El 1 de enero entraron en vigor los nuevos requisitos para constituir una sociedad de inversión de capital variable (sicav) y seguir beneficiándose del tipo del 1% en el impuesto de sociedades, en lugar del tipo general del 25%. A partir de ahora, los 100 socios exigidos para crear una de estas sociedades deben, además, acreditar una inversión mínima cada uno de 2.500 euros. Muchas sicavs, uno de los instrumentos favoritos de las grandes fortunas para pagar menos impuestos, servían para canalizar inversiones, pero distaban de ser “colectivas”: sus dueños reales eran apenas una familia, por ejemplo, y el resto de los socios, hasta el centenar que como mínimo exigía la ley, eran mariachis, partícipes de paja, que ni siquiera aportaban dinero.

Estos vehículos de inversión llevan ya años en descenso precisamente por la incertidumbre que los ha acompañado en los últimos años. Pero con el último cambio normativo, además, corren el peligro de desaparecer. En 2021 han cerrado un total de 176, a las que se añadirán al menos otras siete que ya han comunicado a la CNMV el inicio de los trámites de disolución sólo en las dos primeras semanas del nuevo año. Aunque la crisis viene de lejos. Desde 2015, cuando alcanzaron su máximo éxito, con 3.372 sicavs registradas según las estadísticas de la patronal de los fondos de inversión (Inverco), se han disuelto 1.089. En seis años ha desaparecido un tercio. La última cifra actualizada al 10 de enero que ofrece Bolsas y Mercados Españoles (BME) es de 2.283 sicavs.

Las sicavs llegaron a acumular un patrimonio superior a los 34.082 millones de euros en 2015, pero desde entonces y hasta noviembre de 2021 han perdido 5.315 millones y 132.028 partícipes, de acuerdo con los datos facilitados por Inverco. Creadas en 2003, tuvieron una auténtica explosión a partir de 2005, cuando su número se duplicó.

2021 fue el año en que más sicavs cerraron sin contar 2017, cuando fueron liquidadas 418, precisamente cuando PP y Ciudadanos incluyeron en su pacto de investidura un mínimo de capital para cada uno de los 100 socios del 0,55% y el regreso de la Agencia Tributaria como órgano de vigilancia de estos vehículos financieros. Ahora es la CNMV la encargada del control. Las medidas no llegaron a aplicarse por la moción de censura de 2018. Pero resucitaron en el acuerdo de gobierno de Unidas Podemos y el PSOE y quedaron negro sobre blanco en la Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal aprobada el pasado mes de julio.

De modo que los cierres anticipados de 2021 pueden multiplicarse este año. Los gestores de las sicavs –los mayores son los grandes bancos, con Santander, BBVA, Bankinter y Banca March a la cabeza– calculan que el 80% de estas sociedades no cumplen con los nuevos requisitos. Por lo que dejarán de pagar sólo el 1% o tendrán que transformarse. El dinero se moverá rápidamente a otros vehículos de inversión.

La propia ley permite a los dueños de las sicavs durante este año, a modo de transición, el traslado de su patrimonio a un fondo de inversión nacional sin pagar impuestos: las rentas que obtengan de la liquidación no se añadirán a la base imponible del IRPF, el impuesto sobre sociedades o el Impuesto sobre la Renta de los No Residentes. Para hacer la reinversión tienen un plazo de siete meses. Los socios sí que deberán tributar, como antes, por los dividendos o la venta de su participación. El tipo está fijado desde el 19% y hasta el 26% si se superan los 200.000 euros. Es una opción sólo para las personas físicas. Si los socios de la sicav son personas jurídicas, pueden convertirla en una sociedad anónima o en una sociedad limitada.

¿Qué están haciendo los dueños de las sicavs? Los bancos gestores no quieren precisar. infoLibre ha preguntado a Santander, BBVA y Bankinter. “Los accionistas de las sicavs son los que deciden qué quieren hacer y qué estrategia de inversión quieren seguir”, apunta un portavoz del banco dirigido por Ana Patricia Botín. “Lo que estamos haciendo es acompañar a nuestros clientes en ese proceso, asegurando que proporcionamos a cada uno la solución que desea y siempre dentro del más estricto cumplimiento de la normativa vigente”, añade. En parecidos términos se ha pronunciado Bankinter. “Sobre todo estamos dando información [a los clientes] sobre los cambios [en la normativa] y, en función de las posibilidades, ellos deciden; no hay una solución homogénea o un patrón común”. BBVA no ha querido hacer ningún comentario.

Permitir la reinversión sin tributar es una de las medidas pensadas para evitar que las sicavs emigren a territorios donde mantengan sus ventajas fiscales. Como es el caso de Luxemburgo o Irlanda. Un fantasma que lleva años agitándose cada vez que salta a los titulares la posibilidad de que cambiara el régimen fiscal de estos instrumentos financieros. Trasladar el dinero a alguno de los vehículos de inversión de Luxemburgo, no está exento de riesgos fiscales, pero tiene la ventaja del anonimato, del que carecen en España los socios de las sicavs.

Existe un precedente. En 2010, las haciendas forales del País Vasco y hace cinco la de Navarra igualaron la tributación de las sicavs con la general que se aplica a cualquier sociedad por sus beneficios, que entonces era del 28%. Las sociedades de inversión desaparecieron de ambos territorios. Las 87 registradas en Bizkaia, 28 en Gipuzkoa y dos en Araba se trasladaron a Madrid o fueron liquidadas. En Navarra siguieron el mismo camino las ocho que estaban domiciliadas en la comunidad autónoma. Un total de 125 sicavs.

La entrada en vigor de los Presupuestos Generales del Estado con el nuevo año pone en marcha la subida de los salarios de los empleados públicos y de las pensiones, así como otras alzas del IRPF y el IVA. Por el contrario, 2021 traerá la bajada de algunos peajes de autopista, de los precios de la vivienda y las hipotecas con un euríbor en mínimos históricos, así como de los alquileres, y quizá del recibo de luz.

SALARIOS Y PENSIONES

Los salarios de los 3,3 millones de empleados públicos subirán este año un 0,9%, por debajo del alza fijada en el Acuerdo para la Mejora del Empleo Público que el Gobierno de Mariano Rajoy firmó en 2018 a tres años vista –hasta un 2,3%–. Los sindicatos de funcionarios se quejan de que han perdido más de un 13% de poder adquisitivo desde que se les congelaran y recortaran sus sueldos a partir de 2010.

También mejorarán un 0,9% las pensiones contributivas, que cobran 8,86 millones de personas. Entre dos y 11 euros. Ese 0,9% es el aumento que las previsiones del Gobierno conceden a la inflación este año, después de que 2020 terminara con un IPC negativo del 0,5%. La pensión mínima quedará fijada en 689,7 euros –en 14 pagas–, mientras que la máxima se eleva a 2.707,49. La mínima de viudedad sube entre 4,7 y 7,2 euros. Las pensiones no contributivas, que perciben 445.878 personas, subirán un 1,8%, el doble. Y el IPREM (Indicador Público de Rentas con Efectos Múltiples), que se utiliza para calcular las becas y los subsidios, aumenta un 5%, hasta los 564,9 euros mensuales, después de cuatro años congelado. En 2017 subió un 1% tras haber permanecido inalterado los siete años anteriores.

Lo que no subirá de momento este año es el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que permanecerá en 950 euros mensuales en 14 pagas a la espera de que patronal, sindicatos y Gobierno alcancen el acuerdo que no fue posible el pasado mes de diciembre. En 2020 creció un 5,5% y el Gobierno mantiene su compromiso de que su cuantía alcance el 60% del salario medio al final de la legislatura. La retribución de unos dos millones de trabajadores depende de esta decisión.

El resto de los salarios queda también a la espera de que se reúnan patronal y sindicatos para renovar el Acuerdo de Negociación Colectiva que expiró el año pasado. La pandemia redujo al mínimo la renovación de convenios colectivos en las empresas y los sectores: en 2020 sólo se firmaron y registraron 547 convenios, casi cuatro veces menos que en 2019. Y la subida media establecida en ellos fue del 1,89%, por debajo del 2,25% acordado un año antes. La prolongación de la crisis causada por el virus ensombrece las posibilidades de mejora de las retribuciones.

subida de PRECIOS

El 1 de abril entrará en vigor el nuevo recibo de la luz diseñado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que incluye la discriminación horaria en todos los peajes, simplificando los periodos horarios. Si se aprueba la iniciativa del Gobierno para eliminar del recibo los costes de las primas a las renovables, la cogeneración y los residuos –que empezarán a pagar las empresas suministradoras–, la factura eléctrica puede reducirse en un 13% en cinco años.

Por el contrario, el gas natural subirá un 5,97% de media si se cobra mediante la Tarifa de Último Recurso (TUR). La bombona de butano costará 12,68 euros, un 4,9% más.

La gasolina y el gasóleo han vuelto a subir: 1,069 euros de media cuesta el litro de gasóleo y 1,184 euros el de gasolina. El precio del barril de Brent terminó el año por encima de los 50 euros, una quinta parte menos que al acabar 2019, pero más del doble de lo que se cotizaba el pasado mes de abril.

Los peajes, en cambio, bajarán un 0,11% en las autopistas dependientes del Estado. Además, se levantará el de la AP-2 Zaragoza-Mediterráneo y los de dos tramos de la AP-7, entre Tarragona y Barcelona y desde la capital catalana hasta La Jonquera. Pero subirá un 0,92% el de la AP-9, que cruza Galicia de norte a sur. También lo hará el peaje entre Alicante y Cartagena, y el de la AP-6 (Madrid).

El Documento de Regulación Aeroportuaria establece una rebaja del 11% en las tasas de AENA, que no podrán subirse hasta 2025. AENA, además, mantendrá hasta marzo bonificaciones para las aerolíneas que aumenten en un 20% sus operaciones respecto a 2020. Y Enaire reducirá la tasa de navegación aérea de ruta peninsular en un 11%, así como un 8,5% en Canarias.

Por su parte, ADIF ha rebajado un 23% el canon que cobra a Renfe, con el objetivo de potenciar el tráfico ferroviario, perjudicado como el aéreo por la pandemia. Si a ello se añade la llegada de un competidor, Ouigo, lanzado por SNFC –la Renfe francesa– y que anuncia billetes baratos de alta velocidad, es posible que Renfe tenga que bajar los suyos. Los billetes de metro y autobuses urbanos han congelado ya sus precios.

Desde el 12 de este mes Movistar sube entre dos y tres euros el precio de sus paquetes Fusión, a cambio de elevar la velocidad de su oferta de fibra.

Lo mismo ocurre con los sellos y el envío de paquetes a través de Correos: un 7,7% sube el precio de los primeros, hasta 0,7 euros en envíos nacionales, y un 4,7% de media el de los segundos.

El hundimiento del Euríbor a mínimos históricos, en el -0,497%, se traducirá en un abaratamiento de 147,5 euros respecto al año pasado de las hipotecas que se revisen, contando con un importe de 120.000 euros a 20 años y un diferencial del +1%. Como la pandemia, además, ha paralizado la compraventa de vivienda, las previsiones de los expertos apuntan a que los precios de los inmuebles pueden caer más de un 10% en las grandes ciudades. Mientras, la burbuja del alquiler seguirá pinchada, debido al aumento de la oferta –por el trasvase de pisos turísticos al mercado residencial– y a la continua bajada de precios, que alcanza al 8% en Madrid y al 12% en Barcelona, según el portal Fotocasa.

IMPUESTOS

Los Presupuestos Generales del Estado incluyen igualmente subidas de impuestos en un ejercicio en el que se va a disparar el déficit por el fuerte desembolso público al que obliga la pandemia. Así, aumentará dos puntos el IRPF para las rentas de trabajo que superen los 300.000 euros –hasta el 47%– y tres puntos –hasta el 26%– para las rentas de capital por encima de los 200.000 euros. El alza afectará sólo al 0,17% de los contribuyentes, unas 36.194 personas, y permitirá recaudar 491,4 millones de euros, de acuerdo con los cálculos del Gobierno.

La deducción máxima de la que hasta ahora disfrutaban los planes de pensiones individuales se recorta de 8.000 a 2.000 euros, pero se eleva de 8.000 a 10.000 euros la reducción conjunta para empresa y trabajador en los planes de pensiones colectivos.

También subirá el Impuesto del Patrimonio, un 1%, para quienes posean más de 10 millones de euros.

En el Impuesto sobre Sociedades se limita al 95% la exención de la que hasta ahora disfrutaban las empresas en los dividendos y plusvalías de sus filiales, excepto aquéllas que facturan menos de 40 millones de euros y que podrán seguir exentas al 100% durante los tres próximos años. La medida afectará al 0,12% de las empresas, unas 1.739, y permitirá recaudar 473 millones de euros.

Las socimis –sociedades anónimas cotizadas de inversiones inmobiliarias–, que hasta ahora estaban exentas del impuesto de sociedades si repartían el 80% de los dividendos entre sus accionistas, pagarán desde este año un 15% en el Impuesto sobre Sociedades por beneficios no distribuidos. Y los accionistas de las sicavs –sociedad de inversión de capital variable– deberán acreditar una participación mínima de 2.500 euros para beneficiarse de su régimen fiscal especial –tributan sólo un 1% en el impuesto de Sociedades–.

El impuesto sobre las primas de seguros crece del 6% al 8%, que puede suponer una subida de entre 25 y 30 euros al año en las pólizas.

El IVA subirá también en 2021, al menos para las bebidas azucaradas, pero sólo en los supermercados, no en los bares y restaurantes. Pasarán del 10% actual al 21%.

Por el contrario, no se elevarán los impuestos sobre el diésel, aunque sí lo hará el Impuesto de Matriculación, al finalizar la moratoria del sistema que establece la cifra de emisiones y consumo de los vehículos.

Además, en 2021 se crean cuatro nuevos impuestos. La tasa Google entra en vigor el próximo día 18 y gravará con un 3% a las grandes tecnológicas –con ingresos mundiales superiores a los 750 millones de euros y a los tres millones en España– por los servicios de publicidad en internet y por la venta de datos elaborados a partir de la información que posean de sus usuarios.

La tasa Tobin, sobre las transacciones financieras, gravará con un 0,2% la compraventa de acciones de empresas cotizadas españolas con más de 1.000 millones de euros de capitalización. Finalmente, habrá dos nuevos impuestos medioambientales.

El nuevo impuesto sobre los envases de plástico de un solo uso será de 0,45 euros por cada kilo, con el objetivo de que en 2026 se vendan un 50% menos que en 2022. Y el que penalizará el vertido de residuos equivaldrá a 40 euros por tonelada si son municipales, 20 euros si no son peligrosos, cinco euros si lo son y tres euros si son inertes. El que gravará la incineración será de 15 euros por tonelada para los municipales y tres para los peligrosos.

El impuesto a las grandes fortunas planteado por Unidas Podemos, y que también gravaría las fortunas que superen el millón de euros con un 2% y con un 3,5% para quien posea más de 100 millones, ha llevado estos días a muchos adinerados españoles a los despachos de los gestores de sus patrimonios. “Estamos más en fase de inquietud que de movimientos efectivos y decisiones de traslados [a otros países]”, asegura no obstante Javier Gómez Taboada, vocal responsable de Estudios e Investigación de la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf). “Más ruido que nueces”, resumen por su parte fuentes de una entidad de la banca privada: “Sí que hemos tenidos muchas consultas, más que en ocasiones anteriores, pero traslados de patrimonios o sicavs a Luxemburgo, pocos, y de residencia a Portugal, muchos menos”.

En el mismo sentido se pronunció el pasado abril, durante la presentación de los resultados del primer trimestre, Dolores Dancausa, presidenta de Bankinter, una de las entidades españolas, junto con Banca March y Caixabank, cuyas divisiones de banca privada cuentan con oficinas en el Gran Ducado. “No estamos recibiendo peticiones de personas que quieren llevar dinero a Luxemburgo, pero sí estamos teniendo más consultas acerca de sus posiciones inversoras y de cómo adecuarlas a la volatilidad de los mercados”, aclaró.

Además, apunta Gómez Taboada, el nerviosismo de los muy ricos no responde tanto a “la presión tributaria” como a una “inquietud financiera”. “Tienen más miedo a perder su dinero que a la fiscalidad”, precisa. La banca privada habla del “riesgo país” por culpa de la crisis que ha desencadenado el coronavirus y se remite al Barómetro del Ahorro que publica Inverco, la patronal de los fondos de inversión. Lo que más valoran los encuestados a la hora de decidir dónde o cómo invierten es la seguridad y la rentabilidad. La fiscalidad, que hace uno años figuraba como segundo factor, sólo aparece ahora en cuarta posición de sus preocupaciones.

A la hora de explicar el motivo detrás de ese segundo plano coinciden todas las fuentes consultadas: los asesores fiscales, la banca privada e incluso los técnicos de Hacienda. “Desde el punto de vista fiscal, da igual que tengan el patrimonio en España o en el extranjero, se tributa en el lugar de residencia”, detalla José María Mollinedo, presidente del sindicato Gestha. Quienes posean bienes o derechos en el exterior deben rellenar el modelo 720 de la Agencia Tributaria, “y con cada salto de 20.0000 euros es necesario volver a presentarlo”, subraya. Si no se hace, además, la multa es de 5.000 euros por cada uno de los datos omitidos. “Nuestra misión es decírselo”, añaden las fuentes de la banca privada, que reconocen que “algún empresario y clientes con grandes patrimonios” se han acercado a preguntarles alertados por un posible aumento del riesgo país. “Pero se quedan pensando, de momento, porque Luxemburgo también es un país con unas tarifas bancarias muy caras”, precisa.

“Viajes de ida y vuelta”

Por su experiencia anterior, creen que de los pocos traslados que vayan a producirse, muchos serán “viajes de ida y vuelta”. También hubo consultas por motivos parecidos tras la crisis de 2008, en 2011 cuando se intervinieron las cajas de ahorro y tras el 1-O en Cataluña, cuando familias catalanas que abrían cuentas en Madrid, Valencia o Aragón, así como en Luxemburgo, Suiza y Andorra. “Pero al volver las cosas a su cauce, también regresaron la mayor parte de los grandes patrimonios que se habían trasladado, por un problema de costes”, recuerdan.

No obstante, y pese al mayor volumen de consultas, “de personas que nunca habían preguntado antes o que incluso decían que jamás sacarían su patrimonio de España”, las fuentes de la banca privada no aprecian ahora “más miedo” que en ocasiones anteriores o la existencia de “mayores incentivos” para que finalmente se consumen esos traslados.

Otro tanto ocurre con la supuesta fuga de ricos a Portugal. “Hay que distinguir entre el traslado del patrimonio y el de la persona”, indica Javier Gómez Taboada, “y el cambio real, no aparente, de residencia, es raro, inusual”. Entre otras causas, porque para establecer la residencia en el país luso y acceder a sus ventajas fiscales hace falta adquirir allí un inmueble de más de medio millón de euros o transferir al menos un millón de euros o crear 10 puestos de trabajo. Son algunos de los requisitos de las llamadas Visas Oro. A cambio, las rentas obtenidas en Portugal –porque hace falta tener en el país una fuente de rentas– se someten a un tipo del 20% en el equivalente al IRPF. Pero los patrimonios superiores a dos millones de euros y las plusvalías acumuladas deben seguir tributando en España. “No es tan sencillo cambiar de residencia”, concluyen. Como está pasando con quienes se mudan de comunidad autonóma para evitar el pago del impuesto de sucesiones, Javier Gómez Taboada subraya que muchos de ellos, más que irse, “dicen que se van”.

Hasta el pasado mes de enero sí que había ventajas fiscales en Portugal para quienes posean un plan de pensiones, porque no tributaba en ninguno de los dos países. Desde entonces, se paga un 10%. Esta exención ha levantado las protestas de Suecia, Finlandia y Francia, que han perdido a algunos de sus jubilados atraídos por el anzuelo fiscal portugués.

“Notamos más tranquilidad”

Las fuentes de la banca privada consultadas por infoLibre tampoco ven una alarma extraordinaria entre los accionistas de sicavs (Sociedades de inversión de capital variable), un vehículo utilizado por las grandes fortunas para tributar al mínimo. Sus beneficios se gravan sólo con un 1% en el impuesto de sociedades, en lugar del 25% habitual. “De hecho, notamos más tranquilidad”, aseguran. Es más, resaltan que trasladar una sicav a Luxemburgo tiene sus riesgos fiscales si cambia la normativa internacional. “Si un particular tiene un vehículo de inversión en el extranjero y éste es transparente”, exponen, “las rentas tributan en la sede del accionista, pero si no es transparente puede considerarse fuga de capitales y tendría que terminar declarándolo”. De modo que es mucho más sencillo liquidar la sicav o convertirla en una sociedad limitada o en un fondo de inversión.

