Lunes, 16 de junio de 2025. La ultraderecha patria y la cúpula eclesiástica se reúnen en una fundación vinculada a la Iglesia para la presentación del último libro de Miguel Ángel Quintana, filósofo y director académico del Instituto Superior de Sociología, Economía y Política (ISSEP), el semillero de futuros líderes ultras creado a imagen y semejanza del laboratorio ideológico puesto en marcha en Francia por la sobrina de Le Pen. A su izquierda, Santiago Abascal, líder de Vox. A su derecha, Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal Española. Y en el aire, el discurso compartido sobre la "batalla espiritual" como elemento clave dentro del contexto de "batalla cultural" que plantean los sectores más radicales.

Una imagen de unidad que, sin embargo, ha vuelto a saltar por los aires. En este caso, por el respaldo de la Iglesia a la regularización de migrantes acordada por el Gobierno. Una medida que ha abierto una enorme brecha entre los sectores más radicales del catolicismo y una jerarquía eclesiástica que no es, precisamente, progresista. La elección de Argüello como presidente de la Conferencia Episcopal, un tipo que llegó a minimizar los casos de pederastia en el seno de la Iglesia, supuso la vuelta a la cúspide del sector más conservador del episcopado. Una cúpula, sin embargo, demasiado blanda a ojos del movimiento ultracatólico.

La Fundación NEOS es uno de esos colectivos que rechaza frontalmente la regularización de migrantes. La entidad, una red cuya creación definió en su día Argüello como un "signo de esperanza" y que se ha extendido desde la capital a más de una docena de ciudades, se vende como la "brújula necesaria frente a la desorientación que intencionadamente genera el relativismo". Y fue impulsada en su día por la Fundación Villacisneros –por la que han pasado desde la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre hasta el eurodiputado de Vox Hermann Tertsch–, la Asociación Católica de Propagandistas –que está detrás de medios como El Debate– y la Fundación Valores y Sociedad.

En el patronato de NEOS figuran algunos nombres vinculados a Vox y al ala más dura del PP. Es el caso de Ignacio Camuñas, exdiputado de la UCD y uno de los fundadores del partido ultra. O de Francisco José Conteras, quien fuera diputado de la misma formación en la pasada legislatura, y la exlíder del PP vasco María San Gil. Sin embargo, al frente del proyecto se encuentra Jaime Mayor Oreja. El exministro del Interior, al que se dice que llegó a tantear Abascal para su moción de censura, es uno de los perfiles más activos del ultracatolicismo patrio. Dentro y fuera de nuestras fronteras.

En esa labor de internacionalización, el expolítico se ha desempeñado a fondo a través de One of Us, que aglutina a decenas de colectivos "provida" y pro "familia tradicional", y del Political Network for Values. Dos lobbies perfectamente conectados, de nuevo, con la ultraderecha mundial. Lourdes Méndez Monasterio, actual diputada de Vox y hermana de Kiko Méndez Monasterio –uno de los hombres fuertes de Abascal–, forma parte del grupo de expertos del primero. Y al frente del segundo, que estuvo detrás de la polémica cumbre antiabortista del Senado, se encuentra en estos momentos el ultranacionalista croata Stephen Bartulica.

A punto estuvo también Enraizados, otra entidad que conforma esta galaxia de colectivos interconectados entre sí, de desplegar su discurso el pasado mes de octubre en el Congreso. Pero sus jornadas, anunciadas con la cruz del Valle de Cuelgamuros, fueron frenadas in extremis. Entre los ponentes, la exconcejala de Vox Carla Toscano, el impulsor de los rezos frente a la sede del PSOE o el obispo emérito Juan Antonio Reig Plá. El mismo que hace unos meses soltaba en una de sus homilías que la discapacidad es una "herencia del pecado y del desorden de la naturaleza". O que ha vinculado homosexualidad y pederastia.

El colectivo nació allá por 2012 "con el objetivo de ser una voz católica en la vida pública". "Somos católicos y personas de buena voluntad que respondemos a la llamada de los Papas a contribuir, desde nuestra Fe, a construir el bien común político de nuestra Patria y del mundo entero. Defendemos la vida, la familia, la libertad de educación y la necesidad de Cristo para hacer una sociedad realmente humana", exponen en su página web, en la que ofrecen diferentes cursos: "Seminario de matrimonio y sexualidad", "Curso de liderazgo", "Historia de España" o "Doctrina social de la Iglesia".

En las últimas horas, la entidad compartía en sus redes sociales un artículo en el que se critica abiertamente la posición de la Iglesia en relación con la regularización. "Lo peligroso y extraño es que metiéndose en jardines ajenos a su misión, esto es a la evangelización, quienes deberían estar frontalmente en desacuerdo con iniciativas que promueven agendas globalistas, que debilitan la tradición cristiana, tal y como hace el gobierno junto con sus socios separatistas y marxistas, empecinados en destruir España… sean los mismos que, a la sazón, eran asesinados por odio a la fe católica, los que las pidan", reza el mismo.

El artículo cita a dos religiosos. Uno es Benedicto XVI. El otro, el cardenal Robert Sarah. Este último era uno de los purpurados favoritos de la extrema derecha mundial para suceder al papa tras su muerte. Al fin y al cabo, su discurso encaja a la perfección con los postulados más radicales. Antes de la pandemia, el cardenal guineano participó en una conferencia en la Universidad San Pablo CEU invitado por la Asociación Católica de Propagandistas. Allí, habló de "mentalidad anticonceptiva" o cargó contra "la legitimación social de la homosexualidad". Escuchando, en las butacas, muchas caras conocidas. Estaban Mayor Oreja o María San Gil. Y también el periodista Luis Losada.

La exesposa de este último llegó a relatar en sede judicial la vinculación del que fuera su marido con El Yunque, una secta cristofascista nacida en México, algo que él ha negado tajantemente. Una sombra que también se cierne sobre otras entidades. Algunas investigaciones, como la realizada por la Fundación Rosa Luxemburgo bajo el título "De los neocón a los neonazis", vinculan también a Enraizados con esta supuesta sociedad secreta. Y, por supuesto, a Hazte Oír, quien se esfuerza por librarse de dicha etiqueta. Tanto, que llegó a acudir a la justicia para intentar forzar a Google a eliminar más de 150 enlaces que lo relacionan con la sociedad secreta.

Esta última entidad nació a comienzos de siglo. Y se expandió durante los mandatos de José Luis Rodríguez Zapatero al calor de las protestas contra el aborto, la eutanasia o el matrimonio entre personas del mismo sexo. Tanto, que en 2013 el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz –ferviente católico–, la declaró asociación de "utilidad pública" al entender que su actividad promueve "el interés general" –una condición que el Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska retiró en 2019–. Como cara visible de la misma, y de su marca internacional –Citizen Go–, Ignacio Arsuaga.

El colectivo ha ejercido en los últimos años como punta de lanza de la ofensiva judicial contra el Gobierno, metiéndose de lleno como acusación en las principales causas que afectan, de una u otra forma, al Ejecutivo. Y también ha tomado posiciones en la guerra contra la cúspide eclesiástica. Hazte Oír ha organizado en los últimos meses distintas protestas frente a la Conferencia Episcopal para exigir a la Conferencia Episcopal que acabe con la "traición" que supone acordar con Moncloa la resignificación del Valle de Cuelgamuros, unos escraches en los que se llegó a llamar a los obispos "judas" y "profanadores". Otro asunto que ha soliviantado a los sectores más radicales del catolicismo patrio.

Hazte Oír fue uno de los colectivos clave en el ascenso de Vox. Tanto, que la entidad ultracatólica logró colocar, a través del partido, en las instituciones a personajes vinculados o, directamente, pertenecientes a la misma. Es el caso, por ejemplo, de Francisco José Contreras, que ocupó un escaño en el Congreso de los Diputados. O de Gador Joya, que ejerció como parlamentaria ultra en la Asamblea de Madrid. Y también el de la actual presidenta de las Cortes Valencianas, Llanos Massó, o el portavoz de Vox en la misma Cámara, José María Llanos.

Una relación que, sin embargo, se ha ido deteriorando con el paso de los años. Tanto, que para las elecciones en Aragón el lobby ha puesto en circulación por las distintas provincias un bus en el que puede leerse: "¿Es Vox un PP verde? ¿Nueva derechita cobarde?". Y, por primera vez, ha respaldado públicamente a Se Acabó La Fiesta, el partido montado por el agitador ultra Luis Alvise Pérez.

Hazte Oír ya ha anunciado que peleará en el Tribunal Supremo la regularización de migrantes. Ve, tras ella, un intento de alterar el "cuerpo social" para influir en los procesos electorales. Un bulo –regularizar no es nacionalizar, que es lo que da derecho a voto– amplificado por los satélites ultras que en el universo ultracatólico se entremezcla con los mensajes sobre seguridad y sustitución religiosa. "Si importas 200 mil nigerianos, del país que más se persigue a los cristianos del mundo, tendrás yihad y persecución a los cristianos en España", escribía hace algunos meses Universitarios Católicos, un perfil de X con más de 127.000 seguidores que también ha cargado recientemente contra la jerarquía eclesiástica.

Hubo una época dulce de sonrisas y apretones de manos. De galas, premios y palabras amables. Pero de aquello hoy ya no queda prácticamente nada. Vox ya no es ese partido valiente que merecía ser "loado". Ahora, forma parte de esa "derechita cobarde" de la que ellos tantas veces han intentado diferenciarse. Un divorcio con el gran lobby ultracatólico que lo aupó –y que le hizo de cantera política en su entrada en las instituciones– que acaba de escribir un nuevo capítulo al calor de las elecciones aragonesas. Por vez primera, Hazte Oír ha dejado a Vox en un segundo plano de su guía electoral. Y ha arropado abiertamente a los ultras de Alvise Pérez de cara a los comicios.

La brecha entre la formación liderada por Santiago Abascal y la entidad que antaño le premió –en 2012, justo cuando presidía la Fundación Denaes– se ha ensanchado con el paso de los años. Y eso que en un principio el matrimonio entre el partido ultraderechista y el lobby que le dio impulso parecía inquebrantable. "Según dirigentes del partido, cada vez que Arsuaga arremetía contra ellos por no seguir sus dictados, Abascal les pedía que se mordieran la lengua. Vox pretendía empezar a caminar solo, pero no conseguía sacudirse la tutela de quienes le habían ayudado a ponerse en pie", explica el periodista Miguel González en Vox SA (Península, 2022).

La conexión entre Vox y Hazte Oír fue evidente desde el principio. Ahí están los múltiples premios concedidos por el colectivo a miembros de la formación ultraderechista. Y la ristra de personajes vinculados o, directamente, pertenecientes al lobby ultracatólico que el partido colocó en las instituciones. Es el caso, por ejemplo, de Francisco José Contreras, que ocupó un escaño en el Congreso de los Diputados. O de Gador Joya, que ejerció como parlamentaria ultra en la Asamblea de Madrid. Y también el de la actual presidenta de las Cortes Valencianas, Llanos Massó, o el portavoz de Vox en la misma Cámara, José María Llanos.

Los ultracatólicos ejercieron desde un primer momento como canalizadores de voto a la formación de Abascal. Buena prueba de ello es Vota Valores, una suerte de campaña que lanzan cuando hay elecciones evaluando los diferentes proyectos políticos. En su Guía de Voto, Vox siempre era la opción mejor puntuada, incluyéndola aunque los sondeos no les vaticinasen buenos resultados. Hasta ahora. Por primera vez, y con la vista puesta en los comicios aragoneses, el lobby capitaneado por Ignacio Arsuaga parece haber encontrado una mejor opción. Ahora, arropa abiertamente a Se Acabó La Fiesta.

El partido político impulsado por el agitador ultra Luis Alvise Pérez, que tiene en la actualidad cuatro causas penales pendientes –por financiación ilegal, por acoso a sus propios eurodiputados, por mensajes en Telegram contra una fiscal y por difundir un bulo en redes sociales contra el president Salvador Illa–, es rival directo de los de Abascal. En las últimas elecciones europeas, según el CIS postelectoral, un 28,7% de los votantes de Se Acabó la Fiesta venían de haber introducido la papeleta de Vox en las generales de 2023. Ambas formaciones tratan de pescar en caladeros de votos similares. Y ponen mucho el foco en el electorado joven, masculinizado y volcado en las redes sociales.

El pasado fin de semana, el colectivo ultracatólico se presentó en Bambú, sede de Vox, con 16.000 firmas para exigir que la formación política se comprometa en defensa de los valores de Hazte Oír. "Vida, familia, libertad. Innegociables. Vox no se compromete con tus valores", podía leerse en la pantalla luminosa de uno de los camiones desplegados por los de Arsuaga en las inmediaciones del edificio. "Esto no ha hecho más que empezar...", era otro de los mensajes. Una campaña que ha intensificado este martes con la presentación de un bus que hará circular por las provincias aragonesas y en el que pueden leerse dos preguntas: "¿Es Vox un PP verde? ¿Nueva derechita cobarde?".

Una guerra que se ha trasladado a las redes sociales, donde Arsuaga ha entrado en el cuerpo a cuerpo con algunos de los perfiles que funcionan como altavoz de los de Abascal. Así, ha tratado de explicar que como Se Acabó La Fiesta aún no ha tenido "oportunidad de exigir nada" a Vox o al PP, la valoración para elaborar su suerte de guía electoral se ha hecho en función de las respuestas que ha dado al cuestionario remitido –el que dicen que los de Abascal no han contestado–. "Lo mismo hicimos con Vox, que en nuestras guías de voto tuvo todo verde hasta que tocó poder y decidió no usarlo para defender la vida ni derogar ninguna ley trans", ha reprochado.

Vox ha querido restar importancia a las maniobras de Hazte Oír. "Cada uno puede hacer las manifestaciones que quiera y puede pedir el voto para quien quiera", ha señalado su portavoz en el Congreso de los Diputados, Pepa Rodríguez de Millán. No obstante, alguno de sus miembros sí que se ha pronunciado al respecto en X. "Directamente al grano: quien la ha hecho [la guía de voto] es un pícaro, un espabilado, un tramposo, un bribón, un tunante. En una sola palabra, un sinvergüenza", ha lanzado Carlos Flores, parlamentario de Vox en el Congreso de los Diputados.

La relación del partido con el colectivo comenzó a deteriorarse a finales de 2021, cuando puso en marcha una campaña de recogida de firmas para exigir a Vox que rompiera en la Comunidad de Madrid con Isabel Díaz Ayuso y le tumbase los presupuestos si no había derogación de leyes LGTB y trans. Unos meses después, en febrero de 2022 y con las elecciones en Castilla y León a la vuelta de la esquina, el lobby ultracatólico puso en marcha una campaña similar a la actual contra la formación de extrema derecha porque no respondía a su cuestionario. Y en septiembre de ese mismo año salió a arropar públicamente a Macarena Olona en plena batalla con la dirección de la que un día fue su casa.

Una guerra que también parece emerger en la implosión de Revuelta, una suerte de rama juvenil de Vox. A finales de noviembre, Arturo Villarroya y Javier Esteban presentaron en Fiscalía una denuncia contra la asociación, de la que acababan de dimitir, por "presuntas irregularidades graves, posible estafa en el destino de fondos y en el cobro de cuotas de afiliación sin derechos asociados". A un lado de la trinchera, los denunciantes, Vox y todo su aparato. Al otro, Jaime Hernández y sus colaboradores. Este último, cabecilla de Revuelta, guarda desde hace años una estrecha vinculación con Hazte Oír.

La Mesa del Congreso ha decidido suspender una jornada sobre la aportación de "la fe católica" a España y Europa, organizada por la asociación católica Enraizados al considerar que el acto se estaba promocionando con imágenes de la Cruz del Valle de los Caídos que podrían constituir "apología del franquismo", según ha informado EFE.

Fuentes del órgano de gobierno de la Cámara Baja han ofrecido esta explicación a la decisión adoptada con el apoyo de la mayoría del PSOE y Sumar y la abstención de los representantes del PP, y han recalcado que los promotores del evento, previsto para el próximo lunes, ocultaron información "relevante" para analizar la autorización.

Además, consideran que, tal y como se ha presentado el foro, cabe la posibilidad de que durante la jornada se pudieran proferir expresiones que atenten contra los valores constitucionales, algo que es contrario a los criterios que sigue la Mesa para dar luz verde a la celebración de jornadas y actos públicos en las dependencias parlamentarias.

Bajo el epígrafe 'Lo que aporta la fe católica a España y a Europa' se iban a celebrar dos paneles de debate en la sala Clara Campoamor del Congreso, presentados por el presidente de la Fundación Enraizados, José Castro Velarde.

A la primera mesa, titulada 'Una vez que construye: el origen de España y Europa' estaban invitados un colaborador de la Fundación Francisco Franco, presentado como antiguo administrador principal de la Comisión Europea, Javier Montero Casado de Amezúa, y el obispo emérito de Alcalá de Henares, monseñor Juan Antonio Reig Plá.

En la segunda parte de la jornada iban a conversar sobre 'Una fe que construye: futuro y compromiso' el escritor y columnista Enrique García-Máiquez, la exdiputada de Vox Carla Toscano, el abogado José Andrés Calderón y el promotor de la productora Terra Ignota Pepe Jarque.

En el cartel que Enraizados ha utilizado en las redes sociales para promocionar la jornada aparece un dibujo de la fachada del Congreso junto a la cruz del Valle de los Caídos, ahora Valle de Cuelgamuros.

La jornada y su programa figuraban hasta esta mañana en la web oficial del Congreso, en convocatoria a las 16,30 del próximo lunes, pero tras la cancelación ha desaparecido de la agenda.

Enraizados, fundada en 2012, se define en su web como "una voz católica en la vida pública" cuya misión es "trabajar por la consecución del bien común nacional y mundial desde una visión cristiana de la vida haciendo presente la importancia de la fe para conseguir ese bien común nacional y mundial movilizando a los católicos, a los creyentes y a las personas de buena voluntad". 

En los últimos años sus representantes han denunciado actividades que han considerado irreverentes o blasfemas, como protestas de Femen, y fueron acusación en el primer juicio en España a activistas de este movimiento feminista.

El juez que ordenó retirar la lona de grandes dimensiones desplegada el lunes por la organización ultra Hazte Oír contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, consideró que podría "suponer un exceso en el ejercicio de la libertad de expresión" y constituir un delito contra el honor, según recoge EFE.

Así consta en el auto dictado este lunes por el juez Arturo Zamarriego por el que los bomberos del Ayuntamiento de Madrid retiraron a las 00.43 horas de este martes la lona publicitaria de grandes dimensiones con la fotografía de Sánchez junto al calificativo "corrupto" colgada en la fachada de un edificio a escasos metros de la Puerta de los Leones del Congreso de los Diputados.

El juez, en respuesta a la denuncia del grupo socialista por injurias y calumnias y ante la negativa de la empresa que colocó la lona a retirarla de forma voluntaria, plantea en el auto si la lona sobrepasa los límites del ejercicio de la libertad de expresión. Apoyados por dos camiones escala y agentes de Policía Nacional, que han acordonado la zona y cortado calles adyacentes, los bomberos del Ayuntamiento de Madrid han descolgado la lona gigantesca.

Concluye que el uso de la expresión "corrupto" en esa lona junto a la imagen del presidente del Gobierno, la creación de una web denominada 'elcapo.org' y la mención a casos judiciales conocidos popularmente "forman un conjunto claramente lesivo para la reputación" de Pedro Sánchez "que podría suponer un exceso en el ejercicio de la libertad de expresión susceptible de constituir un ilícito penal".

En ese mismo sentido, añade que el lugar elegido, frente al Congreso de los Diputados, "logra dar una mayor repercusión al mensaje difundido", por lo que "la ubicación también refuerza el contenido atentatorio" contra el prestigio del jefe del Ejecutivo.

El juez sostiene que el exterior del Congreso es un espacio que "ha de verse libre de la contienda política, la cual ha de quedar limitada al interior de las Cortes Generales para así proteger el libre ejercicio de la función de los representantes de la voluntad popular". Por todo ello, el magistrado planteó la posible comisión de un delito contra el honor realizado con publicidad y ordenó la retirada de la pancarta.

Además del PSOE, la comunidad de propietarios del edificio en cuya fachada estaba colgada desde este lunes la lona había solicitado su retirada a la empresa responsable de su instalación y denunciado los hechos a la Policía. La fachada se encuentra en obras, por lo que acordaron alquilar este espacio para publicidad mientras durasen los trabajos, pero, según aseguraron a EFE fuentes de la comunidad de propietarios, en ningún momento se les comunicó que se emplearía para este tipo de propósitos.

La lona publicitaria fue pagada por la asociación Hazte Oír, que actúa como acusación popular en distintos procedimientos judiciales que afectan al entorno de Pedro Sánchez. Según informó el lobby ultracatólico en una nota de prensa, con ella quieren denunciar la "corrupción que rodea al entorno político y personal" del presidente del gobierno.

El secretario general de esta organización, Javier María Pérez Roldán, ha manifestado esta noche a EFE que recurrirán a los juzgados esta retirada de la lona, que habían pagado para que permaneciera durante 15 días, y ha criticado "la urgencia y la clandestinidad con la que se ha actuado". "En vez de retirar la lona lo que desearíamos es que retirasen de una vez por todas a Pedro Sánchez. Lo que está haciendo no tiene nombre, solo describimos una realidad: todos los casos de corrupción que hay hoy abiertos y cuyos protagonistas son líderes socialistas principalmente", ha añadido.

Xaime da Pena, el abogado gallego que hace seis meses se jactó de haber pagado 40.000 euros para que la plataforma ultra Desokupa instalara una lona gigante incitando a expulsar a Marruecos al presidente del Gobierno, se ha convertido ahora en impulsor y protector legal de otra plataforma: la 6F, liderada por una antigua afiliada a Vox y convocante de las tractoradas que este martes han colapsado la circulación en carreteras y autovías en protesta por la situación del sector agrario.

Según la Plataforma 6F, el bufete del que Da Pena se proclama director, DP Abogados, ofrecerá asesoramiento gratuito a quien se vea envuelto en problemas por su participación en las tractoradas. Pero, al igual que en julio, continúa siendo un enigma qué empresa está detrás de ese despacho y por tanto asumirá el coste de las consultas o acciones de defensa judicial. Su director se ha negado otra vez a revelarlo.

La portavoz de la Plataforma 6F, Lola Guzmán, se presenta en un reciente vídeo difundido por ella misma a través de una red pública como alguien que abandonó Vox hace dos años por sus disidencias con Santiago Abascal y su equipo.

Días atrás, y a través de un whatsapp recibido por quienes han participado en el chat de Plataforma 6F, se transmitió que Guzmán había “contratado” al bufete de Xaime Da Pena. “Para cualquier duda o problema durante la huelga 🚜 ellos nos representan y nos asesoran gratis”, se lee en el mensaje. Tal como aparece en la anterior frase, la palabra tractor se sustituye por un dibujo que representa un vehículo de esa clase.

Ni Guzmán ha atendido las llamadas de este medio al teléfono que consta como suyo en el citado mensaje de whatsapp y facilitado por una fuente vinculada a la Plataforma 6F ni ha respondido a las preguntas remitidas. Precediendo el remate, el whatsapp ofrece los teléfonos de contacto en A Coruña y Madrid de DP Abogados. A lo largo del día, infoLibre llamó en multitud de ocasiones a los dos números de teléfono móvil facilitados. Nadie descolgó.

Promotor desde el pasado día 2 de un manifiesto ilustrado con el logotipo de la Plataforma 6F y que a las 19.00 horas de este martes había recabado 1.245 firmas en change.org [puedes verlo aquí],  tampoco Da Pena ha accedido a explicar lo que ya en julio mantuvo en secreto: qué empresa está ahora detrás del bufete familiar DP Abogados, fundado hace diez años por Da Pena Abogados SL.

Esa sociedad permanece inoperativa desde que en 2021 Hacienda le retiró el Número de Identificación Fiscal (NIF), imprescindible para pagar y cobrar. Encargado de la demanda contra el socialista Patxi López del periodista ultra Vito Quiles, luego detenido en una de las broncas que grupos ultra organizaron ante la sede central del PSOE para terminar apaleando y colgando a un muñeco que encarnaba al presidente, Xaime Da Pena es apoderado de otra sociedad de ámbito jurídico vinculada a su familia, Consujudici SL. Pero a tenor de las últimas cuentas depositadas en el Registro Mercantil, Consujudici tiene una plantilla que no llega ni a tres contratos laborales (1,72 fijos y 0,5 no fijos), lo cual convierte en imposible que sea la verdadera titular del bufete donde Xaime da Pena ha grabado distintos vídeos ante un grupo amplio de lo que se supone son sus empleados. Lo único que el letrado respondió a este diario con un mensaje escrito es que el bufete no está conectado a ninguna de esas dos empresas. "Ninguna de esas! No es cierta esa información, lo siento", escribió. Da Pena tampoco se pronunció sobre la cobertura legal gratuita invocada en el whatsapp de la Plataforma 6F.

Pero no solo Lola Guzmán y Xaime da Pena han cobrado protagonismo en unas tractoradas en cuya convocatoria no han participado las grandes organizaciones del sector –Asaja, UPA y Coag– y que surgen en un momento en que el bloqueo de carreteras en Francia por parte de agricultores ha disparado los daños para el sector hortofrutícola español.

En un clima donde las enormes dificultades de los agricultores ajenos al latifundismo han incrementado la antipatía hacia las políticas agrarias de la Unión Europea (UE) y han puesto en solfa en parte del mundo rural al Ejecutivo de Pedro Sánchez, la ultraderecha vuelve a ocupar un papel relevante.

Por ejemplo, otro movimiento estrechamente conectado a Vox y que ni siquiera se ha molestado en adquirir rango legal como asociación, Revuelta, ha publicado un vídeo con el siguiente lema escrito: “Vamos a colapsar Madrid”. En la misma dirección ha circulado por las redes Hazte Oír, la organización ultraconservadora que abomina del derecho al aborto y del movimiento LGTBI. En este caso, el eslogan de guerra contra el Ejecutivo es otro: "España ha despertado!!!!"

¿El hombre, discriminado por serlo? A priori, no parece una idea con fácil encaje. Pero ahí está, ganando enteros. Y no por generación espontánea. La tesis del varón perseguido e incluso odiado, ya en absoluto marginal, es una obra a múltiples manos. Es fruto de la constancia de la derecha católica radical y de los grupos de hombres que se declaran discriminados por una legislación que ven injusta. Es resultado del empeño de Vox. Debe mucho a un puñado de abogados activistas. Es un hito impensable sin la expansión a gran escala –gracias a las redes sociales– de planteamientos que antes parecían condenados a quedar como cosa de cuatro exaltados. Y es también una idea que está contando con focos de difusión en el PP, singularmente Isabel Díaz Ayuso, para quien el feminismo dominante no busca igualdad sino "ventaja".

La encuesta sobre igualdad del CIS conocida esta semana ofrece blancos y negros. Por un lado, muestra el profundo calado del ideario feminista. Pero, al mismo tiempo, ilustra la fuerza de una tesis según la cual el feminismo ha conquistado tanto terreno que el varón juega ahora en desventaja. Ahí va un dato: el 44,1% de los hombres están de acuerdo con que "se ha llegado tan lejos en la promoción de la igualdad de las mujeres que ahora se está discriminando a los hombres". Así que hay tanto un flujo de ideas feministas como un reflujo contrario, con una clara división en el eje izquierda-derecha.

¿Cuál es el origen del reflujo? Siguiendo el detallado relato del informe De los neocón a los neonazis. La derecha radical en el Estado español, la primera emergencia de conflicto político en torno a lo que hoy llamamos "guerras de género" se produjo a raíz de la reacción conservadora a medidas como el matrimonio igualitario (2005) o la asignatura de Ciudadanía (2006). No fue una eclosión completa porque el PP quiso guardar un equilibrio. Por un lado, votaba en contra de estas medidas y enviaba delegados a las manifestaciones en su contra alentadas por grupos como Hazte Oír, Foro de la Familia o Profesionales por la Ética, alineados con la Conferencia Episcopal. Por otra, trataba de que no fuera un asunto central, para así evitar fugas en el electorado moderado.

La cuerda se acabó rompiendo. Cuando el Constitucional avaló las leyes de igualdad (2007) y matrimonio igualitario, recurridas por el PP, el partido de Rajoy intentó evitar una sobrerreacción y pasó página, pero para entonces ya había toda una pléyade de grupos y medios que a todas horas martilleaban con la idea de que Zapatero había inoculado una "ideología de género" que destruía las categorías de moral, familia y sexo, convirtiendo al hombre heterosexual en el villano de la película. El germen ya estaba ahí.

