Una de las incógnitas que planteaban las elecciones de Castilla y León era conocer qué incidencia iban a tener los graves incendios forestales del pasado verano en los municipios más afectados y, mayoritariamente, han apoyado al PP a excepción de lo ocurridos en El Bierzo, una comarca históricamente socialista, según informa EFE.

El pasado verano fue uno de los más negros para esta Comunidad con más de 140.000 hectáreas quemadas y tres personas fallecidas a causa del fuego.

Entre los fuegos más graves destacaron los registrados en municipios como Benuza y Encinedo (León), Ferreras de Abajo y Mahíde (Zamora), Navalacruz y Arenas de San Pedro (Ávila) o Monsagro (Salamanca), que obligaron a evacuar o confinar a vecinos de distintas localidades durante varios días.

En la comarca leonesa del Bierzo, históricamente ligada a la minería y al movimiento sindical, el PSOE ha conseguido ser la fuerza más votada en la mayoría de los principales municipios afectados por los fuegos, como en Villablino (48,6%), Bembibre (40,6%) o Toreno (53,9%).

Sin embargo, en los pequeños municipios de Benuza y Encinedo, muy afectados por los fuegos, el PP ha conseguido sendas victorias, con el 62,8% y el 48% de los votos, respectivamente.

Fuera de León, la victoria del PP en los núcleos afectados por los fuegos ha sido más clara. En Zamora el PP se alzó como la primera fueza en Mahíde (54,8%), Ferreras de Abajo (41,6%) y Riofrío de Alista (65%) y, en Ávila, en Arenas de San pedro (39%) y Mombeltrán (31,5%), mientras que en Navalacruz, PP y PSOE empataron al 35% de los votos.

Preguntado por la incidencia que han podido tener estos incendios en las elecciones, el candidato del PP a la reelección y ganador de los comicios, Alfonso Fernández Mañueco, ha asegurado que estos no han castigado al PP, ya que en León, una de las provincias más afectadas, su formación ha estado "a punto de ganar".

"Otros han querido hacer de una tragedia política a corto plazo, lo que es un error", ha expresado el presidente en funciones de la Junta en declaraciones a TVE tras las conocerse los resultados.

En la provincia de León, el PP ha conseguido un 28,04% de los votos, una subida de 3 puntos, frente al PSOE, que ha sido la fuerza más votada en la provincia con el 28,27%, aunque en la comarca del Bierzo, el PSOE ganó en 32 de sus 38 municipios.

Alfonso Fernández Mañueco ha ganado las elecciones este domingo en Castilla y León, un triunfo que el Partido Popular daba por descontado aunque por momentos se llegó a temer que el auge de Vox le hiciera perder posiciones y eso diera el primer puesto al PSOE. No fue así. El barón del PP se impuso con más de cuatro puntos de ventaja respecto a la candidatura del socialista Carlos Martínez y sumó dos escaños a los obtenidos en 2022. Con todo, con sus 33 procuradores, Mañueco se queda lejos de una mayoría absoluta y vuelve a quedar en manos de la formación de Santiago Abascal.

En toda la campaña, el PP trató de instalar el mensaje de que ellos representan la estabilidad y el 'status quo', un mensaje que ha vuelto a funcionar tras cuatro décadas de dominio conservador en una comunidad envejecida y muy conservadora. En su comparecencia, Mañueco presumió de que el PP ha logrado "el mejor resultado" y asumió "la responsabilidad de formar gobierno" que, dijo, le han encargado los ciudadanos de Castilla y León. En ese nuevo escenario, prometió abrir una fase de "diálogo, acuerdo y pacto", aunque acotó de inmediato sus márgenes: aseguró que hablará "con todos", pero descartó cualquier acuerdo de gobernabilidad con "el sanchismo" en Castilla y León.

Mañueco no lo citó expresamente, pero sitúa a Vox como su socio preferente después de que precisamente se abriera hace cuatro años el ciclo de gobiernos conjuntos en esa comunidad. Los ultraderechistas han obtenido catorce escaños con el 18,92% de los votos, su mejor resultado en una comunidad autónoma, pero la gestión de las expectativas les han jugado una mala pasada. El objetivo que se habían marcado los de Abascal era superar el 20% de los votos, un escenario que anticipaban las encuestas y también el propio PP, pero se han quedado a más de un punto de lograrlo, por lo que su resultado queda totalmente deslucido.

Las derechas viven su propia lucha interna sobre la correlación de poderes. Y, tras dos elecciones autonómicas—las de Extremadura y Aragón—, en las que Vox había duplicado sus votos y escaños y se había reivindicado como el "verdadero ganador" de la noche frente a los conservadores, el resultado de este domingo parece delimitar el techo de la extrema derecha. Sin embargo, el líder de Vox no comparte esa lectura. Así, Abascal aseguró que, "a pesar de todos los intentos" por "frenar" y "silenciar" a su formación "no hay techo para Vox".

El candidato ultra en Castilla y León, Carlos Pollán —que ha quedado opacado por Abascal durante toda la campaña—, interpretó el resultado como la prueba de que "la ola del sentido común es absolutamente imparable" y de que Vox es ya "una realidad consolidada". Frente a quienes, dijo, les han dado "por muertos muchas veces", defendió que van a influir "de manera determinante" en las políticas que se apliquen bajo el gobierno de Alfonso Fernández Mañueco.

Un mensaje en el que incidió también Abascal. "Vamos a negociar medida a medida, con plazos y garantías de cumplimiento para asegurarnos de que el voto que esos castellanos y leoneses, extremeños y aragoneses han depositado en Vox sea respetado y se garantice que no se ha defraudado", señaló. Así, volverán a tratar de poner contra las cuerdas al barón del PP.

La lectura en Génova es otra. A juicio del PP, el resultado es un "castigo" por el bloqueo a la candidatura de la presidenta extremeña María Guardiola. "Estuvo más cerca del 25% que del 20% en los trackings de hace menos de un mes y su decisión de bloquear un gobierno de centro derecha en Extremadura le ha hecho daño", analizan en Génova 13. A diferencia de lo ocurrido con Guardiola y con Jorge Azcón posteriormente, las elecciones de Castilla y León no han sido fruto de un adelanto calculado, sino del fin de la legislatura. Nadie en el PP confiaba demasiado en Mañueco, pero ha salido mejor parado de lo esperado.

La campaña ha estado marcada por el juego cruzado entre ambos partidos a cuenta, precisamente, del 'no' de Vox a Guardiola en Extremadura. "El que se presente para bloquear la alternativa al Gobierno y estafar al ciudadano merece un castigo de la gente", llegó a pedir Feijóo en el mitin de cierre en Valladolid. "Que alguien que dice que hay que echar a [Pedro] Sánchez, pida el voto para no dejar gobernar al PP no lo había visto en la vida", denunció.

Abascal también se metió de lleno en esa guerra. Acusó al PP de llevar a cabo una "guerra sucia" contra su formación, para, según su opinión, desgastarlos en el marco de los sucesivos procesos electorales y sabotear las conversaciones de cara a futuros pactos. En ese sentido, dirigió más sus críticas a la dirección nacional del PP, y en especial a su secretario general Miguel Tellado, por querer boicotear, a su modo de ver, la investidura de Guardiola.

Con todo, la mala noticia para el PP es que los socialistas han acabado con su racha de derrotas y han mejorado sus posiciones respecto a 2022, con dos escaños más. La tesis de la dirección nacional es que han logrado capitalizar los votos de las formaciones a su izquierda "a costa de Podemos, UPL y Soria Ya". "¿Cuántas elecciones autonómicas tiene que perder el PSOE para que cambie de políticas y de políticos?", apuntan fuentes del equipo de Feijóo.

"Uno de los escaños que sube el PSOE lo consigue en Segovia y bajando en porcentaje de voto. Lo coge porque esa provincia reparte un procurador más. Por tanto el único escaño que el PSOE le arrebata a otro partido se lo quita a Soria ya", apuntan desde el equipo de Feijóo respecto al crecimiento de los socialistas. En la dirección nacional sostienen, además, que el "No a la guerra" no es el responsable de ese cambio y que "no ha servido de nada al PSOE".

Castilla y León habló este domingo con sus papeletas. Y este 15M ha dejado una victoria del Partido Popular, sin mayoría absoluta, con un PSOE también creciendo y quedándose a tres procuradores del PP. Alfonso Fernández Mañueco vuelve a estar en manos de Vox, pero la ultraderecha pincha en su intento de superar el 20%. Todo en una noche en la que la izquierda transformadora, que se presentó dividida, se quedó fuera de las Cortes.

El próximo Parlamento de Castilla y León se configura de esta manera tras los comicios: PP (33 diputados), PSOE (30), Vox (14), UPL (3), Por Ávila (1) y Soria Ya (1). La radiografía electoral de la comunidad deja una mayoría absoluta de las derechas (incluyendo también a SALF) que supera el 55%, pero el mapa está marcado por el dominio del bipartidismo, con populares y socialistas superando el 65% en las urnas.

A pesar del fuerte desgaste por la gestión de los incendios, el Partido Popular ha mejorado sus resultados en estas elecciones, que se han celebrado tras agotarse una complicada legislatura en la que Vox se salió del Gobierno de coalición. Los populares suben más de cuatro puntos respecto a 2022, superando el 35%, e incrementan su grupo con dos escaños más. 

No obstante, los populares vuelven a quedar en manos de la ultraderecha. Castilla y León se suma desde este domingo a Extremadura y Aragón, donde el PP y la formación ultra siguen empantanados en las negociaciones para materializar las investiduras de María Guardiola y de Jorge Azcón. Un campo de juego que se ha enfangado aún más durante esta campaña, donde los partidos han subido el tono contra su rival en el espectro ideológico.

Pero el PP duerme a partir de este momento algo aliviado por haber conseguido crecer más que la ultraderecha y parar esa progresión que parecía imparable por parte de los de Santiago Abascal. Vox no ha conseguido superar la barrera psicológica del 20% después de una campaña en la que se veía con posibilidad de pasar holgadamente esa cifra. La ultraderecha solo suma un escaño más y su crecimiento es de 1,2 puntos. 

Por lo tanto, la ultraderecha no logra ese gran incremento que registró en Extremadura y Aragón, donde duplicó sus resultados. En esta ocasión, partían de un porcentaje alto conseguido en 2022 (17,63%), pero se queda corto ese 18,8% ante las grandes expectativas de un partido cuyo líder, Santiago Abascal, se ha echado a las espaldas la campaña en una comunidad que consideraba proclive a sus intereses: de carácter conservador y con un gran peso del mundo rural.

Ahora Vox se enfrentará a un gran dilema sobre qué quiere hacer con la estabilidad de esas tres comunidades y si va a mantener su estrategia de condicionar al Partido Popular desde fuera sin entrar en los gobiernos. Hasta el momento le estaba dando buen resultado en las encuestas, pero Castilla y León ha supuesto un freno en una comunidad clave también para las generales porque la ultraderecha tenía en mente romper el bipartidismo habitual en esas provincias.

Este domingo ha supuesto para el PSOE un respiro tras los duros golpes en Extremadura y Aragón. Los socialistas han crecido cerca de un punto para situarse casi en el 31% y han sumado dos nuevos parlamentarios (pasan de 28 a 30). De esta manera, se rompió la tendencia a la baja y el partido vivió un incremento, algo que no sucedía desde las elecciones en Cataluña en 2024.

