Prisión de hasta cuatro años e inhabilitación. Esa es la pena a la que se enfrenta el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en caso de que prospere la causa abierta contra él en el Tribunal Supremo por revelación de secretos. ¿El motivo? Desmentir un bulo aireado por el jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez, sobre los dos delitos fiscales confesados por la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador. El caso es insólito por la persona investigada: es la primera vez que el máximo responsable del Ministerio Público se enfrenta a un proceso penal en España. Pero su excepcionalidad está también en los hechos que investiga el alto tribunal. La exposición razonada que le envió el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, donde se inició la investigación, acotó la causa al envío, por orden del fiscal general, de una nota de prensa que desmentía la patraña difundida por el asesor de la presidenta. El Supremo, sin embargo, ha descartado que ese comunicado tenga trascendencia penal, pero sí el hecho de que algunos medios difundieran su contenido horas antes de que se transmitiera oficialmente.

Tal y como el tribunal ha reconfigurado la causa, el órgano ha abierto la puerta a que se investiguen las comunicaciones de García Ortiz para comprobar si fue él quién filtró una información a la que tenían acceso 18 personas. Así lo ha entendido el propio González Amador, el compañero de Ayuso, que ya ha solicitado al instructor del caso, Ángel Hurtado, que acceda al correo personal de García Ortiz para investigar si fue él quien reveló, antes del envío del comunicado oficial, el correo en el que el delincuente confeso reconocía la comisión de los hechos solicitando un pacto al fiscal al Ministerio Público para evitar ir a prisión. Todo ello pese a que el primero en difundir correos intercambiados entre el novio de la presidenta y el fiscal que lo investigaba fue el principal asesor de Ayuso, como él mismo ha reconocido públicamente.

El rigor judicial contra el fiscal general en la gestión de un caso de evidente trascendencia mediática y política como el de los delitos presuntamente cometidos por la pareja de Ayuso no tiene precedentes en la historia reciente del periodismo de tribunales en España, donde este tipo de causas suelen archivarse ante la dificultad de identificar al culpable y el derecho al secreto profesional de los periodistas. "En cualquier juzgado de Instrucción normal y corriente, una causa como esta acabaría en archivo", asegura un veterano magistrado madrileño.

12 de octubre de 2019. El diario El Mundo titula a toda página Sentencia del procés: El Supremo acuerda condenar de forma unánime por sedición a los líderes del 1-O. La información daba los nombres concretos de los dirigentes independentistas condenados por ese delito e incluso parte del razonamiento de los magistrados. La noticia, que citaba "fuentes de toda solvencia", se publicó dos días antes de que el alto tribunal notificara la sentencia y la enviara a todos los medios, lo que ocurrió el 14 de octubre. Alguien había filtrado la resolución más trascendente dictada en España en los últimos años antes de que se diera a conocer. A ese documento tenían acceso el ponente y presidente de la Sala, Manuel Marchena -el mismo que preside ahora el tribunal que investiga a García Ortiz- y otros seis magistrados y, probablemente, otros funcionarios del órgano que hubieran participado en su tramitación. Ante la gravedad de lo ocurrido, el Consejo General del Poder Judicial aseguró que abriría una investigación.

Cuatro días después de que se publicara la filtración, el 16 de octubre, Marchena compareció ante el pleno del órgano de gobierno de los jueces como candidato para renovar la presidencia de la Sala Segunda por un segundo mandato. En el turno de preguntas, el entonces presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, le preguntó expresamente por la revelación antes de tiempo de la resolución que Marchena se había encargado de redactar. En su respuesta, el presidente de la Sala Segunda manifestó que lamentaba "de todo corazón", lo ocurrido. "La palabra filtración", la que había utlizado Lesmes, era, según el candidato "equívoca". "La sentencia nunca ha sido filtrada como tal a un medio de comunicación", continuó Marchena. "El único consuelo es que la sentencia no ha salido de aquí y estaba siendo trabajada por muchas personas", añadió. También se refirió a "las informaciones más correctas y más exactas", que se publicaron sobre el fallo y las atribuyó a "comunicaciones informales" que habrían permitido a los periodistas inferir su contenido.

El pseudosindicato ultra Manos Limpias -también personado ahora en la causa contra García Ortiz- presentó una denuncia en el Consejo para buscar al culpable. Pero las pesquisas que anunció Lesmes no merecieron ninguna sanción disciplinaria por parte del gobierno de los jueces. La filtración del contenido de la sentencia tampoco fue investigada penalmente por el alto tribunal, el único que habría podido hacerlo al estar aforados a él sus magistrados. Dos semanas después, el 30 de octubre, el CGPJ volvió a elegir a Marchena como presidente de la Sala de lo Penal del Supremo con 19 votos a favor y dos en blanco.

Dos años largos antes, en mayo de 2017, se produjo otra filtración en una causa de gran trascendencia política, el caso Lezo. Con el secreto de sumario declarado varios medios publicaron un informe de la Fiscalía Anticorrupción que sugería que el entonces número dos de Interior, el ex secretario de Estado de Seguridad José Antonio Nieto (PP), podría haber sido el autor del chivatazo que alertó al expresidente de la Comunidad de Madrid, el también popular Ignacio González -entonces en prisión preventiva por esa investigación- de que estaba siendo investigado. La noticia provocó la indignación de Nieto que exigió públicamente una rectificación al Ministerio Público. El documento secreto había sido validado tanto por el entonces jefe de Anticorrupción, Manuel Moix, como por el fiscal general del Estado, que por entonces era el ya fallecido José Manuel Maza.

Pese a que el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional había decretado el secreto de las actuaciones, tanto Maza como Moix se apresuraron a desmentir públicamente que Nieto estuviera implicado en el caso revelando de esa manera nuevos datos de la investigación. El Ministerio Público llegó a emitir un comunicado negando que el ex número dos del ministro José Ignacio Zoido estuviera siendo investigado y Maza incluso pidió perdón al secretario de Estado en una entrevista radiofónica. A la indignación de los dos fiscales del caso por la filtración del documento, se sumaron las quejas por las revelaciones de sus superiores al considerar que no solo afectaban a información reservada, sino que desautorizaban sus pesquisas.

Durante una comparecencia en las Cortes, el fiscal general negó que hubiera sido el autor de la filtración del documento, pero ni el Tribunal Supremo ni ningún otro órgano judicial investigaron cómo había llegado a los medios de comunicación. Tampoco se indagó sobre el desmentido oficial y las declaraciones de Maza y Moix. El único reproche que merecieron ambos fue político: la reprobación del Congreso de los Diputados. Pocos días después, Moix tuvo que dimitir de su cargo después de que infoLibre revelara que compartía con sus tres hermanos una sociedad radicada en Panamá con la que camuflaba en chalé de lujo en la sierra madrileña.

Una de las señas de identidad de infoLibre en sus primeros diez años de historia ha sido el periodismo de investigación. Nos sentimos orgullosos de cientos de informaciones que han denunciado comportamientos corruptos, privilegios o intereses ocultos de los poderosos, que han desvelado hechos del máximo interés público y que han tenido un importante impacto social. No resulta fácil seleccionar diez de esas investigaciones, pero las que te contamos a continuación sin duda definen ese periodismo comprometido de infoLibre.

Este periódico nació el 7 de marzo de 2013 y la primera portada fue ya toda una declaración de intenciones: Los dueños del gigante de la sanidad privatizada se ocultan en las Caimán. La compañía entonces denominada Capio, primer grupo sanitario privado y mimado especialmente por los Gobiernos madrileños del PP, tenía una compleja estructura societaria que pasaba por los Países Bajos y Luxemburgo, para terminar en las islas Caimán. Una trama que convertía en misión imposible conocer la identidad de los verdaderos dueños de una empresa que se alimentaba en buena medida de dinero público, ya que la colonia británica es uno de los territorios más opacos desde el punto de vista fiscal.

El juez Marcelino Sexmero, titular del Juzgado que investigaba la querella por la privatización de hospitales madrileños presentada por la asociación de médicos Afem, requirió a infoLibre copia de los documentos que acreditaban la conexión de Capio con sociedades de las Islas Caimán. En noviembre de 2014, la Audiencia Provincial ordenó archivar la investigación judicial.

infoLibre fue el primer medio que consiguió, a finales de noviembre de 2013, los correos secretos de Miguel Blesa, quien entre 1996 y 2009 había sido presidente de Caja Madrid. Este periódico publicó decenas de informaciones exclusivas, entre ellas que Blesa le había buscado a su íntimo amigo José María Aznar un contrato como comisionista de una empresa que vendía armamento a Venezuela. El contrato no llegó a “concluirse”, según la versión del expresidente del Gobierno, quien denunció a infoLibre ante la Fiscalía General al entender que la publicación de los mensajes constituía un delito de revelación de secretos. La denuncia de Aznar no prosperó.

Los correos de Blesa destaparon, entre otras muchas cuestiones, que la entidad ahorro ya sabía en 2006 que los preferentistas nunca recuperarían su inversión al completo. O que la entonces presidenta madrileña Esperanza Aguirre impulsó que Caja Madrid y Telemadrid comprasen derechos del fútbol sabiendo que se perdería dinero.

Esperanza Aguirre fue, precisamente, la protagonista de otra relevante exclusiva de este periódico. Durante la campaña de las elecciones municipales de 2015, cuando la dirigente del PP aspiraba a convertirse en alcaldesa de Madrid, Aguirre se negó de forma reiterada a revelar cuáles habían sido sus ingresos. infoLibre puso fin a la opacidad al desvelar, el 21 de mayo de aquel año, sus ingresos: en 2013 Aguirre ganó 369.000 euros como cazatalentos en Seeliger & Conde y otros 5.000 en juegos de azar.

La dirigente madrileña montó en colera y, nada más publicarse la información, ordenó al bus de campaña del PP donde iban los periodistas que se dirigiese a la Fiscalía General del Estado, donde interpuso una denuncia por presuntos delitos de descubrimiento y revelación de secretos. Aguirre culpó directamente al entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, de la filtración. Y, tras los comicios, admitió públicamente que no había logrado la Alcaldía –para la que fue elegida Manuela Carmena– por la publicación de su declaración de la renta: el día que infoLibre destapó los datos el PP detectó “la caída de 12 puntos en el apoyo que hasta ese momento” tenía “entre los pensionistas”.

El fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, era dueño del 25% de una empresa en Panamá denominada Duchesse Financial Overseas, según desveló infoLibre el 29 de mayo de 2017. La compañía panameña era, a su vez, propietaria de un chalé en España valorado entonces en 550.000 euros. Ante la negativa del fiscal a ofrecer su versión, este periódico llegó a enviarle un burofax para dejar constancia de los hechos, burofax que resultó clave para establecer la verdad de lo ocurrido cuando Moix intentó desactivar la noticia ofreciendo una versión falsa a través de un medio amigo. Tras tres días de mentiras públicas, el fiscal Anticorrupción tuvo que dimitir.

Este periódico también desveló que Manuel Moix, en su etapa de fiscal en Madrid, había evitado en tres ocasiones investigar a Ignacio González a pesar de que tenía pruebas más que evidentes sobre el escándalo de corrupción que terminó convirtiéndose diez años después en el caso Lezo, que supuso la detención del expresidente madrileño en 2017. Una asociación ciudadana denunció a Moix por el presunto delito de encubrimiento, pero el Supremo decidió archivar la querella.

infoLibre se convirtió en marzo de 2019 en el único medio español en formar parte de European Investigative Collaborations (EIC), consorcio europeo de periodismo de investigación del que forman parte entre otros la revista alemana Der Spiegel y el digital francés Mediapart (medio que tiene un acuerdo editorial con infoLibre y que también está entre sus principales accionistas). Desde entonces este periódico ha publicado decenas de informaciones de Football Leaks, filtración que ha desvelado la parte oculta del negocio del fútbol, incluyendo la utilización masiva de paraísos fiscales por parte de futbolistas y clubes con el objetivo de pagar menos impuestos.

Como parte del EIC, infoLibre ha publicado otras investigaciones relevantes, desde la historia de los 24 años de fracaso europeo en política fiscal hasta el saqueo del Congo por parte del dictador Joseph Kabila y su clan, los negocios del grupo de mercenarios Wagner en África, la utilización de España por parte del gigante petrolero Exxonmobil para transferir beneficios de Luxemburgo a Delaware sin pagar ni un euro en impuestos, o como España ayuda a las empresas alemanas a sortear la prohibición de Berlín de vender armas a Arabia Saudí.

Francisco Serrano, candidato de Vox en 2015 y en 2018 en las elecciones autonómicas andaluzas, proclamaba que había entrado en política para terminar con las “paguitas”. De quien no decía nada era de aquellos que estafan millones de euros de dinero público. Serrano tenía sus razones: como destapó en 2019 este periódico, el juez y dos socios se embolsaron 2,4 millones de euros de una ayuda pública tras declarar falsamente que era dueño de maquinaria industrial que nunca tuvo. Las diferentes informaciones de este periódico sobre dieron lugar a la apertura primero de una investigación policial y luego otra judicial, cuyos frutos se conocieron en enero de este año: el juez procesó a Serrano y sus socios por estafa y fraude de subvenciones de 2,4 millones.

Como es práctica bastante común entre los presuntos corruptos, Serrano intentó matar al mensajero, para lo que presentó una querella contra este periódico por presunta revelación de secretos. La jueza la desestimó, en un auto en el que recordó al juez “el deber moral de ejemplaridad” de los representantes políticos.

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso aprobó un Protocolo que impidió el traslado a los hospitales de las personas más vulnerables que vivían en las residencias y 7.291 mayores murieron en los geriátricos durante los dos primeros meses de la pandemia de covid. Aunque la presidenta madrileña y sus cómplices mediáticos intentaron imponer la falsa versión de que era un simple borrador y que las competencias sobre las residencias eran en realidad de Pablo Iglesias, infoLibre desveló las cuatro versiones del ya conocido como Protocolo de la Vergüenza, documentos que reprodujo íntegramente.

Desde el inicio de la pandemia, infoLibre publicó decenas de informaciones exclusivas sobre lo que había ocurrido en las residencias de toda España y también sobre los principales grupos empresariales del sector, que en algunos casos son multinacionales que ocultan sus verdaderos propietarios en paraísos fiscales. Este periódico también ha puesto el foco en la pasividad del Ministerio Público a la hora de investigar lo ocurrido, que en el caso de la fiscal superior de Madrid –Almudena Lastra– llegó hasta el extremo de poner por escrito una serie de mentiras flagrantes que chocan con la realidad de todos los datos oficiales conocidos.

Este periódico destapó el contenido del chat creado por miembros de la XIX promoción de la Academia General del Aire, lleno de mensajes de altos mandos del Ejército retirados que sueñan con fusilamientos y golpes de Estado. “No queda más remedio que empezar a fusilar a 26 millones de hijos de puta”, escribió el antiguo general de división Francisco Beca. Los mensajes del chat desvelan la afinidad de algunos de sus integrantes con la ultraderecha y el franquismo, con referencias de los militares a "pronunciamientos" y ataques furibundos a los partidos independentistas.

El Ministerio de Defensa decidió poner en conocimiento del Ministerio Público el contenido de los mensajes de los militares. Sin embargo, la Fiscalía archivó el asunto al entender que como el chat era “privado”, sus integrantes se expresan “con libertad” y “en la confianza de estar entre amigos”, pero sin que concurran “elementos que permitan inferir que el chat fue creado al objeto de promover, fomentar o incitar al odio, hostilidad o violencia hacia un colectivo de los expresamente contemplados como grupo”.

En junio de 2021, infoLibre empezó a publicar una serie de informaciones sobre empresarios españoles que disponían de sociedades en Luxemburgo. Eran parte del proyecto OpenLux, impulsado por el periódico francés Le Monde y por la organización internacional Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). Una investigación periodística que descubrió, entre otros temas, que el traficante de armas El Assir declaraba ser dueño de una empresa en Luxemburgo con 77 millones que Anticorrupción atribuía a Rodrigo Rato, que el banquero Jaime Botín guardaba más de 85 millones en una sicav en el Gran Ducado, la trama societaria montada por el hijo de Ana Botín para controlar desde Luxemburgo 20 residencias de estudiantes en España o el destino de parte del dinero que la familia política de Aguirre se embolsó gracias a un pelotazo inmobiliario.

OpenLux fue la primera colaboración entre este periódico y OCCRP, a la que siguieron otras durante estos dos últimos años, entre ellas las conocidas como Suisse Secrets, que demostró cómo el banco Credit Suisse mantuvo cuentas de dictadores, criminales y políticos corruptos de todo el mundo, o Radar de Activos Rusos, que analizó cuáles son los activos que realmente controlan los jerarcas próximos al Kremlin.

En junio de 2021, este periódico reveló que el presidente de Murcia, Fernando López Miras, medió para una operación quirúrgica a la que debía someterse un familiar cercano del entonces número dos del PP, Teodoro García Egea. Los hechos ocurrieron durante el pleno que la Asamblea Regional celebró el 14 de abril, cuando una cámara captó los mensajes que desde el móvil cruzó López Miras con el secretario general del PP. Y lo que demostraban esas imágenes es que fue el presidente del Gobierno murciano, y no un médico o administrativo del servicio de salud, quien comunicó a su paisano García Egea cuándo entraría en quirófano la persona en cuestión: “Buenas, la intervención la van a programar el martes 20 por la tarde”, escribió. “Cojonudo”, reaccionó Egea.

