A principios del mes de mayo, salvo sorpresa mayúscula el jueves 7 al mediodía, la ciudad de Lugo va a tener una alcaldesa del PP: Elena Candia, gracias a los 12 votos de su grupo sumados a los de la exsocialista y ahora tránsfuga María Reigosa, quien obtuvo acta de concejala a finales de 2025 por la muerte de un compañero del PSdeG. Será la primera militante del Partido Popular en 27 años que alce el bastón de mando de una ciudad que en las dos primeras décadas de restauración democrática en los ayuntamientos había sido monocultivo de las derechas bajo varias siglas.

Fue en 1995 cuando el PP obtuvo la hasta ahora última mayoría electoral que le permitió gobernar en Lugo, la absoluta lograda por Joaquín García Díez. Aquel alcalde, con buen predicamento y obras destacables, como el inicio de la gran peatonalización del centro histórico, no pudo repetir en el cartel electoral en 1999 por causa de los enfrentamientos internos del propio PP que dirigía el férreo Francisco Cacharro Pardo, cuya memoria los populares lucenses han vuelto a reivindicar recientemente tras lustros renegando de ella. Desde entonces, cuando Ramón Arias no consiguió la alcaldía, chocaron contra la muralla de la izquierda lucense con hasta media docena de candidatos.

A todos ellos los reunió Candia en vísperas de las elecciones municipales de 2023, las de su desembarco en la política de la ciudad de Lugo procedente de Mondoñedo, donde había sido alcaldesa de 2015 a 2020. La imagen, leída en algunos foros como una apuesta de la mindoniense por tejer lazos con una ciudad en la que en muchos ámbitos era recibida como ajena —por su desconexión con la urbe, no por su lugar de nacimiento—, fue interpretada en otros como un retrato de los sucesivos fracasos municipales de los conservadores. Algunos por estrechísimo margen y otros, especialmente sonoros.

La primera apuesta del PP por intentar volver a gobernar en Lugo fue de alto nivel. Aún con Manuel Fraga en la Xunta, el fundador del partido se desprendió de una de sus conselleiras estrella, Manuela López Besteiro, para lanzarla como candidata contra el socialista Xosé López Orozco, alcalde en una coalición de buena sintonía con el BNG que lideraba Branca Rodríguez Pazos.

Incluso con la Xunta de Fraga y la Diputación de Cacharro a favor —con episodios especialmente recordados como una visita y concierto de Julio Iglesias a pocos meses de los comicios—, la operación López Besteiro fracasó. El PP pasó de 12 a 9 ediles y Orozco consiguió una histórica mayoría absoluta para el PSdeG.

Cuatro años después, en 2007, el PP recuperó a quien había descartado. En el cartel de los populares volvió a aparecer Joaquín García Díez, alcalde de grato recuerdo. Pero su lugar ya había sido ocupado con amplitud por Orozco en amplias capas del electorado lucense, que observaba claras transformaciones evidentes en la ciudad. Algunas decisiones y maneras del regidor socialista le habían causado cierto desgaste del que el PP no pudo beneficiarse: perdieron la absoluta al perder un concejal que ganó el BNG.

En los siguientes comicios, los de 2011, el PP lucense estuvo más cerca de ganar la alcaldía. Volvieron a estrenar candidato, Jaime Castiñeira, y en un contexto de crisis económica y de abierto y profundo deterioro del Gobierno de España que presidía José Luis Rodríguez Zapatero, se quedaron a apenas medio millar de votos del concejal número 13, el que da acceso a la absoluta. Una absoluta que, aun así, volvieron a sumar las fuerzas de la izquierda: 11 socialistas y 2 nacionalistas.

Aquel mandato iniciado en 2011 fue especialmente turbulento en Lugo. Por el desgaste general de la gran recesión y, sobre todo, por el estallido de la operación Pokémon que, combinado con el caso Campeón, trajo consigo un fortísimo impacto en el PSdeG local. Sobre todo, por las imputaciones judiciales que pesaron sobre Orozco —que no quedarían archivadas hasta 2021— y que le implicaron un importante lastre en la siguiente cita con las urnas, la de 2015. Pero el PP tampoco sacó provecho: repitió con Castiñeira, perdió tantos ediles como el PSdeG y además le surgió competencia por la derecha con Ciudadanos.

Las citadas imputaciones fueron la causa esgrimida por las demás fuerzas de la izquierda municipal, que habían pasado de una a tres por la irrupción de Lugonovo y ACE, para exigir la marcha de Orozco a cambio de un apoyo en la investidura a un PSdeG debilitado, con 8 ediles. Los socialistas accedieron dando paso a Lara Méndez, primera alcaldesa de la historia del ayuntamiento que, tras un mandato en minoría, repetiría resultado y sumaría coalición con mayoría absoluta junto al BNG en 2019, cuando el PP lo intentó con Ramón Carballo, actualmente presidente local del partido.

