El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha enviado este lunes una carta a 13 inmobiliarias y fondos de inversión para indicarles que deben prorrogar los contratos de sus inquilinos, que así lo soliciten, que caduquen entre el pasado 22 de marzo y el 31 de diciembre de 2027, según informa EFE. 

Entre todos ellos concentran más de 100.000 viviendas de alquiler en todo el país, según ha apuntado en un comunicado el departamento que dirige Pablo Bustinduy.

La misiva recuerda a estas empresas que la prórroga de los contratos de alquiler deberá ser aceptada obligatoriamente una vez sea solicitada por el arrendatario, según el reciente real decreto-ley aprobado por el Consejo de Ministros y que por el momento no cuenta con una mayoría parlamentaria suficiente para ser convalidado en el Congreso de los Diputados.

El Ministerio ha solicitado a las entidades la máxima diligencia para asegurar la correcta aplicación de las medidas, así como la adopción de los procedimientos internos necesarios para su cumplimiento inmediato. El documento remitido a estas compañías explica, por tanto, la prórroga extraordinaria de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual.

En función de este decreto, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 21 de marzo, el inquilino podrá renovar de forma extraordinaria su contrato de alquiler una vez finalice la duración de este por plazos anuales, y hasta un máximo de dos años adicionales, siempre que el contrato estuviese entre el 22 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027.

Por tanto, la norma genera un nuevo derecho de renovación del plazo del contrato de alquiler por dos años que, previa solicitud del inquilino, deberá ser aceptado obligatoriamente por el arrendador, manteniéndose los términos y condiciones del contrato en vigor.

Esto no será de aplicación cuando arrendador y arrendatario acuerden la renovación del contrato de arrendamiento, o la celebración de uno nuevo, con una renta inferior a la prevista en el contrato vigente. 

El decreto establece asimismo una limitación extraordinaria de la actualización anual de la renta del 2%, aunque si el arrendador no es "gran tenedor", ésta deberá llevarse a cabo con acuerdo entre las partes.

Sumar empuja con toda su fuerza. El objetivo es que el Congreso convalide el decreto con medidas de vivienda aprobado el pasado viernes tras un duro enfrentamiento con el ala socialista durante la reunión extraordinaria del Consejo de Ministros para alumbrar ayudas que reduzcan el impacto económico de la guerra de Irán. Ahora mismo no salen las cuentas en la Cámara Baja.

La vivienda se ha convertido en la principal bandera política para los partidos del espacio de Sumar, que van a llevar la presión también a la calle hasta la votación en la Cámara Baja (aún sin fecha concreta, pero el texto debe pasar por la Carrera de San Jerónimo en un plazo máximo de 30 días). Para esta ala del Gobierno, la crisis habitacional es el principal problema del país y por eso busca poder aplicar medidas más intervencionistas en un mercado desbocado.

Pero no es solo una cuestión de sus dirigentes. Las propias bases de esos partidos y sus simpatizantes también empujan para que se adopten soluciones más efectivas para controlar los precios del alquiler y de la venta, que baten récords cada mes. Y es que el electorado progresista muestra unos grados de preocupación más altos que los votantes del PP y de Vox por la vivienda.

¿Cuál es el problema que más te afecta personalmente? Ante esta pregunta del barómetro de marzo del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el 19,8% de los votantes que eligieron Sumar el 23J (donde se incluye Podemos) responde que la vivienda. En el caso de los socialistas, el porcentaje es del 15,1%, mientras que esa primera contestación la da el 9% de los que apoyaron al PP en las últimas elecciones y el 8,8% de los de Vox.

En el caso del Partido Popular, entre sus votantes hay más preocupación personal por la crisis económica (15,4%). Y en el ámbito de Vox, sus electores colocan por encima de la vivienda las cuestiones de la crisis económica (23,4%) y de la migración (9,3%). En cambio, la vivienda aparece en primer lugar tanto para los que apoyaron a Sumar como los que respaldaron a Pedro Sánchez.

Si se tienen en cuenta los tres problemas personales más citados, como recoge el CIS, los votantes de Sumar son los que están más preocupados (con un 40,8%), por delante de los del PSOE (28,9%), de los del PP (21,1%) y de los de Vox (19,4%).

Además, los votantes de la izquierda transformadora son también los que consideran en mayor medida que la vivienda es el principal problema del país (lo cita como primera opción el 46,3%). Después aparecen los electores de EH Bildu (40,9%), ERC (36,8%), BNG (35,6%) y PSOE (31,8%). En cambio, sólo cita la vivienda como primera gran preocupación del país el 17,2% del electorado del PP y el 5,8% de Vox.

Las miradas están puestas de igual manera en Junts, que ha cargado duramente contra el decreto de vivienda aprobado el viernes. ¿Qué opinan sus electores? Según la encuesta del CIS, la vivienda es el segundo problema que más afecta personalmente a los votantes de Puigdemont, ya que el 9% la cita en lo más alto. Solo lo superan las cuestiones de índole económica (15,8), y tiene muy cerca la inseguridad ciudadana (8,7%). Cuando se pregunta a nivel general cuál es el principal problema de país, los votantes posconvergentes sí sitúan a la vivienda en primer lugar (23,7%), por delante de la inmigración (13,8%).

A pesar de que ahora mismo el decreto parece abocado a no salir adelante en el Congreso, los ministros de Sumar están planteando una gran ofensiva para convencer a los partidos que están en el no. El titular de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, señaló este lunes: "Tenemos un mes para organizar la mayor campaña posible de presión para que cuando los diputados vayan a pulsar el botón de la votación se sepa quién defiende a la gente y quién defiende los intereses de una clase rentista que se está forrando a su costa”.

El ministro calculó que la prórroga por dos años de los contratos de alquiler que recoge el decreto afecta a un millón de revisiones y a dos millones de ciudadanos. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, animó a los inquilinos a reclamar ya esa aplicación al estar vigente el texto acordado por el Consejo de Ministros.

El ala de Sumar en el Gobierno quiso escenificar este lunes una foto de unidad en la reunión del grupo parlamentario en el Congreso, a la que acudieron todos los ministros. Díaz lanzó este mensaje: "Yo quiero dar la enhorabuena a los ministros y ministras, y a todo el espacio político de Sumar, porque la batalla fue gruesa. Hemos tenido ya tantas de estas dentro del Gobierno que es importante darlas para justamente ganarlas”. Acto seguido, remarcó: "Lo que os pido es que hagamos lo que estamos haciendo, que lo estamos haciendo bien. Que sigamos ganando derechos, que tengamos mucha fortaleza, mucha entereza”.

En esta reunión, la titular de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, expresó: “No sabéis la cantidad de gente que me ha escrito durante el fin de semana, a izquierdas y derechas, para darme la enhorabuena por habernos plantado y haber puesto esto en el foco”. “Necesitamos hacer un torniquete al principal motivo de sangría de los salarios y de la vida tranquila de nuestro país. Nos han llegado a decir que era un paripé. Pues bienvenidos todos los paripés que les ahorren 400, 500 o 600 euros a las familias”.

En el espacio de Sumar hay una queja constante a los frenos que ponen los socialistas a la hora de tomar medidas efectivas y hay un enfrentamiento constante con el Ministerio de Vivienda que dirige Isabel Rodríguez. Asimismo, hay un convencimiento de que se debe ir mucho más allá en esta materia si se quiere conservar el Palacio de la Moncloa en las elecciones del próximo año.

El ala socialista era reacia a incluir estas medidas ante el escenario de que no salga el decreto en el Congreso. Finalmente aceptó otro texto específico. En cambio, los ministros de Sumar asumen ese riesgo de perder la votación, pero creen que todos los partidos deben quedar retratados con su posición en la Cámara Baja.

Esta presión de Sumar llega también en un momento de convulsión en la izquierdas tras los malos resultados en Aragón y en Castilla y León. Los partidos del espacio de Sumar están organizando nuevos actos en Cataluña y en Andalucía, aunque también se ha acelerado el debate sobre los nombres. La semana pasada el ministro Bustinduy descartó ser el número uno, una plaza ahora vacía tras la decisión de Díaz de no volver a presentarse. Mientras, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, continuará con su agenda de actos con uno en Barcelona junto a Irene Montero (Podemos) el próximo 9 de abril.

21 de febrero de 2026. En la Sala de Columnas del Círculo de Bellas Artes no cabe ni un alfiler. Desde los ventanales se divisa todo Madrid, como si fuera un cuadro de Antonio López. La izquierda hierve. Resuenan por los altavoces canciones de Bad Bunny. Todo listo para el acto de relanzamiento del espacio de Sumar. Aparece por una de las puertas Pablo Bustinduy. Los presentes rompen a aplaudir. Le jalean y le abrazan. Muchos lo ven y piensan que debe ser el elegido.

El ministro de Derechos Sociales es uno de los grandes referentes hoy del espacio progresista. De formas tranquilas y educadas, pero con espíritu peleón. Y con la obsesión eterna de avanzar en el estado del bienestar. Una marca propia desde que se convirtió en uno de los rostros esenciales del 15-M. Además, fue uno de los pilares de la primera etapa de Podemos, donde ejerció como responsable de Relaciones Internacionales y actuó, por ejemplo, como vínculo con la Syriza de Alexis Tsipras.

Pero Bustinduy no va a ser el mirlo blanco de la izquierda para las próximas elecciones generales. Él mismo se descartó otra vez este miércoles como posible número uno de una candidatura que todavía no está armada después de que su nombre volviera a resonar con fuerza durante las últimas horas. El ministro de Derechos Sociales ha querido dejar claro que no opta a encabezar la plancha electoral. “No creo que sea el papel que debo asumir”, afirmó tajante en los pasillos del Congreso.

Todo un jarro de agua fría para muchos dentro del espacio. Porque, además, es el ministro de Sumar que tiene mejor valoración entre los ciudadanos. Según el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de enero, es el tercer miembro del Ejecutivo con mayor puntuación, por detrás de Carlos Cuerpo (Economía) y Margarita Robles (Defensa), que pertenecen al ala socialista.

Pero, ¿por qué Bustinduy se aparta de la carrera por encabezar la lista? ¿Por qué dice que no ante un consenso generalizado sobre su figura? El ministro lleva tiempo trasladando en privado que no quiere ocupar ese espacio, según fuentes conocedoras. Considera que no tiene el perfil que hace falta para el próximo ciclo político. 