Una de las derivadas del discurso presentaba al varón como discriminado no sólo por la Ley de Igualdad, sino también por la Ley contra la Violencia de Género. Esta norma obtuvo un respaldo unánime en el Congreso (2004), pero figuras de gran influencia en la derecha se salieron de aquel marco. Fue clave Jiménez Losantos, que primero desde la COPE y luego desde EsRadio levantó la bandera del agravio por esta ley. El aval del Constitucional no detuvo la denuncia de la supuesta quiebra de la presunción de inocencia, discurso amplificado tanto por grupos de la derecha radical católica como por una incipiente red de asociaciones de hombres que se declaraban víctimas de la norma. El germen había cogido cuerpo social y ya sólo faltaba un referente político. No tardaría.

Cuando Vox nace a finales de 2013, traba de inmediato alianzas con los sectores del PP que habían roto con Rajoy por su tibieza en temas morales como el aborto. Destacó el fichaje por parte de Vox de Lourdes Méndez Monasterio, hermana de Kiko Méndez Monasterio, estrecho colaborador de Abascal, que era el cordón que había unido al PP a la miríada de grupos radicales que nunca han dejado de denunciar la "ideología de género", incluida una supuesta postergación del hombre.

Como señala Felipe G. Santos, investigador en la City University of London y la Universidad Babeș-Bolyai de Cluj-Napoca, es coherente en el plano "ideológico" que Vox se sumase a la corriente victimista, básica en los proyectos de nacionalismo autoritario de ayer y hoy. Lo escribía Michela Murgia en Instrucciones para convertirse en fascista: "Cuanto más víctima se sienta el pueblo, más se unirá para defenderse y buscar un jefe fuerte que lo guíe". En cuanto a la elección del hombre como sujeto/víctima, es también coherente con el diseño del partido y con la tradición de la ultraderecha española.

Pero, además del ideológico, está el factor estratégico. A Vox, que necesitaba temas con los que diferenciarse, le convenía aliarse con todo el magma organizativo defensor de aquellas ideas que, precisamente por ser marginales, tenían tanto margen de crecimiento, como demostraba el éxito republicano en las "guerras de género" de EEUU. Este cartel de un acto en 2015 ilustra aquella voluntad de cooperación y presenta algunos nombres propios que ya entonces lo daban todo por esta causa, permitiendo tirar de hilos que llegan hasta hoy.

Además de los principales dirigentes de Vox, con Abascal al frente, en el cartel hay representantes de entidades contra las "denuncias falsas" como SOS Papá y la Asociación de Víctimas de la Ley de Violencia de Género. También figuran dos abogados de trayectoria destacada en este mundillo. Uno es José Luis Sariego, especializado en derecho de familia, al que Libertad Digital presentaba así en un artículo hace cuatro meses: "El abogado que ofrece a los hombres un manual para evitar denuncias falsas y destroza la Ley de Violencia de Género". Según Sariego, "desde que nace un varón ya sufre discriminación". En España hay "más de 400 leyes" que discriminan al hombre, añade el abogado, que da consejos como este en X, donde tiene más de 23.000 seguidores.

El otro abogado es Javier Pérez-Roldán, especializado en "denuncias falsas". Secretario general de la Comunión Tradicionalista Carlista, es autor del conocido como Informe Pérez-Roldán, 147 páginas de masiva difusión en el ámbito del derecho de familia en las que trata de demostrar la discriminación legal del hombre. Pérez-Roldán, habitual de tertulias televisivas, es uno de los entrevistados en Silenciados, documental contra la Ley de Violencia de Género de 2017 con más de 210.000 visionados en Youtube. En dicho documental, afirma que no sabe cuántos hombres mueren dentro de la pareja, pero expone una hipótesis: "Las mujeres suelen ejercer más la violencia psicológica. Y hay muchos hombres que mueren víctimas de un suicidio, no sabemos hasta qué punto podría ser responsable la mujer".

A juicio de Pérez-Roldán, los datos de la encuesta del CIS son muestra de un despertar social. "Cada vez es mayor el número de hombres y mujeres que perciben la realidad discriminatoria", dice. Es sencillo detectar, entre quienes sostienen que el hombre vive discriminado por serlo, la impresión de que la encuesta muestra la progresión de sus ideas y el convencimiento de que hay que seguir empujando. Miguel Tomás, de Hazte Oír, cree de hecho que los porcentajes se quedan cortos: "Sería seguramente cercano al 100% [el porcentaje de quienes ven discriminación al hombre] si preguntan a todos los padres y familiares afectados por la Ley de Violencia de Género", afirma.

Otros dos entrevistados en Silenciados y presentes en el cartel de 2015 son figuras relevantes en la aún breve historia de Vox e ilustran la apuesta del partido por el discurso del hombre agraviado, sin la que es difícil entender su progresión social. El primero es Francisco Serrano, juez que cuando nació el partido estaba inhabilitado por prevaricación al haber favorecido injustamente al padre frente a la madre en un régimen de visitas. Lejos de caer en desgracia, el impulsor de la Plataforma por la Igualdad escribió un libro, La dictadura de género (2012), y se erigió en la figura que más alto clamaba contra la supuesta injusticia de una legislación antihombres que a su juicio propicia un "genocidio".

Con estas credenciales, Abascal lo eligió como su líder en Andalucía, colocándolo como candidato en 2015 y más tarde en diciembre 2018. En aquel segundo intento, fue Serrano quien puso rostro al regreso de la ultraderecha a la instituciones. Sus días de gloria duraron poco. Serrano tuvo que dejar su acta en 2020, investigado por un posible fraude de subvenciones. Eso sí, durante su etapa como parlamentario aprovechó para dejar constancia de sus fijaciones, publicando un nuevo libro, Guía práctica para padres maltratados, y utilizando su alta tribuna para alertar de las "denuncias falsas" y negar la "brecha salarial".

El otro martillo antifeminista al que Abascal puso galones es la profesora de educación física Alicia Rubio, autora de Cuando nos prohibieron ser mujeres y os persiguieron por ser hombres (2016). "Hay maltrato hacia las mujeres, como hay maltrato hacia los hombres”, declaraba en una entrevista sobre su "biblia antifemnista". Ya consagrada como "guerrera cultural", Vox la metió en en 2019 en la Asamblea de Madrid, cubriendo una etapa durante la cual publicó Feminismo sin complejos (2021), trabajo prologado por el agitador derechista argentino Agustín Laje, próximo a Javier Milei, que denuncia el trato al hombre como "el enemigo, el opresor, el maltratador intrínseco". "Se propondrá desde su castración hasta su desaparición física", augura Laje en el prólogo.

Visto en perspectiva, ¿no tiene sentido pensar que toda esta incesante percusión ha acabado surtiendo más efecto del que parecía?

Serrano y Rubio son dos casos emblemáticos, pero el énfasis de Vox en la victimización del hombre ha sido generalizado (y hoy sabemos que probablemente fructífero). La censura contra un "feminismo radical" que discrimina al hombre está en el abecé del partido, que en sus 100 medidas para la España viva mantiene desde 2018 la propuesta de "derogación ley de violencia de género y de toda norma que discrimine a un sexo". Es decir, la insistencia en la figura del hombre odiado y perseguido es estratégica en el tercer partido de España, donde son usuales las voces que niegan la brecha salarial o incluso alertan de una oleada de suicidios de hombres por Ley de Violencia de Género.

Vox puede presumir de haber catapultado ideas que antes no encontraban apoyo en el ruedo político. Y también de haber fortalecido el tejido social que las sostiene, incluidas organizaciones en su órbita, como Mujeres por la Igualdad. Además, ha respaldado iniciativas como la denuncia por parte de la Asociación Hombres Maltratados contra una monologuista por un supuesto "delito de odio contra los hombres".

Al mismo tiempo, grupos con más pedigrí, como Hazte Oír, han visto recompensada su apuesta inicial por Vox ganando en repercusión y cobertura institucional. Lo cual, a su vez, ha atraído a más grupos e iniciativas. ¿Ejemplos? Por una parte, la red de organizaciones por la maternidad Women of the World, que tiene a Profesionales por la Ética entre sus impulsores, alerta contra el "odio al varón" del feminismo. Por otra, la Asociación de Abogados contra la Corrupción anuncia que lleva ante la justicia europea la Ley de Violencia de Género, que ha dejado "cuatro millones de hombres víctimas".

Ha sido un quid pro quo. El movimiento social ha fortalecido a Vox y Vox ha fortalecido al movimiento social. Entre unos y otros han contribuido a engordar el mito de un país que discrimina al hombre.

A ello se suma que Internet ha facilitado la difusión de la narrativa del hombre perseguido, especialmente entre los jóvenes, como ha alertado la Fundación FAD y refrenda la politóloga Carmen Lumbierres, que ve en el victimismo una válvula de escape para generaciones en las que se multiplican las "expectativas frustradas" a causa de crisis sucesivas. Son fáciles de encontrar mensajes de alcance masivo que dan la razón a los que piensan que el feminismo ha descarrilado y no aporta igualdad sino discriminación. "España es un país que discrimina al hombre", afirma el youtuber Roma Gallardo, con más de 1,9 millones de suscriptores, alegando que hay trato de favor a la mujer para obtener "subvenciones" y "vivienda social". Infovlogger, con más de 110.000 en X, afirma que los "hombres heterosexuales" no disfrutan de "presunción de inocencia". Aitor Guisasola, con más de 380.000 en Youtube, dice que "ser hombre es agravante penal". En los canales de Telegram de difusión de bulos y conspiraciones la figura del hombre víctima es con frecuencia protagonista.

Las redes ofrecen una mirilla para contemplar una explosión de contenido que oscila entre las fake news y la desmesura, entre el machismo y la misoginia. Por eso, porque conoce lo que ahí se cuece y también lo que se oye a pie de calle, a Carmen Lumbierres no le sorprenden los nuevos datos del CIS. Profesora de Ciencias Políticas en la UNED, cree que la pulsión antifeminista "estaba ahí, más o menos soterrada", y que el auge de la extrema derecha ha contribuido a aflorarla. "Antes había una cierta vergüenza, ya no tanto. Pasa igual con la inmigración", afirma Lumbierres, que atribuye parte del mérito a Vox pero cree que es un fenómeno que desborda al electorado ultra y pone bajo presión al PP. Coincide Felipe G. Santos, que de hecho recuerda que el PP "cede cada vez más" en cuestiones de género y es corresponsable del "caldo de cultivo" que explica que las ideas contra el feminismo estén lejos de ser marginales.

La posición del PP es ambigua. Al mismo tiempo que trata de presentarse como freno a las pretensiones más radicales de Vox, ve cómo prosperan discursos a los que el partido solía tratar de resistirse. Un dato: Cayetana Álvarez de Toledo, que en 2019 afirmó que la Ley de Violencia de Género es una "aberración" que rompe el principio de "igualdad", es hoy portavoz adjunta del PP. No obstante, la figura que más fuerte choca con el feminismo es Ayuso, al frente de la Comunidad de Madrid, locomotora ideológica de la derecha española desde hace tres décadas, que se suma al discurso según el cual hubo un buen feminismo hoy borrado por otro que no busca igualdad sino prebendas.

Oigamos distintas posiciones de la presidenta. Por ejemplo, afirma que ella lucha "contra la discriminación", pero "no contra los hombres", frase que podría suscribir Leonor Tamayo, líder de Women of the World. A su juicio, existe un feminismo que ve al hombre como su "enemigo eterno", afirmación que parece tomada de un párrafo de Alicia Rubio. Hay –dice– feministas que "buscan ventaja por ser mujer", enunciado que podría levantar la ovación del juez Serrano. ¿Y la violencia de género? "Es un tipo de violencia muy concreto, está ahí", responde Ayuso. "Pero también hay violencia sobre el propio hombre, de hecho sufre incluso más agresiones que nosotras".

Todo ello lo suscribirían las asociaciones contra la legislación de género, como también esto: "El feminismo trasnochado consiste en atacar al hombre". Esta misma semana la presidenta lamentaba que "se acose sistemáticamente al hombre o que haya discriminación positiva". Es el tipo de contenido que puede agradar tanto a los incels que pueblan la "manosfera" como a las autoproclamadas víctimas de la "cultura de cancelación" dictada por las "feminazis", como al lobby integrista, como a los predicadores del apoteosis de las "denuncias falsas", integrantes todos ellos de un frente que ayer parecía de resistencia pero que ahora, poco a poco, pasa a la ofensiva.

En las épocas –a veces prolongadas– en que la derecha baja el pulso de la movilización, cuando no encuentra grandes reclamos para salir a la calle, queda un sector de la España conservadora que vence el desaliento y rara vez falla: es lo que podríamos llamar la derecha católica, siempre decidida a dar la batalla en el espacio público contra el aborto y otras amenazas a "la familia", sean el "lobby Lgtbi" o el "adoctrinamiento en las aulas". Incluso en periodos átonos, no suelen dejar pasar demasiados meses sin una convocatoria. Ahí estaban, por ejemplo, en junio de 2022, echando miles de globos blancos al cielo de Madrid para celebrar la sentencia del Tribunal Supremo contra el derecho al aborto en Estados Unidos, al tiempo que pidiendo al Gobierno paralizar todas sus iniciativas "contra la vida".

Este intrincado conglomerado de asociaciones y fundaciones con estructura de muñeca rusa tiene una agenda de prioridades fácilmente identificables: "familia", "vida", "tradición", "nación"... Pero no siempre sus entidades se acoplan bien en el tono, las formas y las medidas. Las hay más institucionales, otras más beligerantes; las hay de revestimiento más científico, otras más apocalípticas. Desde noviembre de 2021, todo este bloque social, con una visión frecuentemente sombría del mundo de hoy en general y de la realidad política española en particular, cuenta con una entidad aglutinadora, NEOS, iniciativa de Jaime Mayor Oreja para dar cohesión organizativa, ideológica y estratégica al movimiento. Hasta ahora, NEOS ha sido más un espacio de producción de contenidos y de organización de foros que de convocatoria de movilizaciones. Pero, esta vez ha hecho un llamamiento a salir a la calle.

¿El motivo? El 8 de octubre, este domingo, la movilización contra la amnistía, contra el Gobierno y contra la negociación con los independentistas para la investidura de Pedro Sánchez.

En una carta a sus miembros y simpatizantes, NEOS celebra la convocatoria de Sociedad Civil Catalana bajo el lema No en mi nombre. Ni amnistía, ni autodeterminación, anuncia su participación y hace un llamamiento a la asistencia "para defender la España de ciudadanos libres e iguales". "En NEOS –afirman– seguimos reiterando que es vital parar el Proceso, aplaudida denominación de Jaime Mayor Oreja que da nombre a la alianza entre socialistas, comunistas y nacionalistas, por el peligro que supone para la convivencia pacífica la aplicación efectiva de su proyecto de ruptura".

El exministro del Interior y miembro del patronato de FAES intenta que se abra hueco en la conversación política el término "proceso" para definir las negociaciones del Gobierno con los independentistas, trazando un paralelismo con el procés catalán, que acabó con la aplicación del artículo 155 de la Constitución y la condena o huida de sus principales protagonistas.

El mensaje de NEOS para la convocatoria es dramático: "Esa batalla trasciende ya [el] ámbito político y convoca a la sociedad en su conjunto. Por este motivo, animamos a todos los ciudadanos, diversos en sus ideologías, pero coincidentes en su preocupación, a que nos acompañen en Barcelona el día 8. Somos conscientes de que, quizá, esta manifestación sea la primera de muchas acciones que tengamos que realizar. Pero es urgente articular un muro desde la sociedad civil en respuesta a los preocupantes acontecimientos que, día sí y día también, estamos viviendo".

María San Gil, otro de los referentes de NEOS, completa el mensaje a los "simpatizantes" de su causa afirmando que es "imprescindible que desbordemos las calles de Barcelona" y "probablemente las de toda España más adelante si fuera necesario" para decir no a la "afrenta", el "oprobio" y al "jaque" a la España de "ciudadanos libres e iguales" que supondrían las cesiones al independentismo. "La amnistía es inconstitucional. Y concederla supone afirmar por la vía de los hechos que las leyes españolas son injustas y que el golpe de Estado y la proclamación de una república catalana fueron correctos y en absoluto perseguibles". Todo por "la ambición de Pedro Sánchez de perpetuarse en el poder", añade San Gil, que cree que hay que pasar "de la queja, de la indignación e incluso del estupor a la acción" y levantar un "muro de contención" ante la "involución democrática" en curso. "Es una obligación moral" ante el "desmantelamiento constitucional", afirma.

¿Qué es NEOS? ¿Quién está llamado a movilizarse cuando NEOS convoca? Las organizaciones promotoras de NEOS son Valores y Sociedad –foro de ideas conservadoras y tradicionalistas en clave españolista–, Queremos –una entidad que se ofrece a recoger todas las cruces derribadas por la Ley de Memoria Histórica– y One of Us.

De esta última, de One of Us, una federación europea de organizaciones de la derecha cristiana, forman parte una cincuentena de organizaciones de toda Europa, entre ellas 17 españolas. Las más conocidas son Hazte Oír, liderada por Ignacio Arsuaga, o Profesionales por la Ética, dos de los puntales de la "batalla cultural" contra los "valores del progresismo", especialmente incisivos en la causa contra el aborto, los derechos Lgtbi y la educación sexual. De One of Us también forman parte Red Madre, que asegura contar con 40 asociaciones y 1.500 voluntarios, y la Federación Española de Asociaciones Provida, que suma 33 asociaciones repartidas por toda España. A estos grupos se suman otros como el Foro Español de la Familia, Cidevida y Aesvida.

NEOS tiene además una red de "aliados" en la que figuran la Asociación Católica de Propagandistas, Concordia Real Española –defensora del legado de Juan Carlos I– y las universidades católicas de Valencia y Ávila.

Mayor Oreja anhela un clima de movilización social como el que hubo durante la primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2008). Que el exministro haya dado un paso al frente antes de la manifestación del domingo es coherente con su trayectoria de defensa de la unidad de acción de Vox y el PP, liderada por la "sociedad civil". En Barcelona van a coincidir, convocados por Sociedad Civil Catalana, Alberto Núñez Feijóo (PP) y Santiago Abascal (Vox), aunque no hay prevista foto conjunta. Más allá de las coincidencias en el contenido, hay un sector del PP –al que pertenece Feijóo– reticente a una imagen que recuerde a la famosa "foto de Colón".

Mayor Oreja, además de respaldar la manifestación del 8 de octubre, ha convocado este lunes a un foro de NEOS en Madrid a José María Aznar, quien el pasado 12 de septiembre dio el pistoletazo de salida a la movilización del PP con un discurso llamando a la base "nacional" a salir a la calle. Está por ver qué mensaje lanza Aznar tras el 8M y si marca la agenda de la derecha en la próxima semana.

Ya no se concentran de forma masiva, no se agolpan, no la emprenden a gritos frente a las clínicas acreditadas para la interrupción del embarazo. Ahora está todo hábilmente planificado para no generar más ruido del necesario. Los grupos antiabortistas que acosan a las mujeres que quieren ejercer su derecho a la libre interrupción del embarazo echan raíces por todo el país, coordinados y organizados gracias a una estructura global, y lo hacen a pesar de que el acoso frente a las clínicas se encuentra inserto en el Código Penal desde hace más de un año. "Esta ley no va con nosotros", lanzan sin medias tintas a través de su página web.

Este miércoles, los activistas ultracatólicos ocuparon las inmediaciones de clínicas de casi una veintena de ciudades para iniciar su ya tradicional campaña 40 días por la vida. Lo hacen frente a centros privados, pero no sólo: también llaman a hacerlo frente a instalaciones de titularidad pública. Un ejemplo es la Unidad de Atención a la Mujer de Burgos, donde se realizan, entre otras prestaciones, mamografías y servicios de atención a víctimas de violencia de género.

En su página web, cuentan con una serie de instrucciones perfectamente trazadas para coordinar las acciones de sus adeptos. Si aquellas personas que ejercen el acoso frente a las clínicas se encuentran, por ejemplo, con el reproche de las fuerzas de seguridad, los organizadores recomiendan persistir, pero no confrontar. "Sé amable, pero cuestiónalo", sugieren. "Pregunta: por qué, qué estoy haciendo mal, cómo debo actuar". Defienden que las denuncias de mujeres y trabajadoras no son más que opiniones "subjetivas y particulares" y por tanto no son ellas quienes deciden "quién comete o no delitos". E insisten: "Rezar no es acosar".

A la penalización del acoso, en vigor desde abril del año pasado, se refieren como "ley de criminalización de los providas". Pero sobre todo, se enrocan en defender que no va con ellos. "Podemos estar tranquilos", sostienen. Y, en cierto modo, esto último sí es verdad: a pesar de la entrada en el Código Penal, el acoso aún tiene vía libre frente a las clínicas. En cualquier caso, para disipar todo riesgo, los grupos ultras van bien armados: "En casi gran parte de las ciudades tenemos un abogado de apoyo a la campaña".

Francisca García, presidenta de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI), recalca que "lo tienen perfectamente estudiado para saltarse la ley". Esa capacidad la demuestran en su página web, donde quien quiera puede buscar su ciudad, consultar qué concentraciones hay convocadas y apuntarse a un turno. Lo hacen por turnos para evitar grupos numerosos, ya que cualquier concentración con un número de participantes inferior a veinte, no tiene que ser notificada. En Madrid, por ejemplo, hay apuntadas –a 29 de septiembre– 795 personas repartidas en 54 turnos.

El miércoles, relata García, no serían más de cinco o seis personas frente a la clínica donde trabaja, en Granada. "Lo tienen pautado, tienen horarios y se van relevando", explica. Esta vez, la presidenta de la organización decidió abandonar las instalaciones y recriminarles su presencia allí. "Les dije que por favor se fueran, que estas mujeres lo están pasando mal", sostiene la doctora. "Si lo pasan mal, pues algo de conciencia les queda", replicaron los allí presentes. 

Los grupos antiabortistas se escudan bajo su carácter supuestamente pacífico. Van a rezar, no a protestar. A salvar vidas, dicen, no a acosar a nadie. "Sentimos rabia e impotencia", subraya la doctora, "las mujeres entran nerviosas, pensando qué habrán hecho".

A través de una encuesta a tres centenares de pacientes elaborada en 2018, ACAI elaboró un estudio en el que concluye que un 89% se siente acosada y un 66,67% amenazada por la presencia de estas personas. Algunos testimonios recabados por la organización recogen la angustia de estas mujeres: "Me han hecho sentir como una asesina, me han dicho que iba a ir al infierno, que estaba matando a mi hijo".

El acoso sistemático frente a las clínicas llegó al poder legislativo a través de la reforma penal que, a propuesta del Partido Socialista, buscaba poner fin a este tipo de ataques. La modificación del Código Penal introduce un nuevo delito, el acoso mediante "actos molestos, ofensivos, intimidatorios o coactivos" con la finalidad de obstaculizar el ejercicio del derecho al aborto, así como los mismos actos contra los profesionales de las clínicas. Los tribunales tienen además la potestad de imponer la prohibición de acudir a determinados lugares por tiempo de seis meses a tres años.

Tal y como explica el jurista José Antonio Bosch en su libro El aborto en España. Guía jurídica práctica de la interrupción voluntaria del embarazo (Aranzadi, 2023), "asumiendo el legislador la dificultad de la denuncia de la víctima en este tipo de delitos", la reforma regula "la no necesidad de la denuncia de la persona agraviada" para su persecución. Sin embargo, afina el abogado, "el que no se requiera denuncia para la persecución no evita a la mujer su participación procesal" y es "evidente que, salvo confesión directa del investigado, la posible condena requiere de la acreditación del menoscabo sufrido por en la libertad de la mujer lo cual implica la necesidad" de que declare. Y la experiencia de las últimas dos décadas demuestra que "la mujer acosada no quiere perder su intimidad garantizada en el acto médico durante la tramitación de un proceso judicial público".

Es esta una de las fallas detectadas por los expertos, pero no la única. El simple concepto de acoso tiene difícil encaje, pues requiere de "insistencia, repetición y cierta frecuencia", circunstancias que no siempre se producen, pues los activistas ultra tienden a rotar en sus ataques. 

Pero la mayor laguna que ponen de relieve los profesionales es una: la ausencia de las denominadas zonas seguras. El preámbulo de la ley considera imprescindible "garantizar una zona de seguridad alrededor de los centros sanitarios que facilitan la interrupción voluntaria del embarazo", con el fin de "garantizar la intimidad de las mujeres, su libertad y seguridad física y moral, así como su derecho a la libre circulación". Esas zonas se quedaron ahí, en el papel y sin concretar la fórmula que podría implementarlas. El PNV introdujo una enmienda a la reforma en la que proponía castigar la participación en concentraciones a menos de 150 metros de las clínicas, pero decayó en el trámite parlamentario.

La directora de la clínica Askabide de Donostia, Naroa Iturri, reconoce que la ley "ha sido bienvenida, pero tiene muchos resquicios por dónde pueden agarrarse". Pero es precisamente ahí, en suelo vasco, donde van consiguiendo ponerle freno. El año pasado, la clínica decidió llamar a la Ertzaintza para hacer cumplir la ley e identificar a quienes se manifestaban. Acompañadas por la intervención del Gobierno vasco –se trata de una clínica concertada– y los grupos parlamentarios, la clínica fue ganando batallas. "Fuimos denunciando y ganando juicios", clama Iturri. 

Se consigue una orden de alejamiento: prohibido concentrarse a menos de cien metros de las puertas del centro. "El año pasado se ponían en una esquinita, tenían derecho a hacerlo, pero no delante de la clínica porque coacciona a las mujeres y condiciona a las trabajadoras", sostiene la directora del centro. Este año, todavía no han hecho acto de presencia.

Iturri reconoce que la victoria es agridulce y lamenta el coste. Con una ley pensada para amparar y proteger a las mujeres, no termina de comprender por qué librarse del acoso todavía depende de los recursos y la capacidad de pelear de cada clínica. "Este proceso es un monstruo", exclama. "Esta gente tiene mucho poder en cuanto a abogados", pero además "terminas de trabajar y tienes que ir a poner una denuncia, presentarte en juicios… no siempre es lo más fácil". 

Francisca García añade que, además de la tesón de las clínicas y las mujeres que decidieron denunciar, el otro ingrediente reside en la interpretación judicial: "Se consiguió porque un juez dijo que para prevenir este tipo de actos, era importante definir zonas de seguridad", agrega. García recuerda que su organización lleva a sus espaldas una "larga historia" de reuniones con líderes políticos y representantes institucionales, hasta ahora sin resultados. La última fue con el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, en junio. "Nos dijo que iba a trazar medidas para prevenir este tipo de acciones, pero no se ha hecho nada". 

"Interrupción voluntaria del patriarcado". Ese fue el lema de la manifestación celebrada en Ancona el sábado 6 de mayo para defender la posibilidad de abortar, amenazada por el gobierno de extrema derecha que gobierna Italia desde hace siete meses. 

Un minuto de silencio por "las miles de mujeres que murieron porque tuvieron que abortar ilegalmente"; perchas gigantes con la leyenda "Nunca más"; pancartas en las que se leía "Tu Dios no es mi médico" o "Dios, patria, familia: qué vida de mierda"; globos con la forma de la píldora RU 486; y una estatua de una vagina llevada en procesión con una pancarta en la que se leía "Iglesia fuera de nuestras bragas"...

La elección de Ancona, puerto adriático a cuatro horas en tren de Roma, para una manifestación "nacional" pero de difícil acceso, tiene su explicación. Fue aquí donde Giorgia Meloni lanzó, hace un año, la campaña que le permitió tomar las riendas del país en septiembre, reivindicando que la región de Las Marcas, de la que Ancona es capital, debía ser el laboratorio de Italia.

Marte Manca trabaja en una fábrica textil de Macerata, una pequeña ciudad a unos 50 kilómetros de Ancona, se define como transfeminista, se identifica con el género masculino y está agotado, la víspera de la manifestación, por el tiempo dedicado a organizarla. 

“Las medidas tomadas por el gobernador de Las Marcas, Francesco Acquaroli, desde que los Fratelli d'Italia ganaron la región en 2020, son un modelo para Meloni, al que está muy unido, a nivel nacional", explica Manca. “Y son sencillas. Confiar todo el presupuesto destinado a las familias a asociaciones provida para supuestamente ayudar a la natalidad. E impedir al máximo el acceso al aborto”. 

En Las Marcas, el aborto no está prohibido, pero se está volviendo imposible, porque se hace todo lo posible para obstaculizar y disuadir a las mujeres embarazadas de hacerlo, y porque ya no se encuentran suficientes médicos dispuestos a practicarlo. 

Cuando en 1978 se legalizó el aborto en Italia mediante la "Ley 194", una cláusula permitía a los médicos declararse "objetores de conciencia". Y el número de objetores de conciencia no ha dejado de aumentar en los últimos años, hasta el punto de que muchos centros públicos –los únicos autorizados a practicar abortos en Italia, impidiendo la existencia de centros privados proabortistas como los de Estados Unidos– han dejado de ofrecer la posibilidad de abortar. 

“En el Véneto, Piamonte, Basilicata, Umbría, Sicilia y Cerdeña, el número de objetores de conciencia supera el 50%", explica Marte Manca. “En Basilicata sólo hay un hospital donde todavía es posible abortar. En los Abruzos o Umbría, sólo dos. Y aquí, en Las Marcas, el número disminuye constantemente.” 

