El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este viernes que mantiene la ambición de una legislatura de cuatro años, pero ante la posibilidad de que se adelanten las elecciones, se ha limitado a señalar que los presupuestos se presentarán en 2026 y los comicios serán en 2027.

Sánchez se ha expresado de esta forma en rueda de prensa tras la reunión del Consejo Europeo celebrada en Bruselas y al plantearle si convocará de forma inmediata elecciones si no consigue que se aprueben los presupuestos.

"Presentaremos los presupuestos en 2026 y habrá elecciones en 2027. Y no habrá elecciones conjuntamente con las municipales y con las autonómicas", ha subrayado.

Pero no ha concretado más y se ha limitado a señalar que "la realidad es muy dinámica" ante el interés de los periodistas por acotar más la fecha de los comicios.

Sí ha explicado que su ambición y su objetivo sigue siendo que las legislaturas, "cuando no gobierna la derecha", duren cuatro años.

El PP, Junts y el PNV apuntan desde hace tiempo hacia unas elecciones anticipadas. Deseo, anhelo, cálculo político. En sus manos está presentar una moción de censura, que saldría adelante junto a Vox si reman todos a favor. Pero, por el momento, no quieren utilizar ese instrumento constitucional y dejan toda la presión para que sea el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien pulse el botón para poner las urnas.

La sesión de control al Gobierno de este miércoles dejó patente esa presión que intenta ejercer cada uno de estos partidos para que Sánchez vaya a elecciones antes del verano del año que viene. Pero en la Moncloa insisten en que su hoja de ruta sigue pasando por convocar esos comicios en 2027. Y, como muestra de ese intento de llegar hasta el final, aparece el plan del Ejecutivo de arrancar la semana que viene el proceso para elaborar los presupuestos con la fase de la actualización del cuadro macroeconómico.

Por lo tanto, ahora se da el juego político de la presión en ambos sentidos. PP, Junts y el PNV quieren que el paso sea de Pedro Sánchez, lo que supondría asumir en primera persona el fracaso ya de la legislatura. Pero el líder de los socialistas tira de su habitual manual de resistencia, con su consabida piel de cocodrilo para aguantar pulsos externos. Algo que ha sufrido dentro de su partido durante años, como durante su gestión en temas como el choque con Donald Trump. 

El Partido Popular descarta por ahora presentar esa moción de censura. Cree que por el momento no le dan los números y no se fía de que Junts o el PNV les dejen tirado en la votación de ese instrumento. En esta pantalla, los populares tratan de presionar más al presidente del Gobierno con alguna votación simbólica que evidencie que no tiene mayoría en el Parlamento.

Esta semana se ha frustrado el intento de llevar al Pleno una enmienda en la que el Congreso exija esos comicios adelantados a Sánchez a través de una moción consecuencia de interpelación urgente. Una iniciativa planteada por el PP de manera paralela a Junts, pero que finalmente no fue aceptada por la Mesa del Congreso al entender que se trata de una competencia exclusiva de la Presidencia del Gobierno.

El Partido Popular vuelve a la carga después de esa iniciativa e incluirá en el orden del día del próximo miércoles en el Senado, donde tiene mayoría absoluta, una moción en la que se pide a Sánchez que adelante ya las elecciones.

En concreto, el texto registrado por el grupo del PP en el Senado insta en su último punto al presidente del Gobierno a “proponer la disolución de las Cortes Generales y convocar elecciones generales, de conformidad con la prerrogativa que le confiere la legislación vigente, atendiendo al carácter político, sin vinculación jurídica, de la presente iniciativa”.

El texto no tiene ningún efecto y se trata solo de un movimiento simbólico, pero los populares insisten en que tiene un gran valor porque el Senado deja constancia de la falta de apoyo al presidente. No obstante, esa Cámara no tiene esa representación que buscan los populares porque el respaldo en España se mide en el Congreso, que es el encargado de votar las investiduras, las mociones de censura y las cuestiones de confianza.

Precisamente, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, tachó de “cobarde” a Sánchez durante su cara a cara en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, además de acusarle de tratar de amordazar al Parlamento por el veto de la Mesa a su enmienda sobre adelanto electoral. 

Fuentes del Partido Popular insisten: “Sánchez impide que los españoles voten en las urnas por el miedo que tiene a que los españoles se expresen, y el sanchismo ha dado un paso más impidiendo que los diputados voten iniciativas por el pavor que tiene Pedro Sánchez a comprobar que ha perdido todos los apoyos y que las Cortes exigen elecciones generales”.

Durante estas horas, también Junts ha elevado la presión al Gobierno y sorprendió con esa enmienda para unirse al texto del PP en el Congreso para pedir elecciones, que al final no salió. Tanto los populares como los independentistas niegan tener relaciones, pero a muchos diputados de la izquierda les sorprendió que de manera simultánea los dos grupos presentaran enmiendas similares destinadas a un texto inicial del partido de Feijóo.

Junts se encuentra en una encrucijada. Rompió relaciones con el PSOE, pero, a la vez, no quiere dar el paso definitivo de unirse al PP y Vox para materializar una moción de censura. Pero sí ve con buenos ojos que sea Sánchez quien vaya a elecciones porque así no tendrá que cargar con la idea de que la ultraderecha llegaría a la Moncloa precisamente gracias al soberanismo catalán.

Pero detrás de los movimientos de Junts también está la ansiedad que genera en este partido en estos momentos el subidón en las encuestas de Aliança Catalana. Los posconvergentes no saben cómo frenar el ascenso de la ultraderecha independentista y la dirección de Carles Puigdemont está recibiendo mucha presión por parte de sus alcaldes y cargos locales, que están avisando de la fuerza que ven en las calles de sus municipios del partido de Sílvia Orriols.

"Queda claro, tras esta decisión, la evidencia de la debilidad extrema en la que se encuentra el Gobierno del Estado español, incapaz de afrontar una sencilla votación en el Pleno", indican desde el partido de Puigdemont respecto al veto de su enmienda en el Congreso.

La postura del PNV es la que genera siempre más nervios dentro del Gobierno y del PSOE porque el partido vasco es clave para aguantar. Los peneuvistas llevan ya tiempo dibujando la idea de un adelanto electoral con la idea precisamente de que esa cita no coincida con las elecciones municipales.

El presidente del Gobierno descartó recientemente hacer un superdomingo electoral en mayo del año que viene. Un mensaje que iba dirigido principalmente al PNV. ¿Por qué? Los soberanistas no quieren un día en el que se pongan varias urnas porque el debate nacional polariza y puede beneficiar, en su opinión, al PSE-EE y a EH Bildu, como un frente de izquierdas ante el avance de las derechas. El partido de Aitor Esteban quiere seguir manteniendo su gran poder municipal, con ayuntamientos en sus manos como los de Bilbao y San Sebastián, además de las tres diputaciones forales, con un poder inmenso al ser las que recaudan los impuestos.

El mensaje del PNV fue claro este miércoles en la sesión de control a través de la portavoz en el Congreso, Maribel Vaquero, que dijo directamente a Sánchez que está “nadando en el último largo de la legislatura” y que es “evidente” que se ha perdido la mayoría de la investidura. Con este límite: debe convocar elecciones si no logra aprobar los presupuestos generales.

Por un lado, supone delimitar ya en el tiempo su apoyo a Sánchez, aunque, por otro, también es un balón de oxígeno porque la tramitación de los presupuestos generales puede conllevar meses desde su presentación hasta su votación en la Cámara Baja. No es una exigencia de poner las urnas ya.

Fuentes de la Moncloa quieren ver el vaso medio lleno y se quedan con que el PNV se abre precisamente a negociar las cuentas del año que viene: “Partido a partido. Somos optimistas y no nos planteamos que nos los vayan a tumbar”. El debate de totalidad de ese proyecto en la Cámara Baja, primer gran test de apoyos, podría producirse, según cálculos del propio Ejecutivo, entre octubre y noviembre.

El mismo Partido Popular que no quería desplazar “el foco” sobre los casos que afectan al PSOE, es el que saca a colación cada vez que puede la posibilidad de encabezar una moción de censura. Este lunes, fue el propio Alberto Núñez Feijóo quien volvió a aludir a esta cuestión en una entrevista en Telecinco, en la que trató de presionar de nuevo a PNV y a Junts, a los que ofreció una salida "instrumental" para desalojar a Pedro Sánchez de La Moncloa, formar un Gobierno en solitario del PP y convocar elecciones.

El líder popular aseguró que el único objetivo de ese Gobierno de transición en solitario sería “limpiar las instituciones” y aseguró que llevaría a cabo reformas —entre ellas sobre la televisión pública y el CIS— , aunque no precisó cuánto tiempo necesitaría para hacerlo, y que después disolvería las Cortes para adelantar los comicios. “184 diputados estamos pidiendo elecciones. Si los que lo dicen son coherentes y lo hacen, podemos buscar una solución en poco tiempo”, afirmó el conservador. Feijóo, en su cuenta, incluye a los diputados que han reclamado el final de la legislatura, pero eso no equivale a una mayoría dispuesta a investirle. 

El líder del Partido Popular también insistió en la idea de que "para convocar elecciones no necesitamos que Vox esté en ningún Gobierno” después de que los aliados del Ejecutivo hayan rechazado de manera sistemática cualquier acuerdo que pase por la extrema derecha. Ahora, los de Santiago Abascal han dejado claro que ellos apoyarán una moción aunque no entren en ese eventual Ejecutivo, pero para PNV y Junts eso no es garantía de que no vayan a influir. Las dos formaciones son conscientes de que precipitar una operación de este calibre tendría costes en su electorado, aunque también creen que el inmovilismo tampoco les beneficia.

Pese a repetir que él está “dispuesto a todo” para desalojar a Sánchez de La Moncloa, Feijóo no se comprometió a presentar la moción si no tiene los números para ello, a diferencia de lo que hizo Sánchez hace ahora ocho años, sin tener atados los apoyos del PNV. En ese sentido, planteó que la encrucijada no la tiene el PP sino los socios del Gobierno, que deberían dar ese paso por "decencia" y confesó que era “optimista” porque en los últimos días ha percibido “movimientos” en la estabilidad del Gobierno de Sánchez. “Esta legislatura está exhausta y no da más de sí”, planteó el líder de la oposición. “¿Qué opina un votante del PNV o de Junts? Está indignado igual que el resto. Los socios tienen que tomar una decisión", zanjó.

Las palabras de Feijóo buscan calmar a los que, dentro de su partido, consideran que deben hacer “algo más” que quejarse de la “corrupción del PSOE”. En privado, sin embargo, fuentes de la dirección reconocen que cuanto más se prolongue la crisis socialista, más margen tendrá la derecha para desgastar a Sánchez y menos dependerá de Vox. "Tiene que cocerse entre investigaciones, declaraciones y sentencias", resumen fuentes populares. Lo que pretende Génova es que ese deterioro termine trasladándose al ánimo del electorado progresista de cara a las próximas generales y que esa abstención beneficie al bloque de la derecha “que ya está ultramovilizado”, apuntan las citadas fuentes. 

De puertas hacia afuera, todos los dirigentes del PP, incluidos los dirigentes territoriales, reclaman elecciones públicamente, pero también trabajan con la hipótesis de que una moción ahora obligaría a Feijóo a exhibir sus costuras. Necesitaría a Vox, pero también a PNV o Junts. Es decir, a fuerzas incompatibles entre sí, aunque sea por poco tiempo. En cambio, dejar que Sánchez resista en minoría, rodeado de investigaciones y con sus socios marcando distancias, consideran que permite al PP presentarse como la única alternativa de Gobierno sin tener que formalizar todavía una alianza parlamentaria imposible.

La moción, por tanto, sirve para elevar la presión sobre Sánchez, incomodar a sus socios y responder al sector del PP que reclama más contundencia. A ello se le suma que, en los últimos días, el debate interno se ha acelerado en Génova ante la preocupación de que, si el PP no capitaliza el desgaste del Gobierno, sea Vox quien recoja el malestar. Así lo verbalizó el portavoz nacional del PP, Borja Sémper, en una entrevista en Catalunya Ràdio el pasado miércoles en la que dijo que lo que está ocurriendo beneficia a los que “venden recetas fáciles a problemas complejos”, en referencia a Vox y Aliança Catalana.

En paralelo, en las propias filas del PP han circulado otras fórmulas para tratar de hacer caer a Sánchez antes de 2027, el horizonte temporal que el presidente del Gobierno se ha marcado y que implica agotar la legislatura. Una de ellas es la que defendió el exministro José Manuel García-Margallo este mismo lunes en un vídeo publicado en X. Defendió una moción de censura instrumental impulsada por el PP, pero encabezada por un perfil “políticamente neutro y moralmente irreprochable”, aunque no citó nombres. Así, según Margallo, se sortearía el rechazo que provoca Feijóo en los socios nacionalistas y se reduciría el coste de una mayoría en la que coincidieran PNV o Junts.

No es la primera vez que esta posibilidad salta al debate público. En octubre de 2025, Junts ya amagó con una moción de censura que no tuviera a Feijóo como candidato y exploró la idea de un nombre alternativo o independiente para desalojar a Sánchez. Entonces, el PP evitó entrar en el debate y lo calificó como "política ficción". Ahora, fuentes de Génova son aún más tajantes y consideran esa vía una "majadería". No se abren ni siquiera a estudiarlo a no ser que los independentistas catalanes se lo planteen como condición. "El problema de España es Sánchez, no Feijóo", resumen en la dirección popular.

