Días de descanso y reflexión para la mayoría de los políticos. Pero también tiempo para repensar las estrategias y coger fuerzas para una primavera política con temperaturas casi de agosto. Unos meses decisivos para el escenario público, que mira ya a las generales del año que viene. Y todo está por escribir.

Con la última remodelación del Gobierno, el presidente, Pedro Sánchez, busca centrar el discurso en la economía elevando a Carlos Cuerpo como vicepresidente primero. Tras las fotos, toca la hora de testar el nuevo perfil del ministro de Economía, con el que Moncloa quiere hablar de los buenos datos y obligar al Partido Popular a abordar la cuestión durante todos los miércoles en la sesión de control al Ejecutivo en el Congreso.

Pero el Gobierno sigue teniendo una gran asignatura pendiente: el proyecto de presupuestos generales del Estado. Cuerpo ha prometido que se presentarán. Esta labor le tocará al nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España, que asume unas cuentas saneadas por parte de María Jesús Montero, pero también otras carpetas abiertas como la búsqueda de apoyos para el nuevo modelo de financiación autonómica y para el proyecto de la quita de la deuda. 

La política internacional copa cada día más importancia en el tablero doméstico. El ‘no a la guerra’ de Sánchez se nota ya en las encuestas, con una recuperación del PSOE, pero, sobre todo, refuerza la imagen de estadista del presidente, que ha conseguido que la mayoría de países de la UE haya cambiado su posición y se muestre en contra de participar en una guerra ilegal.

Sánchez se ha erigido como la némesis de Donald Trump, que, por el momento, no ha cumplido su amenaza de un embargo comercial a España. El presidente español continúa su ronda por medios internacionales y tiene prevista una agenda internacional muy apretada durante las próximas semanas. Los días 13, 14 y 15 de abril volverá de viaje oficial a China en un momento de máxima tensión con Washington, con la idea de reforzar lazos económicos pero también de contrarrestar el poder de Trump y defender el multilateralismo. A la vuelta, tiene una cita muy simbólica con la cumbre internacional de líderes progresistas en Barcelona, donde ejercerá de anfitrión. Allí estarán, entre otros, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y el máximo representante del Consejo Europeo, António Costa.

El 17 de mayo se celebrarán elecciones en Andalucía, la comunidad más poblada de España. Es una batalla muy importante para el termómetro nacional, aunque sus resultados no son del todo extrapolables a unas generales. La gran duda en estos momentos es si Juanma Moreno (PP) conseguirá revalidar la mayoría absoluta o tendrá que pactar con Vox para seguir en el Palacio de San Telmo. Esta última opción sería un revés para el popular, que se ha presentado como el barón moderado frente a la madrileña Isabel Díaz Ayuso, con postulados similares a la ultraderecha.

El PSOE tiene el gran reto de no caer en su peor resultado histórico. El socialismo lleva como candidata a la exvicepresidenta María Jesús Montero, que aspira a romper las encuestas con un discurso basado principalmente en la defensa de los servicios públicos como la sanidad, la educación y la dependencia. En la sala de máquinas de la calle de San Vicente en Sevilla no paran de repetir que hay margen para crecer, ya que hay más de medio millón de votantes del PSOE que se quedaron en casa en las elecciones de 2022.

La derecha tiene por delante una apretada primavera de cortejo. El Partido Popular y Vox tienen sumidas en la incertidumbre a tres autonomías: Extremadura, Aragón y Castilla y León. A pesar de que dan los números, no logran ponerse de acuerdo para esta nueva etapa que enfrenta el bloque por la vuelta a los Ejecutivos de coalición.

Aunque Alberto Núñez Feijóo quería cerrar cuanto antes estos acuerdos, la dirección de Vox ha ralentizado este proceso. Sobre la mesa vuelve la sombra del 28M: a qué pactos llegarán, hasta dónde cederán los populares y qué consejerías exigirán los de Abascal. Y se debate la propia fórmula: María Guardiola y Jorge Azcón aceptan que haya consejeros de la ultraderecha, mientras que Alfonso Fernández Mañueco prefiere gobernar en solitario con el apoyo externo de los de Santiago Abascal.

Estos meses antes del verano serán cruciales para saber el estado de salud de la ultraderecha en España, en un momento en el que en Europa se aprecian frenazos en este espectro como el resultado de las presidenciales en Portugal y la pérdida del referéndum constitucional por parte de Giorgia Meloni en Italia, además de las encuestas en Hungría que apuntan a la posibilidad de que pierda Viktor Orbán.

En España, varias encuestas empiezan a apuntar una ralentización del fenómeno Vox. Por un lado, las elecciones de Castilla y León fueron frustrantes para el partido de Santiago Abascal al no lograr sobrepasar el simbólico 20% de votos. Vox tiene ahora mismo dos elementos de desgaste principalmente: su apoyo sin fisuras a Donald Trump y Benjamin Netanyahu en la guerra de Irán y la herida interna abierta por el choque entre el líder y varios de los fundadores como Iván Espinosa de los Monteros y Javier Ortega-Smith. Además, su incorporación en los Ejecutivos autonómicos pondrá la lupa sobre su gestión y se rebajará el discurso antisistema sobre el que cabalga ahora mismo la extrema derecha española.

Las izquierdas siguen explorando vías para las próximas elecciones generales tras los fracasos de Aragón y Castilla y León. En pleno Viernes Santo, el espacio logró un gran acuerdo en Andalucía que parecía impensable incluso hace una semana. Finalmente, compartirán papeleta IU, Podemos y Movimiento Sumar bajo el paraguas de Por Andalucía (en el que también están Iniciativa del Pueblo Andaluz, Alternativa Republicana, Partido Verde y Alianza Verde).

El próximo 9 de abril se producirá asimismo en Barcelona un movimiento muy simbólico con la charla programada entre Gabriel Rufián (Esquerra Republicana) e Irene Montero (Podemos). Un nuevo paso en busca de herramientas comunes tras el inicio de la gira del catalán con Emilio Delgado 

De manera paralela se darán pasos por parte del frente amplio que han conformado Izquierda Unida, Más Madrid, los comunes y Movimiento Sumar, que se han citado a otro gran acto, como el que hubo en el Círculo de Bellas Artes en Madrid, en Sevilla el próximo 19 de abril, en plena precampaña de las elecciones andaluzas 

No obstante, el espacio sigue huérfano de liderazgo tras la decisión de Yolanda Díaz de no repetir como número uno y el autodescarte del ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy. Todas las miradas están puestas en Rufián, cuya distancia con la dirección de ERC aumenta cada día con Oriol Junqueras señalando, por ejemplo, que él no pasó por la cárcel para que Ada Colau vaya en una lista con los republicanos. 

La política española seguirá pendiente también de lo que pase en Cataluña, ya que afecta directamente a las mayorías en el Congreso. Salvador Illa consiguió salvar una bola de partido con los presupuestos, pero ahora debe abrir un periodo de negociación con Esquerra. No tener cuentas públicas puede ser un problema para su estabilidad e incluso abriría un escenario de elecciones adelantadas.

Los republicanos en Madrid van a seguir empujando para el traspaso del IRPF a la Generalitat, algo a lo que se negó María Jesús Montero. En ERC confían en el talante de Arcadi España para asumir sus postulados y encajar un enfoque más federalista del Estado. Además, todos los partidos están muy atentos al ascenso fulgurante de Aliança Catalana, un elemento que puede romper los equilibrios de la política catalana y, por ende, de la española.

La vivienda sigue como la principal preocupación para los españoles. Y ninguno de los partidos ha logrado imponer sus recetas. “Quien dé con la tecla de la vivienda ganará las próximas elecciones”, disecciona un veterano parlamentario. Y será la principal batalla en el Congreso en las próximas semanas a través del decreto aprobado por el Gobierno.

El texto deberá pasar por votación en la Cámara Baja antes del próximo 22 de abril (está un mes en vigor hasta que se pronuncie el Congreso). Se ha convertido en la gran batalla política del ala de Sumar en el Gobierno, que presionó hasta el final para que el PSOE aceptara las medidas dentro del paquete de ayudas por la guerra de Irán. Una de sus columnas es la prórroga de los contratos de alquiler con un tope de subida. Ahora mismo no cuenta con los votos suficientes, ya que el PP, Vox y Junts ya han anunciado su rechazo. No obstante, la izquierda transformadora cree que todos deben retratarse y que el ‘no’ tendrá un coste social para esos partidos.

El próximo mayo se cumplirán ocho años desde que personal de la entonces denominada Corporación Radio e Televisión de Galicia (CRTVG) se agrupó por primera vez en el colectivo 'Defende a Galega'. Bajo ese paraguas, a través de las movilizaciones simbólicas de los viernes negros, el personal movilizado comenzó a señalar injerencias políticas del Gobierno de la Xunta en su trabajo, así como otras reivindicaciones laborales.

Han pasado ya más de 400 de esos 'viernes negros' salpicados de otras protestas y acontecimientos. Entre ellas, huelgas impulsadas por el comité intercentros de la corporación o dos condenas judiciales por represaliar al personal; una de ellas ya declarada firme por el Supremo y la segunda, dictada recientemente por el Tribunal Superior y que la ahora Corporación de Servizos Audiovisuais de Galicia (CSAG) se dispone a recurrir, según confirmó este martes en el Parlamento su directora general, Concepción Pombo.

Pombo fue nombrada al amparo de una nueva ley de los medios públicos que, entre otros cambios, supuso el fin del precepto legal que obligaba a elegir la dirección general de la corporación con más votos que los del PP en el Parlamento —mayoría reforzada y no solo absoluta—. Estaba vigente desde 2011, pero nunca había llegado a aplicarse.

Con todo este telón de fondo en Galicia, la dirección estatal del PP acaba de redoblar su ofensiva hacia Radio Televisión Española (RTVE). Y en ese marco, el equipo de Alberto Núñez Feijóo, en lo esencial el mismo que lo acompañó en sus años de presidente de la Xunta y del PP en Galicia, acaba de decidir la apertura de una comisión de investigación en el Senado, cámara en la que gozan de mayoría absoluta y en la que ya llevan abiertas media docena de pesquisas sobre otros asuntos contra el Gobierno de España o el PSOE.

Como informa Fernando Varela para infoLibre, la solicitud de comisión de investigación registrada por el PP combina la atribución a la dirección de RTVE de diversas cuestiones rayando la ilegalidad —desde conflictos de intereses a delitos contables— con acusaciones de manipulación informativa en lo que la portavoz del partido en el Senado, Alicia García, califica como “telepedro”. La radio y la televisión públicas estatales, acusan, se está “alejando crecientemente” de sus obligaciones legales para convertirse en una “plataforma de propaganda partidista y gubernamental”.

Para la presidenta del Comité Intercentros de la CSAG, Raquel Lema, impulsar esta investigación es “una hipocresía, un cinismo absoluto”. “Sobre todo”, considera, “estando en estos momentos Alberto Núñez Feijóo liderando el PP y acompañado de gallegas y gallegos” que formaban parte de su equipo en Galicia. “Es increíble que se atrevan a acusar a RTVE” en esos términos “teniendo lo que tienen en su casa de origen, los medios de comunicación gallegos” en cuanto a “manipulación” y “vulneración de derechos fundamentales”.

En este sentido, Lema pone el foco precisamente en las mencionadas sentencias. “Aquí hay condenas por vulneración de derechos fundamentales a dos trabajadores por su participación activa en Defende a Galega, un movimiento que lo que más reivindica” es precisamente frenar “la injerencia política y la manipulación” en los medios públicos, subraya en declaraciones a Praza.gal. “Ya no es una opinión nuestra, un punto de vista diferente de las trabajadoras organizadas, sino sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia”.

A juicio de la presidenta del comité intercentros de la CSAG, el PP “primero debería arreglar su casa”. También en lo referente a la ley de los medios públicos, que en Galicia “aprobaron con sus únicos votos” y que implicó “eliminar el Consejo de Informativos y el Estatuto Profesional que estaban previstos en la ley de 2011, que nunca se crearon” y que están incluidos en el Reglamento Europeo sobre libertad de los medios de comunicación, vigente desde agosto de 2025.

Tras el registro de la solicitud por parte del PP, RTVE respondió con un comunicado institucional en el que, como informa infoLibre, invoca precisamente el Reglamento Europeo, el mismo que contradice la nueva ley gallega de la CSAG. Lo hace para advertir de que esa norma (EMFA, por sus siglas en inglés), vigente desde agosto de 2025, prohíbe a los Estados las injerencias en las políticas y decisiones editoriales de los prestadores de servicios públicos de comunicación audiovisual.