Martina Avanza trabaja desde hace años como socióloga sobre los movimientos provida y el acceso al aborto.

“La objeción de conciencia existe en otros lugares más que en Italia", explica. “Pero aquí es enorme. Los médicos suelen proceder de entornos conservadores y católicos, sobre todo los jefes de servicio, y contratan a médicos que están de acuerdo con ellos. Pero muchos objetores de conciencia no son activistas antiabortistas. No quieren ser mal vistos en un país donde el aborto sigue siendo un estigma, arriesgarse a obstaculizar su carrera o, simplemente, pasarse el día practicando sólo abortos cuando éste se ha convertido en el destino de los pocos médicos que aceptan hacerlo". 

Para esta investigadora, "hemos asistido a una extensión de esta noción de objeción, que normalmente sólo se refiere al acto en sí. Algunos médicos ya se niegan a recetar píldoras abortivas o a tratar a una mujer que sangra después de dar a luz. Ahora hay incluso anestesistas, enfermeros y hasta farmacéuticos que se declaran objetores y obstaculizan el acceso de las mujeres al aborto. Este uso ideológico de la objeción de conciencia va, por tanto, mucho más allá de lo que originalmente preveía la ley, que no era más que una medida excepcional.” 

En este contexto, Marte Manca dedica el tiempo en que no trabaja como mecánico en las máquinas de su fábrica textil a recorrer la región con su pareja para ayudar a abortar a las jóvenes que lo desean, ayudándolas en los trámites y llevándolas a los pocos lugares donde aún es posible esa práctica. 

"Conocemos a los pocos médicos seguros que todavía practican abortos en la región o fuera de ella. Y hacemos crowdfunding para pagar las pruebas de embarazo, las ecografías, etc., para que el aborto siga siendo gratuito y accesible a las estudiantes sin recursos o a las emigrantes, algunas de las cuales llegan embarazadas porque las violaron durante el viaje", explica.

Hasta ahora, el hospital de Ascoli Piceno, ciudad mediana de la región de Las Marcas situada a unos 100 km al sur de Ancona, practicaba abortos, pero sólo los sábados alternos, gracias a la AIED (Asociación Italiana para la Educación Demográfica) y a algunos médicos comprometidos que han venido especialmente de Milán, Bolonia y Perugia para hacerlo.   

“Todos los médicos del hospital de Ascoli son objetores de conciencia", explica Tiziana Antonucci, de 65 años, responsable de la asociación AIED en Las Marcas, que había conseguido que el hospital de Ascoli accediera  a practicar abortos una vez a la semana. “Pero el convenio que teníamos desde 1980, es decir cuarenta y tres años, fue bruscamente retirado a principios de este año por la región dirigida por los Fratelli d'Italia. Desde entonces no ha habido más abortos en el hospital de Ascoli. La región de Las Marcas ya no garantiza, como debería, la posibilidad de abortar a las mujeres de aquí". 

Marina Toschi, de 67 años, ginecóloga jubilada, vive en Perugia, a más de dos horas en coche de Ascoli. Desde hace años, acude allí cada dos sábados para practicar estos abortos que se han vuelto imposibles. 

“Como médico, me resulta insoportable ver que se pone en peligro a estas jóvenes reduciendo los lugares donde pueden abortar", afirma. “Pero también ver que se limitan las posibilidades de abortos farmacológicos, menos complicados que la cirugía, o que aumenta el rechazo al método de aspiración de Karman, menos doloroso que el legrado.”

El aborto farmacológico solo se permitió "en 2010 en Italia, y en 2016 en Las Marcas, ya que desgraciadamente no existe una política sanitaria nacional", afirma Marina Toschi. "Esta regionalización de la sanidad es un desastre en el contexto político en el que estamos. Hace tres años, el entonces gobierno de centro-izquierda autorizó la distribución de píldoras abortivas en los centros de planificación familiar y amplió el plazo para tomar la píldora de siete a nueve semanas." 

Pero, continúa, "lo que se tomó por una gran victoria, ya que como médico me arriesgaba hasta a cinco años de cárcel por dar la píldora abortiva fuera de un marco legal, no era más que una ilusión. Cualquier ley relativa a la salud debe ser transcrita por cada región. Tres años después, nos encontramos en una situación en la que sólo tres regiones han aceptado seguir la directiva y distribuir la píldora RU 486 en los centros de planificación familiar. Y la región de Las Marcas, gobernada por la extrema derecha, votó en contra de ampliar el plazo a nueve semanas. Así que el plazo aquí se ha quedado en siete semanas, que es muy poco, sobre todo teniendo en cuenta la necesidad de dejar una semana de reflexión entre la obtención de la receta y la realización del aborto.” 

Durante la campaña electoral, como desde que asumió el cargo, Giorgia Meloni repitió que no tocaría la Ley 194. Pero "no la necesita para impedir que las mujeres italianas aborten", explica Martina Avanza. “La Ley 194, aprobada en 1978, no concede un verdadero derecho al aborto. Es una ley sobre "la protección social de la maternidad y el aborto", cuyo primer artículo establece que el aborto debe evitarse en primer lugar. Meloni está en lo cierto cuando afirma que no quiere cuestionar la ley, sino aplicarla en su totalidad, y que también defiende el derecho a no abortar.” 

Para la investigadora, el Gobierno actual tiene "muchas posibilidades de complicar el acceso al aborto y de desbaratar ese derecho sin hacer grandes cambios legislativos que harían chirriar a Europa y correrían el riesgo de ofender a la opinión pública. Hay que recordar que Meloni fue elegida en un contexto de alta abstención y que no tiene un interés especial en oponerse frontalmente una ley aprobada por la mayoría de los italianos”. 

Martina Avanza explica que entre esas posibilidades se incluye el hecho de que, tanto en Las Marcas como en el resto de Italia, las asociaciones pro-vida se estén imponiendo cada vez más abiertamente en los hospitales para hacer que las mujeres que solicitan abortos se sientan culpables: "Incluso dentro de los hospitales, te sermonean, te hacen escuchar el corazón del embrión, esto es un abuso institucional.”

Estas asociaciones provida sienten ahora que les crecen las alas y ven aumentar su financiación, en un contexto en el que Maurizio Gasparri, senador de Forza Italia –el partido de Berlusconi que forma parte de la coalición gobernante– ha presentado recientemente un proyecto de ley que pretende que la "capacidad jurídica" que actualmente se adquiere al nacer se otorgue en adelante en el momento de la concepción para "proteger" a los embriones. 

Algunas asociaciones llegan incluso a recuperar restos humanos de abortos para darles sepultura y una ceremonia cristiana. 

"En Estados Unidos, hemos visto a algunos comandos robar restos humanos de hospitales. Pero en Italia existe una laguna legislativa que hace que eso no sea ilegal y que las asociaciones "pro-vida" puedan llegar a acuerdos con las complacientes direcciones de los hospitales", afirma Martina Avanza. 

Francesca Tolino, una mujer romana que tuvo que someterse a un aborto terapéutico, descubrió una cruz con su nombre en un cementerio de la capital italiana y decidió luchar contra estas prácticas lanzando una campaña por la libertad de abortar.

“La situación es aún más difícil para las mujeres que tienen que someterse a abortos terapéuticos, que se practican tarde y cuando el embarazo era deseado", afirma Martina Avanza. “En Italia hay aún menos médicos prestos a ello que a practicar un aborto. Y muchas mujeres italianas se ven obligadas a ir a Londres o Suiza.” 

Para Tiziana Antonucci, estas restricciones al acceso al aborto son especialmente indignantes porque "están vinculadas a un discurso sobre la natalidad que pretende aliviar las angustias demográficas del país. Pero esa ecuación que vincula aborto y baja natalidad es sencillamente falsa. Francia tiene al mismo tiempo las tasas más elevadas de aborto, anticoncepción y fecundidad, porque las mujeres trabajan, son independientes y cuentan con ayudas familiares y guarderías. En cambio, las jóvenes italianas se marchan al extranjero porque las oportunidades laborales que se les ofrecen son insuficientes en un país que sigue siendo muy machista.” 

Chiara Saraceno, eminente socióloga de la familia, hace la misma observación: "Nuestros políticos no han entendido, o no han querido entender, que existe un vínculo positivo entre la fecundidad y la igualdad entre hombres y mujeres. Todas las comparaciones empíricas con otros países muestran que la mejor manera de apoyar la natalidad es apoyar la igualdad entre hombres y mujeres, ofrecer buenos servicios públicos y permitir que las mujeres tengan empleos buenos y bien remunerados."

Federica Recanati, estudiante de filología clásica de 26 años, acudió al acto de Ancona como vecina, ya que vive a pocos kilómetros de la capital de Las Marcas. "Siento una presión constante para tener hijos. Parece que todo el mundo me está diciendo que la supervivencia de Italia depende de ello. Cuando tengo que comprar mi píldora anticonceptiva, ya que no es gratuita en Las Marcas, siento que estoy haciendo algo malo. Por eso me manifiesto hoy. Temo que mi derecho al aborto desaparezca ahora que la extrema derecha está en el poder."

Flavia, de 30 años, y Veronica, de 33, vinieron con sus pancartas desde Emilia-Romaña para participar en la manifestación. También creen que hay un contexto ideológico que querría limitar su papel social como mujeres al de ser madres. 

“Me crié en una familia católica", explica Flavia. “Pero mis padres no se oponían al aborto, aunque no lo hubieran hecho. Tengo la impresión de que estamos asistiendo a un cambio de época. Hoy, todo lo que hace Meloni en el poder es legal. Esto significa que ni siquiera nos sentimos ya protegidos por la ley, cuyas deficiencias podemos ver ahora". 

Para Federica, este abismo se mide a diario: "Cuando le explico a mi madre que, si me quedara embarazada, tendría que salir de la región para abortar, alucina y le cuesta creerme. Cuando se quedó embarazada por tercera vez y dudaba si tener el hijo, su médico le ofreció una píldora abortiva, aunque finalmente decidió quedarse con el bebé. Eso fue hace veinte años y hoy eso parece muy lejano.” 

Para Marina Toschi, que fue una de las ginecólogas que impulsaron la aprobación de la Ley 194, la situación es amarga: "Esto es alucinante. En los años 70, Italia era un laboratorio para la izquierda. Hoy es el laboratorio de la extrema derecha".

Traducción de Miguel López

El grupo ultraconservador español HazteOir, que se ampara en la libertad de expresión para hacer campaña contra los derechos LGTBI, acudió a los tribunales en 2015 para que Google suprimiera más de 150 enlaces a contenidos donde aparece con El Yunque, una polémica sociedad secreta católica, según los archivos de WikiLeaksWikiLeaks que ha hecho públicos el medio de comunicación independiente con sede en Londres openDemocracy.

El Yunque es un grupo religioso anticomunista fundado en México en la década de los años 50. No tiene página web ni registro oficial, pero se cree que está activa en toda América Latina y en España. Investigaciones periodísticas en España han documentado cómo El Yunque y HazteOir han trabajado juntos, una cuestión especialmente controvertida en España, donde las organizaciones secretas están prohibidas por la Constitución.

Esas informaciones periodísticas se encontraban entre los más de 150 enlaces que aparecían entonces en las búsquedas de Google, así como las “búsquedas relacionadas”, que incluían su nombre y términos como “extrema derecha”.

HazteOir hizo primero una petición directa a Google, que la compañía rechazó aduciendo que “incluir estas noticias en los resultados de búsqueda de Google sigue siendo relevante y de interés público”. De modo que el grupo llevó su lucha a un juzgado de Madrid, según muestran los archivos de WikiLeaks. La demanda judicial pedía a Google que “rectificara su decisión”, indemnizara a HazteOir en metálico y firmara un acuerdo de confidencialidad, de forma que el navegador “no podrá hacer constar la supresión ni informar a terceros”, incluidos los medios de comunicación.

En septiembre de 2015, el Juzgado de Instrucción número 60 de Madrid promovió un acto de conciliación que debía celebrarse el mes siguiente. No está claro lo que ocurrió después; no hay archivos posteriores en la publicación de WikiLeaks y los enlaces a los que HazteOir apuntaba permanecen en el índice de búsqueda de Google.

Los archivos de WikiLeaks –17.000 documentos internos de HazteOir y su organización hermana CitizenGo, que datan de 2009 a 2017– ofrecen una visión sin precedentes del funcionamiento interno y las estrategias de estos grupos. Sus acciones para eliminar información, detalladas en estos archivos, también contrastan con “su retórica de defensa de la libertad de expresión”, explica Isabel Marler, líder del programa Avanzando en los Derechos Universales y la Justicia de la Asociación para los Derechos de las Mujeres y el Desarrollo (AWID). “Su narrativa es todo un disfraz”, asegura Marler a openDemocracy, “diseñado para hacer que lo que es una agenda extrema y discriminatoria suene más aceptable”.

HazteOir califica sus actividades, que incluyen la contratación de autobuses con mensajes antitrans y lemas como Stop feminazis por toda España y otros lugares, como “un faro de luz para los disidentes de lo políticamente correcto”, y “la realización de la libertad de expresión” garantizada por la Constitución española.

Estrategia

Las publicaciones de WikiLeaks incluyen 38 subcarpetas de documentos de estrategia, que detalló Público el pasado mes de agosto, para limitar la información pública sobre las supuestas conexiones entre HazteOir y El Yunque. Las subcarpetas contienen documentos relacionados con diferentes informaciones identificadas y señaladas por el grupo español para su eliminación, incluyendo noticias y declaraciones públicas de antiguos miembros de HazteOir.

En su solicitud a Google para que elimine los enlaces relacionados, HazteOir y ocho personas afirman que estos contenidos tenían “consecuencias” negativas en su “estado de ánimo”, provocaban “rechazo” en sus vidas públicas y privadas, y dañaban sus “oportunidades laborales”. Se trata del presidente del grupo, Ignacio Arsuaga, el periodista de Intereconomía Luis Losada y otros seis nombres relacionados con la organización.

Ni Google ni HazteOir han respondido a los correos electrónicosy solicitud de comentarios de openDemocracy sobre esta historia.

Historia de violencia

El Yunque es tristemente célebre en América Latina por su supuesto papel en la violencia contra estudiantes de izquierdas y otras personas durante el siglo XX. Los periodistas también han documentado las conexiones entre la sociedad y políticos en México y España. En 2019, openDemocracy reveló cómo HazteOir y su organización hermana CitizenGo estaban trabajando para conducir a los votantes en España y en toda Europa hacia la extrema derecha, actuando como un Super PAC (Comité de Acción Política en inglés, que recauda fondos para apoyar a un candidato electoral) no oficial con “publicidad agresiva” contra sus oponentes.

Joan Barata, abogado de la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información de España y miembro del Centro de Internet y Sociedad de la Facultad de Derecho de Stanford, indica que HazteOir “tiene que aceptar que hay periodistas que pueden dedicarse a investigarlos, o gente que hable de ellos [...] e incluso dé opiniones negativas”. “La necesidad de que esta información permanezca [en internet] prevalece porque es de interés público”, señala Barata a openDemocracy. “Por tanto, el intento de tratar de borrarla… bueno, creo que es un intento de lavar su imagen, pero no tiene soporte legal”.

Ha salido a la palestra la palabra "aborto" y tiembla ya la tapa de la caja de los truenos. Zumba a todo volumen el avispero antiabortista, un enjambre hipermovilizado, que presume de miles –¡miles!– de organizaciones, entretejidas en espacios de colaboración en permanente campaña y con tentáculos internacionales. Un lobby permeado por cuadros de la derecha institucional, en la que a su vez ejerce una significativa influencia.

infoLibre examina las redes y conexiones del espectro autodenominado provida, que espera con el hacha de guerra a Irene Montero y su ley del aborto.

Más de una década acumulando fuerza

La consulta pública para la reforma legal ya está abierta. El objetivo del departamento de Montero es que el primer texto esté listo en diciembre. Por el tema al que afecta, no será una reforma más. Tampoco se enfrentará a una oposición cualquiera. Hay un sólido bloque enfrente, que va mucho más allá de Vox, el PP y la Iglesia diocesana. El movimiento antiabortista, de matriz católica radical, es un lobby creciente que jura dar la batalla hasta el final. No muestra dudas ni vacilaciones. Su enfoque del aborto es sencillo: crimen, asesinato. En Europa, el movimiento mira a Hungría. Al otro lado del charco, se fija en el cristianismo radical estadounidense, que ya inspira reformas de corte talibán. En el plano partidista, sobresale Vox, pero el ala dura del PP también forma parte, si bien en el partido de la gaviota la cuestión genera contradicciones.

La agitación de las huestes provida, aunque ahora agudizada, no es nueva. Llevan en pie de guerra desde antes de 2010, año de la anterior reforma legal. En su antesala, el genetista Nicolás Jouve, hoy miembro del Comité de Bioética, impulsó el conocido como Manifiesto de Madrid, que cosechó múltiples adhesiones y cimentó la idea-base que sostiene todo el edificio: existe persona desde la fecundación. ¿De ahí qué se infiere? Que desde el cigoto hay ser humano con derecho a la vida, de la que sólo Dios dispone. No su madre. Punto. Hay grados en el enfoque. Pero el marco es ese.

Jouve recibió por aquel manifiesto el premio de Hazte Oír, una organización que destacó por su beligerancia durante la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011). La asociación liderada por Ignacio Arsuaga, con vínculos con Vox desde su fundación, y Profesionales por la Ética han sido y son puntales, tanto a nivel doméstico como por su conexión mundial, del movimiento ultracatólico, que se alejó del PP por las promesas incumplidas de Mariano Rajoy (2011-2018) y ha alcanzado su cénit de influencia raíz de la irrupción de Santiago Abascal y los suyos en 2018-2019.

Descontento con la etapa de Rajoy, agitado por la llegada de PSOE y Unidas Podemos en 2018, el movimiento se recalentó durante la pandemia y explotó con un doble motivo: la ley Celaá y la ley de Eutanasia. Pero incluso estos dos temas de grueso calibre quedan lejos de la reacción que provoca el aborto. Ahora está en ebullición.

Hostigamiento ante las clínicas

La indignación del movimiento está hoy por las nubes, detonada tanto por la anunciada reforma legal como por la iniciativa del PSOE para penalizar el acoso a mujeres por parte de los grupos provida ante las clínicas de aborto. ¿En qué consiste este acoso? Hay activistas que intentan disuadir a las mujeres de abortar usando fotos, fetos de juguete o folletos. Se trata de sembrar la duda y la culpa. A veces rezan, o realizan vigilias, o lanzan proclamas. Otras van más lejos. Se ha dado el caso de acusar a embarazadas de "matar a su hijo". La diputada de Vox en la Asamblea de Madrid Gádor Joya ha practicado ecografías ante las clínicas para que las mujeres escuchen el latido de los embriones. Joya es uno de los puntales de Vox en este ámbito, junto a sus compañeras en la Asamblea Rocío Monasterio y Alicia Rubio y los diputados Lourdes Méndez Monasterio y Francisco Contreras. Vox combina esta causa con el combate contra la "ideología de género" y el "lobby Lgtbi". Es un pack.

La iniciativa para perseguir este hostigamiento ha prendido la llama del victimismo en este movimiento, que se ve criminalizado y ahora encuentra una percha para colgar su malestar en los conocidos como 40 Días por la Vida, iniciativa de rechazo al aborto frente a las clínicas que cuenta con el respaldo de Hazte Oír, Derecho a Vivir, Abogados Cristianos o Enraizados, por citar cuatro clásicos. 40 Días, que disfruta del apoyo del episcopado y los medios de la Iglesia (Cope), convoca rezos y vigilias en diversas ciudades entre el 22 de septiembre y el 31 de octubre. El movimiento, engarzado en el influyente 40 Days for Life de EEUU, persigue "salvar bebés", "convertir trabajadores" y hasta conseguir el cierre de lo que llaman "abortorios".

Sí a la Vida: radicales, concertada, Iglesia, bioética

40 Días ofrece un hilo del que tirar para ver toda la dimensión del lobby. La iniciativa es parte de la Plataforma Sí a la Vida, uno de los árboles del movimiento. A partir de su tronco se ramifican miles de organizaciones. Sólo Sí a la Vida presume de más de 500. Pero en realidad es una red de redes. Uno de sus miembros, el Foro Español de la Familia, asegura que suma más de 5.000, aunque no las pormenoriza. En suma, la Plataforma Sí a la Vida es un aglutinante de organizaciones que en ocasiones son contenedores de otras, como el propio Foro, la red europea One of Us de Jaime Mayor Oreja o la Federación de Asociaciones Provida, cuya presidenta, Alicia Latorre, figura a su vez como coordinadora de toda la plataforma.

En Sí a la Vida se observan todas las corrientes que se entremezclan en el movimiento ultracatólico. Veamos.

1) Hazte Oír, Derecho a Vivir, E-Cristians, Centro Jurídico Tomás Moro, Profesionales por la Ética o Cristianos en Democracia son ejemplos de grupos radicales, siempre inmersos en campañas de agitación política y en busca de protagonismo mediático.

2) Más institucionales y visibilemente conectados a los partidos –a Vox y al ala más dura y aguirrista, ahora ayusista, del PP– son Valores y Sociedad y Villacisneros, dos fundaciones conservadoras en lo moral, neoliberales en lo económico, que tienen en común a Mayor Oreja. El exministro coincide en Villacisneros con María San Gil, Esperanza Aguirre y los eurodiputados Isabel Benjumea (PP) y Hermann Tertsch (Vox). En Valores y Sociedad, que él mismo preside, también están representados Vox y exparlamentarios del ala dura del PP, a su vez incrustados en distintas organizaciones provida. Estrecha colaboración con estos grupos tiene la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP), también en Sí a la Vida. Se trata de uno de los principales focos de elaboración discursiva de este espectro. Destaca la figura de su presidente, Alfonso Bullón de Mendoza, alentador de la batalla cultural contra unos valores de la izquierda supuestamente dominantes que conducen a España a la decadencia.

3) La educación católica privada pero financiada con fondos públicos también está representada en Sí a la Vida, a través de federaciones de asociaciones de padres como Concapa, a su vez parte de la plataforma contra la Ley Celaá Más Plurales. Figuran también en Sí a la Vida la propia ACdP, desplegada en los colegios CEU, y Educatio Servanda, que forma a niños y niñas por separado en colegios concertados, al estilo del Opus Dei.

4) Organizaciones como Cívica –liderada por el bioético Nicolás Jouve, que usa un contador de bebés "muertos por aborto"–, la Fundación Jérôme Lejeune y la Asociación Bioética de Madrid se centran más en los aspectos científicos y morales del discurso provida.

A todo ello se suma una miscelánea de grupos de escaso renombre, donde caben desde Más Vida –de Duarte Falcó, hijo del marqués de Griñón– a Familias para la Acogida, Médicos por la Vida y Rescatadores Juan Pablo II, pasando por Evangelium Vitae o Proyecto Mater, una iniciativa de la Diócesis de Toledo.

Diversas organizaciones ya citadas –Valores y Sociedad, Villacisneros, Tomás Moro, E-Cristians, Profesionales– forman parte de la treintena de grupos que han protagonizado otra llamativa iniciativa: el envío de una carta al papa, en octubre de 2020, alertándole contra Pedro Sánchez, entre otros motivos por una posible ley del aborto. Entre los promotores están Mayor Oreja y María San Gil. Que nadie lo dude: si viene un curso caliente con el aborto, los dos políticos vascos van a estar en primera línea. Otros nombres de referencia serán Alicia Latorre (Federación Provida), Leonor Tamayo (Profesionales por la Ética), Polonia Castellanos (Abogados Cristianos) o Ignacio Arsuaga (Hazte Oír). Hay que sumar a los referentes provida de Vox, al ala dura del PP y al grueso del episcopado y los medios conservadores, no sólo los abiertamente católicos.

Foro de la Familia y Red Madre: la cara 'blanca' del lobby

En Sí a al Vida sobresale el Foro Español de la Familia, integrado a su vez en One of Us y en la Asamblea por la Vida, otra marca abanderada por Mayor Oreja y utilizada como ariete para arrastrar al PP hacia las posturas de Vox. Bajo la presidencia de Ignacio García Juliá –un católico tradicionalista que se muestra preocupado por el "suicidio demográfico", la decadencia moral y el voto "cautivo" a causa del ingreso mínimo vital–, el Foro es un histórico del movimiento: un transatlántico que aglutina en su cúpula a representantes de Concapa (padres de alumnos), Unión Familiar Española, Centro Jurídico Tomás Moro, Federación Española de Familias Numerosas y Red Madre.

Red Madre es la cara más blanca del movimiento. Se trata de una organización que evita la retórica exaltada y se vuelca en el apoyo a la mujer embarazada. Es el envés de la moneda de Hazte Oír, Abogados Cristianos o el Instituto de Política Social, presidido por Pablo Hertfelder, un pujante grupo ultra que un día muestra su apoyo a Viktor Orbán, otro a la Fundación Francisco Franco, otro alimenta la paranoia antivacunas y siempre alienta las acciones a las puertas de las clínicas. Red Madre mantiene un enfoque asistencialista le permite permite recibir subvenciones –como de la Junta de Andalucía– y contar con la colaboración de Bankia, El Corte Inglés, Fundación Botín, Quirón, Imaginarium, Caixabank, Telefónica, Securitas... En su patronato está Alberto Ruiz Gallardón, el ministro que no logró sacar adelante la ley del aborto del PP, suceso clave en su escisión por la derecha.

Familia y Dignidad Humana: donde confluyen PP y Vox

También forma parte del patronato de Red Madre Benigno Blanco, expresidente del Foro de la Familia, una de las figuras en las que se apoyó Rajoy para armar su recurso en el Tribunal Constitucional contra la Ley del Aborto de 2010, trabajo coordinado por Federico Trillo. Más de 11 años después, el Constitucional no ha dictado sentencia. Y el aborto se ha convertido en un bumerán para el PP. ¿Por qué? Al no satisfacer Rajoy las expectativas, en la legislatura 2011-2015 germinó un frente de al menos nueve parlamentarios díscolos, entre ellos Lourdes Méndez Monasterio, hoy en Vox, que creían traicionado el compromiso provida del PP. Aquella ruptura abrió un maná para Santiago Abascal. Ahora, además, ese frente de orillados por Rajoy se ha ha convertido ahora en un puntal del movimiento antiaborto.

22 de los 71 diputados que firmaron el recurso de 2010 han continuado la batalla por su cuenta presentando ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) una demanda contra el Constitucional por su demora. El representante de los demandantes es Grégor Puppinck, director del lobby provida European Centre for Law & Justice, a su vez coaligado con el American Centre for Law & Justice, fundado por el telepredicador evangélico Pat Robertson. Ni uno solo de los 22 exdiputados firmantes sigue siendo hoy diputado... del PP. Porque sí hay dos en Vox: Lourdes Méndez Monasterio e Ignacio Gil Lázaro.

De los parlamentarios díscolos de la legislatura 2011-2015, firman el recurso al menos la propia Méndez Monasterio, José Eugenio Azpiroz, Ángel Pintado, Antonio Gutiérrez y Eva Durán. En declaraciones a infoLibre, Durán explica que los promotores de la iniciativa se pusieron en contacto con el resto de los diputados firmantes del recurso del PP de 2010, si bien ninguno de los que conserva escaño se adhirió. Durán asegura que la iniciativa no ha contado con el apoyo de la dirección de Pablo Casado, presidente del PP, ni de Rajoy, que sí firmó el recurso de 2010. Entre los 22 exdiputados que sí han suscrito la demanda ante Estrasburgo figuran dos exministros, Federico Trillo y Jorge Fernández Díaz, ambos vinculados al Opus Dei.

Activistas de Derecho a Vivir dejan muñecos de bebés ensangrentados, representando bebés abortados, a las puertas del Tribunal Constitucional, en protesta el retraso de su sentencia sobre la ley de 2010.

Durán destaca el impulso que dieron a la iniciativa dos exdiputados en concreto: José Eugenio Azpiroz, que tuvo escaño por Gipuzkoa seis legislaturas (de 1993 a 2016), y Ángel Pintado, que lo tuvo cuatro por Huesca (entre 2000 y 2011) antes de pasar una legislatura por el Senado. Además, Pintado forma parte de Valores y Sociedad (Mayor Oreja) y preside la Acción Mundial de Parlamentarios y Gobernantes por la Vida. Ambos, Azpiroz y Pintado, se integran en una organización clave por su peso político, Familia y Dignidad Humana, un retablo de intersecciones entre Vox y el PP.

Forman parte de dicha asociación hasta seis exdiputados del PP firmantes de la demanda en el TEDH contra el TC: Azpiroz, Pintado, Méndez Monasterio, Antonio Gutiérrez, Eva Durán y Fernández Díaz. A ellos se suma José Ignacio Echániz, que sigue siendo diputado del PP. También del PP son Alejandro Fernández, presidente en Cataluña, el senador Rodrigo Mediavilla y la exsenadora Beatriz Elorriaga. Familia y Dignidad Humana está presidida por el diputado cántabro Javier Puente, del ala más antiabortista del PP. Junto a todos estos populares, son vocales de Familia y Dignidad Humana los voxeros Rocío Monasterio y Lourdes Méndez Monasterio, el alma máter del grupo y su expresidenta.