Fue así como llegó la cita de 2023, la del debut de Elena Candia en la ciudad de la Muralla. En un proceso inverso al de 2015, los populares consiguieron absorber prácticamente todo el voto de la derecha local, propiciaron la desaparición de Ciudadanos e incluso crecieron un poco más. Como Castiñeira en 2011, Candia se quedó a unos pocos votos de una absoluta que retuvieron PSdeG y BNG, la misma que van a perder en pocos días al pasar a la cuenta del PP uno de los escaños del pleno que los votos de la vecindad colocaron en el PSdeG.

Esa mayoría absoluta de socialistas y nacionalistas invistió alcaldesa por tercera vez a Lara Méndez y, pocos meses después, a Paula Alvarellos tras la renuncia de la primera regidora para concurrir a las elecciones gallegas. Alvarellos falleció un año después y el nuevo alcalde fue Miguel Fernández, bajo cuyo mandato murió otro miembro del grupo del PSdeG, Pablo Permuy, dando lugar al corrimiento de lista por el que la ahora tránsfuga María Reigosa accedió a la corporación.

Ya venía siendo una tendencia habitual en los últimos años, pero ahora con un porcentaje mucho más elevado. Cuando el Gobierno de España no está en manos del PP, las propuestas de resolución populares en el debate de política general del Parlamento de Galicia, como el que se está celebrando esta semana, disparan el número de peticiones al Estado. En anteriores debates las reclamaciones al ejecutivo central solían situarse en alrededor de la mitad del total de las propuestas de resolución, pero en el debate de este año 27 de las 40 propuestas contienen peticiones expresas al Gobierno de Sánchez.

Por su parte, las peticiones de BNG y PSdeG se centran en reclamar actuaciones a la Xunta, sobre la que tiene las competencias de control e impulso el Parlamento gallego. Pero mientras las 40 propuestas del PP tienen garantizada su aprobación gracias a su mayoría absoluta, las formuladas por nacionalistas y socialistas deben ser negociadas con los populares para que estos acepten apoyar alguna en la votación final que se producirá este viernes.

En este documento puedes consultar las 160 propuestas, 40 por grupo, formuladas por PP, BNG, PSdeG y DO:

Las propuestas de resolución del PP piden actuaciones del Gobierno de Sánchez en cuestiones tan dispares y habituales en su discurso político como volver a rechazar el terrorismo de ETA, impulsar el Xacobeo o que el pazo de Meirás no solo recuerde la dictadura de Franco sino también a Pardo Bazán. Son resoluciones que reclaman al Estado mejores infraestructuras, le atribuyen responsabilidades en la situación de la sanidad gallega o le piden mayor implicación en el desarrollo industrial del país.

Las propuestas del PPdeG fueron presentadas por la número 2 del partido, Paula Prado, quien volvió a criticar a la oposición, como también hizo este miércoles en el debate su portavoz, Alberto Pazos, tirando de una supuesta "ouija bloqueira".

Por su parte, desde la oposición el BNG apuesta con sus propuestas de resolución por "quitarle el freno de mano" a la Xunta. Según la viceportavoz primera del BNG, Olalla Rodil, el presidente debe "una disculpa por criminalizar a las y los trabajadores tratándolos de vagos y defraudadores con las bajas". Los nacionalistas también ponen el foco en sus propuestas en reclamar más vivienda pública, el refuerzo de la atención primaria y la dependencia o una financiación autonómica justa.

Por el PSdeG fue su secretario general, José Ramón Gómez Besteiro, quien presentó sus propuestas de resolución destacando que "Galicia necesita un gobierno que actúe ya". Los socialistas ponen el foco en la vivienda, la sanidad o en una "implicación real de la Xunta en la candidatura de Vigo como sede del Mundial de fútbol".

Por su parte, el diputado de Democracia Ourensana, Armando Ojea, centró sus propuestas de resolución en peticiones que reclaman un mejor reequilibrio territorial con el interior de Galicia.

El pasado domingo fue un día muy duro para la izquierda transformadora. IU-Sumar se situó en poco más del 2,7% de apoyos, Podemos, en el 0,7%. El espacio queda de esta manera fuera de las Cortes de Castilla y León en la naciente legislatura. Y el resultado supone una muestra del mal momento que viven esos partidos, con un horizonte muy complicado para las próximas elecciones generales.