Considera RTVE que la iniciativa del PP va más allá del normal control parlamentario de los medios públicos porque intenta, entre otros aspectos, “cuestionar la actual línea informativa” de la radio y televisión estatales. Lo que impulsan los populares, advierten, es un “juicio político” y lo hace además en plena ofensiva de la patronal de las televisiones privadas contra RTVE y mientras, al mismo tiempo, cabe preguntarse si pretenden aplicar en el Estado “criterios distintos” a “territorios donde también existen radiotelevisiones públicas y donde sus profesionales denuncian situaciones de grave deterioro del servicio público”, caso de Galicia.

El antisanchismo más que una estrategia es una obsesión desmedida. Y, como todos los excesos, resulta más contraproducente para quien lo padece. Desde el ‘No a la guerra’ del Gobierno por el conflicto en Irán, el PP reacciona tarde y mal, rectifica a remolque de los acontecimientos y, por oponerse a Sánchez en todo y sin medida, acaba yendo contra sí mismo. Practicando una oposición que descarrila en la agenda internacional, en un contexto de creciente complejidad geopolítica y donde la voz de España ha logrado ser relevante por la apuesta política del Gobierno. 

El “Europa no pinta nada” es tan falso como ese “España no tiene voz”. La UE tiene múltiples debilidades, pero la realidad, como demuestra la guerra de Irán, pasa por Donald Trump llamando a esa puerta, pidiendo ayuda y buscando la legitimidad de unos aliados a los que nunca consultó y ahora llama cobardes. La reacción de Trump contra Sánchez es síntoma de cómo la posición de España ha calado. Verbalizó antes que nadie la posición que ahora siguen los principales socios europeos. 

El portazo de Pedro Sánchez a una guerra ilegal, que arrastra a una crisis humanitaria y económica, ha sido coherente desde el principio. Desde ese primer día, el PP ha cargado contra la prohibición del uso de las bases y el cierre del espacio aéreo. Feijóo tiró en el Congreso de los supuestos misiles iraníes con la cara de Sánchez: la peor propaganda como argumento, hasta verse superado por la realidad, cuando Francia, Italia y Reino Unido han hecho lo mismo. Solo hacía falta esperar. Después de España, la ira estéril de Trump ha llegado a Starmer y Macron.

No es la única realidad que supera al PP. Ha perdido otra oportunidad de oro para colocarse en posición de gobierno al salir en defensa del Domingo de Ramos. Pudo haberlo hecho antes que Sánchez, que el ejecutivo italiano, francés, británico e incluso desde Washington. Pero han preferido la performance de Ester Muñoz: “Sánchez está en su despacho grabando un TikTok con la gorra Make Catholicism Great Again”. Ante la evidencia de realidades que se imponen, el PP ha intentado a destiempo desmarcarse de su posición original. Aquel no será legal pero es legítimo (matar al ayatolá). Y de ahí a intentar situar la crítica en la “escenificación”. Como si una guerra no fuera también guerra de posiciones. Igual le parece bien no escenificar en todo lo posible la condena a matar iraníes, palestinos y propagar un conflicto sin rumbo ni legitimidad por toda la región. 

Hay algo más preocupante. Que el descarrilamiento en el posicionamiento del PP en la agenda internacional responda —además del antisanchismo— a la incapacidad de tener posición propia y defenderla. Un descartar por sistema el liderazgo patrio. Al seguidismo del más fuerte como postura oficial sin medir cómo el seguidismo a Trump perjudica a España. Al PP le parece extemporáneo sacar a colación la guerra de Irak. Viene a cuento porque comparte hilo conductor y es pertinente saber si el PP de Feijóo rompe con Aznar. 

Solo hay una manera para que Donald Trump ponga fin a la guerra en Irán. Soltar la mano de Netanyahu. Romper con la estrategia de Israel donde pretende reforzar su seguridad a costa de invadir países, imponer la ilegalidad internacional y aprobar leyes criminales que permitan ahorcar a palestinos. Solo si Trump se desmarca podrá frenar la guerra. Necesita una coartada, la construcción ficticia de una supuesta victoria, para no llegar a las elecciones de noviembre sin opciones. En cuanto a la amenaza de romper la Alianza Atlántica, ya lo hizo en campaña. Si EEUU está en la OTAN es porque la necesita. La andanada no tiene fácil materialización y coloca a Europa en un debate interesante sobre su autonomía en defensa y energía. Sobre su autodefensa cuando el aliado histórico amenaza con irse. El PSOE no se ha movido desde Irak, sin embargo, es fácil imaginarse al PP defender a Trump también en su amenaza de salida. Por no molestar. Por no romper lazos diplomáticos. Por defender lo opuesto a Sánchez. 

Escribe Sergio del Molino en El País recordando la memoria de Álvaro Cunqueiro cómo “Feijóo se traiciona cada vez que se arrima a Abascal y le hace los coros a los gritos racistas”. Y acaba pidiendo restringir la sanidad a los inmigrantes, evitar las regularizaciones de miles de residentes sin documentación que viven en España y vincula terrorismo con las mismas regularizaciones. Ajeno a la realidad — sus votantes conocen bien el perfil de quien trabaja en España desde hace años sin los dichosos papeles— especula con la entrada camuflada de supuestos yihadistas. Como si las células terroristas se activaran por los papeles que tengan. 

En ese ataque sin brújula a cualquier decisión de Sánchez en política exterior, el PP acaba alineado en el rincón de esta historia con Israel y defendiendo no molestar a Trump. Desmarcándose incluso de Giorgia Meloni o los conservadores europeos. VOX ya está instalado en la contradicción absoluta de una guerra contraria a los intereses de España y  Europa. De nuevo, los patriotas. Y el PP se está empeñando en ganar terreno también ahí. 

Andalucía es la última parada de esta primera parte del ciclo electoral. Y no es una batalla cualquiera. Es la comunidad más poblada de España y, además, es la que repartirá más diputados al Congreso en los comicios generales del año que viene. La disputa por los asientos del Hospital de las Cinco Llagas va más allá de Despeñaperros, con ecos a nivel nacional.

Juanma Moreno ha adelantado las elecciones al 17 de mayo aprovechando que su imagen pública se ha recuperado por la gestión del accidente del AVE en Adamuz (Córdoba) y de las últimas borrascas después de meses de mucha preocupación en el Palacio de San Telmo por la crisis de los cribados de cáncer de mama.

Las elecciones andaluzas se juegan en estos momentos en torno a una clave: la pérdida de la mayoría absoluta del Partido Popular. Si esto sucede, como vaticina la mayoría de encuestas, Moreno se va a encontrar con un serio problema político en su carrera al verse abocado a un pacto con Vox. Ese aura de moderación está en riesgo para un barón que abandera el sector más centrado del partido frente a la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que se caracteriza por poner en práctica unas políticas equiparables a las de Vox.

Moreno Bonilla ha adelantado, según los cálculos iniciales que se hacían, unas semanas estas elecciones para tener una precampaña y una campaña muy acordes al perfil cercano y de estabilidad que quiere vender. El popular va a aprovechar para promocionarse durante las sucesivas fiestas de primavera que se concentran entre abril y mayo en la comunidad, desde Semana Santa hasta El Rocío pasando por las ferias de Abril y de Jerez y las Cruces de Granada y Córdoba.

Una de las dudas que planean es hasta qué punto tiene capacidad de crecimiento Vox, que iba fuerte en las encuestas. Pero ahora el partido de la ultraderecha se ha encontrado con una perspectiva menos halagüeña marcada por el frustrante resultado en Castilla y León (no superó el 20% que esperaba), su postura respecto a la guerra de Irán y la gran crisis interna abierta en el partido por el enfrentamiento de Santiago Abascal con algunos de los fundadores como Javier Ortega Smith, Iván Espinosa de los Monteros y Juan García Gallardo.

Al PP y a Vox se les solapa la precampaña andaluza con la negociación de los pactos en Aragón, Castilla y León y Extremadura, donde arranca una nueva etapa de las derechas con la intención de los de Abascal de entrar de nuevo en los gobiernos. Pero esos acuerdos pueden ser un factor negativo para Moreno durante estos días al presentarse como el garante de la estabilidad en solitario (y olvidando que fue el primer líder del PP que pactó una investidura con la ultraderecha).

Núñez Feijóo sueña con una nueva mayoría absoluta del PP para venderlo como un tráiler de las generales. El problema que tiene el Partido Popular en el sur, y al que se aferra a la vez el PSOE, es que no hay una correlación entre las autonómicas y las generales. Los socialistas se hundieron en la última cita andaluza con algo más del 24% de votos (algo más de 800.000 votos), mientras que en las generales, con Pedro Sánchez a la cabeza, el PSOE se quedó muy cerca del PP con un 33% (gracias a casi un millón y medio de votos).

Esta diferencia es la que obsesiona a la ya exvicepresidenta primera María Jesús Montero. La orden que ha dado a las ocho direcciones provinciales ha sido muy clara: hay que echar el resto de los barrios abstencionistas. Nadie puede quedarse en el sofá el próximo 17 de mayo.

Pero, ¿cómo puede lograr ese objetivo el PSOE? La campaña diseñada en la calle de San Vicente, según fuentes socialistas, se centrará especialmente en la defensa de los servicios públicos, con atención principal en la sanidad, la educación y la dependencia. Pero también se va a incidir mucho en los temas de vivienda, que está afectando mucho en provincias como Málaga. También esperan los socialistas que el “No a la guerra” despierte a muchos progresistas en una comunidad donde están las bases de Rota (Cádiz) y Morón de la Frontera (Sevilla).

Montero quiere a todo el “dragón dormido”, como dicen algunos en el partido, del PSOE-A despertando y llamando puerta a puerta. No quiere familias divididas. Por eso espera contar con figuras como Susana Díaz. Pero, además, tirará mucho de Pedro Sánchez, que, a pesar de la imagen que quiere dar el PP, tiene tirón en Andalucía, como se evidenció durante las generales. También está previsto que José Luis Rodríguez Zapatero arrope a sus compañeros del sur.

Sánchez ha hecho una apuesta muy fuerte con la candidatura de Montero, lo que le ha obligado a remodelar de forma exprés su Gobierno situando a Carlos Cuerpo como vicepresidente primero y a Arcadi España como titular de Hacienda. El PSOE-A quiere darle la vuelta a algunas decisiones del Gobierno central que está utilizando el PP como la financiación autonómica y la quita de la deuda. Los socialistas llevarán por bandera que estas dos iniciativas tienen a Andalucía como la comunidad más beneficiada.

En el PSOE son conscientes de que el resultado puede ser complicado la noche del 17 de mayo, pero no supondrá un movimiento tectónico en la política nacional. Sánchez, como confiesan algunos de sus colaboradores más estrechos, sigue convencido de que hay que aguantar hasta el final de la legislatura en verano de 2027.

Y, mientras, la izquierda alternativa sigue fragmentada. Todavía hay una rendija abierta para que Podemos se mantenga en la coalición de Por Andalucía, en la que están Izquierda Unida, Movimiento Sumar e Iniciativa del Pueblo Andaluz. Estas formaciones tienen hasta el Viernes Santo tiempo para poder sellar una coalición ante la Junta Electoral y evitar otro divorcio. Aunque la dirección nacional era reacia, Podemos Andalucía está remando para explorar un acuerdo final.

Pero Adelante Andalucía, el partido fundado por Teresa Rodríguez, irá en solitario pase lo que pase con la otra candidatura. Esta formación se ve muy fuerte y estrena candidato, José Ignacio García, que se ha convertido en uno de los referentes de la oposición durante esta legislatura frente a Moreno Bonilla. Este espacio andalucista espera duplicar sus resultados y llegar a los cuatro escaños. Su mayor problema: su principal implantación se circunscribe a las provincias de Cádiz y Sevilla.

La izquierda andaluza se enfrenta a un momento clave después de los malos resultados en Aragón y en Castilla y León en un momento de convulsión en el que se exploran diferentes vías a nivel nacional. Por un lado, IU, Sumar, Más Madrid y los comunes trabajan en nuevos actos en Cataluña y Andalucía, mientras que el 9 de abril Gabriel Rufián (ERC) e Irene Montero (Podemos) se sentarán en un debate en Barcelona para hablar del futuro progresista. 

El sur marca el norte.

La semana ha estado calentita por varios asuntos —¿y qué semana no?—. Por un lado, la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso para hablar de la posición de España ante la guerra de Irán. La derecha, como es habitual, tiró de ETA, Cuba y la inmigración para salir del paso, además de tratar de hacer suyo el 'No a la guerra'. Pero sin duda, fue Feijóo en la posterior sesión de control al Gobierno quien se convirtió en el meme de la jornada por uno de sus habituales patinazos. Tras el mítico Anatop at de hace unos meses llega Delson Mandela. Este error del líder del PP se hizo viral en redes y dio para muchas risas. "Del creador de Anotop At (por Anatomía de un Instante) y Bruce Esfínter (por Bruce Springsteen) llega “Delson Mandela”. Que le hagan los discursos más sencillitos, que el pobre hombre no llega. Por caridad", se ríe @PiedrafitaMario, "En un debate para informar sobre la crisis ocasionada por la guerra ilegal de Irán la derecha española está hablando de Cuba, ETA e inmigración", analiza @pasanospoco, "Del creador de Anatop At, 'Brifín' o "como escrita por Orwell allá por el año 84"... hoy llega "Delson Mandela". No sabe ni cuál es la capital de Irán... Y este individuo pretende ser presidente con Abascal Obhescal de vicepresidente", critica @maria_LAtatus.

