EH Bildu ha denunciado ante la Ertzaintza haber recibido amenazas de muerte contra su secretario general, Arnaldo Otegi, quien declaró este lunes en el juzgado de Vitoria que investiga los hechos.

Fuentes de la formación abertzale ha confirmado la recepción de estas amenazas de muerte, que ha adelantado el diario El Correo, y han explicado que fueron remitidas al grupo parlamentario de EH Bildu en la cámara vasca en diciembre de 2025. Fueron los representantes de EH Bildu en la Mesa del Parlamento Vasco quienes denunciaron los hechos ante la Ertzaintza.

Arnaldo Otegi acudió a declarar este lunes como perjudicado en el juzgado de Vitoria que investiga estas amenazas de muerte.

La formación abertzale ha recordado que estas amenazas se produjeron "horas después" de que el presidente del PP de Euskadi augurase el "exterminio" de EH Bildu.

Las fuentes de EH Bildu han explicado que habían optado por "mantener la discreción respecto a estos hechos", ya que "no acostumbra a hacer público este tipo de situaciones".

El pasado domingo fue un día muy duro para la izquierda transformadora. IU-Sumar se situó en poco más del 2,7% de apoyos, Podemos, en el 0,7%. El espacio queda de esta manera fuera de las Cortes de Castilla y León en la naciente legislatura. Y el resultado supone una muestra del mal momento que viven esos partidos, con un horizonte muy complicado para las próximas elecciones generales.

Pero, ¿Castilla y León es el espejo de ese espacio? ¿En qué situación están en el resto de las comunidades autónomas las izquierdas transformadoras? ¿El patrón de voto es igual en unos comicios generales? ¿Pisan moqueta en algún gobierno regional? 

Tras las elecciones del 15 de marzo, Castilla y León se convierte en la sexta autonomía en la que la izquierda transformadora con carácter estatal no tienen ningún diputado, uniéndose a Castilla-La Mancha, Galicia, Comunitat Valenciana, Cantabria y Canarias (en el último caso, Podemos pasó de estar en el propio Gobierno junto al PSOE, bajo el denominado pacto de las flores, a desaparecer del Parlamento en las elecciones del 28 de mayo de 2023).

Además, hay un patrón que se ha asentado en las comunidades autónomas: las izquierdas transformadoras con carácter soberanista o regionalista están superando de largo a IU, Movimiento Sumar y Podemos. Estos casos se evidencian, por ejemplo, en la Comunitat Valenciana con Compromís, en Aragón con Chunta Aragonesista, en Euskadi con EH Bildu, en Cataluña con Esquerra Republicana, en Balears con Més y en Galicia con el BNG.

Un caso particular es el de Más Madrid, una fuerza regionalista pero con un alto componente nacional y que es uno de los cuatro actores implicados directamente en el relanzamiento del espacio de Sumar para las elecciones generales junto a Izquierda Unida, los comunes y Movimiento Sumar. El partido de Mónica García, en términos autonómicos, es uno de los más competitivos porque ejerce el liderazgo de la oposición frente al Partido Popular al haber quedado por delante del PSOE.

Además de Más Madrid, la izquierda transformadora está instalada en dos autonomías como la referencia principal frente al Gobierno existente. La primera es Galicia, donde el BNG superó de lejos al PSOE. Ana Pontón, liderando un grupo parlamentario con 25 escaños, es la oposición a Alfonso Rueda (Partido Popular). El otro caso es el País Vasco, ya que EH Bildu se presenta como la principal fuerza en número de diputados, con 27 asientos en Vitoria, para ser la alternativa al Ejecutivo encabezado por Imanol Pradales (PNV) en coalición con el PSE-EE.

Otro ejemplo particular es la izquierda en Cataluña. Los comunes lograron seis escaños en las pasadas elecciones catalanas, pero son imprescindibles para que Salvador Illa pueda sacar sus propuestas. Por eso el president pactó primero con ellos el proyecto de presupuestos que ahora está negociando con ERC. El partido de Ada Colau tiene un punto fuerte: fue el motor principal de Sumar en esa comunidad y quedaron en segunda posición el 23J (fueron superados por el PSOE, pero se situaron por encima de los republicanos).

En este inicio de ciclo electoral, las izquierdas han pasado de la felicidad al desánimo. La primera parada fue en Extremadura el pasado 21 de diciembre, donde la lista de Unidas por Extremadura (formada por IU y Podemos, con apoyo externo de Sumar) logró su mejor resultado histórico, superando el 10% de apoyo y obteniendo siete diputados en el Parlamento. En Aragón, la división provocó este resultado: Chunta (6 diputados), IU-Sumar (1 diputado) y Podemos (ninguno). En la cita de Castilla y León, se han quedado fuera tanto IU-Sumar como Podemos.

Las miradas están puestas ahora en Andalucía, donde el presidente, Juanma Moreno, anunciará en breve la fecha de las elecciones (con toda probabilidad a finales de mayo o mediados de junio). Actualmente, en el Hospital de las Cinco Llagas se sientan cinco diputados de Por Andalucía (la lista que firmaron en el último minuto IU, Podemos y Más País) y dos de Adelante Andalucía (el partido de Teresa Rodríguez). 

En estos momentos, IU, Iniciativa del Pueblo Andaluz y Sumar han consolidado ya una candidatura bajo el liderazgo de Antonio Maíllo. Podemos, que ha elegido como número uno a Juan Antonio Delgado, todavía sopesa si presentarse en solitario o unirse a las otras formaciones. Adelante Andalucía irá con una papeleta propia, que tendrá como cabeza de cartel a José Ignacio García, que se ha convertido en referente dentro de la oposición a Moreno y que aspira a duplicar los resultados de su formación.

En los gobiernos autonómicos, la izquierda transformadora sólo tiene presencia en dos comunidades. En Asturias, el PSOE firmó un acuerdo con Convocatoria por Asturies, una coalición formada por IU, Más País e Izquierda Asturiana. Por ello, entró en el Gobierno por parte de Izquierda Unida (fuerza hegemónica) Ovidio Zapico como consejero de Organización Territorial. La única diputada de Podemos tras las elecciones, Covadonga Tomé, apoyó externamente la investidura de Adrián Barbón. Hoy ya no está en el partido y ha lanzado la formación Somos Asturias.

En Navarra, la presidenta socialista, María Chivite, tiene como vicepresidenta tercera y consejera de Juventud, Vivienda y Políticas Migratorias a Begoña Alfaro, que formó parte de la lista de Contigo Zurekin (integrada por Podemos, Izquierda Unida y Batzarre). Es la única consejera autonómica procedente de Podemos, aunque ha roto con la dirección nacional y no repitió en su puesto como coordinadora en esa autonomía.

¿Y esta situación autonómica se extrapola al contexto general? En las encuestas en estos momentos se detecta un bajón considerable del espacio, potenciado por la fragmentación en las candidaturas. Según el barómetro publicado este miércoles por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), Sumar tendría ahora un 7,1% de apoyos y Podemos estaría en el 2,9%. En el último sondeo de 40dB. para El País y la Cadena Ser se recoge una estimación de voto para Sumar del 5,9% y para Podemos del 3,3%,

Estos porcentajes están lejos de lo que consiguió Sumar con su 12,3% en las pasadas elecciones generales, lo que se materializó en 31 escaños (solo dos por debajo de Vox). La coalición tuvo especialmente fuerza en Balears (16,5%), Madrid (15,4%), Comunitat Valenciana (15,2%) y Asturias (14,85%). También tuvo tirón en Cataluña (14%), Navarra (12,8%) y Aragón (12,2%). En cambio, sus peores resultados se registraron en La Rioja (6,5%), Castilla y León (7%) y Castilla-La Mancha (7,3%).

La izquierda transformadora, en pleno movimiento sísmico. El espacio progresista vive unos días de total convulsión con la vista puesta en cómo articular fórmulas para tratar de frenar el avance robusto de la ola de la derechas. Y sobre la mesa se ponen vías que puedan llevar a maximizar las posibilidades en escaños frente a meras llamadas a la unidad y al combate en las urnas.

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, dejó en su acto del miércoles junto a Emilio Delgado (Más Madrid) una propuesta que consistiría en el acuerdo de varios puntos programáticos entre las diferentes fuerzas de izquierdas y con la idea de que ese espacio no compita entre sí. ¿Cómo? Estudiando provincia a provincia. La hoja de ruta podría pasar por presentar candidaturas unitarias en las circunscripciones donde se restan votos entre sí las fuerzas progresistas y conviviendo candidaturas separadas, pero complementarias, en otras donde sí hay viabilidad para sacar asientos en el Congreso, como Madrid y Barcelona. Siempre bajo la máxima de que ir con 14 partidos de manera individual no tiene ninguna lógica. 

“Ciencia, método y orden”, es el lema que Rufián lanzó el miércoles como una llamada a los partidos progresistas para sentarse a hablar, analizar cada provincia y decidir la fórmula con la que se pueda hacer frente a las derechas de la manera más efectiva. 

En las pasadas elecciones generales del 23J, la izquierda transformadora de carácter estatal sacó, bajo la fórmula de Sumar, en la que estaba integrada también Podemos, un total de 3.044.996 votos, lo que supuso un 12,33% del censo. Una oferta electoral muy competitiva que consiguió mantener el Gobierno de coalición y que miró de tú a tú a Vox (12,38%). Esas papeletas se tradujeron, además, en 31 escaños, muy cerca de los 33 que materializó la ultraderecha.

Y a esos escaños hay que sumar los que lograron las fuerzas de izquierdas soberanistas: Esquerra Republicana (7), EH Bildu (6) y el BNG (1). Compromís y Chunta fueron integrados en las listas de Sumar. Por lo tanto, el espacio progresista a la izquierda del PSOE tiene ahora mismo en la Carrera de San Jerónimo 45 parlamentarios. Unos datos superiores a los que obtendría hoy, a tenor de todos los sondeos, por el desgaste del Gobierno y la abstención en su electorado, pero, sobre todo, por la fragmentación que hay y por la división entre los partidos de Sumar y Podemos.

Sobre la mesa está también el papel de que vayan por separado esas izquierdas de carácter estatal y las de corte soberanista. Tanto ERC como EH Bildu y el BNG han rechazado integrarse en otras papeletas. Eso abre el debate sobre si compiten o pueden ser complementarias. Por ejemplo, en Cataluña, Sumar tuvo más apoyos que la propia Esquerra Republicana. Rufián no ha hablado de sustituir unas fuerzas por otras, sino de analizar provincia a provincia cuál sería la fórmula más concreta.

Rafael Ruiz, consultor y analista de datos en asuntos públicos en Logoslab, se adentra en lo que puede suponer para la izquierda articular fórmulas para maximizar resultados, sobre la base del último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Indica que, con el porcentaje de voto que arroja la encuesta para Sumar (7%) y Podemos (3,9%), el primero tendría 9 escaños mientras que el segundo se quedaría en cuatro; por lo tanto, tendrían 13 en total.

Señala que, en cambio, si se unieran las dos formaciones, pasarían del diez por ciento de voto, lo que supondría dar un salto cualitativo y llegar a los 23 asientos en el Parlamento (una cifra más baja que en el 23J pero muy superior a la que lograrían si van de manera separada).

Comenta que, por ejemplo, si van separados, en Andalucía (la comunidad que reparte más escaños), solo lograría uno Sumar por Sevilla, mientras que si se dan la mano, también podrían obtener ahora, con los datos del CIS, tres diputados más por Cádiz, Málaga y Córdoba.

La actual división, añade el consultor, hizo que en Aragón la izquierda se fuera de vacío, pero con la unión podrían conseguir uno por Zaragoza, como sucedió en el 23J (que fue a parar a Jorge Pueyo, de la Chunta Aragonesista). Si fueran juntos Podemos y Sumar, prosigue el analista, podrían conseguir también un parlamentario en Asturias y en Baleares, que ahora mismo están perdidos. Ese caso también se daría por la provincia de Las Palmas, en Canarias.

Esta unión, en cambio, no es tan necesaria en grandes circunscripciones, como Madrid y Barcelona, donde da igual para la izquierda estatal que vayan por separado Podemos y Sumar, según Ruiz. Otra cosa es en las otras provincias catalanas, metiendo la variante de ERC. Si los comunes dejaran espacio en las otras tres provincias (Lleida, Tarragona y Girona), ERC podría aspirar a un escaño más en cada una de ellas.

El analista de Logoslab se detiene también en Galicia, donde incide en que si Podemos y Sumar van por separado, se quedarán fuera del Congreso. En cambio, sí pueden lograr con la unidad escaño tanto en A Coruña como en Pontevedra. Y, metiendo la variable de la izquierda soberanista, señala que si ese espacio deja aire al BNG en Ourense, los de Ana Pontón podrían arañar allí otro asiento en la Cámara Baja.

Y es que entre las conclusiones que deja el analista, la operación de la unidad sirve especialmente a las provincias medianas, aquellas que reparten entre cinco y ocho escaños. Allí es donde el espacio transformador se juega ser competitivo frente las pequeñas y bipartidistas, donde dominan el PP y el PSOE (y donde una opción, señala, podría ser retirarse para dejar todo ese espacio a los socialistas en su competición con los populares por el tercer o el cuarto escaño).

Esas circunscripciones medianas donde la izquierda se podría jugar su futuro serían, entre otras, A Coruña, Pontevedra, Asturias, Bizkaia, Girona, Tarragona, Zaragoza, Navarra, Valladolid, Castellón, Las Palmas, Córdoba, Málaga, Granada, Las Palmas o Balears.

Según recuerda Ruiz, hay muchos factores que pueden determinar luego entrar o no en el reparto, pero tienen muchas más posibilidades si las izquierdas crean espacios de unidad atractivos para los votantes y, sobre todo, porque esa suma de porcentajes, aunque parezca pequeña, compensa luego mucho en escaños. Señala que en la batalla electoral hay que considerar otros factores, también dentro de la derecha, como un Vox luchando con un 20%, cuando antes estaba por encima solo del 12%. Y hay que tener en cuenta, además, que la unidad de candidaturas no significa siempre unión de voto, sino que puede haber transferencia a otros partidos.

Álvaro Sánchez, investigador del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, indica que hay que “desmentir un primer mantra, que muchas veces repite la izquierda, de que en política uno más uno son dos”: “No hay una matemática aritmética, ya que se tienen que asumir ciertos costes de electores que se marchan. Hay casos que lo evidencian como, por ejemplo, el pacto de los botellines entre Pablo Iglesias y Alberto Garzón en 2016, que luego disminuyó la propensión a votar entre los electores de Izquierda Unida”. “No todo suma, hay que entender ese contexto”, subraya.