Varios factores han servido al PSOE para subir en votos: desde el perfil de Carlos Martínez como candidato hasta el mensaje del “No a la guerra” que ha impregnado toda la campaña pasando por la apelación al voto útil por parte de los socialistas, que se presentaron como la única alternativa con posibilidades ante la derecha al ir la izquierda transformadora separada en dos listas (Izquierda Unida-Movimiento Sumar y Podemos).

Los socialistas han encontrado en Martínez un candidato muy sólido, que venía con el currículum de cinco victorias en las municipales de Soria (cuatro veces con mayoría absoluta). El líder de los socialistas tiene un perfil atípico, ya que nunca había apoyado a Pedro Sánchez en procesos internos pero, en cambio, llegó al liderazgo autonómico hace un año con el beneplácito de la dirección nacional en Ferraz. Una de las claves del resultado ha sido, como él ha dicho, “territorio y territorio”.

En cambio, la noche fue terrorífica para las izquierdas transformadoras, que se quedan fuera de las Cortes. En la última legislatura tenían un procurador, Pablo Fernández (Podemos). La lista de IU-Movimiento Sumar apenas superó el 2,2%, mientras que la de Podemos se quedó en el 0,74% (por ejemplo, SALF le duplicó en porcentaje de voto).

Este resultado llega en un momento en el que la izquierda a nivel nacional encara el debate del proyecto para las próximas elecciones generales. El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, señaló al calor de los resultados: “0 escaños a la izquierda del PSOE. No hacer algo (o hacer lo de siempre) es pura negligencia”. Asimismo, ese espacio también está dividido de cara a las vitales elecciones de Andalucía, que se celebrarán previsiblemente a mediados del mes de junio. 

La vista estaba también puesta en este 15-M en los partidos de corte regionalista y centrados en la España Vaciada. Pero no consiguieron cumplir con sus expectativas. UPL, que aspiraba a ser primera fuerza en León, se queda con los mismos tres procuradores y no pudo superar al PSOE y al Partido Popular. Por Ávila también repitió su resultado (un escaño). La peor parte se la llevó Soria Ya, que perdió dos escaños y pasó a ser la tercera fuerza en su provincia, viendo cómo el PSOE crecía por el efecto Martínez.

Castilla y León ya habló este domingo. Ahora el PP y Vox vuelven a la casilla de las negociaciones. Y las urnas ya miran su próximo horizonte: Andalucía.

El buen tiempo y la ausencia de incidencias relevantes han marcado la primera parte de la jornada electoral en Castilla y León, donde hasta las dos de la tarde ha votado ya casi el 37% de los electores, lo que representa un incremento en la participación de 2,24 puntos respecto a 2022. El aumento en la participación es generalizado en todas las provincias, aunque es mayor en Palencia, Soria y Zamora.

Con 2.097.768 ciudadanos llamados a las urnas en la comunidad, en torno a las 9.40 horas han quedado constituidas las 4.470 mesas electorales, el cien por cien de las dispuestas en los 2.910 locales abiertos, sin que se hayan registrado problemas graves para culminar ese trámite.

Como anécdotas, en tres municipios de Burgos y otros tantos de Soria han tenido que constituirse las mesas con ciudadanos de otros municipios porque no había ciudadanos suficientes para constituirlas. En concreto, eso ha ocurrido en Villamedianilla, Jaramillo Quemado y Tinieblas de la Sierra, en Burgos, y en Soria en Herrera de Soria, Villanueva de Gormaz y Escobosa de Almazán.

Todos los principales candidatos en este proceso han ejercido su voto sin incidencias, con apelaciones generalizadas a la participación y a la normalidad democrática.

Alfonso Fernández Mañueco (PP) ha votado en Salamanca, donde ha subrayado la responsabilidad de la sociedad a la hora de tomar una decisión que marcará el próximo gobierno y ha valorado el incremento de la participación como algo positivo para todos.

Carlos Martínez (PSOE) ha acudido a votar en Soria, la ciudad de la que es alcalde, con uno de sus hijos, quien le ha ayudado a introducir el sobre en la urna, y ha animado a "alzar la voz" para dar un "vuelco" a esta Comunidad en una jornada que vive "con un nudo en el estómago".

Por su parte, Carlos Pollán (Vox) ha votado en las Escuelas Viejas del municipio leonés de Carbajal de la Legua, con llamamientos a la ilusión de los electores que quieren que "esto cambie".

También en la provincia de León, pero en el municipio de Santa María del Páramo, donde es alcaldesa, ha ejercido su derecho al voto Alicia Gallego (UPL), confiada en que haya una elevada participación y en alcanzar el objetivo de tener un grupo parlamentario propio -necesitarían cinco procuradores-.

En el centro de FP Pico Frentes de Soria ha votado también Ángel Ceña (Soria Ya), con la demanda a los ciudadanos de "votar diferente" y con la ilusión por poder mantener unos apoyos que les dieron en 2022 hasta tres parlamentarios.

El candidato de Podemos-Alianza Verde, Miguel Ángel Llamas, ha votado en el instituto Claudio Moyano, donde ha pedido ejercer este derecho "en conciencia", mientras que el representante de En Común (IU-Sumar-Equo), Juan Gascón, ha depositado su papeleta en el Colegio Santa Rita acompañado por su hijo mayor, que votaba por primera vez, con la esperanza de construir una nueva Comunidad.

Por último, Pedro Pascual (Por Ávila) ha votado en las instalaciones del Parque del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Speis) del Ayuntamiento de Ávila, donde ha insistido en que la provincia "se juega muchísimo".

Para lo que resta de tarde, comunicación de nuevos datos de participación a las seis de la tarde y cierre de los colegios electorales dos horas después, a las ocho, cuando arrancará un recuento que desembocará en unos resultados que distribuirán los 82 escaños en juego en Castilla y León

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente (PSOE), ha deseado este domingo “la más alta participación” en las elecciones autonómicas para propiciar “un cambio” tras casi cuarenta años de gobiernos del Partido Popular. Minutos antes de realizar estas declaraciones, el ministro, quien había acudido a votar a un colegio electoral de Valladolid, fue increpado por un apoderado de Vox al grito de “dimisión”. "Hay que saber llevar la credencial", le reprendieron los socialistas.

Tras esta situación, Puente ha respondido a través de su perfil en la red social X: "Ya hemos ejercido nuestro derecho al voto, bajo la atenta mirada de dos interventores de Vox que seguramente indagaban si intentaba votar bajo una identidad falsa. Después uno de ellos se dedicó a increparme. Ellos son más de que no se vote, como sucedió en tiempos del Caudillo"

El socialista también ha valorado frente a los periodistas "esta maravillosa rutina" que, a su juicio, representa "el derecho democrático de votar y de elegir un futuro". También ha destacado la normalidad "de un país que vive en libertad". "Que tiene derecho a elegir y a decidir y a ejercer ese derecho como hemos hecho hoy y como venimos haciendo ya casi cinco décadas, lo cual siempre tiene que ser un motivo de celebración porque no siempre fue así", ha señalado.

Castilla y León ha elegido la configuración de las Cortes para los siguientes cuatro años. El PP de Mañueco ha ganado las elecciones, pero dependerá de Vox, que frena su ascenso y se queda por debajo de sus expectativas. El PSOE mejora sus resultados respecto a 2022 y frena la mala racha de Extremadura y Aragón. La siguiente parada, los comicios de Andalucía.

Horas decisivas. En los cuarteles generales de los partidos saben que los ciudadanos cada vez eligen más tarde su papeleta. Y este cierre de campaña de Castilla y León es vital para todas las formaciones. Hay escaños bailando, que pueden determinar todavía la fotografía definitiva que saldrá este domingo una vez se cierren las urnas.

Las elecciones en Castilla y León tienen varias dimensiones y sus efectos no se quedarán solo dentro de las nueve provincias, sino que afectarán también al panorama nacional que vive ya de manera trepidante inmerso en la montaña rusa del ciclo electoral tras las primeras paradas en Extremadura y Aragón. Con la vista puesta también en los comicios que Andalucía celebrará previsiblemente en el mes de junio.

El Partido Popular vive este domingo otra prueba de fuego y medirá su dependencia de los de Santiago Abascal. Los populares son conscientes de que está lejos la mayoría absoluta (con el recuerdo de la experiencia fallida de hace cuatro años) y tratan durante estas horas de frenar principalmente el ascenso de Vox.

Alfonso Fernández Mañueco, muy desgastado por su gestión de los incendios forestales del pasado verano, se está viendo respaldado por Alberto Núñez Feijóo, cuya presencia en Castilla y León se ha multiplicado en los últimos días. Y los populares tratan de instalar el mensaje, en una comunidad envejecida y muy conservadora, de que ellos representan la experiencia y la gestión frente a una ultraderecha que abandonó el Gobierno autonómico con la excusa a nivel nacional de la distribución de plazas para menores migrantes no acompañados.

“Ahora está de moda en la política española no gobernar. Hay gente que se presenta en España para no gobernar e impedir que gobierne el que gana. ¡Y dicen que son patriotas!”, ha sido el principal mensaje del líder de los populares en el tramo final de la campaña contra Santiago Abascal. 

El propio Mañueco quiere vender en esta recta final la idea de que quiere gobernar en solitario con acuerdos puntuales con Vox desde el ámbito parlamentario. Los populares tratan de enarbolar la bandera del voto útil ante un Abascal omnipresente en Castilla y León durante estos quince días. Una de las preocupaciones que tienen en Génova 13 es el daño electoral que puede tener en esta autonomía tan agrícola el pacto alcanzado en Bruselas para el acuerdo comercial con Mercosur, que está aprovechando la ultraderecha.

La otra vertiente que trata de sacar a pasear el PP es el antisanchismo, el recurso más utilizado por Mañueco durante estas dos semanas y que se ha visto potenciado también con figuras nacionales como Miguel Tellado (secretario general de los populares) e Isabel Díaz Ayuso (presidenta de la Comunidad de Madrid). 

El propio Pedro Sánchez va a estar presente este viernes en el cierre de campaña en Castilla y León en un acto en Valladolid. Los socialistas le dan una gran importancia a esta cita, por lo que pondrán toda la carne en el asador llevando también al mitin, junto a Carlos Martínez, al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y al ministro de Transportes, Óscar Puente.

Los socialistas esperan sacudirse las duras derrotas en las elecciones de Extremadura y Aragón. El PSOE aspira incluso a ser primera fuerza la noche del domingo o a quedar muy cerca del Partido Popular, lo que permitirá a la calle Ferraz respirar algo más aliviada. En los últimos días ha impactado de lleno en la campaña el “No a la guerra”, aunque nadie se atreve a vaticinar qué beneficios para la izquierda puede suponer en las urnas.

El PSOE se presenta esta vez con Carlos Martínez, el exalcalde de Soria. A él no le gusta apelar al voto útil para robarle votos a los partidos a su izquierda, pero los socialistas sí se presentan durante estas horas como la única opción posible para ser la alternativa tras cuatro décadas de gobiernos encabezados por el Partido Popular. Todo ello en un panorama electoral donde el espacio de la izquierda transformadora va de nuevo por separado con listas de IU-Movimiento Sumar y de Podemos, además de la competencia con fuerzas como UPL (que aspira a ser primera fuerza en la provincia de León), Por Ávila y Soria Ya.

De hecho, IU-Sumar y Podemos tratan de esquivar el fantasma del voto útil hacia el PSOE para poder tratar de arañar algún escaño (actualmente tienen sólo a Pablo Fernández como diputado). La obsesión de todos los partidos en estos momentos es lograr los últimos puestos en juego en cada provincia, un baile constante hasta el último día. 

