La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA) se han levantado de la reunión de este miércoles con el Ministerio de Sanidad, que ha lamentado que no se sumen al consenso con los sindicatos del ámbito de negociación del estatuto marco y apuesten por la confrontación, según ha informado EFE.

Ambos sindicatos han abandonado la mesa sin emitir respuesta alguna a la propuesta for mal que les ha presentado el Ministerio ni al preacuerdo alcanzado con las organizaciones sindicales que integran el ámbito de negociación del estatuto marco (SATSE-FSES, CCOO, UGT, CSIF y CIG-Saúde), según ha informado Sanidad en una nota de prensa. La Confederación y el Sindicato han acusado al Ministerio de "dinamitar toda voluntad de diálogo" para negociar con este colectivo un estatuto marco que regule sus condiciones laborales y se emplazan para decidir nuevas movilizaciones.

Sanidad lamenta que "hayan optado por mantener una estrategia de presión" y sigan exigiendo constituir una mesa de negociación específica y paralela a la del ámbito común, algo "incompatible con los principios del diálogo social y con la legalidad vigente", que impide la fragmentación de los procesos negociadores y la creación de estatutos propios por categoría profesional.

El secretario general de Sanidad, Javier Padilla, ha anunciado que el "Ministerio daba por rota toda negociación, puesto que ya se había alcanzado un preacuerdo en la reunión del lunes -con los otros sindicatos- y no se iban a mantener dos líneas de diálogo paralelas". Los miembros del comité de huelga han abandonado entonces la reunión "una vez comprobado que tanto este encuentro como el del pasado jueves, convocado con apenas 24 horas de antelación y en el momento álgido de las concentraciones de los cuatro días de huelga nacional, sólo tenían por objeto desmovilizar a los responsables sindicales y aparentar una voluntad de diálogo inexistente".

El departamento que dirige Mónica García insiste en que el nuevo texto que ha elaborado a raíz del preacuerdo con las cinco organizaciones del ámbito incorpora todas las demandas e importantes avances como la mejora de los derechos laborales, organización del trabajo, conciliación, supresión progresiva de las guardias de 24 horas, movilidad con garantías y refuerzo del modelo público de gestión.

Pero ha vuelto a dejar claro que ni va a invadir competencias autonómicas, porque sería incompatible con el marco constitucional, ni a promover un estatuto propio por categorías, ya que rompería la cohesión del Sistema Nacional de Salud.

CESM y SMA consideran "inaceptable este desprecio institucional" y reprochan a Sanidad haber "señalado a las organizaciones sindicales por 'haberse levantado de la mesa'", cuando -prosiguen- ha sido el Ministerio el que ha planteado la ruptura y ha anunciado que no se iba a abordar el orden del día fijado previamente. Esta actitud "supone una mala fe negociadora y una importante falta de veracidad y compromiso", sostienen. También critican que Sanidad haga "gala de un importante preacuerdo firmado con los sindicatos mayoritarios que no atiende ninguna de las reivindicaciones de médicos y facultativos".

En esa propuesta que les trasladó el pasado 1 de diciembre, y sobre la que no se han pronunciado, Sanidad plantea un marco específico para la realización de la jornada de guardia, que deberá ser objeto de negociación en la mesa sectorial correspondiente, cuya implantación se realizará en cada centro mediante la programación funcional, dentro de los límites establecidos.

Según la oferta, a la que ha tenido acceso EFE, el acuerdo regulará los aspectos esenciales de esta jornada, incluyendo la organización de la prestación, los criterios de planificación y asignación, la retribución, los descansos, las posibles exenciones y el régimen de adscripción del personal.

Asimismo, establece que la organización de las guardias deberá incorporar criterios de flexibilización y conciliación, garantizando en todo caso el correcto funcionamiento de la actividad asistencial.

No obstante, promueve una evolución progresiva del modelo de organización del trabajo, "orientada a reducir la dependencia estructural de las guardias y a favorecer una planificación más racional de los recursos humanos, la protección de la salud laboral y la conciliación del personal".

De este modo, serán los servicios de salud los que deberán planificar la dotación de personal de los centros y unidades con el fin de garantizar la adecuada cobertura de la atención urgente y el cumplimiento de los límites de jornada y descansos establecidos, "asegurando en todo caso la plena prestación del servicio público esencial sanitario y el estricto respeto a dichos límites". Además, "se podrá contemplar, en el marco de la negociación, la realización de guardias a solicitud del personal".

La retribución deberá ser "adecuada a la naturaleza, responsabilidad y penosidad del trabajo, manteniendo una relación proporcionada con la retribución de la jornada ordinaria". Y se garantiza que, en las situaciones de incapacidad temporal, nacimiento y cuidado de menor, riesgo durante el embarazo y la lactancia, "el personal perciba, desde el primer día, el 100 % de sus retribuciones ordinarias mediante el complemento retributivo correspondiente".

Del mismo modo, se refuerza la movilidad, que requerirá, "con carácter general, el consentimiento" del interesado; sin él, quedará limitada "a supuestos excepcionales de necesidad asistencial urgente, debidamente justificados" por un máximo de siete días anuales.

Por ultimo, reconoce "el derecho del personal a conocer, con al menos seis meses de antelación, la planificación y distribución de su jornada ordinaria y de guardia".

La ampliación de los permisos laborales por fallecimiento de un familiar y por cuidados paliativos anunciado por el Ministerio de Trabajo ha puesto de nuevo en el centro del debate un indicador muy polémico: el absentismo laboral. A este cociente, que ha crecido en los últimos años, se aferra la patronal para oponerse a ampliar los permisos. Pero, ¿qué recoge realmente? Para los sindicatos es un cajón de sastre que mezcla ausencias derivadas de derechos adquiridos por los trabajadores, con incapacidades temporales justificadas y con ausencias injustificadas y, agregan, oscurece los análisis; para la patronal, es un conjunto de horas no trabajadas que tiene repercusiones productivas y económicas severas. 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) define el absentismo como “la no asistencia al trabajo por parte de un empleado que se esperaba que asistiera”, excluyendo de este cálculo las vacaciones y las huelgas. Sí incluye, en cambio, bajas por incapacidad temporal derivadas de enfermedades comunes o accidentes laborales justificados con baja médica. Incluye también ausencias por permisos retribuidos o licencias por nacimiento o adopción, es decir, derechos adquiridos que los trabajadores pueden ejercer libremente, sin que ello suponga incumplir los compromisos laborales.

“Muchas informaciones sobre absentismo lanzan datos sin discernir la causa de la ausencia, de forma que no se mide bien el número de trabajadores que se ausenta de manera voluntaria del trabajo, o por escaquearse, como se diría coloquialmente, de aquellos que ejercen un derecho o están enfermos”, explica Mariano Sanz, secretario de Salud Laboral de Comisiones Obreras. Así, si se aprobasen las nuevas medidas que ha propuesto el Ministerio de Trabajo, el absentismo aumentaría, pero no porque los trabajadores decidan no ir a trabajar, sino por el ejercicio de un derecho adquirido legalmente. De ahí que este indicador pueda llevar a confusiones.

Para la patronal, que, según explica a infoLibre, apoya sus conclusiones en los datos de la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (asociada a CEOE), el absentismo supone un problema que cuesta a las empresas “32.000 millones” y estimaban que crecería un 10% al cierre de 2025. Antonio Garamendi, presidente de la patronal, señalaba el absentismo como “el gran drama de España” y remarcaba que “1,6 millones de personas no van a trabajar todos los días”. La mayoría, eso sí, lo hace porque cuenta con una baja médica acreditada (el 80%, según Randstad) o porque disfruta de un permiso retribuido, como puede ser una mudanza o el cuidado de un menor.

Desde el sindicato UGT niegan la mayor y ponen el foco en los componentes con los que se construye este indicador. “El absentismo laboral no existe porque las ausencias injustificadas de los trabajadores —que están contempladas en el régimen disciplinario de los convenios y del Estatuto de los Trabajadores— son motivo de sanción e incluso de despido por parte de la empresa”, explica Fernando Luján, vicesecretario general de Política Sindical de UGT, que insiste en que “las incapacidades temporales no se pueden definir como absentismo laboral porque están justificadas por un dictamen médico”, concluye.

“El lenguaje no es inocente”, explica la abogada laboralista Mireia Martínez. “A menudo, las empresas, empresarios, prensa —y, lo que es peor, incluso los propios trabajadores— utilizamos expresiones como ‘se ha cogido la baja’. Esa frase, aparentemente inocente, sugiere que la baja es una decisión voluntaria y no es así. La baja no se ‘coge’, se expide por parte de un profesional sanitario”, remarca. “Normalizar ese lenguaje refuerza una narrativa culpabilizadora hacia quien atraviesa un problema de salud”.

Y aquí la abogada vuelve al concepto de “absentismo” para señalar que esta definición tiene una connotación negativa y voluntaria. “Una incapacidad médica no puede calificarse de absentismo, porque no responde a una decisión deliberada del trabajador”, concluye.

“El absentismo hace referencia a unas horas que la empresa esperaba que tú trabajases, pero que finalmente no se han realizado por la razón que sea”, explica Valentín Bote, director de Randstad Research. Los datos sobre este indicador los proporcionan diferentes agrupaciones y centros de estudio, desde la Asociación de Mutuas hasta varias empresas de recursos humanos.

Una de ellas es Randstad, que calcula trimestralmente un indicador en base a los datos de horas de trabajo pactadas y realmente trabajadas, que emite el Instituto Nacional de Estadística (INE). “Entre estos dos indicadores se da una diferencia que es sobre la que se trabaja. En este conjunto, unas son relativas a vacaciones y festivos, que no se incluyen en el indicador, pero hay otra serie de circunstancias que sí se incluyen en el cálculo”, detalla Bote. “Y la razón fundamental, la que explica casi el 80% del absentismo, son las bajas médicas, tanto por accidente de trabajo, como por enfermedad común”, detalla.

El 20% restante se debe a otras razones, como por ejemplo, las horas de huelga, que se miden como “absentismo por conflictividad laboral” o los permisos remunerados, donde entrarían casos como las mudanzas o los cinco días por hospitalización de un familiar. “Y luego está el absentismo puro y duro, las ausencias injustificadas”, concluye. 

Es en relación con este último punto, donde muchas veces se toma la parte por el todo y se identifica absentismo con ausencia injustificada o fraude. De hecho, una de las quejas de la patronal viene porque esta tasa ha ido aumentando en la última década y la duración de las bajas también se ha ido extendiendo. Como se observa en el gráfico, el indicador ha ido evolucionando al alza hasta un aumento del 7% en el segundo trimestre de 2025. Por su parte, las bajas por incapacidad temporal crecieron en un 5,5%. “Este incremento se debe a que hay más bajas que antes y estas, además, son más largas”, concluye el responsable de Randstad Research.

Este aumento en la tasa se suele achacar a una población activa más envejecida o a unas listas de espera más largas, sobre todo en lo relativo a la salud mental. Aunque, desde CEOE, Garamendi hacía referencia la pasada semana a “profesionales del absentismo”, que en su opinión “acumulaban bajas de larga duración” y pedía que las mutuas privadas tuviesen más potestad a la hora de gestionar las altas.

“Si lo que se quiere decir o sugerir —porque nadie se atreve a decirlo directamente— es que hay una especie de connivencia fraudulenta entre la persona trabajadora y el médico de cabecera, de lo que se está hablando es de un delito penal y las empresas tienen cauces legales para reclamarlo”, incide Luján. “Estamos ante un falso debate que lo que trata es de trasladar el coste de las incapacidades temporales, que muchas veces se deriva de las condiciones laborales a la Seguridad Social”, concluye.

Cuando se habla de las causas que suelen motivar las incapacidades temporales, explica Sanz, la primera suele estar relacionada con afecciones musculoesqueléticas, pero en segundo lugar aparecen los problemas de salud mental, que son “más difíciles de objetivar” y que si se derivan responsabilidades hacia las mutuas, “serán más difíciles de abordar”, concluye el responsable de CCOO.

Si se observan los datos recopilados por Ranstad, que realiza un índice trimestral detallado por sectores, en las actividades sanitarias, asistencias residenciales y servicios sociales, el aumento en la tasa de absentismo era de las más altas, con alrededor del 10%. Aunque este sector concentró, a su vez, casi un 8% de todos los accidentes de trabajo con baja durante la jornada laboral entre enero y agosto, de acuerdo con las estadísticas del Ministerio de Trabajo.

“La sobrecarga laboral, la precarización, las exigencias inasumibles, la falta de recursos, el liderazgo tóxico…”, y así un conjunto de factores que enumera la abogada y que han hecho mella en las afecciones relacionadas con la salud mental. De hecho, según las estadísticas del Ministerio de Trabajo, casi la mitad de las muertes en la jornada laboral ya se produce por problemas cardiovasculares que pueden estar relacionados con problemas de salud mental derivados del estrés.

“Por eso, cuando se afirma que ha aumentado el absentismo por salud mental, conviene precisar: ha aumentado la enfermedad derivada de las condiciones materiales de la clase trabajadora”, insiste Martínez. “Los trastornos mentales pueden ser multifactoriales, sí, pero eso no los hace menos objetivos: son la consecuencia directa de un entorno laboral y social precarizado”, concluye.

Los trabajadores que se declararon en huelga entre enero y noviembre de 2024 aumentaron un 9,6% respecto al mismo periodo del año anterior. Las jornadas no trabajadas por esos 208.163 huelguistas crecieron un 11,5%, hasta alcanzar las 494.336, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Trabajo. Cuando se conozcan las cifras de diciembre, es más que probable que 2024 confirme la tendencia que viene reflejando la estadística desde la pandemia: la conflictividad laboral medida por número de trabajadores y horas de trabajo perdidas supera, y con mucho, la de los años posteriores a la crisis financiera.

Aunque las convocatorias de huelga se redujeron el año pasado –553 hasta septiembre, 39 menos que en 2023, la estadística de Trabajo no ha publicado datos más actualizados–, el número de quienes hicieron huelga tanto en 2022 como en 2023 superó los 200.000, una barrera que no se había franqueado desde 2012, en lo más profundo de la anterior crisis económica, cuando España estaba en recesión y la tasa de paro alcanzaba el 26%. Desde 2021 y hasta 2023, los huelguistas han aumentado un 18,7%, hasta alcanzar los 224.279, mientras que las jornadas no trabajadas crecieron un 7%, hasta las 504.984. Aunque fue peor 2022, cuando se perdieron 627.967 jornadas de trabajo. En cualquier caso, el año con mayor número de huelgas de la última década resultó ser 2019, con 898 convocatorias, aunque con muchos menos participantes –149.154– y menos jornadas no trabajadas –337.399– que en 2023.

Todas estas cifras se refieren a huelgas ordinarias. Las huelgas generales movilizaron en 2024 apenas a 15.790 trabajadores hasta noviembre, tres veces menos que en el mismo periodo de 2023. Se trata de mínimos desde los 1,3 millones de participantes en las tres huelgas generales de 2012: el 29 de marzo contra la reforma laboral recién aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy, el 22 de mayo contra los recortes en la educación y el 14 de noviembre contra las políticas de austeridad europeas.

Desde entonces las huelgas generales han perdido fuelle, sólo sostenidas desde 2018 por la convocatoria del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, que movilizó a más de 330.000 trabajadoras ese año y el siguiente. El peso de esta jornada en el cómputo anual de participantes es tal que desde entonces siempre hay más mujeres huelguistas que hombres.

El auge tras el covid de las huelgas “ordinarias”, como las etiqueta la estadística de Trabajo, tiene que ver con la línea de acción emprendida por CCOO y UGT en los últimos años: recurrieron a la movilización para desatascar la negociación colectiva. Salario o conflicto fue su lema para exigir que las retribuciones se recuperaran a la par que lo hacía la economía. De las 553 convocatorias contabilizadas por el ministerio hasta septiembre de 2024, el 88% tuvieron motivos estrictamente laborales y de ese porcentaje más de la mitad estaban relacionadas con la negociación colectiva. Sólo 25 fueron huelgas sectoriales y sólo en 76 protestaron empleados del sector público.

Además, fue en el País Vasco donde más huelgas se convocaron el año pasado, 220, el doble que en Cataluña –112– y casi el triple que en Madrid –83–. Sin embargo, Andalucía multiplicó el año pasado nada menos que por seis el número de jornadas no trabajadas, hasta llegar a las 204.642, el 41% de las jornadas perdidas en toda España hasta noviembre. El culpable fue la huelga de la plantilla de Acerinox en Los Barrios (Cádiz), que se prolongó durante cuatro meses y medio.

Por el mismo motivo, y pese a que los trabajadores de banca y seguros fueron los más huelguistas el año pasado –63.221, casi un tercio, aportaron al registro del ministerio– la actividad que más jornadas perdió por las protestas de sus plantillas fue la industria, donde sólo pararon 28.781 trabajadores. El pasado 22 de marzo, los sindicatos convocaron la primera huelga del sector bancario en 30 años tras romperse la negociación con la patronal sobre la subida salarial del convenio colectivo. Pero duró sólo 24 horas, a diferencia de la secundada por Acerinox, que encadenó 136 días de paros.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) acaba de hacer públicas las 619 aportaciones que empresas, hospitales, colegios médicos, consumidores/pacientes, académicos y expertos le han enviado como respuesta a la consulta pública sobre seguros de salud que abrió el pasado marzo. La mayoría de quienes enviaron comentarios no han permitido a la CNMC publicar su identidad, aunque sí se han dado a conocer las patronales del seguro (Unespa) y de los grupos hospitalarios privados (ASPE), aseguradoras como Sanitas y Adeslas, la organización de consumidores Facua, los colegios médicos de Madrid y Barcelona y algunas asociaciones profesionales de ginecólogos, anestesistas, fisioterapeutas…

A tenor de la información suministrada por todas las partes implicadas y del funcionamiento del sistema que describen, la CNMC tiene mucho trabajo por delante. Según explican a infoLibre fuentes del organismo, el informe que saldrá del estudio de todas las aportaciones no estará listo hasta el año próximo, en una fecha aún por determinar. No es para menos, y no sólo por el volumen de comentarios, sino también por el conflictivo paisaje que dibujan: las compañías de seguros se quejan del elevado grado de concentración de los grupos hospitalarios, mientras que éstos señalan que las cinco principales aseguradoras copan el 74% del mercado. Se acusan mutuamente de imponer precios y condiciones fuera de mercado. Los médicos, por su parte, ya sea a través de sus colegios profesionales o de la asociación Unipromel, disparan a ambos lados y denuncian que no existe competencia ni entre las aseguradoras ni entre los grandes grupos hospitalarios. Y que ambos abusan de su poder de negociación.

“Es un cártel puro y duro, en el que los pagafantas son los médicos y los pacientes”, resume Juan Carlos Lluch Cerdá, corredor de seguros y uno de los participantes en la consulta pública de la CNMC. Lluch empezó en 2006 a asistir a personas y empresas “víctimas de malas prácticas” en el mundo del seguro, y hasta hoy han pasado por sus manos más de 15.000 casos, apunta. Por su experiencia, no duda en tachar de “oligopolio de aseguradoras y hospitales” el mercado de la sanidad privada en España. Un triángulo, el formado por compañías de seguros, grupos hospitalarios y médicos, además, muy mal avenido. “Son fuentes en tensión, y quienes sufren las consecuencias son el paciente, al que se araña la calidad de la cobertura, y los médicos, a los que los grupos hospitalarios quitan entre el 20% y el 50% de unos honorarios ya de entrada tercermundistas”, denuncia.

El objetivo de la CNMC al abrir la consulta pública es analizar “la concentración en la oferta de seguros sanitarios y en los servicios de asistencia sanitaria”, así como los efectos de “la integración y relación vertical” entre aseguradoras y hospitales. También quiere comprobar si hay “diferencias de poder negociador entre los diferentes agentes que intervienen en el sector, incluyendo a los facultativos y a los ciudadanos”. Y si se producen “asimetrías de información” para estos últimos.

Pues bien, según la mayoría de las aportaciones identificadas, existen evidentes problemas de competencia en la oferta de seguros y en los servicios sanitarios, agravados por la integración vertical entre unos y otros. Además, tanto aseguradoras como hospitales abusan de su posición de dominio a la hora de negociar precios y condiciones. Finalmente, la información facilitada a los ciudadanos a la hora de contratar una póliza de salud deja mucho que desear.

Por supuesto, tanto la patronal Unespa como Sanitas y Adeslas, las dos principales compañías por volumen de primas, sostienen que el mercado de los seguros de asistencia sanitaria en España disfruta de una “intensa competencia”. Para Adeslas –que pertenece a la Caixa y a Mutua Madrileña–, el hecho de que 10 aseguradoras se repartan casi el 80% de las primas no es síntoma de excesiva concentración, sino de concurrencia sin trabas. El número total de empresas en este sector es de 82, a cierre de 2022, según los datos de ICEA, el centro de estudios de las aseguradoras. Sanitas, por su parte, destaca como otra muestra de elevada competencia en el sector la gran movilidad de asegurados entre entidades –un extremo que niegan los médicos, Facua y los hospitales–. Unespa presume también de que, en los “múltiples” tipos de seguro de enfermedad existentes, se ofertan diferentes coberturas, con distintos cuadros médicos e infraestructuras, así como técnicas de tratamiento.

Por el contrario, a juicio de las compañías de seguros, es en los grupos hospitalarios donde se sufre un serio problema de concentración empresarial. Tan grave que, en algunas provincias de Castilla-La Mancha y Castilla y León, para algunos servicios sanitarios sólo hay un proveedor hospitalario privado, que cuenta, por tanto, con “un elevado poder de negociación”. Las compañías de seguros se quejan de que, en esos territorios, están “obligadas a llegar a acuerdos con dichos grupos sanitarios para prestar servicios a sus clientes”. Adeslas no duda en calificar de “monopolio” lo que ocurre en algunas provincias de las dos comunidades autónomas citadas. “Toda la oferta de servicios asistenciales hospitalarios privados, tanto de internamiento como de pacientes ambulantes, así como de medios de diagnóstico” se encuentra “en un único hospital o unidad de decisión”, describe la aseguradora de la Caixa.