Pero, ¿Castilla y León es el espejo de ese espacio? ¿En qué situación están en el resto de las comunidades autónomas las izquierdas transformadoras? ¿El patrón de voto es igual en unos comicios generales? ¿Pisan moqueta en algún gobierno regional? 

Tras las elecciones del 15 de marzo, Castilla y León se convierte en la sexta autonomía en la que la izquierda transformadora con carácter estatal no tienen ningún diputado, uniéndose a Castilla-La Mancha, Galicia, Comunitat Valenciana, Cantabria y Canarias (en el último caso, Podemos pasó de estar en el propio Gobierno junto al PSOE, bajo el denominado pacto de las flores, a desaparecer del Parlamento en las elecciones del 28 de mayo de 2023).

Además, hay un patrón que se ha asentado en las comunidades autónomas: las izquierdas transformadoras con carácter soberanista o regionalista están superando de largo a IU, Movimiento Sumar y Podemos. Estos casos se evidencian, por ejemplo, en la Comunitat Valenciana con Compromís, en Aragón con Chunta Aragonesista, en Euskadi con EH Bildu, en Cataluña con Esquerra Republicana, en Balears con Més y en Galicia con el BNG.

Un caso particular es el de Más Madrid, una fuerza regionalista pero con un alto componente nacional y que es uno de los cuatro actores implicados directamente en el relanzamiento del espacio de Sumar para las elecciones generales junto a Izquierda Unida, los comunes y Movimiento Sumar. El partido de Mónica García, en términos autonómicos, es uno de los más competitivos porque ejerce el liderazgo de la oposición frente al Partido Popular al haber quedado por delante del PSOE.

Además de Más Madrid, la izquierda transformadora está instalada en dos autonomías como la referencia principal frente al Gobierno existente. La primera es Galicia, donde el BNG superó de lejos al PSOE. Ana Pontón, liderando un grupo parlamentario con 25 escaños, es la oposición a Alfonso Rueda (Partido Popular). El otro caso es el País Vasco, ya que EH Bildu se presenta como la principal fuerza en número de diputados, con 27 asientos en Vitoria, para ser la alternativa al Ejecutivo encabezado por Imanol Pradales (PNV) en coalición con el PSE-EE.

Otro ejemplo particular es la izquierda en Cataluña. Los comunes lograron seis escaños en las pasadas elecciones catalanas, pero son imprescindibles para que Salvador Illa pueda sacar sus propuestas. Por eso el president pactó primero con ellos el proyecto de presupuestos que ahora está negociando con ERC. El partido de Ada Colau tiene un punto fuerte: fue el motor principal de Sumar en esa comunidad y quedaron en segunda posición el 23J (fueron superados por el PSOE, pero se situaron por encima de los republicanos).

En este inicio de ciclo electoral, las izquierdas han pasado de la felicidad al desánimo. La primera parada fue en Extremadura el pasado 21 de diciembre, donde la lista de Unidas por Extremadura (formada por IU y Podemos, con apoyo externo de Sumar) logró su mejor resultado histórico, superando el 10% de apoyo y obteniendo siete diputados en el Parlamento. En Aragón, la división provocó este resultado: Chunta (6 diputados), IU-Sumar (1 diputado) y Podemos (ninguno). En la cita de Castilla y León, se han quedado fuera tanto IU-Sumar como Podemos.

Las miradas están puestas ahora en Andalucía, donde el presidente, Juanma Moreno, anunciará en breve la fecha de las elecciones (con toda probabilidad a finales de mayo o mediados de junio). Actualmente, en el Hospital de las Cinco Llagas se sientan cinco diputados de Por Andalucía (la lista que firmaron en el último minuto IU, Podemos y Más País) y dos de Adelante Andalucía (el partido de Teresa Rodríguez). 

En estos momentos, IU, Iniciativa del Pueblo Andaluz y Sumar han consolidado ya una candidatura bajo el liderazgo de Antonio Maíllo. Podemos, que ha elegido como número uno a Juan Antonio Delgado, todavía sopesa si presentarse en solitario o unirse a las otras formaciones. Adelante Andalucía irá con una papeleta propia, que tendrá como cabeza de cartel a José Ignacio García, que se ha convertido en referente dentro de la oposición a Moreno y que aspira a duplicar los resultados de su formación.

En los gobiernos autonómicos, la izquierda transformadora sólo tiene presencia en dos comunidades. En Asturias, el PSOE firmó un acuerdo con Convocatoria por Asturies, una coalición formada por IU, Más País e Izquierda Asturiana. Por ello, entró en el Gobierno por parte de Izquierda Unida (fuerza hegemónica) Ovidio Zapico como consejero de Organización Territorial. La única diputada de Podemos tras las elecciones, Covadonga Tomé, apoyó externamente la investidura de Adrián Barbón. Hoy ya no está en el partido y ha lanzado la formación Somos Asturias.