En las últimas elecciones de 2022, el PP logró el último escaño en disputa en seis de las nueve circunscripciones provinciales (Ávila, León, Palencia, Salamanca, Segovia y Valladolid), mientras que el PSOE lo consiguió en dos (Burgos y Zamora) y Soria Ya se llevó el último en su provincia. Aunque la dirección socialista no quiere apelar a ese voto útil, en las redes sociales militantes socialistas están apelando a ese sufragio para poder arañar el último escaño en provincias como Salamanca, León, Palencia o Soria.

Estos movimientos de última hora también preocupan mucho en la calle Génova y el líder de los populares ha dado la orden directa de que todos sus alcaldes se movilicen entre los votantes para arrastrar hasta la última papeleta posible. Todos con la vista puesta en ese más de 15% de población de Castilla y León, según el barómetro preelectoral del CIS, que declaró que no sabía o no decía que iba a votar al principio de la campaña. El domingo hablarán las urnas. 

Hay comunidades donde los medios son el poder, o cuando menos, una pieza indisociable de él. Castilla y León es un buen ejemplo de ello. Este domingo, cuando sus ciudadanos acudan a las urnas, lo harán después de haber sido informados, durante años, por un ecosistema mediático cuya estructura de propiedad, cuyas fuentes de financiación y cuyos vínculos con la política regional constituyen uno de los casos más reveladores —y más perturbadores— del estado de la libertad de prensa en España.

El mapa es tan singular que merece ser contemplado en toda su crudeza. La comunidad más extensa del país, con nueve provincias y una dispersión geográfica que convierte el acceso a la información en un reto estructural, carece de televisión pública propia. En su lugar, desde 2009, el servicio lo presta Radiotelevisión Castilla y León S.A. (RTVCyL), una empresa privada cuya propiedad se reparte al 50% entre dos grupos empresariales: Promecal, de Antonio Miguel Méndez Pozo, y Edigrup Media, vinculado a la familia del constructor José Luis Ulibarri. Dos rivales que comparten negocio. Dos socios que, más allá de la televisión, dominan el grueso de la prensa escrita y la radio local de la región.

Para entender cómo llegó Castilla y León a este modelo insólito, hay que retroceder al año 2009. El entonces presidente regional, Juan Vicente Herrera, quiso poner en marcha una televisión autonómica en plena gran recesión, pero decidió externalizar completamente su gestión al sector privado. El problema era que los dos grandes grupos mediáticos de la comunidad —Promecal y Edigrup— se disputaban ferozmente la concesión. La solución fue salomónica: obligarles a compartir el pastel al cincuenta por ciento. Así nació una empresa que es privada en su titularidad, pero pública en su función y en gran parte de su financiación.

Las biografías de sus propietarios añaden una dimensión inquietante al análisis. José Luis Ulibarri fue condenado en 2022 por la Audiencia Nacional en la causa Gürtel Boadilla, acumulando penas por prevaricación, fraude a la administración pública, falsedad documental, delito contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias. Colaboró con la justicia para evitar una condena inicial de siete años.

Antonio Miguel Méndez Pozo fue condenado en 1994 por corrupción urbanística a siete años de prisión —de los que cumplió apenas nueve meses— y doce de inhabilitación. Dos empresarios con condenas por corrupción son, en 2025, los gestores del servicio público audiovisual de una de las comunidades más grandes de España. Y cada año reciben, solo en concepto de subvención para RCyLTV, más de 21 millones de euros de dinero público a pesar de que el promedio de audiencia de sus dos canales es ridículamente bajo.

El flujo de fondos públicos hacia estos grupos no se limita a la televisión. La Junta de Castilla y León destinó 19,4 millones de euros en publicidad institucional en 2023. Sumados a los más de 21 millones de la subvención a RTVCyL, el dinero de todos que alimenta directamente el ecosistema mediático controlado por Méndez Pozo y Ulibarri supera los 40 millones de euros anuales.

Una cifra disparatada que pone de relieve lo que los estudiosos del fenómeno denominan “captura de medios”: la conversión de los grupos de comunicación en instrumentos al servicio de intereses políticos y empresariales, más que en contrapoderes independientes. Porque ese dinero condiciona lo que publican las cabeceras, de papel y digitales, de los dos empresarios que controlan la televisión autonómica.

Un informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) detectó que el 60% del gasto en publicidad institucional de la Junta se concentra en la prensa de papel, precisamente el soporte que más audiencia pierde. Para la AIReF, esto equivale a una subvención encubierta destinada a sostener estructuras empresariales a cambio de coberturas favorables. Es el diagnóstico de un organismo oficial que cuantifica la deformación del mercado mediático regional.

Los partidos de la oposición llevan años denunciando lo que consideran una orientación sistemáticamente favorable al PP en los informativos . El PSOE y Ciudadanos apuntan al sesgo en la cobertura del Gobierno regional; Unidas Podemos y Soria ¡Ya! añaden que la cadena blanquea a Vox y sobrerrepresenta a Valladolid en detrimento del resto de provincias.

Sin embargo, y esto es significativo, no constan denuncias de manipulación por parte de los propios periodistas de la cadena. Sus movilizaciones han sido por razones laborales —los sueldos son bajos—, no por presiones editoriales. El Colegio de Periodistas de Castilla y León nunca ha firmado un pronunciamiento sobre la dependencia política de CyLTV.

En junio de 2025, sin embargo, algo amenazó con poner patas arriba el tablero. Los partidos de la oposición en las Cortes autonómicas —PSOE, Vox, Ciudadanos y Podemos— lograron imponer a la Junta de Alfonso Fernández Mañueco una reforma de la Ley de Publicidad Institucional que ha levantado una polvareda sin precedentes en el sector. La medida estrella de la norma establece que ningún medio podrá recibir de la Junta más del 33% de su facturación anual en concepto de publicidad institucional. Se añade, además, un artículo que excluye de estos fondos a los medios que hayan sido objeto de condenas reiteradas en sentencia firme.

La reacción del sector fue inmediata y contundente. Una plataforma que agrupa a 29 empresas periodísticas y 33 medios de la comunidad —una cifra abultada, pero fácil de reunir a través de los dos grandes grupos hegemónicos— ha impugnado la ley ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, solicitando su suspensión cautelar.

Se apoyan en un dictamen del Consejo Consultivo —elaborado a petición de la propia Junta, que se resiste a aplicar la ley— según el cual la norma invade competencias estatales al fijar límites en la contratación y prohibiciones a la hora de percibir fondos públicos. El Colegio de Periodistas, por su parte, advierte de que la ley ya ha provocado los primeros despidos en algunos medios y que, de no modificarse, podría abocar al cierre a numerosas cabeceras muy dependientes de los ingresos institucionales.

La paradoja es reveladora. Una ley pensada para limitar la captura de medios es impugnada por los propios medios. Y el argumento más potente para defenderla —la necesidad de que el dinero público no sirva para comprar cobertura favorable— choca con la realidad de que muchos pequeños medios locales han construido su modelo de negocio sobre esa dependencia. La reforma toca un nudo gordiano: si se aplica, puede limpiar el sistema, pero destruir parte de su tejido; si no se aplica, el statu quo de la captura mediática se perpetúa.

Todo este entramado cobra especial dimensión cuando se analiza cómo consumen información los ciudadanos de Castilla y León, especialmente en el contexto electoral. Uno de los territorios por excelencia de la España vaciada, lo que signidficia dispersión, envejecimiento y muchos municipios de menos de mil habitantes.

En el ámbito digital, el Diario de León (Edigrup) se ha consolidado como el periódico más leído de la comunidad con 64.000 lectores diarios, superando al histórico El Norte de Castilla (Vocento), con 62.000. En el universo online, las cifras del Diario de León alcanzan los diez millones de páginas vistas mensuales. La televisión regional —CyLTV— tiene una penetración del 79,3%, pero su audiencia efectiva es "residual", con cuotas que rondan el 1,1% para La 7 y el 0,7% para La 8. Un medio con tan escasa audiencia acapara más de 21 millones de euros anuales de financiación pública.

Aquí son las cadenas estatales las que lo dominan todo. Manda la conservadora Antena 3, con datos extraordinarios, en particular en los espacios informativos, tan importantes para dominar el debate político. Le sigue La 1 de TVE, aunque a cierta distancia todavía.

Pero la fotografía más preocupante llega cuando se analiza la brecha entre el mundo urbano y rural. En los municipios de menos de 5.000 habitantes —que en Castilla y León representan la mayoría del territorio, aunque no de la población—, el acceso a internet es un 10% inferior a la media nacional. La desigualdad es especialmente drástica en redes profesionales: el acceso a LinkedIn es un 38% menor en el mundo rural. Un 35,5% de la población rural asegura no consumir nunca vídeos en línea.

En ese contexto, la radio y la televisión siguen siendo los pilares informativos y de cohesión social de la España interior. Y la radio, cuyo mercado está dominado por las cadenas nacionales SER, COPE y Onda Cero a través de desconexiones locales gestionadas precisamente mediante acuerdos con Promecal y Edigrup, cierra el círculo de un ecosistema mediático donde los dos mismos grupos empresariales están presentes en todos los soportes relevantes.

Hay, sin embargo, una presión externa que puede forzar una transformación que la política regional no ha sido capaz de impulsar desde dentro. El Reglamento Europeo de Libertad de Medios (EMFA, por sus siglas en inglés), cuyo plazo de cumplimiento venció en agosto de 2025, introduce un concepto que dinamita el escudo jurídico de CyLTV: el de "proveedor de servicios de comunicación social de servicio público". La definición no atiende a quién es el propietario, sino a qué función cumple el medio y cómo se financia.

CyLTV cumple ambos criterios: tiene encomendada una misión de servicio público mediante contrato con la Junta y recibe financiación pública para cumplirla. Por tanto, le es de aplicación el reglamento europeo en todos sus apartados.

Esto implica, entre otras cosas, que la financiación deberá dejar de ser una subvención anual —que puede usarse como palanca de presión política— para convertirse en un modelo plurianual basado en criterios claros y transparentes. Que los nombramientos de directivos tendrán que realizarse mediante procedimientos abiertos y no discriminatorios. Que la estructura de propiedad deberá hacerse pública con detalle de los beneficiarios finales.

En la práctica, esto supondría sacar a la luz el verdadero alcance del dinero público que fluye hacia las empresas de Ulibarri y Méndez Pozo. Y obligaría a proteger la independencia de los periodistas mediante estatutos de redacción y consejos de redacción efectivos, al margen de los intereses de la propiedad y del Gobierno regional.

Este domingo, los ciudadanos de Castilla y León votan con toda esta arquitectura invisible de fondo. La información que les ha llegado durante la campaña ha transitado por canales cuya independencia es, como mínimo, discutible. Los principales prescriptores de la agenda política son medios que dependen financieramente de la Junta, que son propiedad de empresarios con condenas judiciales y que operan en un entorno regulatorio que se debate entre la reforma y la impugnación.

No es un problema exclusivo de Castilla y León —la captura mediática tiene expresiones en muchas comunidades autónomas— pero sí es en esta región donde el modelo alcanza una forma más cristalina y más extrema: una televisión autonómica privada, gestionada por dos condenados por corrupción, subvencionada con más de 21 millones de euros anuales sin un control parlamentario efectivo, con informativos acusados de sesgo sistemático y sin que los propios periodistas que trabajan en ella hayan elevado queja alguna por presiones editoriales.