Los dos políticos del PP presentaron una querella contra infoLibre. El juez la archivó por medio de un auto en el que destacó “la diligencia” de este periódico en el contraste de la noticia.

Los vecinos de Chamberí podrán disfrutar en 2023 de uno de los mayores parques públicos de la capital madrileña, con 55.000 metros cuadrados. Pero nadie les ha regalado nada. Todo comenzó hace 18 años. Corría el año 2003 cuando el entonces alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, presentó un proyecto para crear en terrenos del Canal Isabel II una gran área verde en un barrio con más cemento que hierba. Pero tres años después, con las obras en marcha, el vecindario descubrió por un cartelón a la entrada del recinto que se iba a contruir un campo de golf que la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, había declarado “de interés general” para acelerar el proceso urbanístico. Detrás de todo esto se adivinaba una oscura trama de corrupción supuestamente comandada por el número dos de Aguirre, Ignacio González, también presidente del Canal Isabel II.

La batalla vecinal contra el inesperado campo de golf comenzó con una pancarta en un balcón y pronto se constituyó una asociación, Parque Sí en Chamberí, que ha coordinado casi dos décadas de diálogo, acciones sociales y protestas contra el complejo. Toda su historia ha quedado plasmada en el documental De interés general, cuyo preestreno tuvo lugar en septiembre en la Sala Berlanga: “Creemos que el filme puede servir para que otras personas se den cuenta de que el compromiso social puede servir para luchar contra las injusticias. Que lo pequeño da lugar a lo grande”, cuenta Mercedes Arce, coprotagonista del documental y socia fundadora de la asociación.

Ahora, el documental se proyectará en los cines Verdi de Madrid este jueves 3 de febrero, a las 22.15 horas, y el sábado 5 y domingo 6, a las 11.30 horas. Precio: 8 euros el jueves y 6,50 euros el fin de semana

Carmen Ochoa, también coprotagonista del documental, desea que su historia se extrapole a otras situaciones, a otros vecindarios y otras ciudades donde hay gente librando batallas como la suya: “A veces puedes tener la sensación de que estás luchando contra un muro, pero al final esa pared está hecha de personas, por muy estrambóticas u horrorosas que sean. Ese es nuestro mensaje: el poder solidario puede combatir al poder real. Y ahora queremos que otros poderosos se den cuenta de lo que les puede pasar”.

La creación del documental: crowdfunding y enfoque social

Miguel Ángel Sánchez ha estado a cargo de la dirección del filme. Destaca que una de las razones que le llevó a abrazar este proyecto fue la sensación de que los abusos de los poderes fácticos no se combaten porque la ciudadanía al final no se atreve a dar el paso. “La intimidación lleva a la rendición frente a alguien con muchos más medios de ataque y de defensa que nosotros”, y el hilo del documental es una llamada a la acción: “Esto es lo contrario al aislamiento, una forma de comportamiento subversivo contra el poder político y económico. Agradezco que estos héroes anónimos hayan depositado su confianza en mí para inmortalizar este largo proceso.”

De izquierda a derecha: Francisco Osanz, presidente de la asociación vecinal El Organillo, Miguel Ángel Sánchez, director del documental, Mercedes Sánchez y Carmen Ochoa, coprotagonistas del mismo, y Juanjo Castro, director de fotografía, frente a los terrenos del campo de Golf.

El director afirma que la grabación no es un alegato contra el PP, sino contra aquel PP: “En la política hay una falta de autocrítica impresionante y la corrupción pasa muchas veces desapercibida. Uno de nuestros objetivos es que los culpables, de este y otros escándalos, sepan que en algún momento tendrán que rendir cuentas con la ciudadanía a la que deben servir.” El proyecto se financió a través de una campaña de crowdfunding transversal, ya que el documental cuenta con voces de muchos ámbitos: abogados, arquitectos y ecologistas han estado involucrados en la lucha y son muchas personas las que han aportado su tiempo y esfuerzo para sacar adelante esta iniciativa".

Miguel Ángel destaca que el mundo de la política ha quedado excluido del documental: “No queríamos restar protagonismo al movimiento vecinal y por ello quedaron al margen las siglas de los partidos políticos. El liderazgo ha sido ejercido por ciudadanos normales y esa es la historia que queremos contar”. Dicho esto, explica que en su momento sí trataron, sin éxito, de recabar el testimonio de la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ya que durante su Gobierno se dió luz verde al proyecto del parque y se desbloquearon las negociaciones entre el Canal de Isabel II y la asociación: “Hablamos con su representante y su primera reacción fue preguntar si ofrecíamos dinero por obtener su declaración. La respuesta fue claramente negativa y hasta ahí llegaron nuestros contactos. Hubiera sido una buena forma de salvar parte de la cara del PP”, reflexiona el director.

Un vecindario frente a una trama de corrupción protegida por la política y la Justicia

Carmen Ochoa recuerda los inicios de la polémica como si hubieran ocurrido ayer. “Estábamos enfrentándonos a un cazurrismo sin precedentes, la peor forma posible de capitalismo macarra. Los involucrados en la operación del campo de golf no tenían nada de humano, iban a expoliar lo público para quedárselo ellos y sentimos un imperativo moral para impedir que se salieran con la suya. ¿Cómo iba a ser de interés general un campo de golf, como pregonaba Esperanza Aguirre?”, dice desde el otro lado del teléfono.

Destaca las dificultades que tuvieron en los procesos judiciales, en los que la cúpula del PP madrileño contó con el apoyo permanente del entonces fiscal del Tribunal de Justicia de la Comunidad de Madrid, Manuel Moix: “Desde la Justicia se ignoraron por completo nuestras denuncias, por muy bien formuladas y documentadas que estuviesen.” Cabe destacar que años después Moix sería colocado al frente de la Fiscalía Anticorrupción a propuesta del PP durante el segundo mandato de Rajoy. “Tuvimos que esperar diez años para ser escuchados por la Justicia, un tiempo en el que perdimos la confianza en la independencia judicial”, cuenta Carmen. Pero pone el foco en el final positivo de la historia: “El último juez que llevó este tema dictó una sentencia clara: el campo de golf no era de interés general”.

En este punto, Mercedes Arce recuerda la importancia que tuvo la investigación periodística de Manuel Rico, publicada en el semanario Tiempo, que destapó la trama corrupta montada por Ignacio González para que su familia se enriqueciese con la adjudicación del campo de golf y que tiempo después le costaría el ingreso en prisión provisional y un asiento en el banquillo de los acusados por la adjudicación del campo de golf y otras tramas englobadas en el caso Lezo. “La investigación de Manuel nos llevó a presentar la primera denuncia en los tribunales. Si no hubiera sido por él, quizás no hubiéramos podido seguir avanzando”, relata Mercedes.

Tejido de redes sociales y el legado de su lucha

A lo largo de todos los años de lucha, desde Parque Sí en Chamberí han tejido redes de colaboración con organizaciones de distinta índole. Mercedes recuerda que desde el primer momento formaron parte de la Asociación contra el Plan General de Ordenación Urbana (hoy llamada Plataforma por el Derecho a la Ciudad de Madrid), en protesta por la iniciativa urbanística del consistorio madrileño en tiempos de Ana Botella. En aquel contexto se desarrolló un mapa de los horrores de la ciudad, que aún está activo y recoge operaciones urbanísticas cuestionadas a lo largo y ancho de la capital durante los sucesivos gobiernos del PP.

Carmen cuenta que también estuvieron incluídos en la Plataforma contra la Privatización del Canal de Isabel II, donde estaban presentes representantes sindicales, Ecologistas en Acción y otras asociaciones vecinales, porque según cuenta “la primera venta del Canal, aunque de forma indirecta, fue el proyecto del campo de golf”.

Destaca que siempre mantuvieron la esperanza porque la participación ciudadana actúa de forma retroactiva, que otras personas se unan a tu causa te anima a seguir hacia adelante: “A lo largo de los años hemos organizado talleres sobre el distrito, sobre el barrio y sus necesidades… porque Chamberí parece un barrio de ricos, pero no tenemos casi nada en cuánto a servicios para la ciudadanía: una biblioteca pública para más de 100.000 personas, una única Casa de Cultura, ni una Escuela de Música… la falta de servicios es impresionante”, denuncia.

Ahora, después de la odisea, desde Parque Sí han puesto el foco en la difusión de su trayectoria frente al poder a través del documental: “Me gustaría poder dejar un legado y que las nuevas generaciones recojan el testigo y puedan organizarse para lograr cosas como las que nosotros hemos logrado”, desea Carmen, mientras confiesa que siente que se le ha pasado “toda una vida”. Por eso, ahora que han vencido en una batalla que nunca dieron por perdida pese a las dificultades, sentencia: “Queremos que nuestra historia no pase desapercibida y alcance a la ciudadanía”. Porque su historia sí que es, en definitiva, De interés general.

Conseguir información y garantizarse el favor de quienes ostentan puestos clave. Esta era la obsesión del comisario José Manuel Villarejo, antes de ser detenido, por los negocios que regentaba al margen de la Policía y así lo hizo constar en conversaciones que él mismo grabó a lo largo de los años y que guardaba ordenadamente en su casa. Audios que tras su arresto en noviembre de 2017 fueron hallados, desencriptados y transcritos por los agentes de la Unidad de Asuntos Internos que le investigan en el marco de la macrocausa Tándem que instruye la Audiencia Nacional.

Estas plazas para las que Villarejo quería contar con aliados son la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía Nacional y la jefatura de la Fiscalía Anticorrupción, y el comisario tenía muy claro a principios de 2017 a quiénes quería al frente de esos puestos. Para el primero, Villarejo maniobró directamente para lograr que consiguiera el puesto José Luis Olivera, con quien mantenía una buena relación y que había ejercido años antes como jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), mientras que para el segundo, su favorito era el fiscal Manuel Moix.

A Olivera, que estuvo al frente de la UDEF cuando estalló el caso Gürtel, ya se le había vinculado con Villarejo y su nombre ha sobrevolado la macrocausa en la que el comisario jubilado es el principal investigado por sus supuestas actividades delictivas, para las cuales utilizaba su condición de mando policial, presuntamente para obtener información privilegiada y recurriendo a la colaboración de otros policías. Ahora, el sumario de la pieza 7 de este caso, al que ha tenido acceso infoLibre, ha dejado al descubierto la relación entre Olivera y Villarejo y cómo este último, siempre según su versión, habló incluso con la entonces secretaria general del PP y ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, para venderle las virtudes de su amigo para la DAO.

Villarejo lo explicó así en una larga charla que mantuvo el 17 de enero de 2017 con sus socios Adrián de la Joya y Alberto Pedraza, además del abogado Javier Iglesias –relacionado con dirigentes del PP–, encuentro al que se incorporó más tarde el propio Olivera. Eran fechas en las que el segundo Gobierno de Mariano Rajoy estaba casi recién estrenado y había puestos clave que estaban por renovar o ya habían sido renovados.

En un momento dado, Villarejo comentaba que había hablado con Cospedal, quien a su vez había avalado a Juan Ignacio Zoido como ministro del Interior, y le había instado a utilizar su influencia para colocar a Olivera como DAO. “Me dijo sí sí sí, pero que tampoco quería hacer de menos al director (de la Policía). Y le digo ‘Tía, si es muy importante para ti, para ti es muy importante, pa tu guerra que tienes… para ti, para el Asturiano y para todo el país, porque esto es un puto pedregal, que aquí hay cangrejos debajo de cada piedra”, relataba el comisario en esa conversación, refiriéndose a lo importante que era también para Rajoy nombrar a alguien de confianza para pilotar la Policía.

Haciendo favores al PP

Según Villarejo, él se lo dijo a Cospedal tan directamente porque “aparte de ser la persona más idónea” para el puesto, Olivera se había pasado “toda la puta vida haciendo favores mucho a esta gente”, es decir, al PP, porque “la Gürtel los podía haber mandado a todos a tomar por el culo si no llega a ser por éste”Gürtel y “eso no se puede olvidar en la puta vida”. “Empezando por el jefe”, añade Javier Iglesias.

Estos interlocutores no fueron los únicos a los que Villarejo manifestó su interés en que Olivera fuese colocado al frente de la DAO. También comentó el asunto con los periodistas Eduardo Inda y Ana Rosa Quintana y el marido de ésta, Juan Muñoz –procesado en otra pieza del caso Tándem por supuestamente contratar al comisario–, a los que transmite su interés por que nombren al exjefe de la UDEF, quien sonaba entre los posibles candidatos.

La versión que les cuenta a ellos es prácticamente idéntica a la anterior: que insistió a Cospedal con que nombraran a Olivera y que ella le contestó que querían a una persona “ajena” para “no potenciar las peleas” internas que mantenía con la entonces vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría.

Relación de negocios

Pero el sumario de la pieza 7 del caso Tándem revela un interés por parte de Villarejo más allá de la profesionalidad que le presupone a Olivera. Las conversaciones grabadas por el comisario jubilado ponen de manifiesto una relación estrecha, de amistad, además de un “concierto económico permanente” por el que, según las conclusiones de la Fiscalía Anticorrupción, Olivera habría colaborado con Villarejo para los negocios privados de éste a cambio de una contraprestación que podría ser del 5%. Estando al frente de la misma DAO, del centro de la Policía Nacional y por donde pasa la información, habría mejorado ampliamente su negocio, sobre todo teniendo en cuanta que el comisario ya se había jubilado en esas fechas.

En las conversaciones grabadas por el comisario jubilado, éste se refiere a Olivera como Oli, tronco o tronqueteOlitronco tronquete al saludarle, e incluso llegó a alardear ante un posible cliente de sus empresas de detectives de esa “amistad” con el exjefe de la UDEF, insinuando que éste podría facilitarle información por su condición policial. De hecho, de esta buena relación se derivan dos llamadas telefónicas en las que Villarejo advirtió a Ignacio López del Hierro, marido de María Dolores de Cospedal y al que conoce desde hace años, de dos investigaciones de corrupción que en aquel momento estaban secretas y que afectaban directamente al partido conservador: el caso Brugal en Alicante y la rama valenciana del caso Gürtel, tal y como consta en el sumario.

Esta relación y las evidencias obtenidas por los investigadores han llevado al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón a indagar en el patrimonio y las cuentas bancarias de Olivera, ahora cargo de confianza de Luis Rubiales en la Federación Española de Fútbol, para desentrañar la posible relación contractual con la organización criminal presuntamente liderada por Villarejo. Para Anticorrupción, Olivera “habría amparado las actuaciones ilícitas del investigado José Manuel Villarejo, en unos casos facilitándole información de operaciones policiales secretas, y en otros, como en el caso de la operación Kitchen, “permitiendo su planificación y ejecución a pesar de conocer su carácter ilícito”.

"Toda la vida blanqueando"

Y no sólo actividades ilícitas de Villarejo. El empresario Adrián de la Joya comenta en las conversaciones grabadas que él lleva "toda la vida blanqueando" y que podría dar "una ponencia" al respecto, y Olivera, lejos de reprochárselo, se ríe junto con los demás, según se desprende del sumario.

Manuel Moix es el otro nombre que despierta el interés de Villarejo de cara a su nombramiento al frente de la Fiscalía Anticorrupción, también a principios de 2017. Fue en una conversación con De la Joya y Pedraza, y también incluida en el sumario de Kitchen, en la que el comisario deja sugiere que ve a Moix proclive a sus intereses en un momento en el que sus actividades ilícitas ya estaban siendo investigadas.

“Como no salga Moix, me preocuparé”, llegó a decir Villarejo a principios de 2017. “Si Moix, si Moix es el fiscal Anticorrupción, que yo, ojalá lo sea, pero...”, añadió en otro momento de la conversación. Moix fue designado finalmente el 22 de febrero, aunque no estuvo mucho en el cargo: tras apenas 87 días, dimitió después de que infoLibre desvelara que era dueño del 25% de una empresa en el paraíso fiscal de Panamá, compartida con sus hermanos.

Pese a la brevedad de su mandato, la etapa de Manuel Moix al frente de esta fiscalía especial no es muy bien recordada en Anticorrupción. En esos meses estalló la operación Lezo, en la que resultó detenido el expresidente madrileño Ignacio González por delitos de corrupción de todo tipo como organización criminal, prevaricación, malversación y blanqueo de capitales. En medio de todo el operativo, el entonces fiscal jefe dio la orden de frenar varios de los registros programados, en contra de los fiscales que llevaban la investigación.

La tensa situación generada terminó con los fiscales del caso invocando el artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Público y planteando la cuestión a la Junta de Fiscales, en la que la práctica totalidad de los compañeros de Anticorrupción respaldó la realización de los registros.

El comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo manifestó su predilección por Manuel Moix como jefe de la Fiscalía Anticorrupción sólo unos días antes de que éste fuera nombrado, cuando ya se escuchaba su nombre para la designación, ya que lo veía más proclive a sus intereses, toda vez que el expolicía ya estaba siendo investigado y se habían publicado informaciones acerca de sus dudosas actividades.