En Navarra, la presidenta socialista, María Chivite, tiene como vicepresidenta tercera y consejera de Juventud, Vivienda y Políticas Migratorias a Begoña Alfaro, que formó parte de la lista de Contigo Zurekin (integrada por Podemos, Izquierda Unida y Batzarre). Es la única consejera autonómica procedente de Podemos, aunque ha roto con la dirección nacional y no repitió en su puesto como coordinadora en esa autonomía.

¿Y esta situación autonómica se extrapola al contexto general? En las encuestas en estos momentos se detecta un bajón considerable del espacio, potenciado por la fragmentación en las candidaturas. Según el barómetro publicado este miércoles por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), Sumar tendría ahora un 7,1% de apoyos y Podemos estaría en el 2,9%. En el último sondeo de 40dB. para El País y la Cadena Ser se recoge una estimación de voto para Sumar del 5,9% y para Podemos del 3,3%,

Estos porcentajes están lejos de lo que consiguió Sumar con su 12,3% en las pasadas elecciones generales, lo que se materializó en 31 escaños (solo dos por debajo de Vox). La coalición tuvo especialmente fuerza en Balears (16,5%), Madrid (15,4%), Comunitat Valenciana (15,2%) y Asturias (14,85%). También tuvo tirón en Cataluña (14%), Navarra (12,8%) y Aragón (12,2%). En cambio, sus peores resultados se registraron en La Rioja (6,5%), Castilla y León (7%) y Castilla-La Mancha (7,3%).

El PPdeG ha rechazado la creación de una comisión de investigación en el Parlamento gallego sobre el proyecto de Altri en Palas de Rei (Lugo) que reclamaba la oposición, a la que ha instado a llevar al juzgado sus "mentiras" y "difamaciones" sobre la tramitación de este expediente, cuyo archivo ya anunció la Xunta, según recoge EFE.

Los votos del PPdeG han hecho que no saliera adelante este martes, en el pleno del Parlamento, la iniciativa presentada por el BNG, y apoyada por el PSdeG, para "conocer toda la verdad" sobre las "irregularidades" que creen que hay tras este proyecto de macrocelulosa y han pedido que se "desclasifiquen los papeles" del acuerdo firmado por la Xunta con la multinacional portuguesa.

El portavoz del PPdeG en el Parlamento, Alberto Pazos, ha instado a la oposición a continuar en el juzgado con esta petición planteada por el BNG ante el Tribunal Superior de Galicia (TSXG), que la ha admitido a trámite, porque si la justicia dice que se puede hacer pública esta documentación que es confidencial, según la Xunta, quedaría acreditado "todo lo que lleva mentido" la oposición.

Pazos ha reprochado que acusan a la Xunta de "graves ilegalidades" y solicitan una comisión de investigación para "prolongar su campaña de difamaciones" en el Parlamento, pero no son capaces de "trasladarlas" al juzgado lo que evidencia su "enorme cobardía".

Para la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, está claro que el proyecto de Altri es un ejemplo de que la Xunta es "capaz de cometer todo tipo de irregularidades para favorecer intereses privados" y "tiene miedo de que se conozca la verdad" sobre esta "traición" que el pueblo gallego "no olvidará", ha advertido al PP.

Por su parte, la diputada del PSdeG Patricia Iglesias ha llegado a hablar de "posible tráfico de influencias" en la tramitación del proyecto de Altri y ha asegurado que si la Xunta sigue negando información, también su partido valora "acudir a los tribunales" para conocer toda la documentación al respecto.

Aparte de pedir conocer el memorandum de entendimiento entre la sociedad público-privada Impulsa -con un 40% de participación de la Xunta- y Altri firmado en octubre de 2021, la oposición ha reiterado sus sospechas sobre la "rebaja de protección" de una zona en la Serra do Careón cercana a donde se iba a instalar el proyecto, sobre lo que ya hay una sentencia del TSXG tras una denuncia presentada por Adega.

Ana Pontón (Sarria, 1977) acaba de cumplir diez años como portavoz nacional del BNG. Asumió el liderazgo en el momento más crítico de la historia de la formación y, una década después, encabeza la oposición al frente de un grupo parlamentario cuatro veces más amplio que el logrado en las primeras elecciones en las que fue cabeza de cartel del Bloque, en aquel mismo 2016. En un momento de avance global de las derechas, al frente de un BNG que “no tiene techo”, Pontón dice estar convencida de que hacen falta “políticas valientes” y de que, en el caso gallego, existe ya una “nueva mayoría que quiere políticas alternativas” a las de un PP al que, sostiene, solo le resta hacer “propaganda para ver si convence de que va a hacer lo que no hizo en 20 años”. Conversamos con ella sobre estos años, la situación política del país y del Estado y asuntos clave como la vivienda, la transición ecológica o la industria tras el fracaso de Altri.