Por otro lado, las convocatoria de elecciones en Andalucía trajo consigo una crisis de Gobierno. María Jesús Montero, la candidata del PSOE a presidenta de la Junta tenía que dejar su puesto como vicepresidenta primera del Gobierno: ¿quién la sustituiría? Las quinielas han estado activas toda la semana hasta que, finalmente, el jueves por la tarde Pedro Sánchez movió ficha e hizo el anuncio: Carlos Cuerpo, ministro de Economía, será el nuevo vicepresidente y Arcadi España, el nuevo ministro de Hacienda. Las redes han estado a tope con este asunto y también le han dado al meme para comentarlo: "Por favor, necesito que el Perro Sanxe declare, entre risas sofocadas, que ha nombrado al nuevo vicepresidente porque se lo pedía el cuerpo", fantasea ‪@hankysolo.bsky.social‬, "De presidente, el guapo, y de vicepresidente, el cuerpo, estamos como queremos", se ríe @DonMitxel_I.

Por último, el lunes empezaba calentito a causa de la discriminación por parte de una cofradía de Sagunto que no acepta mujeres. Las redes han ardido de indignación.

No te pierdas cada semana lo más destacado de las redes sociales resumido en nuestro tuitómetro.

En política, la confianza es clave. Y cuando Alberto Núñez Feijóó llegó a la presidencia nacional del Partido Popular, en abril de 2022, contaba con un apoyo mayoritario entre los votantes del PP. Es más, daba por descontado que su fama de político moderado y de buen gestor, construida gracias, en buena medida, al control mediático de su partido en Galicia, le abriría la puerta de la Moncloa.  En sus cálculos entraba una recesión económica, que nunca llegó y su supuesta capacidad para frenar a Vox, que ya entonces se había comido buena parte del electorado representado tradicionalmente por el PP, y que tampoco se hizo nunca realidad. 

Las cuentas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) llegaron a reconocerle que el 38,7% de los españoles tenían en él mucha o bastante confianza, frente a un 55,4% que manifestaban poca o ninguna. Un porcentaje muy elevado, tratándose de políticos en España, aunque a su favor también jugaba un cierto desconocimiento. En el barómetro de abril de 2022, justo después de su llegada a Génova, Feijóo lograba una valoración media de 5,20. Además, en la pregunta espontánea sobre quién preferían como presidente del Gobierno, obtenía un 16,4%, por encima de lo que registra ahora. El PP hablaba del "efecto Feijóo".

Con el paso del tiempo, aquellas cifras se han volatilizado. La confianza cayó a los pocos meses por debajo del 30%, en septiembre de 2022, y nunca se recuperó. En el barómetro del CIS de febrero de 2026, lo situó en un 3,45 de valoración media, y en marzo apenas remontó al 3,60, casi dos puntos por debajo de cuando llegó a la presidencia del partido. Pero lo verdaderamente inquietante para Génova es la fidelidad de voto: solo el 69,9% de quienes habían votado al PP en 2023 repetirían hoy, mientras un 17,1% se iría a Vox.

Según el reciente análisis de Rafael Ruiz, consultor y analista de datos en asuntos públicos en Logoslab, el comportamiento de los votantes del PP de 2023 a nivel autonómico se aleja de lo que están reflejando las encuestas de cara a unas hipotéticas elecciones generales que se celebrasen en la actualidad, donde la fidelidad del PP es más baja y la de Vox más elevada. Es decir, los votantes del PP están confiando en mayor medida en sus líderes regionales que en Feijóo. En consonancia con esto último, las valoraciones de Guardiola (7,9) y de Jorge Azcón (7,9) entre sus votantes son claramente mejores que las de Feijóo entre los suyos (6,1).

Cuatro años después, el Partido Popular domina el mapa de poder territorial tras las autonómicas y municipales de 2023 y varios de sus presidentes mantienen una relación bastante sólida con sus electorados, pero esa confianza no se traslada automáticamente al líder nacional, que no logró sumar los suficientes apoyos tras las generales de ese mismo año pese a ser la primera fuerza. De cara a los próximos comicios estatales, que Moncloa sitúa en 2027, el PP sigue apareciendo como la primera fuerza en la mayoría de encuestas, pero su líder no capitaliza la confianza que sí despiertan varios presidentes autonómicos de su propio partido.

Más bien al contrario, cuanto mejor aguantan algunos barones en sus territorios, más visible resulta la fragilidad política de Feijóo. Aunque precisamente ese poder territorial es una de las bazas de las que siempre presume la dirección nacional y de las que se sirve para confrontar con el Gobierno de Pedro Sánchez, es también un espejo incómodo para Feijóo. Sus barones gobiernan, pero él no lo hace. Así, según las encuestas —y los resultados electorales— el electorado conservador distingue entre la marca territorial del PP, y la dirección nacional de Génova, que ofrece una imagen más frágil y más expuesta a la presión de Vox.

En comunidades como Extremadura, Aragón y Castilla y León, el PP aparece mucho más anclado a una lógica de gestión y de liderazgo territorial que a las dinámicas de la política nacional. Prueba de ello es el resultado de la formación conservadora en esos comicios, con tres victorias de sus candidatos: en el caso de la extremeña María Guardiola con 29 escaños y 43,2% de los votos —un acta más que en 2023—; en el del aragonés Jorge Azcón 26 escaños y 34,3% del total —dos menos—; y en el del presiente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, 33 escaños y 35,5% —dos más que cuatro años antes—. En todas estas autonomías, sin embargo, el PP necesita el apoyo de la extrema derecha, que ya ha dejado meridianamente claro que entrará en esos gobiernos.

Es más, de cara a demostrar su autoridad frente a sus barones, Feijóo mandó hace unas semanas a sus principales lugartenientes, Miguel Tellado y Marta Varela —secretario general del partido y jefa de gabinete del líder conservador—, a supervisar las negociaciones con la formación de Santiago Abascal. Una decisión que generó revuelo interno dentro del partido, especialmente en el PP extremeño, después de que los ultras amenazan con votar en contra de la investidura de Guardiola. Un movimiento que ni Tellado ni Varela pudieron evitar el pasado 3 de marzo. Este miércoles ambas formaciones acercaron posturas, pero desde la dirección nacional de Vox acusan a Génova de tratar de "ponerles zancadillas" para que el acuerdo no se produzca.

En estos años al frente del PP, su mayor éxito —la cuota de poder territorial— no es tanto suyo sino de sus barones autonómicos. El mayor fracaso, en cambio, es enteramente suyo: no logró la mayoría que buscaba para llegar a la Moncloa. La debilidad de Feijóo quedó patente, precisamente, en su incapacidad de forzar la dimisión del presidente valenciano Carlos Mazón. Fue él quien dio ese paso tras la presión de los familiares de las víctimas de la dana, pero Feijóo se confirmaba únicamente en que no repitiera como candidato en las siguientes elecciones autonómicas. Tampoco pudo convencer a la alcaldesa de València, María José Catalá, a que diera un paso al frente y fuera elegida como presidenta. Tuvo que aceptar una solución intermedia, la de Juanfran Pérez Llorca.

Ese desgaste a su figura tiene varias implicaciones políticas para el líder del PP. La primera en clave estratégica. Si el PP autonómico se vota por gestión y proximidad, pero el PP nacional pierde capacidad de arrastre, entonces la marca estatal deja de funcionar como paraguas y empieza a depender de la autoridad de sus barones. Génova corre el riesgo de vivir a crédito de sus presidentes autonómicos, a diferencia de lo que ocurre en el caso de formaciones como Vox. En ese caso, sus candidatos autonómicos están relegados a un segundo plano y lo único que importa es su líder, que ejerce como candidato in pectore.

Así, otro de los riesgos que corre Feijóo es que una parte de ese electorado que vota al PP nivel nacional, considere más eficaces a los barones del PP en sus territorios, pero perciba a Abascal como su opción favorita en la batalla nacional. Especialmente si en campaña se sitúan en la agenda cuestiones como la inmigración, las políticas verdes, la corrupción del bipartidismo o las guerras culturales, con cuestiones como los derechos feministas o LGTBI en el centro. En Génova confían en que los ultras sufran un retroceso en las próximas elecciones andaluzas y que también se desgasten al entrar de nuevo a gobernar en algunos territorios.

Sin embargo, ello no resuelve el problema de fondo de Feijóo. Y es que cuanto más se refuerce la idea de que el PP funciona mejor en manos de sus presidentes autonómicos que bajo su dirección nacional, más se estrecha el margen político del actual jefe de la oposición dentro del propio partido. No se trata solo de una discusión sucesoria, que hoy no está formalmente abierta, sino de autoridad efectiva. Y, si Feijóo vuelve a fracasar en unas generales, la batalla por su sucesión vendrá desde los territorios.

Alberto Núñez Feijóo ha terminado entonando este miércoles en el Congreso una consigna que hasta hace nada trataba de ignorar: el 'No a la guerra'. Pero le añadió un "y no a usted", en referencia al presidente Pedro Sánchez, para intentar justificar la postura de su partido. El líder del PP, que llevaba días moviéndose entre el seguidismo atlántico, el silencio ante Donald Trump y la crítica al pacifismo del Gobierno, acabó refugiándose en el mismo lema que ha abanderado el presidente del Gobierno español. En Génova asumen que en España el 'No a la guerra' es una frase que tiene memoria, tal y como recordó el propio Sánchez en su intervención previa, en la que acusó al PP y a Vox de haber contribuido "con su apoyo y su silencio" al "desastre absoluto" de la guerra de Irán.

El presidente del Gobierno también evocó la guerra de Irak para empujar a Feijóo hacia una posición incómoda: o marcar distancia con el presidente norteamericano Donald Trump y con la tradición aznarista, o quedar atrapado en ella. El líder del PP trató de situarse al margen al afirmar que "la mayoría de españoles", entre los que él se encuentra, no quieren la guerra... pero tampoco a Sánchez. Así, según trasladan fuentes del equipo de Feijóo, la "sociedad" ha demostrado que "no se cree las consignas de Sánchez" en las recientes elecciones en Castilla y León: "Muchos 'No a la guerra', pero en Castilla y León hay más derecha y menos izquierda".

Con todo, los conservadores han entendido que el antibelicismo ya no es solo una consigna de la izquierda o una herencia del trauma colectivo de la guerra de Irak de 2003. Aquellas protestas contra el Gobierno de José María Aznar fueron multitudinarias y continuas en todo el país y le costaron, junto a la posterior gestión de los atentados del 11-M de 2004, la derrota en las urnas al Partido Popular en las elecciones de marzo de aquel año. Ese rechazo de los españoles a la guerra se refleja en la encuesta exprés de 40dB. para El País y la Cadena Ser, que concluye que el 68,5% de los españoles se opone a la intervención en Irán de Trump y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. La actuación del presidente del Gobierno es apoyada por el 42% de los ciudadanos, superando de lejos el bajo apoyo a la posición de indefinición de Feijóo, que sólo llega al 18,7% de los encuestados.

El líder de la oposición también ha recriminado que Sánchez haya tenido que recurrir a la guerra de Irak para confrontar con él, pero han evitado defender las decisiones del entonces presidente Aznar. Sí lo ha hecho, en cambio, FAES, la fundación que preside el expresidente del Gobierno, que justificó la invasión de Irak de 2003, y en la que participó España al margen de la ONU. Según un comunicado de FAES, "Sadam [Husein] había tenido armas de destrucción masiva, las había utilizado contra su propio pueblo en masacres que dejan pequeñas las mayores atrocidades que hayamos podido ver después", sin embargo, "no dejó que los inspectores de la ONU comprobaran" si las tenía y que, "de haberlo hecho, la intervención militar no se habría producido".

"Como Sánchez ni puede ni sabe gobernar, se dedica a hacer oposición retrospectiva con 23 años de retraso", señala FAES en el documento. "Oírle 'argumentar' en el Congreso ha sido comprobar hasta qué punto carece de pudor a la hora de insultar la inteligencia del auditorio", señala el laboratorio de ideas liberal-conservador, que lamenta que "el único recurso que le queda a este presidente sin presupuestos y sin vergüenza es "la guerra de Aznar". Así, mantiene que “Aznar no mandó tropas españolas a ninguna guerra en Irak" y que "España no participó en la invasión y toma de control del territorio" a diferencia de Estados Unidos y Reino Unido.