Durante este tiempo, sí ha señalado a dirigentes de la izquierda que va a dejarse la piel empujando para que salgan bien las próximas elecciones. El análisis que hace durante estos días el titular de Derechos Sociales es que, más allá de las dificultades del momento, el proceso del espacio abierto en el Círculo de Bellas Artes ha empezado bien y se están llevando las cosas en la dirección correcta. Él acompañará a quien sea la persona elegida en este camino para recobrar el pulso en las urnas.

“Dice en privado lo mismo que en público. No quiere ser el candidato. Es sincero”, señalan fuentes gubernamentales del ala de Sumar sobre la decisión de Bustinduy, además de descartar que el ministro esté jugando al despiste en estos momentos para reaparecer en la carrera final. Además, diversos dirigentes del espacio también señalan el componente “personal” a la hora de no lanzarse a liderar una candidatura: “Es padre. Ya pasa muchas horas en el Ministerio. Muchas veces duerme poco por todo el trabajo. Sabe lo que significaría ocupar también ese puesto”.

Otro componente destacado para tomar esa decisión, según señalan algunos interlocutores, es su animadversión a la vida interna de las formaciones políticas y a las rencillas por los egos. En conversaciones con algunos dirigentes ha sacado a relucir que las peleas dentro de los partidos queman mucho más que la propia gestión o la batalla política.

Asimismo, dirigentes de su espacio indican que no tiene una ambición desmedida por ascender políticamente: “Él se conforma con ser ministro. Además, ha visto cómo han tratado a la propia Yolanda Díaz hasta los suyos”. El titular de Derechos Sociales, como manifiestan fuentes conocedoras, es feliz pensando en el día después de la política “leyendo un libro bajo un árbol”.

Mientras sigue el debate sobre la candidatura, el dirigente se centra en la dura negociación que mantienen Sumar y el PSOE de cara al decreto que aprobará el viernes el Consejo de Ministros con medidas para paliar los efectos de la guerra de Irán. Bustinduy está tratando de que los socialistas también acepten medidas relacionadas con la vivienda, algo que hasta el momento rechazan en La Moncloa, donde piensan en la necesidad de armar un paquete que cuente con el visto bueno también del PNV y de Junts en el Congreso.

Fuentes del Ministerio de Derechos Sociales indican: “Bustinduy va a trabajar y va a poner todo de su parte para construir la mejor candidatura posible para la izquierda en las próximas elecciones. Tanto las organizaciones como el resto de ministros de Sumar tienen claro que no hay que repetir errores del pasado y que lo primero que hay que resolver es el qué y no el quién”.

“Quizá no es habitual en política que una persona se descarte para ocupar una posición de poder, pero también es lo más honesto y constructivo saber situarse en la posición en la que uno considera que más útil puede ser para el futuro de una izquierda que se enfrenta a un mundo en llamas por culpa de la extrema derecha y cuyo objetivo no puede ser otro que revalidar el Gobierno de coalición con más fuerza parlamentaria y social para que España siga siendo un referente progresista internacional”, añaden. 

Añaden en este sentido: “El objetivo de la izquierda no puede ser conformarse con la situación actual. Hay que construir una candidatura amplia y con ambición, que vuelva a reagrupar lo mejor de las organizaciones y de la sociedad civil. Bustinduy participará de este proceso con el único fin de que el proyecto de la izquierda en las próximas elecciones sea el más robusto y potente posible”.

Fuentes de Más Madrid señalan que veían con buenos ojos la candidatura de Bustinduy y destacan que generaba gran consenso en el espacio, pero respetan su decisión personal de no lanzarse a liderar el espacio. Reconocen que ya se están valorando diferentes nombres y opciones, aunque descartan poner una fecha: “Hay que hacer las cosas bien”.

Dentro del espacio, Izquierda Unida quiere que se “acelere” el proceso dentro de la izquierda para elegir al número uno de la candidatura, aunque evitan fijar un calendario concreto. “Queremos que todo vaya más rápido, pero que se haga bien y que esté bien trabajado entre Más Madrid, los comunes, Movimiento Sumar y nosotros”, remarcan las fuentes consultadas. Acto seguido, inciden en que cualquier decisión sobre nombres debe ser votada por su militancia.

Fuentes de Movimiento Sumar hacen esta reflexión sobre la hoja de ruta: “Entendemos el debate, pero no nos ponemos ni fechas ni límites. El 21-F sigue vigente en el sentido de que sigue siendo necesario avanzar en el método, en la participación y en ensanchar el proyecto político. Hay que seguir sumando gente y acumulando fuerzas. Y después, los liderazgos. Pero esos liderazgos, como hemos dicho siempre, no deben ser un acuerdo a cuatro porque el objetivo es incluir a mucha más gente”.

"Pablo [Bustinduy] ha sido claro estos días y nosotras vamos a respetar su posición. Estamos centrados en lo importante: el escudo social, la prórroga de los alquileres, las políticas de vivienda y las medidas que puedan paliar los efectos de la guerra de Trump y Netanyahu en los ciudadanos de nuestro país y en los que estamos trabajando con mucho empeño", añaden las fuentes.

Asimismo, diferentes actores del espacio señalan que todavía hay camino por recorrer de cara a esa candidatura y que se debe tener en cuenta el proceso de debate abierto a la vez por Gabriel Rufián. La figura del portavoz de Esquerra tiene también mucho tirón entre miembros del espacio de Sumar, que no descartan que finalmente sea el republicano quien termine liderando a las izquierdas en las generales aunque no sea de uno de sus partidos.

En el espacio de las izquierdas se mira además con lupa el proceso de reflexión abierto por Podemos después de los resultados en las elecciones de Castilla y León, aunque, por el momento, no se ha concretado ningún paso y la dirección nacional achaca el crecimiento de la ultraderecha a la falta de valentía del actual Gobierno de coalición.

Lo que quedó claro este miércoles es que Bustinduy no será el líder de la plancha electoral. Un político diferente con poso intelectual, que salió de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense y que siempre respiró aires internacionales. Cuando el ruido político cesa, al final del día siempre le esperan decenas de libros en varios idiomas apilados en sus estanterías. Y ahí vuelve a respirar.

El nombre de Pablo Bustinduy, ahora ministro de Consumo del Gobierno había sonado con fuerza para liderar el espacio a la izquierda del PSOE, como pedían algunos partidos de Sumar, pero este miércoles ha sido tajante al responder a los periodistas a su llegada al pleno del Congreso, que no cree que "ese sea el papel que yo deba asumir".

El ministro, eso sí, ha señalado que va a contribuir en todo lo que esté en su mano para que la izquierda esté a la altura en las elecciones del 2027, después de que la líder de Sumar, Yolanda Díaz, haya confirmado que no se presentará como candidata.

En los pasillos del Congreso, el portavoz de IU, Enrique Santiago, pidió una "reflexión general" para avanzar en la definición del liderazgo del movimiento que está a la izquierda del PSOE, algo que ya había sugerido también Gabriel Rufián tras las elecciones en Castilla y León cuando el espacio a la izquierda del PSOE no obtuvo ningún escaño, "no hacer algo (o hacer lo de siempre) es pura negligencia".

Santiago ha asegurado que "no estamos pidiéndole a nadie nada. Lo que estamos es pidiendo una reflexión general para avanzar en definir los liderazgos que son imprescindibles", sin entrar en nombres y sin confirmar ni desmentir si han hablado con el titular de la cartera de Consumo.

Así, la portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha dicho tras la sesión de control al Gobierno que "entre todas" encontrarán "a la persona adecuada" para que pueda liderar el espacio que está a la izquierda del PSOE, como era el plan que tenían y que va a seguir adelante.

“No seré candidata en las próximas elecciones generales de 2027”. Yolanda Díaz ha despejado su futuro y se aparta de la carrera por el liderazgo del espacio de las izquierdas. Se acabó el yolandismo. Y ahora los partidos que han relanzado Sumar se enfrentan a un nuevo proceso en el que perfilar un programa y buscar a una persona que encabece la papeleta.

La izquierda vive unos días de ebullición tras el acto la semana pasada de Gabriel Rufián (ERC) y de Emilio Delgado (Más Madrid) y el relanzamiento del espacio de Sumar a través de una precoalición electoral entre IU, Más Madrid, los comunes y Movimiento Sumar. Díaz no apareció en ninguno de ellos pero los apoyó con determinación externamente. Y ahora deja el espacio libre para canalizar esa ilusión.

El movimiento de Díaz es todo un terremoto en el espacio. Da un paso al lado después de meses de cuestionamiento interno y de presiones para que no repitiera. A la vez, como reconocen varios interlocutores de esos partidos, su decisión supone “desatascar” ese ambiente de vetos que se instaló en la izquierda a raíz de las listas del 23J y dejar una pequeña rendija para que pueda haber algún tipo de entendimiento de última hora con Podemos para las generales, aunque ahora parezca imposible.

Aunque no repita como candidata, Díaz se quedará como vicepresidenta segunda en el Gobierno y como referente institucional. Los miembros del ala de Sumar en el Ejecutivo apoyan plenamente que se mantenga en esa posición a pesar de que no aspire a las generales. De hecho, indican que su papel es esencial y podrá visualizar más su valor en la coalición. “Es la mejor ministra de Trabajo de la democracia”, repiten todos los cargos del espacio.

Fuentes de los partidos trasladan que no hay intención de nombrar a un número uno de manera inmediata para la próxima papeleta de las generales. Los cuatro partidos que se conjuraron el sábado para ir juntos a esos comicios están manteniendo constantes reuniones (ha habido contactos después del acto) y destacan el buen clima existente. Pero creen que ahora no es el momento y “no se dan las condiciones” para hablar de nombres ni para fijar un calendario para ese debate. 

Lo que tienen en mente en los dos próximos meses, según confiesan varios interlocutores, es celebrar actos de unidad, similares al que se produjo en el Círculo de Bellas Artes en Madrid el pasado sábado, tanto en Cataluña (el ámbito político de los comunes) como en Andalucía, una comunidad clave por varias razones: es la que reparte más escaños para el Congreso, hay elecciones autonómicas previsiblemente en junio y es la tierra de Antonio Maíllo, el líder federal de IU y el candidato en esos comicios en el sur.

La pregunta que flota en el ambiente es si la marcha electoral de Díaz puede ayudar a que Podemos vuelva a juntar su camino con los otros partidos como pasó con Sumar el pasado 23J. La vicepresidenta segunda era uno de los principales obstáculos para el reencuentro y ya no estará. 