La negativa tiene una lógica interna. Aceptar un candidato alternativo supondría admitir que Feijóo es un obstáculo para articular una mayoría contra Sánchez. Y esa conclusión sería letal para su liderazgo, ya de por sí deteriorado según las encuestas, que apuntan a que el líder del PP no logra fidelizar a sus propios votantes. Por eso Génova prefiere mantener viva la amenaza de la moción, presionar a los socios del Gobierno y dejar que la crisis socialista siga avanzando, pero sin abrir una negociación que pueda acabar cuestionando al propio jefe de la oposición. 

Lo que sí quiso dejar claro este lunes Feijóo es que no quiere gobernar con la extrema derecha a nivel nacional porque, a su modo de ver, un Ejecutivo de coalición “siempre tiene más dificultades y tensiones internas”. En el PP admiten que “los tiempos de las mayorías absolutas han pasado” y que pactarán si hace falta, pero quieren evitar que Santiago Abascal sea su vicepresidente, emulando la fórmula del PSOE y Sumar. 

Por eso buscan que el “equilibrio de fuerzas” entre ambos les beneficie ya que, como apuntó el expresidente José María Aznar hace solo unos meses, es que el PP necesita a un Vox débil para poder gobernar porque, de lo contrario, "los españoles no nos podremos enfrentar a los problemas que queremos abordar", según planteó en un acto el pasado marzo junto al exministro Jaime Mayor Oreja.

"No es lo mismo un Partido Popular que obtenga 130 o 140 escaños acompañado por un Vox que tenga 60", que un PP "que tenga 170" con una extrema derecha muy subordinada y situada en el entorno de los 30 escaños. "En la segunda forma tendríamos una oportunidad", dijo, dando por hecho que lo primero sería muy problemático para el partido de Alberto Núñez Feijóo. En Génova coinciden plenamente.

Un mes antes, Feijóo admitió que si los electores le enviaban "otro mensaje" tendría que "matizar" su posición. Y ese ha sido, de nuevo, el mensaje que lanzó este lunes el líder de la oposición en la citada entrevista. Así, aseguró que serán los españoles los que “decidirán con su voto” si quieren que la extrema derecha forme parte del siguiente Ejecutivo, aunque su planteamiento sigue siendo intentar gobernar en solitario. Una máxima que no aplica a los gobiernos autonómicos, ya que, tras pactar en Extremadura y Aragón, el acuerdo para gobernar en Castilla y León “es inminente”, según avanzan fuentes de Génova. 

Hace años se hablaba de ruido de sables cuando el malestar lo hacían suyo las fuerzas armadas, y con esa amenaza, la presión militar, caminábamos los ciudadanos mirando a todas partes.

Han pasado muchos años de aquello, la democracia está instaurada, pero hay colectivos y nostálgicos inadaptados al sistema; tememos y constatamos que seguirán así hasta no se sabe cuándo. La dictadura acabó; ojo, no el franquismo, como es evidente.

Ahora asistimos a lo que podíamos denominar ruido de autos, no confundir con ruido de coches. Un ramillete de causas, anticipadas y filtradas con evidente intención, que, independientemente de lo que resuelvan las instancias judiciales, buscaban una sentencia por una parte de la ciudadanía, un sesgo de confirmación condenatorio como si fuera un juicio con jurado popular. Quienes eso propician pueden encontrarlo en el futuro.

Otros juicios ofrecen declaraciones que espantan a quienes hemos oído grabaciones. Si la hemeroteca y videoteca a la que hoy tenemos acceso, los juzgadores también, permite que algunos se vayan de rositas, obliga a cavilar. ¿Cómo se las verían los administradores de justicia para confirmar la veracidad probatoria, sujeta a investigaciones con elementos rudimentarios?

Un libro titulado “Justicia política y polarización durante la República (1931/1936)” narra las vicisitudes y el ruido de togas entonces. Nada nuevo. Hay paralelismos en cuanto al fondo, si bien es cierto que los tiempos no permitirían aquellas formas. Los nostálgicos y revoltosos no han desaparecido, simplemente han cambiado los ropajes.

A la enmarañada espesura judicial con tanto auto, se suman movimientos políticos instalados en el borde de la legalidad, con acciones de escasa civilidad. Un totum revolutum donde unos y otros ocupan sitio en un ómnibus amalgamado, en un viaje de varios meses.

No faltan partidos del arco parlamentario, como los nacionalistas vascos, PNV, que advierten de la necesidad de que finalice la legislatura ¡ya! Dan una especie de ultimátum, casi amenaza. ¿Cómo recibiría su electorado que votara junto a VOX, ese partido que el 20 de febrero de 2024 pidió su ilegalización junto a la de ERC, BNG, Junts y todos los que cuestionasen la unidad de España? Además de inconstitucional, esa pretensión ultraderechista silenciaría a 1.300.000 ciudadanos votantes de los partidos citados. 

No olvidamos a los socios del ejecutivo que claman para que el Gobierno actúe ya, caso de Sumar. Se cumple aquello de intentar hacer leña del árbol caído, con el agravante de que aún no está caído, pero pudieran tumbarlo. Hablando de leña, algunos socialistas, viejos y actuales, se unen a las tesis de sus adversarios; sabemos que no hay peor cuña que la de la propia madera. Cuando un político es tonto, da mucho de sí.

Entre fiesta y funeral vendrá 2027. Que cada cual elija.

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 Mariano De la Puente Mayenco es socio de infoLibre.

La imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra y la imagen de la Guardia Civil en la sede de Ferraz con el objetivo de conseguir información sobre la trama supuestamente liderada por el ex secretario de organización del PSOE Santos Cerdán para “obstaculizar, desestabilizar o neutralizar procedimientos judiciales y policiales que afectaban al PSOE, al Gobierno o al entorno del presidente del Gobierno” no solo han sumido en el desconcierto y la incertidumbre al Ejecutivo de Pedro Sánchez –que denuncia abiertamente una operación de acoso y derribo–  sino también a sus socios.

Ninguno de los partidos que fue clave para investir a Sánchez en 2023 quiere, sin embargo, aparecer como responsable directo de una caída del Gobierno que pueda desembocar en un Ejecutivo de Partido Popular y Vox, ni siquiera PNV y Junts, los más cercanos ideológicamente a los postulados de Alberto Núñez Feijóo. No obstante, ambas formaciones sí le han reclamado públicamente a Sánchez que convoque elecciones antes de que acabe el año. El resto no ha dado ese paso, pero coinciden en que el clima ha cambiado. Las causas judiciales que afectan al PSOE y a dirigentes o exdirigentes socialistas han instalado entre sus aliados una mezcla de desconcierto y temor a que todo ello les acabe salpicando también a ellos.

La decisión de Sánchez de pedir comparecer en el Congreso no se entiende sin esa presión. En Moncloa habían intentado inicialmente contener el golpe al sostener que los casos no concernían directamente al presidente y habían desplazado el foco hacia las “cloacas” del Partido Popular con el caso Kitchen. Pero sus socios exigieron más y por ese motivo, a última hora del jueves, se anunció su comparecencia para hablar sobre las actuaciones judiciales que afectan al partido y al Gobierno, si bien no será hasta después del 19 de junio, fecha en la que ya se habrá producido la declaración de Zapatero en sede judicial y justo después del Consejo Europeo.

Los partidos que sostienen al Gobierno son los primeros interesados en que el socialista no ignore la gravedad de la crisis, pero también son conscientes de que, si la legislatura se desploma, el escenario puede ser peor para todos ellos. La mayoría del 23J nació como un frente contra la derecha y la ultraderecha –y no tanto como una alianza pro-Sánchez– , pero ahora esa misma mayoría se ve obligada a fiscalizar al PSOE sin dinamitar del todo el dique que construyó para impedir la llegada de PP y Vox a La Moncloa, que algunos anticipan que se producirá el próximo año 2027 si nada cambia.

El PNV ocupa un lugar singular en esa arquitectura. “Siempre se ha dicho que las legislaturas duran lo que diga el PNV”, ironizaba el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, esta semana desde el Congreso. Los nacionalistas vascos son los que mejor han entendido el poder de la geometría parlamentaria. Su relación histórica con el PP nada tiene que ver con la de ahora, con cruces de reproches e insultos en público. En 1996 facilitaron la investidura de José María Aznar junto a CiU y Coalición Canaria. A cambio, el PNV obtuvo garantías vinculadas al Concierto Económico, transferencias, desarrollo estatutario y reconocimiento de la singularidad vasca.

Aquel pacto ejemplifica el modus operandi de la política española durante décadas: los nacionalismos conservadores podían mirar a derecha o a izquierda en función del contexto, del precio político y de los intereses territoriales. El PNV pactó con Aznar, negoció con Rajoy y, en mayo de 2018, permitió aprobar los Presupuestos del último Gobierno popular. Lo hizo incluso en plena tensión por la aplicación del artículo 155 en Cataluña, justificando su voto en términos de responsabilidad y autogobierno. 

Pocos días después, la sentencia de Gürtel alteró el tablero. El mismo PNV que había dado oxígeno presupuestario a Rajoy facilitó la moción de censura que convirtió a Pedro Sánchez en presidente. Su capacidad de arbitraje siempre está sometida a sus propios intereses y a la lectura del momento político. Y el objetivo último de los jetzales es mantener la presidencia del Gobierno vasco. Un pacto para el que actualmente necesitan al PSE, que también podría mirar a EH Bildu en caso de apremio.

Fuentes de la formación señalan que el factor clave para el cambio de postura con el PP no es solo la lehendakaritza, sino lo que consideran una “deriva” del PP hacia la “ultraderecha” por su mimetización con Vox. En Génova, sin embargo, ven a los de Aitor Esteban como “rehenes” de Sánchez, una posición que creen acabarán “pagando caro” en el futuro. Este argumento lo hacen extensible también a Junts, que piensan que está condicionado por el crecimiento de la ultraderecha de Aliança Catalana.

Junts es el otro actor clave del final de legislatura. Su papel no es idéntico al del PNV, pero sí comparte una lógica de poder: maximizar la influencia desde una posición parlamentaria decisiva en Madrid. Los de Carles Puigdemont han tensado la cuerda desde el inicio de la legislatura, han dado por bloqueada la acción del Gobierno en distintos momentos y han usado cada incumplimiento del PSOE como argumento para endurecer su posición. Pero su negativa a facilitar una moción de censura que abra la puerta a Vox marca el límite de su amenaza, como volvió a repetir el viernes su portavoz en el Congreso, Míriam Nogueras.

Ninguno de ellos quiere aparecer como la fuerza que entregue el Gobierno a un Feijóo dependiente de la ultraderecha. Esa es la contradicción que también atenaza al PP. Su líder busca que PNV y Junts conviertan su malestar en votos contra Sánchez, pero no puede ofrecerles un horizonte compatible con sus intereses territoriales mientras Vox sea imprescindible para cualquier mayoría alternativa. En la dirección del PP analizan que Aznar pudo pactar con CiU y PNV porque el nacionalismo conservador aún podía ser socio de una derecha estatal sin pagar el coste de aparecer junto a una fuerza como Vox. Feijóo, en cambio, no dispone de esa autonomía y sabe que la alternativa será con Santiago Abascal o no será.

En este contexto, el desconcierto de la izquierda es especialmente profundo. El socio minoritario del Ejecutivo, Sumar, es consciente de sus limitaciones por compartir Consejo de Ministros con el PSOE. El temor en la izquierda es que el electorado pueda no distinguir con precisión dónde termina la responsabilidad socialista y dónde empieza la de su socio minoritario. Esa es la preocupación que recorre el espacio, que las causas que golpean al PSOE terminen contaminando también a quienes han gobernado a su lado.

El problema de Sumar, sin embargo, va más allá. La organización llega a esta crisis sin un liderazgo claro después de que la vicepresidenta segunda y anterior cabeza de lista, Yolanda Díaz, comunicara que no volverá a serlo en las próximas generales. A la izquierda del PSOE, el espacio intenta recomponerse mediante llamamientos a encuentros amplios y candidaturas de unidad, pero lo hace entre recelos, fragmentación territorial, distancias con Podemos y ausencia de un proyecto reconocible más allá de la permanencia en el Gobierno.

Eso explica la incomodidad de sus dirigentes. Romper con el PSOE –una posibilidad que lanzan en privado algunos de los partidos satélites de la coalición– puede acelerar unas elecciones para las que no están preparados. Si se quedan sin marcar perfil, corren el riesgo de ser arrastrados por el desgaste socialista. La izquierda alternativa vive, por tanto, atrapada entre la responsabilidad institucional y la necesidad de supervivencia electoral. La corrupción es un terreno especialmente peligroso para quienes han construido buena parte de su identidad política sobre la limpieza pública y la regeneración democrática cuando se acaban de cumplir, además, quince años del 15-M.

Algunas voces del espacio plantean que deben ser ellos quienes tomen la iniciativa y fuercen la presentación de los Presupuestos Generales del Estado como un anticipo de su programa para las generales. Y, cuando la Cámara los rechace, les sirva como excusa para adelantar las elecciones. Pero no todo el mundo coincide y los hay que consideran que deben aguantar hasta que “amaine el temporal” y estén mejor organizados. Hay quien teme que todo se precipite y las generales les pillen sin un candidato y sin proyecto.