Conviene recordar que el silencio de los periodistas no es necesariamente garantía de independencia. Puede ser también la señal más elocuente de hasta dónde llega la normalización de lo que, en cualquier democracia mediática sana, sería considerado inaceptable. La reforma llegará, quizás, de la mano de Bruselas. Lo que no llegará sola es la rendición de cuentas sobre lo que ha sucedido durante décadas en el ecosistema mediático de la comunidad más grande de España.

El Partido Popular ha gobernado 38 años en Castilla y León y su candidato a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, ha ostentado cargos públicos y de partido 31 de ellos. Lo ha sido todo desde su natal Salamanca, uno de los feudos del PP que mejor han resistido al avance de Vox. Concejal, presidente de la Diputación, consejero de la Junta, procurador en Cortes, alcalde de la ciudad, presidente autonómico desde 2019. Una carrera que el líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo, blande en esta campaña como ejemplar frente al aventurerismo del la ultraderecha y sus advenedizos representantes.

Ese discurso es efectivo en Castilla y León, una comunidad conservadora en el sentido más estricto de la palabra: donde lo nuevo, lo diferente, las sorpresas, los sobresaltos no son del gusto mayoritario. Aquel “virgencita, virgencita, que me quede como estoy” o “más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer”. Más de un millón de nacidos en esta autonomía viven fuera de ella. Dentro, no llegan a los dos millones y medio. La edad media de la población (48,4 años), el porcentaje de mayores de 65 (26,2%) y mayores de 80 (9,23%) es superior a la media española. La disrupción de Vox, encarnada la pasada legislatura en el estridente Juan García-Gallardo, incomoda a un público que sobre todo quiere preservar el status quo. Y nadie representa el status quo en Castilla y León como el PP.

“La motosierra de Milei no se entiende en ciudades como Salamanca”, sentencia Eddy Sánchez Iglesias, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Complutense de Madrid y buen conocedor de la realidad salmantina. “Vox va contra la administración pública y la universidad pública y en Salamanca el funcionariado y los estudiantes sostienen de lunes a domingo el otro gran pilar que es la hostelería local”, reflexiona. Y añade: “El entorno rural, que es muy importante en la provincia y no tiene gran empresariado como puede ocurrir en Murcia, está muy condicionado por las políticas europeas y por las diputaciones, contra las que Vox se dirige también”. Habla de Salamanca pero esta explicación se puede trasladar a otras capitales de provincia y provincias poco industrializadas que sin el empleo público y los fondos públicos no podrían sostenerse.

El alcalde de Salamanca, sucesor de Mañueco en ese cargo y presidente popular en la provincia, no pasa convocatoria de campaña sin recordar que dirige “uno de los Partidos Populares más fuertes de España”, entre los cinco más. En las municipales de 2023, el PP salmantino reafirmó su hegemonía recuperando la mayoría absoluta en el Ayuntamiento, tras gobernar con Ciudadanos y temer tener que hacerlo con Vox. “Salamanca resiste para el PP por una combinación de factores. Una tradición política y social muy arraigada conservadora moderada y una base social muy amplia que combina sectores rurales y urbanos”, apunta Carolina Plaza Colodro, profesora de Ciencia Política de la Universidad de Salamanca.

“En una estructura económica basada en la administración pública, el comercio y la agricultura, se prefiere un discurso más tradicional que las opciones más radicales o disruptivas”, señala la experta. Además en Salamanca no hay “percepción de conflicto” sobre los temas que Vox politiza como sí puede haberla en otras provincias. “La inmigración no es un tema tan importante aquí, ni las cuestiones de género quizás tanto y el tema de la unidad de España en su momento movilizó pero el PP politizaba y recogía esa preocupación también”, explica la profesora.

Vox se presenta como el partido del campo pero en realidad no le está siendo tan fácil penetrar realmente más allá de las capitales de provincia y su alfoz en Castilla y León porque es inasumible para ellos, y más con las constantes expulsiones y deserciones internas, aspirar a tener un despliegue territorial como el que ha tejido el PP durante décadas. “No podemos olvidar toda la red clientelar que tiene el PP, su influencia en pueblos y en ciudades. Vox no tiene una estructura tan sólida y por eso el voto para muchas personas es automático, no ha logrado romper esa inercia”, indica la profesora Plaza.

A Vox, como ya le ocurrió a Ciudadanos, le cuesta penetrar allí donde más trabajo supone: se requiere de mucho dinero, mucha gente y mucho tiempo para llegar hasta el último pueblo. Y Castilla y León es la comunidad con más municipios de España: 2.248, más de la mitad de los cuales no superan los 500 habitantes. En esta campaña electoral, tanto Mañueco como quienes le acompañan recuerdan, con tranquilidad pero sin falta, que “el campo siempre ha estado ahí” y que tradicionalmente los ha apoyado a ellos. El discurso antisistema de Vox o esa presentación como outsider cala entre los más jóvenes, de manera muy llamativa entre adolescentes a quienes les queda para poder votar, y entre lo que el profesor Sánchez caracteriza como “el último hijo de una familia conservadora, que quiere hacer algo diferente”.

Mañueco repite en sus mítines que su campaña no es para redes sociales y lo hace con el fin de señalar que Vox no pasa de ahí: palabrería frente a gestión de casi cuatro décadas. El líder de Vox, Santiago Abascal, que funge como candidato por encima del candidato oficial, Carlos Pollán, está peinando municipios de todos los tamaños continuamente para lograr llegar adonde no alcanzan por falta de estructura de partido y de arraigo. En el flamante Palacio de Congresos de Salamanca, Pollán proclamó que estaban en disposición de penetrar también en “territorio Mañueco”. Solo la noche electoral, que el presidente de la Junta cierra siempre con los suyos en un hotel céntrico de su Salamanca aunque tenga que hacer primero presencia en la capital no oficial que es Valladolid, dirá si la tendencia al alza de Vox en todo el país le abre camino también en feudos donde el Partido Popular es el representante de un sentido común conservador. 

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acusado a los líderes del PP y Vox, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, a los que ha llamado "hipócritas", de apoyar una guerra, la de Estados Unidos e Israel contra Irán, que va a perjudicar a los españoles al "encarecer su día a día".

En un acto de la campaña socialista en las elecciones autonómicas de Castilla y León, junto a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y el candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, Sánchez ha dicho de Feijóo y Abascal que "son unos hipócritas, porque es muy fácil ser belicoso a costa del bolsillo de los demás".

"Feijóo no va a pagar el gas o la calefacción de los españoles ni Abascal la gasolina de los tractores, pero ambos apoyan la guerra de Trump en Irán", ha dicho el jefe del Ejecutivo y secretario general del PSOE ante un auditorio que ha coreado varias veces desde el principio del acto el lema 'No a la guerra' recuperado ahora por Sánchez.

Presentado por la ministra de Igualdad como "el superhéroe de la paz", Sánchez ha afirmado que es un orgullo ser español por defender "lo que defendemos ante la barbarie y ante la guerra", con la bandera de España de fondo en la gran pantalla en la que antes había aparecido el no a la guerra y entre gritos de 'presidente, presidente'.

"Hoy y siempre, España dirá no a la guerra", ha proclamado el presidente del Gobierno, que ha recordado el apoyo del Ejecutivo de José María Aznar a la guerra de Irak hace 23 años para decir que aquellos que entonces metieron al país en un conflicto "en contra de la opinión pública", hoy vuelven a hacerlo en Irán "demostrado que no han aprendido nada y que se equivocan en todo"

El líder del PSOE ha argumentado que como ahora los socialistas dicen "no a la guerra de Irán", PP y Vox dicen "sí a la guerra", pero no a "echar una mano a los países que sufren en el Mediterráneo las consecuencias de la guerra que ellos no quisieron".

Les ha acusado también de practicar el "noismo" contra el Gobierno y de hacerlo "en contra de los intereses de España" y les ha recriminado que llegan a decir, como en 2003 en Irak, "que si no estás a favor de la guerra de Irán estás a favor del régimen de Irán".

En este sentido ha señalado que "esa no es la disyuntiva" y ha explicado: "nosotros por supuesto que rechazamos el régimen de Irán, pero no por eso vamos a responder a la ilegalidad con más ilegalidad".

Para el presidente del Gobierno, "un país que defiende siempre los derechos humanos y el derecho internacional se gana el respeto de todo el mundo , como así lo ha ganado España estas últimas semanas".

En su discurso, dedicado en buena parte a este asunto, Sánchez ha manifestado que el "no a la guerra es un sí a la paz", pero además es un sí a las empresas, a los trabajadores, a los autónomos y al campo, a los que su Gobierno va a "proteger" de las consecuencias de este conflicto.

Es también "un sí a la soberanía de la Nación española", porque "ser aliado no es darle la razón y decirle amén siempre a ese aliado", como considera que hacen los líderes del PP y Vox, a los que ha acusado de "servilismo".

En defensa de su política exterior, el jefe del Ejecutivo ha rechazado estar solo en sus posiciones en el contexto internacional y ha dicho: "nosotros no estamos solos, somos los primeros".

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha dicho este sábado en Cartagena (Murcia) que el Gobierno “maneja el no a la guerra, pero en realidad está diciendo no a la democracia”, en referencia a la postura del Ejecutivo ante la guerra impulsada por Estados Unidos e Israel contra Irán.

Asimismo, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de abandonar a los aliados internacionales de España. Tellado ha realizado estas declaraciones durante un acto celebrado en la víspera del Día Internacional de la Mujer, donde ha criticado con dureza la gestión del Ejecutivo.

También ha denunciado un deterioro de la imagen exterior de España en las últimas semanas. A su juicio, el presidente del Gobierno “tiene que buscar enemigos en el exterior para tapar las miserias del interior de su propio Gobierno”, lo que, ha dicho, está dañando la reputación internacional del país.

Tellado ha defendido que el Partido Popular representa la alternativa para sustituir al Ejecutivo actual y ha afirmado que la única vía para “echar a Pedro Sánchez” del Gobierno es concentrar el voto del cambio en la formación que lidera Alberto Núñez Feijóo.

En este sentido, hizo un llamamiento a la unidad del espacio político de centro derecha para evitar “peleas inútiles” y lograr una alternativa “fuerte y decente” que permita, según dijo, “sacar a España adelante”.

La afirmación que realizó en el debate electoral el candidato del PP a la presidencia de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, sobre que, en materia de inmigración, a Vox le gustaría tirar seres humanos al mar es "en realidad una renuncia a pactar con Vox".

Así lo ha declarado este sábado el presidente de esa formación, Santiago Abascal, que ha asistido a un acto de la campaña electoral de Castilla y León en Toro (Zamora).

Ha insistido en pedir a Fernández Mañueco que "rectifique rápido" porque es "un insulto totalmente inaceptable" y resultaría conveniente que lo hiciera para "la buena marcha" de la campaña.

Esta medianoche arranca la tercera campaña electoral en apenas tres meses, en este caso para las elecciones autonómicas de Castilla y León, que se celebrarán el próximo 15 de marzo. El Partido Popular encabeza las encuestas, pero el presidente Alfonso Fernández Mañueco llega a la cita con su imagen muy erosionada en la comunidad tras siete años de Gobierno, marcados en la última etapa por la inestabilidad del Ejecutivo, del que Vox salió en plena estrategia para marcar perfil en toda España y por la gestión de los incendios del pasado verano. A estos dos elementos se les añade un tercero: la tutela de Génova a las negociaciones con la extrema derecha tanto en Extremadura como Aragón, lo que inevitablemente afecta también a Mañueco.