Los morados no han querido comentar esta decisión, aunque mantienen su postura, a tenor de lo que han dicho algunos referentes como Pablo Echenique: “Ahora mismo, solo existe una fuerza de izquierdas estatal que tenga candidata, militancia, un nombre claro, un discurso coherente, una hoja de servicios y un programa sólido y audaz. Todo lo demás es un marasmo que no lo entienden ni los periodistas de la Corte de Madrid DF”.

En el espacio de Sumar, según señalan en privado algunos de sus dirigentes, se instala la sensación de que Podemos no tiene ninguna intención de pactar. Pero dicen que la marcha de Díaz hace que Movimiento Sumar sea un “pequeño actor más” y no debería ser un problema para un gran frente amplio. Y algunos no descartan que pueda haber un acuerdo in extremis antes de que haya que presentar candidaturas para las generales ante el clima de “emergencia democrática” que vive el país ante el escenario de un Gobierno en el que participe Santiago Abascal (Vox).

Los diferentes interlocutores señalan que todavía hay tiempo para armar la candidatura y que trabajan con el horizonte de que Pedro Sánchez, como ha reiterado, aguante hasta el final de la legislatura en julio del año que viene. “Todo es posible en este tiempo”, como señala una dirigente con mando en plaza del espacio, además de que varias fuentes destacan la importancia también de preparar los nombres para las elecciones autonómicas y municipales, que irán, si todo va según lo planeado, antes que las generales.

Pero, aunque quieren evitarlo, el debate sobre los nombres y las quinielas siempre inunda todos los rincones de los círculos políticos. ¿Quién puede encabezar la candidatura? No hay nada claro ni nadie tiene el cartel de favorito. Dentro del espacio hay sectores que apuestan por una persona independiente que supere la lógica de los partidos, que pueda actuar como paraguas unitario y que represente la cara de la sociedad para frenar a la ultraderecha. 

Dentro del propio Gobierno aparecen varios nombres. El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, despierta el aplauso mayoritario de los partidos, aunque él siempre responde que no se va a presentar. Por parte de los comunes emerge el titular de Cultura, Ernest Urtasun, pero en los últimos días vuelve a crecer la figura de la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que estuvo presente en el acto del pasado sábado. “Está jugona”, señalan en el espacio. En Más Madrid sigue como máxima referente Mónica García, aunque también dejó muy buen sabor de boca la intervención de la portavoz en el Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, que presentó el relanzamiento de la coalición.

Y un nombre se repite entre varios dirigentes: Gabriel Rufián. A pesar de que el portavoz de ERC en el Congreso haya negado que se vaya a ir de su partido y de que Oriol Junqueras haya dicho no a unirse a una candidatura estatal, en sectores de Sumar manifiestan que se pueden producir movimientos tectónicos todavía. Como argumenta una fuente del espacio: “Es que a mí me piden a Gabriel los jóvenes para nuestros actos. Es un fenómeno”.

Otras miradas están puestas en Antonio Maíllo, el líder de IU que despertó grandes aplausos durante su intervención el pasado sábado. No obstante, en su entorno trasladan que él ha dado “un paso al frente” para ser el candidato en Andalucía y un paso al “lado a nivel estatal”, dónde sí jugará un papel importante orgánicamente como coordinador de esa formación.

Desde Movimiento Sumar, ahora liderado por Lara Hernández, señalan que ahora toca trabajar para ilusionar de nuevo a la gente “poco a poco, con mimo y de forma silenciosa”. Sobre las candidaturas, remarcan que ahora importa el “qué y el cómo, no el quién”. ¿Se deberían celebrar primarias o puede haber un número uno por consenso? Las fuentes consultadas responden: “Las personas que vayan a asumir el liderazgo de este espacio serán el resultado de un proceso colectivo. Movimiento Sumar quiere ensanchar este espacio lo máximo posible y las primarias son una forma de hacerlo”.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha anunciado que pondrá en marcha una normativa para prohibir las bebidas energéticas a menores de 16 años.

En declaraciones a la prensa en Barcelona, Bustinduy ha señalado que esta prohibición se ampliará también a los menores de 18 años en el caso de las bebidas que contienen más de 32 miligramos de cafeína por cada 100 mililitros.

Así lo ha detallado el ministro en Barcelona, después de inaugurar el I Congreso multisede sobre servicios sociales, cuidados y comunidad, y antes de reunirse con representantes de la Gasol Foundation, organización que combate la obesidad infantil.

"Es una evidencia científica que estas bebidas energéticas se han convertido en una amenaza para la salud de las personas jóvenes", ha afirmado el ministro.

Preguntado por cómo y cuándo estará en vigor esta medida, Bustinduy ha dicho que tiene "la firme voluntad de sacar adelante esta regulación con el instrumento jurídico más eficaz y que vea la luz en el menor plazo posible".

El ministro ha juzgado que es una medida a la que "difícilmente alguien podrá oponerse", pues existe "un consenso amplísimo" sobre los efectos nocivos de estas bebidas en la salud de los más jóvenes.

En este sentido, ha hecho referencia al barómetro sobre publicidad de alimentos y bebidas energéticas que adelantó la semana pasada la AESAN (Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición), según el cual nueve de cada diez personas en España está de acuerdo con esta prohibición.

El mismo estudio indica que el 25% de los encuestados consume bebidas energéticas y que lo hacen dos veces por semana de media. Por otra parte, casi la mitad (el 49%) de quienes toman bebidas energéticas consumen al menos una al día, y el 47 % las mezclan regularmente con alcohol.

Esta próxima regulación se sumará a la prohibición de la venta de bebidas energéticas en los centros escolares de toda España, que impulsó el Ministerio de Consumo. Además, como existen "campañas de publicidad muy agresivas" en el ámbito de las bebidas energéticas y en otros productos no saludables, el ministro ha recordado que recientemente ya se puso en marcha una normativa para regular de la publicidad de estos alimentos.

El Consejo de Ministros ha acordado este martes, a propuesta del ministro Pablo Bustinduy, limitar el precio durante una semana de los servicios hoteleros y de hospedaje en 14 municipios de Andalucía y de Extremadura en los que se ha tenido que desalojar a población debido a la borrasca Leonardo, según informa EFE.

Los hoteles en los municipios donde sigue habiendo desalojados o realojados no podrán incrementar sus precios respectos a los que tenían el mes previo al inicio de la emergencia, ha explicado el Ejecutivo. Se trata de municipios de cinco provincias diferentes: Cádiz (Grazalema, Jerez de la Frontera, Ubrique, Vejer de la Frontera), Granada (Nívar, Montefrío, Pinos Puente y Zagra), Jaén (Cazorla y Santisteban del Puerto), Málaga (Benaoján y Ronda) y Badajoz (Burguillos del Cerro y Medellín).

Esta limitación entra en vigor este miércoles y se extenderá hasta el día 25 como medida preventiva para garantizar que no haya potenciales problemas mientras a algunas familias se les prolonga la estancia fuera de sus casas y conforme va retornando el turismo.

Es la primera vez que el Gobierno hace uso del real decreto-ley aprobado la semana pasada que permite al Ejecutivo declarar una situación de emergencia para una limitación temporal de precios y garantizar así el acceso equitativo a bienes y servicios. Además, los establecimientos están obligados a informar de que existe una limitación de precios y cuáles son de manera transparente, habiéndose fijado que, en caso de incumplimiento, los consumidores tienen derecho a reembolso.

Según se refleja en el acuerdo, esta medida se adopta de forma preventiva para garantizar que no haya potenciales problemas mientras a algunas familias se les prolonga la estancia fuera de sus casas y conforme va retornando el turismo, especialmente cuando se reactivan las líneas de tren, con el objeto de evitar un posible incremento de precios súbito por parte de plataformas intermediarias en las que se comercializa los alojamientos.

En el acuerdo, el Consejo de Ministros ha hecho, además, un reconocimiento explícito a aquellos establecimientos que han colaborado en facilitar realojos con agilidad de la mano de las administraciones.

El ministro español de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, propondrá este viernes al resto de países de la UE un nuevo impuesto que grave con un 2% los patrimonios superiores a cien millones de euros para fortalecer las políticas sociales, con el que podrían recaudarse 67.000 millones de euros al año, informa EFE.

"Debemos demostrar que el Estado social funciona y que es capaz de defender los intereses de la gente común, asegurando unas condiciones mínimas de bienestar, de libertad y de seguridad", ha dicho Bustinduy en un comunicado difundido por su Ministerio desde Chipre, donde participa hoy en una reunión informal de ministros de Empleo y Asuntos Sociales.

En esa nota se afirma que ese "impuesto para los ultrarricos" fortalecerá la política social en la UE "que está siendo cuestionado por partidos de extrema derecha".

El ministro opina que esa tasa, ideada por el economista francés Gabriel Zucman, recaudaría sólo en España unos 5.200 millones de euros, según estimaciones del Observatorio Fiscal de la Unión Europea, un dinero que podría destinarse a la lucha contra la pobreza infantil.

El ministro afirmó que en toda la UE podrían recaudarse hasta 67.000 millones con lo que llamo una "tasa mínima" del 2%, según declaraciones en vídeo distribuidas por el canal de comunicación de la Comisión Europea.

Un dinero, dijo, con el que se podrían financiar programas sociales para reforzar la "cohesión social y generar la base sobre la que Europa asuma de una vez un papel independiente y autónomo en el mundo".

"La única respuesta que Europa puede darle a este tiempo de zozobra y de incertidumbre es profundizar en su identidad social, es reforzar las redes de protección social, es construir ese pilar social que le ha faltado al proyecto europeo durante tanto tiempo", afirmó el ministro en ese mensaje.

El Gobierno aprobó esta semana una prestación universal por crianza a toda familia con menores para erradicar la pobreza infantil. De hecho, Bustinduy propondrá en la reunión de este viernes que esa prestación se incluya en la futura estrategia de la UE contra la pobreza, y que ese derecho vaya acompañado de un sistema fiscal más justo y progresivo.

El ministro defenderá en la reunión de hoy la necesidad de "reinventar el modelo de bienestar" con el argumento de que fortalecer las políticas sociales es la mejor respuesta "a quienes responden con autoritarismo y aislamiento a los desafíos" actuales.

En la reunión de este viernes también planteará que el aumento de la esperanza de vida hace preciso un cambio en el modelo de cuidados que garantice la dignidad de las personas mayores o en situación de dependencia.

