La ministra Sira Rego, la exvicepresidenta del Gobierno valenciano Mónica Oltra, la eurodiputada Irene Montero y la primera dama de Brasil, Rosângela 'Janja' da Silva, han defendido en València la unión de las mujeres ante la violencia política que se ejerce contra ellas y han reivindicado la participación femenina en los espacios de decisión.

Así lo han señalado en un acto celebrado este jueves en el Jardín Botánico de la Universitat de València, en el que bajo el título 'No a la guerra, no a la violencia política, por un mundo ecofeminista' las cuatro mujeres progresistas y representantes de distintos partidos han hablado durante noventa minutos de estas cuestiones y han mostrado complicidad entre ellas.

"Ha sido balsámico", ha asegurado Oltra al final del que ha sido su primer acto público tras anunciar hace unos días que acepta el reto de ser la candidata de Compromís a la alcaldía de València tras cuatro años retirada de la política, a quien el público le ha gritado "alcaldesa" y ella ha dicho: "A por ellos, que me dijo mi madre".

La esposa de Lula da Silva ha destacado que la violencia política contra las mujeres no puede ser naturalizada o invisibilizada, porque perpetúa desigualdades que no caben en el mundo que quieren construir, y ha apelado a estar juntas con coraje, firmeza y esperanza.

Todas las comunidades presididas por el PP, excepto Ceuta, han decidido no participar en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia prevista para este miércoles, por lo que esta no se celebrará por falta de quórum, han informado fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia a EFE. 

El encuentro pretendía abordar la continuidad del modelo de acogida de los menores migrantes no acompañados entre todas las autonomías después de un año de funcionamiento del sistema.

La consejera madrileña de Asuntos Sociales, Ana Dávila, ha señalado que no acudirá a esta reunión prevista para tratar la reubicación de menores migrantes porque considera su convocatoria "ilegal" y ha asegurado que la Comunidad de Madrid no participará en política migratoria "temeraria" de Pedro Sánchez. 

Sí han acudido a la reunión de forma presencial representantes del Gobierno autonómico de Canarias y Castilla-La Mancha, mientras que Ceuta se ha conectado por videoconferencia. 

En un mensaje de vídeo remitido a los medios de comunicación, Dávila ha señalado que no acudiría a la reunión, que iba a ser presidida por la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, porque ha sido convocada de forma ilegal, ya que el orden del día fue rechazado en la comisión sectorial previa por la mayoría de las comunidades. 

Y ha cargado contra el Gobierno por querer continuar con lo que ha calificado como un "reparto forzoso de menores como si fueran paquetes y en contra de su voluntad": "No se me ocurre nada más inhumano", ha lamentado.

Sira Rego ha asegurado este miércoles que la acogida corresponsable de los menores migrantes no acompañados entre todas las comunidades sigue adelante pese al intento del PP de bloquear este sistema y su plantón este miércoles en la sectorial que iba a tratar este asunto. En declaraciones a los medios, Rego ha calificado de "absolutamente lamentable" la actitud del partido liderado por Alberto Núñez Feijóo.

Rego ha manifestado su "profunda indignación" frente a un PP que, en su opinión, recurre al bloqueo procedimental porque "son incapaces de decir lo que realmente está sucediendo y es que es un partido que está abrazando las tesis racistas" y en contra de los derechos de la infancia.

En cualquier caso, la ministra ha aclarado que esta era una cita en la que se iba a informar a las autonomías sobre un nuevo real decreto para actualizar la capacidad ordinaria del sistema de acogida de las comunidades y dar continuidad al modelo. Y, aunque no se haya celebrado la reunión, las comunidades se dan por informadas, lo que permite jurídicamente al Gobierno "con todos los avales", seguir con la formulación del real decreto, que, ha garantizado, irá "de manera inminente" al Consejo de Ministros. 

El Gobierno ha puesto en marcha el 'Buzón de las personas becarias' que recogerá denuncias "de forma anónima" de malas prácticas y abusos por parte de las empresas para enviarlas a Inspección de Trabajo, mientras continúa con la tramitación del Estatuto que aprueba este martes el Consejo de Ministros, según informa EFE.

El canal de denuncias ha sido impulsado por el Ministerio de Juventud e Infancia de Sira Rego, que ha presentado esta herramienta durante una Jornada celebrada en la sede de su departamento, clausurada por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, promotora del anteproyecto de ley del estatuto de las personas en prácticas que cuenta con el acuerdo de los sindicatos, pero no de la patronal.

"El estatuto va al Consejo de Ministros, pero el buzón arranca ya porque consideramos que hay legislación suficiente para que sea garantista y para que la Inspección de Trabajo puede actuar en los casos en los que se esté dando fraude", ha aseverado Rego.

La responsable de Juventud ha explicado que se quiere acabar "con prácticas que no tienen relación con estudios, becas que sustituyen puestos de trabajo o con el mismo trabajo que el resto de plantilla pero sin salario y sin protección".

"Se ha tolerado durante décadas, pero no es normal", ha señalado Rego, quien ha apelado a combatir esas prácticas de "explotación disfrazadas de experiencia".

Según la Encuesta de Juventud 2023, el 42% de jóvenes denuncian haber sufrido una o varias situaciones de explotación a lo largo de su vida laboral como trabajar sin contrato, haber suscrito un contrato mediante una ETT, ser un becario no remunerado, un falso autónomo o tener contrato de repartidor.

"Hay que acabar con estas prácticas por eso ponemos en marcha este instrumento que consideramos que puede ser tremendamente útil", ha señalado Rego, quien ha confiado en que el estatuto reciba el apoyo necesario en el Congreso, pese a "la situación ahora mismo de equilibrio de fuerzas" parlamentario.

Las izquierdas recobran la ilusión y el pulso. Y, sobre todo, evidencian que la ola de la ultraderecha no es invencible y que piensan plantar cara en el ciclo electoral. IU, Más Madrid, los comunes y Sumar lanzaron este sábado su vía para la unidad con un mensaje muy claro de que van a luchar ante la “batalla más importante del siglo” y de que “no sobra nadie” en el espacio progresista.

El espacio de Sumar protagonizó en un acto en el Círculo de Bellas Artes en Madrid su refundación en una semana clave para la izquierda y de gran componente simbólico para levantarse, que tuvo como primera parada la conversación el miércoles entre Emilio Delgado (Más Madrid) y Gabriel Rufián (Esquerra Republicana).

Y el acto de este sábado sorprendió hasta los propios organizadores, con una cola de personas que se alargaba varias manzanas en la madrileña calle de Alcalá, hasta casi la Puerta del Sol. No pudieron entrar centenares de ellos, por lo que se habilitó la sala de cine del Círculo para que lo pudieran seguir. 

Un acto que supone un punto de inflexión después de meses de depresión del espacio, que hizo un clic este sábado para recuperar ganas e ilusión. Algo que se notó desde el mismo momento de las llegadas. Se dejó atrás la resignación con abrazos, aplausos y hasta pasos de baile al ritmo de Bad Bunny, Amaral, Patti Smith y Arde Bogotá. Sobre el escenario como voces de esa izquierda estaban Lara Hernández (Sumar), Antonio Maíllo (IU), Mónica García (Más Madrid), Ernest Urtasun (los comunes) y Rita Maestre (Más Madrid), que se presentaron como “la casa de todos”.

Esta vía hacia la unidad para una candidatura en las generales lleva fraguándose de manera muy discreta desde hace meses por parte del grueso de partidos que participaron bajo el paraguas de Sumar el 23J, a excepción de Podemos. Unos trabajos muy orquestados desde IU a través de Antonio Maíllo, que se ha empleado más de un año y medio recorriendo España para impulsar un frente amplio.

Si la charla de Delgado y Rufián tuvo un alto componente motivacional, además de plantear la necesidad de buscar fórmulas para maximizar los escaños en todo el país, el acto de este sábado tuvo también un mensaje fuerte sobre la viabilidad de la herramienta, poniendo sobre la mesa el peso de estas organizaciones y militantes. “No se vence con sociología electoral, sino con un proyecto ganador”, remarcó Urtasun. Y poniendo también énfasis en las propuestas: desde la vivienda a la defensa de la sanidad pública y el control a los tecnooligarcas.

Y es que todos los intervinientes compartieron varías líneas: reivindicación de la labor en el Gobierno (con constantes menciones y aplausos a las medidas laborales de Yolanda Díaz), adiós al pesimismo y apuesta por la unidad con buenas palabras. “Gracias, Gabriel. Gracias, Emilio”, repitieron tanto García como Urtasun.

“Esta es la casa común de las izquierdas, las puertas están abiertas”, señaló García en un encendido discurso que levantó muchos aplausos al calor de frases como: “Venimos a quitarnos el pesimismo, a recuperar la autoestima, la esperanza y la alegría”. “Estamos aquí para ganar”, afirmó la ministra de Sanidad, que hizo continuas referencias al feminismo, como el resto de compañeros, uno de los puntos que sí distanció este acto respecto al de Rufián y Delgado.

Uno de los mensajes que compartieron los oradores es que es un proyecto que aglutina a todos los sectores de la sociedad, desde las mujeres a las personas LGTBI y los defensores del ecologismo, a los que hoy se señala como parte de la cultura woke.