Pero, pone el foco, entonces, en que la unidad de las izquierdas es eficiente precisamente en las provincias medianas, en aquellas que reparten entre cinco y ocho escaños. Ahí es donde dice que se pueden beneficiar las candidaturas unitarias, poniendo como ejemplos Valladolid y Zaragoza.

A la vez, señala que esa unidad, aunque no fuera tan eficiente como en las anteriores circunscripciones, también podría servir para las grandes, como Madrid y Barcelona, porque a partir del 12% se empieza a premiar mucho a los partidos en escaños, algo que han aprovechado normalmente las grandes formaciones como el PSOE y el Partido Popular. Calcula que ahí se podría sumar un escaño más para esas grandes listas de la izquierda transformadora, a pesar de que Rufián diga que puede haber listas complementarias.

En cambio, cree que en las circunscripciones más pequeñas, como Soria y Teruel, los partidos de las izquierdas no tienen incentivos para ir juntos porque hay nulas posibilidades de un escaño, por lo que suelen primar ir en candidaturas con sus siglas por los efectos prácticos que tienen para la financiación pública en base a los votos conseguidos.

ERC, EH Bildu y BNG han reclamado este martes la apertura de un proceso constituyente que reconozca explícitamente a Cataluña, País Vasco y Galicia como "naciones que conforman el Estado" y han invocado el ejercicio pleno del derecho de autodeterminación, según recoge EFE.

Así lo demandan en una declaración conjunta en la que explica los motivos de su ausencia en el acto organizado por el Congreso con la presencia de los reyes para conmemorar la Constitución de 1978, que se convierte en la más longeva de la historia de España tras superar a la de 1876.

Bajo el título 'Naciones con pleno derecho a decidir', estos grupos parlamentarios señalan que la Constitución de 1978 no nació de un proceso verdaderamente democrático ni implicó una ruptura real con el régimen franquista.

Según denuncian, fue el resultado de un pacto condicionado por los límites impuestos por las estructuras de poder de la dictadura, que consolidó la negación de Galicia, Cataluña y País Vasco como naciones y su derecho a decidir e impuso un modelo social injusto para las mayorías sociales y trabajadores.

"Todo ello atado y bien atado mediante una monarquía impuesta por Franco y unos poderes estatales establecidos como garantes de esta negación de derechos y libertades. De aquellos polvos estos lodos", afirman.

Inciden en que la Carta Magna, lejos de resolver la cuestión nacional y reconocer el derecho democrático de cada pueblo a decidir libremente su futuro, asentó un modelo centralista que limita el autogobierno de los pueblos y subordina su voluntad a una concepción del Estado uniforme e indivisible.

En su opinión, la experiencia de estas décadas evidencia que la llamada 'longevidad constitucional' no implicó la superación del déficit democrático de origen.

Argumentan que la negativa sistemática a habilitar vías democráticas para que gallegos, catalanes y vascos puedan pronunciarse sobre su estatus político demuestra que el actual marco es insuficiente para dar respuesta a sus aspiraciones nacionales y sociales.

Las tres fuerzas soberanistas de izquierda insisten en que el reconocimiento de la plurinacionalidad no puede ser retórico ni subordinado, sino político y efectivo.

"Nuestra coherencia política nos sitúa del lado de la ampliación de derechos, de la libertad de los pueblos y de la construcción de un nuevo horizonte político y social", aseveran.

Lamentan que la Constitución siga negando este horizonte y abogan por abrir un proceso constituyente que reconozca explícitamente a sus naciones, garantice el derecho de autodeterminación, permita ejercer la soberanía y posibilite construir, desde el respeto y la igualdad, relaciones basadas en la libre voluntad de los pueblos.

"Democracia es decidir. Las naciones son sujetos políticos. El futuro pertenece a los pueblos", concluyen.

Las personas son respetables, las ideas no. Las ideas están para ser discutidas, matizadas, enmendadas o pisoteadas. Sólo así consiguen evolucionar y mejorar, sólo así consiguen su cometido, que es mover el mundo. Contra lo que suele creerse, estoy convencida de que el mundo no lo mueven el dinero o el poder, sino ideas que empujan en una u otra dirección, incluyendo, por supuesto, aquellas que únicamente tienen como objetivo el dinero o el poder. 

Así las cosas, creo que nuestra conversación pública mejoraría notablemente si, en lugar de criticar a personas, criticáramos las ideas que propugnan. De esa forma, el debate giraría del ‘González sí/González no’, a por qué es un error, en clave democrática, plantear que pactar con Bildu es peor que hacerlo con Vox. Básicamente, porque Bildu, con todas sus contradicciones, ha sido una herramienta fundamental para acabar con la violencia y la barbarie en Euskadi, con liderazgos como el de Oskar Matute, que nada tuvo que ver con ETA, salvo que alguna vez estuvo amenazado por los asesinos. Vox, por el contrario, es una de las organizaciones que lleva como bandera el cuestionamiento de la democracia y de los valores de convivencia democráticos. No me preocupa tanto que González sea denostado o querido, allá cada cual con sus filias y sus fobias, sino que pueda calar esa idea de preferir acordar con Vox, por lo que tiene de antidemocrática.

De la misma forma, no creo que sea trascendente generar un debate sobre la simpatía que cada cual tuviera a Javier Lambán, presidente socialista del Gobierno de Aragón fallecido el pasado verano. Lo relevante, creo, es analizar por qué buena parte de la política que el presidente Lambán llevó a cabo, azuzando el anticatalanismo y el agravio entre vecinos, o desarrollando infraestructuras de renovables y centros de datos de espaldas al territorio (sí, empezó con Lambán, aunque ahora el presidente Azcón se adjudique estas inversiones), sembró el terreno para que el Partido Popular ganara las elecciones en Aragón. Pero no las del pasado domingo, como se ha querido hacer ver, sino las del año 2023. Entonces, Azcón quedó ungido como heredero natural de Lambán y sus políticas. En ese momento Aragón ya estaba derechizado y sometido a renovadas prácticas de extracción y vaciamiento. El debate social al respecto había sido laminado. Si se analiza esto, se podrá aprender de lo hecho y no repetir errores.

Algo parecido puede pasar con los movimientos que empiezan a aparecer en la izquierda. La charla entre Emilio Delgado y Rufián ha agotado sus entradas en cuatro minutos; el evento organizado por Izquierda Unida, Movimiento Sumar, Comuns y Más Madrid el próximo sábado está acaparando todas las miradas. ¿Será esa parte de la izquierda capaz de resetearse de nuevo y ofrecer un proyecto ilusionante? Es conocido que en las alianzas electorales 2 y 2 no son 4, que siempre hay alguna pérdida de voto por los vetos cruzados, y que la única forma de superar eso es ofreciendo un proyecto que levante una ola de ilusión. Una ilusión que no puede izarse tan sólo sobre una cara que movilice. Cuando las democracias occidentales atraviesan, como ahora, una crisis de sentido, no vale quedarse en un lema, en una figura y una campaña de redes. El electorado, y más el de la izquierda, necesita ideas potentes que le lleven a pensar y sentir que pueden dar respuestas a sus malestares y descontentos. Para dar “Un paso al frente” es necesario poner sobre la mesa un proyecto político que dé respuesta a los retos del momento. Que conjugue el papel del territorio y lo cercano con los retos globales, que no esquive debates incómodos como el de la seguridad o la defensa, que plantee propuestas viables sin mentir al electorado, porque todos sabemos que el problema de la vivienda no se soluciona en seis meses, que los servicios públicos necesitan mucha mayor y mejor inversión para cumplir sus cometidos de lo que se está haciendo hasta la fecha y que el fenómeno migratorio hay que gestionarlo bien para que sea un fuente de riqueza en todos los sentidos y no genere rechazo.

Quizá una buena manera sería empezar por decidir cómo quiere llamarse esa parte de la izquierda. ¿Alternativa, transformadora, confederal…? Porque situarse como “la izquierda a la izquierda del PSOE” no define ningún proyecto y te sitúa como subalterna al propio PSOE.

Vivimos tiempos de profundos cambios. Quien consiga entenderlos mejor y darles respuestas se llevará el gato al agua. Es, por tanto, tiempo de ideas (si es que alguna vez no lo fue).

La noche del domingo Chunta emergió con fuerza dentro de las izquierdas. Fue la gran ganadora de ese espacio en mitad del duro panorama del ascenso de la ultraderecha. Jorge Pueyo lideró una candidatura, que dobló su número de escaños, hasta los seis, en las Cortes de Aragón respecto a 2023. En dos años y medio lograba llevarse a la mochila más de 30.000 votos nuevos, llegando hasta casi el 10% de respaldo.

CHA se impuso dentro de la dura lucha entre las izquierdas, que fueron al 8F divididas con candidaturas de IU-Movimiento Sumar, que mantuvo su único escaño, y de Podemos, que se ha quedado fuera del Parlamento autonómico por primera vez desde las elecciones de 2015. El partido regionalista progresista, de esta forma, ha funcionado mejor con un discurso basado en la defensa de los servicios públicos y el acceso a la vivienda, pero con un marcado carácter territorial y llevando la contraria al Gobierno de coalición, al que apoya desde Sumar, en algunos aspectos como el nuevo sistema de financiación autonómico planteado por el Ministerio de Hacienda.

Chunta se une de esta manera a la tendencia que se evidencia en otras comunidades donde la izquierda confederal goza de buena salud y es mucho más competitiva que los partidos del espacio que funcionan como un paraguas nacional. Un club al que pertenecen, por ejemplo, BNG, Compromís, ERC y EH Bildu, marcas muy consolidadas.

Cada una de estas formaciones responde a diferentes sensibilidades territoriales, ya que algunas como BNG, ERC y EH Bildu tienen su ámbito de actuación en las consideradas comunidades históricas (Galicia, Cataluña y Euskadi), pero también estos partidos tienen buena salud en Aragón y la Comunitat Valenciana. Y, además, hay de nuevo cuño que buscan ese espacio, como es el caso de Más Madrid, de corte progresista y regionalista.

Su competitividad se ve, por ejemplo, en que son, en algunos parlamentos autonómicos, la segunda fuerza en número de escaños: el BNG en Galicia, EH Bildu en Euskadi y Más Madrid en la Asamblea madrileña. Todos ellos como primera opción progresista en esos territorios. Asimismo, Compromís está subiendo ahora en todas las encuestas después del desastre de la dana.

Esta izquierda no se queda sólo en sus territorios, sino que también tiene representación en las Cortes Generales (seis diputados de EH Bildu, dos diputados de Compromís y uno del BNG), que dan sustento a la mayoría de investidura de Pedro Sánchez, lo que les da una importante cuota de voz extramuros.

Y esa izquierda confederal, por su pujanza frente a la de ámbito nacional en las encuestas, también está ahora en el centro del debate por el papel que puede jugar en el ciclo electoral ante el avance de la extrema derecha. Gabriel Rufián (Esquerra Republicana) y Emilio Delgado (Más Madrid) protagonizan el miércoles que viene una charla, a título personal, para buscar fórmulas de colaboración para frenar a las derechas.

Por el momento, las direcciones de Esquerra, de EH Bildu y del Bloque han rechazado ir en una lista unitaria y sostienen que quieren medirse en las urnas bajo sus siglas y dentro de las circunscripciones que conforman sus territorios. Más Madrid, en cambio, está trabajando en una alianza de izquierdas junto a Izquierda Unida, Movimiento Sumar y los Comunes, que se presentará en un acto el próximo día 21 en el Círculo de Bellas Artes, en Madrid.

En el sur, lleva años armando un proyecto de izquierdas con carácter regionalista Adelante Andalucía, la formación de Teresa Rodríguez. El partido ha decidido presentarse en solitario para las elecciones de junio, en las que concurrirán previsiblemente por separado Por Andalucía (IU y Sumar) y Podemos. Adelante Andalucía cuenta ahora mismo con dos diputados en el Hospital de las Cinco Llagas, pero se ve con fuerza para superar el resultado a través de la candidatura de José Ignacio García, que se ha convertido en uno de los oradores más conocidos en la autonomía.

La politóloga Cristina Monge, en su análisis para infoLibre sobre las elecciones de Aragón, centraba así la cuestión de estas izquierdas confederales: “El otro ganador es el territorio, probablemente como espacio de resistencia frente a lo lejano y en defensa de lo propio frente a una campaña protagonizada por refriegas referentes a temas de ámbito nacional, con la propuesta de financiación como telón de fondo”.

Con esa idea al hilo: “El aragonesismo en su conjunto queda muy lejos del 20% de representación que obtenía históricamente, pero CHA ha doblado su representación, terminando así una larga travesía en el desierto que empezó en 2007. ¿Es la defensa del territorio una trinchera frente a las tendencias globales? Se podrá objetar que Existe –cuyo corazón late en Teruel– ha perdido 10.000 votos, y es cierto. Será interesante conocer las encuestas postelectorales para saber hasta qué punto su ansiada transversalidad les ha podido pasar factura”.

Para el politólogo Ernesto Pascual, experto en partidos y sistemas electorales, no hay que hablar simplemente de fragmentación de las izquierdas, “sino más bien de una reordenación del espacio progresista a través de actores con anclaje territorial que tienen identidad, redes, agenda local y liderazgos estables”.

Por eso, se detiene en el último ejemplo de Chunta Aragonesista: “Hay un trabajo desde hace muchísimo tiempo, además de un liderazgo fuerte y contacto con los ciudadanos”. Y, frente a eso, sostiene que hay “fatiga” entre los electores progresistas por los “conflictos internos” que se dan en los partidos a nivel nacional y el continuo “rebranding”.

“A Chunta se le ha visto como una referencia real de izquierda alternativa. Lo ha votado mucha gente de izquierdas que antes estaba en otros partidos, mientras vemos cómo Podemos va desapareciendo de los parlamentos autonómicos. Esto les debería llevar a una reflexión interna”, explica en este sentido Pascual.

Además, cree que a este tipo de partidos de izquierda territorial les está beneficiando “la utilidad percibida” por muchos votantes, también a través de sus diputados en Madrid: “Tienen muchas competencias para condicionar leyes y presupuestos”. “Es decir, no se trata solo de la identidad, sino también de un cálculo de dónde pesa más el voto”, apostilla.

A la vez, prosigue Pascual, esas formaciones tienen un discurso sobre “los servicios públicos y la cohesión territorial”, hablando de temas como una carretera o el empleo local en pequeños municipios o de la vivienda en grandes capitales como Zaragoza. Es una mezcla de asuntos que les funciona: de la lengua y el autogobierno a las infraestructuras. 