"Nuestro compromiso es asentar la reforma integral del modelo que hemos emprendido, para que sea más cercano y permita a estas personas que puedan permanecer en sus hogares tanto como sea posible y como ellos y ellas quieran", mantiene Bustinduy.

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha anunciado este viernes la apertura de una investigación para identificar empresas que podrían estar promocionando desde el estand de Israel en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) viajes a territorios palestinos ocupados ilegalmente.

De ser cierto, estas prácticas podrían ser consideradas como publicidad ilícita, puesto que el real decreto ley de medidas urgentes contra el genocidio en Gaza y de apoyo a la población palestina aprobado en septiembre de 2025 prohíbe la publicidad de bienes y servicios procedentes de estos territorios ocupados.

Según ha informado en un comunicado el ministerio que dirige Pablo Bustinduy, los indicios recabados hacen pensar que varias empresas israelíes podrían estar ofreciendo viajes a lugares como Jericó, en la Cisjordania palestina ocupada. "La publicidad se hace en el marco de una de las ferias más relevantes del sector, con miles de visitantes", ha expuesto Consumo.

El ministerio de Bustinduy ya exigió el pasado diciembre a siete multinacionales que retirasen 138 anuncios de alojamiento vacacional en asentamientos israelíes en el territorio palestino ocupado.

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha publicado en la red social BlueSky una carta dirigida a la directora de Fitur, María Valcarce, en la que expresa su "profunda indignación" al conocer la presunta promoción de viajes y actividades turísticas en territorios ocupados de Cisjordania y tilda de "incompatible" la participación de Israel en la feria. "Que un evento internacional celebrado en España sirva para legitimar y normalizar la explotación económica de un territorio sometido a ocupación militar ilegal resulta inaceptable e incompatible con el derecho internacional", ha aseverado.

La ministra ha denunciado el genocidio de Israel contra la población de Gaza, así como la "ocupación, represión y violencia estructural" perpetradas en su territorio. Asimismo, Rego ha recordado a Valcarce que el Gobierno de Israel ha vetado a dos miembros del Gobierno español por su denuncia del genocidio, impidiendo su entrada a Palestina. "Por todo lo expuesto, consideramos que la participación del Estado de Israel en Fitur es incompatible con los principios que deberían regir un foro internacional de estas características y solicitamos que adopten las medidas necesarias para que Israel no participe ni disponga de espacio alguno en esta feria", ha resaltado. 

Este sábado, Asunción, la capital de Paraguay, se vestirá de largo. La economía mundial estará mirando hacia allí. Se firmará el histórico acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea tras más de 26 años de negociaciones. Se alumbrará de esta forma la mayor zona de libre comercio del mundo, con un mercado conjunto de más de 700 millones de consumidores que concentrará cerca del 25% del PIB global.

España ha sido uno de los países que más ha luchado por hacer realidad este acuerdo en un contexto internacional precisamente marcado por la ruptura del multilateralismo y la deriva imperialista y arancelaria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Un acuerdo capitaneado por una Comisión Europea de mayoría conservadora bajo la batuta de Ursula Von der Leyen, que ha abrazado ese vínculo con Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia).

Pero el pacto entra de lleno ahora en la arena política española. Aunque dentro de la M30 no ocupe los grandes titulares, sus derivadas en España pueden ser clave para los partidos de cara al naciente ciclo electoral. Y de hecho ya son un arma en muchas provincias medianas y con fuerte componente agrícola que pueden hacer decantar los resultados de unas generales por el reparto de escaños.

La campaña con Mercosur de fondo ya ha echado a rodar. La bandera contraria al acuerdo la agarra con vigor Vox pensando en el voto rural, pero también la onedan fuerzas de izquierdas como Podemos, Sumar y el BNG. El Partido Popular está en una encrucijada y no se atreve a darle su respaldo pleno, como le piden sus compañeros europeos, mientras que el Gobierno y el PSOE defienden la apuesta comercial hecha por Bruselas. Y, a la vez, tiene mucha fuerza el debate en Cataluña, con ERC y Junts presionando contra el pacto.

Hay enfado en parte del campo español. Aunque ya se han producido protestas en diferentes puntos del país, la traca llegará dentro de unos días. Las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA anunciaron este jueves la convocatoria de protestas para la última semana de enero contra el acuerdo con Mercosur y por los recortes de la PAC. El jueves 29 será la jornada culmen, con acciones generalizadas y con la previsión de un gran acto en Madrid. Los organizadores hablan de “competencia absolutamente desleal” y acusan al Gobierno y a Europa de vender al sector primario “por calderilla”.

Vox es la formación que más rápido y con más fuerza se está moviendo en España para denunciar el acuerdo. El voto del campo se ha convertido en esencial para el ascenso de esta formación en las encuestas. Los de Santiago Abascal llevan años cosechando apoyos en la España profunda y tratando de crear una brecha entre estos municipios y la vida de las grandes ciudades, una estrategia que le ha dado grandes réditos a la ultraderecha a nivel internacional y que fue esencial para la vuelta de Trump al Despacho Oval. 

Esta hoja de ruta de las derechas ha dado ya su frutos, por ejemplo, en Extremadura, donde Vox y el PP se impusieron el 21D en estas zonas rurales por encima del PSOE, además de producirse una gran abstención entre los progresistas en esas áreas. Una estrategia que están volviendo a implementar las derechas también en el campo aragonés (las elecciones en esa comunidad son el 8 de febrero). Y que también están cultivando los populares y los de Abascal en Castilla y León y Andalucía, que irán luego a las urnas en los próximos meses.

Vox ha salido en tromba desde que se anunció el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur. Y van en dos caminos en sus críticas: denunciando una supuesta “traición” a los agricultores y ganaderos españoles y, a la vez, achacando que ese rejón se debe al bipartidismo del PP y el PSOE, que han ido de la mano en las instituciones europeas en este asunto.

“Ellos lo han promovido, lo han negociado, lo han votado”, ha denunciado durante estos días el líder de Vox en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, a pesar de que finalmente se ha unido también al acuerdo Giorgia Meloni (Italia), una de las grandes referentes para la ultraderecha española; tanto es así, que pasó unos días en Navidad en Madrid con Santiago Abascal en una visita personal. Asimismo, en una estudiada estrategia, el partido de ultraderecha está calentando este tema en muchas provincias españolas y medios locales. 

El Partido Popular se ve ahora en una situación complicada respecto a Vox, ya que están en pleno enfrentamiento por la España rural. El pasado fin de semana, el líder conservador, Alberto Núñez Feijóo, hacía esta proclama en la conferencia interparlamentaria de los populares: “Nosotros somos el partido del campo, el partido de los agricultores, el que les defiende, el que les escucha y el que hace política real para ellos. Los agricultores tienen razón. Quieren menos exigencias burocráticas y políticas que garanticen la rentabilidad y competitividad. Quieren más control de lo que viene de fuera, porque también se controlan nuestros productos cuando salen de España. Y tienen razón cuando piden acuerdos comerciales justos y con garantías que se cumplan. A diferencia de este Gobierno, lo haremos cuando lleguemos al Gobierno”.

El propio Feijóo, en cambio, ha defendido durante estos años en sus visitas a países iberoamericanos la necesidad de este pacto comercial, pero ahora se encuentra con una muy fuerte presión interna dentro de su partido. De hecho, este miércoles el vicesecretario económico, Alberto Nadal, indicaba: “El PP sólo apoyará el acuerdo UE-Mercosur si se garantizan salvaguardias y se refuerzan los controles en frontera. El Gobierno lo votó en el Consejo sin pelear, como sí hizo Italia, y no pone medios para que entren productos sin las mismas exigencias”.

De esta manera, trata de desviar la atención hacia Sánchez. Pero la realidad es que el problema ahora lo va a tener con el Partido Popular Europeo, que ha celebrado el acuerdo y ha llamado a su respaldo. El principal ponente sobre el pacto dentro de esta institución es el eurodiputado español del PP Gabriel Mato, que ha sido un firme defensor durante estos años de este nuevo vínculo comercial. Hay barones de la formación mostrando su rechazo en público como el asturiano Álvaro Queipo, que lo tacha de “perjudicial”.

La gran duda ahora es qué hará el Partido Popular español en el Parlamento Europeo, cuando tenga lugar la ratificación del pacto. Una vez firmado este sábado, el acuerdo debe pasar por esta institución (todavía sin fecha). Ahí los eurodiputados tendrán que votar sí o no, sin posibilidad de que puedan introducir cambios. Y no pasará por el Congreso porque las competencias sobre comercio están delegadas en la Unión Europea.

El Gobierno y el PSOE se han convertido en los principales bastiones, en cambio, de apoyo al acuerdo. El propio Sánchez lleva años haciendo campaña entre los países europeos para alcanzar un consenso. Según escribió en la red social X: “Gracias a él, las empresas españolas pueden entrar a nuevos mercados, exportar más y generar más empleos. Y Europa podrá mantener un vínculo fuerte con esa región hermana y estratégica que es América Latina”.

El Ejecutivo trata de calmar a los agricultores. El titular de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, indicó el lunes en Los Desayunos del Ateneo que hay previstos mecanismos de compensación y fondos de la PAC por si se produjeran pérdidas de algún tipo. A la vez, no ha pasado desapercibido que este miércoles el propio presidente protagonizó un acto junto al ministro de Agricultura, Luis Planas, en el que anunció un paquete de medidas para facilitar el relevo generacional en el sector agrario, incluyendo la movilización de 17.000 fincas rústicas del Estado.

Muy encima del sector está también el presidente de Cataluña, Salvador Illa, ante las protestas que se están sucediendo. El socialista cerró un acuerdo con los representantes de Revolta Pagesa este lunes para minimizar el impacto del acuerdo de Mercosur a través de fondos económicos y de mayores controles en los supermercados.

Los partidos independentistas allí se han posicionado muy fuerte en contra de la firma. Junts lleva días haciendo campaña y ha abierto un frente contra el Gobierno central en el Congreso con el registro este jueves de la petición de comparecencia de los ministros Planas, Mónica García (Sanidad) y Pablo Bustinduy (Derechos Sociales) para que informen sobre los riesgos del acuerdo para la seguridad alimentaria y el sector agrícola catalán.