En cualquier caso, no se está produciendo un cierre o traslado masivo de sicavs en España. Al menos a tenor de los datos que publican tanto la CNMV como la patronal Inverco. Desde el cierre de diciembre de 2019 hasta el 30 de abril de este año, el número de sicav contabilizadas por Inverco se ha reducido en 39; en los mismos meses de 2019 fueron 46. Según los registros de la CNMV, a 31 de marzo había 34 sicavs menos que en diciembre del año pasado, por 31 menos en el mismo periodo de 2019.

Pero el declive de las sicavs es un fenómeno constante que se retrotrae al menos hasta 2015. Desde esa fecha su número no ha dejado de caer. Hoy hay 732 menos que entonces, según los registros de Inverco. Su patrimonio conjunto asciende a 26.309,3 millones de euros, un 21,1% menos que hace cinco años. Han perdido 43.771 accionistas. Ahora se mantienen en España un total de 2.549 sicavs, con los datos de Inverco, que las cuenta por sus gestoras; 2.535 con los de la CNMV, que las registra nominalmente.

Detrás del supuesto miedo de los grandes patrimonios por sus sicavs se encuentra el acuerdo de gobierno firmado por Unidas Podemos y el PSOE, que devuelve a la Agencia Tributaria la competencia para vigilar que estas sociedades cumplen con los requisitos legales yque ya tuvo hasta 2005. También promete establecer un tope del capital que puede quedar en manos de un mismo inversor, para asegurarse, dice el texto, de que la sicav es realmente un instrumento de inversión colectiva y no una herramienta para que una familia eluda el pago del impuesto de sociedades. Sobre las sicavs recae la eterna sospecha de que muchos de los 100 accionistas necesarios para constituirlas son en realidad titulares de paja, los conocidos como mariachis mariachis, con los que la familia propietaria cubre el requisito legal.

También PP y Ciudadanos querían más control para las sicavs

El anuncio de cambios en la regulación de las sicavs es también una constante de los últimos años. Los prometió el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, aunque no los llegó a ejecutar. E incluso aparecieron en los programas electorales del PP y Ciudadanos. Ya en 2015 Mariano Rajoy pretendió computar como accionistas sólo a quienes poseyeran más del 0,55% del capital de la sicav. Ciudadanos también quiso entonces devolver a la Agencia Tributaria la vigilancia de estas sociedades de inversión. Cuando los dos partidos firmaron en septiembre de 2016 su propio acuerdo de investidura, ambos puntos quedaron incluidos en el texto y tanto populares como naranjas los mantuvieron hasta la moción de censura que en junio de 2018 descabalgó a Rajoy de la presidencia del Gobierno.

Esa inseguridad jurídica es la que tiene en vilo a los propietarios de las sicavs y la que ha abocado a la liquidación, traslado, fusión o transformación de muchas de ellas. Para las fuentes  de la banca privada consultadas, el regreso de estas sociedades al ámbito de competencias de la Agencia Tributaria sería “una fuente de pleitos segura”. Cada vez que los inspectores dictaran que un mariachi no es un accionista genuino, la decisión terminaría ante un tribunal. El sindicato Gestha también está en contra de que se les encargue el control de las sicavs. “Lo lógico ese que sea la CNMV la que las clasifique, la que diga si cumplen los requisitos legales o no”, alega José María Mollinedo, quien recuerda además que los tribunales ya han dictaminado en contra de las actas levantadas por la Agencia Tributaria a alguna sicav.

Gestha también concede que el tope de capital impuesto a los accionistas sí puede abocar a un cambio de fórmula de inversión. “Si el propietario de la sicav posee el 90% del capital y se fija porcentaje mucho más pequeño, tendría que vender la diferencia y perder el control sobre la sicav o irse a Luxemburgo, por ejemplo, si quiere mantenerlo”, advierte Mollinedo. Por ese motivo, el presidente de Gestha cree conveniente esperar a que la UE tome medidas equivalentes para evitar la huida de ese capital. En el Gran Ducado puede encontrar una ventaja añadida: el anonimato. En España, los accionistas de las sicavs son públicos, al sentarse en un consejo de administración. Pero muchos, –la mayoría, aseguran las fuentes de banca privada consultadas– no quieren que se conozcan sus nombres. “Es razonable que se quejen”, argumentan, “porque otros vehículos de inversión como los seguros, o las sicav luxemburguesas, son anónimos”.

Las sicavs abandonaron País Vasco y Navarra

En cambio, sobre la mesa no está de momento subir la tributación de las sicavs. Como sí hicieron hace 10 años, las haciendas forales del País Vasco y hace cinco la de Navarra. Las cuatro decidieron igualar la tributación de las sicavs con la general que se aplica a cualquier sociedad por sus beneficios, que entonces era del 28% –hoy ha bajado al 25%–. El resultado fue que este tipo de sociedades de inversión desapareció de ambos territorios. Según han confirmado a infoLibre las haciendas forales, las 87 de Bizkaia, 28 de Gipuzkoa y dos de Araba se trasladaron a Madrid o fueron liquidadas. En Navarra siguieron el mismo camino las ocho que estaban domiciliadas en la comunidad autónoma. Un total de 125 sicavs. Su desaparición, no obstante, no se dejó notar en los ingresos de las haciendas forales, aseguran.

“El fin de la [ventajosa] fiscalidad de las sicavs no es un drama”, replican las fuentes de la banca privada, “continuaremos con o sin ellas”. Gestha rechaza que los grandes patrimonios puedan tener “especial miedo” ahora, porque cuentan con un amplio abanico de fórmulas para rebajar su factura fiscal, desde recurrir a sociedades profesionales para tributar por sus actividades económicas hasta utilizar los vehículos de inversión a medida que les ofrecen sus asesores. Y cree que si trasladan sus patrimonios a Luxemburgo es “más por una cuestión operativa que real”. Los mensajes sobre una supuesta fuga de capitales –que “técnicamente no existe porque hay libertad de movimiento de capitales dentro de la UE”, precisa José María Mollinedo– son “mensajes interesados” de los asesores y de la banca privada a “sus propios clientes”. Las fuentes de la banca privada con las que ha hablado este periódico lo desmienten. “No somos defensores ni proactivos a la hora de recomendar a nuestros clientes que se lleven el dinero fuera”, recalcan, “por el contrario, creemos que donde mejor está el dinero es aquí y les dejamos claro que los impuestos que van a pagar si se van serán los mismos”.

El patrimonio de las sicavs nacionales creció un 8% en el año 2019, hasta los 29.467 millones de euros, gracias al rendimiento positivo de las carteras por valor de 3.051 millones de euros, que se vio ligeramente lastrado por reembolsos netos de 868 millones de euros, según datos de la consultora Vdos.

Los bancos sufrieron los mayores reembolsos netos, con 582 millones de euros, seguidos de los grupos internacionales, con 192 millones de euros.

En términos porcentuales, el mayor incremento patrimonial lo registraron las aseguradoras (+16,22%) y los grupos independientes (+9,8%).

Las entidades bancarias volvieron a ser líderes por cuota de mercado, con un 56,9%, seguidas de los grupos internacionales, con un 24,79%.

La primera posición por patrimonio gestionado la mantuvo Banco Santander, con 4.750 millones (16,12% del total), BBVA, con 3.063 millones (10,4% del total), y Bankinter, con 2.602 millones de euros (8,83%).

De su lado, las mayores captaciones netas en el año las presentaron Casa Grande de Cartagena, con 63 millones de euros, Renta 4, con 27 millones y Mirabaud, con 9 millones, mientras que Banca March sufrió los mayores reembolsos netos, con 352 millones.

En cuanto a rentabilidad, resaltó Grupo Catalana Occidente Gestión de Activos, con una rentabilidad media ponderada del 23,52%, seguida de Buy & Hold Capital (+23,42%), Welzia Management (+21,03%), EDM Gestión (+20,58%) y Mapfre Asset Management (+19,4%).

Atendiendo solo a las principales gestoras del mercado, destacaron las rentabilidades de Santander Private Banking Gestión (+13,02%), Credit Suisse Gestión (+12,69%) y UBS Gestión (12,48%).

Por sicav, destaca el patrimonio gestionado por Torrenova de Inversiones (Banca March), con 1.080 millones, seguido de Morinvest (Alicia Koplowitz), con 545 millones, y Cartera Bellver (Banca March), con 432 millones.

En lo referente a suscripciones netas, destaca Belona Inversiones Financieras, con 40 millones, seguida por Profundiza Investment y Altais Invest, con 32 y 31 millones respectivamente

La tristeza del parqué español dejó en 2018 en el arcén la salida a Bolsa de la segunda petrolera del país, Cepsa, cuando ya había registrado su folleto en la CNMV. También ha aplazado sine die la anunciada privatización de Bankia. El año pasado sólo se presentó una oferta pública de valores –el regreso de Metrovacesa tras su marcha en enero de 2013– en comparación con las siete registradas en 2017. Sin embargo, hay un sector que parece inmune al desaliento y disfruta de su propia dinámica. Las socimis –Sociedades Cotizadas Anónimas de Inversión en el Mercado Inmobiliario– llevan cuatro años consecutivos de “fuerte crecimiento” y cotizan ya en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB) un total de 64, casi un 40% más que en 2017, según destaca el informe anual de la CNMV.

Otro tanto puede decirse de su capitalización, que se ha disparado un 32,8% en el último ejercicio, hasta alcanzar los 10.513,4 millones de euros.

A estas 64 hay que sumar las tres socimis que cotizan en el mercado continuo –Hispania, Lar España Real Estate y Árima Real Estate– y las dos que forman parte el ÍBEX 35 –Colonial y Merlin Properties–.

Las socimis son la versión española de los REIT (Real Estate Investment Trust). Nacidos en 2009, estos vehículos de inversión se dedican a comprar inmuebles para ponerlos luego en alquilercomprar inmuebles para ponerlos luego en alquiler. Desde 2013 cuentan con un régimen fiscal especial que ha determinado su explosión: no pagan impuesto de sociedades y gozan de una bonificación del 95% en el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Pero están obligadas a salir a Bolsa en los dos años siguientes a su creación y a distribuir como mínimo el 80% de los beneficios obtenidos de sus alquileres y el 50% de los conseguidos con las ventas de inmuebles. Por esos dividendos tributan sus accionistas. El capital mínimo de una socimi debe ser superior a cinco millones de euros.

Sólo el año pasado se incorporaron a los mercados de valores españoles 19 socimis, de las que 18 lo hicieron en el MAB, el mercado donde buscan capitalización empresas de menor tamaño y la consiguen con costes más reducidos.

De Blackstone a la Sareb

El gigante Blackstone, el mayor casero privado de España y el segundo hotelero, es el propietario de cinco socimis en el MAB: Testa Residencial, Albirana, Fidere, Corona Patrimonial y TorbelTesta Residencial, que superan los 1.507 millones de euros de capitalización.

Incluso la Sareb, el banco malo, la sociedad semipública creada para dar salida al ladrillo tóxico de la banca, ha lanzado su propia socimi, Témpore Properties. Lo hizo el pasado abril, con 1.500 activos valorados en cerca de 152,7 millones de euros. Su capitalización actual asciende a 300,5 millones de euros.

La única salida a Bolsa en el mercado continuo la protagonizó Árima Real Estate el pasado mes de octubre. Promovida por el ex fundador de otra socimi, Axiare, Luis López de Herrera-Oria, tiene una capitalización de 138 millones de euros. Axiare fue absorbida el pasado verano por otra socimi, Colonial, cuyo valor en Bolsa queda a nivel estratosférico de sus compañeras del MAB: 5.167 millones de euros. Mayor aún es la capitalización del otro gigante del sector en el ÍBEX, Merlin Properties, que se eleva hasta los 5.750 millones.

Sicavs a la baja

La buena salud del mercado de alquileres y de las socimis contrasta con el bajo tono que acompaña a otro vehículo de inversión con el que comparten beneficios fiscales: las sicavs. Las Sociedades de Capital de Inversión Variable se hundieron en diciembre de 2018 a su punto más bajo de lo que va de siglo, tanto en número como en patrimonio. Según el informe anual de la CNMV, a finales del año pasado el regulador tenía registradas 2.713 sicavs, un 4,4% menos que en 2017. El máximo lo vivió este tipo de sociedades en 2015, cuando sumaban 3.409. Es decir, en tres años ha desaparecido el 20,4%. El número de sus accionistas se redujo un 1,2% en 2018 –ahora son 416.029–, mientras que el descenso de su patrimonio ha sido mucho mayor, un 11,4%. Si en 2015 superaba los 34.000 millones de euros, al final del año pasado había encogido hasta 27.836 millones, detalla el informe de la CNMV. Empujados por las liquidaciones de sicavs y la atonía bursátil, también han caído el patrimonio medio por sicav, un 7,2%, y el patrimonio medio por accionista, un 9,8%.

Las sicavs, que deben tener un capital mínimo de 2,4 millones de euros y 100 partícipes, son utilizadas por las grandes fortunas son utilizadas por las grandes fortunaspara invertir su patrimonio para aprovechar sus ventajas fiscales: los beneficios sólo tributan un 1%. Los motivos de su pinchazo en los dos últimos años los atribuye la CNMV a la “incertidumbre sobre posibles cambios regulatorios”. Sujetas a polémica, el acuerdo que firmaron el pasado octubre el Gobierno y Unidas Podemos para aprobar los Presupuestos del Estado incluía la propuesta de proporcionar a la Agencia Tributaria un mayor control sobre estos vehículos de inversión y asegurarse así de que cumplen los requisitos sobre el número de accionistas. También se planteaba el establecimiento de un tope de concentración de capital en manos de un mismo inversor. El temor a que se apliquen estos requisitos para evitar el fraude ha movido a un buen número de fortunas familiares a liquidar sus sicavs, pese a que aún el Gobierno no ha concretado nada al respecto.

El mismo acuerdo presupuestario preveía un tipo de gravamen del 15% para los beneficios no distribuidos de las socimis, que también está en el aire a la espera del nuevo Ejecutivo.

Los impuestos, tema electoral donde los haya, están sin embargo muy lejos de acaparar la atención de los debates en la campaña del 28 de abril. Aun así, los programas de los principales partidos no han dejado de incluir sus propuestas fiscales para la próxima legislatura. Y es en ellas donde se muestran con toda su brusquedad las diferencias entre unas formaciones políticas y otras.

Mientras PP, Ciudadanos y Vox se centran en suprimir y rebajar impuestos para dejar el dinero “en el bolsillo de los ciudadanos”, PSOE y Unidas Podemos los sitúan como herramienta indispensable para combatir la desigualdad y distribuir la riquezacombatir la desigualdad y distribuir la riqueza. El Partido Popular critica la “voracidad recaudatoria de los gobiernos de izquierda”, Ciudadanos se compromete a garantizar que los impuestos “no sean confiscatorios” y Vox no duda en asegurar que “provocan costes sociales superiores a la recaudación que generan”. PSOE y Podemos coinciden a la hora de hablar de “justicia fiscal”, repitiendo muchas de las medidas que ambos partidos pactaron para los Presupuestos del Estado de 2019 que finalmente no fueron aprobados en el Congreso.

Sólo Vox cuantifica el presunto impacto que algunas de sus propuestas fiscales tendrá en la recaudación. Podemos ha dado cifras concretas de cuánto espera aumentar los ingresos con las nuevas figuras tributarias que plantea crear sólo en las entrevistas concedidas por sus dirigentes. Pero ni PP ni Ciudadanos ni PSOE precisan en sus programas el coste recaudatorio de sus rebajas fiscales. También es sólo Vox, en una propuesta de 52 páginas apta únicamente para expertos por su lenguaje y profusión de fórmulas, el que menciona la curva de Laffer, base teórica de las políticas fiscales de Ronald Reagan, George Bush y Donald Trump: subir los tipos impositivos recorta la recaudación. Una tesis que múltiples economistas de todo el mundo consideran falsa. Ni PP ni Ciudadanos se atreven con semejante tecnicismo –Daniel Lacalle, gurú económico de Pablo Casado, no deja de repetir que sus rebajas fiscales no están inspiradas en la polémica gráfica–, sino que prefieren subrayar como prioritario el cumplimiento del objetivo de déficit público impuesto por la UE y la necesidad de ajustarse a la regla de gasto.

En definitiva, PP y Ciudadanos acumulan todo tipo de detalladas promesas de rebajas fiscales o supresión de impuestos, pero no aclaran cómo afectarán exactamente a la evolución de la recaudación y, por tanto, a los costes del Estado del Bienestar. La inmensa mayoría de la recaudación de impuestos se dedica al pago de las pensiones, a la sanidad, a la educación y a los servicios sociales.

Pese a los discursos de la derecha sobre el excesivo pago de impuestos, la oficina estadística de la Unión Europea (Eurostat) demuestra que la presión fiscal en España, medida como los impuestos y contribuciones sociales pagados en relación con el PIB, es del 34,5%, por debajo de la media de la eurozona, el 41,4%, y de la UE, el 40,2%. España se sitúa así como el octavo país de la zona euro y el décimo de la UE con menor presión fiscal.

En 2018, la recaudación tributaria total ha superado las cifras precrisis, con unos ingresos de 207.610 millones de euros –por encima de los 200.676 millones de 2007–. De esa cifra, 24.179 millones corresponden al impuesto sobre sociedades, 82.420 millones al IRPF, 70.126 millones al IVA y 20.615 millones a los impuestos especiales (hidrocarburos, tabaco, alcohol). Tanto los ingresos por el IRPF como por el IVA sobrepasan ya los niveles precrisis. Pero el impuesto sobre sociedades sigue a la mitad de lo que sumaba en 2007sigue a la mitad de lo que sumaba en 2007. Ese año las empresas pagaron a Hacienda por sus beneficios 44.823 millones de euros; 10 años después, y pese a haber superado las ganancias que declaraban entonces, el fisco sólo ha ingresado por este concepto 24.179 millones.

  PP: Rebaja de 5 puntos en el IRPF y de 3 puntos en Sociedades

La prioridad de su política económica y presupuestaria es cumplir el Pacto de Estabilidad y que todas las administraciones públicas se ajusten a la regla de gasto, “frente a la manirrota política de despilfarro”. El PP quiere respetar el objetivo de déficit de la UE rebajando el IRPF “a todos los contribuyentes”, sin dar más detalles que anunciar un recorte del tipo máximo “por debajo del 40%. Ahora el tipo que grava a quienes ingresan más de 60.000 euros al año se encuentra en el 45%. Además, los populares proponen deducciones autonómicas en el IRPF para los menores de 35 años y familias con al menos un hijo, sin detallar en qué cuantía. Igualmente quieren exenciones en el IRPF para los jubilados que sigan trabajando sin cobrar su pensión y beneficios fiscales para los planes de ahorro y vivienda destinados a la jubilación.

En el impuesto de sociedades, el PP plantea también rebajas: un tipo máximo del 20%, en lugar del 25% actual. También ofrece a los parados de larga duración –quienes lleven más de un año sin trabajo– no pagar el impuesto sobre sociedades durante los dos primeros años si abren un negocio.

La lista de figuras tributarias que quiere suprimir es larga: patrimonio, sucesiones y donaciones –entre padres e hijos, al resto de la línea descendiente y entre cónyuges– y actos jurídicos documentados –objeto de polémica por el cambio de criterio del Supremo sobre quién debía pagarlo: el banco o el cliente–. Además, propone eliminar las tasas sobre la actividad turística, reducir hasta el mínimo legal el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) en los ayuntamientos donde gobierne el PP y no crear nuevos impuestos en las comunidades autónomas. Igualmente quiere reformar el impuesto de circulación para que se aplique “en función de las emisiones y el consumo energético”.

Otra reducción adicional afectará, aun sin concretar la cuantía, a las cotizaciones sociales que las empresas deben pagar si contratan jóvenes y parados de larga duración. También quieren los populares bonificar los impuestos locales en los ayuntamientos que tengan superávit y carezcan de deuda, y aprobar incentivos fiscales para empresas “altamente innovadoras”. Todas ellas medidas que reducirán la recaudación fiscal.