Así es este frenético espacio: miembros de PP y Vox se integran en uno de sus grupos, con un nivel de colaboración que excede las propias estrategias de sus partidos. Y ejercen una presión, que, en el caso de Vox, no es tan relevante, porque el radicalismo provida está instalado en el hardware del partido, pero que sí somete a tensiones al PP. ¿Está afectando ya a su enfoque de la cuestión? En junio, el Parlamento europeo reclamó a los gobiernos que garantizasen el aborto, con el rechazo de PP y Vox.

Ahora ambos partidos se han opuesto a la propuesta del PSOE de penalizar el hostigamiento ante las clínicas. Caso aparte es Madrid, kilómetro cero del lobby ultracatólico. Si Casado trata de esquivar el tema, Díaz Ayuso se refiere al aborto en términos difícilmente distinguibles de los de Vox. No entiende por qué "tanto empeño" en el aborto, como si fuera "un supuesto derecho universal". "Mi obligación es defender la vida", ha declarado Ayuso, que pone el énfasis en la objeción de conciencia.

Ramificaciones internacionales

La tupida red se expande internacionalmente. Por ejemplo, One of Us, la trama europea liderada por Mayor Oreja, integra a 49 organizaciones de 19 países europeos. 17 grupos son españoles, entre ellos Hazte Oír, con su rama internacional CitizenGo, y Profesionales por la Ética, fundadora de la red Women of the World (WoW), dedicada al combate contra el "feminismo radical" y a la defensa del rol maternal. Su coordinadora general es la española Leonor Tamayo, conocida por su activismo "provida" y antiizquierdista. WoW cuenta con asociaciones en una quincena de países de Europa, América, África y Asia.

Hazte Oír y Profesionales son sólo dos ejemplos de integración internacional. Hay más. El informe La punta del iceberg, del Foro Parlamentario Europeo sobre Derechos Sexuales y Reproductivos (EPF), acaba de cifrar en casi 610 millones de euros la financiación del movimiento ultracatólico europeo en diez años. El grupo español HazteOír/CitizenGo se sitúa en la sexta posición del ranking con un gasto de más de 28 millones de euros de 2009 a 2018, según el informe. “La imagen que surge es la de una comunidad transnacional de extremistas religiosos con ideas afines y actores relacionados de extrema derecha y que toman decisiones estratégicas de financiación a través de las fronteras internacionales”, señala el informe.

El rastro de la proyección mundial del movimiento católico radical español también se observa con la pertenencia a Political Network for Values de Mayor Oreja, en calidad de presidente de honor, Ignacio Arsuaga (Hazte Oír) y Luis Peral (exconsejero de Aguirre, hoy en Familia y Dignidad Humana). La directora ejecutiva de Political Network for Values es Lola Velarde, ex alto cargo en la Comunidad de Madrid (2001-2003) e integrante del patronato de Valores y Sociedad. Al frente de esta red internacional está Katalin Novák, ministra de Viktor Orbán. Hungría, ese referente.

La escala internacional del movimiento fue puesta ya de relieve en 2019 por una serie de artículos del European Investigative Collaborations (EIC), proyecto del que forma parte infoLibre y que desveló la existencia de una red mundial con una veintena de organizaciones dedicadas al lobismo ultracatólico en la UE, entre ellas Profesionales por la Ética, Abogados Cristianos y Enraizados. El trabajó detectó además el envío de 17,2 millones de euros entre 2012 y 2017 desde grupos estadounidenses. Las vinculaciones abarcaban a fortunas próximas a Trump y contratistas militares. El apoyo del conservadurismo religioso de EEUU no es baladí. Allí el antiabortismo beligerante tiene en su mano al Partido Republicano y sus logros alcanzan ya el papel oficial. ¿Un ejemplo? La nueva restricción al aborto en Texas se aplica incluso en casos de violación. Se recompensa la delación.

Llegó con pinta de alumno rebelde y a contracorriente, en busca de toda la atención. El nuevo de la clase quería ser el prota del curso. Pero ha acabado marginado por sus compañeros, bramando excentricidades en un rincón, sin que nadie le haga caso. Es la peripecia de Alternativa para Alemania. 

El vacío político a la ultraderecha alemana, el conocido como "cordón sanitario", estrategia del resto de partidos que sufre AdF en Alemania pero no Vox en España, ha mostrado ya su capacidad de reducción del campo de acción política del partido radical liderado por Alice Weidel, que lleva cuatro años aislado y ahora profundiza en su estatus de irrelevancia.

Un retroceso desde 2017

Los resultados de Alternativa para Alemania (Alternative für Deutschland, con siglas AfD) en las elecciones federales de 2017, cuando obtuvo el 12,6% de los votos y 94 escaños, hicieron saltar las alarmas. La irrupción en Alemania de la extrema derecha, con un discurso ultranacionalista, xenófobo y antieuropeo, reventaba uno de los tabúes más sólidos de la política continental desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Al año siguiente, en Andalucía, se rompería otro con la entrada de Vox, que devolvía a la ultraderecha a la política institucional española, de la que prácticamente estaba excluida desde el ocaso de la Fuerza Nueva de Blas Piñar. En 2017, cuando AfD dio la campanada en Alemania y se convirtió en tercera fuerza política, aún se sentía la resaca de la crisis de refugiados de 2015-2016. Todo parecía dispuesto para la consolidación y el avance de los radicales. Una pregunta sobrevolaba los análisis: ¿Dónde está el techo de este movimiento? ¿Puede llegar a carcomer el sistema político alemán como ha hecho con el francés, donde la extrema derecha lepenista es ya constante aspirante al poder?

La respuesta, al menos momentánea, es no.

Alternativa para Alemania no sólo ha sufrido un retroceso electoral tras sus primeros cuatro años en el Bundestag, sino que se ve abocada a la irrelevancia. Ni antes de las elecciones, ni ahora forma parte de las hipótesis para ningún pacto posible. Es inviable. No participa. Está fuera.

Quien votó a AfD sabía que lo hacía por un partido de oposición. No había voto útil posible para Weidel. A tenor de los análisis recabados, el firme cordón sanitario, no sólo político sino también mediático, ha brindado una significativa colaboración en la tarea de marginar al partido y reducir su margen de actuación. No es posible saber cuánto de su retroceso electoral –o de su falta de avance– es atribuible al cordón, combinado con el tratamiento de problema para la seguridad del Estado que ha recibido AfD. Lo seguro es que ha mantenido y mantiene a la formación fuera de juego, sin influencia en los boletines oficiales de la república, lo que empuja a la formación a posiciones cada vez más marginales y antisistema, alejándola de lo política y socialmente aceptable.

Herida, pero no muerta

AfD ha pasado del 12,6% al 10,3% del voto, de 94 a 83 diputados y de tercera quinta fuerza política. Un retroceso en toda regla.

Pero, ojo, está lejos de desaparecer.

"Queda claro que tiene una base electoral fuerte", analiza Emilio Ordiz, periodista de 20 Minutos y colaborador de El Orden Mundial especializado en política europea. A su juicio, el partido de Alice Weidel tiene techo, pero también suelo, construido sobre todo en Alemania oriental –es el más votado en Sajonia y Turingia– y en votantes de mediana edad, entre 32 y 45 años. Es ahí donde sigue teniendo tirón su llamamiento al "voto protesta", señala Ordiz, que ve precipitado oficiar exequias por el fenómeno.

Coincide Felipe González Santos, investigador en el departamento de Sociología de la Universidad de la Ciudad de Londres. El resultado del domingo demuestra que la ultraderecha alemana tiene limitaciones serias, pero no está muerta ni electoral ni socialmente, como demuestran no sólo su 10,3% sino la fuerza movilizadora del movimiento islamófobo Pegida, analiza el colaborador del proyecto Protestas y democracia: cómo los partidos-movimiento, los movimientos sociales y los ciudadanos activos están reconfigurando Europa.

El sociólogo Iago Moreno, observador de los movimientos del mundo radical, también pide cautela, porque las "tensiones sociales" que AfD ha explotado siguen ahí. "Aunque la dirigencia de AfD no parece ser la más hábil de su familia política (ni la más unida), Alemania seguirá siendo campo de cultivo para las nuevas formas excluyentes del nacionalismo. Me remitiría a cómo se ha ido transformando este espacio, que ha sido muy resiliente. Primero apuntaba contra el 'sureño holgazán', después contra el 'invasor migrante', después contra la 'islamización inminente'... La reconfiguración en el contexto pandémico contra las restricciones es una etapa más de este proceso. Y vendrán más, quién sabe si más eficaces".

Los efectos del "cordón sanitario"

En paralelo a su superviviencia electoral discurre otro fenómeno: su total irrelevancia como parte de posibles coaliciones o acuerdos.

"Influye cero, sobre todo cuando se sale de su tema fundamental, la inmigración", señala Ordiz. A partir de ahora, con los resultados del domingo, influirá aún menos. Obviamente, no es posible aún saber en qué medida el "cordón sanitario" –la decisón del resto de partidos de aislar a la extrema derecha– es responsable de su retroceso. Pero sí que es eficaz dejando a AfD fuera de juego. El partido ha estado solo desde su llegada y ahora sigue solo, pero con menos representación. Ordiz cree que "se han rendido a la evidencia de que el cordón sanitario es firme, tanto política como socialmente, y no hay ninguna puerta abierta". Hubo un momento crucial. La elección en 2020 del candidato liberal como jefe del Estado de Turingia con los votos de la CDU –el partido de Angela Merkel– y de la ultraderecha provocó un terremoto político en Alemania que obligó a intervenir a la canciller para restablecer el brandmauer o cortafuegos.

González Santos, de la Universidad de la Ciudad de Londres, tampoco puede asegurar que el cordón sanitario sea la razón por la que AfD ha visto menguada su representación. Los estudios realizados, señala González, apuntan a que su caudal de votos se debe fundamentalmente a la inmigración, luego si se avivan los conflictos migratorios, podría resurgir. Lo que sí tiene claro el investigador es que el corodón sanitario ha evitado que el partido y sus ideas se vuelvan "mainstream", es decir, aceptables en los medios y la opinión pública en pie de igualdad con el resto de partidos.

Juan Francisco Albert, director del centro de análisis sobre radicalismo Al Descubierto, cree que el cordón sanitario, al margen de qué responsabilidad tenga en el retroceso electoral de AdF, ha contribuido a la "irrelevancia" de partido. Lo explica así: "El aislamiento ha empujado a AfD a buscar el apoyo de sectores cada vez más radicales y marginales, como los negacionistas, los antivacunas, los conspiracionistas... Claro, ese voto puedes captarlo, pero a cambio de contrapartidas y pérdidas en otros grupos de votantes", señala. La actitud de AfD en relación con el virus ha sido de abierto coqueteo con los sectores negacionistas, de protesta continua por las restricciones y de acusación contra el Gobierno de aprovechar la pandemia para ejercer el control social. En sus zonas de mayor influencia se llegó a detectar una mayor incidencia del virus.

AfD no sólo ha coqueteado con el negacionismo sobre el cambio climático, sino también –recalca Iago Moreno– con el "revisionismo" sobre la historia alemana. Todos ellos terrenos extremadamente pantanosos, que limitan el margen de crecimiento de la ultraderecha alemana entre las principales bolsas de votantes.

Albert, eso sí, se muestra prudente sobre el futuro. ¿Aguantará la CDU la tentación de apoyarse en la ultraderecha tras verse un tiempo considerable privada del poder? ¿Mantendrá el compromiso en todas las regiones del país, al precio que sea? A corto plazo, cree que sí, pero a medio-largo plazo tiene sus dudas.

Guillermo Fernández, especialista en extrema derecha europea, resalta que la decisión de mantener el cordón sanitario ante AdF no ha sido fácil. "Ha habido que lucharlo en la CDU, donde al final prevaleció la línea de ignorar y apartar" a la ultraderecha, explica el autor de ¿Qué hacer con la extrema derecha en Europa? (Lengua de Trapo, 2019). A su juicio, los resultados del domingo apuntan a que, al menos hasta ahora, la negativa expresa de la CDU a pactar con AdF ha podido tener un efecto nocivo para el partido ultraderechista, en la medida en que el elector pierde un "incentivo". ¿Cuál? Sabe de antemano que su voto no va a servir para construir una mayoría ni para meter a su favorito en ningún gobierno. Ello podría explicar, siguiendo el análisis de Fernández, que la extrema derecha no haya capitalizado el retroceso del partido de Merkel. En Madrid, en cambio, el votante de Vox sabe que su voto será aceptado por la candidata Isabel Díaz Ayuso (PP). Dicho de otro modo: se puede votar a Rocío Monasterio para que Ayuso sea presidenta.

La politóloga Beatriz Acha, autora del ensayo Analizar el auge de la ultraderecha (Gedisa, 2021), cree que "sin duda" el cordón sanitario es una estrategia que se está demostrando efectiva a la hora de maniatar a la extrema derecha, al aparecer como una fuerza "claramente marginada". "Creo que la actitud mayoritaria de la CDU de rechazo y delimitación tiene un impacto clarísimo. Hay que tener en cuenta que AfD no se puede presentar como un partido que vaya a ser capaz de establecer alianzas", expone Acha.

AdF-Vox: parecidos y diferencias

Diversos analistas se han esforzado durante la campaña alemana, y siguen haciéndolo durante la resaca de la jornada electoral, en explicar los riesgos de trazar equivalencias entre los actores políticos alemanes y españoles. Los democristianos de la CDU de Angela Merkel y su sucesor, Armin Laschet, tienen más que ver en su propuesta socioeconómica con el PNV que con el PP. Los socialdemócratas del SPD han formado parte de un gobierno con la CDU, algo que parece impensable con PSOE y PP. Los verdes alemanes se sitúan más al centro que Más País.

En cuanto a la extrema derecha, las similitudes AfD-Vox a primera vista parecen indicar una elevada sintonía: la veta antiestablishment, la búsqueda de la guerra cultural, la apelación al voto protesta, el nacionalismo excluyente, el discurso con tintes xenófobos, especialmente antiislamista... No obstante, también hay diferencias relevantes. AdF da más protagonismo –aún– que Vox a la cuestión migratoria. También es más antieuropea y antieuro. "En línea con [Viktor] Orbán [primer ministro húngaro] y Ley Justicia [partido nacionalista polaco], Vox defiende una UE de valores cristianos, mientras AfD es abiertamente anti-UE", añade Ordiz. 

Un problema de seguridad

Pero la principal diferencia entre Vox y AfD ya no está en Vox ni en AfD, sino en la respuesta política e institucional a estos fenómenos.

No se trata sólo, explica González Santos, del cordón sanitario, sino también del tratamiento que el Estado da al fenómeno. En Alemania, una democracia militante que a diferencia de España exige adhesión a los principios constitucionales para participar en el juego político, AfD ha recibido en buena medida un tratamiento de problema para la seguridad del Estado. El servicio de inteligencia alemán ha tenido bajo vigilancia al partido extremista por su amenaza a los valores constitucional. En la presentación en mayo de un informe sobre delitos de motivación política, el ministro del Interior, el democristiano Horst Seehofer, afirmó que AfD es el mayor peligro para la seguridad alemana. Esto ha reforzado el cordón sanitario, tanto político como mediático. La seguridad nacional da para pocas bromas. "En todo momento se ha visibilizado a AfD como un problema para el país, y además esto ha ocurrido con la derecha en el poder", recalca Juan Francisco Albert, director de Al Descubierto.

En España el tratamiento que recibe Vox, tanto del resto de partidos como del Estado, es diferente. El PP y Cs accedieron al Gobierno en las comunidades de Madrid, Andalucía y Murcia gracias al partido de Santiago Abascal, que es el que propone ilegalizar a los partidos nacionalistas periféricos. Pablo Casado, presidente del PP, tiene en el apoyo de Vox su opción más verosímil de llegar a La Moncloa. Vox está además incorporado en pie de igualdad con el resto de actores políticos no sólo al tratamiento de numerosos medios de comunicación, sino a los formatos de infoentretenimiento televisivo.

Los requisitos del cordón

¿Por qué en Alemania hay cordón y aquí no? "El cordón sanitario o se apoya de forma transversal o no sirve", señala Ordiz para destacar la diferencia entre Alemania y España, donde Vox "ya está institucionalizado". El veto a los pactos con la extrema derecha, expone González Santos, "exige compromiso de todos", como ocurre en Alemania, mientras en España "es más una herramienta discursiva para estigmatizar al PP". Para un efectivo cordón sanitario, añade, no sólo haría falta que PP y Cs dieran la espalda a Vox, también que la izquierda asumiera que, dado el caso, podría verse en la tesitura de apoyar al PP como contrapartida. En España es difícil que eso se dé. A las peticiones de la izquierda al PP para que renuncie al apoyo de Vox, el PP suele responder que antes el PSOE debería renunciar al apoyo de Podemos y los independentistas.

A juicio de Juan Francisco Albert (Al Descubierto), en Alemania el cordón ha funcionado porque "ha sido un compromiso de la sociedad alemana", incluyendo a conservadores y liberales, así como al grueso de los medios. Hay causas históricas: en Alemania –donde Adolf Hitler encabezó la mayor ofensiva bélica y genocida del siglo, perdió la guerra y condujo al país al sometimiento total a potencias extranjeras–, existe una asentada memoria popular antifascista, mientras en España Francisco Franco ganó la guerra y murió en la cama. De modo que el tipo de compromiso contra los "herederos culturales del fascismo", expone Albert, es diferente en el país de los länder y en España. "Alemania, al igual que Francia, rompió claramente con el pasado fascista. Aquí nunca hubo un proyecto de ruptura y pervivió un franquismo sociológico", señala Albert, para quien el cordón sanitario se ha mantenido en Alemania sin implicar una "radicalización" de la CDU, en contraste con lo ocurrido en Francia, donde a su juicio el precio de mantener a la extrema derecha lejos del poder es el avance de sus ideas entre el resto de partidos.

¿Qué pasa ahora con AdF? A juicio de Beatriz Acha, más allá de la celebración de los resultados que están haciendo sus líderes, tienen mucho sobre lo que reflexionar. Los resultados apuntan a una "regionalización" de su voto y su posición en el tablero reabre el eterno debate de la formación, donde hay dos almas: una más moderada, que busca homologación política, y otra más radical, que quiere capitalizar el espacio de la disidencia. Habrá que estar atentos, señala, a la elección del presidente del grupo, así como al congreso de la formación, para ver el rumbo de un partido que convence a uno de cada diez votantes pero no consigue que ningún otro partido le haga el menor caso.

Ya quisieran el trato que se le da aquí a Vox.

En el cartel se ve a la cantante Zahara vestida con traje rosa y una banda de miss en la que se lee “Puta”, el título de su último disco. Sobre su cabeza, un halo de metal similar al que llevan los santos del catolicismo, y en sus brazos, una especie de Nenuco. La imagen, que anunciaba un concierto de la artista el próximo 3 de septiembre en Toledo, se ha utilizado desde mayo en múltiples ocasiones para la promoción de Puta, y esta podría haber sido una vez más. Pero Vox Toledo, alegando que el cartel había generado críticas entre los vecinos, pidió el miércoles la retirada del mismo y la cancelación del concierto, asegurando que la imagen era un “ataque” a la “libertad religiosa de la mayoría de los toledanos” y que suponía una “ofensa extrema” contra la Virgen. Tras las quejas, tanto el organizador del concierto, el festival Toledo Alive, como el Ayuntamiento de Toledo (PSOE) en su página web, retiraron el cartel supuestamente ofensivo. El efecto Streisand, como se conoce al fenómeno por el que una maniobra de censura acaba amplificando aquello que se quiere censurar, estaba servido: los apoyos a Zahara en redes sociales, desde sus seguidores a otros músicos, como Amaral o Rozalén, ha sido masivo, mientras la imagen de la gira se reproducía una y otra vez.

La cadena de acontecimientos que van desde las pretendidas quejas populares, hasta el partido de ultraderecha, el Ayuntamiento socialista y la promotora son porosos y poco claros. El martes, el consistorio presentó la programación del festival, apoyando lo que es una iniciativa privada. El miércoles, Vox emite un comunicado en el que no hace referencia alguna a ningún tipo de queja ciudadana recibida, y hace responsable al Gobierno municipal de la “provocación intolerable” contra los católicos. Ese mismo día, el Ayuntamiento publica un comunicado en el que asegura haber trasladado al promotor el malestar “de varios ciudadanos a colectivos”, y que el promotor había retirado el cartel, como también hizo el propio consistorio del PSOE de su propia web. Al día siguiente, el jueves, tanto el promotor del concierto como el Ayuntamiento de Toledo dan marcha atrás y aseguran que el Gobierno municipal no instó a retirar nada y que el promotor lo hizo motu proprio. El concierto sigue sin figurar, ni con el cartel supuestamente polémico ni con ningún otro, en la web del Ayuntamiento, mientras este asegura que apoya “sin fisuras al concierto” contra “quienes coartan la libertad de expresión”.

La imagen utilizada por Zahara para promocionar su disco Puta es una referencia a uno de sus temas: la opresión a las que están sometidas las mujeres, tachadas de viciosas desde muy jóvenes por la mera expresión de su sexualidad, vigiladas para que su comportamiento se aproxime a una idea de santidad y pureza mientras que, al mismo tiempo, se las acosa. De hecho, la música llega a ser muy crítica en sus letras con la influencia de la educación religiosa y su hipocresía ante el abuso: “Yo estaba de rodillas pidiendo perdón a vuestro Dios / por no saber decirle que no. / (…) Yo estaba ahí confesándome por haberme tocado, / creyendo que ese era el puto pecado”. Pero estas letras no parecen haber generado polémica. La denuncia está en el uso de una determinada imagen, y llega a través de un partido político de ultraderecha. En un concierto en Valencia el miércoles, la música zanjaba: “Muchas gracias porque ha sido brutal la respuesta de amor que he recibido, y eso es lo que me llevo del día de hoy. La única respuesta que voy a dar a eso que ha sucedido lo voy a hacer en este escenario, lo voy a hacer cantando, lo voy a hacer defendiendo el arte, defendiendo la música y defendiendo la libertad de expresión”.

Desde luego, esta no es la primera vez que la Iglesia y distintos partidos u organizaciones de extrema derecha tratan de suprimir una obra artística apelando a los sentimientos religiosos: el caso de Zahara pertenece ya a una genealogía muy nutrida de injerencias del catolicismo radical en la libertad de expresión. El modus operandi no es muy distinto de unos casos a otros, como tampoco lo es su objetivo: mantener la dominación eclesiástica sobre el discurso público y silenciar las voces disidentes. Estas son algunas de las que se han enfrentado a los intentos de silenciamiento del ultracatolicismo.

Denuncias ante la Fiscalía, ataques en el museo

En mayo de 2019, la artista Charo Corrales pudo ver de cerca las consecuencias materiales de las denuncias de la derecha contra obras artísticas supuestamente blasfemas. Primero, el PP, Ciudadanos y Vox pidieron la retirada de la Diputación de Córdoba de su cuadro Con flores a MaríaCon flores a María, un autorretrato en el que se la podía ver ataviada de manera similar a una Inmaculada de Murillo, y en el que se llevaba la mano a los genitales. Después, alguien acudió a la exposición Maculadas sin remedio, se plantó delante del cuadro y lo rajó de arriba a abajo. Y allá fue luego Abogados Cristianos, organización presidida por Polonia Castellanos y muy cercana a Vox, que denunció la exposición completa por una supuesta ofensa de los sentimientos religiosos en febrero de este año, los juzgados de Córdoba archivaron la causa, ya que la muestra “no tuvo como propósito deliberado ofender o vejar sentimientos religiosos, sino contribuir a un debate público-político sobre el papel de la mujer en el seno de una sociedad considerada por las artistas como patriarcal y discriminatoria”. Abogados Cristianos anunció que recurriría la decisión.

El cuadro titulado Con flores a María, de la artista Charo Corrales, en la muestra Maculadas sin remedio, tras el ataque.

Una Virgen 'drag' perseguida por Abogados Cristianos

Drag Sethlas, nombre artístico de Borja Casillas, respiró aliviado en 2018, cuando la Audiencia Provincial de las Palmas ratificó el archivo de la denuncia interpuesta un año antes contra él por Abogados Cristianos, por un supuesto delito de ofensa contra los sentimientos religiosos. El pretendido delito: su actuación en la Gala Drag de las Palmas de Gran Canaria de 2017, que además ganó. En el número ¡Mi cielo! Yo no hago milagros, que sea lo que Dios quiera, aparecía vestido de Virgen para transformarse luego en un Cristo crucificado, todo bajo un remix de música pop que juegan con la temática religiosa, como Like a prayer (Madonna) o Judas (Lady Gaga). La organización presidida por Polonia Castellanos, muy cercana a Vox, consideró “muy ofensiva” la actuación, por recitar Drag Sethlas “frases blasfemas” y por “burlarse de las oraciones cristianas”. La Fiscalía abrió diligencias contra el artista, pero las archivó días más tarde, recordando que no basta con que “concurra un sentimiento de ofensa” para que algo pueda calificarse como ofensa a los sentimientos religiosos. Cuando la jueza decretó el sobreseimiento profesional, Abogados Cristianos recurrió esta decisión, pero la justicia volvió a fallar en su contra, en una de las muchas derrotas judiciales de la entidad.

La Virgen, Donald Trump y la autocensura empresarial

Lo experimentado por la revista Mongolia en Cartagena (Murcia) en noviembre de 2016 recuerda al caso de Zahara. Para promocionar su show en directo en la ciudad, Darío Adanti y Edu Galán prepararon un cartel promocional en el que se veía a la Virgen de la Caridad con la cara de Donald Trump —acababa de ganar las elecciones estadounidenses—, sosteniendo a un Cristo con la cara de Hillary Clinton. Y la revista sufrió el triple combo de la ofensa ultracatólica: demanda, manifestación y convocatoria por parte del Obispado de una “misa de desagravio” a la Virgen. La primera no fue admitida, pero la segunda convocó a decenas de ciudadanos delante del teatro, que llegaron a agredir a quienes asistían al espectáculo.

“Los propios del teatro [el Nuevo Teatro Circo], aunque la demanda no prosperó, nos dijo que no podían poner el cartel en la puerta porque se lo iban a romper a pedradas”, cuenta el humorista Darío Adanti, una forma de autocensura empresarial similar a lo sucedido con Zahara en Toledo. Los responsables de la revista decidieron entonces retirar el cartel y lanzar uno nuevo, esta vez con la efigie de Ortega Cano, que les acabaría costando una condena por vulnerar el derecho al honor del extorero... pero esa es otra historia. Adanti confiesa que, a raíz de los chistes de la revista, esta ha tenido encontronazos “desde el activismo de izquierdas a la derecha o la Iglesia”, pero que las respuestas de unos y otros difieren enormemente: “Lo cierto es que con los sectores vulnerables solo nos ha pasado un incendio en redes, no nos ha llegado nunca una demanda ni una manifestación. Tanto con los ultranacionalistas, tanto españoles como catalanes, como con la Iglesia, de todo: amenazas, denuncias, ataques”. Adanti cree que esto se debe a la “profunda relación entre Iglesia y Estado, que viene del franquismo”, pero asegura que esta tendencia se ha agravado desde la aparición de Vox, que “blanquea” a “un grupo fascista y fanático religioso estaba en el PP y les dice: no tenemos que avergonzarnos”. En cualquier caso, defiende el cómico y dibujante, “la ofensa a los sentimientos religiosos ha quedado completamente obsoleta”, ya que la libertad religiosa ya está protegida en la Constitución.

La Iglesia, contra el trabajo escolar de un adolescente

La cosa podría haberse quedado en un microescándalo de instituto, una discusión en el Consejo Escolar y una de esas aventuras que se cuentan durante toda la vida. Pero no fue así. Iván González tenía 15 años y entregó a su profesora, como parte del trabajo que le habían pedido en la asignatura de Cultura Audiovisual, un videoclip en el que él mismo se había encargado de la composición, la producción y la dirección. La canción, “Soy maricón”, denunciaba que la Iglesia católica rechazara a sus creyentes LGTBI —algo que él mismo había sufrido—, y lo hacía con letras un poco más fuertes de lo habitual: “Soy maricón, pero también soy cristiano, / ellos no me aceptan porque follo por el ano. / No sabía yo que el sexo anal fuera un pecado, / seguro que la Virgen ya lo había practicado”. La profesora, impresionada por la calidad técnica del vídeo, le puso un 9. El vídeo se hizo viral. Y lo que comenzó con una queja del profesor de Religión acabó escalando hasta el punto de que Hazte Oír recogió firmas para pedir que la profesora fuera expedientada, el Obispado de Mallorca tachó el vídeo de blasfemo, el PP pidió explicación a Educación y hasta se inició el proceso para que se sancionara a la profesora, cosa que finalmente no sucedió. Iván González era menor de edad, un adolescente anónimo, pero eso no evitó la campaña en su contra. Sería, eso sí, su primer éxito como Samantha Hudson, el personaje que esta travesti irreverente defiende desde entonces.