Y las críticas llegan también desde la izquierda. Teresa Jordà (ERC) ha mostrado esta postura tras el acuerdo: “El Mercosur, tal y como lo hemos conocido, permite la competencia desleal, dinamita la soberanía alimentaria, pone en riesgo la sostenibilidad y amenaza al modelo productivo de proximidad. Es una condena al sector primario”.

Una dureza que también ha verbalizado la eurodiputada Irene Montero (Podemos): “Va a reventar el campo europeo para que ganen las grandes empresas. En España, doble golpe tras recortar la PAC para comprar armas a las órdenes de Trump. Estamos con agricultores y ganaderos, que cuidan la tierra y hacen posible que llenemos las neveras”.

El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha asegurado este lunes que Sumar "no apoyará" en el Congreso el decreto anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para establecer una bonificación del 100% en el IRPF a los propietarios de vivienda que no suban el precio del alquiler.

Bustinduy ha afirmado, en declaraciones en el ministerio, que esa medida le parece "ineficaz" e "injusta" y ha vuelto a defender como alternativa la "prórroga inmediata y obligatoria" de los 600.000 contratos de arrendamiento que terminan este año.

"En los términos en los que se ha anunciado esta medida no va a contar con nuestro apoyo. No creemos que la manera de intervenir en el mercado de la vivienda sea por medio de incentivos fiscales a los propietarios", ha dicho el ministro tras reclamar al PSOE que se siente a negociar.

La noche del 21D las izquierdas se acostaron satisfechas. Cogían aire. El resultado en Extremadura había sido histórico, superando el 10% de los votos. Esto suponía subir en tres escaños su participación, con más de cuatro puntos respecto a las elecciones de 2023. La fórmula de unidad (con IU y Podemos en la lista, más el apoyo externo de Sumar) había funcionado. El espacio volvía a tener pulso después del declive que sufrió en el anterior ciclo autonómico.

Pero, apenas diez días después, Extremadura no se ha convertido en espejo para el espacio en el resto de España y se ha quedado por el momento en espejismo. Las izquierdas se han fracturado de nuevo en Aragón, que va a unas elecciones anticipadas el próximo 8 de febrero. No hubo acuerdo y se presentarán en tres listas: Chunta, Podemos e Izquierda Unida más Movimiento Sumar. Una gran competición dentro del mismo nicho de votantes y con proyectos similares.

Evidencia la foto de la división después de que estas tres formaciones fueran bajo el mismo paraguas en Aragón en las listas de las generales del 23J. En aquella cita sumaron más del 12% de los votos y consiguieron un escaño en Aragón (empatando con Vox). Ese puesto lo ocupa Jorge Pueyo, de la Chunta, que es actualmente uno de los diputados más críticos con la actitud del PSOE a nivel nacional y que ahora volverá para pilotar la candidatura para las autonómicas. El hecho de que se pueda obtener representación a partir del 3% (en Extremadura era del 5%) no ha ayudado a que hubiera un gran pacto final.

Y sobre estas candidaturas vuela ahora mismo el fantasma del Ayuntamiento de Huesca. En las municipales de 2023 cuatro listas a la izquierda del PSOE se quedaron a las puertas de entrar en el consistorio por no lograr por muy poco el 5% exigido: Podemos (4,68%), Cambiar Huesca (4,47%), CHA (4,43%) y Verdes-Equo (4,3%). Es decir, casi un 18% de los votos se fue al desagüe sin ningún edil.

Esa fragmentación también amenaza a las siguientes contiendas en Castilla y León y en Andalucía. En la primera comunidad, que irá a las urnas en marzo, Izquierda Unida ya ha sellado un pacto para ir en la misma plancha electoral con Movimiento Sumar y con Verdes Equo. Podemos apuesta también por una lista unitaria, pero no quiere dentro al partido de Yolanda Díaz porque considera que es una fórmula “agotada”: “La pelota está en el tejado de Izquierda Unida”

IU trata, a través de su coordinador autonómico, Jesús Gascón, de articular todavía esa lista única. Como gesto de esa voluntad, Izquierda Unida ha retrasado a enero la consulta interna que tenía prevista para que sus militantes den el visto bueno a la papeleta final. La idea que tienen en Izquierda Unida es poner por delante los programas y las políticas.

En Andalucía, que irá previsiblemente a las elecciones en junio cuando se agote la legislatura, las izquierdas caminan en estos momentos hacia una fragmentación casi irreversible de tres candidaturas: Por Andalucía, Adelante Andalucía y Podemos.

Por Andalucía ya ha elegido como número uno de sus papeleta a Antonio Maíllo, que es el coordinador nacional de Izquierda Unida. En esta candidatura están por el momento esta formación, Movimiento Sumar e Iniciativa del Pueblo Andaluz, mientras que Podemos no se ha integrado a pesar de haber formado parte de esa papeleta en las anteriores elecciones en 2022 y haber participado en un grupo bien afinado.

Maíllo se ha convertido en el máximo defensor de hacer frentes amplios de cara al nuevo ciclo electoral y sostiene, además, que la unidad en Andalucía es clave tanto a nivel autonómico como en las generales para frenar la ola de las derechas. Por parte de Podemos, encabeza ahora mismo el proyecto para esas elecciones regionales el ex guardia civil Juan Antonio Delgado, que sigue defendiendo que la idea de Sumar está agotada y pone como faro a Unidas por Extremadura (que estuvo formada por IU y Podemos, sin integrantes de Sumar en la papeleta).

Descarta absolutamente ir en una lista conjunta Adelante Andalucía, el partido de Teresa Rodríguez. La formación tiene como candidato a José Ignacio García, que se ha convertido en uno de los diputados más reconocidos en el Parlamento autonómico y uno de los principales azotes de Juanma Moreno. Esta formación se presenta como una opción puramente andaluza que rechaza cualquier tipo de injerencia a través de direcciones nacionales en Madrid.

Este panorama autonómico pone sobre la mesa la fragmentación que se vive también a nivel nacional. Los actores que integraron la papeleta de Sumar en las pasadas elecciones generales dan por finiquitado utilizar ese mismo paraguas. Pero varios de esos partidos trabajan discretamente para armar un frente de cara a la próxima cita con las urnas, especialmente con el pegamento de Izquierda Unida. Podemos rechaza, en cambio, la idea de negociar una lista en la que esté Movimiento Sumar y presiona a IU para que elija.

El propio Maíllo señaló el pasado fin de semana que en enero arrancará una nueva propuesta de “frente amplio” con algunos de los partidos que forman parte de la coalición progresista con la idea de actualizar ese espacio "a una realidad que ya hace que estén superadas experiencias anteriores" de confluencias de formaciones de izquierda, y en el que, al margen del "nombre que tenga, las características, los liderazgos que lo desarrollen, sean liderazgos que fortalezcan la posibilidad de mantener un gobierno de progreso y de izquierda en España".

Desde Podemos se sigue insistiendo en que no es válida una fórmula como la de Sumar el pasado 23J y no quieren ir junto a Movimiento Sumar, poniendo sobre la mesa que es Izquierda Unida quien tiene que tomar una decisión de cara al próximo ciclo electoral. En el pasado congreso del partido se ratificó como líder a Ione Belarra mientras que se escogió a Irene Montero como candidata para las próximas generales. Los morados insisten en que los miembros de Sumar tienen su camino natural en las listas del PSOE.

Además, en la España plurinacional empiezan a abrirse algunas vías para buscar unidad. Por ejemplo, Joan Tardà quiere dar la batalla interna en ERC para que en las próximas elecciones generales haya una lista común de las izquierdas catalanas con una papeleta que podría incluir a su partido, a la CUP, a los comunes y a Comunistes de Catalunya. Esta discusión interna se produce además coincidiendo con el peso cada vez mayor en la izquierda de Gabriel Rufián, portavoz republicano en el Congreso, al que algunos sectores progresistas ven con buenos ojos para armar alguna lista unitaria en el próximo ciclo electoral. Otro de los nombres que aparece recurrentemente en los círculos de la izquierda es el del ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, que tiene la mejor nota por parte de los ciudadanos en el ala de Sumar del Gobierno, a tenor de los barómetros del CIS. Pero él mismo ha descartado ser el próximo candidato. Yolanda Díaz se apartó del liderazgo de Movimiento Sumar, pero no ha descartado públicamente la posibilidad de volver a encabezar una papeleta.

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha resuelto sancionar a Alquiler Seguro con 3.600.902 euros por cobros a inquilinos y otras irregularidades, según ha apuntado la organización de consumidores Facua, una de las denunciantes, y han confirmado a EFE desde la compañía.

Fue a finales de octubre cuando el Ministerio que dirige Pablo Bustinduy trasladó a la empresa Alquiler Seguro esta propuesta de sanción al entender que había vulnerado los derechos de los consumidores. Entonces, el ministro ya advirtió de que los abusos en el mercado de la vivienda se iban a pagar "muy caros".

Contra esta sanción, la empresa puede presentar un recurso de alzada ante el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, antes de agotar la vía administrativa. 

En la resolución, que Consumo ha comunicado ahora a Facua como parte personada en el procedimiento, se desestiman las trece alegaciones presentadas por Alquiler Seguro, según apunta en un comunicado la asociación de consumidores. 

Entre las prácticas fraudulentas detectadas, se hace referencia a un servicio de atención al inquilino que, según Facua, "disfraza" el cobro a los arrendatarios de gastos que debe soportar el propietario, la obligación de contratar un seguro del hogar o un estudio de solvencia económica. También se menciona el limitar el derecho de desistimiento del contrato o imponer a inquilinos gastos derivados de reclamaciones judiciales o extrajudiciales.

La resolución sancionadora concluye que la compañía de servicios inmobiliarios ha cometido seis infracciones calificadas como muy graves y una como grave. Todas ellas han derivado en una multa de un millón de euros, otra de 990.900 euros, tres de 500.000 euros y otra de 100.001 euros. La infracción grave se sanciona con 10.001 euros. 

Alquiler Seguro ya anunció en octubre que iba a presentar alegaciones frente a la propuesta de sanción del Ministerio de Consumo con el objetivo de defender la legalidad de sus servicios y agregó que el importe de la sanción era "abusivo" y "desproporcionado". 

Facua denunció a Alquiler Seguro en noviembre de 2023 al considerar que estaba obligando a los inquilinos a abonarles el equivalente a un mes de renta más el 21% de IVA, así como por el cobro de un servicio de atención al inquilino que incluía, entre otros, un asesoramiento para gestiones de cambio de titularidad de suministros energéticos, asesoramiento jurídico sobre el contrato de alquiler o resolución de siniestros e incidencias, gestiones que en muchos casos corresponde al arrendador.

