Fiscal y empresaria al mismo tiempo. Esa es la situación de Manuela Fernández Álvarez, fiscal de Delitos Económicos de Madrid y administradora de la empresa Claudinova SL, tal y como prueban los documentos a los que ha tenido acceso infoLibre. La fiscal no ha querido responder a las preguntas de este periódico sobre su actividad y patrimonio (puedes consultar las cuestiones planteadas al final de este artículo).

La sociedad fue constituida el 2 de marzo de 2021 y tiene su sede en el domicilio particular de la fiscal. Con un capital de 10.000 euros, Manuela Fernández Álvarez es socia y administradora única. En la escritura pública de constitución de la compañía se hace referencia expresa a que la fiscal declaró que no era incompatible para ejercer el puesto de administradora: “La nombrada, presente, acepta su cargo y manifiesta no estar incurso en las incompatibilidades y prohibiciones a que se refieren las leyes relacionadas anteriormente”.

El Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, en su artículo 57.8, establece que el ejercicio de fiscal es incompatible “con las funciones de director, gerente, administrador, consejero, socio colectivo o cualquier otra que implique intervención directa, administrativa o económica en sociedades o empresas mercantiles, públicas o privadas de cualquier género”. Los fiscales sí pueden administrar, a través de una sociedad mercantil, su patrimonio personal o familiar.

El objeto social de Claudinova SL, tal y como se detalla en la escritura de constitución, es “la tenencia de valores (fondos de capital riesgo) y la compraventa y arrendamiento de inmuebles”. Una actividad que sin duda no es desconocida para Manuela Fernández Álvarez, dado que está especializada en la persecución de delitos económicos.

Manuela Fernández Álvarez optó, en octubre de 2020, a una de las ocho plazas abiertas para incorporarse a la Fiscalía Anticorrupción. La entonces fiscal general, Dolores Delgado, no la propuso para el cargo. En la votación que se produjo en el Consejo Fiscal, Manuela Fernández Álvarez contó con el apoyo de los cinco vocales que tenía en aquel momento la Unión Progresista de Fiscales (UPF). Fuentes de la UPF indicaron a infoLibre que la fiscal no figura entre sus asociadas.

Este periódico preguntó al fiscal general del Estado, Álvaro García, si tenía conocimiento de que Manuela Fernández Álvarez administra una sociedad mercantil y si entiende que dicha actividad es incompatible con el cargo de fiscal. Su portavoz no respondió a dichas preguntas, “porque afectan a datos personales que no podemos hacer públicos”. En todo caso, dicha portavoz se remitió al Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para saber cuáles son las actividades incompatibles y aclaró que es el Consejo Fiscal quien “tiene atribuidas en exclusiva las declaraciones de compatibilidad”. Por último, indicó que “realizar una actividad incompatible es objeto de sanción disciplinaria”.

La fiscal de Delitos Económicos de Madrid ha incrementado su patrimonio de forma considerable durante los últimos años.

En enero de 2017, adquirió a medias con su marido un piso de 308 metros cuadrados en el barrio de Recoletos en Madrid, que es el más caro de España. De acuerdo con los mapas de valores publicados por el Ministerio de Hacienda, el precio medio en la zona donde tiene su piso la fiscal es de 8.000 euros el metro cuadrado. El valor de mercado del inmueble sería de 2,46 millones de euros.

Cuando lo adquirió, hace casi seis años, el matrimonio recibió un préstamo hipotecario de un millón de euros con un plazo de devolución de veinte años. En aquel momento, el piso fue tasado para subasta en 1,59 millones.

En octubre del año pasado, la fiscal y su esposo acordaron donar la nuda propiedad del piso a su hija, mientras que ellos se quedaron con el usufructo “universal, vitalicio y simultáneo” del inmueble. Además, fijaron una limitación de disposición puesto que la donataria no puede enajenar, gravar o de cualquier otra forma transmitir la nuda propiedad, salvo con el consentimiento expreso de sus padres.

Un mes antes, en septiembre de 2021, Manuela Fernández Álvarez y su marido adquirieron una vivienda unifamiliar en Málaga, que tiene una superficie construida de 316 metros cuadrados y cuenta con una parcela de 1.144 metros. En la zona de jardín dispone de una piscina de 34 metros. Está situada en la zona de los Jardines de San Antón. La fiscal adquirió el 80% de la propiedad, mientras que su marido compró el 20% restante.

Los compradores recibieron un préstamo por importe de 850.000 euros y un plazo de devolución de 15 años. La vivienda fue tasada para subasta en 1,18 millones.

Por tanto, tomando como referencia las tasaciones realizadas para recibir los préstamos hipotecarios, el valor de la parte de los inmuebles que pertenece a la fiscal asciende a 1,74 millones de euros (797.000 euros la mitad del piso de Madrid y 945.000 el 80% de la vivienda de Málaga).

El matrimonio asumió dos hipotecas que en conjunto responden de préstamos por un importe total de 1,85 millones de euros. Salvo que las amorticen antes, está previsto que terminen de devolver el dinero a los bancos en 2036 y 2037.

ACLARACIÓN: El 13 de febrero de 2024, casi 15 meses después de que se publicase la información, el abogado de la fiscal se puso en contacto con infoLibre para indicar que se había incoado un expediente gubernativo a raíz de la noticia y que Manuela Fernández Álvarez había aportado "la documentación pertinente" para demostrar que Claudinova SL es "una mera sociedad patrimonial", cuya finalidad "es exclusivamente la tenencia de valores y de inmuebles". Por ello, su actividad como administradora de la sociedad no es incompatible con su cargo de fiscal al no realizar actividad mercantil alguna. Al "no existir actividad incompatible", la Inspección Fiscal archivó el expediente gubernativo el 2 de febrero de 2023.

En el expediente gubernativo se indica que Manuela Fernández Álvarez es la única accionista de Claudinova SL y que la empresa es "exclusivamente tenedora de valores en la entidad Banca March", que han sido adquiridos "con recursos personales derivados de su ejercicio profesional y de recursos propios de su cónyuge".

Tras recibir copia del expediente gubernativo, infoLibre añadió a la noticia esta aclaración y editó el resto del texto para que sea plenamente congruente con los hechos que en él se recogen.

Los atentados terroristas de Barcelona y Cambrils, el Parlament de Cataluña proclamando la independencia o Rajoy declarando como testigo ante la Audiencia Nacional. Son algunos de los hechos que protagonizaron 2017 y que infoLibre repasa a continuación:

  1

Atentado en Barcelona y Cambrils  

El pasado 17 de agosto, casi a las 17.00 horas, una furgoneta a gran velocidad atravesó La Rambla de Barcelona. Era el modus operandi que ya había empleado el Estado Islámico en los atentados de Niza, Berlín o Estocolmo: bajo coste y poca preparación previa. El resultado fueron 13 víctimas mortales.

Unas horas más tardes, el foco pasó a ser Cambrils, una localidad de Tarragona. Cinco terroristas, armados con cinturones de explosivos que resultaron ser falsos, pretendían perpetrar una nueva masacre, pero los Mossos d’Esquadra les abatieron a tiros. No obstante, antes de eso, durante el atropello que causaron en el paseo marítimo, asesinaron a dos personas.

El origen del atentado se situó en una explosión de una casa en Alcanar (Tarragona) producida la noche del 16 de agosto. La célula yihadista que planeó los ataques, compuesta por 12 personas, acumuló una veintena de bombonas de gas butano y propano que pretendían emplear en un atentado todavía mayor. Allí fallecieron dos personas, una de ellas el imán que había reclutado a los jóvenes integrantes del grupo, Abdelbaki Es Satty.

Con el abatimiento de Younes Abouyaaqoub –conductor de la furgoneta de La Rambla– por parte de los Mossos se dio por desarticulada la célula. Sin contar con los yihadistas muertos en Cambrils y los dos fallecidos en Alcanar, las otras cuatro personas fueron detenidas.

  2

Declaración unilateral de independencia de Cataluña... y aplicación del 155

Pasadas las 15.00 horas del 27 de noviembre, el Parlament de Cataluña proclamaba la independencia de Cataluña por 70 votos a favor (el 51,85% de la cámara), 10 en contra y dos en blanco. Terminaba así un largo camino recorrido por el independentismo catalán y comenzaba, a la vez, una etapa nunca antes vivida en España.

Los soberanistas mantenían que la decisión estaba “avalada” por los resultados del 1 de octubre, un referéndum suspendido por el Tribunal Constitucional, en el que, según la Generalitat de Cataluña, el ‘sí’ se impuso con un amplísimo margen. Obtuvo el 90,18% de los votos emitidos.

Los pasos que aceleraron el proceso comenzaron a darse los días 6 y 7 de septiembre, cuando la Cámara autonómica aprobó, por mayoría de Junts pel Sí y la CUP, la Ley de Referéndum y la Ley de transitoriedad jurídica, ambas suspendidas de forma inmediata por el Tribunal Constitucional.

La primera consecuencia fue política: la aplicación, por primera vez en la historia democrática, del artículo 155 de la Constitución. El Gobierno de Mariano Rajoy, previa autorización del Senado, destituyó a todo el Govern y las competencias de la Generalitat pasaron a ser asumidas por el Gobierno central, que convocó elecciones para el 21 de diciembre. La aplicación del 155 contó con el respaldo de PP, PSOE y Ciudadanos.

La segunda consecuencia fue judicial: la jueza Carmen Lamela decretó prisión preventiva para los miembros del Govern cesados. Carles Puigdemont, para evitarlo, huyó a Bélgica. Y lo hizo acompañado de cuatro exmiembros de su Ejecutivo: Antoni Comín, Clara Ponsatí, Lluís Puig y Meritxell Serret. Actualmente, todos ellos permanecen en Bruselas y han sido elegidos diputados en las elecciones del 21D. En España permanecen en la cárcel el exvicepresident Oriol Junqueras, el exconseller de Interior Joaquim Forn y los líderes de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Ómnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart.

  3

La victoria de Arrimadas no evita la mayoría absoluta de los independentistas

En aplicación del artículo 155, el 21 de diciembre se celebraron unas elecciones autonómicas en Cataluña que dejaron un escenario complicado para la gobernabilidad. Las urnas situaron a Ciudadanos como la candidatura vencedora en votos y escaños, pero las formaciones independentistas (Junts per Catalunya, Esquerra y la CUP) conservan la mayoría absoluta que obtuvieron en 2015, al sumar ahora 70 escaños de los 135 que tiene el Parlament. La candidatura más votada entre los soberanistas, en contra de lo que habían pronosticado todas las encuestas, no fue la ERC de Junqueras sino la lista de Carles Puigdemont.

El independentismo, por tanto, ganó el pulso a los llamados "partidos constitucionalistas" al hacerse con el control de la Cámara catalana, devolviéndoles así las riendas de las instituciones catalanas que el Ejecutivo, con el artículo 155, había asumido.

El plazo para constituir el Parlament finaliza el próximo 23 de enero, y habrá que esperar hasta 2018 para saber los posibles pactos que se planteen para la investidura del próximo presidente o presidenta de la Generalitat. El resultado determinará si los independentistas continúan con el procés y, en caso afirmativo, si están dispuestos a mantener la vía unilateral.

El día posterior a las elecciones, el candidato de Junts per Catalunya se mostró dispuesto a mantener una reunión con Mariano Rajoy "en cualquier país de la Unión Europea", pero no en territorio español. El presidente del Ejecutivo, al ser preguntado por una posible reunión con Puigdemont, respondió primero con evasivas y luego indicó que lógicamente tendrá que "hablar con quien ejerza la Presidencia de la Generalitat". Pero recordó que Puigdemont, fugado a Bélgica, primero "tiene que tomar posesión de su escaño, ser elegido presidente y estar en condiciones de hablar ". Y es que, si regresa, su entrada en prisión es segura.

4

Pedro Sánchez recupera la Secretaría General del PSOE  

El 21 de mayo finalizaba la larga crisis interna del PSOE. Esa noche, Pedro Sánchez conseguía por segunda vez el aval de los militantes del partido para ocupar la Secretaría General. Logró 74.223 votos (50,2%), 10.000 más de los que logró en las primarias de 2014. Segunda y gran derrotada fue Susana Díaz, con el 39,94% de los sufragios y 59.041 papeletas. Tercero, y a mucha distancia, Patxi López, que se quedó en el 9,85% con 14.571 votos.

Terminó así la larga historia que comenzó meses antes, en octubre de 2016. El Comité Federal celebrado el día 1, en el que Sánchez perdió por 132 a 107 delegados la votación en el Comité Federal sobre la convocatoria de un Congreso Federal extraordinario, acabó con la dimisión del hasta ese momento líder de los socialistas. El partido quedó en manos de una comisión gestora, controlada por afines a Susana Díaz. Los socialistas decidieron facilitar con su abstención la investidura como presidente de Mariano Rajoy y, antes de la votación, Sánchez presentó su renuncia al escaño. Estaba poniendo así la primera piedra de su exitosa campaña de primarias, basada en el lema de "no es no", en referencia al rechazo a permitir que Rajoy siguiese en Moncloa.

  5

El  'testigo Rajoy': primer presidente de Gobierno ante un juez  

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, intentó evitar la imagen, pero no pudo. En el mes de julio se sentó en el banquillo de la Audiencia Nacional para declarar como testigo en el juicio por la primera etapa de la trama Gürtel.

A pesar de haber solicitado declarar por videoconferencia, el tribunal rechazó la propuesta. Y el líder de los conservadores y jefe del Ejecutivo aseguró, desde una mesa a la derecha del juez, a diferencia del resto de testigos, que "jamás" conoció la caja B del partido y que nunca cobró sobresueldos. “Jamás me he ocupado de ninguna cuestión de contabilidad. Lo único que me preocupaban eran los informes del Tribunal de Cuentas. Mis responsabilidades eran políticas, no económicas”, apuntó Rajoy.

El presidente fue citado a declarar a petición de la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade), la principal acusación popular, y ante la falta de colaboración del PP –se negó a declarar en su condición de responsable civil–.

Esta era la primera vez que un presidente del Gobierno español se sentaba ante un juez. Antes que él habían declarado los expresidentes Adolfo Suárez y Felipe González pero, cuando se produjeron sus comparecencias ante un tribunal, ninguno de los dos continuaba al frente del cargo.

  6

Dimisión de Manuel Moix

Apenas 60 horas después de que infoLibre desvelase que Manuel Moix era dueño, desde hacía cinco años, del 25% de una empresa en el paraíso fiscal de PanamáPanamá, el entonces fiscal Anticorrupción presentaba su dimisión.

Según la información a la que tuvo acceso a este diario, la compañía, Duchesse Financial Overseas era propietaria de un chalé en España, en el municipio madrileño de Collado Villalba, valorado en 550.000 euros. El ya exfiscal jefe Anticorrupción heredó el control de la empresa y del inmueble en dos fases: en octubre de 2008, cuando falleció su madre, y en diciembre de 2011, cuando murió su padre. 

Tras conocerse estas informaciones, infoLibre trató de ponerse en contacto con Moix, pero no obtuvo respuesta. Este, por el contrario, intentó esquivar las acusaciones con varias excusas. En primer lugar, declaró que la empresa estaba "inactiva"; más tarde, afirmó que no había podido disolverla por "motivos económicos" porque los "gastos de liquidación no podían ser asumidos por algunos de los hermanos" –copropietarios de la compañía–; por último, dijo que los actuales propietarios de la empresa se enteraron de su existencia en 2008 o en 2011 y no cuando se constituyó en Panamá años antes. Estas tres afirmaciones resultaron ser falsas. 

La empresa en Panamá y sus mentiras terminaron así de forma fulminante con la carrera de Moix en Anticorrupción.

  7

Un año de Donald Trump

El empresario Donald Trump, candidato del Partido Republicano y vencedor de las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2015, tomó posesión el pasado 20 de enero. Comenzaba así una legislatura que se preveía polémica desde el principio, pues algunas de sus promesas de campaña, como construir un muro con México, habían levantado no pocas voces críticas. 

Tan solo unos días más tarde llegaba la primera polémica: Trump suspendió el plan de acogida de refugiados sirios por un tiempo indefinido en el marco de una orden ejecutiva destinada a impedir que los terroristas islámicos entren en Estados Unidos. "He establecido nuevas medidas de veto para mantener a los terroristas islámicos fuera de Estados Unidos. No los queremos aquí". 

Pocos meses después, en junio, el presidente de Estados Unidos confirmó la ruptura de su Gobierno con el Acuerdo de ParísAcuerdo de París contra el cambio climático, con el que su predecesor, Barack Obama, se comprometió a finales de 2014.

En octubre llegó la tercera gran decisión polémica. Trump anunció que dejaría de pagar los subsidios destinados a seis millones de estadounidenses de renta baja que no pueden permitirse asumir el coste completo de sus seguros sanitarios, una de las medidas clave del Obamacare. Su objetivo era retirar por completo el plan de su predecesor, pero el Senado no se lo permitió. 

Y el presidente de EEUU despidió el año provocando otra crisis internacional al reconocer a Jerusalén como capital de Israel y confirmar que trasladaría allí su embajada, proceso que durará al menos dos años. La decisión provocó múltiples reacciones contrarias a nivel internacional y una oleada de protestas del mundo árabe, especialmente en los territorios palestinos. 

La manipulación y censura en TVE, el escándalo que obligó a dimitir a Manuel Moix, los casos de corrupción política o la lucha de Juana Rivas son asuntos que despertaron el máximo interés entre los lectores. Repasamos a continuación las diez noticias y las cinco opiniones más leídas en infoLibre en 2017.

  Informaciones más leídas en 2017

1

Cese fulminante del responsable de 'La 2 Noticias'

La dirección de informativos de TVE decidió cesar fulminantemente al editor de La 2 Noticias, José Luis Regalado. La decisión se tomó en agosto y alcanzó una gran repercusión tras ser adelantada por infoLibre. Regalado, hasta ese momento editor del único espacio de TVE que no había censurado los audios del ministro Fernández Díaz o el reportaje sobre el cómic de Ibáñez dedicado a Luis Bárcenas, había convertido el programa, presentado por Mara Torres, en un espacio de referencia que luchaba contra la censura y la manipulación que venían denunciando los trabajadores de TVE. "Quitan al responsable del único informativo decente que quedaba", apuntó para infoLibre uno de los periodistas de la redacción. 