En Génova, además, identifican que esa consigna mezcla rechazo moral con desconfianza hacia el presidente norteamericano Donald Trump y miedo a pagar la guerra con más inflación, gasolina más cara y más incertidumbre. Aunque el PP no ha revelado el sentido de su voto en la tramitación del jueves del decreto anticrisis –que saldrá adelante con el respaldo de Junts y del resto de los socios de investidura, pero con la abstención de Podemos–, sí coinciden en el fondo. Es más, en el PP aseguran que es un "decreto de derechas" y reivindican las bajadas de impuestos como propias, pero aún así lo ven "insuficiente".

Con todo, el conflicto en Irán ha vuelto a poner en el centro las interrupciones en las cadenas de suministro mundiales. Por las zonas afectadas se mueven dos tercios del comercio internacional, de acuerdo con un informe de la Comisión Europea. Así, el cierre del Estrecho de Ormuz está incidiendo sobremanera en los precios de los combustibles y la energía, pero también en otros ámbitos comienzan a sentirse las consecuencias del conflicto y se ve peligrar el abastecimiento de materias primas. El decreto aprobado por el Ejecutivo reduce el IVA del gasóleo, gasolina y otros combustibles del 21% al 10%, lo que se traduce en un ahorro de unos 15 o 20 euros por depósito medio. También reduce el impuesto especial a los hidrocarburos y se aplica una ayuda de 20 céntimos por cada litro de gasóleo para transportistas, agricultores, ganaderos y pescadores. El PP se mueve ahora entre la abstención y el 'sí', aunque le ha reclamado al Gobierno que retire el decreto del orden del día para incluir también la deflactación del IRPF.

Aun así, Feijóo se niega a darle ningún tipo de victoria a Sánchez, al que ha llegado a acusar de estar "solo" y de que su objetivo es "aislar" a España, aunque el socialista ha conseguido el respaldo en las últimas semanas de figuras destacadas en el ámbito internacional y no únicamente del espectro progresista. "Ha venido a informar sobre la guerra y es el dirigente europeo que menos información tiene porque es excluido", afirmó, cuestionando la etiqueta de "pacifista" por dirigir el Gobierno "con el mayor gasto militar de la historia": "El traidor de Europa, así le llama algún homólogo suyo", le lanzó durante su intervención.

De esta manera, un mes después de que el principal partido de la oposición se pusiera de perfil incluso tras la amenaza del presidente de Estados Unidos con cortar las relaciones comerciales con España por la negativa del Gobierno de coalición a permitir el uso de las bases de Rota (Cádiz) y Morón de la Frontera (Sevilla) en su ofensiva militar en Oriente Medio, Feijóo ha notado que el clima político se ha movido y que la guerra ha dejado de ser solo un asunto geopolítico para convertirse también en un terreno de desgaste interno, especialmente por los costes económicos que conlleva un conflicto que en el PP confiaban en que se atajara mucho antes.

Los populares están especialmente incómodos con este conflicto porque, además de situar a Sánchez como un referente a nivel internacional, se evidencia la falta de un discurso claro y sin fisuras dentro del partido, que no puede recurrir al 'antisanchismo' ni tampoco cuestionar de forma abierta a Trump. Así, mientras hace solo unas semanas el conservador reclamaba preservar la relación con Estados Unidos "haya o no diferencias" con Trump, este miércoles ha evitado mencionar al magnate pero también confrontarlo.

El PP no puede presumir de coherencia en las guerras abiertas en Oriente Medio ni de haber conseguido colocar a España en primera línea de política internacional durante sus mandatos. Aznar lo hizo en el lado equivocado de la historia; Rajoy, en la irrelevancia. En las filas del PP habrá quien reste importancia a cómo Aznar arrastró a España a la guerra ilegal en Irak. Veinte años después, Tony Blair pidió disculpas por su papel —por los errores de inteligencia y la profunda tragedia humanitaria—; George Bush aceptó su responsabilidad en la información falsa que sirvió para justificarla; y Aznar, ahí sigue, solo, con los pies sobre la mesa. Con este historial, el PP debería haber leído mejor lo que sucede en Irán, una guerra de coordenadas más fáciles de interpretar. Es ilegal, fuera del marco de la ONU y, por tanto, descolgada de los tratados europeos, sin planificación y de espaldas a sus aliados. Que el desastre ya está aquí se mide en la comparecencia del presidente a un día de tener que aprobar un escudo social de 5.000 millones de euros.

Pedro Sánchez acertó al escanear con rapidez, coherencia y precisión las coordenadas de Trump y Netanyahu sobre Irán, y colocó un “No a la guerra” disruptivo desde las primeras horas. Un “No a la guerra” ganador que atravesó Europa y Estados Unidos en cuestión de horas. Emmanuel Macron, Georgia Meloni, Friedrich Mertz ya están ahí. El diagnóstico es tan claro que la comparecencia de Sánchez podía haber servido al PP de plataforma para Feijóo. Podía haber aprovechado el foco del monográfico sobre Irán para explicar de una vez las líneas estratégicas en política exterior del aspirante a presidente. Lejos de eso, Feijóo ha dejado escapar otra oportunidad. Ver al PP difundir el “No a la guerra” ya es una capitulación: un reconocimiento a Sánchez. Ese es el lema y el lugar. El “No a la guerra y no a usted” reconoce el acierto; y el “no a usted”, por repetitivo, queda en sordina.

Es casi ridículo el intento de vincular a Sánchez con los grupos terroristas en Irán. De las seis horas de comparecencia sobre lo más importante que mantiene al mundo en vilo, Feijóo destaca en X su apuesta por una frase: “Difícilmente puedes personificar la paz si la propaganda iraní estampa tu cara en misiles”. De nuevo, el subconsciente habla: un reconocimiento implícito de cómo Sánchez, en esa némesis de Trump, ha sabido erigirse en esa resistencia global. Feijóo ha perdido una oportunidad de ocupar la agenda del Gobierno con la suya propia: explicar la posición del PP, grupo mayoritario en Europa. Alejarse del error de los primeros días, cuando defendieron que lo ilegal era legítimo. En su indefinición, a la victoria dialéctica y política de Sánchez se suma cómo le compromete Santiago Abascal.

El PP tiene que explicar por qué no exige a Vox romper su alianza estratégica con Viktor Orbán. ¿Cómo pretende gobernar con un partido que en Europa pertenece al grupo del autócrata húngaro? ¿Cómo es compatible defender a Ucrania y tener a su socio en la mesa de Orbán? Si tanto preocupa al PP la posición de España, ¿en qué lugar queda si su aliado de gobierno va a lomos del caballo de Troya de la UE y del movimiento ultra global capitaneado por Trump? Hungría ha bloqueado las ayudas a Ucrania, está acusada de espiar para Rusia y defiende en Europa la agenda MAGA.

Mientras Vox se impone en los pactos autonómicos, coloca su decálogo de medidas ultras y arrebata consejerías y vicepresidencias, enfrente tiene un PP sin exigencias ni victorias sobre su socio menor. Los autores del “gobernar a cualquier precio” no le han pedido que rompan con el seguidismo trumpista y el ultra antieuropeo de Orbán. Una incompatibilidad democrática que el PP tendrá que abordar pronto.

Sobre lo material y la respuesta inmediata, si al PP le faltan medidas anticrisis en el escudo social —que faltan— tiene una decena de gobiernos autonómicos para ampliarlas. Las comunidades del PP tienen competencias de sobra para desplegar sus escudos en forma de decretos leyes. Ampliar las ayudas a transportistas, hosteleros, agricultores. Y de momento, ni uno. Es paradójico que Junts haya sido más responsable y transparente que el PP con el escudo anticrisis. Míriam Nogueras ha dado el sí hace días. Feijóo ha preferido callar. Y ocultar el voto es como reconocer que se vota una cosa en el Congreso para decir otra en público. 

En esta convulsión geopolítica a la que nos arrastra Trump, se sabe dónde está el PSOE. ¿Y el PP cuándo lo explicará a fondo? Si está en el mismo sitio, ¿no tiene nada que decirle a Abascal? 

Ha tenido que pasar un mes para que Alberto Núñez Feijó pronuncie de manera clara un 'No a la guerra'. El líder del Partido Popular se suma ahora a ese lema, popularizado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras la ofensiva iniciada por EEUU e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero tras semanas sin posicionarse. "No vamos a elegir entre la guerra y el Gobierno. Le resumo nuestra posición: No a la guerra y no a usted", señaló el conservador.

Tras la comparecencia de Sánchez, Feijóo no quiso discutir sobre geopolítica, alianzas o defensa, sino que centró su intervención en que eel presidente del Gobierno pretende utilizar la crisis exterior para apuntalar su supervivencia política y minusvaloró el trabajo internacional del presidente del Gobierno. "Difícilmente se puede defender la paz si la propaganda iraní estampa tu cara en misiles", afirmó.

El líder de la oposición también dibujó a un Sánchez rodeado de agradecimientos incómodos, entre los que citó a "Hamás", "Hezbolá" y "los secuaces de Maduro", y añadió que ahora solo le falta "el aplauso del régimen norcoreano". También acusó a Sánchez de haber olvidado a "las víctimas asesinadas por los iraníes" y de no ser capaz siquiera de "ahuyentar el conflicto" en su propia casa. "Si alguien de mi Gobierno se niega a participar en el Consejo de Ministros, no entra jamás", llegó a afirmar.

Es más, Feijóo trató de situar al presidente del Gobierno al margen de otros mandatarios. "Ha venido a informar sobre la guerra y es el dirigente europeo que menos información tiene porque es excluido", afirmó, cuestionando la etiqueta de "pacifista" por dirigir el Gobierno "con el mayor gasto militar de la historia. "El traidor de Europa, así le llama algún homólogo suyo", le espetó.

El conservador presentó a Sánchez como un dirigente atrapado en un conflicto permanente con los grandes problemas del país, entre los que citó la vivienda, la inmigración, la financiación autonómica y responsable, además, de haber llevado la polarización al límite. "El cínico es usted, ahórrese sus sermones".

A su juicio, lo "bochornoso" no es solo el discurso de Sánchez sobre la guerra, sino que pretenda servirse del contexto internacional para deslizar decisiones presupuestarias sin afrontar el control de las Cortes. Fue ahí cuando se preguntó si se puede plantear que Sánchez "es un dictador" para mofarse de que el jefe del Gobierno se considere un "pacifista de pacotilla".

El líder de la oposición articuló cinco reflexiones finales con las que trató de retratar a Sánchez como un dirigente aislado en Europa, dependiente de Estados Unidos en materia militar y energética y sin autoridad real para liderar una posición autónoma. "Usted a hecho a España más dependiente de EEUU que nunca", fue su reflexión final.

El líder de Vox, Santiago Abascal, enarboló una intervención cargada de reproches contra el Ejecutivo de Sánchez. "Usted quiere la guerra, le da igual que sea en Irán o en Ucrania, porque con cualquier desastre aprovecha para hacer caja con sus socios y para tapar sus corrupciones", le dijo, para añadir: "Por eso seguía comprando gas ruso y financiando las bombas de Putin".

 "¿Cómo se siente al saber que los misiles que dispara Irán y que matan a inocentes llevan una foto suya en agradecimiento? ¿Celebra usted cada lanzamiento de misil?", le preguntó, utilizando el mismo ejemplo que Feijóo. "Las bombas y los misiles que se lanzan lejos de aquí evita que rindan cuentas por las bombas que lanza aquí contra la mayoría social en forma de regularizaciones masivas y sanidad universal", sostuvo.

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha informado este lunes de que el Partido Popular va a presentar una querella contra el presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, por "posible delito electoral", según recoge EFE.

Así lo ha informado en rueda de prensa Gamarra, quien ha asegurado que hay "indicios" de posible delito "por la vulneración del régimen electoral general".

La dirigente popular ha afirmado que el Gobierno y el presidente, Pedro Sánchez, han hecho una "utilización absolutamente partidista" del CIS, algo que es también "un problema jurídico" que "tiene que tener consecuencias".

Hace ya 10 días que el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, permanece en su puesto en funciones. Su mandato de nueve años como magistrado del órgano de garantías venció el pasado 10 de marzo, al igual que el de la progresista María Luisa Balaguer y el conservador Ricardo Enríquez, todos ellos elegidos el 10 de marzo de 2017. El Senado, la Cámara a la que corresponde su sustitución, tendrá que renovar también en el cargo al conservador José María Macías, designado en 2024 en sustitución de Alfredo Montoya, que dejó el cargo por motivos de salud dos años antes. El presidente del Senado, Pedro Rollán (PP), ya ha iniciado el proceso, pero cuatro autonomías –Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía– han pedido una prórroga para elegir a sus candidatos, lo que retrasará los nombramientos, al menos hasta el otoño.