Pascual incide en esta clave: “Hablan de lo cotidiano, desde el territorio, conocen lo que necesita la gente y apuestan por la vertebración territorial. Esto ha hecho que se coman a las confluencias”.

Con otro componente de gran importancia: “Vende no tener dependencia de Madrid. La gente fuera de la M30 está harta de la política agresiva. Hay una desconexión muy bestia de los ciudadanos que viven en otros lugares. Lo que pasa en Madrid no sirve para toda España. Incluso se da el efecto rebote. La gente también quiere que le hablen de sus cosas y le interesa que al final funcione una farola en su barrio y que la calle esté limpia”.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este lunes al Gobierno de "inhibirse de sus responsabilidades" en la catástrofe de la dana y ha vuelto a defender que el Ejecutivo central debió declarar el nivel 3 porque "fue una emergencia nacional de libro", según informa EFE. 

En su comparecencia ante la comisión del Congreso que investiga la gestión de la dana, que dejó más de 200 muertos, ha instado a los diputados a preguntar a "otro líder político", en referencia al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y no a él, que no tiene esas funciones de declarar una emergencia. 

A su entrada a la comisión ha dicho que, al igual que hizo ante la jueza de la dana, cuando compareció el pasado 9 de enero de manera telemática, este lunes contestará a todos los grupos parlamentarios.

La diputada Águeda Micó de Compromis, la primera que le ha interrogado, le ha preguntado en tono duro si él tenía autoridad sobre las decisiones que tomaba el entonces presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, durante la tragedia, a lo que el líder del PP ha respondido que "evidentemente, no".

Feijóo ha dicho que le preguntó a Mazón por mensaje qué ocurría, si necesitaba algo, pero no dónde estaba. De hecho, fue el primer político que se puso en contacto con él, ha añadido. "Ninguna de las administraciones públicas estuvieron al nivel exigible -ha proseguido-. Lo he dicho y lo reitero, cada uno con sus responsabilidades".

Ha criticado la falta de información adecuada y puntual por parte de organismos relacionados con las previsiones meteorológicas como la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y la Confederación Hidrográfica del Júcar, dadas las intensas lluvias y caudales, y por parte del Gobierno. Y ha negado, ante las acusaciones de Javier Sánchez, de Podemos, sobre sus declaraciones sobre la tragedia, que él mintiera. "No pude mentir, entre otras razones porque he dado voluntariamente mis mensajes, tanto los que recibí del señor Mazón como los que yo le remití", ha apostillado.

El diputado de Podemos ha reprochado a Feijóo que mostrara "más interés por el relato para despejar las responsabilidades del PP de Valencia que para garantizar la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas".

El líder de los populares ha defendido en todo momento su papel y se ha preguntado en tono irónico si es culpable por haberse interesado con lo que estaba ocurriendo en Valencia, Andalucía y Castilla-La Mancha, y por ponerse en contacto a partir de las 19:59 horas con los responsables de esas autonomías.

Ante la insistencia de la diputada del PNV Idoia Sagastizabal, Feijóo ha vuelto a lanzar una pregunta: ¿Ustedes creen que el líder de la oposición tiene que tener conocimiento del funcionamiento de todos los sistemas de emergencia de todas las comunidades autónomas?".

El líder del PP ha comparado la respuesta del expresidente de la Generalitat valenciana Carlos Mazón tras la dana, con el cese "inmediato" de dos consejeras, y la gestión del ministro de Transportes, Óscar Puente, en el accidente ferroviario de Adamuz, quien debería, ha dicho, haber dejado ya su cargo. 

En su comparecencia ante la comisión del Congreso que investiga la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 que dejó 230 muertos sólo en la provincia de Valencia, Feijóo ha contestado a los diputados que le gustaría que de la misma forma que le preguntan por las responsabilidades políticas de Mazón ante la dana, exigieran también al Ejecutivo el cese del ministro Puente. 

Feijóo ha defendido que tras la dana, Mazón cesó a dos conselleras, entre ellas la responsable de las emergencias en la Comunitat Valenciana, y posteriormente dimitió y ha espetado que Puente tendría que haber dimitido "hace tiempo". 

En esa línea, el líder del PP ha ironizado con que los socios del Gobierno creen que Puente "lo ha hecho muy bien" en la gestión del accidente. "Me sorprende mucho que no se pida el cese del ministro de Transportes, por mantener el mismo criterio y proporcionalidad", ha añadido.

Feijóo también ha contestado con alusiones a "los 800 muertos de ETA" y al historial de Arnaldo Otegi a las preguntas que le ha formulado el diputado de Bildu Oskar Matute en la comisión de investigación de la dana en el Congreso, lo que ha llevado a la presidenta a llamarle al orden. "No tengo por qué callarme cuando le oigo hablar de cuerpos sin vida, de delitos y de víctimas. ¿Cómo es posible?", le ha dicho Feijóo a Matute.

"¿Me pregunta si amparo a un presidente de una comunidad autónoma la misma persona que ampara a (Arnaldo) Otegi? Se me ponen los pelos como escarpias", ha expresado el dirigente popular. Feijóo ha indicado que escuchar a Oskar Matute hablar "de mentiras y de dimisiones" le parecía "un insulto" y ha aludido a "los 800 muertos de ETA".

"¿Usted tiene alguna información para esclarecer los asesinatos de ETA pendientes?", le ha preguntado a Matute, que le ha contestado que él no tiene ningún antecedente penal. "¿Y su partido? ¿Y su líder?", ha dicho Feijóo, que ha añadido que el diputado de Bildu "sigue las consignas políticas de Otegi" y de "la organización terrorista que respaldan".

El duro enfrentamiento entre Feijóo -que ha dicho que cuando sea presidente del Gobierno no va "a blanquear a Bildu"- y Matute ha llevado a la presidenta de la comisión, Carmen Martínez, a pedirle repetidas veces que se ciñese al contenido de la comparecencia y finalmente a llamarle al orden.

La ministra de Ciencia y líder de los socialistas valencianos, Diana Morant, ha reprochado este lunes al presidente del PP, Alberto Núñez Feijoo, que mintiera para darle "una coartada" al expresident Carlos Mazón en relación con su "negligente" gestión de la dana y que siga haciéndolo.

Diana Morant ha participado en el programa Mañaneros 360 de TVE coincidiendo con la comparecencia de Alberto Núñez Feijoo en la Comisión de Investigación en el Congreso sobre la dana de Valencia. Durante la entrevista ha señalado que Feijóo estaba compadeciendo "por una mentira" ya que aseguró "que estuvo puntualmente informado por el señor Mazón, y con eso lo que quería era darle una coartada a su gestión y a la gestión negligente del PP”, ha dicho Morant.

“El PP, Feijoo y Mazón estaban todos en El Ventorro y hasta que no salió Mazón de El Ventorro hubo un apagón informativo, y ni Feijoo estaba enterando ni la ciudadanía estaba enterada, porque el máximo responsable estaba en El Ventorro”, ha recordado Morant.

Ademas, ha añadido que “hoy ha admitido que le escribió por primera vez en torno a las 20.00 horas de la tarde porque la información le llegaba solo a través de los medios de comunicación”.

A juicio de Morant, Feijoo apoyó y sigue apoyando a Mazón, que continúa como parlamentario valenciano, “porque su objetivo era ganar el relato, ese fue el consejo que le dio a Mazón aquel 29 de octubre, que liderara la comunicación, y para el PP y Feijoo liderar la comunicación significaba mentir a los valencianos y a toda España”.

Feijoo tenía autoridad para haber obligado a dimitir a Mazón, y, como mínimo, podía haberle exigido el acta, como el PSOE ha hecho con Ábalos, ha señalado Morant, que ha argumentado también que la decisión sobre situar a Juanma Pérez Llorca, el actual president, en el lugar de Mazón, la tomaron Feijoo y el líder de Vox, Santiago Abascal.

“Lo ha mantenido porque ha querido”, ha señalado, además calificar a Feijoo como “el mentiroso de Catarrocha” y pedir elecciones en la Comunitat Valenciana.

Ni un sudoku ni un puzle. Las metáforas se quedan cortas para definir la aritmética parlamentaria en el Congreso. Desde la propia noche del 23J, el campo de juego de las Cortes se fragmentó en muchas capas tectónicas. Unas se mueven, otras se solidifican, algunas zarandean. Y la legislatura, siempre en estado de ebullición… o de congelación.

En mitad del ruido y de la enorme crispación por la crisis ferroviaria por los accidentes de Adamuz y de Gelida (Barcelona), se están percibiendo algunos movimientos que hacen que el Gobierno, siempre apelando muchísimo a la prudencia, detecte que hay todavía mimbres para seguir adelante y para tirarse a la piscina de los presupuestos generales del Estado.

Hay dos factores siempre desestabilizadores para el Ejecutivo: Podemos y Junts. Y encajarlos para la ecuación siempre es complicadísimo. Pero ahora mismo se dan unos movimientos que hacen confiar al Gobierno que se puede engrasar la maquinaria: la aprobación de la regularización extraordinaria de extranjeros ha sido un tanto a favor de Podemos, que, como efecto rebote, puede llevar a que los morados puedan terminar apoyando a futuro la delegación de competencias de migración a la Generalitat, un acuerdo entre el PSOE y Carles Puigdemont que duerme ahora en un cajón. Efecto mariposa.

La regularización de migrantes se ha convertido en un gran éxito político para Podemos, después de que el PSOE llevara meses paralizando la tramitación de la iniciativa legislativa popular que pedía ese decreto. Finalmente, el Ejecutivo se ha lanzado a acordar esta medida, sin que ni siquiera tenga que pasar por el Parlamento. Y, además, La Moncloa ha decidido darle todo el protagonismo a los de Ione Belarre y dejarles que capitalicen este plan frente a otros socios que habían empujado en la misma dirección.

En Podemos niegan que eso signifique que ahora vayan a volver al bloque de investidura con un cheque en blanco y siempre apelan a que ellos negocian políticas valientes frente al inmovilismo que domina, a su juicio, la coalición entre el PSOE y Sumar. Lo que sí supone es allanar el camino para negociar de nuevo la delegación de competencias a la Generalitat en materia de migración. Los morados insisten en que están dispuestos a hablar sobre el texto, pero también advierten de que no pasarán por el aro de una proposición con tintes xenófobos como, en su opinión, tenía la anterior. Además, recalcan en la formación que ellos no están en contra de lo que es la transferencia en sí misma.

Ahora esa proposición de ley podría reactivarse porque los posconvergentes están dispuestos en estos momentos a volver a retocar el preámbulo y aspectos del texto que en su día tumbó la Cámara Baja. De momento, no ha habido contactos entre las dos formaciones. Los soberanistas también apelan a un cambio de tono de Podemos, ya que en las anteriores reuniones, según los independentistas, los morados se dedicaron a llamarles "racistas".

Con Junts, las negociaciones están rotas. Pero el bloqueo no es total de la legislatura. De hecho, esa ambivalencia se vio este martes cuando los de Carles Puigdemont tumbaron, de la mano del Partido Popular y de Vox, el decreto con el escudo social, mientras que sí dieron su voto a favor del decreto de ayudas al transportes (a pesar de las duras palabras contra el ministro Óscar Puente por Rodalies).

La situación de Rodalies ha unido a ERC y a Junts a pedir la dimisión de Puente, aunque no amenaza, por ejemplo, con que pueda caer el apoyo general de los republicanos a las iniciativas del Ejecutivo. En este contexto de crisis en Cataluña, lo que más preocupa a varias fuentes del Gobierno es la fricción que se ha producido entre los socialistas catalanes y el Ministerio de Transportes, que, por el momento, ya ha supuesto el cese de dos cargos medios.

Ahora mismo el Gobierno se enfrenta, además, a la situación de resolver el ‘no’ del Congreso al decreto del escudo social, que conllevaba la subida de las pensiones (un 2,7% de manera general). El Ejecutivo no ha especificado cómo lo va a hacer, pero espera presentar de nuevo otro texto en el que haya también otras medidas sociales y que salga en segunda vuelta como sucedió el año anterior. “Habrá una solución”, indica un ministro del núcleo duro del Gobierno, que también insiste en que durante estas horas hay que señalar al PP por rechazar esas medidas sociales.

Dentro de este complejo escenario, Podemos también marca perfil con esa regularización de migrantes en un momento de fragmentación de las izquierdas, que van en hasta tres listas en Aragón para el 8F (IU-Sumar, Podemos-AV y Chunta Aragonesista). Y, además, tampoco se ha logrado un acuerdo para que haya una papeleta única en los comicios de Castilla y León para el 15 de marzo.

A pesar de las grandes dificultades, el Ejecutivo sigue mandando la señal de que va a cumplir la promesa de presentar los presupuestos generales. La idea es que sea la propia María Jesús Montero quien los lleve al Consejo de Ministros antes de que deje el Gobierno para presentarse a las elecciones en Andalucía, que tienen que celebrarse el próximo mes de junio. Hay formaciones que dicen que están dispuestas a pactar esas cuentas como ERC, BNG y EH Bildu.

Fuentes del Gobierno insisten en que la regularización es un “muy buen paso” también políticamente porque puede ayudar a recomponer las mayorías de cara los presupuestos y que, también, puede servir para que salga la delegación de competencias y Junts pueda apoyar también el nuevo sistema de financiación autonómica, que no cuenta ahora mismo con los votos suficientes. Otro movimiento en cadena. La legislatura sigue.

El Servicio Vasco de Salud-Osakidetza ha administrado vacunas caducadas "recientemente" a 253 personas, la mayoría bebés, lo que, según ha explicado, "no conlleva ningún tipo de afección en la salud ni efecto adverso". El caso ha sido denunciado este martes por EH Bildu, que ha registrado una iniciativa parlamentaria dirigida al consejero de Salud, Alberto Martínez, en la que informaba de que se habían administrado vacunas caducadas a "decenas de niños".

Tras conocerse la denuncia, Osakidetza ha confirmado en un comunicado los hechos y ha explicado que se trata de dosis de la vacuna hexavalente (difteria, tétanos, tosferina, poliomelitis, hepatitis B y Haemophilus influenzae tipo B) "pertenecientes a un lote cuya fecha de caducidad había expirado recientemente".

El Servicio Vasco de Salud ha detallado que estas dosis se han administrado a 253 personas, la mayoría bebés, en 12 OSIs (organizaciones sanitarias integradas), de las 13 que hay en Euskadi, es decir, en casi todo el territorio. "Todos y cada uno de los casos están perfectamente identificados y se está contactando con las familias para informarles de manera directa y ofrecer las indicaciones necesarias", ha afirmado Salud.