José Antonio Álvarez Gundín, subdirector y jefe de opinión de La Razón, uno de los contertulios que más presencia tenía en la cadena durante la etapa de Regalado, fue quien se responsabilizó entonces del cese fulminante del periodista. 

2

La empresa panameña del fiscal Moix

Ha sido una de las noticias del año. A finales del pasado mes de mayo, infoLibre desveló que el entonces fiscal jefe de Anticorrupción, Manuel Moix, es dueño del 25% de una empresa de Panamá denominada Duchesse Financial Overseas, propietaria de un chalé en España valorado en 550.000 euros.

Después de que este diario intentara recabar la versión de Moix y de la negativa de este a contestar las preguntas, el entonces fiscal jefe de Anticorrupción intentó defenderse con varios argumentos que resultaron ser falsos. En un primer lugar, aseguró que la empresa estaba "inactiva"; más tarde, que no había podido deshacerse del chalé heredado de sus padres por "motivos económicos", ya que los "gastos de liquidación no pueden ser asumidos por algunos" de los tres hermanos –copropietarios–; y, por último, afirmó que él y sus hermanos se enteraron de la existencia de la compañía panameña en 2008, cuando en realidad lo sabían desde su puesta en marcha diez años antes.

Tras demostrarse que todas estas justificaciones eran falsas,  el 1 de junio Manuel Moix se vio obligado a presentar su dimisión como fiscal jefe de Anticorrupción.

  3

La lucha de Juana Rivas

Juana Rivas y la lucha por la custodia de sus hijos generó numerosos debates que iban más allá de su mero caso particular. Este verano, Rivas recibía la sentencia que se temía: sus hijos debían volver con su padre, Francesco Arcuri, natural de Italia y condenado en 2009 por "golpearla repetidamente". La mujer, de Maracena (Granada), decidía desobedecer y huir con los niños entrando en un laberinto judicial que aun hoy continúa, puesto que está acusada de un supuesto delito de sustracción de menores.

¿Por qué pierde Juana a sus hijos a pesar de la condena por maltrato? Ese era el título de una crónica que se convirtió en la tercera información más vista del año en infoLibre. 

4

Pilar Urbano 'desnuda' a la infanta  

La periodista Pilar Urbano estrenó este año el libro La pieza 25. Operación salvar a la infanta, basado en una larga entrevista con el juez José Castro, instructor del caso Nóos. En las casi 600 páginas de la obra, con apariencia de thriller, Urbano pretende analizar las maniobras legales que consiguieron salvar a la infanta Cristina de Borbón y Grecia de pisar la cárcel.

Con motivo de la publicación, este diario entrevistó a la periodista, que explicó la laberíntica manera en la que el fiscal Pedro Horrach intentó desde el primer momento intervenir en el proceso para beneficiar a la hermana del rey. "Horrach ha abandonado la carrera voluntariamente, pero tendrían que haberle obligado porque ha estado poniendo palos en las ruedas e impidiendo que un juez practique diligencias", afirmó. 

  5

Por la ilegalización de la Fundación Franco

Más de 206.000 personas apoyaron con su firma la iniciativa puesta en marcha por infoLibre para solicitar la ilegalización de la Fundación Nacional Francisco Franco. La iniciativa plantea una reforma de la Ley de Memoria Histórica para que las organizaciones que hacen apología de la dictadura franquista y sus crímenes sean declaradas ilegales en España. Además del número de firmas recogidas, el interés por la noticia se demostró también en el hecho de que se convirtió en la cuarta más leída de 2017. 

La Fundación Franco es una entidad que tiene entre sus objetivos la "proyección del ideario" del dictador "sobre el futuro de la vida española", "enaltecer la figura de Franco" y "preservar su legado". Además, recibió casi 150.000 euros en subvenciones entre los años 2000 y 2003. Varios partidos, personas represaliadas por el franquismo y asociaciones de jueces comparten la necesidad de prohibir que una organización de ese tipo lleve a cabo su actividad legalmente en España. 

  6

Alcampo en el 'caso Gürtel'

Las informaciones sobre asuntos de corrupción política siempre se sitúan entre los asuntos que más interesan a los lectores de este periódico. Este año se situó como una de las más leídas una información sobre el caso Gürtel que no tenía como protagonista a los políticos, sino a una gran multinacional. Como desveló infoLibre el pasado mes de enero, Luis de Miguel, el arquitecto financiero de la trama, aseguró en su declaración judicial que había conseguido que su cliente principal, la cadena de hipermercados Alcampo, "no tuviera una declaración del impuesto de sociedades positiva durante veinte años".

No obstante, insistió en que la "planificación fiscal" que realizaron es legal en España y permitió tener esa ventaja a la multinacional, a pesar de que la misma lograra beneficios. Sin embargo, este caso no es único en nuestro país, ya que Apple pagó en 2014 sólo el 0,005% en impuestos por sus beneficios y El Corte Inglés estuvo años sin abonar ni un euro por el impuesto de sociedades. 

  7

Los trabajadores de Tommy Mel's despedidos

El restaurante que la cadena Tommy Mel's tiene en Alcalá de Henares despidió este mes de julio a sus nueve trabajadores. El motivo: la plantilla grabó un vídeo en el que denunciaban el impago de sus nóminas y lo difundió por las redes sociales, que rápidamente lo hicieron viral. "Este fin de semana estamos trabajando gratis", criticaban en las imágenes. 

Raquel, una de las empleadas, explicó que la empresa les había remitido al Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), el organismo del Ministerio de Empleo que paga los salarios debidos y las indemnizaciones por despido en caso de que una empresa se declare insolvente o entre en concurso de acreedores. Los nueve empleados tenían contratos de apoyo a los emprendedores, por lo que su periodo de prueba era de un año. Según contempla la ley, si este periodo no se supera, el empresario tiene derecho a despedirlos sin indemnización. 

8

José Castro y el 'caso Nóos'

Tras conocerse el fallo por el cual Diego Torres, socio de Iñaki Urdangarín, recibió una condena mayor que la del ex duque de Palma, el instructor del caso, José Castro, manifestó en conversación con este periódico que no entendía las razones que podían haber llevado a adoptar esta decisión. "No lo entiendo", confesaba Castro. 

En concreto, la sección primera de la Audiencia Provincial de Baleares condenó a Urdangarin a seis años y tres meses de prisión, mientras que Torres fue condenado a ocho años y seis meses de cárcel. Esto contrastaba con las peticiones de la Fiscalía, que reclamaba 19 años y medio para el marido de la infanta Cristina y 16 años y medio para su socio. Ambos lideraron una trama con la que se apoderaron de hasta 6,2 millones de euros de forma ilegal a través del instituto que dio nombre a la trama.

9

El rey ausente

¿Dónde se encontraba el rey el día de los atentados que se produjeron en Barcelona y Cambrils? Esta es la pregunta que infoLibretrasladó a la Casa del Rey y que ésta se negó a responder. Un portavoz oficial declaró que sólo informan de "las presencias públicas y oficiales" del monarca. Además, tampoco quiso aclarar si, en caso de estar en un país extranjero, el rey y su esposa Letizia habían regresado a España. 

Dos días después de los atentados, el sábado 19 de agosto, los reyes acudieron al Hospital del Mar para visitar a algunos de los heridos en el atropello perpetrado en La Rambla de Barcelona. Felipe VI también acudió a la manifestación de repulsa de los atentados, donde parte de los asistentes lo abuchearon. 

10

Manipulación en TVE

Las numerosas denuncias de manipulaciones informativas y censuras en TVE se convirtieron en noticias recurrentes durante 2017. Uno de los hechos que despertó mayor indignación entre los trabajadores de la televisión pública fue que no aparecieran en los telediarios de la cadena las declaraciones del jefe policial que investigó la Gürtel, Manuel Morocho, en las que afirmaba textualmente que Rajoy recibió indiciariamente sobres de la caja B del PP. 

Los periodistas de TVE también volcaron su indignación en las redes sociales, con mensajes a título personal en los que acusaron a la televisión pública de censura y utilizaron calificativos como "intolerable" o "vergüenza", además de hacer un llamamiento para cambiar a los máximos responsables de ese medio, con frases como "urge regenerar TVE". 

Opiniones más leídas en 2017

1

¿Quién teme a una moción de censura?

El Gran Wyoming, en su sección Nacido en los 50, reflejaba su indignación personal con las "fechorías llevadas a cabo por políticos" en una columna titulada ¿Quién teme a una moción de censura?"Trabajo en un programa de televisión en el que el martes emitimos la edición número 1.700, y en todos, sin excepción, se han relatado fechorías llevadas a cabo por políticos. Siempre comenzaron como presuntas, pero ni una sola vez ha resultado que quedaran en eso", denunciaba.

"Libérennos aunque sea de forma testimonial de esta plaga, de esta chusma. Sólo queremos que se suban al estrado y desde allí les digan que estos días terminarán y algún día pagarán por todo el daño que han hecho a los españoles con sus robos y sus leyes para favorecer el saqueo", solicitaba en mayo al PSOE el presentador de El Intermedio. 

  2

La internacional del odio

En agosto de 2017 Barcelona y Cambrils sufrieron dos atentados terroristas yihadistas que, siguiendo el modus operandi de otros ataques perpetrados en Europa, acabaron con la vida de 13 personas. Otros cuatro grandes atentados sacudieron Europa este año (dos en Londres, uno en Estocolmo y otro en Manchester). El año 2016 también estuvo marcado por ataques terroristas organizados por el grupo Estado Islámico. El miedo y la falta de soluciones generaron muchos debates y uno de los artículos de opinión más leídos en infoLibre. 

Ramón Lobo reflexionaba en La internacional del odio sobre los orígenes de este tipo de terrorismo y la forma en la que están modificando los modos de verlo por parte de Europa. "La mayoría de los atentados yihadistas en Europa los han cometido ciudadanos europeos. Las propuestas de cerrar las fronteras son inútiles. Es un hagamos algo porque no sabemos qué hacer. Son inútiles porque los terroristas no vienen de fuera, están dentro, han nacido aquí", escribió.

  3

Todos los que detuvieron a Ignacio González

El juez Eloy Velasco acordó el pasado mes de abril prisión incondicional comunicada para el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, en lo que se conocería como caso Lezo. caso LezoDe forma inmediata, salieron a la palestra políticos de diferentes partidos atribuyéndose un papel clave en la detención del político madrileño. Manuel Rico, director de infoLibre, quiso dedicar un artículo, Todos los que detuvieron a Ignacio González, a recordar a todos aquellos que durante años denunciaron los supuestos delitos cometidos por González mientras la mayoría de políticos y periodistas miraban para otro lado.

"Espero que me sepan perdonar si dedico este artículo a hablar de otras personas y asociaciones, que no estaban ayer dándose codazos para salir en la televisión al grito de 'fui yo, fui yo', pero a quienes sí he visto luchar durante los diez últimos años para desenmascarar al jefe de esa presunta organización criminal desmontada por la Guardia Civil", escribió. 

  4

'Alguien miente, Pedro o Pablo'

Al fondo a la izquierda, el libro de Jesús Maraña, director editorial de infoLibre, analiza el terremoto político español de los últimos años, especialmente en el espectro político progresista. Se trata de un relato personal "que no gustará a nadie", según reza en el subtítulo de portada, y que incluye conversaciones mantenidas por el autor con los principales protagonistas políticos.

El adelanto de un extracto del libro de Maraña que publicó este periódico, bajo el título Alguien miente, Pedro o Pablo, se convirtió en uno de los artículos más leídos de 2017. En dicho capítulo, se desvelan datos sobre las negociaciones entre los líderes del PSOE y de Podemos cuando Sánchez buscaba apoyos para formar gobierno en la primavera de 2016.  

  5

Golpe de Carmena a la corrupción periodística

La decisión del Ayuntamiento de Madrid de publicar abiertamente el criterio seguido y la cantidad invertida en cada medio de comunicación supuso, según explicó Miguel Álvarez-Peralta en su columna Democracia pixelada, un "referente", una "referencia obligada" y un "duro golpe a la corrupción periodística". 

"El salto es abismal, y no podemos dejar de celebrar el ejemplo dado por el Ayuntamiento de Madrid. Sin duda, la misma transparencia debe exigirse en todos los municipios de España. Veremos cómo algunos medios de inexplicable éxito comienzan a desinflarse. El efecto bola de nieve supondrá un excelente revulsivo para la opinión pública, que se ajustará más al país real y menos al oficial", argumentaba el autor.

La asociación Contratrama, vehículo jurídico utilizado por la asamblea TCJ15M, presentó este martes un incidente de nulidad contra la decisión de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de archivar la querella criminal interpuesta contra el ex fiscal Anticorrupción Manuel Moix por los delitos de prevaricación, omisión de perseguir hechos delictivos y encubrimiento. Para el colectivo, según se refleja en el escrito al que ha tenido acceso infoLibre, el carpetazo del Alto Tribunal supone un "grave atentado" contra el derecho a la debida tutela judicial efectiva, "al denegar la realización de una investigación efectiva", y "lesiona el principio de igualdad en la aplicación de la ley" pues en el auto de archivo "no justifica el motivo por el que se separa del criterio" adoptado en otros "casos similares" en los que no resolvió en el mismo sentido. En conversación con este diario, fuentes del TCJ15M aseguran que están dispuestos, si hace falta, a llevar el caso ante el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

La querella interpuesta el pasado mes de junio contra Moix, que dejó su puesto al frente de Anticorrupción –actualmente tiene la categoría de fiscal de Sala del TS– después de que infoLibre revelara a finales de mayo que desde 2012 es dueño del 25% de una empresa de Panamá que tiene un chalé en España, se centra en el archivo de dos denuncias y una querella interpuestas contra el expresidente madrileño –en libertad tras pagar la pasada semana 400.000 euros de fianza– en 2007, 2009 y 2010 por vecinos del barrio madrileño de Chamberí que se oponían a la construcción de un campo de golf en los terrenos del Canal de Isabel II, la principal empresa pública de Madrid que estaba presidida por Ignacio González. El carpetazo a los tres intentos vecinales se produjo sin realizar unas simples pesquisas que habrían destapado toda la trama corrupta desarticulada posteriormente en la operación Lezo. Durante esos años, Manuel Moix era el fiscal jefe de Madrid.

En los últimos meses, querellantes y Fiscalía del Supremo han vivido en un constante tira y afloja. Contratrama solicitó al TS que comprobase si Moix hizo una sencilla diligencia de investigación –reclamar los modelos 347 de dos empresas (Tecnoconcret y Only Golf) vinculadas a González– antes de dar carpetazo. El Ministerio Público, por su parte, pidió que se desestimase la querella criminal al considerar que el ex fiscal jefe de Anticorrupción no había incurrido con sus actuaciones en los tres delitos que se le imputaban. En su escrito, la Fiscalía del Supremo sólo atribuía a Moix el archivo del año 2007, desligándole de las decisiones de 2009 –la primera vez que los vecinos solicitaron el modelo 347 que hubiera destapado la trama corrupta– y 2010. Un dato incierto, pues el segundo decreto de archivo también fue obra del actual fiscal del Alto Tribunal.

Finalmente, el Supremo decidió el pasado mes de octubre desestimar la querella. Con un auto de 9 páginas, en el que los magistrados sí que atribuyeron a Moix la decisión del año 2009, la Sala de lo Penal dio carpetazo al asunto al considerar que el ex fiscal Anticorrupción no había incurrido en ninguno de los tres tipos delictivos que se le imputaban. Y lo hacía en los siguientes términos: "En conclusión, y una vez más debemos recordar que no puede tener acogida en el ordenamiento jurídico la pretensión de derivar al circuito de justicia penal cualquier decisión adoptada por el Ministerio Fiscal dentro del ejercicio de su actividad, porque no coincida con las opiniones, ideas o creencias de los que no las compartan, sean personas físicas o jurídicas".

Querella "indebidamente desestimada"

La asamblea TCJ15M considera, en su incidente de nulidad de actuaciones, que la querella "fue indebidamente desestimada" con "grave atentado" al derecho a la debida tutela judicial. Primero, explican en el escrito, consideran que "existió un defecto sustancial en la emisión de la resolución desestimatoria que contiene de facto la denegación de realizar una investigación efectiva, mediante la práctica de las diligencias solicitadas". Y en segundo término, creen que se produjo "un segundo defecto sustancial" cuando el Supremo afirmó que "no se aportó elemento de prueba ni indicio alguno de la comisión de delito" por parte del ex fiscal jefe de Anticorrupción.

Sobre el primer punto, los querellantes critican la denegación por parte del Supremo de la prueba solicitada tanto en la querella como en el escrito que presentaron a mediados de septiembre –oficiar a la Agencia Tributaria para que aportase los modelos 347 de las empresas Tecnoconcret y Only Golf de 2005, 2006, 2007 y 2008 y para que informase si dicha documentación le fue requerida en su momento por el Ministerio Fiscal y en qué fecha–, una diligencia que "requiere el empleo de unos pocos minutos". "Demuestra que el tribunal se niega a realizar una investigación efectiva, permitiendo la impunidad de quien está obligado por razón de su cargo, y sin que medien motivos legales que lo respalden, a perseguir la corrupción", apunta el colectivo.

En este sentido, Contratrama considera que el Supremo ha resuelto "como si estuviese decidiendo el fallo de la sentencia tras la fase de juicio oral, con la prueba y las partes practicadas". Sin embargo, recuerdan, el asunto se encuentra "en fase de instrucción" en la que "se han de obtener las pruebas sobre las que finalmente habrá que basar el fallo del sentido que sea". "En este momento procesal lo fundamental es la investigación; no se busca una resolución condenatoria o inculpatoria, se pretende averiguar si son ciertos los hechos imputados", incide el TCJ15M, añadiendo en esta línea que el tribunal debería "haber diligenciado la prueba propuesta" para poder tomar decisiones "con conocimiento de causa y no, como ha ocurrido, impidiendo el conocimiento de cuestiones fundamentales".