Maíllo desplegó también un potente discurso que sorprendió a muchos en Madrid, donde no están acostumbrados a escucharlo de manera asidua: “Anuncio solemnemente que se ha acabado la melancolía”. “El sentido común se ha instalado esta semana, el nuevo sentido común es la unidad”, resaltó.

“Se van a incorporar más partidos y más gente. Y nos organizaremos con inteligencia política”, añadió el líder de IU

Como indicó también Lara Hernández, este sábado “es un punto de partida” y “el primer paso a recorrer juntos”. “Por supuesto, estamos muy orgullosos de todo lo que hemos conseguido, pero queremos más derechos y más igualdad”. Además, hizo una llamada a romper el constructo de que el voto joven es de Vox. Todo juntos, como añadió Rita Maestre, para enfrentarse “en la batalla del siglo”.

El acto derrochó poderío en presencia de caras del espacio progresista, como la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, el eurodiputado Jaume Asens y el exministro Alberto Garzón, además de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, y el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla. Provocó constantemente aplausos además el titular de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, que fue citado por varios de sus compañeros.

También acudieron los diputados Alberto Ibáñez (Compromís), Lander Martínez (Sumar), Nahuel González (EUPV), Txema Guijarro (Sumar), Enrique Santiago (IU), Agustín Santos Maraver (Sumar) y Engracia Rivera (IU), además de las parlamentarias de la Asamblea de Madrid Manuela Bergerot, Carla Antonelli y Jimena González, todas de Más Madrid. Del mismo partido también estuvo el concejal Eduardo Rubiño, que ha sido uno de los principales motores organizativos del acto. Desde Barcelona se trasladó Jéssica Albiach, con los presupuestos catalanes recién firmados con Salvador Illa. Quisieron apoyar el acto, aunque no se plantean integrarse en la papeleta, representantes de ERC (Oriol López) y Bildu (Oriana Etxebarrieta).

Llamó la atención la aparición de Nacho Álvarez, el que fuera cerebro económico de Unidas Podemos y que decidió retirarse de la primera línea por las tensiones entre Sumar y Podemos a la hora de nombrar ministros tras el 23J. Asimismo, Emilio Delgado, a pesar de algunos roces internos, acudió al acto del Círculo de Bellas Artes para defender la necesidad de unidad.

Pero no solo hubo representantes políticos en el evento de refundación, ya que también acudieron a la Sala de Columnas los líderes sindicales de UGT y de Comisiones Obreras, Pepe Álvarez y Unai Sordo, respectivamente, y el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero.

La que no acudió, como ya había anunciado, fue la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que quiere evitar que se centre en la conversación sobre su futuro político, que todavía no ha aclarado. Ella, no obstante, está apoyando activamente en redes y en entrevistas el proceso de unidad. Su nombre fue aplaudido constantemente. El espacio de Sumar tiene todavía muchas cosas que decir.

La ley contra la violencia vicaria no se aprobará el próximo martes en el Consejo de Ministros, como preveía el Ministerio de Igualdad: el Gobierno ha decidido aplazar su aprobación para dar margen a la negociación entre los distintos ministerios, tras las reticencias mostradas por Juventud e Infancia.

Pese a la intención de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, de elevar la ley al Consejo de Ministros la próxima semana, las diferencias entre los distintos departamentos gubernamentales y la decisión del Ministerio de Juventud e Infancia de descolgarse del proyecto han llevado al Ejecutivo a dar más tiempo para consensuar el texto con todas las partes, según fuentes conocedoras de la negociación.

Este jueves, el departamento de Sira Rego anunciaba que se desmarcaba del proyecto como ministerio coproponente ante la negativa de Justicia a modificar cuestiones que podrían implicar riesgos para la protección de las víctimas, como advirtieron asociaciones feministas.

Juventud e Infancia planteaba modificaciones relativas a la tipificación de la violencia vicaria, el régimen de visitas, la patria potestad y el derecho de escucha de niños, niñas y adolescentes. Y lo hacía después de que la Coordinadora Estatal para la Erradicación de la Violencia Vicaria y la Violencia de Género Institucional enviara una carta a ese ministerio, Justicia e Igualdad, en la que advertía que el texto legal, tal y como estaba planteado, podría dejar a las madres víctimas en una situación de inseguridad jurídica.

Esta coordinadora defendía en su escrito que la tipificación de la violencia vicaria no se puede hacer de "cualquier forma", expresaba su "gran preocupación ante las propuestas planteadas" y pedía que la ley no se limite a retoques superficiales o a crear figuras nuevas que entren en contradicción con el concepto de violencia vicaria, como un delito neutro de violencia vicaria sin relacionarlo con la violencia machista.

En respuesta, la posición de Juventud e Infancia fue defender que es inaceptable que el texto actual siga permitiendo al agresor mantener contacto con hijos e hijas víctimas de violencia vicaria o de género y señalar que no queda garantizado el derecho de escucha de los menores. Ante la negativa de Justicia de modificar los aspectos citados, Juventud e Infancia decidió retirarse del proyecto como coproponente. Sin embargo, el Gobierno quiere intentar sacar adelante el texto con consenso y por eso se ha ampliado el plazo de la negociación.

Fuentes de Igualdad aseguran que "se negociará todo lo que sea necesario para sacar un buen texto". El pasado miércoles, Redondo reconocía que se trata de un "texto delicado" y precisaba que se intentaría conciliar las demandas de las víctimas con una "técnica legislativa correcta".

La noticia saltó al mediodía. Muchos dirigentes de la izquierda reconocen que no daban crédito a la información que les llegaba a sus teléfonos móviles: el fiscal general del Estado, condenado por el Tribunal Supremo a dos años de inhabilitación por revelación de secretos. Todo un golpe desde la plaza madrileña de la Villa de París al Gobierno y los socios de investidura, que llevaban meses defendiendo la inocencia de Álvaro García Ortiz.

Durante los últimos días, la creencia general en el Ejecutivo y entre dirigentes progresistas es que el juicio había ido bien para el fiscal general del Estado, ya que no se había encontrado ninguna prueba que lo inculpara y, además, habían sido muy potentes los testimonios de los periodistas señalando a otras fuentes. Asimismo, había quedado claro que el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, había filtrado un bulo y había defendido desde la falsedad en su puesto pagado con dinero público al “ciudadano particular” de Alberto González Amador.

Por eso, la condena ha producido una sensación de rabia e indignación en la izquierda. La Moncloa y el núcleo duro del Ejecutivo han tratado de guardar las formas, aunque las caras del presidente, Pedro Sánchez, y del titular de Justicia, Félix Bolaños, materializaron sin palabras esa sensación. El fallo del Supremo se conocía también en una fecha muy destacada: el 20N, justo cuando se cumplían cincuenta años de la muerte del dictador Francisco Franco.

El Gobierno mostró su respeto por el fallo, pero declaró, por deber “moral”, que no comparte esa decisión (adoptada por cinco votos a favor y dos en contra). El Ejecutivo arrancará en los próximos días el proceso para nombrar a la persona que sustituya a García Ortiz. El ministro Bolaños quiso reconocer en una declaración institucional la labor del condenado por su defensa “del servicio público, de la ley y de la verdad”.

“Quiero trasladar también otra reflexión a todos los ciudadanos de este país, especialmente a aquellos que no comparten este fallo. La discrepancia con esta sentencia no puede conllevar una desconfianza generalizada en las instituciones y particularmente en la justicia. España es un Estado de Derecho con garantías y recursos para dirimir las discrepancias con una decisión judicial”, declaró Bolaños, el gran cerebro jurídico del Ejecutivo

Para mandar también este mensaje a “quienes velan por la aplicación de la ley y por garantizar el derecho de la ciudadanía a recibir una información veraz”: “Tanto a quienes lo hacen desde la sociedad civil, especialmente los periodistas, como quienes lo hacen desde el servicio público, particularmente inspectores de Hacienda y fiscales. A lo largo de este proceso ha habido quienes han intentado poner en duda su labor. Y quiero decirles que este gobierno va a defender siempre su trabajo y su derecho a ejercerlo con garantías. Estaremos siempre a su lado”.

Pero esas palabras tan institucionales no reflejan la honda desazón que domina al PSOE en estos momentos. Ese sentimiento lo expresó de manera directa el portavoz en el Congreso, Patxi López, que afirmó: "Las sentencias se acatan, la acatamos y la acataremos, pero viendo lo que hemos visto, conociendo lo que conocemos, sabiendo lo que sabemos de todo el proceso, me parece una auténtica vergüenza".

Esa misma sensación tienen en Sumar, el socio minoritario del Gobierno. La ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, aseveró tras el fallo: “No es solo una condena, es un mensaje de poder a todo el país por parte de los militantes con toga. Una ruptura de la separación de poderes. Ante la ofensiva ultra, valentía y determinación: hay que democratizar la justicia”.

Fuentes del espacio de Yolanda Díaz insistieron en esta idea: “La condena al fiscal general es la prueba más clara de que algunos sectores del poder judicial han decidido entrar en combate político contra el Gobierno. Está sentencia está basada en indicios débiles y sin una sola prueba directa de filtración, como recogen las crónicas del propio proceso, solo puede entenderse como un intento de interferir en la vida democrática de nuestro país.