Así lo revela una conversación que mantuvo Villarejo el 17 de febrero de 2017 con sus socios Adrián de la Joya y Alberto Pedraza que fue grabada por él mismo –grababa todos sus encuentros– en su casa de la finca El Montecillo, ubicada en el municipio madrileño de Boadilla del Monte. Moix fue nombrado fiscal jefe de Anticorrupción el día 22 de ese mismo mes.

Esa charla entre los tres, incluida en el sumario de la pieza 7 del caso Tándem al que ha tenido acceso infoLibre, Moix es nombrado en numerosas ocasiones y todos dejan claro que sería el fiscal favorito de los tres para estar al frente de Anticorrupción. “Como no salga Moix, me preocuparé”, llega a decir Villarejo. “Si Moix, si Moix es el Fiscal Anticorrupción, que yo, ojalá lo sea, pero...”, añade en otro momento de la conversación.

Y no se quedan ahí, sino que llegan a hablar de maniobrar para conseguir que Moix actúe de acuerdo a sus intereses en caso de ser nombrado fiscal jefe. Tal y como consta en el informe de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional entregado a la Audiencia Nacional, los tres hablan de un informe del Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) y que podrían hacer que Moix desmontara esa investigación una vez llegara a la jefatura de Anticorrupción.

Quiso frenar la investigación de Lezo

Villarejo y sus socios no eran los únicos interesados en que Moix estuviera al frente de esta Fiscalía. En conversaciones interceptadas por la Unidad de Criminalidad Organizada (UCO) de la Guardia Civil, el expresidente madrileño Ignacio González anticipó a un compañero del PP, Eduardo Zaplana, la intención del partido de “colocar” a Moix en este puesto con la esperanza de que fuera proclive a sus intereses.

Y estaba en lo cierto, pues unos días antes de que estallara la operación Lezo en abril de 2017 en la que González resultó detenido por delitos de corrupción de todo tipo -organización criminal, prevaricación, malversación, blanqueo de capitales-, Moix dio la orden de frenar varios de los registros programados en el marco del operativo, en contra de los fiscales que llevaban la investigación.

Los fiscales Carlos Yánez y Carmen García Cerdá invocaron entonces el artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, algo que está previsto en la propia norma pero que es muy poco habitual que ocurra y que establece que cualquier fiscal que reciba una orden "que considere contraria a las leyes o que, por cualquier otro motivo estime improcedente", se lo hará saber a su fiscal jefe "mediante informe razonado" y si éste "no considera satisfactorias las razones alegadas, planteará la cuestión a la Junta de Fiscalía". La práctica totalidad de los fiscales que integran Anticorrupción respaldó a sus compañeros y los registros se practicaron.

Sigue ejerciendo en el Supremo

Fue uno de los momentos más convulsos de la etapa de Moix al frente de Anticorrupción, pero no le dio tiempo a mucho más, ya que llegó a la jefatura el 22 de febrero de 2017, nombrado por el entonces fiscal general, José Manuel Maza, ya fallecido, y apenas estuvo 87 días en el cargo: dimitió después de que infoLibre desvelara que era dueño del 25% de una empresa en el paraíso fiscal de Panamá, compartida con sus hermanos [aquí tienes nuestro dosier sobre el caso]

A pesar del breve periodo de tiempo como fiscal jefe Anticorrupción, el acceso a este cargo otorga automáticamente una plaza en la Junta de Fiscales de Sala, el órgano que asiste al fiscal general en materia doctrinal y técnica para fijar criterios de interpretación y actuación legal, así como para resolver consultas y elaborar memorias y circulares, tal y como establece el Estatuto Orgánico del Ministerio Público. Además, sigue siendo fiscal de lo Contencioso-Administrativo en el Tribunal Supremo.

Se centran especialmente en el primero, para el cual cuentan con un aliado: el ex fiscal Anticorrupción Manuel Moix aliado. Celebran que su nombramiento acabará con la carrera en ese departamento de Grinda, y aseguran que Moix les ha dicho "les tengo a todos calados, la limpia va a ser monumental". Llegan, incluso, a referirse a la publicación en el BOE de dicho nombramiento como "estar dentro". Lo publicado corresponde a unas grabaciones de las conversaciones que el excomisario mantuvo con De la Joya y Pedraza en el Aeropuerto de Nueva York.

"Grinda sabe que está muerto de aquí al 22. Les ha citado el jueves por qué, porque a la semana siguiente está en la calle... Y nos ha dicho [Moix]: "que a este hijo de la gran puta le voy a sentar y le voy a dejar salir sin escándalo, sin escándalo...[por el fiscal Grinda]", asegura Pedraza en las conversaciones grabadas, parte del sumario del caso Tándem. 

Los interlocutores hablan de una petición que ha recibido Javier Iglesias, abogado de los hermanos Cierco –dueños de la Banca Privada de Andorra– del fiscal Grinda: les pide una reunión en la sede de Anticorrupción, en principio para iniciar una "negociación". "Es una instrucción que nos ha dado la vicepresidenta. Para arreglar vuestro marrón", cita Villarejo al fiscal. Pero ellos no se fían, y así lo afirman: "Me huele a encerrona", explica Pedraza. Coinciden que el encuentro es innecesario, porque la llegada de Moix al frente de la Fiscalía y el nombramiento de José Manuel Maza como Fiscal General del Estado les favorece: "Y menos cuando el día 22 estamos dentro a no ser que pase una hecatombe". 

Sobre las conversaciones desveladas, el fiscal José Grinda ha asegurado que finalmente, la reunión de los hermanos Cierco y su letrado se celebró con la presencia del mismo Moix, no de la suya. Pese a los augurios de los interlocutores, sigue en su puesto: no así Moix, que dimitió tras las informaciones desveladas por infoLibre sobre su empresa en Panamá.

Tal y como informa este miércoles la Cadena Ser, la denuncia contra Moix, que ha sido presentados en la Sala Segunda del Tribunal Supremo por el aforamiento del que goza, detalla "múltiples irregularidades" durante el proceso judicial. Unas anomalías presuntamente ordenadas por Moix y Olivera, y cometidas por Barrado "atendiendo a los intereses políticos del Partido Popular".

Los abogados del denunciante aseguran que, por orden de Moix y en connivencia con los otros dos policías, se acusó de manera infundada a personas que no tenían nada que ver con el espionaje en la Comunidad de Madrid, para así proteger a los altos cargos del PP que realmente ordenaron ese espionaje.

En la denuncia, Caro Vinagre solicita que acudan a testificar Moix, Barrado y Olivera. También pide que el ex fiscal jefe Anticorrupción pague 250.000 euros de fianza con destino a "reparar los daños morales, psicológicos y afectivos causados", y que lo hagan con la misma cantidad los agentes Barrado y Olivera.

El juicio por los seguimientos en 2008 a altos cargos del PP madrileño contrarios a Esperanza Aguirre y que supuestamente fueron perpetrados por espías a sueldo de la Comunidad de Madrid dio este miércoles un giro drástico y de consecuencias imprevisibles. Uno de los testigos, el excomisario Jaime Barrado, provocó un auténtico maremoto en la sala cuando, interrogado por la defensa de uno de los seis acusados, involucró en una estrategia destinada a impedir que la Policía investigase al PP a dos figuras de gran relevancia: su antiguo jefe en la UDEF (Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal), José Luis Olivera, y Manuel Moix, que entonces dirigía la Fiscalía madrileña. Lo denunció por los cauces internos, dijo, pero su denuncia se quedó "en un cajón".

En conversación telefónica con infoLibre, Moix negó de forma tajante las acusaciones del testigo, a quien –asegura– no pone "cara ni nombre". Y subrayó que fue él mismo quien, por iniciativa propia, abrió diligencias de investigación en enero de 2009 en cuanto el diario El País publicó que el entonces vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, y el exvicepresidente del Gobierno regional Alberto Prada habían sido espiados. "Lo primero que hay que preguntarle a Barrado es qué pruebas tiene para decir lo que ha dicho porque, encima, la investigación la inicio yo de oficio, tomo declaración al periodista [al autor de las informaciones sobre el espionaje] y a Prada y cuando compruebo que había otra denuncia por los mismos hechos en un juzgado envío las diligencias y ahí acaba mi intervención". Moix abrió las diligencias el 22 de enero de 2009. El 3 de abril las seguía teniendo en sus manos.

"Es cierto –dice Moix– que no veíamos malversación pero ese era también el criterio de los fiscales del caso, que lo llevaba la Fiscalía provincial y no la del TSJM". De la Fiscalía del Tribunal Superior de Madrid (TSJM), Moix saltó en febrero de 2017 a la jefatura de Anticorrupción, de la que dimitió en junio de ese mismo año después de que infoLibre desvelase su condición de copropietario de una empresa panameña. A nombre de esa sociedad, en la que Moix poseía el 25%, permanecía inscrito el chalé heredado por él mismo y sus hermanos. Actualmente, se encuentra destinado en la Fiscalía del Tribunal Supremo.

Anuncio de querella

Una vez que Barrado lanzó sus graves acusaciones, la jueza que preside la vista mandó parar: el testigo se estaba incriminando. Tras desechar la opción ofrecida por la magistrada –disolver el jurado, lo que habría devuelto el caso a la fase de instrucción–, el abogado cuyo interrogatorio acababa de deparar la mayor sorpresa del juicio hizo tres anuncios: que pedirá que se deduzca testimonio contra Olivera, Moix y el propio Barrado, es decir, que se remita lo declarado por el testigo para que un juzgado investigue si incurrieron en delito; que interpondrá una querella o una denuncia contra los tres una vez se conozca el veredicto; y que pedirá la nulidad del juicio.

Barrado lanzó el misil durante el interrogatorio del abogado Javier Vasallo, que representa a uno de los seis acusados. Vasallo defiende al guardia civil José Luis Caro, ya condenado en la primera pieza de la Operación Púnica, la del chivatazo que alertó a Francisco Granados, que era número 2 del PP madrileño y consejero de Interior cuando se produjeron los seguimientos. El letrado compagina la defensa de Caro en el caso de los espías con la de Granados en Púnica.

La conmoción se fue apoderando del jurado, los abogados, el público y los periodistas cuando Barrado comenzó a relatar que, una vez iniciadas las pesquisas por el espionaje al entonces vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, y al exvicepresidente de la Comunidad Alfredo Prada, se encontró con "cortapisas" cuando quiso investigar "más arriba". 

"Yo –prosiguió Barrado– me niego a rectificar uno de los informes ordenado por el señor Olivera, quería que pusiera falsedades. [Por] Todo este conjunto de cosas yo no me fío ni del señor Olivera ni del señor Moix". 

El letrado, Javier Vasallo, siguió adelante y lanzó otra pregunta. Y se abrió el siguiente diálogo:

–¿Usted advirtió irregularidades en su comisario jefe, el señor Ollivera, y en el fiscal jefe, señor Moix, en relación a la investigación?

- Sí, sí.

–Y por qué no lo denunció usted inmediatamente?

–Lo denuncié de la única manera que puede un comisario denunciar a un comisario que tiene por encima, denunciarlo al superior, que era el comisario general de Policía Judicial [en aquel momento, Juan Antonio González].

– Y cómo lo denunció usted?

– Mediante notas informativas que se quedarían en un cajón.

En el caso, que ha llegado a juicio 10 años después de que el espionaje saliera a la luz y sin que ningún cargo público del momento se siente en el banquillo, hay seis acusados. Todos ellos por malversación: dos guardias civiles y un policía que trabajaban en la Consejería de Interior de Madrid, un técnico de ese departamento, el director general de Seguridad del Gobierno regional y su número dos. Uno de los acusados declaró el lunes que el director general, Sergio Gamón, les ordenó vigilar a cargos del PP en los que el entonces vicepresidente, Ignacio González, tenía "especial interés". González lo ha negado.

Solo la Comunidad de Madrid, que ejerce la acusación particular en calidad de perjudicada, y el PSOE, personado como acusación popular, piden condenas por malversación: multas, en el caso de la Comunidad; penas de hasta cuatro años, en el del PSOE. La Fiscalía reclama la absolución.

La defensa de José Luis Caro Vinagre, uno de los acusados en el juicio por el caso del espionaje a políticos del PP en Madrid, ha anunciado al tribunal que emprenderá acciones legales por la presunta comisión de un delito de prevaricación contra los comisarios de la Udef que investigaron el caso y el exfiscal superior Manuel Moix tras los nuevos datos aportados por un testigo después de afirmar que podrían haber obstaculizado llegar "a la verdad", informa Europa Press.

En su testifical, el excomisario Jaime Barrado ha afirmado que hubo "cortapisas" para llegar "a la verdad" de los hechos y ha subrayado que advirtió "irregularidades" del exfiscal jefe Manuel Moix, indicando que se quejó al comisario general pero todo quedó "en un cajón". Tras los nuevos datos, el abogado Javier Basallo ha anunciado que deducirá testimonio contra Barrado y los demás comisarios implicados y que instruyeron el atestado, así como Manuel Moix. Además, se ha adherido el letrado Ramón González Bosch, que defiende a José Oreja, José Manuel Pinto y a José Antonio Coronado.

Fuentes fiscales han señalado a Europa Press que la denuncia que dio origen al procedimiento se interpuso ante la Fiscalía y, que tras tomar declaración al exconsejero Alfredo Prada, se remitió a los juzgados para su judicialización. A partir de entonces, la juez era la encargada de investigar, según han señalado. "El señor Juan Luis (Olivera) intentó guiarme la investigación", ha aseverado el testigo a preguntas de uno de los abogados. Ayer, el entonces jefe de la Unidad reconoció que los acusados eran "unos mandados".

El interrogatorio se ha centrado en preguntas en relación a una afirmación que tuvo Barrado acerca de que "la Policía sabía que el PP espiaba con sus detectives", pero su jefe "acusó" a los guardias civiles.

Durante la instrucción, Barrado y Olivera fueron citados al despacho de la jueza Carmen Valcarce por una comida que tuvo el jefe de Unidad con los investigados. "A partir de ahí, hubo cortapisas hacia la investigación de todo tipo. Se nos cortaban todas las posibilidades. No teníamos acceso a más arriba", ha recalcado en alusión a que no podían llegar más allá de los guardias civiles que fueron inculpados por los seguimientos.

"No me fiaba ni de Moix ni de Olivera", ha dicho tars afirmar que se negó a rectificar un informe repleto de "falsedades". A preguntas sobre si denunció estos hechos, ha recalcado que remitió una nota al Comisario General, pero se "quedó en el cajón" porque no hubo consecuencia. "¿Era usted conocedor de que acusaban vilmente a los acusados?", le ha preguntado el abogado de Sergio Gamón, a lo que el testigo ha replicado con un "no" rotundo.

Además, Barrado ha hablado también de un informe sobre posicionamientos telefónicos, de cuyas conclusiones se ha ratificado. Según su testimonio, había una correlación entre la ubicación de los móviles de tres de los acusados con la presencia de los perseguidos.

Han querido aprovechar la crisis para frenar cualquier nuevo brote de 15-M que pusiera en entredicho las reglas de la vieja España. El miedo al futuro y la precariedad indefinida serían armas infalibles para mitigar las ansias de cambio. No sólo aplicaron recortes al (incipiente) Estado del bienestar, sino que también adoptaron medidas regresivas en derechos y libertades. Una detrás de otra, vía reforma laboral, del Código Penal o del sistema público de pensiones. Claro que todo eso supuso en España (como en otros países) un serio desgaste político que finiquitó el bipartidismo, que dejó desorientada a la socialdemocracia, que liquidó las mayorías absolutas y que dibujó un parlamento cuatripartito. Pero el plan consistía (y consiste) en lo que refrendan la mayoría de las encuestas: mientras sumen las derechas (PP y Ciudadanos o viceversa) frente a unas izquierdas aparentemente incapaces de entenderse y de hacerse entender, los poderes tradicionales (desde Galdós hasta hoy) mantienen la calma.

O la mantenían hasta que han estallado movimientos ciudadanos con los que no contaban, y ante los que se responde desde el poder a golpe de anuncio efectista, con el manual político de la vieja España: una subida de pensiones por aquí, una reforma legal sobre delitos sexuales por allá. Sin entender ni por asomo la profundidad de lo que amplias capas de la ciudadanía reclaman ni el nexo que conecta la indignación de mujeres, pensionistas, estudiantes, trabajadores precarios, parados… Se trata de la DESIGUALDAD.

Nadie esperaba que los jubilados llenaran plazas y calles en toda España exigiendo una pensión digna, y mucho menos sospechaba el Gobierno que se mantuvieran en las calles una vez anunciadas subidas en los Presupuestos pactados con Ciudadanos y con el PNV. No ha colado ese acuerdo pese a superar la línea roja del IPC. Ya no es tan fácil engañar a todo el mundo por más que las grandes plataformas mediáticas que controlan cacareen la 'buena nueva'. Cada pensionista sabe que es un parche puntual y electoralista, y que no se está garantizando la estabilidad del sistema sino su progresivo empobrecimiento.