Osakidetza ha consultado el caso con distintas autoridades, como la Agencia Española el Medicamento y Productos Sanitarios (Aemps) y el Consejo Asesor de Vacunas de Euskadi (CAVE), además de con el fabricante del lote caducado.

El lehendakari, Imanol Pradales, ha remarcado este martes que no hay "ningún tipo de riesgo" para la salud. Lo ha expresado en rueda de prensa este martes tras su encuentro en Madrid con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha asegurado que el gobierno vasco tiene "monitorizados y controlados" estos casos.

Pradales ha destacado que el caso lo dio a conocer el propio Gobierno vasco y que el Consejo Asesor de Vacunaciones de Euskadi ha puesto sobre la mesa una posible revacunación para la que, en caso de producirse, "se están poniendo todos los medios".

No obstante, ha señalado que la Agencia Española del Medicamento ha trasladado al Ejecutivo vasco que "quizá no fuera necesario" revacunar y que no hay "ningún riesgo para la salud". "En todo caso, se está trabajando con el departamento de Salud -vasco- en ese sentido", ha defendido el lehendakari.

Tras estudiar la situación, Salud recomienda que los afectados se administren una nueva dosis de la vacuna hexavalente para asegurar la máxima protección, para lo que los centros sanitarios han comenzado a contactar este martes con las familias para ofrecerles una nueva cita. "Desde Salud Pública se quiere transmitir un mensaje de tranquilidad, dado que, según los expertos, no se prevén efectos adversos por la administración de estas dosis. Todos los casos están controlados, y se están siguiendo las recomendaciones de los organismos expertos de salud pública", ha añadido Osakidetza.

EH Bildu, que ha destapado el caso, ha exigido en su iniciativa parlamentaria explicaciones al consejero de Salud, Alberto Martínez. La formación abertzale ha señalado, en la exposición de motivos de su iniciativa parlamentaria, que en algunos casos se han llegado a administrar una segunda dosis también caducada, al tiempo que asegura que Osakidetza "no ha realizado un seguimiento de la trazabilidad de la caducidad de las vacunas" y "no ha cumplido los procedimientos y protocolos establecidos".

La parlamentaria Rebeka Ubera, firmante de la iniciativa, ha sostenido que, al recibir vacunas caducadas, los menores afectados "se encuentran desprotegidos frente a esas seis enfermedades, que pueden llegar a ser graves". Ubera ha afirmado en el texto que "no se ha tratado de un error aislado", sino que ha existido un "grave problema de organización y funcionamiento dentro de Osakidetza".

Además, ha preguntado al consejero de Salud por el número de niños afectados y por si las familias han sido alertadas por Osakidetza de esta situación, entre otras cuestiones.

En Sumar están dispuestos a dar la batalla hasta el final. No van a apoyar la rebaja fiscal a los caseros lanzada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Aunque ahora las dos partes del Ejecutivo estén en un callejón sin salida, en el espacio de Yolanda Díaz sostienen que los socialistas tendrán que modificar su plan inicial por la presión interna en el Ejecutivo, de la mayoría de socios en el Parlamento y de los sindicatos de inquilinos.

Desde el pasado lunes se mantiene un pulso entre las dos partes del Gobierno. Sánchez anunció, sin haberlo negociado con Sumar, un paquete de medidas sobre vivienda que incluye una bonificación del 100% del IRPF a los propietarios que renueven los contratos sin subir el precio a sus inquilinos, de forma que se les compensaría lo que ganarían si lo incrementaran.

El desacuerdo es total en este punto entre las dos partes del Gobierno. Y en Sumar reiteran que si el decreto que lleve el ala socialista al Consejo de Ministros mantiene esta propuesta, ellos votarán posteriormente que ‘no’ en el Congreso. Esto supondría dejar la aprobación de estas medidas en manos del Partido Popular, que no da ni un centímetro de respiro a Sánchez, y además abrir una brecha muy importante dentro del Ejecutivo y con los socios progresistas en una materia de enorme sensibilidad para los votantes de la coalición.

A pesar de la incomodidad de Sumar, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, sigue defendiendo su iniciativa y considerando que la prórroga automática de los contratos en vigor, como reclama Sumar, genera dudas jurídicas, tiene incidencias en la disponibilidad de viviendas que se pueden movilizar y supone una iniciativa de carácter coyuntural al afectar a los contratos que vencen en 2026. Fuentes de su departamento señalan que están negociando de forma discreta con los grupos sobre esas exenciones fiscales, pero no contemplan la prórroga planteada por Sumar.

Fuentes consultadas del ala de Sumar rechazan los argumentos de Rodríguez e ironizan: “También decían hace tiempo que una amnistía era inconstitucional…”. En la parte del Ejecutivo que lidera Díaz sostienen que la prórroga de contratos no se trata de una figura jurídica nueva, dado que el Gobierno ya ha utilizado hasta en ocho ocasiones recientes las prórrogas extraordinarias de contratos de alquiler como mecanismo de estabilidad residencial sin que el Tribunal Constitucional se haya pronunciado en contra.

El socio minoritario defiende que la arquitectura de la ley de arrendamientos urbanos incluye prórrogas extraordinarias en determinados supuestos y ámbitos, configuradas como instrumentos excepcionales, temporales y con salvaguardas, lo que refuerza la coherencia del enfoque y su encaje en el sistema. Para Sumar, no se trata de una medida expropiatoria y se conecta con el artículo 47 de la Constitución.

Asimismo, Sumar pone sobre la mesa argumentos jurídicos que hacen posible su propuesta, como la competencia exclusiva del Estado sobre legislación civil, invocada en el artículo 149 de la Constitución, que incluye la determinación de elementos esenciales del arrendamiento urbano, como la duración y las prórrogas legales.

Rechazan argumentos políticos esgrimidos por el ala socialista como que lo defendido por Sumar no tendría el apoyo de los socios, pensando en partidos como el PNV y Junts: “¿Y la suya? No les dan los números para sacarla en el Congreso”. Por eso, también creen que el PSOE tendrá que acabar modificando la propuesta base al constatar que se van a encontrar con una derrota parlamentaria, después del rechazo que han mostrado formaciones como Podemos, ERC y EH Bildu. Todo ello, sostienen fuentes de Sumar, con la presión añadida de los sindicatos de inquilinos, que ya han rechazado esas bonificaciones fiscales.

El decreto de vivienda no tiene fecha todavía para pasar por el Consejo de Ministros. Y las alas de Sumar y socialista dentro del Gobierno van a negociar durante estos días a nivel de gabinetes, según señalan fuentes conocedoras. En el espacio de Sumar molestó mucho el anuncio el lunes, cuando ese mismo día tenían previsto contactar las dos partes para seguir negociando medidas sobre vivienda.

Además, fuentes de Sumar advierten de que no van a tragar si el PSOE pretende que Sumar facilite en el Congreso el decreto para salvaguardar algunas iniciativas en las que sí están de acuerdo, como la regulación estricta contra el fraude de los alquileres de temporada y las destinadas a frenar los abusos en el alquiler por habitaciones. La decisión es firme: si continúa la bonificación del 100% del IRPF a los caseros, el voto será de rechazo.

En Sumar también insisten en el argumento político de que el Gobierno de coalición progresista debe tomar medidas valientes y de intervención de la vivienda que los ciudadanos noten en su día a día. Especialmente en un momento en el que la ultraderecha no deja de subir en las encuestas y que, además, está utilizando esta cuestión para ir contra el Ejecutivo.

A pesar de mantener su propuesta, la ministra Rodríguez ha dicho que no quiere entrar en provocaciones y ha lanzado este mensaje a los ministros del socio minoritario: “Siempre vamos a sumar y a buscar acuerdos con quienes defienden el derecho a una vivienda digna por encima de todo. Y siempre confrontaremos con quienes alientan la especulación”.

Díaz, en cambio, evidenció su malestar durante una entrevista el miércoles en TVE, donde indicó: "En verano presentamos un real decreto sobre esta materia y desde ese día estábamos negociando. Nos avisaron cinco minutos antes de salir de manera unilateral Sánchez a anunciar esto". No obstante, se mostró confiada en que los socios pueden llegar a un acuerdo “por el bien del país y para no abrir la puerta de Moncloa a Vox”.

Los cinco miembros de Sumar en el Gobierno firmaron de forma conjunta un texto publicado en El País contra los “regalos fiscales” y lamentando que el PSOE se equivoca “profundamente” en la solución planteada: "Es por la vivienda por donde se rompe mucho de lo que cosemos con otros avances, el Estado tiene que avanzar y hacerlo con decisión".

Y todo ello con la presión de los socios progresistas sobre el PSOE y con el aviso de que están en contra de ese tipo de bonificaciones fiscales. El análisis de Gabriel Rufián (ERC) pasa por este punto: "¿Qué puede llegar a pensar un trabajador sin casa de que alguien pague un total de cero impuestos por tener casas? Pues que este Gobierno le ha fallado y que, a la próxima, en lugar de votar esperanza, votará odio. O se legisla para que con la vivienda no se especule o la izquierda se va al carajo para lustros”.

“Es una tomadura de pelo que pretendan librar de pagar impuestos a quienes ya cobran alquileres desorbitados”, lamentó Oskar Matute (EH Bildu) tras conocerse el anuncio de Sánchez, mientras que la eurodiputada de Podemos Irene Montero y la líder morada, Ione Belarra, dijeron que esa medida es para que “ardan las calles”.

La izquierda nacional se enrola en varios partidos, PSOE, Sumar o Podemos. El PSOE perdió parte de su identidad al ponerse de acuerdo Felipe para hacer una transición tranquila ante los peligros de unas Fuerzas Armadas fascistoides como cualquier institución del país. Yo diría que ese partido se puede definir como la “derecha simpática” que trata de adaptarse a su ideología en un campo de minas. Sumar y Podemos son la izquierda real de cualquier país democrático en toda su extensión, con la diferencia de que en Podemos se aloja quizá la parte más radical y en algunos casos, reaccionaria o revanchista, ante un país que ya hemos definido antes. Y en este país el radicalismo de izquierda lo tiene muy difícil por la presión de lo que comento después. Existe otro espacio para nacionalistas como BNG, Bildu o ERC, para los que puede valer el comentario anterior, además de ese nacionalismo enfrentado al españolismo fascista heredado.

La derecha se aloja en el PP y Vox con Junts de refilón, aquí sí existe una definición errónea porque son dos en uno y porque están alejados de una derecha democrática de corte europeo. El PP adquirió un papel en la transición de una derecha cercana a los principios de la Europa que se había movido muchos años en una democracia sensata y bien organizada, aunque con diferencias en el Continente tan complicado que es Europa, en donde se dieron las batallas más cruentas de la historia con la lucha del comunismo estalinista y el fascismo hitleriano. En esas democracias vimos el caso de Merkel, nada sospechosa de rojerío, pero que formó un cordón sanitario con el nazismo de su país. Merkel creo que representó una derecha sensata capaz de haberse entendido con un PSOE derechizado. Hasta ese extremo era posible en Europa, pero no en España, donde PP y Vox son lo mismo realmente y en sus votantes puede que un 80% o más estén más próximos a lo que de verdad representa la derecha fascista de Vox con Abascal, Ayuso, Aznar, Aguirre y cien más que se sintieron de verdad en esa ala, y prueba de ello es la creación de ese partido cuando ya habían pasado unos años del PP para el disimulo de tener una democracia racional que se pudiera vender en el mundo.

Pero no era realidad, porque en nuestro país, fruto de todas esas circunstancias, la derecha es fascista sin rubor. Quizá el comportamiento de muchos de sus líderes ha sido cínico para no maltratar el ambiente, aunque es indudable que algunos de sus miembros de aquellos años de posguerra hicieron un esfuerzo por acercar España a Europa, pero porque no había otra solución para progresar, porque permanecer en la oscuridad era imposible en aquellos años. Nadie puede creer que tanta gente se hizo demócrata en tan pocos años, pero hay que agradecer su cinismo repentino para poder vender este país a alguien cuando ya el fascismo había sido derrotado. Es necesario consignar que sus miembros no tienen la necesidad de gobernar, sino la de estar en el gobierno, que es distinto y que su único objetivo es la mejora personal. Se ha demostrado con la Dana y los otros problemas que costaron vidas en donde ellos solo pasaban por allí. Y es importante citar el ejército civil que compone esa derecha fascista que incluye medios y judicatura, tan importantes para cumplir su misión en la defensa de una España propia y algo rarita en la que no caben la mayoría de sus habitantes. 

Los partidos nacionalistas sí cumplen bien su definición, siendo el PNV el más significativo, con una ideología de la derecha más racional, lo que hace posible su eterna unión con el PSOE en donde se trata de no dejar a gente atrás.

Por resumir en España: PSOE/PNV la derecha europea. PP/Vox/Junts ultra-fascista. Sumar/Podemos/ERC/BNG/Bildu, izquierda centrada o radical. 

Con todo ello he querido dar mi opinión sobre la semántica errónea de algunas definiciones, todas ellas provocadas por ese fascismo que hizo estragos en el intelecto de muchas personas y nos confundió en varios nombres. Quizá todo el problema del absurdo odio a Pedro Sánchez es porque ha querido hacer un partido ajustado a sus verdaderas ideologías, pero se ha tropezado con esa España que nada tiene que ver con Europa, sencillamente porque quedó rota con la guerra civil, porque allí sí se rompió España. Y eso dura una eternidad.

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Cesar Moya Villasante es socio de infoLibre.

El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha señalado este miércoles en Pamplona que la izquierda tiene que ser "ejemplar" en la gestión de lo público porque, si no, "la gente se aleja".

EH Bildu ha celebrado un acto político en el Día de Navarra y en el Día del Euskera, en el que han intervenido el secretario general, Arnaldo Otegi, y la portavoz del Parlamento de Navarra, Laura Aznal.

Otegi ha explicado que EH Bildu es "garantía de la ejemplaridad" con "cero casos de corrupción", pero que la falta de ejemplaridad, aunque "no es" su caso, "ocurre".

“Hay que cambiar el modo y las formas de hacer política: la ejemplaridad en todos los ámbitos debe presidir toda la actividad política”, ha añadido.

A su vez, ha afirmado que la izquierda soberanista es una garantía para hacer frente al autoritarismo, para defender la libertad nacional y la igualdad social y para impulsar políticas de democratización profundas. “Y todo ello lo hacemos levantando la bandera de la sinceridad y la honestidad”, ha sostenido.

Por otro lado, ha dicho que para parar al autoritarismo es necesario implementar un programa transformador que se fundamente en la democratización del Estado y la aceptación de la plurinacionalidad, la democratización de los poderes que se quedaron sin democratizar en 1978 y la puesta en marcha de medidas para la democracia económica y social.