  PSOE: TASA GOOGLE, IMPUESTO FINANCIERO Y ALZAs a LOS RICOS

Los socialistas se comprometen a sacar adelante las medidas tributarias que incluyeron en sus Presupuestos nonatos para este año. Así, se reafirman en la creación de la tasa Google, que gravará a las empresas que facturen en todo el mundo más de 750 millones de euros y en España más de tres millones, por determinados servicios digitales: el 3% de los servicios de publicidad online y la venta de datos. La tasa, que también iba a ser aprobada por la UE para todo el territorio comunitario en términos idénticos a los planteados por el Gobierno español, quedó finalmente bloqueada en Bruselas el pasado marzo por el rechazo de Irlanda, Suecia, Dinamarca y Finlandia. Francia y Reino Unido ya cobran un impuesto a las tecnológicas.

También quiere recuperar el PSOE el impuesto a las transacciones financieras, el aumento de los impuestos a las grandes empresas y a los contribuyentes “de ingresos más altos y con mayores patrimonios”a los contribuyentes “de ingresos más altos y con mayores patrimonios”. No concreta cifras, pero en el Presupuesto que no llegó a aprobarse se incluyó un tipo mínimo efectivo del 15% para las grandes empresas en el impuesto sobre sociedades –18% para banca y petroleras–, así como un alza en el IRPF de dos puntos para quienes ingresen más de 130.000 euros anuales, de cuatro puntos a partir de los 300.000 euros y otros cuatro puntos a las rentas del capital superiores a 140.000 euros.

El programa incluye una reducción de “la carga fiscal soportada por las pymes”, que en el citado Presupuesto se refiere a un recorte del 25% actual al 23% para las empresas que facturen menos de un millón de euros. La creación en la Agencia Tributaria de una unidad para grandes patrimonios, el aumento de su personal y la prohibición de las amnistías son otras propuestas del PSOE, que se queda en una vaga mención a “avanzar a escala internacional” cuando menciona los paraísos fiscales.

  UNIDAS PODEMOS: IMPUESTOs A BANCA Y GRANDES FORTUNAS

El primer punto del programa fiscal de Unidas Podemos es la derogación del artículo 135 de la Constitución que consagró en 2011 el principio de estabilidad presupuestaria y obliga al Estado a cumplir el objetivo de déficit establecido por la UE. Después, propone recuperar las medidas fiscales pactadas con el PSOE para los Presupuestos de 2019 pero reclamando un paso más: el tipo mínimo efectivo del 15% para las grandes empresas –20% para los bancos y empresas petroleras–, rebaja en sociedades para las pymes del 25% al 23%, impuesto a las transacciones financieras –pero gravando también los derivados y las operaciones especulativas– y la tasa Google para las grandes compañías que facturen más de 500 millones de euros.

Además, el partido morado reclama un tipo del 47% en el IRPF para quienes ingresen por encima de los 100.000 euros anuales y del 55% para quienes superen los 300.000. Las rentas del capital, plantea, deberían tributar tanto como las del trabajo, y no menos. Y quiere reducir al 18% el tipo que se aplica al tramo más bajo del IRPF.

Igualmente, el partido de Pablo Iglesias pretende crear un nuevo impuesto para las grandes fortunas: del 2% para quienes posean un patrimonio superior al millón de euros, del 2,5% para quienes superen los 10 millones, del 3% para más de 50 millones y del 3,5% si exceden los 100 millones de euros. “La mayor parte del impuesto recaerá”, asegura Unidas Podemos, “sobre los 1.000 patrimonios más altos del país”. El objetivo es recaudar el equivalente a un 1% del PIB, 11.000 millones de euros, con este nuevo tributo, que sustituirá al “inoperativo” impuesto actual sobre el patrimonio.

La formación morada no renuncia tampoco a crear el impuesto a la banca que el PSOE dejó en el cajón al preparar los Presupuestos de 2019. Debería ser 10 puntos superior al tipo que ahora se aplica a las entidades financieras, del 30%, y se emplearía para recuperar los 60.000 millones de euros que ha costado el rescate a la banca.

Con todo este catálogo de medidas, Unidas Podemos cree que aumentará la recaudación hasta los 40.000 o 45.000 millones de euros.

A diferencia del PSOE, el partido morado concreta qué iniciativas deberían tomarse para luchar contra la elusión tributaria a través de los paraísos fiscales. Pide una reforma de las exenciones a la doble tributación de los beneficios obtenidos en el extranjero, de forma que sólo se permita no pagar a las empresas que ya lo hayan hecho al menos con un tipo efectivo del 15% en otro país. También reclaman la eliminación de los “privilegios fiscales” de las Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros (ETVE) –no pagan por las rentas procedentes de sus participaciones en entidades extranjeras–, las sicav –tributan al 1% en el impuesto de sociedades–, las socimis –no pagan por sociedades– y el régimen de impatriados –por ejemplo, los futbolistas de élite, que tributarn por el 24% en el IRPF–.

Además, Unidas Podemos pretende prohibir el uso de sociedades pantalla para pagar menos impuestos por una vivienda, la práctica que le costó el cargo a Máxim Huerta y puso en entredicho a Pedro Duque, Pepu Hernández o Begoña Villacís, entre otros.

También a diferencia del PP, Ciudadanos y Vox, el partido de Iglesias plantea que se mantenga el impuesto de sucesiones, pero “armonizado” a partir de un mínimo “para evitar la competencia fiscal entre territorios”. Y eliminar la exención del IBI de la que goza la Iglesia, excepto para los inmuebles dedicados al culto y los utilizados por Cáritas para su obra social.

  CIUDADANOS: DEDUCCIONES A LAS FAMILIAS EN EL IRPF

Para el partido de Albert Rivera, el objetivo de déficit es también una prioridad política, por lo que promete revisar el diseño y aplicación de la regla de gasto “siguiendo las mejores prácticas europeas, para garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas”. También anuncia una auditoría integral para “acabar con el gasto superfluo” e invertir en fines “prioritarios para el interés general”.

Ciudadanos plantea una reducción del IRPF para las familias con dos hijos y las monoparentales con un hijo de 1.200 euros al año, que se elevará a 2.400 euros para las que tengan más hijos. Además quiere que el tipo máximo no pase del 44%, un punto por debajo del actual. Y bonificar al 100% el impuesto de sucesiones entre parientes directos, así como reducirlo entre otros parientes.

Pero en el impuesto sobre sociedades su intención es la de “aproximar la recaudación a la media de la zona euro”, cerrando “agujeros y eliminando trampas que facilitan la ingeniería fiscal”, aunque sin precisar cuáles. También se muestra a favor de que las pymes no paguen tipos efectivos superiores a los de las grandes empresas.

Finalmente, quiere aumentar los incentivos fiscales a las startups innovadorasstartups , eximiéndolas de pagar impuestos los dos primeros años y desgravando a quienes compren sus acciones.

  VOX: IRPF del 22% HASTA 60.000 EUROS

El programa fiscal más inusual es el de la formación ultraderechista: 52 páginas de fórmulas y conceptos sólo manejables por expertos en la materia que proponen dar un vuelco al sistema tributario español. Vox plantea sustituir los actuales tramos del IRPF por una “linealización de la tarifa” del impuesto, de forma que quienes ingresen hasta 60.000 euros al año tributarían a un tipo del 22% y, a partir de esa cifra, a un tipo del 30%. El partido de Santiago Abascal asegura que esta modificación reducirá “los costes de eficiencia, cumplimiento y administración del impuesto”, al tiempo que rebajará la recaudación en una cifra que calcula entre 6.436 y 8.648 millones de euros, dependiendo del comportamiento de los contribuyentes. A estas cantidades, Vox resta las ganancias recaudatorias que, a su juicio, provendrán de sus otras propuestas para el IRPF: 1.617 millones por extender la base imponible –considerada en su conjunto como la suma de las rentas del ahorro, las inmobiliarias y otras–, 381 millones por la eliminación de deducciones –se mantienen las que benefician a las aportaciones a planes de pensiones privadas–, 324,4 millones por suprimir la reducción por declaración conjunta y 1.247 millones más por “el efecto multiplicativo del aumento de la renta disponible para el consumo”, que se recuperará en forma de impuestos indirectos.

Vox también propone eliminar el actual mínimo exento del IRPF –por debajo de 14.000 euros al año no se tributa– por un sistema de mínimos personales y familiares que denomina Necesidades Básicas del Contribuyente (NBC). Según sus cálculos, quedaría establecido en 7.000 euros al año para una persona hasta los 65 años y 18.520 euros para un matrimonio con cinco hijos. Es decir, a partir de esos 7.000 y 18.520 euros –y hasta 60.000–, ambos tipos de contribuyentes deberían tributar por el 22% antes citado.

El impuesto de sociedades debería igualmente reducirse a ese mismo tipo del 22% y aplicarse a todas las empresas, independientemente del tamaño, el sector o la actividad. Es decir, Vox defiende que las pymes paguen el mismo tipo que las grandes empresas y que se eliminen los tipos reducidos de que disfrutan ahora las empresas de nueva creación, las entidades sin ánimo de lucro y las cooperativas, así como los tipos superiores que gravan a bancos y petroleras. En cambio, defiende que las sicav mantengan el tipo del 1% y los fondos de pensiones la exención. Generalizar el tipo nominal del 22% se traducirá, dice el partido ultraderechista, en un descenso de la recaudación de 2.645 millones de euros, que sólo se compensará en parte con un aumento de los ingresos de 1.350 millones por la supresión de las deducciones por inversiones y de la reserva de capitalización.

En el catálogo de las supresiones, Vox pretende eliminar el impuesto de sucesiones y el que grava el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana o plusvalía municipal, y no quiere ni oír hablar de la tasa Google o sobre las transacciones financieras, figuras tributarias amagadas por el Gobierno socialista. También ofrece revisar el IBI. Finalmente, propone sustituir cotizaciones sociales por aumentos del IVA e impuestos especiales, lo que denomina “devaluación fiscal”. A su juicio, la operación permitirá “abaratar las exportaciones”, aumentar la competitividad de la economía española y reducir el desempleo.

El proyecto de Ley de Presupuestos del Estado prevé unos beneficios fiscales de 37.237 millones de euros para este año. Es decir, calcula que el fisco dejará de ingresar esa cantidad por las deducciones y exenciones de las que se benefician tanto empresas como particulares y que deben revertir en el logro de determinados objetivos de política económica y social. Los incentivos se aplican tanto al IRPF como al impuesto sobre sociedades, al IVA, a los impuestos especiales y al de patrimonio, entre otras figuras tributarias. Incluyen desde las bonificaciones a empresas navieras en Canarias hasta los tipos reducidos de las socimis (las sociedades de inversión en alquileres), el régimen especial de las entidades sin ánimo de lucro o los incentivos al mecenazgo.

La cantidad calculada por el Gobierno para el ejercicio en curso aumenta un 6,9% respecto a la de 2018. La mayor parte de los beneficios fiscales corresponden al IVA, el 34,8%, que además crecen un 4,2% respecto a la cifra que se dejó de recaudar el año pasado. Para el IRPF se han presupuestado 9.129,38 millones, un 18,4% del capítulo. Y para el impuesto sobre sociedades se calcula que las empresas se ahorrarán 3.461 millones, un 0,2% más de la cantidad presupuestada inicialmente, pero un 2,7% por debajo de la que terminó perdiéndose para las arcas de Hacienda en 2018.

Los beneficios fiscales del impuesto sobre sociedades han caído desde 2015, cuando alcanzaron el máximo de la crisis, 3.949 millones de euros. En 2017, el Gobierno del PP las dejó en su mínimo, 2.127,32 millones, para dispararlos un 62,3% el año siguiente, según consta en las Memorias de Beneficios Fiscales que se adjuntan a cada proyecto de Presupuestos Generales del Estado.

Cuando estaba en la oposición, el PSOE presentó una proposición no de ley en el Congreso donde pedía incluir el presupuesto de beneficios fiscales en la evaluación que debe hacer la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) sobre el gasto de las administraciones públicas. Así debería verificarse, decían los socialistas, si estos incentivos son la mejor alternativa para conseguir los fines económicos y sociales perseguidos, sobre todo teniendo en cuenta el recorte de ingresos que implican, en plena lucha contra el déficit. “Además, queremos sabe si hay beneficios fiscales que son una puerta abierta a la evasión fiscal”, aseguró en febrero de 2018 la diputada Patricia Blanquer en la Comisión de Hacienda y Función Pública. La proposición no de ley fue aprobada con sólo una abstención.

Entonces el PSOE esgrimió un informe del Tribunal de Cuentas que fiscalizaba las actuaciones de la Agencia Tributaria sobre los beneficios fiscales de 2015, un total de 40.719 millones de euros, la mayor cifra de los últimos cinco años. Según lamentaba el tribunal, sólo 219 de los 353 beneficios fiscales existentes habían sido cuantificados en la memoria de ese ejercicio. Por tanto, el Presupuesto “no refleja la disminución de la capacidad recaudatoria que se produce”, subrayaba. Además, el Tribunal de Cuentas descubrió “desviaciones relevantes entre las estimaciones y las cuantías reales de los beneficios analizados”. Y criticaba que la creación de los descuentos fiscales “no se encuentra precedida de estudios sobre los objetivos concretos de política económica y social que se espera lograr con ellos, ni se establecen indicadores para evaluar el grado de cumplimiento de esos objetivos”. Tampoco, añadía el informe, tienen una duración temporal definida, ni un periodo para la consecución de los objetivos que se persiguen. Finalmente, no se evalúa si estos incentivos “son la forma más eficiente” de conseguir dichos fines de política social o económica, advertía el tribunal.

También en el programa electoral 

Unos meses más tarde, en mayo, no sólo el PSOE, sino también Unidos Podemos, Ciudadanos y Compromís se unieron de nuevo en el Congreso para pedir mayor control sobre los beneficios fiscales. En otra proposición no de ley exigían al Gobierno que publicara el nombre de las empresas con facturación superior a los 10 millones de euros que se benefician de estos descuentos fiscales, así como las cantidades que Hacienda deja de recaudar por este concepto. También pedían que se fijara un límite anual para los incentivos fiscales y que las memorias económicas que acompañan a cada ley o decreto-ley con beneficios tributarios incluidos incluyera tanto su efecto recaudatorio como su impacto en la actividad económica o social.

De hecho, el PSOE incorporó a su último programa electoral el compromiso de revisar todos los incentivos y regímenes especiales según un “criterio de coste/beneficio y equidad” y de hacer público el nombre de los beneficiarios “para explicitar los casos en que son las mayores empresas las que los acaparan”.

Sin embargo, en sus primeros Presupuestos una vez llegado el PSOE al Gobierno, la previsión de beneficios fiscales para el impuesto sobre sociedades se mantiene casi inalterada respecto al ejercicio anterior. Este año los incentivos representarán el 11,2% de la recaudación por el impuesto que grava los beneficios de las empresas, cifrada en 27.569 millones de euros. Una cantidad que aún está un 38,5% por debajo de los ingresos de 2007, pese a que los beneficios corporativos ya han recuperado el nivel precrisis. En 2018, la merma en la recaudación por culpa de estos descuentos fiscales equivalía al 12,5%, sólo un punto y tres décimas más que en el ejercicio en curso.

Más para la I+D

Tampoco ha variado mucho el reparto de los descuentos fiscales según la política de gasto. Las más incentivadas son el comercio, el turismo y las pymes, seguidas de los servicios sociales y la promoción social, por un lado, y de la investigación y el desarrollo (I+D), por otro. No obstante, este año el Ejecutivo ha aumentado los destinados a este último capítulo, un 57,4%, hasta alcanzar los 490,69 millones de euros, al tiempo que ha recortado los beneficios en servicios sociales y protección social un 17% –458,38 millones– y un 1,7% los dedicados a comercio, turismo y pymes –543,57 millones–.

En cualquier caso, la mayor parte de los beneficios fiscales, 1.617 millones de euros son los englobados en el epígrafe “sin clasificar”. Sólo ellos representan casi la mitad –el 46,7%– de los que se concederán este año. Creado por el Gobierno del PP en 2018, es un cajón de sastre en el que se han metido todos las exenciones y deducciones que “no tienen acomodo alguno” en el resto de las políticas de gasto. Desde los tipos reducidos del 1% que se aplican las sicav, del 19% las socimis y del 10% las entidades sin fines de lucro, hasta la bonificación por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla o para las cooperativas agrarias.

Por ejemplo, este año las socimis se ahorrarán en su factura fiscal 239 millones de euros, mientras que por el régimen especial de que gozan las entidades sin fines lucrativos Hacienda dejará de recaudar otros 295 millones. Por donaciones, las empresas se descontarán 127 millones de euros en el impuesto sobre sociedades. Por ajustes y por reducciones en la base imponible, las empresas recortarán sus ingresos al fisco en 1.505 millones de euros.

Los cambios en el impuesto sobre sociedades pactados por el Gobierno y Unidos Podemos aumentarán la recaudación en 1.700 millones de euros, según los cálculos de la formación morada. Una parte provendrá de la tributación mínima del 15% –el 18% en el caso de las compañías petroleras– a que estarán obligados grupos consolidados y las empresas que facturen más de 20 millones de euros anuales. Y otra, del pago de un 5% que las sociedades deberán hacer sobre los dividendos y plusvalías que generen en sus filiales, hasta ahora exentos al 100% de tributar al fisco.

Según las estadísticas de la Agencia Tributaria, 14.442 empresas declararon en 2016 un total de 105.090,46 millones de euros en dividendos y rentas generados en sus filiales. De esa cantidad, el 65,6% lo aportan empresas que facturan más de 180 millones de euros al año, son grandes sociedades. Si sale adelante el acuerdo presupuestario –necesitará el apoyo de ERC, PNV y PDeCAT–, esas 14.442 empresas engordarán sus bases imponibles en 5.254,5 millones de euros, una cantidad adicional por la que deberán tributar a Hacienda.

Para acceder a esta exención, la matriz debe poseer una participación mínima del 5% en la filial o bien que esa participación supere los 20 millones de euros. El acuerdo prevé que las empresas tributen un 5% en concepto de gastos no deducibles de gestión de esa participación en la filial, tal y como permite la directiva europea de 2014 que regula el régimen fiscal de sociedades matrices y filiales.

El acuerdo del Gobierno y Podemos aumenta a las empresas de hidrocarburos el suelo mínimo de tributación del 15% general al 18%, puesto que su tipo nominal es más elevado, el 30% frente al 25% del resto de las sociedades. También es del 30% el tipo nominal de las entidades financieras que, sin embargo, han quedado excluidas en el pacto de ese suelo aumentado del 18%. Tampoco se enfrentarán a un nuevo impuesto específico para ellas hasta al menos 2020. El acuerdo sólo dice que, una vez concluido el ejercicio fiscal de 2019, “se estudiarán los rendimientos de las nuevas medidas” tributarias para “valorar el impulso” del impuesto a la banca que tanto PSOE como Podemos prometieron implantar y que ha sido duramente contestado por el sector financiero.

Por el contrario, sí se ha incluido en el acuerdo el impuesto sobre transacciones financieras, que gravará con un 0,2% las compras de acciones emitidas en España de empresas que coticen en la Bolsa española y cuya capitalización sea superior a los 1.000 millones de euros. No tributará a Hacienda la compra de deuda –bonos– y de derivados, pese al enorme volumen que alcanzan las operaciones con este tipo de productos financieros complejos. Según los cálculos de Podemos, el impuesto sobre transacciones financieras permitirá aumentar la recaudación en 1.000 millones de euros anuales.

Del resultado contable a la base imponible

Las estadísticas de la Agencia Tributaria cifran en 111.788 millones de euros los beneficios de los grupos consolidados en 2016. Su base imponible quedó reducida ese año a una tercera parte, 36.088 millones de euros, una vez que se aplicaron exenciones por doble imposición de 86.393 millones de euros, además de otros ajustes. Por tanto, la cuota líquida resultante fue de 6.862 millones, lo que equivale a un tipo efectivo del 19%. Este porcentaje es una media, calculada a partir de tramos muy amplios, según los expertos consultados por infoLibre, por lo que muchas empresas quedan por debajo del 15% y serán esas sociedades las que verán aumentada su factura fiscal si prospera el acuerdo presupuestario. Lo mismo les ocurrirá a las empresas que, aun no constituyendo un grupo, facturen más de 20 millones de euros. Con ese volumen de negocio y que declaren bases imponibles positivas –tengan beneficios– existen en España 4.342 sociedades. La propuesta de Podemos en este apartado consistía en garantizar un mínimo de tributación del 15% respecto del resultado contable de las empresas, no de la base imponible como finalmente se ha pactado. Si se hubiera firmado ese suelo sobre los beneficios, la cantidad recaudada sería el doble: el tipo efectivo por el que tributaron los grupos consolidados en 2016 respecto a su resultado contable fue sólo del 6,14%, según los datos de la Agencia Tributaria.