Así, en Toledo y Ciudad Real es Quirónsalud el propietario del único hospital privado de la provincia. Burgos, Palencia, Salamanca, Segovia, Zamora y Cuenca sólo tienen también un hospital privado, pertenecientes todos ellos al Grupo Recoletas. En Valladolid hay dos, igualmente de este grupo. En León el único centro privado es del grupo HM. El Colegio de Médicos de Madrid cifra en un 50% la cuota del mercado español en manos de Quirónsalud. El de Barcelona destaca que, en esa provincia, el 74,36% de la oferta de camas la agrupan los cinco primeros grupos hospitalarios, y de esa cifra el 42,36% corresponde a Quirónsalud.

Según su página web, este grupo, propiedad del gigante alemán Fresenius, tiene 58 hospitales, además de 131 centros de salud. Un total de 8.267 camas. Es la empresa que más factura, 4.441 millones de euros en 2022, a considerable distancia de la segunda, Vithas, que con 18 hospitales y 2.155 camas tiene una cifra de negocio de 699 millones, de acuerdo con los datos publicados por la Fundación IDIS, que agrupa tanto a hospitales como a aseguradoras de salud. Vithas es propiedad de la familia Gallardo, dueños a su vez del laboratorio Almirall. El grupo HM cuenta con 21 hospitales y 22 policlínicos, gracias a los cuales ingresó 575 millones de euros en 2022. Riberasalud forma parte de Vivalto-Santé, el tercer grupo sanitario privado francés, y posee en España ocho hospitales y 1.056 camas. Es el tercero en facturación, con 585 millones de euros. Recoletas, que se presenta como una empresa familiar cuya presidencia ostenta Amando Rodríguez, ingresó 113 millones el año pasado gracias a sus ocho hospitales, según consta en su página web.

Esa concentración se agrava, desde la perspectiva de los médicos y de ASPE (Alianza de la Sanidad Privada Española), por la integración vertical de aseguradoras y hospitales, una tendencia que se ha acrecentado en los últimos años. Así, HLA, que pertenece a la aseguradora Asisa, es el mayor grupo hospitalario español propiedad de una aseguradora y el cuarto por facturación: cuenta con 18 hospitales e ingresó 576 millones en 2022. Sanitas también se ha lanzado a la caza de hospitales. Tiene cuatro, que suman 398 camas. La aseguradora Caser posee cinco, pero con menos camas, 185.

Según los grupos hospitalarios asociados en ASPE, la creciente integración vertical produce una “distorsión del mercado”, ya que, como sintetiza el Colegio de Médicos, “es una relación imposible porque tienen intereses contrarios”. “La compañía [de seguros] gana dinero cuando el paciente no gasta en el hospital y el hospital gana dinero cuando el paciente gasta en el hospital… Naturalmente, manda la compañía”, pero “pierde el paciente y el médico por cuanto se elimina la competencia”. Unipromel, la asociación que está liderando la guerra de los médicos privados, advierte de que, con la fusión de hospitales y aseguradoras, se impone al facultativo “la decisión que más conviene a la compañía [de seguros], no al paciente, con el fin de reducir costes”. Además, supone la desaparición de los médicos de ejercicio libre, lo que a su vez se traduce no sólo en una menor competencia sino también en una merma de la calidad asistencial. Porque, resalta, se sustituye la decisión del médico por la de la aseguradora o del grupo hospitalario.

Por el contrario, los grupos hospitalarios dicen que la concentración del mercado se da en el lado de las aseguradoras de salud. ASPE, utilizando otro informe de ICEA, eleva hasta el 84,26% la cuota de mercado de las 10 principales compañías de seguros de salud y cifra en 7.071,9 millones de euros la facturación de las cinco primeras, que copan el 74,47% del negocio. El poder de negociación que les otorga ese acaparamiento del mercado obliga a los hospitales a aceptar las condiciones que las aseguradoras les imponen, protesta ASPE. De hecho, abunda, las aseguradoras representan el 64% de la facturación de los hospitales privados.

En el punto de mira sitúan éstos, por ejemplo, el reciente acuerdo entre Sanitas y Generali, mediante el cual la primera ha pasado a gestionar las pólizas de salud de la compañía italiana, tras rescindir los contratos que había suscrito con diferentes hospitales para atender a sus 150.000 clientes. Desde el pasado 1 de enero, esos centros sanitarios tratan a los asegurados de Generali con las condiciones de Sanitas, con unas tarifas un 20% más baratas. ASPE ha denunciado el acuerdo ante la CNMC. Sanitas también acaba de comprar el negocio de seguros de salud de Asefa, especializada en el sector de la construcción, incluyendo sus dos centros médicos. La aseguradora, una histórica de la sanidad privada española, es propiedad desde 1989 de la British United Provident Association (BUPA). “Era la que mejor pagaba, pero desde que entró capital británico es tan agresiva como Adeslas o Asisa”, asegura Ignacio Guerrero, presidente de Unipromel.

Guerrero, oftalmólogo con consulta en Sevilla, niega sin embargo que el conflicto entre aseguradoras y grupos hospitalarios sea real. “Es mentira, se llevan mal sólo de puertas afuera”, replica, “¡si están todos juntos en la Fundación IDIS!”. Creada en 2010, reúne tanto a las principales compañías de seguros de salud como a los grandes grupos de hospitales, con una misión: “Poner en valor la aportación de la sanidad privada” en España.

De hecho, Unipromel ha denunciado ante la CNMC tanto a Quirónsalud como a Sanitas y Asisa, en unos procedimientos que aún están pendientes de resolución. Juan Carlos Lluch advierte de que el mercado de la sanidad privada es un “castillo de naipes” que amenaza con desmoronarse. En su aportación a la consulta de la CNMC, Unipromel habla de una “burbuja” a punto de estallar. Guerrero avisa de que, si aseguradoras y hospitales se siguen negando a negociar, a partir de enero de 2024 se va a producir un “plante espontáneo” de los médicos privados. “Daremos al paciente su factura, con un precio muy razonable, y le diremos que se la reclame a su seguro”, explica el oftalmólogo. O se darán de baja si las aseguradoras pagan menos de una determinada tarifa.

Pero no es probable que acepten sentarse. Adeslas deja claro a la CNMC que las reivindicaciones colectivas de los médicos, “cada vez más agresivas y beligerantes”, incitan a transgredir la libre competencia. Los otorrinos de Badajoz, otras ocho especialidades en Sevilla, incluidos reumatólogos y pediatras, ya han decidido parar en enero, dice Guerrero. “Cuando lo hagan los ginecólogos, se va a liar; los traumatólogos sevillanos ya le han dicho a Sanitas que, o suben los baremos, o no operan”, avanza.

El oftalmólogo asegura que Asisa –“la que peor paga”– acaba de subir de 17,03 a 17,27 euros la consulta, 25 céntimos “después de 20 años”. Guerrero acusa a las aseguradoras de “meterse en las consultas” para decirles a los médicos lo que tienen que facturar. Con precios que no se han actualizado desde hace 30 años, cuando no a la baja desde que se instaló el low-cost también en el seguro de salud.

En España se pueden encontrar seguros de salud de 12 a 600 euros al mes, detalla Juan Carlos Lluch en sus respuestas a la consulta de la CNMV. Es decir, se venden pólizas “con bajo contenido asegurador, límites muy pequeños y escasas especialidades, tratamientos y tecnologías que, además, recurren a profesionales muy mal pagados”. Pero también otras que admiten libre elección de médico y hospital, tienen elevados niveles de calidad y tecnologías y tratamientos actualizados. Lo que está claro, comenta a infoLibre Lluch, es que si una compañía ofrece “el mejor seguro médico por 24 euros”, está engañando al consumidor. “Con una revisión ginecológica de calidad ya has rebasado esa cantidad”, recalca, “y desde luego no puedes tener un neurocirujano primera espada por 16 euros la consulta”.

Más aún cuando en España, con una sanidad pública universal de calidad pese a todo, la sanidad privada siempre ha sido un “producto suntuario”, precisa el corredor de seguros balear. “Quien recurre a ella busca una habitación privada, evitar las listas de espera, más calidad asistencial o acceso a ciertas tecnologías”, explica, “y eso no es low-cost”. Las aseguradoras, sin embargo, han emprendido “campañas de captación muy agresivas”, con pólizas muy baratas. Pero resulta que, si un paciente consume más del 65% de la prima anual, la compañía entra en pérdidas, señala Lluch, por lo que el negocio para ellas consiste en “quedarse con los clientes que no generan gasto, con los sanos, y echar al resto”. Y el problema es que el consumidor “no es consciente de a cambio de qué está pagando menos, no se lo dicen, y se entera en el peor momento de que el seguro no le cubre”.

Así, ASPE se queja ante la CNMC del lenguaje “muy técnico y complejo” utilizado en las pólizas, lo que impide que los ciudadanos entiendan cómo funciona el copago o qué tratamientos tiene cubiertos. Por el contrario, Adeslas defiende que la información de las ofertas de seguros es “clara y comparable”. “No es un producto especialmente complejo ni en su estructura ni en su redacción”, sostiene.

A juicio de Ignacio Guerrero, el sistema empezó a estropearse con la aprobación de la Ley Ómnibus de 2009, que prohibió a los colegios médicos fijar los precios de las consultas. Entonces, y pese a la gravísima crisis económica, “se dispararon las inversiones en la sanidad privada, tanto de los hospitales como de las aseguradoras, y el mercado no ha dejado de crecer un 10% anual”, recuerda. A día de hoy, 12 millones de españoles tienen un seguro de salud, el 25% de la población. Guerrero dice que el encarecimiento de la “mano de obra médica” por el que lucha Unipromel puede suponerle al sector un gasto extra de más de 1.200 millones de euros. “Los bajos baremos de la privada son lo mismo que los recortes en la sanidad pública, sólo que esos tienen mala prensa, mientras que, en la privada, el paciente no se entera”, lamenta.

No es de lo único de lo que no se entera el cliente. Juan Carlos Lluch resalta que, en las condiciones generales de las pólizas ofertadas por las seis principales aseguradoras se incluyen como exclusión en la cobertura las epidemias y pandemias. Pues bien, desde el covid, la contratación de seguros de salud se ha disparado un 20%. Lluch duda mucho de que quienes las han comprado sean conscientes de la existencia de ese vacío de cobertura.

El éxito de las huelgas en las tiendas de Zara y H&M ha contagiado a un sector, el del comercio textil, poco habituado a la protesta sindical. Lo está notando Mango, la segunda cadena española tras Inditex, que el pasado 21 de junio celebró sus primeras elecciones sindicales desde que Isak Andik la creara hace 40 años. Fue en su centro logístico de Lliçà d’Amunt (Barcelona), donde UGT y Fetico han constituido el primer comité de empresa de la historia de Mango. Poco después, votaron también a sus primeros representantes sindicales las dependientas de las tiendas de A Coruña. Y el próximo día 28 lo harán las trabajadoras de las tiendas de Madrid. El preaviso lo presentó CCOO, pero ya han elaborado candidaturas UGT, Fetico y Valorian –antes Fasga–.

En poco más de tres meses se ha puesto fin a años de lo que CCOO y UGT no dudan en calificar de “prácticas antisindicales”, incluidos despidos y represalias contra los trabajadores que intentaban sacar las urnas en los centros de trabajo de Mango. En el caso del almacén de Lliçà d’Amunt, la Inspección de Trabajo sancionó a la empresa con una multa de 30.000 euros por atentar contra la libertad sindical, una infracción muy grave: los mandos intermedios entrevistaron a sus 365 empleados y confeccionaron una lista negra señalando a quién pensaba votar cada uno de ellos. Los cuadros pretendían coaccionar a los trabajadores y orientar su voto hacia Fetico, según denunció UGT. Mango ha asegurado que desconocía lo que estaban haciendo sus directivos. Pero los servicios jurídicos del sindicato, que ganó las elecciones con 13 de los 21 delegados en juego, están preparando una demanda en el juzgado de lo Penal.

“Es increíble que una multinacional como Mango no tenga siquiera calendario laboral”, resaltan fuentes sindicales. En él se establecen desde los turnos de trabajo hasta el máximo de horas, los festivos o las vacaciones. Pero no es la única sorpresa con que se han encontrado los sindicatos al llegar a la empresa de Isak Andik. “En Mango no hay turnos fijos, y si un trabajador quiere cambiar el suyo tiene que ser él quien se busque a un compañero para que le sustituya”, detallan. Tampoco se conocen los criterios que la empresa utiliza para pagar los incentivos, añaden, lo que da amplio margen para la arbitrariedad en su reparto.

La primera reunión de los ejecutivos de Mango con el comité se celebró el pasado día 13 y fue tumultuosa. “Un fiasco”, resumen fuentes de UGT, que acusan a la empresa de “torpedear” a los representantes de los trabajadores. “Quieren un comité a la carta”, aseguran para explicar el comportamiento de Mango. Sólo pudieron debatir el primer punto del orden del día, la constitución del propio comité –“es obligatorio”, resaltan–, porque la empresa se negó a tratar los otros diez asuntos de la agenda, “que conocían desde hacía mes y medio”. Tampoco querían que el comité tuviera un presidente y un secretario, sino que cualquier delegado pudiera negociar o pactar actuando con la misma potestad que el presidente, explican las mismas fuentes.

“Es la primera vez que me encuentro con algo así, es completamente irregular”, lamentan. Además, rechazaban la creación de comisiones de trabajo; por el contrario, pretendían que bastaran varios delegados “a dedo” para negociar. Y se negaron a reconocer los correos corporativos de UGT. Según las mismas fuentes, la intención de la empresa era “anular al comité” y dar a Fetico –“que está alineado con la empresa”, denuncian– más poder del que le otorgan sus ocho delegados.

Así que UGT se mostraba dispuesta a denunciar a Mango de nuevo ante la Inspección de Trabajo, en esta ocasión por “mala fe”, dependiendo de cuál fuera su actitud en la segunda reunión con el comité, que mantuvieron el pasado martes. Entonces la empresa ya se avino a discutir el resto de los puntos de la agenda que habían quedado en el tintero el primer día y ambas partes se han citado para una tercera cita el 9 de noviembre.

Queda pendiente, no obstante, una posible denuncia ante la Inspección de Trabajo por la falta de seguridad en un área del centro logístico donde se maneja maquinaria pesada, también de noche, pese a que carece de luz. “De momento, la empresa se ha limitado a tomar nota, pero no ha hecho nada”, se quejan las fuentes sindicales. “En realidad, no podemos decir que hayamos avanzado”, concluyen.

Preguntada por sus primeras experiencias con un comité de empresa, Mango niega a infoLibre cualquier tipo de bloqueo y responde que las reuniones “se han celebrado con normalidad y de acuerdo con las dinámicas habituales de este tipo de encuentros”. “La compañía ha mantenido en todo momento una actitud positiva y colaboradora de escuchar y atender las peticiones de los sindicatos, proponiendo proactivamente iniciativas como la constitución de grupos de trabajo para una gestión más eficiente de las reuniones”, asegura.

Tampoco Fetico, el sindicato supuestamente favorecido por la empresa, cree que se haya producido ninguna situación irregular en el comienzo de las relaciones entre el comité y Mango. Un portavoz del sindicato reduce a una “pequeña tirantez” lo ocurrido en la primera reunión, donde no vio nada “chocante” en la actitud de la empresa. “Estamos plenamente implicados para mejorar las condiciones de trabajo desde la unidad de acción sindical”, resumen.

Que un comité de empresa fiscalice su gestión de los recursos humanos va a suponer un cambio sustancial para Mango después de cuatro décadas. El caso es que, mientras lidia con esa novedad a la que se ha mostrado tan renuente, la cadena textil se ha sentado a negociar con CCOO y UGT un convenio colectivo estatal. Como parte de la nueva patronal Arte, impulsada este año por Inditex, se ha unido al resto de las mayores empresas del sector para acabar con la atomización provincial de convenios con que han convivido hasta ahora. Por ese motivo, UGT acusa a la empresa de “beneficiarse de la negociación colectiva” al mismo tiempo que hace todo lo posible para que los sindicatos “no entren en su casa”.

La primera reunión de Arte con los sindicatos está programada para el próximo 27, sólo un día antes de las elecciones sindicales en las tiendas de Mango en Madrid. El objetivo de la negociación es homogeneizar las condiciones laborales de las 110.000 trabajadoras de 66 grandes empresas. Además de Inditex, Mango, Tendam –Cortefiel, Women’secret, Springfield–, H&M, Primark o Parfois, la nueva patronal acaba de anunciar tres nuevas incorporaciones: Hugo Boss, Mayoral y Encuentro Modas. Esta mesa fue impugnada por Fetico, que fue excluido por carecer de suficiente representación en el sector.

Mango, que cuenta con una red de 2.566 tiendas y 14.000 empleados empleados en todo el mundo, facturó 2.688 millones de euros en 2022. Tanto Ángeles Rodríguez Bonillo como Lola Luna, responsables de Comercio Textil en CCOO y UGT, respectivamente, denuncian las “presiones” que han recibido los trabajadores cada vez que han intentado organizar candidaturas en la empresa. En esta convocatoria, las amenazas han partido de los mandos intermedios, que se presentan por Fetico, revelan fuentes sindicales. Las listas definitivas de candidatos se cerraron el pasado jueves, pero en la semana que queda hasta las votaciones aún pueden producirse bajas, advierten. El comité deberán integrarlo 17 personas: 15 corresponden a los trabajadores no cualificados y dos a técnicos administrativos. UGT, por ejemplo, ha presentado una lista con 15 personas; Fetico, 82. Para mantener la candidatura, deben permanecer en ella el día de las elecciones al menos el 60% de los presentados en la lista.

La de Mango es una plantilla joven, muy feminizada, con un alto porcentaje de empleo a tiempo parcial, al igual que las del resto del sector. “Con mucha frecuencia entran en las tiendas pensando que es un trabajo de paso, por lo que no sienten la necesidad de sindicarse”, apunta Ángeles Rodríguez. “Cuando se quedan”, añade, “es la presión de la empresa la que juega en contra”. “Había mucho miedo”, tercia Lola Luna, pero las mejoras salariales conseguidas por las dependientas de Inditex y H&M y el éxito en A Coruña y Barcelona han envalentonado a las demás. El comercio textil es el quinto sector con las remuneraciones más bajas –22.215 euros anuales–, un 14,2% inferiores a la media nacional. Además, padece una brecha de género escandalosa, puesto que las mujeres cobran 19.026 euros anuales de media mientras los hombres suben hasta 25.298 euros.

Los trabajadores del periódico Abc están llamados a la huelga los próximos 26 y 27 de este mes, los días en que se celebrará el debate y la votación de la investidura de Alberto Núñez Feijóo, en demanda de una subida salarial del 4% para este año que la empresa se niega a conceder. La plantilla del periódico del grupo Vocento se suma así a las protestas que este año han llevado a cabo los periodistas de El País, El Mundo, La Vanguardia y El Periódico de Catalunya, entre los de mayor tirada, para poner fin a más de una década de congelación e incluso recortes salariales.

El pasado mes de julio el comité de empresa del Abc reclamó al grupo Vocento una subida del 4% para toda la plantilla con carácter retroactivo –aplicable desde el 1 de enero–, y del 3% tanto en 2024 como en 2025. También pedía un día de teletrabajo a la semana para toda la redacción y sin vetos, según explican fuentes sindicales. Sin embargo, la respuesta de la empresa fue, tras 14 años de congelación salarial –excepto una subida lineal en 2018 sólo para los sueldos más bajos–, que la negociación de cualquier mejora quedaba postergada a 2024. “Una mera declaración de intenciones”, lo califican las citadas fuentes. Y sin hacer ninguna contraoferta sobre el teletrabajo.

Ante la perspectiva de quedarse sin periodistas para cubrir la investidura, la empresa ya ha convocado al comité antes de esa fecha.

La inflación ha sido la gota que ha rebosado el vaso de la congelación salarial en las redacciones de los principales periódicos españoles. En El Mundo llevaban 15 años sin subir los sueldos, en La Vanguardia y Cinco Días 10 años y en el Diario Sur –también de Vocento–, 12 años. Fue la resaca de los múltiples ERE con que los grupos de comunicación intentaron solventar sus malos resultados durante la crisis financiera.

En abril los periodistas de El Mundo comenzaron a protestar un día a la semana en unas convocatorias que llamaron los Miércoles Negros, copiando los Viernes Negros con los que llevan más de cinco años denunciando la manipulación informativa los trabajadores de la Radio y Televisión de Galicia (CRTVG). Y de la que responsabilizan a Alberto Núñez Feijóo. No llegaron a convocar una huelga, pero sí consiguieron que Unidad Editorial, su grupo editor, les concediese el pasado mes de julio una gratificación de 550 euros este año para los salarios brutos inferiores a 40.000 euros anuales y de 500 para los que superen esa cifra. En 2024 los que cobran menos de 40.000 euros consolidarán 400 euros de esa subida y los que exceden ese sueldo anual consolidarán esa misma cantidad cuando la empresa entre en beneficios. También han conseguido un día de teletrabajo semanal, “siempre que sea posible”. El convenio colectivo, que llevaba años caducado y con la negociación para renovarlo bloqueada, se ha prorrogado hasta 2025.

Un acuerdo parecido han conseguido sus compañeros de Expansión, pero en su caso la gratificación es de 700 euros. También en el deportivo Marca se han pactado subidas lineales del mismo tipo.

Las plantillas de El País y Cinco Días llegaron a convocar dos días de huelga el 7 y 10 de julio, pero la empresa se apresuró a negociar para evitarla. La subida salarial conseguida es de un 4% este año para quienes gana entre 24.000 y 41.000 euros, y del 2% en 2024 y 2025 para todos los niveles salariales. Lo que no significa que la vida en los medios del grupo Prisa sea pacífica. Este mismo mes, Cinco Días ha despedido a dos de sus 44 trabajadores. Según ha denunciado el comité de empresa en su cuenta de X –antes Twitter– la dirección de recursos humanos de Prisa ha dicho que la plantilla está “muy mal acostumbrada” y que deben “acostumbrarse a la cultura del despido”. El comité lo interpreta como una advertencia de que puede haber nuevos despidos en el futuro.

Los periodistas de La Vanguardia también convocaron una huelga, en su caso coincidiendo con las pasadas elecciones generales del 23 de julio, después de nueve meses de negociaciones infructuosas con la empresa. El acuerdo llegó dos días antes de las votaciones: subidas de hasta el 15% para las categorías inferiores y aumentos de 1.700 euros para los sueldos por debajo de 40.000 euros anuales o 1.300 para quienes cobren hasta 50.000. El teletrabajo será voluntario los fines de semana.