Hace ahora diez años que asumía la portavocía nacional del BNG, en lo que posiblemente fue el momento más crítico de la organización, cuando ya se esbozaban escenarios en los que incluso parecía posible que se convirtiesen en fuerza extraparlamentaria y en un momento además de crisis en muchos niveles. ¿Qué es lo primero que le viene a la cabeza al recordar aquella Asamblea Nacional y aquel momento político?

La descripción que hace en la pregunta refleja lo que pasaba en aquel momento. Estábamos en un momento de crisis económica y también del sistema de partidos. Y todo esto afectó al BNG; seguramente estábamos en el momento más difícil de toda nuestra historia. Recuerdo que yo tenía absoluta confianza en que el Bloque era un proyecto necesario para este país y que si éramos capaces de analizar en qué estábamos fallando y resintonizábamos con la sociedad gallega teníamos un gran porvenir, porque el nacionalismo es necesario para Galicia y Galicia necesita una fuerza como el BNG; siempre digo que es un proyecto que si no existiese habría que inventarlo, porque este país necesita a alguien que lo defienda, que confíe en sus potencialidades y sea capaz de romper con el guion de discriminación, de dependencia y de agravio que significa el centralismo. En aquel momento era consciente de la responsabilidad que teníamos, pero tenía absoluta confianza en que si éramos capaces de acertar con el discurso, el BNG tenía un gran futuro. Y, afortunadamente, estos diez años demuestran que era cierto.

En aquella altura yo escuchaba muchas voces fuera, también algunas dentro, que pensaban que un proyecto como el BNG ya no tenía cabida, pero yo pensaba en todos esos hombres y mujeres que durante tanto tiempo trabajaron para levantar un proyecto que nace del pueblo, que no está sustentado en ningún grupo económico ni mediático y decía que la fuerza de nuestro amor no puede ser inútil. Y hoy estamos en el mejor momento de la historia del BNG. Tuvimos unas elecciones gallegas hace dos años en las que uno de cada tres que fueron a votar cogieron nuestra papeleta y lo hicieron con ilusión y convicción. Y estoy convencida de que ese cambio que empezó a abrirse ahí, esa grieta que abrimos al Partido Popular, va a verificarse en las próximas elecciones y podremos tener un gobierno dirigido por el BNG.

Tres elecciones después de aquella asamblea ese crecimiento se tradujo en cuadriplicar la representación respecto a las elecciones de 2016. En esas elecciones de hace dos años a las que se refería el objetivo del BNG fue muy claro, gobernar y liderar el Gobierno. ¿Qué diría que falta? Porque el crecimiento fue obvio, pero también lo fue que la disminución del Partido Popular fue mucho menor que el crecimiento del BNG...

Los cambios transformadores como los que significa el BNG a veces tardan más de lo que quisiéramos, pero estamos ahí impulsando. Y esta legislatura está demostrando que hay una pulsión social de cambio: lo que acabamos de ver con Altri no es un hecho cualquiera. Es la evidencia de que en la sociedad gallega hay una nueva mayoría que quiere políticas alternativas a las del Partido Popular; porque Altri no era un proyecto más, Altri era el gran proyecto, primero de Feijóo y luego de Rueda, de modelo de desarrollo económico del país, que consiste básicamente en volver a un franquismo industrial de las macrocelulosas de Ence y ahora, una macrocelulosa diez veces mayor. Pero el resultado es que el pueblo mandó y venció frente a la soberbia y la prepotencia de un PP que estaba haciendo de comercial de Altri. Esto es un síntoma, igual que muchas otras luchas que estamos viendo en este momento y que el BNG también está acompañando en la defensa de la sanidad pública, de la enseñanza, del derecho a vivir aquí, de la reclamación de políticas de vivienda, de que no podemos seguir con un modelo de expolio de nuestro territorio, de defensa de la lengua... Están evidenciando un país que se está abriendo y que hay un cambio que es imparable.

Viendo los números de la evolución electoral, todo apunta a que el BNG consiguió captar electorado que en otros momentos apoyó otras fuerzas de la izquierda como el Partido Socialista o las antiguas mareas. El crecimiento, ese salto adelante que les falta, ¿tendría que llegar por electorado que en algún momento estuvo próximo o cogió la papeleta del PP?