“O tomamos medidas sobre vivienda o los ciudadanos darán la espalda al Gobierno”. Esta reflexión sale del núcleo de Sumar en el Gobierno en un momento de colapso de la legislatura por los escándalos de corrupción y denuncias de acoso sexual que rodean al ala socialista y al bloqueo impuesto por Junts.

Los partidos a la izquierda del PSOE en el Congreso están presionando con fuerza, tanto pública como de manera privada al ala socialista, para tomar medidas “valientes” en el tema de la vivienda, la principal preocupación en estos momentos para los ciudadanos, a tenor de la última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

Esa presión se está librando dentro del propio seno del Gobierno de coalición, donde Sumar trata de empujar al PSOE a aprobar medidas de carácter intervencionista. Según fuentes del espacio de Yolanda Díaz, los propios ministros están hablando con sus compañeros socialistas en el Consejo de Ministros para que se abran a propuestas que ya han puesto sobre la mesa en forma de un posible real decreto.

Los ministros de Sumar están dispuestos a llevar sus propuestas a la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, zona de estudio previa para ir al Consejo de Ministros, para que al menos los socialistas tengan que retratarse. Y hay, sobre todo, una petición con fuerza por parte de los socios a la izquierda: la prórroga de los más de 630.000 contratos que expiran en 2026. Su idea es congelar las rentas de más de un millón de inquilinos, que se enfrentan a subidas de entre un 20 y un 50%. Por el momento, Vivienda no se abre a esa posibilidad aludiendo a la seguridad jurídica y a que haría falta una mayoría en el Congreso.

Asimismo, Sumar está pidiendo en la negociación al PSOE que se incluya en el mismo real decreto una nueva moratoria de los desahucios de alquiler que expira el 31 de diciembre y que afecta a unas 60.000 familias vulnerables.

El Ministerio de Derechos Sociales, pilotado por Pablo Bustinduy, ha elaborado un informe al respecto en el que se recoge que un total de 632.369 contratos de alquiler finalizarán en 2026, lo que afecta a más de 1,6 millones de personas que podrían sufrir de media un incremento anual de 1.735 euros con la renovación. Si se tienen en cuenta los contratos que concluyen en 2027, el número de afectados se eleva hasta casi los 2,7 millones.

El impacto anual de estas renovaciones sería más alto en Baleares (4.615 euros), quedando por detrás Comunidad Valenciana (2.686 euros), Canarias (2.267 euros) y Madrid (2.042 euros). Por encima de los mil euros se sitúan además Cantabria (1.969 euros), Andalucía (1.952 euros), La Rioja (1.408 euros), Castilla-La Mancha (1.131 euros), Asturias (1.087 euros) y Murcia (1.013 euros). Se excluye a Cataluña de los datos al contar con zonas tensionadas (aplicadas en función de la ley de vivienda) que aglutinan al 80% de la población, además de País Vasco y Navarra por ser comunidades con régimen foral.

Los socios de investidura llevan tiempo avisando al PSOE de que se deben tomar medidas en vivienda y de carácter social para que tenga sentido la legislatura. Este mismo miércoles durante la sesión de control Gabriel Rufián (ERC) se lo volvió a repetir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Asimismo, el portavoz republicano puso sobre la mesa otras medidas para ayudar a las familias ante el alto coste de la vida con la idea de sacar la comida del “mercado especulativo”. La fórmula sería la de topar los precios de los alimentos y planteando la puesta en marcha de distribuidoras públicas de alimentación.

Esa presión por parte de los partidos de izquierdas sobre el ala socialista del Gobierno se escenificó también en la sesión de control, donde la titular de Vivienda, Isabel Rodríguez, tuvo que responder preguntas tanto de Oscar Matute (EH Bildu) como de Ione Belarra (Podemos). El mensaje de la líder morada fue directo: “Su política de vivienda no vale para nada”. En su opinión, hay que intervenir el mercado y actuar con el “BOE en la mano”.

“Váyase de una vez por todas a la patronal inmobiliaria y deje paso a alguien que quiera hacer algo”, le trasladó Belarra a Rodríguez, a la que también le dijo que “no hay campaña de comunicación que tape este desastre”. La líder de Podemos le reclamó medidas como cambiar los pisos turísticos a alquileres "normales"; prorrogar "de una vez por todas y de manera indefinida" la suspensión de los desahucios y hacer indefinidos los contratos de alquiler "de una santa vez".

La presión también llegó desde EH Bildu, que reclama, al igual que Sumar y Podemos, congelar la subida de los alquileres “mientras haya esta emergencia habitacional”. “No cuesta nada mantener la prórroga de los alquileres y el escudo social. Se trata de ser útiles. Si no lo somos, la gente nos va a detestar”, enfatizó Matute, que citó a Robe Iniesta: “La vida es cabalgar un camino empedrado de horas, minutos y segundos”.

Pese a todas estas peticiones, el Ministerio de Vivienda no se ha abierto a hacerlas realidad por el momento. Isabel Rodríguez se limitó en la Cámara Baja a decir que hay que tener “prudencia” a la hora de dar respuestas y que se debe garantizar la “seguridad jurídica”. Además, pidió a los grupos unir sus votos para sacar en el Congreso la reforma de la Ley de alquiler de temporada y habitacional.

Puso en valor que se ha puesto en marcha la empresa pública Casa 47 y que el Consejo de Ministros aprobó este martes el real decreto que regula una cobertura ante eventuales impagos de rentas para contratos de alquiler de viviendas. El objetivo de esta cobertura, que será gestionada por las comunidades autónomas, es facilitar el acceso a la vivienda de determinados colectivos, como los jóvenes y las personas vulnerables.

Para contar con este aval, según el Gobierno, los arrendadores deberán haber cumplido los siguientes requisitos: firmar un contrato con menores de 35 años o personas vulnerables, cobrar una renta del alquiler que no supere el índice estatal de referencia, depositar la fianza legal obligatoria del contrato de alquiler y suscribir con el arrendatario el compromiso relativo al aval al alquiler.

Fuentes del Ministerio de Vivienda insisten en que la fórmula viable para poder para un aumento masivo de los alquileres pasa por la aplicación de la ley de vivienda para declarar zonas tensionadas, algo que compete a las autonomías, y sacar adelante la ley de alquiler de temporada, que ahora mismo no tiene garantizados los votos de Junts.

Media mañana del pasado miércoles. Cafetería de la tercera planta del Congreso. En una mesa está sentado el ministro Pablo Bustinduy absorto entre sus papeles en mitad de la escandalera de periodistas y diputados pidiendo café para sobrellevar la larga jornada plenaria. Repasa su discurso, hace con su boli los últimos cambios. En apenas una hora subirá a la tribuna de oradores para defender el decreto para el desarrollo de la ley ELA.

Al mediodía los diputados aprietan el botón. La luz verde inunda la pantalla que corona el techo del Palacio de la Carrera de San Jerónimo. El resultado es de unanimidad absoluta: 346 ‘síes’ y ningún ‘no’. Se trata de casi un milagro en un hiperfragmentado Congreso, donde al Gobierno le cuesta sudores sacar alguna ley cada semana. En cambio, Bustinduy ha conseguido hacer normal ese apoyo en los últimos días.

La semana anterior Bustinduy también logró el respaldo en la Cámara Baja a la ley de servicios de atención a la clientela, una norma que no acapara grandes titulares, pero que viene a poner coto a las cansinas llamadas de spam que reciben constantemente los ciudadanos en sus teléfonos móviles. Una norma que ya trató de impulsar Leire Pajín en su época como ministra en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y que no ha visto la luz hasta bien entrado 2025. Además, supuso un rearme de la mayoría de investidura con el voto a favor de Junts en un momento en el que los de Carles Puigdemont tratan de materializar, en cambio, su divorcio del PSOE.

El titular de Derechos Sociales ha logrado también una victoria política interna dentro de la coalición durante esta semana al forzar que el ala socialista se abra por primera vez a la inclusión en los presupuestos generales de una renta universal por hijos menores de 18 años. Se trata de una medida que impulsan con fuerza de la mano Bustinduy y la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, con la idea de crear una prestación de 200 euros mensuales. Desde el ala de Sumar se traslada que en estos momentos tan complicados de la legislatura “hay que mandar la señal a los ciudadanos de que se hacen cosas”.

Bustinduy, asimismo, se ha encontrado con las encuestas a favor en estos momentos. Es el ministro del ala de Sumar con mayor puntuación para los ciudadanos, con un 5,32, y sólo lo supera en la lista general Carlos Cuerpo, del ala socialista y al frente de Economía (con un 5,41), según el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). La nota del titular de Derechos Sociales no ha dejado de crecer en el último año: en noviembre de 2024 tenía un 4,5 y barómetro a barómetro ha ido incrementando su puntuación.

El ministro tiene mejor imagen, con poca diferencia, entre los hombres (5,34) que entre las mujeres (5,29). Encuentra también sus cotas de valoración más altas en la población con más de 65 años (donde llega hasta los seis puntos), pero también gusta especialmente en el segmento que va entre los 25 y los 34 años (5,69). Los votantes de Sumar le dan un 7,35, siendo el ministro favorito de todos los de ese espacio por encima de Ernest Urtasun, Mónica García, Yolanda Díaz y Sira Rego. Tiene un tirón también importante entre los votantes socialistas (6,90), de EH Bildu (6,58), BNG (6,21) y Esquerra Republicana (6,14).

La imagen creciente de Bustinduy ha hecho que muchos dentro del espacio lo miren ante el complicado laberinto que afronta la izquierda de cara a las próximas elecciones generales con un mapa muy fragmentado, con Podemos alejándose de Sumar cada día más y con la idea de que está agotado el paraguas progresista con el que fueron a las urnas en las pasadas elecciones generales. 

Pero el propio Bustinduy se quiere alejar de esa carrera por encabezar una posible candidatura para las generales. En una reciente entrevista en la Cadena Ser con Aimar Bretos señaló ante la pregunta de si le han planteado ponerse al frente de una lista del espacio: “No, porque todo el mundo sabe que no lo voy a ser. Me dedico en el ministerio a avanzar todo lo que pueda, que ya es una responsabilidad abrumadora”.