En el PP son conscientes de que el carrusel electoral diseñado para evidenciar la debilidad del PSOE y disminuir la dependencia de la extrema derecha no ha funcionado como lo imaginaban por el resultado de la formación de Santiago Abascal, que ha duplicado escaños en ambos territorios. El propio Mañueco, consciente del auge de la extrema derecha, planteó adelantar los comicios el pasado verano. Las encuestas publicadas antes de la ola de incendios que arrasó la comunidad apuntaban a que el presidente de Castilla y León estaba en situación de volver a gobernar, aunque de nuevo teniendo que apoyarse en un acuerdo con Vox. Pero el riesgo de que la oposición lograra fijar la idea de que la gravedad de lo ocurrido fuera consecuencia directa de los recortes ordenados por la Junta y del abandono en que se encuentran las áreas rurales de Castilla y León, le disuadió.

El momento actual, reconocen las fuentes consultadas en el PP, tampoco es el ideal, con los ultras aspirando a superar la barrera del 20% de los votos por primera vez en unas elecciones autonómicas y un Mañueco muy alejado de la mayoría absoluta. Esto llevará al barón del PP a tener que reconducir su relación con ellos después de las trifulcas durante su anterior Gobierno de coalición con su entonces vicepresidente, Juan García-Gallardo. En el equipo de Mañueco, sin embargo, creen que la interlocución con el actual candidato de Vox, Carlos Pollán, será "más fluida" porque ambos se conocen desde hace tiempo y tienen "buena relación".

Lo que también reconocen es que las negociaciones en Extremadura y Aragón marcarán todo el proceso y podrían "contaminar" la campaña de Castilla y León, especialmente si los de Abascal comienzan a "elevar la presión" con "peticiones imposibles", como creen que ya están haciendo con María Guardiola. Este jueves estaba previsto que se celebrara una reunión entre ambas formaciones en Mérida después de que la dirección nacional del PP decidiera implicarse —lo que ha granjeado críticas internas al secretario general del PP, Miguel Tellado, por su tardanza— pero finalmente se ha suspendido. En el PP dan por hecho que la investidura del próximo 4 de marzo será fallida y que no se alcanzará un acuerdo, como mínimo, hasta las elecciones castellanoyleonesas.

En el Partido Popular se muestran convencidos de que Mañueco será el vencedor, pese a que en el PSOE tratan de alimentar la tesis de que puede haber un sorpasso de su candidato, Carlos Martínez. Lo cierto es que los sondeos publicados en los últimos días muestran una escena de alta volatilidad electoral. Algunos como el del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) dibujan una carrera muy ajustada entre PP y PSOE e incluso un retroceso de Vox respecto a 2022, pero otras proyecciones dan al partido de Santiago Abascal un crecimiento mucho más significativo que podría convertirlo en árbitro absoluto de la gobernabilidad autonómica.

Pese a que los populares llevan casi cuarenta años presidiendo la región, sostienen que algunos de los problemas endémicos que afectan a la región son responsabilidad del Ejecutivo central, presidido por Pedro Sánchez. El candidato del PP minimiza los problemas de despoblación y de fuga de talento que afectan a su comunidad autónoma desde hace años y acusa a la oposición de alentar una suerte de "catastrofismo demográfico". La realidad es que es la región más extensa de España, con 94.224 kilómetros cuadrados que superan la superficie de 17 países de la Unión Europea —casi el 20% del país en extensión— , pero en ella apenas vive el 5% del total de la población: 2.418.425 habitantes según datos del INE de 2025.

Una cuestión que Vox trata de utilizar en su beneficio. Su discurso ya no se limita a materias de inmigración o identidad cultural, sino que capitaliza la queja ciudadana sobre la desatención de las élites políticas tradicionales y apunta con firmeza a los problemas endémicos de la comunidad, como la despoblación rural, la sanidad colapsada y la falta de oportunidades para los jóvenes. En ese sentido, Castilla y León es también la comunidad autónoma con más jóvenes viviendo en otras partes del territorio. Esas fugas migratorias se han producido, históricamente, hacia la Comunidad de Madrid, el País Vasco, Cataluña y Comunitat Valenciana.

La extrema derecha también está dando la batalla por el voto del campo. El PP presume de ser el partido que mejor reivindica los intereses de los agricultores y en campaña eligen pequeñas –o grandes– explotaciones agrarias como espacios de mitin, pero de un tiempo a esta parte es Vox quien está logrando capitalizar esos votos. Eso se debe a que los conservadores no han sabido dar respuesta a los problemas estructurales del sector agrario derivados del reducido relevo generacional, el déficit de infraestructuras hidráulicas, las limitadas sinergias con la industria y la lentitud en la adaptación a los nuevos cambios o demandas del mercado.

El de la despoblación y el voto del campo no son los únicos problemas de Mañueco. En octubre de 2025 la Fiscalía de Castilla y León abrió diligencias de investigación contra el barón del PP a raíz de una denuncia de la asociación Bierzo Aire Limpio por la gestión de los grandes incendios forestales ese verano. La denuncia apuntaba a posibles delitos de prevaricación por omisión, contra el medio ambiente y omisión del deber de socorro, al considerar que la Junta no activó suficientes medios a pesar de conocer los riesgos. La causa fue incoada a investigación aunque de momento no ha habido acusación fiscal pública ni imputaciones.

El caso Perla Negra es también uno de los mayores escándalos de corrupción vinculados al PP en Castilla y León. En enero de 2025, la Audiencia Provincial de Valladolid condenó a tres ex altos cargos de la Junta y a varios empresarios por delitos como prevaricación administrativa y malversación ligados a la trama, centrada en la compra de un edificio y terrenos por parte de la Consejería de Economía de la Junta de Castilla y León para la creación de un parque empresarial que incluyó sobrecostes y adjudicaciones irregulares. Unos hechos que tuvieron lugar cuando Mañueco era consejero de Presidencia y Administración Territorial.

La forma de llegar al poder de Mañueco también está bajo sospecha. En las primarias de 2017, el proceso en que el dirigente conservador fue elegido candidato, el PP de Salamanca permitió pagos de cuotas de afiliados que no estaban al día y a los que se les regularizó para permitirles votar en ese proceso. En 2021, el Juzgado de Instrucción nº2 de Salamanca imputó al PP provincial, a su presidente, Javier Iglesias, y a su gerente, Isabel Sánchez González, pero dos años después, en marzo de 2023, la Audiencia Provincial archivó el caso al considerar que los hechos carecían "de tipicidad penal" por tratarse de aportaciones individuales de afiliados para poner al día sus cuotas, lo cual no constituía un delito de financiación ilegal.

El presidente de la Junta de Castilla y León y candidato del PP, Alfonso Fernández Mañueco, no participará en el cara a cara electoral propuesto por RTVE entre él y el candidato del PSOE, Carlos Martínez, que sí lo había aceptado durante la campaña de las elecciones autonómicas del próximo 15 de marzo, según recoge EFE.

Fuentes del RTVE han informado este jueves que Fernández Mañueco ha declinado la oferta de debate bilateral, pero sí participará "en los dos debates que establece la ley" y que se ajustará a las condiciones fijadas por la Comisión de Debates constituida conforme a la normativa vigente en Castilla y León.

La corporación pública había planteado el formato de cara a cara como "un ejercicio directo de debate" entre las dos fuerzas políticas con mayor representación en las Cortes regionales, sumándolo al debate a tres con PP, PSOE y Vox que se emitirá el 5 de marzo. 

Las fuentes han indicado que desde el equipo de campaña de Fernández Mañueco se ha trasladado a RTVE que su posición responde al cumplimiento del marco legal previsto para el proceso electoral, sin contemplar, por tanto, la celebración de un debate adicional en formato cara a cara fuera de los supuestos regulados.

La Ley Electoral de Castilla y León obliga a que los candidatos a la Presidencia de la Junta de las formaciones políticas con grupo parlamentario propio en las Cortes autonómicas celebren, al menos, dos debates públicos durante la campaña electoral. Regula por tanto, precisan las fuentes, la obligatoriedad de realizar al menos dos debates con los grupos.

En un comunicado, los socialistas han señalado que la negativa de Fernández Mañueco en el cara a cara planteado por RTVE con su candidato "no tiene justificación democrática". Para Ferraz, las "excusas" del popular "son solo eso: excusas" y cuando se trata de "confrontar ideas y dar explicaciones a la ciudadanía, el PP opta por el plasma" porque "va en su ADN". 

Mañueco se suma así a "la larga lista de dirigentes del PP que rehúyen el debate", como -agrega el PSOE- el "todavía líder nacional" del PP, Alberto Núñez Feijóo, el expresidente Mariano Rajoy o la presidenta extremeña en funciones María Guardiola, "que también evitaron dar la cara cuando tocaba".

Las urnas ya están a punto de colocarse. Castilla y León celebra elecciones en veinte días. Y lo hace con toda España mirando hacia allí después del que el PP precipitara el ciclo electoral adelantando las citas de Extremadura y Aragón. Pero la foto no será la misma: el PSOE, en esta ocasión, aspira a mirar de tú a tú a los populares en el resultado mientras Vox piensa en cercar más al PP con el objetivo soñado de acariciar el 20% de apoyos.

Las elecciones en Castilla y León se celebran en esta ocasión en tiempo y forma, después de que Alfonso Fernández Mañueco sintiera en sus carnes hace cuatro años la necesidad de adelantar los comicios pensando en que tendría mayoría absoluta y luego se encontrara con una victoria raspada, que hizo que entrara por primera vez la ultraderecha en un Ejecutivo autonómico.

Fernández Mañueco llega, además, a la cita con su imagen muy erosionada en la comunidad tanto por la mala gestión de los incendios durante este verano como por la inestabilidad del Ejecutivo, del que se salió Vox en plena estrategia para marcar perfil en toda España y parar la caída en las encuestas por su presencia en diferentes Gobiernos regionales.

Unos comicios en los que la izquierda transformadora se enfrentará a otra noche muy difícil, partiendo de que vuelve a ir por separado, con candidaturas de IU-Movimiento Sumar, por un lado, y de Podemos, por otro. Y en liza con fuertes actores de corte regionalista y provincialista como son Unión del Pueblo Leonés, Soria Ya y Por Ávila. El barómetro autonómico del CIS deja esta predicción: PP (32,2-34,8%), PSOE (31,3-32,5%), Vox (15,7-16,9%), UPL (4,2-5,3%), IU-Sumar (4,8-5,2%), Podemos (2,9-3,2%), SALF (0,6-0,9%), Por Ávila (0,5-0,9%), y Soria Ya (0,5-0,8%).

Los socialistas, tras sendos hundimientos en Extremadura y Aragón, aspiran en estas elecciones a ser mucho más competitivos, e incluso en Ferraz y en la federación de Castilla y León trasladan que están en condiciones de ser primera fuerza. Siempre recuerdan que el PSOE ganó en 2019, pero que no pudo gobernar por la decisión de Albert Rivera de que Ciudadanos formara finalmente coalición con el Partido Popular. Y en los anteriores comicios de 2022, con Luis Tudanca como número uno, el PSOE logró un buen resultado, quedándose sólo a 1,38 puntos de los populares.