“Para Sumar este caso tiene una gravedad institucional absoluta. Lo que ha ocurrido es un golpe judicial en toda regla: una causa construida sobre meras sospechas, inferencias sin sustento y contradicciones internas señaladas incluso en los votos particulares. No aceptaremos que el Estado de Derecho se use para desestabilizar a un Gobierno legítimo”, añadieron.

Y es que el fallo del Tribunal Supremo manda algunos recados, según los líderes de izquierdas. El portavoz de ERC, en el Congreso, Gabriel Rufián, apuntó: “Es una guerra contra unas ideas y unos partidos”. Poniendo en el debate esta cuestión: “El mensaje es claro, a Ayuso no se toca”.

Para la líder de Podemos, Ione Belarra, “la derecha civil y mediática acaba de asesinar civilmente al fiscal general”. “Todo para tapar el terrible escándalo de corrupción que asola a la presidenta de la Comunidad de Madrid, que vive en un piso pagado en negro. Ya se lo advertimos al PSOE, primero vinieron a por Podemos, después fueron a por los independentistas y ahora, como no han hecho nada para democratizar la justicia, van a por ellos en un caso de golpismo institucional sin precedentes para España”.

La palabra “golpe” se ha repetido entre varios dirigentes y referentes de la izquierda. Emilio Delgado (Más Madrid), sostuvo: “Pues esto es un buen golpe. De hecho no podían haber elegido mejor día para darlo”. Compromís hizo a la vez esta valoración: “La condena por parte de cinco jueces conservadores del Tribunal Supremo no es más que una prueba de golpe blando contra el Gobierno y contra la mayoría plurinacional y progresista de nuestro país”.

“Día negro que pone en riesgo la libertad de prensa y la protección a las fuentes, se pone en riesgo también la presunción de inocencia en nuestro país y que se pueda condenar sin pruebas al fiscal general. Un claro caso de lawfare, como ya hemos sufrido en Compromís, y requiere de una respuesta contundente y unitaria desde las izquierdas”, concluyó esta formación.

España da un paso muy importante con el nuevo paquete de medidas para presionar a Israel, con iniciativas como el embargo de armas a través de la aprobación de un decreto ley. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, marca el ritmo a otros países europeos, pero además es un movimiento que contenta a buena parte de sus aliados de investidura.

Pero, a pesar de ese paquete, los socios a la izquierda del PSOE van a seguir presionando para tomar medidas todavía más contundentes en los próximos meses. Empezando por los ministros de Sumar, que están dentro del Gobierno y quieren que el ala socialista vaya todavía más lejos después de días de negociaciones. El jefe del Ejecutivo no descarta ampliar estas iniciativas.

El paquete de medidas que avanzó Sánchez en La Moncloa este lunes por la mañana incluye también más efectivos españoles en la misión en Rafah y un incremento en las aportaciones a la UNRWA. Todo ello ha provocado que crezca todavía más la tensión entre el Ejecutivo de Sánchez y el de Benjamin Netanyahu, que ha cargado duramente contra La Moncloa por “antisemita” y ha prohibido la presencia en su país de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego. Esto ha llevado a que el titular de Exteriores, José Manuel Albares, haya llamado a consultas a la embajadora española en Tel Aviv, una medida que no estaba en el conjunto anunciado pero que llevaban tiempo reclamando sus socios de investidura.

Díaz precisamente solicita constantemente a los socialistas que también se rompan relaciones diplomáticas con Israel, algo que por el momento no acepta el ala liderada por Sánchez. Lo ha vuelto a reclamar al hilo de los ataques de Israel este lunes. También ha pedido esa ruptura de todo tipo de relaciones la propia Rego: “La sociedad española ha empujado para empujar estas nueve medidas. Ahora debemos seguir empujando para parar el genocidio en Gaza. Romper toda relación con el gobierno genocida de Israel y que paguen por sus crímenes”. El ala de Sumar ha celebrado que Sánchez hable por primer vez directamente de “genocidio”.

Rego pertenece a Izquierda Unida, la formación que más está tirando dentro del Gobierno para tomar medidas contra Israel y que estuvo a punto de salirse de la coalición por el contrato para comprar balas a empresas israelíes por parte del Ministerio del Interior. Fernando Grande-Marlaska tuvo que echarse finalmente para atrás y venció IU en el pulso interno en el Ejecutivo. El coordinador federal, Antonio Maíllo, ha calificado de “positivo pero insuficiente” el paquete hecho público por Sánchez.

IU ha pedido al PSOE una ruptura total de las relaciones diplomáticas y comerciales con el Gobierno de Netanyahu. Además, la hoja de ruta de Izquierda Unida pasa por llevar ante la ONU una propuesta de creación de una fuerza de intervención que pare el genocidio de Israel en los territorios palestinos y la colaboración del Ejecutivo en la preparación de una causa por genocidio contra Israel ante la Corte Penal Internacional, además de que se tomen acciones conjuntas con otros países para que la UE deje de ser “cómplice” de lo que está  pasando.

Podemos ha considerado que el anuncio de Sánchez demuestra que el Gobierno ha estado “mintiendo” durante estos dos años sobre la compra de armas a Israel. Los morados piden que España haga un “boicot total” a Israel, lo que pasaría por una ruptura de relaciones diplomáticas y comerciales.

La eurodiputada y candidata de Podemos en las próximas elecciones generales, Irene Montero, ha reclamado: “Ahora a forzar que se cumpla el embargo, que rompan relaciones comerciales y diplomáticas, que pongan en libertad a los de La Vuelta y que protejan a la Global Sumud Flotilla”.

También empujan al Gobierno para ir más allá los diputados de EH Bildu Mertxe Aizpurua y Oskar Matute, quienes sostuvieron: “Estas medidas son el resultado de una sociedad civil movilizada que está siendo ejemplo de solidaridad y lucha frente al genocidio contra el pueblo palestino. Esperamos que a este paso le sigan más para parar los pies a Netanyahu. Sigamos el camino que nos marca la ciudadanía”.

Desde ERC también se pronunció el portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián, con las siguientes ideas: “Esto está bien pero llega tarde”, “se negó durante meses que España participara del comercio de armas con Israel” y “hubo una ministra que lo denunció muy sola en ese gobierno”, en referencia a Ione Belarra.

Para el BNG, en el mismo sentido, se aprueban las iniciativas tarde y son insuficientes. Los nacionalistas gallegos exigen a Sánchez la ruptura de “todo tipo de relaciones” con "el Estado genocida de Israel" y la imposición de sanciones, además de demandar una investigación por las actuaciones policiales en Monforte durante el paso de la Vuelta ciclista y la depuración de responsabilidades al "vulnerar derechos fundamentales como lo de manifestación y expresión".

El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, anunció este lunes la prohibición de entrada al país tanto de la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo española, Yolanda Díaz, como de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, en represalia por las medidas anunciadas por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

"Es evidente que Díaz, líder del partido extremista Sumar, se está aprovechando de la debilidad política del presidente Sánchez y lo está arrastrando, paso a paso, a implementar su visión antiisraelí y antisemita", dijo Saar en un comunicado, en el que acusó a España de mantener un "antisemitismo institucionalizado".

Además, Saar anunció una política de no contacto con ambas ministras, justificada en su llamado al boicot de productos israelíes, la repetición de que Israel es "un Estado genocida" y el haber celebrado el reconocimiento español en mayo de un Estado palestino diciendo que "solo es el primer paso para la liberación de Palestina, desde el río hasta el mar". La ministra Rego "exigió a la Unión Europea que rompiera todos los vínculos con Israel y le impusiera sanciones a todos los niveles. La semana pasada, apoyó las violentas manifestaciones contra el equipo israelí en la Vuelta Ciclista Internacional", acusó Saar en su cuenta de X.

"Se tomarán decisiones adicionales posteriormente, en consulta con el primer ministro (Benjamín Netanyahu)", advirtió el ministro israelí, quien alegó incluso que el "corrupto gobierno de Sánchez" intenta distraer la atención de sus "escándalos de corrupción mediante continuos ataques antiisraelíes y antisemitas". "El Gobierno español lidera una línea hostil antiisraelí, con una retórica desenfrenada y llena de odio", resumió el ministro Saar, que dijo haber tomado la decisión de impedir la entrada de las ministras al país "con el consentimiento del primer ministro".

Además, Saar dijo que llevará algunas de las declaraciones realizadas por miembros del Gobierno español contra Israel ante el pleno de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto (IHRA), para que evalúen lo que tilda de "antisemitismo manifiesto".

El Gobierno considera "inaceptable" la prohibición de entrada a Israel de Díaz y Rego, al tiempo que rechaza "tajantemente" las "falsas y calumniosas acusaciones de antisemitismo" del Ejecutivo israelí hacia España.

"El Gobierno de España rechaza tajantemente las falsas y calumniosas acusaciones de antisemitismo por parte del Gobierno israelí hacia España y los españoles, así como la inaceptable prohibición de entrada a Israel a dos miembros del Gobierno de España", asegura el Ministerio de Asuntos Exteriores en un comunicado oficial. 

Ante esta prohibición, Díaz ha dicho que es "un orgullo" que Israel le haya prohibido la entrada a ella y a la ministra Sira Rego, ya que asegura que es un Estado que "perpetra un genocidio", y ha resaltado que seguirán "luchando por los derechos del pueblo palestino".