La portavoz en el Parlamento de Navarra, Laura Aznal, ha subrayado que ha llegado el momento de afrontar con “valentía y ambición” la renovación de la foralidad navarra y el autogobierno para responder a los retos que como sociedad existen ya y en el futuro y para protegerse "frente a los riesgos de la recentralización autoritaria”.

Aznal ha sostenido que “hay que consultar a la ciudadanía navarra. Nunca votamos nuestro régimen político, que aunque se presentó como pacto, nos negó la posibilidad de decidir democráticamente”, ha dicho.

“Navarra será lo que decidamos los navarros. Tanto en la relación bilateral con el Estado como con los otros territorios vascos”, ha subrayado, tras lo que ha instado a la unión a “soberanistas vascos y otros demócratas progresistas” en la construcción de un nuevo estatus.

El diputado socialista Ignacio López cruzaba solo el patio del Congreso el pasado miércoles al borde de las nueve de la noche. Minutos antes había asistido en segunda fila a la comparecencia del ministro de Transportes, Óscar Puente, para dar cuenta del acuerdo con Podemos sobre el aeropuerto de El Prat. Los dos se despidieron con unas palmadas en la espalda. Había sido un día de infarto. 

El parlamentario malagueño llevaba más de un año de manera discreta trabajando para aprobar la ley de movilidad sostenible, clave para la recepción de fondos europeos. Pero el miércoles por la mañana parecía casi imposible sacarla adelante. En Moncloa había pocas esperanzas. Pero él siempre tuvo confianza. Hubo muchas llamadas, intercambio de papeles, conversaciones entre Puente y la líder de Podemos, Ione Belarra. Se vivió una crisis minutos antes de la votación porque faltaba incluso un diputado del PNV para dar su 'sí'. Los números bailaban. Al teléfono también estaba al pie del cañón en el pasillo Alberto Ibañez (Compromís), otro de los negociadores clave.

Sobre las 19.30 h los diputados empezaron a pulsar sus botones. Y, de repente, el Gobierno logró salir airoso de la endiablada aritmética parlamentaria: salvaba el decreto del embargo de compra y venta de armas a Israel y lograba la mayoría para la ley de movilidad sostenible. Respiro y aplausos. Pedro Sánchez y María Jesús Montero abandonaban sonrientes el Palacio de la Carrera de San Jerónimo. Y, sobre todo, volvía a funcionar la mayoría de la investidura frente al bloque de las derechas.

Frente a los meses de vértigo por el caso Koldo, con el Gobierno al borde del precipicio, esta semana parlamentaria retrata, como señalan los socios de Gobierno y varias de las formaciones del bloque de investidura, que hay partido todavía y que la legislatura tiene más estabilidad que los augurios que llegan desde la derecha. “El bloque de investidura sigue funcionando a pesar del ruido”, señalan desde el Ejecutivo. Y pone sobre la pista de lo que puede venirse con la negociación de los Presupuestos, que es muy difícil, pero no imposible a tenor de lo sucedido en la Cámara Baja. Como indican en el PSOE: el miércoles ganaron 112 de las 119 votaciones que se produjeron (el 94%) entre los leones Daoiz y Velarde.

“El presidente va a llegar hasta 2027”, dice uno de los colaboradores que trabaja codo con codo todos los días con Sánchez. Y esta votación, reconocen los suyos, le ratifica en su intención de aguantar toda la legislatura y no pulsar el botón electoral. Frente al ruido de la derecha política y mediática que da por muerto al jefe del Ejecutivo, en Ferraz emiten: “Llevamos tiempo diciendo que hay profundidad de legislatura y que las elecciones serán en 2027. Sabemos que es un disgusto para Feijóo, porque su liderazgo se disuelve día a día. Y es la misma profundidad el día que se gana y el día que se pierde. Porque la legislatura está enmarcada en un Congreso plural y que requiere de amplios consensos. Este Gobierno es el único capaz de lograr esos consensos, mientras el PP los rompe como en el tema del aborto”.

Hacen este análisis en la sala de máquinas socialista: “El PP tiene prisa, pero España no. El país crece y es referente mundial en grandes temas, y por ello los que tienen prisa solo tienen eso. Solo queda darle ánimos a Feijóo, que cada día está más cerca de su peor pesadilla: acabar como Casado. Ayuso parece cansada de Feijóo, y este no logra el apoyo de la lideresa del rancio PP de Madrid. Las costuras no se le ven al Gobierno. Las costuras al aire son las del PP y sus crisis por negligencia en Andalucía, Castilla y León, Valencia, Madrid... El modelo de esas comunidades gobernadas por el PP se viene abajo, porque va contra los ciudadanos, sólo beneficia a los amigos del PP, y la gente se ha cansado ya de tanta desidia”.

Esta idea es repetida por varios dirigentes del bloque de investidura: el abrumador poder territorial del PP ya no es esa enorme palanca sobre la que se quería impulsar Feijóo para llegar hasta el Palacio de La Moncloa, sino que empieza a darle quebraderos de cabeza. Como señala otra fuente gubernamental: “El PP creía que el ciclo electoral en 2026 con Castilla y León y Andalucía le iba a beneficiar, pero ahora ve que no va a tener mayorías absolutas y va a tener que negociar con la ultraderecha. Vox está muy fuerte en los territorios”. 

“Nosotros pasamos un momento muy crudo en julio con Santos Cerdán. El peor momento del PSOE en años, pero al PP le ha sentado muy mal el verano y el principio del otoño con los incendios, el discurso de migración, el debate del aborto, la crisis de Andalucía… El PSOE ha recuperado el pulso que había perdido. Nuestras encuestas señalan que el PP está cayendo en beneficio de Vox y el PSOE se está recuperando. Estamos lejos de procesos electorales, pero es viable ser primera fuerza”, señalan fuentes gubernamentales. 

El Gobierno, según indican las fuentes, va a centrarse mucho en las medidas sociales, como ya se ha comprobado en los últimos días con el decreto para endurecer los requisitos de las universidades privadas y la defensa del derecho al aborto. Además, admiten cargos del Ejecutivo y del PSOE que se han encontrado con regalos de Feijóo en forma de errores: “Al final la sobreactuación acaba generando frustración en el electorado de la derecha. Si estás vendiendo que Sánchez está muerto y la gente luego ve que gana las votaciones el miércoles… Genera frustración que se va hacia Vox”. Como señala un dirigente socialista: “Además, esa sobreactuación mueve al voto progresista. Nuestro mayor problema ahora es la abstención”.

En Sumar también comparten la sensación de que hay partido. En la dirección de Movimiento Sumar hacen esta reflexión: “Hemos cerrado una semana muy buena para el Gobierno con la convalidación del embargo de armas, la aprobación de la ley de sostenibilidad y el anuncio de los permisos por fallecimiento de un familiar. Hay Gobierno para rato”. Y ya miran a los Presupuestos generales: “Las conversaciones ya están en marcha. Va a ser una negociación en dos tiempos, primero abordando la propuesta presupuestaria y luego viendo la aritmética del Congreso”.

Uno de los aspectos más positivos para el Gobierno es que ha logrado tener de su lado esta semana en el Parlamento a Junts y Podemos, dos dolores de cabeza constantes para Moncloa. Estos dos partidos han dado muestras de que tienen los canales abiertos de comunicación con el Ejecutivo y que no tienen un interés inmediato en hacer caer a Sánchez, como a veces presienten en el PSOE y en Sumar. 

Desde Junts trasladan que ellos seguirán negociando “carpeta a carpeta” y que su hoja de ruta de apoyo siempre estará marcada por el cumplimiento de los acuerdos alcanzados para la investidura de Sánchez. Los morados, según fuentes consultadas, subrayan que ellos hablarán “tema a tema”: “Vamos a seguir utilizando nuestros votos, en la medida de nuestras posibilidades, para empujar transformaciones cuando sea posible. Cuando no, al menos los utilizaremos para frenar retrocesos y recortes. Al PSOE lo seguimos viendo en modo precampaña: muchos anuncios en las últimas semanas, sí, pero que no se concretan en ninguna medida que mejore la vida de la gente. Con todo, esta legislatura creemos que demuestra que para que las cosas cambien necesitamos una izquierda fuerte que defienda la paz, el feminismo y sin casos de corrupción. Eso es lo que vamos a seguir intentando”.

El Gobierno subraya que “en breve” quiere aprobar la senda de déficit, un paso previo para los Presupuestos generales del Estado. Y ya está entablando conversaciones con algunos grupos para ver si hay agua en la piscina. Fuentes de La Moncloa reconocen que es muy difícil la negociación, pero no imposible.

En el Ejecutivo señalan: “La negociación de Presupuestos se va a parecer mucho a lo que pasó el miércoles con la ley de movilidad sostenible. Todos en el bloque de investidura estamos de acuerdo en que no tocaríamos ni con un palo a los de enfrente. Hay mucha heterogeneidad de partidos, pero es que la situación va a ser igual en 2027. Pasado el verano, tenemos la sensación colectiva de que preferimos convivir”.

Los Presupuestos, según trasladan desde el Palacio de La Moncloa, serán “expansivos”, tendrán mucho gasto social y conllevarán más financiación para todos los territorios. “Vamos a llevar cosas razonables al Congreso, que no se pueda decir que no”, explican las fuentes, que señalan: “Han sido unos meses muy educativos, se nos han bajado los humos a todos. Sí hay posibilidad de sacar los Presupuestos”.

Además, según confiesan dirigentes del bloque de investidura, también la presión social juega a favor de que continúe el bloque de investidura, como ha pasado con el decreto del embargo de armas, donde asociaciones como RESCOP, Greenpeace y el Centre Delàs pidieron a los partidos que no dejaran caer la norma a pesar de ser insuficiente. “Una cosa son los partidos y otra los votantes progresistas. Luego hay que explicar las decisiones. Todos tenemos responsabilidades”, señalan fuentes socialistas.

Esa sensación de entendimiento también la tienen en ERC, donde apremian al PSOE a cumplir sus pactos pero a la vez entienden que la legislatura puede aguantar: “Hay Pedro para rato”, como señala un parlamentario de los republicanos catalanes. Lo mismo pasa en EH Bildu, donde incluso son más claros y hablan abiertamente de que quieren que haya Presupuestos generales. 

El PNV, como reconocen fuentes de la formación, ya está hablando discretamente con el Gobierno sobre el proyecto de cuentas. No obstante, los peneuvistas siguen muy atentos a la evolución del caso Koldo en los tribunales y apelan especialmente al cumplimiento de las transferencias pendientes del Estatuto de Gernika. El bloque de la investidura se rige ya por su propia movilidad sostenible.

El Gobierno salvó su último pleno antes de las vacaciones de verano, pero los socios parlamentarios ya avisan: septiembre está a la vuelta de la esquina y Pedro Sánchez debe tomar la iniciativa. Es decir, presentar los Presupuestos Generales del Estado. Así lo desgranan las fuentes consultadas por infoLibre en Esquerra Republicana, EH Bildu, PNV y Compromís. "O presupuestos o elecciones", resume una voz autorizada de una de estas formaciones, que considera que Sánchez no puede seguir hasta 2027 —el horizonte temporal marcado por el presidente del Gobierno— si no logra sacar adelante las cuentas de 2026.

El Ejecutivo de PSOE y Sumar sigue subsistiendo con las cuentas prorrogadas de 2022. Los partidos de la coalición esgrimen como motivo para esta falta de Presupuestos la difícil aritmética parlamentaria y la dinámica que impera muchas veces en el Congreso con vetos cruzados y cálculos políticos, como ocurrió este martes con el real decreto-ley con el que el Gobierno quería modificar el sistema eléctrico español para evitar un nuevo apagón como el del pasado mes de abril. Fue la única votación que el Gobierno perdió.

La negativa de Podemos y Junts fue decisiva tras confirmar también el Partido Popular y Vox su voto en contra. Los morados venían avisando desde el lunes de que el real decreto era insuficiente porque, en palabras de su portavoz, Pablo Fernández, "se basa en escuchar y atender lo que las grandes energéticas susurran al oído del ministerio". Un argumento que utilizó también la secretaria general del partido, Ione Belarra, en los pasillos de la Cámara durante la celebración del pleno: "Es un real decreto que podría haber escrito Sánchez Galán [presidente de Iberdrola]", sentenció. "Los votos de Podemos no están para beneficiar al oligopolio eléctrico".

La posición de Belarra produjo incomprensión en el resto de aliados y fue públicamente criticada por el socio minoritario del Gobierno, Sumar. "Cuando se trata de avanzar en una transición (energética) justa, Podemos es parte del problema para España, para la ciudadanía y para el planeta", señaló la portavoz parlamentaria del grupo, Verónica Martínez, que sin embargo obvió que el propio diputado de Sumar Jorge Pueyo, representante de la Chunta Aragonesista, también votó en contra del decreto, al igual que el BNG.

Junts, por su parte, votó en contra no tanto por su contenido sino como medida de presión hacia Sánchez. "Que hagan lo que tengan que hacer. Con todo aparcado es imposible dar un paso más", señalaban fuentes de la formación posconvergente, mientras que el Partido Popular no se molestó en concretar las razones de su rechazo y priorizó la que viene siendo su estrategia desde que arrancó la legislatura: contribuir a cualquier derrota del Gobierno. "No ha habido una sola dimisión o cese tras quedar nuestro país sin electricidad durante 24 horas", fue el argumento que utilizó el parlamentario del PP, Guillermo Mariscal.

La postura de Podemos, por un lado, y la de Junts, por otro, sirven para ilustrar los dos principales escollos que tiene Sánchez para aprobar los PGE. Sin embargo, el resto de socios consideran que el partido de Carles Puigdemont está "más predispuesto" a negociar —si logra arrancar contrapartidas— frente a un Podemos que ha hecho de la confrontación su seña de identidad. "Están pasados de vueltas", reflexiona uno de estos socios, en referencia a los morados. "Su modo de hacer política se basa en un discurso identitario y excluyente. Tienen que ser los más puros entre los puros para tratar de mantenerse en el 4%", añaden. Así, estas fuentes se muestran muy pesimistas respecto al futuro de la legislatura. En Podemos, en cambio, reivindican su postura y creen que su discurso sí cala.

"Me parece tremendo que, haciéndose una apuesta por la gobernabilidad y por la investidura, desde posiciones muy diferentes, ni siquiera de algunos partidos haya habido voluntad nunca de dar un presupuesto al Gobierno", señaló el presidente del PNV, Aitor Esteban, en una entrevista en la Cadena Ser. "El instalarte en el no a todo y en el cabreo constante, aunque haya motivos para cabrearse, creo que es un mal negocio, y sobre todo para la izquierda", completó por su parte Gabriel Rufián, portavoz de ERC.