El acuerdo presupuestario establece también una bajada del impuesto sobre sociedades, del 25% al 23%, para las empresas más pequeñas, que beneficiará sólo a 7.202 pymes, el 0,5% que factura menos de un millón de euros al año. Según los cálculos del sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha), la medida supondrá un ahorro para estas sociedades de 36 millones de euros.

Además, el pacto incluye un mayor control sobre las sicavssicavs (sociedades de inversión de capital variable), que tributan sólo un 1% en el impuesto de sociedades. Se pretende limitar el volumen de capital que puede acumular un solo inversor y que la Agencia Tributaria sea competente para comprobar si las sicavs tiene el número mínimo de accionistas–100– que le exige la ley. Además, las socimis (sociedades de inversión en el mercado inmobiliario), otra institución de inversión colectiva, tendrán que tributar un 15% por los beneficios no distribuidos. Como tienen un régimen fiscal especial, no pagan nada por las rentas obtenidas del alquiler de inmuebles, su actividad principal, y un 25% por las generadas con otro tipo de actividades.

Otro nuevo impuesto que se pretende crear es el que gravará los servicios digitales y que copia el diseño de la tasa Google ya en marcha en la Unión Europea. Afectará a las compañías que ingresen más de 750 millones de euros en todo el mundo y más de tres millones en España. Se trata de que paguen un 3% por los servicios de publicidad y de intermediación on line, así como la venta de datos generados por la información que proporcionan los usuarios. Podemos calcula que la tasa Google se traducirá en un aumento de la recaudación de 1.200 millones de euros.

Más presión fiscal sobre grandes contribuyentes

El impuesto sobre el patrimonio también debería subir si sale adelante el pacto presupuestario. En concreto, un 1% para las fortunas que superen los 10 millones de euros. Equivale a 600 millones de euros adicionales para las arcas públicas, calcula Podemos. Otro tanto ocurrirá con el IRPF de quienes ingresan más de 130.000 euros al año, cuyo tipo aumentará dos puntos, hasta el 24,5%, por lo que pagarán unos 1.600 euros más al año. A partir de los 300.000 euros, el alza será de cuatro puntos, un tipo del 26,5%, unos 7.600 euros más. Quienes cobran más de 600.000 euros al año, sólo 8.381 contribuyentes, ingresarán en Hacienda 27.800 euros adicionales al año. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, cifró en un 0,5% los contribuyentes a los que afectará la subida, un total de 121.500 ciudadanos. Gestha calcula que así se recaudarán 524 millones de euros. A quienes perciben más de 140.000 euros anuales –unos 60.000 contribuyentes– se les aumentará en cuatro puntos el tipo que grava las rentas de capital, lo que permitirá a la Agencia Tributaria ingresar 338 millones más.

Con este paquete de medidas, el Gobierno prevé recaudar 5.678 millones de euros, explicó la titular de Hacienda tras la reunión del Consejo de Ministros. Podemos eleva la cifra a 7.240 millones incluyendo los ingresos adicionales en cotizaciones a la Seguridad Social por las mejoras salariales previstas en el acuerdo.

El documento prevé además rebajar de 2.500 euros a 1.000 el límite para hacer pagos en efectivo, como una forma de luchar contra la economía sumergida. También se quiere reducir de un millón a 600.000 euros el importe de deuda que supone la entrada en la lista de morosos de la Agencia Tributaria. Y se prohibirán por ley las amnistías fiscaleslas amnistías fiscales. De momento queda sólo en estudio la posibilidad de rebajar la cantidad que determina la comisión de un delito fiscal: ahora está fijada en 120.000 euros y el acuerdo habla de dejarla en 50.000. Finalmente, el Gobierno y Podemos acordaron crear una unidad central para coordinar las actuaciones sobre los contribuyentes con grandes patrimonios, integrada por 200 funcionarios.

La política sobre pensiones públicas aplicada por España, con una subida del 0,25% y la amenaza de quiebra del sistema como mensaje central del Gobierno, ha encontrado un inesperado reverso en la Unión Europea (UE). Tanto la Comisión como el Parlamento Europeo, las dos instituciones que pilotan la cruzada en favor del déficit cero aun a costa de efectuar recortes, permiten que aquellos cargos públicos en activo que hayan sido eurodiputados y hayan sobrepasado la edad de 63 años sumen a sus salarios el cobro de una pensión financiada por la Cámara de Estrasburgo. Así lo han confirmado fuentes oficiales del Parlamento y de la Comisión a través de distintos correos electrónicos dirigidos a infoLibre.

La paradoja legal y política que entraña la liberalidad de la UE respecto de sus representantes sale a la luz un mes después de que el portal de noticias comunitarias euobserver.com desvelase que, además de su sueldo como miembro del gabinete del luxemburgués Jean-Claude Juncker (unos 20.000 euros al mes), el comisario de Energía y Acción por el Clima, Miguel Arias Cañete, percibe una paga de retiro. Esa paga, cuya cuantía se han negado a desvelar hasta ahora tanto el exministro español de Agricultura como la propia Comisión Europea pero que distintas estimaciones cifran hasta en 50.000 euros anuales, llega a su bolsillo con cargo a un "fondo voluntario de pensiones" que, con sede en Luxemburgo y gestionado en última instancia por una sicav de ese opaco país, financió hasta 2009 el Parlamento Europeo. A diferencia de lo que sucede con cualquier fondo privado, las pensiones derivadas del de Luxemburgo están expresamente reguladas en el Estatuto de los Eurodiputados.

La única incompatibilidad con que topa la pensión del "fondo voluntario" de Luxemburgo es la de que sus beneficiarios no pueden ya formar parte del Parlamento Europeo. Así lo acabó confirmando el martes a este diario la oficina central de prensa de la Eurocámara tras un cruce de emails. En previsión de que pudiera estar produciéndose un error de interpretación, este diario lanzó una pregunta final a la portavoz oficial: ¿es correcto afirmar que el Parlamento Europeo considera que no es incompatible recibir un salario como comisario de la UE y percibir la pensión de jubilación del fondo voluntario de pensiones para exeurodiputados? La respuesta fue escueta pero inequívoca: "Sí".

Más clarificadora si cabe fue la respuesta de los portavoces de la Comisión Europea en España, facilitada también vía correo electrónico el martes a este diario después de tres semanas de silencio: "De acuerdo con nuestra normativa de la Comisión Europea, los salarios de los comisarios son plenamente compatibles con ingresos por pensiones provenientes bien de los sistemas de pensiones nacionales, de planes de pensiones privados, o del fondo de pensiones del Parlamento Europeo (cerrado a nuevos eurodiputados en 2009)".

Creado en 1993 en aplicación de un acuerdo de la Mesa de la Eurocámara, el fondo está gestionado en primera instancia por una "asociación sin ánimo de lucro" de eurodiputados y exeurodiputados. Las inversiones que acomete están a su vez gobernadas por una sicav de ese mismo país y propiedad de los parlamentarios aglutinados en torno a la "asociación sin ánimo de lucro". El fondo nació con la vocación oficial de asegurar a sus miembros una pensión de retiro que no siempre garantizaban los países por los que habían sido elegidos. 

Estrasburgo dejó de hacer nuevas aportaciones al fondo en 2009, año en que entró en vigor el Estatuto de los Eurodiputados. El Estatuto pasó a asegurar una pensión de jubilación a todos los parlamentarios de la Cámara, pertenecieran o no en ese momento al "fondo voluntario" de Luxemburgo. El punto 14.3 dice lo siguiente: "El derecho a una pensión de jubilación se mantendrá con independencia de cualquier otra pensión".

¿Es privado un fondo impulsado, financiado y garantizado por el Parlamento Europeo?

La ley española de Seguridad Social veta de forma categórica en su artículo 213 el cobro de la pensión de jubilación –no así la de viudedad– a los cargos públicos y a quienes, con trabajos por cuenta propia, obtengan por esa vía cuantías superiores al salario mínimo (SMI, 10.302,6 euros) en el transcurso de un año. Escritores y creadores de distintos ámbitos han visto en los últimos años cómo la Seguridad Social les retiraba la pensión porque sus obras les habían proporcionado ingresos situados por encima del umbral del SMI. Antonio Fraguas, Forges, se erigió en paradigma de ese fenómeno de multas y tijeretazos: según el diario Abc, cuando falleció el pasado 22 de febrero llevaba dos años sin pensión. La ley no establece límites para el cobro de cantidades derivadas de fondos de pensión privados. 

¿Choca, por ejemplo, la legislación española con la norma que permite a los cargos públicos cobrar un salario de la Unión Europea y una pensión de jubilación de manera simultánea? ¿O es que debe conceptuarse como privado y no como público el fondo de Luxemburgo para antiguos eurodiputados? Desde luego, pese a su "voluntariedad" y a que su propietaria es una "asociación sin ánimo de lucro", dos elementos hacen dudar de una eventual respuesta afirmativa ante la pregunta de si se trata de un fondo privado: la primera, que fue la propia Cámara la que en 1990 decidió crear ese fondo; y el segundo, que su principal fuente de financiación (el 68,5% del total de las aportaciones recibidas entre 2000 y 2009) ha sido siempre el Parlamento Europeo.

Un tercer factor afianza la idea de que, sea cual sea su revestimiento jurídico, el aliento que anima al fondo de Luxemburgo es de carácter netamente público: la percepción de las pensiones de jubilación a él asociadas está expresamente regulada por el Estatuto de los Eurodiputados, cuyo artículo 27 dice esto: "Tras la entrada en vigor del presente Estatuto, el antiguo fondo de pensiones voluntario creado por el Parlamento se mantendrá para aquellos diputados o antiguos diputados que ya hayan adquirido derechos o expectativas de derechos en ese fondo".

En 2014, las revelaciones de infoLibre sobre ese fondo, localizado en el país más opaco de la UE y cuya baja fiscalidad le colocó durante años en posición de ventaja respecto a sus socios comunitarios, condujeron a la dimisión del entonces portavoz de IU en la Cámara europea, Willy Meyer.

Los datos que este diario pudo recabar entonces constataron varios hechos: que entre 2000 y 2009 el Parlamento Europeo inyectó al fondo 95 millones de euros; que el Parlamento Europeo se compromete año tras año a garantizar, en caso de quiebra, el pago de las pensiones de jubilación a los eurodiputados adscritos al fondo; y que más de un centenar de eurodiputados españoles de distintos partidos se beneficiaban de la pertenencia a la "asociación sin ánimo de lucro" constituida en 1993 para la constitución del fondo por decisión expresa de la Mesa del Parlamento Europeo. A 31 de diciembre de 2015, el déficit actuarial (la diferencia entre las obligaciones contraídas para el futuro y los ingresos asegurados en el presente) estimado del fondo de Luxemburgo se elevaba ya a 276,8 millones de euros, según los datos oficiales de la Cámara. 

Previa consulta a los servicios de pensiones del Parlamento, el eurodiputado de Podemos Xabier Benito calcula que Cañete ha cobrado del fondo de Luxemburgo más de 100.000 euros desde que se incorporó al Ejecutivo comunitario en noviembre de 2014. Benito se encuentra a la espera de que la Comisión Europea responda sus preguntas sobre la pensión de Cañete: a cuánto asciende, por qué no la ha reflejado en su declaración de intereses y si la Comisión considera que la doble percepción de ingresos públicos "cumple con las reglas de ética e integridad de los comisarios europeos”.

Cuando euobserver.com publicó, previa confirmación escrita de su portavoz oficial, que Cañete estaba cobrando esa pensión el equipo del eurocomisario se sumió en un absoluto hermetismo. En las cuatro últimas semanas, infoLibre ha intentado sin éxito conocer la posición del exministro y dirigente del PP a través de su gabinete de comunicación. 

Un sueldo de 20.000 euros al mes y una pensión simultánea pagada con dinero público a través de un fondo que gestiona una sicav de Luxemburgo y cuya cuantía no se conoce. En esa situación se encuentra hoy Miguel Arias Cañete, exministro de Agricultura, actual comisario europeo de Acción por el Clima y Energía  y beneficiario del controvertido fondo voluntario de pensiones para eurodiputados desvelado en 2014 por infoLibre y que hasta 2009 financió en dos tercios la Cámara de Estrasburgo.

Tras la publicación de la noticia por el digital euobserver.com, radicado en Bruselas, tanto Los Verdes como Podemos exigieron este jueves por la mañana explicaciones inmediatas a Cañete. "Mientras España se manifiesta por el futuro de sus pensiones, Miguel Arias Cañete está cobrando 20.000 euros mensuales como comisario además de una pensión del Parlamento Europeo", se lamentó el eurodiputado de Podemos Xabier Benito tras elevar a la Comisión Europea una pregunta sobre el asunto. Ernest Urtasun, del grupo verde, se pronunció en similares términos a través de su cuenta de Twitter: "A vueltas con Cañete: ahora resulta que en paralelo a su sueldo de comisario, está cobrando del escandaloso fondo de pensiones privado que existió hasta 2009 en el Parlamento Europeo. Exigimos que renuncie a su cobro!". Mientras ambas formaciones expresaban en Bruselas su estupefacción por lo sucedido, en España miles de pensionistas se manifestaban en protesta por una subida –el 0,25%– que califican de indigna.

A lo largo de toda la jornada, este diario intentó sin éxito que el equipo de Cañete verificase la exactitud de lo publicado el día antes por euobserver, que atribuye a la portavoz del eurocomisario un entrecomillado cuya literalidad implica en sí misma una confirmación del cobro por partida doble. Ese entrecomillado es el siguiente: "La cantidad recibida [en concepto de pensión] está plenamente declarada y gravada por las autoridades españolas". ¿A cuánto asciende esa pensión? euobserver también lo preguntó, pero la fuente se escabulló con esta respuesta: la cifra "se deriva de las contribuciones que paga". La solicitud de información sobre la situación de Cañete trasladada por infoLibre a través del PP tampoco tuvo éxito. Igualmente guardó silencio el gabinete de comunicación de la delegación en España de la Comisión Europea, al que este medio se dirigió a mediodía para conocer si el Gobierno comunitario considera que la doble percepción económica por parte del eurocomisario se ajusta a los cánones de transparencia y ética. 

Gestionado por una "asociación sin ánimo de lucro" que a su vez encomienda las inversiones del dinero que maneja a una sicav con sede en Luxemburgo, auténtico paraíso fiscal en el corazón mismo del territorio comunitario, el fondo voluntario de pensiones permaneció como un secreto solo para iniciados hasta junio de 2014. Cuando infoLibre destapó en junio de ese año su existencia, el entonces eurodiputado de IU Willy Meyer dimitió de inmediato. En cambio, el grueso de los beneficiarios españoles se limitó por el contrario a invocar la legalidad de la fórmula.

El descubrimiento de que con fondos públicos y mediante una fórmula en efecto legal por cuanto había sido aprobada por Estrasburgo en 1990, los europarlamentarios se estaban asegurando una pensión vitalicia adicional a la que ya tienen garantizada en España destapó así en plena crisis un suculento privilegio privado pagado con dinero público. Pagado, además, a través del país más opaco de la UE en materia financiera.

Según los estatutos de la asociación de eurodiputados propietaria del fondo, para acceder a esa pensión vitalicia los suscriptores solo debían cumplir tres requisitos: cotizar durante dos años, haber cesado en el cargo de eurodiputado y haber cumplido 60 años. En 2009, la edad mínima para cobrar la pensión se elevó a 63 años. Y se cerró la entrada de nuevos eurodiputados en el fondo.

El rastreo documental efectuado por este diario en el Registro Mercantil de Luxemburgo constató que el Parlamento Europeo había inyectado nada menos que 95 millones de euros en 10 años a ese fondo de pensiones. En teoría, de cada tres euros que entraban en sus arcas, dos los aportaba la Eurocámara y el tercero, cada asociado al fondo. Pero en realidad, ese tercer euro provenía de la suma que todos los eurodiputados reciben cada mes con cargo a sus dietas. Así lo confirmaron un antiguo eurodiputado que se negó a sumarse a ese sistema –Ignasi Guardans– y el periodista y politólogo Jesús Bueno, que en los noventa había sido asesor del entonces parlamentario socialista Antonio González Triviño.

La incógnita de la declaración de intereses

Tanto la presidenta del grupo parlamentario verde, la alemana Ska Keller, como el eurodiputado español Ernest Urtasun, exigieron este jueves que el dirigente conservador renuncie a la pensión de Luxemburgo. "No es ético ni razonable que un Comisario con un salario base de más de 20.000 euros mensuales, reciba en paralelo el cobro de la pensión", critican en una nota de prensa. Podemos, mientras tanto, ya ha registrado una pregunta a la Comisión Europea en la que, además, alerta de que ésta no figura en la declaración de intereses del comisario.

Para los Verdes, lo que debe hacer la UE es suprimir estas pensiones privadas dado que el fondo del que proceden "está gestionado de forma opaca en Luxemburgo". Además, critican que acumula un déficit de 326 millones de euros que "deberá ser cubierto con aportaciones de dinero público".

Por su parte, el eurodiputado de Podemos Xabier Benito, promotor de la pregunta parlamentaria, reclama que Cañete dé explicaciones públicas. "Si no, lo obligaremos nuevamente a darlas ante la Eurocámara”, avisa Benito en un comunicado.

La pregunta, presentada por Benito y la eurodiputada portuguesa del grupo de la izquierda europea (GUE/NGL) Marisa Matias, pide a la CE que explique si considera que el cobro de la pensión "cumple con las reglas de ética e integridad de los comisarios europeos”. Los eurodiputados piden también a la Comisión que indique "cuánto recibe cada mes Arias Cañete a través del plan de pensiones".

La cuestión presentada alerta a la CE de que "el pago de la pensión no figura en la declaración de intereses del comisario", por lo que ambos diputados reclaman a la Comisión que realice una revisión de su declaración de intereses. "La falta de ética –sostiene Benito– es insultante, tanto por estar cobrando pensión y sueldo a la vez, como por haberse permitido este tipo de privilegios hasta 2009. Podemos entró en las instituciones por esto y vamos a hacer todo lo posible por tumbarlos", añade el eurodiputado.

“La Unión Europea encabeza la lucha contra la elusión fiscal”, sacó pecho el pasado martes el presidente del Consejo de la UE, Edward Scicluna, al anunciar la aprobación de un proyecto de directiva que debería impedir a las multinacionales utilizar sofisticados mecanismos de ingeniería fiscal para pagar menos impuestos. Siempre son instrumentos legales, por lo que no llegan a considerarse evasión fiscal, pero aprovechan los agujeros de los sistemas impositivos nacionalesagujeros para tributar el mínimo por sus beneficios. Este último paquete de medidas se suma a una directiva aprobada en julio de 2016; ambas normas trasladan al ámbito europeo las 15 recomendaciones contra la ingeniería fiscal de las multinacionales elaboradas por la OCDE en 2013.

“Es un buen principio, aunque en realidad sólo una tirita para una herida muy grande”, analiza Albert Sagués, profesor de Fiscalidad de la Universidad Pompeu Fabra. Cree que su efectividad será limitada, lastrada por los intereses dispares de los Estados miembros. Irlanda, Luxemburgo, Reino Unido u Holanda aplican ventajas fiscales para atraer negocios a sus territorios, por lo que no van a ser los más interesados en ponerles coto: las inversiones de EEUU en Irlanda ascendían a 311.000 millones de euros en 2014, más de lo que las compañías norteamericanas invierten en el conjunto de los BRICS (China, India, Rusia, Brasil y Suráfrica).