Nadie esperaba tampoco que 2018 sería el año del clamor por la igualdad de género. En vísperas del 8 de marzo, tanto desde el PP como desde Ciudadanos se despreció el movimiento feminista. Mariano Rajoy le respondió a Carlos Alsina aquello del “no nos metamos en eso” de la brecha salarial. Inés Arrimadas demostró no entender nada tampoco al rechazar con este sesudo argumento la huelga convocada: “yo soy feminista pero no comunista”.

Ha hecho falta un largo e intenso esfuerzo por parte de colectivos de mujeres muy diversos y transversales; ha hecho falta el potente eco del #MeToo norteamericano; ha hecho falta la valiente implicación de compañeras periodistas que dieron un paso al frente visible y comprometido; ha hecho falta una salvajada como la violación múltiple de Pamplona; y han hecho falta una sentencia contradictoria e incomprensible y un voto particular indecente para que un movimiento cívico que ya estaba en marcha logre de golpe traspasar los muros del sistema y que sus habitantes tiemblen, o al menos se vean obligados a improvisar ansiolíticos para la indignación general.

Es obvio que ni Rajoy ni Catalá han visto repentinamente la luz sobre las lagunas que pueda haber en el Código Penal o sobre la ausencia de perspectiva de género en la formación de juezas y jueces. Si pensaran seriamente y a fondo acerca de ello abrirían un debate parlamentario riguroso y bien asesorado sobre ambas cuestiones, en lugar de hacer el encargo inmediato a una comisión técnica formada por 20 hombres, para luego intentar resolver el ridículo incorporando a algunas mujeres y finalmente, este mismo jueves, aceptar que sea paritaria a petición de los propios juristas emplazados. El ministro Catalá ya debería haber dimitido tras su actuación en el caso del expresidente murciano o en el del ex fiscal jefe anticorrupción, pero si esos escándalos no hubieran existido ni le hubieran acarreado la reprobación parlamentaria, bastaría la gestión que ha protagonizado tras la sentencia de La Manada para cesar en su función. Se lo piden incluso los propios jueces y fiscales.

Lo venimos repitiendo desde hace meses. Vivimos tiempos veloces, cargados de ruido y de furia, en los que la política (como el periodismo) parece actuar a golpe de encuesta, de telediario o de tuit, en lugar de cumplir la función que se le exige en democracia: captar las necesidades sociales de fondo y responder a ellas con proyectos de país, capaces de generar confianza y esperanza en varias generaciones.

Hay un hilo invisible (o no tanto) que une el 15-M, las protestas de los pensionistas, el movimiento feminista, el ecologista y otras movilizaciones muy diversas que se organizan en redes horizontales y transversales, como explicaba recientemente la profesora Cristina Monge en estas mismas páginas. Su fuerza transformadora es indudable, hasta el punto de que podría alterar los pronósticos del CIS que vaticinan un nuevo giro a la derecha provocado por el conflicto catalán. Seguimos a la espera de que las opciones políticas que deberían sumar acuerdos para articular el cambio sepan responder a ese (complejo) reto con un modelo de país más justo e igualitario. A otros se les nota mucho que actúan simplemente atropellados por La Manada. La que sea.

La denuncia anónima que utilizó en su día el consejero de Sanidad Manuel Lamela para iniciar todo el proceso judicial por el que acusaban al doctor Montes y su equipo de cuatrocientos asesinatos ya era conocida. Circulaba por los departamentos de la Consejería hacía tiempo e incluso se envió a un equipo para que investigara si aquello tenía el menor sentido, y los técnicos que fueron al hospital, tras un largo y exhaustivo trabajo para que no quedaran dudas, concluyeron que la denuncia era absurda y felicitaron al equipo de urgencias del hospital por su trabajo.

Al llegar el señor Lamela a la Consejería de Sanidad madrileña de la mano de Esperanza Aguirre, gracias al soborno de dos diputados del PSOE (Tamayo y Sáez), la denuncia volvió a desempolvarse, y se utilizó como bomba de relojería para llevar el debate de la Sanidad a un derrotero estúpido, pero que servía a sus fines: trabajar en la sombra para lograr la privatización de la Sanidad a escondidas, mientras los medios de comunicación hablaban de campos de exterminio. La cabeza de turco fueron las Urgencias del Hospital Severo Ochoa de Leganés. Este hospital era uno de los de mayor prestigio de toda España. Destacaba por su calidad asistencial a pesar de que durante mucho tiempo abarcó un área mayor que la que le correspondía, atendía a más pacientes de los que debía.

La denuncia anónima en cuestión hacía referencia al asesinato de 400 pacientes. No de golpe, con gas letal, sino a lo largo de años. Es decir, que por el normal funcionamiento de un hospital esto exigiría la colaboración de los trabajadores de todas las plantas y especialidades: médicos, enfermeros, celadores…

Es decir, tamaña estupidez no habría tenido el menor recorrido sin la colaboración necesaria de la Justicia que, en lugar de desestimar esa absurda denuncia anónima, ahora que la rescataba de la basura el consejero Lamela, decidió darle pábulo, y comenzar el proceso de investigación, declarando el secreto del sumario durante muchos meses, de forma que los propios médicos encausados no sabían de qué se les acusaba, mientras la acusación particular, una asociación de afectados que sólo consiguió dos familiares de los supuestos 400 asesinados, y que se retiraron en el juicio cuando vieron de qué iba el juego, esa asociación, misteriosamente, tuvo acceso a muchas pruebas y documentos durante la fase de instrucción que le fueron negadas a la defensa. No se presentó, como digo, ningún miembro de familias afectadas, era lo que llaman los juristas “un delito sin víctimas”.

El juez fue Rafael Rosel. El hecho de prolongar un proceso que creó alarma social y política mucho más de lo deseable, de forma incomprensible e innecesaria, supuso que ya no habría justicia para los encausados, tal y como me relató uno de ellos. El daño ya estaba hecho. Les hicieron vivir un calvario impresentable mientras en las radios y televisiones les acusaban de ser nazis exterminadores. Todo era ridículo y de una crueldad extrema.

En ningún momento estas autoridades pensaron que esa historia de los asesinatos tuviera el menor sentido. Eso dota sus acciones de una crueldad extrema, y denota la catadura moral de Esperanza Aguirre, Manuel Lamela y todos los que intervinieron en este linchamiento.

A tal punto era cierto que nadie creía en este montaje, que aunque Luis Montes fue apartado de su cargo, tanto él como el resto de sus compañeros siguieron ejerciendo la medicina en el mismo hospital. Para que siguieran matando, es de suponer.

La estupidez en la que se basaron para emprender las acciones legales fue que la cifra de muertes en Urgencias del Hospital Severo Ochoa superaba con creces la de cualquier otro. Esto se debía, y los políticos lo sabían muy bien, a que en esa planta de Urgencias también estaba la unidad de enfermos terminales, que por una cuestión técnica se había ubicado allí. Es decir, que en el resto del hospital apenas moría nadie, pero este dato se ocultaba capciosamente para dar algo de credibilidad a esa teoría de médicos asesinando sistemáticamente durante años.

Finalmente, el juez Rafael Rosel desestimó las acusaciones dos años y dos meses después, algo que podía haber hecho en menos tiempo, antes de que este juego macabro para ocultar el gran negocio de la privatización de la Sanidad del que, por cierto, el señor Lamela ha sido uno de los grandes beneficiarios, destruyera la vida y la reputación de los encausados. Aún dilató un poco más el proceso para que no coincidiera con las elecciones autonómicas y municipales, y terminó de echar una manita al Gobierno de la Comunidad de Madrid cuando declaró en la sentencia que esas muertes pudieron ser provocadas por la mala praxis de los médicos, aunque no se pudo probar. Para no pillarse los dedos, declaraba el señor juez una cosa y su contraria y así la caverna mediática, como en efecto ocurrió, tuvo también su titular, al tiempo que Aguirre y Lamela se iban de rositas. Bueno, el segundo, además, con un patrimonio espectacular gracias a los negocios que hacía mientras era Consejero. Ya saben eso que ahora se llama lobismo, y es legal, y antes, soborno, y era un robo, una vergüenza.

Escribía el juez en la sentencia: "Varios pacientes han muerto tras mala práctica médica a la hora de sedarles", aunque admitía que no hay pruebas de que se deba "excesivamente a los fármacos prescritos”. ¿?

¿Cómo podía afirmar que varios pacientes habían muerto tras mala práctica y a la vez que no había pruebas de tal cosa?

Recurrió el doctor Montes la sentencia para que eliminaran cualquier alusión que pudiera sembrar dudas sobre su quehacer médico. Finalmente, la Audiencia Provincial de Madrid falló en su favor y ordenó suprimir “toda referencia sobre mala práctica de los médicos denunciados”.

Como era de esperar, y para eso se había montado la conjura político-mediático-judicial, ya nada importaba. El Gobierno estaba de nuevo en manos de Esperanza Aguirre, la Consejería de Sanidad ya había comenzado su imparable política de destrucción de la Sanidad Pública en favor de los negocios sanitarios, y de sus compañeros de partido que desembarcaron en esas sociedades, y la notificación de la sentencia definitiva llegaba muy tarde.

Las diferentes acciones difamatorias que en su día poblaban la red (especial aversión provocaba una entrevista que en su día hizo Jiménez Losantos  al consejero Lamela en la que ambos se despachaban a gusto con estos “asesinos”), se han borrado. Es difícil encontrar vestigios de aquella infame campaña en los medios de los difamadores. Como suele suceder, estos seres ignominiosos se encubren y protegen bajo el manto de la mentira y la cobardía. Cuando el caso se cerró, sin que ninguno de los responsables diera la cara, se inhibieron, llegando a afirmar el señor Lamela, artífice de toda la operación, que nada tenía que ver con el caso y que todo había sido un proceso judicial ajeno a su cometido.

Delincuentes y cobardes.

Más tarde, la Audiencia Provincial de Madrid, a través de la jueza Celia Sainz de Robles, declaraba que los insultos y las acusaciones de Jiménez Losantos, Isabel San Sebastián o Cristina López Schlichting, entre otros, se encuadraban dentro del derecho de libertad de expresión que ampara la Constitución. Decían cosas del tipo: "No se trataba de aplicar morfina a enfermos terminales con horribles sufrimientos, sino que llegaba un señor con una insuficiencia respiratoria, con una apoplejía que tenía una esperanza de vida, a lo mejor de cinco años, y se lo “piolaban”.

Pura basura.

Ah, se me olvidaba, el fiscal del caso de los 400 asesinatos era Manuel Moix.

Bueno, lo dejo aquí. Estos son los que dicen que hay que cumplir la ley.

Quiero mandar un abrazo a la familia de Luis Montes, a todos sus compañeros que tuvieron que sufrir esta ignominia en forma directa, y también a todos los ciudadanos de Leganés que tantas veces salieron a la calle para defender a sus médicos, así como a mis compañeros del rodaje del documental (enlace abajo) que hicimos en su día, mientras la instrucción se estiraba deliberadamente, y que me permitió conocerles.

Para mí fue el mayor exponente de hasta dónde están dispuestos a llegar con sus mentiras, pero la gente decente de este país tiene la obligación de restablecer el honor de los injustamente perseguidos.

En ello estaremos.

Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid y principal imputado en la Operación Lezo, acaba de definir al exfiscal jefe Anticorrupción Manuel Moix como "un profesional como la copa de un pino que tiene todo mi respeto y reconocimiento por la extraordinaria labor que hace".

González, ahora en libertad bajo fianza y que ha comparecido ante la comisión de la Asamblea de Madrid que investiga la corrupción política, respondió en esos términos cuando el diputado de Podemos Miguel Ongil le reprochó su relación con Moix, quien dimitió en junio de 2017 después de que infoLibre destapase que es copropietario de una sociedad con sede en el paraíso fiscal de Panamá.

Justo después que González ha comparecido su antigua mentora política, la expresidenta Esperanza Aguirre. En respuesta al diputado de Ciudadanos César Zafra, Aguirre ha renegado de los "chanchullos" que la investigación judicial ha destapado -el enriquecimiento de la familia de Ignacio González- pero ha reclamado para sí la iniciativa de construir ese campo de golf: "Mátenme, pero la idea fue mía".

¿Por qué impulsó ese campo, "cancha" por utilizar el término que ha empleado Aguirre con reiteración? Porque le parecía "injusto" que se ofreciera a los vecinos de la zona, el distrito capitalino de Chamberí, "un helipuerto" incluido en el proyecto inicial de parque. Impulsó políticamente el proyecto no tuvo "ni idea" de que las obras se estaban realizando sin licencia. Declarar el proyecto de interés general para esquivar la negativa del Ayuntamiento de Madrid a darle vía libre estaba -ha dicho- plenamente justificado. "Era de enorme interés para la Comunidad de Madrid y para los vecinos de Chamberí", han sido sus palabras.

Según Aguirre, y pese a que el proyecto de campo de golf había suscitado un amplio rechazo social desde sus orígenes, no se enteró de eso hasta la inauguración del campo -"cancha"- de golf en abril de 2007. La primera noticia que tuvo de que la familia González mantenía relación con esa infraestructura a través de "un hermano o un cuñado que era socio en otra sociedad de uno de los muchos accionistas" del grupo de empresas adjudicatario la tuvo a través de la revista Tiempo. Aguirre se ha permitido recordarle a la diputada socialista Nani Moya que su grupo nunca le formuló ninguna pregunta dirigida a ella misma sobre esa materia. Este diario no ha podido confirmar si su afirmación es correcta. Moya ha recalcado durante el interrogatorio a Aguirre que el PSOE impulsó distintas iniciativas para forzar al Gobierno madrileño a dar explicaciones.

"A cojón visto, macho seguro"

La expresidenta del PP madrileño ha remarcado varias de las ideas centrales de su discurso desde que las investigaciones sobre los casos Lezo y Púnica  han ido sacando a la luz el grado de corrupción -presunta- en que se vieron inmersos los gobiernos de Madrid presididos por ella misma y por su sucesor, Ignacio González: que ha asumido su responsabilidad política al dimitir de todos sus cargos pero que su conciencia está "tranquilísima"; y que nunca supo que la familia de González participaba en el grupo de empresas adjudicatarias de la construcción y gestión del campo de golf.

Respecto a lo primero, su responsabilidad política,  y dirigiéndose esta vez a la diputada de Podemos María Espinosa, Aguirre ha acudido a la ironía para explicar que su error estriba en no haber vigilado suficientemente lo que sucedía en su Gobierno: "En eso, su líder, Lenin, tenía razón, la confianza está bien pero el control está mejor".

Sobre el absoluto desconocimiento del lucro que el campo de golf reportó al clan de su antiguo protegido y delfín -más de un millón de euros-, Aguirre ha tirado de refranero: "Como soy mujer de un ganadero voy a decirlo: a cojón visto, macho seguro". 

González: "Nunca he hecho nada en mi beneficio"

Previamente y bajo el argumento de que se encuentra encausado y de que todo lo que dijera podría interferir en la investigación judicial del caso Lezo, el expresidente madrileño se había negado a responder a las preguntas de los diputados sobre cómo la empresa de aguas de Madrid, el Canal de Isabel II, benefició a una empresa de su familia, Tecnoconcret, en la adjudicación de un campo de golf que finalmente ha sido declarado ilegal.

No obstante, el antiguo delfín de Esperanza Aguirre intervino en ciertos momentos para presentarse como alguien por completo inocente: "Nunca he hecho nada en beneficio mío ni de mi familia", ha dicho.

González se explayó cuando el parlamentario de Podemos Miguel Ongil ha ido detallando como el fiscal Manuel Moix archivó de un plumazo la denuncia vecinal que ya en 2007 alertó de que la adjudicación del campo de golf ubicado en el distrito madrileño de Chamberí había recaído sobre una Unión Temporal de Empresas (UTE) en la que participaba un socio del cuñado de González. Distintos investigados y testigos del caso Lezo han ido confirmando cómo el cuñado de González, José Juan Caballero, y su propio hermano, Pablo González, poseían títulos de Tecnoconcret ya en el momento en que se produjo esa adjudicación. Hasta ahora, Ignacio González siempre ha sostenido que se incorporaron al accionariado de Tecnoconcret en 2008.

"Nunca –ha dicho González– he tenido ninguna relación de amistad con el señor Moix, que era fiscal jefe de Madrid y jamás influí en su nombramiento como fiscal jefe Anticorrupción" "Usted –ha espetado el expresidente madrileño a Ongil– está insinuando que Moix prevarica y me parece muy grave. Es un profesional como la copa de un pino que tiene todo mi respeto y reconocimiento por la extraordinaria labor que hace".

Los atentados terroristas de Barcelona y Cambrils, el Parlament de Cataluña proclamando la independencia o Rajoy declarando como testigo ante la Audiencia Nacional. Son algunos de los hechos que protagonizaron 2017 y que infoLibre repasa a continuación:

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Atentado en Barcelona y Cambrils  

El pasado 17 de agosto, casi a las 17.00 horas, una furgoneta a gran velocidad atravesó La Rambla de Barcelona. Era el modus operandi que ya había empleado el Estado Islámico en los atentados de Niza, Berlín o Estocolmo: bajo coste y poca preparación previa. El resultado fueron 13 víctimas mortales.