La Ley Orgánica del Tribunal Constitucional obliga a que los magistrados elegidos por el Senado sean seleccionados "entre las candidaturas presentadas por las Asambleas Legislativas de las comunidades autónomas". Rollán se dirigió el pasado diciembre a los Parlamentos autonómicos para pedirles que presentaran sus aspirantes a magistrados del órgano de garantías. Pero los recientes procesos electorales en Extremadura, Aragón y Castilla y León, y los comicios andaluces, pendientes de que el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, los convoque, provocarán una demora de meses que, con toda probabilidad, dará tiempo al tribunal, con su configuración actual y con Conde-Pumpido como presidente prorrogado, a resolver los recursos de amparo del expresidente catalán Carles Puigdemont y del resto de condenados y procesados por el procés a los que el Supremo no aplicó la ley de amnistía.

Las cuatro Cámaras autonómicas han reclamado una prórroga. Pese a que en Extremadura, Aragón y Castilla y León los comicios ya se han celebrado, en ninguno de los tres territorios ha echado aún a andar la legislatura a la espera de que PP y Vox ultimen los órganos directivos de sus respectivos Parlamentos y los gobiernos. Independientemente de que lo logren en las próximas semanas o no, todavía falta que los andaluces acudan a las urnas, algo que está en manos del presidente Moreno. Si no convoca antes, la fecha límite en la que el Parlamento andaluz quedaría disuelto sería el 19 de junio. Así que, con toda probabilidad, la elección de los candidatos andaluces a magistrado del Tribunal Constitucional no estará lista hasta después de las vacaciones de verano.

Es a partir de ese momento, con todos los nombres sobre la mesa, cuando Gobierno y PP tendrían que iniciar una negociación para repartirse los nombramientos. Tradicionalmente, cuando es una de las cámaras la que tiene que designar, socialistas y populares se repartían las propuestas. Sin embargo, los alicientes del PP para sentarse ahora a la mesa son pocos. A finales de año se iniciará un nuevo ciclo electoral hacia las autonómicas y municipales de la primavera siguiente y las generales estarán cada vez más presentes. Tras convertir a Vox en su socio preferencial, es difícil que se arriesgue a que los ultras le afeen acuerdos con Pedro Sánchez a escasos meses de nuevos comicios a Congreso y Senado en los que, según todos los sondeos, Alberto Núñez Feijóo tendría que contar con Santiago Abascal si quisiera convertirse en nuevo presidente.

Otro de los elementos que empujan al PP a no pactar es la posibilidad de no tener que hacerlo, es decir, la de nombrar por sí mismo o con Vox a los cuatro magistrados y dar así la vuelta al juego de mayorías actual en el que los progresistas tienen, desde enero de 2023, una mayoría de siete a cinco sobre los conservadores. Con la composición actual del Senado, los populares controlan 145 escaños. Si suman el de su tradicional socio navarro UPN y los tres de Vox, alcanzan los 149 senadores quedándose a solo 11 de los tres quintos (160 votos) que se necesitan para la renovación. La tentación de lograrlos en las próximas generales es fuerte. Sería la primera vez desde la fundación del órgano de garantías, en 1980, que el PSOE no tendría capacidad de propuesta.

En caso de que, tras las elecciones generales de 2027 –siempre que Sánchez consiga acabar la legislatura–, el PP no lograra los tres quintos de senadores con Vox, el partido de Feijóo se vería obligado, esta vez sí, a sentarse con los socialistas, que si lograran incluir a dos de sus candidatos prorrogarían la mayoría de magistrados progresistas en el Constitucional al menos hasta 2031. Con una mayoría del PP y Vox en ambas Cámaras, un Gobierno sostenido por esos partidos y el tradicional derechismo del Poder Judicial, el órgano de garantías se convertiría entonces en el último reducto de los principales órganos constitucionales del país en el que la izquierda seguiría siendo mayoritaria.

Zapatiesta precolombina. El Rey, Nuestro Señor, aseguró la otra tarde que bueno… viéndolo con nuestros valores… lo mismo… algún abusito sí que hubo durante la conquista de América. ¡Para qué más! El comentario —del vigor de una tila— ha sublevado a los del Orgullo Virreinal. Salga Felipe, vuelva don Carlos María Isidro con boina y bigotón. Dios, patria y fueros: vivan las Leyes de Indias, la Disputa de Valladolid, el Tanto monta y la evangelización de los naturales.

Pocos debates tan cansinos como el que tienen, periódicamente, los defensores del buen salvaje y los hooligans de la proeza civilizatoria. De un lado, la arcadia feliz en la que los pueblos originarios jugaban a la pelota hasta que un puñado de gañanes sedientos de sangre y oro llegaron a joder la marrana. Del otro, los bárbaros descorazonadores siendo amablemente reconducidos por el incienso y los avemarías, las universidades y el derecho civil. Mestizaje, sincretismo, ¡chupiguay!

¡No es de recibo enjuiciar hoy lo que pasó hace cinco siglos!, ha protestado Feijóo, imaginamos que tras enviar un heraldo a Zarzuela adelantando la alocución. «Pero estoy orgulloso del legado hispano en Latinoamérica». Chico, o lo uno o lo otro. Afeándole la tibieza, los zagales del morrión y la reconquista se han puesto serios: inmensa gesta, muera el duque de Orange y los salvajes emplumados.

Viendo el carajal, Iker Jiménez ha juntado una mesa de análisis para zanjar la cuestión. La alineación, de ensueño: un consultor sobrevenido, un militar jubilado («cuando habla el rey habla España»), doña Elvira Roca Barea y un payo con pajarita y apellidos compuestos. El debate, búsquenlo, quedó apasionante: se dan la razón con tanta vehemencia que uno teme por sus cervicales. En cierto momento, uno de los doctos ponentes encuentra un resorte exculpatorio: ¿y si el rey hablara al dictado de Sánchez? Iker, ojiplático, desenmascara el atropello: el Gobierno revisa los discursos del Jefe del Estado. Dictadura, ¡intromisión! Como defensa, le encuentro fisuras: o Felipe es un mandado o un traidor.

«El rey es un militar y lee lo que le dicen», sentenció la otra mañana Federico. Para eso, nos sale más barata la IA. En EsRadio han localizado al culpable: el jefe de la Casa. Será un agente de Zapatero, si no, al tiempo. «El rey de España, de ninguna manera, puede atacar la memoria de los reyes católicos». Alertados, funcionarios palaciegos ultiman los detalles para que doña Leonor vaya a ciscarse sobre la tumba de la Beltraneja.

Poniendo la guinda, Díaz Ayuso ha acudido al panfleto de Inda para protagonizar en una de sus célebres «Okentrevistas» (se llaman así, lo juro). La presidenta, imbuida —imagino— por el espíritu de la Malinche, glosó los beneficios de la hispanización con una frase felicísima: «Llegamos los de la cruz y pusimos un nuevo orden. […] Evidentemente había que civilizar y trasladarle al Nuevo Mundo una forma diferente de vivir». ¡Evidente! La declaración, claro, ha reflotado aquellos careos en los que Isabel se reconocía atea y del pe pé, a mayor gloria de la pluralidad doctrinal del partido. «Los de la cruz», aprende, Jacques de Molay. Sospecho que la conversión será reciente, fruto de alguno de los conciertos pijocatoliquillos de guitarrita y sacarina que frecuentan los líderes populares últimamente. Por eso, asumo, la doña aún no ha pasado por la vicaría. Mira, Isabel, que vives en pecado. ¡En concubinato! Si algo le faltaba al ático de González Amador era propiciar una condenación eterna.

El decreto anticrisis aprobado este viernes por el Gobierno para responder al impacto económico de la guerra en Irán —con 80 medidas y que acarreará una factura de 5.000 millones de euros— salió adelante tras una mañana de tensión entre los socios del Ejecutivo. El choque provocó un inédito plante de los cinco ministros de Sumar, lo que acabó retrasando en dos horas el Consejo de Ministros extraordinario. Durante ese lapso de tiempo, la vicepresidenta Yolanda Díaz fue la encargada de negociar con el presidente Pedro Sánchez la inclusión de medidas sociales, al considerar que el paquete inicial era, en esencia, una "mera bajada de impuestos".

El socio minoritario del Ejecutivo llevaba días reclamando que el decreto no se limitara a rebajas fiscales y que incorporara mecanismos de protección para los inquilinos y medidas contra los beneficios extraordinarios derivados de la crisis. Finalmente, tras el órdago de Sumar, se acordó dividir la respuesta en dos decretos, uno centrado en energía, fiscalidad y ayudas a sectores afectados, y otro con medidas de vivienda exigidas por Sumar, como la congelación de alquileres y la prórroga extraordinaria de contratos. Los dos socios del Ejecutivo lograron cerrar rápidamente su crisis interna inmediata, pero a costa de trasladar el conflicto al Congreso, en el que cada decreto afronta mayorías distintas e inciertas, especialmente el relativo a la vivienda, como ha dejado claro Sánchez.

En la rueda de prensa posterior al Consejo, el socialista intentó dar por cerrada la crisis reivindicando la "capacidad de diálogo y de acuerdo" y minimizó el choque. "Entiendo que el salseo es interesante para los medios, pero hablamos de un plan muy relevante", afirmó, tras afirmar que las coaliciones están a la orden del día en "la política del siglo XXI". El presidente del Gobierno definió el paquete como el "mayor escudo social" de la UE, reivindicó el modelo energético de España y sostuvo que el país llega mejor preparado que otros de la Unión Europea por el peso de las renovables y el precio de la energía por la excepción ibérica.

Por su parte, en Sumar reconocen que se vivieron momentos muy críticos, aunque su portavoz y ministro de Cultura, Ernest Urtasun, aseguró en declaraciones que en ningún momento se plantearon salir del Ejecutivo. Con todo, también dejó claro que no estaban dispuestos a aceptar que el Consejo de Ministros no protegiera a los inquilinos y no diera esa batalla por miedo a Junts. "Ahora a pelear los votos, y es lo que vamos a hacer", planteó. Para el socio minoritario, el Ejecutivo no podía aprobar únicamente medidas de reducción de impuestos que pueden acabar beneficiando más a las empresas que a los consumidores.

El de la vivienda es, además, un asunto capital para los de Díaz ya que supone es uno de los principales factores de gasto para las familias. Ante la subida de precios generalizada, podría verse agravado en un eventual escenario de aumento de la inflación. Aunque el PSOE era reticente a aceptarlo e incluso la ministra de vivienda, Isabel Rodríguez, llegó a decir que no tenía cobertura legal, finalmente se incluyó en otro Real Decreto, que prorroga de manera los contratos de alquiler que acaban entre el 21 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027. Sin embargo, en Sumar son conscientes de que Junts y el PNV, especialmente el primero, no comparten la iniciativa y tratarán de convencerlos mediante la negociación pero también a base de presión de las calles con movilizaciones.

Por lo que respecta a la derecha, el principal partido de la oposición tenía previsto valorar las medidas antes de que se produjera el choque entre ambos socios a través de su vicesecretario de Economía, Alberto Nadal. Pero tras el desencuentro, el Partido Popular aprovechó para convertirlo en un monográfico sobre la situación interna del Ejecutivo a través de su secretario general, Miguel Tellado. El dirigente del PP compareció desde la sede de Génova y centró buena parte de su intervención en el "espectáculo" del Gobierno en lugar de hacerlo en el contenido del "decreto de derechas", en sus palabras, en referencia al anticrisis.

El número dos de Alberto Núñez Feijóo lo calificó de "esperpento", cargó contra la escena de los ministros de Sumar retrasando el Consejo y presentó el episodio como una prueba de que el Gobierno carece de cohesión y de autoridad. "Sánchez debería acuñar el 'No a la guerra' en el Consejo de Ministros", ironizó el dirigente del PP. Con todo, aseguró que su formación estudiará el decreto económico tras incluir rebajas fiscales que los populares llevan tiempo reclamando. "Las medidas de Sánchez eran nuestras y han sido ridiculizadas. Bienvenido a la fachosfera", llegó a decir, si bien concretó que antes de decidir "estudiarán" el texto.

Pero de puertas para fuera lo que el PP quiere que cale no es la efectividad de las medidas, sino la debilidad del Gobierno por la supuesta cesión de Sánchez ante "los ministros en rebeldía" de Sumar. "No solo le extorsiona Bildu, ERC, Junts y los partidos minoritarios, sino también el partido que forma parte de su coalición", argumentó Tellado. Los conservadores buscan que cale el relato de un gabinete roto, porque creen que eso es más eficaz que confrontar técnicamente el Real Decreto. Una crítica que, además, contrasta con la debilidad de los Ejecutivos autonómicos compartidos por el PP. Los conservadores rompieron los gobiernos con Ciudadanos para quitárselos de en medio y Vox hizo lo propio con ellos en verano de 2024.