Además, el incidente de nulidad critica con dureza que la Sala de lo Penal del TS no haya justificado "suficientemente" el archivo de la causa, limitando sus argumentos "a razonamientos genéricos y formales" y no entrando "a analizar las cuestiones de fondo planteadas". Así, aseveran que "no se puede afirmar que no se aportaron pruebas de la conducta penalmente reprochable al querellado" cuando todas y cada una de las denuncias y querellas de los vecinos de Chamberí se pusieron sobre la mesa con "pruebas indiciarias" que "con el paso del tiempo y las investigaciones llevadas a cabo en la operación Lezo se han corroborado convirtiéndose en prueba directa". "Las recientes actuaciones judiciales (...), lejos de ser 'meras hipótesis subjetivas o simples plasmaciones de suposiciones' (...), debieron haber motivado la realización de sencillas diligencias", completan.

"Lesiona" el principio de igualdad en la aplicación de la ley

La segunda pata del escrito sostiene que el auto recurrido "lesiona" el principio de igualdad en la aplicación de la ley, recogido en el artículo 14 de la Constitución Española, al considerar que en el auto de archivo el Supremo "no justifica el motivo por el que se separa del criterio" adoptado en otros "casos similares" en los que no resolvió en el mismo sentido. "Se desprende un tratamiento desigual respecto de las conductas reseñadas por las que han sido condenados otros funcionarios públicos, incluidos no solo policías sino también jueces y magistrados", recoge el escrito. En este sentido, fuentes del TCJ15M consultadas por infoLibre se preguntan por qué "Baltasar Garzón o Elpidio Silva pueden haber cometido prevaricación y el fiscal Moix, sin embargo, no". 

"A los supuestos de hecho iguales deben serles aplicables unas consecuencias jurídicas que sean iguales también", apuntan en el escrito. Con todo esto sobre la mesa, el incidente de nulidad de la asociación Contratrama critica con contundencia que en el auto por el que se desestimó la querella criminal no se motive "por qué se separa de la jurisprudencia establecida por la Sala" en otras causas similares. "Un mismo órgano no puede modificar arbitrariamente el sentido de sus decisiones en casos sustancialmente iguales", señalan los querellantes, que añaden que cuando este órgano "considere que debe apartarse de sus precedentes" tiene que ofrecer para ello "una fundamentación suficiente y razonable".

En el escrito, además, piden que el recurso interpuesto contra la decisión del Alto Tribunal lo resuelvan magistrados de la Sala de lo Penal distintos a los que decretaron el archivo de la querella –Manuel Marchena, Francisco Monterde, Andrés Martínez, Luciano Varela y Alberto Jorge Barreiro– en virtud de los principios de independencia e imparcialidad y el derecho a un proceso con todas las garantías. "Entendemos que los referidos magistrados han quedado 'contaminados' al ser los que han dictado el auto cuya revocación ahora se pide, y podrían estar precondicionados por su conocimiento anterior del asunto y por haber dictado la propia resolución que ahora se impugna, lo que hace necesario que conozcan del mismo otros magistrados de esta Sala", aseveran.

Los hechos denunciados

La querella del TCJ15M pone el foco en el archivo de dos denuncias y una querella contra el expresidente de la Comunidad de Madrid. La primera denuncia fue interpuesta en mayo de 2007, después de que la revista Tiempo destapase que González, entonces vicepresidente de un Ejecutivo madrileño encabezado por Esperanza Aguirre, había favorecido directamente a Tecnoconcret, una empresa relacionada con su familia que recibió la adjudicación para explotar el campo de golf del Canal. Tras conocerse la noticia, cerca de 400 vecinos de Chamberí presentaron un escrito en la Fiscalía de Madrid en el que solicitaban la apertura de una investigación para aclarar si González había cometido alguna ilegalidad al no abstenerse en la reunión del consejo de administración de la empresa pública que decidió dicha adjudicación. El fiscal Moix dio carpetazo al asunto con un decreto de archivo de apenas 11 líneas [consultar aquí en PDF] en el que señalaba que "las denuncias" no se sustentaban "en documentación de ningún tipo".

Dos años después, el diario Público desveló que el hermano y cuñado de Ignacio González, Pablo González y José Juan Caballero, respectivamente, habían entrado en el accionariado de Tecnoconcret. Además, reveló que empresas relacionadas con la familia del expresidente madrileño, entre ellas Only Golf Planning and Design, también habían conseguido hacerse con subcontratas del proyecto del campo de golf. Tras conocerse la noticia, se presentó una nueva denuncia ante la Fiscalía de Madrid. En este caso, iba acompañada de toda la documentación oficial del Registro Mercantil y solicitaba al Ministerio Público, entre otras cosas, enviar un oficio a la Agencia Tributaria para obtener la relación del modelo 347 –declaración anual que las empresas deben presentar obligatoriamente ante Hacienda con los datos de las operaciones realizadas con terceros por importe superior a 3.005 euros– presentado por Tecnoconcret y Only Golf en 2005, 2006, 2007 y 2008. De nuevo, la Fiscalía de Madrid archivó sin hacer mención alguna a las diligencias de averiguación solicitadas.

Sin embargo, los vecinos de Chamberí no se quedaron de brazos cruzados y en marzo de 2010 presentaron una querella contra González y la trama del campo de golf. En este caso solicitaron al Tribunal Superior de Justicia de Madrid que realizase una serie de diligencias de investigación, entre ellas la declaración como querellado de González y la testifical de los tres accionistas de Tecnoconcret. Además, volvieron a reclamar que se solicitara la relación del modelo 347 presentado por Tecnoconcret y Only Golf en 2005, 2006, 2007 y 2008 y que se pidiese a la Seguridad Social la relación de trabajadores de la empresa durante esos cuatro años. El TSJ madrileño solicitó al Ministerio Público un informe sobre la procedencia de admitir a trámite o no la querella. Por tercera vez, se pronunció en contra.

El Supremo da carpetazo al caso Moix. La Sala de lo Penal del Alto Tribunal decidió, en un auto fechado el 4 de octubre y que se conoció este lunes 16, archivar la querella criminal interpuesta por la asamblea TCJ15M contra el ex fiscal Anticorrupción Manuel Moix por archivar sin investigar dos denuncias y una querella presentadas en su día contra el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, actualmente en prisión tras la operación Lezo. En un auto de 9 páginas, el Supremo rechaza que el ahora fiscal del Alto Tribunal –un puesto que ocupa desde su salida de Anticorrupción después de que infoLibre revelara que desde 2012 es dueño del 25% de una empresa de Panamá que tiene un chalé en España– incurriese con sus decisiones en alguno de los delitos que le imputaba el TCJ15M: prevaricación, omisión de perseguir delitos y encubrimiento.

El Alto Tribunal da carpetazo al asunto en los siguientes términos: "En conclusión, y una vez más debemos recordar que no puede tener acogida en el ordenamiento jurídico la pretensión de derivar al circuito de justicia penal cualquier decisión adoptada por el Ministerio Fiscal dentro del ejercicio de su actividad, porque no coincida con las opiniones, ideas o creencias de los que no las compartan, sean personas físicas o jurídicas". El auto de archivo, acordado y firmado por los magistrados Manuel Marchena –presidente de la Sala–, Francisco Monterde, Andrés Martínez, Luciano Varela y Alberto Jorge Barreiro. La decisión tomada confirma los peores augurios del TCJ15M. "Sospechamos que terminarán dando carpetazo", señalaban hace días algunos de sus miembros.

Archivo de dos denuncias y una querella

La acción judicial contra Moix se centraba en el archivo de dos denuncias y una querella interpuestas contra el expresidente madrileño en 2007, 2009 y 2010 por vecinos del barrio madrileño de Chamberí que se oponían a la construcción de un campo de golf en los terrenos del Canal de Isabel II, la principal empresa pública de Madrid que estaba presidida por González. La decisión en los tres intentos vecinales se produjo sin realizar una sencilla diligencia de investigación que habría destapado toda la trama corrupta desarticulada posteriormente en la operación Lezo. Durante esos años, Manuel Moix era el fiscal jefe de Madrid.

La primera de las denuncias se presentó en mayo de 2007, un mes después de que la revista Tiempo desvelase que Ignacio González había favorecido directamente a una empresa relacionada con su familia, Tecnoconcret. Tras conocerse la noticia, cerca de 400 vecinos de Chamberí presentaron un escrito en la Fiscalía de Madrid en el que solicitaban la apertura de una investigación para aclarar si el entonces vicepresidente madrileño había cometido alguna ilegalidad al no abstenerse en la reunión del consejo de administración del Canal que decidió la adjudicación en favor de Tecnoconcret. El fiscal Moix cerró asunto con un decreto de archivo de apenas 11 líneas en el que señalaba que "las denuncias" no se sustentaban "en documentación de ningún tipo". [Puedes consultar aquí el decreto de archivo].

Dos años después, el diario Público desveló que el hermano y cuñado de Ignacio González, Pablo González y José Juan Caballero, respectivamente, habían entrado en el accionariado de Tecnoconcret. Además, reveló que empresas relacionadas con la familia del expresidente madrileño, entre ellas Only Golf Planning and Design, también se habían quedado con subcontratas del proyecto del campo de golf. Tras conocer la noticia, se presentó una nueva denuncia ante la Fiscalía de Madrid. En este caso, iba acompañada de toda la documentación oficial del Registro Mercantil y solicitaba al Ministerio Público, entre otras cosas, enviar un oficio a la Agencia Tributaria para obtener la relación del modelo 347 presentado por Tecnoconcret y Only Golf en 2005, 2006, 2007 y 2008, una sencilla diligencia que hubiera destapado la trama. Nuevamente, la Fiscalía madrileña archivó sin hacer ni tan siquiera mención alguna a las diligencias de averiguación solicitadas.

Sin embargo, los vecinos de Chamberí no se rindieron y en marzo de 2010 presentaron una querella contra González y la trama del campo de golf. En este caso solicitaron al Tribunal Superior de Justicia de Madrid que realizase una serie de diligencias de investigación, entre ellas la declaración como querellado de González y la testifical de los tres accionistas de Tecnoconcret. Además, volvieron a reclamar que se solicitara la relación del modelo 347 presentado por Tecnoconcret y Only Golf en 2005, 2006, 2007 y 2008 y que se pidiese a la Seguridad Social la relación de trabajadores de la empresa en esos años. El TSJ solicitó a la Fiscalía un informe sobre la procedencia de admitir a trámite o no la querella. Por tercera vez, el Ministerio Público se pronunció en contra.

El Supremo atribuye a Moix también el archivo de 2009

La decisión del Supremo llega dos meses después de que la Fiscalía del Alto Tribunal pidiera que se desestimara la querella contra Moix "al no revestir los hechos el carácter de delito". En el escrito, remitido a la Sala de los Penal por el teniente fiscal Luis Navajas, el Ministerio Público centraba su argumentación tan sólo en el decreto de archivo firmado por Moix en 2007. "Resulta sorprendente que los querellantes no hayan reparado en que, de los tres archivos que según su relato soportan la querella, sólo uno de ellos –el de 2007– resulta protagonizado por el querellado", sostenía el escrito, que atribuía las otras dos decisiones, la de 2009 –la primera en la que se solicita el modelo 347 que habría destapado el pastel corrupto– y la de 2010, al teniente fiscal de la Fiscalía Superior de Madrid, Carlos Ruiz de Alegría Madariaga.

Sin embargo, los documentos que recopiló este diario el pasado mes de mayo ponían de manifiesto que la decisión de dar carpetazo a la segunda denuncia, la de 2009, fue también tomada por el ex fiscal Anticorrupción. "Por todo lo expuesto, y de conformidad con el informe del Fiscal Instructor, se acuerda el archivo de las presentes diligencias de investigación", recogía el decreto de archivo de 2009, firmado por el propio Moix. Algo que se confirmaba en la propuesta de archivo de 2010, este sí firmado por Carlos Ruiz de Alegría: "Como ya se apuntaba en el decreto del Excmo. Fiscal Jefe emitido en fecha 6/10/2009 no se acreditaron en absoluto la comisión de ninguno de los delitos denunciados en su día...", se indicaba en el punto C) del escrito redactado hace más de siete años por el teniente fiscal de la Fiscalía Superior de Madrid.

Archivo de 2009.

Archivo de 2010.

Un extremo que confirma ahora también el Supremo. En el auto, el Alto Tribunal desmiente al Ministerio Público y basa su análisis de los hechos en los archivos de 2007 y 2009, ambos "decretos adoptados por el aforado". Excluye, por tanto, tan sólo "el dictamen emitido en la causa querella 1/10 de la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que atribuyen al querellado pese a que aparece firmado por el Teniente Fiscal D. Carlos Ruiz de Alegría Madariaga". La asamblea TCJ15M se mostró en su día muy crítica con la línea seguida por la Fiscalía del Supremo desde el primer minuto: "Está actuando como abogado", lamentó José Gamo, integrante del colectivo, en conversación con este diario nada más conocerse el escrito que el fiscal Navajas había remitido a la Sala Segunda del Alto Tribunal.

Ni prevaricación, ni omisión, ni encubrimiento

A pesar de atribuir los archivos de 2007 y 2009 a Moix, los magistrados rechazan que el ex fiscal Anticorrupción incurriese en ninguno de los tres delitos que se le atribuyen en la querella. Comienza analizando el tipo de prevaricación apoyándose en la jurisprudencia del Supremo. Así, la Sala de lo Penal señala que "la acción consiste en dictar una resolución arbitraria en un asunto administrativo", un delito que, añade, "garantiza en el ámbito de la Administración Pública la vigencia del principio de legalidad como fundamento básico del Estado Social y Democrático de Derecho garantizando la independencia en el quehacer administrativo". "Lo que contribuye a la confianza de los ciudadanos en sus instituciones lo que, en definitiva, constituye un fortalecimiento del Estado de Derecho", completa.

Con estos apuntes sobre la mesa, el Supremo se ciñe al caso Moix. En este sentido, sostienen que la denuncia presentada por los vecinos del barrio madrileño "era puramente formal y sin estar sustentada en documentación adicional" y recuerdan que el Ministerio Público, según consta en la circular 4/2013 de la Fiscalía General del Estado, puede archivar "tanto cuando el hecho no revista caracteres de delito, como cuando se compruebe la inexistencia del hecho o la falta de elementos suficientes para mantener su perpetración". Por todo ello en conjunto, añade el Alto Tribunal, "avala la total ausencia de 'arbitrariedad" en las decisiones adoptadas por Moix. "La actuación llevada a cabo es absolutamente legal en el fondo y en la forma", concluye.

La misma "falta de fundamento", sostiene el auto de archivo, puede aplicarse a los otros dos tipos delictivos. Sobre el encubrimiento, el Supremo apunta que "no puede hablarse de 'conocimiento de un delito' sobre el que no se aportó elemento de prueba, ni indicio alguno de su comisión, ni después el querellado ocultó, alteró o inutilizó el cuerpo o los efectos o instrumentos de un delito para impedir su descubrimiento". Rechazan, del mismo modo, la omisión de perseguir delitos: "El Ministerio Fiscal tiene un discurso propio desde el respeto a la legalidad que inspira su actuación, legalidad que no aparece vulnerada por el exclusivo hecho de haber acordado el archivo de las denuncias ante él presentadas, por no ser los hechos constitutivos de delito", argumentan.

Sencilla diligencia de investigación

En la querella, presentada a finales de junio, Contratrama solicitaba que se citara a declarar a Moix "en calidad de investigado"; que se requiriera a la Fiscalía de Madrid para que remitiese al Supremo las diligencias de investigación 2/2009; y que se enviaran oficios a la Agencia Tributaria y a la Tesorería General de la Seguridad Social reclamando información de dos de las empresas vinculadas a la trama del campo de golf. Sobre este último punto volvieron a insistir a finales de septiembre. En un escrito remitido a la Sala de lo Penal, el TCJ15M volvía a pedir al Supremo que oficiara a la Agencia Tributaria para que aportara los modelos 347 de Tecnoconcret y Only Golf de 2005, 2006, 2007 y 2008 y para que informara si dicha documentación le fue requerida en su momento por el Ministerio Fiscal y en qué fecha.

"Es muy simple, porque cuando un magistrado, un fiscal o un juez consulta algo en el registro de Hacienda, queda rastro de ello", señalaron entonces a infoLibre desde el TCJ15M, afirmando a renglón seguido que sería "intolerable" que se archivara la causa "sin que nunca se lleguen a diligenciar" ambas peticiones. Dos semanas después de aquellas declaraciones, el Supremo acordó dar carpetazo definitivo a la querella. En el escrito de archivo, sin embargo, no se hace una sola mención a las peticiones solicitadas por los querellantes. Ni relación del modelo 347 ni información sobre si el ex fiscal Anticorrupción solicitó esos datos antes de tomar sus decisiones.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha archivado las actuaciones que inició a raíz de la querella que la asociación Contratrama presentó contra el exjefe Anticorrupción Manuel Moix por ignorar en 2007 una denuncia sobre el campo de golf en terrenos del Canal de Isabel II cuya gestión se concedió a familiares del expresidente autonómico Ignacio González, hoy en prisión por el caso Lezo.

En un auto dado a conocer este lunes, el Supremo señala que dichos decretos de archivo no pueden ser calificados como prevaricadores porque no son resoluciones manifiestamente injustas ni arbitrarias, ya que el querellado se limitó a seguir la normativa legal y la jurisprudencia . Así, recuerda que la denuncia presentada por los vecinos, que resultó archivada por Moix, "era puramente formal y sin estar sustentada en documentación adicional".

Para la Sala, la actuación llevada a cabo por el Fiscal fue "absolutamente legal en el fondo y en la forma, y por ello la circunstancia de que ambos decretos no sean acordes o no acojan las denuncias de los vecinos no puede traer consigo la criminalización de tales resoluciones".

Los magistrados, en una resolución de la que ha sido ponente el magistrado Francisco Monterde, recuerdan que "no puede tener acogida en el ordenamiento jurídico la pretensión de derivar al circuito de justicia penal cualquier decisión adoptada por el Ministerio Fiscal dentro del ejercicio de su actividad, porque no coincida con las opiniones, ideas o creencias de los que no las compartan, sean personas físicas o jurídicas".