Unas horas más tardes, el foco pasó a ser Cambrils, una localidad de Tarragona. Cinco terroristas, armados con cinturones de explosivos que resultaron ser falsos, pretendían perpetrar una nueva masacre, pero los Mossos d’Esquadra les abatieron a tiros. No obstante, antes de eso, durante el atropello que causaron en el paseo marítimo, asesinaron a dos personas.

El origen del atentado se situó en una explosión de una casa en Alcanar (Tarragona) producida la noche del 16 de agosto. La célula yihadista que planeó los ataques, compuesta por 12 personas, acumuló una veintena de bombonas de gas butano y propano que pretendían emplear en un atentado todavía mayor. Allí fallecieron dos personas, una de ellas el imán que había reclutado a los jóvenes integrantes del grupo, Abdelbaki Es Satty.

Con el abatimiento de Younes Abouyaaqoub –conductor de la furgoneta de La Rambla– por parte de los Mossos se dio por desarticulada la célula. Sin contar con los yihadistas muertos en Cambrils y los dos fallecidos en Alcanar, las otras cuatro personas fueron detenidas.

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Declaración unilateral de independencia de Cataluña... y aplicación del 155

Pasadas las 15.00 horas del 27 de noviembre, el Parlament de Cataluña proclamaba la independencia de Cataluña por 70 votos a favor (el 51,85% de la cámara), 10 en contra y dos en blanco. Terminaba así un largo camino recorrido por el independentismo catalán y comenzaba, a la vez, una etapa nunca antes vivida en España.

Los soberanistas mantenían que la decisión estaba “avalada” por los resultados del 1 de octubre, un referéndum suspendido por el Tribunal Constitucional, en el que, según la Generalitat de Cataluña, el ‘sí’ se impuso con un amplísimo margen. Obtuvo el 90,18% de los votos emitidos.

Los pasos que aceleraron el proceso comenzaron a darse los días 6 y 7 de septiembre, cuando la Cámara autonómica aprobó, por mayoría de Junts pel Sí y la CUP, la Ley de Referéndum y la Ley de transitoriedad jurídica, ambas suspendidas de forma inmediata por el Tribunal Constitucional.

La primera consecuencia fue política: la aplicación, por primera vez en la historia democrática, del artículo 155 de la Constitución. El Gobierno de Mariano Rajoy, previa autorización del Senado, destituyó a todo el Govern y las competencias de la Generalitat pasaron a ser asumidas por el Gobierno central, que convocó elecciones para el 21 de diciembre. La aplicación del 155 contó con el respaldo de PP, PSOE y Ciudadanos.

La segunda consecuencia fue judicial: la jueza Carmen Lamela decretó prisión preventiva para los miembros del Govern cesados. Carles Puigdemont, para evitarlo, huyó a Bélgica. Y lo hizo acompañado de cuatro exmiembros de su Ejecutivo: Antoni Comín, Clara Ponsatí, Lluís Puig y Meritxell Serret. Actualmente, todos ellos permanecen en Bruselas y han sido elegidos diputados en las elecciones del 21D. En España permanecen en la cárcel el exvicepresident Oriol Junqueras, el exconseller de Interior Joaquim Forn y los líderes de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Ómnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart.

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La victoria de Arrimadas no evita la mayoría absoluta de los independentistas

En aplicación del artículo 155, el 21 de diciembre se celebraron unas elecciones autonómicas en Cataluña que dejaron un escenario complicado para la gobernabilidad. Las urnas situaron a Ciudadanos como la candidatura vencedora en votos y escaños, pero las formaciones independentistas (Junts per Catalunya, Esquerra y la CUP) conservan la mayoría absoluta que obtuvieron en 2015, al sumar ahora 70 escaños de los 135 que tiene el Parlament. La candidatura más votada entre los soberanistas, en contra de lo que habían pronosticado todas las encuestas, no fue la ERC de Junqueras sino la lista de Carles Puigdemont.

El independentismo, por tanto, ganó el pulso a los llamados "partidos constitucionalistas" al hacerse con el control de la Cámara catalana, devolviéndoles así las riendas de las instituciones catalanas que el Ejecutivo, con el artículo 155, había asumido.

El plazo para constituir el Parlament finaliza el próximo 23 de enero, y habrá que esperar hasta 2018 para saber los posibles pactos que se planteen para la investidura del próximo presidente o presidenta de la Generalitat. El resultado determinará si los independentistas continúan con el procés y, en caso afirmativo, si están dispuestos a mantener la vía unilateral.

El día posterior a las elecciones, el candidato de Junts per Catalunya se mostró dispuesto a mantener una reunión con Mariano Rajoy "en cualquier país de la Unión Europea", pero no en territorio español. El presidente del Ejecutivo, al ser preguntado por una posible reunión con Puigdemont, respondió primero con evasivas y luego indicó que lógicamente tendrá que "hablar con quien ejerza la Presidencia de la Generalitat". Pero recordó que Puigdemont, fugado a Bélgica, primero "tiene que tomar posesión de su escaño, ser elegido presidente y estar en condiciones de hablar ". Y es que, si regresa, su entrada en prisión es segura.

4

Pedro Sánchez recupera la Secretaría General del PSOE  

El 21 de mayo finalizaba la larga crisis interna del PSOE. Esa noche, Pedro Sánchez conseguía por segunda vez el aval de los militantes del partido para ocupar la Secretaría General. Logró 74.223 votos (50,2%), 10.000 más de los que logró en las primarias de 2014. Segunda y gran derrotada fue Susana Díaz, con el 39,94% de los sufragios y 59.041 papeletas. Tercero, y a mucha distancia, Patxi López, que se quedó en el 9,85% con 14.571 votos.

Terminó así la larga historia que comenzó meses antes, en octubre de 2016. El Comité Federal celebrado el día 1, en el que Sánchez perdió por 132 a 107 delegados la votación en el Comité Federal sobre la convocatoria de un Congreso Federal extraordinario, acabó con la dimisión del hasta ese momento líder de los socialistas. El partido quedó en manos de una comisión gestora, controlada por afines a Susana Díaz. Los socialistas decidieron facilitar con su abstención la investidura como presidente de Mariano Rajoy y, antes de la votación, Sánchez presentó su renuncia al escaño. Estaba poniendo así la primera piedra de su exitosa campaña de primarias, basada en el lema de "no es no", en referencia al rechazo a permitir que Rajoy siguiese en Moncloa.

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El  'testigo Rajoy': primer presidente de Gobierno ante un juez  

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, intentó evitar la imagen, pero no pudo. En el mes de julio se sentó en el banquillo de la Audiencia Nacional para declarar como testigo en el juicio por la primera etapa de la trama Gürtel.

A pesar de haber solicitado declarar por videoconferencia, el tribunal rechazó la propuesta. Y el líder de los conservadores y jefe del Ejecutivo aseguró, desde una mesa a la derecha del juez, a diferencia del resto de testigos, que "jamás" conoció la caja B del partido y que nunca cobró sobresueldos. “Jamás me he ocupado de ninguna cuestión de contabilidad. Lo único que me preocupaban eran los informes del Tribunal de Cuentas. Mis responsabilidades eran políticas, no económicas”, apuntó Rajoy.

El presidente fue citado a declarar a petición de la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade), la principal acusación popular, y ante la falta de colaboración del PP –se negó a declarar en su condición de responsable civil–.

Esta era la primera vez que un presidente del Gobierno español se sentaba ante un juez. Antes que él habían declarado los expresidentes Adolfo Suárez y Felipe González pero, cuando se produjeron sus comparecencias ante un tribunal, ninguno de los dos continuaba al frente del cargo.

  6

Dimisión de Manuel Moix

Apenas 60 horas después de que infoLibre desvelase que Manuel Moix era dueño, desde hacía cinco años, del 25% de una empresa en el paraíso fiscal de PanamáPanamá, el entonces fiscal Anticorrupción presentaba su dimisión.

Según la información a la que tuvo acceso a este diario, la compañía, Duchesse Financial Overseas era propietaria de un chalé en España, en el municipio madrileño de Collado Villalba, valorado en 550.000 euros. El ya exfiscal jefe Anticorrupción heredó el control de la empresa y del inmueble en dos fases: en octubre de 2008, cuando falleció su madre, y en diciembre de 2011, cuando murió su padre. 

Tras conocerse estas informaciones, infoLibre trató de ponerse en contacto con Moix, pero no obtuvo respuesta. Este, por el contrario, intentó esquivar las acusaciones con varias excusas. En primer lugar, declaró que la empresa estaba "inactiva"; más tarde, afirmó que no había podido disolverla por "motivos económicos" porque los "gastos de liquidación no podían ser asumidos por algunos de los hermanos" –copropietarios de la compañía–; por último, dijo que los actuales propietarios de la empresa se enteraron de su existencia en 2008 o en 2011 y no cuando se constituyó en Panamá años antes. Estas tres afirmaciones resultaron ser falsas. 

La empresa en Panamá y sus mentiras terminaron así de forma fulminante con la carrera de Moix en Anticorrupción.

  7

Un año de Donald Trump

El empresario Donald Trump, candidato del Partido Republicano y vencedor de las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2015, tomó posesión el pasado 20 de enero. Comenzaba así una legislatura que se preveía polémica desde el principio, pues algunas de sus promesas de campaña, como construir un muro con México, habían levantado no pocas voces críticas. 

Tan solo unos días más tarde llegaba la primera polémica: Trump suspendió el plan de acogida de refugiados sirios por un tiempo indefinido en el marco de una orden ejecutiva destinada a impedir que los terroristas islámicos entren en Estados Unidos. "He establecido nuevas medidas de veto para mantener a los terroristas islámicos fuera de Estados Unidos. No los queremos aquí". 

Pocos meses después, en junio, el presidente de Estados Unidos confirmó la ruptura de su Gobierno con el Acuerdo de ParísAcuerdo de París contra el cambio climático, con el que su predecesor, Barack Obama, se comprometió a finales de 2014.

En octubre llegó la tercera gran decisión polémica. Trump anunció que dejaría de pagar los subsidios destinados a seis millones de estadounidenses de renta baja que no pueden permitirse asumir el coste completo de sus seguros sanitarios, una de las medidas clave del Obamacare. Su objetivo era retirar por completo el plan de su predecesor, pero el Senado no se lo permitió. 

Y el presidente de EEUU despidió el año provocando otra crisis internacional al reconocer a Jerusalén como capital de Israel y confirmar que trasladaría allí su embajada, proceso que durará al menos dos años. La decisión provocó múltiples reacciones contrarias a nivel internacional y una oleada de protestas del mundo árabe, especialmente en los territorios palestinos. 

Desde el escándalo de la empresa panameña que obligó a dimitir al fiscal Moix a informaciones sobre los ingresos de la Iglesia o los privilegios de las grandes empresas. Seleccionamos a continuación 33 informaciones desveladas por infoLibre en 2017 que ejemplifican el compromiso editorial de este periódico, cuyos ingresos dependen de forma mayoritaria de las cuotas que abonan los suscriptores.

  La corrupción

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Manuel Moix

El caso Moix fue la exclusiva de infoLibre que tuvo mayor repercusión en 2017 ya que obligó a presentar la dimisión al fiscal jefe de Anticorrupción, Manuel Moix. Este periódico desveló a finales de mayo que Moix era dueño del 25% de una empresa en el paraíso fiscal de Panamá denominada Duchesse Financial Overseas que, a su vez, era propietaria de un chalé en el municipio madrileño de Collado Villalba valorado en 550.000 euros. El fiscal intentó tapar el escándalo con excusas falsas, que infoLibre fue desmontando una a una. Sólo tres días después de la primera información sobre el caso, Moix se vio forzado a dimitir.

Semanas antes del escándalo en torno a su empresa panameña, este periódico ya había desvelado otras noticias significativas sobre Moix, en este caso relacionadas con la etapa en la que estuvo al frente de la Fiscalía de Madrid. Moix había impedido hasta en tres ocasiones que se investigase la trama societaria creada por Ignacio González y su familia para lucrarse con la construcción y explotación del campo de golf del Canal de Isabel II. Una sencilla diligencia, que el fiscal se negó a realizar, habría servido para descubrir la trama corrupta.

  2

Ignacio González

Este periódico desveló diversas informaciones exclusivas sobre el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, detenido en abril en el marco de la operación Lezo. Entre ellas destacan la noticia de que la adjudicación del campo de golf de Chamberí, realizada por el Canal de Isabel II que presidía González, permitió a una empresa controlada por la familia del entonces vicepresidente madrileño quedarse con una comisión de 600.000 euros; que el político madrileño ordenó pagar sin tasación externa previa 21,5 millones por una empresa que al mes siguiente quedó valorada en 10 millones; o que dos exdirectivos colombianos del Canal apuntaban al expresidente madrileño como la persona que ordenaba cómo se debían repartir los sobornos. 

  3

El Open de tenis de Madrid

La organizadora del Open de Tenis, Madrid Trophy Promotion SL, lleva tres lustros asociada públicamente al antiguo tenista rumano Ion Tiriac. Sin embargo, en ninguno de los documentos registrales a los que tuvo acceso infoLibre aparece el deportista. Desde 2005, la empresa madrileña ha tenido como sucesivos accionistas únicos dos sociedades holandesas de estructura opaca. Y ambas muestran vínculos con sendos paraísos fiscales que oficialmente ya no poseen esa calificación: la isla caribeña de Curaçao, en las antiguas Antillas Holandesas, y Chipre, país miembro de la UE al que organizaciones internacionales como Oxfam siguen incluyendo entre los paraísos fiscales "más agresivos" del mundo.

  4

La caja B del PP 

Tres documentos manuscritos del entonces gerente del PP de Madrid, Beltrán Gutiérrez, a los que tuvo acceso infoLibre y que figuran en el sumario de la Púnica, indican que el partido destinó 1,5 millones de euros a publicidad exterior y 1,03 millones a prensa y radio en la campaña de las autonómicas de 2007. En total, 2,53 millones. Sin embargo, el PP declaró a la Cámara de Cuentas que había gastado 265.002 euros por el primer concepto y 550.000 por el segundo. Es decir, declaró 1,71 millones menos de lo presuntamente gastado.

  5

Financiación ilegal del PP

De nuevo, el PP madrileño como protagonista. Diez de las empresas de publicidad y servicios investigadas en el marco de la supuesta financiación ilegal del partido en la capital se repartieron al menos 23,4 millones en contratos públicos de esa comunidad durante la década de poder de Esperanza Aguirre al tiempo que prestaban servicios electorales a su partido. Y, aparentemente, también a Fundescam, la fundación utilizada por el PP de Madrid para financiar parte de sus campañas.

  6

Los contratos de la Armada

Según pudo saber este diario el pasado mes de noviembre, la Fiscalía Anticorrupción investiga las adjudicaciones de la Dirección de Abastecimiento y Transporte de la Armada por unas supuestas irregularidades en los contratos de suministro de uniformes. La Fiscalía solicitó a Defensa que le enviase al menos seis expedientes de contratación de vestuario para la Armada. El director de Abastecimiento, el general Jesús Franco Suanzes, es sobrino de la dueña del grupo Iturri, adjudicatario de la mayoría de los contratos.

Malas prácticas de la política

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Sueldos de diputados

Según la información oficial que el Congreso facilitó a infoLibre, un total de nueve diputados cobran un "sobresueldo" mensual por formar parte de una Comisión que, en un año, tan sólo se reunió en una ocasión. Las cantidades que se embolsaron los nueve miembros de la Mesa, cuyos cargos se trasladan de forma simétrica a la estructura de la Comisión de Reglamento, van desde los 1.445,62 de la presidenta, Ana Pastor, a los 704,63 que percibe un secretario. Todo en 14 pagas. 

  8

Conflictos de intereses

Desde que se constituyeron las Cortes Generales de esta XII Legislatura el 19 de julio de 2016, cuatro ministros del Gobierno se han inhibido en 26 ocasionesse han inhibido en 26 ocasiones –en algunos casos en varias decisiones diferentes– en favor de otro compañero a la hora de tomar decisiones que podrían ocasionar un conflicto de intereses, según los datos que facilitó a infoLibre el Portal de la Transparencia. De ellos, la vicepresidenta del Ejecutivo y titular de Presidencia, Soraya Sáenz de Santamaría, es la que se ha abstenido un mayor número de veces –16–.

  9

Legislar a golpe de decreto

El Gobierno de Mariano Rajoy ha recurrido a la vía de legislar a través de decreto ley un total de 16 vecesdecreto ley en el primer año de la actual legislatura, tal y como desveló infoLibre el pasado mes de junio. Y desde que asumió el Ejecutivo en el año 2011 ha recurrido a esta fórmula en 93 ocasiones: 76 en la X legislatura, una en la corta XI legislatura y las 16 de la actual. El 31,8% de las iniciativas legislativas del Gobierno fueron decretos leyes. El porcentaje es casi inédito. Sólo en la VI Legislatura (1996-2000), con José María Aznar (PP) al frente, se superó el 30%.