Además, la líder de Sumar en el Gobierno de coalición con el PSOE ha instado a dar más pasos, más allá de las nueve medidas anunciadas, y a retirar a la embajadora de España en Israel. "No se puede prohibir la entrada de dos ministras de un Gobierno democrático a un país y seguir como si nada. Hay que seguir actuando", ha añadido.

Sánchez anunció este lunes nuevas medidas contra Israel por el genocidio en Gaza que se aplicarán de forma inmediata, y que incluyen la consolidación jurídica del embargo de armas, prohibir la entrada en España a los implicados en el genocidio y más ayuda humanitaria.

Relatores de la ONU de derechos humanos, organizaciones internacionales y un creciente número de países califican de genocidio la campaña militar que lleva adelante Israel sobre la Franja de Gaza desde los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, en la que han muerto más de 63.000 personas, más de 18.000 de ellas niños.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes a primera hora un paquete con nueve medidas inmediatas para "presionar" al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que tiene como principal iniciativa un decreto urgente para consolidar el embargo de compra y venta de armas a Israel.

Sánchez ha comparecido en el Palacio de La Moncloa para detallar las nueve medidas y ha argumentado que España da un paso más para tratar de parar el genocidio que está perpetrando Israel. El jefe del Ejecutivo ha resaltado que el Gobierno español está "en el lado correcto de la historia".

Asimismo, el paquete incluye la prohibición del tránsito de barcos con combustible destinado a las fuerzas armadas israelíes y la denegación del espacio aéreo a aquellas aeronaves que transporten material de defensa israelí. Además, se va a aumentar la contribución por parte de España a la UNRWA y se incrementarán los efectivos en la misión de asistencia fronteriza de la UE en Rafah.

Sánchez ha indicado que la operación militar de Netanyahu es un "ataque injustificable a la población palestina" y ha recordado que ya han muerto 63.000 personas, mientras que hay 250.000 en riesgo de desnutrición. "Esto no es defenderse, es exterminar a un pueblo indefenso y quebrantar todas las leyes del derecho humanitario", ha remarcado el presidente español.

El presidente ha manifestado que no está únicamente en manos de España frenar el genocidio, pero ha recordado las medidas "valientes" tomadas como el reconocimiento del Estado palestino, el impulso a resoluciones de la ONU y el envío de ayuda humanitaria a Gaza.

Las medidas han provocado una fuerte reacción del Gobierno de Israel que ha acusado al Ejecutivo español de "antisemita", además de prohibir la entrada al país de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego. Tras estas decisiones, Exteriores ha llamado a consultas a la embajadora española en Tel Aviv.

Estas son las nueve medidas anunciadas por Sánchez:

1- Aprobación urgente de un real decreto ley que consolide jurídicamente el embargo de armas a Israel y que establezca la prohibición legal y permanente de comprar y vender armamento, munición y equipamiento militar a ese país

2- Prohibición del tránsito por puertos españoles a todos los barcos que transporten combustibles destinados a las fuerzas armadas israelíes

3- Denegación de entrada al espacio aéreo español a todas aquellas aeronaves de Estado que transporten material de defensa destinado a Israel

4- Prohibición de acceder a territorio español a todas aquellas personas que participen de forma directa en el genocidio, la violación de derechos humanos y los crímenes de guerra en la Franja

5- Prohibición de la importación de productos provenientes de los asentamientos ilegales en Gaza y Cisjordania, con el objetivo de combatir estas ocupaciones, frenar el desplazamiento forzoso de población civil palestina y mantener viva la solución de los dos Estados

6- Limitación de los servicios consulares prestados a los ciudadanos españoles residentes en los asentamientos ilegales israelíes a la mínima asistencia legalmente obligatoria

7- Refuerzo del apoyo a la Autoridad Palestina mediante un incremento de los efectivos en la Misión de Asistencia Fronteriza que la Unión Europea tiene en Rafah y establecimiento de nuevos proyectos de colaboración con la Autoridad Palestina en los ámbitos de la agricultura, la seguridad alimentaria,y la asistencia médica

8- Ampliación de la contribución a UNRWA con 10 millones de euros adicionales destinados al auxilio de la población gazatí

9- Aumento de la partida de ayuda humanitaria y cooperación para Gaza para alcanzar los 150 millones de euros en 2026

El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, ha respondido al anuncio de Sánchez con duras medidas como la prohibición de entrada al país tanto de la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo española, Yolanda Díaz, como de la titular de Juventud e Infancia, Sira Rego.

"Es evidente que Díaz, líder del partido extremista Sumar se está aprovechando de la debilidad política del presidente Sánchez y lo está arrastrando, paso a paso, a implementar su visión antiisraelí y antisemita", ha trasladado Saar en un comunicado, en el que acusó a España de mantener un "antisemitismo institucionalizado".

"Se tomarán decisiones adicionales posteriormente", ha avisado el ministro, que ha criticado que el "corrupto gobierno de Sánchez" intenta distraer la atención de sus "escándalos de corrupción mediante continuos ataques antiisraelíes y antisemitas".

Después de estas declaraciones, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha llamado a consultas a la embajadora española en Tel Aviv "ante las calumniosas acusaciones hacia España y las inaceptables medidas contra dos miembros del Gobierno".

La indignación de buena parte de la sociedad española por el genocidio en Gaza ha cristalizado en las protestas a favor de Palestina durante las etapas de la Vuelta ciclista. De esta manera, se ha convertido en el primer gran evento multitudinario deportivo en el que se ven diariamente banderas de Estado palestino y en el que muchos espectadores muestran su rechazo contra la participación de un equipo israelí.

La Vuelta a España tiene un alto simbolismo y despierta pasión de generación en generación. Y, además, es un gran espectáculo mediático, que reúne cada tarde a casi un millón de espectadores de media en la retransmisión en TVE. De ahí la importancia de la visibilidad de las manifestaciones, algo que no ha ocurrido en otros eventos similares en el ciclismo como el Tour de Francia.

Las protestas también han tenido momentos de tensión como los que se vivieron en Bilbao, donde la Ertzaintza detuvo a tres personas tras los incidentes que provocaron lesiones a cuatro agentes. También en alguna etapa se ha tenido que acortar el recorrido para evitar problemas a los corredores. Y ahí es donde se está agarrando parte de la derecha, capitaneada por el PP de Madrid, para focalizar sus críticas.

Estas concentraciones tienen un gran componente simbólico al producirse alrededor del mundo del deporte, un espacio en el que domina el silencio y no hay condena clara al genocidio que está perpetrando Israel en Gaza. Tienen su foco en la participación en la Vuelta del equipo Israel Premier-Tech, cuyo propietario es el millonario Sylvan Adams, amigo íntimo de Benjamin Netanyahu y que lleva años tratando de lavar la imagen de Israel a través del deporte. 

Sin ir más lejos, la oficina del primer ministro ha distribuido en la red social X un mensaje de Netanyahu celebrando que el equipo siga en la competición: “¡Gran trabajo, Sylvan y el equipo ciclista de Israel por no ceder ante el odio y la intimidación! ¡Israel se siente orgulloso de vosotros!”.

El conjunto mantiene su intención de continuar participando: “Somos profesionales y vamos a seguir compitiendo hasta el final”. Sólo la UCI puede expulsarlo de la competición y el órgano internacional no quiere mover ficha por “su compromiso con la neutralidad política, la independencia y la autonomía del deporte, de conformidad con los principios fundacionales del movimiento olímpico”.

La carrera encara su recta final a partir de este fin de semana y concluirá el día 14 en el centro de Madrid. Para ese día ya se están convocando manifestaciones masivas alrededor del circuito para mostrar ante el mundo entero el rechazo a la guerra de Gaza y a favor del Estado palestino. Una imagen muy potente que ya incomoda a la derecha madrileña, que lleva meses volcándose con Israel.

Las protestas durante la Vuelta han irrumpido de lleno en el mundo político. La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, se ha convertido en la voz más potente a favor de esas manifestaciones. Ha señalado durante estos días que la sociedad española con esas acciones está dando una "lección de humanidad" y demuestra su "compromiso con la paz y los derechos humanos".

Rego, de origen palestino, pertenece a Izquierda Unida, partido que también está volcado con las protestas. La formación liderada por Antonio Maíllo ha denunciado además que "Israel utiliza La Vuelta para limpiar su imagen mientras continúa el genocidio”: “El sionismo no debería participar en ninguna competición deportiva".

Los ministros del ala de Sumar están presionando al PSOE para tomar más medidas ante la guerra en Gaza y han pedido declarar persona non grata a Netanyahu y aprobar de forma inmediata la ley de embargo de armas, además de la retirada de la embajadora española en Tel Aviv y la suspensión de relaciones diplomáticas y comerciales con Israel.

El ala socialista, según explicó el propio ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel Albares, está de acuerdo en que deje la competición de la Vuelta el equipó de Israel y apoya el “mensaje” de que este país no puede seguir en las competiciones deportivas como si no sucediera nada. 

En el lado contrario, el PP de Madrid está desplegando mensajes en todos los formatos para apoyar a Israel y atacar las protestas durante la Vuelta. La más activa está siendo la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, quien este viernes dijo: "No es la primera vez que se atenta contra deportistas israelíes, como en las olimpiadas de Múnich". Además, relacionó las protestas durante esta semana con el terrorismo etarra:  “Han expulsado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y cualquier otra autoridad nacional del País Vasco. Y una vez en la Historia de la vergüenza, se someten a los etarras. Cobardes que se ceban con los deportistas, artistas… Y por supuesto, son antisemitas y odian éxitos españoles como La Vuelta”.