Esta misma semana Podemos ya dejó claro que si se presentan nuevos PGE, mantendrán sus demandas contra el Estado de Israel, solicitarán que se prohíba la compraventa de viviendas que no sean para residir, que se expropien el 50% de las viviendas a grandes tenedores para alquiler social y se aplique una moratoria a los pisos turísticos al menos hasta 2028. A esto añadieron la salida de España de la OTAN para acabar con "el régimen de guerra y poner fin al incremento del gasto militar" del Ejecutivo de Sánchez. Condiciones que los socialistas califican de inasumibles.

Aunque ninguno de los socios —tampoco Podemos— se plantea apoyar a Alberto Núñez Feijóo, dispuesto a presentar una moción de censura si "apareciesen cuatro votos", en la cúpula morada empieza a calar con fuerza la idea de ir a elecciones para construir una alternativa sólida desde la oposición. En el partido de Ione Belarra ven un Gobierno noqueado y creen que Sánchez puede pulsar el botón electoral en cualquier momento y ya se están preparando. De hecho hace meses que anunciaron que la número dos del partido, Irene Montero, será su candidata a las generales. Tras la última comparecencia del presidente, tacharon de "muy insuficientes" sus explicaciones y exigieron más información y medidas para depurar responsabilidades y tratar de reparar el daño causado.

El discurso contra el bipartidismo ha cogido mucha fuerza en las últimas semanas en Podemos, que nació al calor de las protestas del 15M contra el sistema dominado por el PSOE y el PP durante décadas. Los morados lograron romper con ese bipartidismo a partir de su irrupción en las elecciones europeas de 2014 y ahora buscan retomar ese discurso. Tras casi una década siendo el partido referente a la izquierda del PSOE, con la entrada en el Gobierno de Pablo Iglesias la formación morada se diluyó y el que fuera su líder se acabó marchando de la política institucional. Sumar, el espacio creado por Yolanda Díaz para superar la estructura de Podemos en los comicios del 23 de julio, sin embargo, no logró ser esa gran familia de unidad progresista como se presentó. 

En Moncloa y Ferraz continuamente hablan de la preocupación letal por una separación de papeletas entre Sumar y Podemos. Ahí, entienden, sería casi imposible mantener el Gobierno. Una lectura que comparten miembros del espacio como Gabriel Rufián, que está tratando de liderar un "frente" con  la "izquierda plurinacional" de cara a las próximas elecciones generales, con escaso éxito, de momento. "Se trataría una coalición que incluiría formaciones como ERC, Compromís, BNG, EH Bildu y Adelante Andalucía. "Probablemente, los cálculos e intereses particulares harán que este compromiso histórico no pase, pero ¿alguien tiene una idea mejor?", explicó el portavoz republicano en los pasillos del Congreso. Su propuesta fue desautorizada por ERC poco después.

Todos los sondeos apuntan a que el PP y Vox lograrían sumar mayoría absoluta en unos comicios hoy en España y reflejan que la derrota está asegurada para los progresistas si el espacio a la izquierda del PSOE va por separado a las urnas. Un escenario que un sector de Podemos cree que le beneficiaría porque, según su tesis, serviría para tratar de recomponer el espacio a la izquierda del PSOE. Sin embargo, se trata de una tesis que la propia Belarra ha desmentido en varias entrevistas y declaraciones públicas. A esto se le añade que los partidos satélites de Sumar consideran que los morados ya no pueden liderar nada y rechazan coaligarse con ellos. Tampoco termina de ver claro ese plan Bildu, que cree que ir con Podemos en "su peor momento" les penalizaría.

El partido de Belarra siempre ha defendido que la distancia con Sumar y el resto de aliados del Ejecutivo de Sánchez no va de temas personales, sino que hay enormes diferencias ideológicas y en la manera de encarar los temas clave como el genocidio en Israel y la crisis de la vivienda. Un argumento que no convence a nadie, tampoco a Rufián: "¿De qué sirve sacar dos o tres diputados más si enfrente vas a tener a Abascal de Vicepresidente o a Tellado de Ministro del Interior? Te van a matar políticamente igual", zanjaba.

“Ella no hablaba dentro de la reunión. No dijo ni una palabra mientras se pronunciaba en gallego su compañero Alfonso Rueda. Luego se salió un rato. Montó el vodevil para los medios. Lo hizo pensando en los titulares”. Así explica un miembro del Gobierno central la actitud de Isabel Díaz Ayuso en la pasada reunión a puerta cerrada de la Conferencia de Presidentes, en la que la madrileña boicoteó a Salvador Illa y a Imanol Pradales por hablar en catalán y en euskera.

Esa actitud negativa ante las lenguas cooficiales ha propiciado lo contrario de lo que busca el Partido Popular: los diputados de formaciones nacionalistas e independentistas ven más reforzado el bloque de investidura, a pesar de las diferencias internas, frente al intento del PP de que estalle la aritmética parlamentaria y se convoquen elecciones generales anticipadas.

Fuentes de EH Bildu, PNV, ERC, Junts, Sumar y el PSOE subrayan al unísono que es un absoluto error el comportamiento tanto de Díaz Ayuso en la Conferencia de Presidentes como la estrategia del Partido Popular en las instituciones europeas durante estas semanas para frenar el intento del Gobierno español de lograr la cooficialidad del catalán, el gallego y el euskera en la Unión Europea.

Un diputado vasco lo analiza de esta forma: “Al final Ayuso ha hecho más líder en Euskadi a Imanol Pradales. A ella a lo mejor le funciona muy bien en los medios y entre ciertos sectores de votantes en Madrid, pero ha sido un torpedo para el PP vasco. En Euskadi el PP trata de robarle electores al PNV. No me puedo imaginar cómo estará Javier de Andrés…”

“Al final lo que hacen es alinear a partidos que no estamos siempre tan alineados”, señala otro diputado soberanista catalán. De hecho, los miembros del bloque de investidura comparten que la actitud del Partido Popular dificulta todavía más una ecuación de posibles acuerdos con la España periférica, algo casi imposible en estos momentos ya por la presencia de la ultraderecha de Vox. Fuentes de EH Bildu lo resumen así: “A pesar de lo que diga Ayuso, Madrid no es España”.

Y, además, entre los partidos del bloque de investidura se comparte la idea de que la actitud de Ayuso en la Conferencia de Presidentes supone también una afrenta directa a Núñez Feijóo, ya que rompió absolutamente la estrategia ideada por Génova 13 y ejecutada por los presidentes autonómicos del Partido Popular de exigir la convocatoria de elecciones generales anticipadas. Fuentes del Gobierno presentes en la reunión en el Palacio de Pedralbes en Barcelona describen la situación: “Lo que allí pasó fue un espectáculo. Cuando escuchas a Carlos Mazón pidiendo elecciones, ya ves que vale todo para el PP”.

En una entrevista con infoLibre publicada este miércoles, la coordinadora de Sumar, contestaba así a la actitud del Partido Popular sobre las lenguas cooficiales: "Por mucho que se ofendan y ladren Núñez Feijóo y Díaz Ayuso, vamos a seguir gobernando el país para el conjunto de la mayoría plurinacional. Es una realidad que forma parte de esta España diversa y plural, que es historia y presente. Estamos muy orgullosas de defender con todo nuestro tesón que la diversidad lingüística es riqueza cultural y que existen realidades territoriales plurinacionales".

El grupo que puede desestabilizar con más fuerza la legislatura es Junts, en quien paradójicamente el Partido Popular confía para poder tumbar a Pedro Sánchez. Los posconvergentes han criticado duramente la actitud de Ayuso durante la Conferencia de Presidentes estos días y han lamentado su “anticatalanismo”, a la vez que han pronosticado, en palabras de su ‘número dos’, Jordi Turull, que el “PP nunca será nada importante en Cataluña”.

Asimismo, diferentes parlamentarios pertenecientes al bloque de investidura reflexionan que la actitud de Ayuso la inhabilita de entrada para una Presidencia a nivel nacional porque representa un modelo que deja fuera a millones de habitantes y que sólo podría mirar a alianzas con Vox para poder llegar a La Moncloa, lo que puede suponer también una amplia movilización de la izquierda y de la España plurinacional.

Junts, el socio que acapara más miradas, y el Gobierno tienen en manos estos días también otra negociación clave: el proyecto de ley para la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales. Se trata de la medida estrella impulsada por el ala de Sumar pilotada por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. Este martes se volvió a prorrogar el plazo de enmiendas. Fuentes del Ejecutivo trasladan que esto es una muestra de que la negociación va bien en estos momentos y que se puede lograr un acuerdo con los poscovergentes a pesar de la amenaza de presentar una enmienda a la totalidad que podría tumbar el texto con una pinza entre ellos, el PP y la ultraderecha. 

Desde que llegara al Palacio de La Moncloa, Pedro Sánchez ha tenido muy claro que había que tejer alianzas con la España periférica y dar cabida institucional a lo que es “normal” fuera de Madrid, como señalan fuentes socialistas. En este contexto, el jefe del Ejecutivo expresó durante la sesión de control de este miércoles, ante la pregunta de Maribel Vaquero, del PNV,  su deseo de "cogobernar y decidir" en materia de industria y energía con las autonomías que no solamente tienen la competencia sino el "interés de fortalecer su gobierno o su autogobierno".

El Gobierno español trata de lograr, después de que se retirara del orden del día en el último Consejo de Asuntos Generales de la UE, que haya unanimidad entre los países europeos para lograr la cooficialidad del catalán, euskera y gallego. Sigue de manera discreta las negociaciones con otras capitales, a pesar de los movimientos de los populares. Entre sus argumentos: que son lenguas reconocidas en la Constitución, que el plan se irá implementando de manera gradual y que los costes económicos correrán a cargo de España.

El primer gran discurso del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso a propósito del "rearme" europeo —una palabra que el socialista ha pedido cambiar por "seguridad"— ante el escenario de incertidumbre internacional se saldó este miércoles sin novedades concretas sobre cuándo y cómo se ejecutará el compromiso de España de elevar al 2% su presupuesto en defensa. Ni Sánchez pudo aportar información porque, admitió, las negociaciones en Bruselas todavía no están cerradas, ni el resto de partidos, desde el Partido Popular a Podemos, le dieron ninguna certeza sobre si aprobarían ese incremento de llegar a la Cámara Baja. Es más, todo lo contrario.

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, fue el primero en intervenir tras Sánchez y sostuvo que su partido no apoyará el aumento del gasto en defensa pese a que sí ha firmado con sus aliados del Partido Popular Europeo (PPE)  elevarlo a un 3% del PIB, un punto por encima del escenario que plantea Pedro Sánchez y la propia presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, perteneciente al PPE y que es quien lidera las negociaciones con los líderes de los Estados miembros. Feijóo no se opone a la medida, pero sí a pactarla con Sánchez: "Si pretende que el PP sea su socio auxiliar, olvídese", le espetó desde la tribuna de la Cámara Baja.

Aunque el conservador defendió la necesidad de alcanzar un Pacto de Estado en materia de defensa, remarcó que "el principal escollo" para alcanzarlo es Sánchez y reclamó reunirse él mismo con los máximos dirigentes militares de España. "El escollo es usted, que no tiene una propuesta seria, no tiene presupuesto y no tiene mayoría", afirmó. Feijóo lleva tres años, desde que se puso a los mandos de la sede de la calle Génova, proponiendo al presidente del Gobierno que los dos partidos se pongan de acuerdo sobre una amplia gama de asuntos, pero sistemáticamente los ha desdeñado si quien los propone es Sánchez. Pese a compartir el fondo, el PP incide en el choque frontal contra el Ejecutivo, una estrategia que llevan practicando toda la legislatura.

La posición de Feijóo también contrasta con la que ha trasladado públicamente la fundación que el líder del PP promovió a su llegada a la presidencia del partido, Reformismo 21, y que por cierto apenas tiene actividad. Su director, Pablo Vázquez, defendió en una publicación del 14 de marzo que "el PP y PSOE comparten alineamiento con la causa europea, lo que demuestra que la más firme oposición al Gobierno es compatible con los consensos de Estado básicos". Fuentes del entorno de Feijóo, sin embargo, señalan que no van a "tender la mano" al socialista en este asunto y reclaman que convoque elecciones ya.

Pedro Sánchez, a su vez, también constató que los socios de izquierdas del Gobierno mantienen sus dudas y sus críticas a ese incremento y a la propia OTAN, propugnando un modelo de seguridad independiente de EEUU. La intervención más bronca la protagonizó la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, tras acusar a Sánchez de convertirse en un "auténtico señor de la guerra" y de protagonizar "una carrera armamentística que va con destino a ninguna parte". El presidente del Gobierno fue duro en su réplica y le recordó que, cuando ella era ministra, el Ejecutivo elevó el presupuesto del Ministerio de Defensa. "Y ustedes no dijeron nada, eh. ¿Sería porque ustedes estaban en el Gobierno?", lanzó Sánchez, que también recriminó a la diputada de Podemos que entonces no le llamara "señor de la guerra". Aunque la exministra sí se dirigió entonces, de manera velada, al PSOE como un "partido de la guerra", después la dirección de Podemos se desdijo tras la crisis generada en el Gobierno.

Más allá del choque entre Sánchez y Belarra, el resto de aliados del Ejecutivo también se mostraron críticos con el aumento del presupuesto en defensa, aunque en un tono distinto al de los morados. El que más cercano se mostró a la tesis del Gobierno fue el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, que reclamó gastar "no más, sino mejor" y planteó la necesidad de "hacerse cargo del mundo tal y como es", en línea con las declaraciones realizadas en las últimas semanas. En esa línea, y aunque reivindicó el no a la guerra, también abogó por superar "la pancarta": "La izquierda tiene que hablar y legislar sin manías de orden, seguridad y de defensa".

El portavoz del PNV, Aitor Esteban —en su última jornada en el Congreso— le pidió a Sánchez concreción y le animó a buscar una "mayoría amplia" para sacar adelante ese incremento. La de Junts, Miriam Nogueras, defendió el "rearme" en materia de defensa y también "democrática". Más crítica se mostró su homóloga en EH Bildu, Mertxe Aizpurúa, que pidió alejarse "de manera urgente" de la "carrera armamentística" y le reclamó a Sánchez "soluciones diferentes" al plan de 800.000 millones de euros propuesto por la Comisión Europea, que calificó de "error garrafal". En la misma línea se pronunció el único diputado del BNG, Néstor Rego, que exigió a Sánchez "apostar por la paz en contra del rearme de la Unión Europea".