Siempre digo que los votos no son de las fuerzas políticas, que son de las personas y que en cada momento deciden a quién quieren apoyar. Si analizamos lo que pasó en las últimas elecciones vemos cómo el BNG crece mucho más de los votos que pierde el Partido Socialista; creo que estamos conectando con muchos sectores de la sociedad que quieren una alternativa propia para Galicia. Por lo tanto, quizá tengamos que romper ese marco que funcionó más en otras etapas políticas, porque la sociedad ha cambiado mucho y quizá el nivel de fidelidad que hay con las organizaciones políticas no tiene nada que ver con lo que podía haber en el siglo pasado, antes de esta crisis. Y también es un escenario que nos permite abrir grandes oportunidades. Nosotros nos dirigimos a todos los gallegos y gallegas que quieren más para este país. Que quieren que en Galicia nuestra lengua siga teniendo futuro, que quieren empleo digno, que quieren vivienda a precios que puedan asumir, que quieren que Galicia no sea una tierra de sacrificio, que quieren que nuestros recursos estén al servicio del país. Yo creo que ahí hay una nueva mayoría social que se está articulando en torno al BNG y si acertamos en nuestra línea de trabajo como estamos acertando en estos últimos años, el BNG lo que está demostrando es que no tiene techo. Quien tocó techo fue el Partido Popular. Yo siempre soy poco creyente de las encuestas en cuanto a la foto fija que nos quieren hacer, pero sí de las tendencias. Y lo que estamos viendo es cómo el Partido Popular está bajando y el BNG está subiendo. Esto lo que nos dice es que hay un descontento evidente con estos 20 años de gobierno del Partido Popular que nos están dejando una Galicia donde la gente vive peor, donde hay menos oportunidades, donde los salarios cada vez dan para menos o los servicios públicos están más deteriorados. Y frente a todo eso la única alternativa que hay es el BNG.

¿Cree, entonces, que de alguna manera Galicia puede quedar, no sé si al margen, pero sí tener una dinámica diferente en un momento global en el que esa —llamémosle— internacional reaccionaria está cobrando fuerza en muchas elecciones? A nivel del Estado, por ejemplo, ¿cree que hay margen para que las próximas generales no den lugar a una mayoría absoluta de PP y Vox que parece que, en algunos ámbitos, se da casi por descontada?

Primero, Galicia es un sitio distinto y tenemos que sentirnos muy orgullosos. Porque lo cierto es que en Galicia la extrema derecha es irrelevante. Tiene cero diputados en el Parlamento gallego, cero concejales y concejalas, cero representantes en el Congreso. Creo que esto habla bien de Galicia, pero a lo mejor tenemos que hacer una reflexión un poco más profunda. Porque en muchas partes lo que estamos viendo es cómo gente que en algún momento no apoyó a la derecha ahora se está agarrando a la extrema derecha como a un clavo ardiendo ante una situación de crisis evidente que está provocando una brecha social importante. Tenemos que preguntarnos por qué muchas de esas personas dejaron de ver a las fuerzas progresistas como su alternativa. Y yo eso lo entiendo. Porque, claro, cuando uno ve lo que era el centro de la socialdemocracia defendiendo la agresión a Palestina, como puede ser la socialdemocracia alemana, el disparate es evidente. Cuando hay un gobierno que se dice el más progresista de la historia pero que no está siendo capaz de poner soluciones ante graves problemas que tiene la población de acceso a la vivienda, de pérdida de poder adquisitivo... Una también entiende que haya una decepción con personas que se presentaron a las elecciones con un programa que no están cumpliendo. O cuando vemos cómo en el Estado español con tantas necesidades sociales lo que se está haciendo es multiplicar el gasto militar. En Galicia, a diferencia del Estado, hay muchas personas que tienen una alternativa transformadora como es el BNG. Y quizá lo que deberíamos pensar no es qué va a pasar en las elecciones, sino qué tiene que hacer el Gobierno, porque tiene un margen muy importante de actuación para que todos esos sectores sociales que ahora pueden estar mirando a la extrema derecha como una alternativa desesperada, vean que hay otra opción. Porque no es que esas fuerzas estén fuera del gobierno; tienen instrumentos muy importantes y deberían avanzar en la agenda social. En el Estado hay un escenario que está muy abierto y ya vivimos otra legislatura donde todas las encuestas decían que iba a gobernar la derecha con la extrema derecha y eso no fue lo que pasó en las elecciones.