Y se ha lanzado contra la ministra Rego el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, criticando que “ha jugado un papel lamentabilísimo en lo que está sucediendo en la Vuelta ciclista a España alentando el antisemitismo que ya mostró en el Parlamento Europeo cuando se negó a condenar los ataques terroristas del 7 de octubre de Hamás”. Ha llegado a decir que la titular de Juventud e Infancia está “incapacitada para estar en política”.

Desde que pisó el Congreso de los Diputados con 24 años, Virginia Uzal ha tenido que enfrentarse a miradas y palabras condescendientes. Corría el año 2016 y la nueva política entraba en la Carrera de San Jerónimo. Un shock para un sistema que había hecho del bipartidismo su sello. Y ella se hizo con las riendas de la comunicación de los diputados de En Marea.

Entre aquellos parlamentarios estaba Yolanda Díaz, la mujer que le dio la primera oportunidad a Pablo Iglesias en una campaña autonómica y que llevaba sobre sus espaldas el bagaje de Santiago. No se conocían, pero Uzal pasó la entrevista: una periodista gallega afincada en Madrid que había trabajado en diversos medios como Público. Las dos tenían claro desde el principio que empezaba una nueva historia en la Cámara Baja y que había que enfocar la comunicación de una manera totalmente diferente. Siempre mirando hacia la ciudadanía.

Desde aquel día se convirtió en su mano derecha comunicativa. No se entienden sus figuras sin la otra. Fueron cuatro años de convulsión política, de momentos inéditos, de mociones de censura, de la irrupción de Podemos como señorías en el Congreso. Un tiempo espídico que curtió a todo el equipo. Y llegaron las elecciones de noviembre de 2019, de las que salió el primer Gobierno de coalición en España desde la II República. Díaz fue nombrada ministra de Trabajo y se llevó al Paseo de la Castellana a Uzal (A Coruña, 1992), que sería a partir de ese momento la directora de comunicación más joven del Ejecutivo.

El furor del nacimiento de la coalición duró poco con la irrupción de la terrible crisis del coronavirus. Fueron meses de trabajo durante casi las 24 horas. Antes de que se decretara el estado de alarma, Trabajo ya elaboró un manual para las empresas, basándose en el Estatuto de los Trabajadores. Sintieron en primera persona la ferocidad de muchos medios atacándoles por supuestamente querer paralizar el país por nada.

El Ministerio de Trabajo fue uno de los epicentros de la gestión de la crisis. De allí salió el decreto para poner en marcha el mecanismo de los ERTE, que salvó centenares de miles de empleos en todo el país. En el propio departamento se contagió la mayoría del equipo. Aquella norma se escribió en el portátil de Verónica Barbero, hoy portavoz de Sumar en el Congreso, mientras solo quedaba trabajando un equipo de cinco mujeres capitaneado por Díaz, y con Uzal entre ellas.

Pero Uzal estaba llamada a subir de peldaño, a pesar de que su principal ámbito es el comunicativo. Su formación pasa por ser Graduada en Periodismo, siempre estudió con becas y obtuvo el premio extraordinario de fin de carrera, y por tener un máster en Comunicación Cultura y Ciudadanía Digitales por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, en colaboración con Medialab Prado, y otro en Dirección de Comunicación Empresarial e Institucional por la Universidad Autónoma de Barcelona.

Con el pacto de la segunda coalición tras las elecciones del 23J, Díaz le pidió a Uzal que ocupara la Jefatura de Gabinete, que antes había desempeñado Josep Vendrell. Ella no tiene ambición política y nunca se había planteado un cargo de esa envergadura, pero decidió decir que sí. Una de las cosas que siempre prima es la vocación pública. Y aceptó teniendo como máxima, como todo el ala Sumar, que su biblia es el acuerdo de coalición firmado por Pedro Sánchez y la vicepresidenta segunda en el Museo Reina Sofía.

Uno de los principales retos del puesto es precisamente la negociación constante con La Moncloa. Hay buena sintonía y se han establecido conversaciones de manera discreta entre las dos partes, aunque en Sumar siempre recalcan que deben presionar duro al PSOE para que termine aceptando medidas como la ampliación de los permisos por nacimiento o la reducción de la jornada laboral.

Pero en el caso de Uzal hay, además, otro flanco: la coordinación de los cinco ministerios del ala de Sumar, donde conviven diferentes partidos, ya que IU está al frente de Juventud e Infancia con Sira Rego, los comunes tienen a Ernest Urtasun en Cultura y Más Madrid capitanea con Mónica García el departamento de Sanidad. Lo que han hecho es crear reuniones a varios niveles para organizarse de manera conjunta: de ministros, de secretarios de Estado y de jefes de gabinete.

A Uzal, pese de ser experta en comunicación y haber tenido trato diario con los periodistas, no le gusta salir en los medios, no da entrevistas y evita cualquier tipo de protagonismo. Algunos de los asesores consultados señalan que su principal virtud al frente del equipo es que nunca pierde los nervios y organiza de manera pragmática cada situación que se da en la Vicepresidencia. Rompiendo así ese molde típico de jefe de gabinete que se ha estilado de maneras imperativas. Y, además, una de sus obsesiones es tener una visión de la gente joven y de la calle frente a las luchas de poder de moqueta que dominan los gobiernos.

Esa visión generacional le ha hecho conectar a Uzal con Diego Rubio, jefe de gabinete de Pedro Sánchez, aunque no estén de acuerdo en todo. Un nuevo prototipo de jefa de gabinete que, algunos días, para desconectar, queda a cenar en algún restaurante gallego de la capital y a la que se le puede ver en algún cine, librería o en conciertos de Baiuca, Rodrigo Cuevas o de Calequi y las Panteras. Y siempre, en su lista de reproducción se refugia en los temazos de Bon Iver. Ese alma de los años que estudió piano en el conservatorio. Hoy toca entre bambalinas las teclas del poder. 

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha remitido un nuevo oficio a la Fiscalía General del Estado tras recibir un informe que describe hechos de extrema gravedad en el Punto de Encuentro Familiar (PEF) de Granada, dependiente de la Junta de Andalucía, durante la entrega del hijo menor de Juana Rivas el pasado martes. "Es un proceso complicado. Estamos haciendo un acompañamiento y poniendo el foco en poner perspectiva de infancia a todo lo que está sucediendo", ha explicado la titular este jueves en declaraciones en El Prat de Llobregat a los medios.

El informe, firmado por la psicóloga M.T.R.G., relata episodios de presunto maltrato psicológico al niño por parte de profesionales del propio centro y de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Fuentes del ministerio han mostrado a infoLibre su profunda preocupación por los testimonios recogidos en el documento, que califican como “graves” y que, según indican, ponen en evidencia “una violencia institucional que el Gobierno de España no puede consentir”.

En el documento, al que ha podido acceder infoLibre, el menor, que tiene once años, se vio sometido a mucha presión. De acuerdo con el relato de la psicóloga que acudió al encuentro, el niño mostró en todo momento su rechazo a irse con su padre alegando miedo a ser maltratado. "Es un informe verdaderamente duro", ha afirmado Rego que ha recordado que el Gobierno no es quien tiene que paralizar la entrega: "Nuestra tarea y nuestra obligación es velar por los derechos de este niño".

El Ministerio insiste en que su actuación en este caso tiene como único objetivo garantizar los derechos del menor, su protección, su derecho a ser escuchado y a contar con una defensa efectiva, algo que, denuncian, “ninguna institución de Granada ha garantizado hasta ahora”.

Desde el departamento de Rego se hace también un llamamiento al conjunto de los poderes públicos para que asuman su responsabilidad ante un caso que consideran alarmante y que ya ha sido puesto en conocimiento de la Fiscalía.

La entrega, fijada inicialmente para el martes pasado pero aplazada por la juez de Primera Instancia 3 de Granada atendiendo a la petición de los profesionales que lo trataron, tendrá lugar este viernes, según lo acordado por la magistrada, pero en condiciones distintas a las del martes: en un lugar privado y con la única asistencia de los progenitores para evitar "exposiciones innecesarias" como la vivida en aquella ocasión, entre una gran expectación mediática y momentos de tensión que hicieron que el menor rompiera a llorar.

El Gobierno aprobó este martes en Consejo de Ministros el real decreto que detalla el protocolo para trasladar a los menores migrantes no acompañados desde comunidades con los recursos tensionados -como Canarias, Ceuta o Melilla- a otros territorios. Este real decreto, publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado, entrará en vigor el jueves y es un paso más en el calendario previsto por el Ejecutivo para comenzar con la política de traslados a partir del 28 de agosto.

La idea es derivar a unos 3.000 jóvenes que son atendidos hoy por Canarias, Ceuta y Melilla en el plazo de un año y, además, que todos los menores extranjeros no acompañados que lleguen a partir de septiembre a zonas con los recursos tensionados sean derivados a otras autonomías en apenas 15 días.

El primer paso será que la comunidad autónoma que tenga sus recursos al triple de su capacidad ordinaria declare la situación de contingencia migratoria, que deberá ser aprobada por el Ministerio de Juventud e Infancia.