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El Estado no recupera el dinero de los corruptos

Una de las grandes lagunas de la lucha contra la corrupción en España es el escaso dinero que recupera el Estado de los corruptos. El caso Púnica es un ejemplo paradigmático: los investigadores estiman que se ha producido un saqueo de 250 millones de euros, pero hasta la fecha sólo se han incautado 4,1 millones de euros en efectivo. Pero la misma pauta se repite en todos los grandes escándalos de corrupción descubiertos durante los últimos años.

  11

Las puertas giratorias

Dirigentes de los partidos tradicionales, PP y PSOE, han sido los principales beneficiarios del fenómeno de transición entre la política y la gran empresa. Según los datos recabados por infoLibre, 25 personas que en algún momento ocuparon cargos en la Administración a propuesta de socialistas o conservadores forman parte de los consejos de administración de 13 compañías que cotizan en el IBEX 35IBEX 35. En total, los salarios de estas 25 personas ascendieron a 4,9 millones de euros en 2016, según datos extraídos por este periódico de los informes con las retribuciones de los diferentes consejos de administración presentados a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Abusos y privilegios de la banca y las empresas

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Los beneficios de la banca

Según publicó infoLibre este mes de noviembre, la gran banca ganó casi 80.000 millones desde 2009, un 40% más de lo que costó el rescate a los contribuyentes. El Banco de España calcula que sólo se recuperará el 6,8% de los 57.000 millones de euros de dinero público que se inyectaron en el sector financiero. De los siete grandes bancos, sólo Bankia y Popular registraron pérdidas desde 2009 pese a la crisis y la reestructuración. En concreto, en el periodo de tiempo analizado la gran banca ha ganado 79.435 millones de euros. En esa cifra se incluyen los beneficios de Santander, BBVA, Caixabank, Bankia –antes Caja Madrid–, Banco Popular, Banco Sabadell y Bankinter.

13

El escándalo de los dividendos de Abanca

Abanca repartió 692 millones de euros en dividendos entre sus accionistas privados tras un rescate que costó 8.500 millones al contribuyente. De ellos, el banquero venezolano Juan Carlos Escotet –que compró Novagalicia Banco, predecesora de Abanca, por 1.003 millones en 2013– se embolsó el equivalente al 86,79% del capital de Abanca que posee: en total 600 millones de euros. En su último informe sobre el rescate financiero, el Banco de España da por perdidos 8.551 millones de euros en Novagalicia Banco.

  14

Los impuestos de las empresas

6.754 millones de euros. Esa es la cantidad que, según publicó este diario el pasado mes de enero, el Estado dejó de ingresar en el año 2014 por las deducciones a las que pudieron acogerse las grandes empresas en el pago del impuesto de sociedades. Hasta el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, llegó a asegurar en el Congreso que "no se puede aceptar" que las grandes empresas terminen pagando tipos mucho menores que las pymes. 

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Los tributos de El Corte Inglés

En el año 2016, El Corte Inglés pagó en el impuesto de sociedades 15,48 millones de euros, un 8,7% de sus beneficios, según los datos facilitados por la propia empresa a preguntas de infoLibre. El ejercicio de ese año ha sido el primero desde 2011 en que la compañía presidida por Dimas Gimeno ha hecho un ingreso a Hacienda por este concepto. Pese a que en todo este tiempo no ha dejado de ganar dinero, el líder nacional de la distribución no tributó por sus beneficios durante cinco años consecutivos, al tiempo que el fisco le devolvía un total de 343,33 millones.

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El negocio de la seguridad privada

La huelga convocada en agosto por el personal de seguridad en El Prat (Barcelona) puso en el foco la forma en la que se prestan estos servicios en los aeropuertos y las condiciones de trabajo de quienes los prestan. En España, la seguridad de los aeropuertos públicos está en manos de empresas privadas a causa de un acuerdo entre Aena –empresa controlada en un 51% por el Estado– y el Ministerio del Interior. Según se publicó en este diario, los contratos en vigor suman 189.781.019 euros y la mayoría son por un periodo de dos años.

  17

Airbnb no paga en España

Airbnb Marketing Services SL, filial de la multinacional estadounidense en España, pagó en 2016 únicamente 55.211 euros en impuesto de sociedades, según las cuentas de la empresa presentadas en el registro mercantil y consultadas por infoLibre. La inmensa mayoría de los beneficios van directamente a una sociedad irlandesa, no a la filial española, que declara únicamente una actividad vinculada al "marketing" y al "análisis de mercados".

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Los otros beneficiarios del rescate bancario

El rescate a la banca española, entre los años 2009 y 2015, se tragó nada menos que 60.718 millones de euros. Pero no sólo los bancos se han beneficiado de este chorro de liquidez pública. Otras empresas privadas también han sacado tajada del rescate, y entre ellas destacan las consultoras y auditoras que prepararon el rescate bancario al que España accedió en 2012: su trabajo costó a las arcas públicas más de 30 millones de euros.

  19

Los asesores del BCE

De los 517 miembros que componen los 22 órganos consultivos y de asesoramiento que ha puesto en marcha el Banco Central Europeo (BCE), al menos 508 –el 98%– representan a grandes bancos, fondos de inversión, cámaras de compensación de pagos o consultorías financieras, según se desprende del informe Open door for forces of finance at the ECB, elaborado por el colectivo Corporate Europe Observatory (CEO), publicado a comienzos de octubre y recogido por infoLibre. 

  20

Los engaños de las eléctricas

Las autoridades de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) han sancionado a cuatro de las cinco comercializadoras de referencia tras haber acreditado que no respetaron el procedimiento que marca la ley y no contaron con el consentimiento de los clientes para formalizar nuevos contratos. El regulador reclama 100.000 euros a Endesa Energía, 30.000 a Iberdrola Clientes, 15.000 a Viesgo Energía y 10.000 a Gas Natural Servicios. En total, 155.000 euros. La CNMC resolvió estos expedientes tras recibir siete reclamaciones de usuarios.

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Las multas de Competencia

La anulación por parte de los jueces de la Audiencia Nacional de las multas millonarias impuestas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a Repsol (22,6 millones), Telefónica, Vodafone y Orange (119,9 millones) reabrió el debate sobre la eficacia del sistema. Lo cierto es que, según publicó infoLibre, entre 2007 y 2016 se notificaron a las autoridades de Competencia un total de 656 sentencias de la Audiencia Nacional: 306 contenían fallos estimando total o parcialmente los recursos interpuestos por las empresas multadas, lo que representa un 46,6% del total. Este significativo porcentaje de expedientes anulados de manera total o parcial explica, entre otras causas, la escasa recaudación del organismo.

  22

Cotizaciones indebidas de las empresas

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) requirió el pasado mes de junio a 41.200 empresas –entre las que figuran gigantes como Mercadona, Inditex, Ikea, Vodafone, Mapfre, Telefónica, Renault o ING– para que devuelvan las bonificaciones de las que se beneficiaron en el pago de cuotas a la Seguridad Social por formar a sus trabajadores. En concreto, reclamó el dinero a las empresas por aplicar indebidamente las bonificaciones de cuotas para formación en 2015.

  23

Las empresas de seguridad 'low cost'

La Audiencia Nacional anuló el convenio de una empresa de seguridad 'low cost' que paga seis céntimos la hora nocturna. Después de que el Tribunal Supremo tumbara dos convenios de Marsegur y el descuelgue del convenio estatal del sector que aplicó Seguridad Integral Canaria, le ha tocado el turno a Sinergias de Vigilancia y Seguridad. Todas ellas, mercantiles vinculadas al empresario canario Miguel Ángel Ramírez.

  El problema catalán

  24

Una Comisión bilateral desaparecida

Mariano Rajoy no ha convocado ni una sola vez en seis años la Comisión Bilateral Generalitat-Estado y ello a pesar de que este órgano, según su reglamento, debe reunirse dos veces al año. Desde su creación en 2007 se han celebrado ocho encuentros, el último en julio de 2011, medio año antes de que Rajoy llegase a Moncloa. En 2016, el PSC presentó una moción en el Parlament para reactivarla, pero no salió adelante.

  25

El Gobierno no ofrece datos del 1-O

El Gobierno de Mariano Rajoy recurre a la Ley de Secretos Oficiales para no responder a un total de 22 preguntas sobre el 1-O. El Ejecutivo no responde a cuestiones como si cree "proporcional" la actuación policial del 1-O, cuántos colegios fueron cerrados ese domingo por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o los motivos por los que se recurrió al empleo de pelotas de goma.

  26

12 años sin debatir sobre las autonomías

El Senado decidió sobre la aplicación del 155 de la Constitución en Cataluña  después de 12 años sin debatir sobre el estado de las autonomías. La  última vez que la Comisión General de Comunidades Autónomas convocó un debate sobre el modelo territorial fue en 2005. Y las citas anteriores habían transcurrido en 1994 y 1997, siempre en el seno de esta comisión.

  27

 El discurso centralista de la derecha

La derecha aprovechó el procés para desempolvar un discurso centralista de mano dura al calor del 'procés'. La ilegalización de partidos, la extensión del 155 o el control externo de la educación y los medios autonómicos se incorporan al debate de la mano de los conservadores. Son ideas que en otros contextos suscitarían mayor rechazo, pero que al hilo de la crisis catalana logran mayor aceptación. 

  Dinero público, negocios privados

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 Los ingresos de la Iglesia

ElLa Iglesia española declara haber ingresado 208 millones de euros en 2015 provenientes del alquiler de inmuebles, de "actividades económicas", de la prestación de servicios eclesiales y de lo que la jerarquía católica define como "instituciones diocesanas" y que son las aportaciones dinerarias a residencias sacerdotales, parroquias o seminarios. En 2015, la institución católica recibió 71 millones de subvenciones públicas, a los que hay que sumar los 218 millones de la asignación directa del IRPF. La Conferencia Episcopal explica que la mayoría de arrendamientos son locales recibidos en herencias, aunque no aclara en cuántos paga el IBI. 

29

La educación religiosa

Nueve de cada diez centros educativos religiosos no universitarios reciben dinero público a través de conciertos económicos y subvenciones. Los colegios que mantienen un ideario confesional en España ascendían a 2.706 en el curso 2014-2015. Pues bien, 2.446 de ellos, el 90,4%, son sufragados por las diferentes administraciones autonómicas, según desveló este periódico.

  30

Dinero público para la segregación escolar

Al menos 113 millones de euros salieron de los presupuestos públicos de 2016 para financiar los 72 centros educativos que se mantienen acogidos al régimen de conciertos a pesar de que separan en clase a alumnos y alumnas. Los citados colegios se ubican en catorce autonomías. Sólo Aragón, Canarias y Castilla-La Mancha no dedican dinero público a financiar centros de este tipo.

  31

Los privilegios de los colegios privados

Aparte del informe PISA general o internacional, los centros educativos que lo deseen pueden solicitar a la OCDE que se evalúe a sus alumnos de 15 años en el conocido como PISA for Schools. Es por encargo y tiene, como rasgo diferenciador, que no es gratuito, si bien la OCDE no aclara su coste. Los centros pueden dar publicidad a los resultados, con la única condición –aclara la OCDE– de que se publique el informe completo.

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Justicia no fiscaliza a la Iglesia

El Ministerio de Justicia no fiscaliza la memoria que le envía la Conferencia Episcopal justificando el destino de su asignación económica anual por la vía de la llamada casilla de la Iglesia, cuya cuantía asciende a unos 250 millones de euros. Así lo reconoció, a preguntas de infoLibre, el departamento que dirige Rafael Catalá (PP). La Conferencia Episcopal esgrimió esta memoria para quitar importancia a su exclusión del programa de fiscalizaciones del Tribunal de Cuentas. 

  33

Los beneficios de la sanidad privada

El holding de empresas de sanidad privada IDCSalud ha ingresado 2.608 millones de euros de dinero público entre los ejercicios de 2012 y 2015, tal y como desveló infoLibre. Esta cifra supone el 55,6% de la facturación total del grupo en este periodo –que alcanzó los 4.689 millones de euros– y proviene principalmente de concesiones administrativas y diferentes tipos de conciertos en diversas comunidades autónomas. A esa cantidad hay que sumarle otros 856 millones de euros que se embolsó por el mismo concepto en 2016.

El grupo parlamentario Podemos en la Asamblea de Madrid ha solicitado la comparecencia de los expresidentes regionales Esperanza Aguirre e Ignacio González, junto a la del exfiscal jefe Anticorrupción Manuel Moix, en el marco de la comisión de investigación sobre corrupción para tratar la construcción del campo de golf en Chamberí.

En un comunicado, la formación morada explica que ha registrado en la cámara regional una serie de comparecencias en la citada comisión y que todas están relacionadas con la construcción del campo de golf en Chamberí. La previsión de Podemos es que comparezcan en el mes de febrero, en dos o tres sesiones de la mencionada comisión.

En el caso de Aguirre, el grupo parlamentario justifica su petición de comparecencia por la decisión de declarar dicho campo de golf "de interés general", iniciativa que permitió "saltarse" la concesión de licencia municipal para acometer la construcción de dicha instalación.

Respecto a Ignacio González, Podemos señala que era el presidente del Canal de Isabel II y sobre Moix detalla que se negó a investigar las denuncias presentadas contra el proyecto por la asociación vecinal Parque Sí en Chamberí.

Por ello, también solicita la comparecencia de la secretaria de esta asociación, Carmen Ochoa, de la abogada de Parque Sí en Chamberí y actuar vicepresidenta tercera de la Asamblea de Madrid, Laura Díaz. También solicita la comparecencia del hermano de Ignacio González, Pablo González González, y de José Juan Caballero.

Unido a ellas, también solicita la comparecencia del exdirector del Canal de Isabel II, Adrián Martín, del directivo de Dico y Soto Once, Álvaro Quiroga, del exdirector del Canal de Isabel II, Ildefonso de Miguel, la exsecretaria general técnica del Canal, Marisa Carrillo, y del administrador único de Tecnoconcret, José Antonio Clemente Martín.

En un comunicado, el grupo parlamentario Podemos expone que antes de las elecciones de 2003, el expresidente de la Comunidad y el exalcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón y José María Álvarez del Manzano, respectiamente, pusieron la primera piedra de un gran parque en Chamberí, al que llamaron "el Retiro 2".

No obstante, en la etapa ya de Aguirre como presidenta regional se cambió el proyecto por un campo de golf para cuya construcción "no tenía licencia municipal", recuerda el diputado de la formación morada Hugo Martínez Abarca.

Para evitar la falta de licencia, Aguirre declaró la obra "de interés general", lo que llevó a que asociaciones vecinales lo recurrieron ante los tribunales y consiguieron que el Tribunal Supremo decretara la "ilegalidad" de dicha instalación y su demolición.

Podemos asegura que en 2007 se publicaron informaciones sobre "irregularidades" en las concesiones de las obras del campo de Golf y que existen sospechas de que se "beneficiarían" de ellas empresas ligadas a la familia de González.

"El tejido vecinal lo denunció y el fiscal Moix, al frente de la fiscalía de Madrid, archivó la denuncia sin realizar siquiera pesquisas que le habrían llevado apenas 10 minutos para comprobar que las acusaciones eran ciertas", apunta Martínez Abarca.

"Finalmente al estallar el caso Lezo hemos sabido que estas ilegalidades estaban engrasadas por sobornos de los que se beneficiaba al menos Ignacio González y su clan familiar", añade el diputado de Podemos.

Diez meses después de que la Audiencia Nacional avalara que las diligencias de la Operación Lezo se dirigieran también contra los miembros del Gobierno de Madrid que en noviembre de 2001 autorizaron la compra de la empresa colombiana Inassa, la Fiscalía Anticorrupción no tiene decidido aún si pedirá la declaración como imputado de quien presidía ese Gobierno, Alberto Ruiz-Gallardón.

Así lo han confirmado a infoLibre fuentes del ministerio público, que aducen razones estrictamente procesales y niegan de manera taxativa la existencia de presiones que hayan dotado a Gallardón de un blindaje especial. La Fiscalía sostiene que antes de dar un paso como el que implicaría llamar al veterano político –hoy dedicado a la abogacía– en calidad de investigado hay que cimentar la hipótesis de que su actuación pudo tener relevancia penal. Y disponer de ciertas garantías de que la investigación no se vería abortada en todo caso por el hecho de que los supuestos delitos hayan prescrito ya.

Tanto el delito de prevaricación como el de malversación, que son los que distintas fuentes jurídicas consideran que pudo cometer Gallardón, prescriben a los diez años. Algunos juristas entienden que de haber existido una continuidad, por ejemplo, en los pagos derivados del acto inicial asociado a esas infracciones penales –la compra de Inassa– hoy aún sería factible perseguirlos.