En este sentido, a nivel de Estado hay una cierta reestructuración en lo que se da en llamar la izquierda del Partido Socialista. ¿Cómo valoran o cómo observan en el BNG propuestas como la que lanza Gabriel Rufián sobre la necesidad de coordinar esfuerzos, de algún tipo de confluencia? No sé si incluso tuvieron algún ofrecimiento en ese sentido...

Gabriel Rufián es una persona que conozco, que aprecio y valoro. Es una persona a la que hay que escuchar y, evidentemente, desde el BNG compartimos la preocupación por el avance de la derecha o de la extrema derecha. Pero en Galicia la gente sabe que el BNG es una garantía de que nunca vaya a gobernar la derecha ni la extrema derecha. Y nosotros ya somos un frente amplio que aglutina una mayoría que nos permite precisamente algo tan importante como que en Galicia la extrema derecha ya sea irrelevante. Por lo tanto, creo que la izquierda estatal tiene que ser capaz de solucionar sus propios problemas, sus dilemas y su situación, pero en Galicia tenemos un panorama muy distinto. Es más, nuestra experiencia colectiva como país o con fuerzas políticas que transitaron su camino... El resultado fue el que fue. La mejor manera de garantizar derechos y de frenar a la derecha en Galicia es el BNG.

Estamos, en el caso gallego, en la mitad de una legislatura que comenzó marcada por una cuestión a la que antes se refería, el proyecto de Altri. Entiendo por sus palabras que cree que el anuncio de archivo por no entrar en los planes eléctricos del Estado es un punto final definitivo, que no va a haber una reactivación, que el gobierno de la Xunta o la empresa o ambos no van a encontrar un camino para retornar.

Nunca se sabe lo que puede pasar. Pero lo evidente en este momento es que el pueblo gallego hizo que Altri se paralizase. Y es más, viendo la sentencia que conocimos esta semana respecto de que el Tribunal Superior de Xustiza le decía a la Xunta que no podía dejar de proteger los terrenos en los que iba Altri, quizá ese anuncio se hace deliberadamente antes de esta sentencia para tener una coartada que no sea la evidencia de cómo el Partido Popular estaba trabajando directamente para Altri y en contra de la legislación vigente. Este es un hecho gravísimo y el PP tiene que dar explicaciones de por qué un gobierno se salta la normativa y desprotege espacios protegidos única y exclusivamente para beneficiar a una empresa portuguesa que además viene a contaminar nuestro país. Estamos ante un punto muy grave donde el presidente de la Xunta tiene que comparecer en el Parlamento de Galicia, porque el nivel de ocultación que hay con Altri es brutal. Empezando ya por ese acuerdo secreto que está guardado bajo siete llaves en la Xunta de Galicia y que se nos oculta a los gallegos y a las gallegas. ¿Por qué no podemos conocer los documentos que firmó el Partido Popular con Altri? ¿Por qué no podemos conocer esa documentación oficial? ¿Qué le esconde el señor Rueda a los gallegos y a las gallegas? Creo que cada vez es más evidente que detrás de Altri había intereses económicos, no sé si alguna puerta giratoria que ahora se truncó y por eso estaba tan enfadado el señor Rueda en el último pleno. En todo caso, tenemos derecho a saber la verdad y desde el BNG no vamos a parar hasta que aparezca.

El BNG está intentando obtener ese pacto secreto a través de la Justicia, en el Tribunal Superior. ¿Confían en que esa vía pueda fructificar? Teniendo en cuenta que por la vía parlamentaria ya se toparon con algunas respuestas como que la Consellería de Industria dice que no conoce el contenido del acuerdo que firmó el anterior titular de la Consellería...

Es todo un disparate. Están tan llenos de soberbia y de absolutismo que creen que pueden pasar por encima de las leyes y del Parlamento. Es gravísimo además que la Consellería nos diga a la cara que miente. ¿Cómo puede decir que no conoce un documento que firmó un vicepresidente del Gobierno gallego y que lo firmó porque la Xunta tiene el 40% de esa sociedad? No era su negocio particular y privado; estaba ahí representando al Gobierno gallego. ¿Y cómo puede ser, además, que se atrevan a poner por escrito que no lo conocen y dos días después tengamos al presidente de la Xunta diciendo que él conoce el contenido de ese acuerdo? Y a la propia conselleira de Industria, en sus entrevistas, también reconociendo que sabe cuál es el contenido de ese acuerdo. Estamos ante un abuso claro de poder y ante un Gobierno que algo tiene que temer para ocultar esta documentación.

Usted reprochaba al presidente Rueda también en este último pleno que Altri fuese hasta ahora su única política industrial. ¿Por dónde debería ir esa política para el BNG, teniendo en cuenta que Altri como mínimo está arrumbada, fuera del carril?