El PSOE lleva ahora, en cambio, a un nuevo candidato, Carlos Martínez. El alcalde de Soria tomó las riendas del partido en la comunidad en el último congreso después de unos años de luchas internas en la federación y de pulsos con Ferraz por parte de Tudanca, que fue uno de los pilares de Pedro Sánchez en las primarias con Susana Díaz. Pero en su última etapa libró una dura batalla contra Santos Cerdán, que se evidenció, por ejemplo, en la confección de las listas del 23J.

El PSOE confía ahora en el tirón de Martínez, un político acostumbrado a ganar la Alcaldía de Soria incluso con mayorías absolutas. Y está jugando la baza especialmente de ese lado municipal, cercano, de pueblo a pueblo. Quiere presentarse como la cara del “cambio”, remarcan los socialistas, y se prepara para una maratoniana campaña en la que recorrerá 4.500 kilómetros.

La candidatura de Martínez tiene unas características muy especiales. No pertenece al club de ministros-candidatos ni tampoco fue un sanchista de pura cepa. Además, ha lanzado una propuesta que difiere de la línea oficial de Ferraz: ha planteado al Partido Popular dejar gobernar a la lista más votada, siempre y cuando se produzca una firma ante notario antes de que arranque la campaña. Los populares no han aceptado.

En Ferraz restan importancia a esa línea y remarcan el carácter territorial de esa idea. Además, Sánchez, que ya estuvo este domingo en Ponferrada (León) junto a Martínez, se va a volcar en la campaña. Estará este jueves por la noche en el arranque en Burgos y acudirá el 7 de marzo (el gran fin de semana de campaña) a Soria, para terminar cerrando en el acto final en Valladolid el día 13. El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero también tendrá un papel destacado y se prevé una fuerte presencia de ministros y dirigentes federales.

Fuentes socialistas indican que notan que hay “cansancio” en la comunidad con el PP de Mañueco y que pueden optar a ser primera fuerza, aunque el escenario de Gobierno es más complicado por la falta de socios con fuerza a su izquierda. Pero insisten en que estas semanas serán clave para activar al electorado y evitar la abstención de los sectores progresistas. De hecho, los socialistas piden también el voto útil para crecer.

El PSOE confía en ese cóctel de voto útil de las izquierdas, del perfil de su candidato y de la lucha entre las derechas para tener un buen resultado, que, además, contribuirá a romper esa mala racha de inicio del ciclo electoral. Sirve, como reconoce un dirigente socialista, también para mandar una señal de cara a las generales, ya que Castilla y León es esencial para el bipartidismo en estos momentos.

Los populares salen como primera fuerza en la mayoría de las encuestas, pero lejos de la absoluta. Esto llevará a Mañueco a tener que abrir una negociación previsiblemente con Vox, con quien tiene una mala relación después de las trifulcas durante su anterior Gobierno de coalición. También estará todo marcado por las relaciones nacionales de los dos partidos, que ahora quieren resetear el enfangado clima en Extremadura para encauzar la investidura de María Guardiola.

De hecho, la idea que tiene Génova 13 en estos momentos es poder llegar a un marco de entendimiento con la ultraderecha de Santiago Abascal que sirva para todas las comunidades autónomas. Todo también con la vista puesta en la madre de todas las batallas de esta temporada: las elecciones andaluzas de junio, donde el PP tiene el temor de perder la plácida mayoría absoluta de Juanma Moreno.

Abascal aseguró este lunes que en Vox apuestan por acuerdos de gobierno a cuatro años, aunque avisó a Alberto Núñez Feijóo de que no tienen problemas en romperlos si sus socios los "engañan" o "estafan", como dicen que sucedió en Castilla y León en este mandato. No piensa facilitar investiduras para que los populares luego “dejen de hacer o deshagan” lo que quieran.

El PP ganaría las elecciones del próximo 15 de marzo en Castilla y León según la última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que le otorga una horquilla de entre 28 y 38 escaños, pero necesitaría de nuevo para gobernar a Vox, que tendría entre 11 y 19 representantes.

Según recoge EFE, el PSOE tendría una horquilla de entre 26 y 35 escaños, mientras que la UPL tendría entre 2 y 4, IU-Movimiento Sumar-Verdes Equo (0-4), Por Ávila (0-1) y Soria Ya (0-1). La mayoría absoluta se sitúa en los 42 procuradores.

En los pasados comicios de 2022, en los que se tenían que elegir 81 representes, uno menos que en las próximas elecciones por el procurador de más que ha ganado la provincia de Segovia, el PP obtuvo 31 procuradores, el PSOE 28, Vox 13, Unión del Pueblo Leonés (UPL) 3, Soria Ya 3, Podemos 1, Cs 1 y Por Ávila 1.

La encuesta del CIS conocida este viernes da un amplio intervalo de escaños que llega a ser de hasta diez en el caso del PP (entre 28 y 38), de 9 en el del PSOE (entre 26 y 35) y de ocho en el de Vox (entre 11 y 19) por lo que las opciones están muy abiertas.

Lo que sí parece claro y con bastante probabilidad es que el PP necesitaría de nuevo a Vox para gobernar, según el CIS.

Otro de los datos que ofrece la encuesta, basada en más de 8.000 entrevistas, es la estimación de voto y ahí el PP tendría el 33,4 por ciento, seguido del PSOE con el 32,3, poco más de un punto de diferencia, lo que significa casi un empate técnico.

El CIS da a Vox el 16,1 por ciento de voto, a Izquierda Unida-Movimiento Sumar-Los Verdes-Equo el 5,1; a la UPL el 4,9 y Podemos (que perdería su representante) le da el 3,1; mientras que a Por Ávila y Soria Ya les concede el 0,7 cada uno.

Respecto a la valoración que otorgan los encuestados a los líderes políticos, es el candidato de Soria Ya, Ángel Ceña, el que obtiene mejor valoración con un 5,8 sobre diez, seguido del número uno de Por Ávila, Pedro Pascual, que obtiene una nota de 5,2.

Todos los demás suspenden, con una nota de 4,6 en el caso del candidato del PP y presidente de la comunidad, Alfonso Fernández Mañueco, y de 4,4 en el de Carlos Martínez (PSOE). El aspirante de Vox, Carlos Pollán, obtiene un 3,4, mientras que Alicia Gallego, de la UPL, es la que más cerca se queda del aprobado con un 4,9.

El 28,1 por ciento de los encuestados prefiere que el candidato popular sea quien gobierne, frente al 22,2 que se inclinan por el del PSOE y el 10 por el de Vox.

La batalla que se libra en la derecha desde hace años evidencia que el Partido Popular sigue sin dar con la tecla ante su mayor amenaza, que no se llama Pedro Sánchez sino Santiago Abascal. Para la formación de Alberto Núñez Feijóo, Vox no es un socio menor ni coyuntural: condiciona Gobiernos, discursos y prioridades. Allí donde crece, obliga al PP a competir en radicalidad o a depender políticamente de él, debilitando su perfil autónomo.

En el PP identifican un antes y un después. Desde que Vox decidió romper en bloque los Ejecutivos autonómicos en julio de 2024, tras el choque por la acogida y reparto de menores migrantes no acompañados, el mapa de la derecha autonómica vive instalado en el regate corto: presupuestos como moneda de cambio, negociaciones de última hora y una idea fija en ambas sedes —Génova y Bambú—: nadie quiere aparecer como el que cede, pero nadie puede permitirse romper. Aunque el PP es el que más perdería.

Feijóo ha comprobado de primera mano las dificultades de plantear una hoja de ruta independiente de lo que haga Vox, aunque ha intentado todas las estrategias: ignorarlos, atacarlos y mimetizarse con ellos. Y mientras en campaña llueven los reproches hacia los ultras, a los que consideran igual de "populistas" que Podemos, tras las elecciones los califican de "hermanos", en palabras de la portavoz parlamentaria, Ester Muñoz.

En los últimos meses la frustración se ha instalado en el PP, que asiste impotente al crecimiento de la ultraderecha en las elecciones autonómicas que ellos mismos convocaron con la intención de asestarle un golpe al PSOE —como así ha sucedido— y disminuir su dependencia de los ultras —al contrario de lo que ha pasado—. El caso de Aragón es el último ejemplo. Y los ultras ya han dejado claro que la última palabra la tienen ellos.

En el caso de Extremadura, donde la líder de los populares, María Guardiola, venció en las elecciones y cuya investidura está prevista para el próximo 3 de marzo, Vox ha exigido entrar en el Ejecutivo con cuatro consejerías clave —Economía, Agricultura, Interior e Industria—, además de una vicepresidencia. El PP, sin embargo, lo considera inasumible y ya no descarta la repetición electoral si no hay acuerdo. Si nadie cede, la investidura está abocada al fracaso a no ser que se produzca una abstención de los socialistas, algo que Génova ya empieza a reclamar. Pero esa puerta está prácticamente cerrada porque el PSOE extremeño también se opone.

Según trasladaron fuentes del equipo de Feijóo a primera hora de este miércoles, el PP prefiere una abstención del PSOE a un Gobierno de coalición con Vox. Esto es también lo que viene reclamando Guardiola desde la celebración de las elecciones el pasado 21 de diciembre. Un mensaje que, sin embargo, no comparten otros presidentes autonómicos y que incluso Génova se ha visto obligada a rectificar. "Preferimos no entregar ni poder ni consejerías a otros partidos, pero eso solamente pasaría por las abstenciones de formaciones políticas que entiendan que hemos ganado las elecciones y que nos corresponde formar Gobierno", señalaban fuentes del equipo del líder del PP.

Sin embargo, creen que "ni Vox ni PSOE pretenden abstenerse a cambio de nada", por lo que al PP solo le queda "explorar la consecución de apoyos a cambio de algo" como, por ejemplo, asientos en los consejos de Gobierno. "Con el PSOE evidentemente no queremos gobernar y, por tanto, la única opción posibilista es analizar el contexto político con Vox en cada comunidad autónoma", añaden estas fuentes. Desde Génova son conscientes de la tensa relación de Guardiola con la extrema derecha, pero consideran que la repetición electoral es el escenario "menos deseable".

Por lo que respecta a Aragón, en Vox también han dejado claro que quieren consejerías "con estructura y presupuesto". Azcón es partidario de gobernar con los ultras, porque cree que es el único modo de que se desgasten, y rechaza de plano lo que propone su homóloga extremeña. "Yo no quiero depender del PSOE", señalaba este miércoles el presidente en funciones de Aragón, que considera a los socialistas aragoneses "una caricatura" de lo que fueron por "defender a Pedro Sánchez por delante de los intereses de Aragón". "Yo no quiero que mi Gobierno tenga nada que ver con esto", aseguró en Antena 3.

En esa entrevista, Azcón asumió que "hay que pactar". Y añadió que lo importante ahora es "saber si Vox está dispuesto a asumir responsabilidades". "Lo que hay que ver es qué quiere hacer Vox en los próximos meses y años". Su relación con los de Santiago Abascal es menos tirante que en Extremadura, aunque también sabe que lo que allí suceda puede condicionar su Gobierno. "Estoy convencido de que mi capacidad de diálogo hará que busquemos acuerdos siempre pensando en Aragón", dijo.