Por el contrario, siguen con los Miércoles Negros los trabajadores del Diario Sur de Málaga, que calculan en casi un 25% el poder adquisitivo perdido en 12 años de congelación salarial mientras la plantilla se ha recortado en 50 personas. La batalla también continúa para los redactores de El Periódico de Catalunya, que añaden a las reivindicaciones salariales otras profesionales: que se corrija la falta de periodistas en algunas áreas básicas de la redacción y que se garantice “un plan de futuro digno para la edición digital en catalán”.

Tampoco tiene buenas perspectivas la negociación del convenio colectivo de prensa diaria, el que se aplica a los medios más pequeños y precarios. El próximo día 28 está prevista una nueva reunión entre la patronal del sector, AMI, y los sindicatos. El convenio lleva caducado dos años. Las empresas ofrecen una subida salarial de sólo el 1% que los sindicatos rechazan de plano. El Acuerdo de Negociación Colectiva firmado este año por la CEOE, CCOO y UGT establece un alza para este año del 4%. Y la inflación hasta agosto –2,6%– más que dobla la cifra ofrecida por la patronal. El salario anual de un redactor está fijado en ese convenio en 21.683 euros.

Este ha sido un año salpicado de protestas en los medios de comunicación no sólo españoles. En realidad, comenzó la plantilla de The New York Times en diciembre de 2022, que convocaron la primera huelga en 40 años, para reclamar subidas salariales con que afrontar la inflación. En junio fueron los periodistas de Gannet, el mayor grupo de prensa de EEUU, que publica entre otros USA Today y posee más de 200 cabeceras en todo el país. Los trabajadores denunciaban bajadas salariales del 20% sólo en el último año, el último de los cuatro en que se han sucedido recortes de plantilla que, según explican, han “vaciado las redacciones”.

En Francia, en cambio, los motivos de los periodistas del Journal du dimanche, están lejos de la economía. El dominical no se publicó durante cinco semanas este verano por la huelga de sus redactores, que protestaban así por el nombramiento como director de Geoffroy Lejeune, hasta entonces a la cabeza de una publicación de la derecha radical, Valuers Actuelles, que fue condenada por injurias racistas. Es partidario del político ultra Eric Zemmour.

Pero, en este caso, la batalla se perdió. Los periodistas votaron en agosto por poner fin a la huelga y abandonar el dominical. La mayor parte de su centenar de redactores lo ha hecho ya. La fecha límite para comunicar si se quedan o continúan trabajado para Lejeune es el próximo 15 de octubre.

El Hospital Severo Ochoa de Leganés (Madrid) agotó el pasado 30 de junio el presupuesto de todo el año para pagar las peonadas, que es como se conoce en el sector sanitario a las retribuciones que reciben sus profesionales por operar o hacer pruebas diagnósticas por las tardes a fin de reducir las listas de espera. Así lo comunicó la gerencia, según las fuentes que ha consultado infoLibre. No es algo inusual: cada hospital tiene asignada una partida anual para este fin que, a veces, no llega para cubrir el ejercicio. Cuando se agota, los hospitales pueden pedir a la Consejería de Sanidad –en realidad, a la de Hacienda, que es la que paga– que se la amplíen para gestionar los meses que faltan hasta diciembre.

La primera consecuencia de la falta de dinero en el Severo Ochoa: los pacientes recibieron una llamada para informarles de que se les aplazaba sine die la prueba que tenían programada. Al menos es lo que este periódico ha podido saber sobre las pruebas del servicio de radiología del hospital. La segunda, las nóminas de muchos médicos, enfermeras y celadores han encogido de forma sustancial. “Como los salarios no son muy buenos, a muchos la peonada les supone un sobresueldo importante”, explica Marisol Castro, portavoz de la Federación de Sanidad de CCOO en Madrid.

Lo que no quiere decir que este sistema para reducir listas de espera sea del agrado del sindicato. De hecho, es un método controvertido desde que se instauró. “[A la Consejería de Sanidad] le sale más barato pagar peonadas que contratar el personal que falta”, abunda por su parte Javier Ortega, responsable de atención hospitalaria de la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts). El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso “no quiere invertir en recursos humanos, en capital humano, más que en lo básico”, resume. Los delegados de Amyts en el Severo Ochoa ya han pedido a la gerencia una reunión en septiembre para solicitar más dinero a Sanidad.

A preguntas de infoLibre, la consejería niega que haya “problemas” este verano en el hospital de Leganés relacionados con las peonadas. Por el contrario, asegura que “la demanda de pacientes se atiende con todas las garantías de manera óptima”. “En julio y agosto”, añade, “nunca se realizan jornadas extraordinarias por la baja demanda de pacientes para el abordaje de tratamientos, así como por las vacaciones de los profesionales”. Pero no contesta si se ha agotado ya el presupuesto anual para peonadas de todo el año en este hospital. “No disponemos de la información sobre los presupuestos [de los hospitales]” , asegura un portavoz.

Esas partidas se asignan en los contratos programa que los hospitales de la red pública firman con el Servicio Madrileño de Salud (Sermas) cada año. En 2023, Sanidad ha repartido un total de 38,4 millones de euros entre 23 hospitales y la Unidad Central de Radiodiagnóstico. La cantidad se ha reducido apenas un 0,6% respecto a 2022. El centro que más dinero recibe es el Doce de Octubre, 4,72 millones de euros, seguido del Ramón y Cajal y el Gregorio Marañón, con 3,05 millones cada uno. El que menos, el Hospital del Tajo, sólo 157.446. “Algún año se nos acabó el presupuesto en octubre”, admite Javier Ortega, que es cirujano en ese hospital. El Hospital Severo Ochoa consiguió 956.225 euros este año, un poco más que en 2022 –745.497 euros–, pero mucho menos que en 2019, antes del covid, cuando se le concedieron 1,56 millones de euros.

En 2019, el año previo a la crisis del covid, Sanidad repartió 26,9 millones de euros entre 18 hospitales y la Unidad Central de Radiodiagnóstico. Es decir, ha aumentado el gasto en peonadas un 42,7% en cuatro años. Sólo gastan hoy menos que en 2019 los hospitales de La Paz, el Gregorio Marañón, el Severo Ochoa, el Clínico San Carlos y el del Sureste. Javier Ortega también advierte de que algún hospital no ha agoado el dinero que se le había dado, por una gestión inapropiada o porque no hubo personal suficiente que quisiera trabajar por las tardes. Entonces, el sobrante se devuelve y se reparte entre otros centros.

Sin embargo, los resultados de esa “actividad extraordinaria” fuera de la jornada laboral, como la denomina la consejería en sus documentos oficiales, están lejos de ser los mejores. “La lista de espera siempre sube, porque la gente vive más años, aumentan las patologías, su diagnóstico es cada vez más precoz, y el sistema no puede absorber la mayor demanda, la esponja ya está llena”, describe. Por las tardes, además, sólo se hacen operaciones de cirugía ambulatoria, las que no requieren ingreso en una cama: hernias, varices, cataratas, prótesis de cadera y rodilla, vasectomías, extirpación de vesícula…

Según las estadísticas que publica la Comunidad de Madrid en su página web, la lista de espera quirúrgica la integran, a fecha de junio de 2023, 81.711 personas, de las que 64.892 forman parte de la lista de espera estructural, la demanda que no se puede atender con la “organización y recursos disponibles”. Otros 9.229 pacientes no han sido operados después de haber rechazado la propuesta de la consejería de ser derivados a un “centro alternativo, público o privado”. La demora media en la lista de espera estructural es de 44,96 días, aunque 9.594 pacientes llevan en la lista entre 90 y 180 días, y otros 371 más de 180 días. Pero los que rechazan ser derivados al hospital alternativo propuesto por la consejería sufren una demora media de 93,12 días e incluso hay 65 que llevan más de 360 días, más de un año, esperando. El Plan Integral de Mejora de la Lista de Espera Quirúrgica 2016-2019 del Sermas tenía como objetivo reducir a 150 días el tiempo máximo en lista de espera estructural y en 240 días el resto. Respecto a junio de 2022, se ha rebajado el número de pacientes de la lista de espera estructural, pero no la de quienes rechazan ser derivados. También se ha recortado la demora media estructural, que entonces era de 64,54 días, pero ha crecido dos días la de pacientes que rechazan la derivación.

En pruebas diagnósticas, el número de pacientes de la lista de espera estructural ha crecido en el último año, de 165.872 a 177.226 personas, pero ha disminuido el tiempo de demora medio, de 48,97 a 45,36 días. Aunque aún 78.497 pacientes superan los tres meses de espera sin que se les haya dado fecha para una cita.

También ha empeorado la lista de espera de consultas externas, donde hay ahora 628.846 pacientes, casi 60.000 más de los que había el año pasado. Las peonadas no se pagan para rebajar la presión sobre las consultas. La demora media estructural en este caso ha aumentado igualmente, de 47,25 a 51,12 días. Y hay nada menos que 348.566 personas que llevan más de tres meses sin que se les haya dado fecha para una cita con el especialista; es decir, más de la mitad –55,43%– de quienes figuran en la lista de espera.

El pago de las peonadas se regulaba mediante unos “pactos de gestión” que firmaba anualmente la gerencia de cada hospital con los jefes de los servicios implicados. Formaban parte del Plan Integral de Mejora de la Lista de Espera Quirúrgica antes citado. Pero esos pactos de gestión fueron anulados por una sentencia del Tribunal Supremo de 2018, después de que CCOO interpusiera una demanda en el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 24 de Madrid. El Alto Tribunal dio la razón al sindicato, que consideraba contrarios a la libertad sindical dichos pactos: se habían adoptado sin negociación colectiva previa unos acuerdos que modificaban las condiciones laborales del personal sanitario. El hecho de que el trabajo extra por las tardes fuera de carácter voluntario, dictaminó el Supremo, no obsta para que sea negociado con los representantes sindicales. “Cada centro y cada jefe de servicio tenía la potestad de fijar la cuantía de las peonadas y a qué trabajadores se les ofrecían”, protesta Marisol Castro, quien asegura que la nueva consejera de Sanidad, Fátima Matute, prometió revisar este asunto cuando el sindicato se reunió con ella. Porque desde que la sentencia que anuló los 44 pactos de gestión existentes entonces, no ha habido nuevos acuerdos, asegura Castro.

En Castilla y León, la Consejería de Sanidad publicó el pasado mayo una orden con la que se asigna una partida de nueve millones de euros para reducir las listas de espera: siete millones para la quirúrgica y dos millones para Atención Primaria. Las peonadas para operar por las tardes serán de 450 euros para un médico especialista, 300 euros para una enfermera, 110 euros para un auxiliar de enfermería y 90 euros para un celador. Para consultas y pruebas diagnósticas, la retribución es menor: 322 euros para el médico, 214 euros para el enfermero, 155 para un técnico en imagen para el diagnóstico, 80 para un auxiliar de enfermería y 60 para el celador. En cambio, en Madrid, “no existen tablas ni nada parecido en la orden de nóminas”, apunta Marisol Castro.

Pese a que tampoco Javier Ortega considera las peonadas el sistema óptimo para reducir las listas de espera, cree que son preferibles a derivar a los pacientes a la sanidad privada como también está haciendo el Gobierno de Madrid. “Cualquier complicación la tenemos que asumir luego en la pública”, lamenta. A su juicio, sería más adecuado crear un turno de tarde o incluso utilizar el Zendal, “llenándolo, no de enfermos, sino de personal”. CCOO reclama planes de choque contra las listas de espera. “¿Por qué no normalizar que los quirófanos estén operativos los fines de semana?”, se pregunta Marisol Castro. 

Del ruido en las tiendas al ruido en la mesa de negociación. El año comenzó para Inditex con sus dependientas en huelga en casi toda España y continuó con nuevas movilizaciones en H&M que no acabaron hasta hace dos semanas con un acuerdo en Navarra. Las protestas se cerraron, además, con subidas salariales y mejores condiciones laborales para las trabajadoras –la mayoría son mujeres– en un sector hasta entonces difícil de movilizar y alejado del protagonismo sindical.

Al mismo tiempo, el gigante Inditex presentaba en sociedad una nueva patronal, la Asociación Retail Textil España (ARTE), a la que ha ido atrayendo a las grandes cadenas y con la que pretende negociar el primer convenio colectivo de ámbito estatal del sector. Se trata de homogeneizar las condiciones laborales de las 110.000 trabajadoras de 66 grandes empresas, ahora reguladas por más de una cincuentena de convenios provinciales: una dependienta de Mango o Cortefiel no cobra lo mismo si trabaja en Madrid, en Badajoz o en San Sebastián, pese a estar contratada por la misma empresa.

Así pues, patronal y sindicatos han acordado abrir las conversaciones el 27 de septiembre. Pero los preliminares de una negociación que se adivina muy complicada están lejos de ser pacíficos. Fetico, un sindicato sectorial, ha impugnado esta semana en la Audiencia Nacional la constitución de la mesa, el pasado 17 de julio, porque fue excluido. Y Acotex, la que hasta ahora figuraba como la patronal más importante del sector, con cerca de 800 empresas asociadas, reclama igualmente sentarse a la mesa de negociación, puesto que, según alega, lo que se acuerde en ella afectará a sus miembros, algunos de los cuales también se han unido a ARTE. Además de Inditex, la nueva patronal incluye a la sueca H&M, Iberian Sports Retail Group –propietaria de las marcas JD, Sport Zone y Sprinter–, la francesa Kiabi, Mango, la polaca Pepco, la irlandesa Primark, la japonesa Uniqlo, Bimba y Lola, All We Wear Group (AWWG) –Pepe Jeans London, Hackett y Façonnable, además de distribuidor de Tommy Hilfiger y Calvin Klein–, Punt Roma, Tendam –Cortefiel, Springfield, Women’s Secrets– y la portuguesa Parfois.

El pasado 12 de junio ARTE convocó a CCOO, UGT, Fetico, los vascos ELA y LAB, y la gallega CIG para constituir la mesa que debe negociar el convenio estatal del comercio textil. Pero tanto Fetico como LAB quedaron excluidos. Para participar en la negociación un sindicato debe contar con al menos el 10% de los delegados. Fetico dice que los tiene, hasta “casi un 15% en las empresas afectadas” por el futuro convenio, precisa a infoLibre su responsable de Comercio, Alejandro Blanco. “Acudimos a la convocatoria con las pruebas de esa representatividad, pero nadie quiso verlas”, protesta. UGT y CCOO, por el contrario, aseguran que Fetico no llega al 9% y que en esa cifra se incluyen sus delegados en grandes superficies, no sólo los de las cadenas de comercio textil. “No es verdad”, responde Blanco, que denuncia la existencia de “intereses creados” para impedir su presencia en la negociación. Así que acaban de presentar una demanda en la Audiencia Nacional para impugnar la mesa, integrada por ocho miembros de CCOO, cinco de UGT, uno de ELA y otro de la CIG.

Acotex, en cambio, dice que no van a entrar en ninguna discusión sobre su representatividad, pero defiende que debería participar en las negociaciones del convenio estatal porque lo que se decida en esa mesa también va a implicar cambios importantes para cadenas más pequeñas. Entre sus socios figuran Neck & Neck, Apodemia o Extreme. En principio, según estableció ARTE, el convenio irá dirigido a grandes grupos del textil, calzado, accesorios y productos para el hogar que cuenten con una superficie de venta física total superior a 3.500 metros cuadrados, o bien tengan tiendas físicas en al menos tres comunidades autónomas, o bien empleen más a de 400 trabajadores.

“Estuvimos en contacto con ARTE desde el principio, pero siempre fueron muy parcos en lo que a información se refiere”, explica el presidente de Acotex, Eduardo Zamácola. Después incluso celebraron una reunión con la nueva patronal. “Pero finalmente nos contestaron que no contaban con nosotros en esa mesa”, añade. Aun así, Zamácola asegura que mantienen con ARTE “conversaciones informales”. “Veremos por dónde van los tiros [en la negociación del convenio] y a quién puede afectar”, adelanta el presidente de Acotex, quien teme que si, como parece, la homogeneización de las condiciones laborales es al alza, “muchas empresas de menor tamaño no se las van a poder permitir”. También advierte de las dificultades de gestionar la apertura de las tiendas en domingos y festivos, donde hay grandes diferencias dependiendo de las comunidades autónomas. “Inditex se puede permitir el lujo de aplicar condiciones laborales muy ventajosas, pero el resto de las empresas no pueden decir lo mismo”, lamenta. “Si el convenio va a afectar a nuestros asociados, queremos estar ahí”, zanja. De hecho, apunta a que los asociados de Acotex que finalmente han entrado en ARTE –como es el caso de Tendam– lo han hecho para tener voz en un acuerdo que tendrán que terminar aplicando. infoLibre ha preguntado a ARTE por el estado actual de sus relaciones con Acotex, pero no ha obtenido una respuesta.

Entre los miembros de ARTE se encuentra Mango, la cadena española creada por Isak Andic que, con 2.566 tiendas y 14.000 empleados empleados en todo el mundo, es la segunda empresa española del comercio textil tras Inditex. En 2022 facturó 2.688 millones de euros. Como otra señal más de los cambios que está experimentando el sector, Mango celebró el pasado 21 de junio sus primeras elecciones sindicales. Creada en 1984, nunca hasta ahora sus trabajadores habían tenido un comité de empresa. Aun así, el proceso ha sido turbulento. Tanto que la Inspección de Trabajo ha sancionado a la cadena por una infracción muy grave, atentar contra la libertad sindical, con una multa de 30.000 euros.

En el centro logístico de Lliçà d’Amunt (Barcelona), los mandos intermedios entrevistaron a sus 365 empleados y confeccionaron una lista negra señalando a quién pensaba votar cada uno de ellos. Los cuadros pretendían coaccionar a los trabajadores y orientar su voto hacia Fetico, según denunció UGT. Mango ha asegurado que desconocía lo que estaban haciendo sus directivos y ha acatado la sanción. Pero UGT, que ganó las elecciones con 13 de los 21 delegados en juego, estudia presentar una demanda en el juzgado de lo Penal. El recién elegido comité de empresa acaba de sentarse con la empresa y las conversaciones están siendo problemáticas, admite Óscar López Chamosa, secretario general de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT en Cataluña. “No están acostumbrados a tratar con representantes de los trabajadores”, protesta.

López Chamosa duda que Mango desconociera lo que sus mandos intermedios estaban haciendo en Lliçà d’Amunt y recuerda que Fetico es “un sindicato de cuadros” al que los sindicatos de clase suelen referirse como un “sindicato amarillo”. Alejandro Blanco lo niega con rotundidad. “Representamos a los trabajadores de más de 360 empresas con un sindicalismo independiente de concertación y diálogo, alejado de las opciones políticas de otros sindicatos”, describe. “Y participamos en todos los procesos de forma limpia”, añade cuando se le pregunta por lo ocurrido en las elecciones de Mango.

Pese a la falta de costumbre, la empresa de Isak Andic tendrá también que negociar en la mesa del convenio estatal las condiciones laborales de sus trabajadores. Según plantea ARTE, el objetivo es pactar un “marco común estable y homogéneo” para todo el país, pero respetando los convenios de empresa existentes. Es el caso de Primark y Kiabi. Pero no va a ser fácil. Los sindicatos ya han dejado claro que la homogeneización debe ser al alza. “Queremos un convenio que marque suelos para todo el personal”, defiende Lucía Trenor, secretaria general de la Federación de Servicios de CCOO en Galicia y miembro de la mesa de negociación. Aunque también reconoce que no sería viable reclamar máximos para todas las condiciones laborales, sí que pide establecer unos “mecanismos garantistas”. “No hay tanta distancia entre el coste de la vida en una provincia y otra, las diferencias salariales actuales de vender una camiseta en Málaga o en Segovia no están justificadas”, continúa. Más aún, resalta, cuando se trata de grandes cadenas de tiendas con millones de euros de beneficios.

De forma que, avanza Trenor, CCOO va a pedir “más que el salario mínimo” y que los domingos y festivos se retribuyan, independientemente del problema que van a suponer las diferencias de regulación según los territorios: libertad total de apertura en Madrid, apertura en 10 domingos al año en la mayor parte de las comunidades autónomas, pero sólo ocho o nueve en País Vasco, Cataluña y Extremadura.

“Lo que no es de recibo es que haya tantos trabajadores con contratos de sólo 20 horas, en fines de semana, sin preavisos y con salarios que no permiten vivir”, resume la representante de CCOO, en empresas con márgenes de beneficios milmillonarios. El del comercio textil es, además, un sector altamente feminizado, por lo que también resulta ser el campeón del trabajo a tiempo parcial no deseado. Según las cifras recopiladas por CCOO y referidas al conjunto del comercio en España, la tasa de parcialidad alcanza el 26%, nueve puntos porcentuales por encima de la tasa general. En el caso de las mujeres es incluso superior, llega al 32%. Y casi no se ha reducido en la última década, apenas un punto desde 2014.

El sector también es el quinto con las remuneraciones más bajas –22.215 euros anuales–, un 14,2% inferiores a la media nacional. Y con una brecha de género escandalosa, puesto que las mujeres cobran 19.026 euros anuales de media y los hombres 25.298 euros.

El convenio estatal que comienza a negociarse en septiembre deberá ahora no sólo mejorar esas pobres condiciones laborales, sino también limar las enormes diferencias establecidas en los convenios provinciales. En cuanto a salarios, los mejores se pagan en Guipúzcoa y los peores, en Las Palmas, Lugo, Melilla o Extremadura. En Melilla, por ejemplo, el convenio lleva sin negociarse desde 1996, destaca Lucía Trenor. Y más allá de las retribuciones, hay diferencias de hasta 100 horas en la jornada anual entre algunos convenios.

“Nadie debe ir con miedo a este convenio que aún no existe”, recalca la dirigente de CCOO, “nosotros no vamos a poner en riesgo la viabilidad de las empresas e Inditex ya ha negociado antes en las mesas de los convenios provinciales y ha sido siempre muy responsable; el acuerdo depende de las dos partes”.

“Los plazos se están agotando”. “Esto se acaba”. “Se nos ha acabado la paciencia”. Los secretarios generales de los dos sindicatos más representativos, Unai Sordo y Pepe Álvarez, aprovecharon la presentación del lema de las 73 manifestaciones que han convocado con vistas al Primero de Mayo –Subir salarios, bajar precios, repartir beneficios– para emplazar a la CEOE a reanudar ya la negociación del acuerdo marco salarial, que lleva en suspenso desde el verano pasado. Y lo hicieron apremiando a la patronal a dar una señal inequívoca en los próximos días y advirtiéndole de que su negativa significará el “entierro” de lo que ha funcionado durante 13 años como una buena herramienta para ordenar la negociación colectiva en una estructura productiva, destacaron, tan atomizada como la española.