El dilema para Génova es evidente y por eso quieren evitar que el foco se centre en las rebajas tributarias, porque entonces les resultaría más difícil oponerse al contenido, de ahí que la crítica se desplace hacia la forma, el método y la bronca interna. Aun así, fuentes del equipo de Feijóo han querido dejar claro que su posición sobre el texto anticrisis "se especificará en el momento oportuno" —el de vivienda ya han anunciado que lo rechazarán— y apelan al presidente del Gobierno a "ir convenciendo a todos sus socios de investidura de que le apoyen" en ambas votaciones.

A esto se le suma la posición de los socios de investidura. En el caso de Junts, reivindicó como propias algunas de las rebajas fiscales y energéticas del decreto económico y dejó ver que su disposición a apoyar ese texto no se extiende automáticamente al decreto de vivienda. Una postura enfrentada a la de ERC y Bildu, que han puesto valor la intervención de Sumar para incluir medidas sobre alquileres y protección social. "El movimiento de Sumar está muy bien, la vivienda se tiene que arreglar o no hay izquierda que valga", señaló el portavoz de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián.

En el comunicado difundido a la prensa, desde el partido de Carles Puigdemont señalan que el Ejecutivo "ha comprado" sus propuestas de rebaja del IVA del 21% al 10% en carburantes, electricidad y gas, además de otras medidas fiscales. Para la derecha independentista catalana se trata de una "condición clave" para valorar su voto favorable al primer decreto por su efecto sobre "la clase media y trabajadora", autónomos, pequeñas empresas y transporte. En la formación jetzale, por su parte, subrayan que el Real Decreto con las medidas anticrisis "sigue la filosofía de las 31 medidas propuestas por el Grupo Vasco", centradas en ayudas directas e iniciativas fiscales para transporte, industria, ganadería y pesca. Ninguno de los dos revela, por ahora, qué harán con el de vivienda.

Las negociaciones entre el Partido Popular y Vox han entrado en una nueva fase. Tras las elecciones en Extremadura, Aragón y Castilla y León — a la espera de la convocatoria electoral en Andalucía, en la que el 31 de mayo se repite a derecha e izquierda como la fecha más probable— ambas formaciones han apretado el acelerador y se preparan para un acuerdo tras tumbar los de Abascal hace solo unas semanas la investidura de la presidenta extremeña, María Guardiola. Génova entró en las negociaciones para tratar de desencallarlas, pero desde la formación ultra les acusan de tratar de hacerles "zancadillas" y prefieren despachar con los territorios.

El PP da por hecho que el acuerdo llegará pronto, pero Vox quiere ser el que maneje los tiempos tras una bronca campaña electoral en Castilla y León, que dio dos diputados más a Alfonso Fernández Mañueco y uno a la candidatura de la formación de Santiago Abascal. Aunque los ultraderechistas alcanzaron su mejor resultado histórico en una comunidad al obtener el 18,9% de los votos, se quedaron lejos de sus propias expectativas. Ese resultado ha insuflado ánimos en Génova, tras dos noches electorales en las que la formación aumentaba su dependencia de los ultras e incluso perdía posiciones como sucedió en Aragón.

El resultado del domingo movió a Abascal a reclamar la entrada de Vox en los tres gobiernos autonómicos. "El señor Feijóo se ha hartado de decir que Vox no quiere gobernar, que no tiene valor para gobernar, que sale corriendo. Le tengo que decir sí vamos a gobernar en las tres regiones", señaló el líder ultra. Así, casi dos años después de salirse de los gobiernos autonómicos compartidos con el PP bajo la excusa de la acogida de menores migrantes, Vox volvería compartir ejecutivos regionales con la formación de Alberto Núñez Feijóo. Desde Génova creen que gobernar de nuevo en coalición con la ultraderecha le puede venir bien al PP, especialmente si así se ve a un Vox lidiando con presupuestos, consejerías y la letra pequeña de la Administración pública.

El PP ha concluido que el mayor peligro no es pactar con Vox, sino dejarlo crecer al margen de las instituciones. Por ese motivo Alberto Núñez Feijóo ha dejado de hablar de fórmulas abiertas, de apoyos externos o de "responsabilidad" en abstracto para plantear casi un ultimátum a Abascal: "No podemos entrar en el mes de abril sin un acuerdo". La frase, pronunciada en una entrevista en Esradio el martes en medio del atasco de las negociaciones, retrata mejor que ninguna otra el giro del PP. Ya no intenta contener a Vox desde fuera, sino desgastarlo desde dentro, pagando para ello el peaje de gobernar conjuntamente.

Una decisión que no responde solo a una necesidad aritmética, sino a una estrategia política de largo alcance. El objetivo final de Génova es frenar el ascenso de los ultras replicando la estrategia de 2023 tras las autonómicas y municipales. Entonces, ambas formaciones pactaron gobiernos de coalición en las comunidades en las que el PP necesitaba a Vox. Aunque algunos de esos acuerdos, como el ratificado por el entonces líder del PP valenciano, Carlos Mazón, sirvieron para alimentar la campaña de Pedro Sánchez para las generales, el PP considera ahora que convertir a la fuerza emergente en socio institucional y obligarla a compartir costes puede desgastarla en la gestión y limitar así su capacidad para seguir creciendo como partido protesta.

La tesis del PP es que mientras Vox permanezca fuera de los gobiernos, puede presentarse como una fuerza sin mácula, libre de contradicciones, dedicada a agitar agravios y a denunciar las supuestas tibiezas de la "derechita cobarde" o el "PSOE azul", en palabras de una fuente del equipo de Feijóo. En cambio, una vez dentro de los ejecutivos, los ultras se convierten en corresponsables de la gestión de los servicios públicos y los presupuestos. Esto supone también un giro para el planteamiento del líder del PP, que siempre ha reivindicado los gobiernos en solitario, y ahora asume que el futuro pasa por incorporar a Vox al gabinete.

Lo que busca el partido de Feijóo es desgastar a la formación y cree que lo está consiguiendo tras el 'no' de Vox a la investidura de Guardiola. Los conservadores quieren que cale la idea de que bloquear gobiernos "tiene consecuencias", como advirtió el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, recientemente y apuntar al responsable de una eventual repetición. Así, plantean dos alternativas: entrar en los gobiernos y aceptar el desgaste de la gestión, o quedarse fuera y asumir la culpa de la inestabilidad. Por el momento, la fórmula de Vox es negociar "medida a medida", fijar plazos y exigir garantías de cumplimiento antes de hablar de sillones.

Tras las elecciones en Aragón, Vox reclamó consejerías con "estructura y presupuestos para poder hacer políticas" y no sólo "para figurar", en palabras de su portavoz nacional, José Antonio Fúster. "Queremos tener responsabilidades con presupuestos muy claros para aplicar políticas", defendió en rueda de prensa. En el PP aseguran que "escucharán" las peticiones de la formación y que después decidirán qué carteras ofrecer en función del resultado electoral. Quieren un acuerdo "proporcional" pero tampoco se cierran a que los ultras ocupen carteras con peso, como educación o seguridad, porque también se comprobaría, a juicio del PP, las dificultades de gobernar y, sobre todo, de encontrar "perfiles competentes" para gestionar esas conserjerías.

Con todo, la estrategia de los conservadores no está exenta de riesgos. Si Vox entra en los ejecutivos y sufre el desgaste de la gestión, el PP podrá presentar la operación como un éxito: habría garantizado estabilidad y, al mismo tiempo, habría contenido el crecimiento del socio. Pero si Vox utiliza las instituciones como escaparate, impone parte de su agenda y conserva intacta su capacidad de movilización, se volverá en su contra. Entonces no se hablará de una ola contenida, sino de una ola institucionalizada.

Así, gobernar puede desgastar a la extrema derecha, pero también legitimarla y amplificar con ello su discurso y sus políticas. Ese es el riesgo que trasladan algunos barones autonómicos, especialmente aquellos que cuentan con mayorías absolutas como el citado Alfonso Rueda, el andaluz Juanma Moreno o la madrileña Isabel Díaz Ayuso. El PP ha decidido correr ese riesgo porque entiende que no tiene otro camino para preservar la primacía en su bloque. En el fondo, lo que busca Feijóo no es solo pactar gobiernos, es convertir a Vox en un socio previsible antes de que vuelva a ser una amenaza mayor.

Por falta de liderazgo o de cuadros, Alberto Núñez Feijóo carece de coordenadas para posicionarse y seguir con soltura la política exterior. Más allá del trazo grueso, los conflictos internacionales estallan, el líder del PP se obsesiona con atacar al Gobierno, y después llega la rectificación. Obsesionarse por tener clara la posición propia es una mezcla imbatible para el error. Con más o menos disimulo, se acaban notando la planicie de argumentos, la ausencia de profundidad en las reflexiones y los patinazos continuos en los conflictos clave. Feijóo tuvo que desdecirse al celebrar la democracia en Venezuela tras la deposición de Nicolás Maduro al tiempo que criticaba la supuesta tibieza de Exteriores. Cuando Trump cargó contra María Corina Machado —”no representa a nadie”—, ya era tarde y el ridículo se produjo en público. En la operación de Trump y Netanyahu en Irán ha pasado de acusar a Pedro Sánchez de aislar a España por el “No a la guerra” a posicionarse con un “todos estamos en contra de la guerra”. 

Es la misma falta de coordenadas de Feijóo para relacionarse con la Casa Real. Si tiramos de hemeroteca, todo empezó con la investidura, en septiembre de 2023. Quiso anticiparse y abrió el debate sobre el papel del rey. Puso en una tesitura difícil a la Casa Real, que finalmente emitió una nota para aclarar una interpretación de la Constitución innecesaria. Lo que debió hacer con sigilo se hizo en público. Después acusó a Sánchez de presionar a la Corona y de poner al rey en una situación complicada con la ley de amnistía o los pactos con Junts, e insinuó que firmaría a la fuerza. El defensor de la monarquía no ha dejado de comprometer la neutralidad de la Casa Real y el rey.

Decidió dar plantón al acto solemne de apertura del año judicial porque entendía que perjudicaba a Sánchez y se inventó (o eso vino a decir después) aquello de “el rey, en su papel de moderación, me ha dicho que entendía y que tomaba nota de mi posición”. La neutralidad, comprometida una vez más. La Casa Real tuvo que reaccionar recordando que no comenta conversaciones privadas. El adalid de la Constitución rompió una regla no escrita esencial del sistema constitucional: todo lo que se habla con el rey en consultas públicas es confidencial. Ni republicanos ni independentistas cruzaron antes esa línea con el rey.

Mismo patrón y mayor lío a razón del emérito. Feijóo llamó para comunicar un tuit vinculando el regreso de Juan Carlos I a la desclasificación de los papeles del 23-F. La Casa Real salió al paso para aclarar que el emérito puede volver cuando quiera mientras cumpla con el fisco, la verdadera razón de la fuga a Abu Dabi. 

A menudo, el líder del PP habla y la extrema derecha agita el lema falangista y ultra de "Felpudo VI", ese que la grada de Vox desenterró a gritos en Ferraz. Un historial que hace más incomprensible la última polémica por sus declaraciones sobre México y el perdón, al confrontar directamente con el gesto del rey. No hace falta que Feijóo opine lo mismo, pero redujo el gesto de Felipe VI a una conversación informal, minimizando la operación diplomática de la Casa Real y las funciones del jefe del Estado. Feijóo dio alas a los ultras, que enseguida llamaron al rey "vasallo del Gobierno".

Tras las palabras del rey reconociendo "muchos abusos" en la Conquista, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, dejó abierta la posibilidad de acudir a la cumbre de Madrid. Un hito, porque México no envía a sus presidentes desde 2018. La crítica de Feijóo al perdón histórico boicotea la estrategia del Gobierno de convertir la Cumbre en el gran escenario de reconciliación con México. Pero además le aleja de todo sentido común y sensibilidad con la historia. Alemania pidió perdón por el Holocausto; Japón se arrepintió de sus abusos en la Segunda Guerra Mundial (crímenes de guerra y violación de mujeres, entre otros); Austria y Canadá pidieron perdón a los pueblos indígenas; Reino Unido hizo lo propio por los abusos coloniales. Incluso el papa pidió perdón "por las ofensas de la propia Iglesia" y "por los crímenes contra los pueblos originarios durante la llamada Conquista de América".

Cuando Feijóo se coloca con soberbia por encima del perdón por los crímenes que ha dejado cada pueblo en su historia, si se cree superior a la empatía del papa, el síntoma es más grave que la mímesis con Vox o la capacidad de arrastre de Federico Jiménez Losantos sobre el líder del PP.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, cree que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ha hecho "nada" tras los ataques de Israel y EEUU contra Irán, pese a erigirse como una de las voces más críticas con el conflicto. "Han pasado 20 días y usted no ha hecho nada. Usted no tiene prisa, pero los transportistas, los pescadores, los agricultores, la industria, las empresas, las familias sí tienen prisa. Cada día sin aprobar ayudas es un día más que se aprovecha de la guerra", le ha espetado el jefe de la oposición. Así, le ha dicho que "no se le ocurra" aprobar medidas contra el impacto de la guerra en un real decreto ley ómnibus.