El auto descarta también que tenga fundamento la acusación de encubrimiento, que castiga a quien oculta un delito tras tener conocimiento de su comisión, ya que en este caso no se aportó elemento de prueba o indicio alguno de la propia comisión del delito, por lo que no puede hablarse de conocimiento del delito.

Y, por último, rechaza que Moix cometiera omisión del deber de perseguir delitos. "El Ministerio Fiscal tiene un discurso propio desde el respeto a la legalidad que inspira su actuación, legalidad que no aparece vulnerada por el exclusivo hecho de haber acordado el archivo de las denuncias ante él presentadas, por no ser los hechos constitutivos de delito, sin perjuicio del derecho que asiste a los denunciantes de reproducir sus denuncias ante la Autoridad Judicial", indica el Supremo.

El alto Tribunal actúa en consonancia con la petición del Ministerio Público, quien en su informe rechazó a existencia de los delitos de prevaricación, omisión de perseguir delitos y encubrimiento en la conducta de Moix, quien se encuentra actualmente destinado en la Fiscalía de este órgano con categoría de Fiscal de Sala. Por ello, pide a la Sala de lo Penal que proceda "al archivo de las actuaciones al no revestir los hechos el carácter de delito".

Los hechos denunciados se remontan a 2002, cuando el Ayuntamiento de Madrid y el Canal de Isabel II suscribieron un acuerdo para que en un terreno del barrio madrileño de Chamberí se construyera el denominado "tercer depósito", un parque público de acceso libre que incluía 80.000 metros cuadrados de nuevas zonas verdes. Tras las elecciones de 2003, cuando González ascendió a la vicepresidencia de la Comunidad, el proyecto se varió y parte de dicho parque se sustituyó por un campo de golf.

Para ello, González tuvo que anular la declaración de interés general del proyecto inicial. Además, se subcontrataron parte de las obras y parte de ellas recayeron en Tecnoconcret Proyectos e Ingenieria S.L., controlada por el hermano y el cuñado del propio González; a lo que se suma que la explotación de las instalaciones deportivas se adjudicó a un consorcio en el que participaba también la citada compañía.

En relación con estos hechos se interpusieron dos denuncias en 2007 y en 2009 ante la Fiscalía de Madrid y una querella en 2010 instadas por 400 vecinos de Chamberí que terminaron constituyéndose en una asociación. En los dos primeros casos Moix decretó el archivo de las denuncias mediante sendos escritos firmados por él mismo, mientras que sobre la querella la Fiscalía evacuó informe oponiéndose a su admisión a trámite. Según la asociación denunciante, el pronto archivo de estas iniciativas evitó la realización de diligencias elementales que habrían servido ya en 2007 para descubrir una de las operaciones de corrupción que se investigan desde el pasado mes de abril en la Audiencia Nacional dentro del denominado caso Lezo.

La asamblea TCJ15M, asociación que el pasado mes de junio se querelló contra el ex fiscal Anticorrupción Manuel Moix por archivar sin investigar dos denuncias y una querella presentadas en su día contra el expresidente madrileño Ignacio González, pide de nuevo al Tribunal Supremo que practique las diligencias solicitadas hace casi tres meses en la querella interpuesta. En concreto, la asociación Contratrama, el vehículo jurídico utilizado por el TCJ15M, pide al Alto Tribunal que oficie a la Agencia Tributaria para que aporte los modelos 347 de las empresas Tecnoconcret y Only Golf de 2005, 2006, 2007 y 2008 y para que informe si dicha documentación le fue requerida en su momento por el Ministerio Fiscal y en qué fecha, según consta en el escrito remitido el pasado martes al Supremo y al que ha tenido acceso infoLibre. Una práctica que, recuerdan, "sólo requiere el empleo de unos pocos minutos".

La acción judicial planteada contra Moix, que dejó su puesto al frente de Anticorrupción después de que este diario revelara a finales de mayo que desde 2012 es dueño del 25% de una empresa de Panamá que tiene un chalé en España, se centra en el archivo de dos denuncias y una querella interpuestas contra el expresidente madrileño –ahora en prisión– en 2007, 2009 y 2010 por vecinos del barrio madrileño de Chamberí que se oponían a la construcción de un campo de golf en los terrenos del Canal de Isabel II, la principal empresa pública de Madrid que estaba presidida por Ignacio González. El carpetazo a los tres intentos vecinales se produjo sin realizar una sencilla diligencia de investigación que habría destapado toda la trama corrupta desarticulada posteriormente en la operación Lezo. Durante esos años, Manuel Moix era el fiscal jefe de Madrid.

La primera denuncia fue interpuesta en mayo de 2007, después de que la revista Tiempo destapase que González, entonces vicepresidente de un Ejecutivo madrileño encabezado por Esperanza Aguirre, había favorecido directamente a Tecnoconcret, una empresa relacionada con su familia que recibió la adjudicación para explotar el campo de golf del Canal. Tras conocerse la noticia, cerca de 400 vecinos de Chamberí presentaron un escrito en la Fiscalía de Madrid en el que solicitaban la apertura de una investigación para aclarar si González había cometido alguna ilegalidad al no abstenerse en la reunión del consejo de administración de la empresa pública que decidió dicha adjudicación. El fiscal Moix dio carpetazo al asunto con un decreto de archivo de apenas 11 líneas [consultar aquí en PDF] en el que señalaba que "las denuncias" no se sustentaban "en documentación de ningún tipo".

Dos años después, el diario Público desveló que el hermano y cuñado de Ignacio González, Pablo González y José Juan Caballero, respectivamente, habían entrado en el accionariado de Tecnoconcret. Además, reveló que empresas relacionadas con la familia del expresidente madrileño, entre ellas Only Golf Planning and Design, también habían conseguido hacerse con subcontratas del proyecto del campo de golf. Tras conocerse la noticia, se presentó una nueva denuncia ante la Fiscalía de Madrid. En este caso, iba acompañada de toda la documentación oficial del Registro Mercantil y solicitaba al Ministerio Público, entre otras cosas, enviar un oficio a la Agencia Tributaria para obtener la relación del modelo 347 –declaración anual que las empresas deben presentar obligatoriamente ante Hacienda con los datos de las operaciones realizadas con terceros por importe superior a 3.005 euros– presentado por Tecnoconcret y Only Golf en 2005, 2006, 2007 y 2008. De nuevo, la Fiscalía de Madrid archivó sin hacer mención alguna a las diligencias de averiguación solicitadas.

Sin embargo, los vecinos de Chamberí no se quedaron de brazos cruzados y en marzo de 2010 presentaron una querella contra González y la trama del campo de golf. En este caso solicitaron al Tribunal Superior de Justicia de Madrid que realizase una serie de diligencias de investigación, entre ellas la declaración como querellado de González y la testifical de los tres accionistas de Tecnoconcret. Además, volvieron a reclamar que se solicitara la relación del modelo 347 presentado por Tecnoconcret y Only Golf en 2005, 2006, 2007 y 2008 y que se pidiese a la Seguridad Social la relación de trabajadores de la empresa durante esos cuatro años. El TSJ madrileño solicitó al Ministerio Público un informe sobre la procedencia de admitir a trámite o no la querella. Por tercera vez, se pronunció en contra.

¿Omisión o prevaricación?

En conversación con infoLibre, José Gamo, miembro del TCJ15M, explica que el objetivo de la querella es conocer de una vez por todas si Moix solicitó a la Agencia Tributaria, tal y como se pidió expresamente en la denuncia de 2009 y en la querella de 2010, el modelo 347 de las dos empresas. "Es muy simple, porque cuando un magistrado, un fiscal o un juez consulta algo en el registro de Hacienda, queda rastro de ello", señala. Conocer eso, continúa Gamo, no es algo baladí: "En cualquiera de los dos casos, Moix cometió un delito. Si no lo hizo, entonces estaríamos hablando de omisión. Pero si solicitó esa información y, después de apreciar que había pruebas de que se estaba produciendo corrupción, decidió parar la investigación, entonces estaríamos hablando además de prevaricación. Pero para demostrarlo necesitamos pruebas".

Desde el Tribunal Ciudadano de Justicia 15M consideran que sería "intolerable" que se archive la causa "sin que nunca se lleguen a diligenciar" ambas peticiones. En este sentido, Gamo apunta que para la asamblea la querella tiene un "calado político importante" y que los dos documentos que piden resumen a la perfección "la ruptura de la separación de poderes". Lo interesante de la acción, dice, es "que se retraten". "Buscamos demostrar que en este país tú puedes estar diez años protegido por un fiscal y que ese fiscal no tenga ni que ser investigado. Queremos visibilizar que no existe la posibilidad de investigar aunque tú les estés diciendo el documento exacto en el que tienen que buscar", asevera el miembro del TCJ15M, que añade que ese funcionamiento es propio de "Estados fallidos". "Esta acción no tiene que ver con Moix, tiene que ver con la democracia", concluye al otro lado del hilo telefónico.

La Fiscalía del Supremo pide el archivo

El escrito de la asamblea TCJ15M llega al Alto Tribunal una semana después de infoLibre revelara que la Fiscalía del Supremo había solicitado, basándose en un dato incierto, el archivo de la querella criminal al "no revestir los hechos el carácter de delito". El escrito del Ministerio Público, fechado a 26 de julio y firmado por el teniente fiscal del TS, Luis Navajas, se centraba sólo en el archivo que Moix decretó en 2007. "Resulta sorprendente que los querellantes no hayan reparado en que, de los tres archivos que según su relato soportan la querella, sólo uno de ellos, el archivo de la denuncia presentada el 8 de mayo por un grupo de vecinos del barrio madrileño de Chamberí contra el entonces Vicepresidente Primero de la Comunidad de Madrid, Ignacio González González, resulta protagonizado por el querellado", señalaba la Fiscalía, que atribuía las otras dos decisiones, la de 2009 y 2010, al "Teniente Fiscal de la Fiscalía Superior de Madrid, D. Carlos Ruiz de Alegría Madariaga".

Pero lo cierto es que el carpetazo a la denuncia de 2009, la primera en la que se aportaba información sólida y se reclamaba que se solicitara la relación del modelo 347 que habría puesto al descubierto la trama corrupta, fue una decisión tomada también por Moix, que actualmente ejerce como fiscal de Sala del Tribunal Supremo. "Por todo lo expuesto, y de conformidad con el informe del Fiscal Instructor, se acuerda el archivo de las presentes diligencias de investigación", recoge el decreto de archivo de 2009, firmado por el propio Moix. Un extremo que se confirma en la propuesta de archivo de 2010, este sí rubricado por Carlos Ruiz de Alegría: "Como ya se apuntaba en el decreto del Excmo. Fiscal Jefe emitido en fecha 6/10/2009 no se acreditaron en absoluto la comisión de ninguno de los delitos denunciados en su día...", se indica en el punto C) del escrito redactado hace más de siete años por el teniente fiscal de la Fiscalía Superior de Madrid.

Para el Ministerio Público, Moix no incurrió con sus actuaciones en ninguno de los tres delitos que se le atribuían en la querella: prevaricación, encubrimiento y omisión de perseguir hechos delictivos. Aunque recalca que "eso no se sabrá hasta el último momento", Gamo teme que el Alto Tribunal termine atendiendo la petición de una Fiscalía que, asevera, "está actuando como abogado". "Ese archivo lo va a firmar Manuel Marchena –presidente de la Sala de lo Penal del Supremo–, que lleva 25 años trabajando con Moix, con José Manuel Maza –fiscal general del Estado– y con el ministro de Justicia, Rafael Catalá", exclama el miembro del TCJ15M. "Un grupo de juristas apoyados por un partido político han copado la judicatura, tanto en el nivel magistratura como en el de fiscalía. Se ha cerrado la posibilidad de perseguir la corrupción", sentencia.

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha solicitado el archivo de la querella criminal interpuesta por la asamblea TCJ15M contra el ex fiscal jefe Anticorrupción Manuel Moix. Así, en un escrito fechado a finales de julio y al que ha tenido acceso infoLibre, el Ministerio Público rechaza que el fiscal incurriese en los delitos de prevaricación, encubrimiento y omisión de perseguir hechos delictivos por archivar sin investigar dos denuncias y una querella presentadas en su día contra Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid ahora encarcelado. Moix, que dejó su cargo al frente de Anticorrupción después de que infoLibre desvelara que era dueño de una sociedad en Panamá, es en la actualidad fiscal de Sala del Tribunal Supremo, precisamente el órgano judicial que deberá decidir si admite o no a trámite la querella contra él.

La querella planteada contra Moix se centra en el archivo de dos denuncias y una querella interpuestas contra el expresidente madrileño en 2007, 2009 y 2010 por vecinos del barrio madrileño de Chamberí que se oponían a la construcción de un campo de golf en los terrenos del Canal de Isabel II, la principal empresa pública de Madrid que estaba presidida por González. El carpetazo a los tres intentos vecinales se produjo sin realizar una sencilla diligencia de investigación que habría destapado toda la trama corrupta desarticulada posteriormente en la operación Lezo. Durante esos años, Manuel Moix era el fiscal jefe de Madrid.

La primera de las denuncias se presentó en mayo de 2007, un mes después de que la revista Tiempo desvelase que Ignacio González había favorecido directamente a una empresa relacionada con su familia, Tecnoconcret. Tras conocerse la noticia, cerca de 400 vecinos de Chamberí presentaron un escrito en la Fiscalía de Madrid en el que solicitaban la apertura de una investigación para aclarar si el entonces vicepresidente madrileño había cometido alguna ilegalidad al no abstenerse en la reunión del consejo de administración del Canal que decidió la adjudicación en favor de Tecnoconcret. El fiscal Moix dio carpetazo al asunto con un decreto de archivo de apenas 11 líneas en el que señalaba que "las denuncias" no se sustentaban "en documentación de ningún tipo". [Puedes consultar aquí el decreto de archivo].

Dos años después, el diario Público desveló que el hermano y cuñado de Ignacio González, Pablo González y José Juan Caballero, respectivamente, habían entrado en el accionariado de Tecnoconcret. Además, reveló que empresas relacionadas con la familia del expresidente madrileño, entre ellas Only Golf Planning and Design, también se habían quedado con subcontratas del proyecto del campo de golf. Tras conocer la noticia, se presentó una nueva denuncia ante la Fiscalía de Madrid. En este caso, iba acompañada de toda la documentación oficial del Registro Mercantil y solicitaba al Ministerio Público, entre otras cosas, enviar un oficio a la Agencia Tributaria para obtener la relación del modelo 347 presentado por Tecnoconcret y Only Golf en 2005, 2006, 2007 y 2008, una sencilla diligencia que hubiera destapado la trama. Nuevamente, la Fiscalía de Madrid archivó sin hacer ni tan siquiera mención alguna a las diligencias de averiguación solicitadas.

Sin embargo, los vecinos de Chamberí no se rindieron y en marzo de 2010 presentaron una querella contra González y la trama del campo de golf. En este caso solicitaron al Tribunal Superior de Justicia de Madrid que realizase una serie de diligencias de investigación, entre ellas la declaración como querellado de González y la testifical de los tres accionistas de Tecnoconcret. Además, volvieron a reclamar que se solicitara la relación del modelo 347 presentado por Tecnoconcret y Only Golf en 2005, 2006, 2007 y 2008 y que se pidiese a la Seguridad Social la relación de trabajadores de la empresa en esos años. El TSJ solicitó a la Fiscalía un informe sobre la procedencia de admitir a trámite o no la querella. Por tercera vez, la Fiscalía se pronunció en contra.

Defensa centrada sólo en el archivo de 2007

La Fiscalía del Supremo centra su argumentación sólo en el decreto de archivo firmado por Manuel Moix en 2007. "Resulta sorprendente que los querellantes no hayan reparado en que, de los tres archivos que según su relato soportan la querella, sólo uno de ellos, el archivo de la denuncia presentada el 8 de mayo por un grupo de vecinos del barrio madrileño de Chamberí contra el entonces Vicepresidente Primero de la Comunidad de Madrid, Ignacio González González, resulta protagonizado por el querellado", sostiene el escrito. Las otras dos decisiones, la de 2009 y la de 2010, añade el Ministerio Público, "fueron adoptadas por el Teniente Fiscal de la Fiscalía Superior de Madrid, D. Carlos Ruiz de Alegría Madariaga".

Pero lo cierto es que el carpetazo a la denuncia de 2009, la primera en la que se reclamaba que se solicitara la relación del modelo 347 que habría puesto al descubierto la trama, fue una decisión tomada también por el fiscal Moix. "Por todo lo expuesto, y de conformidad con el informe del Fiscal Instructor, se acuerda el archivo de las presentes diligencias de investigación", recoge el decreto de archivo de 2009, firmado por el propio Moix. Un extremo que se confirma en la propuesta de archivo de 2010, este sí firmado por Carlos Ruiz de Alegría: "Como ya se apuntaba en el decreto del Excmo. Fiscal Jefe emitido en fecha 6/10/2009...", se indica en el texto. 

Decreto de archivo de la denuncia interpuesta en 2009.

Decreto de archivo de la querella interpuesta en 2010.

Para José Gamo, integrante del TCJ15M, es en este punto donde el escrito de la Fiscalía del Alto Tribunal "es realmente obsceno". "Se está intentando deslizar una idea absurda: que las decisiones eran colegiadas y, por lo tanto, autónomas", critica en conversación con este diario. Gamo, sin embargo, recuerda que "las decisiones de la Fiscalía son jerárquicas" y critica que se esté tratando de "confundir a todo el mundo dando a entender que Moix ni pinchaba ni cortaba". "Él era el fiscal con mayor rango en la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, lo que hicieran esos fiscales era responsabilidad suya", sentencia el miembro de la asamblea TCJ15M.

Prevaricación: "sencillamente, inaplicable"

Sobre la prevaricación de funcionario público, la Fiscalía del Supremo comienza recordando que el tipo penal sanciona "a la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo". En este sentido, el Ministerio Público apunta que "es, sencillamente, inaplicable al relato histórico que se atribuye al querellado". En primer lugar porque no concurre "el requisito subjetivo 'a sabiendas", que "sólo se produce" cuando la autoridad o el funcionario, teniendo "plena conciencia de que resuelve al margen de la ley y de que ocasiona un resultado materialmente injusto", actúa "de tal modo porque quiere este resultado y antepone el contenido de su voluntad a cualquier otro razonamiento o consideración".