A juicio en 2012 por un corto satírico de los setenta

Quizás una de las imágenes más tristes de la cultura española de los últimos años haya sido la de ver al músico Javier Krahe sentarse en el banquillo, en 2012, por una supuesta ofensa a los sentimientos religiosos. Y todo por un corto realizado en 1977, titulado Sobre la cristofagia, en el que Krahe y Enrique Seseña simulaban una receta de cocina para cocinar un pequeño crucifijo, en alusión a la eucaristía, en el que los creyentes celebran la transmutación literal de la hostia en el cuerpo de Cristo. En 2004, el programa Lo + Plus, de Canal+, emitió estas imágenes como parte de un documental homenaje a Javier Krahe, para ilustrar una entrevista al creador, y el Centro Jurídico Tomás Moro —con el apoyo de Hazte Oír— llevó al creador y a la productora del programa a juicio, tras imponer una fianza de cientos de miles de euros. Fueron absueltos, pero el proceso duró ocho años, y Krahe llegó a advertir de que si le condenaban, se exiliaría a Francia. “Es un disparate. ¿Cómo se demuestra que se han herido unos sentimientos religiosos?”, se decía el intérprete madrileño, tal y como recogía El País. Krahe, que fallecería tres años más tarde, solía lamentarse del tiempo perdido en el proceso judicial, y de todo aquello solo sacó la composición del tema Fuera de la grey.

Francisco Espinosa, autor de una abundante bibliografía sobre la Guerra Civil y la represión, admite sentir "vergüenza ajena" por el discurso de Pablo Casado, aunque no sabe si más por afirmar que en la República no había ley o por sostener que Franco intervino para dotar a España de algo digno de tal nombre. Recordemos las palabras leídas por el presidente del PP el miércoles en el Congreso.

"Vergüenza ajena", reitera Espinosa. El discurso de Casado, analiza, no sólo se sitúa en la equidistancia, posición canónica de la derecha española desde la Transición, sino que se adentra en el revisionismo propagandístico puro y duro. Ya no suelta aquello de los "carcas" que "están todo el día con la guerra del abuelo, con las fosas de no sé quién", sino que –como han subrayado multitud de historiadores desde el miércoles– justifica el golpe de Estado y deslegitima a la Segunda República con argumentación falsa.

¿Por qué cruza esa línea? ¿Cómo ha llegado hasta ahí?

El éxito de "los Moas"

Espinosa, cómo no, hace un poco de historia para explicarlo. El autor de Por la sagrada causa nacional(2021) señala que hasta mediados de los 90 imperó un consenso de "silencio", aceptado por el PSOE, que camuflaba las tensiones subyacentes bajo el discurso de la "reconciliación". El revisionismo –analiza– cogió brío ya con José María Aznar en La Moncloa como respuesta al avance de la historiografía sobre la represión desde los 80 y al auge del movimiento memorialista, primero con la Asociación Archivo, Guerra y Exilio (1998) y luego con la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (2000). Ya en la primera legislatura del PP (1996-2000), se produjo un hito clave: Aznar recurrió a lo que Espinosa llama "los Moas"... cuyos ecos llegaron este miércoles al Congreso.

Lo de "los Moas" va por Pío Moa, puntal de un movimiento al que Espinosa también adscribe, en un artículo en Conversaciones sobre Historia, a César Vidal, Ángel D. Martín, José Javier Esparza, Jesús Palacios o Fernando Paz. El investigador ha llegado a detallar 20 ideas-fuerza de esta corriente: la República fue proclamada ilegítimamente y se dedicó desde su origen a la violencia anticlerical; la izquierda dio un golpe de Estado en 1934; la victoria del Frente Popular en 1936 fue un fraude; sólo un gobierno militar podía devolver el orden; la represión no fue para tanto; el franquismo fue una dictablanda que enfiló a España hacia la prosperidad y la democracia... Con argumentos como estos, "el objetivo de los revisionistas será, desde un principio, actualizar el ideario franquista con un estilo fácil y accesible", escribe Espinosa.

"Este ideario, promovido desde radio, prensa y televisión, actualizaba y renovaba la propaganda franquista, recordando a amplios sectores sociales que era verdad lo que les habían enseñado en su juventud", añade. Espinosa cita como obras clave la primera de Moa, Los orígenes de la Guerra Civil, de 1999, y Fraude y violencia en las elecciones del Frente Popular, de 2017, de Manuel Álvarez y Roberto Villa. Además, destaca su "éxito editorial", agigantado por el eco político y mediático. Coincide Alberto Reig Tapia en Revisionismo y política. Pío Moa revisitado (2008): "Su éxito comercial no se entendería sin situarlo adecuadamente en su contexto político e ideológico y el amplio apoyo mediático". Con contexto "político e ideológico", hablamos del calentón de la derecha que empezó con Aznar y se sublimó en la primera legislatura de Zapatero (2004-2008).

Aznar "promocionó a Moa hasta el punto de sacarlo en la televisión pública en horario de máxima audiencia o asumir su ideario por la FAES", analiza Espinosa en su artículo. En 2003, Aznar llegó a citar entre sus lecturas para aquel verano Los mitos de la Guerra Civil, de Moa. Pero Espinosa no sólo apunta el dedo contra el PP, sino también contra la "política de silencio" de Felipe González, contra las tibiezas de la ley de memoria de 2007 y contra parte de la "historiografía profesional". También la Real Academia de Historia fue objeto de críticas hace una década por un supuesto sesgo relativizador del franquismo de sus reseñas. Para Espinosa, es importante recalcar que el revisionismo no es un empeño de cuatro friquis, sino una corriente que permea en importantes instituciones del Estado, incluida la judicatura, y que no ha terminado por azar en los apuntes del líder del PP.

Fracaso académico, éxito político

La fuerza del revisionismo no reside en su prestigio académico. Es más, su desmontaje es tarea más que superada por los historiadores que pisan archivos. En Revisionismo y política, Reig Tapia llega a mofarse de unas tesis fracasadas en el ámbito intelectual pero con importantes "patrocinadores" políticos, dentro del PP, y mediáticos, entre los que cita a El Mundo, Libertad Digital, ABC, La Razón y COPE. "La historietografía trivializa, banaliza, tergiversa, simplifica, manipula, subvierte problemas complejos que la historiografía analiza, investiga, revisa, explica y clarifica", resume Reig Tapia, que se detiene en nombres como los de Pío Moa, César Vidal y Federico Jiménez Losantos.

El sociólogo Iago Moreno, especializado en los movimientos en la derecha, destaca un fenómeno a menudo desapercibido: lo que Casado hace es adaptarse a una línea argumental "completamente blanqueadora del relato franquista de la que se nutren los cuadros e intelectuales del PP". "Rajoy pensó que, como en tantas cosas, correr un tupido velo serviría para centrarse en 'lo importante' y que esa serie de conflictos se desinflasen", explica. Casado, presionado por Vox y un ala de su partido lanzada a la guerra cultural, ha concluido que eso no es suficiente. Pronostica Moreno: "Si hay un gobierno PP-Vox, está claro que habrá miniseries y películas con financiación pública y monumentos de todo tipo para una rearticulación del relato de la guerra. Como dice Losantos, no puede ser que no haya ni un 'bueno' de derechas en la filmografía española. Tienen hambre de relatos propios y mitos más activadores".

Un público amplio

Julián Casanova, catedrático de Historia de la Universidad de Zaragoza, llama la atención sobre otro factor: la adscripción del PP a una corriente revisionista que recorre Europa. Se trata de un "hilo conductor de la derecha" desde Hungría –donde Orbán usa los libros de texto en su cruzada política–, a Polonia, Eslovaquia y Alemania, según Casanova, que observa un empeño en la "reescritura de la historia" de la Segunda Guerra Mundial que incluye el blanqueamiento de colaboracionistas. El historiador, en una entrevista en la Ser, lanzó una reflexión más: el "peligroso juego" que supone para el PP asimilarse con la derecha "fascistizada" de la primavera de 1936: "El problema de la derecha española española es que no tiene una derecha que reivindicar, a diferencia de las europeas".

A ello añade Casanova la insuficiente labor educativa. "El tema de fondo es que [la República, el golpe de Estado y la Guerra Civil] no se estudió en las escuelas y centros de Secundaria", afirmó, lo que facilita un "desconocimiento" que abona el terreno a los que, como Casado, "lo convierten todo en una opinión". En este caso, a su juicio, se trata de una opinión que apunta a la "ilegitimidad de la República" y su práctica equivalencia con el franquismo, unas ideas para las que existe "un amplio público".

El déficit educativo

Pero, ¿por qué existe un "amplio público"? Enrique Díez, doctor en Ciencias de la Educación y profesor de la Facultad de Educación de la Universidad de León, no desdeña el factor de la literatura revisionista, ni tampoco de la "voxificación" de Casado. No obstante, pone el énfasis en los tabúes que han lastrado la penetración de la historia del siglo XX en las aulas y que él ha detallado en su ensayo La asignatura pendiente (2020). En su investigación, Díez detecta "cinco temas tabú" en su examen de los contenidos de libros de Secundaria y Bachillerato de 15 editoriales: 1) El expolio a los perdedores. 2) El papel represor de la Iglesia. 3) Los represores, con sus nombres y apellidos. 4) El papel de la sociedad civil en la represión. 5) El –obstaculizado– reconocimiento a los luchadores antifranquistas. Esos tabúes, reflexiona, acaban facilitando el auge del revisionismo.

"Nuestros alumnos saben más del nazismo que del franquismo. No es que el currículo esté mal diseñado, es que está diseñado específicamente para hacerlo invisible", explica Díez, cuyo ensayo se detiene en todo un catálogo de expresiones de equidistancia. ¿Ejemplos? Una y otra vez en los libros de texto se vincula el fracaso de la República con la “conflictividad social”. “Los odios generados por la insurrección de octubre [en Asturias] y su represión, las aspiraciones revolucionarias de socialistas, comunistas y anarcosindicalistas y la determinación de las derechas de hacerles frente se combinaron para producir una espiral de violencia”, señala un manual de Bachillerato. La vida política estaba “asfixiada por el radicalismo proletario”, apunta otro. El éxito de la idea de los “dos bandos” es casi absoluto. Son frecuentes también en los libros de texto expresiones como “sectores radicalizados”, “terror simultáneo”... Las causas objetivas del golpe se diluyen en el clima de “polarización”. La Guerra Civil se suele presentar en la distribución de bloques de contenidos junto a la República, más que junto a la dictadura, como si fuera el “fin inexorable” de aquella, y no el origen golpista de esta. Díez recuerda unas palabras del historiador Francisco Moreno que cree olvidadas: “Una democracia nunca es culpable de un golpe de Estado y un gobierno democrático nunca es un bando”.

En la misma línea que Díez se sitúa el artículo ¿Historia olvidada o historia no enseñada?¿Historia olvidada o historia no enseñada?, obra de seis investigadores encabezados por Laura Arias y publicado en 2019, que ofrece sin saberlo una explicación a la siguiente pregunta: ¿Cómo puede el líder del principal partido de la oposición lanzar desde el estrado del Congreso de forma impune una opinión por completo descatalogada? El artículo, elaborado a partir del estudio de 199 alumnos, parte de una investigación anterior, sobre 811 chavales de ESO, que arrojaba el siguiente resultado: únicamente un 26,6% fue capaz de definir correctamente qué era una dictadura, mientras que sólo un 20,1% definió con “cierta corrección” el concepto de república. Es interesante relacionar estos datos con otros publicados en 2018 por Carlos Fuertes y Mélanie Ibáñez: casi la mitad (un 45%) de los estudiantes de 4º de ESO y Bachillerato de un instituto de Salamanca consideraban que era innecesario reparar a las víctimas de la represión franquista. Y eso en generaciones jóvenes.

En 2001 y 2002 el PP apoyó dos resoluciones en el Congreso, una de resarcimiento moral de los maquis y otra de condena del franquismo. En ambos casos, la posición de Izquierda Unida la expuso Felipe Alcaraz, que hoy reflexiona: "Casi pareció que se vislumbraba un cambio de naturaleza de la derecha española, pero no ha tenido continuidad". Fue, dice, una raya en el agua, causada por una época de cierto margen de actuación de figuras "suaristas" como Luis de Grandes. Francisco Espinosa también resta importancia a aquellos "gestos cara a la galería". "No surtieron efecto jurídico alguno, como esa declaración de ilegítimas, en vez de ilegales, de las condenas del franquismo", señala. A su juicio, "el PP nunca ha roto con el franquismo y es algo que tiene poco remedio". ¿Por qué? "En Europa –razona– ser demócrata lleva consigo ser antifascista. Aquí la Transición permitió a la derecha no renunciar a nada". Eso es lo que facilita, añade, unos pactos con la ultraderecha que en Alemania y Francia están vetados.

"El feminismo ha descarrilado y es odio al varón, es victimismo, es supremacía, es lucha de sexos, rechazo a la maternidad". Así calienta motores para el 8M Women of the World, el buque insignia del feminismo a la inversa, una red internacional de organizaciones de mujeres, con cuartel general en España, cuya presidenta difunde un curso de formación para que los universitarios aprendan "cómo actúa el feminismo radical y cómo combatirlo” ¿Antifeminismo? No, según sus protagonistas: ellas serían defensoras de la "verdadera igualdad", seguidoras del "auténtico feminismo", el que prescinde de la "ideología de género" y tiene claro su modelo: "La mujer tiene una identidad propia y exclusiva cuyos rasgos fundamentales vienen determinados por la maternidad, tenga hijos o no”. Es el hombre –aducen– el que empieza a estar discriminado. Esta corriente, a la que se suman perfiles reconocibles de Vox, cuenta con una organización que carga no sólo contra la ley de violencia de género, o del aborto –dos clásicos del lobby integrista–, sino también contra la legislación del divorcio. 

Women of the World

Women of the World (WoW), con sede en Pozuelo de Alarcón (Madrid), habitual de los listados de municipios más ricos de España, se presenta como una “plataforma internacional” integrada por 147 organizaciones, que suman 170.000 mujeres en 72 países. España tiene el papel más significativo. La plataforma fue puesta en marcha por la organización española Profesionales por la Ética, en colaboración con la belga Woman Attitute y la francesa Femina Europa, que aparecen como “cofundadoras” con un segundo nivel de protagonismo. De los 24 grupos destacados como socios, cinco, más del 20%, tienen marca española, entre ellos puntales del movimiento ultracatólico como la ya mencionada Profesionales por la Ética, Citizen Go –grupo en el que se integra Hazte Oír– y Enraizados.

WoW afirma ser “la voz de las mujeres que hablan en términos de mujeres”. “Rompemos con el feminismo radical pasado de moda y con la ideología de género. [...] Recuperamos para las mujeres su plena identidad […]. Vamos a devolver a la maternidad su valor y su dignidad”, explica. Su declaración de principios, que insiste en la defensa del valor de la “maternidad”, reivindica que “las mujeres y los hombres necesitan recuperar y afirmar su identidad y complementariedad”. Y añade: “Existe una identidad femenina que se desarrolla en toda su dimensión en complementariedad y reciprocidad con los hombres”.

Leonor Tamayo

El principal referente de WoW es Leonor Tamayo Colomina (Madrid, 1973), que se presenta como fundadora y “presidente” de la organización y como “esposa y madre de diez hijos”. “Eso es lo que realmente me define y me hace ser lo que soy. No entiendo lo femenino sin lo masculino ni la plena realización de las mujeres rechazando su identidad y negando la maternidad”, señala la autora del blog Mi historia y once más.

Tamayo muestra públicamente su afinidad con Vox, defendiendo y apoyando al partido. Ha compartido activismo tanto con Abascal, en primera fila y detrás de la misma pancarta contra el aborto, como con Rocío Monasterio y otras figuras del partido. Los unen causas comunes: rechazo de la ideología de género y la influencia del “lobby Lgtbi”, la oposición al aborto y la eutanasia, el combate contra el feminismo "morado"... Tamayo y su marido despuntaron en el mundillo de la derecha católica más combativa como objetores a Educación para la Ciudadanía, ya en 2007. Se oponían a que sus hijos cursaran la asignatura en el colegio concertado católico al que asistían. Con los años, Tamayo ha ido ganando relieve hasta convertirse en uno de los referentes y rostros más reconocibles del lobby, junto con Ignacio Arsuaga (Hazte Oír), Jaime Mayor Oreja (One of Us) y Polonia Castellanos (Abogados Cristianos).

Tamayo, líder de Woman of the World, fue en 2015 la anfitriona de un significativo homenaje: el brindado por Profesionales por la Ética a los diputados más antiabortistas del PP, enfrentados con la dirección de Mariano Rajoy. Allí estaba la diputada “marginada” por el PP Lourdes Méndez, hoy en el Congreso con Vox y el miembro del partido de Abascal con mayor penetración en el lobby ultracatólico junto con Francisco Contreras, actual compañero de bancada en el Congreso y que también acudió a aquella cita. ¿Quiénes más posaron para la foto, publicada por Actuall, el medio promovido por Hazte Oír? Figuras hoy destacadas de Vox –entonces un partido marginal– como Abascal, Iván Espinosa de los Monteros y Rocío Monasterio. Tamayo tomó la palabra para agradecer a los diputados “marginados” por Rajoy “la defensa del bien común y la vocación de servicio por encima de los intereses personales”. Los llamó “compañeros en la batalla cívica y social”.

Forman parte del equipo liderado por Tamayo en WoW al menos otras dos mujeres vinculadas a Vox. Una de ellas, “coordinadora internacional” de WoW, fue candidata de Vox en Tarragona en las últimas elecciones catalanas; y otra es de Vox en Villanueva del Pardillo (Madrid) y ha trabajado como voluntaria en Hazte Oír. Vox, que no aclara el alcance de su relación con Wow a preguntas de este periódico, se ha distinguido por un discurso extremadamente crítico con el feminismo, en línea con los sectores del catolicismo ultraconservador y nacionalista de parte de la extrema derecha europea.

WoW, a preguntas de infoLibre, afirma que la plataforma carece de conexión con Vox, “más allá de las interacciones y entrevistas” en las que hace llegar al partido de Abascal u “otros partidos” sus “propuestas” e “inquietudes”. La respuesta llega a través de otra de las integrantes del equipo, Miriam Gómez de Agüero, que se presenta como coordinadora de la organización y graduada en Derecho con “especialización en feminismo”. WoW “se financia gracias a las aportaciones y donativos de personas particulares”, añade Gómez de Agüero, partidaria de “un feminismo auténtico, libre de ideología de género”.

El feminismo es "odio al varón"

Gómez de Agüero explica que su organización celebra un 8M “diferente”, de forma que “no se vuelva el día contra el varón”. La plataforma ya está desplegando sus actos con motivo del Día Internacional de la Mujer. Además de campañas para dar visibilidad a WoW en las redes sociales, la plataforma ha lanzado un documento y un vídeo, que reúnen elementos de interés para entender este movimiento.

1) WoW no rechaza el feminismo en abstracto, sino que se dice depositario de una especie feminismo original, el bueno, el que habría sido auténtico antes de perder el norte. “Si por feminismo entendemos a aquellas mujeres que lograron ese primer paso para la igualdad y el reconocimiento del genio femenino, no sólo estamos a favor sino que seguimos por el camino que abrieron ellas”, señala el documento.

2) Dicho feminismo bueno se opone al malo, el dominante hoy. “Pero hoy, el feminismo ha descarrilado y es odio al varón, es victimismo, es supremacía, es lucha de sexos, rechazo a la maternidad”. La defensa de la maternidad, como argumento de oposición al feminismo "descarrilado", es frecuente. Al margen de WoW, la Asociación Católica de Propagandistas, otra las organizaciones que lideran el movimiento integrista y provida en España, ha lanzado una campaña de publicidad en la calle con motivo del 8M, consistente en el Ave María sobre un fondo morado, destacando las palabras "mujeres" y "Madre".

3) Se defiende la identidad de la mujer como complementaria, en un “todo armonioso”, del hombre, en cuya defensa se sale porque es víctima de este feminismo “descarrilado”. Según WoW, ahora mismo el hombre es discriminado. Dice el documento: “Creemos en la igualdad en dignidad y ante la ley, la igualdad en derechos y deberes. La igualdad que en muchos países tenemos ya, y que empiezan a no tener los hombres en algunos casos, como la presunción de inocencia o el veto en algunos puestos en pro de las 'cuotas'”. Y añade: “Nos negamos a ver 'machismo' en cada rasgo de la masculinidad, en la caballerosidad, en el romanticismo… en todo eso que llaman 'micromachismos' y que anulan la identidad masculina tachándola de machista”. En esa línea se inserta su celebración del Día de San Valentín como “acto revolucionario” y de “rebeldía”

4) Se insiste en que la verdadera discriminación a la mujer no se produce en los países “occidentales”, sino en otras “culturas”, en referencia implícita al Islam, de forma que se conecta esta causa con otra, la del choque de civilizaciones, clave en la "guerra cultural".

"Formación de feminismo"

Tamayo y Gómez de Agüero forman parte de la nómina de participantes en una jornada de “formación de feminismo” celebrada este sábado por el Instituto de Liderazgo Blas de Lezo, una iniciativa que se dice “orientada a potenciar el liderazgo social mediante una formación práctica, cercana y de valores”. “Sé el líder que España necesita”, dice la web del instituto. La presidenta de WoW, que difunde la convocatoria, señala que el curso está dirigido a universitarios que quieran “saber cómo actúa el feminismo radical y cómo combatirlo”.

¿Quiénes imparten la “formación de feminismo”? La propia Tamayo, Alicia Rubio, diputada de Vox en la Asamblea de Madrid y autora de Cuando nos prohibieron ser mujeres... y os persiguieron por ser hombres y de Feminismo sin complejos, y Margarita de la Pisa, eurodiputada de Vox, entre otras. El Instituto Blas de Lezo encabeza la presentación de De la Pisa con el dato de que es “madre de ocho hijos”. Esta eurodiputada ha criticado en el Parlamento europeo que se realicen enfoques “con la denominada igualdad de género” sobre el coronavirus, ya que “el virus afecta más a hombres”.

Profesionales por la Ética

Tamayo lleva la voz cantante de Wow en la antesala del 8M, con una importante producción de contenido poniendo al feminismo “morado” o “descarrilado” en el punto de mira. “No buscan igualdad, saben de sobra que ya existe, quieren supremacismo hembrista, enfrentamiento y lucha de sexos, porque el feminismo morado no es sino una vertiente más del marxismo”, explica en un artículo. Y añade: “Hoy la mujer necesita otro ‘feminismo’, uno que ponga el foco en el reconocimiento de su identidad propia y exclusiva, y su complementariedad con la masculina, que ha de ser también reconocida y valorada. En definitiva, un movimiento que le ayude a ser mujer y que los hombres sean hombres”. En otro artículo, afirma que “la mujer tiene una identidad propia y exclusiva cuyos rasgos fundamentales vienen determinados por la maternidad, tenga hijos o no”.

Tamayo es presidenta de Profesionales por la Ética, uno de los puntales del lobby ultracatólico español y que es precisamente la organización fundadora de WoW. Formada en 1992 y con sede también en Pozuelo de Alarcón, Profesionales es un ejemplo canónico del tipo de preocupaciones del movimiento integrista español, especialmente alborotado durante el confinamiento: aborto, eutanasia, lobby Lgtbi, ideología de género, “pin parental”, supuesta persecución a los cristianos... Y también rechazo a la Ley Celaá y defensa de la “libertad de elección”, es decir, de la financiación pública de la educación concertada.

Profesionales por la Ética forma parte de una tupida red internacional de organizaciones “provida”, que incluye Euthanasia Prevention Coalition, Life is Beautiful y Family Rights Caucus. A ello se suma la pertenencia a One of Us, lo cual introduce en escena a Jaime Mayor Oreja, presidente de este lobby y think tank de ámbito europeo, con presencia en 19 países. En One of Us se encuentran Mayor Oreja y Lourdes Méndez (Vox). El movimiento es una red de redes.

Profesionales es una de las organizaciones españolas que realizan tareas de presión ante las instituciones europeas, en su caso a favor de la “afirmación del valor singular, absoluto y único de cada ser humano, dotado de una dignidad y unos derechos inviolables, creado por Dios”. Con afiliados en Estados Unidos y México, Profesionales gastó en lobby en Bruselas en 2019 entre 10.000 y 24.999 euros, según la información del registro de transparencia de la UE. infoLibre intentó contactar con Leonor Tamayo, tanto a través de WoW como de Profesionales por la Ética, sin éxito.

Citizen Go

Además de Profesionales por la Ética, forma parte de Women of the World, es decir, de “la voz de las mujeres que hablan en términos de mujeres”, la organización Citizen Go, con sede en Madrid, que incluye a Hazte Oír, ambas presididas por Ignacio Arsuaga con el propósito de luchar "a favor de la vida, la familia y la libertad". Hazte Oír, gracias a una retórica reaccionaria y al impacto mediático de sus iniciativas –autobús contra la transexualidad, vídeo de Pedro Sánchez rodeado de cadáveres–, se ha convertido uno de los referentes de la revuelta de la derecha ultraconservadora, clave en el nacimiento y éxito de Vox.

Citizen Go, puntal de la conocida como “guerra cultural”, también forma parte de One of Us. Actúa como agitador de todo este espectro político, con continuas campañas. ¿Ejemplos? En defensa de la cruz y de los monjes del Valle de los Caídos, a favor de que Pablo Echenique pague los destrozos de la violencia callejera tras el encarcelamiento de Pablo Hasél... Da idea de sus inclinaciones políticas un repaso a los galardonados desde 2004 con el Premio Hazte Oír, cita de lo más granado del conservadurismo católico español. En 2019, última edición, entre los premiados estuvo el candidato andaluz de Vox, el juez Francisco Serrano, por su lucha “contra la dictadura de lo políticamente correcto”. Arsuaga es una de las personalidades destacadas a nivel europeo en el informe Restoring natural order. The religious extremists' vision to mobilize European societies against human rights on sexuality and reproduction, elaborado por el Foro Parlamentario Europeo sobre Población y Desarrollo, una red de responsables políticos preocupados por el auge de los discurso integristas.

Enraizados

Enraizados, otra destacada organización del movimiento ultracatólico, también está integrada en Women of the World. Fundada y presidida por José Castro Velarde, Enraizados, nacida en 2012 y con sede en Madrid, tiene como propósito aportar una “visión cristiana” de la sociedad. Entre sus iniciativas: una ofensiva legal contra activistas de Femen –en colaboración con Abogados Cristianos– por "interrumpir semidesnudas una marcha por la vida", denuncias por supuestas ofensas contra los sentimientos religiosos, campañas a favor del pin parental...

Enraizados, que no respondió al requerimiento informativo de este periódico, hace lobby en Bruselas a favor de causas como la “libertad religiosa en España”, la “libertad de educación en España”, la “defensa de la familia” y la “protección de toda vida humana”, según la información del registro de transparencia de la UE. En 2019 estimó un gasto en tareas de lobby en la UE de entre 25.000 y 49.999 euros.

El Instituto de Política Familiar, con sede en Madrid, es una organización en “defensa de la familia” y “de la vida” que también forma parte de Women of the World, la organización liderada por Leonor Tamayo, junto a Profesionales por la Ética, Hazte Oír y Enraizados. Su presidente es Eduardo Hertfelder de Aldecoa, otro habitual de los circuitos provida, presente en aquel homenaje de Tamayo a los díscolos del PP.

El Instituto de Política Familiar, implicado contra la Ley Celaá, defiende la derogación de las leyes de violencia de género y del aborto. Y va más allá. “El divorcio no arregla ningún problema sino que agrava los que trata de resolver”, afirma su documento 100 medidas de apoyo a la familia, de 2019, que hace la siguiente propuesta: “Derogación de la Ley del divorcio exprés, ya que ha resultado ser claramente desacertada y, al cabo de doce años de aplicación, ha demostrado su rotundo fracaso duplicando el número de divorcios”. Esta organización no aclara, a preguntas de infoLibre, si es partidaria de que no haya divorcio en España o sólo de que los requisitos se endurezcan.

La quinta organización española en WoW es Temps de Dones, una plataforma de mujeres catalanas nacida en 2010 en defensa de la “meritocracia” y contra el “feminismo a ultranza” y el "pensamiento único feminista".