De cara a esas negociaciones, el presidente aragonés en funciones sostiene que las "normas y reglas" de su relación ya las dejó claras hace semanas y que no han cambiado. Es decir, "se tienen que basar en cumplir la legalidad, que sean cuestiones con competencias de Aragón y buscando el mínimo común" entre ambas. Aunque se mostró convencido de su "capacidad de diálogo", a pesar de que fue la incapacidad para llegar a un entendimiento sobre los presupuestos lo que propició el adelanto electoral, en el que el PP retrocedió dos escaños respecto a 2023 mientras que Vox duplicó los suyos.

Todas estas negociaciones afectarán, inevitablemente, al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, el primero en meter a Vox en el Gobierno hace ya cuatro años tras un adelanto electoral. El martes, en un desayuno informativo, se refirió a esta cuestión y dijo que la ultraderecha ya tuvo "responsabilidades reales" de gobierno y que "sus políticas fueron un fracaso, a veces sonoro". Recordó que Vox tuvo, entre otras responsabilidades, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, pero "cuando vinieron mal dadas con los agricultores y ganaderos salieron corriendo".

Aunque el presidente de la Junta de Castilla y León defendió que su objetivo es ganar las elecciones y que para él "lo mejor es un Gobierno en solitario con un pacto parlamentario", aseguró que en caso de pactar con Vox exigiría un Gobierno o un pacto parlamentario "que dure cuatro años" y "no esté pendiente de las encuestas". Una declaración que se contradice con lo que apuntan fuentes cercanas a Mañueco, que sopesan la propuesta del PSOE de que gobierne la lista más votada. Eso pasaría, en todo caso, por una abstención de la segunda fuerza y que el PP rechaza públicamente. Eso se explica en que hay voces en el PP que temen un "triple empate" entre su formación, el PSOE y Vox. De ahí que no acepten el ofrecimiento de los socialistas.

A todo ello se le suma que Vox llega a esos comicios, previstos para el próximo 15 de marzo, con sus propias grietas: la salida de Juan García‑Gallardo de sus responsabilidades en el partido dejó una organización regional menos previsible, más intervenida por la dirección nacional y, por tanto, más dependiente de la lógica estatal de confrontación.

El 13 de febrero de 2022 fue la fecha elegida por el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, para adelantar los comicios hace cuatro años. La excusa de Mañueco fue una supuesta "traición" de sus socios de Gobierno, Ciudadanos, basándose en la mera hipótesis de que su entonces vicepresidente, Francisco Igea, iba a promover una moción de censura en su contra. Mañueco nunca puso sobre la mesa ninguna prueba de que semejante moción fuera algo más que un temor, pero la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, tampoco las tenía cuando convocó elecciones anticipadas apoyándose en la misma idea en mayo de 2021. A la baronesa del PP le salió bien la jugada y consiguió su ansiada mayoría absoluta; Mañueco, sin embargo, erró por completo en sus pronósticos y se convirtió en el primer presidente autonómico en gobernar con Vox. Una decisión que avaló Alberto Núñez Feijóo.

Hasta ese momento la extrema derecha española se había limitado a facilitar ejecutivos del PP y de Ciudadanos en comunidades en las que, de otro modo, habría gobernado el PSOE. Es lo que sucedió en 2019 en varias autonomías y ayuntamientos en los que el PP no fue la primera fuerza, como fue el caso de Andalucía o la Comunidad de Madrid, entre otras. Vox fue decisivo para apartar a la izquierda, pero entregó sus votos sin conseguir nada a cambio más allá de algunas promesas por parte de los presidentes del PP.

Ahora la estrategia es otra. Y el caso de Mañueco, que logró dos escaños más que en los comicios de 2019 tras absorber casi por completo el voto de Ciudadanos, fue un preludio de lo ocurrido en las recientes elecciones en Extremadura y Aragón. El presidente castellanoleonés no evitó una fuerte escalada de la ultraderecha, que pasó de uno a 13 escaños, y reclamó la vicepresidencia y varias consejerías. Un escenario que volvió a repetirse con el adelanto electoral de María Guardiola, que únicamente logró un escaño más que en 2023 frente a una ultraderecha que duplicó los suyos, y con Jorge Azcón, que también decidió adelantar los comicios y este domingo perdió dos actas, además de ver cómo Vox duplicaba sus diputados de nuevo.

Ahora Mañueco debe enfrentarse de nuevo a las urnas el próximo 15 de marzo y este lunes ya ha comenzado a marcar distancias con la estrategia del presidente aragonés de nacionalizar la campaña. "Nuestra estrategia es hablar de Castilla y León. Hablar de las personas de Castilla y León, de cuáles son los problemas y necesidades de Castilla y León. Y, desde luego, decir con claridad que el PP es un partido distinto a Vox", señaló ante los medios este lunes en la sede nacional del partido. Según aseguran fuentes populares a infoLibre, muchos territorios creen que "acercarse mucho a Madrid es radioactivo" y "contrario" a sus intereses.

Es más, según trasladan algunas voces del PP, a nivel interno ya se trabaja con la hipótesis de un "triple empate" en los comicios en Castilla y León y destacan la "sensación de desánimo" que hay en territorios como Valladolid, Palencia y Burgos. "Los cuadros medios del partido están abatidos", subrayan estas fuentes, que lamentan que Vox haya logrado capitalizar tan bien en la España vaciada pese a no tener "candidato" ni "programa". Así, creen que el resultado electoral del próximo 15 de marzo "encenderá" muchas alarmas en el PP, porque puede ser la primera vez que se vea "un resultado en el que PP y Vox compiten de igual a igual".

Mañueco, consciente del auge de la extrema derecha, planteó adelantar los comicios el pasado verano. Las encuestas publicadas antes de la ola de incendios que arrasó la comunidad apuntaban a que el presidente de Castilla y León estaba en situación de volver a gobernar, aunque de nuevo teniendo que apoyarse en un acuerdo con Vox. Pero el riesgo de que la oposición lograra fijar la idea de que la gravedad de lo ocurrido fuera consecuencia directa de los recortes ordenados por la Junta y del abandono en que se encuentran las áreas rurales de Castilla y León, le disuadió. Una narrativa que, además, también hubiera podría reforzar las candidaturas de Vox, si acaba imponiéndose la idea de que lo sucedido era consecuencia por igual del Gobierno de Pedro Sánchez.

En el PP dan por hecho que el voto del descontento lo capitaliza Vox. Así lo admitió este lunes el líder nacional, Alberto Núñez Feijóo, en la Junta Directiva. "Quizá no somos el mejor desahogo inmediato para el enfado, pero sí somos los únicos que pueden y quieren repararlo", aseguró, tras pedir a los ultraderechistas no equivocarse ni de "adversarios" ni de "prioridades". "No pueden convertirse en un muro, porque no es lo que los españoles han votado, y porque yo no soy Sánchez", subrayó ante la plana mayor del PP. Sin embargo, Feijóo sigue defendiendo que lo que vale para sus presidentes autonómicos a él no le aplica e insiste en que quiere gobernar en solitario si en las próximas elecciones generales la suma de las derechas supera al bloque plurinacional.

Por el momento, la prioridad del partido de Santiago Abascal es amenazar la hegemonía del PP. Su partido se siente fuerte —las encuestas les dan estos días una expectativa del 20% de los votos— y cree que si además consigue entrar en los Gobiernos con carteras con competencias y presupuesto, habrá merecido la pena. Las elecciones de Castilla y León hace cuatro años evidenciaron, en palabras del eurodiputado Jorge Buxadé tras los comicios de 2022, que habían logrado derribar el "muro mental" del voto útil. Ahora, reclaman al PP consejerías con "estructura y presupuestos para poder hacer políticas" y no sólo "para figurar".

En la dirección nacional del PP son conscientes de que el carrusel electoral diseñado para evidenciar la debilidad del PSOE y disminuir la dependencia de la extrema derecha no ha funcionado como lo imaginaban. Aunque sí es cierto que los socialistas han sufrido sendos batacazos en ambas autonomías, a quien realmente han beneficiado las elecciones en Extremadura y Aragón es a Vox. En Génova defienden, sin embargo, que prefieren a un PSOE débil aunque sea a costa de que la ultraderecha suba y lo fían todo a que la formación de Santiago Abascal entre de nuevo en los Ejecutivos autonómicos y sufra el desgaste derivado de la gobernabilidad.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (PP), ha firmado este lunes el decreto de disolución de las Cortes y de convocatoria electoral para el próximo 15 de marzo, última posible para cumplir la normativa por el final de la legislatura, según informa EFE.

Mañueco tenía previsto comparecer en una rueda de prensa, pero finalmente ha suspendido toda la agenda institucional del Ejecutivo autonómico en señal de duelo por el accidente ferroviario ocurrido en Córdoba, lo que ha llevado al presidente a publicar esta fecha a través de un comunicado.

En el decreto, que entrará en vigor mañana con su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León, el presidente regional desvela que en estos comicios los votantes elegirán 82 procuradores, uno más que en la actual legislatura, al aumentar la población en la circunscripción de Segovia.

Juanfran Pérez Llorca presentó este miércoles a su nuevo Consell, el quinto en dos años y medio de legislatura. El presidente valenciano optó por una línea continuista con su antecesor, Carlos Mazón, al mantener a todos los consellers salvo a la responsable de Hacienda, Ruth Merino. Sin embargo, sí lanzó más de un mensaje en clave interna al disminuir la influencia de la vicepresidenta Susana Camarero, la cara visible de Mazón durante la dana, que deja la portavocía del Consell y la cartera de Servicios Sociales. Para sustituirla al frente de la portavocía optó por el conseller de Agricultura, Miguel Barrachina. Un perfil duro, muy de partido, que contrasta con las llamadas al diálogo que invoca con reiteración Pérez Llorca desde que fue investido presidente el pasado jueves.

Pérez Llorca también desmontó la estructura de la sala de máquinas de su antecesor en el Palau. Además de destituir a las dos personas de máxima confianza del exjefe del Consell, José Manuel Cuenca y Santiago Lumbreras, como secretarios autonómicos, nombró a cargos de la época de Francisco Camps y Alberto Fabra para formar parte de su gabinete: Henar Molinero, que será la secretaria autonómica de Presidencia, y Jacobo Navarro, como nuevo secretario autonómico de Análisis y Políticas Públicas.

Nombres a los que se suma el de Vicente Ordaz como secretario autonómico de Comunicación. Hace un año, Ordaz fue elegido como presidente del consejo de administración de À Punt, la radiotelevisión pública valenciana, donde ha recibido múltiples quejas por parte de la plantilla por decisiones como emitir una corrida de toros del año 1997 en lugar de un especial informativo sobre la multitudinaria manifestación contra Mazón un año después de la dana, o por la apuesta por la castellanización de los contenidos.

Más allá de los nombres concretos, la nueva remodelación muestra la debilidad de un Ejecutivo en minoría tras las anteriores crisis. La primera se produjo en 2024 tras el golpe de mando del líder de Vox, Santiago Abascal, que decidió romper con todos los gobiernos autonómicos del PP; la siguiente llegó tras la dana de octubre, con el cese de la exconsellera Salomé Pradas y Nuria Montes; la siguiente se produjo con el nombramiento de Francisco Gan Pampols como vicepresidente para la reconstrucción y la penúltima tuvo lugar solo hace unas semanas, cuando Pampols abandonó el cargo y Mazón nombró a Vicente Martínez Mus como sustituto.