En opinión de la Fiscalía "nada de esto ocurre" porque el querellado "se limita a recibir la denuncia, (...) a analizar su contenido, y tras valorar la completa ausencia de un soporte probatorio, siquiera sea indiciario, acordar su archivo de acuerdo con la normativa contenida en las leyes de enjuiciamiento y en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal". Además, añade, "no se atisba tampoco" la concurrencia de ninguno de los "requisitos objetivos" que la figura penal precisa: "ni las decisiones adoptadas lo fueron en 'asuntos administrativos', (...) ni tampoco se acredita indicio alguno de 'arbitrariedad', como exige el tipo de la prevaricación".

Con todo esto sobre la mesa, el Ministerio Público sostiene que el decreto de archivo de junio de 2007 estuvo "adecuadamente motivado a la realidad de la misma, ya que la denuncia era puramente formal y sin estar sustentada por ningún tipo de documentación adicional". En definitiva, completa la Fiscalía, en la decisión adoptada por el querellado hubo una "total ausencia de arbitrariedad al haberse constreñido al adoptar su decisión a la normativa legal y a los dictados de la jurisprudencia".

Pero Gamo recuerda que se solicitó en varias ocasiones que la Fiscalía de Madrid hiciera una diligencia "muy sencilla, en la que apenas se tardan 8 minutos". "¿Cómo íbamos a tener pruebas sólidas si el Ministerio Público no solicitaba la relación del modelo 347? ¿Cómo se sostiene que una Fiscalía diga que no hay pruebas sólidas cuando conseguirlas es justamente su trabajo? Es como si un médico dijera que no te puede curar porque no le traes las medicinas", dice Gamo, que recuerda de nuevo que en este caso "no se le estaba solicitando una investigación en abstracto, sino que se les estaba pidiendo una cosa muy concreta".

Encubrimiento y omisión del deber

En el caso del encubrimiento, la Fiscalía del Supremo afirma que "no puede hablarse de 'conocimiento de un delito' sobre el que no se aportó elemento de prueba, si quiera indiciario, de su comisión". "Ni a partir de ahí el querellado ocultó, alteró o inutilizó el cuerpo o los efectos o instrumentos de un delito", sostiene. Todo ello refiriéndose "exclusivamente" a la decisión de archivo de 4 de junio de 2007.

La Fiscalía considera que tampoco es posible afirmar que Moix incurriese en un delito de omisión del deber de perseguir delitos, un tipo penal que "se reserva a supuestos en los que la dejación de funciones por el imputado es patente, manifiesta y total". "La figura que estamos analizando es una modalidad omisiva de prevaricación que no se rellena, en cuanto a sus exigencias típicas, con la mera pasividad de un funcionario o de una autoridad en el ejercicio de sus funciones frente a un comportamiento tenido por una parte como antijurídica o contraria a la legalidad", añaden en el escrito.

En opinión de Gamo, la Fiscalía del Tribunal Supremo "está haciendo un acto de corporativismo absolutamente intolerable en democracia" al "negar la mayor". El miembro de la asamblea TCJ15M critica que el Ministerio Público "esté apoyando" que se archive una causa "sin entrar al fondo", sin investigar qué fue lo que sucedió. "Están aplicando una jurisprudencia según la cual la inacción de un fiscal no implica necesariamente que se haya producido prevaricación", lamenta en conversación con este diario. Y añade de forma tajante: "Y tenemos la sospecha de que el Supremo va a terminar atendiendo esa solicitud".

La Fiscalía General del Estado descarta abrir un procedimiento disciplinario al ex fiscal jefe Anticorrupción Manuel Moix al no encontrar incompatibilidades de su cargo con ser dueño de un 25% de una sociedad en Panamá.

Después de que infoLibre desvelase los intereses de Moix en Panamá, la Fiscalía General del Estado recibió una denuncia del Partido Contrapoder, representado por el abogado José Luis Mazón, en el que se pedía abrir un expediente gubernativo contra Moix.

El artículo 57.7 del Estatuto de la Carrera Fiscal señala como incompatible con cargos fiscales "el ejercicio de toda actividad mercantil". Asimismo, el artículo 57.8 de esta misma ley establece que los fiscales no pueden desarrollar las "funciones de director, gerente, administrador, consejero, socio colectivo o cualquier otra que implique intervención directa, administrativa o económica en sociedades o empresas mercantiles, públicas o privadas de cualquier género".

Ante esto, el fiscal jefe Inspector de la Fiscalía General del Estado, Fausto Cartagena Pastor, emitió un decreto el pasado 26 de julio, en el que directamente archiva este expediente gubernativo al no encontrar motivo disciplinario alguno en los hechos denunciados, según adelantó Europa Press y confirmó después oficialmente la Fiscalía.

"No se advierte en los hechos denunciados atisbo alguno que permita incardinarlos en el tipo infractor disciplinario que pretende la denuncia, ni en ningún otro, sin que tampoco resulte procedente practicar diligencia alguna", dice el fiscal inspector.

Añade que ser el titular del 25% de una sociedad cuyo único bien es un inmueble —un chalé en Collado Villalba (Madrid), heredado de su padre—, "sin participar en ese ente no comporta la comisión de infracción disciplinaria alguna".

Maza defendió a Moix

La decisión del jefe del departamento de Inspección del Ministerio Público coincide con la opinión del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, quien ha destacado en numerosas ocasiones que esta sociedad en Panamá no tiene atisbo de "ilegalidad", ni de "incompatibilidad" con el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, al tratarse de una herencia. "No obliga a comunicar su herencia a los superiores", precisó Maza en la rueda de prensa en la que anunció la dimisión de Moix.

Por otro lado, el fiscal Cartagena defiende que la Inspección Fiscal no está obligada a iniciar una investigación de naturaleza disciplinaria "ante cualquier queja o denuncia" para "evitar actuaciones gratuitas o innecesarias" o que "puedan comprometer públicamente su buen nombre personal y profesional sin existir para ello debida justificación".

Contra esta decisión de la Fiscalía General del Estado cabe interponer recurso de reposición en el plazo de un mes ante la misma Inspección Fiscal o, alternativamente, un recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

La Fiscalía del Supremo tampoco investigó

La Fiscalía del Tribunal Supremo también rechazó el 26 de junio de 2017 investigar a Moix por los mismos hechos, al considerar que ser dueño de un 25% de una sociedad en el paraíso fiscal de Panamá no responde a ninguna "conducta corrupta".

Manuel Moix dimitió después de que infoLibre desvelase que desde 2012 es dueño junto a sus hermanos del 25% de la empresa Duchesse Financial Overseas, constituida en 1988 en Panamá y propietaria de una propiedad inmobiliaria en Collado Villalba. Estuvo al frente de la Fiscalía Anticorrupción tan sólo 87 días.

Su gestión ha estado entredicho por las diversas polémicas nacidas por sus discrepancias con otros fiscales, como los del caso Lezo, o la sustitución de los adscritos al conocido caso 3% de CDC. Esta última decisión fue revertida por su sustituto, Alejandro Luzón, poco después de llegar al cargo.

Querella pendiente en el Supremo

La que sigue pendiente de una decisión de Tribunal Supremo es la querella presentada contra Moix por el archivo de dos denuncias contra el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González. 

En una providencia fechada el pasado 14 de julio, la Sala Segunda del Tribunal Supremo pidió a la Fiscalía que se pronuncie "sobre la competencia y contenido de la querella formulada". El Alto Tribunal tiene que decidir si admite a trámite la querella.

La querella fue presentada por el Tribunal Ciudadano de Justicia-15M (TCJ-15M), a través de la asociación Contratrama, y en ella se acusa a Manuel Moix de archivar sin investigar dos denuncias presentadas en 2007 y 2009 contra Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid ahora encarcelado. En aquel momento Moix era el fiscal jefe de Madrid y él mismo firmó los dos decretos de archivo de las denuncias. Los querellantes sostienen que si el entonces fiscal jefe de Madrid hubiese practicado unas mínimas diligencias de investigación se habría desmontado hace diez años la presunta trama corrupta liderada por González. Contratrama, que aportó abundante documentación al Supremo para probar sus acusaciones, considera que esa actuación de Moix podría ser constitutiva de prevaricación, encubrimiento y omisión de perseguir delitos.

El tribunal que decidirá sobre Moix está presidido por Manuel Marchena, que también es presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y a quien en ámbitos jurídicos se considera el ideólogo de algunas políticas judiciales del PP. Completan la Sala los magistrados Francisco Monterde, que actúa como ponente, y Alberto Jorge Barreiro.

En este caso se produce una circunstancia ciertamente infrecuente: la Fiscalía deberá pronunciarse sobre la actuación presuntamente delictiva de uno de sus miembros, ya que Moix es ahora fiscal de Sala del propio Supremo.

"Manuel Moix decretó el archivo de las denuncias sin realizar diligencias de investigación esenciales, a pesar de que su práctica había sido solicitada expresamente por los denunciantes. La realización de esas diligencias elementales habría servido ya en 2007 para descubrir una de las operaciones de corrupción descritas con detalle en el auto del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional que decretó el ingreso en prisión de Ignacio González”, se indica en la querella, que firma la abogada Liliana Pineda.

Estos hechos fueron desvelados por infoLibre el pasado mes de mayo, en una información titulada “Nuevos documentos desvelan que el fiscal Moix evitó en tres ocasiones que se investigase el caso González”.

La querella fue presentada por el Tribunal Ciudadano de Justicia-15M (TCJ-15M), a través de la asociación Contratrama, y en ella se acusa a Manuel Moix de archivar sin investigar dos denuncias presentadas en 2007 y 2009 contra Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid ahora encarcelado. En aquel momento Moix era el fiscal jefe de Madrid y él mismo firmó los dos decretos de archivo de las denuncias. Los querellantes sostienen que si el entonces fiscal jefe de Madrid hubiese practicado unas mínimas diligencias de investigación se habría desmontado hace diez años la presunta trama corrupta liderada por González. Contratrama, que aportó abundante documentación al Supremo para probar sus acusaciones, considera que esa actuación de Moix podría ser constitutiva de prevaricación, encubrimiento y omisión de perseguir delitos.

En su providencia, la Sala "tiene por consignada en plazo la fianza que por importe de 3.000 euros le fue impuesta para el ejercicio de la acción popular" a Contratrama. El Supremo, en un auto notificado el 10 de julio, impuso esos 3.000 euros de fianza y dio a los querellantes un plazo de 72 horas para que depositasen el dinero. Contratrama pidió la colaboración ciudadana para reunir dicha cuantía y en menos de 36 horas recaudó más de 12.000 euros para la fianza.

Al cumplir Contratrama con el requisito de la fianza, el Tribunal Supremo tendrá que pronunciarse ahora sobre el fondo del asunto. El tribunal está presidido por Manuel Marchena, que también es presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y a quien en ámbitos jurídicos se considera el ideólogo de algunas políticas judiciales del PP. Completan la Sala los magistrados Francisco Monterde, que actúa como ponente, y Alberto Jorge Barreiro.

La Sala deberá decidir si admite a trámite la querella y, como es preceptivo, pide a la Fiscalía del Supremo que informe. En este caso se produce una circunstancia ciertamente infrecuente: la Fiscalía deberá pronunciarse sobre la actuación presuntamente delictiva de uno de sus miembros, ya que Moix es fiscal de Sala del propio Supremo. El informe lo realizará uno de los fiscales adscritos a la Sala de lo Penal, aunque es posible que antes de redactarlo los fiscales del Alto Tribunal debatan el asunto en una reunión, indicaron a este periódico fuentes de la Fiscalía.

Los fiscales de Sala del Supremo están aforados ante ese mismo tribunal, así que hay pocas dudas sobre la competencia. De hecho, en el auto notificado el 10 de julio, la Sala ya afirmaba que le correspondía la competencia de acuerdo con el artículo 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). 

La querella

"Manuel Moix decretó el archivo de las denuncias sin realizar diligencias de investigación esenciales, a pesar de que su práctica había sido solicitada expresamente por los denunciantes. La realización de esas diligencias elementales habría servido ya en 2007 para descubrir una de las operaciones de corrupción descritas con detalle en el auto del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional que decretó el ingreso en prisión de Ignacio González”, se indica en la querella, que firma la abogada Liliana Pineda.

Estos hechos fueron desvelados por infoLibre el pasado mes de mayo, en una información titulada “Nuevos documentos desvelan que el fiscal Moix evitó en tres ocasiones que se investigase el caso González”

Las dos denuncias y una querella contra Ignacio González fueron presentadas en 2007, 2009 y 2010 por vecinos del barrio de Chamberí que se oponían a la construcción de un campo de golf en los terrenos del Canal de Isabel II, la principal empresa pública de Madrid que estaba presidida por González. En aquel momento, Manuel Moix era el jefe de la Fiscalía de Madrid. Según afirman ahora los querellantes, Moix “no sólo archivó sin investigar las denuncias presentadas contra González, sino que fundamentó sus decretos de archivo en datos inciertos y sostuvo que no existía la más leve sospecha de irregularidades en una operación que la Audiencia Nacional califica ahora como delictiva”. Es una referencia al caso Lezo, en el que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha descubierto que González y su familia se lucraron directamente con la construcción y la explotación del campo de golf del Canal.

“El encubrimiento por parte de Manuel Moix de las operaciones presuntamente corruptas del entonces vicepresidente de la Comunidad de Madrid y de sus familiares permitió que la ‘organización criminal’ –así definida en el auto de la Audiencia Nacional– siguiese operando durante diez años”, se destaca en la querella de Contratrama, que tiene 36 páginas.

Los querellantes piden que se cite a declarar a Manuel Moix “en calidad de investigado”; que se requiera a la Fiscalía de Madrid para que remita al Tribunal Supremo las diligencias de investigación 2/2009, abiertas tras una de las denuncias contra González y que terminaron en un decreto de archivo firmado por el propio Moix, y que se envíen oficios a la Agencia Tributaria y a la Tesorería General de la Seguridad Social reclamando información de dos empresas vinculadas a la trama del campo de golf.

El TCJ-15M consiguió en pocas horas reunir, gracias a la colaboración de más de 250 donantes, cuatro veces más dinero del que necesitaban para seguir adelante con la querella. Por ello, han habilitado una cuenta de correo, tribunalciudadanodejusticia@gmail.com, para que los aportantes que lo deseen puedan reclamar la devolución de sus donaciones.

Además, han detallado los gastos realizados hasta la fecha: 3.000 euros de la fianza, 400 euros de la provisión de fondos del procurador, 31,10 euros para asesoría contable, 260 euros de notaría y 140 euros de gastos de gestión. Un total de 3.831,10 euros. "Aunque prevemos más gastos para esta acción", señalan en el comunicado, en el que agradecen todo el apoyo recibido. "Os tendremos informados del recorrido de la acción y los detalles de gastos", completan.

La querella

La querella la presentó ante el Supremo la asamblea TCJ-15M a través de la asociación Contratrama. El Alto Tribunal les impuso una fianza de 3.000 euros para continuar como acusación popular, un dinero que debían reunir en tres días. Consiguieron la cantidad requerida en apenas 36 horas.

Ahora, el tribunal tendrá que decidir sobre el fondo del asunto. La querella de Contratrama acusa a Moix –que tuvo que dimitir el pasado 1 de junio como fiscal jefe de Anticorrupción después de que infoLibre desvelase que es dueño de una empresa en Panamá– de la comisión de tres delitos por archivar sin investigar dos denuncias presentadas en 2007 y 2009 contra Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid ahora encarcelado. En aquel momento Moix era el fiscal jefe de Madrid y él mismo firmó los dos decretos de archivo de las denuncias.

Los querellantes, que aportaron abundante documentación al Supremo para probar sus acusaciones, consideran que esa actuación de Moix podría ser constitutiva de prevaricación, encubrimiento y omisión de perseguir delitos. En su escrito de querella sostienen que si el entonces fiscal jefe de Madrid hubiese practicado unas mínimas diligencias de investigación se habría desmontado hace diez años la trama liderada por González.

La actuación de Moix

Tras su dimisión a causa del escándalo de la empresa panameña, Moix es ahora fiscal de Sala del Tribunal Supremo, que es precisamente el órgano judicial que deberá decidir si admite o no a trámite la querella contra él.

"Manuel Moix decretó el archivo de las denuncias sin realizar diligencias de investigación esenciales, a pesar de que su práctica había sido solicitada expresamente por los denunciantes. La realización de esas diligencias elementales habría servido ya en 2007 para descubrir una de las operaciones de corrupción descritas con detalle en el auto del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional que decretó el ingreso en prisión de Ignacio González", se indica en la querella presentada por Contratrama el pasado 26 de junio y que firma la abogada Liliana Pineda.

Estos hechos fueron desvelados por infoLibre el pasado mes de mayo, en una información titulada “Nuevos documentos desvelan que el fiscal Moix evitó en tres ocasiones que se investigase el caso González”.

La delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, miembro del consejo de administración por IU durante la reforma de la M-30, ha señalado directamente al que fuera fiscal jefe de Madrid y fiscal anticorrupción Manuel Moix como la persona que denegó las actuaciones judiciales impulsadas por la coalición de izquierdas a raíz de los trabajos en la vía de circunvalación.

"¿Pudo ser Moix?", ha señalado irónicamente en la segunda sesión de la comisión de investigación sobre Madrid Calle 30. IU acudió a la UE, cuyos comisarios se trasladaron hasta las obras. Declararon que pedirían "reparaciones" por los impactos calculados y por la falta de información pero, "cuando se aclararon, la obra había finalizado".

Además IU llevó las obras al contencioso-administrativo, denunciando desde la tala masiva de árboles hasta el fraccionamiento de los trabajos, diligencias que les fueron denegadas.