También ERC, EH Bildu y BNG, entre otros, se mueven en esa tensión. Todos necesitan que el PSOE dé explicaciones y han marcado la financiación irregular como línea roja. Pero eso no significa que una estructura paralela para influir en causas judiciales no sea grave, como trasladan en privado diputados y asesores. Ahora, la legislatura entra en su fase final, adelante Sánchez la cita electoral o no, sin proyectos políticos a la vista por la negativa de Junts a participar en el bloque de la investidura. 

Y aunque todos anticipan que Sánchez ganará tiempo compareciendo, anunciando medidas o intentando situar el debate en la ofensiva judicial y mediática contra el Gobierno, también creen que la legislatura ha entrado en una 'vía muerta'. Los socios ya han dejado claro que no aceptarán una explicación basada únicamente en la existencia de una campaña para derribarlo. Quieren respuestas sobre hechos concretos, garantías de limpieza interna y cumplimiento de los acuerdos pendientes. Y nadie se atreve a predecir qué elemento judicial volverá a alterarlo todo de nuevo.

El Partido Popular no está logrando rentabilizar el caso Zapatero como le gustaría. Y aunque pide apartar el foco sobre sí mismo para situarlo sobre el Gobierno, tampoco lo consigue. La dirección de Alberto Núñez Feijóo ha vuelto a denunciar el agotamiento del Ejecutivo de Pedro Sánchez y ha reclamado a los socios de investidura que rompan con el PSOE — llegando a fantasear con una moción de censura "instrumental"—. Pero la realidad es tozuda y ningún socio se mueve, ni siquiera los que ideológicamente están más cerca de Feijóo y más enfadados se muestran con Sánchez: PNV y Junts.

Hay varios motivos por los que ambas formaciones nacionalistas no rompen con el presidente del Gobierno, entre ellas la dependencia de los jetzales del PSE en Euskadi y la amnistía que no llega en el caso de Carles Puigdemont. Pero hay un elemento que pesa especialmente para ambos: Vox. Feijóo ha atado su futuro al de la extrema derecha, socio imprescindible para los conservadores en la mayoría de autonomías pero ‘tóxico’ para los nacionalistas. La posibilidad de un acuerdo que pase por los de Santiago Abascal es motivo suficiente para rechazarlo, según entienden tanto en el cuartel general del PNV como en el de Junts.

En España, las mociones de censura son constructivas. Es decir, no es una simple votación para derribar a un presidente, sino que debe incluir un candidato alternativo y necesita mayoría absoluta para alcanzar La Moncloa. Hacen falta, además, al menos 35 diputados para registrar una moción —por ese motivo Vox no ha presentado ninguna esta legislatura— y lo cierto es que en la historia de la democracia solo ha prosperado una, la de Sánchez contra Mariano Rajoy. Este lunes se cumplen ocho años desde que los socialistas la registraron en la Cámara Baja, aún sin tener atados al 100% los apoyos de los nacionalistas vascos.

Aunque en el PP consideran que existe una mayoría negativa en el Congreso contra Sánchez y descartan que el socialista tenga los números para aprobar los Presupuestos Generales del Estado, tampoco los tienen para una mayoría alternativa de cara a hacer presidente a Feijóo o, en todo caso, a un candidato de transición que designara el PP. Esta última es una posibilidad que han dejado caer miembros de Junts en otros momentos de la legislatura, pero que ahora nadie se atreve a verbalizar, tampoco entre las filas conservadoras. Eso sí, esta estrategia tiene una importante salvedad. En España, la Constitución establece que “si la moción de censura no fuere aprobada por el Congreso, sus signatarios no podrán presentar otra durante el mismo período de sesiones”. Es decir, el PP podría presentar una moción antes del verano, pero tendría que esperar a septiembre si quisiera tener otra oportunidad.

Actualmente Junts tiene siete diputados y el PNV cinco. Y para que una moción prosperase, el PP necesitaría que al menos uno de esos partidos nacionalistas aceptase votar en la misma dirección que Vox para investir a Feijóo, aunque fuese con el compromiso posterior de convocar elecciones. A un año escaso de las próximas elecciones municipales — a las que seguirían las generales si nada cambia— , ni los de Aitor Esteban ni los de Carles Puigdemont quieren dar un paso que, previsiblemente, sus votantes penalizarían.

Ese es precisamente el lastre de Feijóo. Y aunque las cuatro formaciones han coincidido en diversas votaciones en el Congreso, una moción de censura es también una fotografía de poder. En ella aparecerían Feijóo, Abascal y el partido nacionalista que hubiese hecho posible la operación. Así, en el PP no van a cargar en público contra un Vox que le permite gobernar autonomías y ayuntamientos pero son conscientes de que sus socios no generan precisamente adhesiones. Por ahora, en el PP abogan por esperar a que el Ejecutivo “se cueza en su salsa”, en palabras de fuentes conservadoras, y que Sánchez se vea obligado a adelantar elecciones. Sin embargo, consideran que agotará la legislatura hasta 2027, como él mismo ha dicho.

Para el PNV, el obstáculo no es coyuntural. Su actual presidente y exportavoz en el Congreso, Aitor Esteban, lo advirtió durante la sesión de investidura fallida de Feijóo en 2023 al asegurar que los conservadores no podían hacer creer "ni al PNV ni a la opinión pública que Vox no está en la ecuación". En lugar del “elefante en la habitación”, habló directamente de una "ballena en la piscina" imposible de esconder y recordó que su partido ya había advertido de que un candidato que necesitara a Vox no contaría con sus votos. Incluso resumió la cuenta que el PP debía hacer si quería hablar con el PNV. Esteban dijo que debería ir "descontando 33", los escaños de Vox.

La razón es evidente. Vox es una amenaza directa a la razón de ser del nacionalismo vasco. Es un partido que aboga por acabar con las autonomías, el régimen fiscal propio y tilda de “racista” sus orígenes y planteamientos. Con Junts ocurre algo parecido, especialmente por lo que respecta a la figura del propio Puigdemont, al que los de Abascal han acusado de ser un terrorista. El partido catalán puede romper con el PSOE, bloquear la legislatura o competir con ERC por quién es más duro frente a Madrid, pero votar una moción de censura con Vox lo colocaría en una contradicción devastadora ante su propio electorado.

Su secretario general, Jordi Turull, lo formuló sin rodeos cuando rechazó una operación con PP y Vox en enero del pasado año, meses después de que trascendiera que Feijóo planteó dar un indulto condicionado a Puigdemont y sopesó la amnistía durante 24 horas. "Hacer alguna cosa con Vox es una broma macabra", afirmó.  Y cuando Feijóo hizo un llamamiento al empresario catalán para que presionaran a Junts, Turull replicó que el PP no debía pedir ayuda, sino "pedir perdón", y remarcó que Junts "no es la muleta de nadie". 

Tras la imputación del expresidente socialista, Junts ha reaccionado con cautela. Su silencio ha sido más elocuente que en otros momentos, pero el mensaje oficial sigue siendo "que se esclarezcan los hechos", que se respete la presunción de inocencia de Zapatero y ha recordado que se sienten víctimas histórica de la falta de presunción de inocencia. Quien sí ha subido el tono es el PNV. El propio Aitor Esteban afirmó este domingo que sería "irresponsable" que Sánchez siguiera más allá de 2026 "sin rumbo, sin presupuestos, sin una mayoría estable y con una agenda descontrolada y judicializada" y dijo que el caso Zapatero "lo complica aún más".

Génova no ha tardado ni 24 horas en responder al presidente del PNV. “Si cree de verdad que alargar esta situación es irresponsable, debe asumir que seguir sosteniendo esta situación también lo es. Las palabras solo no valen”, señaló el portavoz nacional del PP, Borja Sémper, este lunes tras el comité de dirección del partido. Con todo, Sémper descartó que Feijóo dé el paso de presentar la moción de censura si no tiene los apoyos y dejó la decisión en manos de los socios.

Hasta la fecha, la dirección de Feijóo ha presentado a PNV y Junts como rehenes del PSOE y ha pronosticado su debacle en próximos comicios autonómicos, pero ambas formaciones entienden que el coste sería mayor si apoyarán al PP de la mano de Vox. Para el PNV, implicaría dinamitar su relación con el PSE en Euskadi e incluso la posibilidad de perder  Ajuria Enea. Para Junts, sería regalar a sus rivales independentistas la acusación de haber salvado a la derecha española de la mano de la ultraderecha, un escenario que se complica todavía más con la amenaza de Aliança Catalana a las puertas.

Así, aunque incluso ellos mismos dan por perdida la legislatura, eso no convierte automáticamente a Feijóo en alternativa. Y el líder del PP sabe que si se vuelve a repetir el escenario de 2023, no tendrá posibilidades de alcanzar La Moncloa porque necesita a Abascal para cualquier operación de derribo, pero su presencia impediría que los nacionalistas entrasen en la operación. Lo único que le queda  al PP es seguir presionando a los socios e incluso amagar con la citada moción instrumental, pero de ahí a presentarla hay un paso que, en estos momentos, no están dispuestos a dar. Por ahora, asumen que les toca esperar porque, como mucho, queda un año y no pueden ni quieren cambiar de socio preferente.

A Maribel Vaquero no le gustan especialmente los focos. Pero este miércoles estaban todos sobre ella. Con los otros 349 diputados mirándola atentamente. Expectantes. En especial el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Sus palabras en la sesión de control eran mucho más importantes que las de Alberto Núñez Feijóo (PP). El PSOE y el PNV viven unos días de tensión, extraños, tambaleantes.

El silencio que inundó la Cámara Baja durante el intercambio de palabras entre la portavoz del PNV y el jefe del Ejecutivo materializaba la sensación que recorre la política española. ¿Se acabó la relación fructífera entre socialistas y nacionalistas vascos? ¿Puede haber un giro de guion inesperado? ¿Se tambalea la legislatura por el enfado de los jeltzales?

La política española en las últimas décadas ha girado en muchas ocasiones al son del PNV. En las paredes del Congreso todavía resuena el comunicado de mayo de 2018 que puso fin al apoyo de los nacionalistas vascos a Mariano Rajoy, apenas horas después de haber pactado con él los presupuestos generales. De esta forma, darían su respaldo a Pedro Sánchez en la moción de censura. El PP todavía no lo perdona. Y ese poder lo conocen muy bien en el Palacio de la Moncloa y en la calle de Ferraz. Orden desde arriba: rebajar el clima caldeado.

El detonante de esta tensión es un tuit del Partido Socialista vasco (PSE-EE) con una imagen generada por IA en la que se ve al líder peneuvista, Aitor Esteban, tirándose a la piscina, en referencia irónica a su comentario de que había agua en la piscina para la reforma del Estatuto. La difusión de ese tuit generó un terremoto entre los nacionalistas, que suspendieron una reunión que iban a tener con los socialistas. Una relación que ahora pilota Antonio Hernando desde la remodelación de la dirección de Ferraz tras la dimisión de Santos Cerdán.

Pero ese tuit fue la gota que colmó el vaso para el PNV, que mantiene con el PSE-EE una serie de encontronazos. No solo de fondo, sino también de forma. Como señalan fuentes conocedoras, esto también va de “una cuestión de piel”. A los nacionalistas les molesta el estilo del líder de los socialistas en Euskadi, Eneko Andueza, que no está dentro del Ejecutivo de coalición. Y dentro de ese Gobierno también le ha sentado mal al lehendakari, Imanol Pradales, la actitud del consejero de Vivienda, Denis Itxaso, del ala socialista. 

Este choque se debe enmarcar también en el espacio temporal: falta justo un año para que se celebren elecciones municipales en Euskadi en un momento en el que EH Bildu está muy fuerte en las encuestas. Y ya todos los partidos empiezan a marcar mucho perfil, conscientes de que quedan, como mucho, apenas catorce meses para que haya elecciones generales.

Pero la bronca afecta al corazón de la relación entre el PSOE y el PNV, una de las más fructíferas en el mapa político español actual. Esto no va solo de los apoyos en la madrileña Carrera de San Jerónimo, sino que estas dos formaciones pactaron el Gobierno de coalición en Vitoria, además de las tres diputaciones forales (con un peso político y económico altísimo porque son las que recaudan los impuestos). Asimismo, ambos partidos tienen acuerdos de gobernabilidad en las tres capitales vascas.

Por lo tanto, una ruptura total entre ellos no solo afectaría a la legislatura nacional, sino que podría hacer saltar por los aires todas las instituciones vascas, donde el PSE-EE podría virar hacia EH Bildu y cambiar el color político. Y se rompería ese win-win que hasta ahora han tenido: los socialistas consiguen ese halo de centralidad de la mano de los de Esteban frente a la apuesta arriesgada de acordar con la izquierda abertzale, mientras que el PNV se asegura con Ferraz mantener las instituciones y su poder territorial. Como señala un veterano dirigente socialista. “El PNV sin la Lehendakaritza no sería lo que es”.