El Partido Popular siempre presume de la "estabilidad" que aporta en sus gobiernos autonómicos, pero lo cierto es que se ha demostrado que sus alianzas son endebles. El anterior ciclo electoral no consiguió gobernar cuatro años con Ciudadanos en las diferentes autonomías —a excepción de Andalucía—. Todos los gobiernos compartidos resultaron ser extremadamente frágiles porque, además, se utilizaron por el PP como fichas a nivel nacional con el objetivo de intentar forzar un nuevo ciclo electoral y engullir a los de Albert Rivera, intentando mayorías absolutas o quedando en brazos de la ultraderecha, como finalmente ocurrió.

Una estrategia que el PP no ha podido replicar con Vox. A diferencia de los naranjas, fueron ellos los que decidieron romper todos los puentes con la formación de Alberto Núñez Feijóo después de que el PP aceptara la reubicación —ya acordada previamente— de 347 menores migrantes a la Península. Cinco comunidades se quedaron gobernando en minoría y, de todas ellas, únicamente la Comunitat Valenciana y Murcia han logrado sacar adelante unos nuevos presupuestos tras la ruptura. El resto se han visto obligadas a prorrogarlos, como es el caso de Castilla y León, Aragón y Baleares, o a forzar un adelanto electoral, como ocurrió en Extremadura.

La debilidad del andamiaje de estos gobiernos del PP con la ultraderecha, más allá de las obvias coincidencias programáticas, tardó menos de lo previsto en hacerse visible. Aunque Vox atribuyó toda la responsabilidad de la ruptura al líder del PP, los enfrentamientos entre los dirigentes autonómicos de ambas formaciones en lugares como Castilla y León, Extremadura o Aragón fueron frecuentes, así como las discrepancias en algunas materias. Con la salida en bloque de la ultraderecha el PP se quedó en una situación de debilidad, especialmente en los territorios en los que la izquierda suma más votos que los conservadores.

El precedente de Castilla y León: "Hacerse un Mañueco"

En 2022, el Partido Popular ya adelantó la convocatoria de elecciones en Castilla y León con el objetivo de gobernar con una cómoda mayoría absoluta y lograr un empujón definitivo a las aspiraciones de Pablo Casado, el anterior líder del PP, de alcanzar La Moncloa. Ninguna de ellas se acabó cumpliendo pese a que la victoria de Mañueco se daba por segura, como sucede ahora con Extremadura. Quien acabó defenestrado fue, precisamente, Pablo Casado, que solo unos días después se vio forzado a dimitir tras declarar la guerra a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Una guerra que acabó ganando ella.

En el caso de Castilla y León, el PP consiguió dos procuradores más, pero a costa de hundir a Ciudadanos y consolidar la carrera ascendente de Vox, que exigió a Alfonso Fernández Mañueco entrar en el gobierno a cambio de sus votos. El barón del PP tuvo que aceptar a Juan García-Gallardo como su vicepresidente y cerró un acuerdo con Vox que incluía no solo la Mesa de la cámara autonómica, también el Gobierno de la Junta, ante el riesgo de perder el control de las Cortes. Ahora deberá enfrentarse a las urnas, como tarde, el 15 de marzo del próximo año. Y en el PP ya profetizan que Mañueco no se librará de la influencia de los ultras.

La posibilidad de ir a elecciones anticipadas también está encima de la mesa de Jorge Azcón y Marga Prohens, presidentes de Aragón y Baleares respectivamente, cuya relación con Vox tampoco es precisamente buena. El problema que tiene también es que la jugada de ir a las urnas no le lleve a la mayoría absoluta y acabe, como suelen decir en el PP, "haciendo un Mañueco". Los conservadores saben que depender de otro partido trae problemas. Pero en Génova ya han asumido que eso será lo que le ocurra a Feijóo si las derechas suman en las próximas elecciones generales. Y temen que esa inestabilidad les pase factura.

Las Cortes de Castilla y León han aprobado este jueves las enmiendas a la totalidad del proyecto de ley de presupuestos de esta comunidad para 2026, presentadas en bloque por los grupos de la oposición, informa EFE. Esto supondrá que el Gobierno autonómico tenga que prorrogar nuevamente las cuentas autonómicas a solo unos meses de las elecciones previstas para marzo.

Tras un debate ante el pleno de las Cortes marcado por las referencias a la cercanía de los comicios autonómicos, la votación ha deparado una amplia mayoría parlamentaria contraria a seguir tramitando los presupuestos, con 47 votos sumados por los grupos del PSOE, Vox, UPL-Soria Ya y dos de los representantes del Grupo Mixto.

Han votado contra las enmiendas el PP (31) y los dos procuradores no adscritos -exmiembros de Vox-. Por su parte, el procurador de Por Ávila se ha abstenido.

Es la primera vez en la historia autonómica que el Gobierno ve cómo las Cortes rechazan su proyecto de ley de presupuestos para el año siguiente. Se trata de la sexta vez desde 2019 que los presupuestos son prorrogados, y la segunda consecutiva.

Las diferencias entre PP y Vox las explicó este lunes el portavoz del partido de ultraderecha, David Hierro, que culpó a Mañueco de rechazar negociar medidas acordadas en otros territorios como Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares.

Hierro llegó a comparar a Mañueco con Guardiola, en referencia a la presidenta extremeña y su adelanto electoral tras no alcanzar un acuerdo, pero restó importancia a que en Castilla y León se adelanten los comicios unas semanas porque ve a Vox "muy preparado para ir a esas elecciones".

Por su parte, el secretario general del Grupo Socialista, Pedro González, afirmó que Mañueco ha mostrado una "nula voluntad de negociación" con la oposición, por lo que ha ironizado con la búsqueda de su "socio natural".

El proyecto de presupuestos de Castilla y León para 2026 contará finalmente con sendas enmiendas a la totalidad de las cuentas por parte de los principales grupos de la oposición, el PSOE y Vox, lo que anticipa que el texto presentado por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco (PP), será rechazado el próximo jueves por el Pleno del Parlamento autonómico.

A esas dos enmiendas se suman también las presentadas este lunes por UPL-Soria Ya y el Grupo Mixto, con lo que todos los grupos de la oposición han rechazado el proyecto de ley defendido en solitario por el PP, lo que aboca a Castilla y León a una nueva prórroga presupuestaria. Es la sexta vez desde 2019 que se prorrogan los presupuestos y la segunda consecutiva.

Mañueco se enfrenta a unas elecciones de las Cortes de la comunidad autónoma el próximo 16 marzo, pero el resultado del Pleno de este lunes puede provocar la convocatoria de unas elecciones anticipadas.

Tras registrar su enmienda, el secretario general del Grupo Socialista, Pedro González, ha remarcado la "soledad más absoluta" en la que queda Mañueco, con una "nula voluntad de negociación" con la oposición, por lo que ha ironizado con la búsqueda del "socio natural" del que hablaba el pasado sábado el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo (PP), en referencia a Vox. "A Mañueco sólo le queda un camino, que es que el día 21 (de noviembre) cierre las Cortes de Castilla y León, presente su dimisión y convoque elecciones autonómicas lo antes posible dado el resultado y la soledad más absoluta en que se instala el presidente", ha resumido González.

Este desacuerdo entre el PP y Vox llega en un momento clave de las conversaciones que mantienen ambos partidos en la Comunidad Valenciana para que los populares mantengan el Gobierno en ese territorio, según han apuntado a EFE fuentes parlamentarias de Vox en Castilla y León, quienes cuestionan que en otros territorios el PP sí llegue a acuerdos con propuestas similares a las planteadas en esta comunidad.

Por su parte, el portavoz de Vox en las Cortes de Castilla y León, David Hierro, ha defendido la enmienda y ha culpado a Mañueco de negarse a negociar medidas que sí han acordado ambos partidos en otros territorios como Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares. "Ha sido el Partido Popular de Extremadura, ese que se niega a negociar y que mantiene continuos postulados de izquierdas. Las urnas hablarán y pondrán a cada uno en su sitio", ha afirmado Hierro en declaraciones a los periodistas, a las puertas del registro de las Cortes de Castilla y León.

Hierro ha añadido que Mañueco ha demostrado en estos días que es "mucho más parecido a Guardiola" de lo que pensaban, en referencia a la presidenta extremeña y su adelanto electoral tras no alcanzar un acuerdo, pero ha restado importancia a que en Castilla y León se adelanten los comicios unas semanas porque ve a Vox "muy preparado para ir a esas elecciones".

El representante de Vox ha recordado que tras la reunión mantenida el pasado sábado con el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo (PP), parecía que había algún margen de acuerdo porque el PP-CyL se había parecido más al "PP valenciano", pero este lunes ha cambiado esa percepción y Mañueco ha actuado "con la soberbia con la que viene actuando habitualmente".

En este sentido, el portavoz de Vox ha augurado que Mañueco pueda hablar de "chantajes", pero le ha recordado que su partido ha aceptado propuestas similares en otros territorios, sin que Feijóo haya visto esos acuerdos como cesiones a un chantaje. 

La Fiscalía de Castilla y León ha abierto una investigación contra el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y su consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, después de que la Asociación Bierzo Aire Limpio presentase una denuncia contra ellos por los incendios forestales ocurridos en agosto pasado, según informa EFE.

La Fiscalía de la Comunidad comunica a esta asociación en un oficio al que ha tenido acceso EFE que incoa diligencias de investigación tras la denuncia recibida por la posible comisión de delitos en relación con los incendios forestales producidos en agosto pasado en las comarcas del Bierzo, Laciana, Cabrera, Omaña, Valderería, Maragatería y Valduerna en León.

En la denuncia, esta asociación apunta a la posible comisión de delitos de prevaricación por omisión, delitos contra el medio ambiente, omisión del deber de socorro y otros ilícitos vinculados a la inacción y deficiente actuación de la administración autonómica.

Según Bierzo Aire Limpio, existen indicios de que los responsables de la Junta no adoptaron las medidas preventivas necesarias pese a disponer de los datos técnicos que permitían valorar el riesgo extremo de incendios, en un contexto de temperaturas récord y fuerte sequedad del terreno.

“El Gobierno autonómico contaba con toda la información para anticiparse, pero optó por no reforzar el operativo, a pesar de los antecedentes”, señala la asociación.

Además, recuerda que tras catástrofes anteriores ocurridas en la comunidad autónoma y especialmente en el Bierzo o la Sierra de la Culebra (2022), no se reforzó el operativo de incendios ni se aumentaron los recursos de prevención, vigilancia o personal.

Por su parte, el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha recordado que tras los incendios de 2022 se produjeron denuncias de este tipo y todas quedaron archivadas.

Así, ha asegurado que tras los incendios de 2022 se tomaron unas decisiones "muy potentes" en cambio de estructura e inversión y ese operativo, según Quiñones, funcionó muy bien en 2023, 2024 y también en 2025, salvo en esas tres "semanas fatídicas con circunstancias desconocidas".

Ha asegurado que siempre están a disposición de la Justicia "y por tanto, daremos todas las explicaciones necesarias".

"En definitiva, trataremos de explicar cómo la actuación de la Junta ha sido correcta, la actuación de los medios ha sido correcta y adecuada y lo que ha habido son circunstancias absolutamente imprevisibles", ha argumentado.

El portavoz del Gobierno autonómico, Carlos Fernández Carriedo, ha asegurado que la Junta colaborará con la investigación abierta, "que es natural si hay una denuncia" y aportarán toda la documentación que les solicite la Fiscalía.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, y a preguntas de los periodistas, ha insistido en que "es lógico que a raíz de una denuncia se pida documentación" y la Junta, como ha hecho en otras ocasiones la aportará, al tiempo que ha asegurado que "respetan los trámites y procedimientos judiciales".