Posteriormente se le preguntó si creía que que la candidata debía ser Yolanda Díaz, a lo que Bustinduy contestó: “Es la mejor ministra de Trabajo que ha habido en la democracia española y la vicepresidenta de un Gobierno que tiene mucho por hacer. Tenemos que centrarnos en trabajar”.

Desde el Ministerio de Derechos Sociales insisten en el trabajo que queda por delante: “Seguimos con nuestro ritmo fijo”. Por ejemplo, ahora están muy vigilantes ante la celebración del Black Friday, para lo que han lanzado la mayor campaña de vigilancia y monitorización de precios hecha hasta la fecha por Consumo. Ya el año pasado este departamento implementó sanciones por valor de 350.000 euros a siete compañías. “Nos tomamos muy en serio reforzar la seguridad de los consumidores en este tipo de eventos”, trasladan desde el entorno de Bustinduy.

Asimismo, el ministerio está poniendo toda la energía en los expedientes que mantiene abiertos a Alquiler Seguro y a Airbnb. Y Derechos Sociales no tira la toalla en el terreno legislativo para sacar adelante la reforma de las normas sobre discapacidad y dependencia. En el anteproyecto se incluye la supresión del régimen de incompatibilidades en las prestaciones de dependencia y el plazo suspensivo de dos años de las ayudas económicas para cuidados en el entorno familiar. Asimismo, incluye regular la asistencia personal, expandir la ayuda a domicilio y reconocer la teleasistencia como un derecho subjetivo.

El Ministerio de Consumo, junto a los Gobiernos de Bélgica, Países Bajos y Noruega, ha coordinado una iniciativa para que la Comisión Europea y la Red de Cooperación de Protección de los Consumidores supervisen la publicidad de 21 compañías aéreas y acabar con el 'greenwashing' o ecopostureo; un cambio en sus prácticas, al que se han comprometido las aerolíneas, asegura EFE.

Así lo ha señalado el Ministerio de Consumo y la Comisión Europea en sendos comunicados de prensa, en los que precisan cuáles son las aerolíneas que han acordado introducir cambios: Air Baltic, Air Dolomiti, Air France, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Eurowings, Easyjet, Finnair, KLM, Lufthansa, Luxair, Norwegian, Ryanair, SAS, SWISS, TAP, Transavia France, Transavia CV, Volotea, Vueling y Wizz Air.

Todas ellas tendrán que evitar imágenes y términos confusos o engañosos, proporcionar información clara relacionada con las emisiones de CO2 de sus vuelos y sustentar científicamente cualquier dato ambiental.

Las veintiuna aerolíneas se han comprometido a dejar de afirmar que las emisiones de CO2 de un vuelo específico podrían neutralizarse, compensarse o reducirse directamente mediante contribuciones financieras de los consumidores a proyectos de protección del clima o para el uso de combustibles de aviación alternativos.

Además, deberán utilizar el término 'combustibles sostenibles para la aviación' solo si ofrecen la debida justificación, y declarar claramente, según Consumo, que "la aviación es una industria altamente contaminante" y abstenerse de utilizar terminología o imágenes absolutamente ecológicas, o cualquier afirmación ambiental implícita. Tendrán también que aclarar las afirmaciones sobre el desempeño medioambiental futuro (por ejemplo, cero emisiones netas de gases de efecto invernadero), e incluir plazos definidos, medidas alcanzables y los tipos de emisiones en cuestión.

También garantizar que los cálculos de las emisiones de CO2 se muestren de manera clara y transparente, además de proporcionar pruebas e información científicas suficientes para respaldar las alegaciones de mejora del impacto ambiental.

Las autoridades nacionales de protección de los consumidores deberán supervisar la aplicación oportuna de estos compromisos con arreglo al calendario comunicado por cada compañía aérea.

Desde el Ministerio que dirige Pablo Bustinduy se publicarán, en coordinación con la Comisión Europea y la Red CPC, directrices para establecer cómo se aplica el marco legislativo de la UE en materia de consumo a las declaraciones medioambientales en el sector de la aviación.

El Ministerio de Consumo ha vuelto a poner sobre la mesa la necesidad de regular las cajas botín o loot boxes en los videojuegos debido a los riesgos que generan en torno a la ludopatía para los menores. La cartera de Pablo Bustinduy ha lanzado esta semana una campaña institucional —"Menos loot boxes, más real gamers"— en la que alerta de que el 30% de los españoles entre 11 y 30 años que juegan a videojuegos ha comprado al menos una caja botín en el último año. Estas opciones, presentes en títulos tan populares como Fortnite o FIFA, consisten en que el usuario obtiene una caja virtual, jugando o comprándola con dinero real, y su contenido es un misterio hasta que se abre. Por tanto, podría contener un objeto muy común o algo extremadamente valioso para el videojuego.

El mecanismo es muy similar a los juegos de azar, ya que puede generar un fuerte incentivo para seguir comprando cajas hasta obtener el objeto deseado. Por tanto, no debe confundirse con otro de los sistemas que muchos videojuegos utilizan para generar ingresos como los micropagos. Estas son pequeñas transacciones de dinero que los jugadores realizan para conseguir un contenido concreto. A diferencia de estos, muchos expertos comparan el deseo de recompensa inmediata y la emoción del azar de las loot boxes con las apuestas o el juego.

El propio Ministerio de Consumo alerta de estas consecuencias en su campaña, apoyándose en un informe de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) que indica que los usuarios que han comprado cajas botín tienen 4,5 veces más probabilidades de acabar desarrollando problemas con las apuestas. Ante esta problemática, el Consejo de Ministros aprobó en junio de 2024 un anteproyecto de ley orgánica para la protección de los menores en los entornos digitales, que incluye la prohibición de los mecanismos aleatorios de recompensa en videojuegos para los usuarios menores de 18 años.

Los intentos por legislar los riesgos que estos mecanismos suponen para los menores se remontan a la etapa de Alberto Garzón al frente de Consumo, cuando el ministerio trató de "ser el primer país en tener una ley específica para regular las loot boxes". En julio de 2022, el ministerio publicó un anteproyecto que proponía medidas similares, como prohibir el acceso de los menores a estos sistemas y considerar las loot boxes una forma de juego de azar por su aleatoriedad y coste. Sin embargo, la iniciativa no contó con los apoyos suficientes en el Congreso y no pudo aprobarse antes de finalizar la legislatura.

El psicólogo especializado en adicciones y psicoterapeuta del Instituto de Psicología e Investigación Controla, Bruno Cortés, valora que el nuevo anteproyecto supone "un avance" respecto al intento que lideró Garzón. "A diferencia del texto anterior, que solo pretendía regular las cajas botín con valor económico real, el nuevo anteproyecto amplía el marco a todos los tipos de cajas existentes". explica. "Esto supone un salto cualitativo, porque reconoce que todas ellas, incluso las que no implican dinero, reproducen patrones de azar propios del juego de apuestas y pueden fomentar conductas adictivas".

El especialista destaca que el nuevo texto "se acerca mucho más a la realidad clínica y a lo que llevamos años reclamando los profesionales". No obstante, advierte de que el éxito dependerá de que el Gobierno "tenga la voluntad política de enfrentarse a la industria del videojuego". No obstante, fuentes del Ministerio de Consumo trasladan a infoLibre que se centraran en impulsar medidas como las campañas de información o la colaboración con investigaciones académicas mientras se busca aprobar la ley.

Frente al intento español por ser pionero en la regulación de estos mecanismos, otros países europeos han tomado medidas en base a su legislación vigente. Poco después de que Países Bajos prohibiera ciertos tipos de cajas botín, Bélgica fue más allá al declararlas una forma de juego ilegal y prohibirlas en el país. Al analizar varios títulos, como FIFA y Overwatch, determinó que el sistema aleatorio de recompensa inherente a las cajas botín equivale a un juego de azar.

Cortés señala que el modelo belga demuestra que la industria puede adaptarse sin perder mercado. "En Bélgica los videojuegos han eliminado las loot boxes y siguen vendiéndose; eso significa que, si hubiera una ley firme, aquí también podrían hacerlo. Lo que falta es decisión política".

A esta falta de convicción se suma, según los expertos, la presión que ejerce la industria del videojuego. La patronal tecnológica AMETIC, que agrupa a las principales compañías tecnológicas y de contenidos digitales, ha remitido a los grupos parlamentarios un amplio documento con enmiendas al proyecto impulsado por el Gobierno. En ellas, la asociación pide revisar la prohibición de acceso de los menores a las cajas botín, alegando que la relación entre los juegos de azar y los comportamientos problemáticos "no está acreditada".

Bayta Díaz, psicóloga especializada en adolescentes y adicciones, denuncia que existe una "resistencia significativa" por parte del sector del videojuego frente a cualquier intento de regulación. "La industria ha sabido proteger su negocio amparándose en una zona gris legal y en la dificultad de definir qué es juego de azar en otros sectores que no sean las apuestas", apunta.

Ante la falta de apoyos parlamentarios, los expertos recuerdan que España "tiene medios de sobra para aplicar medidas efectivas", desde la vía legislativa hasta fórmulas fiscales. "Podrían, por ejemplo, gravar los videojuegos que incluyan cajas botín o prohibir la publicidad de aquellos títulos que exploten este mecanismo, como se hizo con los productos azucarados. Pero en lugar de actuar, se limitan a lanzar campañas que apenas ven los jóvenes".

Cortés insiste en que las loot boxes son la "antesala del juego", y buena parte de los jóvenes que las consumen acaban desarrollando conductas de riesgo o pasando a las apuestas en línea. "Ningún videojuego puede considerarse saludable si las contiene", añade. El psicólogo recalca que "el Gobierno ya sabe que hay un problema y ahora lo que hace falta no es otra campaña, sino una ley clara que proteja a los menores de una exposición al azar para la que no están preparados".

Por su parte, Bayta Díaz alerta de que el fenómeno se ha expandido a otros ámbitos del ocio digital ante la falta de legislación. "Las plataformas de compra como Temu o Shein también incluyen pequeños juegos de ruleta o sorteos con luces y explosiones de colores que prometen descuentos o regalos", detalla.

“El nuevo ministro será Carlos Cuerpo, hasta ahora secretario general del Tesoro y Financiación Internacional”. Así anunciaba Pedro Sánchez al sustituto de Nadia Calviño el 29 de diciembre de 2023 desde el Palacio de La Moncloa. Su nombre sólo era reconocido por algunos periodistas económicos. Muchos ciudadanos tuvieron que googlear para saber quién era. Un auténtico desconocido en la cocina del poder.