Javier Krahe, Willy Toledo, Abel Azcona y Leo Bassi tienen algo en común, además de su condición artística. Sus nombres han estado vinculados a procesos de enorme repercusión mediática y escasa repercusión penal al final del camino. Procesos cuyo saldo hasta ahora han sido incontables artículos y horas de radio y televisión. Mucha discusión y enfrentamiento y polémica. Pero poco más, a la postre. Los cuatro, Krahe, Toledo, Azcona y Bassi, podrían formar parte, seguramente a su pesar, del club del 525, por el artículo del Código Penal que los puso o los mantiene en apuros. Se trata del artículo preferido de las organizaciones ultracatólicas, que obtienen mediante su invocación un amplio eco mediático, sobre todo cuando se ven implicadas figuras públicas, pero un escaso fruto penal. La anunciada reforma del Código Penal por parte del Gobierno, a la que se suma una propuesta legal de Unidas Podemos, apunta así contra uno de los pilares de la estrategia de agitación del movimiento integrista: la batalla en los tribunales –o en los medios, a través de los tribunales– contra los supuestos ataques a la fe religiosa, tomando como asidero un precepto que protege algo tan difícil de tasar como los "sentimientos".

El Ministerio de Justicia incluye dentro de los "delitos de expresión", que planea reformar, aquellos "contra los sentimientos religiosos". El artículo más utilizado en la cruzada librada por el lobby integrista, con organizaciones como Hazte Oír y Asociación Española de Abogados Cristianos a la cabeza y el argumento central de que hay en el país una persecución al catolicismo, se encuentra entre los citados por Justicia. Es el 525. Dicho artículo castiga con una multa de ocho a doce meses a los que, "para ofender los sentimientos de los miembros de una confesión religiosa, hagan públicamente, de palabra, por escrito o mediante cualquier tipo de documento, escarnio de sus dogmas, creencias, ritos o ceremonias, o vejen, también públicamente, a quienes los profesan o practican".

El delito de escarnio está tipificado en el Código Penal desde 1995, siete años después de la derogación de la blasfemia. Desde su origen ha sido puesto en cuestionamiento, por plantear una sanción penal a los "sentimientos" que colisiona con frecuencia con la libertad de expresión, sobre todo en el ámbito artístico. "A diferencia de las injurias a la Corona u otros delitos de este tipo, con el 525 es difícil imaginar una actividad que sea libertad de expresión", explica el profesor de Derecho Constitucional Joaquín Urías.

El Ministerio de Justicia incluye ahora el 525 en su ofensiva reformista. Una ofensiva que no se queda ahí. La proposición de ley presentada este martes por Unidas Podemos pone también el foco concretamente en este artículo. "En un Estado aconfesional no han de primar los sentimientos de unos ciudadanos frente a otros. Lo único que habría que proteger es la libertad religiosa como derecho fundamental. En este sentido la legítima crítica contra las religiones, dogmas y creencias está amparada por la libertad de expresión", señala la proposición, que cita una sentencia de 2018 del Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenando a Lituania por no proteger la libertad de expresión de una empresa textil que utilizó para una campaña publicitaria a dos modelos disfrazados de Jesús y María. Las imágenes iban acompañadas de frases como "¡Jesús, qué pantalones!" o "¡Querida María, qué vestido!".

Un artículo en el punto de mira

La campaña lituana recuerda al caso típico español, que suele seguir estos pasos: 1) manifestación artística o reivindicativa utilizando irrespetuosamente iconos católicos; 2) demanda de algún colectivo católico, probablemente la Asociación Española de Abogados Cristianos, la más activa en este campo; 3) explosión mediática del caso, con el consiguiente debate sobre "los límites de la libertad de expresión" y el "respeto a las creencias y los símbolos católicos"; 4) en la inmensa mayoría de los casos, fin del caso sin condena, aunque no es en absoluto extraño que haya condenas en primera instancia.

Este itinerario lo ha reconstruido en numerosos casos el profesor de Derecho Penal de la Universidad de La Coruña José Antonio Ramos, que ha estudiado minuciosamente la aplicación del 525 en España. Su conclusión es que se ha producido un "resurgimiento mediático" del artículo que contrasta con su escaso impacto en forma de sentencias condenatorias.

El resultado de la investigación de Ramos es el artículo Muerte y resurrección del delito de escarnio en la jurisprudencia española, publicado en septiembre de 2019. Ramos sólo fue capaz de encontrar una condena firme al final del proceso, y además derivada de una conformidad. Es decir, de un acuerdo. No hubo juicio oral. Se trata de un caso de 2018 de un joven de Jaén que, a raíz de una denuncia de la Cofradía de la Amargura, tuvo que pagar 480 euros de multa por publicar en Instagram un fotomontaje de un cristo con su cara. Aceptando la pena, el condenado se libró de una multa 4,5 veces superior, la que pedía la Fiscalía. Con posterioridad a este artículo, en noviembre de 2020, una feminista fue condenada por un delito contra los sentimientos religiosos por llevar una vagina gigante de plástico en una manifestación del 8M, en la conocida como procesión del "chumino rebelde" de Málaga, si bien dicha sentencia no es firme y será objeto de recurso cuando la defensa tenga acceso a todas las actuaciones, explica la abogada de la condenada. 

Una condena por conformidad y una sentencia condenatoria que aún no es firme: es todo lo que Ramos ha encontrado que se salga del guión de las inadmisiones de demanda, sobreseimientos y absoluciones. El Grupo de Trabajo sobre Libertad de Expresión Libex tampoco ha encontrado más.

Para hacer su recopilación, a Ramos no le han valido las tablas de la Fiscalía y el Consejo General del Poder Judicial, porque no detallan los distintos artículos a partir del 522 sino que los agrupan todos bajo el epígrafe de delitos "contra los sentimientos religiosos", explica el profesor a infoLibre. A su juicio, hay que "distinguir muy bien dónde está el problema desde el punto de vista de la libertad de expresión, que es en el 525". "Debería derogarse, porque invade la libertad de expresión. Los otros, del 522 al 524, son más discutibles, porque afectan a actos como atacar un símbolo religioso tangible, de manera directa", señala. Es decir, Ramos pone el énfasis en el 525, no en el 522 (impedir a un creyente practicar actos propios de una confesión), el 523 (perturbar un acto religioso) o el 524 (profanación). El Gobierno se ha limitado a señalar que estudiará el 522 y siguientes. Unidas Podemos sí ha apuntado el dedo contra el 525.

Centrándose en el 525, el profesor Ramos repasa diez casos en su artículo. He aquí algunos ejemplos recogidos. Un texto publicado en Internet con fotos soeces de la Esperanza de Triana, que acabó con absolución. El caso "adúltera con bastardo", zanjado también con absolución. Una parodia del papa del cómico Leo Bassi, que terminó con absolución, al igual que el famoso cristo cocinado de Javier Krahe. El profesor sólo detecta una condena, la del joven de Jaén, y duda que hubiera llegado a ser tal en caso de no haber conformidad. "Resulta difícil saber si, en caso de haberse producido un juicio oral, habría habido una condena. A la luz de las sistemáticas absoluciones, todo me lleva a pensar que no", expone Ramos. En el caso del "chumino rebelde" de Málaga, al profesor le llama la atención que haya condena mientras en la procesión del "coño insumiso" de Sevilla hubo absolución, lo que resulta indicativo de la incertidumbre que planea en la interpretación del tipo penal.

El artículo señala una "invocación mediática" del 525 por parte de sus demandantes. Lo explica así: "Para entender este auge de querellas por un delito hasta hace poco en el cajón de los preceptos olvidados del Código Penal, creo que es importante atender a quiénes han sido algunos de los querellantes: el partido político Vox, la Asociación Española de Abogados Cristianos –con particular querulancia–, Hazte Oír, Alternativa Española, Falange Vasconavarra…". Se trata, añade Ramos, de "asociaciones o partidos políticos, y rara vez creyentes individuales o congregaciones religiosas".

La conclusión de Ramos es la siguiente: "Estamos viviendo un período en el que partidos y asociaciones reaccionarias, perfectamente conscientes de que gran parte de la lucha política se juega hoy en día en los medios de comunicación y en las redes sociales (donde es muy fácil dar altavoz a la presentación de una querella y que, por contra, el archivo de esta quede en el más oscuro de los olvidos), están usando el artículo 525 como mero trampolín ideológico y argamasa identitaria".

El profesor, en declaraciones a este periódico, añade que la utilización del 525 viene produciendo, por su repercusión mediática, una impresión general de la existencia de un conflicto de confrontación religiosa que en realidad no existe.

La quincena de casos de Abogados Cristianos

El 525 es una herramienta de uso frecuente por las organizaciones ultracatólicas. Hazte Oír invocó el artículo en el caso de Leo Bassi. Alternativa Española y el Centro de Estudios Jurídicos Tomás Moro lo hicieron en el de Rita Maestre, que también salió sin condena del asalto a la capilla de la Complutense. El Centro de Estudios Jurídicos Tomás Moro también fue a por Javier Krahe con este artículo. No obstante, hay una organización que sobresale del resto en el uso del 525: la Asociación Española de Abogados Cristianos, que incluso ha impulsado una campaña en defensa del 525. "Los ataques hacia los sentimientos religiosos en nuestro país son una realidad. En una sociedad sana, los tribunales deberían rechazar la agresión y promover el respeto", señala dicha campaña, para la que la asociación reclama donativos en su web.

infoLibre preguntó a esta organización, presidida por Polonia Castellanos, cuántos procesos mantiene abiertos por escarnio, es decir, concretamente por casos relacionados con la posible vulneración del artículo 525. La respuesta, tras consulta al equipo jurídico, fue que en torno a 15, si bien en algún caso puede ser también por un segundo delito.

Abogados Cristianos cita ejemplos de casos aún no cerrados en los que han presentado denuncias o recursos: la procesión del "coño insumiso" de Sevilla, caso en el que está recurrida la absolución; la exposición en Córdoba Maculadas sin remedio, objeto de demanda; una acción artística de Abel Azcona en Pamplona, formando con hostias la palabra "pederastia", que ha sido llevada a Estrasburgo y que la organización considera "el mayor ataque a los sentimientos de los cristianos con el que nos hemos topado"; la comedia de Netflix con un Jesús gay, objeto de otra querella; una muestra en el Reina Sofía de Madrid con imágenes de cristos en situaciones chocantes, como por ejemplo sobre una parrilla, que ha sido también motivo de querella; la obra teatral Poder y santidad, en cuyo cartel se observa a un religioso besando en los labios a un niño, que también llevó a una denuncia.

La única condena conseguida por Abogados Cristianos es por el "chumino rebelde" de Málaga si bien la sentencia no es firme [ver aquí información en detalle sobre el caso]. Sin 525, este caso difícilmente hubiera despegado. "Vamos a recurrir la sentencia porque no podemos permitir que algo así se haga firme. No es un problema mío personal, sino colectivo. Algo así puede afectar a mucha gente que salga a la calle a criticar y señalar a la Iglesia", explica a este periódico Elisa Mandillo, la feminista condenada, que acababa de enterarse de la anunciada reforma del Código Penal.

Polonia Castellanos, presidenta de Abogados Cristianos, considera un "atraso" la posible eliminación del 525, tipo del que afirma que está extendido por 22 de países de la Unión Europea, en ocasiones con penas mayores en España. A su juio, es "absurdo" y "genera un vacío legal", ya que España está comprometida a preservar la "libertad religiosa" por la Constitución y diversas leyes supranacionales. Preguntada sobre la escasez de condenas firmes por vulneración del artículo 525, replica que le parece "muy grave" que haya "una asociación de jueces" que afirme que "no va aplicar ese artículo", aunque no aclara qué asociación es. Castellanos considera una "barbaridad" que el detonante de la reforma sea la condena a Pablo Hasel, que entra en prisión porque tenía un "historial delictivo", y recuerda que ella misma es defensora de Miguel Frontera, contra el que Pablo Iglesias se querelló en julio por instigar el escrache diario en su casa. Y pregunta: "¿Qué pasa, que en España se puede insultar a todo el mundo, a los católicos, a las mujeres, a la Corona, a todos menos al señor Iglesias?". Castellanos afirma que, si la reforma sale adelante, su asociación llevará a cabo iniciativas contra la misma. "Si a los ciudadanos no se nos tutela, nos autotutelamos", concluye.

Grupo Libex

El Grupo de Trabajo sobre Libertad de Expresión Libex se muestra muy crítico con el 525, al que dedica un apartado entero. "El consenso internacional rechaza la sanción del escarnio a los sentimientos religiosos. No se protege el derecho a la libertad religiosa, sino los sentimientos religiosos. Todas las causas que alguna vez se han abierto han sido sobreseídas o se ha acordado la absolución, con la única excepción de una sentencia de conformidad de un juzgado de Jaén en 2018", señala Libex [ver aquí el listado de miembros de la iniciativa, con el catedrático de Derecho Penal Jacobo Dopico como director]. El texto deja fuera la sentencia por el "chumino rebelde" de Málaga, todavía no firme. Libex repasa un total de 18 casos de inadmisión de querella, sobreseimiento y absolución, lo que abunda en la idea de que las demandas acaban ocasionando más repercusión mediática que consecuencias penales. Algunos ejemplos son estos:

– Inadmisiones de querellas: comentarios despectivos del cómico Dani Mateo sobre la cruz del Valle de los Caídos; figura de Jesucristo bailando en una discoteca; campaña contra la Jornada Mundial de la Juventud con el título "cuidado, que viene el papa".

– Sobreseimientos y archivos: cartel de colectivo Lgtbi con dos vírgenes besándose; gala drag queen con iconografía católica.

– Sentencias absolutorias: el "me cago en Dios y en la virgen" de Willy Toledo; el "meme" de Jesucristo con frases como "la cara que te queda cuando a las 22.00 te dicen que mañana trabajas".

El profesor Joaquín Urías recalca, no obstante, que sí se han producido diversas sentencias condenatorias en primera instancia, aunque el único caso conocido de condena firme sea el de Jaén. Recalca que el caso de Jaén podría no haberse llegado a conocer y se muestra convencido de que puede haber más casos de condena firme por el 525 que no sean de dominio público.

A juicio de Urías, con motivo de la apertura del debate sobre los "delitos de expresión" se están produciendo algunas valoraciones gruesas, que agrupan todos los delitos en el mismo saco sin incorporar la necesaria matización. Al igual que el profesor Ramos, Urías pone el foco en el 525, que llama a distinguir del resto. Difícilmente puede tener cabida dentro de la libertad de expresión, señala, la interrupción de un acto de culto o el insulto a los asistentes al mismo, que no entrarían en el 525.

La pandemia ha servido como un "potente estímulo" para la extrema derecha española, que ha desplegado una "frenética actividad". Así lo pone de manifiesto un exhaustivo informe de la Fundación Rosa Luxemburgo sobre la derecha radical, coordinado por el periodista Miquel Ramos y que se publicará en las próximas semanas. "El coronavirus ha servido para el surgimiento y revitalización de organizaciones. Ha habido una efervescencia. La extrema derecha se beneficia de que, con Vox, ideas que antes eran tabú, como el ultranacionalismo o el rechazo a la inmigración, tienen mayor aceptación", explica a infoLibre Juan Francisco Albert, autor del capítulo dedicado a la pandemia, al que ha tenido acceso este periódico. El estudio alerta del fuerte impulso a "acciones sociales de reparto de alimentos y campañas de apoyo al pequeño comercio”. Queda evidenciada además la ligazón entre los ultras y el movimiento conspirativo y negacionista.

“La extrema derecha ha tratado de rentabilizar la excepcionalidad de la situación, primero responsabilizando al Gobierno de las muertes; después, criticando las medidas de seguridad y el estado de alarma, enmarcándolo en un supuesto plan totalitario para coartar las libertades públicas; luego, ante la situación catastrófica para muchos negocios, culpando al Gobierno de no implementar medidas efectivas. Todo esto ha partido principalmente de Vox y de sus satélites y simpatizantes, tanto en medios de comunicación como en comunicadores afines. A ello se ha sumado el resto de la extrema derecha, que ha aprovechado el relato de Vox y la propaganda que le han brindado”, concluye el informe, que destaca como idea-fuerza del movimiento el “estímulo del miedo a las personas migrantes como posibles portadoras del virus”.

Partidos: activismo a la sombra de Vox

No toda la ultraderecha es Vox. El partido de Santiago Abascal ha logrado convertirse en tercera fuerza en el Congreso, pero no laminar a todos sus competidores en ese ámbito. La investigación de Albert, director del centro de análisis sobre derecha y extrema derecha Al Descubierto, destaca el papel de otros tres actores: 1) la coalición ADÑ, integrada por Alternativa Española, Democracia Nacional, La Falange y Falange de la JONS; 2) España 2000; y 3) Hogar Social Madrid. "Estos grupos tienen una relación de amor-odio con Vox. Por una parte, no lo ven suficientemente a la derecha, sobre todo porque lo juzgan excesivamente liberal. Pero, por otra, es el partido que está permitiendo que su ideario esté cada vez mejor visto", explica Albert. 

ADÑ ha aprovechado la pandemia para "sembrar su ideario euroescéptico", con campañas como "Vámonos ya de la UE", y de rechazo a las restricciones a las libertades para combatir la pandemia, como la convocatoria "Nos vemos en las calles", detalla el informe. Democracia Nacional y La Falange se han destacado por su adhesión a teorías de la conspiración, como la que sostiene que la pandemia está catalizando una operación mundial de control político. Alternativa Española se ha distinguido por sus llamadas a la oración. La Falange usó la campaña "Volverá a reír la primavera" para atacar al Gobierno y organizó una protesta el 2 de mayo, detalla el estudio.

España 2000 se ha centrado –continúa el informe– en dar visibilidad a diversas protestas contra el Gobierno como las caceroladas del mes de mayo, manteniendo "un discurso eurófobo y racista". El partido se ha posicionado a favor de la hostelería, del consumo en comercio local y de la tauromaquia, pero en contra de la renta mínima por beneficiar supuestamente a inmigrantes.

La formación, que se define como representante del "auténtico patriotismo español", presentó a través de su despacho de abogados una querella contra Joan Ribó, alcalde de Valencia, y Ximo Puig, presidente de la Generalitat, en representación de un trabajador afectado por el covid-19, detalla el informe. En mayo impulsó una campaña de colocación de banderas con crespones negros en distintos monumentos de Valencia y su área metropolitana. También organizó protestas callejeras contra el Gobierno, con "una tibia acogida", recalca Albert.

Hogar Social "aumentó su reparto de alimentos a familias españolas, recoge el informe, que destaca su “ideario xenófobo”, así como su "apoyo a los trabajadores con un discurso fascista y posiciones euroescépticas". A finales de 2020 Hogar Social realizó varios repartos de alimentos publicitados en redes sociales. Una concentración frente al Palacio de la Moncloa reunió en torno a 50 personas, añade el estudio.

Hogar Social protagonizó además una performance calificando de "opresión" la fase de "nueva normalidad" y acusando a la Unión Europea de practicar un “comunismo globalista”, señala el informe. Miembros del partido, según el estudio de la Fundación Rosa Luxemburgo, participaron en mayo en las protestas frente a la sede del PSOE, durante las cuales fue detenida su líder, Melisa Domínguez.

En el plano jurídico, Hogar Social interpuso una denuncia contra Jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, Juan Manuel Santiago, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por los supuestos delitos de prevaricación y malversación. El motivo son unas declaraciones de Santiago en las que afirmó que la Guardia Civil pretendía "minimizar ese clima contrario a la gestión del Gobierno".

El informe también se detiene en un pequeño partido, Movimiento Aragonés Social (MAS), "con un ideario ultranacionalista y ultraconservador", activo en redes en la crítica al Gobierno, al que define como “la peste roja”. Esta formación se centra en la defensa de los autónomos. Además de promocionar las caceroladas contra el Gobierno durante el mes de abril, ha participado en actos de apoyo a la Guardia Civil" y apoyado la manifestación conspiranoica contra el "Nuevo Orden Mundial" del 21 de junio. El matrimonio extrema derecha-conspiración se ha certificado durante la pandemia, consumando una tendencia de alcance internacional y nítidamente observable en Estados Unidos.

"Aunque la actividad de la extrema derecha ha sido muy dispersa y descentralizada, se observa claramente el peso de los grandes actores, como Vox o Hazte Oír", explica Albert. El apartado dedicado a Vox es singularmente extenso, en línea con su protagonismo político y social durante la pandemia. La descripción de sus distintas iniciativas y posiciones evidencia una trayectoria errática y marcada por el oportunismo. Durante la pandemia, señala el informe, Vox ha utilizado los canales a su alcance para extender "el habitual discurso antiinmigración, euroescéptico y ultraconservador". Su histórico de propuestas es un totum revolutum de sus temas fetiche: campaña "Protejamos España"; solicitud de creación de un Gobierno de "unidad nacional" con intervención del Ejército para garantizar los servicios esenciales; rechazo a las restricciones a la movilidad con la campaña "Estado de abuso"; iniciativa "La Nuestro Primero" a favor de la "solidaridad entre españoles"; apoyo a las caceroladas...

El informe destaca que Vox celebró en mayo su propia protesta, "La caravana por España y su libertad", una manifestación motorizada que contó con una amplia participación y que tendría réplica el 12 de octubre, Día de la Fiesta Nacional, con el lema "España a la calle". "Como hecho reseñable, destaca la efectividad del hashtag #Gobiernodelbulo, que caló fuera de los límites de Internet. El ataque a los verificadores de información independientes como Newtral o Maldita también fue una constante", señala el estudio, que anota el cambio de Vox de Whatsapp a Telegram para evitar la "censura".

En su estudio, Albert anota a partir de mayo unas "primeras introducciones de discurso obrerista" en Vox, que se encarna en el vídeo "Seguimos indignados" en conmemoración del 15M. Albert ve indudable que ha habido un giro "hacia posiciones neofascistas", como indica la "formación de un sindicato propio anticomunista y vertical".

"El éxito de Vox", explica Albert, ha sido "defender las mismas posiciones de siempre de la extrema derecha, pero sin su simbología". "La estética neofascista ahuyenta. Vox no se ha obcecado en la simbología. Hay organizaciones como Hogar Social o Hacer Nación que se siguen debatiendo sobre este paradigma. Vox se desmarca de todos estos grupos, como hizo con el FNI-PNSOE [Frente Nacional Identitario, Partido Nacional-Socialista Obrero Español] tras su acto de diciembre en Barcelona", añade.

En el apartado legal, el estudio anota diversas querellas de Vox contra cargos del Gobierno de España y de la Generalitat catalana, así como un recurso contra el estado de alarma.

Iniciativas: mascarillas y comida

El informe se detiene en las más organizaciones no partidistas más representativas y de mayor actividad. Alcalá 1247, Forja Hispánica, Getafe Nacional Revolucionario, Legio VII y Resistencia Social Alcalá de Henares, "todas con un discurso obrerista antiinmigración", han impulsado una de las iniciativas destacadas: Mascarillas Rojigualdas. "La frase que impregna su iconografía es 'Frente a su impostura nuestra voz', sobre la que realizaron una campaña propia en redes de crítica al Gobierno, pidiendo su dimisión y con llamadas a manifestarse. El 19 de mayo se manifestaron en Ferraz y participaron ampliamente en las distintas protestas del mes de mayo", expone el informe.

Las asociaciones integrantes encarnan uno de los rasgos más reseñables de la actividad ultraderechista: la búsqueda de complicidad con los sectores más golpeados por la crisis. Alcalá 1247 protagonizó una "campaña de apoyo alimentario y social" denominada "El pan de cada día". Forja Hispánica también puso en marcha actividades de carácter social y apoyo a la tercera edad. Getafe Nacional Revolucionario organizó una entrega de material al Hospital Universitario en colaboración con Juventudes Canillejas y otros grupos ultra de Getafe. Legio VII lanzó una recogida de alimentos. Resistencia Social Alcalá de Henares se ha distinguido –siempre según el informe– por su apoyo a comerciantes y autónomos.

Españoles en Acción, una ONG que el informe vincula al partido político de reciente creación Hacer Nación, fue de las primeras en poner en marcha una campaña para adquirir material que permitiera confeccionar enseres sanitarios, realizando varias entregas de material. Esa iniciativa empezó en marzo. En mayo según el informe desplegó una campaña de recogida de alimentos para familias españolas, colaborando con los ultras de Brigadas Alcalaínas, recoge el informe.

Acción Social Navarra, un grupo reactivado en abril, llevó a las calles una campaña de recogida de alimentos, que se sumó a una petición para colgar banderas con crespones negros. El Centro Social y Nacional Salamanca, que el informe considera un grupo similar a Hogar Social, ha aumentado durante la pandemia su donación de comida.

Hay organizaciones e iniciativas más volcadas en el plano ideológico, sin contacto con las llamadas "colas del hambre". ¿Ejemplos? El informe incluye varios. De Hazte Oír, uno de los puntales del lobby integrista, destaca su activismo digital, con el impulso a manifestaciones y campañas contra el Gobierno: por la dimisión del Ejecutivo; por la expulsión del mismo de Unidas Podemos; por la exigencia al PP del rechazo a la prórroga del estado de alarma; contra la supuesta agresión a la libertad de culto...

La organización liderada por Ignacio Arsuaga creó la plataforma gobiernodimisión.net, donde respaldó distintas campañas para atacar al Gobierno, como las protestas del Barrio de Salamanca, las protestas en Ferraz o la "Revolución de las mascarillas", para las que pagó publicidad física, recoge el informe. También promovió manifestaciones online y la colocación de banderas con crespones en señal de luto. Además, repartió casi 800.000 botellas de agua entre distintos hospitales, según la propia organización. En mayo fletó camionetas serigrafiadas con el mensaje "Gobierno Dimisión", que acudieron a apoyar las protestas en Madrid. A ello se suma su actividad como querellante.

Aunque se considera a sí mismo "apolítico", el informe de la Fundación Rosa Luxemburgo incluye al Movimiento Barrio de Salamanca-Paseamos Juntos dentro de la derecha radical "por sus declaraciones anticomunistas, racistas, antiizquierdistas y de adhesión a las teorías de la conspiración". El informe subraya que, tras nacer de forma "relativamente espontánea" el 10 de mayo, la llamada irónicamente “Revolución de los Cayetanos” se extendió por buen parte del país con réplicas "autónomas", a pesar de los tímidos intentos de coordinación.

El estudio redactado por Juan Francisco Albert describe a Resiste España como un movimiento ultranacionalista inspirado en "valores castrenses", cuya tarea es "correr por las ciudades de España en apoyo a todos los que han sufrido las consecuencias del covid-19". "Surgió el 24 de mayo, cuando corrieron hacia el Palacio de la Moncloa para cantar el himno militar La muerte no es el final. Desde entonces han aparecido en diversos puntos de España: Toledo, Granada, Mallorca, Valencia… Además de esto, realizaron un homenaje a Cristóbal Colón el 12 de junio, recoge el informe.

Salvemos España, grupo creado ex profeso el 20 de abril, tiene como objetivo provocar la dimisión del Gobierno, señala el informe. "En redes se dedicó a atacar constantemente al Gobierno y pedir su dimisión. Su principal actuación fue la convocatoria de una cacerolada el sábado 25 de abril, que tuvo un amplio seguimiento y generó importantes réplicas los días siguientes", recoge el informe, que incluye a Salvemos España pese a que se considera una organización apolítica. El día 5 de mayo impulsó la campaña "Salvar España nuestra meta", consistente en salir a correr por la calle con unos dorsales descargables con la bandera de España. El sábado 16 propuso una gran pitada. También promocionó la “Revolución de las mascarillas”.

Ultras y protestas

Los grupos ultras del fútbol, respiradero del movimiento ultraderechista español incluso en las épocas en que este tenía cerradas las vías de representación política, también son objeto de atención de la panorámica trazada por el informe. ¿Cuál ha sido su principal actividad? Recaudar dinero para adquirir material sanitario.

Los Ultras Sur, a los que el informe atribuye buenas relaciones con Hogar Social, lanzaron un crowdfunding el 25 de marzo para donar dinero a los hospitales. El Frente Atlético hizo un llamamiento para captar voluntariado y donó 15.000 euros para adquirir material sanitario, siempre según el informe. Las Brigadas Alcalaínas, ultras del Real Sociedad Deportiva Alcalá, se ofrecieron a ayudar a los afectados por la pandemia “ante la incompetencia de nuestros políticos” y apoyaron a la Hermandad de Jesús Despojado en su confección de material para el Hospital Universidad Príncipe de Asturias.

Comandos Azules y Fondo Azulón, grupos del Getafe, han participado en la recogida de fondos para entregar material sanitario al Hospital Universitario. Supporters Gol Sur y Gol Sur 1907, del Betis, también han realizado campañas de recogida de fondos para material sanitario, un listado de voluntarios e incluso la entrega de casi 6.000 euros para investigación, según detalla el informe. Los Ultraboys, del Sporting de Gijón, donaron alimentos y material a una sidrería que realiza labores sociales, siempre según el informe.

El estudio dedica un apartado específico al papel de la ultraderecha en las protestas entre finales de octubre y principios de noviembre contra el toque de queda en distintos puntos de España, en ocasiones con final violento. "Junto a los ultras, nos encontramos con una mezcolanza de negacionistas, ultras de fútbol, algún perfil de extrema izquierda y personas con antecedentes. El perfil es eminentemente masculino y juvenil, encontrándose muchos de los participantes entre los 16 y los 25 años", señala el informe tras repasar las protestas en once ciudades españolas.