Según el calendario del Ejecutivo, esto podría ocurrir el 27 de agosto, después de que el Consejo de Ministros apruebe el día anterior un último decreto con las cifras de traslados que corresponden a cada comunidad.

El siguiente paso es que la Subdelegación del Gobierno adopte una propuesta de traslado de forma simultánea a la inscripción del joven en el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados.

Para ello, la comunidad autónoma de origen deberá remitir, en tres días, un informe sobre la situación del menor realizado tras una entrevista personal.

Este expediente se remitirá al menor y a la comunidad de destino, que podrán presentar alegaciones en tres días. También se comunicará al Ministerio Fiscal, que podrá pronunciarse en dos días naturales y, en todo caso, si el joven se opone al traslado.

Para determinar a qué territorio irá cada joven se tendrá en cuenta unos criterios ya fijados por el Ejecutivo: población (50%), renta per cápita (13%), tasa de paro (15%), esfuerzo de acogida (6%), dimensionamiento estructural del sistema (10%), dispersión de la población (2%) y las singularidades de ciudad fronteriza (2%) e insularidad (2%).

Con toda la información, la Subdelegación del Gobierno elevará su propuesta a la Delegación del Gobierno, que será la que resuelva. La resolución será remitida en diez días al menor, a la comunidad de origen, a la de destino, al Ministerio de Juventud e Infancia y al Ministerio Fiscal.

Esta resolución podrá recurrirse por vía administrativa o judicial y significará la asunción de tutela y custodia del menor por parte de la comunidad de destino.

La comunidad de origen será responsable del traslado de los jóvenes, que será financiado por el Estado mediante el fondo de 100 millones de euros aprobado en marzo.

Esta autonomía deberá notificar al joven, a la comunidad de destino, a su Delegación del Gobierno y a la Jefatura Superior de Policía de destino, con una antelación mínima de 48 horas, la fecha, hora y lugar de llegada y el traslado deberá ejecutarse en cinco días desde este aviso.

La comunidad de destino recibirá en el día, hora y lugar notificados al menor, que llegará en compañía de profesionales de la entidad pública de origen para intercambiar información con los de destino sobre la situación del joven.

Si la comunidad se niega a recibirlo, los profesionales que lo acompañan podrán pedir ayuda a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, que lo pondrán en conocimiento del Ministerio Fiscal y entregarán al joven a la entidad de destino.

El plazo máximo para los traslados es de 15 días naturales desde la inscripción de los jóvenes en el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados y, una vez completado, deberá ser notificado al Ministerio de Juventud e Infancia para su seguimiento.

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha pedido a la Fiscalía General del Estado que actúe para que se respeten los derechos del hijo menor de Juana Rivas, tras recibir una misiva suya en la que le pide ayuda "porque está aterrorizado y no quiere volver a Italia", según recoge EFE. Daniel, de once años, deberá regresar el próximo martes día 22 con su padre a Italia, según determina el Juzgado de Primera Instancia 3 de Granada.

Rego reclama a la Fiscalía "que ponga en marcha todas las herramientas a su alcance para que se respeten los derechos de Daniel", después de que el niño cuente en la misiva que ha sufrido episodios muy graves de violencia en Italia, actos habituales y recurrentes, explica la ministra, que advierte de que el menor teme por su integridad y rechaza rotundamente la resolución judicial que le obliga a regresar.

"Al leer su carta, he podido corroborar el temor que refleja Daniel a volver a Italia (...), cualquier medida que se adopte obviando la expresado, de forma reiterada, vulneraría el derecho de Daniel a ser escuchado", indica la responsable de Juventud e Infancia. Se trata de una "carta durísima en la que me pide ayuda porque tiene miedo, porque se siente aterrorizado y no quiere volver a Italia", asevera la ministra, quien expresa su deseo de que tras la comunicación con la Fiscalía General del Estado se haga "todo lo posible para hacer cumplir los derechos de Daniel".

Rego recuerda que hay legislación internacional y nacional que garantizan los derechos de la infancia y el interés superior del menor. "Una legislación que dice que los niños tienen derecho a ser escuchados. Por eso desde el Ministerio de Juventud e Infancia vamos a seguir trabajando con determinación para proteger los derechos de Daniel. Escuchemos a Daniel", concluye.

En una entrevista con infoLibre publicada este mismo viernes, Rego ya aseguró que iba a "hacer todo lo posible para que Daniel no corra ningún riesgo". "Es inhumano lo que está sucediendo con Daniel y con Juana Rivas. Un maltratador no puede ser un buen padre, y es imprescindible que la justicia escuche a Daniel, lo que tiene que decir. Es su derecho. Los niños tienen derecho a ser escuchados, creídos y reparados", afirmó.

En la mesa baja que tiene Sira Rego en su despacho bajo la ventana por la que entra la luz desde el Paseo de la Castellana hay un pequeño jarrón. Contiene tres flores perfectamente combinadas de colores rojo, amarillo y morado. Inspiración republicana. La hoy ministra de Juventud e Infancia tiene así presentes las raíces de su militancia en Izquierda Unida.

Rego (Valencia, 1973) lanza durante estos días un mensaje claro frente al discurso del odio de Vox, que, en su opinión, ha comprado de lleno el Partido Popular. Pero España no es así, reflexiona la ministra, que ha vuelto a ver este jueves cómo los populares boicotearon la conferencia sectorial para la distribución de menores no acompañados. A pesar del clima político, la dirigente progresista, de padre palestino y madre española, mira hacia adelante y cree que el Gobierno puede llegar hasta 2027, siempre y cuando se acelere la agenda social.

Usted tiene información directa a través de su familia. ¿Cómo está la situación en Palestina ahora mismo?

Hablo de manera habitual con mi familia allí y la situación es terrible e insostenible. El régimen de apartheid se ha intensificado, con miles de personas asesinadas. Además de lo político, a nivel personal es muy duro.

El PSOE y Sumar han acordado esta semana impulsar una ley para establecer un embargo de armas a Israel. ¿Es suficiente esta medida o deberían adoptarse más para presionar a Israel?

Soy absolutamente clara: tenemos que ir a un embargo en todos los niveles y a una ruptura total de relaciones económicas, comerciales y diplomáticas con Israel. Es importantísimo como gesto y en términos de la posición de España a nivel internacional. Hay que seguir aislando al régimen genocida de Israel. Se puede incidir desde la comunidad internacional para parar el genocidio. Es algo determinante. Si el mundo se ha puesto de acuerdo para poner sanciones a Rusia, no hay ninguna razón para que no se haga lo mismo con Israel. La reciente decisión de la UE para no romper el acuerdo de asociación es absolutamente vergonzosa.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha prometido que no se va a llegar al 5% del PIB en gasto en defensa y señaló que es suficiente el 2%. ¿Cree que será así o tendremos luego un gasto por detrás? ¿Estarán vigilantes desde IU? ¿Se ha sentido incómoda en el Ejecutivo con la ampliación del presupuesto en esta materia?

No comparto el aumento del gasto militar, he sido muy clara. Y nosotros hemos tenido una posición nítida en el Gobierno desde el principio. Por ejemplo, hemos planteado objeciones en todas las partidas que se han llevado al Consejo de Ministros. Es determinante nuestra presencia en la coalición porque nos hemos situado frente a este debate del rearme. Por nuestra parte está absolutamente descartado que pueda haber un aumento hasta el 5%. Mientras estemos en el Gobierno, esto no va a suceder. Y hay que situar la realidad: se acaban de conocer en Francia las medidas de recortes salvajes de Macron después de anunciar el aumento extraordinario del gasto militar. Nosotros estamos en el Gobierno para defender los derechos de la clase trabajadora y para ampliar libertades.

Las comunidades del PP boicotearon este jueves la reunión de la Conferencia Sectorial convocada por el Gobierno para la distribución de los menores migrantes, ¿qué le parece la actitud de los populares? ¿Qué va a pasar ahora? ¿Pueden negarse esas autonomías a acoger a esos menores?

Nos hemos tenido que enterar por la prensa de su ausencia, lo que nos parece una falta de respeto para las consejeras y consejeros que han venido desde otros territorios. Pero no nos sorprende. Esta performance es el culmen de la política de boicot y de bloqueo que está llevando a cabo el Partido Popular desde hace más de un año. Hemos celebrado seis conferencias sectoriales y otras tantas comisiones en este tiempo y siempre nos hemos encontrado la misma actitud por parte del Partido Popular: cero propuesta y cero intención de trabajar.

No es casual que esta ausencia se haya producido en este momento. Vox lleva semanas lanzando un discurso racista que el Partido Popular está comprando. Ya lo ha dicho el señor Tellado, que ha hablado de Vox como un partido de Estado. Este tipo de escenificaciones solo tienen como objetivo complacer los deseos racistas de Abascal. Pero el Real Decreto-ley que garantiza la acogida vinculante y solidaria sigue su curso. En los próximos consejos de Ministros vamos terminar con el procedimiento que establece y a finales de agosto estaremos en disposición de comenzar con los traslados.

Desde el finde de semana estamos viendo en directo las imágenes de los altercados en Torre Pacheco (Murcia) con grupos llamando a “cazar” migrantes. ¿España es racista?