En este combo está también la figura de Aitor Esteban en el centro. Sus relaciones en Madrid son muy buenas con Moncloa y Ferraz, pero no existe esa conexión en Euskadi. En la izquierda vasca creen que el PNV está “sobreactuando” y reflexionan que el líder del PNV venía muy “mimado” de Madrid.

El propio Sánchez se ha puesto al frente de esta crisis con sus palabras en el Congreso para reconducir la situación. El líder de los socialistas elogió la “oposición constructiva” y tendió la mano a la “buena compañía” de los peneuvistas para agotar la legislatura. En el Palacio de La Moncloa rechazan que haya una ruptura: “No hay una crisis”. Quieren que amaine pronto el temporal.

Pero hay otro factor que también se ha cruzado durante estas horas: el PNV subió el tono contra los socialistas en una semana en la que los nacionalistas vascos se abstuvieron en la votación del decreto de prórroga de los alquileres, que fue tumbado por el ‘no’ del PP, Vox y Junts. En las bancadas progresistas, durante la sesión plenaria de este jueves, se comentaba que los nacionalistas vascos saben que su posición también es impopular y no están cómodos al situarse en el lado “de los especuladores”.

El PNV se inquieta cuando entra en la ecuación con el PP y Vox, un tándem muy mal visto en Euskadi. El acercamiento a la derecha y a la extrema derecha españolas puede suponer un revulsivo precisamente para EH Bildu, su gran rival por la hegemonía en el Parlamento vasco. Es un quebradero de cabeza para el partido de Esteban quedar como uno de los culpables de la posible llegada a La Moncloa de Alberto Núñez Feijóo y de Santiago Abascal.

La historia entre el PSOE y el PNV ha estado marcada por diferentes etapas de encuentros y desencuentros. Los dos partidos formaron equipo en el Gobierno vasco entre 1986 y 1998, con el liderazgo del lehendakari José Antonio Ardanza y bajo el “espíritu de Arriaga”, que buscaba fórmulas para la comodidad dentro del Estado. Pero luego la política vasca cambiaría de eje con el Pacto de Lizarra, que supuso un marco para aventuras de corte soberanista como la impulsada por Juan José Ibarretxe, que distanció al PNV de los socialistas, quienes lograrían durante unos años el Gobierno con Patxi López a la cabeza gracias a los votos del Partido Popular. El reencuentro se produciría en 2016, cuando Iñigo Urkullu pactó con el PSE-EE de Idoia Mendia, una fórmula que se ha mantenido hasta ahora. 

El PSOE y el PNV se miran de nuevo. Saben que se necesitan. Pero queda un año para las elecciones. Y Pedro Sánchez también ha avisado: quiere ocho años más de Gobierno. Su futuro pasa también por Aitor Esteban.

El decreto anticrisis aprobado este viernes por el Gobierno para responder al impacto económico de la guerra en Irán —con 80 medidas y que acarreará una factura de 5.000 millones de euros— salió adelante tras una mañana de tensión entre los socios del Ejecutivo. El choque provocó un inédito plante de los cinco ministros de Sumar, lo que acabó retrasando en dos horas el Consejo de Ministros extraordinario. Durante ese lapso de tiempo, la vicepresidenta Yolanda Díaz fue la encargada de negociar con el presidente Pedro Sánchez la inclusión de medidas sociales, al considerar que el paquete inicial era, en esencia, una "mera bajada de impuestos".

El socio minoritario del Ejecutivo llevaba días reclamando que el decreto no se limitara a rebajas fiscales y que incorporara mecanismos de protección para los inquilinos y medidas contra los beneficios extraordinarios derivados de la crisis. Finalmente, tras el órdago de Sumar, se acordó dividir la respuesta en dos decretos, uno centrado en energía, fiscalidad y ayudas a sectores afectados, y otro con medidas de vivienda exigidas por Sumar, como la congelación de alquileres y la prórroga extraordinaria de contratos. Los dos socios del Ejecutivo lograron cerrar rápidamente su crisis interna inmediata, pero a costa de trasladar el conflicto al Congreso, en el que cada decreto afronta mayorías distintas e inciertas, especialmente el relativo a la vivienda, como ha dejado claro Sánchez.

En la rueda de prensa posterior al Consejo, el socialista intentó dar por cerrada la crisis reivindicando la "capacidad de diálogo y de acuerdo" y minimizó el choque. "Entiendo que el salseo es interesante para los medios, pero hablamos de un plan muy relevante", afirmó, tras afirmar que las coaliciones están a la orden del día en "la política del siglo XXI". El presidente del Gobierno definió el paquete como el "mayor escudo social" de la UE, reivindicó el modelo energético de España y sostuvo que el país llega mejor preparado que otros de la Unión Europea por el peso de las renovables y el precio de la energía por la excepción ibérica.

Por su parte, en Sumar reconocen que se vivieron momentos muy críticos, aunque su portavoz y ministro de Cultura, Ernest Urtasun, aseguró en declaraciones que en ningún momento se plantearon salir del Ejecutivo. Con todo, también dejó claro que no estaban dispuestos a aceptar que el Consejo de Ministros no protegiera a los inquilinos y no diera esa batalla por miedo a Junts. "Ahora a pelear los votos, y es lo que vamos a hacer", planteó. Para el socio minoritario, el Ejecutivo no podía aprobar únicamente medidas de reducción de impuestos que pueden acabar beneficiando más a las empresas que a los consumidores.

El de la vivienda es, además, un asunto capital para los de Díaz ya que supone es uno de los principales factores de gasto para las familias. Ante la subida de precios generalizada, podría verse agravado en un eventual escenario de aumento de la inflación. Aunque el PSOE era reticente a aceptarlo e incluso la ministra de vivienda, Isabel Rodríguez, llegó a decir que no tenía cobertura legal, finalmente se incluyó en otro Real Decreto, que prorroga de manera los contratos de alquiler que acaban entre el 21 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027. Sin embargo, en Sumar son conscientes de que Junts y el PNV, especialmente el primero, no comparten la iniciativa y tratarán de convencerlos mediante la negociación pero también a base de presión de las calles con movilizaciones.

Por lo que respecta a la derecha, el principal partido de la oposición tenía previsto valorar las medidas antes de que se produjera el choque entre ambos socios a través de su vicesecretario de Economía, Alberto Nadal. Pero tras el desencuentro, el Partido Popular aprovechó para convertirlo en un monográfico sobre la situación interna del Ejecutivo a través de su secretario general, Miguel Tellado. El dirigente del PP compareció desde la sede de Génova y centró buena parte de su intervención en el "espectáculo" del Gobierno en lugar de hacerlo en el contenido del "decreto de derechas", en sus palabras, en referencia al anticrisis.

El número dos de Alberto Núñez Feijóo lo calificó de "esperpento", cargó contra la escena de los ministros de Sumar retrasando el Consejo y presentó el episodio como una prueba de que el Gobierno carece de cohesión y de autoridad. "Sánchez debería acuñar el 'No a la guerra' en el Consejo de Ministros", ironizó el dirigente del PP. Con todo, aseguró que su formación estudiará el decreto económico tras incluir rebajas fiscales que los populares llevan tiempo reclamando. "Las medidas de Sánchez eran nuestras y han sido ridiculizadas. Bienvenido a la fachosfera", llegó a decir, si bien concretó que antes de decidir "estudiarán" el texto.

Pero de puertas para fuera lo que el PP quiere que cale no es la efectividad de las medidas, sino la debilidad del Gobierno por la supuesta cesión de Sánchez ante "los ministros en rebeldía" de Sumar. "No solo le extorsiona Bildu, ERC, Junts y los partidos minoritarios, sino también el partido que forma parte de su coalición", argumentó Tellado. Los conservadores buscan que cale el relato de un gabinete roto, porque creen que eso es más eficaz que confrontar técnicamente el Real Decreto. Una crítica que, además, contrasta con la debilidad de los Ejecutivos autonómicos compartidos por el PP. Los conservadores rompieron los gobiernos con Ciudadanos para quitárselos de en medio y Vox hizo lo propio con ellos en verano de 2024.

El dilema para Génova es evidente y por eso quieren evitar que el foco se centre en las rebajas tributarias, porque entonces les resultaría más difícil oponerse al contenido, de ahí que la crítica se desplace hacia la forma, el método y la bronca interna. Aun así, fuentes del equipo de Feijóo han querido dejar claro que su posición sobre el texto anticrisis "se especificará en el momento oportuno" —el de vivienda ya han anunciado que lo rechazarán— y apelan al presidente del Gobierno a "ir convenciendo a todos sus socios de investidura de que le apoyen" en ambas votaciones.

A esto se le suma la posición de los socios de investidura. En el caso de Junts, reivindicó como propias algunas de las rebajas fiscales y energéticas del decreto económico y dejó ver que su disposición a apoyar ese texto no se extiende automáticamente al decreto de vivienda. Una postura enfrentada a la de ERC y Bildu, que han puesto valor la intervención de Sumar para incluir medidas sobre alquileres y protección social. "El movimiento de Sumar está muy bien, la vivienda se tiene que arreglar o no hay izquierda que valga", señaló el portavoz de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián.

En el comunicado difundido a la prensa, desde el partido de Carles Puigdemont señalan que el Ejecutivo "ha comprado" sus propuestas de rebaja del IVA del 21% al 10% en carburantes, electricidad y gas, además de otras medidas fiscales. Para la derecha independentista catalana se trata de una "condición clave" para valorar su voto favorable al primer decreto por su efecto sobre "la clase media y trabajadora", autónomos, pequeñas empresas y transporte. En la formación jetzale, por su parte, subrayan que el Real Decreto con las medidas anticrisis "sigue la filosofía de las 31 medidas propuestas por el Grupo Vasco", centradas en ayudas directas e iniciativas fiscales para transporte, industria, ganadería y pesca. Ninguno de los dos revela, por ahora, qué harán con el de vivienda.

La asociación Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) ha asegurado que la futura Ley de multirreincidencia vulnera el principio de proporcionalidad y considera que el "innecesario" endurecimiento de las penas en los delitos de hurtos y estafas no tiene un efecto disuasorio real, según recoge EFE.

JJpD ha manifestado su "profunda preocupación" por la reforma del Código Penal prevista en la proposición de Ley sobre multirreincidencia, que este jueves salió adelante en el Congreso con los votos de PSOE, PP, Vox y PNV, que supone un "retroceso" en los principios de proporcionalidad y reinserción que deben regir el ordenamiento jurídico.

"Elevar las penas de prisión hasta 3 años a conductas que individualmente se consideran de escasa gravedad supone la vulneración del principio de proporcionalidad y una quiebra de la coherencia interna de nuestro sistema penal", ha señalado JJpD en un comunicado.

A su juicio, el aumento de las penas de prisión para hurtos y estafas que no superan los 400 euros no aborda las causas estructurales de la delincuencia de baja intensidad.

Así, ha precisado que la reforma de 2022 para los delincuentes de hurto multirreincidentes (que hayan cometido un delito de esa naturaleza al menos tres veces) no ha tenido un efecto disuasorio real pues desde su aprobación los hurtos han crecido más de un 20%.

Ademá, según esta asociación, la reforma amenaza con saturar los juzgados con procedimientos más largos y complejos para conductas menores, dificultando la agilidad necesaria para juzgar delitos de mayor gravedad.

"La solución a la multirreincidencia requiere más recursos materiales y humanos (..) y no simplemente elevar las penas", ha incidido JJpD, que ha advertido de que este tipo de reformas punitivas suelen recaer con especial dureza sobre los sectores más vulnerables de la sociedad y suponen una criminalización de la pobreza.

Por ello, JJpD insta a los poderes públicos a abandonar la senda del "populismo punitivo" y a apostar por una justicia reparadora y eficaz, que dote al sistema de los medios necesarios para dar respuestas ágiles, sin renunciar a los valores democráticos y garantistas de la Constitución.

El Gobierno va a ampliar el escudo social a los propietarios con una sola vivienda en alquiler, según ha apuntado este martes el PNV, que aplaude que el Ejecutivo haya aceptado un "acuerdo de mínimos" que permitirá seguir negociando mejoras en materia de vivienda, recoge EFE.

El Gobierno ha optado finalmente por aprobar en dos decretos distintos la revalorización de las pensiones, junto a otras medidas del escudo social que concitan el consenso de los grupos, y la prórroga de la suspensión de los desahucios, según han informado a EFE fuentes del Gobierno. Todo ello, después de que la pasada semana el pleno del Congreso rechazara el real decreto ley ómnibus que incluía tanto la subida de las pensiones como el resto de medidas del denominado escudo social, incluida la relativa a los desahucios.

En un comunicado, el Grupo Parlamentario Vasco celebra que el Gobierno haya ampliado, tal y como le reclamaban, el escudo social a los pequeños propietarios con una sola vivienda en alquiler, dejándolos exentos de asumir la carga de ofrecer una alternativa habitacional a personas en situación de vulnerabilidad.

La nueva redacción del decreto que prevé aprobar el Gobierno, explica, incluye la petición concreta que había realizado el Grupo Vasco y exonera de esta obligación a aquellos propietarios que solo tienen una o dos propiedades, siendo una de ellas la vivienda habitual y la otra la que tienen en alquiler. De esta forma, apuntan desde la formación vasca, se tiene en cuenta la situación de estas personas y se les permite recuperar la posibilidad de alquilar sus pisos, evitando que continúen los meses de impagos.

