen, de acuerdo con la denuncia de la Fiscalía.

Además, la sentencia del Tribunal Supremo que en mayo de 2017 ratificó la condena impuesta por la Audiencia de Barcelona al jugador del Barcelona Leo Messi y a su padre, recriminó tanto a la Fiscalía como a la propia Agencia Tributaria que no hubieran investigado también a los asesores fiscales de ambos.

Sin embargo, los abogados y asesores fiscales suelen eludir sus responsabilidades. Según publicó en su día Der Spiegel, otro despacho, King & Wood Mallesons (KVM), contratado por Carlos Osório en 2014 para gestionar los asuntos fiscales de Cristiano Ronaldo, llegó a declarar ante el juez que nunca había visto la declaración de impuestos del portugués correspondiente a ese año. La revista alemana asegura por el contrario que uno de sus abogados, Pablo Tejerizo, había discutido con otros asesores sobre los últimos detalles de esa declaración el mismo día en que la presentaron y había dado el visto bueno al documento final. Lo mismo ocurrió con Senn Ferrero, añade Der Spiegel. Como en el caso de Mourinho, el despacho español alegó que desconocía la estructura empresarial de Cristiano Ronaldo, aunque había sido el encargado de presentar sus declaraciones entre 2011 y 2013 y “no le sorprendió que no hubiera tributado por sus ingresos publicitarios en esos años”.

Otro tanto hizo Backer & McKenzie, también abogados de Ronaldo. Cuando la jueza que llevó su caso pidió a este bufete internacional que identificara a los asesores fiscales que habían presentado las declaraciones del jugador entre 2011 y 2014, sus abogados señalaron a Garrigues y a Diego Rodríguez Titos, según publicó El Mundo. Garrigues se defendió entonces alegando que sólo había sido “gestor” pero no asesor fiscal del exjugador del Real Madrid. “Nunca le asesoramos sobre sus derechos de imagen”, indican a infoLibre, “sólo hicimos las declaraciones de la renta de Ronaldo basándonos en la información que nos suministraron sus asesores, y por muy poco dinero”.

El exentrenador del Real Madrid José MourinhoJosé Mourinho aceptó este martes la sentencia que le condena por dos delitos fiscales a un año de cárcel y a una multa de 1,98 millones de euros. Tras llegar a un acuerdo con la fiscalía, además, la pena de prisión será sustituida por otra multa de 91.250 euros, ya que quien fue entrenador del Manchester United hasta el pasado diciembre carece de antecedentes penales.

El pacto con la Fiscalía de Madrid es, en realidad, el segundo que ha alcanzado Mourinho con las autoridades españolas para solventar sus problemas fiscales. En julio de 2015 ya firmó un acta de conformidad con la Agencia Tributaria en la que reconoció que no había declarado sus derechos de imagen. Entonces pagó una sanción administrativa de 1,14 millones de euros así como los 3,28 millones de las cuotas del IRPF –y sus intereses– que no había abonado en su momento. Un total de 4,42 millones.

Este segundo acuerdo, ya con la Fiscalía, ha servido para cerrar un proceso penal. Lo que en principio debía quedar liquidado en el ámbito administrativo se transformó en una causa por delito contra la Hacienda Pública cuando la revista alemana Der Spiegel, como parte de la investigación periodística Football Leaks, publicó en diciembre de 2016 que detrás de la sociedad que Mourinho utilizaba para ocultar sus ingresos por derechos de imagen, Koper Services, domiciliada en el paraís fiscal de las Islas Vírgenes, se encontraba otra firma, Kaitaia Trust, con sede en Auckland (Nueva Zelanda) y de cuyo capital era titular el entrenador portugués al 100%. La revista alemana es uno de los miembros de la red EIC (European Investigative Collaborations), junto con Mediapart, el socio editorial de infoLibre.

Según explicó la revista alemana, a los 10 días de desvelarse que la red de empresas de Mourinho terminaba en las antípodas tras pasar por dos firmas sitas en Dublín (Irlanda) –Multisports & Image Management Limited y Polaris Sports Limited–, la Agencia Tributaria neozelandesa se presentó en Kaitaia Trust para requisar documentación.