La cuarta edición del acuerdo, que se firmó en 2018 y caducó en 2020, lleva por tanto tres años en el limbo, primero por la pandemia y después por la imposibilidad de llegar a un acuerdo sobre la subida de los salarios durante la recuperación y más tarde por la crisis de precios que trajo la guerra en Ucrania. Si se deja morir el acuerdo marco de salarios, desaparecerá el principal instrumento del Diálogo Social que empezó a firmarse en 2010.

“No lo vamos a alargar indefinidamente o a permitir una negociación sin contenido que sirva de placebo sobre los convenios que aún están por firmar”, apremió Unai Sordo. En caso de que los empresarios no den muestras de que realmente quieren negociar, y no “juntarse a hablar, como en una tertulia” –precisó Sordo–, la respuesta sindical será aumentar la “intensidad” de las movilizaciones que ya comenzaron a convocar el otoño pasado en los sectores. “Y con las movilizaciones se sabe cómo empiezan, pero no cómo terminan”, avisó el líder de CCOO, quien mencionó las protestas contra la reforma de las pensiones de Emmanuel Macron. “Las movilizaciones sociales calan en función de variables que son muy difíciles de prever”, aseguró. A las preguntas de los periodistas sobre la posibilidad de convocar una huelga general, tanto Sordo como Álvarez dejaron claro que la patronal debe decidir qué escenario quiere: si una negociación colectiva “ordenada y ágil” u otra “más desordenada y sin recomendaciones [sobre subidas salariales]”.

Sindicatos y patronal han mantenido contactos informales en los últimos meses, pero sólo una reunión como tal el pasado 22 de marzo. Entonces quedaron en volver a verse en la primera quincena de abril, después de Semana Santa. Esa cita no ha llegado a producirse. Según explicó Unai Sordo, en todo este tiempo no ha habido “una negociación en profundidad” que permita “atisbar ni remotamente un acuerdo, no hay una posición seria de la CEOE”. El año pasado, cuando las conversaciones quedaron en suspenso, fueron las cláusulas de revisión salarial las que impidieron el acuerdo. La patronal no quería ni oír hablar de subir los salarios tanto como lo estaba haciendo la inflación, que en julio alcanzó el 10,8%. En marzo de este año, el IPC ha caído hasta el 3,3%, pero la CEOE se mantiene reacia a firmar un acuerdo en el que los sindicatos continúan exigiendo el reparto “justo y equitativo” de unos márgenes empresariales considerados “beneficios de usura”, en palabras de Pepe Álvarez. Su presidente, Antonio Garamendi, pedía sustituir el IPC por “indicadores económicos cuantificables y medibles”, como la productividad, el empleo, el comportamiento del PIB, la competitividad y los resultados de las empresas

El pasado enero, CCOO recogió el guante y propuso una cláusula que ligue una parte de la subida salarial a la inflación y otra a los beneficios reales de las empresas y los sectores, medidos con un índice que el Gobierno debería elaborar a partir de los datos recopilados por la Agencia Tributaria y la Tesorería de la Seguridad Social. La última oferta sindical se concretaba en un 5% de alza salarial para 2022, el 4,5% para este año y el 3,75% para 2024. La patronal también la rechazó.

Mientras, el Ministerio de Economía ha anunciado la creación de un Observatorio de Márgenes Empresariales, que tampoco ha despertado el entusiasmo de los empresarios. “Si es para controlar, intervenir o para decidir si esto es bueno o malo, para empezar a meter impuestos a la carta como a la banca y a las eléctricas, no nos parece bien”, reaccionó Garamendi.

CCOO y UGT también han emplazado al Gobierno. “Si no hay reparto de los costes de la crisis media la subida de los salarios, debe haberlo mediante los impuestos y las transferencias a las familias”, instó Unai Sordo. De ahí que los sindicatos reclamen al Ejecutivo que “toque” el Impuesto sobre Sociedades para establecer un tipo mínimo. También que no renuncie al control de precios en la vivienda, los alquileres y los productos básicos.

Además, hubo lugar para que Pepe Álvarez llamara a las organizaciones de autónomos y de pequeñas empresas para que “presionen” a las grandes corporaciones, que según dijo son las que “subcontratan su actividad y se quedan con una parte importante del beneficio”, en lugar de ver el problema en la subida del salario mínimo.

En el tintero del Diálogo Social aún queda igualmente el Estatuto del Becario, para el que casi se cerró un acuerdo el pasado mes de octubre con el Ministerio de Trabajo, pero cuya negociación se reabrió en un intento por sumar a la patronal. La última reunión se celebró el pasado 30 de marzo. Según el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, la intención del Gobierno es mantener las prácticas extracurriculares, que en principio quería eliminar. La CEOE quiere que sigan existiendo, mientras que los sindicatos denuncian que es en ese modelo de becas donde se produce el mayor volumen de fraude. “En el caso de que la CEOE no responda a la última propuesta de Trabajo, el Gobierno debe volver al punto de partida, el acuerdo que ya tenía con los sindicatos”, zanjó Pepe Álvarez.

CCOO y UGT, que alabaron la Ley de Vivienda y criticaron el “populismo fiscal de derechas” que reclama bajadas de impuestos al tiempo que “arruina” los servicios públicos, pidieron el voto para organizaciones progresistas en las próximas elecciones –“no somos neutrales ni equidistantes”, dijo Sordo–, pero sin precisar más.

Sordo y Álvarez también contestaron a las preguntas de los periodistas sobre los conflictos laborales desatados dentro de sus propias organizaciones. La plantilla de UGT llevó a cabo protestas en toda España el pasado día 12 contra las subidas salariales que les ha planteado la dirección del sindicato: el 2,8% para 2022 y el 2,5% para este año, no sólo por debajo de la inflación, sino incluso por debajo de lo que UGT reclama a la CEOE en el acuerdo marco salarial. Y los trabajadores de CCOO en Galicia se declararon en huelga el pasado enero para pedir un nuevo convenio colectivo, porque lo tienen congelado desde 2014, además de mejoras salariales: sólo les subieron el sueldo un 1,9% en 2019.

“Un sindicato no es una empresa, no tenemos beneficios ni plusvalías”, explicó Unai Sordo, “no nos lucramos, administramos los recursos que proceden de nuestros afiliados”. Como ambas organizaciones, debido a la crisis de precios, han congelado las cuotas que pagan sus militantes, también han tenido que echar mano de “contención salarial” con sus propios trabajadores. El conflicto subsiguiente, añadió, lo están “gestionando” y “resolviendo”. “No es eso de ‘en casa del herrero, cuchillo de palo”, justificó.

Alemania se ha despertado este lunes con la mayor huelga en el transporte de los últimos 30 años. Ni trenes, ni metro ni aeropuertos, ni siquiera los trabajadores de los concesionarios de las autopistas han acudido al trabajo. Los alemanes se unen así a británicos y franceses, que llevan meses protestando contra la carestía de la vida –los primeros– y la reforma de las pensiones –los segundos–. Este mismo martes están llamados de nuevo a la huelga los empleados del transporte de toda Francia, los de la recogida de basura van por la cuarta semana de paros. Y los de las refinerías llevan en conflicto desde el pasado día 7.

Mientras, en Reino Unido, la ola de protestas laborales en el transporte público, los hospitales y los organismos públicos que comenzó en diciembre ha obligado a los periódicos a publicar los calendarios de huelgas de los próximos meses para prevenir a los ciudadanos: ya hay convocados paros en el transporte ferroviario este jueves y el sábado, los médicos y los examinadores de Tráfico dejarán de trabajar varios días de abril. Antes lo hicieron las plantillas de las universidades, los profesores no universitarios y los trabajadores de las ambulancias.

La inflación disparada, que en el Reino alcanzaba el 10,4% en febrero, el 8,6% en Alemania o el 9,2% en Italia –todos ellos por encima de la media europea, aun así encaramada en el 8,5%– ha sacado a la calle a los trabajadores del continente para reclamar subidas salariales que les permitan llegar a fin de mes. Aunque Francia es de los países donde el IPC ha estado más contenido en el último año –el 6,2%–, las protestas contra la reforma de las pensiones han destapado un enorme malestar social.

¿Y en España? Médicos de atención primaria y letrados de la Administración de Justicia acaban de firmar sendos acuerdos para poner fin a sus respectivos paros. El otoño pasado, los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, emprendieron una campaña –Salario o conflicto– que no ha llegado a incendiar empresas y sectores. Por el contrario, los belgas probablemente se sorprendieron la semana pasada al enterarse de que, pese a las apariencias, las huelgas en el sector privado les habían hecho perder a ellos más días de trabajo –97– entre 2011 y 2020 que a los franceses –93–, según las estadísticas recopiladas por el European Trade Union Institute (ETUI), el centro de estudios de la Confederación Europea de Sindicatos.

Esos mismos datos revelan que, si bien España lideraba junto a Francia la intensidad de las huelgas en Europa en la primera década del siglo, desde la crisis financiera los trabajadores españoles paran cada vez menos para reclamar derechos laborales. Hasta el punto de que en los dos últimos años analizados por ETUI, 2020 y 2021, en España sólo se perdieron 29,7 días por cada 1.000 empleados, muchos menos de los que no se trabajaron en Dinamarca –49,1–, Finlandia –48,8– o Noruega –50,4–. En ese bienio, Francia perdió 79,1 días de trabajo por culpa de las huelgas, el país que más protestó, seguido de Bélgica, con 57,3 días, casi el doble que España.

Los menos dados a utilizar el más contundente instrumento de protesta laboral son Alemania, con sólo 12,6 días perdidos por cada 1.000 trabajadores; Irlanda, con seis días; Portugal, con 6,6, y Países Bajos, Austria y Suecia, que no dejaron de trabajar ni un solo día durante esos dos años por culpa de una huelga. ETUI carece de datos actualizados para Italia, Grecia y Reino Unido.

Desde 2000, el recurso a la huelga ha perdido mucho fuelle en Europa. En 2021 sólo se perdió una media de 19,9 días por 1.000 trabajadores en los 28 países de la Unión Europea, el mínimo del siglo, muy lejos del récord de conflictividad laboral alcanzado en 2002, con 85,3 días perdidos. No volvió a repuntar hasta la crisis financiera: en 2010 se alcanzaron 71,4 días. Desde entonces no ha llegado siquiera a los 40 días. Y a partir de 2018 la evolución ha sido descendente, a falta de lo que computen los años de la guerra, la inflación y el descontento.

Lo cierto es que el país que más días ha perdido por huelgas fue Dinamarca, que en 2008 batió el récord europeo del siglo con 743 días no trabajados. El conflicto por la subida salarial en la sanidad pública fue ese año el mayor de la historia danesa –10.000 trabajadores implicados– y duró más de dos meses. En 2013 se perdieron 397 días, otro récord en Europa, después de que un cierre patronal, decidido por los ayuntamientos, impidiera a 52.000 profesores dar clases durante un mes. El fracaso de la negociación salarial entre profesores y municipios fue el detonante del conflicto. En 2021, las huelgas en Dinamarca se llevaron por delante 95 días por 1.000 trabajadores, también el máximo europeo ese año: está por encima de Francia y Bélgica, y casi cuadriplica los 26 días de España. Cifras que siembran dudas sobre el elogiado modelo de negociación colectiva y diálogo social danés.

España es el siguiente país de la lista europea, con un máximo de 365 días por 1.000 trabajadores en 2002. El 20 de junio de ese año se llevó a cabo una huelga general contra lo que se conoció entonces como decretazo, la reforma de la prestación de desempleo elaborada por el Gobierno de José María Aznar. El ministro de Trabajo, Juan Carlos Aparicio, dimitió un mes después y su sucesor, Eduardo Zaplana, cambió la norma. El TC la declaró inconstitucional en 2007. En 2004 se perdieron 304 días por las huelgas de los astilleros y en la industria. En comparación, la intensidad de los paros decreció durante la recesión que siguió a la crisis financiera, con 90 días en 2008 y 89 en 2012, aunque en este último año ETUI no incluye la huelga general del 29 de marzo contra la reforma laboral de Mariano Rajoy. Como queda dicho, desde entonces la conflictividad laboral no ha dejado de bajar, hasta quedarse en una pérdida de 26 días en 2021.

Sólo un día menos que el máximo español, 364, figura como récord francés, en 2010, y la espoleta fue, también, la reforma de las pensiones. Entonces el presidente era Nicolas Sarkozy, quien pretendía aumentar la edad de jubilación de 60 a 62 años. Tanto antes de la crisis financiera como después, la conflictividad laboral medida en días de huelga supera en Francia a la española. De hecho, entre 2010 y 2019 los franceses perdieron 127,6 días por 1.000 trabajadores, casi el triple que los españoles –49,1–.

En Bélgica el récord alcanza los 221 días perdidos. Fue en 2014, cuando los belgas se levantaron contra las políticas de austeridad tras la crisis financiera. En 2021 pararon 80 días, uno más que los franceses.

En comparación, los alemanes se conformaron con perder sólo 57 días en 2016, pero las huelgas se extendieron a los sectores eléctrico y del metal, así como a la educación. En 2021 únicamente se dejaron de trabajar 16 días. En Italia también comenzó el siglo con grandes conflictos, que hicieron perder hasta 310 días de trabajo en 2002, mientras que en Grecia llegaron ese mismo año a los 314 días.

Noruega también es un país con huelgas de alta intensidad. En 2000 perdió 239 días, en una huelga que secundaron 80.000 trabajadores de todas las industrias del país, mientras que en 2010 la cuenta llegó a 222 cuando los paros fueron convocados en el sector público. Dos años después se alcanzaron los 154 días y el afectado fue el potente sector petrolero. En 2021 la pérdida por las huelgas se quedó en 46 días.

La mayoría de los países europeos reconocen en su Constitución como un derecho de los trabajadores el recurso a la huelga, cuyo desarrollo se ha dejado a la jurisprudencia de los tribunales. Es el caso español: no existe una ley de huelga y son las sucesivas sentencias del Tribunal Constitucional las que lo han ido moldeando. En otros países los convenios colectivos regulan este derecho. Alemania, por ejemplo, ha establecido restricciones para los trabajadores del sector público.

Pese a que los sindicatos defienden que no hacen falta cambios, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ya ha planteado una “renovación completa del marco legislativo del trabajo” que incluya el derecho a huelga. Por su parte, la CEOE lleva años reclamando una regulación más restrictiva.

El Gobierno ha presentado una propuesta, previo pacto entre PSOE y Unidas Podemos y con el aprobado de Bruselas, que elevará los ingresos del sistema público para financiar la mejora de las pensiones y afrontar la jubilación de los baby-boomers. No habrá recortes ni pérdida de derechos, subrayan, pero sí hará falta afrontar un mayor gasto; por tanto, serán necesarios más recursos. Esta segunda parte de la reforma de las pensiones, necesaria para cumplir con los compromisos del Plan de Recuperación, incorpora así la mayor parte de los planteamientos defendidos tanto por los sindicatos como por los socios de la investidura: reforzar los ingresos para garantizar, por un lado, la sostenibilidad del sistema y, por otro, la suficiencia de las pensiones, revalorizándolas con el IPC, mejorando las mínimas y cubriendo lagunas de cotización. Pero se ha dado de bruces con el feroz rechazo de la patronal, puesto que el Gobierno plantea que ese aumento de los ingresos se consiga elevando las cotizaciones que empresas y trabajadores pagan a la Seguridad Social.

Fuentes de la Vicepresidencia segunda y de Unidas Podemos cifran en unos tres puntos porcentuales del PIB el aumento que sufrirá el gasto público en pensiones hasta 2050: pasará del 12% del PIB actual al 15,5% en esa fecha. Cada vez habrá más jubilados y sus pensiones serán más altas; además, si la inflación sigue en los niveles actuales, actualizarlas saldrá más caro y, finalmente, las medidas incluidas en la reforma para cubrir lagunas de cotización, cerrar la brecha de género y mejorar las pensiones mínimas tienen un coste adicional. “La financiación de ese aumento del gasto se basará en las aportaciones que hagan las empresas por los salarios más altos”, explican. En concreto, los que se sitúan por encima de la actual base máxima de cotización: 53.946 euros anuales.

Hasta ahora, todo lo que un trabajador cobra por encima de esa cantidad no cotiza a la Seguridad Social. El Ejecutivo quiere que ese tope vaya subiendo de forma progresiva entre 2024 y 2050, sumando a la subida anual del IPC una cuantía fija de 1,2 puntos porcentuales. Pero la pensión máxima para esos salarios aumentará menos: lo que crezca el IPC más un alza de 0,0115 puntos porcentuales. Con ese decalaje entre base máxima y pensión máxima se pretenden conseguir recursos adicionales para mejorar las pensiones. “Así nos alinearemos con los países de nuestro entorno: la base máxima en Italia supera los 8.000 euros mensuales y la media de la UE está en 6.000 [4.495,50 euros en España]”, apuntan las citadas fuentes.

Además, el Gobierno propone cobrar desde 2025 una cuota de solidaridad sobre la parte del salario que supere la base máxima. Empezará siendo del 1%, pero crecerá a un ritmo de 0,25 puntos anuales hasta llegar al 6% en 2045. Se aplicará sólo sobre la cantidad que exceda de esos 53.946 euros anuales, precisan fuentes del Ministerio de Seguridad Social, no sobre el salario total.

Según subrayan las fuentes de la Vicepresidencia y de Unidas Podemos, se trata de “obtener recursos procedentes de los beneficios empresariales gravando los salarios más elevados”. De hecho, aseguran que la reforma de las pensiones conseguirá la “redistribución de renta, del capital a los salarios, que no ha sido posible con la reforma fiscal que no se ha llegado a aprobar, la mayor redistribución junto con la reforma laboral y la subida del salario mínimo”. Las fuentes no dudan en considerar la reforma “un giro copernicano en la concepción del sistema de pensiones”, al tratarse de un acuerdo “volcado en los ingresos”. Por ese motivo, también han destacado que sea ésta la “primera vez que la Unión Europea asume que el problema [del sistema público de pensiones] no es el gasto”.

El aumento de ingresos también requiere cambios en el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), creado en 2021 y en vigor desde el pasado mes de enero. Destinado a sustituir al Factor de Sostenibilidad de la reforma aprobada por el PP en 2013, consiste en un recargo en las cotizaciones a la Seguridad Social del 0,6% –0,5% pagado por la empresa y 0,1% por el trabajador–. La recaudación engrosará el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, conocido como la hucha de las pensiones, pensado para hacer frente a tensiones de gasto, las que se producirán por la jubilación de los baby-boomers, por ejemplo. La propuesta del Gobierno ahora es aumentar ese recargo de forma progresiva, desde el 0,6% actual hasta el 1,2% en 2029, a razón de una décima anual.

El cambio de enfoque ha sido saludado por CCOO y UGT, pero demonizado por la CEOE, que critica la “voracidad recaudatoria” del Gobierno y tacha de “populistas” sus propuestas. En un comunicado muy duro para expresar su “más frontal oposición” al diseño de la reforma de las pensiones que el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, presentó este viernes a sindicatos y patronal, la CEOE rechaza que se haga recaer “el sostenimiento del sistema en los trabajadores y las empresas”, mediante una subida “generalizada de cotizaciones” que, advierte, “mermará los salarios”, aumentará los costes laborales y pondrá en peligro la creación de empleo.

La patronal llega a asegurar que el acuerdo con Bruselas es una “cesión de soberanía sin precedentes” y que la reforma se ha elaborado “sin el necesario debate y diálogo social”, además de vulnerar el Pacto de Toledo y carecer de un análisis de impacto. Es más, la CEOE advierte de que el aumento de cotizaciones previsto “socavará el esfuerzo de las empresas en las negociaciones salariales”. Es un claro aviso a navegantes. Precisamente, el próximo lunes, los empresarios están citados con los sindicatos para reanudar las negociaciones del Acuerdo Nacional de Salarios, suspendidas el pasado mes de mayo. La intención de CCOO y UGT es reclamar subidas salariales del 5% para 2022, el 4,5% para 2023 y el 3,75% para 2024. También piden una cláusula de revisión salarial –el motivo que bloqueó la negociación el año pasado–, que además de garantizar el poder de compra de los salarios incluya un indicador que refleje los beneficios de las empresas y sectores.

El Ministerio de Seguridad Social, en cambio, rebaja el impacto que el aumento de las cotizaciones tendrá en los costes laborales por hora. Según sus cálculos, el máximo efecto se producirá en 2050, pero no superará los 37 céntimos, un aumento del 1,6%. En 2030, el impacto será sólo de 23 céntimos. “Son niveles que preservan la competitividad de las empresas españolas, con costes laborales por hora que se sitúan 10 euros por debajo del promedio de la zona euro, 15 euros por debajo de Francia o 14 euros por debajo de Alemania”.

En la misma dirección que la patronal ha formulado su crítica el PP. “El camino debería ser justo lo contrario”, sostuvo el vicesecretario de Economía del Partido Popular, Juan Bravo, tras criticar el aumento de cotizaciones propuesto por el Gobierno que, en cualquier caso, “no asegura la sostenibilidad de las pensiones”. Por el contrario, ERC ha alabado la apuesta por mejorar los ingresos de la Seguridad Social como una garantía del futuro de las pensiones, como también la subida de las pensiones mínimas y los cambios respecto a las lagunas de cotización, que a su juicio “reparan injusticias de género”.

La medida más polémica de la reforma inicial presentada el pasado noviembre por el ministro Escrivá fue la ampliación del periodo de cálculo de la pensión. Entonces pretendía aumentarlo de los 25 años actuales a 30, pero descartando los dos peores años de cotización. La iniciativa suscitó el rechazo inmediato tanto de Unidas Podemos y de los socios de la investidura como de los sindicatos. Así que ahora se ha optado por dejar a la libre elección del trabajador si quiere utilizar el periodo de cómputo en vigor, 25 años, o si prefiere ampliarlo a 29 años descartando los dos peores. Esta fórmula no se empezará a aplicar hasta 2026.