El Grupo Vasco subraya que ha "peleado" para que no se equipare a estos pequeños propietarios con los grandes tenedores o los fondos buitre, para que se les diferencie y se evite con esta nueva redacción que se conviertan en nuevos ciudadanos vulnerables por tener que asumir la carga del impago a la que les obligaba el Estado. "El Grupo Vasco valora que el Gobierno español haya aceptado este acuerdo de mínimos, con la confianza de que esto permita a los grupos parlamentarios seguir negociando mejoras en materia de vivienda en este nuevo año de prórroga del escudo social", agrega.

La izquierda nacional se enrola en varios partidos, PSOE, Sumar o Podemos. El PSOE perdió parte de su identidad al ponerse de acuerdo Felipe para hacer una transición tranquila ante los peligros de unas Fuerzas Armadas fascistoides como cualquier institución del país. Yo diría que ese partido se puede definir como la “derecha simpática” que trata de adaptarse a su ideología en un campo de minas. Sumar y Podemos son la izquierda real de cualquier país democrático en toda su extensión, con la diferencia de que en Podemos se aloja quizá la parte más radical y en algunos casos, reaccionaria o revanchista, ante un país que ya hemos definido antes. Y en este país el radicalismo de izquierda lo tiene muy difícil por la presión de lo que comento después. Existe otro espacio para nacionalistas como BNG, Bildu o ERC, para los que puede valer el comentario anterior, además de ese nacionalismo enfrentado al españolismo fascista heredado.

La derecha se aloja en el PP y Vox con Junts de refilón, aquí sí existe una definición errónea porque son dos en uno y porque están alejados de una derecha democrática de corte europeo. El PP adquirió un papel en la transición de una derecha cercana a los principios de la Europa que se había movido muchos años en una democracia sensata y bien organizada, aunque con diferencias en el Continente tan complicado que es Europa, en donde se dieron las batallas más cruentas de la historia con la lucha del comunismo estalinista y el fascismo hitleriano. En esas democracias vimos el caso de Merkel, nada sospechosa de rojerío, pero que formó un cordón sanitario con el nazismo de su país. Merkel creo que representó una derecha sensata capaz de haberse entendido con un PSOE derechizado. Hasta ese extremo era posible en Europa, pero no en España, donde PP y Vox son lo mismo realmente y en sus votantes puede que un 80% o más estén más próximos a lo que de verdad representa la derecha fascista de Vox con Abascal, Ayuso, Aznar, Aguirre y cien más que se sintieron de verdad en esa ala, y prueba de ello es la creación de ese partido cuando ya habían pasado unos años del PP para el disimulo de tener una democracia racional que se pudiera vender en el mundo.

Pero no era realidad, porque en nuestro país, fruto de todas esas circunstancias, la derecha es fascista sin rubor. Quizá el comportamiento de muchos de sus líderes ha sido cínico para no maltratar el ambiente, aunque es indudable que algunos de sus miembros de aquellos años de posguerra hicieron un esfuerzo por acercar España a Europa, pero porque no había otra solución para progresar, porque permanecer en la oscuridad era imposible en aquellos años. Nadie puede creer que tanta gente se hizo demócrata en tan pocos años, pero hay que agradecer su cinismo repentino para poder vender este país a alguien cuando ya el fascismo había sido derrotado. Es necesario consignar que sus miembros no tienen la necesidad de gobernar, sino la de estar en el gobierno, que es distinto y que su único objetivo es la mejora personal. Se ha demostrado con la Dana y los otros problemas que costaron vidas en donde ellos solo pasaban por allí. Y es importante citar el ejército civil que compone esa derecha fascista que incluye medios y judicatura, tan importantes para cumplir su misión en la defensa de una España propia y algo rarita en la que no caben la mayoría de sus habitantes. 

Los partidos nacionalistas sí cumplen bien su definición, siendo el PNV el más significativo, con una ideología de la derecha más racional, lo que hace posible su eterna unión con el PSOE en donde se trata de no dejar a gente atrás.

Por resumir en España: PSOE/PNV la derecha europea. PP/Vox/Junts ultra-fascista. Sumar/Podemos/ERC/BNG/Bildu, izquierda centrada o radical. 

Con todo ello he querido dar mi opinión sobre la semántica errónea de algunas definiciones, todas ellas provocadas por ese fascismo que hizo estragos en el intelecto de muchas personas y nos confundió en varios nombres. Quizá todo el problema del absurdo odio a Pedro Sánchez es porque ha querido hacer un partido ajustado a sus verdaderas ideologías, pero se ha tropezado con esa España que nada tiene que ver con Europa, sencillamente porque quedó rota con la guerra civil, porque allí sí se rompió España. Y eso dura una eternidad.

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Cesar Moya Villasante es socio de infoLibre.

Telefónica ha incorporado a Andoni Ortuzar, que fue presidente del PNV entre 2013 y marzo de 2025, como miembro del consejo de administración de Movistar Plus, la división audiovisual del grupo, un órgano en el que entra también Marcos Contreras, consejero a su vez de CriteriaCaixa, según informa EFE. 

Con la llegada del que fuera presidente del PNV -puesto que dejó a comienzos de año para ser sustituido por Aitor Esteban- la compañía busca reforzar la interlocución pública, la relación institucional y la lectura estratégica del entorno regulatorio audiovisual, según indican fuentes conocedoras.

Su nombramiento, adelantado por El Correo, subraya su experiencia en periodismo, comunicación pública y gestión institucional habiendo sido director de la televisión pública vasca EiTB.

En la actualidad, Ortuzar trabaja como asesor externo de la firma internacional de auditoría PwC, colaborando en asuntos públicos y de comunicación. 

Además, también se ha incorporado al consejo de Movistar Plus Marcos Contreras, que es miembro del consejo de administración de CriteriaCaixa desde 2012. Precisamente, el brazo inversor de La Caixa es accionista de Telefónica con un 5%. 

Con un perfil financiero y experto en gobierno corporativo, entre sus responsabilidades durante estos años se encuentra la de haber sido vicepresidente ejecutivo de la Corporación Empresarial Cajasol, consejero en Banca Cívica (2011) o vocal en los consejos de Caser Seguros, Deóleo y Banco Europeo de Finanzas.

Actualmente, es consejero en Hidralia y Cetursa Sierra Nevada y presidente del Consejo de la asociación en Andalucía.

La llegada de ambos coincide con la negociación del expediente de regulación de empleo (ERE) que Telefónica, participada en un 10% por el Estado, negocia para unas 5.000 personas.

“¿Hasta dónde vais a seguir tragando? ¿Hasta dónde?”. Esta expresión la lanzaba el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante la manifestación del pasado domingo en Madrid pensando en los socios del Gobierno. Una de las grandes obsesiones del gallego es pinchar en el bloque de investidura para que dejen caer a Pedro Sánchez y no descarta presentar una moción de censura cuando vea que puede haber agua en la piscina.

Pero esa piscina sigue seca todavía. Los socios del Gobierno, a pesar de la profunda incomodidad que les suscita el caso Cerdán y la entrada en prisión de José Luis Ábalos, no quieren romper la baraja y están desoyendo la presión que intenta ejercer el Partido Popular para que la legislatura llegue ya a su fin.

Génova 13 no rechaza una moción de censura, aunque no se atreve a dar el paso todavía. A pesar de la presión de algunos barones por dar esa batalla ya en el Congreso, en el entorno de Núñez Feijóo prefieren esperar a que se produzca algún movimiento judicial como una imputación del PSOE por financiación irregular en la pieza abierta por los pagos en metálico del partido, que puede suponer una línea roja para los socios.

Los populares han puesto su mirada especialmente en Junts. El líder de los populares pidió expresamente a los empresarios catalanes la semana pasada durante un encuentro en Foment del Treball que ejerzan su presión para que el partido de Carles Puigdemont dinamite de manera efectiva la legislatura. Una llamada que, de momento, no ha tenido efecto.

Fuentes de Junts insisten en que su mala relación con el PP no ha cambiado y que siguen en la línea de no ir a una moción de censura. Lo verbalizó el propio número dos del partido, Jordi Turull, este fin de semana calificando de “osadía” el reclamo de Feijóo: “No debe pedir ayuda a los empresarios, sino perdón por pedir a tantos empresarios que se vayan de Cataluña y no pedir que vuelvan”. Desde el partido de Puigdemont insisten en que es Pedro Sánchez el que tiene que mover ficha si quiere aguantar la legislatura.

Un socio clave para que siga la coalición en La Moncloa es el PNV, que ha mandado algunos avisos de preocupación al PSOE durante los últimos días. Pero, lo cierto es que también rechaza de manera clara la posibilidad de sumarse a una moción junto al PP y a Vox para tumbar a Sánchez. El portavoz de los nacionalistas en el Parlamento vasco, Joseba Diez Antxustegi, afirmó este lunes que sentía “vergüenza” por la protesta convocada por los populares y lamentó el “circo que algunos intentan montar permanentemente”, a la vez que apostó por “elevar el nivel” de la política.

Criticó hacer este tipo de manifestaciones “que son para la galería, para el show, para insultar”. Lo que, a su juicio, “resta mucha credibilidad a la política en su conjunto". "Tendremos posiciones distintas. Pero lo que no podemos permitir es el circo permanente este que se tiene en Madrid y que algunos quieren incluso traer aquí, porque la gente no está a eso", remató.

Aunque no se vaya a sumar a la pinza, el PNV sí está mostrando incomodidad. Aitor Esteban, líder del EBB, decía la semana pasada que si fuera Sánchez no firmaría mañana el decreto de disolución de las Cortes pero “iría pensando en cómo y en cuándo” si la situación seguía así. No obstante, fuentes socialistas desdramatizan estas palabras y recuerdan que el PNV tiene la Lehendakaritza, las diputaciones forales y los grandes ayuntamientos gracias a pactos con el PSE-EE: “Nosotros somos la balanza. Nos necesitan”.

Desde dentro del Gobierno, Sumar sigue manteniendo intacta su intención de agotar hasta el fin la legislatura. Fuentes de ese ala incluso no ven que pueda producirse un adelanto electoral para la primavera que viene ante la situación de inestabilidad parlamentaria y el cerco por los casos de corrupción. En público incluso han retado al Partido Popular a presentar una moción de censura. Creen que Feijóo no se atreve porque si la pierde también supondrá su fin como líder de los populares en beneficio de Isabel Díaz Ayuso.

Como señala un miembro de Sumar en el Gobierno: “Nos genera contradicción estar con el PSOE, pero por nosotros no habrá un Gobierno del PP y Vox. Nos fiamos de que Sánchez no cometió irregularidades. Habría salido ya. ¿Qué ha salido? Sólo unos whatsapps de cómo llamaba a Margarita Robles”. Además, insisten en Sumar que se aprobarán los presupuestos en el Consejo de Ministros y se llevarán al Congreso. No obstante, no descartan que el proyecto se retire en las Cortes Generales si no hay apoyos: “No hemos hablado de eso con el PSOE”.

Asimismo, en el ala de Sumar no ven a Junts sumándose en estos momentos a una moción de censura impulsada por Núñez Feijóo con el respaldo de Santiago Abascal (Vox). Y reflexionan que habrá "movimientos" de los posconvergentes ante la posible vuelta de Carles Puigdemont a España cuando se pronuncie el TJUE: “Pero no sabemos en qué sentido se pueden producir entonces”.

También salió ERC en contra de las pretensiones de Feijóo de hacer caer la legislatura. Según el vicesecretario de Comunicación y portavoz del partido, Isaac Albert, "es un chiste que el PP, que es el partido más corrupto de Europa, haga una manifestación contra la corrupción”. Para concluir así: “Es un chiste que el PP, que tiene una sede nacional pagada con dinero negro, haga bandera de la lucha contra la corrupción. Es un chiste que el señor Feijóo nos hable a ERC de títeres, de juguetes, cuando él está en manos de Abascal y de la señora Ayuso".

Desde Podemos, la eurodiputada Irene Montero aseveró que el futuro de la legislatura solo depende del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y enfatizó que su partido ahora está "entregado" a poner a la izquierda en pie. A pesar de llevar tiempo advirtiendo de que la legislatura está muerta, el partido no contempla sumarse a una moción de censura. La candidata a las elecciones generales criticó la manifestación de una "derecha golpista que amenaza la democracia".

El presidente del PNV, Aitor Esteban, ha dicho que si fuera Pedro Sánchez iría pensando en el "cómo y cuándo" convocar elecciones al no tener garantizada una mayoría en el Congreso.

Esteban, en una entrevista en 'el.Diario.es' recogida por EFE, habla de la situación política en España y de los apoyos al Gobierno y advierte de que su partido durante la legislatura ha "tragado cosas que ahora no va a tragar".

"Ya está bien. Si lo que tenemos es que llevar adelante la agenda de Podemos, la agenda de Sumar, alguna cosita de Bildu y de Esquerra y encima la guinda extra que nos ponga el PSOE... ¡Pues no! Que no cuenten con nosotros", ha recalcado.

El presidente del PNV considera que aunque Sánchez y el Gobierno "hablen de que van a agotar la legislatura, en el fondo están preparando el ambiente", y señala que la advertencia de que si hay elecciones "gana la ultraderecha" no es una "razón democrática".