En Madrid, Mascarillas Rojigualdas y miembros de España 2000 se sumaron a la iniciativa "Salimos a la calle, el pueblo está cansado" contra el confinamiento, recoge el informe. En Barcelona los Mossos tienen "indicios" de participación de "grupos ultraderechistas conectados con el mundo de la noche". En la protesta de Sevilla, donde se corearon frases similares a las de las protestas ultraderechistas durante la desescalada, el cartel de la convocatoria presentaba los dos martillos cruzados que son el símbolo de los Hammerskin, un grupo europeo de extrema derecha, señala el informe. La policía detuvo a varios ultraderechistas, con conexiones con ultras de fútbol vinculados al United Family (Betis), añade. Una investigación de Sare Antifaxista detectó que la convocatoria en Bilbao salió de una página ultraderechista. Las conexiones con la extrema derecha están también apuntadas en el informe en las protestas de ciudades como Málaga, Murcia, Valladolid, Cartagena y León.

Familia en peligro, niños desprotegidos, un oscuro mal acechante, esencias amenazadas, moral corrompida...

Todo ello parece el catálogo de preocupaciones de un cristiano tradicionalista. Y de hecho podría serlo. Pero ahora ha caído en manos de QAnon, una delirante teoría de la conspiración estadounidense que implica en una trama de pederastia y poder oculto al grueso de la progresía internacional, todo ello aliñado con los elementos propios del negacionismo sobre el covid-19. Allí ya han saltado las alarmas en el campo religioso tradicional, que observa el ascenso y la permeabilidad en sus propias filas de esta rama especialmente fanática y sectaria del trumpismo. En medio de una pandemia que ha disparado la zozobra y ha obligado a limitar el encuentro en los templos, la nueva pseudoreligión de la Q acelera la captación de evangélicos a través de Internet y seduce ya incluso a algunos de sus altavoces. No es anecdótico. Más de la mitad de los republicanos creen que esta teoría, que copia esquemas narrativos típicos de la religión, tiene todo o parte de verdad. El hombre disfrazado de bisonte que se ha convertido en la imagen mundial de la toma del Capitolio es un encendido seguidor de las teorías de QAnon, que ha sido una red con fuerte presencia en Internet clave para calentar y organizar el asalto.

QAnon es una manifestación extrema de una tendencia al alza: la conspiranoia que avanza y acecha el terreno de la fe religiosa, influyéndola y dejándose influir por ella. En Estados Unidos el cóctel suma la agitación de Donald Trump y de líderes religiosos afines que han comprado íntegros los tonos milenaristas propios de la conspiración. Pero el fenómeno no es exclusivamente estadounidense. La Unión Europea ha detectado la novedad de la utilización del diablo como reclamo para la desinformación en Internet. De nuevo, cristianos en la diana de los apóstoles de la conspiración.

¿Y en España? Por un lado, el movimiento negacionista incorpora elementos del marco de Vox, a su vez vinculado al lobby integrista: "élites globalistas", Soros, "nuevo orden mundial"... Por su parte, los círculos ultracatólicos coquetean con las tesis conspirativas en plena pandemia, con campañas que mezclan la denuncia de oscuras agendas políticas y la manía persecutoria. 

Las iglesias tradicionales se enfrentan a un desafío complejo, parte del cual emana de sus propias filas. En las filas católicas ya hay perfiles altísimos que han comprado la tesis de que el covid-19 es una operación antirreligiosa de "ingeniería social" en la que estaría metido hasta el papa Francisco.

QAnon y los evangélicos

Un análisis reciente de la MIT Technology ReviewMIT Technology Review, publicación del Instituto Tecnológico de Massachusetts, ha concretado por primera vez lo que era una impresión en auge: los exitosos movimientos conspirativos no sólo comparten espacios de intersección con la religión tradicional, sino que se nutren de sus bases. No se trata, ni mucho menos, de compartimientos estancos. El estudio se detiene en cómo los promotores de la teoría de la conspiración QAnon captan adeptos entre evangélicos en Estados Unidos.

Pero, ¿qué es QAnon? Según esta teoría, de la que la Donald Trump evita desmarcarse y que tiene ya una representante en el Congreso, actores e intelectuales liberales y políticos demócratas están implicados en una red internacional de pedofilia que ha tenido como objetivo derribar al presidente. QAnon, que defiende que Trump es poco menos que el mesías que derrotará a las huestes de ese mal progre y degenerado que amenaza las esencias de América, es la apoteosis del bulo: un círculo de retroalimentación de mentiras, con sesgo ferozmente ultraconservador, nacionalista y xenófobo, que lleva a circular la idea de que el papa Francisco, Barack Obama, Hillary Clinton, Bill Gates, George Soros, Tom Hanks y Oprah Winfrey mueven los hilos de una logia secreta que trafica con niños. Nada menos.

Adultos aparentemente normales comparten en Facebook contenidos que apoyan esas tesis. Rarezas del siglo XXI, se dirá, con su polarización y sus redes sociales. Pero conviene no restar importancia a QAnon sólo por ser una chifladura. El artículo del MIT ilustra cómo esta teoría hunde raíces en el "pánico satánico" de los años 80 y 90, con el que comparte el temor a los "cambios en la estructura familiar", y cómo se engarza con el "cristianismo apocalíptico" y el "nacionalismo cristiano", de amplio calado social. Abundan entre los adeptos a la teoría los llamados "patriotas cristianos". Así lo expresa Brian Friedberg, investigador del proyecto de Tecnología y Cambio Social del Centro Shorenstein de Harvard: "La construcción de la comunidad QAnon, desde sus primeros días, se ha centrado en la moralidad estadounidense tradicionalista estrechamente alineada con el cristianismo popular. Q publica con un estilo que invoca los puntos evangélicos de conversación y alienta a la investigación profunda de las escrituras". El popular "médico religioso" David Hayes, figura reconocible en el ámbito evangélico, ha asegurado a sus cerca de 400.000 seguidores en Youtube: "Q motiva a muchas personas a reflexionar sobre Dios".

Toda la teoría encaja como un guante en la agenda del trumpismo, corriente que al mismo tiempo sigue teniendo en los cristianos evangélicos su gran bastión. En noviembre de 2019, tras autoproclamarse presidenta, Jeanine Áñez tomaba el poder en Bolivia bajo una proclama: "¡La Biblia vuelve a Palacio!". Hoy numerosos asaltantes al Capitolio llevan la cabeza atiborrada de basura conspirativa difundida por redes sociales. Una encuesta de septiembre de Daily Kos/Civiqs, de amplia repercusión en Estados Unidos, revela que un 56% por los republicanos cree que la teoría de QAanon es parcial o totalmente cierta. Ahí hay por fuerza un espacio común significativo con los evangélicos, que en las últimas elecciones fueron el pilar más sólido de Trump. Un pastor de Virginia, director de la publicación cristiana The Gospel Coalition, ha llegado a publicar una sección de preguntas frecuentes sobre QAnon después de que numerosos compañeros le pidieran consejo sobre cómo detener su influencia. Porque la influencia existe. Y crece.

El artículo del MIT da voz a individuos próximos a círculos evangélicos que han notado cómo QAnon gana presencia entre los fieles a través de las redes. Las apelaciones del grupo tienen un recorrido potencial profundo entre los cristianos conservadores: familia en peligro, niños desprotegidos, mal que acecha, esencias amenazadas... Un extenso análisis en The Atlantic destaca cómo QAnon ha tomado expresiones típicas del evangelismo, como la idea de un "advenimiento" salvador. Andrés Ortega, investigador del Real Instituto Elcano, la llama "la religión de la conspiración". Son muchos quienes apuntan ya que QAnon llega a tener trazas de religión naciente. Pero ello no excluye, sino al contrario, su interrelación con el cristianismo evangélico. No en vano, las religiones son en su formación cuerpos que se alimentan y confunden con las otras religiones del entorno, influyendo en ellas y dejándose influir por ellas.

"Plandemia" y victimismo

QAnon promueve –faltaría más– la teoría de la "plandemia", el plan de Soros, el 5G inyectado mediante un chip, etcétera. Se trata de esquemas negacionistas a los que ha dado alas Trump, a su vez el principal referente electoral evangélico. Es un círculo vicioso que ha complicado incluso la pedagogía para la gestión de la pandemia. Francis Collins, director de los Institutos Nacionales de Salud y hombre de fe, llegó a mantener una reunión con un líder baptista para lanzar un llamamiento contra las teorías de las conspiración que parecía ir específicamente destinado a los fieles permeables a las teorías conspirativas. Obviamente, no todos los evangélicos, ni bases ni líderes, creen en teorías de la conspiración, son antivacunas ni mucho menos siguen a QAnon. Pero sí los suficientes como para que grupos religiosos hayan tenido que salir públicamente a lanzar mensajes pro-mascarilla y pro-vacuna, ante la masiva difusión de bulos en estos círculos.

Aquí es donde se abre un carril que corre paralelo –y muy próximo– al de la conspiración pura y dura. Abundan en Estados Unidos los pastores que, en sintonía con un Trump que se niega a quitar la razón a QAnon y resta una y otra vez importancia al virus, han denunciado las medidas de los Estados de restricción de aforo a las iglesias forman parte de un supuesto plan de agresión a la libertad de culto. Otros no se han resistido a la irracionalidad. El pastor Ralph Drollinger, próximo a Trump y una figura de gran predicamento en el mundo evangélico, ha sugerido conexiones de la pandemia con la homosexualidad y el ecologismo, que habrían suscitado la "ira de Dios".

Todo esto no es lo mismo, claro, que creer que Tom Hanks y el papa comen bebés. Pero lo que se acaba poniendo de relieve es que los públicos de uno y otro mensaje se superponen en parte. “La pandemia de covid-19 ha dado a los evangélicos la oportunidad de intensificar su retórica de persecución a manos del Estado,” señala Andrew Chesnut, un profesor de religión de la Universidad de Virginia Commonwealth, en declaraciones a Ojo Público. Y para denunciar una persecución, nada mejor que denunciar una conspiración.

Templos vacíos, redes llenas...  y Satanás

Puede parecer sorprendente que sectores de una religión asentada se dejen arrastrar por teorías de la conspiración y movimientos alucinados al margen de sus ritos y dogmas. Pero no lo es tanto si observamos el fenómeno desde la óptica que lo hacía The New York Times cuando comparaba a QAnon con el Tea Party, un movimiento que en principio tenía un aspecto marginal y hasta ridículo pero que terminó ejerciendo una influencia decisiva en el Partido Republicano y alcanzando fuerte anclaje en las bases evangélicas. El análisis realizado por el MIT recoge además cómo QAnon aprovecha para su despegue el desconcierto generado por la pandemia, con su carga de incertidumbre y miedo, así como la pérdida de lazos comunitarios en las comunidades religiosas por las restricciones de acceso a los templos.

El movimiento ha llegado ya incluso a Europa. La BBC ha detectado a sus activistas en manifestaciones en Londres. Newsguard, un proyecto contra la desinformación, ha alertado de que QAnon se extiende por Francia, Italia, Alemania y Reino Unido. No hay referencia a España en su informe.

No sólo QAnon ha visto las posibilidades que ofrece la utilización de algunos esquemas de la narración religiosa para conquistar adeptos para la conspiración. UE Vs Desinformación, el equipo de la UE especializado en detectar propaganda nociva, ha alertado sobre el uso por parte de emisores de desinformación rusos de una figura bien conocida por los cristianos: Satanás. UE Vs Desinformación acreditó la proliferación de la alusión al diablo para dar alas a diferentes teorías de la conspiración con un trasfondo de agenda pro-Kremlin. Aparece vinculado al diablo Bill Gates, un habitual de las más variadas teorías conspirativas, aquí en coalición con el mismísimo Lucifer. Otra vez, los cristianos en el punto de mira de los difusores de la conspiración.

Movimientos en España

En España no puede hablarse de una coincidencia orgánica entre grupos religiosos y conspiranoicos. Pero sí de puntos de intersección. No es extraño. Una teoría de la conspiración no deja de ser una especie de remedo deforme de la religión. Así lo ha expresado Miguel Anómalo, autor de Conjuras, tierras planas y lagartos: Grandes éxitos de las teorías de la conspiración: "Estas teorías funcionan en cierto modo como el nacimiento de las religiones, porque ofrecen una explicación: alguien, una mano oculta, lo hace todo. Al menos no es el caos. Y eso te reconcilia con la existencia”.

Si en Estados Unidos QAnon está haciendo pasar apuros a los pastores evangélicos tentando a sus bases con su teoría, en España las fichas se disponen de manera diferente. Pero también merecedora de mucha atención. Por un lado, los referentes más ruidosos del movimiento negacionista y de la teoría de la "plandemia", que no tienen apoyo formal de ningún partido ni mucho menos de la Iglesia institucional, utilizan esquemas narrativos típicos de Vox, a su vez estrechamente vinculado con el amplio movimiento integrista: la confabulación de las "élites globalistas", el "nuevo orden mundial" impulsado por los "multimillonarios progres", entre ellos George Soros y Bill Gates...

Pero más relevante es el segundo fenómeno: hay grupos religiosos que coquetean con el universo conspirativo. Se trata de organizaciones del lobby integrista que llevan desde el primer estado de alarma agitando la idea de que el Gobierno aprovecha la pandemia para desplegar una agenda anticatólica, pro-aborto y pro-eutanasia. Encarnaciones malignas omnipresentes del mundo conspirativo como Soros están en el punto de mira este tipo de grupos. Los vasos comunicantes aparecen por todas partes.

Los llamamientos a la rebeldía contra el Gobierno desde este ámbito son continuos. Sin mezclarse formalmente con los movimientos negacionistas de la pandemia, antivacunas o conspirativos, los referentes del integrismo ultracatólico español sí han alentado tesis del agrado de este movimiento como la de "agenda oculta".

Lo más lejos que han llegado en este terreno los grupos ultracatólicos ha sido con su obsesiva vinculación entre pandemia y abortos. Medios ultracatólicos como Actuall, vinculado a Hazte Oír, han difundido el bulo de que las vacunas contra el covid-19 emplean células de fetos humanos abortados. El cardenal Antonio Cañizares llegó a amplificar esta teoría en una homilía.

Otros referentes, como José Luis Mendoza, presidente de la Universidad Católica de Murcia, próxima a puntales del movimiento ultracatólico, han actuado como entusiastas difusores de teorías de la conspiración. Es difícil ya decir si la palabra de Mendoza pisa terreno de fe o de paranoia. "Las fuerzas oscuras del mal... En cada generación aparece el Anticristo, y aquellos que le sirven, con gran poder, queriendo usurpar el nombre de Dios. [...] ¿Por qué ya en la Olimpiada de Londres se anuncia el coronavirus? Aquellas imágenes, de los féretros, ya entonces. ¿Por qué Bill Gates, Soros, anuncian hace años que se avecinaba el coronavirus? Quieren también controlarnos cuando se encuentre la vacuna con un chis [sic]. ¡Pero qué se han creído! ¡Esclavos y servidores de Satanás! ¡No les tengáis miedo!". Mendoza no es un cualquiera. Puede presumir de haber traído a España, antes de ser papa bajo el nombre de Benedicto XVI, al entonces cardenal Ratzinger.

Un desafío para la Iglesia

La Iglesia diocesana española, dejando al margen el bulo de Cañizares, ha mantenido una actitud ajena no sólo a las conspiraciones demenciales, sino también a los planteamientos radicales de los grupos integristas. Los observadores coinciden en que la Conferencia Episcopal ha sabido desoír los cantos de sirena del lobby ultracatólico, empeñado en arrastrar a la jerarquía al victimismo y la manía persecutoria durante la pandemia. Una clave para entenderlo es que el catolicismo, a diferencia de las iglesias evangélicas, goza de una institucionalidad muy jerarquizada. "No hay tanto movimiento de base ni diversidad en la respuesta", analiza Avi Astor, profesor de Sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona y miembro de Investigaciones en Sociología de la Religión. La jerarquía ha mantenido una línea de cooperación con las medidas del Gobierno restrictivas con la asistencia a los templos. En cuanto al Vaticano, incluso se ha pronunciado abiertamente sobre el tema de las vacunas, rompeolas de todas las conspiraciones covid, considerando "moralmente aceptable" que un católico se la ponga incluso si "en su proceso de investigación y producción" se han utilizado "líneas celulares de fetos abortados".

¿Suponen las teorías de la conspiración y el fanatismo desatado de las organizaciones del lobby integrista una amenaza para la Iglesia católica en España? Luis Santamaría, miembro de la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas (RIES), prefiere la palabra "desafío". "Es un desafío al que, en mi opinión, se está dando una respuesta a la altura", señala el autor de Esoterismo, sectas, Nueva Era (El Perpetuo Socorro, 280).

Santamaría cree que la pandemia está poniendo de relieve "lo mucho" que pueden hacer las religiones por el "bien común", tanto el catolicismo como el Islam y otras. Ahora bien, duda que la zozobra por la pandemia acerque a nuevos adeptos a la religión. "Tanto mi trayectoria vital [ha sido sacerdote] como académica me muestran que, en momentos de dificultad, unos se acercan a la religión y otros se alejan", explica. En cambio, sí cree que la pandemia ofrece el "escenario y caldo de cultivo ideal para que emerja y crezca lo irracional". "Esas soluciones y respuestas fáciles que ofrecen las teorías conspirativas no las da un planteamiento religioso, que siempre mantiene una dimensión misteriosa. Es más fácil una irracionalidad que lo responde todo, como esa 'plandemia' en la que unos amos del mundo mueven todos los hilos", señala. Ahí inserta Santamaría el visible auge de las conspiraciones, movimientos esotéricos y literatos de "autoayuda", todos prestos a "pescar en río revuelto".

¿Y qué papel asigna a esos grupos integristas que coquetean con la conspiración? En su análisis, el director del periódico Oropel sitúa a este movimiento con un pie fuera del ámbito religioso. "Para mí son el paradigma de lo religioso como barniz para atraer a personas religiosas, pero sin ser la religión lo sustantivo, sino sólo lo adjetivo. En el fondo son grupos ideológicos que se visten de religiosos. Y su ideología choca de bruces con esas propias creencias que dicen abanderar. No sólo están engañando a la sociedad, haciéndose pasar por portavoces de posturas religiosas, sino también a sus propios seguidores". 

El presidente de Europa Laica, Antonio Gómez Movellán, ve al "catolicismo popular" español próximo a los esquemas conspiranoicos y el fanatismo ideológico. "Tengamos en cuenta que el catolicismo popular de la Transición ahora es otro. Lo que había ya no lo hay. Ahora la mayoría son integristas muy conectados con Vox", señala. A su juicio, las "críticas al globalismo y las supuestas amenazas contra la familia por la teoría de género" emparentan a organizaciones tipo Hazte Oír con el campo semántico de la conspiración. El integrismo religioso, no sólo en España sino a nivel europeo, ha servido de altavoz a la teoría de la "conspiración islamo-izquierdista", según la cual está en marcha un calculado proceso de sustitución de población nativa cristiana por inmigrantes de otras religiones. No es raro que elementos de esta conspiración aparezca en discursos políticos derechistas de reivindicación de la "civilización occidental" en clave de identidad católica.

De momento, la Iglesia institucional española mantiene una destacable impermeabilidad. Pero eso no significa que no haya figuras católicas de relieve internacional que no hayan entrado ya claramente en las agendas paranoides. De nuevo, la mancha comienza en Estados Unidos, tantas veces precursor de fenómenos de alcance global. El arzobispo Carlo María Viganò, ex nuncio del Papa, lidera un discurso que sitúa a Francisco al frente de un proyecto "masón-globalista" ante el que llama a los católicos a reaccionar, como ha detallado eldiario.es. Vigano fue el más destacado promotor de la carta de cardenales, obispos y teólogos según los cuales el coronavirus se había convertido en un pretexto para restringir la libertad de culto. A juicio de Viganò, tras el covid-19 hay una "operación de ingeniería social".

Fanatismo nacionalista y religioso

Una de las debilidades de las iglesias institucionalizadas durante la pandemia ha sido la restricción del acceso a los templos. El análisis del MIT recaba testimonios de pastores que observaban cómo QAnon había penetrado en su rebaño aprovechando esa etapa de falta de vida comunitaria en la que los fieles se han refugiado en Internet. El fenómeno es una réplica a pequeña escala de otro sobre el que advierte el teólogo Juan José Tamayo: la secularización ha liberado una parte del espacio público que, en ausencia de expresiones religiosas fraternales, están siendo ocupadas por fundamentalistas. Es un fenómeno observable no sólo en España, también en Latinoamérica y Estados Unidos.

De todos estos territorios hace un barrido Tamayo en La Internacional del odio, un reciente ensayo que permite concluir que la pandemia ha acelerado un proceso preexistente de aproximación de líderes políticos nacionalistas y –en palabras del teólogo– "cristoneofascistas" a las ideas más radicales de las religiones locales. Tamayo pone ejemplos. Trump, además de mimar a los evangélicos radicales, ha trazado una alianza con el cardenal Timothy Dolan, arzobispo de Nueva York, puntal del ala derecha de la Iglesia en Estados Unidos. Uno de los apoyos más férreos de Trump es Capitol Ministries, que se las apaña para justificar con "estudios bíblicos" las políticas del todavía presidente. ¿Y quién está al frente de Capitol Ministries? Pues Ralph Drollinger, ese líder religioso que vincula la pandemia con la "ira de Dios" ante el homosexualismo.

El autor de la Internacional del odio recalca cómo la alianza "cristoneofascista" ha ido "al asalto del poder con la Biblia en la mano" en Costa Rica, Colombia, El Salvador, Bolivia, Nicaragua, Brasil y Estados Unidos y ha ampliado su presencia en España e Italia. Los rasgos discursivos identificados por Tamayo en este boom del fanatismo religioso vuelven a emparentarlo con el conspiracionismo. ¿Ejemplos? Justificación de la violencia, condena de la modernidad, lectura apocalíptica, negativa y pesimista de la realidad, elevación de lo opinable a verdad absoluta, renuencia a la aceptación de los hechos...

El contexto ideal para la conspiración

Las fotografías de los grandes movimientos sociales y políticos en la pandemia aún salen movidas. Es pronto. No obstante, concita bastante respaldo la idea de que la crisis despliega posibilidades para quienes ofertan explicaciones sencillas a un mundo que parece disparatado. "La relación con lo trascendente sigue muy presente, más aún en situaciones difíciles, aunque ahora esté más desinstitucionalizada", explica Francesc Núñez, profesor de Estudios de Artes y Humanidades de la UOC, que augura un "revivir de lo espiritual", pero no necesariamente por cauces religiosos "institucionales".

El sociólogo Avi Astor coincide en que la "inseguridad general" por la pandemia puede suponer para muchas personas una invitación hacia lo trascendente. Pero también cree que no tiene por qué ser hacia espacios religiosos convencionales. "En este momento de inseguridad, con tanta polarización, hay muchos actores que están aprovechando para divulgar teorías de la conspiración con motivación política. Pretenden conseguir seguimiento aprovechando que hay mucha gente enfadada y desesperada", señala. La facilidad para la diseminación de estas teorías, que cuentan con la autopista sin filtro de las redes sociales y la mensajería digital, contrasta con las dificultades materiales para el culto en las religiones tradicionales por las restricciones durante la pandemia. Es el momento ideal en fondo y forma.

El filósofo Miquel Seguró Mendlewicz, autor de La vida también se piensa, cree que la pandemia, como cualquier "experiencia límite", pone de relieve la "finitud" y puede catalizar una mayor religiosidad en el individuo. Seguró recalca la necesidad de desligar lo religioso de lo "confesional, monoteísta y seguramente católico" que se nos viene a la cabeza al escuchar la palabra. Es mucho más complejo, dice. Es una experiencia individual ante la pregunta sin resolver. Cae el filósofo en la cuenta de que, en la primera hora, su gremio vivió un extraño boom de interés mediático. Una y otra vez los periodistas acudían a Seguró y sus colegas –recuerda ahora– con preguntas profundísimas al hilo de la gran crisis. "Ahora ya no llaman", cuenta. En la segunda y tercera ola y las que vengan podría ser el momento de otro tipo de respuestas.

La "defensa de la vida" y de su "dignidad" plena, desde la concepción hasta la muerte: esa es la idea central del pujante movimiento ultracatólico español, que vive la pandemia con agitación y en campaña contra el Gobierno. ¿Por qué? Los motivos son variados, desde la óptica del movimiento. La persecución religiosa. La discriminación de la educación concertada. El autoritarismo. El recorte de libertades. Pero sobresalen dos razones: el aborto y la eutanasia, las dos causas básicas del lobby integrista. El rechazo a la interrupción del embarazo y a la intervención para poner fin a la vida de un paciente que sufre sin perspectiva de cura, incluso contando con su voluntad, son el combustible de las organizaciones "en defensa de la vida". En cambio, han pasado de puntillas por un asunto de máxima actualidad que podría entrar en la esfera de sus preocupaciones vitales: la decisión de la Comunidad de Madrid, presidida por Isabel Díaz Ayuso (PP), de prohibir el traslado de pacientes de residencias de mayores a hospitales, poniendo por escrito "criterios de exclusión", una medida política inédita que supone una discriminación expresa de enfermos por criterios de edad en situaciones de riesgo vital [ver aquí el dosier de la investigación de infoLibre]. En la Comunidad de Madrid han muerto en torno a 6.000 personas en residencias con coronavirus o síntomas compatibles.

¿Y qué dicen de esto las organizaciones "provida"? Poco. Muy poco. Este periódico ha examinado los posicionamientos de 22 organizaciones, sin identificar posicionamientos críticos con esta "exclusión" sanitaria. En siete casos ha habido manifestaciones públicas a través de portavoces o canales, por iniciativa propia, sobre las residencias de mayores, y en tres a posibles discriminaciones, pero siempre en general, no expresamente a los "criterios de exclusión" desvelados por este periódico. infoLibre se ha dirigido a estas 22 entidades, de las que 16 o no han respondido o han afirmado carecer de elementos para una valoración. De las siete restantes, tres introducen algún elemento de crítica a la medida madrileña, pero siempre extendiendo la responsabilidad a otras administraciones. El dedo acusador suele apuntar al Gobierno y singularmente al vicepresidente Pablo Iglesias.

De Sí a la Vida a los propagandistas

El movimiento celebraba este sábado una manifestación virtual por el Día Internacional de la Vida, convocada por la Plataforma Sí a la Vida, integrada por más de una treintena de organizaciones integradas o adheridas, entre ellas la Asociación Católica de Propagandistas, el Centro de Estudios Jurídicos Tomás Moro, el Foro de la Familia, la Fundación Jérôme Lejeune, Derecho a Vivir, One of Us, Hazte Oír... Es decir, la plana mayor de un efervescente movimiento "provida". Esta plataforma "proclama" que "toda vida humana es valiosa, única e irrepetible y tiene una dignidad que no pierde con la edad, la enfermedad o las circunstancias adversas". El manifiesto del que se extrae la frase, firmado en marzo de 2019, estaba pensado para un contexto de debate en torno a la eutanasia y el aborto, con el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos en el punto de mira, no para los protocolos de "exclusión" de Madrid.

infoLibre ha traslado a la Plataforma Sí a la Vida la siguiente solicitud de posicionamiento sobre la exclusión sanitaria de mayores en Madrid:

"Como organización en 'defensa de la vida', ¿qué valoración realiza de una medida así? ¿Considera política, moral o éticamente reprobable la actuación de la Comunidad de Madrid? ¿Tiene previsto su organización adoptar algún tipo de medida? ¿Ha realizado su organización algún pronunciamiento público sobre la cuestión? ¿Se ha debatido internamente de algún modo?".

No ha habido respuesta de la plataforma. Y no es un caso extraño. Tampoco ha respondido a la misma solicitud One of Us, un titán del movimiento ultracatólico de ámbito europeo, en el que aparece como presidente Jaime Mayor Oreja. En su seno hay puntales del movimiento como Hazte Oír y el Foro de la Familia. ¿De qué se ocupa One of Us estos días? De difundir la convocatoria del Día Internacional de la Vida. Celebra que tres universidades de Estados Unidos dejen de promover el Planned Parenthood, un programa de salud sexual, por la presión de un colectivo de estudiantes católicos. Hay un seguimiento constante del debate sobre la eutanasia. One of Us alaba además el "reconocimiento y protección del no nacido" del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Su presidente, Jaime Mayor Oreja, que lo es también de la Fundación Valores y Sociedad, reclama durante la pandemia una "alternativa cultural" ante el Frente Popular, alertando del "desorden y el caos", así como del "riesgo del colectivismo y de una España tan subsidiada que no haya iniciativa". De la exclusión sanitaria de mayores en Madrid, no aparece nada. Valores y Sociedad tampoco responde.