En la primera sesión de control al Gobierno en el Congreso tras los comicios en Castilla y León, el conservador le ha tachado de "perdedor", pese a que el PSOE subió dos escaños respecto a 2022, los mismos que el PP. "No es una mala racha, es un veredicto al superhéroe de la democracia, como le llama su ministra. Le están fallando los superpoderes ni cuelan sus maniobras ni sus cortinas de humo ni sus mentiras ni su odio con H ni su discurso del miedo", señaló Feijóo.

Por su parte, Sánchez le recordó que este mismo viernes el Ejecutivo aprobará un paquete de medidas para hacer frente a las consecuencias de la guerra y ha defendido que "el Gobierno ha estado donde ha estado siempre, en defensa de la paz y del 'no a la guerra', en defensa del multilateralismo". El presidente del Gobierno ha dado por hecho que el PP no apoyará esas nuevas medidas y lanzó a Feijóo esta pregunta: "¿Qué van a hacer ustedes, sí a la guerra y no a las ayudas?", a lo que el líder de los populares se limitó a contestar que "la mayoría de los españoles no estamos a favor de la guerra".

Además, el presidente del Gobierno ha acusado a Feijóo de "poner la venda antes de la herida" antes de conocer el paquete de medidas. "Usted no aclara si apoya o no la guerra de Trump y de Israel en Irán. Pero no puede usted alentar y apoyar a quien incendia y luego quejarse de los efectos del humo que provoca el incendio. Llevan 18 días equivocándose, señor Feijóo, rectifique. Pero no porque sea de sabios, porque es su responsabilidad", le lanzado el socialista.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de ser un "perdedor" y le ha dicho que, por más que "disimule", sus "diez derrotas" electorales no son "una mala racha" sino "un veredicto al superhéroe de la democracia", a quien "le están fallando los superpoderes".

"Usted es un perdedor y ha llevado a su partido a perder todas las elecciones en los últimos cuatro años", ha afirmado el presidente del PP en la sesión de control al Gobierno.

Sánchez no ha hecho referencia a las elecciones en Castilla y León -que se celebraron el pasado domingo y ganó el candidato popular, Alfonso Fernández Mañueco- y ha reclamado responsabilidad al líder del PP para que apoye las medidas incluidas en el plan que aprobará el viernes para hacer frente a las consecuencias de la guerra en Irán.

En este sentido, Feijóo le ha advertido a Sánchez que no se le ocurra traer estas medidas "en un decreto ómnibus", como hizo con las pensiones, y le ha reclamado que hasta ahora "no ha hecho nada" y no tiene "prisa" por aprobar ayudas.

Feijóo le ha sugerido al presidente que haga "lo correcto" y "copie" las medidas presentadas por el PP, entre ellas la bajada del IRPF, del IVA de la energía o de los impuestos a los carburantes, ha enumerado.

El líder popular ha acusado al presidente de usar el "no a la guerra" como "cortina de humo", algo que no le ha funcionado, ha dicho.

Feijóo ha empezado su intervención felicitando irónicamente a Sumar, Izquierda Unida y Podemos, socios del Ejecutivo, por "sostener al Gobierno" al haber logrado cero escaños en las elecciones de Castilla y León del pasado domingo.

El 14 de marzo de 1519, la expedición del español Hernán Cortés derrotó a los antiguos mayas-chontales en lo que hoy es la región de Tabasco, en el sureste de México. Fue el inicio de la conquista de América. Quinientos años después, en 2019, el entonces presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, contó que había enviado una carta al rey Felipe VI y al papa Francisco para que hicieran "un relato de agravios" y pidieran "perdón a los pueblos originarios por las violaciones, que ahora se conocen como Derechos Humanos". Dos años después, el papa Francisco respondió. "En diversas ocasiones, tantos mis antecesores como yo mismo, hemos pedido perdón por los pecados personales y sociales, por todas las acciones u omisiones que no contribuyeron a la evangelización", señaló en una carta publicada por el Episcopado mexicano. Unas palabras que le granjearon críticas de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso (PP) y también de Vox.

El monarca español, sin embargo, no respondió ni tampoco se pronunció al respecto. Y ese fue el motivo esgrimido por la actual presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para no invitar al rey a su toma de posesión en octubre de 2024. "Nuestra relación se beneficiaría con una renovada perspectiva histórica, acorde al desarrollo de nuestros pueblos y en la que el reconocimiento cabal a nuestras identidades sea el eje de una relación respetuosa, sólida y fructífera", argumentó Sheinbaum para no invitar a Felipe VI. Un año y medio después, Felipe VI ha reconocido "controversias morales y éticas" y "mucho abuso" en la conquista de América, lo que la presidenta mexicana ha interpretado como un "gesto de acercamiento".

Las declaraciones del jefe del Estado se produjeron el lunes en una visita no oficial a la exposición La mujer en el México indígena en Madrid. En ese diálogo, difundido por la Casa Real, admitió que esos hechos, "con nuestro criterio de hoy en día y nuestros valores", no pueden "hacernos sentir orgullosos". Desde el Gobierno español han suscrito las palabras del rey. Y es que hace solo unos meses, en octubre del pasado año, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, pronunció unas similares al reconocer el "dolor y la injusticia hacia los pueblos originarios" de México. "Como toda historia humana, tiene claroscuros. Hubo dolor e injusticia hacia los pueblos originarios. Esa es parte de nuestra historia compartida, no podemos negarla ni olvidarla", dijo.

Entonces, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, cargó contra Albares y afirmó que él no se sumaba a las disculpas del Ejecutivo: "Yo no me voy a avergonzar de la historia de mi país. Me avergüenzo de la actualidad a la que nos condena este Gobierno", señaló. Más allá fue el portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, que exigió la dimisión del ministro y le acusó de "no conocer" la historia de España. "No nos merecemos un Gobierno que desprestigie a nuestro país, un Gobierno que en cuanto tiene ocasión hable mal precisamente de lo que ha sido España, de lo que es España, de su historia y de la verdad", afirmó entonces.

Ahora, tras las palabras del monarca, el Partido Popular y Vox han vuelto a reivindicar la conquista española. "Estoy orgulloso del legado. Hagamos un poco de contexto porque si sacamos las cosas de contexto llegamos al absurdo", denunciaba Feijóo este martes ante los micrófonos de Esradio. Así, calificaba de "disparate" que se quiera hacer "un examen en el siglo XXI de las cosas que ocurrieron en el siglo XV". Con todo, el líder del PP trató de justificar la frase de Felipe VI al señalar que no había sido "una declaración institucional", aunque lo cierto es que la Casa Real la difundió a los medios. La lectura de la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, fue otra. "La Corona no favoreció que hubiera abusos, sino que protegía a los indígenas", afirmó.

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, también mostró su oposición a las palabras del monarca español: “La empresa española en América fue la mayor obra evangelizadora y civilizadora de la historia universal y eso lo hizo la Corona española", señaló en rueda de prensa desde la Cámara Baja tras ser preguntada por esas declaraciones. Millán evitó mencionar a Felipe VI pero añadió que, además, esa conquista se llevó a cabo "respetando los derechos y la dignidad de todos los súbditos en la Corona entonces".

Más explicito fue el eurodiputado de Vox Hermann Tertsch. "Mi Rey, con todo respeto, le recuerdo que 'mucho abuso' hay ahora por parte de un gobierno criminal que saquea a los españoles, ha corrompido toda la administración del Estado, roba sin pausa y además acosa, margina y agrede constantemente la institución de su Majestad", escribía en su cuenta de X el lunes. Para Tertsch la conquista de América fue una "inmensa gesta" y un "salto glorioso", y sostiene que "los posibles abusos" contra la comunidad indígena "son insignificantes" frente a "los abusos que perpetraban habitantes de aquellas tierras": "Estamos estupefactos", resumía. Otro eurodiputado de Vox, Juan Carlos Girauta, también incidía en esa idea. "Hombre, abuso abuso el de los aztecas sobre el resto de pueblos indígenas antes de tener la suerte de convertirse en españoles", señalaba en su perfil de X.

Por su parte, el agitador ultra Alvise Pérez también ha cargado duramente contra el monarca, al igual que La Falange, que directamente ha pedido expulsar al rey y mandarlo al Machu Picchu, ubicado en Perú. "Sigo sin entender la sumisión у seguidismo público que Feijóo y Abascal tienen con Casa Real y Felipe VI. Si apoyar una monarquía en 2026 ya es difícil, hacerlo con una acomplejada, woke, pro-agenda2030, amiga de ayatolás у defensora de la leyenda negra ya es ridículo", señalaba Alvise en X.

La tesis de estas formaciones se basa en una relectura nostálgica del pasado imperial, común a diversas derechas occidentales, y no sólo extremas. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, aseguró que no entendía que un papa hispanohablante como Francisco dijera tales cosas cuando el legado de España es "el catolicismo y por lo tanto la civilización y la libertad". Es decir, catolicismo igual a libertad, una de las palabras fetiche de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que le sirve tanto para el presente como para el pasado.

La baronesa del PP se pronunció este miércoles en una entrevista en okdiario tras permanecer callada la jornada anterior. "Abusos, los que ya se cometían contra la propia población autóctona por parte de las poblaciones aztecas y mayas, que entendían los sacrificios como parte de los rituales", señaló. "Llegamos los de la Cruz y pusimos un nuevo orden y, sobre todo, una forma de entender que la vida es sagrada y que había que civilizar y trasladarle al Nuevo Mundo una forma diferente de vivir", añadió. La base de las posiciones del PP y Vox es que España fue un "imperio creador" y no "extractivo". Así lo apuntan Ana Martínez Rus, profesora de Historia Contemporánea en la Universidad Complutense de Madrid, y Jordi Sarrión Carbonell, consultor en comunicación.

"En general, la derecha española es revisionista y se cree todavía el discurso de la Hispanidad. Se niegan a reconocer que se cometiera algún error", señala Martínez Rus en conversación con infoLibre. "Puedo entender que no podemos aplicar sensibilidades y conceptos de derechos humanos a lo que ocurrió en el siglo XV o XVI, pero no eso no debe impedir que un político o, en este caso, un jefe de Estado pueda reconocer que se hicieron barbaridades", añade. "Se niegan a reconocer que el colonialismo español hiciese nada malo, porque reivindican la lengua, la cultura y la religión", resume.

En cuanto a Vox, ambos coinciden en que su discurso está aún más cargado de esencialismo nacionalista que el del PP. El partido de Santiago Abascal ha hecho su propia traducción de la noción de Hispanidad, la Iberosfera, que aúna Latinoamérica y Estados Unidos con España en el centro, recuperando así "al fin una misión a la altura de su grandeza histórica", en palabras de Vox. En ese punto se detiene Sarrión Carbonell, que apunta a que la formación política ha adoptado "una estrategia populista que se fundamenta en un discurso anti-establishment". "Este enfoque, que recuerda a movimientos similares en Francia, busca desafiar el statu quo y posicionarse como la voz de un sector descontento de la población", señala el experto.

La figura de Felipe VI, quien, a pesar de las tensiones políticas, mantiene una relación cordial con el Gobierno, no gusta a ese sector más radicalizado de Vox. "Se ha dado cuenta de que ni la monarquía es el aliado que ellos pensaban ni la Iglesia católica les ha servido como baluarte, ellos están mucho más a la derecha", apunta Sarrión Carbonell. "El Gobierno hace bien en no entrar y mantener una relación cordial con la monarquía, en un momento que hay otros sectores que están rebelados contra Sánchez", añade.

Una estrategia que también guarda paralelismo con el revisionismo del pasado franquista, especialmente por parte de la extrema derecha, que justifica el golpe de Estado. Para la profesora de Historia, se trata de un "revisionismo" claro de las derechas: "El franquismo también dio esa visión del Imperio español, por eso está tan inculcado en la mentalidad colectiva", zanja Martínez.

*Esta información ha sido actualizada para añadir las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso efectuadas en la mañana del día 18 de marzo.

Vox ha conseguido que su mejor resultado histórico en una comunidad autónoma se perciba como un estancamiento electoral. El resultado de las elecciones en Castilla y León, en el que la formación de Santiago Abascal obtuvo el 18,9% de los votos y 14 escaños, frustró sus propias expectativas: lejos de los 17 procuradores que le atribuían las encuestas —también las internas— y a más de un punto de superar la barrera del 20%. Por primera vez desde que comenzó el nuevo ciclo electoral diseñado por el Partido Popular para desgastar al PSOE y disminuir su dependencia de Vox —ninguna de ellas se ha cumplido este domingo—, la ultraderecha no puede reivindicarse como la "verdadera ganadora" de las elecciones porque tanto el PP como el PSOE suben más escaños que Vox.