La directiva de julio de 2016 ya deja claro que sólo establece “un nivel mínimo de protección frente a las prácticas de elusión fiscal” de las multinacionales. Y María Villanueva, responsable de Justicia Fiscal de la ONG Oxfam Intermón, lo corrobora: “La UE casi se ha limitado a calcar las recomendaciones de la OCDE, así no garantiza que vaya a acabar con los agujeros por donde se cuelan las grandes compañías”, advierte. Según el comisario Pierre Mostovici, entre 50.000 y 70.000 millones de euros dejan de pagar por sus beneficios las multinacionales en Europa gracias a esas lagunas fiscales. De hecho, María Villanueva cree que la directiva del pasado verano se redactó pensando más en los países del centro y el este de Europa, que no tienen ni medidas mínimas contra la ingeniería fiscal de las compañías, que en poner fin a estos mecanismos paralegales dentro de la UE como reza su encabezado.

A juicio de David Palomera, coordinador de ATTAC Acordem, el problema básico es la falta de voluntad política. “Se tomaron medidas sólo después de que saltara el escándalo de los papeles de Panamá y sólo sobre elusión fiscal, no se ataca directamente la evasión”, protesta. Como ejemplo cita la lista de paraísos fiscales que la UE tiene previsto acordar para este mismo año, quizá después del verano. Para la OCDE sólo hay dos paraísos fiscales: Nauru y Niue, dos pequeñas repúblicas de la Polinesia. Y la UE ha descafeinado su propia lista antes incluso de haberla elaborado. María Villanueva critica que Bruselas vaya a utilizar “como indicador, pero no como criterio” para definir qué es un paraíso fiscal el hecho de que un país aplique un tipo cero en el impuesto de sociedades. Lo decidieron los ministros de Finanzas de los Veintiocho el pasado noviembre.

Albert Sagués también considera decepcionante que la UE quiera “redefinir” ahora el concepto de paraíso fiscal, “que siempre ha sido un país con baja o nula tributación que no quiere compartir información con otros”. También desaprueba que Gibraltar no esté en el índice. La última lista preliminar, publicada el pasado mes de septiembre, incluía 81 paraísos fiscales, entre ellos las islas británicas del Canal. Está por ver cómo influirá el Brexit en las negociaciones para delimitar la lista negra definitiva. Para elaborarla, la UE atenderá sólo al nivel de transparencia fiscal y a las medidas que el país en cuestión aplique para evitar las prácticas de elusión fiscal.

“No se atreven”

El proyecto de directiva aprobado el pasado martes se centra en lo que la UE conoce como “asimetrías híbridas”: las disparidades fiscales entre dos o más países son aprovechadas por las multinacionales para no pagar impuestos. Un “híbrido” es una empresa o un mecanismo que resulta transparente para un país pero opaco para otro. En la directiva de julio, que actuaba sobre las disparidades fiscales dentro de la UE, ya se mencionaban medidas contra estas asimetrías. El proyecto recién aprobado –aún debe pasar por el Parlamento Europeo antes de ser ratificado por el Consejo de la UE– se centra exclusivamente en las asimetrías híbridas en países no comunitarios.

El paquete de medidas contra estos mecanismos es básico en la lucha contra la evasión fiscal de las grandes compañías, pero peca de falta de ambición, destaca José María Mollinedo, secretario general del Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha). El proyecto de directiva deja fuera de su ámbito de aplicación, por ejemplo, a los bancos y las instituciones de inversión colectiva –Sicav, fondos de inversión–. También excluye los mecanismos que las compañías utilicen si se demuestra que su objetivo es absorber pérdidas y no eludir impuestos. “¿Quién y cómo se determina que el fin es absorber pérdidas y no evitar al fisco?”, se pregunta David Palomera.

Para Alberto Sagués, no es razonable que el proyecto de directiva eleve hasta el 50% la participación en el capital de una empresa necesaria para considerarla asociada a otra cuando se trate de una entidad híbrida. Si no lo es, basta con un 25% de participación para que se le apliquen las medidas de la directiva. Tampoco ve lógico que se excluya a los bancos. “Lo que harán las compañías será precisamente utilizar bancos para seguir eludiendo el pago de impuestos”, advierte. “Han apretado”, dice sobre los responsables europeos, “pero aún no han puesto barreras definitivas contra la elusión fiscal”. “No se atreven”, concluye.

Otro dato que señala en esa misma dirección es el plazo que se ha dado Bruselas para que las medidas se hagan realidad. Los Estados miembros tienen hasta el 31 de diciembre de 2019 para trasladarlas a sus respectivas legislaciones nacionales. Excepto uno de sus artículos, que tardará aún más: el 31 de diciembre de 2021. “Los negocios van mucho más rápido”, opone María Villanueva. “No tiene sentido”, coincide Albert Sagués, “para entonces las empresas ya le habrán sacado hasta la última gota a esos mecanismos”.

Reforma fiscal mundial, sanciones, informes públicos

El profesor de la Pompeu Fabra cree que sólo una reforma mundial de la fiscalidad podrá terminar con el problema. De otro modo, siempre quedarán agujeros por tapar. “En un mundo globalizado, las soluciones también tienen que ser globales”, propugna. Pese a que la nueva política de Donald Trump camina en sentido contrario, el de emplear las diferencias fiscales para hacer de EEUU un país atractivo donde radicarse. Sagués también defiende una fiscalidad única en la UE, aunque advierte de la dificultad de implantar un sistema que obligaría a los Estados a renunciar a legislar en materia fiscal.

Por su parte, José María Mollinedo recuerda que de las 15 recomendaciones de la OCDE sólo se ha puesto en marcha, y no completamente, una tercera parte. Los portavoces de Oxfam y ATTAC coinciden a la hora de pedir sanciones a las compañías que eludan el fisco gracias a la ingeniería fiscal, y de prohibirles participar en concursos públicos. También reclaman que se hagan públicos los informes sobre su actividad –ingresos, beneficios, impuestos, capital, plantilla– país por país, que la UE les obliga a presentar desde el pasado ejercicio. David Palomera, además, pretende que se recupere la tasa Tobin, sobre las transacciones financieras, a su juicio una herramienta útil contra la especulación.

Sagués no desprecia el diálogo con las malas de la película, las multinacionales, “escucharlas antes de legislar”, para garantizar ese “consenso mundial” que él considera necesario: “Tenemos una fiscalidad del siglo XIX y necesitamos una del siglo XXI”.

El valor de mercado de las sociedades de inversión de capital variable (sicav) superó a finales de noviembre los 38.000 millones de euros, lo que supone marcar un máximo histórico, según datos de Bolsas y Mercados Españoles.

A lo largo de 2015 se constituyeron 126 nuevas sicavs que, sumadas a las ya existentes, alcanzan el total de 3.357 sociedades admitidas, número que también marca récord.

Estas sociedades, que han celebrado en 2015 su mejor año desde que comenzó la crisis, se han mostrado muy activas en el uso del mercado para alcanzar su objetivo de inversión y financiación.

De hecho, durante el pasado ejercicio se realizaron 25 ampliaciones de capital por cerca de 1.100 millones de euros. Además, 25 sicavs pudieron pagar dividendo el año pasado.

Esta buena evolución ha permitido a estas sociedades gestionar 35.062 millones de euros de patrimonio, lo que supone un crecimiento del 11% en el ejercicio. A ello se une el aumento de accionistas, que ya alcanza los 465.940.

El resurgir de las sicavs tras la crisis se debe al interés de los grandes patrimonios de canalizar sus recursos a través de esta figura de inversión, así como a la aprobación de la amnistía fiscal, que ha permitido aflorar capitales con los que estas sociedades se han visto beneficiadas.

Otras de las razones que han permitido este impulso ha sido el anuncio del Gobierno de que estos instrumentos continuarán tributando al 1% en el Impuesto de Sociedades.

Según datos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) a cierre del primer semestre de 2014, la inversión en valores negociados en la Bolsa española ha sido un activo para las sicavs, ya que les ha permitido invertir el 30% de su patrimonio en el mercado de valores español, incluyendo en esta cifra tanto la inversión en deuda pública como en renta variable.

Una sicav o sociedad de inversión de capital variable es un instrumento utilizado principalmente por grandes fortunas principalmente de Luxemburgo, Suiza, Italia, España y Francia. Este tipo de sociedad, muy criticada por ser vista como una herramienta legal para evadir impuestos, les permite invertir parte de su dinero y diferir el pago de impuestos gracias a la creación de una sociedad anónima destinada únicamente a invertir en activos financieros.

Estas sicavs son bastante comunes en Europa no solo entre las familias más acaudaladas, sino también como instrumento para gestionar fondos de inversión, gracias a sus ventajas fiscales: en España se paga un 1% de impuestos por los rendimientos y plusvalías que generen, pero en Luxemburgo se tributa un residual 0,01%.

Bankia rectificó sólo en el 0,9% de los casos en que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) dio la razón a los inversores que presentaron una reclamación contra el banco. Es decir, únicamente aceptó que había actuado de forma incorrecta en nueve de las 965 reclamaciones sobre las que la CNMV emitió un informe final motivado favorable a un inversor. Más aún, Bankia sólo contestó a 27 de esos informes –un escaso 2,8%–. Y ello a pesar de que la entidad nacionalizada es la que más denuncias recibió en 2014: acaparó el 41% de las presentadas ante la CNMV ese año.

La mayoría se refirieron a la falta de información previa sobre los riesgos de las preferentes y la deuda subordinada, pero también la oferta pública de suscripción de acciones de Bankia, en junio de 2011, acumuló un buen número de reclamaciones, que la CNMV no precisa. Según su Memoria de Reclamaciones y Consultas de los Inversores correspondiente a 2014, el supervisor recibió un total de 2.393 denuncias, un 67,3% menos que el ejercicio anterior. Después de dos años en que el escándalo de las preferentes copó el Servicio de Reclamaciones de la CNMV con hasta 10.900 quejas en 2012, se ha aligerado su volumen de trabajo.

De las reclamaciones tramitadas, el supervisor dio la razón al inversor en el 72% de los casos. Lo que no significa necesariamente que éste consiguiera una reparación: en el 69% de los informes favorables al reclamante, las entidades financieras ni siquiera contestaronlas entidades financieras ni siquiera contestaron a la CNMV. Y sólo en el 7,3% aceptó la corrección hecha por el supervisor e incluso rectificó.

Bankia es la tercera entidad que menos caso hizo a la CNMV, pese a tratarse de la que más reclamaciones recibió –la siguiente, a considerable distancia, es Unicaja, con sólo 480 denuncias–. Barclays ni contestó a los informes del supervisor ni rectificó en ningún caso, aunque recibió 80 reclamaciones. Tampoco aceptó corregir sus prácticas en ni uno solo de las 168 casos tramitados por la CNMV otra de las entidades nacionalizadas, Catalunya Banc. Eso sí, contestó a 149 de ellos, el 88,7%. Unicaja apenas rectificó en cinco ocasiones de las 360 quejas que el supervisor aceptó. Banco Santander fue igualmente cicatero: asumió correcciones en sólo 13 de las 324 denuncias tramitadas.

Por el contrario, la entidad que más veces rectificó en 2014 fue Banco Sabadell, que aceptó el 78,5% de las 107 reclamaciones informadas a favor del cliente. Liberbank contestó a la CNMV en el 92% de los casos, pero sólo rectificó en seis ocasiones.

Falta de información previa sobre riesgos

Pese al tiempo transcurrido desde que estalló el escándalo, las preferentes y la deuda subordinada siguen acaparando la mayoría de las reclamaciones, el 68% de las resueltas con informe final motivado de la CNMV. En el 72,6% de los casos, el supervisor dio la razón al reclamante. Los inversores denuncian que no se les informó adecuadamente de los riesgos del producto financiero antes de contratarlo. Pero no sólo de las preferentes, también en el caso de productos convertibles, permutas financieras e instituciones de inversión colectiva (IIC) como fondos de inversión, sicav (Sociedades de Inversión Colectiva de Capital Variable) o socimi (Sociedades Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario).

También se quejan los clientes de la forma en que las entidades financieras evalúan si un producto financiero se adecua a su perfil. En muchos casos, las entidades sencillamente no acreditan haber obtenido información al respecto o, si lo han hecho, utilizan “cuestionarios que no están firmados por el cliente o que contienen preguntas cuyas respuestas no permitían concluir sobre la idoneidad del producto al perfil” del inversor, explica la CNMV. Ocurre igualmente que la entidad sólo pide información al inversor o le advierte sobre los riesgos del producto después de haberlo contratado.

Siguen vendiendo productos complejos a minoristas

Las múltiples denuncias por la mala praxis de los bancos con productos financieros complejos como las preferentes no parece haber modificado ciertas políticas. Así, las reclamaciones tramitadas sobre contratos financieros atípicos y compraventa de opciones se han multiplicado por cinco en un año. Aun tratándose de productos complejos, “fueron contratados por inversores minoristas sin que la entidad evaluara adecuadamente la adaptación de dicho producto a su perfil inversor”, apunta la CNMV. En otros casos, se comercializaron o contrataron como si fueran depósitos.

Además, las reclamaciones por el cobro de comisiones crecieron un 52,6% cobro de comisionesen 2014. De ellas, el 69% fueron resueltas a favor de los reclamantes. Según el órgano supervisor, aunque las comisiones son legales, no pueden tener “un carácter penalizador o disuasorio para el cliente”, sólo deben remunerar de forma proporcionada el servicio prestado.

Finalmente, la CNMV recibió en 2014 un total de 10 reclamaciones por el cambio de gestor en el fondo de inversión Bestinver Gestión SGIICBestinver Gestión SGIIC. En septiembre de ese año abandonó la citada entidad Francisco García Paramés. Un buen número de sus clientes pidió entonces el reembolso de sus participaciones o su traspaso a otra entidad. Bestinver les cobró una comisión. Cuatro meses después de la marcha de su gestor estrella, la firma había perdido hasta un 30% de sus activos. El pasado mes de agosto un real decreto estableció que el cambio de gestor “relevante” de una institución de inversión colectiva debe ser considerado “un cambio sustancial de la política” de la entidad, deberá ser publicado como hecho relevante y dará al cliente derecho a irse sin cobro de comisión u otro gasto.

El sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) ha asegurado que la propuesta que ha incluido el Partido Popular en su programa electoral no evitará los "hombres de paja" en todas las sicavs, aunque valora positivamente que se incluyan iniciativas de este tipo en los programas de los partidos y que se abra el debate sobre este tema.

Para formar una sicav se necesitan al menos 100 socios, un capital de 2,4 millones de euros y la autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). A pesar de ser 100 participantes, realmente sólo hay un dueño o varios, mientras que el resto sólo aparecen como personas interpuestas o "mariachis", como se les conoce en el mundo financiero, sin poder acceder a los fondos.

Para evitar esta figura de "mariachis" u "hombres de paja", el PP propone exigir a cada partícipe que tenga al menos el 0,55% del capital para que puedan computar como accionistas para llegar al mínimo obligatorio de 100.

El secretario general de Gestha, José María Mollinedo, ha explicado a Europa Press que esta propuesta impedirá que las grandes fortunas tengan sicav privadas, pues los 99 "mariachis" tendrán cada uno el 0,55% (13.200 euros), lo que suma el 54,45% del capital y deja a la gran fortuna con el 45,55%.

Sin embargo, esto no sucederá en las sicav por compartimentos, que cumplir los mismos requisitos que el modelo anterior, es decir, un capital mínimo de 2,4 millones de euros y el número total de accionistas no puede ser inferior a 100.

Como máximo, una sicav puede tener hasta 5 compartimentos, por lo que el capital mínimo a desembolsar es de 480.000 euros, con un mínimo de 20 socios por compartimento. Al aplicar el mínimo del 0,55% que propone el PP, los "mariachis" se quedarían sólo con el 10,45% del capital total y la mayor parte, el 89,55%, seguiría en manos de los grandes inversores.

Por eso Gestha cree que una medida así sólo sería "eficaz" si se pudiera aplicar de forma similar en las sicav que se dividen en compartimentos. Además, los técnicos ven otro inconveniente en la propuesta del PP, que dejaría fuera de las grandes sicav a muchos inversores.

En este sentido, Mollinedo ha explicado que la mayoría de los 36.386 inversores que a día de hoy son accionistas en sicav con más de 500 socios no podrán participar en las 24 mayores sicav –gestionadas principalmente por los bancos y con un patrimonio de más de 90 millones– porque les obligaría a invertir al menos 495.000 euros, una cantidad que no está al alcance de muchos ciudadanos.

Pese a los inconvenientes de la medida, Mollinedo ha celebrado que se incluyan propuestas de este tipo en los programas electorales de los partidos para las elecciones del 20 de diciembre, porque previsiblemente llevará a aumentar la tributación de las grandes fortunas en un futuro próximo. Sin embargo, para Gestha, la solución pasa por limitar la participación máxima y no la mínima en estos productos.

El cliché sobre las oportunidades que encierra cada crisis se ha convertido para algunos en una verdad incontestable. Por ejemplo, para el mercado de las sicav. Las Sociedades de Inversión de Capital Variable son instrumentos de inversión colectiva que precisan un mínimo de 100 socios y un capital también mínimo de 2,4 millones. Su característica más sobresaliente, su mayor atractivo, lo constituye el régimen fiscal: tributan sólo al 1% por los beneficios obtenidos. De ahí que se haya convertido en uno de los vehículos favoritos de las grandes fortunas, que pueden diferir el pago de sus impuestos. Los accionistas pagan a Hacienda por los dividendos que se reparten o cuando venden sus acciones al tipo establecido para las rentas de capital: el 19,5% los primeros 6.000 euros anuales, el 21,5% hasta los 50.000 y el 23,5% a partir de esa cantidad.

Pues bien, ajenas a la depresión económica general, las sicav llevan desde 2012 en pleno auge. Se han disparado el número de sociedades, la cifra de socios y, sobre todo, el volumen de su patrimonio, que ha crecido un 48% desde entonces. Al terminar ese año, el patrimonio de las sicav radicadas en España ascendía a 23.681 millones de euros. A 31 de octubre de este año se eleva a 35.029 millones, 11.347 millones de euros más.

Para hacerse una idea de la cantidad, basta con recordar que supera los 32.744 millones en que el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, cifró la deuda de Grecia con España, con la que, dijo, se podrían haber subido “las prestaciones por desempleo un 50% o las pensiones un 38%”. Para pagar las prestaciones del paro, el Presupuesto del Estado reserva una partida de 19.821 millones de euros en 2016.

También a 31 de octubre de este año, según los datos de la patronal financiera Inverco, en España están registradas 3.393 sicav. Desde 2012 se han constituido 426. Y el número de sus socios ha crecido un 2% hasta situarse en 491.446. En resumen, disfrutan de sus máximos históricos.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que tiene encargado el control de las sicav, publica los beneficios de estas sociedades. En 2014 ganaron 1.656 millones de euros, un 24,3% más que en 2012, pero un 30,8% menos que en 2013, cuando alcanzaron unos beneficios récord de 2.396 millones de euros. Su mayor atractivo, ese 1% de tributación, es también el motivo por el que las sicav suelen estar en el centro de la polémica. El ejercicio pasado, las 3.226 sicav registradas sólo pagaron al fisco 15,1 millones de euros.

Huida de las bajas rentabilidades

Del momento dulce de estos instrumentos de inversión tienen la culpa los tipos de interés, a cero desde 2008. Con los depósitos bancarios casi sin remuneración y la rentabilidad de la renta fija en mínimos históricos, el dinero ha virado hacia las sicav con entusiasmo a la búsqueda de mayores rendimientos. Algunas pueden superar el 18% o el 20% de rentabilidad. La media del Íbex 35 no llega al 5%.

Las mayores sicav por su patrimonio son las dos propiedad de la familia March: Torrenova Inversiones, con 1.257 millones de euros, y Cartera Bellver, con 517 millones. También son dos de las tres sicav con mayor número de partícipes: 5.445 la primera y 2.979 la segunda. Pero la que reúne a un mayor número de socios es Brunara, gestionada por el BBVA: 7.539. Por su patrimonio les siguen las sicav de Alicia Koplowitz, Sandra Ortega –hija del fundador de Inditex–, Jorge Gallardo Ballart –propietario de la farmacéutica Almirall–, las dos de la familia Del Pino –dueños de Ferrovial–, la familia Botín…

Si el ránking se elabora a partir de los bancos que las gestionan, el número uno es el Santander, con un total de 511 sicav y un patrimonio conjunto de 5.062 millones de euros. Después, el BBVA suma 3.678 millones de euros en 366 sicav. Banca March gestiona 3.250 millones de euros repartidos en 149 sociedades. Bankinter y Banco Sabadell completan el sexteto.