Tras presentar su primer diseño, José Luis Escrivá repetía que la ampliación del periodo de cálculo era “neutra” para el conjunto del sistema: ni aumentaría ni recortaría el gasto. El ahora planteado, en cambio, no lo será, admiten fuentes de la Vicepresidencia y de Unidas Podemos. “Implicará un cierto coste, pero será inferior al diseño de ingresos”, apuntan sin desvelar la cuantía.

Tampoco precisan el aumento de gasto que supondrá otra de las medidas estrella de la reforma, la mejora de las pensiones mínimas con una fórmula similar a la que se utiliza para subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Las mínimas contributivas se subirán de forma progresiva hasta que alcancen el 60% de la renta mediana de un hogar con dos adultos, mientras que las no contributivas deberán igualar en 2027 el 75% del umbral de pobreza calculado para un hogar unipersonal. Unos 2,64 millones de personas cobran en España pensiones mínimas –por debajo de 783 euros– y no contributivas –las que perciben quienes no han cotizado 15 años–.

Además, la reforma permitirá cubrir lagunas de cotización para quienes, sobre todo mujeres, no hayan podido contribuir porque abandonaron el mercado laboral en algún momento de su carrera profesional. Esos vacíos se compensarán con el 100% de la base mínima los primeros cuatro años y con el 50% a partir de ese plazo. Finalmente, se aumenta un 10% el complemento de brecha de género en las pensiones.

El próximo lunes volverá a reunirse la mesa del Diálogo Social para analizar los detalles de la propuesta del Gobierno y solventar las “carencias” que aún ven los sindicatos. Mientras, el Ejecutivo deberá convencer al resto de sus socios en el Congreso –PNV, EH-Bildu, ERC, BNG, Compromís, Más País— de las bondades de la reforma. El plan del Ejecutivo es aprobar un real decreto-ley de forma inmediata, que deberá ser convalidado en la Cámara Baja. Una vez validado por Bruselas, quedará liberado el siguiente pago de los fondos de recuperación, 10.000 millones de euros.

Cuando el Congreso aprobó, por un solo voto, la última reforma laboral, nadie imaginó que al drama de los dos votos tránsfugas de UPN y la bufonada del diputado Alberto Casero se le iba a añadir la tragedia de una guerra en Europa y una crisis energética que devolvería la inflación a las cifras de pesadilla de los años 80. Este viernes se cumple un año de aquella accidentada votación, que a punto estuvo de dejar la reforma pactada por el Gobierno, los empresarios y los sindicatos en el cajón del olvido. Y lo cierto es que, aunque no entró en vigor plenamente hasta abril, el mercado laboral español lleva ya un año experimentando cambios relevantes en un contexto económico que combina la reactivación productiva y del consumo tras el cierre de la pandemia con una inflación galopante –llegó al 10,8% en julio, la más alta desde 1984– y la batalla permanente contra la carestía energética.

Por entonces, el PP tachaba el texto de “contrarreforma” laboral, y la discusión política se centraba en si ésta derogaba o no “los aspectos más lesivos” de la reforma que el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó en solitario en 2012, tal y como habían prometido tanto la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, como los sindicatos. Para explicar su rechazo, el presidente del PP, Pablo Casado, repetía que la reforma hoy en vigor era “humo” porque no derogaba “nada”. Mientras, la CEOE empleaba el mismo argumento, que la norma mantenía e incluso consolidaba “lo esencial de la reforma de 2012”, para brindarle su apoyo.

Con ellos coincidían también ERC y EH Bildu, socios parlamentarios del Gobierno, que igualmente le negaron su respaldo en el Congreso porque consideraban insuficiente la reforma. “Una estafa a los trabajadores”, “un mero retoque” a la reforma de Rajoy, denunciaron. El Ministerio de Trabajo, por el contrario, defendía que la nueva ley iba a suponer un “cambio de paradigma” y a acabar con la “cultura de la precariedad” que había instalado la reforma de 2012 y presidido la recuperación de la anterior crisis.

Los temores de los expertos del mercado laborales hilaban más fino: que las limitaciones a la contratación temporal y las nuevas condiciones en las subcontratas frenarían el crecimiento del empleo en plena fase de recuperación tras la pandemia; también que el recorte en el empleo temporal podía no ser duradero o aumentaría la fragilidad de los nuevos contratos indefinidos.

Un año después, España tiene 20,29 millones de cotizantes a la Seguridad Social, 471.360 más que un año antes y 887.733 más que en diciembre de 2019, antes de la pandemia. Es decir, la recuperación del PIB tras el fin del confinamiento se ha trasladado al empleo sin mayores contratiempos. Al menos de momento, y a la espera de ver en qué grado y a qué velocidad la ralentización económica va a contagiarse al mercado de trabajo, a tenor de lo que ya indican las últimas estadísticas de empleo y paro.

Sindicatos, patronal, políticos de todo signo y economistas coinciden en que las reformas laborales no crean empleo, un mantra repetido con frecuencia desde que entró en vigor la de 2012. Pero la de 2021 –se aprobó en el último Consejo de Ministros del año, un 28 de diciembre– sí ha operado un vuelco en el comportamiento del mercado de trabajo. El que constituía su objetivo principal: la tasa de temporalidad ha caído casi ocho puntos desde diciembre de 2021 y casi nueve desde diciembre de 2019. Entonces se situaba en el 26,11%, la más elevada de la Unión Europea tras Polonia. Hoy es del 17,93%, aún por encima de la media comunitaria, el 14,1%, pero también la más baja de la historia reciente. El año pasado se firmaron 5,69 millones de contratos indefinidos, según los registros de los Servicios Públicos de Empleo (SEPE), 4,6 veces más que en 2021. Cada mes el 90% de los contratos que se suscribían eran temporales, un porcentaje que se ha mantenido testarudamente en las estadísticas desde que en los años 80 se permitiera a las empresas ofrecer este tipo de relación laboral sin respetar las causas establecidas por la ley. En 2022, por fin, esa cuota ha descendido algunos meses hasta el 52%. Es decir, casi la mitad de los contratos que se firman ahora son indefinidos, cuando antes difícilmente superaban el 10%.

En estos meses también ha aumentado la conversión de contratos temporales en indefinidos. A fecha de 31 de diciembre de 2021, se habían transformado en fijos un total de 877.865 temporales, una cifra no muy alejada de las registradas en 2019 y 2018. En 2022, se convirtieron en indefinidos 1,33 millones de contratos temporales, lo que equivale a un alza del 51,8% respecto del ejercicio anterior.

Gracias a ese cambio de comportamiento, en España hay ahora casi 1,6 millones más de asalariados con contrato indefinido que en diciembre de 2021, de acuerdo con los datos de la última Encuesta de Población Activa, y casi 1,2 millones menos de trabajadores con contrato temporal.

CCOO y UGT no escatiman adjetivos para loar los “indiscutibles” y “muy buenos” resultados de la reforma laboral. “Impresionante” ha sido la reducción de la temporalidad. “Por encima de nuestras expectativas”, reconoce el secretario de Política Sindical de UGT, Fernando Luján. Mari Cruz Vicente, su homóloga en CCOO, destaca que la reforma esté permitiendo crear empleo, “y empleo indefinido”, sin ninguna repercusión negativa en el crecimiento de la ocupación. También la CEOE alaba los beneficios en la contratación que ha traído la reforma: “Mayor estabilidad en el empleo, en especial para las mujeres y los jóvenes”, resumen a infoLibre fuentes de la patronal.

Para el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, la reforma es superlativa: “El cambio laboral más importante, más eficaz y más rápido de la historia de España”. No sólo ha sido una reforma “dialogada”, sino que además es la primera que “recupera derechos en la negociación colectiva, propone alternativas a los despidos y garantiza la estabilidad en el empleo”, detalla. También ha conseguido, según explica, que ante la crisis derivada de la guerra en Ucrania el mercado de trabajo español no haya “hiperreacionado” como en ocasiones anteriores, sino que ha resistido “con unas cifras de paro que están entre las mejores de los últimos 14 años” y con una tasa de temporalidad que ya es “equiparable a la media europea”.

Además, la recuperación de la ultraactividad –la prórroga automática de los convenios una vez caducados y mientras se negocia su renovación, que decayó con la reforma de 2012– ha mejorado la negociación colectiva “en un año complicado con un gran aumento de la conflictividad”, explica Mari Cruz Vicente. Pero aún se están peleando los sindicatos, añade Fernando Luján, por conseguir que la también recuperada prevalencia del convenio de sector sobre el de empresa se haga efectiva en algunos casos. Algunas compañías, asegura, se resisten a subir los salarios de acuerdo con el convenio de sector cuando éstos superan a los establecidos en el de empresa. “Lo vamos a denunciar donde veamos que se retrasa [la subida salarial], para que intervenga la Inspección de Trabajo”, advierte el dirigente de UGT. Mari Cruz Vicente cree que muchos de estos casos terminarán en los juzgados de lo Social.

La reforma laboral también obliga ahora a las subcontratas a aplicar el convenio del sector y a pagar a sus trabajadores los salarios en él establecidos. La responsable de CCOO cifra en 32 los convenios de hostelería que ya recogen este cambio, y en otros 20 los que aún no la aplican. “Pero, en general, las empresas sí están cumpliendo con los compromisos que asumieron [al firmar la CEOE la reforma laboral]”, concluye, “después de todo, reducir el abuso del empleo temporal era uno de los requisitos para recibir las ayudas de la UE, que van a las empresas”.  

La patronal subraya la importancia del “cambio de cultura” que está propiciando la reforma laboral, y los beneficios que implica el aumento de los contratos indefinidos: continuidad en la relación laboral y acumulación de derechos para el trabajador. “Con toda la prudencia posible, teniendo en cuenta la incertidumbre de la coyuntura económica”, precisan las fuentes, “los indicadores son positivos”. Por ese motivo se desentiende de la polémica sobre el aumento “exponencial” de los fijos discontinuos. CCOO y UGT tachan el debate de “artificial” y “tramposo”.

En 2022 se firmaron 2,32 millones de contratos de este tipo, lo que multiplica casi por nueve los 262.911 de 2021, prácticamente la misma cantidad que en 2019, antes de la pandemia. Un salto enorme, pero su número está aún por debajo de los 3,5 millones de contratos indefinidos, tanto a tiempo completo como a tiempo parcial, suscritos el año pasado. En 2022 también se registraron 5,98 millones de contratos temporales menos que en 2021, por lo que sólo una parte de esa reducción la han absorbido los fijos discontinuos.

Luján rebate las críticas por el modo en que la estadística recoge los periodos de inactividad de los trabajadores con estos contratos de tan reciente protagonismo –en esos periodos figuran como demandantes de empleo y no como parados, igual que los acogidos a los ERTE– recordando que ésta es la misma desde 1985 y que en España se cuentan de la misma forma que en el resto de Europa. Mari Cruz Vicente argumenta que si ha habido un traslado tan cuantioso de contratos temporales a fijos discontinuos es precisamente por el “inmenso” volumen de empleo temporal en fraude de ley que había en actividades estacionales. El dirigente de UGT explica que la reforma desglosó el fijo discontinuo en cinco tipos: de temporada, intermitente, de contrata, para ETT y para las administraciones públicas. Acercándose a cada una de estas modalidades es posible verificar cómo se está comportando la contratación de fijos discontinuos, asegura. “Pero sólo se piensa en los dos primeros tipos”, protesta, “cuando los de contrata, por ejemplo, son claramente plurianuales”.

Donde ni patronal ni sindicatos quieren entrar aún es en si los indefinidos que se están firmando van a ser menos duraderos que los anteriores a la reforma. “Aún es pronto para saberlo”, responden al unísono. Si a partir de ahora aumentaran los despidos, aduce Fernando Luján, sería una prueba más de que en España despedir es “fácil y barato”, y de que es necesario “proteger más los contratos indefinidos”.

Pese a los elogios a la reforma, CCOO y UGT quieren ir más allá. La siguiente batalla ya se está librando a propósito del coste y las causas del despido. Ambos sindicatos han presentado una demanda en el Comité Europeo de Derechos Sociales porque cree que en España falla la protección frente al despido es insuficiente desde que la reforma de 2012 redujo las indemnizaciones y permitió a las empresas rescindir contratos sólo con que prevean que van a incurrir en pérdidas en el futuro, argumenta Fernando Luján. También cita el dirigente de UGT la recuperación de la autorización administrativa para los despidos colectivos. Mari Cruz Vigente apunta hacia la modificación sustancial de condiciones de trabajo, que no se ha tocado en la última reforma y que, de no acatarse, sólo permite al trabajador irse con 20 días de indemnización.

La reforma laboral fue aprobada por los órganos directivos de la CEOE con la abstención de cuatro de sus patronales: la del campo (Asaja), la automoción (Anfac), la madrileña (CEIM) y la catalana (Foment del Treball Nacional). Fue sólo el primer movimiento de contestación interna que propició un viraje en la actitud de los empresarios en el Diálogo Social. Después de firmar 14 pactos con el Gobierno y los sindicatos a lo largo de dos años, la CEOE se desmarcó –en pleno año electoral para su presidente, Antonio Garamendi– de los acuerdos para subir el salario mínimo y se descabalgó de las negociaciones para fijar el marco salarial en mayo. “En los últimos seis meses la patronal ha perdido la mesura”, critica Fernando Luján, quien invita a los empresarios a “recuperarla” incorporándose cuanto antes a la mesa del Acuerdo de Negociación Colectiva (ANC).

Pero no hay perspectivas de que esa negociación se reactive a corto plazo. Se mantienen los contactos “informales” entre ambas partes, pero “es imposible pasar a los formales porque la CEOE no ha presentado ni una sola propuesta”, lamenta el secretario de Política Institucional de UGT. El ANC lleva tres años sin renovarse, desde 2020, por lo que “si este año tampoco se activa, el ANC se acaba”, zanja por su parte Mari Cruz Vicente. “No puede ser que la patronal sólo firme el acuerdo cuando hay que hacer ajustes de salarios, pero lo rechace cuando la situación económica es buena”, replica.

La alternativa, avanza Luján, no es otra que recrudecer la campaña sindical Salario o conflicto para conseguir subidas retributivas con las que afrontar la inflación. La CEOE responde que su voluntad es siempre “dialogar” para establecer aumentos salariales “razonables” en medio de una crisis de precios como lo actual, explican fuentes de la patronal a este periódico. “Nadie ha dicho que no se quieran subir salarios”, concluyen.

Los trabajadores hicieron 19,48 millones de horas extraordinarias a la semana en los nueve primeros meses de 2022, un 16,84% más que en el mismo periodo del año precedente. Un dato que confirma el buen nivel de la actividad en España pese a la crisis energética y de precios. Si, como parece, la economía se va a sostener el último trimestre, el alza al final del año incluso puede ser superior. Para las empresas, alargar la jornada laboral de la plantilla puede ser una medida rápida y barata de hacer frente a un repunte de demanda. Eso sí, deben cumplir con el Estatuto de los Trabajadores, que limita a 80 el número de horas extra que un asalariado puede hacer en un año. Además, tienen que pagarse mejor que las ordinarias, un 75% más. El problema es que casi la mitad de esos cerca de 20 millones de horas extraordinarias semanales los trabajadores no las cobran.

En mayo de 2019, como medida de protección frente a los abusos en el tiempo de trabajo, frente a la falta de pago del exceso de jornada y para impedir la consiguiente pérdida de cotizaciones a la Seguridad Social, se implantó el registro obligatorio de jornada.

En principio, ese año el control impuesto a las empresas redujo el número de horas extra no pagadas en un 9,4% respecto a 2018. De acuerdo con los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), en 2019 se hicieron 23,09 millones de horas extraordinarias a la semana, un 10,47% menos que el año anterior, cuando se batió el récord de la década, con 25,8 millones de horas semanales fuera de la jornada normal.

Pero fue sólo un espejismo. El control horario no parece haber desalentado a las empresas en el abuso del tiempo de trabajo extra gratuito. Porque, a tenor de las cifras de la EPA, en 2020, el año de la pandemia, las horas extraordinarias no pagadas aumentaron un 12,34% respecto a 2019, hasta alcanzar los 11,56 millones semanales, mientras que las horas pagadas sólo crecieron un 1,42%. Pese a las restricciones a la actividad, sobre todo en sectores tan proclives al alargamiento de la jornada como el comercio y la hostelería, las horas extra superaron los 24,55 millones, sobre todo por el buen ritmo al que crecieron en los dos primeros trimestres del año.

En 2021, en plena recuperación económica, sin embargo, las horas extra cayeron un 6,5% y aún más lo hicieron las no pagadas, un 10%. Lo que no fue obstáculo para que éstas representaran el 45,3% de las extraordinarias realizadas por los trabajadores ese año, por encima incluso del 44,5% de 2019.

Finalmente, en los primeros tres trimestres de 2022 –a falta de los datos del cuarto, que se publicarán el próximo día 26– ese porcentaje ha superado ya el de 2021, con un 45,5% de horas no pagadas.

Además, en números absolutos, fue en 2020 cuando más horas extra no pagadas se trabajaron, 11,56 millones semanales, desde el máximo de 13,91 millones alcanzado en 2015, en la salida de la crisis financiera. En ese año y en 2016 las extras no retribuidas incluso superaron por primera vez a las pagadas. Desde entonces, el número de las no abonadas no había dejado de bajar –con la excepción de 2018– hasta que se dispararon en 2020. Tanto las del año de la pandemia como las del año de la recuperación superan a las de 2019, cuando se estableció el control horario.

De forma que, si al coste de la hora trabajada, que la Encuesta Trimestral de Coste Laboral calcula para 2022 en 22,55 euros, se le añade el 75% que exige la ley, las empresas se han ahorrado 39,42 euros por cada hora extra no pagada y 13.625 millones sólo entre enero y septiembre de 2022.

De hecho, lo que se deduce de las cifras es que las horas que fluctúan con el ritmo del ciclo económico son las extraordinarias pagadas –creciendo en fases de auge y reduciéndose en las crisis–, mientras que las no pagadas permanecen enquistadas. Ese 45% se ha convertido en estructural. Y muchas veces no se corresponden con la imagen preconcebida de un trabajador poco cualificado en un sector de actividad con bajas remuneraciones. Sino todo lo contrario: asalariados con contratos indefinidos, a tiempo completo y con empleos de nivel medio o alto. Por ejemplo, las jornadas maratonianas que han denunciando los trabajadores junior de las grandes consultoras no son, estrictamente hablando, horas extraordinarias, sino las jornadas habituales, porque trabajan a demanda y se les exige dedicación plena.

Las consecuencias de este abuso laboral van mucho más allá del desgaste personal y la precariedad laboral. También la Seguridad Social ha perdido ingresos por las cotizaciones de esas horas no pagadas. Cada hora extraordinaria cotiza por contingencias comunes un 28,3% –un 23,6% a cargo de la empresa y un 4,7% del trabajador–. En 2008, justo cuando estalló la burbuja inmobiliaria y se derrumbó la economía, la recaudación anual por horas extra alcanzó su máximo histórico, 436,26 millones. Durante toda la crisis posterior cayó año a año hasta los 232,45 millones en 2013. Desde entonces, los ingresos por cuotas no pararon de crecer hasta 2020, cuando cayeron un 13,27% respecto al ejercicio anterior. Ese dato contradice el aumento de horas no pagadas declaradas por los trabajadores en la EPA, que señalan un alza considerable en los dos primeros trimestres. El motivo de la aparente contradicción –más horas, menos recaudación– estriba en los sectores donde se alargaron las jornadas, que pudieron ser aquellos con menores salarios –los que entonces se convirtieron en trabajadores esenciales–.

En 2021 las cuotas se recuperaron un 14,63%, hasta los 349,2 millones de euros –pese a que las horas pagadas según la EPA se redujeron un 3,37%, se invirtió, por tanto, el vuelco de la pandemia–. Para 2022 la Seguridad Social presupuestó una recaudación de 363 millones, un 3,9% más. Y para este ejercicio prevé un nuevo repunte, hasta los 410 millones de euros, lo que sería la segunda mayor recaudación de la historia tras la de 2008. Según explica en su informe económico financiero, la Seguridad Social atribuye el alza al “crecimiento general de los salarios y de la población afiliada”. Pero también, añade el documento, “se tiene en cuenta las recomendaciones sobre el control de las horas extraordinarias para fomento del empleo”.

En cualquier caso, el panorama de las horas extra, tanto de las pagadas como de las no retribuidas, varía mucho dependiendo de los sectores. Donde más se alargan las jornadas es en la industria: en 2019 llegaron a hacerse más de cuatro millones de horas extraordinarias a la semana. Desde entonces han bajado hasta los 3,22 millones de 2021, pero en los nueve primeros meses de 2022 ya se han superado las realizadas en el mismo periodo del año anterior. Una explicación a este liderazgo es que en este sector es donde las horas extraordinarias están más reguladas en los convenios colectivos.

A la industria le sigue la sanidad, que en 2020 alcanzó los 3,81 millones de horas extra semanales. El comercio también superó los tres millones de horas extraordinarias el año del coronavirus y en los tres primeros trimestres de 2022 ha excedido ya las realizadas en el mismo periodo del año precedente. La educación llegó a los 2,63 millones semanales en 2020. La pandemia eliminó las clases presenciales, pero a cambio los profesores aumentaron mucho las horas para preparar las telemáticas y suplir la asistencia a los alumnos en los colegios. No obstante, la tendencia ha continuado tras acabar el confinamiento y en los nueve primeros meses de 2022 los profesores han rebasado ya las horas extra realizadas en todo 2021. La hostelería queda por detrás, con un desplome desde los 2,56 millones de 2019 hasta los 1,19 millones del año de la pandemia.

La clasificación cambia, y mucho, cuando se pone el foco en las horas no pagadas. Porque es en la educación y en el comercio donde se hacen más horas extra gratis. Es más, mientras en la industria éstas han caído desde 2019 un 18,4%, el comercio ha escalado un 22,7%. De hecho, en 2021 los dependientes de tiendas hicieron más horas no pagadas de las que cobraron.

En la educación, aunque las horas no abonadas han disminuido desde la pandemia, aún es el sector donde más se hicieron, tanto en 2021 –1,54 millones– y en 2022, por encima del comercio, la hostelería o la industria. Esas horas de más que no son lectivas carecen de reflejo en la nómina. En 2020, los profesores no cobraron el 93% de las horas extraordinarias que hicieron, en 2021, el 88,2%.