Hace justamente  un año, el 28 de noviembre de 2016, los fiscales entonces asignados a la Operación Lezo, Carlos Iáñez y Carmen García, pidieron a la Audiencia Nacional que el procedimiento, que aún tardaría cinco meses en salir a la luz pública, se dirigiera también contra “los miembros del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid que propusieron y adoptaron el acuerdo” en virtud del cual el Canal de Isabel II adquirió a finales de 2001 la compañía colombiana Inassa en lo que el primer juez instructor del caso, Eloy Velasco, consideró la primera gran operación de compra “fraudulenta” de la empresa pública de aguas. Fue una de las conversaciones intervenidas a Ignacio González la que puso el foco sobre esa adquisición. Porque, según el también expresidente madrileño y antiguo delfín de Esperanza Aguirre, esa compra se hizo con un sobreprecio de 70 millones pero él mismo se encargó de tapar las irregularidades una vez detectadas tras su desembarco en el Canal de Isabel II, en 2004.

Al supeditar su decisión final al contenido de informes como el encargado a la Intervención del Estado (IGAE) sobre la compra de Inassa, Anticorrupción enfría las expectativas de una rápida comparecencia del exministro ante el juez del caso.

Nadie, no obstante, puede descartar un viraje en lo que parece uno de los aspectos menos pacíficos en las pesquisas de la Operación Lezo y que ya desencadenó un choque frontal entre los primeros fiscales encargados del caso y Manuel Moix, fiscal jefe anticorrupción hasta que el 1 de junio dimitió tras desvelar infoLibre que era copropietario de una empresa panameña. Cuando el caso estalló en abril, Moix se opuso a que los registros en la sede del Canal de Isabel II incluyeran la búsqueda de documentos sobre la compra de Inassa. Aquel encontronazo estuvo a  punto de costarle el puesto a uno de los dos fiscales de Lezo, Carlos Iáñez.  Finalmente, Iáñez renunció hace menos de un mes y ha regresado a Andalucía.

En aquel escrito del 28 de noviembre de 2016, los fiscales se referían de forma expresa a Gallardón: “Esta resolución [la de dirigir el procedimiento contra los miembros del Consejo de Gobierno] se impone procesalmente para garantizar los derechos de los investigados desde el momento en que el procedimiento apunta claramente a la responsabilidad en estos hechos de autoridades de la Comunidad Autónoma, entre otros de Alberto Ruiz Gallardón”.

“Entendemos –razonaban los fiscales– que, para el total esclarecimiento de los hechos, para alcanzar la verdad material de los mismos y para recuperar el patrimonio de la comunidad Autónoma de Madrid presuntamente depredado por los investigados, serán necesarias medidas de investigación respecto de determinadas personas contra las que expresamente no se ha dirigido el procedimiento hasta el momento”. Y esas medidas de investigación, proseguía su razonamiento, “sólo pueden acordarse cuando previamente se haya valorado desde un punto de vista indiciario la presunta participación de las mismas en los hechos delictivos investigados”. “Ordenar –finalizaba su argumento– que el procedimiento se dirija contra determinadas personas sobre la base de unos indicios objetivos no impedirá que una vez que se realicen las diligencias de investigación pertinentes, pueda depurarse con mayor precisión el grado de responsabilidad (o por el contrario la falta de participación) de cada una de estas personas”

Una especie de limbo jurídico

Tras una negativa inicial, firmada el 29 de noviembre de 2016 –un día después de que los fiscales presentaran su escrito– por el magistrado Alejandro Abascal, destinado a reforzar a Eloy Velasco en el juzgado encargado del caso, la Sala Penal de la Audiencia terminó dando la razón a Iáñez y García, ahora desligados de la Operación Lezo. Pero el auto con el que la Sección Cuarta de la Sala Penal de la Audiencia estimó el 19 de enero el recurso de los fiscales sumergió a Gallardón en una especie de limbo jurídico por cuanto su nombre –ni el de ningún otro miembro del Gobierno madrileño de la época ni del consejo de administración del Canal– aparecía mencionado en la parte dispositiva.

Y la imputación implícita no existe. Eso es lo que viene a argumentar ahora la Fiscalía. ¿Está gozando Gallardón de un blindaje adicional por su condición de expresidente autonómico, exalcalde y exministro? ¿Ha recibido Anticorrupción presiones en su favor, como deslizan otros agentes jurídicos conocedores del caso y ajenos a la Fiscalía? Las fuentes consultadas en la fiscalía especializada lo niegan de manera rotunda. Y añaden lo siguiente: que nunca –insisten– ha habido una decisión formal sobre la citación de Gallardón. Se indaga –remachan– su papel en la compra de Inassa pero eso no significa que se le considere investigado como sinónimo de lo que hasta la reforma del PP se denominaba imputado.

El auto de la Sección Cuarta de la Audiencia solo incorporaba el nombre de Gallardón en un párrafo donde, en referencia a la compra de Inassa y citando el relato de hechos trazado por los fiscales, el tribunal dice esto: que la compra de Inassa fue “llevada a cabo bajo control del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid presidido en aquellas fechas por Alberto Ruiz Gallardón que, de consuno con los máximos responsables del Canal Isabel II, tratarían de desviar fondos públicos para otras finalidades ajenas a las legalmente establecidas”.

Pero ya fuese implícita o explícitamente, ese auto avalaba las pretensiones de la Fiscalía para someter a investigación a Gallardón y quienes bajo su presidencia integraban el Gobierno de Madrid en noviembre de 2011. “Se trata, en definitiva, de una ampliación del número de investigados en relación a la presunta y anterior actividad delictiva de un ente público ya denunciada con el único objeto de hacerles saber su existencia, para que se defiendan y, sin que, dadas las circunstancias del caso se entiendan aplicables las normas de la conexidad procesal”.

A comienzos de este mes, Gallardón negó en una entrevista con el diario El Mundo haber cometido cualquier ilegalidad en la compra de Inassa. “Ni he cobrado comisiones del Canal ni he pactado con Ignacio González”, fueron sus palabras.

La Fiscalía de València cifra en 23.501.620,35 euros los perjuicios causados por el desvío de fondos públicos a través de la empresa pública Emarsa, que gestionó la depuradora de Pinedo, de los que 836.613,25 euros se destinaron a gastos en hostelería, obsequios y similares, otros 262.934,11 a viajes particulares y 146.400 euros a sobresueldos.

Así lo ha cifrado el ministerio público durante la exposición de sus conclusiones en el juicio de la pieza principal del caso Emarsa, en el que se ha investigado el saqueo de 24 millones de euros en la gestión de la depuradora de Pinedo (València), y que suma 24 acusados. La fiscal ha advertido de que ha modificado su escrito respecto al inicial ante algunas conformidades pactadas con las defensas y por el incremento de penas para algunos acusados. El resto de acusaciones reclama penas similares a las del ministerio público.

En total, la responsabilidad civil la ha cifrado la fiscal en 23.501.620,35 euros, más los gastos derivados del proceso de liquidación cuantificados hasta este momento en 8.194.472,11 euros y los 3.185.550,72, si se confirman las sanciones tributarias impuestas o, en su caso, en la cuantía que se determine una vez concluya el procedimiento administrativo. Los acusados deberán indemnizar conjunta y solidariamente a la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar) y a la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi) en estas cantidades.

En el desglose de gastos, la fiscal advierte de que se han desviado 12.163.578,09 euros derivados de la gestión de los lodos de Pinedo y otros 849.176,44 euros por la gestión de los desbastes en la misma planta. En total, 13.0012.754,53 euros. Así mismo, se ha referido a 262.934,11 euros por los perjuicios causados por gastos en viajes particulares; a 836.613,25 euros por gastos en hostelería, obsequios y similares; y a 146.400 euros por sobresueldos.

El caso Emarsa, dividido en más de una decena de piezas, se investigó durante alrededor de cinco años.

Saltó a la luz en el año 2010, cuando el PSPV denunció que Emarsa acumulaba un déficit de al menos 16 millones de euros, además de contratos no justificados por valor de unos 32 millones más.

Al año siguiente, en 2011, el Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia abrió una investigación que salpicó a políticos y empresarios y obligó a dividir el procedimiento en diferentes piezas para agilizar los tiempos.

La asociación Contratrama, vehículo jurídico utilizado por la asamblea TCJ15M, presentó este martes un incidente de nulidad contra la decisión de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de archivar la querella criminal interpuesta contra el ex fiscal Anticorrupción Manuel Moix por los delitos de prevaricación, omisión de perseguir hechos delictivos y encubrimiento. Para el colectivo, según se refleja en el escrito al que ha tenido acceso infoLibre, el carpetazo del Alto Tribunal supone un "grave atentado" contra el derecho a la debida tutela judicial efectiva, "al denegar la realización de una investigación efectiva", y "lesiona el principio de igualdad en la aplicación de la ley" pues en el auto de archivo "no justifica el motivo por el que se separa del criterio" adoptado en otros "casos similares" en los que no resolvió en el mismo sentido. En conversación con este diario, fuentes del TCJ15M aseguran que están dispuestos, si hace falta, a llevar el caso ante el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

La querella interpuesta el pasado mes de junio contra Moix, que dejó su puesto al frente de Anticorrupción –actualmente tiene la categoría de fiscal de Sala del TS– después de que infoLibre revelara a finales de mayo que desde 2012 es dueño del 25% de una empresa de Panamá que tiene un chalé en España, se centra en el archivo de dos denuncias y una querella interpuestas contra el expresidente madrileño –en libertad tras pagar la pasada semana 400.000 euros de fianza– en 2007, 2009 y 2010 por vecinos del barrio madrileño de Chamberí que se oponían a la construcción de un campo de golf en los terrenos del Canal de Isabel II, la principal empresa pública de Madrid que estaba presidida por Ignacio González. El carpetazo a los tres intentos vecinales se produjo sin realizar unas simples pesquisas que habrían destapado toda la trama corrupta desarticulada posteriormente en la operación Lezo. Durante esos años, Manuel Moix era el fiscal jefe de Madrid.

En los últimos meses, querellantes y Fiscalía del Supremo han vivido en un constante tira y afloja. Contratrama solicitó al TS que comprobase si Moix hizo una sencilla diligencia de investigación –reclamar los modelos 347 de dos empresas (Tecnoconcret y Only Golf) vinculadas a González– antes de dar carpetazo. El Ministerio Público, por su parte, pidió que se desestimase la querella criminal al considerar que el ex fiscal jefe de Anticorrupción no había incurrido con sus actuaciones en los tres delitos que se le imputaban. En su escrito, la Fiscalía del Supremo sólo atribuía a Moix el archivo del año 2007, desligándole de las decisiones de 2009 –la primera vez que los vecinos solicitaron el modelo 347 que hubiera destapado la trama corrupta– y 2010. Un dato incierto, pues el segundo decreto de archivo también fue obra del actual fiscal del Alto Tribunal.

Finalmente, el Supremo decidió el pasado mes de octubre desestimar la querella. Con un auto de 9 páginas, en el que los magistrados sí que atribuyeron a Moix la decisión del año 2009, la Sala de lo Penal dio carpetazo al asunto al considerar que el ex fiscal Anticorrupción no había incurrido en ninguno de los tres tipos delictivos que se le imputaban. Y lo hacía en los siguientes términos: "En conclusión, y una vez más debemos recordar que no puede tener acogida en el ordenamiento jurídico la pretensión de derivar al circuito de justicia penal cualquier decisión adoptada por el Ministerio Fiscal dentro del ejercicio de su actividad, porque no coincida con las opiniones, ideas o creencias de los que no las compartan, sean personas físicas o jurídicas".

Querella "indebidamente desestimada"

La asamblea TCJ15M considera, en su incidente de nulidad de actuaciones, que la querella "fue indebidamente desestimada" con "grave atentado" al derecho a la debida tutela judicial. Primero, explican en el escrito, consideran que "existió un defecto sustancial en la emisión de la resolución desestimatoria que contiene de facto la denegación de realizar una investigación efectiva, mediante la práctica de las diligencias solicitadas". Y en segundo término, creen que se produjo "un segundo defecto sustancial" cuando el Supremo afirmó que "no se aportó elemento de prueba ni indicio alguno de la comisión de delito" por parte del ex fiscal jefe de Anticorrupción.

Sobre el primer punto, los querellantes critican la denegación por parte del Supremo de la prueba solicitada tanto en la querella como en el escrito que presentaron a mediados de septiembre –oficiar a la Agencia Tributaria para que aportase los modelos 347 de las empresas Tecnoconcret y Only Golf de 2005, 2006, 2007 y 2008 y para que informase si dicha documentación le fue requerida en su momento por el Ministerio Fiscal y en qué fecha–, una diligencia que "requiere el empleo de unos pocos minutos". "Demuestra que el tribunal se niega a realizar una investigación efectiva, permitiendo la impunidad de quien está obligado por razón de su cargo, y sin que medien motivos legales que lo respalden, a perseguir la corrupción", apunta el colectivo.

En este sentido, Contratrama considera que el Supremo ha resuelto "como si estuviese decidiendo el fallo de la sentencia tras la fase de juicio oral, con la prueba y las partes practicadas". Sin embargo, recuerdan, el asunto se encuentra "en fase de instrucción" en la que "se han de obtener las pruebas sobre las que finalmente habrá que basar el fallo del sentido que sea". "En este momento procesal lo fundamental es la investigación; no se busca una resolución condenatoria o inculpatoria, se pretende averiguar si son ciertos los hechos imputados", incide el TCJ15M, añadiendo en esta línea que el tribunal debería "haber diligenciado la prueba propuesta" para poder tomar decisiones "con conocimiento de causa y no, como ha ocurrido, impidiendo el conocimiento de cuestiones fundamentales".

Además, el incidente de nulidad critica con dureza que la Sala de lo Penal del TS no haya justificado "suficientemente" el archivo de la causa, limitando sus argumentos "a razonamientos genéricos y formales" y no entrando "a analizar las cuestiones de fondo planteadas". Así, aseveran que "no se puede afirmar que no se aportaron pruebas de la conducta penalmente reprochable al querellado" cuando todas y cada una de las denuncias y querellas de los vecinos de Chamberí se pusieron sobre la mesa con "pruebas indiciarias" que "con el paso del tiempo y las investigaciones llevadas a cabo en la operación Lezo se han corroborado convirtiéndose en prueba directa". "Las recientes actuaciones judiciales (...), lejos de ser 'meras hipótesis subjetivas o simples plasmaciones de suposiciones' (...), debieron haber motivado la realización de sencillas diligencias", completan.

"Lesiona" el principio de igualdad en la aplicación de la ley

La segunda pata del escrito sostiene que el auto recurrido "lesiona" el principio de igualdad en la aplicación de la ley, recogido en el artículo 14 de la Constitución Española, al considerar que en el auto de archivo el Supremo "no justifica el motivo por el que se separa del criterio" adoptado en otros "casos similares" en los que no resolvió en el mismo sentido. "Se desprende un tratamiento desigual respecto de las conductas reseñadas por las que han sido condenados otros funcionarios públicos, incluidos no solo policías sino también jueces y magistrados", recoge el escrito. En este sentido, fuentes del TCJ15M consultadas por infoLibre se preguntan por qué "Baltasar Garzón o Elpidio Silva pueden haber cometido prevaricación y el fiscal Moix, sin embargo, no". 

"A los supuestos de hecho iguales deben serles aplicables unas consecuencias jurídicas que sean iguales también", apuntan en el escrito. Con todo esto sobre la mesa, el incidente de nulidad de la asociación Contratrama critica con contundencia que en el auto por el que se desestimó la querella criminal no se motive "por qué se separa de la jurisprudencia establecida por la Sala" en otras causas similares. "Un mismo órgano no puede modificar arbitrariamente el sentido de sus decisiones en casos sustancialmente iguales", señalan los querellantes, que añaden que cuando este órgano "considere que debe apartarse de sus precedentes" tiene que ofrecer para ello "una fundamentación suficiente y razonable".

En el escrito, además, piden que el recurso interpuesto contra la decisión del Alto Tribunal lo resuelvan magistrados de la Sala de lo Penal distintos a los que decretaron el archivo de la querella –Manuel Marchena, Francisco Monterde, Andrés Martínez, Luciano Varela y Alberto Jorge Barreiro– en virtud de los principios de independencia e imparcialidad y el derecho a un proceso con todas las garantías. "Entendemos que los referidos magistrados han quedado 'contaminados' al ser los que han dictado el auto cuya revocación ahora se pide, y podrían estar precondicionados por su conocimiento anterior del asunto y por haber dictado la propia resolución que ahora se impugna, lo que hace necesario que conozcan del mismo otros magistrados de esta Sala", aseveran.

Los hechos denunciados

La querella del TCJ15M pone el foco en el archivo de dos denuncias y una querella contra el expresidente de la Comunidad de Madrid. La primera denuncia fue interpuesta en mayo de 2007, después de que la revista Tiempo destapase que González, entonces vicepresidente de un Ejecutivo madrileño encabezado por Esperanza Aguirre, había favorecido directamente a Tecnoconcret, una empresa relacionada con su familia que recibió la adjudicación para explotar el campo de golf del Canal. Tras conocerse la noticia, cerca de 400 vecinos de Chamberí presentaron un escrito en la Fiscalía de Madrid en el que solicitaban la apertura de una investigación para aclarar si González había cometido alguna ilegalidad al no abstenerse en la reunión del consejo de administración de la empresa pública que decidió dicha adjudicación. El fiscal Moix dio carpetazo al asunto con un decreto de archivo de apenas 11 líneas [consultar aquí en PDF] en el que señalaba que "las denuncias" no se sustentaban "en documentación de ningún tipo".