Los partidos piden control sobre los socios de paja

La baja tributación de las sicav es tema recurrente cada vez que se habla de reforma fiscal. Y la campaña electoral ha vuelto a poner a estas sociedades en boca de los líderes políticos. Podemos aboga directamente por eliminarlas, puesto que su único objetivo, dice Pablo Iglesias, es que “los ricos no paguen impuestos”.

Los demás partidos no llegan tan lejos. Eso sí, todos piden mayor control. Ciudadanos propone devolver la vigilancia fiscal de las sicav a la Agencia Tributaria. Desde 2005 es la CNMV la que supervisa. También pretende que las sicav sean auténticas instituciones de inversión colectiva y no como ahora, que en realidad ocultan “vehículos de inversión privada para grandes fortunas”, explica el partido de Alberto Rivera en sus propuestas fiscales. Se trata de uno de los aspectos más criticados de las sicav. De esos 100 socios mínimos necesarios para constituir una, sólo unos cuantos son partícipes reales, miembros de una familia, por ejemplo. El resto son personas de paja, conocidos como “mariachis”, que hacen de relleno para poder crear la sicav.

También la Asociación de Inspectores de Hacienda cree que el control de las sicav debe centrarse en los socios de paja más que en el aumento de la tributación. Según el sindicato de técnicos de Hacienda, Gestha, el 80% de estas sociedades cuentan con socios de relleno. Gestha aboga, además, por limitar al 4% el capital que cada inversor puede poseer en la sicav.

En ese punto casi coinciden con la propuesta electoral de Izquierda Unida, que pide restringir al 5% la participación de cada socio. El partido de Alberto Garzón sí que reclama subir la tributación de las sicav: del 1% actual al 5%.

En la misma línea se ha expresado el PSOE. La Agencia Tributaria debe recuperar el control de las sicav, asegura, y debe fijarse un porcentaje máximo de participación para cada socio, aunque no lo precisa. Además, los socialistas consideran necesario establecer “un periodo de permanencia máximo de las plusvalías acumuladas sin que tributen”.

¿Fuga?

Frente a esta batería de propuestas, la patronal financiera Inverco advierte de que modificar el régimen de las sicav supondrá su fuga hacia países como Luxemburgo o Irlanda, con tributaciones mínimas. Según sus cálculos, 17.000 millones de euros desaparecerían de España. Quienes se oponen a tocar estos vehículos privilegiados de inversión ponen también como ejemplo lo sucedido en el País Vasco. En 2009 el Gobierno del PNV, apoyado por el PSE, equiparó la tributación de las sicav con la de cualquier otra sociedad. Entonces la CNMV tenía registradas 90 sicav en el País Vasco. Hoy no queda ninguna. Se trasladaron enseguida a Madrid y Barcelona.

Habrá que esperar a ver lo que ocurre ahora en Navarra. El nuevo Gobierno foral, integrado por Geroa Bai, EH Bildu e Izquierda Ezkerra, y apoyado por Podemos, ha imitado la medida vasca, que debe aún ratificar el Parlamento. En Navarra, la CNMV tiene registradas ocho sicav. Tanto el País Vasco como la Comunidad Foral disfrutan de regímenes fiscales propios, establecidos en sus respectivos Conciertos Económicos, que le permiten adoptar este tipo de decisiones.

La Justicia europea acaba de asestar un mazazo al Parlamento de Estrasburgo por su negativa a facilitar la lista oficial de aquellos eurodiputados que, como reveló infoLibre en 2014, se benefician desde hace años de un fondo privado de pensiones sustentado con dinero público y que gestiona sus inversiones a través de una sicav de Luxemburgo, el país más opaco de la Unión.

El mazazo ha llegado en forma de sentencia, la dictada el pasado 15 de julio por la Corte Europea de Justicia y que anula una decisión desconocida hasta la fecha: aquella por la que la Cámara de Estrasburgo denegó en 2012 a un periodista holandés el acceso a los documentos relacionados con la identidad de quienes se integran en ese fondo de pensiones. En contra de lo que ha venido sosteniendo el Parlamento, la sentencia concluye que ese dato -el de quienes participan en el fondo- no pertenece a la esfera privada de los diputados sino a la pública.

La sentencia anula la decisión de la Cámara “en la medida en que se deniega el acceso a los nombres de los diputados afiliados al régimen de pensión complementaria del Parlamento que, como diputados del Pleno del Parlamento, participaron efectivamente en las votaciones sobre dicho régimen de pensión complementaria”. La resolución se refiere a votaciones celebradas en tres años: 2007, 2008 y 2012.

En su demanda contra el Parlamento, el periodista, Gert-Jan Dennekamp, obtuvo el respaldo de dos países –Suecia y Finlandia- así como del Supervisor Europeo de Protección de Datos (SEPD). Ahora, el Parlamento tiene la opción de recurrir la sentencia, que además de infligirle un golpe moral por adoptar una medida contraria a la transparencia le obliga a pagar tres cuartas partes de las costas que el proceso acarreó para Dennekamp.

Pero incluso si el Parlamento recurre, algo que debe decidir en el plazo de dos meses, la sentencia de la Corte Europea debe cumplirse, aclaran fuentes de la Cámara. Pero eso -matizan los mismos portavoces- no significa que la lista de miembros actuales y pasados del fondo vaya a publicarse en la web de Estrasburgo: “Puede ocurrir que el Parlamento decida facilitar los datos solo al periodista que los solicitó”.

Cuando Dennekamp pidió ejercer su derecho a conocer y transmitir al público el listado de miembros del fondo de Luxemburgo obtuvo del Parlamento la misma respuesta que dos años después logró infoLibre: la adscripción de cualquier diputado a ese régimen voluntario de pensiones propietario de la sicav de Luxemburgo pertenece a su “esfera privada”.

Ahora, el Tribunal de Justicia Europeo ha sentenciado lo contrario: "La existencia del mandato de diputado del Parlamento -argumenta la Corte- constituye la condición primera y necesaria para beneficiarse de la jubilación complementaria que establece el régimen. Por esta razón principal, los datos personales de que se trata pertenecen a la esfera pública de los diputados".

La resolución judicial pone el dedo en una de las llagas sustanciales del asunto: el riesgo de conflicto de intereses en que se incurrieron aquellos parlamentarios que, perteneciendo al fondo, participaron en votaciones donde estaba en juego el papel del Parlamento en la financiación de ese mismo fondo.

“En el presente caso –dice la sentencia-, el conflicto de intereses potencial reside en el hecho de que los diputados, mediante su voto, pueden modificar el régimen [del fondo de pensiones de Luxemburgo] o expresar su posición sobre este de modo que favorezca a sus intereses”.

Y –añade la sentencia- “para poder sacar a la luz los conflictos de intereses potenciales de los diputados cuando se pronuncian sobre el régimen, es necesario conocer los nombres de aquellos que están afiliados a él”.

Casi 100 millones públicos en diez años

Solo entre 2000 y 2009, fecha en que la Cámara de Estrasburgo instauró un régimen común de jubilación y dejó de financiar el fondo de Luxemburgo, este recibió 95 millones de euros de origen público. Sus estatutos garantizan a sus miembros una pensión vitalicia con solo dos años de cotización. El fondo había sido creado en 1990. Y sus inversiones pasaron a estar gestionadas por una sicav de su propiedad -la de Luxemburgo- a partir de 1994. 

El sistema de cotización en sí presentaba ventajas sin precedente conocido: por cada euro que aportaba el eurodiputado –euro que al menos hasta 2006 procedía de sus dietas parlamentarias-, el Parlamento desembolsaba dos. Traducido, eso significaba 2.236 euros al mes por diputado.

A todo lo anterior, se suma un privilegio más: en caso de déficit, el Parlamento asumiría el fiasco. A finales de 2007, ese déficit se elevaba a 30,92 millones.

Ya en 2009, y tras una investigación periodística del semanario alemán Stern que no trascendió en España, el laboratorio de ideas Open Europe, con sede en Londres y Bruselas, difundió una lista de eurodiputados que participaban de ese fondo.

En 2014, y a través del Registro Mercantil de Luxemburgo, infoLibre accedió a nuevas listas actualizadas y publicó su contenido. Pero ninguna de ellas es exhaustiva, como recordó este jueves el propio Dennekamp en una conversación con este diario a través de Twitter.

El periodista narró cómo, cuando reclamó los datos, la Cámara de Estrasburgo ya argumentó ante él de que podíaz obtenerlos a través del Registro Mercantil de Luxemburgo. “Pero esas listas no son completas”, remarca Dennekamp.

La constatación de que en el fondo participaban parlamentarios españoles de todos los partidos provocó un agrio debate y condujo a una dimisión: la de Willy Meyer, dirigente histórico de Izquierda Unida, formación que abomina de las sicav en general y de la opacidad bancaria de Luxemburgo en particular.

Otros diputados, como la socialista Elena Valenciano, anunciaron que se daban de baja del fondo. Y otros, como todos los del PP que se benefician del fondo –entre ellos, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro– pero también como el socialista Enrique Barón, expresidente del Europarlamento, defendieron su posición y se aferraron a que la sicav es "legal".

Los dueños de la histórica editorial Everest han decidido disolver y liquidar la Sociedad de Inversión de Capital Variable (sicav) que crearon en 1999 y que llegó a tener un patrimonio de 3,6 millones de euros. Lo hicieron el pasado martes, el mismo día en que comunicaron a la plantilla que el juez ha declarado el concurso voluntario de acreedores de la empresa. Everest adeuda siete nóminas a sus 320 trabajadores, en huelga desde hace más de dos meses. La empresa había solicitado una ayuda de 3,2 millones de euros a la Junta de Castilla y León, que ésta le ha negado.

La junta de accionistas de Santa Clara Sicav se reunió el martes en Madrid para aprobar la disolución y liquidación de la sociedad, gestionada por el banco andorrano Andbank y depositada en el Banco Inversis. Ese proceso le costará a la sicav unos 12.000 euros, además del pago del 1% de su patrimonio a Hacienda en concepto del Impuesto de Operaciones Societarias.

Las sicav son una fórmula de inversión colectiva que se ha convertido en el mecanismo preferido de las grandes fortunas para pagar menos impuestos. Para constituir una de estas sociedades hacen falta 100 socios y un capital mínimo de 2,4 millones de euros. Por el impuesto de sociedades pagan sólo un 1%. El fundador de Everest, Luis José Antonio López, Martínez, y sus hijas crearon Santa Clara Sicav en marzo de 1999. La preside el padre, y sus hijas Irene y Raquel López Varela, que ocupan dos cargos directivos en Everest, son consejeras. Cuenta con un total de 130 socios. Su rentabilidad al final del primer trimestre de 2015, último periodo del que consta informe en la CNMV, es del 4,29%, por encima de la media del resto de las sicav de Inversis, la entidad donde está depositada Santa Clara.

El pasado martes Editorial Everest también comunicó a sus trabajadores que el Juzgado de Primera Instancia número 8 y Mercantil de León ha declarado el concurso de acreedores ordinario solicitado por la empresa, en difícil situación económica desde 2012. La declaración se refiere tanto a la editorial como a Everest de Ediciones y Distribución.

La nota reproduce el fundamento de derecho tercero del auto judicial, donde se reconoce la “insolvencia inminente”, tanto de la editorial como de su distribuidora, porque no pueden hacer frente a sus obligaciones. La primera declara unas pérdidas en 2014 de 4,66 millones de euros, originadas por la “drástica reducción de la cifra de negocio” de la empresa y por la “grave crisis del sector editorial en España”. Según reproduce el auto, el informe de gestión presentado por Everest hace responsable a la “huelga indefinida activada por la plantilla” de las “dificultades añadidas” que atraviesa la empresa al impedirle “llegar en plazo a la campaña de enseñanza”.

Everest de Ediciones y Distribución declara unos números rojos de 3,23 millones de euros, derivados a su vez de los problemas de la editorial, que ha tenido que hacerse cargo de las deudas con Hacienda de la distribuidora.

La empresa se compromete en su comunicado a buscar “soluciones”, junto al administrador concursal, para garantizar su “continuidad en el mercado” “reanudando lo antes posible la actividad editorial y comercial de ambas empresas a fin de conservar en un futuro próximo el mayor número posible de puestos de trabajo”.

Otro ERE en ciernes

Los trabajadores, sin embargo, desconfían de las intenciones de los hermanos López Varela, que ahora gestionan la editorial tras el retiro de su padre y fundador en junio de 2014. Y creen que sólo es cuestión de tiempo que presenten un Expediente de Regulación de Empleo (ERE), al igual que ya han hecho en Evergráficas, los talleres del grupo. El pasado 27 de marzo se declaró en concurso de acreedores y el despido colectivo afecta a toda la plantilla de la imprenta, 79 trabajadores. En otoño de 2013 ya despidió a 65 personas en la editorial. Desde mayo de 2012 se han sucedido en la matriz tres ERE de suspensión y reducción de jornada.

Otro motivo de desconfianza es el hecho de que el concurso de acreedores no incluya a otras tres empresas del grupo: Everhouse, que se dedica a la compraventa y alquiler de inmuebles, Everest de Comunicación y Everest Galicia. En las tres figuran los López Varela además de como propietarios como empleados, aseguran fuentes del comité de empresa.

La intención de los representantes sindicales de Everest es conseguir un concurso único para todo el grupo, al tiempo que están consultando con expertos las posibilidades de constituir una cooperativa de trabajadores para hacerse cargo de la editorial. Las mismas fuentes explican que grupos editoriales y fondos de inversión se han interesado por Everest y visitado su sede en León.

La editorial leonesa llegó a ser una de las 10 primeras editoriales de España, especializada en literatura infantil y juvenil, además de en libros de texto, aunque su auge comenzó con los diccionarios. Tiene unas 4.000 referencias en su fondo editorial

En concreto, el número de sociedades de inversión ha aumentado en 193, al pasar de 3.035 entidades en 2013 a 3.228 en 2014. El número de partícipes también creció a cierre de 2014, hasta los 450.211, lo que supone un incremento del 8,94% respecto al mismo periodo del año anterior.

Por otro lado, el patrimonio del total de los fondos de inversión se elevó hasta los 198.718 millones de euros, un 26,83% más que los 156.680 millones registrados en 2013.

Pese al aumento de patrimonio, el número de fondos de inversión cayó desde los 2.043 registrados en 2013 a los 1.949 de 2014, lo que supone un 4,6% menos. Mientras, el número de partícipes se elevó un 26,9%, hasta los 6,4 millones.

Siete nóminas adeuda la histórica editorial Everest a sus 320 trabajadores, que ya van por su tercera semana de huelga. La empresa, fundada hace 57 años en León, se encuentra en situación crítica desde 2012. Sus responsables han solicitado a la Junta de Castilla y León una de las ayudas de la UE para salvamento y reestructuración de empresas en crisis por importe de 3,2 millones de euros. A cambio, el Gobierno autonómico exige a Everest “garantías personales” que no ha aportado, según repite una y otra vez la Consejería de Economía. El fundador de la empresa y dos de sus hijas poseen una sicav (sociedad de inversión de capital variable), Santa Clara, gestionada por el banco andorrano Andbank y depositada en el Banco Inversis, que cuenta con un patrimonio de 3,6 millones de euros, según consta en el registro de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La Junta de Castilla y León, por boca de su consejero de Economía, Tomás Villanueva, y su viceconsejera, Begoña Hernández, han manifestado su “voluntad inequívoca” de ayudar a Everest a salir del atolladero. Pero insisten en que, para desembolsar dinero público, necesitan un “compromiso” de los dueños de la editorial, fundada por Luis José Antonio López Martínez y gestionada por sus hijos desde que él dejó la dirección general el 22 de junio de 2014.

También les exigen un plan de viabilidad que asegure el futuro de la empresa. Y la identidad del inversor o inversores que, según la editorial, han mostrado interés en adquirir la empresa. Everest, sin embargo, se niega a dar los nombres de los hasta tres posibles compradores con los que dice estar negociando. infoLibre ha intentado reiteradamente recabar la posición de la editorial sobre todos estos asuntos, sin éxito.

Los libros como garantía

No obstante, el pasado día 12 la empresa aseguró en un comunicado que había aportado garantías para el préstamo por importe superior a los 50 millones de euros: “maquinaria, existencias y activos”, el patrimonio total de la empresa “libre de cargas”. El presidente del comité de empresa, Enrique Reguero, asegura que Everest pretende presentar como garantía sus existencias de libros, así como dos naves que posee en Portugal y las máquinas de impresión. Sin embargo, explica Reguero, la Junta ha considerado “insuficiente” su valor. “Les piden garantías líquidas”, apunta. “Garantías reales”, llegó a solicitar la Consejería de Economía.

Mientras, la actividad en la editorial leonesa es casi nula, paralizada por la huelga indefinida. El último Expediente de Regulación de Empleo (ERE) temporal, que afecta a 120 trabajadores, concluye el próximo día 31. Enrique Reguero teme que Everest solicite en breve el concurso de acreedores. En otoño de 2013 despidió a 65 personas. Desde mayo de 2012 se han sucedido tres ERE de suspensión y reducción de jornada.

La empresa pierde entre uno y dos millones de euros al año, según el presidente del comité. Aunque llegó a superar los 30 millones de euros de facturación, la crisis la ha encogido hasta los 20 millones. Y no sólo debe siete nóminas a la plantilla –cuatro salarios y tres extras–, que ya ha presentado las correspondientes demandas por impago en el juzgado. También los proveedores han empezado a reclamar sus deudas en los tribunales.

Una rentabilidad del 4,29% para Santa Clara Sicav

Las sicav son una fórmula de inversión colectiva que se ha convertido en el mecanismo preferido de las grandes fortunas para pagar menos impuestospara pagar menos impuestos. Para constituir una sicav hacen falta 100 socios y un capital mínimo de 2,4 millones de euros. Por el impuesto de sociedades pagan sólo un 1%. López Martínez y sus hijas crearon Santa Clara Sicav en marzo de 1999. La preside el fundador, y sus hijas Irene y Raquel López Varela, que ocupan dos cargos directivos en Everest, son consejeras. Cuenta con un total de 130 socios. Su rentabilidad al final del tercer trimestre de 2014, último periodo del que consta informe en la CNMV, es del 4,29%, por encima de la media del resto de las sicav de Inversis, la entidad donde está depositada Santa Clara.

No es la única sicav del fundador de Everest. Desde junio de 2007 hasta septiembre de 2012, Luis José Antonio López Martínez figuró como consejero de Inoinversora, que actualmente posee un patrimonio de 5,8 millones de euros. En ella figuran o han figurado también como socios Pedro Mir Vinent, heredero de la empresa menorquina El Caserío, que terminó en manos de la familia Ruiz Mateos; María Ángeles de la Cruz Aristrain, heredera del fundador de Aceralia y una de las principales fortunas de España y Europa; y Miguel Ángel Fernández Villamandos, expresidente de Trasmediterránea y exconsejero de Vueling, entre otros.

Una de las principales editoriales que sucumbió a la crisis

Everest llegó a ser una de las 10 primeras editoriales de España, especializada en literatura infantil y juvenil, además de en libros de texto, aunque su auge comenzó con los diccionarios. Tiene unas 4.000 referencias en su fondo editorial. Un contrato con Disney le permitió publicar en exclusiva desde 1993 y hasta hace cinco años los productos educativos de la factoría. Publica las biografías deportivas de los futbolistas del Real Madrid. Fue la descubridora de un superventas como Blue Jeans, seudónimo de Francisco de Paula Fernández, el autor de toda dos trilogías para adolescentes. Planeta se lo arrebató en 2012. Sus libros fueron llevados al cine (El club de los incomprendidos) dos años después.

Toda una historia de éxitos que, sin embargo, ha sido incapaz de superar la recesión económica. La de Everest podría ser otro ejemplo más de empresa que no sobrevive al recambio generacional, o de editorial arrasada por la crisis. Enrique Reguero cree que, cuando estalló, el fundador “no tomó las decisiones que tenía que tomar”. Ahora las riendas las lleva su hijo Miguel, que se encuentra en la tesitura de vender la empresa familiar. En cualquier caso, el presidente del comité carga tanto contra los gestores de la editorial como contra el Gobierno de Valladolid, que “ha ayudado antes a otras empresas sin pedir garantías”. Y cita las cantidades concedidas a Campofrío, cuya nave de Burgos se quemó el pasado mes de noviembre.