En la hostelería, el número de horas extra no pagadas ha caído a la mitad desde los 1,2 millones de la prepandemia hasta los 637.800 de 2021. Sin embargo, como en las Big Four, en bares y restaurantes hay que distinguir entre lo que son propiamente horas extraordinarias –alargar un día la jornada para hacer inventario– y lo que se consideran “jornadas habituales” pese a ser superiores a las fijadas en el contrato o en el convenio, pero ni declaradas, ni pagadas ni cotizadas. Aun así, el 38,6% de las realizadas en 2021 no las cobraron sus trabajadores.

La sanidad, la segunda rama de actividad donde más horas extraordinarias se hacen, es sin embargo donde más se pagan. En 2019 se quedaron en cobrar sólo el 16,8% mientras que en 2021 se elevaron hasta el 21,9%. Aunque ciertamente se triplicaron en 2020, al pasar de 354.300 mensuales antes de la pandemia a 990.400.

También en la construcción, la proporción de horas extra no pagadas es de las más bajas, el 22% en 2021, tras una caída de 11 puntos desde 2019. Curiosamente, en 2020 los empleados de las administraciones públicas hicieron más horas no pagadas –el 50,5%– de las que cobraron. Un año después, aún se quedaron sin remunerar el 48% de las que trabajaron.

Pero los campeones del trabajo gratis fuera de jornada son, además de los profesores, los empleados bancarios. El 84% de ellos no cobra las horas extra. Pese a años de denuncias sindicales e incluso demandas judiciales, los bancos siguen sin reconocer que sus plantillas trabajan más allá de las horas estipuladas en sus convenios.

Les siguen los trabajadores encuadrados en el epígrafe de las actividades profesionales, científicas y técnicas, como los consultores de las Big Four antes citados o los trabajadores de los medios de comunicación, que en 2021 no cobraron el 72% de las horas extra que hicieron cada semana.

El nuevo año se abre con la incógnita de qué va a ocurrir con los salarios. A las puertas de un alza del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) que se adivina voluminosa y de que, quizá, se reanuden las hasta ahora fallidas negociaciones de la patronal y los sindicatos para fijar las subidas retributivas de los próximos tres años, las nóminas piden cambios. Sobre todo, tras un año que ha terminado con la inflación contenida en un sorprendente 5,8% pero en el que la subida media pactada en los convenios colectivos no es más que el 2,69% –hasta noviembre–. Es decir, con un IPC que llegó a escalar hasta el 10,8% en julio, un nivel desconocido desde 1984, la pérdida de poder adquisitivo de los trabajador s es manifiesta.

Al mismo tiempo, hay empresas y sectores que están concediendo aumentos ajustados a la inflación, o casi. Los supermercados Consum suben los sueldos un 9% este año mientras que las consultoras han firmado el 10,75% para 2022 con efectos retroactivos, pero un 2,5% para 2023 y un 2% para 2024. Los supermercados Dia pagarán entre un 8% y un 12% más a las plantillas este año y el próximo. Los tripulantes de cabina han conseguido un alza del 10,29% para 2022 y 2023 que puede superar el 14,3% acumulado en 2024. Otras empresas, como Mercadona y Telefónica, han subido los salarios lo mismo que la inflación porque así les obligan sus convenios.

No obstante, la CEOE rechaza que los salarios aumenten en la misma medida que los precios. “No estamos diciendo que no puedan subir los salarios. Lo que no podemos es firmar que los salarios suban igual que la inflación sin más”, declaró su presidente, Antonio Garamendi. En la mesa que quedó en suspenso el pasado mayo, su oferta no pasaba del 3,5%. Para el SMI, han subido al 4%. La presión de los costes de la energía y la lenta recuperación de la pandemia, asegura la patronal, impiden a las empresas asumir las mejoras salariales que les exigen los sindicatos.

Por el lado de la academia, además, los economistas advierten del riesgo de los llamados “efectos de segunda ronda”: que la subida de los precios empuje los salarios de tal forma que estos, a su vez, alimenten los precios y se produzca una temible espiral que alargue la inflación. El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha sido también una de las voces alertadoras de ese peligro y de quienes más han reclamado un pacto de rentas para conjurarlo. El organismo supervisor percibía en noviembre “algunas señales de fatiga”, en referencia a la presencia de cláusulas de revisión salarial en los convenios colectivos y a un mayor traslado de los precios energéticos a los precios de venta finales de las empresas. Pero, sólo un mes más tarde, sus analistas sostenían que una parte considerable de ese contagio ya se ha producido y que no veían en el horizonte efectos de segunda vuelta “significativos”, por el aumento de los márgenes empresariales o por los salarios, que pudieran “desencadenar fenómenos de retroalimentación de las actuales presiones inflacionistas”.

El director general de Economía y Estadística del Banco de España, Ángel Gavilán, tampoco cree que las empresas españolas hayan trasladado de forma agregada todo el aumento de costes a los precios de ventas de sus productos y servicios en los nueve primeros meses de 2022, aunque sí advierte diferencias según los sectores. En concreto, mencionó la hostelería y el comercio, que están aplicando márgenes superiores a los de 2019, antes de la pandemia.

En realidad, los precios ya habían comenzado a subir antes de la guerra en Ucrania: el IPC de diciembre de 2021 se situó en el 6,5%, siete décimas por encima del que ha cerrado 2022. Y antes de que las tropas rusas atacaran el Donetsk el 24 de febrero, tanto el gas como la electricidad y los carburantes se habían encarecido. Sin embargo, no fue en España donde el shock energético fue mayor, en comparación con otros países europeos, tal y como lo han medido Juan Francisco Jimeno, profesor de Economía de la Universidad de Alcalá de Henares, y Ana Lamo Rubio, economista del BCE, en un análisis sobre la evolución reciente de los salarios. También destacan que antes de la invasión rusa no se produjo un traslado de los márgenes de beneficios y los salarios a la inflación: España es uno de los países donde mayor era la distancia entre los costes de producción –medidos con el deflactor del PIB– y los precios del consumo –el IPC–. Lo mismo ocurrió en Italia, Portugal, Países Bajos y Eslovaquia. Lo contrario que en Bélgica, Grecia o Luxemburgo y los países bálticos.

Jimeno y Lamo explican que sólo el 3% de los trabajadores del sector privado en la eurozona tiene sus salarios vinculados de forma automática a la inflación y sólo el 18% lo tienen en cuenta en la negociación salarial. Además, la actualización según el IPC no es instantánea, sino que sufre una cierto desfase temporal debido a los mecanismos establecidos en los convenios colectivos: unos 18 meses de media tardan en aplicarse las subidas. Pero, aun sumados el shock energético y las alzas salariales, antes de la invasión de Ucrania ni siquiera en Italia y Francia, donde hubo una “elevada aceleración de los salarios”, estos se trasladaron a la inflación. En España fue un poco mayor el contagio, pero inferior al que sufrieron Países Bajos, Alemania y, sobre todo, Bélgica.

Los autores recuerdan que los salarios reales –una vez descontado el efecto de la inflación– llevan alicaídos mucho tiempo. La menguante participación de los salarios en el PIB por causas tecnológicas, que han aumentado la intensidad del capital en detrimento del factor trabajo, y el cada vez mayor peso del sector servicios, con peores sueldos, explican una parte de ese declive. Como también la caída del número de jóvenes que se incorporan al mercado laboral por el descenso de la natalidad y los salarios cada vez menores que se les pagan. Finalmente, los sueldos se recortan más durante las recesiones de lo que suben durante las fases expansivas de la economía. La gran crisis tras la ruptura de las burbujas financiera e inmobiliaria trajo como consecuencia en enorme recorte salarial en países como España. Sólo tras la pandemia, que desajustó la oferta de puestos de trabajo y las cualificaciones profesionales demandadas por las empresas, la escasez de cierta mano de obra ha empujado los salarios hacia arriba, hasta cierto punto.

Por el contrario, Lamo y Jimeno aseguran que no existe “evidencia empírica concluyente” de que los márgenes de beneficios de las empresas se transmitan directamente a la inflación. Un punto en el que no está de acuerdo Isabel Schnabel, representante alemana en el comité ejecutivo del Banco Central Europeo (BCE), quien ya en octubre, con ocasión de un discurso en A Toxa (Pontevedra), mencionó el “notable” aumento de los beneficios en sectores como la hostelería y el transporte, hasta casi un 20%; es decir, más del doble de lo que lo han hecho los salarios nominales y las facturas energéticas. Y cifró en un 5% la caída de los salarios reales en la UE desde el final de 2021, antes de que Rusia invadiera Ucrania.

Lo mismo, pero referido a Estados Unidos, sostienen Thomas Ferguson, profesor emérito de la Universidad de Massachusetts, y Servaas Storm, de la Universidad Tecnológica de Delft (Países Bajos) en un estudio sobre El mito y la realidad del gran debate sobre la inflación. Ambos no sólo niegan que el milmillonario programa de ayudas de Joe Biden –1.900 millones de dólares– sea una de las causas de la inflación en Estados Unidos y en el resto del mundo, como han apuntado algunos economistas, incluido el exsecretario del Tesoro Lawrence Summers. Sino que también consideran el aumento de los márgenes de las empresas como uno de los factores que explican el alza de la inflación.

Según sus cálculos, los márgenes crecieron un 42% en Estados Unidos entre el primer trimestre de 2020 y el segundo de 2022, mientras que el deflactor del PIB –los costes de producción de las empresas– sólo aumentó un 16% –el énfasis es de los autores del estudio–. “Los márgenes de beneficios no habían sido tan altos desde 1950”, subrayan, “por lo que no hay pruebas de que el aumento de los salarios se esté comiendo los beneficios de las empresas”. Además, culpan al alza de los márgenes del 40% del crecimiento del deflactor del PIB, cuando su contribución no superaba el 13% de media entre 1979 y 2019.

Ferguson y Storm resaltan también que las retribuciones de los máximos ejecutivos de las empresas se han disparado en Estados Unidos un 11,1% desde 2020, el triple de lo que han crecido los salarios nominales de los trabajadores. Ambos autores no resisten la tentación de citar a Adam Smith, el padre del liberalismo económico, en su obra fundamental, La riqueza de las naciones: “Los altos beneficios tienden mucho más a elevar el precio del trabajo que los altos salarios […]. Nuestros comerciantes e industriales se quejan mucho de los efectos perjudiciales de los salarios altos en el aumento del precio […]. Nada dicen de los efectos perjudiciales de los beneficios elevados. Guardan silencio sobre los efectos perniciosos de sus propias ganancias. Sólo se quejan de los efectos de las ganancias de otros”.

Otro análisis, firmado por seis economistas del FMI, concluye que no hay evidencia histórica de que una subida de salarios sea señal inequívoca de que se producirá una retroalimentación entre salarios y precios. Los autores crearon una base de datos con 79 episodios de espirales de precios y salarios desde los años 60 hasta ahora en 38 países, incluido España. Tres son las crisis inflacionistas españolas que mencionan: las de 1986, 1989 y 2000. Las dos últimas se parecen a la actual por el peso de los precios energéticos.

“Las espirales de salarios y precios, definidas como una aceleración persistente de precios y salarios, son difíciles de encontrar en los registros históricos recientes”, aseguran. Sólo en un puñado de casos experimentaron una mayor aceleración de precios y salarios después de ocho trimestres. Destacan la inflación que azotó Estados Unidos en 1973 tras el embargo petrolero de la OPEP y no desapareció hasta 1975. “Sin embargo, los salarios nominales no aumentaron, por lo que los reales disminuyeron”, concluyen.

Por el contrario, los 22 episodios similares a la inflación actual –con subida de salarios nominales pero caída de los reales y desempleo plano o decreciente– no tuvieron efectos de segunda ronda. Por el contrario, los analistas del FMI aclaran que en esas ocasiones anteriores los salarios nominales tendían a alcanzar la inflación para recuperar la pérdida de los salarios reales y fueron consistentes con la tasa de paro de cada país, pero no provocaron la temida espiral. “De hecho, la historia sugiere que los salarios nominales pueden acelerarse mientras la inflación retrocede desde niveles altos”, concluyen.

El debate sobre la inflación, sus causas y sus curas, ocupará 2023 tanto como el propio fenómeno. Desde otro ángulo, el ex economista jefe del FMI Olivier Blanchard ha hecho su aportación en Twitter estas navidades. Ve la inflación como el resultado de un conflicto distributivo entre empresas, trabajadores y contribuyentes. Que sólo se detendrá cuando todos ellos se vean “obligados a aceptar el resultado”: que el pastel que se reparten es más pequeño.

A su juicio, son los bancos centrales los que terminan obligando a los jugadores a conformarse. Subiendo los tipos de interés. “Enfriando la economía, pueden obligar a las empresas a aceptar precios más bajos a unos determinados salarios, y a los trabajadores a aceptar menores salarios con unos precios determinados”, explica. La alternativa, una negociación entre empresas, trabajadores y el Estado para estabilizar los precios sin que sea “doloroso”, es para Blanchard poco menos que un unicornio. “Desgraciadamente”, sentencia, “[esa solución] requiere más confianza de la que se puede esperar y, sencillamente, no ocurre”. Un jarro de agua fría, por tanto, para el pacto de rentas que ni siquiera pudo ser esbozado en 2022.

La inflación termina el año en el 5,8%, tras una desescalada desde el 10,8% histórico en que se encaramaron los precios en julio. Es el IPC más bajo de la Unión Europea, a falta aún de que publiquen sus respectivos índices de diciembre el resto de los países miembros –sólo Portugal lo ha hecho ya: un 9,6%–. Pero ya lo era en noviembre, cuando estaba en el 6,8%. La media europea se sitúa en el 11,1%, que superan Italia –12,6%– Alemania y Países Bajos –11,3%– y roza Bélgica –10,5%–. Estados Unidos y Francia llegan al 7,1%, mientras que el Reino Unido está en el 10,7%.

Sin embargo, la frenada que ha pegado el índice general viene acompañada de una mala señal, el repunte de la inflación subyacente, la que excluye tanto los alimentos como la energía –los componentes más volátiles–, que sube hasta el 6,9%. Por tanto, supera por primera vez desde febrero de 2021 el IPC general. Sólo que entonces la brecha era de sólo tres décimas y el índice general dormía en el cero.

La bajada de la inflación en la segunda parte del año se explica por los precios de la electricidad, que no han dejado de moderarse en los últimos meses, y por el descenso de los carburantes. En el primer caso, la luz cayó este sábado hasta los 1,82 euros el megavatio hora, el precio más bajo desde enero de 2021. Basta con recordar que el 8 de marzo el precio había escalado hasta los 544,98 euros para valorar la magnitud de la desescalada. La guerra en Ucrania había estallado apenas dos semanas antes. El mecanismo ibérico, que topa el gas usado para generar electricidad, es el principal responsable del desplome del precio de la luz en España. Empezó a aplicarse el 15 de junio. Sin él, el megavatio hora costaría hoy 50,53 euros.

Pero durante estos meses también ha caído la demanda de gas natural, un 3,7% comparada con la de 2021, según los datos de Enagás, el gestor del sistema. En realidad, el descenso es mucho mayor, del 21,4%, que es lo que se ha reducido el consumo de hogares, comercios e industrias este año. La diferencia entre ambas cifras se debe al aumento experimentado por el consumo de gas para generar electricidad, en un año marcado también por la sequía, así como por las mayores exportaciones a Francia y Portugal.

La influencia capital de la energía en los precios ha llevado a Funcas, el gabinete de estudios de las cajas de ahorro, a elegir el IPC energético como “dato del año”. Según sus cálculos, ese índice ha aumentado un 28,7% hasta noviembre. Un alza que no se veía desde la crisis del petróleo de los años 70. En marzo, nada más estallar la guerra en Ucrania, el IPC energético se disparó un 61%, para moderarse a partir del otoño. El tope al gas, acompañado de la caída de la demanda y la entrada en el mix de nuevas fuentes de suministro –renovables– son las causas de la frenada.

Por lo que se refiere a los carburantes, la gasolina encadena ya su sexta semana consecutiva de descenso –1,565 euros el litro– mientras que el diésel suma nueve –1,643 euros–, según el Boletín Petrolero de la UE. Los precios han retrocedido al nivel previo a la invasión rusa de Ucrania y se encuentran lejos de los máximos de este verano: 2,141 euros la gasolina y 2,1 euros el diésel.

Aun así, sólo el IPC energético explica casi el 41% de la inflación total de 2022, subraya Funcas. Y pese al alivio que proporcionan estas bajadas de precios al bolsillo del consumidor, y de las empresas, el Banco de España alerta de que ha crecido el contagio de los precios energéticos al resto de la cesta de consumo y subraya el riesgo para 2023 de ese mayor impacto.

De hecho, el comportamiento de la inflación el próximo año dependerá no sólo de los precios de la energía, sino también del índice subyacente –los componentes contagiados de los que habla el Banco de España: 100 de los 192 productos que componen el IPC han subido por encima del 6%– y de los alimentos, que hasta noviembre se encarecieron un 15,3%. La carne de pollo, un 14,4%. La cerveza, un 10,2%. El aceite de oliva, un 24,8%. La harina, aún más: un 34,7%. La leche es un 29,6% más cara. Los huevos, un 26,1%.

El precio de los fertilizantes, que han subido un 54% por culpa de la guerra en Ucrania, de las semillas –un 30% más caras–, además del gasóleo, se suma a la sequía para explicar buena parte del alza de los alimentos. Factores a los que hay que sumar los márgenes aplicados por la distribución. Según la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged), que engloba a las mayores marcas, como El Corte Inglés, Carrefour o Ikea, el aumento de los precios de la distribución ha subido un 7% este año, por debajo del 12,6% que atribuyen a la industria, por ejemplo. No obstante, el Banco de España destaca el creciente aumento de márgenes sobre ventas en el comercio y la hostelería, que partían en desventaja tras sufrir más las restricciones de la pandemia.

Sea como fuere, la inflación se ha comido ya los ahorros acumulados durante el año largo de coronavirus. Según los más recientes datos del INE, la tasa de ahorro de los hogares españoles es un 3,2% inferior a la de hace un año, cuando aún creció un 6,4% interanual. En el tercer trimestre de este ejercicio, los españoles gastaron 192.034 millones de euros, un 12% más que un año antes, mientras que su renta disponible bruta mejoró sólo un 1,6%. También se redujo su inversión, un 2,9%. En consecuencia, acudieron a financiarse por importe de 19.453 millones, la mayor cuantía desde 2007, lo que multiplica nada menos que por 20 la cifra del año pasado, 954 millones de euros.

Ese dato se explica también por la cicatera subida de los salarios. Los aumentos firmados en convenios se han quedado en una media del 2,69%, menos de la mitad en que ha terminado la inflación, pero a enorme distancia del máximo anual, ese 10,8% de julio. Los sindicatos no cesan de reclamar que se mejoren los sueldos para evitar la ya inevitable pérdida de poder adquisitivo sufrida por los trabajadores, así como el alza del salario mínimo, que se actualizará el próximo enero en una cuantía aún desconocida. La patronal, en cambio, ofrece subida pero siempre por debajo de la inflación. Para el SMI accede hasta el 4%. Para el acuerdo de negociación colectiva general, rechaza la inclusión de cláusulas de revisión salarial que garanticen subidas iguales al IPC.

¿Cómo se comportará la inflación el año próximo: seguirá la misma tendencia que los últimos seis meses o son esperables nuevos sustos –resurge el covid en China, la guerra se alarga…–? “Lo que pase con el IPC dependerá de la persistencia del tirón de los alimentos y, sobre todo, del comportamiento de la inflación subyacente; es decir, de los llamados efectos de segunda ronda”, avanza el director de Coyuntura de Funcas, Raymond Torres, preguntado por Europa Press. Esos temidos efectos, que la subida de precios empuje a subidas de salarios y éstas retroalimenten los precios, no se están produciendo de momento, según reconoce el Banco de España. Pero la escalada de la inflación subyacente no es un buen presagio. Habrá que ver también cómo funciona la bajada del IVA en los alimentos de primera necesidad que entrará en vigor a partir del 1 de enero. Y cuánto suben los carburantes una vez que se haya retirado la subvención general de los 20 céntimos. Aunque ya algunas grandes petroleras –Repsol, Cepsa, BP, Shell, DISA– han anunciado que mantendrán sus descuentos hasta marzo.

Además, el BCE seguirá subiendo los tipos de interés –“a un ritmo de 50 puntos básicos durante un periodo de tiempo", ha advertido su presidenta, Christine Lagarde– y parando las compras de deuda. Lo que agranda el fantasma de la recesión que hasta ahora España ha esquivado: la actividad económica y el empleo siguen con el motor en marcha. Raymond Torres, no obstante, apunta la caída del volumen de nuevos préstamos hipotecarios, un 22% en los últimos dos meses, y de los préstamos a empresas, un 17% como síntoma de un posible enfriamiento de la economía.

Las previsiones de los analistas e instituciones económicas para 2023 coinciden en pronosticar que la inflación se mantendrá por encima del 4%. Credit Suisse llega al 4,6%, Bankinter al 4,9%. Funcas se queda en el 4,7%. La Comisión Europea habla del 4,8%, al igual que la OCDE. El Banco de España prevé un 4,9%. Pero es que las avances para la eurozona son peores: una media del 6,3%. También están de acuerdo en vaticinar que España no volverá a índices en torno a la cifra mágica del 2% hasta acabar 2024.

De momento, en enero van a subir un 4% los peajes en 11 autopistas, mientras que quedan congelados los de las ocho rescatadas por el Estado en 2017. También se encarecerá la Tarifa de Último Recurso (TUR) del gas, un 8,67%. Los sellos, un 4%. Movistar aumentará sus cotas un 6,8%, mientras que Vodafone lo hará un 6,5%. Sin olvidar que el euríbor ya está en el 3%, el nivel que no tenía desde 2008, cuando estalló la burbuja inmobiliaria.