"Sánchez antes le decía a Rajoy que si no tenía presupuestos no tenía la gasolina que necesita el coche. Pero es que ahora no es que no haya presupuesto, es que hay mayoría negativa", constata.

Para el líder del PNV la legislatura "está en una vía de marcha muy lenta porque los bloqueos van a ser constantes. No hay Presupuestos y los fondos europeos ya disminuyen drásticamente".

Ana Rivero contesta al otro lado del teléfono con un entusiasmo contagioso y una serenidad que contrasta (y mucho) con el clima de su antiguo lugar de trabajo: el Congreso de los Diputados. Con la cercanía de una amiga de toda la vida, confiesa entre risas, que se había olvidado de la entrevista. Normal. Tras su aparición en La Revuelta, el éxito de su libro ha sido tal, que ya no recuerda con cuantos medios ha hablado: “Broncano se esperaba encontrar una señora vieja y con el pelo blanco y no una señora que le vacilara”, explica ella misma. 

Rivero ha sido testigo de la historia, un privilegio del que se siente orgullosa, y también una de las principales autoras del documento más importante en la política española: el Diario de Sesiones. Junto con la periodista Ana I. García ahora escribe sobre su propia vida en Luz y Taquígrafa. En el libro, publicado por Plaza & Janés, cuenta desde sus inicios en el Cuerpo de Redactores Taquígrafos y Estenotipistas, solo seis meses antes de la muerte de Franco, hasta su último día, hace poco más de un año. 

Después de estar tantos años trabajando en el Congreso ¿Echa de menos la vida parlamentaria?

Lo único que echo de menos es estar con mis compañeras, pero vivo tan cerca de la Cámara que puedo bajar a tomar un café con ellas. El trabajo no tanto. Estoy muy feliz, tengo una vida super interesante con un montón de actividades que antes no podía hacer. El Congreso tiene un horario muy rígido y nosotras dedicamos muchísimas horas.

¿Por qué ha escrito este libro?

Antes que nada, por amor a mi profesión. Es un oficio que la gente no conoce. También hay quien piensa que no somos necesarias si ya todo se graba en vídeo y audio. También es un canto de amor a mi familia y a mis padres, que han tenido una vida muy dura. Además, quiero que en 20, 40 o 50 años cualquiera pueda decir “pues fijate cómo se vivía hace un tiempo”. Desde mis experiencias cuento también cómo se ha transformado la sociedad y sobre todo cómo ha cambiado el papel de la mujer. 

Con el avance de las tecnologías y la IA, que permite tergiversar o inventar declaraciones de políticos ¿no cobra la taquigrafía otro sentido?

Claro, es más necesaria ahora que nunca. La visión humana es vital para entender lo que pasa. Siempre será imprescindible la presencia de un compañero que esté presente y compruebe todo.

Lo vivimos con la pandemia del coronavirus. Todo el mundo se fue a su casa y nos tuvimos que organizar muy deprisa, hasta había gente que no tenía ordenador. Pero yo le dije a la jefa del departamento: "No te preocupes, yo vengo aquí todos los días que haga falta". Y me pidió estar un mes entero sola. Ocurren muchísimas cosas en el Congreso que no se ven con la cámara de televisión y que el taquígrafo sí las ve y las puede recoger. 

En las sesiones de control es cada vez más habitual el uso del insulto para atacar al adversario político, usted está pendiente de todo lo que sucede ¿ha notado la escalada en violencia verbal?

Los improperios o palabras malsonantes las ponemos en negrita. Hace 50 años no había negritas, ni hace 30, ni 40. Desde hace un tiempo prácticamente todos los diarios de sesiones están llenos de este tipo de letra. Tanto que incluso ha habido una iniciativa del grupo socialista diciéndole a la presidenta que eso es una locura. Hay un código de conducta que se aprobó en el 2020 para todos los diputados, por el que se comprometen a ser responsables, transparentes y respetuosos. No lo cumplen. 

¿Se ha perdido ese saber estar que menciona en su libro, propio de políticos como Adolfo Suarez o Peces-Barba?

La sociedad está polarizada y el Parlamento es reflejo de la sociedad. Es una polarización brutal, y el diputado o la diputada que no se presta a ese juego, que no insulta, que es respetuoso, pues ese no consigue atención. Ahora lo que hay es un plató de televisión, en cinco minutos tienen que mostrar, decir algo, enseñar algo para captar la atención del público, y claro, así no se puede gobernar.

¿Cree que la ciudadanía al final se queda sólo con los discursos y no con las políticas que adoptan los políticos?

Sí, pero los discursos últimamente están deslavazados. No son profundos, no hacen un análisis, pero es un poco reflejo de la sociedad. Las personas no tienen tiempo de informarse a fondo. Entonces hay que reducir los tiempos, sacrificando el análisis o la profundidad.

¿El ambiente fuera de cámara es tan irrespirable como parece?

Antes no era así y podías ver a diputados de diferentes formaciones políticas desayunar juntos, tomarse un café, pero ahora eso es cada vez más imposible. Hacen un discurso, se levantan y se van, y ya no socializan ni hablan ni nada.

Cuando Peces-Barba fue presidente del Congreso tuvo una costumbre muy sana y muy democrática, que fue juntar al presidente del gobierno y al líder de la oposición, en aquel entonces Felipe González y Fraga, para que comieran una vez al año, por lo menos. A mí me parece maravilloso porque ¿cómo es posible que el actual presidente de gobierno y el líder de la oposición lleven dos o tres años sin hablarse? Es alucinante.

Muchas veces se critica a los políticos por estar demasiado desapegados de la ciudadanía. ¿Hay algo de verdad en esto?

Si, y les está afectando sobre todo de cara a la juventud. La gente joven está desapegada de la política porque se sienten ajenos, no solo por lo que dicen los políticos que viven, en mi opinión en una burbuja, sino que no se están resolviendo los verdaderos problemas de los jóvenes, que son también los de toda la sociedad. ¿Tanto cuesta ponerse de acuerdo en cuatro o cinco puntos estratégicos como la vivienda, la educación, la sanidad? 

¿Queda algún político que no sea así?

Claro, no podemos incluir a todos en el mismo saco. Lo que pasa es que a esos no se les ve porque hacen una labor callada, no insultan, son respetuosos, y como ejemplo te puedo decir Isidro Martínez Oblanca de Foro Asturias. Ese hombre era súper respetuoso, súper trabajador, venía siempre a saludarnos. Todavía hay gente así, pero son la minoría silenciosa de todos los partidos.

¿Quién considera que ahora mismo tiene la mejor oratoria en el Congreso?

A mí siempre me pareció que tenía una oratoria muy buena Aitor Esteban, del PNV. Nunca pierde los papeles. Además dejó momentos divertidísimos como la anécdota con Rajoy y el tractor.

En el libro relata varios episodios de agresiones sexuales y de machismo en el Congreso. ¿Sigue pasando a día de hoy? 

Ahora está cambiando. Hoy en día, si hubiera ocurrido, yo lo habría denunciado. Lo que pasa es que, claro, la primera vez fue hace 40 años, y la segunda hace mucho tiempo, en un momento en el que la mujer se sentía sucia y mal porque pensaba que era la responsable, cuando no es así. 

Ahora, el 44,3% del Congreso está formado por diputadas ¿Ha notado mucho el cambio de ambiente en los últimos años? 

De las seis diputadas del año 76 hemos pasado a tener casi paridad. Ha sido un cambio brutal en todo, igual que el cambio que ha habido en los derechos de la mujer. En el año 65, o diez años antes, no podía acceder ni a la magistratura, ni ser letrada,  doctora, ni ser nada sin el consentimiento del marido. Hasta para poder sacar dinero. En el 75, cuando yo entro, no existía el derecho al aborto ¿Cuántas mujeres murieron por abortar en España? ¿Y cuántas otras tuvieron que marcharse fuera para hacerlo? No existía el divorcio. Yo diría que España ha evolucionado mucho, pero en cuanto a la mujer, hemos dado un paso de gigante. Que no significa que hayamos logrado todo. Como le transmitía el otro día a Francina Armengol: primero hay que consolidar esos derechos, porque en el resto del mundo estamos viendo que hay una involución y, a la vez, seguir avanzando.

¿Las dinámicas de trabajo en la Cámara también han cambiado?

Al feminizarse el cuerpo de taquígrafas, ha cambiado mucho, no tiene nada que ver. Por ejemplo, mi madre murió hace 20 años, tenía cáncer de huesos, estaba ya terminal, en el hospital y yo estuve hasta el último momento trabajando. No me dieron permiso para irme. El último día, cuando nos dijo el médico “Mire, a esta señora ya le quedan horas”, un miércoles por la mañana, le dije a un compañero mío: Yo sí o sí me tengo que ir a despedir de mi madre.” Y me dijo: “No te preocupes, que yo te hago tu trabajo.” ¡Fíjate qué fuerte!

Cuenta en uno de los capítulos cómo vivió el 23F. Usted no quería irse para así poder recoger lo que dijera la autoridad competente ¿no tuvo miedo?

Sigo pensando, a pesar de que han pasado tantísimos años, que no me tenía que haber ido. Fíjate, me arrepiento de haberme ido. Y yo sabía que el 23F era trascendental: si salía adelante, me tendría que haber exiliado. Bueno, como hablo varios idiomas, no tenía problema en haberme ido a cualquier país de Europa o Estados Unidos. Pero si no pensé que alguien tenía que dar fe, alguien tenía que ser testigo de lo que estaba pasando.

Por encima de todo, he tenido siempre la sensación de que he sido una privilegiada por vivir momentos históricos únicos. Y cuando, por ejemplo, no tenía que trabajar, como en la capilla ardiente de Suárez o la de Rubalcaba, yo he estado allí. He ido a verlo porque pensaba: “Es una oportunidad. Tengo que estar aquí viendo algo que es trascendental en la historia de España.”

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha defendido que llegar a un acuerdo sobre el nuevo Plan Estatal 2026-2030 no es una "asignatura optativa" y ha avanzado que reunirá de nuevo a las comunidades autónomas para saber si quieren o no continuar adelante.

Durante una comparecencia este miércoles ante el pleno del Congreso, ha dicho esperar que el plan sea acordado por las comunidades, a las que pide que no se vendan al interés de su partido. En cualquier caso, si alguna no se quiere adherir, el Ministerio trabaja en otras fórmulas para impulsarlo.

Así, ha explicado que se pueden buscar maneras de que este plan pueda implementarse en esos territorios a través de ayuntamientos, proveedores sociales o entidades del tercer sector, "todo aquel que venga a ayudar y no a poner palos en el camino".

Según ha explicado, por "colaboración institucional" se expondrá de nuevo el texto en una conferencia sectorial para sondear de nuevo a las comunidades autónomas si quieren o no continuar adelante. "Si no quieren, afortunadamente la sociedad española está preparada para asumir el liderazgo de la gestión de estos 7.000 millones" de inversión que prevé el plan, ha indicado.

Ha insistido en que no entiende cómo otros miran hacia otro lado con este problema y ha acusado a los gobernantes de Madrid de vender su parque de viviendas a extranjeros ricos y animar a los 'fondos buitre' para que compren edificios enteros.

Durante la interpelación parlamentaria, el diputado del PP Sergio Sayas ha opinado que el plan es una "imposición de políticas huecas" y que está "cargado de frivolidad" y ha pronosticado que el anuncio de construir viviendas protegidas en suelo de instalaciones penitenciarias "se quedará en otro anuncio de cartón piedra".

El portavoz de Vivienda de Vox, Carlos Hernández Quero, ha afirmado que entre el discurso de la ministra y la realidad hay "un trecho insalvable" y ha calificado de "pírrica" la apuesta del Gobierno por la vivienda social y que las ayudas para acceder a viviendas públicas sean para los "españoles" y no para los "recién llegados".

En nombre de Sumar, Gerardo Pisarello ha explicado que le "suena bien" la parte del plan que va en contra de los "pelotazos" y la venta de vivienda pública, pero ha opinado que no basta con incentivar a quien colabore, sino que "hay que censurar a quienes pretendan sabotear" el plan.

La representante de ERC Etna Estrems ha reconocido el "esfuerzo" que supone este plan, pero ha apuntado que no le "termina de gustar" que pretenda crear una duplicidad de órganos, con la empresa estatal de vivienda y suelo que, en su opinión, invade competencias autonómicas.

Marta Madrenas (Junts) considera que la ley de vivienda ha agravado el problema y que "todavía falta respeto a las competencias de la Generalitat", pero ha elogiado los aspectos "positivos", como que haya más recursos para vivienda asequible, programas de rehabilitación e industrialización y programas de apoyo a colectivos vulnerables.

Desde el PNV se ha reiterado su demanda de modificar o adaptar la ley de vivienda para que sea efectiva, tras subrayar que el País Vasco la está aplicando y ha quedado demostrado que se necesitan ajustes. Para el portavoz de Podemos, Javier Sánchez, es un "plan vacío que simula que hace algo pero no toca a los grandes tenedores ni regula los alquileres" y que "reincide en medidas que no han servido para nada".

La diputada de CC Cristina Valido ha recordado que Canarias solo apoyará este plan si recoge las singularidades insulares, mientras que el de UPN Alberto Catalán ha pedido la dimisión de Rodríguez.