También entre los asesores del entonces entrenador del Manchester se activaron las alarmas. Los correos que publicó Der Spiegel desvelaban la preocupación de uno de sus abogados ante la posibilidad de que la Hacienda británica empezara también a comprobar la operativa fiscal de Mourinho. Por eso desaconsejaba el envío de documentos a Reino Unido. “Para evitar en el futuro sorpresas o informaciones en los medios parecidas, [Mourinho] ha decidido liquidar todas las estructuras que posee”, comunicó el banquero del portugués al letrado de éste.

La Agencia Tributaria española abrió entonces una segunda investigación y concluyó que las cantidades defraudadas en el IRPF eran superiores a las pagadas tras la firma del acta de conformidad. La base imponible que Mourinho debería haber declarado ascendía a 3,77 millones de euros para el ejercicio de 2011 y de 3,26 millones para el de 2012. El perjuicio para el fisco español, según consta en el escrito del fiscal, se elevaba por tanto a 1,61 millones en 2011 y a 1,69 millones en 2012. Un total de 3,3 millones. La diferencia con las cantidades que abonó tras firmar el acta de conformidad, 462.323 euros, fue ingresada por Mourinho el pasado 10 de julio en la Hacienda española, además de otros 121.764 euros en concepto de intereses de demora, a fin de hacer efectivo el acuerdo con la Fiscalía.

Idéntico a Cristiano Ronaldo

El esquema que el entrenador portugués utilizó para no tributar por los millones que ingresaba gracias a sus derechos de imagen es idéntico al usado también por Cristiano Ronaldo. Ambos comparten el mismo agente, Jorge Mendes. Como también otros jugadores de fútbol de élite: Pepe, Coentrao, Falcao y Ricardo Carvalho, igualmente investigados por la Agencia Tributaria por el mismo motivo. De hecho, Cristiano Ronaldo empleaba otra sociedad igualmente domiciliada en las Islas Vírgenes, Tollin Associates, para ingresar sus derechos de imagen, y ésta, a su vez, los cedió a la misma empresa irlandesa que Mourinho, Multisports & Image Management Limited.

Y, al igual que Mourinho, Cristiano Ronaldo –y Leo Messi– llegó a un acuerdo con la Fiscalía que le ha permitido rebajar sustancialmente su condena por cuatro delitos fiscales: ha pagado 3,2 millones de euros, un tercio de las cantidades que le habrían correspondido si la sentencia se hubiera atenido a los mínimos establecidos en el Código Penal. Además, se le ha sustituido la pena de dos años de cárcel por otra multa adicional de 360.000 euros, lo que le evitó también el ingreso en prisión. Fue el pasado 22 de enero.

La investigación periodística de Football Leaks revela, según destaca Der Spiegel, un “fraude generalizado”. “En el fútbol de alto nivel se ocultan de forma sistemática los ingresos por publicidad y las comisiones de los asesores”, concluye. Detrás de ese fraude sistemático, la revista alemana sitúa a los asesores fiscales y agentes, que han quedado “eximidos”, lamenta, por la Justicia española pese a haber “actuado todos de forma similar en las sospechosas operaciones de un buen número de futbolistas profesionales”. A su juicio, estos casos demuestran no sólo la “privilegiada posición” ante la ley de que disfruta el fútbol, sino también “el escaso interés de España en el verdadero esclarecimiento del fraude fiscal cometido por los superricos”.

También en Reino Unido

Las prácticas fiscales de José Mourinho no sólo resultaron sospechosas para la Agencia Tributaria española. También estuvo en el punto de mira de la británica. En su caso por las comisiones cobradas por su agente, Jorge Mendes. De nuevo el portugués repetía una fórmula que, según Der Spiegel, se ha usado “cientos de veces” en Reino Unido: el agente trabaja para un futbolista –o entrenador– pero la comisión se la paga el club de fútbol. Pese a que el fisco de Su Majestad pone reparos si las comisiones de los agentes no eran abonadas al 50% por el club y el futbolista, en el caso de Mourinho –esta vez contratado por el Chelsea– éste sólo se hizo cargo del 10% de éstas. Y pagó los impuestos correspondientes a ese porcentaje.

En 2018 la Hacienda británica contestó a los investigadores de Football Leaks que mantenía bajo investigación a un total de 171 jugadores de fútbol, 44 clubs y 31 agentes. Además, ha recaudado 332 millones de libras –377 millones de euros– tras comprobar las prácticas tributarias del mundo del fútbol.