El Foro de la Familia, otro clásico en "defensa de la vida", presidido por Ignacio García Juliá, da testimonio de sus preocupaciones en sus canales de difusión. El Ingreso Mínimo Vital, por ejemplo, es motivo de alerta porque puede "alentar el fraude y el pesebrismo". Inquietan los "ataques a la libertad de educación" de la Ley Celaá, objeto prioritario de las críticas. Es una ley "sectaria y discriminatoria", según el Foro, que mantiene su preocupación por la eutanasia y el aborto, claves de lo que en el movimiento se conoce como "cultura de la muerte". Sobre residencias, hay comentarios genéricos en la cuenta de Twitter, sin señalar en ningún caso a la Comunidad de Madrid. "La tragedia de las residencias de ancianos va mucho más allá del oportunismo político. Por supuesto que es necesario que se depuren responsabilidades, pero hay que ir más allá. Debemos reflexionar sobre lo ocurrido como sociedad, sin excusas". Y añade: "Hay mucho que explicar sobre lo ocurrido en las residencias. TODOS. Lo único seguro es que miles de personas han perdido la vida solos y abandonados, sin poder siquiera despedirse de sus seres queridos". El Foro no respondió a las preguntas de este periódico. Tampoco contesta Red Madre, otra organización provida sin posicionamiento conocido sobre el caso de Madrid.

La falta de alusiones al caso madrileño y el silencio ante las preguntas de infoLibre son una tónica frecuente entre el abanico de asociaciones repasadas. Así es el caso del Centro de Estudios Jurídicos Tomás Moro, de la Fundación Más Vida y de E-Cristians, que ha difundido un artículo de ForumLibertas, Un estado que nos alarma, que acusa al Gobierno de querer "aprobar una ley para matar". E-Cristians centra sus mensajes en el recurso pendiente en el Constitucional sobre la ley del aborto o las "peligrosas" leyes de educación, eutanasia, Lgtbi y trans. Tiene una campaña contra el uso de pornografía, otra contra la eutanasia... Nada, al menos a la vista, sobre la exclusión sanitaria de los mayores en residencias en Madrid

Derecho a Vivir, que impulsa campañas como "Stop aborto en casa" y "Eutanasia: matarte por 'compasión'", no se ha referido específicamente a la exclusión sanitaria en Madrid, ni tampoco responde a este periódico. Su presidenta, Rosana Ribera, ha afirmado como consideración general que "el abandono y el triaje podrían considerarse prácticas eutanásicas", como recogió Europa Press. La instrucción de "exclusión" de la Comunidad de Madrid no es un "triaje", que es una práctica sanitaria homologada y habitual.

La Asociación Católica de Propagandistas, antiabortista y antieutanasia, tampoco responde a este periódico. Su mensaje más repetido estos días es contra la reforma educativa. "Si queremos evitar el triunfo de una izquierda totalitaria que nos lleve al desastre, sólo cabe mirar a la derecha", proclamó en un debate durante la pandemia su presidente, Alfonso Bullón de Mendoza. No constan pronunciamientos sobre la exclusión sanitaria en Madrid.

La Fundación Villacisneros, una organización dedicada a "promover los principios y valores que emanan de la dignidad de la persona y constituyen la esencia de la civilización occidental", combina el rechazo al aborto y la eutanasia con un enfoque ultraliberal de la economía. Su presidente, Íñigo Gómez-Pineda, sugirió en un debate durante la pandemia quitar el derecho al voto "a todo aquel que está subvencionado por el Estado". Tampoco hay rastro de ocupación en el caso de los protocolos sanitarios de Madrid, ni respuesta a las preguntas de infoLibre, alegando los problemas derivados de la pandemia.

De Cidevida a Abogados Cristianos

Hay organizaciones que responden que no tienen nada que responder." No conocemos el tema suficientemente ni hemos debatido el asunto. "Estamos más centrados en la lucha contra el aborto y las casas de acogida", señala un miembro de la directiva de Cidevida, que también se posiciona contra la "banalización de la eutanasia". infoLibre no ha localizado pronunciamientos sobre los "criterios de exclusión" de mayores en Madrid.

La Fundación Jérome Lejeune, con un enfoque católico de la bioética, contrario al aborto y la eutanasia, responde: "Lamentamos no poder responder. No hemos estudiado en detalle lo sucedido ni somos expertos en el tema".

Los posicionamientos sobre residencias son en su mayoría genéricos, lamentando la tragedia, con un enfoque moralizante. Es claro el contraste con el apocalíptico discurso sobre aborto y eutanasia, o sobre educación y sexualidad. Ciencia, Vida y Cultura, ante las preguntas de este periódico, se remite a una declaración de 4 de junio que dice: "Algunos médicos se vieron desbordados por falta de respiradores u otros medios, y no pudieron atender a algunos enfermos –caso especial de los ancianos en las residencias de mayores-, con consecuencias de fallecimiento de muchos de ellos. Este hecho no debe pesar en la conciencia de los médicos o sanitarios o quienes tomaran las decisiones de a quién atender, sino en la de las autoridades sanitarias [...]".

La Federación Española de Asociaciones Provida, con motivo del estado de alarma, lanzó una alerta contra la "cultura de la muerte" por la apertura de las clínicas abortistas, "como si fueran servicios de primera necesidad". La federación, que está en guardia por la "aceleración" de la ley de eutanasia, difunde la campaña "Ningún descarte" contra este proyecto. ¿Y sobre residencias? Tiene una comunicación que, sin aludir a Madrid, apunta al problema "de que, en algunos hospitales y residencias, hay personas que, por su edad o discapacidad, están siendo deliberadamente apartadas de cualquier tipo de tratamiento y dejadas literalmente morir y además completamente solas". "Es cierto que no es algo general, que ante la escasez de recursos y medios personales hay que seguir algún criterio y priorizar, que la situación es desesperada en muchos lugares", expone la federación, que no responde a las preguntas de infoLibre. No hay alusión directa al caso de Madrid y su exclusión sanitaria de mayores.

Otras organizaciones no han hecho manifestaciones sobre el caso, pero, consultadas por este periódico, responden introduciendo algún tipo de cuestionamiento, aunque siempre muy matizado y sin hacer hincapié en el caso madrileño. La Asociación Nacional de Objeción de Conciencia de Personal Biosanitario (Andoc), contra el aborto y la eutanasia, responde a través de su coordinador general, José Antonio Díez: "Por desgracia, como ha recogido la prensa y ha manifestado también la Patronal de Residencias de Mayores y otras muchas instancias, no ha sido Madrid la única comunidad que ha adoptado medidas rechazables, también Cataluña y otras comunidades autónomas y el propio Estado. Afrontar este gravísimo tema sólo en clave política, no hace sino camuflar el problema y diluir las soluciones, introduciendo en una cuestión ética, médica y social, intereses poco claros". "La dignidad humana no admite gradualidad", añade. Andoc no ha hecho ningún pronunciamiento oficial sobre el tema por iniciativa propia.

Aún diluye más la responsabilidad José Castro Velarde, presidente de Enraizados, para quien "el trato realizado a los mayores por el Gobierno de la nación, especialmente por el vicepresidente Iglesias, y seguido en muchas comunidades autónomas, ha sido una de las decisiones más injustas que hayamos podido vivir". ¿Y la exclusión sanitaria de mayores en Madrid, con los protocolos desvelados por este periódico? "No tenemos elementos de juicio para posicionarnos. No ha sido en cualquier caso un problema circunscrito a la Comunidad de Madrid, sino generalizado. En Cataluña también hemos visto situaciones injustas, por poner un ejemplo. [...] Si alguien dice ser el miembro del Gobierno que atiende la agenda social, parece una contradicción que no vele por la salud de los mayores. Pero sabemos que a Iglesias los mayores lo votan menos que los jóvenes", señala el presidente de Enraizados, que durante la pandemia ha lanzado la campaña "No a la demolición de la cruz de los Caídos", al considerar que "en medio de esta crisis sanitaria por el covid-19, están decididos a demolerla" como una forma de "persecución hacia nuestra fe cristiana".

La Asociación Española de Abogados Cristianos es de las más activas durante la pandemia. A base de denuncias públicas y querellas judiciales, carga contra un "Gobierno totalitario" que quiere "cerrar iglesias" por "odio laicista". También contraria al aborto y la eutanasia, Abogados Cristianos se querelló contra Pedro Sánchez por "omisión del deber de socorro" y solicitó "medidas cautelares por la vía urgente para que se administre material para la prevención y medicinas para el tratamiento de la enfermedad en residencias de mayores". “A las residencias no se les está administrando medicinas para el tratamiento de la enfermedad, sino sedación", denunciaba su presidenta, Polonia Castellanos, antes de destaparse los protocolos de Madrid. ¿Qué dice ahora? "Cualquier acto de cualquier administración (local, autonómica o gubernamental) que colabore o incite a la muerte o al suicidio de cualquier persona es reprobable y debe ser castigado para que no vuelva a pasar", responde a este periódico Polonia Castellanos, que en términos genéricos rechaza el "descarte" de personas mayores por obedecer a una "mentalidad eugenésica". Pero el conjunto de la respuesta se dirige no contra la Comunidad de Madrid, sino contra la "izquierda radical". "Desde un comienzo entendimos que se estaba aprovechando el estado de excepción (revestido de estado de alarma) para avanzar hacia ideologías de izquierda radical", añade Castellanos, que alerta de una tendencia del Gobierno a coartar la libertad de expresión que "nos asemeja" a "Venezuela y Corea del Norte". Castellanos planea "más de una decena" de nuevas querellas, pero no aclara si alguna será contra la Comunidad de Madrid.

Hazte Oír ha ignorado hasta la fecha la exclusión sanitaria de mayores en Madrid. Sus energías han estado puestas durante la pandemia en rechazar el estado de alarma y la "ley educativa totalitaria" de un gobierno que, según sus denuncias, vulnera día a día libertades básicas. Hazte Oír, un puntal del ala más dura de las organizaciones "provida", tiene campañas contra la "criminalización" del cardenal Antonio Cañizares, contra el "orgullo gay" en los colegios andaluces, por la salida de Podemos del Gobierno y por el premio Príncipe de Asturias para Amancio Ortega, entre otras. El tema de las residencias se ha abordado sólo para apuntar contra Pablo Iglesias. A preguntas de infoLibre sobre su posición sobre la exclusión sanitaria en Madrid, la respuesta es: "Es evidente que la responsabilidad de los sucedido en las residencias de ancianos es del Gobierno de España, y más concretamente del vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias. De hecho, Iglesias es uno de los miembros del Gobierno contra quien Hazte Oír ha presentado una querella criminal en el Tribunal Supremo por seis delitos, entre ellos el de homicidio imprudente".

Hay un pronunciamiento público por iniciativa propia sobre el caso de la discriminación de mayores en la Comunidad de Madrid, a cargo de Profesionales por la Ética, aunque sin referirse al caso de la exclusión de pacientes de residencias. ¿En qué consiste? En su cuenta de Twitter, Profesionales por la Ética da las "gracias" a la diputada de Vox Gádor Joya y a la Asociación Bioética de Madrid "por cuidar la vida de nuestros mayores", compartiendo a su vez un tuit de Joya que decía: "En la Comunidad de Madrid sigue vigente un protocolo para atención primaria que discrimina a los mayores. [...] Por favor, procedan a modificarlo o tendremos que creer que las vidas de nuestros mayores no les importan".

Profesionales por la Ética, que ahora centra sus mensajes en la "libertad educativa" y en el rechazo a la eutanasia –de la que se pregunta si no sirve para "ahorrar pensiones"–, no responde a las preguntas de este periódico sobre la exclusión sanitaria de mayores en Madrid. Antes de que estallara el caso de Madrid, acusaba al Gobierno de "mentalidad eutanásica" y se sumaba a la denuncia de la diputada de Vox Macarena Olona, según la cual el Ejecutivo estaba impulsando la eutanasia en residencias "por la vía de los hechos".

Tampoco responde a este periódico Vox, partido "defensor de la vida" y principal referente político del lobby integrista, sobre su posición acerca de los protocolos excluyentes en Madrid. El partido de Rocío Monasterio pone la carga de responsabilidad en el Gobierno, al que hace directamente responsable de los muertos en las residencias.

Tampoco responde sobre la exclusión sanitaria en Madrid la Conferencia Episcopal Española (CEE), siempre atenta en los casos del aborto y la eutanasia, que ha convocado rezos por los afectados por la pandemia, en especial en las residencias.

A Santiago Abascal le entusiasma la posición del presidente de Estados Unidos ante los crecientes altercados de base racial en Estados Unidos. "¡Bien por Trump! En España el PSOE los sientan en el consejo de ministros y en el CNI", escribe el presidente de Vox en Twitter junto a un mensaje de Donald Trump anunciando que declarará grupo "terrorista" a la organización "Antifa". Otros dirigentes ultraderechistas también alaban a Trump, acusado de alimentar la tensión con sus declaraciones incendiarias. Vox también ha atizado el fuego de la cuestión racial y migratoria en España en plena crisis, señalando con el dedo la inmigración, justo cuando ha experimentado una caída a raíz de la pandemia, y vinculándola con contagios e inseguridad, además de con gasto sanitario, e incluso acusando a los extranjeros sin papeles enfermos de recibir trato de favor.

Este lunes Vox dio un paso más en el señalamiento al afirmar que el Ingreso Mínimo Vital (IMV) supondrá "un efecto llamada a gritos", a pesar de que el decreto que regula esta prestación indica que sólo pueden acceder a ella los extranjeros con residencia legal en España de al menos un año, así como víctimas de trata, explotación sexual o violencia de género, aunque no tengan residencia legal.

infoLibre repasa las iniciativas de Vox que señalan a los inmigrantes como focos de contagio, violentos o beneficiarios de trato de favor a lo largo de toda la crisis. El PP también ha alertado del "efecto llamada" de las políticas del Gobierno.

Riesgo de contagio

El elemento central de las alertas de Vox: inmigrantes contagiosos. Vox presentó el 20 de abril una pregunta sobre las "medidas previstas para que la llegada de inmigrantes en patera no se convierta en foco de infección paralelo por covid-19 en España, así como medidas alternativas puestas en marcha para hacer frente a las oleadas de inmigrantes ilegales a las costas españolas" [ver aquí]. Formularon la pregunta siete diputados, entre ellos Rocío de Meer, con escaño por Almería y portavoz de la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. La pregunta alude a un documento de la Unión Federal de Policía (UFP), según el cual los "centros de acogida de inmigrantes procedentes de patera [sic] se convertirán en el segundo gran foco de infección[...]". "Teniendo en cuenta la imposibilidad de expulsión [...], se abre un frente peligroso en el marco de las llegadas masivas de inmigrantes ilegales", señala Vox, que alerta de un "peligro para la salud pública".

En una pregunta de 7 de abril firmada por el diputado por Almería Carlos Hugo Fernández-Roca, Vox se interesa por la "seguridad sanitaria" de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de las Fuerzas Armadas ante el "asalto" y la "entrada masiva y violenta" por la valla de Melilla [ver aquí]. El Gobierno garantiza la protección de los agentes en su respuesta [ver aquí].

La diputada por Ceuta María Teresa López pregunta el 13 de abril por qué "no se han llevado a cabo las devoluciones en caliente avaladas en enero por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos" [ver aquí]. El escrito está centrado en Melilla. La pregunta expresa el temor a que "unos 50 inmigrantes" que han saltado la valla estén contagiados. "Con la población inmigrante que soporta Melilla en estos momentos, ¿tiene el Gobierno un plan de emergencia en caso de que se produzca un contagio masivo entre esa población?". Vox se interesa además en esa pregunta por el lugar para acoger a los subsaharianos que se encuentran en el CETI [Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes] de Melilla", así como las medidas en caso de "contagio masivo entre dicha población". La respuesta del Gobierno es esta: "Se verá en cada caso si procede la expulsión, pero, de ser así, no podrá materializarse hasta que no se normalice la situación de las fronteras, cerradas por la actual crisis sanitaria" [ver aquí]. Otra pregunta de María Teresa López alerta de un posible "contagio masivo" en los CETI. "¿Tiene el Gobierno un plan de urgencia?" [ver aquí].

Carla Toscano, diputada por Madrid, pregunta el 4 de mayo por las "medidas previstas para evitar el contagio en los Centros de Participación e Integración de Inmigrantes de la Comunidad de Madrid" [ver aquí]. El "peligro de contagio" también forma parte de la argumentación que llevó a Vox a solicitar la comparecencia en el Congreso del Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, tras haber defendido liberar a los internos en Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) al ser imposible expulsarlos durante la crisis. "¿Se ha realizado las pruebas de la covid-19 a estos detenidos para saber si son un peligro de contagio para el resto de la sociedad? ¿El estado de alarma supone un incumplimiento de las normativas relativas a las políticas de inmigración ilegal?", preguntaba Vox el 25 de marzo [ver aquí]. La posición del partido es esta: "Una vez finalizado el estado de alarma, todos los ilegales internos deben ser expulsados". Vox defiende la permanencia de los inmigrantes en los CIE durante el estado de alarma, a pesar de que numerosas ONG han alertado del riesgo de contagio en estos centros, a menudo saturados.

El peligro de infección de los inmigrantes no es un interés exclusivo de Vox en el Congreso. El partido preguntará este jueves en el pleno del Parlamento andaluz, donde es sostén del Gobierno de PP y Cs, por "inmigrantes irregulares contagiados por el covid-19" [ver aquí]. Este periódico preguntó a Vox Andalucía si disponía de datos sobre contagios de inmigrantes, sin respuesta.

Altercados y menores

La diputada por Ceuta María Teresa López se interesa el 15 de abril por la fecha prevista para un traslado de inmigrantes [ver aquí]. "El Pabellón La Libertad que Delegación del Gobierno en Ceuta se incautó [sic] de la Ciudad Autónoma debido al estado de alarma y con el objetivo de acoger a inmigrantes, menores extranjeros no acompañados que estaban en las calles [...] está ocasionando innumerables altercados [...] donde a diario se están produciendo peleas, enfrentamientos e intentos de suicidio", indica Vox.

El Gobierno responde que la clausura por parte de Marruecos del paso fronterizo de Tarajal provocó que "numerosos ciudadanos marroquíes trasfronterizos quedasen atrapados en Ceuta sin un domicilio propio y sin posibilidad de retorno" [ver aquí]. El Polideportivo La Libertad se utiliza para el alojamiento de estos inmigrantes, mientras el CITE sigue el criterio de acoger a "extranjeros en situación irregular de otras nacionalidades, así como solicitantes de asilo". En cuanto a la seguridad en el centro, está a cargo de la misma la Comunidad de Ceuta, informa el Gobierno.

López había preguntado por este mismo tema con anterioridad, el 2 de abril [ver aquí]. Le preocupaba a la diputada que 200 inmigrantes y menores no acompañados ocupasen plazas en el Pabellón La Libertad y en el Polideportivo Santa Amelia de Ceuta. Y preguntaba: "¿Cuándo piensa el Gobierno llevar a cabo ese traslado para dejar libres esos pabellones que en la situación de estado de alarma en la que nos encontramos pueden ser necesarios para necesidades de asistencia a los ceutíes?". El Gobierno responde seca y parcialmente: la competencia sobre acogimiento y protección de menores es de la Ciudad Autónoma de Ceuta [ver aquí].

Juan José Aizcorbe, diputado por Barcelona, también se interesa el 3 de abril por los menores en plena pandemia. Concretamente, quiere saber si todas las comunidades "realizan las mismas pruebas y el mismo protocolo" para medir la edad de los menores [ver aquí]. "Existen numerosas situaciones de fraude de ley, con el objeto de acogerse al régimen de minoría de edad para evitar un expediente de expulsión y obtener un régimen favorable en cuanto a acceso a futuros permisos de residencia y trabajo". El Gobierno responde que la decisión es de los médicos [ver aquí].

Vienen a por "atención sanitaria"

María de la Cabeza Ruiz, diputada por Madrid, aparece como primera firmante de otra pregunta que ya contiene en sí misma una afirmación: "Permisividad del Gobierno ante la llegada de inmigrantes ilegales sin control sanitario a nuestras costas, así como medidas previstas contra las ONG que siguen ejerciendo de taxistas de las mafias traficantes de seres humanos en medio de una pandemia" [ver aquí]. Fue presentada el 20 de abril. "Nada se hace para controlar la llegada de inmigrantes ilegales que siguen desembarcando en nuestras costas con la ayuda de las ONG sin ningún tipo de control, sin saber cuántos de ellos pueden estar contribuyendo a expandir la pandemia", señala el texto. "Cientos de inmigrantes, apoyados en las mafias y con la colaboración necesaria de las ONG, planean alcanzar nuestras costas donde pretenden encontrar [...] la atención sanitaria que no podrán recibir en sus países de origen".

Vox pregunta al Gobierno si "va a seguir permitiendo que cientos de inmigrantes ilegales sin control sanitario sigan llegando a nuestras costas y saltando nuestras vallas, poniendo en grave riesgo la salud [...] de todos los ciudadanos españoles". También pregunta por medidas "contra las ONG" que hacen de "taxistas" de las "mafias". Y vincula directamente la llegada de inmigrantes con la posible saturación del sistema sanitario: "¿Cree que el Gobierno que nuestro sistema sanitario podría soportar [...] el recrudecimiento de la situación que podría ocasionar la entrada descontrolada de inmigrantes [...]?

infoLibre ha preguntado a Vox por su posición sobre el fin de la cuarentena para turistas a partir del 1 de julio, así como sobre la entrada del príncipe belga Joaquín, sin respuesta.

En "hoteles de lujo"

Vox acusa al Gobierno de reubicar inmigrantes ilegales en "hoteles de lujo". Así se titula una pregunta, presentada el 15 de abril, con la firma de Rocío de Merr: "Pretensión del Gobierno de reubicar a todos los inmigrantes ilegales que supongan un riesgo en hoteles de lujo, facilitación de los mismos medios a todos los españoles y efecto llamada que esta política conllevará" [ver aquí]. "Se ha conocido por diversas publicaciones en medios y evidencias fotográficas, la ubicación de los recién llegados [siete inmigrantes llegados a Almería positivo por coronavirus, según Vox] en el Hotel Cabo de Gata Senator****, disponiendo de todos los medios de protección a su disposición (mascarillas, EPIS, pantallas protectoras, gel hidroalcohólico...)". Vox pregunta al Gobierno si "pretende reubicar a todos los inmigrantes ilegales que supongan un riesgo en la actual crisis sanitaria en hoteles de lujo" y si "va a facilitar los medios medios a todos los españoles que llevan un mes demandando". Y concluye: "¿Es consciente el Gobierno del efecto llamada que esta política conllevará?".

Esta pregunta ya tiene contestación del Gobierno. Brevísima. "El Gobierno actúa para evitar situaciones de desamparo entre los sectores más vulnerables durante la vigencia del estado de alarma, sin perjuicio de la aplicación de la Ley de Extranjería" [ver aquí].

Los inmigrantes a los que se refiere Vox fueron trasladados al Hotel Cabo de Gata Senator Hotes & Resorts, en Almería, de cuatro estrellas, tras negar el Ayuntamiento de Alhama su envío a dicho municipio, según informó Ideal. Cruz Roja agradeció públicamente al hotel la cesión de sus instalaciones.

Antes de esta, Vox ya hizo al menos dos primeras preguntas sobre estos siete inmigrantes: "¿Dónde han sido ubicados finalmente los inmigrantes ilegales que han dado resultados positivos? ¿Se van a garantizar las condiciones que impidan su contacto y foco de contagio? ¿De qué manera?" [ver aquí y aquí].

La llegada de los inmigrantes a Almería también da cobertura a otra pregunta de De Meer, de 14 de abril [ver aquí]. "¿Tiene previsto el Gobierno cerrar los puertos definitivamente a la llegada de inmigrantes ilegales?", señala. Vox ha dado mucho protagonismo al caso de los inmigrantes a Almería, incluida una comunicación en su web: "Vox pregunta por la llegada de inmigrantes contagiados por covid-19 a Almería".

Reforzamiento de fronteras

Otra pregunta de 15 de abril, también de De Meer, se interesa por cómo se va a garantizar que los expedientes de "expulsión sea ejecutados cuando sea posible el retorno a los países de origen" [ver aquí]. Se trata de evitar que el desalojo de los CIE para evitar contagios impida que se ejecuten las expulsiones.

A la preocupación de no poder expulsarlos se suma otra: que entren. "¿Tiene previsto el Gobierno reforzar los controles para evitar la entrada de inmigrantes?", pregunta De Meer el 14 de abril [ver aquí]. La respuesta es genérica y defiende que se actuará "buscando en todo caso una inmigración ordenada y regular, ajustándose a las restricciones derivadas del estado de alarma". [ver aquí].

También De Meer pregunta el 14 de abril si hay previsión del Gobierno de "exigir al Reino de Marruecos el control de salida de sus fronteras para evitar la llegada de inmigrantes" [ver aquí]. Se alude de nuevo a que ello supone "un peligro para la salud pública". Según la Universidad Johns Hopkins, Marruecos tiene 7.819 casos confirmados y 205 muertes, cuando España se acerca a las 30.000 muertes. El Gobierno defiende la cooperación con Marruecos y señala que "las llegadas irregulares a España en 2020 han disminuido hasta el 5 de mayo un 26%. [ver aquí]

La idea de una "oleada" o un "repunte" salpica los escritos de vox. El diputado por Almería Carlos Hugo Fernández-Roca firma junto a De Meer el 5 de mayo una pregunta que señala que han llegado 50 personas al puerto de Almería, dos más a nado a Melilla y otras tres más a Níjar, citando "informaciones publicadas". "¿Qué medidas va a adoptar el Gobierno para preservar la seguridad sanitaria de los almerienses ante un previsible repunte de la llegada de inmigrantes?" [ver aquí]

Pasar la factura al país de origen

Vox pretende que el Gobierno exija a los países de origen de los inmigrantes llegados irregularmente el pago de las pruebas y tratamientos. Así lo reclama en una pregunta de 14 de abril, también de De Meer [ver aquí]. "No sólo no se ha detenido la llegada de inmigración ilegal a nuestras costas, sino que además ha resultado confirmada la primera entrada de inmigrantes ilegales contagiados por covid-19". Se refiere a los llegados a Almería, un caso al que Vox ha sacado jugo. "¿Va a exigir el Reino de España a los países de origen de los inmigrantes ilegales la remuneración por los tratamientos y pruebas médicas dispensadas a sus nacionales".

La respuesta del Gobierno llegó el 21 de mayo: no [ver aquí]. "No es intención del Gobierno exigir a los países de origen de las personas en situación irregular la remuneración por tratamientos o pruebas médicas dispensadas a sus nacionales". La respuesta señala que uno de los "ejes" de la política migratoria es "la protección de las personas más vulnerables, sobre todo en contextos humanitarios frágiles".

Vox se interesa, en un escrito firmado el 13 de marzo y presentado el 14, día de declaración del estado de alarmapor unas palabras del ministro José Luis Escrivá que señalaban que el Gobierno orientaría su política migratoria a la "solidaridad". La pregunta lleva por título: "Criterios que priorizará el Gobierno para ayudas a los inmigrantes en el caso de que la solidaridad choque con la legalidad" [ver aquí]. "¿Qué priorizará? ¿La solidaridad o la legalidad? ¿Cómo piensa afrontar el Gobierno el choque entre la legalidad y la solidaridad?". "El consenso que se pide a todos los grupos es precisamente para evitar que la solidaridad y la legalidad entren en conflicto", responde el Gobierno [ver aquí].

PP: "Efecto llamada"

El PP emplea una retórica y unos planteamientos más suaves. Las preguntas son de este tenor: ¿Cuántos inmigrantes está previsto que lleguen? [ver aquí], ¿cuántos han llegado de manera irregular saltando las vallas? [ver aquí], ¿cómo se protege a los agentes en los "saltos de la valla"? [ver aquí]. Lo que sí introduce el PP es el "efecto llamada". El 8 de abril, a través de su diputada María Auxiliadora Pérez, planteó si el Gobierno consideraba que la decisión de no trasladar a los inmigrantes a los CIE en Canarias podía generar "un efecto llamada" [ver aquí]. El Gobierno respondió en sentido negativo [ver aquí]. "Además del internamiento en el CIE, [la ley] establece otras medidas como la presentación periódica ante las autoridades policiales, la residencia obligatoria en un determinado lugar o la retirada del pasaporte", señala la respuesta. La base de la pregunta era que "la llegada irregular de inmigrantes, tanto por mar como saltando la valla" en Ceuta y Melilla, "se agrava en verano".

La diputada Teresa Angulo, en una pregunta de 26 de marzo, se interesa por las medidas para evitar la "expansión" del virus en los CIE "para la protección de las personas inmigrantes residentes y del personal que presta sus servicios [ver aquí]. "El número de internos se está reduciendo por agotamiento de los plazos máximos (60 días) de internamiento sin que pueda materializarse el retorno e imposibilidad de llevar a cabo la repatriación", responde el Gobierno [ver aquí].