Cuerpo (Badajoz, 1980) se ha convertido en poco menos de dos años en uno de los pilares del Ejecutivo y en el ministro mejor valorado por los españoles. Frente a los tiempos de polarización que vive la política nacional, los ciudadanos ponen su mejor nota a un hombre discreto, de carácter técnico, de formas educadas y alejado de las luchas intestinas de los partidos. Un dirigente que acapara titulares por hablar japonés frente a las frases grandilocuentes que atraviesan diariamente el Parlamento.

El ministro de Economía consigue un 5,41 por parte de los españoles, según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), donde queda en segunda posición el titular de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, con un 5,32. Son los dos únicos miembros de la coalición que aprueban. Detrás de ellos están: Margarita Robles (4,92), Ernest Urtasun (4,72) y Sara Aagesen (4,71). En el extremo opuesto, con las peores notas, se sitúan: Fernando Grande-Marlaska (4), Ana Redondo (4,14) y Ángel Víctor Torres (4,20).

¿Qué ha llevado a este funcionario de carrera a tener esa nota entre los ciudadanos? ¿Cuáles son los factores del efecto Cuerpo? Ana Salazar, politóloga y directora de Idus3, se adentra en los diferentes elementos: “Lo primero es que la economía no es un problema, él siempre comunica buenas noticias. Eso no polariza. Y dato mata relato”.

“La economía funciona. Estamos creciendo y él no se mete en charcos políticos. Tiene una comunicación muy analítica y técnica, Ha conseguido encapsularse de la polarización reinante”, profundiza Salazar, que, no obstante, indica que en él también hay una “capacidad de sorprender” frente a la imagen de técnico gris: “De repente ves a un ministro hablar en japonés. Nos hemos acostumbrado a escuchar a Pedro Sánchez en inglés, pero esto no lo habíamos vivido. La gente pensaba que era fake y fue hasta motivo de investigación periodística”. Detrás de esa imagen hay un significado para la gente: “Esto implica esfuerzo, formación y trayectoria. Es lo contrario a Ana Botella y su relaxing cup of café con leche. Esas sorpresas levantan la simpatía de la gente”.

La politóloga dice que en Cuerpo hay una combinación de elementos que genera esa nota: “Es educado en el tono y las formas. Eso la gente lo valora mucho. Pero también gustan sus contradicciones. Por un lado es un funcionario vestido de gris, pero, de repente, muestra una gran sonrisa y un sentido del humor, como hizo en su entrevista con Risto Mejide en Todo es mentira. Y otras veces lo vemos como despeinado, con un punto excéntrico. Además, ha encontrado el punto arriesgando en las redes sociales con vídeos muy explicativos con cortinillas y cabeceras. Está muy trabajado todo”.

El análisis sobre Cuerpo también lo hace Toni Aira, politólogo, profesor de la UPF y autor de Mitólogos, el arte de seducir a las masas. Da esta visión: “Le hizo un gran favor Yolanda Díaz cuando dijo que era casi mala persona al mostrar sus diferencias de criterios sobre la reducción de la jornada laboral, porque lo centró en el Gobierno. Lo proyectó de otra manera, con un talante balsámico frente a perfiles como los de Sánchez y la propia de Díaz, que marcan una imagen más contundente ante el cuerpo a cuerpo y el acribillamiento del PP”.

“Frente a perfiles como Óscar Puente, la imagen de Cuerpo es mucho más agradecida para personas de todas las ideologías. No genera anticuerpos y eso se nota en que cuenta con menos ceros en las encuestas”, apostilla Aira  El titular de Economía es el que menos “muy mal” atesora entre los miembros del Gobierno en el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas.

Según los datos pormenorizados del CIS, Cuerpo tiene un poco mejor imagen entre los hombres (5,43) que entre las mujeres (5,38). Y, por edades, goza de mejores notas entre los mayores de 65 años. donde su puntuación va más allá del 6. En cambio, los menores de 24 años son los que peor calificación le ponen (4,80). Los votantes socialistas son los que mejor opinan de él, con un 7,30, pero también tiene tirón entre los de EH Bildu (6,77) y Sumar (6,72). 

Anna López Ortega, profesora de la Universitat de València y autora de La extrema derecha en Europa, lanza estas reflexiones: “En un contexto de polarización, figuras como Cuerpo ganan valoración porque encarnan lo que mucha ciudadanía percibe como perfil técnico, moderado y gestor, en contraposición al tono bronco de la política partidista. No está tan expuesto al barro del debate ideológico y representa una imagen de eficacia y estabilidad económica, dos valores que, en tiempos de ruido político, son muy apreciados. Además, ocupa un ministerio que no genera grandes conflictos identitarios ni polariza a los votantes, lo que amplía su aceptación transversal.

Pone este elemento sobre la mesa: “La buena valoración también refleja, en el fondo, un deseo social de normalidad. En medio de un clima crispado, donde los líderes políticos parecen más interesados en el combate que en gobernar, su figura funciona como un contrapunto: técnico, poco estridente y centrado en la gestión económica. No representa un bando emocional fuerte, y eso le convierte en un refugio simbólico para quienes están hartos de la confrontación”. “Es el prestigio de lo discreto frente a la política del grito”, apostilla.

El resultado de la encuesta coincide con un momento político muy interesante para Cuerpo, quien ha sido el encargado de pilotar el decreto de embargo de armas a Israel y que finalmente salió en el Congreso después de días en los que parecía abocado a naufragar en las votaciones. Asimismo, es el encargado de afrontar el reto de los aranceles impuestos de manera unilateral por Donald Trump. Uno de sus puntos fuertes, como coinciden también los expertos es la imagen que da en sus giras internacionales respondiendo a todos los medios en diferentes idiomas.

Así lo subraya Paloma Piqueiras, vicepresidenta de la Asociación de Comunicación Política (ACOP) e investigadora en la Universidad Complutense, que traslada esta idea: “Empezó siendo un perfil muy discreto, con pocas apariciones públicas y limitadas declaraciones, pero poco a poco va ganando protagonismo. También con entrevistas fuera de nuestras fronteras, donde le hemos visto hablar inglés fluido y hasta japonés. Cuando se expresa, da la sensación de serio y centrado, pero no parece distante. Su tono y gesto suelen ser afables”.

“Que sea el ministro más valorado responde a un perfil que combina eficacia técnica con cualidades más sensibles y que invitan a la empatía. Es agradable, pausado y tranquilo”, añade esta experta, que incide también en la gestión: “Los datos macroeconómicos apuntan a un crecimiento sostenido, con perspectivas positivas avaladas por diferentes organismos como la OCDE, el Banco de España y el FMI”:

¿Cómo la universalidad de derechos puede ser un dique de contención frente al avance de discursos de exclusión y autoritarismo? ¿Puede ser la respuesta a la ola de desconfianza institucional, malestar social y auge de la extrema derecha? Son algunos de los temas a los que se intentará dar respuesta este miércoles en un debate, organizado por Ideas en Guerra, en el que participará el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy y que moderará la directora de infoLibre, Virginia P. Alonso. Sobre ello y la necesidad de superar el modelo de Estado asistencialista y evolucionar hacia un Estado proactivo, capaz de anticipar y dar respuesta a los nuevos retos sociales debatirán ambos con Margarita Guerrero, directora general del Instituto de la Juventud de España; y Carlos Entenza, politólogo, jurista y codirector de Ideas en Guerra.

Será en el Espacio Ecoo de Madrid, a partir de las 18.30 horas, con el título 'Derechos, una causa universal'.

La conversación, que modera la directora de infoLibre, se articulará en dos bloques principales: por un lado, cómo los derechos universales se convierten en el freno a los discursos reaccionarios y por otro, la necesidad de superar el modelo de Estado asistencialista y evolucionar hacia un Estado proactivo, capaz de anticipar y dar respuesta a los nuevos retos sociales.

Los invitados debatirán también sobre el concepto de 'policrisis', una crisis que engloba la económica, ecológica, de cuidados, política y de representación.

El Ministerio de Derechos Sociales ha pedido a la Fiscalía, al Defensor del Pueblo y a la Oficina de Lucha contra los Delitos de Odio investigar si en el cumpleaños del futbolista Lamine Yamal, se vulneró la ley de discapacidad, que prohíbe espectáculos de burla o que denigren a las personas con discapacidad.

Según ha explicado a EFE el director general de Discapacidad, Jesús Martín, el departamento que dirige Pablo Bustinduy ha requerido aclarar si en la fiesta del 18 cumpleaños del deportista se denigró a personas con enanismo, incumpliendo la ley, que no establece sanciones pero sí prohíbe desde hace casi tres años esas actividades.

Precisamente, el Gobierno quiere regular como infracción grave, con multas de entre 600.000 euros y un millón de euros, espectáculos similares al 'bombero torero' y en general, la exposición pública de una persona atendiendo a su discapacidad, en la reforma de la ley que quiere aprobar el Consejo de Ministros este martes.

El responsable de discapacidad ha expresado su preocupación por el hecho de que "un chaval que tiene tantos seguidores, influencer para gente joven, haga este tipo de fiestas que puede hacer un efecto rebote de la juventud".

"Nos preocupa que personas con dinero, personas con poder se crean impunes", ha lamentado Jesús Martín, quien ha recordado que está prohibido en España ya hace casi 3 años y que el ministerio de Bustinduy "no se va a quedar cruzados ante esos indicios" publicados en los medios de comunicación. "La ley es para todos, para los humildes y para los poderosos". "Que se abran las investigaciones oportunas y en función de las conclusiones, que se actúe", ha aseverado.

La Asociación de Personas con Acondroplasia y otras Displasias Esqueléticas con Enanismo (ADEE), entidad de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe), ha anunciado medidas legales contra Lamine Yamal por contratar, según su denuncia, a personas con esa discapacidad en su fiesta.

La entidad ha condenado los hechos en un comunicado en el que anuncia "acciones legales y sociales" para "salvaguardar la dignidad de las personas con discapacidad".

Entiende que lo ocurrido en la fiesta por la mayoría de edad del jugador del FC Barcelona vulnera "no solo la legislación vigente, sino también los valores éticos fundamentales de una sociedad que se pretende igualitaria y respetuosa".

La norma establece que quedan prohibidos los espectáculos o actividades recreativas en que se use a personas con discapacidad o esta circunstancia para suscitar la burla, la mofa o la irrisión del público de modo contrario al respeto debido a la dignidad humana.