A lo largo de su comparecencia, el socialista insistió en la idea de que no hay "que elegir entre la seguridad y el bienestar de la gente": "Vamos a invertir en seguridad y en bienestar, porque ambas son necesarias y complementarias. Si se hace bien, una mayor inversión en seguridad no merma nuestro modelo social, lo protege", argumentó Sánchez, aludiendo a lo que para los de Yolanda Díaz es una línea roja. Sin embargo, ese compromiso no pareció convencer a la portavoz de Sumar, Verónica Martínez Barbero, que durante su turno de intervención sostuvo que si la UE quiere lograr de verdad una "autonomía estratégica" en el ámbito de la defensa, la primera condición que debe cumplir es abandonar en bloque la OTAN.

Martínez aseguró que "el debate sobre la seguridad europea no puede limitarse a cuánto gastamos ni a cómo lo llamamos" e incidió en la idea de que "más gasto no equivale a más seguridad". "No podemos seguir dependiendo de una estructura que, en la práctica, está rota por la alianza Putin-Trump", sino impulsar "una Europa que, en lugar de seguir aferrada a una OTAN en descomposición, construya su propia arquitectura de defensa", afirmó, en la línea del Ejército europeo que Sánchez también defendió este miércoles en el Congreso.

El jefe del Ejecutivo anunció, además, que "antes de verano" lanzará "un gran plan nacional para el desarrollo de la tecnología y la de seguridad y defensa españolas": "Daremos un nuevo salto tecnológico e industrial. El objetivo es que España se beneficie de este estímulo", dijo. "Lo vamos a hacer mirando al Este, porque su seguridad también es la nuestra, pero también mirando al Sur, apostando por la innovación, la creación de nuevas empresas, la formación y la mejora de nuestro capital humano", añadió, sin dar más detalles, pero dejando entrever cuál va a ser la línea por la que Sánchez quiere apostar para aumentar el gasto: la seguridad.

Actualmente, España tiene un gasto en defensa oficial del 1,28% del PIB, según la OTAN, correspondiente a 2023, ya que aún no se ha hecho público el dato del año pasado. Desde el Gobierno quieren se integren en ese cómputo temas como la ciberseguridad, la lucha contra el cambio climático y las catástrofes y el refuerzo crítico de infraestructuras de transportes y energéticas. Además, también plantean otras cuestiones con las que España se podría sumar. como el propio gasto de la Guardia Civil o las funciones de Salvamento Marítimo. Desde el Ejecutivo, son conscientes de que se trata de un debate que no tiene demasiado predicamento en España, especialmente en la izquierda, y trata de hacer equilibrios para cumplir con la UE y con sus socios.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acusado este miércoles al PP de estar preocupado "sólo por dos viviendas en España", el ático de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el chalé en Moaña (Pontevedra) de la pareja del líder popular, Alberto Núñez Feijóo, "con acceso privativo a la playa". El líder del Ejecutivo ha aludido a ambas propiedades en respuesta en la sesión de control del pleno del Congreso a una pregunta del diputado de EH Bildu Oskar Matute sobre el problema de la vivienda en España, según recoge EFE.

En su contestación, el jefe del Ejecutivo ha vuelto a hacer una llamada a las comunidades autónomas gobernadas por el PP para que apliquen la ley de vivienda en vez de boicotearla. "Hay partidos que boicotean la ley de vivienda y solo están pendientes de dos viviendas, un ático en Chamberí y un chalé en Moaña con acceso privativo a la playa", ha precisado en alusión, respectivamente, a la vivienda de Ayuso y a la de Eva Cárdenas. La pareja de Feijóo ha pedido al Estado ampliar la concesión del uso del espacio existente entre su casa y el arenal en la playa de O Con, en Cangas do Morrazo.

El jefe del Ejecutivo ha insistido en que se necesita tiempo, consistencia y el concurso de todas las administraciones frente al problema de la vivienda y ha defendido que la política que lleva aplicando siete años está empezando a dar resultados. Entre ellos, que más de 66.000 jóvenes se están beneficiando de ayudas, que ha habido un aumento del 16 % en el ritmo de construcción y del 17 % en el de rehabilitación y que la ley de vivienda ha hecho bajar los precios del alquiler en Cataluña entre un 3 % y un 5 %.

El representante de Bildu ha criticado algunas de las medidas del Gobierno de Sánchez en materia de vivienda y le ha propuesto otras más "efectivas", como prohibir la compra de vivienda a multipropietarios y fondos de inversión, aplicar un régimen sancionador fuerte frente a los fraudes, que la Sareb dedique todo su parque de vivienda a vivienda social en alquiler y avanzar hacia los contratos indefinidos de arrendamiento.

"Le tendemos la mano, tanto en su calidad de presidente del Gobierno como de secretario general del PSOE, para que en el ejercicio de sus competencias, que no son pocas, podamos tomar más velocidad de crucero en todas las medidas que hay que tomar", ha ofrecido Matute a Sánchez, al que ha pedido empezar aplicando las tres leyes de vivienda: la estatal, la ley vasca y la ley navarra".

Matute ha defendido además medidas adoptadas en municipios donde gobierna Bildu, como el canon de 10 euros el metro cuadrado a la vivienda vacía de Azpeitia, con incrementos sucesivos de un 10 % por cada año que persista esa situación, y la declaración de zona tensionada en Errenteria, primer municipio vasco en aprobar esa declaración.

Antes, durante la pregunta de Feijóo, el presidente del Gobierno ha calificado este miércoles al líder de la oposición de "colosal engaño" para la política española después de que le haya reprochado la división entre los socios del Ejecutivo y la inutilidad de su Gabinete. Sánchez y Feijóo han protagonizado en el Congreso el segundo cara a cara parlamentario del actual periodo de sesiones en medio del debate existente entre PSOE y Sumar por la tributación del salario mínimo.

A ello ha hecho referencia el presidente del PP en su pregunta acusando al jefe del Gobierno de "saquear a los trabajadores" e instándole a que respondiera si su vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, sabía que los perceptores del salario mínimo iban a pagar IRPF o mintió cuando dijo que se enteró por la prensa. "Nunca un Gobierno ha sido tan inútil, tan caro y tan dividido como el suyo", le ha espetado.

Sánchez ha contraatacado advirtiendo de que si se habla de retenciones, "a los sobresueldos de Bárcenas a la dirección el Partido Popular seguro que no se le retenía IRPF" y acusando a Feijóo de ser para la política española "lo que la criptomoneda de Milei para los votantes argentinos, un colosal engaño".

La pregunta registrada inicialmente por el PP para que formulara Feijóo se interesaba por saber si el Gobierno se preocupa por el bienestar de los ciudadanos, y a ello ha hecho referencia Sánchez exhibiendo una serie de datos como la subida del salario mínimo, las pensiones o el número de trabajadores comparándolos con los que había en 2018. "Los números no engañan", ha recalcado antes de que Feijóo incidiera en que el Gobierno ha subido 97 veces los impuestos y ahora pretenda que tribute el SMI convirtiendo a los mileuristas en "los nuevos ricos de la época sanchista".

Además, ha criticado que no deje exento del IRPF al salario mínimo pero sí encuentra recursos para gastarse 2.000 millones de euros en controlar a Telefónica, y no paga "los 200 millones que le debe a los pacientes de ELA" pero sí se los gasta en publicidad institucional. Feijóo ha lamentado igualmente los 525 asesores que ha dicho que tiene en Moncloa y que no haya dinero para el tren de Extremadura pero sí 750 millones de euros para comprar trenes a Marruecos.

"Para lo que le interesa, sí hay dinero", ha concluido el líder del PP, quien ha acusado a Sánchez de dedicar el esfuerzo de los ciudadanos a hacer cesiones a sus socios y "mordidas y pisos para su entorno y sus ministros" y de permitir que en España sea más fácil tener casa si se ocupa ilegalmente que trabajando de forma honrada. Tras asegurar que Sánchez no es respetado ni por Yolanda Díaz, se ha preguntado como va a ser respetado en el mundo y cómo van a creerle cuando habla de aranceles si el mayor que hay se lo ha puesto a los trabajadores más modestos.

El presidente del Gobierno ha vuelto a contestarle haciendo hincapié en que no ha respondido a las expectativas que generó cuando dijo que llegaba a la política nacional asegurando que iba a hacer política para adultos, ya que sólo ha aportado "bulos y crispación". "El señor Tellado, el señor González Pons y Miguel Ángel Rodríguez son los estadistas con los cuales usted comparte la estrategia política. Gente que amenaza en las redes sociales a los medios de comunicación para cerrarlos y utiliza datos privados para defender -ha dicho- lo indefendible".

Y en concreto, se ha referido al jefe de Gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para criticar que utilice "datos privados" para defender "la mala gestión que hizo de las residencias de mayores durante la pandemia de covid" por los tuits contra las víctimas de fallecidos en estos centros. "No sé si usted no es presidente porque no quiere, pero España no merece la oposición que usted hace", ha asegurado.

El líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, encabeza la candidatura oficial para la nueva dirección del partido, con Sonia Jacinto y Arkaitz Rodríguez, miembros del grupo Bateragune condenados en su momento junto a Otegi por el intento de reconstruir Batasuna, en los puestos clave, recoge EFE.

La formación soberanista ha dado a conocer este domingo en un comunicado la propuesta de la Mesa Política saliente para integrar la próxima dirección nacional de EH Bildu.

Lo ha hecho en el primer día del período interno establecido en EH Bildu para realizar las posibles propuestas a dirigir la coalición, para la que existe la posibilidad de presentar candidaturas alternativas.

Arnaldo Otegi (secretario general), Sonia Jacinto (secretaria de organización) y Arkaitz Rodríguez (secretario de acción política) encabezan las listas oficiales tanto para la próxima Mesa Política (33) como para la próxima Ejecutiva (16), el otro órgano que integrará el nuevo sistema de "dirección bicameral" por el que apostará en adelante EH Bildu.

Miren Zabaleta, la cuarta condenada por el caso Bateragune, también está incluida en la plancha oficial como responsable política de Navarra. 

La propuesta se enmarca en el III proceso congresual de EH Bildu, que culminará el 8 de febrero en Pamplona, donde se refrendarán las líneas políticas y se elegirá a la nueva dirección de la formación soberanista y a su líder.

La ponencia organizativa que se debatirá en esta reunión plantea cambios respecto a los organismos dirigentes de EH Bildu, con la creación de la citada Ejecutiva, que será la que adopte las decisiones de funcionamiento ordinario del partido y en la que no habrá miembros designados en representación de cada formación política integrante de la coalición (Sortu, EA y Alternativa).

El líder de la coalición, puesto para el que vuelve a presentarse Arnaldo Otegi, será el secretario general de EH Bildu, que ya no se denominará, como hasta ahora, coordinador general.

Junto a los citados Otegi, Jacinto, Rodríguez y Zabaleta, la propuesta oficial para la Ejecutiva recoge nombres como el del portavoz en el Parlamento Vasco y en su momento candidato a lehendakari, Pello Otxandiano, y el de la parlamentaria vasca Nerea Kortajarena, además de los de Unai Urruzuno y Gorka Elejabarrieta, entre otros.

Para la Mesa Política, en la que participan todos los miembros de la Ejecutiva, la propuesta oficialista incluye a la actual portavoz en el Congreso, Mertxe Aizpurua, al europarlamentario, Pernando Barrena, a la dirigente de EA Eba Blanco, y al de Alternatiba Oskar Matute.

La vivienda ya se ha convertido en el principal problema de los ciudadanos vascos. Desde el Gobierno de Euskadi se apuesta por una respuesta "integral", tanto en la oferta como en la demanda, en una comunidad donde pesan factores como que hay más habitantes solos en los domicilios que en familia y con la presión turística en ascenso. 

El socialista Denis Itxaso (Donostia, 1975) es el consejero vasco de Vivienda y Agenda Urbana en el gobierno de coalición presidido por Imanol Pradales (PNV). El exdelegado del Gobierno está en plena aplicación de las zonas tensionadas y espera que a lo largo de este año estas áreas afecten ya a municipios que engloban al 60% de la población. Además, durante estos días está en permanente contacto con el Ministerio de Vivienda a raíz del diseño del plan anunciado por Pedro Sánchez, que incluye medidas como un PERTE, la limitación de compra para los extranjeros extracomunitarios no residentes y la transferencia de dos millones de metros cuadrados a la nueva empresa pública de vivienda. Y se muestra el político convencido de que se puede solucionar la crisis y evitar esa brecha de desigualdad entre propietarios e inquilinos.

¿Qué le parece el plan de medidas anunciado por el presidente? ¿Cómo afectará a Euskadi?

Son medidas que están a la altura de la dimensión del problema. Podemos cerrar los ojos o mirar para otro lado, pero España es un país con un atractivo turístico descomunal, y eso, querámoslo o no, afecta al parque de vivienda cuando parte de él se detrae para destinarlo a fines turísticos. Como consejero vasco de Vivienda me preocupa que, con el cambio climático y las temperaturas templadas de la cornisa cantábrica, el desplazamiento de capitales inversores extranjeros pueda también afectar al parque vasco de vivienda en zonas de costa. En San Sebastián hace algún tiempo que se detectan compras de viviendas de lujo por parte de capitales sobre todo rusos. También destacaría el diseño de un PERTE específico para la vivienda porque es un instrumento que ha dado muy buen resultado al alinear toda la cadena de valor, que en el caso de la vivienda es muy compleja, para poder dar un salto tanto cualitativo como cuantitativo.

El último Deustobarómetro recoge que la vivienda se ha convertido ya, junto a la sanidad, en la principal preocupación de los ciudadanos vascos. ¿Estamos ante una emergencia en el caso de la vivienda en Euskadi y en España?

Suelo utilizar la expresión de la emergencia habitacional. Es una prioridad para el Gobierno vasco. Cuando tomé posesión, prometí una posición de combate ante un problema lacerante que tiene afecciones claras de carácter social. Pero también económicas porque lastra nuestra competitividad y resta capacidad de consumo a las familias. Hemos establecido una estrategia tan amplia como el problema. No es solo algo de las clases vulnerables, sino también de las clases medias. Por tanto, la respuesta ha de ser integral: hay que poder actuar desde la oferta y desde la demanda. Solemos decir que el tiempo del urbanismo y del suelo no es el de las personas. Pasa un tiempo, desde el suelo hasta la entrega de llaves, que tiene que ser de amparo y de cobertura de los inquilinos que están experimentando los rigores de un mercado del alquiler feroz absolutamente disparado. Y tenemos que regular.