Un portavoz de la Junta de Castilla y León asegura que la Consejería de Empleo se encuentra “a la espera de que Everest presente la documentación” necesaria, así como “el resultado de las operaciones de refinanciación que están llevando a cabo con entidades financieras y acreedores comerciales”. También les piden un “acuerdo” que garantice una solución para los trabajadores. Éstos, organizados en piquetes ante las puertas de la editorial desde el pasado día 9, dicen hallarse “en alerta máxima” ante la inminencia del concurso de acreedores o, incluso, el cierre.

El diccionario a veces parecía quedarse corto, y hubo meses en los que no había semanas ni días sin que aflorase alguna noticia sobre corrupción. Algún nuevo escándalo que golpease las conciencias de unos ciudadanos que empezaron a acusar como nunca el hastío contra una clase política (o parte de ella) dedicada al pillaje de las arcas públicas durante años. Y, en algunas ocasiones, hasta hace bien poco. 

Nóos, Púnica, Pujol, Bárcenas, Bankia, tarjetas black, ERE, BrugalNóosPúnicaPujolBárcenastarjetas blackEREBrugal... Por no hablar de delitos: blanqueo, prevaricación, malversación, defraudación, cohecho, tráfico de influencias, falsedad documental... La lista podría seguir. Casos destapados por jueces y fiscales, a veces por la prensa, que llevan tiempo de andadura. Años incluso. Muchos están llegando al fin de la instrucción, después de impugnaciones, trabas y limitaciones de una Justicia nada sobrada de recursos y medios técnicos y humanos. Nombres propios que han hecho que la ciudadanía viva cada escándalo con alarma. Ahí está el barómetro de noviembre del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS): a un 63,8% de los españoles les inquieta la corrupción. La segunda preocupación tras el paro. Jamás antes, en la reciente historia democrática, se había alcanzado una cota tan alta. Ni siquiera en los peores años 90, en el epílogo de los Gobiernos de Felipe González.

La corrupción ha ido engordando en todas las esquinas del poder: desde la Casa del Rey, hasta en los Gobiernos de comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos, y también en entidades financieras que luego han tenido que ser rescatadas con millonarias sumas de dinero público. Escándalos a veces obscenos, como las tarjetas black, que ejemplificaron como ningún otro el tren de despilfarro y lujo en una caja que se hundía irremediablemente por la mala gestión. 

La imagen de la prisión

En 2014 ingresaron en la cárcel el expresidente balear Jaume Matas, el exsenador y exconsejero madrileño Francisco Granados, el expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra, el exalcalde de Parla José María Fraile, la tonadillera Isabel Pantoja... Por poner unos nombres. Y siguen entre rejas el extesorero del PP Luis Bárcenas y el expresidente de la patronal Gerardo Díaz Ferrán. Tuvieron que dimitir la ministra Ana Mato y la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, y la infanta Cristina recibe presión desde distintos frentes para que renuncie a sus derechos dinásticos ahora que está procesada. Un joven, el pequeño Nicolás, está dejando al descubierto las flaquezas de seguridad de altas instituciones del Estado y abriendo una guerra dentro del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Está por ver en qué se traduce el alto índice de hartazgo ciudadano. Hasta ahora, apenas se castigaba la corrupción en las urnas. Pero 2015 es año electoral: autonómicas y municipales en mayo y generales en el otoño. No hay previsiones claras, más allá del desgaste abrumador del PP, la tímida recuperación del PSOE y el empuje de Podemos, que ha logrado captar buena parte de esa indignación y malestar. 

01. 'nóos' ENVÍA A LA INFANTA AL BANQUILLO

La hermana del rey se sentará en el banquillo de los acusados. Fue el broche del caso Nóos, una investigación que se ha prolongado cuatro años y cinco meses, después de que el juez José Castro abriera una pieza separada en la macrocausa del Palma Arena. Y la infanta Cristina, después de múltiples recursos, de idas y venidas del juzgado a la Audiencia Provincial, y de la ayuda prestada por el aparato del Estado a través de la Fiscalía, no se pudo zafar. Ella deberá responder ante un tribunal de Palma acusada de dos delitos fiscales en 2007 y 2008 en cooperación con su marido, Iñaki Urdangarin, porque el instructor cree que hay indicios de que formó parte del entramado corrupto en torno al Instituto Nóos. El auto consideró así que la infanta fue figura indispensable para que su esposo pudiese defraudar hasta un total de 337.138 euros en las cuotas del IRPF de esos años. 

El juez tiene ahora el apoyo de la Audiencia Provincial, y no como ocurrió en mayo de 2013. Entonces, la sala se opuso a esa primera imputación por tráfico de influencias, pero le abrió una vía de investigación: que indagase si pudo incurrir en delitos fiscales y blanqueo desde Aizoon, la empresa de la que es propietaria al 50% con su esposo. Aquella alternativa fue la que exploró Castro y por la que la duquesa de Palma tuvo que declarar ante él en febrero de este año, durante más de cinco horas de interrogatorio. En la comparecencia judicial, la hija menor de Juan Carlos I se refugió en la ignorancia o en la desmemoria para intentar hacer ver que nada sabía de los amaños de su esposo: usó 533 evasivas al responder a 400 preguntas. Ese escudo no le valió de nada: Castro la acabó imputando por delito fiscal y blanqueo en un auto hecho público unos días después de la abdicación del rey en su hijo, Felipe VI. Hay "sobrados indicios de que colaboró activamente" con Urdangarin, sostuvo. El paso del juez no fue secundado por el fiscal del caso, Pedro Horrach. La inculpación de Cristina abrió una brecha entre ambos que siguió hasta el final de la instrucción. 

No a la doctrina Botín

Pese a la impugnación de la Fiscalía y la defensa, la Audiencia resolvió en noviembre a favor del juez, confirmando la imputación de la infanta por doble delito fiscal pero levantándole la acusación por blanqueo. El magistrado tenía la última palabra: procesarla o no. Seguir o no la doctrina Botín. Es decir, sobreseer la causa para Cristina de Borbón al ser acusada únicamente por el autodenominado sindicato Manos Limpias, que ejerce la acción popular, ya que la Fiscalía y la Abogacía de la duquesa, al igual que sus letrados, pedían el archivo. 

Castro dijo no. Argumentó que el caso es distinto al que libró al banquero Emilio Botín porque la acusación pública y la representación de la Agencia Tributaria sí acusan a Urdangarin de delitos fiscales. Y recordó que considerar que sólo Hacienda es perjudicada por delito fiscal "sería tanto como decir que ante un fraude del que fuera víctima una comunidad de propietarios el perjudicado sería su administrador y no aquellos". Es decir, que ocultar dinero al fisco atenta contra todos los ciudadanos, como la Agencia Tributaria –recordó– puso de manifiesto en sus lemas como "Hacienda somos todos". La defensa de la infanta, ejercida por el expolítico Miquel Roca, anunció recurso contra la resolución, aunque el instructor señalaba en la misma que era firme. 

Con el auto de apertura de juicio oral [mira aquí el PDF], Castro concluía una larga investigación, mandaba al banquillo a 17 inculpados y fijaba fianzas por responsabilidades pecuniarias por valor de 61,35 millones de euros, reclamación que debía ser satisfecha en 20 días y que en el caso de la infanta ascendía a 2,7 millones. Entre los procesados, Urdangarin, acusado por las seis acusaciones, que piden entre 19,5 a 26,5 años de cárcel para él. Para su esposa, Manos Limpias reclama hasta ocho años de prisión. 

No hay renuncia a los derechos

La imputación de los duques de Palma y la instrucción del caso Nóos –un "martirio" para la Zarzuela, según lo definió el anterior jefe de la Casa, Rafael Spottorno– persiguió a Juan Carlos en los últimos años, casi tanto o más como su debilidad física y los escándalos como la cacería de lujo en Botsuana. Hasta que abdicó por sorpresa, el pasado 2 de junio. Sin citar en ningún caso a su hija ni reconocer que aquello influyó en su decisión. Con la sucesión al trono, Cristina y su marido salían de la familia real, el cogollo principal que comparten ya sólo Felipe VI y Letizia, sus hijas, Leonor y Sofía, y los anteriores reyes, Juan Carlos y Sofía. Se levantaba así un potente cortafuegos con la esperanza de que la evolución de Nóos dañase menos a la institución. 

La infanta Cristina, a su llegada a los juzgados de Palma, seguida de su abogado, Miquel Roca, el pasado 8 de febrero de 2014 | EFE

Tras el relevo, el nuevo monarca mantuvo la misma actitud con cada nueva noticia que implicaba a su hermana: "Respeto absoluto a la independencia del Poder Judicial". Respecto a la renuncia de los derechos dinásticos –Cristina es la sexta en la línea de sucesión al trono–, la Casa del Rey indicaba que era una decisión personal de la duquesa de Palma. Pero la presión sobre ella crece. Hasta el PP reconoció que debería "reflexionar" sobre la pertinencia de protagonizar ese gesto ahora que se abre juicio oral. Y el PSOE le pide al nuevo jefe del Estado que "impulse" esa renuncia.

Felipe VI no citó a su hermana en su primer mensaje de Navidad dirigido a los españoles. Ni una palabra. Sí defendió "cortar de raíz y sin contemplaciones" la corrupción, demostrar a los ciudadanos que no existen "tratos de favor" por desempeñar un cargo o responsabilidad pública. 

Nóos no ha acabado ni para la Justicia ni para la Casa Real. Tras la presentación de los escritos de defensa, Castro dará traslado de toda la pieza, la número 25 del caso Palma Arena, a la Audiencia de Palma, que la asignará a uno de los magistrados que entran en turno de reparto del órgano judicial provincial. Al que corresponda juzgar la causa elegirá a los dos jueces con los que conformará el tribunal y fijará la fecha de celebración del juicio, previsiblemente a finales de 2015 o comienzos de 2016. Dada la complejidad de la causa, podría prolongarse meses. 

02. LA 'PÚNICA': CORRUPCIÓN INCLUSO CON CRISIS

Parecía que la corrupción que ahora está en los juzgados era cosa del pasado. Falso. Si algo demostró la Púnica es que la corrupción seguía agarrada a las faldas del poder hasta, se podría decir, hace dos días. El pasado 27 de octubre, en una operación ordenada por el juez Eloy Velasco, de la Audiencia Nacional, y ejecutada por la Guardia Civil, 35 personas fueron detenidas por su supuesta pertenencia a una supuesta red político-empresarial que en los últimos dos años se adjudicó contratos de varios ayuntamientos y comunidades autónomcas por importe de 250 millones de euros. 

La trama operaba sobre todo en Madrid, pero también extendía sus tentáculos por León, Valencia y Murcia. Entre los arrestados, el que fuera número dos de la expresidenta Esperanza Aguirre en el PP de Madrid y consejero regional, Francisco Granados. Él, el principal implicado, fue el que dio nombre a la operación, porque el árbol del granado recibe en latín el nombre de Punica granatum. Granados era amigo, a su vez, del empresario David Marjaliza, uno de los presuntos conseguidores de la red. Ambos están en prisión incondicional. También fue detenido el presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez –el sustituto de Isabel Carrasco, asesinada en mayo, en plena campaña de las europeas–, también del PP, que salió de la cárcel el pasado 11 de diciembre tras depositar una fianza de 30.000 euros. Como apresados fueron los regidores de Parla, José María Fraile (PSOE); Valdemoro, José Carlos Boza; Collado Villalba, Agustín Juárez (PP); Torrejón de Velasco, Gonzalo Cubas (PP); Casarrubuelos, David Rodríguez, y Serranillos del Valle, Antonio Sánchez (Unión Demócrata Madrileña-UDMA). 

A raíz de la cuenta suiza de Granados y Marjaliza

La investigación contra esta trama arrancó en diciembre de 2013, cuando las autoridades helvéticas informaron a España del descubrimiento de una cuenta en Suiza a nombre de Granados y del empresario David Marjaliza. La Fiscalía Anticorrupción abrió una investigación y las autoridades suizas ordenaron entonces el bloqueo de la cuenta. En julio, el fiscal presentó una querella contra ambos que recayó en el juez Velasco. Tirando del hilo, se logró destapar una trama organizada que usaba influencias políticas para infiltrarse en la administración pública en todos los niveles y obtener irregularmente adjudicaciones de contratos y servicios. La trama orbitaba en torno a los empresarios Marjaliza y Alejandro de Pedro Llorca, ambos vinculados a Granados. 

Granados llevaba años en el ojo del huracán, y se vio implicado incluso en el escándalo de espionaje a cargos madrileños. Aguirre, sin embargo, lo protegió hasta que finalmente lo echó del Gobierno y de la Secretaría General del PP madrileño, en 2011. Lo mandó al Senado, a calentar un escaño. Fue la inesperada revelación de su cuenta suiza la que lo sacó para siempre de la política y le hizo dejar sus actas en la Cámara alta y en la Asamblea de Madrid. 

Todos los regidores imputados por el juez, así como el presidente de la Diputación leonesa, dejaron sus cargos. El PP, que en ocasiones anteriores tardó en reaccionar, se apuró en la respuesta. El mismo 27 de octubre, el Comité de Derechos y Garantías acordó la suspensión de militancia de todos sus afiliados implicados. El PSOE, asimismo, expulsó fulminantemente a Fraile y forzó su salida del Ayuntamiento. Un golpe duro para quien había sido su amigo de la infancia, Tomás Gómez, secretario general de los socialistas madrileños y su predecesor en la Alcaldía de Parla. 

El caso sigue aún bajo secreto de sumario y se desconocen, por ejemplo, las pruebas que demostrarían las comisiones pagadas por parte de la empresa Cofely a los políticos municipales a cambio de adjudicaciones millonarias. 

03. EL CLAN PUJOL, CONTRA LAS CUERDAS

Fue el pasado 25 de julio. Jordi Pujol i Soley, el molt honorable expresident de la Generalitat, lanzaba un comunicado. Una confesión sorprendente: reconoció que él y su familia mantuvieron oculta al fisco una fortuna oculta en el extranjero, desde 1980. Más de 34 años de evasión de impuestos. Aquel dinero procedía, dijo, de una herencia que su padre, Florenci, antiguo agente de bolsa y uno de los fundadores de Banca Catalana, dejó a su esposa, Marta Ferrusola, y a sus siete hijos. El exjefe del Govern regularizó ese legado este verano, cuando ya arreciaban las informaciones periodísticas sobre un presunto fraude del clan Pujol. El expresident pidió perdón a "la gente de buena voluntad" que pudiera haberse sentido "defraudada" y se presentó como el "único responsable" de lo ocurrido, en una maniobra que sonaba más a protección de sus hijos, que por entonces estaban siendo investigados por la Justicia. Esperaba que la declaración fuese "reparadora en lo que sea posible del mal" y sirviese como "expiación" de sí mismo. 

Eso no ocurrió. La confesión desencadenó un torbellino en el escenario político catalán, ya muy enredado con el proceso soberanista. El patriarca, el molt honorable president que gobernó la Generalitat durante 23 años y había sido considerado como uno de los prohombres de la Transición, daba pie a la destrucción de su propia trayectoria. Renunció a todos sus cargos en CiU y Convergència Democràtica y a las prerrogativas de las que disfrutaba como expresident. 

Enseguida llegó la derivada judicial, como estaba cantado. El 28 de julio, Manos Limpias denunció a Pujol por cohecho, malversación, prevaricación, tráfico de influencias, delito fiscal, falsedad en documento público y blanqueo, y a su esposa, Marta Ferrusola, como cómplice. Denuncia que tres días más tarde fue admitida a trámite por una juez de Barcelona, Beatriz Balfagón, la responsable del Juzgado de Instrucción número 31. El Ministerio del Interior, a su vez, estimó que según los informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), la fortuna del clan Pujol podría superar los 1.800 millones de euros. 

Diez miembros imputados en cuatro causas

Ahora mismo, hay diez miembros de la familia Pujol imputados, y en cuatro causas distintas. La que comprende a un mayor número de implicados es la que instruye Balfagón, que interrogará el 27 de enero al expresident y a su esposa, y a tres hijos de ambos: Marta, Mireia y Pere. A los cinco se les atribuyó un delito fiscal  y otro de blanqueo de capitales y se les citó tras recibir las declaraciones de renta y patrimonio complementarias que presentaron ante la Agencia Tributaria, en las que reconocieron incrementos patrimoniales no declarados anteriormente. La del 27 de enero será la segunda vez en la que el patriarca de los Pujol se enfrente a la Justicia, después de que el magistrado Ignacio de Lecea le tomara declaración durante dos horas y media en octubre de 1984 por el caso Banca Catalana. 

Un juez de Liechtenstein investiga además al expresident por un presunto delito de capitales. En su auto del pasado 16 de diciembre, Balfagón ordenó una comisión rogatoria al país para que le informe sobre las cuentas bancarias o instrumentos financieros de cualquier tipo que pudieran haber usado el matrimonio y sus hijos. 

La titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona, Silvia López Mejía, mantiene imputado al exdiputado de CiU en el Parlament Oriol Pujol por el caso ITVcaso ITV. La jueza cree que este se sirvió de sus "múltiples influencias políticas" para beneficiar a empresarios como Sergi Alsina en procesos de deslocalización de empresas. Y a cambio, se producía la contratación ficticia de servicios de la sociedad de su esposa, Anna Vidal, tamibén imputada, informa Europa Press. 

Jordi Pujol responde airado durante su comparecencia en el Parlament de Catalunya, el pasado 26 de septiembre de 2014 | EFE

El primogénito de Pujol-Ferrusola, Jordi, está imputado junto a su esposa, Mercè Gironés, por el juez Pablo Ruz de la Audiencia Nacional. El magistrado investiga si el matrimonio y tres de sus empresas recibieron mordidas a cambio de su mediación en la adjudicación de contratos públicos. Ruz les atribuye un delito de blanqueo de capitales y otro de fraude fiscal. También están imputados los suegros de Pujol Ferrusola, Ramón Gironés y Mercè Riera, y también su cuñado, Ramón Gironés Riera. Las indagaciones permitieron descubrir que el hijo mayor movió 2,4 millones desde una cuenta radicada en Andorra hasta otra en México seis días después de ser llamado a declarar a la Audiencia. Pujol Ferrusola, sin embargo, había negado ante Ruz disponer de depósitos en el extranjero. La investigación sobre el mayor de los Pujol arrancó tras la declaración de María Victoria Álvarez, examante suya, que relató a la Policía supuestos viajes a Andorra con bolsas repletas de billetes de 500 euros. 

Próxima declaración en el Parlament

La última causa contra los Pujol la instruye el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, y se dirige contra el menor de la familia, Oleguer, acusado de delito s fiscales y blanqueo por varias operaciones inmobiliarias, como la compra de un hotel en Canarias con ocho millones de euros procedentes del paraíso fiscal de las Islas Vírgenes. Pedraz ordenó varios registros para conocer el origen del dinero con el que se adquirió el establecimiento hotelero y 1.152 oficinas del Banco Santander. Entre las multimillonarias inversiones realizadas en España y en el extranjero por empresas participadas por Oleguer se encuentran también la compra de edificios de Bankia, de inmuebles en Palma de Mallorca o del edificio del Consejo General de la Abogacía o las operaciones realizadas entre la sociedad inversora Longshore y Prisa División Inmobiliaria. La causa nace tras una querella interpuesta por Podemos y Guanyem. 

El expresident declaró ante la Comisión de Asuntos Institucionales (CAI) del Parlament el pasado 26 de septiembre, once días después de la comparecencia de su primogénito ante Ruz. Pujol negó todo comportamiento corrupto, como negó haber recibido comisiones ilegales durante su paso por la Generalitat. Explicó (sin papeles) que a la muerte de su padre, en 1980, había ocultos 140 millones de euros en dólares. Una fortuna guardada en el extranjero, dijo, porque Florenci tenía miedo por la suerte de la trayectoria política de su hijo. El patriarca no contestó ninguna pregunta de los grupos. Más aún: les abroncó. Pero el 23 de febrero deberá volver al Parlament, esta vez para comparecer ante la comisión de investigación sobre fraude fiscal. No irá solo. Por la Cámara desfilarán también su esposa y su hijo mayor. 