El análisis más repetido en la noche electoral, especialmente desde la sede de Génova, es que la formación de Santiago Abascal ha "tocado techo" y ya no es ese ganador imbatible que parecía ir quemando una etapa tras otra hasta llegar a la cima. Es más, los problemas internos, las limitaciones organizativas y el bloqueo a la investidura de María Guardiola aparecen como las explicaciones más repetidas sobre por qué Vox no logró alcanzar esa ansiada barrera del 20%. Este lunes, desde la sede de Vox, Abascal negó que su partido haya "tocado techo" y ninguneó a aquellos que "les han dado por muertos" en tantas ocasiones.

Un análisis en el que coinciden las voces expertas consultadas por infoLibre. Su tesis es que Vox tiene un anclaje firme en el espacio sociológico de la extrema derecha, definido sobre todo por su rechazo a los migrantes, pero no solo, y que sería un error "subestimar" al partido de ultraderecha, por lo que no se puede hablar de un techo electoral. Incluso si entrase en una grave crisis que cuestionase al partido, hipótesis que nadie maneja todavía pese a las salidas de las caras conocidas, los casos europeos muestran que sería para dar protagonismo a una nueva fuerza parecida. Es más, si al resultado de Vox en Castilla y León se le suma el de la candidatura de Se Acabó La Fiesta (SALF) liderada por el agitador Alvise Pérez, el espacio de la derecha radical sí supera el 20% de los votos.

Para el experto en comunicación Eduardo Bayón el comportamiento de Vox no puede leerse como una línea recta, sino como una trayectoria con fases de avance, estancamiento y reacomodo. "Ocurrió en 2024, cuando atravesó un momento de enfriamiento tras las europeas y la salida de distintos gobiernos autonómicos. Aquel repliegue no significó su descomposición, sino el inicio de una nueva fase", rememora. Y las encuestas estatales, apunta Bayón, siguen situando a Vox en el entorno del 20% de los votos, por lo que considera que hay que ser "prudentes" con las predicciones porque Vox mantiene su capacidad para mantenerse "en cotas altas".

A juicio de Anna López, doctora en Ciencias Políticas y autora de La extrema derecha en Europa (Tirant Editorial, 2025), estas elecciones han funcionado como un triple test para Vox. En primer lugar, para comprobar si podía ampliar su techo electoral autonómico en una comunidad donde ya había alcanzado alrededor del 17% incluso después de gobernar "con el desgaste que eso siempre implica". En segundo, para saber si las purgas internas y las tensiones orgánicas "le pasaban factura". Y, por último, para ver si podía seguir creciendo "en un contexto internacional más complicado para su discurso". Un análisis compartido por Bayón.

A falta de conocer los datos que arrojen las encuestas postelectorales, la experta en extrema derecha cree que la última semana de campaña pudo frenar parte de ese crecimiento. "La sintonía discursiva con Donald Trump chocó con una realidad muy concreta para muchos votantes, como la subida de la gasolina. Ahí Vox queda atrapado en una contradicción incómoda: su afinidad con el trumpismo frente a una sociedad española mucho más reticente a la implicación bélica y a sus costes económicos, especialmente en sectores como el agrícola, donde la extrema derecha tiene parte de su base", analiza López.

Con todo, la experta subraya que Vox ha logrado consolidar su electorado, reforzar su implantación territorial y volver a situarse como un actor decisivo para la gobernabilidad. El partido ha conseguido diputados en todas las provincias, también en Soria, y porcentajes de voto bastante homogéneos, entre el 15% y el 20%, "un dato que habla menos de retroceso que de estabilización de un espacio político propio", según la experta. La cuestión relevante para ambos no es tanto si Vox ha tocado techo sino el porqué, en determinados territorios, no logra convertir su potencia nacional en un desbordamiento claro del Partido Popular.

El experto en comunicación y analista de Agenda Pública, Eduardo Bayón, pone el foco en dos elementos vinculados a Castilla y León. El primero es demográfico. "Una población envejecida tiende a reproducir pautas de voto más estables y a alinearse con mayor facilidad con los partidos tradicionales", apunta Bayón. El segundo es territorial e institucional. "En comunidades muy fragmentadas, con abundancia de pequeños municipios, diputaciones y redes locales de poder, el PP cuenta con una implantación muy difícil de igualar", resume.

En esos territorios, los conservadores no compiten solo como marca nacional, sino como red local de cargos, proximidad y movilización. La tesis de los expertos es que hay un voto de malestar, pero también de enfadado que prefiere "lo conocido" o el "partido de orden". Ahí es donde Vox encuentra uno de sus límites relativos a juicio del experto, porque ha demostrado ser eficaz en la canalización del enfado, "pero no siempre logra imponerse a una organización con arraigo y capacidad de activar un voto conservador más estable". Bayón recuerda que las transferencias entre ambos partidos no apuntaban a una fuga masiva, aunque se pudiera especular con la existencia de voto oculto. El desajuste, cree, no estuvo tanto en los sondeos como en las expectativas.

López advierte, en todo caso, contra cualquier lectura complaciente. "La experiencia europea muestra que la extrema derecha no crece necesariamente de forma lineal. A veces se estanca, incluso retrocede temporalmente, y luego vuelve a avanzar alimentada por el malestar social, el descrédito de la política tradicional o las crisis coyunturales. Ha sucedido antes con la pandemia y también con catalizadores externos como las victorias de Trump", recuerda. La investigadora añade además que, desde los años setenta, se han formado más de ochenta coaliciones de gobierno con partidos de extrema derecha en Europa.

Así, concluye que "no hay que subestimar" a la extrema derecha porque "un tropiezo relativo no equivale a una derrota estratégica" y más aún cuando, a su juicio, "Vox ha demostrado tener método" combinando activismo digital "con una campaña muy intensa sobre el terreno", con Abascal recorriendo el territorio durante casi un mes, prácticamente el doble que sus adversarios. "Se trata de una estrategia pensada para transformar votos en escaños y consolidar un espacio político propio de cara a futuras elecciones generales", resume. Un planteamiento apoyado por Bayón, que insiste en que es "pronto" para saber qué ocurrirá con Vox.

Exdirigentes del partido como Iván Espinosa de los Monteros, que fue su portavoz parlamentario hasta las elecciones de 2023, achacan el freno a la estrategia de Vox de "encerrarse en sí mismo, atacando a todo y a todos los que muestran no ya un criterio distinto, sino simplemente estupor ante la situación que ellos mismos han creado", en alusión a las purgas internas en la organización, que se han llevado por delante al exsecretario general, Javier Ortega Smith, y al excoordinador de Murcia, José Ángel Antelo. "La actual dirección muestra capacidad para retener, pero no para ensanchar", sostiene Espinosa en un hilo en la red X.

Bayón, sin embargo, discrepa de quienes interpretan las purgas solo como un síntoma de debilidad. A su juicio, el crecimiento de Vox en el último año y medio está ligado precisamente "a un cambio estratégico que no se entendería sin la renovación de su núcleo dirigente: "Las purgas pueden generar rechazo y tensiones, pero también han servido para recentralizar el partido y afinar un discurso más transversal dentro del campo de la derecha, orientado a captar a un votante de malestar atraído por opciones que todavía conservan apariencia de novedad frente a los partidos tradicionales", analiza. Eso no significa que el proceso esté exento de costes, según su visión, pero sí que "no encaja con la imagen de una organización en repliegue".

A estos elementos se les añade la siguiente fase, que es la negociación con el PP. Abascal dejó claro este lunes que Vox entrará en los gobiernos autonómicos de Extremadura, Aragón y Castilla y León si los conservadores quieren su apoyo. En este punto, a ojos de Anna López, se abren dos escenarios. En primer lugar, el de los acuerdos y las líneas rojas que Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, esté dispuesto a marcar en materias como inmigración, igualdad o políticas climáticas. El segundo es sobre el mando de la negociación, es decir, si esos pactos se pilotan desde Génova, con Miguel Tellado al frente, o si los barones disponen "de margen real".

Para la experta, en función de cómo se resuelva esa doble cuestión dependerá no solo la forma de los gobiernos autonómicos, sino también el equilibrio futuro entre PP y Vox. "Los pactos pueden reforzar a Vox si normalizan parte de su agenda y lo convierten en socio imprescindible del poder. Pero también pueden beneficiar al PP si consigue absorber parte de sus demandas sin aparecer completamente subordinado a la extrema derecha", sostiene. En cualquier caso, subraya que Vox volverá "a situarse en el centro de la formación de gobiernos y lo que se acuerde ahora puede condicionar escenarios electorales a corto y medio plazo, desde Andalucía hasta unas generales en 2027". Para Bayón, además, no está claro si a Vox le penalizará entrar en los gobiernos o no.

Lo que ambos tienen claro es que la derechización de varios parlamentos autonómicos se está consolidando, porque en Castilla y León la suma de PP y Vox ha superado el 54% de escaños, en Aragón tienen el 52% y en Extremadura ronda el 60%. "Es decir, lo que se pacte ahora puede terminar siendo la hoja de ruta de un eventual gobierno de derechas en España con un parlamento de más de 200 diputados en ese bloque", apunta López. Por eso este mismo lunes Feijóo ha vuelto a recordar a Vox que deben entenderse.

El resultado de las elecciones del domingo ha forzado al líder de Vox, Santiago Abascal, a hablar claro después de no haber cumplido sus propias expectativas de alcanzar el 20% de los votos. Tras haber aparcado la exigencia de gobernar en coalición con el PP en las ultimas semanas, el ultraderechista reclamó este lunes entrar en los Gobiernos autonómicos de Extremadura, Aragón y Castilla y León después de que Alfonso Fernández Mañueco señalara que quiere un gobierno del PP en solitario con "acuerdos puntuales" con la extrema derecha. "El señor Feijóo se ha hartado de decir que Vox no quiere gobernar, que no tiene valor para gobernar, que sale corriendo. Le tengo que decir al señor Feijóo que sí que vamos a gobernar en las tres regiones", señaló Abascal.

El líder ultra ha negado que su formación haya "tocado techo" tras obtener el 18,9% de los votos y subir un escaño respecto a lo obtenido hace cuatro años y ha insistido en que los resultados de Castilla y Léon son "históricos" para Vox porque se trata del mayor porcentaje de voto en unos comicios autonómicos. Así, ha asegurado que "si hay acuerdo programático" con el PP en las tres citadas autonomías, habrá también gobierno de coalición, aunque evitó hablar de carteras. De lo contrario, dijo, el PP deberá buscar un acuerdo con el PSOE o abocar a esas comunidades a una repetición electoral que el propio líder de Vox aseguró que quiere evitar.

"Pueden estar seguros de que nos vamos a entregar sin descanso", añadió el líder de Vox, que pidió una "negociación seria" con el PP "entre partidos y personas adultas", basada en "medidas concretas, en plazos de cumplimiento y en garantías de cumplimiento": "Cuando se negocia con el PP, hay que actuar de esa manera", añadió, tras criticar las "zancadillas" de Génova 13. El líder de Vox arremetió contra el presidente andaluz, Juanma Moreno, por decir que a Vox le ha "pasado factura" bloquear la investidura de la extremeña María Guardiola y lo achacó al "nerviosismo" de Moreno por el "riesgo" de perder la mayoría absoluta en Andalucía.

A la misma hora que Abascal se pronunciaba desde la sede de Vox, su homólogo en el PP, Alberto Núñez Feijóo, hacía lo propio ante la plana mayor de su partido y se dirigía directamente a Vox. "Nadie ha dado razones para bloquear, sólo se han puesto excusas. Y creo que ya está bien", sentenció. Y añadió: "No se puede hacer a los españoles cautivos de una estrategia de ningún partido", manifestó, tras dejar claro que a quien "le corresponde liderar" es al PP: "Así lo han marcado los ciudadanos".

Feijóo también pidió al ultraderechista "respetar" sus principios porque son "los que han ganado las elecciones": "Jugar con la gobernabilidad de Extremadura y de Aragón para hacer campaña en Castilla y León no lo merecen ni los votantes del PP ni de Vox". El conservador expresó su temor de que Abascal vuelva a alargar las negociaciones con las elecciones andaluzas como excusa. "Espero que a esta estrategia no se una ahora la gobernabilidad de Castilla y León para hacer campaña en Andalucía", manifestó.

Aun así, el líder del PP admitió que ambas formaciones ya "fallaron" a la gente "en julio de 2023" y que por ese motivo no pueden "volver a fallar". "Existe la alternativa numérica y no puede fallar la política", resumió. "O se hacen pactos de gobierno como quiere la mayoría que nos está votando o coaliciones de oposición y de bloqueo con el sanchismo, en contra de lo que está votando la mayoría de los españoles", zanjó.