España no es racista, pero hay grupos políticos que son profundamente racistas y que no son partidos de Estado. Lo que quiero decir es que Vox señala desde las instituciones, el PP blanquea y los escuadristas actúan. Vox replica una agenda que ya hemos visto en otros países europeos. Pero España no es ese país que quiere contarnos la extrema derecha. Eso no significa que los hechos de estos días no sean preocupantes. Pero hay una línea de puntos: no es casual que Vox lleve semanas diciendo que hay que deportar a migrantes, ni el giro del PP en su congreso, ni el bloqueo de algunos presidentes autonómicos subalternos de Vox sobre los menores migrantes. Parece que la política migratoria del PP la está decidiendo Vox en su sede. Los barones del PP son rehenes del partido de Abascal para aprobar sus presupuestos. Vemos una alianza táctica entre la derecha y la extrema derecha que está operando y que está tratando de generar un problema de convivencia donde no lo hay.

¿Cómo se puede combatir ese discurso de las derechas?

Los datos nos dicen que ha aumentado el número de migrantes en nuestro país y, sin embargo, el índice de delitos de la comunidad de extranjeros se ha reducido. Además, la criminalidad en nuestro país ha bajado. España es un país muy seguro y no tiene problemas de convivencia. Al contrario, lo que hay es una intención de la extrema derecha en generar un estado de las cosas que no existe. Además, hay que trabajar los derechos de la ciudadanía, que es la mejor manera de neutralizar este tipo de relatos. Las personas que vienen de fuera tienen que tener los mismos derechos y las mismas obligaciones. Hay que reconocer el valor y la participación de las personas migrantes en nuestra sociedad a todos los niveles. Y seguimos insistiendo en la idea de la agenda social.

¿Le preocupa que se extienda a otras localidades lo que ha sucedido en Torre Pacheco?

Me preocupa que nos instalemos como sociedad en los discursos del odio, del miedo y del fango permanente y que la conversación pública gire en torno a estas cuestiones. Tenemos que hacer un trabajo colectivo: las personas que defendemos una sociedad de derechos tenemos que ser firmes y poner pie en pared. La conversación pública no puede estar referida en todo momento a cuestiones que nos generan odio, miedo e incertidumbre. Tenemos que mirar el país que tenemos y cómo se avanza socialmente. No podemos caer en el relato del odio y del miedo al diferente. Pongamos en el centro las experiencias que están siendo exitosas. Los que creemos en la sociedad de derechos tenemos que hacer un ejercicio militante de alejarnos del relato del odio y del discurso del miedo y plantearnos los debates en términos positivos y humanos.

¿Por qué está frenando el ala socialista del Gobierno la propuesta de que se pueda votar desde los 16 años?

No hay que hablar de frenar. Estamos trabajando todavía y presentaremos la ley de juventud en el Consejo de Ministros después del verano. Es una de las demandas que han hecho los jóvenes en el proceso participativo. Hay 400 páginas de propuestas que estamos traduciendo jurídicamente para esta norma. Ahora comenzaremos a hablar con nuestro socio y confiamos en que no haya reticencias. 

Hablando de jóvenes y de Vox, ¿cómo explica que en ese electorado la ultraderecha tenga un porcentaje tan alto de estimación de voto?

La sociedad en su conjunto está polarizada. Los datos que tenemos, como los del Informe de la Juventud, no nos hablan de tan enorme porcentaje. En cambio sí recoge el documento que hay un porcentaje importante de mujeres jóvenes que se sitúan a la izquierda. Pero se apodera del relato general que hay un porcentaje de hombres jóvenes que tiene como opción la extrema derecha. En el caso de los jóvenes sí hay que entender la cuestión de la brecha de género, que es un punto de inflexión que hay que estudiar. 

El 23% de los hombres jóvenes niega que exista la violencia de género, según ese informe.

Pero veo el vaso medio lleno. A pesar de la ofensiva reaccionaria y negacionista a nivel global, en nuestro país la mayor parte de los jóvenes sí dicen que existe la violencia de género. Toca hacer mucho trabajo y entender bien el fenómeno. Hay que trabajar con políticas públicas. Estoy ahora mismo conmocionada con la noticia de la brutal agresión contra una mujer menor, de 17 años. Hay que condenar este hecho y poner el foco en que no está erradicada la violencia contra las mujeres.

Ha dicho varias veces públicamente que quiere modificar la ley de protección a la infancia para adaptarla a la “mirada del niño”. ¿Cómo va esta intención?

Estamos trabajando ya en esa modificación. El borrador ya lo tenemos y lo presentaremos a la vuelta del verano. Queremos incluir por primera vez todo lo que tiene que ver con violencia vicaria y con violencia institucional. 

El juzgado de Granada ha ordenado a Juana Rivas que entregue a su hijo antes del próximo 22 de julio a su padre en Italia. ¿Qué va a hacer el Gobierno español para ayudar a la madre en este caso que implica a un menor español?

Lo primero que quiero decir es que es inhumano lo que está sucediendo con Daniel y con Juana Rivas. Un maltratador no puede ser un buen padre, y es imprescindible que la justicia escuche a Daniel, lo que tiene que decir. Es su derecho. Los niños tienen derecho a ser escuchados, creídos y reparados. Y desde el ministerio vamos a poner todos los recursos a nuestro alcance para proteger a Daniel.

Es desgarrador; tiene que tener una responsabilidad para quien, a sabiendas, pone a Daniel en un riesgo extremo y gravísimo para su salud y para aquellos que, pudiendo escucharle y creerle, no toman medidas. Desde luego, yo le creo y voy a hacer todo lo posible para que Daniel no corra ningún riesgo.

¿Qué puede hacer su ministerio sin presupuestos?

Hay cuestiones que no podemos abordarlas con la rapidez que nos gustaría, pero estamos trabajando en muchos frentes necesarios. Por ejemplo, esa ley de juventud y en la reforma de la LOPIVI [ley de protección a la infancia], además de la ley de entornos digitales, que ya está en trámite parlamentario. También hemos estado con la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería. 

La creación de este Ministerio de Juventud e Infancia provocó la mofa directa del expresidente José María Aznar. ¿Qué le parecieron esas palabras?

Aznar ha tenido un papel lamentable en la historia de nuestro país. Nos llevó a una guerra. No me interesa demasiado lo que tenga que decir. Es muy importante tener un Ministerio de Juventud y es una cuestión política. Hablamos de millones de personas y de darle carta de naturaleza a los derechos de esas personas. Hay que plantear políticas y estrategias de Estado. El grado de desarrollo de un país se mide también por cómo somos capaces de cuidar a las personas más vulnerables y que tienen menos voz. Los niños y las niñas son ciudadanos de primera, pero no votan. Tiene que haber política pública que ponga a la infancia en el centro y trabaje para que tengan voz. Esto habla de la calidad democrática del país y de qué tipo de proyecto encarna un Gobierno. Supongo que para Aznar era más importante defender que había armas de destrucción masiva inexistentes que ampliar derechos de los jóvenes. 

La principal demanda que tienen los jóvenes es la vivienda, un problema que no se ha solucionado. ¿Considera insuficiente lo que ha hecho el Gobierno ? ¿Cómo calificaría la labor de la ministra de Vivienda?

Ante una emergencia de país como es la vivienda, siempre hay que hacer más. Obviamente somos un Gobierno de coalición y nosotros hemos sido muy claros presentando una agenda de propuestas. La vicepresidenta segunda invitó al PSOE en el último Pleno del Congreso al PSOE a acelerar los trámites para la ley sobre arrendamiento de pisos de alquiler y de temporada. Hemos pedido más ambición. Pero soy clara: hay un problema también con la responsabilidad que tienen los gobiernos autonómicos y locales.

Las comunidades del PP están boicoteando la ley de vivienda.

El PP ha decidido que no aplica la ley de vivienda, que da instrumentos al menos para aliviar la burbuja y la tensión especulativa. Estamos hablando de gobiernos locales que tienen muchos pisos turísticos operando sin licencia. Tiene que haber cooperación entre administraciones para resolver el problema de la vivienda, que no se va a solucionar de un día para otro. Pero hay que tomar medidas. En Cataluña está funcionando.

Se vive un momento muy complicado con el Gobierno contra las cuerdas por el caso Cerdán. La próxima semana se cumplirán dos años de las elecciones del 23J. ¿Va a aguantar el Ejecutivo hasta 2027?

Creo que va aguantar este Gobierno hasta 2027, pero tenemos que trabajar con determinación para dar un giro mayor a la agenda social. Es muy importante concentrar ahí nuestros esfuerzos porque el discurso del miedo y la agenda de la extrema derecha se desmovilizan con giro social y con un país que se construye con referentes como el bienestar.

¿Qué sintió al escuchar las conversaciones sobre mujeres de Santos Cerdán y de José Luis Ábalos?

Asco.

¿Se llegará a aprobar la ley para abolir la prostitución?

Hay que trabajar en ello. Es una ley que abrirá un debate en el Congreso. Es muy importante que se abra socialmente ese debate.

En los últimos días se ha vivido una nueva baja del grupo de Sumar en el Congreso con la salida de Àgueda Micó (Compromís). Podemos se fue hace ya tiempo. Existe la sensación de que puede haber elecciones en cualquier momento… ¿Podrán resolver el eterno dilema de ir en una papeleta conjunta todos los actores a la izquierda del PSOE viendo lo que está sucediendo con el ascenso de la extrema derecha? ¿Qué papel puede jugar IU?