En ese Deustobarómetro, un 31% de ciudadanos dice que nunca podrá comprarse una vivienda. ¿Se puede convertir en una crisis social?

Es una crisis social para muchas familias. Detraer ese porcentaje tan elevado de renta para sufragar el coste de la vivienda, sea para el alquiler o la hipoteca, está afectando a los sectores económicos. Y la crisis de la vivienda amenaza con generar nuevas desigualdades y nuevas brechas sociales entre propietarios e inquilinos. Es verdad que la vivienda como propiedad está muy arraigada en nuestra sociedad, pero es verdad que como Gobierno estamos obligados a recordar la función social de la vivienda. Por esto tenemos la calificación permanente de las viviendas protegidas desde 2003. Tenemos que recrecer nuestro parque vivienda, con la calificación permanente y multiplicando la construcción. Para eso hace falta reformar la ley del suelo y detectar nuevas palancas de financiación público-privada, porque la vivienda protegida puede ser un elemento de inversión para los privados siempre que sea dentro de los parámetros regulados y puede servir en la medida en la que los poderes públicos solos no vamos a ser capaces de financiar todo el parque.

¿Tiene un cálculo de cuánta vivienda pública se va a construir en Euskadi?

El pacto de la vivienda que se suscribió en 2022 establecía que en el umbral de 2036 debíamos tener un parque de 130.000 viviendas. Ahora tenemos del orden de 70.000. Estamos construyendo una media de cinco mil nuevas viviendas al año. El nuevo Gobierno se ha propuesto elevar a siete mil por año durante esta legislatura. Además, estamos captando vivienda ya construida para ponerla en el régimen del alquiler protegido a través de un programa en el que pagamos al propietario un canon moderado pero le damos plena seguridad y garantía de cobrar a principios de mes y va a recuperar el piso en perfecto estado.

¿En cuántos municipios se está aplicando la ley de vivienda en Euskadi para limitar los precios del alquiler?

Estamos empezando ahora la declaración de las zonas tensionadas. Durante este mes de enero vamos a aprobar las declaraciones de Zumaia, Lasarte-Oria, Irún y Barakaldo. Durante este 2025 vamos a tener a más del 60% de la población vasca viviendo en zonas tensionadas porque se incorporarán las tres capitales. La fórmula establecida por el Gobierno vasco es muy apropiada porque se acredita municipio a municipio y tienen que elaborar planes trianuales de acción. La figura del tensionamiento no es una conquista, sino el reconocimiento de un problema. Y por eso esos ayuntamientos tienen que decir cómo quieren salir de esa situación.

En Cataluña, según los primeros análisis que ha hecho la Generalitat, la aplicación de la ley de vivienda ha supuesto una rebaja del 5% en el precio del alquiler. ¿Tienen un cálculo de lo que puede suponer para Euskadi?

No. Estuve reunido con el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y la consellera de Vivienda, Sìlvia Paneque, y me explicaron esa reducción del 5%, algo que es novedoso en el mercado de la renta de alquiler de precios. Se está queriendo utilizar otro dato en contra y de manera confusa: es verdad que hay un 17% menos de rotación, pero eso no significa que se reduzca el mercado porque propietarios huyan por estar intervenido. Eso no es verdad. Lo que ocurre es que los contratos están durando más y el número de contratos en vigor sigue creciendo.

En el Congreso de los Diputados está atascada la ley del suelo por la pinza entre el PP y Sumar. ¿Cree que podrá retomarse? ¿Es necesaria?

Esa ley la apoyan muchas comunidades y ayuntamientos del PP. No la aprobaron por intereses partidistas y electorales. No conozco a nadie en este país que no esté de acuerdo en que la cadena de valor y todos los procedimientos y burocracias son angustiosamente lentos. Ahora mismo está entre los cinco y los siete años el tiempo que transcurre entre el suelo y la entrega de llaves de vivienda protegida. Eso pasa porque los planes urbanísticos y las modificaciones puntuales son procedimientos que duran dos años, son tiempos muy dilatados. Necesitamos que haya herramientas de agilización por parte de la administración. El PP no la aprobó en el Congreso por cainismo. En algún momento imperará el sentido común y espero que esa reforma prospere.

¿Qué opinión tiene de las medidas lanzadas por Alberto Núñez Feijóo y sus barones este fin de semana en Asturias?

No soy muy dado a las hipérboles, pero me parecen catastróficas. Volver al modelo de la liberalización es regalar suelo, que es un bien finito, a las empresas privadas y eso no va a reducir el precio, sino que lo va a incrementar. Ahora en el ámbito de la demanda no están solo los españoles, sino que hay muchos operadores con interés de especular. España es un país muy atractivo turísticamente. En Euskadi tenemos un problema de suelo, muy escaso y muy caro.

Hablando de Euskadi, el caso de Donosti recuerda mucho a Barcelona y Madrid, con sus centros convertidos en lugares donde solo pueden vivir millonarios y están llenos de hoteles de lujo. Es algo que pasa desde hace años en Londres y en París, por ejemplo. Desde el punto de vista social, ¿ha fracasado un sistema que ha expulsado a los vecinos?

Afortunadamente creo que Donosti no ha llegado a semejante situación. Pese a todas las políticas novedosas que hemos hecho en Euskadi, la demanda nos ha sobrepasado. El principal factor de tensionamiento, también en San Sebastián, no es tanto el turismo, sino el hecho de que por primera vez en el País Vasco hay más personas viviendo solas que acompañadas. Eso es una revolución demográfica que los sociólogos no fueron capaces de ver con tiempo. Hay que recrecer el parque público de manera urgente porque vamos a necesitar más viviendas para el mismo umbral de población. No es una tendencia que vaya a cambiar en el medio plazo. Además, hay que poner coto a la proliferación de los pisos turísticos.

Acaban de aprobar el proyecto de presupuestos en el Parlamento vasco con solo el voto a favor del PNV y del PSE-EE. Se ha visto un distanciamiento con EH Bildu en temas como la vivienda. ¿Hay mayor sintonía en el Congreso y menos en Euskadi?

El mensaje que ha llegado a Madrid es el del Parlamento Vasco, pero la relación del Gobierno de Euskadi con EH Bildu en materia de vivienda es mucho mejor de la que ellos quieren porque nuestra conexión es con los ayuntamientos. Mido la relación municipio a municipio, no tanto en el postureo en el Parlamento Vasco.

Forma gobierno de coalición con el PNV en Euskadi. En el Congreso se han visto episodios de acercamiento de los nacionalistas vascos con el PP en temas como la eliminación del impuesto a las energéticas. ¿Los ve dando un giro en Madrid y acercándose a Alberto Núñez Feijóo para una moción de censura?

El PNV ahora está en pleno proceso interno. No me gusta meterme en la vida de los partidos, y menos en la de los socios de gobierno. Por cierto, tenemos una relación extraordinaria en este inicio de legislatura de colaboración y confianza. No sé qué puede pasar, pero es verdad que el PP y nosotros no somos lo mismo. 

En el Gobierno de coalición, Sumar ha sido muy crítico con la parte socialista y en especial con la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, acusándolos de ir lentos para dar respuesta a los ciudadanos. ¿Qué le parecen las críticas?

Un poco injustas. Conozco a los consejeros de Sumar y de Podemos que están gestionando esta materia en Asturias y Navarra. Tengo una magnífica relación con ellos y están haciendo políticas estupendas de la mano de presidentes socialistas. Tiene que ver más con la necesidad de sacar la cabeza, un poco como pasa con EH BIldu en Euskadi. Es una causa común en la que debemos estar unidas las fuerzas progresistas y tendiendo la mano al resto del arco parlamentario. Como he dicho, este problema tiene solución. Tenemos recursos, despleguemos todas las potencialidades de la ley de vivienda y apliquemos la figura del tensionamiento. Es hora de responder ante el principal problema de la ciudadanía.

Pero un pacto de Estado con el PP parece imposible, ¿no?

Conociendo a la ministra, no va a cejar en el intento. No podemos tirar la toalla.

Siete horas y cuarenta y siete minutos de agonía. El paquete fiscal, en el aire. Máxima tensión en el Congreso de los Diputados. El Gobierno se jugaba mucho. Las negociaciones in extremis lograron que el Ejecutivo recabara finalmente el apoyo de todos sus socios en la Comisión de Hacienda para sacar adelante parte de la reforma fiscal después de duros enfrentamientos y vetos entre los grupos parlamentarios de la investidura.

La Comisión de Hacienda fue el escenario de un batalla de vetos que se prolongó hasta casi la una de la madrugada entre los propios socios del Gobierno con motivo de la transposición de una directiva europea (con un tipo mínimo del 15% para las multinacionales) pero que se ha convertido en un vehículo para tratar de aprobar una reforma fiscal de mayor calado por parte del Ejecutivo con negociaciones a varias bandas a lo largo de las últimas semanas.

La sesión de este lunes, tras dos aplazamientos en las semanas anteriores, no se produjo en el clima de colaboración que esperaba el Ejecutivo, sino que cristalizó todavía más el malestar. Hasta tal punto que, durante la votación de las enmiendas, los socios no lograron un acuerdo entre todos y cayó el impuesto a la banca, todo un símbolo de la coalición progresista y que tiene caducidad el próximo 31 de diciembre. El gravamen no salía adelante precisamente por la abstención de ERC, EH Bildu y BNG, enfadados porque el PSOE y Sumar hubieran desterrado el de las energéticas con Junts y PNV.

Todo estaba perdido y el Gobierno no tenía los números. El presidente de la Comisión, Alejandro Soler (PSOE), paró la reunión antes de las nueve de la noche porque el proyecto de ley naufragaba. En la sala de gobierno del Congreso se puso a trabajar el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas, con diputados de las fuerzas de la investidura para lograr un acuerdo. Al otro lado del teléfono estaba la vicepresidenta primera, María Jesús Montero. Finalmente el Gobierno se comprometió a aprobar un decreto paralelo para mantener el impuesto a las energéticas, lo que satisfizo a los partidos progresistas.

El paquete fiscal se ha convertido en un laberinto político y de tramitación parlamentaria. El Gobierno logró dar un paso adelante habiendo estado en el precipicio durante horas. El dictamen de la Ponencia fue avalado finalmente por el PSOE, Sumar, Junts, ERC, EH Bildu y el BNG. En ese texto no se encuentra el impuesto a la banca, ya que cayó en las enmiendas por la abstención de ERC, EH Bildu y el BNG, pero estos grupos, en virtud del pacto con el Ejecutivo, lo salvarán en la sesión del jueves.

El acuerdo entre el bloque de investidura sirvió para ganar esta bola de partido en la Comisión de Hacienda, pero todavía no tienen asegurados todos los votos. A partir de este momento, el foco estará en Podemos, que no tenía representante en la Comisión pero cuyos cuatro diputados son indispensables para sacar adelante este paquete en la sesión plenaria del próximo jueves.

El texto que salió adelante este lunes incluye medidas como el impuesto de multinacionales, una subida de dos puntos porcentuales del IRPF para la rentas del ahorro superiores a 300.000 euros,  la bajada del impuesto de sociedades a las cooperativas y empresas que facturan menos de un millón de euros, una mejora de la tributación de las actividades artísticas. el gravamen a los vapeadores y el incremento del IVA a los alquileres turísticos.

Ahora la gran batalla política se centrará en los impuestos a la banca y las energéticas, que decaen el 31 de diciembre. Sobre el primero, para mantenerlo solo faltarían los votos de Podemos en el Pleno del jueves, pero sigue exigiendo garantías de que siga en vigor el de las energéticas. En ese círculo vicioso, este último gravamen se intentará mantener el año 2025 a través de un real decreto ley impulsado por el Gobierno central con el apoyo de ERC, BNG y EH Bildu. El problema reside en que están en contra Junts y el PNV, por lo que no saldría adelante teóricamente en la convalidación posterior en el Congreso. Asimismo, el Ministerio de Hacienda emitió un comunicado tras la votación para aclarar "que mantiene su acuerdo con Junts para no gravar a las empresas energéticas que mantengan su compromiso efectivo de inversión para la descarbonización".

La votación final de la Comisión sobre el dictamen del proyecto de ley se produjo pasadas las doce horas y media de la noche después de horas de intenso debate, negociación y decenas de caóticas votaciones sobre enmiendas a lo largo de toda la tarde. Un síntoma de cómo ha sido el paso del proyecto de ley durante estas semanas en el Congreso de los Diputados.

El texto traía del Consejo de Ministros originariamente una transposición de una directiva europea con el principal plato de un tipo mínimo efectivo del 15% a las multinacionales. Pero su tramitación ha sido utilizada por el Gobierno para tratar de armar un paquete fiscal más potente a varias bandas con sus socios, empezando por un acuerdo inicial de los socialistas con PNV y Junts para mantener el impuesto a las energéticas pero dejar el de las entidades financieras.

Además, los socialistas durante estas semanas pactaron con Sumar dejar fuera el impuesto a las energéticas y el del diésel, pero mantener el de la banca. En aquel pacto entre los dos propios socios de Gobierno se incluyeron otras medidas como un nuevo impuesto sobre bienes de lujo (jets privados o coches de lujo) y un IVA del 21% para los apartamentos turísticos.

Pero esos acuerdos provocaron el malestar absoluto y el rechazo de los partidos más a la izquierda que sostienen al Gobierno: ERC, EH Bildu, BNG y Podemos. Todos ellos llevan días criticando que el PSOE y Sumar hayan optado esta vez por alcanzar primero consensos en materia impositiva con los grupos de centro derecha que apoyaron la investidura y levantaron un muro contra los acuerdos alcanzados. Tensiones que se evidenciaron durante toda la reunión de la Comisión a lo largo del lunes, con votaciones incluso en las que se alinearon el PP con los grupos a la izquierda del PSOE.

De manera paralela, a lo largo de los días de negociación el Partido Popular mostró su disposición a apoyar únicamente la transposición europea y salvar de esta manera al Gobierno, que se enfrenta a una sanción de Bruselas si no lo hace, pero también rechazó que el proyecto de ley sirviera para una reforma fiscal de mayor envergadura (aunque sí dio su visto bueno a esas enmiendas con la izquierda para las cooperativas).

Esta tramitación es de un gran calado político para el Gobierno porque supone allanar el camino de las condiciones que pone Bruselas para el desembolso de las millonarias ayudas y porque es un termómetro de cara a los presupuestos generales del Estado. El Ejecutivo, aunque ha querido desligar el proyecto de las cuentas, sí era consciente de que es un primer paso psicológico para la negociación de la senda de déficit (que está todavía en el aire y a la espera del beneplácito de Junts).