2023 terminará sin la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y sin la segunda parte de la reforma de las pensiones aprobadas. El último Consejo de Ministros del año, previsto para el próximo martes, día 27, no incluirá en su agenda ninguno de estos dos asuntos capitales. El Diálogo Social ha fallado esta vez, al menos en los tiempos, y ha sido incapaz de poner de acuerdo a empresarios, sindicatos y Gobierno. En el caso del SMI, el último Consejo de Ministros del año aprobará la prórroga del actual hasta que se decida la cuantía en que aumente, quizá a mediados de enero. La subida, no obstante, se aplicará a los trabajadores con carácter retroactivo desde el día 1. El Gobierno, de hecho, sólo debe consultar a los agentes sociales, no negociar con ellos, lo que significa que una vez puestas sobre la mesa las diferentes cuantías propuestas por cada parte –1.040 euros la CEOE, entre 1.082 y 1.100 euros CCOO, 1.100 euros UGT– y la horquilla recomendada por la comisión de expertos –de 1.046 a 1.082 euros–, las discusiones se han trasladado a los ministerios concernidos: Trabajo, Economía y Hacienda.

La segunda fase de la reforma de las pensiones tiene un desarrollo más incierto. La última reunión entre el Ministerio de Seguridad Social, sindicatos y patronal se celebró el pasado día 12, pero no supuso avance alguno, según lamentaron CCOO y UGT a su término. Ambos pidieron, además, al ministerio que no vuelva a convocarles si no lleva a la mesa una propuesta que realmente suponga una novedad sobre lo ya discutido. “En ningún caso [la negociación] acabará antes de que finalice este año”, advirtió hace unos días el secretario general de CCOO, Unai Sordo, “le quedan aún bastantes capítulos”.

El Gobierno se había comprometido con Bruselas a tener aprobada esta segunda parte de la reforma antes de que acabara este año, para empezar a aplicarla “de forma progresiva” a lo largo de 2023. En concreto, el componente 30 del Plan de Recuperación incluía ese plazo tanto para la ampliación del periodo de cálculo de la pensión como para el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que de momento se han quedado en el tintero de José Luis Escrivá.

Desde esa última cita, Seguridad Social mantiene contactos con los agentes sociales, pero no ha habido reuniones y, según las fuentes sindicales consultadas por infoLibre, no se esperan citas formales hasta después del Día de Reyes. En cualquier caso, tanto los sindicatos como la patronal consideran mínimas las posibilidades de un acuerdo tripartito. El rechazo de la CEOE a cualquier cambio que implique un aumento de las cotizaciones sociales –es el caso del MEI– impide el sí empresarial. CCOO y UGT, por su parte, reprochan al ministerio que se haya embarcado en un aumento del periodo de cálculo de la pensión que no cuenta con respaldo político suficiente para su aprobación en el Congreso. Es más, también ha expresado su rechazo la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

Por culpa de ese doble frente, laboral y político, el camino de la segunda fase de la reforma de las pensiones se antoja tortuoso, a diferencia de la primera, que fue acordada con sindicatos y patronal en julio de 2021, y aprobada por el Congreso en diciembre con los votos en contra de PP, Cs, Vox, la CUP, UPN, Coalición Canaria, Foro Asturias y BNG, y la abstención de EH Bildu.

En cualquier caso, aunque se supere el plazo prometido a la Comisión Europea, el Gobierno no prevé que el retraso suponga un problema: tampoco lo hubo con el nuevo sistema de cotización de los autónomos, que se prometió para el primer semestre de este año, pero no pudo pactarse hasta el 20 de julio. Prueba de ello es que en la adenda del Plan de Recuperación que va a enviar a Bruselas, con modificaciones en algunos hitos y objetivos por culpa del retraso en las inversiones, no se incluirá ninguna relacionada con las pensiones, informa Europa Press. En esa adenda irán 15 reformas nuevas y otras tantas serán ampliación de las ya existentes, entre ellas la mejora de los sistemas de búsqueda de empleo del SEPE.

La ampliación del periodo de cálculo de la pensión ha pasado de ser una medida que “ni ha existido ni va a existir”, en palabras del ministro de Seguridad Social, a convertirse en el principal punto de disenso en la mesa de diálogo con los agentes sociales y en las negociaciones con los grupos parlamentarios que apoyan al Gobierno. A lo largo del último año, Escrivá fue modulando sus declaraciones sobre lo que en el Plan de Recuperación se denomina “adecuación a las nuevas carreras profesionales del periodo de cómputo para el cálculo de la pensión”. Escrivá siempre ha dicho que el efecto de la medida será “neutro” para las cuentas de la Seguridad Social. Es decir, que no reducirá el gasto en pensiones. También que el objetivo era atender a las “nuevas realidades del mercado de trabajo”, las carreras profesionales de quienes perdieron su empleo durante la anterior crisis y empezaron a cobrar –y cotizar– mucho menos, cubriendo mejor las lagunas de cotización o descartando sus peores años. Según sus cálculos, la medida afectará a un 30% de trabajadores que ya no tienen carreras laborales lineales como antes, en las que los salarios crecían conforme aumentaba la antigüedad.

El pasado septiembre, cuando prometió presentar una primera propuesta, el ministerio se limitó a anunciar a sindicatos y patronal una ampliación “suave” del periodo de cálculo que, por tanto, no llegaría a los 35 años como había aparecido en un documento elaborado por el propio ministerio y que terminó haciéndose público. Finalmente, Escrivá plantea aumentarlo hasta los 30 años, pero permitiendo que el trabajador descarte los dos peores años de cotización. Es decir, una ampliación a 28 años, que además se aplicará “de forma progresiva”. Será el cuarto aumento de este parámetro, después de haber subido de dos a ochos años en 1985, hasta 15 años en 1997 y a 25 años en 2011.

Que la ampliación del periodo de cálculo sea neutra para las cuentas de la Seguridad Social no quiere decir que lo sea para los trabajadores afectados. Y es ahí donde surge la discordia. Los sindicatos recuerdan al ministro que la medida se excluyó de las últimas recomendaciones del Pacto de Toledo y que aún no se han evaluado los efectos de la más reciente ampliación, a 25 años, que se completó el año pasado. “No me interesa nada si son 28 años, 30 años, si se quitan dos o no. El ministro dice que esto es neutro. Si la Seguridad Social ni gana ni pierde, que lo deje como está”, protestó el secretario general de UGT, Pepe Álvarez. Unai Sordo criticó que la iniciativa de Escrivá sobre el periodo de cálculo esté “distorsionando” la negociación sobre la reforma. Y Yolanda Díaz la desechó por tratarse de “un recorte de derechos”, ya que “endurece” el acceso a la pensión. Unidas Podemos, ERC, EH Bildu y Más País, socios parlamentarios del Gobierno, rechazan que se aumente el periodo de cálculo, puesto que, dicen, se traducirá en una rebaja de la cuantía de la pensión.

Pese a estas discrepancias, Seguridad Social no modificó su propuesta en la última reunión del pasado día 12. Sí que mejoró la cobertura inicial de las lagunas de cotización y las brechas de género en las pensiones. Pero los sindicatos lo consideraron “claramente insuficiente”. En la mesa también se discute el destope de las bases máximas de cotización –el ministerio ofrece que suban tanto como la inflación hasta 2025 y a partir de ese año y hasta 2050 lo haga en un 34,76%–, la mejora de las pensiones mínimas y el MEI, que debe sustituir al derogado Factor de Sostenibilidad. CCOO quiere iniciativas generosas en esos asuntos para empezar a discutir siquiera el periodo de cálculo.

Aunque el Gobierno prefiere llevar a Bruselas tanto la reforma de las pensiones como el SMI con el respaldo de patronal y sindicatos, el rechazo de la CEOE a ambas medidas va a impedir la reedición de los 14 acuerdos anteriores que revitalizaron el Diálogo Social. La patronal ha endurecido su discurso según se iban sucediendo las críticas desde el PP y desde el interior de la propia patronal. Que diera el sí a la reforma laboral de diciembre de 2021 no fue del agrado de muchos. Ya antes de las elecciones que el pasado noviembre han dado cuatro años más a Antonio Garamendi al frente de los empresarios, la CEOE se había opuesto a la subida del SMI de 2022 y renunciado al acuerdo de salarios para el próximo trienio con los sindicatos. Quedó en suspenso en mayo por la negativa de la patronal a subir los sueldos tanto como la inflación y por la línea roja que CCOO y UGT dibujaron en las cláusulas de revisión salarial.

Una vez reelegido, Garamendi perseveró en la línea dura al rechazar “la interlocución” del Ministerio de Trabajo por considerarla “tramposa y contraria a la buena fe”. La CEOE reaccionaba así a la enmienda que EH Bildu había negociado con los grupos del Gobierno para permitir a la Inspección de Trabajo que revise si las empresas cumplen las causas legales cuando presentan un ERE. La patronal considera que esa nueva atribución a los inspectores devuelve a la Administración el control sobre los despidos colectivos e incluso habla de “traición” a los acuerdos de la reforma laboral.

Por el contrario, tanto CCOO como UGT creen que la CEOE está “sobreactuando”. “No vi que reaccionara con tanta intensidad cuando algunos grupos parlamentarios impugnaron la reforma laboral [que la patronal había firmado] en el Tribunal Constitucional”, lamentaba el número dos de UGT, Fernando Luján, en referencia a los recursos presentados por PP y Vox.

Exceso de drama o no, lo cierto es que CEOE escenificó su divorcio con Trabajo no acudiendo a la última reunión sobre el SMI este mismo miércoles. Envió una propuesta por escrito al ministerio. Para saber si el resto de las mesas de negociación abiertas peligran, habrá que esperar también a enero. La Ley de Empleo –que incluye las nuevas competencias de la Inspección de Trabajo y la transformación del SEPE en Agencia Estatal de Empleo– quedó aprobada el pasado jueves en el Congreso, con las abstenciones de PP, Cs y Junts y los votos en contra de Vox y BNG. Pero el Estatuto de Becario sigue pendiente de acuerdo. La última reunión fue el pasado día 5. El Gobierno aún no les ha presentado una propuesta sobre prácticas extracurriculares –el nudo donde se ha atascado la negociación– que les prometió y que ya no verán hasta el próximo año.

Mención aparte merece el acuerdo de salarios y negociación colectiva, que ya sólo implica a los sindicatos y la CEOE. Unai Sordo ve “bastante complicado” que se recupere el Diálogo Social si la patronal persiste en su discurso de los últimos meses. “La lectura que están haciendo ahora las organizaciones empresariales es que la crisis de precios debe descansar sobre los recursos públicos y los trabajadores, no sobre las empresas”, explicó en una entrevista en TVE, “por eso no están por la labor de acordar ni en el Diálogo Social ni en la negociación colectiva”.

También está pendiente el pacto de rentas que impulsó el Gobierno pero que no ha dado siquiera un primer paso. La vicepresidenta primera, Nadia Calviño, invitó hace unos días a incluir el acuerdo sobre el SMI en un futuro pacto de rentas, del que casi nadie, a estas alturas de la crisis, habla ya.

CCOO y UGT lo quieren todo y lo quieren ahora: una subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) “en la banda alta” de la propuesta que ha hecho la comisión de expertos, 1.082 euros mensuales, o incluso superior, 1.100 euros, para incorporar el alza de la inflación. Y sin esperar a que se revise dentro de seis meses como recomienda el informe de los 12 sabios reunidos por el Ministerio de Trabajo. Entonces, explican, debería tenerse en cuenta el “contexto de alta inflación” y el “impacto asimétrico” de los alimentos y la energía en el poder adquisitivo de las rentas más bajas, “entre los que se encuentran los hogares perceptores del salario mínimo”. En concreto, el documento menciona que el 70% de los hogares con al menos un perceptor del SMI se localiza en los estratos más bajos de distribución de la renta. En realidad, no hace más que recoger lo que establece el artículo 27 el Estatuto de los Trabajadores, que prevé una revisión semestral del salario mínimo en caso de que “no se cumplan las previsiones” sobre el IPC.

Sin embargo, los sindicatos no ven muy funcional esa revisión en junio, tampoco como una manera de distribuir la subida y hacerla más llevadera, siendo más moderada ahora y postergando el resto para dentro de seis meses. “Tampoco es una buena solución para las empresas”, coinciden los responsables de Acción Sindical de CCOO, Mari Cruz Vicente, y de UGT, Fernando Luján. Vicente explica que, al subir el SMI, tendrán que hacerlo también los sueldos de las categorías profesionales más bajas de muchos convenios, lo que aboca a renegociar las tablas salariales a mitad de año. “Un follón”, resume. Que provocará “tensiones en la tesorería de las empresas y tensiones en el Diálogo Social”, añade Luján.

Sólo ha ocurrido dos veces que se revisara el SMI a mitad de un ejercicio para adecuarlo a la inflación. Fue en 1978 y 1979, cuando aún no existía el actual Estatuto de los Trabajadores. La Ley de Relaciones Laborales mandaba ajustar el salario mínimo al IPC cuando éste superaba el 5%. Y esos años la inflación se situó por encima del 15%. Así que en octubre de 1978 el SMI aumentó un 9,5% y en 1979 un 7,8%. En 2004 hubo dos subidas del salario mínimo: la primera en enero, del 2%, y la segunda en julio, tras llegar el PSOE al Gobierno, de un 6,6%, para compensar la pérdida del poder adquisitivo sufrida por los perceptores del SMI entre 1996 y 2004, que se calculó en esa cifra.

En la reunión a la que fueron convocados por el Ministerio de Trabajo, los sindicatos señalaron cuáles son sus “líneas rojas” para subir el SMI de 2023, que para CCOO parten de los 1.082 euros indicados por la comisión de expertos, aunque también pide que la inflación se refleje en el alza y se alcancen los 1.100 euros. Para UGT, el salario mínimo debe situarse en ese máximo. “La coherencia del Gobierno empieza en el 8,5% [que les ha subido a los pensionistas]”, resume Fernando Luján.

La CEOE no acudió a la cita, su primer gesto tras anunciar la semana pasada que rechazaba la “interlocución con el Ministerio de Trabajo”, por entenderla “tramposa y contraria a la buena fe”. La patronal considera una “traición” que el Gobierno haya pactado con EH Bildu una enmienda que faculta a la Inspección de Trabajo para que compruebe si las empresas cumplen debidamente las causas fijadas por la ley para ejecutar despidos colectivos.

Como había avanzado la víspera su presidente, Antonio Garamendi, la CEOE envió por la mañana al ministerio una propuesta por escrito, que incluye una subida del SMI del 4% –que lo situaría en 1.040 euros, inferior a la propuesta mínima de los expertos, de 1.046 euros–, medio punto más de la que estaban dispuestos a conceder hasta ahora, pero supeditada a dos condiciones. La primera, que el Gobierno acceda a aumentar las deducciones en cotizaciones sociales de que disfrutan las empresas del sector agrario. En concreto, citan una reducción del 20% sobre la cuota empresarial por contingencias comunes. Y la segunda, que se permita a las empresas repercutir el aumento del SMI en los contratos públicos que se les han adjudicado.

En esta última petición los empresarios se encontrarán con el apoyo de CCOO y UGT. La prohibición de revisar el precio de los contratos que licitan las administraciones públicas, establecida en la Ley de Contratos del Sector Público de 2017, ya ha supuesto problemas, explica Mari Cruz Vicente, en la negociación de algunos convenios. “En algún momento el Gobierno tendrá que afrontarlo”, advierte Fernando Luján. El Ministerio de Trabajo, a preguntas de infoLibre, no comenta la propuesta de los empresarios y se limita a indicar que la revisión de los contratos públicos no es una cuestión de su competencia ni entra en el ámbito de negociación del SMI. Lo mismo ocurre con las deducciones de cuotas del sector agrario, que corren a cargo del Ministerio de Seguridad Social. No obstante, CCOO recuerda que estas empresas ya cuentan con un buen catálogo de incentivos y UGT rechaza que se aplique un SMI distinto en función del sector.

Trabajo aún no ha presentado una propuesta a los sindicatos, según revelan ambos. CCOO y UGT exigen que ésta sea “de Gobierno, no de ministerio”. Porque es en el seno del Ejecutivo donde a partir de ahora se va a desarrollar la negociación para dar con la subida exacta del SMI, una vez hechos los cálculos por la comisión de expertos y consultados los agentes sociales. Yolanda Díaz ha subrayado que el compromiso del Gobierno es que el SMI alcance “al menos” el 60% del salario medio, tal y como establece la Carta Social de la UE. Por su parte, la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, ha mostrado en público su confianza en que el futuro acuerdo sobre el SMI forme parte del pacto de rentas, una iniciativa que, meses después de ser anunciado, aún no tiene siquiera un listado de materias.

Todas las fuentes consultadas coinciden en que, en cualquier caso, la subida del SMI no estará lista para su aprobación en el último Consejo de Ministros, el próximo 27 de diciembre. Por lo que habrá que esperar hasta mediados de enero para que entre en vigor. Pero su aplicación será retroactiva, ya ha avanzado Trabajo.

En enero también esperan los sindicatos que la CEOE vuelva a sentarse con ellos para negociar el acuerdo de salarios que quedó bloqueado el pasado mayo. Pese al rechazo a seguir debatiendo con el Ministerio de Trabajo y a las duras declaraciones de Antonio Garamendi tras su reelección al frente de los empresarios en noviembre, CCOO y UGT confían en que el acuerdo salarial “no sufra” por el “ruido político” general ni por el cambio de tono de la CEOE. Sindicatos y patronal no han dejado de mantener “contactos” durante estos meses, aseguran a infoLibre ambas partes, a la búsqueda de “fórmulas alternativas para la revisión salarial”, en palabras de Mari Cruz Vicente. Porque fueron las cláusulas para recuperar la inflación la causa de la ruptura hacia siete meses: la CEOE está dispuesta a subir salarios, pero no a igualar su alza con la inflación. Garamendi pide un aumento “moderado”, porque una mejora elevada “invade la negociación colectiva” y crea “indefensión” en las empresas.

Fernando Luján cree que la “sobreactuación” de Garamendi tras la enmienda pactada con EH Bildu “pasará” y se recuperará el Diálogo Social. Con Seguridad Social aún están abiertas la mesa que debate la reforma de las pensiones y con Trabajo la negociación del Estatuto del Becario, en la que el ministerio aún no ha presentado una propuesta sobre las prácticas extracurriculares a la que se comprometió. “Si toda la reforma de las pensiones se va a cargar sobre la empresa [el Mecanismo de Equidad Intergeneracional planteado por el ministro de Escrivá se basa en un aumento de las cotizaciones], no es sostenible el sistema que se está planteando por mucho que se quiera”, lamentó el presidente de la CEOE este martes en Valencia. A la vista de los escollos, tanto el SMI como las pensiones y el Estatuto del Becario van a quedar en el tintero del Diálogo Social para el año que viene.

La comisión de expertos recomienda al Gobierno que suba el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) entre un 4,6% y un 8,2% en 2023; es decir, entre 46 y 82 euros más al mes. Como el suelo salarial se sitúa en 1.000 euros al mes brutos en 14 pagas, tras las fuertes subidas de los últimos años, el alza propuesta debería ir entre 1.046 y 1.082 euros. La opción más generosa de los 12 sabios se encuentra, no obstante, por debajo de los 1.100 euros que reclaman los sindicatos. “No puede subir menos del 10%”, ha exigido el vicesecretario General de Política Sindical de UGT, Fernando Luján. Para hacer su propuesta, los expertos no han tenido en cuenta la subida de la inflación, que en promedio será este año del 8,5%. La mejora quedaría igualmente por debajo de la que experimentarán las pensiones, alineadas con esa alza del IPC.

No obstante, el propio informe recomienda al Gobierno que revise dentro de seis meses el SMI para tener en cuenta el “contexto de alta inflación” y el “impacto asimétrico” de los alimentos y la energía en el poder adquisitivo de las rentas más bajas, “entre los que se encuentran los hogares perceptores del salario mínimo”. En concreto, menciona que el 70% de los hogares con al menos un perceptor del SMI se localiza en los estratos más bajos de distribución de la renta. En su artículo 27 el Estatuto de los Trabajadores prevé una revisión semestral del salario mínimo en caso de que “no se cumplan las previsiones” sobre el IPC. Además, el informe precisa que la estimación del salario medio que han utilizado los autores para hacer sus cálculos del SMI es el de 2022, no el de 2023, “que razonablemente cabe esperar que será superior”. Por tanto, también le correspondería un SMI más elevado.

Este miércoles, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se reunirá con sindicatos y patronal para consultarles sobre la subida del SMI. Pero la decisión final corresponde sólo al Gobierno. La CEOE se opone a cualquier subida que no sea moderada. Su presidente, Antonio Garamendi, ha advertido del “peligro” de que el salario mínimo “rebase las bandas salariales bajas de los convenios colectivos”. También repite que el SMI supera el 60% del salario mínimo en algunas comunidades autónomas y que una nueva subida perjudicaría a la agricultura. Para sostener su rechazo a un aumento significativo del SMI, Cepyme asegura que la subida del 35,9% experimentada por el SMI desde 2028 ha destruido 71.600 puestos de trabajo y evitado la creación de 145.900 empleos.

La cita del miércoles servirá para ver si, como anunció la pasada semana, la patronal ha roto el diálogo con el Gobierno por la enmienda que ha pactado por EH Bildu para que la Inspección se pronuncie en su informe sobre el cumplimiento de las causas de un ERE por parte de las empresas. “No hay nada roto”, respondió Yolanda Díaz a los periodistas en la presentación del informe de los expertos cuando se le preguntó por la presencia de la CEOE en la reunión de este miércoles. “Todas las mesas [del Diálogo Social] siguen haciendo sus tareas; a los empresarios no les pido que asistan, sino que atiendan a su mandato constitucional”, explicó la vicepresidenta, quien también expresó su deseo de que la “bronca política” de los últimos días en el Congreso “no contagie al Diálogo Social”. “Si alguien no va [a la reunión sobre el SMI]”, añadió, “tendrá que dar cumplidas explicaciones no al Gobierno, sino a los españoles, que sufren el impacto de la inflación”.

La reacción de CCOO y UGT ha sido pareja e inmediata. “El SMI tiene que subir, al menos, lo mismo que la media de la inflación de este año, un 8,46%, y en un momento en que el precio de los alimentos básicos ha aumentado un 15%, los casi dos millones de trabajadores que lo cobran no pueden tener ninguna merma en el poder adquisitivo”, ha apremiado el secretario general de CCOO, Unai Sordo. De forma que pide un salario mínimo entre 1.082 y 1.100 euros en 14 pagas. UGT, por su parte, ha recordado que en los Países Bajos el SMI subirá un 10%, en Bélgica un 13% y en Polonia y Alemania, un 15%. Por lo que en España debería estar en consonancia con esas cifras y situarse en 1.100 euros, apuntó Fernando Luján.