Dos años después, el diario Público desveló que el hermano y cuñado de Ignacio González, Pablo González y José Juan Caballero, respectivamente, habían entrado en el accionariado de Tecnoconcret. Además, reveló que empresas relacionadas con la familia del expresidente madrileño, entre ellas Only Golf Planning and Design, también habían conseguido hacerse con subcontratas del proyecto del campo de golf. Tras conocerse la noticia, se presentó una nueva denuncia ante la Fiscalía de Madrid. En este caso, iba acompañada de toda la documentación oficial del Registro Mercantil y solicitaba al Ministerio Público, entre otras cosas, enviar un oficio a la Agencia Tributaria para obtener la relación del modelo 347 –declaración anual que las empresas deben presentar obligatoriamente ante Hacienda con los datos de las operaciones realizadas con terceros por importe superior a 3.005 euros– presentado por Tecnoconcret y Only Golf en 2005, 2006, 2007 y 2008. De nuevo, la Fiscalía de Madrid archivó sin hacer mención alguna a las diligencias de averiguación solicitadas.

Sin embargo, los vecinos de Chamberí no se quedaron de brazos cruzados y en marzo de 2010 presentaron una querella contra González y la trama del campo de golf. En este caso solicitaron al Tribunal Superior de Justicia de Madrid que realizase una serie de diligencias de investigación, entre ellas la declaración como querellado de González y la testifical de los tres accionistas de Tecnoconcret. Además, volvieron a reclamar que se solicitara la relación del modelo 347 presentado por Tecnoconcret y Only Golf en 2005, 2006, 2007 y 2008 y que se pidiese a la Seguridad Social la relación de trabajadores de la empresa durante esos cuatro años. El TSJ madrileño solicitó al Ministerio Público un informe sobre la procedencia de admitir a trámite o no la querella. Por tercera vez, se pronunció en contra.

El Supremo da carpetazo al caso Moix. La Sala de lo Penal del Alto Tribunal decidió, en un auto fechado el 4 de octubre y que se conoció este lunes 16, archivar la querella criminal interpuesta por la asamblea TCJ15M contra el ex fiscal Anticorrupción Manuel Moix por archivar sin investigar dos denuncias y una querella presentadas en su día contra el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, actualmente en prisión tras la operación Lezo. En un auto de 9 páginas, el Supremo rechaza que el ahora fiscal del Alto Tribunal –un puesto que ocupa desde su salida de Anticorrupción después de que infoLibre revelara que desde 2012 es dueño del 25% de una empresa de Panamá que tiene un chalé en España– incurriese con sus decisiones en alguno de los delitos que le imputaba el TCJ15M: prevaricación, omisión de perseguir delitos y encubrimiento.

El Alto Tribunal da carpetazo al asunto en los siguientes términos: "En conclusión, y una vez más debemos recordar que no puede tener acogida en el ordenamiento jurídico la pretensión de derivar al circuito de justicia penal cualquier decisión adoptada por el Ministerio Fiscal dentro del ejercicio de su actividad, porque no coincida con las opiniones, ideas o creencias de los que no las compartan, sean personas físicas o jurídicas". El auto de archivo, acordado y firmado por los magistrados Manuel Marchena –presidente de la Sala–, Francisco Monterde, Andrés Martínez, Luciano Varela y Alberto Jorge Barreiro. La decisión tomada confirma los peores augurios del TCJ15M. "Sospechamos que terminarán dando carpetazo", señalaban hace días algunos de sus miembros.

Archivo de dos denuncias y una querella

La acción judicial contra Moix se centraba en el archivo de dos denuncias y una querella interpuestas contra el expresidente madrileño en 2007, 2009 y 2010 por vecinos del barrio madrileño de Chamberí que se oponían a la construcción de un campo de golf en los terrenos del Canal de Isabel II, la principal empresa pública de Madrid que estaba presidida por González. La decisión en los tres intentos vecinales se produjo sin realizar una sencilla diligencia de investigación que habría destapado toda la trama corrupta desarticulada posteriormente en la operación Lezo. Durante esos años, Manuel Moix era el fiscal jefe de Madrid.

La primera de las denuncias se presentó en mayo de 2007, un mes después de que la revista Tiempo desvelase que Ignacio González había favorecido directamente a una empresa relacionada con su familia, Tecnoconcret. Tras conocerse la noticia, cerca de 400 vecinos de Chamberí presentaron un escrito en la Fiscalía de Madrid en el que solicitaban la apertura de una investigación para aclarar si el entonces vicepresidente madrileño había cometido alguna ilegalidad al no abstenerse en la reunión del consejo de administración del Canal que decidió la adjudicación en favor de Tecnoconcret. El fiscal Moix cerró asunto con un decreto de archivo de apenas 11 líneas en el que señalaba que "las denuncias" no se sustentaban "en documentación de ningún tipo". [Puedes consultar aquí el decreto de archivo].

Dos años después, el diario Público desveló que el hermano y cuñado de Ignacio González, Pablo González y José Juan Caballero, respectivamente, habían entrado en el accionariado de Tecnoconcret. Además, reveló que empresas relacionadas con la familia del expresidente madrileño, entre ellas Only Golf Planning and Design, también se habían quedado con subcontratas del proyecto del campo de golf. Tras conocer la noticia, se presentó una nueva denuncia ante la Fiscalía de Madrid. En este caso, iba acompañada de toda la documentación oficial del Registro Mercantil y solicitaba al Ministerio Público, entre otras cosas, enviar un oficio a la Agencia Tributaria para obtener la relación del modelo 347 presentado por Tecnoconcret y Only Golf en 2005, 2006, 2007 y 2008, una sencilla diligencia que hubiera destapado la trama. Nuevamente, la Fiscalía madrileña archivó sin hacer ni tan siquiera mención alguna a las diligencias de averiguación solicitadas.

Sin embargo, los vecinos de Chamberí no se rindieron y en marzo de 2010 presentaron una querella contra González y la trama del campo de golf. En este caso solicitaron al Tribunal Superior de Justicia de Madrid que realizase una serie de diligencias de investigación, entre ellas la declaración como querellado de González y la testifical de los tres accionistas de Tecnoconcret. Además, volvieron a reclamar que se solicitara la relación del modelo 347 presentado por Tecnoconcret y Only Golf en 2005, 2006, 2007 y 2008 y que se pidiese a la Seguridad Social la relación de trabajadores de la empresa en esos años. El TSJ solicitó a la Fiscalía un informe sobre la procedencia de admitir a trámite o no la querella. Por tercera vez, el Ministerio Público se pronunció en contra.

El Supremo atribuye a Moix también el archivo de 2009

La decisión del Supremo llega dos meses después de que la Fiscalía del Alto Tribunal pidiera que se desestimara la querella contra Moix "al no revestir los hechos el carácter de delito". En el escrito, remitido a la Sala de los Penal por el teniente fiscal Luis Navajas, el Ministerio Público centraba su argumentación tan sólo en el decreto de archivo firmado por Moix en 2007. "Resulta sorprendente que los querellantes no hayan reparado en que, de los tres archivos que según su relato soportan la querella, sólo uno de ellos –el de 2007– resulta protagonizado por el querellado", sostenía el escrito, que atribuía las otras dos decisiones, la de 2009 –la primera en la que se solicita el modelo 347 que habría destapado el pastel corrupto– y la de 2010, al teniente fiscal de la Fiscalía Superior de Madrid, Carlos Ruiz de Alegría Madariaga.

Sin embargo, los documentos que recopiló este diario el pasado mes de mayo ponían de manifiesto que la decisión de dar carpetazo a la segunda denuncia, la de 2009, fue también tomada por el ex fiscal Anticorrupción. "Por todo lo expuesto, y de conformidad con el informe del Fiscal Instructor, se acuerda el archivo de las presentes diligencias de investigación", recogía el decreto de archivo de 2009, firmado por el propio Moix. Algo que se confirmaba en la propuesta de archivo de 2010, este sí firmado por Carlos Ruiz de Alegría: "Como ya se apuntaba en el decreto del Excmo. Fiscal Jefe emitido en fecha 6/10/2009 no se acreditaron en absoluto la comisión de ninguno de los delitos denunciados en su día...", se indicaba en el punto C) del escrito redactado hace más de siete años por el teniente fiscal de la Fiscalía Superior de Madrid.

Archivo de 2009.

Archivo de 2010.

Un extremo que confirma ahora también el Supremo. En el auto, el Alto Tribunal desmiente al Ministerio Público y basa su análisis de los hechos en los archivos de 2007 y 2009, ambos "decretos adoptados por el aforado". Excluye, por tanto, tan sólo "el dictamen emitido en la causa querella 1/10 de la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que atribuyen al querellado pese a que aparece firmado por el Teniente Fiscal D. Carlos Ruiz de Alegría Madariaga". La asamblea TCJ15M se mostró en su día muy crítica con la línea seguida por la Fiscalía del Supremo desde el primer minuto: "Está actuando como abogado", lamentó José Gamo, integrante del colectivo, en conversación con este diario nada más conocerse el escrito que el fiscal Navajas había remitido a la Sala Segunda del Alto Tribunal.

Ni prevaricación, ni omisión, ni encubrimiento

A pesar de atribuir los archivos de 2007 y 2009 a Moix, los magistrados rechazan que el ex fiscal Anticorrupción incurriese en ninguno de los tres delitos que se le atribuyen en la querella. Comienza analizando el tipo de prevaricación apoyándose en la jurisprudencia del Supremo. Así, la Sala de lo Penal señala que "la acción consiste en dictar una resolución arbitraria en un asunto administrativo", un delito que, añade, "garantiza en el ámbito de la Administración Pública la vigencia del principio de legalidad como fundamento básico del Estado Social y Democrático de Derecho garantizando la independencia en el quehacer administrativo". "Lo que contribuye a la confianza de los ciudadanos en sus instituciones lo que, en definitiva, constituye un fortalecimiento del Estado de Derecho", completa.

Con estos apuntes sobre la mesa, el Supremo se ciñe al caso Moix. En este sentido, sostienen que la denuncia presentada por los vecinos del barrio madrileño "era puramente formal y sin estar sustentada en documentación adicional" y recuerdan que el Ministerio Público, según consta en la circular 4/2013 de la Fiscalía General del Estado, puede archivar "tanto cuando el hecho no revista caracteres de delito, como cuando se compruebe la inexistencia del hecho o la falta de elementos suficientes para mantener su perpetración". Por todo ello en conjunto, añade el Alto Tribunal, "avala la total ausencia de 'arbitrariedad" en las decisiones adoptadas por Moix. "La actuación llevada a cabo es absolutamente legal en el fondo y en la forma", concluye.

La misma "falta de fundamento", sostiene el auto de archivo, puede aplicarse a los otros dos tipos delictivos. Sobre el encubrimiento, el Supremo apunta que "no puede hablarse de 'conocimiento de un delito' sobre el que no se aportó elemento de prueba, ni indicio alguno de su comisión, ni después el querellado ocultó, alteró o inutilizó el cuerpo o los efectos o instrumentos de un delito para impedir su descubrimiento". Rechazan, del mismo modo, la omisión de perseguir delitos: "El Ministerio Fiscal tiene un discurso propio desde el respeto a la legalidad que inspira su actuación, legalidad que no aparece vulnerada por el exclusivo hecho de haber acordado el archivo de las denuncias ante él presentadas, por no ser los hechos constitutivos de delito", argumentan.

Sencilla diligencia de investigación

En la querella, presentada a finales de junio, Contratrama solicitaba que se citara a declarar a Moix "en calidad de investigado"; que se requiriera a la Fiscalía de Madrid para que remitiese al Supremo las diligencias de investigación 2/2009; y que se enviaran oficios a la Agencia Tributaria y a la Tesorería General de la Seguridad Social reclamando información de dos de las empresas vinculadas a la trama del campo de golf. Sobre este último punto volvieron a insistir a finales de septiembre. En un escrito remitido a la Sala de lo Penal, el TCJ15M volvía a pedir al Supremo que oficiara a la Agencia Tributaria para que aportara los modelos 347 de Tecnoconcret y Only Golf de 2005, 2006, 2007 y 2008 y para que informara si dicha documentación le fue requerida en su momento por el Ministerio Fiscal y en qué fecha.

"Es muy simple, porque cuando un magistrado, un fiscal o un juez consulta algo en el registro de Hacienda, queda rastro de ello", señalaron entonces a infoLibre desde el TCJ15M, afirmando a renglón seguido que sería "intolerable" que se archivara la causa "sin que nunca se lleguen a diligenciar" ambas peticiones. Dos semanas después de aquellas declaraciones, el Supremo acordó dar carpetazo definitivo a la querella. En el escrito de archivo, sin embargo, no se hace una sola mención a las peticiones solicitadas por los querellantes. Ni relación del modelo 347 ni información sobre si el ex fiscal Anticorrupción solicitó esos datos antes de tomar sus decisiones.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha archivado las actuaciones que inició a raíz de la querella que la asociación Contratrama presentó contra el exjefe Anticorrupción Manuel Moix por ignorar en 2007 una denuncia sobre el campo de golf en terrenos del Canal de Isabel II cuya gestión se concedió a familiares del expresidente autonómico Ignacio González, hoy en prisión por el caso Lezo.

En un auto dado a conocer este lunes, el Supremo señala que dichos decretos de archivo no pueden ser calificados como prevaricadores porque no son resoluciones manifiestamente injustas ni arbitrarias, ya que el querellado se limitó a seguir la normativa legal y la jurisprudencia . Así, recuerda que la denuncia presentada por los vecinos, que resultó archivada por Moix, "era puramente formal y sin estar sustentada en documentación adicional".

Para la Sala, la actuación llevada a cabo por el Fiscal fue "absolutamente legal en el fondo y en la forma, y por ello la circunstancia de que ambos decretos no sean acordes o no acojan las denuncias de los vecinos no puede traer consigo la criminalización de tales resoluciones".

Los magistrados, en una resolución de la que ha sido ponente el magistrado Francisco Monterde, recuerdan que "no puede tener acogida en el ordenamiento jurídico la pretensión de derivar al circuito de justicia penal cualquier decisión adoptada por el Ministerio Fiscal dentro del ejercicio de su actividad, porque no coincida con las opiniones, ideas o creencias de los que no las compartan, sean personas físicas o jurídicas".

El auto descarta también que tenga fundamento la acusación de encubrimiento, que castiga a quien oculta un delito tras tener conocimiento de su comisión, ya que en este caso no se aportó elemento de prueba o indicio alguno de la propia comisión del delito, por lo que no puede hablarse de conocimiento del delito.

Y, por último, rechaza que Moix cometiera omisión del deber de perseguir delitos. "El Ministerio Fiscal tiene un discurso propio desde el respeto a la legalidad que inspira su actuación, legalidad que no aparece vulnerada por el exclusivo hecho de haber acordado el archivo de las denuncias ante él presentadas, por no ser los hechos constitutivos de delito, sin perjuicio del derecho que asiste a los denunciantes de reproducir sus denuncias ante la Autoridad Judicial", indica el Supremo.

El alto Tribunal actúa en consonancia con la petición del Ministerio Público, quien en su informe rechazó a existencia de los delitos de prevaricación, omisión de perseguir delitos y encubrimiento en la conducta de Moix, quien se encuentra actualmente destinado en la Fiscalía de este órgano con categoría de Fiscal de Sala. Por ello, pide a la Sala de lo Penal que proceda "al archivo de las actuaciones al no revestir los hechos el carácter de delito".

Los hechos denunciados se remontan a 2002, cuando el Ayuntamiento de Madrid y el Canal de Isabel II suscribieron un acuerdo para que en un terreno del barrio madrileño de Chamberí se construyera el denominado "tercer depósito", un parque público de acceso libre que incluía 80.000 metros cuadrados de nuevas zonas verdes. Tras las elecciones de 2003, cuando González ascendió a la vicepresidencia de la Comunidad, el proyecto se varió y parte de dicho parque se sustituyó por un campo de golf.

Para ello, González tuvo que anular la declaración de interés general del proyecto inicial. Además, se subcontrataron parte de las obras y parte de ellas recayeron en Tecnoconcret Proyectos e Ingenieria S.L., controlada por el hermano y el cuñado del propio González; a lo que se suma que la explotación de las instalaciones deportivas se adjudicó a un consorcio en el que participaba también la citada compañía.

En relación con estos hechos se interpusieron dos denuncias en 2007 y en 2009 ante la Fiscalía de Madrid y una querella en 2010 instadas por 400 vecinos de Chamberí que terminaron constituyéndose en una asociación. En los dos primeros casos Moix decretó el archivo de las denuncias mediante sendos escritos firmados por él mismo, mientras que sobre la querella la Fiscalía evacuó informe oponiéndose a su admisión a trámite. Según la asociación denunciante, el pronto archivo de estas iniciativas evitó la realización de diligencias elementales que habrían servido ya en 2007 para descubrir una de las operaciones de corrupción que se investigan desde el pasado mes de abril en la Audiencia Nacional dentro del denominado caso Lezo.