La unidad es siempre lo deseable. IU lleva en su ADN constituyente la cuestión de la unidad. Y soy militante del PCE, que también tiene la unidad en su marca desde tiempos históricos. Pero, más allá de la unidad, que ya forma parte de nuestra manera de estar en el mundo, estamos en el momento de trabajar y plantear que desde lo político es muy fácil entenderse. Compartimos el 98% del programa que defendemos la mayoría de las fuerzas de la izquierda transformadora. Pongo el foco en lo político y en el ‘programa, programa, programa’ porque ahí nos encontramos: en la condena al genocidio, en políticas fiscales más justas, en programas de vivienda ambiciosos, en las políticas laborales y de empleo, en políticas feministas y que acogen a personas migrantes… Hay materia y personas con altura de país para afrontar lo que tenga que venir de manera virtuosa.

Está sentada en la bancada azul del Congreso justo delante de la dirección del PP. Desde esos escaños, se lanzan al Gobierno insultos como “puteros” y “gentuza”. ¿Cómo se vive ser insultada en la nuca por el núcleo duro del Partido Popular? ¿Hace mella en la moral o provoca, como dice Pedro Sánchez, que no se tire la toalla y se luche?

Es que no tengo nada ver con esos seres humanos. Por mi sistema de valores me resulta sorprendente que haya personas que estén instaladas en ese nivel de tensión permanente. Para ellos no debe de ser muy positivo. Lo asumimos con una cierta templanza, poniendo mucha distancia. Inevitablemente me genera cierta tristeza pensar que en ese Hemiciclo a lo largo de la historia ha habido grandes debates políticos, protagonizados por gente de izquierdas y también de derechas, y ahora hay personas instaladas en el insulto y en la dinámica del odio. Al final la derecha ha decidido abrazar la retórica y la narrativa de la extrema derecha y está normalizando cosas que no deberían formar parte de las instituciones de nuestro país y de ningún marco de convivencia. Los seres humanos no necesitan gritarse para entenderse.

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha asegurado este jueves que el Gobierno prevé empezar los traslados de menores migrantes no acompañados desde Canarias, Ceuta y Melilla a otros territorios a partir del 28 de agosto a pesar de los intentos de bloqueo de la mayoría de las comunidades del PP. Así lo ha señalado la ministra en declaraciones a los medios con motivo de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia que iba a celebrarse este jueves y que finalmente no ha tenido lugar por falta de quorum tras el plante de las comunidades del PP, que consideran esta cita "ilegal".

Sí han asistido el consejero de Ceuta, ciudad autónoma gobernada por el PP, y los de Canarias, Asturias, País Vasco, Navarra, Cataluña y Castilla-La Mancha.

La ministra ha señalado que, pese a esta "performance" del PP, el real decreto ley seguirá adelante y en el próximo Consejo de Ministros del 22 de julio se aprobará el reglamento de desarrollo de este mecanismo, con el que se prevé trasladar a unos 3.000 jóvenes desde Canarias, Ceuta y Melilla a otros territorios.

Y ha precisado que este jueves también iba a aprobarse el reparto de un crédito ordinario de 22 millones para Canarias (8,5), Islas Baleares (2), Ceuta (7) y Melilla (4,5) para 2025 con el fin de ayudar a estos territorios con la acogida de menores. "No puedo evitar pensar que evidentemente las deudas racistas de Feijóo con el señor Abascal las van a pagar las personas que viven en Canarias, las personas que viven en Ceuta, las personas que viven en Melilla y las personas que viven en Islas Baleares porque no vamos a poder transferir este recurso que debía ser aprobado".

A pesar de todo, Rego ha explicado que el Gobierno mantiene su plan de reubicar a los menores por lo que, además del reglamento del próximo martes, el 26 de agosto llevará a Consejo de Ministros otro decreto, que detallará las cifras de reubicación que deberá acoger cada menor y la financiación que corresponde a cada autonomía.

Los datos que maneja el Gobierno hasta ahora hablan de 3.975 jóvenes a trasladar, la mayoría de ellos a Andalucía (677), la Comunidad de Madrid (647) y Comunitat Valenciana (571), mientras que País Vasco y Cataluña no tendrían que recibir a ninguno, aunque Cataluña se ha ofrecido a atender voluntariamente a 31.

Sin embargo, a estas cifra previsiblemente habrá que restar los alrededor de mil menores solicitantes de asilo que próximamente pasarán a recursos del Estado por orden del Tribunal Supremo.

La reubicación lleva una financiación asociada de 100 millones de euros y, de acuerdo a las previsiones del Gobierno, Canarias sería la que más recursos recibiría, 24.268.200 euros, seguida de Madrid, con 15.803.550 euros, y Andalucía, con 8.834.850.

Fuentes del Ministerio han precisado que tras la aprobación de este decreto el 26 de agosto, el 27 se aprobará la situación de contingencia de los territorios que lo soliciten y cumplan con el requisito de tener una ocupación que triplique su capacidad ordinaria de acogida. Así, el 28 de agosto se podrá comenzar con la política de traslados aunque, han recalcado las fuentes, para estas derivaciones hay un año de plazo y en ningún caso se trasladarán cientos de jóvenes de una sola vez a ningún territorio.

Rego ha sido muy critica con el PP por su ausencia este jueves en la Sectorial y ha tachado este plantón como una "performance" a modo de "colofón" después de meses de "bloqueo de todo tipo" a este mecanismo de reubicación de los menores.

En este sentido, ha denunciado que el Ministerio ha convocado 12 sectoriales en el último año para tratar este asunto y las comunidades del PP no han llevado nunca ninguna propuesta de modificación del mecanismo.

Sobre los argumentos del PP para no acudir a esta reunión -que se trataba de una convocatoria "ilegal" porque el orden del día fue rechazado en una cita preparatoria previa- Rego ha asegurado que el Gobierno cuenta con un informe del Consejo de Estado que les habilita para seguir trabajando con su plan.

Once comunidades -diez del PP y Castilla-La Mancha- han recurrido el real decreto ley que creó este mecanismo de reubicación de los jóvenes ante el Tribunal Constitucional. La ministra ha subrayado que tendrá que ser el tribunal de garantías el que decida sobre estos recursos pero ninguna autonomía puede ser "juez y parte": "Lo que es inaudito es que en una democracia quien presenta un recurso determine que el recurso ya le habilita para incumplir una ley", ha protestado.

La Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia sobre la reubicación de menores migrantes prevista para este jueves no se celebrará finalmente después de que el Gobierno haya comprobado la falta de quorum para llevarla a cabo debido al plante de las comunidades del PP, que consideran esta cita "ilegal".

Así lo han señalado fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia media hora después de lo que debía ser el comienzo de la reunión, según recoge EFE, a las 9:30 horas, a la que sí han asistido de forma presencial el consejero de Ceuta, ciudad autónoma gobernada por el PP, y los de Canarias, Asturias, País Vasco, Navarra, Cataluña y Castilla-La Mancha.

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha denunciado la decisión del PP y ha advertido de que con esta decisión no dan "plantón" al Gobierno, sino a Canarias y a los niños y niñas que hay en las islas.

Esta postura, señala Torres en un mensaje en redes sociales, "obliga al Gobierno a solicitar aval al Supremo, para hacerlo con garantías". Y concluye su mensaje: "Esa es la diferencia. El Gobierno de España quiere acogerlos en otros territorios. El PP lo impide".

En esta cita estaba previsto tratar con las autonomías el plan del Gobierno de trasladar unos 3.000 menores migrantes no acompañados desde Canarias, Ceuta y Melilla a otros territorios, la mayoría a Andalucía, la Comunidad de Madrid y Comunitat Valenciana, para aliviar los recursos saturados de las zonas de llegadas.

Las comunidades presididas por el PP han mostrado desde el principio una fuerte oposición a la propuesta del Gobierno. De hecho, 10 de estas autonomías y Castilla-La Mancha han recurrido el real decreto ley que creó este mecanismo de reubicación ante el Tribunal Constitucional.

Ahora estas comunidades han dado un paso más al negarse a acudir a una reunión de estas características, bajo el argumento de que el orden del día fue impugnado en una cita previa y, por lo tanto, la convocatoria de la misma es "ilegal", algo que desde el Ministerio niegan tajantemente.

La cifra total de traslados desde el archipiélago con la que trabaja el Gobierno es de 3.975, a los que previsiblemente habrá que restar alrededor de un millar de Canarias que finalmente serán acogidos por la red estatal de protección internacional por ser solicitantes de asilo, de acuerdo a la orden emitida por el Tribunal Supremo el pasado mes de marzo.

De acuerdo a estos datos, que aún no tienen en cuenta este extremo, las comunidades autónomas que más jóvenes acogerían serían Andalucía, a 677 jóvenes; Madrid, a 647 y la Comunitat Valenciana, a 571, mientras que Cataluña y País Vasco no tendrían que acoger a ninguno. Aun así, Cataluña ha anunciado su intención de atender, como mínimo, a 31.

La previsión del Gobierno era incluir el reparto del fondo de 100 millones de euros que contemplaba el real decreto ley aprobado el pasado 18 de marzo para reformar el artículo 35 de la ley de extranjería y crear este mecanismo de derivación. Según estos datos, Canarias sería la que más recursos recibiría, 24.268.200 euros, y después iría Madrid, con 15.803.550 euros, y Andalucía, con 8.834.850.