Fuentes del Ministerio de Trabajo consideran posible que, por cuestiones técnicas, la subida del SMI no sea aprobada en las últimas dos reuniones del Consejo de Ministros este año, previstas para el 27 y 29 de este mes. De forma que la decisión se postergue a enero. En ese caso, la aplicación del alza será retroactiva, aclaró Yolanda Díaz durante la presentación del informe. En pleno acto, un grupo de inspectores de Trabajo interrumpió a la vicepresidenta con una pancarta y gritos de “vamos a la huelga”, que han convocado para este miércoles. Los inspectores protestan por el incumplimiento del acuerdo que firmaron en 2021 con Trabajo para dotar de más medios al servicio, cada vez con mayores atribuciones, sostienen CCOO, CIG, y los sindicatos de inspectores y subinspectores SITSS, SISLASS y USESS.

La coordinadora de la comisión de expertos, Inmaculada Cebrián, profesora de Economía de la Universidad de Alcalá de Henares, cifró en 1.856 euros el salario medio neto a tiempo completo en 2022. Para elaborar sus cálculos, los autores del informe emplearon la Encuesta de Estructura Salarial de 2020, la última disponible, así como la Encuesta Trimestral de Coste Laboral –ambas elaboradas por el INE– y las subidas registradas en la Estadística de Convenios Colectivos del Ministerio de Trabajo. Con esos datos han realizado cuatro simulaciones del salario medio neto a tiempo completo de 2022 para, a partir de ellas, hacer cuatro estimaciones del SMI para 2023.

Además, han incorporado una estimación aportada por el Ministerio de Economía de lo que habría variado el salario medio en 2021 y 2022 si no hubieran existido los ERTE en 2020, cuando 3,1 millones de trabajadores tuvieron suspendidos sus contratos o reducidas sus jornadas y salarios por culpa del covid-19. Según sus resultados, el aumento salarial en ese periodo fue de sólo el 1,11%. Aplicada esa subida, el SMI para 2022 se queda en 1.046 euros al mes, la propuesta más baja.

El SMI ha subido en España desde los 735,9 euros de 2018 hasta los 1.000 euros actuales, por lo que ha pasado de ser uno de los más bajos en relación con los salarios brutos de la UE a situarse por encima de la media: es el séptimo país –equivale al 47,5% deñl salario bruto–, por delante de Reino Unido, Países Bajos o Alemania, pero detrás de Luxemburgo, Francia o Portugal. “Ya podemos decir que la del SMI es una historia de éxito”, se felicitó Yolanda Díaz, tras resaltar que el debate sobre el salario mínimo ha cambiado “radicalmente” y ahora hay un “consenso”, desde el G20 hasta la OCDE y un buen número de países, sobre los beneficios de subirlo y sobre su “ínfimo” efecto sobre el empleo. No sólo no se han destruido puestos de trabajo, sino que, por el contrario, se han creado más de un millón de empleos desde 2018 y éstos son de calidad, beneficiando más a mujeres y jóvenes, aseguró.

Es lo que también concluye el informe de los expertos, que cita estudios anteriores como los del Banco de España y la AIReF para calificar de “marginal” el impacto de la subida del SMI en 2019, que fue del 22,29%. El Banco de España calculó que se dejaron de crear entre 94.000 y 173.000 empleos. Según la AIReF, el efecto fue mucho menor, de entre 19.000 y 33.000 puestos de trabajo. A juicio de los expertos, se trataría de un “efecto bajo, en términos relativos y absolutos, en comparación con el volumen de personas beneficiadas por la subida”.

Un tercer estudio, realizado por el centro de estudios Iseak y dirigido por Sara de la Rica, una de las expertas de la comisión, concluyó que el impacto de la subida del SMI fue nulo los cinco primeros meses y a partir de entonces fue pequeño, unos 28.000 empleos. Otro elaborado por University College London sobre los efectos de la creación del SMI en Alemania en 2015 –8,5 euros la hora– revela que, además de subir los salarios, no se redujo el empleo. Por el contrario, se mejoró la eficiencia de la economía: se produjo una reubicación de trabajadores desde empresas más pequeñas y con peores sueldos hacia otras de mayor tamaño y mejores retribuciones.

Este es el segundo encargo que el Ministerio de Trabajo hace a la comisión de expertos. El primero, en julio de 2021, fue calcular el salario medio de 2020 para diseñar la correspondiente subida del SMI y una senda de mejora hasta igualarlo con el objetivo establecido en la Carta Social Europea –el 60% del salario medio nacional–. El segundo, calcular el salario medio de 2022 y la subida del SMI de 2023, pero también evaluar el impacto de las alzas en la desigualdad de ingresos y en la pobreza.

Apoyándose en la Encuesta de Condiciones de Vida, la Encuesta Financiera de las Familias y el Panel de Hogares del Instituto de Estudios Fiscales, los 12 expertos de la comisión señalan que en el caso de los hogares monoparentales que tienen como único ingreso el SMI procedente de un trabajo a tiempo completo, sólo a partir de 2019, cuando tuvo su primera gran subida, pudieron cruzar el umbral de riesgo de pobreza y abandonar la pobreza laboral. Lo mismo ocurrió con los hogares unipersonales. Sin embargo, a las familias con dos adultos y dos menores, las subidas de 2019 y 2020 no les permitieron aún franquear el umbral de riesgo de pobreza.

Para sostener que las alzas del SMI han reducido la desigualdad, la comisión recurre a diferentes estudios en Estados Unidos e Irlanda. En España, otros análisis cifra en entre un 9% y un 17% los asalariados a los que afectó el aumento del salario mínimo de 2019. Sobre todo, benefició, enumeran, a mujeres, jóvenes e inmigrantes, con nivel de estudios bajo, empleados en pequeñas empresas y con contratos temporales, mayoritariamente en el sector servicios y la agricultura, y residentes en Extremadura, Andalucía, Canarias o Murcia.

Los estudios revelan también que la subida de 2019 elevó los ingresos de los hogares de rentas más bajas por encima de la media, más de un 10% en términos reales –contando con la inflación–. Lo que contribuyó al descenso de la desigualdad entre un 2% y un 3,8%. Uno de ellos, de la Fundación La Caixa, precisa que las subidas del del SMI entre 2018 y 2020 redujeron un 2,8% la incidencia de la pobreza en España: más de 250.000 personas salieron de la pobreza, de las cuales 121.000 son menores de 30 años. 

“Si no estamos para llegar a acuerdos, ¿para qué estamos?”, fue la pregunta retórica que Antonio Garamendi lanzó al aire nada más ser reelegido como presidente de la CEOE este jueves. Con las negociaciones del acuerdo marco salarial en punto muerto desde el pasado mayo, la respuesta es urgente y necesaria. Tras recordar que debatir con sindicatos y Gobierno es su “obligación” como agente social y establece el artículo 7 de la Constitución, Garamendi ensalzó el diálogo como “la mejor infraestructura del país”.

Eso sí, también advirtió de que dirá “sí cuando toque y no cuando no toque, pero un no razonado y desde la moderación y la independencia”, en un intento por desarmar las críticas que le llovieron desde su propia organización por firmar demasiados acuerdos con sindicatos y Gobierno. Garamendi hizo gala de ellos, “14 pactos tripartitos y dos bipartitos”: las seis renovaciones de los ERTE tras la pandemia, la ley del teletrabajo y de los riders, las cotizaciones de los autónomos, la primera parte de la reforma de las pensiones… y la más importante y polémica para la CEOE, la reforma laboral de diciembre de 2021.

Ese acuerdo contó con la abstención de las patronales del campo (Asaja) y la automoción (Anfac) y de las organizaciones empresariales de Madrid y Cataluña. Fue el primer síntoma del malestar de parte de los empresarios por lo que consideraban cesiones al Gobierno. A continuación, la CEOE rehusó apoyar la subida del SMI a 1.000 euros y las negociaciones con UGT y CCOO para renovar por tres años el acuerdo marco salarial quedaron en suspenso en mayo: los empresarios no querían ni oír hablar de subir los sueldos tanto como lo está haciendo una inflación desbocada.

Los sindicatos acusaban, además, a la patronal de torpedear el diálogo social según se aproximaban las elecciones que debían decidir si Garamendi continuaba en la presidencia. Una vez renovado en el cargo, y con un respaldo del 86%, CCOO y UGT confían en volver a sentar a los empresarios a la mesa. Ha sido su exigencia desde la vuelta del verano, cuando emprendieron un calendario de movilizaciones sectoriales para espolear los convenios colectivos bloqueados. Y que culminaron el pasado día 3 con miles de delegados sindicales protestando a las puertas de la CEOE en Madrid.

“Tenemos muchas expectativas, una vez pasadas las elecciones, de recuperar el diálogo con la patronal”, avanza a infoLibre el vicesecretario de Política Sindical de UGT, Mariano Hoya. Su intención es que se reanuden las negociaciones y estas conduzcan a la firma de un acuerdo marco salarial “en enero o febrero”. O incluso a un pacto de rentas, se atreve Hoya, pese a que la iniciativa ni siquiera se puede considerar activa por la falta de impulso desde el Gobierno y la ausencia de interés de la CEOE, según los sindicatos. El Ejecutivo ha mantenido un par de reuniones al máximo nivel con los agentes sociales para pedirles un acuerdo de “moderación de rentas empresariales y salariales” hasta 2025. Pero aún no ha precisado ninguna propuesta sobre el contenido de ese acuerdo. Este mismo miércoles, la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, ha vuelto a poner sobre la mesa la necesidad de “reactivar” el pacto de rentas “después de estas elecciones”. “La voluntad de todos los agentes sociales está ahí y a ver si se alinean todos los incentivos y podemos terminar de acordar ese tema, que sería muy importante para nuestro país”, ha dicho en una entrevista en Antena 3.

En cualquier caso, subraya Mariano Hoya, el acuerdo marco salarial sólo será posible si los salarios se suben con el IPC como referencia. Sin embargo, la postura de Garamendi, al menos antes de las elecciones, era clara: “No estamos diciendo que no puedan subir los salarios. Lo que no podemos es firmar que los salarios suban igual que la inflación sin más. Se puede hablar de productividad, de beneficios. Hay fórmulas”, explicó en declaraciones a RNE el mismo día en que los sindicatos se manifestaban ante la sede de la patronal con el lema Salario o conflicto.

En la misma dirección apuntaba el empresario vasco cuando se trata de la subida del SMI para el próximo año. Si ya estuvieron en contra de que aumentara hasta 1.000 euros, ahora el alza que prepara el Gobierno apoyado en los cálculos de una comisión de expertos debe llegar hasta el 60% del salario medio. “El 1 de enero el SMI debe ser de 1.100 euros; en caso contrario el Gobierno estará abdicando de su responsabilidad”, advierte Mariano Hoya. Por el contrario, Garamendi objeta que el salario mínimo supera ya el 60% del salario medio español “en bastantes comunidades autónomas”. También apunta a que sería perjudicial para las actividades agrícolas.

Por su parte, la rival derrotada por Garamendi, Virginia Guinda, es partidaria de aplicar diferentes SMI dependiendo del sector e incluso de la edad de los trabajadores. En una entrevista en el periódico Cinco Días llegó a decir que el salario mínimo debería subir “sin duda, en algunos estratos” pero también “debería bajar en otros”, como los jóvenes.

Por cerrar quedan aún el estatuto del becario, la Ley de Empleo y la segunda fase de la reforma de las pensiones, que debería quedar negro sobre blanca antes de que acabe el año por imperativo comunitario.

También el Gobierno y CCOO instan a Garamendi a recuperar el diálogo. “Quienes defendemos un sistema de relaciones laborales democrático sabemos de la importancia de contar con interlocutores fuertes y representativos”, ha sido la respuesta en Twitter del secretario general de CCOO, Unai Sordo, a la reelección del empresario vasco. Una vez concluido el periodo electoral en la CEOE, Sordo confía en se puedan reanudar “a la velocidad adecuada” los trabajos para renovar el acuerdo marco salarial y el diálogo social, que “languidece en una coyuntura de precios altos". “Es lo que toca hacer a partir de ahora", apremia.

Mientras, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, además de felicitarle por el triunfo, expresaba su esperanza en que, en este segundo mandato, el diálogo social “siga siendo una de las señas de identidad de la CEOE”. Durante los últimos meses, Díaz ha sido muy enfática a la hora de pedir a la patronal que regrese a la mesa de negociación y suba los salarios. Incluso dio su “apoyo explícito” a CCOO y UGT en sus protestas. “Tienen toda la razón para salir a la calle a movilizarse contra la patronal”, declaró.

El respaldo del 86% con que Antonio Garamendi ha ganado las elecciones le proporciona seguridad en su posición negociadora para las futuras mesas a las que deberá sentarse la CEOE. De los 789 votos posibles, 643 fueron depositados en las dos urnas de la Asamblea General celebrada este miércoles y 534 fueron para Garamendi. Virginia Guinda, la aspirante que presentó su candidatura casi a última hora, consiguió el apoyo de 87 representantes. También hubo 14 votos en blanco y ocho nulos.

En 2018, cuando se hizo por primera vez con la presidencia de la patronal, el empresario vasco fue elegido por aclamación, porque no se presentó ninguna otra candidatura. En realidad, ésta es la tercera vez que Garamendi, que antes presidió la patronal de jóvenes empresarios Ceaje, Cepyme y Confemetal, se presenta a las elecciones en la patronal. La primera fue en 2014, cuando perdió frente a Juan Rosell. La de este año también será la última, porque los estatutos de la CEOE no le permiten más de dos mandatos. 

Francia tiene siete refinerías y todas están en huelga: las de ExxonMobil desde el 20 de septiembre y las de TotalEnergies, desde el 27 de ese mes. El efecto en cadena ha sido inmediato: algunas estaciones de servicio se han quedado sin combustible. Las imágenes de las colas de coches se superponen a las de los trabajadores de las refinerías, que reclaman subidas salariales del 10% para hacer frente a una inflación que en Francia es sólo del 6,2%, la más baja de la UE. Para ello esgrimen los enormes beneficios que están obteniendo sus empresas. La francesa TotalEnergies, dueña de cinco plantas de refino, ganó 10.460 millones de euros en los primeros seis meses de este año, un 92% más que en el mismo periodo de 2021; mientras que el gigante estadounidense ExxonMobil, propietario de las dos refinerías restantes, cerró en junio con 22.911 millones de euros de beneficios, el triple que el año anterior.

En España, en cambio, el sector vive ajeno al ruido. Repsol ha ganado 2.539 millones de euros en el primer semestre, de los que 1.393 millones corresponden a su división industrial, incluidas las refinerías. Son los mayores beneficios desde hace 15 años. Cepsa aumentó sus resultados un 149% respecto a 2021, tras cerrar en junio con unas ganancias de 841 millones de euros. Este verano su margen de refino alcanzó los 19,1 dólares por barril; es decir ha multiplicado por cuatro el que tenía el año pasado, 4,5 dólares. Entre las dos empresas se reparten siete de las ocho refinerías que funcionan en España –la de Asesa en Tarragona produce sólo betún asfáltico–. La tercera en el mapa es la multinacional BP Oil, que posee una planta en Castellón.

El tamaño del sector del refino en los dos países es similar, pero los ánimos laborales en las plantas españolas distan mucho del monumental enfado francés. Sólo en Repsol la sangre llegó al río antes del verano, y fue poca, mientras los sindicatos negociaban la renovación del acuerdo marco del grupo, que había caducado en 2019. La primera oferta de la empresa fue, de hecho, una rebaja salarial, amparándose en los malos resultados de 2019 y 2020 y en las inversiones que debe hacer para cumplir con la Agenda 2030 en la lucha contra el cambio climático y la reducción de los gases de efecto invernadero, explica Agustín Pérez, coordinadora de UGT-FICA en Repsol.

La segunda propuesta se quedó en un 2,5% de aumento, por debajo incluso del 3,5% que está dispuesta a conceder la CEOE para el acuerdo de negociación colectiva nacional. Tal cicatería soliviantó a los sindicatos, después de dos años de salarios congelados y justo cuando la empresa anunciaba un dividendo de 0,63 euros la acción, resultado de una mejora del 5%. En enero los accionistas ya habían recibido otros 0,30 euros por título. Además, la compañía de Antonio Brufau planteaba una reducción del capital social –otra forma de retribuir a los accionistas, porque se aumenta el valor de los títulos– mediante la amortización de 75 millones de acciones propias. Y la recompra de 50 millones de acciones en el segundo semestre, adelantando una operación en principio prevista para finales de este ejercicio y principios de 2023. El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, explicó en la presentación de resultados que el objetivo de la empresa era “acelerar” la recompra de acciones para mejorar sus objetivos de dividendo, teniendo en cuenta los actuales precios de los hidrocarburos.

Así que CCOO, UGT y el Sindicato de Trabajadores (STR) convocaron tres días de huelga en julio y otros tres en agosto. También protestaron a las puertas del pabellón de Ifema en Madrid donde se celebraba la junta general de accionistas. Tras los paros de julio, Repsol se avino a subir los salarios en línea con el IPC, incorporando una cláusula de revisión. La huelga de agosto quedó desconvocada. Finalmente, la subida para este año será de un 4%, pero a final de cada año la plantilla cobrará el 75% de lo que aumente la inflación y el 25% restante en una paga no consolidable, detalla Agustín Pérez.

Además, esa cláusula está ligada a los beneficios de la empresa, destaca por su parte Raquel de la Hija, responsable de CCOO en Repsol. Si la empresa alcanza los 2.600 millones de beneficios, la revisión llegará al 80% del IPC, si gana 2.700 se elevará al 90% y si son 2.800 millones, la subida salarial ascenderá al 100% de lo que aumente la inflación. “No es la cláusula idílica que existía en los años 90, pero garantiza el poder adquisitivo de la plantilla”, apunta Agustín Pérez. Como muchas otras empresas en la anterior crisis, los trabajadores de Repsol perdieron la cláusula de revisión salarial en 2014, y no la recuperaron hasta 2017. En el acuerdo marco recién suscrito, Repsol ha desoído por tanto a la CEOE, que se opone frontalmente a incluirla en los convenios.

Ese texto, ya ratificado en asambleas de trabajadores este septiembre, debe ahora trasladarse a los convenios de las diferentes empresas del grupo, pero ni CCOO ni UGT prevén problemas. Petronor, que pertenece en un 86% a Repsol y gestiona la refinería de Muskiz, en Bilbao, tiene convenio propio, que está ahora en plena negociación.

En el caso de Cepsa, cada centro de trabajo –Gibraltar-San Roque (Cádiz) y La Rábida (Huelva)– tiene su propio convenio. Están en vigor hasta el 31 de diciembre, por lo que es probable que las negociaciones para renovarlos no comiencen hasta 2023. Sólo se ha cerrado, pero únicamente con la firma de CCOO, una prórroga del convenio de las oficinas centrales. UGT lo rechazó porque carece de cláusula de revisión y, según denuncia, crea una doble escala salarial que permite diferencias de más de 20.000 euros anuales entre trabajadores con el mismo nivel dependiendo de la división a la que pertenezcan.

Por lo que respecta a BP Oil España, las negociaciones del convenio acaban de empezar y ni siquiera hay una oferta salarial sobre la mesa, indica Raquel de la Hija.

Pero, aparte de la gran capacidad movilizadora de los sindicatos en Francia y del seguimiento masivo de sus convocatorias, entre Francia y España hay otra diferencia fundamental. Una que dificultaría que una huelga en las refinerías tuviera las consecuencias que vive Francia estos días. En España las plantas de refino están consideradas servicios esenciales, por lo que no se les permite parar, detalla Agustín Pérez. Los sindicatos, continúa, llevan años impugnando los servicios mínimos que se les imponen a las refinerías, porque siempre son “abusivos”. La única manera en que una huelga en el refino tendría impacto sería parando el mantenimiento de la planta, pero nunca se permite que la carga operativa baje al mínimo técnico, asegura el dirigente de UGT.

Las refinerías españolas están viviendo un momento de apogeo, pero después de pasar dos años de caída del negocio, alegan por su parte las empresas. Repsol, por ejemplo, perdió 3.816 millones en 2019 y 3.289 millones en 2020. Pero en 2021 se ha beneficiado de los altos precios del crudo, así como también de una oferta cada vez más limitada tras el cierre de 24 refinerías en la Unión Europea en los últimos años. Como la demanda de combustible no ha dejado de crecer, las refinerías españolas, en las que Repsol, Cepsa y BP Oil han hecho cuantiosas inversiones, han aumentado su capacidad en un 16% desde 2009, según publica El Periódico de la Energía. De hecho, España exporta carburantes a Francia.

Mientras, en ambos países, los conductores tienen que lidiar con unos precios de escándalo cada vez que llenan el depósito. La gasolina y el gasoil están en máximos: después de una caída continuada de los precios desde julio, remontaron a principios de este mes, aunque tanto españoles como franceses cuentan con descuentos de 20 y 30 céntimos, respectivamente, gracias a los subsidios de sus gobiernos. En España, el gasoil supera los dos euros en algunas estaciones de servicio y la gasolina de 98 octanos se vende a una media de 1,93 euros el litro. En Francia, los carburantes son sólo unos décimos más baratos.

Los trabajadores de las petroleras exigen en Francia que sus empresas repartan las ganancias extraordinarias que les reporta el refino en un año en el que deben afrontar una pérdida de poder adquisitivo también digna de figurar en los registros históricos. Las protestas, además, han servido de mecha para sacar a la calle el malestar acumulado en otros sectores. De momento, se mantiene el conflicto, pese a que los sindicatos mayoritarios alcanzaron un acuerdo con TotalEnergies para subir los sueldos un 7% que el minoritario CGT rechaza. En ExxonMobil las espadas siguen en alto.

Aunque la huelga de este martes no paralizó el país, cerró institutos, interrumpió los trenes de cercanías y los autobuses y se tradujo en manifestaciones en toda Francia.

En España, CCOO y UGT están “tensionando” la negociación de los convenios este otoño para hacer regresar a la CEOE a la mesa donde quieren firmar un acuerdo marco salarial de tres años. Algunos sectores se han declarado en huelga y el 3 de noviembre han convocado una gran manifestación en Madrid. Pero la huelga general ni se la plantean. “No es deseable”, zanjó este miércoles el secretario general de CCOO, Unai Sordo. En parecidos términos se expresó el pasado septiembre su homólogo en UGT, Pepe Álvarez, quien prefirió hablar de “generalización de los conflictos”.