Manuel Moix presentó hace pocas semanas su renuncia en la Fiscalía Anticorrupción "por motivos personales" tras transcurrir apenas 87 días al frente de departamento que comanda la actividad de la Fiscalía contra las corrupción y los delitos económicos.

La salida de Moix se vio precipitada tras conocerse, mediante una exclusiva del diario digital infoLibre, que desde 2012 es dueño junto a sus hermanos del 25 % de una empresa offshore en Panamá -Duchesse Financial Overseas- constituida en 1988 y dueña de una propiedad inmobiliaria en Collado Villalba.

Esta información vino precedida de una polémica gestión del departamento y de varios enfrentamientos con algunos miembros de su equipo respecto de investigaciones que afectan al Partido Popular, como son los casos Púnica y Lezo.

"El ministro de Justicia, Rafael Catalá, señaló el pasado 2 de junio, durante la clausura de la VII Junta de Gobierno de los 83 colegios de abogados de España, en Granada, que "no es ético" que jueces, fiscales o políticos tengan cuentas o sociedades en paraísos fiscales cuando detrás está la intención de eludir el pago de impuestos", responde el Gobierno a Compromís, que había registrado tres preguntas por escrito el 30 de mayo.

Además, añaden, también recurriendo a las palabras de Catalá, en materia fiscal "somos todos contribuyentes e iguales".

Las cuestiones planteadas por el senador Carles Mulet, integrante del Grupo Mixto, eran las siguientes: "¿Piensa el Gobierno solicitar a Moix su dimisión?, ¿Qué valoración hace el Gobierno de estos hechos?, ¿Piensa que queda inhabilitado el fiscal jefe Anticorrupción a seguir en su cargo? y ¿Considera el Gobierno ético que el fiscal jefe Anticorrupción sea titular real del 25% de una compañía domiciliada en Panamá y, al mismo tiempo, ocupar el cargo de fiscal jefe de Anticorrupción?"

La respuesta lleva fecha del 21 de junio, por lo que, dado que el cese fue el día 1, algunas de las cuestiones planteadas por Mulet ya estaban resueltas. En todo caso, el Ejecutivo aprovecha para recordar la comparecencia del Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, en la que anunció la marcha de Moix. Y destaca que allí se dijo que el exfiscal "tenía una sociedad que había heredado de sus padres, declarada ante la Hacienda española, y que tributaba todos sus impuestos añadiendo que "no hay ninguna censura profesional, legal ni en materia de incompatibilidades para el señor Moix". Por ello, se destaca, el fiscal general del Estado aceptó el "cese a petición propia" de Moix.

El Gobierno manifiesta también que, "desde el comienzo mismo de la Legislatura ha manifestado además de su confianza en el Ministerio Público, su más escrupuloso respeto hacia los principios de autonomía, legalidad e imparcialidad que presiden la institución de la Fiscalía, y que están contenidos en el artículo 124 de la Constitución Española y el artículo 7 del Estatuto Orgánico de aquella".

Los orígenes del caso

El pasado 1 de junio, Moix presentaba su dimisión. Sólo había durado 100 días en el cargo. En los dos días y medio que transcurrieron desde la publicación de la información por parte de este diario, se intentó aferrar al cargo con excusas falsas, que agravaron su situación. En sólo 24 horas, el Gobierno pasó de apoyarlo a desentenderse de él.

Este periódico informó de que Manuel Moix llevaba cinco años y medio siendo copropietario de la sociedad panameña Duchesse Financial Overseas. La compañía es propietaria de un chalé en España, en el municipio madrileño de Collado Villalba, valorado en 535.000 euros.

Ante la imposibilidad de negar los hechos, Moix intentó aferrarse al cargo mediante dos maniobras: primero dictó a Elespañol.com una versión con algunos datos falsos y otros manipulados. Y cuando infoLibre desveló esas mentiras, defendió tres grandes argumentos en entrevistas a varios medios de comunicación: primero, que la compañía Duchesse Financial Overseas estaba "inactiva"; segundo, que no había podido disolverla por "motivos económicos" ya que los "gastos de liquidación no pueden ser asumidos por algunos" de los tres hermanos del fiscal –que son copropietarios de la compañía–, unos costes de disolución que llegó a cifrar "en 90.000 euros", y tercero, que los actuales propietarios de la empresa se enteraron de su existencia en 2008 o en 2011 (cambió de versión sobre la marcha). Ninguna de estas tres afirmaciones era tampoco cierta, tal y como demostró este medio.

El papel de Moix en el 'caso González'

Antes de desvelar los vínculos de Moix con Panamá, este diario informó en exclusiva de que el máximo responsable Anticorrupción, que fue fiscal superior de Madrid entre julio de 2003 y septiembre de 2015, impidió hasta en tres ocasiones que se investigase la trama societaria creada por Ignacio González y su familia para lucrarse con la construcción y explotación del campo de golf del Canal de Isabel II.

Esta misma semana, la asociación Contratrama presentó un escrito en el Tribunal Supremo acusándolo de la comisión de tres delitos por archivar sin investigar dos denuncias presentadas en su día contra Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid ahora encarcelado. Los querellantes consideran que esa actuación de Moix podría ser constitutiva de prevaricación, encubrimiento y omisión de perseguir delitos, según consta en el escrito.

La última oferta publicada por el portal inmobiliario idealista.com incluye nuevas imágenes del hasta hace poco impenetrable paraíso de los Moix. “Una casa exclusiva en un entorno idílico", reza el anuncio, que se extiende en las colosales proporciones de La Moira, que es como bautizó la familia la finca en alusión a la divinidad griega que tejía el destino de los mortales. “Es una propiedad que por su distribución con amplios espacios y grandes ventanales, sus magnificas vistas a la Sierra, diseño y comodidad hacen de ella una casa inigualable”, se recrea el portal inmobiliario.

La entrada a la casa de los Moix.

Pero, ¿vale realmente 535.000 euros la casa de los Moix? infoLibre preguntó en medios inmobiliarios y los Moix podrían todavía rebajar un poquito el precio para hacerlo realmente interesante. Se trata, sí, de una auténtica mansión pero la urbanización, que en los años 90 del pasado siglo era sinónimo de exclusividad, ahora ya no es lo que era. El precio de salida de la casa fue, hace dos años, de unos 700.000 euros, una cantidad desorbitada para un mercado que entonces comenzaba a coger peso tras la hambruna de la crisis del ladrillo. La urbanización cuenta con vigilancia las 24 horas, dispone de club social, una zona deportiva, piscina y hasta un colegio. Pero en el sector inmobiliario se rebaja esa exclusividad: abundan en este momento los se vende en una urbanización rodeada de promociones de lujo. 

Hasta el mes de mayo eran al menos dos las agencias que se encargaban de poner a la venta el entonces desconocido inmueble. A partir del mes de junio es otra, el gigante Gilmar, la que en exclusividad se ocupa de intentar colocar el preciado bien de los Moix.

Despacho de trabajo, una de las estancias del inmueble.

Pero ¿cómo es el refugio secreto de los Moix? El chalé tiene 645 metros cuadrados según sus vendedores [de acuerdo con el catastro son 457 metros], distribuidos en dos plantas y una bodega que incluye un pequeño garaje. Quienes han visto el complejo destacan las singularidades de la primera planta, abierta hacia el sur a un inmenso jardín a través de un gran ventanal. Dicen que la edificación tiene un aire propio del sur de EEUU, con columnas blancas en el porche. La joya de la corona es un espectacular salón de 75 metros cuadrados, en el que destaca una chimenea de mármol y el retrato al óleo del patriarca ya fallecido, Manuel Moix Martínez, inspector de Trabajo y profesor universitario. Un tipo peculiar si nos atenemos al sorprendente retrato, esta vez en papel, que ofreció su hijo el fiscal en una entrevista en El Mundo en plena gira mediática para salvar los muebles: "Yo lo descubro [que la casa estaba a nombre de una sociedad panameña] cuando fallece mi padre, a la hora de hacer números. Me dicen mis hermanas que está a nombre de una sociedad. '¿El qué?, pregunto. 'La casa, ya sabes cómo era tu padre', me dicen".

Piscina cubierta y climatizada en el jardín que rodea el chalé.

En esa planta está también la suite de los patriarcas, en un extremo, y la zona del servicio, al otro lado. También está el despacho de Manuel Moix padre, amueblado para la ocasión con un exclusivo diseño de aire aristocrático, tal y como se puede comprobar en las fotografías, y la correspondiente chimenea de mármol. Pero lo que llama la atención es hall y la espectacular escalera de acceso a la segunda planta. Todo un festival para los ojos.

La planta superior está ocupada por cuatro habitaciones, dos de ellas suite. Una espectacular terraza sirve como mirador a la Sierra. Es en esta planta donde dormían los cuatro hijos cuando iban a visitar a su padres. El inmueble dispone además de una bodega con barra de bar de unos 60 metros cuadrados.

La parcela que rodea el edificio es inmensa: 4.629 metros cuadrados salpicados de vegetación autóctona bien cuidada en los que sobresale una piscina cubierta acondicionada para agua salina. Hay una zona de columpios, un huerto, una barbacoa de obra, un pozo y una caseta, entro otros elementos. Y riego automático.

Vestíbulo con la escalinata.

El Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, se ha mostrado convencido este viernes de que la elección del nuevo fiscal jefe Anticorrupción será compleja debido a la "calidad" de los candidatos.

Tras la elección de un jefe de Anticorrupción, Manuel Moix, que poseía una sociedad en un paraíso fiscal y que tuvo que dimitir tras revelarlo infoLibre, Maza ha recordado que este viernes concluye el plazo para presentar las candidaturas, pero ha señalado que hasta mediados de la semana próxima no se podrán conocer porque hay que esperar la llegada de las candidaturas que sean remitidas por correo o se hayan presentado en otros organismos públicos.

De este modo, ha recordado que, una vez se conozcan los candidatos, convocará el mes que viene un consejo fiscal que tomará la decisión correspondiente.

"Habrá excelentes candidatos"

Por ello, Maza ha apuntado que la elección será compleja porque, como ha recordado, ya suenan nombres de personas que serían "magníficas" para el puesto y de ahí, a su juicio, la complejidad para seleccionar a quien sustituya a Manuel Moix, tras su dimisión.

Cuestionado por si tiene algún favorito por el momento, ha dejado claro que no se mueve por favoritismos y que el afán será elegir a la persona más adecuada entre "unos candidatos excelentes".

Maza ha participado en las jornadas Novedades de las últimas reformas de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y del Código Penal, celebradas en el Colegio de Abogados de Huelva (ICAH).Novedades de las últimas reformas de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y del Código Penal

El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha asegurado este viernes que volvería a designar a Manuel Moix como fiscal jefe Anticorrupción aún conociendo que éste era propietario con sus hermanos de un 25% de una sociedad radicada en el paraíso fiscal de Panamá, que le llevó a tener que dimitir de su cargo el pasado 1 de junio, tal y como desveló infoLibre a finales del pasado mayo.

"No me hubiera impedido en absoluto su designación", ha dicho Maza durante su intervención en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum al ser preguntado sobre si hubiese nombrado a Moix de haber conocido su participación en esta sociedad.

Maza, tal y como hizo durante la rueda de prensa en la que anunció la dimisión del exjefe Anticorrupción, ha insistido en que esta sociedad, heredada de su padre, no tiene ningún atisbo de "ilegalidad", ni de "incompatibilidad" con el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

"¿Si hubiese sido una sociedad en Francia o en Portugal habría habido algún problema? No. El problema es Panamá", ha justificado, al tiempo que ha recalcado que la empresa de la familia Moix era legal como "muchas" de las domiciliadas en el país latinoamericano.

Pensar en un tribunal durante los últimos años es recordar la Púnica, Gürtel, Lezo, Taula, 3%, Papeles de Bárcenas, Imelsa, Acuamed, ERE, Brugal, Palma Arena, Nóos o Bankia, por poner tan solo algunos ejemplos. Es ver, sentados en el banquillo, a Iñaki Urdangarín, la infanta Cristina, Álvaro Lapuerta, Francisco Granados, Rodrigo Rato o Miguel Blesa. No es de extrañar, por lo tanto, que el 54,3% de los españoles sitúen la corrupción como el principal problema del país, según el último sondeo del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Un mal endémico que, en datos de la CNMC, se come anualmente 90.000 millones de euros y que degrada las políticas públicas y debilita la democracia, tal y como indican diferentes estudios.

En este contexto, el Grupo de Estados Contra la Corrupción (Greco, por sus siglas en inglés), dependiente del Consejo de Europa, ya ha recordado en repetidas ocasiones que una de las claves para luchar eficazmente contra la corrupción es, en primer término, la independencia judicial. Algo que, por el momento, no aprecia la sociedad española. Un 58% considera que es "mala" o "muy mala", según el último eurobarómetro publicado al respecto el pasado mes de abril, en el que un 49% de los encuestados culpan de esta falta de emancipación a la interferencia o presión del Gobierno y los políticos –por delante incluso de la injerencia de intereses económicos–.

Sólo el 31% perciben la situación como "buena" o "muy buena", un dato que nos sitúa en el puesto número 26 de los 28 países analizados, únicamente por delante de Bulgaria (26%) o Eslovaquia (23%). Una falta de independencia judicial que, además de en las encuestas, también es apreciada por el Consejo de Europa. El pasado mes de octubre el Greco publicó un durísimo informe en el que criticaba a España por no haber aplicado "satisfactoriamente" ninguna "de las once recomendaciones" planteadas para mejorar en este aspecto e instaba a que se remitiese un informe sobre los avances a más tardar el 31 de julio.

En concreto, según actualizó el pasado miércoles en un nuevo estudio, nuestro país ha incumplido el 75% y ha aplicado parcialmente el 25% de las medidas puestas sobre la mesa. Entre las medidas no adoptadas, analizar el marco legislativo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), legislar criterios objetivos y reglas de evaluación para los nombramientos en las altas funciones de la judicatura, aumentar los plazos de prescripción de procedimientos disciplinarios de los jueces, realizar un registro de lobbistas y un código de conducta para la profesión o tomar medidas para garantizar un control de las obligaciones declarativas de los parlamentarios.

Sistema de cuotas en el CGPJ

"En España, la justicia tiene una independencia formal, pero luego deja mucho que desear. Los mecanismos para protegerla son muy insuficientes y están muy sesgados políticamente. No vamos a decir que no exista, pero diremos que es muy deficiente", señala en conversación con infoLibre un reconocido fiscal del Tribunal Supremo. Comparten punto de vista Jueces para la Democracia y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF). "No es independiente y queda mucho por hacer. Aunque ya se están dando pasos...", señala Miguel Pallarés, portavoz de este último colectivo.

Al igual que el Grupo de Estados Contra la Corrupción, consideran indispensable que se acometan reformas que "separen de forma clara el poder judicial del ejecutivo y legislativo" y que permitan que la sociedad española recupere esa confianza, actualmente "socavada", en una Administración de Justicia "fuerte" que controle "las desviaciones de los otros dos poderes". En este sentido, lo primero que cuestionan es el método de elección de un Consejo General del Poder Judicial –10 vocales nombrados por el Congreso y 10 por el Senado– que, aunque "debería garantizar la independencia de los jueces", está influenciado "por las cuotas de los partidos".

El fiscal del Supremo considera que el sistema de designación de los vocales está "viciado": "La Constitución lo que dice es que 8 vocales tienen que ser elegidos por el Congreso y el Senado, mientras que los 12 restantes se tienen que nombrar por el procedimiento que marque la ley. Parece claro que lo que se quiso decir es que la ley tiene que marcar un sistema diferente para elegir a la otra docena de vocales. Sin embargo, el Congreso, a partir de 1985, entendió que esos 12 miembros también tenían que ser designados a través de las dos Cámaras", explica. En su opinión, eso "desvirtúa" el sentido de lo que "debe ser" el CGPJ.

Pallarés cree necesario, para ganar "bastante independencia", que esa docena de vocales sean elegidos "por los jueces". Y que los ocho restantes, añade el portavoz de Jueces para la Democracia, Ignacio González, se designen por el Parlamento "pero con unas mayorías cualificadas que obliguen a alcanzar el mayor consenso posible, unas audiencias y con la garantía de que sean juristas de prestigio, con independencia y méritos". "En EEUU, los magistrados de la Corte Suprema tienen que ser juristas extraordinarios y someterse a un exhaustivo examen bicameral. Aquí se debería hacer lo mismo, así lograríamos un CGPJ con una experiencia acreditada y de gran calidad", completa el fiscal del Supremo.

Un Ministerio Fiscal cuestionado

Pero tampoco se olvidan de un Ministerio Fiscal duramente cuestionado después del caso Moixy que, en su opinión, necesita cambios. En este sentido, ponen el foco en primer lugar en el fiscal general del Estado. La Asociación Independiente y Profesional de Fiscales ya ha pedido en reiteradas ocasiones que en esta designación, que tal y como recoge la Constitución recae directamente en el Gobierno, intervenga también el Congreso de los Diputados. Una opinión que comparte el fiscal del Alto Tribunal: "Debería tener el visto bueno del Parlamento después de pasar por un escrutinio público". "El nombramiento está recogido en la Constitución. Por lo tanto, a partir de ahí lo que se debería hacer es buscar fórmulas que favorezcan una total transparencia en las relaciones entre Gobierno y fiscal general", apunta González.

El jurista del Supremo, por otra parte, también considera fundamental introducir cambios en el Consejo Fiscal. "Está exclusivamente compuesto por fiscales. ¿Alguien se ha parado a pensar que debería tener una representación ciudadana? El Consejo General del Poder Judicial, por ejemplo, tiene 8 vocales que no son ni jueces ni magistrados, sino que son juristas de diferentes orígenes: abogados, catedráticos... En el Consejo Fiscal, por lo tanto, debería haber un 40% de miembros así, para que haya pluralidad y no sea una caspa que se autoelige y no evoluciona", sentencia.

Cambios que consideran imprescindibles a la hora de garantizar una independencia judicial "fundamental" para poner fin a la corrupción. "Si tuviéramos una justicia independiente, el 100% de la corrupción afloraría y sería mucho más eficaz perseguirla", sostiene el portavoz de la APIF. "Es fundamental, la condición sine qua non. ¿Por qué Dinamarca es un Estado de derecho? Porque casi nadie sabe allí quién es el fiscal general. No es un personaje famoso, sino que hace su tarea con tal imparcialidad y objetividad que nunca sale en los periódicos. Eso da seguridad jurídica", sentencia el fiscal del Supremo.