Por su parte, el socialista Ignasi Conesa ha cargado contra las políticas del PP, a los que ha acusado de vender el parque a millonarios ricos y a los fondos.

El diputado socialista Ignacio López cruzaba solo el patio del Congreso el pasado miércoles al borde de las nueve de la noche. Minutos antes había asistido en segunda fila a la comparecencia del ministro de Transportes, Óscar Puente, para dar cuenta del acuerdo con Podemos sobre el aeropuerto de El Prat. Los dos se despidieron con unas palmadas en la espalda. Había sido un día de infarto. 

El parlamentario malagueño llevaba más de un año de manera discreta trabajando para aprobar la ley de movilidad sostenible, clave para la recepción de fondos europeos. Pero el miércoles por la mañana parecía casi imposible sacarla adelante. En Moncloa había pocas esperanzas. Pero él siempre tuvo confianza. Hubo muchas llamadas, intercambio de papeles, conversaciones entre Puente y la líder de Podemos, Ione Belarra. Se vivió una crisis minutos antes de la votación porque faltaba incluso un diputado del PNV para dar su 'sí'. Los números bailaban. Al teléfono también estaba al pie del cañón en el pasillo Alberto Ibañez (Compromís), otro de los negociadores clave.

Sobre las 19.30 h los diputados empezaron a pulsar sus botones. Y, de repente, el Gobierno logró salir airoso de la endiablada aritmética parlamentaria: salvaba el decreto del embargo de compra y venta de armas a Israel y lograba la mayoría para la ley de movilidad sostenible. Respiro y aplausos. Pedro Sánchez y María Jesús Montero abandonaban sonrientes el Palacio de la Carrera de San Jerónimo. Y, sobre todo, volvía a funcionar la mayoría de la investidura frente al bloque de las derechas.

Frente a los meses de vértigo por el caso Koldo, con el Gobierno al borde del precipicio, esta semana parlamentaria retrata, como señalan los socios de Gobierno y varias de las formaciones del bloque de investidura, que hay partido todavía y que la legislatura tiene más estabilidad que los augurios que llegan desde la derecha. “El bloque de investidura sigue funcionando a pesar del ruido”, señalan desde el Ejecutivo. Y pone sobre la pista de lo que puede venirse con la negociación de los Presupuestos, que es muy difícil, pero no imposible a tenor de lo sucedido en la Cámara Baja. Como indican en el PSOE: el miércoles ganaron 112 de las 119 votaciones que se produjeron (el 94%) entre los leones Daoiz y Velarde.

“El presidente va a llegar hasta 2027”, dice uno de los colaboradores que trabaja codo con codo todos los días con Sánchez. Y esta votación, reconocen los suyos, le ratifica en su intención de aguantar toda la legislatura y no pulsar el botón electoral. Frente al ruido de la derecha política y mediática que da por muerto al jefe del Ejecutivo, en Ferraz emiten: “Llevamos tiempo diciendo que hay profundidad de legislatura y que las elecciones serán en 2027. Sabemos que es un disgusto para Feijóo, porque su liderazgo se disuelve día a día. Y es la misma profundidad el día que se gana y el día que se pierde. Porque la legislatura está enmarcada en un Congreso plural y que requiere de amplios consensos. Este Gobierno es el único capaz de lograr esos consensos, mientras el PP los rompe como en el tema del aborto”.

Hacen este análisis en la sala de máquinas socialista: “El PP tiene prisa, pero España no. El país crece y es referente mundial en grandes temas, y por ello los que tienen prisa solo tienen eso. Solo queda darle ánimos a Feijóo, que cada día está más cerca de su peor pesadilla: acabar como Casado. Ayuso parece cansada de Feijóo, y este no logra el apoyo de la lideresa del rancio PP de Madrid. Las costuras no se le ven al Gobierno. Las costuras al aire son las del PP y sus crisis por negligencia en Andalucía, Castilla y León, Valencia, Madrid... El modelo de esas comunidades gobernadas por el PP se viene abajo, porque va contra los ciudadanos, sólo beneficia a los amigos del PP, y la gente se ha cansado ya de tanta desidia”.

Esta idea es repetida por varios dirigentes del bloque de investidura: el abrumador poder territorial del PP ya no es esa enorme palanca sobre la que se quería impulsar Feijóo para llegar hasta el Palacio de La Moncloa, sino que empieza a darle quebraderos de cabeza. Como señala otra fuente gubernamental: “El PP creía que el ciclo electoral en 2026 con Castilla y León y Andalucía le iba a beneficiar, pero ahora ve que no va a tener mayorías absolutas y va a tener que negociar con la ultraderecha. Vox está muy fuerte en los territorios”. 

“Nosotros pasamos un momento muy crudo en julio con Santos Cerdán. El peor momento del PSOE en años, pero al PP le ha sentado muy mal el verano y el principio del otoño con los incendios, el discurso de migración, el debate del aborto, la crisis de Andalucía… El PSOE ha recuperado el pulso que había perdido. Nuestras encuestas señalan que el PP está cayendo en beneficio de Vox y el PSOE se está recuperando. Estamos lejos de procesos electorales, pero es viable ser primera fuerza”, señalan fuentes gubernamentales. 

El Gobierno, según indican las fuentes, va a centrarse mucho en las medidas sociales, como ya se ha comprobado en los últimos días con el decreto para endurecer los requisitos de las universidades privadas y la defensa del derecho al aborto. Además, admiten cargos del Ejecutivo y del PSOE que se han encontrado con regalos de Feijóo en forma de errores: “Al final la sobreactuación acaba generando frustración en el electorado de la derecha. Si estás vendiendo que Sánchez está muerto y la gente luego ve que gana las votaciones el miércoles… Genera frustración que se va hacia Vox”. Como señala un dirigente socialista: “Además, esa sobreactuación mueve al voto progresista. Nuestro mayor problema ahora es la abstención”.

En Sumar también comparten la sensación de que hay partido. En la dirección de Movimiento Sumar hacen esta reflexión: “Hemos cerrado una semana muy buena para el Gobierno con la convalidación del embargo de armas, la aprobación de la ley de sostenibilidad y el anuncio de los permisos por fallecimiento de un familiar. Hay Gobierno para rato”. Y ya miran a los Presupuestos generales: “Las conversaciones ya están en marcha. Va a ser una negociación en dos tiempos, primero abordando la propuesta presupuestaria y luego viendo la aritmética del Congreso”.

Uno de los aspectos más positivos para el Gobierno es que ha logrado tener de su lado esta semana en el Parlamento a Junts y Podemos, dos dolores de cabeza constantes para Moncloa. Estos dos partidos han dado muestras de que tienen los canales abiertos de comunicación con el Ejecutivo y que no tienen un interés inmediato en hacer caer a Sánchez, como a veces presienten en el PSOE y en Sumar. 

Desde Junts trasladan que ellos seguirán negociando “carpeta a carpeta” y que su hoja de ruta de apoyo siempre estará marcada por el cumplimiento de los acuerdos alcanzados para la investidura de Sánchez. Los morados, según fuentes consultadas, subrayan que ellos hablarán “tema a tema”: “Vamos a seguir utilizando nuestros votos, en la medida de nuestras posibilidades, para empujar transformaciones cuando sea posible. Cuando no, al menos los utilizaremos para frenar retrocesos y recortes. Al PSOE lo seguimos viendo en modo precampaña: muchos anuncios en las últimas semanas, sí, pero que no se concretan en ninguna medida que mejore la vida de la gente. Con todo, esta legislatura creemos que demuestra que para que las cosas cambien necesitamos una izquierda fuerte que defienda la paz, el feminismo y sin casos de corrupción. Eso es lo que vamos a seguir intentando”.

El Gobierno subraya que “en breve” quiere aprobar la senda de déficit, un paso previo para los Presupuestos generales del Estado. Y ya está entablando conversaciones con algunos grupos para ver si hay agua en la piscina. Fuentes de La Moncloa reconocen que es muy difícil la negociación, pero no imposible.

En el Ejecutivo señalan: “La negociación de Presupuestos se va a parecer mucho a lo que pasó el miércoles con la ley de movilidad sostenible. Todos en el bloque de investidura estamos de acuerdo en que no tocaríamos ni con un palo a los de enfrente. Hay mucha heterogeneidad de partidos, pero es que la situación va a ser igual en 2027. Pasado el verano, tenemos la sensación colectiva de que preferimos convivir”.

Los Presupuestos, según trasladan desde el Palacio de La Moncloa, serán “expansivos”, tendrán mucho gasto social y conllevarán más financiación para todos los territorios. “Vamos a llevar cosas razonables al Congreso, que no se pueda decir que no”, explican las fuentes, que señalan: “Han sido unos meses muy educativos, se nos han bajado los humos a todos. Sí hay posibilidad de sacar los Presupuestos”.

Además, según confiesan dirigentes del bloque de investidura, también la presión social juega a favor de que continúe el bloque de investidura, como ha pasado con el decreto del embargo de armas, donde asociaciones como RESCOP, Greenpeace y el Centre Delàs pidieron a los partidos que no dejaran caer la norma a pesar de ser insuficiente. “Una cosa son los partidos y otra los votantes progresistas. Luego hay que explicar las decisiones. Todos tenemos responsabilidades”, señalan fuentes socialistas.

Esa sensación de entendimiento también la tienen en ERC, donde apremian al PSOE a cumplir sus pactos pero a la vez entienden que la legislatura puede aguantar: “Hay Pedro para rato”, como señala un parlamentario de los republicanos catalanes. Lo mismo pasa en EH Bildu, donde incluso son más claros y hablan abiertamente de que quieren que haya Presupuestos generales. 

El PNV, como reconocen fuentes de la formación, ya está hablando discretamente con el Gobierno sobre el proyecto de cuentas. No obstante, los peneuvistas siguen muy atentos a la evolución del caso Koldo en los tribunales y apelan especialmente al cumplimiento de las transferencias pendientes del Estatuto de Gernika. El bloque de la investidura se rige ya por su propia movilidad sostenible.

"Ayuso Entzun, Euskadi euskaldun” Así reivindicaba la lengua y la cultura vascas el lehendakari Imanol Pradales durante su intervención en el Alderdi Eguna (el día del partido) del PNV, así respondía a Isabel Díaz Ayuso después del último desplante que la presidenta de Madrid puso en escena durante la conferencia de presidentes celebrada en Barcelona, cuando Pradales continuaba su intervención en euskera. La presidenta madrileña respondió este lunes: “Lo de Ayuso entzun, pim pam pum, es lo que se decía antaño y es preocupante”. La última tabernera de Sol convirtió el euskera en “amenaza y violencia verbal, que es lo que están haciendo los socios de Pedro Sánchez”.

Del mismo modo que al socialismo le resulta muy difícil gobernar contra Madrid, a Madrid le resulta prácticamente imposible iniciar la reconquista en Catalunya y el País Vasco. La última reyerta entre Ayuso e Imanol Pradales, el último samurai vasco, ha puesto de manifiesto el intento baldío del centralismo aznarí por despertar los viejos fantasmas de ETA, dejando en evidencia la debilidad política del PP intramuros. Sugerir, como viene haciendo la presidenta de la Comunidad desde la última Vuelta Ciclista a Sarajevo, el resurgimiento del terrorismo se ha convertido en una extravagancia política que merece una interpretación.

El centralismo madrileñista del PP es una tara congénita que ha conjugado mal con el PNV desde que José María Aznar logró su mayoría absoluta en el 2000. Firmar un acuerdo de investidura con Xabier Arzalluz, en 1996, no logró aliviar los efectos del jacobinismo popular que llegó, incluso, a incomodar a un presidente de la Xunta tan jacobino como franquista llamado Manuel Fraga Iribarne. Fraga pudo haber sido el padre de todas las derechas en la divertida década de los 80 y haber nacido con el Estado dentro de su cabeza, pero nunca logró una mayoría absoluta como la de Aznar ni se codeó con los mandas del Imperio que repartían juego y misiles por todo el orbe mundial. Así se mide el poder. 

La mayoría absoluta de Ayuso en 2022 no es sólo una extravagancia política en el desarrollo de la España plurinacional. Se ha convertido en una excrecencia de la propia aznaridad que comienza a entregar más protagonismo a Cayetana Álvarez de Toledo y a Espinosa de los Monteros (otra pareja feliz) que la inquilina de Chamberí. 

La vieja resistencia vasca del PNV, a través del euskera, es hoy un ejercicio modélico de institucionalidad democrática, completamente alejada de los parámetros en los que se mueve el gobierno de la CAM. España se empeña siempre en dar la impresión de que está por hacer, de que al puzle le falta siempre una pieza, sin importar cuándo ni cómo ni por dónde lo mires. Y hoy, la pieza que no encaja en el mapa político español no es el País Vasco ni Catalunya sino una anomalía llamada Madrid, un Madrid absurdo y hambriento, permanentemente encabronado y convertido en una taberna donde hacen colas soviéticas todos los paletos.

Ayuso ha iniciado una política de acoso y derribo al PNV, a Aitor Esteban, el último sumotori, a Pradales, a los vascos, cuando los vascos se han enganchado al PNV tanto como a Bildu y el PSE, o sea, a la democracia y lo que los comunistas han definido como la vieja correlación de fuerzas. Ayuso hace la guerra por libre, influida por la estrategia de comunicación de su visir, Miguel Ángel Rodríguez. El ruido de Ayuso, su pim pam pum, no debe impedirnos observar que el triángulo virtuoso de la democracia ha dejado al margen de la institucionalidad (incluida la Corona) al PP, empeñado en convocar elecciones generales anticipadas en España, obstinado en perder el rumbo, desnortado y perdido en su propio laberinto. 