04. LA 'GÜRTEL' SE COBRA SU PRIMERA GRAN PIEZA: ANA MATO

Una decena de autos firmados por el magistrado Pablo Ruz han puesto contra las cuerdas al Partido Popular, que afronta la acusación de ser partícipe de la trama de Francisco Correa, aunque a título lucrativo. Ruz tiene al alcance de la mano enviar al banquillo a los tres extesoreros del PP Luis Bárcenas, Álvaro Lapuerta y Ángel Sanchís. Precisamente, el primero ha pasado todo el 2014 en prisión preventiva. El magistrado pretende cerrar la primera parte de Gürtel en enero, dejando la segunda para antes de marzo. Seguirá con la investigación de los papeles de Bárcenas, de la que se ha derivado las investigaciones de las sedes del PP en Madrid, Logroño y Bilbao, siempre que se mantenga en el Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia.

La primera parte de Gürtel cruzó un tramo clave el 26 de noviembre, con una resolución en la que situaba en la diana a la ministra de Sanidad, Ana Mato, al proponer que fuera juzgada por la trama de corrupción en calidad de "partícipe a título lucrativo". Ruz entendía que Mato y sus hijos disfrutaron de servicios turísticos, pago de eventos familiares y otros artículos de uso particular, que la red de Correa pagó a su exmarido y exalcalde de Pozuelo de Alarcón (Madrid), Jesús Sepúlveda, a cambio de adjudicaciones públicas. 

La caída de una superviviente

Mato, que había resistido a otros autos y otras crisis (la del ébola, sin ir más lejos), siempre protegida por Rajoy, que había estado toda su vida en política desde que diera sus primeros pasos con José María Aznar en Valladolid, no pudo aguantar el último envite. Se vio obligada a dimitir de forma fulminante, ese mismo día, 26 de noviembre. La sustituyó Alfonso Alonso, hasta entonces portavoz del Grupo Popular en el Congreso.

Cuando parecía que todas las piezas del árbol del caso Gürtel habían caído ya, que se habían podido preservar todas las vacas sagradas, un último auto conseguía lo que no habían conseguido todos los anteriores. El presidente la dejó caer: sabía que su presencia en el banco azul al día siguiente en el pleno monográfico sobre medidas anticorrupción podría hundir su mensaje. Además, la acumulación de escándalos de corrupción en las últimas semanas (Púnica, tarjetas black...) y la rápida respuesta que el PP se vio forzado a dar para no chocar con una opinión pública hastiada no le dejaban otra salida que la dimisión. La presión ambiental, en su partido y en el resto, no le daban la ocasión de agazaparse para esperar a que la crisis escampara. Así, Mato se convirtió en la tercera ministra que dejaba el Gobierno de Rajoy, tras Miguel Arias Cañete –candidato en las europeas– y Alberto Ruiz-Gallardón, caído por la marcha atrás en la contrarreforma del aborto. 

05. EL AGUJERO ANDALUZ, A LA ESPERA DE LA DECISIÓN DEL SUPREMO SOBRE CHAVES Y GRIÑÁN

La corrupción en Andalucía, tras más de 30 años de Gobiernos socialistas, se ejemplifica tal vez con el caso ERE. O sea, el uso de fondos públicos de la Junta para financiar expedientes de regulación de empleo fraudulentos. Una macrocausa tutelada por la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que acumula ya 229 imputados, la más extensa en cuanto al número de implicados de la historia judicial española. 

Mientras Alaya sigue investigando en Andalucía, parte del caso ya ha llegado al Tribunal Supremo, al que el pasado verano remitió su exposición razonada al considerar que hay indicios contra políticos aforados: los expresidentes Manuel Chaves (diputado en el Congreso) y José Antonio Griñán (senador) y los exconsejeros Gaspar Zarrías, José Antonio Viera y Mar Moreno. Otros cuatro aforados serían juzgados por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA): los exconsejeros Carmen Martínez Aguayo, Francisco Vallejo, Antonio Ávila y Manuel Recio.

El Supremo comenzó a investigar y estimó que esta era escindible en tres partes. Y abrió la causa contra los aforados que le correspondían. Automáticamente, Chaves, Griñán, Zarrías, Viera y Moreno pidieron comparecer de forma voluntaria y lo harán, aunque en calidad de imputados, para preservar sus garantías procesales. La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha insistido en que si a los dos expresidentes y al resto de implicados se les imputa delito, tendrán que dejar sus escaños. El PSOE no les pagará su defensa. 

Cursos de formación y el 'caso Madeja'

Alaya acaba el año con dos últimos autos controvertidos, con los que reclamaba toda la información relativa a los programas de control financiero de las empresas públicas y la documentación sobre las ayudas recibidas por Delphi. La Junta anunció este martes, a través de su portavoz, Miguel Ángel Vázquez, que ha presentado sendos recursos de apelación al entender que podían dar lugar a una "causa general" y podrían suponer un "grave riesgo" que puede devenir en la prescripción de los delitos. 

La de los ERE no es la única causa que se instruye en Andalucía. Alaya investiga también el fraude de los cursos de formación. Pero no es la única. Otra decena de juzgados de la comunidad indagan el uso fraudulento para cursos de formación. La magistrada sevillana intenta quedarse con toda la causa, pero eso no está todavía claro. Alaya también es la responsable de la desarticulación de la trama Enredadera, dentro del caso Madeja, por el que se investiga una red de sobornos a políticos y funcionarios a cambio de contratos públicos. 

06. 'CASO BANKIA', EL RELATO DE UNA RUINA Y UN RESCATE MILLONARIO

Tras conocerse el informe de los peritos propuestos por el Banco de España a petición del juez Fernando Andreu la investigación por la fusión de Bankia y su salida a Bolsa afronta su recta final. En el horizonte inmediato el magistrado tendrá que decidir si imputa al actual presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri. También tendrá que decidir qué hace con el resto de imputados, sobre todo con el expresidente Rodrigo Rato y su entonces número dos, José Luis Olivas. También tendrá que adoptar una resolución sobre el resto de consejeros, que siguen imputados en la pieza principal.

Ese informe de los peritos del Banco de España remitido al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu resultó demoledor. Apunta que las cuentas anuales de 2011 que Bankia aprobó en marzo de 2012, bajo la presidencia de Rato –que presentaban unos beneficios de 309 millones de euros–, y las que reformuló en mayo de 2012, ya con Goirigolzarri al frente de la entidad –y que apuntaban unas pérdidas de 2.979 millones–, "no expresaban la imagen fiel" del banco. En los dos casos, señalaron los dos peritos que trabajaron en el informe desde octubre de 2012, en las cuentas individuales y consolidadas de Bankia y de su matriz, el Banco Financiero y de Ahorros (BFA), desde la constitución del Sistema Institucional de Protección (SIP) el 31 de diciembre de 2010 –la llamada fusión fría– hasta la aprobación de las cuentas de 2011, existían "ajustes de importancia material no contabilizados".

Sueldos indebidos

No cumplieron con la normativa del supervisor debido a "errores contables". Errores que fueron "el resultado de omisiones o inexactitudes resultantes de fallos al emplear la información, que estaba disponible cuando los estados financieros para tales periodos fueron formulados y que el grupo BFA/Bankia podía y debía haber empleado en la elaboración de los estados". Para los dos expertos del Banco de España, "todos estos errores fueron conocidos, en gran parte, y puestos de manifiesto en la reformulación practicada" por los nuevos gestores, con Goirigolzarri al frente, que no llevaron a cabo "un cambio de estimaciones contables, como indican". Es decir, varapalo a Rato y tirón de orejas al nuevo presidente de la entidad.

Rodrigo Rato y su sucesor al frente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, el día del relevo, el 9 de mayo de 2012 | EFE

El caso Bankia dio una vuelta más en el penúltimo día del año, este 30 de diciembre. El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) remitió a la Fiscalía un expediente sobre materia retributiva y de previsión social de la alta dirección de Caja Madrid, con un perjuicio económico estimado para la entidad de 14,8 millones de euros, según informó el propio organismo en un comunicado. Estas posibles irregularidades se refieren fundamentalmente al periodo comprendido entre 2007 y 2010. Tras la revisión de estas operaciones, el FROB encargó un estudio forensic a terceros independientes para analizar eventuales responsabilidades de administradores y directivos de la entidad. El grueso de esta etapa investigada fue bajo la presidencia de Miguel Blesa, quien cedió el testigo a Rato, el elegido por Rajoy, en enero de 2010. Y Rato pasó a presidir Bankia un año después. 

07. LAS TARJETAS 'BLACK': licencia para derrochar

La cantidad gastada en las tarjetas b, más de 15,5 millones de euros, parecía poca cosa si se compara con los 22.400 millones que costó el rescate de Bankia. Pero esos 15,5 millones, cargados a la entidad por 83 consejeros y directivos entre 2003 y 2012, causaron un impacto aún mayor. Por lo obsceno del comportamiento que durante años siguieron los altos mandos de una caja que finalmente se fue a pique. 

83 consejeros y directivos –tres no las llegaron a emplear y otro más, Francisco Verdú, no llegó a firmar el contrato ni la tuvo en su poder– usaron sin tapujo tirando de sus visas black, al margen del circuito de los gastos de representación y aparte de los altísimos sueldos. Sacaron efectivo de cajeros, pagaron carísimos restaurantes, sirvieron para abonar ropa, joyas, viajes, flores, saunas, alcohol, armas o compras en grandes almacenes. Una vida de lujo con dinero público. De esas tarjetas no existía soporte contractual, ni decisión de ningún órgano de gobierno. De ahí su nombre, black. Opacas. 

La auditoría interna de Bankia detectó hace meses la existencia de esas visas, emitidas en un primer momento por Caja Madrid, y avisó a su principal accionista, el FROB. Así, el Estado pudo avisar a la Fiscalía Anticorrupción. Y esta fue la que entregó al juez el listado de los 86 altos mandos, al que habría que añadir a Verdú. 

IU se enreda

El escándalo acabó estallando el pasado 1 de octubre, y generó una rápida cadena de ceses y dimisiones de dirigentes de partidos, sindicatos y patronal. Entre ellos, Rodrigo Rato, quien fuera todopoderoso vicepresidente económico de José María Aznar. IU, que ya había dado de baja a los consejeros que tuvo en la caja y que tenían carné de militante (José Antonio Moral Santín y Rubén Cruz), intentó depurar responsabilidades políticas: que dimitiesen también los culpables por la gestión ruinosa en la caja, y apuntó a dos excoordinadores regionales, Gregorio Gordo y Ángel Pérez, actuales portavoces en la Asamblea y el Ayuntamiento de Madrid. Pero ninguno de los dos se fue, pese a las presiones de la dirección federal.

La batalla sigue en los juzgados. Los tres imputados que hay por ahora, Miguel Blesa, Rodrigo Rato e Ildefonso Sánchez Barcoj, tendrán que convencer al juez Fernando Andreu de que los peritos del Banco de España están equivocados cuando consideran que estos dirigentes trataron de esconder las tarjetas denominadas black a efectos fiscales. Hasta el momento Blesa ha tenido que afrontar una fianza de responsabilidad civil de 16 millones de euros, mientras que la de Rato es de 3 millones de euros. 

08. PENSIÓN PAGADA POR LA EUROCÁMARA Y A TRAVÉS DE UNA SICAV

24 de junio de 2014. infoLibre contaba, en exclusiva, que un número indeterminado de eurodiputados mantenía un fondo de pensiones en Luxemburgo con una sicav, una sociedad con una tributación bajísima, de sólo el 0,01% de sus activos netos. En los siguientes días se fueron conociendo más detalles de ese instrumento: sólo entre 2000 y 2009, el Parlamento Europeo puso casi 100 millones de euros públicos: dos por cada uno que ingresaban los parlamentarios, y más de 100 españoles participaron en ese fondo lo habían hecho en algún momento. La mayoría de PSOE (49) y PP (43), pero también de IU y CDS. Entre los nombres destacados en el listado, los de Ana Mato, Cristóbal Montoro y Miguel Arias Cañete, ministros todos ellos de Rajoy en esta legislatura.

La publicación de la noticia provocó una dimisión inmediata: la de Willy Meyer, cabeza de lista de IU en las europeas de 2004, 2009 y 2014. Y lo hizo "por coherencia", para que no quedara "sombra de duda". "Es muy importante que los cargos públicos de IU demos un ejemplo a nuestro electorado y nuestros militantes, que se merecen un gesto de estas características. No sólo hay que parecer que se trabaja conforme al discurso, sino hacerlo efectivo". 

Sólo cinco abandonan el fondo

De todos los eurodiputados y exeurodiputados españoles que seguían inscritos en el fondo, sólo cinco de ellos pidieron abandonarlo tras las revelaciones de este periódico. Además de Meyer, lo hicieron cuatro políticos socialistas: Elena Valenciano (candidata en las europeas del 25-M y ex vicesecretaria general), Soraya Rodríguez (exportavoz en el Congreso), Joan Calabuig (cabeza de lista para las municipales en Valencia) e Inés Ayala (eurodiputada también en esta legislatura). El argumento común es que no conocían la articulación del fondo a través de una sicav con sede en Luxemburgo. Y si se adhirieron a él, dijeron, era porque en aquella época no existía un "régimen de cotización común" ni ningún sistema de pensiones.

Fue, de hecho, la razón esgrimida por la propia Eurocámara, que precisó que el instrumento estuvo abierto hasta 2009, cuando entró en vigor el nuevo estatuto del eurodiputado, que supuso que salarios y prestaciones sociales pasaron a depender directamente de las instituciones comunitarias. "Desde ese instante cesan las aportaciones al fondo, así como la incorporación de nuevos eurodiputados al mismo", señalaba la nota del Europarlamento.

09. LA SOMBRA DE UN URBANISMO TURBIO ACABA CON LA ALCALDESA CASTEDO

Sonia Castedo, alcaldesa de Alicante, estrenó una nueva forma de dimitir en política: por Facebook. Lo hizo el pasado 23 de diciembre, el día de su cumpleaños, sin asumir ninguna culpa: "Hubiera podido seguir aguantando y demostrando que jamás, jamás, he hecho nada deshonesto". El día 26 formalizó su renuncia y el 15 habrá un nuevo regidor en la ciudad, Miquel Valor. 

Castedo accedió a la Alcaldía en 2008, y antes había ocupado la Concejalía de Urbanismo en el equipo de gobierno de su mentor, el exregidor Luis Díaz Alperi. Y estaba y está doblemente imputada por presunta corrupción urbanística. Dos causas que, según la investigación policial, tienen un mismo hilo conductor: su relación con el empresario Enrique Ortiz, también imputado en ambas piezas. La primera es una ramificación del caso Brugal, el referente al presunto amaño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y la segunda, la tramitación de un macroproyecto urbanístico en el barrio de Rabasa, en cuyos terrenos se preveía la edificación de 13.500 viviendas y de una gran superficie comercial de la multinacional sueca Ikea. Castedo acumula así varias acusaciones: prevaricación, tráfico de influencias, revelación de información privilegiada y cohecho. 

La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, en el pleno del Ayuntamiento del pasado 22 de diciembre, el último que presidió antes de su dimisión | EFE

Se había quedado sola. Alberto Fabra, el presidente de la Generalitat Valenciana, ya había advertido de que no admitiría imputados en las listas electorales. Había sido desahuciada por su partido, que hizo lo posible para que no se colara en la foto con el rey Felipe VI en la inauguración del congreso de la empresa familiar. Pero ella consiguió su imagen. Y los titulares. 

Financiación ilegal

Pero Castedo no es la única preocupación del PP valenciano. El pasado 15 de diciembre, el juez José Ceres, que instruye el caso Gürtel en Valencia, procesó a una veintena de personas por supuestos delitos electorales (o sea, financiación ilegal) en las campañas de 2007 y 2008 de los conservadores valencianos, además de por falsedad y delito fiscal. El magistrado considera responsable a buena parte de quienes estaban en los puestos de mando en aquellos años: el exvicepresidente de la Generalitat y jefe de campaña Vicente Rambla; el ex secretario general Ricardo Costa; la todavía gerente Cristina Ibáñez; el exvicesecretario de Organización David Serra, y la extesorera Yolanda García. 

Y además está la investigación de la visita del papa Benedicto XVI a Valencia (por la que está imputado el ya expresident de Les Corts, Juan Cotino), y el caso Cooperación –por el que se condenó a ocho años de prisión por prevaricación y malversación al exconseller y exdiputado autonómico Rafael Blasco–, y otras tantas causas abiertas. 

10. EL ÁTICO QUE ENREDA A IGNACIO GONZÁLEZ

La Audiencia Provincial de Málaga acordó en mayo desimputar a Lourdes Cavero, la mujer del presidente madrileño, Ignacio González. No obstante, la acusación del Sindicato Unificado de Policía (SUP) presentó un escrito en el que solicitó a la titular del Juzgado de Estepona que investigue la “acumulación de tanto líquido por parte del presidente de la Comunidad de Madrid".

Además, Panamá rechazó la comisión rogatoriarechazó lanzada por la jueza por un delito fiscal, mientras que la vendedora del inmueble reconoció que la mujer de González visitó el piso en dos ocasiones antes de la compra por parte de la sociedad Coast Investors, radicada en el estado de Delaware, considerado un paraíso fiscal.

11. EL 'PEQUEÑO NICOLÁS' QUE ABRIÓ LA GUERRA EN EL CNI

Francisco Nicolás Gómez Iglesias –Fran para sus amigos, pequeño Nicolás para el resto de España– era un perfecto desconocido hasta hace escasamente dos meses. El 14 de octubre fue detenido en Madrid, acusado de los presuntos delitos de falsedad, estafa y usurpación de identidad, tras una presunta denuncia presentada contra él por un empresario que le acusaba de estafar 25.000 euros falsificando informes del CNI. El arresto fue practicado por agentes de la unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional y el caso recayó en el Juzgado de Instrucción número 2 de la capital, cuyo titular es Arturo Zamarriego. El joven, de sólo 20 años, negó los delitos que se le imputaban, pero sí reconoció (y mostró) su asistencia a numerosos actos, incluida la proclamación de Felipe VI, el pasado 19 de junio.

El pequeño Nicolás fue convirtiéndose en una estrella mediática, tras sus apariciones en El Mundo y en Un tiempo nuevo, en Telecinco, donde aseguraba haber trabajado para los servicios de inteligencia españoles. Declaraciones que le valieron la apertura de otra causa, en el juzgado número 43 de Madrid, tras la querella por injurias que presentó el 3 diciembre la Abogacía del Estado, a instancias del CNI. 

Por la primera causa, la que instruye Zamarriego, el joven fue a declarar el pasado 19 de diciembre, aunque se negó a hablar porque no había tenido acceso a toda la información disponible en la causa, pese a que se había levantado parcialmente el secreto de sumario. El magistrado le volvió a citar para el próximo 9 de enero.

Francisco Nicolás Gómez Iglesias, tras comparecer ante el juez Arturo Zamarriego, y negarse a declarar, el pasado 19 de diciembre | EFE

Pero todo lo que rodea este caso tiene varios flancos extraños o poco claros. El supuesto empresario denunciante negó haber presentado la primera denuncia. Y de camino se ha desatado una guerra interna en el CNI, entre los defensores y detractores de la número dos, Beatriz Méndez de Vigo, persona de la máxima confianza de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría y candidata a la sucesión del actual director, Félix Sanz. 

Búsqueda del quinto hombre

La filtración de una grabación entre el comisario jefe de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía –Marcelino Martín-Blas–, el jefe del grupo IX de Asuntos Internos y dos agentes del CNI enconó el enfrentamiento. Grabación que fue desvelada por infoLibre el pasado 20 de diciembre [escúchala aquí]. En ella se habla de la posibilidad de "lavar lo que se pueda" de la información que tenían sobre el pequeño Nicolás. O sea, la posibilidad de manipular el sumario judicial del caso. Los interlocutores hablaban de la "cobertura" que necesitaban para "pedir el correo" del joven, "lavar" esa información y convencer a "Pilar" de que el asunto corría "mucha prisa". "Pilar" es el nombre clave que usó en su día una agente que ahora ocupa un puesto de relevancia en el CNI.

Una quinta persona, que estaba presente en la charla pero no intervino, pudo grabar esa conversación, y pudo ser un agente del CNI que es además guardia civil, como informó este diario. Este escándalo saltó cuando, en los servicios de inteligencia, dan por descontado que el relevo de su director se producirá a lo largo de 2015. Ahora ya se ha puesto en marcha la caza de brujas para encontrar al filtrador. 

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* Con información de información Tono Calleja