11 jueces por cada 100.000 habitantes

Durante el acto que infoLibre celebró en el Teatro Maravillas de Madrid a mediados de mayo, el ex fiscal Anticorrupción Carlos Castresana criticó que se haya permitido que "grupos criminales" hayan "secuestrado al Estado" y aseguró que el Poder Judicial lleva desde 1977 siendo "la Cenicienta del Estado español". Y lo es, continuó, porque, entre otras, "ha sido incapaz de garantizarnos el efectivo respeto del principio de legalidad". "Por falta de voluntad y porque se le privó de los medios indispensables para proveer a todos los ciudadanos españoles de la tutela judicial efectiva. Y miente quien diga lo contrario", remachó.

En España, según datos de Eurostat, se ha destinado durante los últimos cuatro años alrededor del 0,4% del PIB al sistema judicial, por encima de la media de la Unión Europea (0,3%). Una cifra similar a la de países como Alemania o Reino Unido y más alta que en Italia (0,3%), Portugal (0,3%) o Francia (0,2%). No obstante, sí que se puede apreciar un ligero descenso desde 2010 prestando atención al gasto por habitante. En este sentido, tal y como se recoje en el Cuadro de indicadores de la justicia en la UE para 2017, que el Ejecutivo comunitario hizo público el pasado mes de abril, la evolución ha sido la siguiente: 90 euros en 2010, 81 en 2013 y 80 en 2014 –último dato aportado por España–.

Sin embargo, existe un problema importante: falta personal. Según el informe de la Comisión, en 2014 –último ejercicio con datos de los 28 Estados miembro– había tan solo 12 jueces por cada 100.000 habitantes, 2 más en comparación con 2010 pero casi la mitad que la media europea, que entonces se situaba en 21. El número de fiscales, por otra parte, era en ese mismo ejercicio de 5 por cada 100.000 habitantes, cuando la media comunitaria era de 11, según datos recogidos en el informe de 2016 de la Comisión Europea para la Eficiencia de la Justicia (CEPEJ).

"El Gobierno no va a presentar ninguna iniciativa de calado que no pueda salir adelante". En esto coinciden destacadas fuentes del Partido Popular y del Gobierno cuestionadas por la intención del Ministerio de Justicia de poner en marcha una serie de reformas del Ministerio Fiscal encaminadas, principalmente, a que la instrucción en asuntos penales la hagan los fiscales y no los jueces y a reducir las facultades que se conceden a la acusación popular. "Hoy por hoy, es inviable", admiten.

"En materia económica ha quedado claro, con los Presupuestos Generales del Estado, que hay un espacio para el pacto, para el acuerdo. Pero en otros campos lo tenemos muy complicado", señalan fuentes de la dirección del Grupo Parlamentario Popular en el CongresoCongreso. A la hora de señalar culpables hay pocas dudas: el caso Moix como más reciente y el resto de escándalos que han afectado al PP en las últimas semanas.

La semana pasada, el fiscal jefe Anticorrupción Manuel Moix presentó su renuncia al cargo después de que infoLibre desvelara que poseía el 25% de una sociedad panameña que, a su vez, tenía un chalé en la sierra madrileña.

"El PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos tienen una estrategia que están poniendo de manifiesto estos días. PSOEEs la siguiente: tratar de trasladar a los ciudadanos dos mensajes. Uno: que el PP es un partido corrupto. Y dos: que el PP utiliza a los poderes del Estado, a la Fiscalía, para tapar la corrupción. Y nada más lejos de la realidad. Los casos de corrupción saltan, se investigan y la gente ingresa en la cárcel. Si eso no es independencia...", señala un miembro del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular.

Pese a los discursos públicos y a los argumentarios, el caso Moix es sólo el último episodio que deja al descubierto el malestar en la carrera fiscal por las injerencias del Gobierno. A finales del pasado febrero este diario informó, de fuentes del Consejo Fiscal, el organismo asesor del Fiscal General del Estado, que desde el Ministerio de Justicia se sugirió a Consuelo Madrigal, antecesora de José Manuel Maza, que llevara a cabo algunos de los movimientos que ha acabó poniendo en marcha su sucesor. A saber: relevar a Javier Zaragoza de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, colocar a Moix al frente de la Fiscalía Anticorrupción o cesar al fiscal superior de Murcia, Manuel López Bernal.

Desde el Ejecutivo niegan pretender "poner orden" en la Fiscalía. "El Gobierno quiere orden, quiere que las cosas funcionen con eficacia y que funcionen bien", matizó la semana pasada el portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, un día después de la dimisión "irrevocable" y "por motivos personales" de Moix.

"Todos contra el PP"

Los conservadores no pueden ocultar su malestar por cómo se ha resuelto la polémica sobre la Comisión de investigación sobre la presunta financiación ilegal del PP en el Congreso de los Diputados. Por primera vez en la legislatura, los tres principales partidos de la oposición se han aliado para evitar que los conservadores frenen estos trabajos parlamentarios. El PP fía ahora todo a un recurso ante la Mesa del Congreso de los Diputados que, si no tiene éxito, acabará en el Tribunal Constitucional. Es un "todos contra el PP", define un diputado del PP presente en esta comisión.

"Tras la dimisión de Moix, la oposición quiere caza mayor, que caigan  [José Manuel] Maza [el fiscal General del Estado] y, acto seguido el ministro Catalá", señala un diputado. La misma fuente añade que, en este contexto, el resto partidos no están dispuestos, al menos a día de hoy, a que Catalá se haga la foto del ministro que logró un pacto por la Justicia con reformas pendientes desde hace muchos años.

Sectores del Gobierno y del PP admiten que la gestión del caso Moix ha dejado tocados tanto a Maza como a Catalá. Pero también admiten que Mariano Rajoy no parece dispuesto a hacer caer a un ministro al que considera de su máxima confianza. En la anterior legislatura, el titular de Justicia integraba el llamado G-8, el grupo de ministros muy cercanos al presidente del Ejecutivo que se intentaban hacer contrapeso a los fieles a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. Catalá es del círculo de la presidenta del Congreso, Ana Pastor. Esta, a su vez, tiene una estrecha relación con Rajoy.

Con todo, algunos de sus compañeros de partido, creen que Catalá cometió el error de ir demasiado lejos en su defensa de Moix cuando empezaron a llegarle muestras de que las versiones que el ya ex fiscal Anticorrupción daba de su relación con la empresa Duchesse Financial Overseas no se sostenían.

No fue hasta el pasado viernes, horas después de que el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, asegurara que Rajoy mantenía sin fisuras su confianza en el titular de Justicia, cuando abandonó su defensa cerrada de Moix. "No es ético –dijo– que ni jueces, ni políticos, ni ningún responsable público" tengan cuentas en paraísos fiscales. Al día siguiente, infoLibre avanzaba que la investigaba de oficio al ex fiscal jefe Anticorrupción tras las informaciones sobre la empresa que compartía con sus hermanos en Panamá.

Del discurso a la realidad

"Es absolutamente necesario en el nuevo modelo de justicia penal [...] dotar al ministerio fiscal de un nuevo estatuto que sustituya al ya exhausto de 1981, que atienda las necesidades formativas, operativas y profesionales de los fiscales; que atienda a su profesionalización y a su especialización; que se adapte, sin duda, al nuevo papel que le queremos asignar como director de la investigación y, en ese contexto y muy razonablemente, que refuerce su autonomía en el desempeño de sus funciones". Así se pronunciaba Catalá en el Congreso el 5 de diciembre de 2016 cuando acudió para dar cuentas de los objetivos de su departamento para la legislatura.

Además, consideraba "fundamental" también "no solo despolitizar la justicia sino también desjudicializar la política". "Por las razones que sean, el abuso o el mal uso de la institución de la acusación popular ha pervertido el sentido de esta figura, que ciertamente tiene relevancia constitucional". Y añadía: "El presidente del Consejo General del Poder Judicial, que no olvidemos que es la primera autoridad judicial y el máximo representante del Poder Judicial en España, ha señalado de manera expresa y pública, y cito literal, que la ley debería restringir la acusación popular para poner coto a las actuaciones indebidas".

Estos discursos, sobre el papel, parecen irrefutables pero necesitan, según todas las asociaciones consultadas una despolitización de la Fiscalía.

Este mismo miércoles, la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados se reunía en el marco del "estudio y definición de una Estrategia Nacional de Justicia". "Se ha avanzado en las comparecencias. Pero no hay un texto base ni esquemas, ni nada por el estilo. Estamos en la fase de comparecencias", comenta a infoLibre uno de los integrantes de este órgano.

Desde el principal partido de la oposición tampoco se ve un clima favorable para llevar a cabo las reformas por las que abogó Catalá y que llevan varias legislaturas siendo una asignatura pendiente. "Los principios siguen siendo inmutables", señala Juan Carlos Campo, portavoz de los socialistas en la Comisión de Justicia. Pero añade: "Todo eso requiere tiempo y un clima de sosiego".

"Ese clima de sosiego no se ve cuando estamos viendo a un ministro de Justicia reprobado por el Parlamento, un fiscal general reprobado por el Parlamento, un fiscal Anticorrupción reprobado por el Parlamento y al que se le aceptó su dimisión [...] Hay un clima en la Justicia de demasiada agitación como para abordar con el suficiente sosiego toda una modificación legislativa de hondísimo calado".

¿Imposible? "Imposible no, complejo", responde este parlamentario.

La reforma, mejor sin mayorías absolutas

"Un gran pacto de estos tiene que hacerse con el consenso, si no es de todas, de casi todas las fuerzas políticas", señala Jesús Alonso, fiscal de la Audiencia Nacional y portavoz de la Asociación de Fiscales, la mayoritaria. A juicio de Alonso, el momento político, sin mayoría absoluta, debería a los partidos al consenso.

"Siempre hemos dicho que cuando hay mayorías absolutas nunca es el momento [de reformas de calado]. Siempre se tiende a hacer el modelo que uno quiere", dice. "Ahora justamente yo creo que es el momento adecuado en el que todos los actores políticos se pueden y se deben poner de acuerdo sobre qué modelo de Justicia quieren para el siglo XXI", añade. En este sentido, recuerda que estamos funcionando con una ley antigua, que tiene 79 modificaciones. "Es verdad que poco a poco se va avanzando hacia un sistema acusatorio puro, que es el que tiene el resto de países europeos, donde el fiscal investiga, existen jueces de garantías... pero vamos a tanta lentitud que no podemos esperar otros ciento y pico años. Es necesario ya y hay que coger el toro por los cuernos", subraya el portavoz de la asociación mayoritaria de fiscales.

Entrando en materia, Alonso considera que con la reforma para que el fiscal dirija las investigaciones penales no puede conducir a un simple intercambio de cromos. "Lo que no podemos hacer es repetir el modelo: cambiar al juez por el fiscal", añade. E insiste en que hay que poner coto a la lentitud del sistema. "Durante la instrucción se hace un juicio absolutamente completo de todo. Se llevan todas las pruebas, se analiza todo y al juicio oral se le vacía un poco de sentido porque lo que se hace es repetir lo que se ha hecho en la instrucción" relata antes de poner el foco en otro de los requisitos sin el que la reforma quedaría, a su entender, incompleta: la inversión.

"Se necesitan medios humanos, medios materiales, para conseguir que la respuesta judicial sea lo más ágil y rápida posible. Que pongas una demanda y que veas satisfecha tu pretensión en el menor tiempo posible. O que una víctima vea reparada la lesión que ha sufrido en el menor tiempo posible", considera.

Junto a la inversión está la cuestión de las "garantías". "Todo lo que sea blindar al fiscal general con un apoyo parlamentario es bueno porque visualiza a un cuerpo político más amplio", mantiene.

La propuesta de Ciudadanos

Este miércoles, Ciudadanos presentó una propuesta de reforma  de la Ley del Ministerio Fiscal. En la rueda de prensa, Albert Rivera lamentó que "se asuma con naturalidad" que el Fiscal General del Estado (FGE) dependa del "Gobierno de turno". "Confiamos en tener el apoyo del resto de grupos porque sino tendrán que explicar sus motivos para oponerse a despolitizar la Justicia", advirtió.

"La duración del cargo pasa de cuatro a seis años para romper el cordón umbilical entre la Fiscalía y el Gobierno y que sus mandatos no vayan ligados", expuso Rivera, que precisó que "para acceder al cargo se exigirán 25 años en lugar de quince, para que tenga más experiencia y legitimidad".

Para el nombramiento del Fiscal General del Estado serán necesarios dos tercios del Congreso y así "será un Fiscal General con amplio consenso". Además, tendrá que pasar por un "control serio y riguroso" en la Cámara baja. Y "cualquier comunicación entre el Fiscal y el Gobierno será por escrito para evitar casos como el de Manuel Moix".

El pacto que PP y Ciudadanos firmaron para la investidura de Mariano Rajoy contemplaba, en su punto 143 lo siguiente: "Reformar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para fortalecer su autonomía y eficacia. En particular, se modificarán: 1. los requisitos y condiciones exigidos para la designación del Fiscal General del Estado, de manera que se exijan 20 años de ejercicio profesional y capacidad e independencia acreditadas. Igualmente, se regulará el mecanismo de reprobación por el Congreso de los diputados y su posterior cese. Y 2: Los requisitos para la promoción interna en la carrera fiscal para reforzar la exigencia de los principios de mérito y capacidad".

El pacto entre ambas formaciones no atraviesa su mejor momento. "Ciudadanos debe decidir si está con la moderación y la estabilidad o con la radicalidad y el extremismo", llegó a decir el número tres de los conservadores, Fernando Martínez-Maillo, tras comprobar cómo su partido se quedaba solo en el intento de imponer sus normas en la Comisión sobre la presunta financiación ilegal del PP.

Dos días antes, en rueda de prensa en la sede nacional de los conservadores, había calificado de propuesta "de campanario", una de las iniciativas que Pablo Iglesias (Podemos) quiere llevar al debate de moción de censura de la próxima semana, que el fiscal general del Estado sea nombrado por una mayoría cualificada en el Congreso y no por el Ejecutivo.La Unión Progresista de Fiscales (UPF) celebró recientemente su XXXII Congreso en León. Entre sus conclusiones, señalaron que un Ministerio Fiscal autónomo del Ejecutivo

Unión Progresista de Fiscales (UPF) conclusiones, "solo será posible con el desarrollo de la cláusula constitucional que exige que el Ministerio Fiscal actúe a través de órganos propios", es decir, "que tenga un verdadero régimen de autonomía orgánica".

"En la actualidad cualquier decisión relativa a la carrera de un fiscal (nombramientos, régimen disciplinario, licencias, permisos) se toma en el Ministerio de Justicia, lo que supone concebir a la Fiscalía como un mero apéndice de este departamento gubernamental", lamentan.

En todo caso, la UPF considera que el avance más urgente en el ámbito de la autonomía orgánica consiste en dotar a esta institución "de verdadera autonomía económica con la debida singularización presupuestaria y, sobre todo, con capacidad de gestionar por sí misma ese presupuesto". "En ausencia de estas reformas, el Ministerio Fiscal seguirá en una situación de servidumbre organizativa y económica que genera una posición de debilidad frente a la injerencia del Ejecutivo", mantienen.

También consideran clave que "las comunicaciones entre el Fiscal General del Estado y el Gobierno" tengan "una regulación más precisa regida por la transparencia". 

Emilio Fernández, portavoz de la UPF, insiste que una reforma "que dure" y que venga a sustituir una ley de 1882 ha de ser de "un calado muy hondo". De ahí, la necesidad de un consenso que ahora no observa. En este sentido recuerda la reprobación de Catalá y de Maza. "Por todo lo que ha ocurrido, ahora es casi impensable". "Las personas que dirigen el ministerio están inhabilitadas", subraya Fernández.

El fiscal pone el foco en dos asuntos que cualquier reforma no debería pasar por alto. El tema de la formación de los profesionales de esta carrera y el de la llamada "justicia digital".

Sobre el primero, cree necesario que la formación esté en manos de la Fiscalía General del Estado (selección de cursos, programas...). En definitiva, no venir determinado por el Centro de Estudios Jurídicos ni por el ministerio. Sobre el segundo, considera que si no se dota de herramientas ofimáticas de intercambio de archivos, documentos... compatibles entre sí, cualquier reforma está "condenada al fracaso".

Miguel Pallarés, portavoz de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF)(APIF) considera, como Alonso, que esta legislatura existe la oportunidad de avanzar en esta materia. "El sistema no resiste más parches", señala. "Tenemos que ir a que la instrucción la lleve el fiscal. Del mismo modo, insiste en la necesidad de autonomía del Ministerio Fiscal, así como la dotación de medios presupuestarios.

A su juicio, hay seis elementos clave. Uno: introducir en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que el candidato a Fiscal General del Estado cuente con el respaldo de 2/3 del Congreso u otra mayoría cualificada que se establezca. Dos: blindaje del fiscal del caso. Tres: autonomía del Ministerio Fiscal. Cuatro: Elección de un modelo de Ministerio Fiscal al que se le va a encargar la instrucción. Cinco: claridad en el esquema del proceso penal. Y seis: cambio del sistema de funcionamiento del Ministerio Fiscal con la introducción de principio democrático en su funcionamiento.

Por su parte, Salvador Viada, fiscal del Supremo, sostiene que la elección del Fiscal General del Estado por parte del Gobierno acaba siendo por razones de confianza. Y eso, "condiciona el modo de actuar de los fiscales". Esto con el tiempo, añade, configura una estructura elegida por afinidad a uno u otro partido.