El anterior presidente del PNV, Andoni Ortuza, y el actual, Esteban, sostienen un legado blindado dentro y fuera del País Vasco. En el PNV siempre fulge el alma de la tradición y la forja industrial de la economía y las finanzas. El último partido analógico (Juliana dixit) ya no tiene vibraciones independentistas. Lejos queda la vía Ibarretxe, durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que logró disolver ETA. Aquel Gobierno dejó surcos y estableció nuevas correlaciones de fuerzas.

La estabilidad política de los nacionalistas vascos ha sido siempre una referencia. Han impregnado la política española de cierta disciplina que les ha permitido no sucumbir al ruido. Aitor Esteban y Andoni Ortuzar han sido los dos luchadores de sumo de la política vasca en la última década. En el arte marcial –el deporte nacional nipón–, el respeto entre adversarios es sagrado; perder la compostura descalifica y salirse del círculo, conocido como dohyo, equivale a una derrota. Así es el PNV en la política española, así es el PNV en el Congreso de los Diputados, así es el PNV en la Lehendakaritza. En el sumo, lo importante es no salirse del círculo, expulsar al adversario y evitar que te expulsen. En la política española también. Se impone la filosofía del todos dentro. En el sumo, el dohyo simboliza el cielo y en el Parlamento español, el dohyo es la convivencia. 

La irrupción de Aznar y el eco cacofónico de Ayuso nos producen la repelente y exasperante sensación de lo ya visto, ya oído, ya dicho. Hace mucho tiempo que Ayuso y Feijóo se encuentran fuera del círculo. La presidenta de Madrid ha colocado sus cañones apuntando a Ajuria Enea y se ha quedado sola. Pradales es el último samurái de la política vasca y hay quien ha visto en el lehendakari la versión correcta de Pedro Sánchez. Gobierna con el apoyo de Eneko Andueza. El secretario del PSE es un buen puente para mantener dentro y fuera del País Vasco la estabilidad en el Parlamento español. La relación entre los socialistas de la margen izquierda del Nervión y la burguesía de Neguri se inspira en las mismas reglas del sumo: todos dentro, mientras el PP se empeña en estar fuera. Este arte marcial, que funde la religión y la calle, es tan poderoso y atractivo que hasta Bildu también lo practica mientras el Euzkadi Buru Batzar observa qué sucederá con los próximos Presupuestos Generales.

“Ayuso entzun, Euskadi euskaldun!”. El lehendakari, Imanol Pradales, es un político de maneras contenidas, de ritmo suave, de corrección de domingo. Pero este fin de semana subió el tono de forma contundente en su reivindicación de la lengua y la cultura vascas durante su intervención en el Alderdi Eguna (el día del partido) del PNV, centrando las críticas en su homóloga madrileña.

Con las derechas radicalizando su discurso en una suerte de competición entre el PP y Vox, los dirigentes del Gobierno vasco y del PNV se han convertido en el contrapeso dentro del mundo conservador a la hora de entender la política. Y Euskadi –donde gobiernan los nacionalistas en coalición con el PSE-EE– se presenta estos días como el modelo contrapuesto a la Comunidad de Madrid, con medidas como la aprobación este lunes de Vitoria como zona tensionada en términos inmobiliarios y la autorización a los colegios para que luzcan banderas palestinas como expresión de rechazo al genocidio que está perpetrando Israel en Gaza.

Pradales no perdona que Díaz Ayuso se levantara y se fuera de la última reunión de la Conferencia de Presidentes cuando él pronunció parte de su discurso en euskera. El lehendakari se ha puesto como una de sus principales misiones la defensa de la cultura y del idioma vascos frente a las ansias recentralistas que emanan de la Puerta del Sol. El enfrentamiento ha subido peldaños en las últimas horas.

En el acto del PNV de este domingo, Pradales puso el foco en lo que supondría un Gobierno central pactado entre los populares y la extrema derecha de Vox: “Pueden venir tiempos oscuros para Euskadi”. Para remarcar: “Tiempos de crisis o de cuestionamiento” del autogobierno, de las instituciones propias y de la propia identidad del pueblo vasco. Y de manera muy clara le dijo en euskera: "Ayuso escucha, Euskadi es vasca".

El enfrentamiento se ha encarnizado con la propia presidenta de Madrid respondiendo este lunes en otra entrevista con Ana Rosa Quintana: “Lo de Ayuso entzun, pim pam pum, es lo que se decía antaño y es preocupante”. La presidenta madrileña criticó a Pradales que utilice el euskera como “amenaza y violencia verbal, que es lo que están haciendo los socios de Pedro Sánchez”.

Este choque supone ahondar más en la brecha existente entre los peneuvistas y el Partido Popular. Un enfrentamiento que se ve claramente en el Congreso de los Diputados, donde Alberto Núñez Feijóo ha pasado de cortejar a los jeltzales a atacarlos constantemente. En el pleno sobre corrupción del pasado verano, la nueva portavoz del PNV, Maribel Vaquero, le dijo directamente al líder popular: “¿Cree que va a gobernar insultando o tratando de desacreditar al adversario? ¿Qué más sabe hacer? ¿Tratar de ensuciar el nombre del PNV?”. Además, los nacionalistas vascos han rechazado cualquier amago del Partido Popular de enfrentar a los socios del PSOE para encarrilar una moción de censura contra Pedro Sánchez.

Madrid y Euskadi son las dos autonomías más ricas de España en términos de PIB per cápita. Y, además, son dos lugares donde el precio de la vivienda se ha convertido en un gran problema para los ciudadanos. Pero también este lunes se evidenció una gran diferencia a la hora de gestionar la solución, con el Gobierno vasco materializando un paso más en la aplicación de la ley de vivienda al declarar Vitoria, capital de la comunidad, como zona tensionada. En cambio, el Gobierno de Ayuso ha dado por completo la espalda a la norma aprobada por el Gobierno central que ofrece un paraguas para poder limitar el precio de los alquileres. 

La orden se publicó este lunes en el Boletín Oficial del País Vasco con la idea de que entre en vigor a finales de octubre, cuando el BOE actualice la lista. La medida permitirá aplicar políticas públicas para ampliar la oferta con la construcción de más de 3.000 viviendas protegidas en tres años –de las cuales 1.629 las levantará el Ejecutivo vasco– y, previsiblemente, controlar los precios del alquiler.

Con la incorporación de Vitoria-Gasteiz a esta lista, en la que también figuran San Sebastián y Bilbao, casi la mitad de la población vasca –el 47,7% para ser exactos, más de un millón de habitantes– vive ya en municipios tensionados. Y esa cifra superará el 50% en los próximos meses cuando se sumen las localidades de Lezo, Zestoa, Arrasate-Mondragón, Tolosa y Hernani.

En el caso de Vitoria, tras aprobar la orden, el EUSTAT (instituto estadístico del Gobierno vasco) ya está desarrollando una metodología que permita obtener la información necesaria, cruzando los datos tributarios con sus bases de datos propias y las del Departamento de Vivienda y Agenda Urbana (en manos del PSE-EE), para obtener un número suficiente de viviendas por distrito que permita realizar una proyección estadística fiable y robusta, según el Ejecutivo vasco. El horizonte con el que se trabaja es el del primer semestre del año que viene.

Y en estos días hay otra gran diferencia entre el Gobierno de Pradales y el de Ayuso: su posición respecto a Palestina. El lehendakari, durante el debate de política general en el Parlamento vasco el pasado día 18, se mostró en contra del “genocidio”: “Estamos enfurecidos, cansados y hartos. Esta violencia nos genera dolor, rabia e impotencia”. 

Ayuso, en cambio, sigue defendiendo abiertamente a Israel. Este lunes incluso cuestionó las palabras de Felipe VI durante la Asamblea General de la ONU en Nueva York, donde el monarca se dirigió al Gobierno de Benjamin Netanyahu de esta manera: “Clamamos, imploramos, exigimos, detengamos ya esta masacre”. La dirigente popular matizó que “el rey reina, pero no gobierna y no tiene que tomar más postura que la conciliación”.

Con otra palpable entre las dos Administraciones respecto a este asunto: en Euskadi se pueden ver banderas de Palestina en los colegios e institutos, mientras que Ayuso ha emprendido una cruzada contra los centros escolares que muestren símbolos de apoyo a Gaza. “No vamos a consentir que se instrumentalicen los centros para la guerra ideológica”, sostiene la dirigente popular, que en este caso actúa de manera contraria a como lo hizo con el respaldo a Ucrania.

De manera muy discreta el Gobierno está levantando el teléfono. Se tocan ya algunas teclas. El Ministerio de Hacienda quiere acelerar el proceso de presentación del proyecto de presupuestos generales del Estado. Los departamentos trabajan a todo pulmón ya para cuadrar sus partidas, mientras hablan los socios socialistas y de Sumar. También se ha contactado con algunos de los grupos del bloque de investidura.

La intención del Ministerio de Hacienda, según fuentes gubernamentales, es llevar “cuanto antes” la senda de déficit al Congreso, paso previo a la aprobación de las cuentas públicas. Y, asimismo, en el Ejecutivo desvinculan una negociación en paquete de ese trámite y del proyecto de ley de los presupuestos generales.

El Gobierno es consciente de las enormes dificultades que tiene para poder llevar a buen puerto este proyecto. “El problema es que en estas negociaciones se mezcla todo”, analizan en el núcleo duro de Pedro Sánchez sobre las peticiones que llegarán desde todos los grupos parlamentarios. Por eso, la intención del Gobierno es hacer ver a los interlocutores que “no se puede pedir la Luna”. Por ejemplo, consideran imposible hacer efectiva la exigencia de Podemos de rebajar por ley un 40% los alquileres.

Podemos se ha convertido para el Gobierno en el principal obstáculo de la legislatura, por encima de Junts, según consideran varias fuentes socialistas y de Sumar, que no comprenden su posición de rechazo. Un miembro del Gobierno indica: “Nos cuesta entenderlos. Están muy en el ‘no’ a todo. Hasta en el tema de Gaza. Siempre denostan nuestras medidas”.

El PSOE también mira a Junts como clave de esos presupuestos. En La Moncloa se han acostumbrado ya a que las negociaciones con los posconvergentes sean “carpeta a carpeta” y se alarguen siempre hasta el último momento. Algunos dirigentes socialistas ven agua en la piscina, pero recuerdan que son imprevisibles los de Carles Puigdemont. Y, además, tratan de rebajar la tensión después del choque entre Sumar y los posconvergentes, lleno de acusaciones cruzadas a raíz de la votación de la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales.

Los socialistas se enfrentan la semana que viene a una derrota parlamentaria en la proposición firmada con Junts para traspasar las competencias en materia de migración a la Generalitat de Cataluña. Podemos no tiene la intención de apoyar el texto. ¿El rechazo del Congreso puede afectar a la relación entre Moncloa y Puigdemont? En el Gobierno indican: “Nosotros hemos cumplido. No podemos comprometer el voto de Podemos a Junts, ni el de Junts a Podemos”.

El ala de Sumar considera que el proyecto de presupuestos debe ser expansivo y servir de paraguas para medidas sociales que repercutan en el beneficio diario de los ciudadanos, al estilo de la ampliación de los permisos por nacimiento de hijos. El Gobierno cree que tiene margen de sobra para ello con una economía al alza. 

En el pasado Consejo de Ministros se revisó el cuadro macroeconómico con la previsión de un 2,7% del PIB para este año. Asimismo, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, entiende que ese crecimiento será del 2,2% en 2026 y del 2,1% para 2027 y 2028, incluyendo un aumento cada año de una media de 480.000 puestos de trabajo.

Algunos de los grupos en el Congreso, según fuentes parlamentarias, ya han establecido conversaciones con el Gobierno para allanar el camino de los presupuestos. Ha habido una primera toma de contacto con EH Bildu, aunque este partido reconoce que la “negociación de verdad” empezará a finales de mes: “Pondremos el foco en avances sociales y económicos además de partidas territoriales”.

En ERC también confiesan que ha habido “algún contacto” sobre esta cuestión, aunque ponen por delante, como ya ha dicho Oriol Junqueras, que cualquier negociación está vinculada a cumplir acuerdos como la financiación singular para Cataluña. El BNG también ha mantenido alguna conversación con los socialistas de cara a los presupuestos generales.

Igualmente, en el PNV señalan que en los próximos días van a empezar a intercambiar expresiones con el Gobierno con la idea de llegar a “buen puerto” en las cuentas anuales. En cambio, desde Podemos subrayan que ellos no han recibido ninguna llamada por parte de Hacienda. 

Los presupuestos son una meta que parece ahora mismo muy difícil de conseguir para el Gobierno. ¿Y si no salen adelante? Fuentes del Ejecutivo insisten en que su intención, como ya dijo Pedro Sánchez, es continuar la legislatura porque entienden que se puede seguir con las actuales cuentas prorrogadas. En Moncloa reiteran que hay coalición hasta 2027.