Sostiene Viada que si se dota a la Fiscalía de independencia respecto a los gobiernos, sean del color que sean, y se ubica a los fiscales en una posición equiparable a la de los jueces, se podría llegar a una Fiscalía que actúe con imparcialidad. Algo que, destaca, no ocurriría inmediatamente porque los hábitos de esta institución están muy arraigados.Esperar a que escampe

En el Gobierno confían en que, pasado el verano, una vez que Rajoy comparezca como testigo en el marco de Gürtel y pase por la Comisión parlamentaria sobre la financiación del PP se rebajarán las presiones de la oposición y será, quizá, el momento de intentar llegar a más pactos que los meramente económicos en esta legislatura que los conservadores han bautizado como la del "diálogo". "Hay que esperar a que escampe", sostienen al tiempo que recuerdan que, para esas fechas, la nueva dirección del PSOE y los nuevos equipos en el Congreso "estarán más asentados".

Uno de los retos más inmediatos y qué más preocupa en Moncloa es cómo resuelve Maza el nombramiento del sustituto de Moix. 

He llegado incluso, harto ya de dudar de infoLibre, a desconfiar de mí y, temiendo no haber estado suficientemente alerta, he acudido finalmente a su buscador en solicitud de ayuda. He escrito: “El Real Madrid gana la copa de Europa” y he pulsado intro.  ¿Qué creen que me ha respondido el buscador después de bucear en lo publicado por infoLibre sobre el tema? Esto: “El presidente del Real Madrid, prostitutas y dinero sucio”. Al principio pensé que se trataba de una de estas crónicas deportivas llenas de metáforas y alegorías en las que el periodista en vez de escribir “En el minuto 43, Fulano subió rápidamente la banda”, escribe “En el minuto 43, Fulano era un repartidor de pizzas con el semáforo en ámbar”, pero no. Si en infoLibre buscas “El Real Madrid gana la copa de Europa”, lo que te sale es “El Presidente del Real Madrid, prostitutas y dinero sucio”. Así de sesgado es su algoritmo. Lo pueden llamar buscador pero para mí es la Siri de Mundo Obrero.

El lector inocente puede atribuir ese silencio sobre cuestión tan importante al hecho de que infoLibre carezca de una sección de deportes, aunque nada impedía al periódico haber incluido su relato en el apartado de Cultura, habida cuenta de que en el segundo tiempo lo del Madrid fue pura música. No, no cabe el engaño. Si infoLibre hurtó a sus lectores esa información es por el feroz antimadridismo de quienes dirigen este medio. El que en él escriba Luis García Montero –merengón confeso– es simplemente la coartada perfecta bajo la cual Jesús Maraña y Manuel Rico dan rienda suelta a su soterrado odio al Real Madrid. El bueno de Luis, en su candidez de poeta, no se da cuenta de que si le permiten publicar el domingo es para tenerle ocupado la víspera y joderle así el partido del sábado.

Consideración aparte merece la carencia de una sección de Deportes. Sólo puede deberse a una especie de concepción paternalista del periodismo que, inspirada en el despotismo ilustrado, quiere ofrecer a sus lectores una versión expurgada de la actualidad. “Toda la información para el pueblo, pero sin el pueblo”. Pues bien, señores de infoLibre, el pueblo quiere que si el Real Madrid gana la Copa de Europa se le informe de que el Real Madrid ha ganado la copa de Europa o que si Bustamante se separa de Paula Echevarría, se le dé cumplido detalle del triste suceso –miedo me da acudir al buscador a ver cómo han tratado ustedes esa noticia–.

Lo que ocurre con estos medios progresistas y sesudos, sépalo el lector, es que derraman sobre el fútbol un rigorismo intelectual que está contraindicado con el espíritu de este deporte. Al fútbol no se puede uno acercar desde la razón. ¿Qué explicación racional puede darse a que cada vez que marca el Madrid un servidor sienta la inexorable necesidad de levantarse del sofá y celebrarlo con un bailecito ritual frente a la tele?

¿Es mucho pedir a infoLibre que por un instante se aleje de la circunspección de ese periodismo martirio de fiscales y corruptos que practica y se dedique a lo verdaderamente importante? ¿Qué le hubiera costado a Jesús Maraña –habitualmente desocupado– haberse trasladado a Cardiff para cubrir la cita? Maraña no tenía excusa salvo que, acostumbrado a la vida regalada de lo que yo llamo latin journalist –el periodista al que sus éxitos acaban convirtiendo en una especie de playboy de la información-, prefiriera pasar otra noche de sábado debatiendo en televisión con Marhuenda. Es una lástima porque una adecuada cobertura de la final hubiese permitido perspectivas periodísticas muy interesantes e incluso trascender lo meramente deportivo para encontrar enfoques coincidentes con el posicionamiento editorial de infoLibre.

Por ejemplo, un medio que define su periodismo como comprometido no puede permanecer ajeno a la tremenda injusticia que vivimos los aficionados del Real Madrid. Quiere el tópico que sea reconocida como afición tradicionalmente sufridora la del Atleti pero puedo asegurarles que se sufre mucho más siendo madridista. Ser del Madrid duele. ¿O no es doloroso que, mientras en la mayoría de equipos se tema la derrota, en el Madrid, desde que Sergio Ramos es capitán, la victoria también asuste?

El Madrid no regala nada. Fiel a la lucrativa filosofía de su presidente, a todo pone precio. Del mismo modo que para disfrutar de la elegancia seductora de Zidane hemos tenido antes que sufrir la vergüenza lloricona de Mourinho, los cabezazos salvadores de Ramos cotizan a un precio abusivo: tener que escuchar después al protagonista. Sostengo la teoría de que hay una relación inversamente proporcional entre el número de tatuajes que luce un futbolista y la agudeza de su discurso. Así, mientras en otras hinchadas, cuando tu equipo va ganando, el pitido final da paso a una festiva relajación, si eres del Madrid, a medida que se aproxima ese momento la alegría se va tornando en una cierta desazón porque sabes que algún periodista acabará pidiendo al central andaluz, como primer capitán del equipo, su impresión sobre el partido.

Tal vez la culpa no sea suya. Hace un año, en Estados Unidos se prohibía a los menores de 10 años rematar con la cabeza tras la petición de un grupo de padres preocupados porque el impacto del balón sobre sus delicadas meninges pudiera ocasionarles algún tipo de daño. No está comprobado que el temor tenga base científica. Ni tampoco que surgiera en los padres tras escuchar una entrevista a Sergio Ramos.

Pero, sin duda, la perspectiva que más se ajusta al periodismo que gusta a quienes dirigen infoLibre y que haría merecer al fútbol sección estelar entre sus contenidos es la que permite observar cualquier partido bajo el prisma de la corrupción. No de esa corrupción a gran escala que muchos suponen detrás del negocio millonario en que se ha convertido este deporte y que salpica a presidentes, intermediarios y jugadores sino a la corrupción a pie de césped: el teatro fullero que algunos futbolistas despliegan sin que su descaro tenga consecuencias pese a que sus tramposas maniobras quedan recogidas cada semana por numerosas cámaras.

Unas artimañas cuya evidencia innoble queda acentuada por contraste con el vigoroso festejo de algunos goles: violentos choques de pecho, eufóricas melés, repentinos saltos a traición de un compañero sobre la espalda de otro... Lances, en fin, que al resto de los mortales podrían ocasionarnos un mes de baja laboral y que ellos soportan como si nada y sin perder la sonrisa, mientras que un instante después los mismos protagonistas de esas viriles celebraciones caen fulminados por un dolor insoportable cuando un contrario apenas les roza pese a que, como digo, todas sus acciones quedan recogidas por la televisión. Sueño con una rueda de prensa deportiva en la que algún valiente periodista se atreva a preguntar a uno de estos futbolistas piscineros:  “¿Qué parte no entiendes de la cámara lenta?”. Aunque es posible que lo que entiendan mejor que nosotros es el mecanismo del engaño –corrupción al fin- que sólo nos indigna cuando nos ocasiona un perjuicio mientras que su escozor queda atenuado cuando nos beneficia o lo practica alguno de los nuestros.

Pues bien, todo esto que acabo de contarles, incomprensiblemente, no interesa a infoLibre, un medio capaz de dedicar cuantas páginas hagan falta a chismes como lo del fiscal Moix quien, por cierto, dado el desinterés futbolístico de Rico y Maraña, tenía muy fácil haberse zafado de su justiciera vigilancia: bastaba con que, además de Fiscal Anticorrupción, hubiera sido Balón de Oro.

Manuel Moix fue despedido con pesar, al menos en público, por el fiscal general del Estado. En la comparecencia en la que anunció su renuncia, el pasado 1 de junio, José Manuel Maza aseguró que el fiscal jefe de Anticorrupción no había cometido "ningún tipo de irregularidad ni de ilegalidad" pese a ser copropietario de una empresa en Panamá y que había actuado en todo momento con "total transparencia, comunicación a la Hacienda Pública y pagando los correspondientes impuestos".

¿Son esas afirmaciones de Maza ciertas? Este periódico ha consultado a dos inspectores y un técnico de Hacienda y los tres han concluido de forma unánime que, salvo que Moix hubiese enseñado a Maza otros documentos más allá de la información fragmentaria que facilitó a dos medios de comunicación, "no se puede afirmar que Manuel Moix actuó con total transparencia, comunicación a la Hacienda Pública y pagando impuestos. De hecho, todo apunta a lo contrario".

infoLibre también se puso en contacto con Maza, para saber si Moix le había aportado documentación adicional que le llevase a realizar esa defensa apasionada sobre su comportamiento y conocer si mantenía a dia de hoy las afirmaciones realizadas hace una semana. El fiscal general del Estado respondió, a través de un portavoz autorizado, que las declaraciones realizadas en aquella comparecencia "se hicieron con base en la información de que se disponía". 

Los hechos, desvelados por este periódico, son los siguientes. El fiscal Manuel Moix es desde hace cinco años y medio dueño del 25% de una sociedad en Panamá, denominada Duchesse Financial Overseas. La sociedad se constituyó en 1988 con un objetivo muy claro: ocultar quiénes eran los verdaderos propietarios de un chalé en el municipio de Collado Villalba (Madrid), que llegó a estar valorado en 900.000 euros aunque su actual valor de mercado se sitúa en 550.000. Los dueños del inmueble eran los padres del fiscal –Manuel Moix Martínez y Manuela Blázquez Borja–, pero para no pagar a la pequeña constructora local que lo había edificado –llamada Terecon SA–, decidieron adquirir una compañía en Panamá y trasladarle la titularidad del inmueble.

Aunque Duchesse Financial Overseas compró el chalé el 24 de febrero de 1988, mantuvo oculta esta adquisición durante más de nueve años a la Hacienda española, hasta que prescribió la obligación de pagar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP). Entre los años 1988 y 2000, Terecon SA inició hasta cuatro procedimientos judiciales distintos contra los Moix y contra su sociedad panameña. “El fiscal Manuel Moix estuvo presente cuando sus padres declararon ante la jueza por alzamiento de bienes”, declaró a infoLibre José Román Marín de la Bárcena, el abogado de Terecon SA. Apenas 60 horas después de que saltase el escándalo, el fiscal jefe de Anticorrupción tuvo que abandonar el cargo.

Levantar el velo societario

"Un juez o un Inspector de Hacienda, enfrentados a la realidad constatada, una sociedad sin actividad empresarial, en la que permanecen ocultos los socios y que se ha constituido y utilizado para defraudar a un acreedor, levantarían el velo societario y aplicarían las normas jurídicas procedentes como si la sociedad no existiese". Esa es la conclusión rotunda que ofrece a infoLibre un inspector de Hacienda con décadas de experiencia, que ha analizado la documentación sobre el caso que obra en poder de este periódico.

El levantamiento del velo societario es una figura jurídica que busca evitar que se utilice una sociedad con un fin fraudulento y la consecuencia de su aplicación es que los socios de una compañía mercantil tienen que responder personalmente de sus obligaciones y deudas.

"En el ámbito tributario, el levantamiento del velo societario supone que los dueños de la sociedad deberían de haber declarado la imputación de rentas inmobiliarias en su IRPF y los herederos tendrían que haber pagado el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en el momento de fallecimiento del padre de los hermanos Moix", continúa su explicación el inspector de Hacienda. El fiscal y sus tres hermanos se convirtieron en propietarios de Duchesse Financial Overseas por herencia, en diciembre de 2011, cuando murió su padre. En cuanto a la "imputación de rentas inmobiliarias" es la obligación que tienen los propietarios de inmuebles utilizados como segunda residencia de imputarse en su declaración anual una renta inmobiliaria del 1,1% de su valor catastral (o del 2% si dicho valor no ha sido revisado desde 1994). Por último, el IIVTNU es conocido popularmente como "las plusvalías", y es un impuesto municipal que se debe abonar cuando se transmite la propiedad de un inmueble y se ha producido un incremento del valor de los terrenos urbanos.

En otras palabras: el levantamiento del velo societario equivale a considerar que en 2011, cuando falleció el padre de Moix, se produjo una transmisión de la propiedad del chalé a sus cuatro hijos. De forma que, aunque en el Registro de la Propiedad siga figurando como propietaria Duchesse Financial Overseas, en realidad hay que considerar como sus verdaderos dueños al fiscal y sus tres hermanos. Y estos tenían dos obligaciones fiscales que no cumplieron: pagar las plusvalías en 2012 en el municipio de Collado Villalba y realizar la imputación de rentas inmobiliarias en su declaración de IRPF desde aquel año.

En este caso, sabemos que no cumplieron esas obligaciones porque el propio Moix confesó que habían mantenido la titularidad del inmueble a nombre de la sociedad panameña porque uno de los hermanos no tenía presuntamente dinero para pagar las plusvalías municipales y porque en ningún momento el fiscal aceptó ser el propietario directo de la vivienda –en apariencia es dueño del 25% de las acciones de la sociedad titular del inmueble–, así que no tendría lógica que realizase la imputación de rentas en su IRPF.

El Impuesto de la Renta de No Residentes (IRNR)

"Aún admitiendo a efectos puramente dialécticos la existencia de la estructura creada por la familia, que el fiscal Moix ha defendido como legal, no hay constancia de que la sociedad haya tributado por el Impuesto sobre la Renta de No Residentes (IRNR), en relación a la imputación de rentas inmobiliarias prevista en esos tributos", explica otro de los inspectores de Hacienda consultados. ¿Qué quiere decir? Pues que si no se procediese al levantamiento del velo societario, la imputación de rentas inmobiliarias no la tendrían que hacer los hermanos Moix en su IRPF, pero sí Duchesse Financial Overseas en el IRNR. Y, entre los documentos fragmentarios mostrados por Moix, no figura ninguno relacionado con el IRNR. Y tampoco contestó a las preguntas que infoLibre le formuló al respecto antes de publicar la primera información.

Es decir, alguien tiene que declarar la imputación de rentas inmobiliarias desde el ejercicio 2012. O los hermanos, o la sociedad. En caso contrario, se están ocultando rentas a Hacienda. Y Moix no ha demostrado que se estén declarando. Pero ello no fue obstáculo para que el fiscal general del Estado asegurase, en su comparecencia pública del 1 de junio, que se habían pagado "los impuestos correspondientes". ¿Cómo lo sabe Maza? Este periódico le preguntó, pero contestó con una respuesta genérica que no lo aclara.

La regularización catastral

Otra cuestión que se desconoce es cuándo se produjo la regularización catastral del chalé. En el Registro de la Propiedad consta una declaración de obra nueva, mediante una escritura otorgada el 7 de mayo de 1987, en la que se afirma que sobre la parcela de casi 5.000 metros cuadrados que tiene la finca se construyó "una vivienda unifamiliar, que consta de dos alturas, con una superficie total de 220 metros cuadrados".

Sin embargo, en la ficha catastral del inmueble se asegura que la superficie construida de la vivienda es de 457 metros cuadrados y que existe como construcción aneja una piscina, con una lámina de agua de 53 metros cuadrados.

¿Cuándo se produjo esa regularización catastral y a instancias de quién? No se sabe. Pudo ser de oficio, por parte del Ayuntamiento de Collado Villalba, o a instancias de los titulares del inmueble, que son los obligados a declarar de forma correcta los datos al catastro. Esa información sirve para calcular el importe del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), que deben pagar los dueños de la vivienda. Tampoco en este caso Maza quiso aclarar a infoLibre si tenía algún tipo de información para asegurar que el fiscal y sus hermanos siempre habían pagado el IBI que les correspondía y no se había producido ninguna irregularidad.

La actuación correcta

¿Cómo debería haber actuado el fiscal Moix para cumplir en todo momento con la legalidad? La respuesta de los inspectores de Hacienda es clara: "Manuel Moix nunca debería de haber coadyuvado a la constitución de Duchesse, a la transmisión del inmueble a esa entidad mediante un negocio jurídico connotado con los ingredientes de la simulación y, en última instancia, a la defraudación de un acreedor y a los incumplimientos tributarios observados: ausencia de declaración de la imputaciones de rentas inmobiliarias en el IRPF y ausencia de autoliquidación del IIVTNU en el momento de la transmisión del inmueble".

¿Y si se aceptase como mera hipótesis la versión de Moix de que no se enteró de la existencia de Duchesse Financial Overseas hasta que heredó su parte de la empresa? Una hipótesis que, por otra parte, ya ha quedado demostrada que es falsa puesto que Moix asistió personalmente a un acto procesal relacionado con el pleito por alzamiento de bienes. "De ser cierta su tesis de que no había conocido la existencia de la estructura creada en vida de sus padres, le resultaba exigible desarrollar una actuación equivalente a la que ya hemos comentado efectuaría un inspector de Hacienda, un juez y, por supuesto, un fiscal: deshacer la estructura artificiosa creada con ánimo de defraudación. Y a partir de ese momento aplicar las normas jurídicas procedentes y, singularmente, las tributarias que ya se han señalado: autoliquidación del IIVTNU e imputación de rentas inmobiliarias en el IRPF", resume el inspector de Hacienda.

Nada de eso hizo Manuel Moix Blázquez, el primer fiscal con empresa en Panamá que se conozca. Pero su superior, José Manuel Maza, lo absolvió en una comparecencia en la que más que su destitución parecía que iba a anunciar su ascenso. Falta saber si Maza dispuso de pruebas facilitadas por Moix del cumplimiento de todas sus obligaciones fiscales o si el fiscal general del Estado mintió, a sabiendas o por desconocimiento de las normas tributarias.