El problema de Altri es que significa un modelo de expolio y destrucción de nuestro territorio que condena nuestro rural a ser una gran masa de eucalipto. En el rural tenemos una capacidad enorme, primero en todo el sector agroganadero, que además en la comarca de A Ulloa es un ejemplo de la capacidad de transformación con pequeñas y medianas empresas que no solo producen leche, que la están transformando. Y esta es una industria vital para nosotros, para asentar población y cuidar el territorio. Y después tenemos la otra pata, que es el modelo de política forestal que queremos. Y nosotros decimos que Galicia tiene que apostar por un nuevo modelo sostenible. Estamos en pleno cambio climático, acabamos de ver las consecuencias de los incendios y me parece un auténtico disparate y una irresponsabilidad querer extender la política del eucalipto a todo el país. Necesitamos apostar por producciones de madera de calidad, por una industria que transforme en segundas y terceras transformaciones esta madera, y si la Xunta en vez de apostarlo todo a la carta perdedora como era Altri apostase, como dijo el BNG en su momento, por proyectos que realmente transformasen nuestro sector forestal quizá hoy no estaríamos donde estamos. Yo también me pregunto quién va a asumir las responsabilidades por decidir apostar todo a la carta perdedora de Altri en vez de apoyar otros sectores económicos que en ese momento tenían proyectos muy interesantes sobre la mesa para recibir fondos Next Generation. El señor Rueda es el máximo responsable de esta situación y este es un fracaso industrial que lo único que nos demuestra es que no tienen una política industrial de futuro. Su única apuesta son las industrias del siglo XX cuando estamos en pleno siglo XXI y hace mucho tiempo que está superada la falsa dicotomía entre medio ambiente o industria. La industria o es sostenible o no tiene futuro y si no aprendemos esta lección es que no sabemos nada. Claro que hay alternativas; el problema es que el PP no tiene ni confianza ni ningún proyecto de futuro para Galicia.

Si hablamos de medio ambiente y de industria hablamos de transición energética. La ausencia de plan eólico desde la cancelación del del Gobierno de PSdeG y BNG, por un lado, y también las paralizaciones cautelares en la justicia de proyectos eólicos, por otro, están condicionando el sector de las renovables. El BNG viene reiterando que está a favor de esa transición y del desarrollo eólico pero no del modo en que se está haciendo. ¿Por dónde debería ir? Porque lo cierto es que hace más de diecisiete años que la potencia es prácticamente la misma y el sector está estancado...

La responsabilidad de que el sector esté estancado es del PP, que paralizó un plan eólico perfectamente legal única y exclusivamente porque lo pidieron las grandes empresas eléctricas que mandan en el Estado español y que parece que también tienen una silla en el Consello de la Xunta. La situación actual también es responsabilidad del PP, porque el desarrollo eólico necesita planificación y seguridad jurídica, dos cuestiones que el PP no está haciendo porque quiso imponer la ley de la selva. El BNG defiende que el desarrollo energético, que no es solo eólico porque hay muchas más energías renovables que pueden entrar en el mix, tiene que hacerse primero teniendo en cuenta cuáles son las necesidades energéticas de Galicia y segundo, respetando a la gente de nuestro medio rural y del mar frente a los intereses del lobby eléctrico. Y esto tiene que revertir en nuestro país: tenemos que tener una tarifa eléctrica más barata para compensarnos por los costes sociales y ambientales de la producción de electricidad; la propuesta del BNG, que supone una rebaja de entre un 10% y un 15% de la factura de la luz, es mejor aliciente para que vengan empresas a Galicia que cualquier otra política. Y también tenemos que tener una empresa pública de energía como los países de nuestro entorno, que además permite que esos beneficios redunden en el conjunto de la sociedad y no en que cuatro se hagan ricos a costa de la electricidad de Galicia.

Se refería antes, cuando hablábamos del Estado, a la crisis de vivienda como uno de los elementos que está condicionando el panorama político. Es posiblemente el gran tema político, también en nuestro país. Después de 15 años de escasez los planes de la Xunta hablan de 4.000 viviendas en esta legislatura. Suponiendo que se materialicen, cubrirían alrededor del 20% de la demanda. ¿Cómo lo abordaría el BNG desde el Gobierno?

Hay que tener mucha fe para creer eso... Lo primero es que en política de vivienda estamos como estamos porque el Partido Popular lleva 17 años dinamitando la política social de vivienda. Si cogemos los históricos es la etapa en la que menos vivienda pública se puso a disposición a pesar de que se sabía que había un problema que ya viene de 2008. ¿Qué está haciendo el Partido Popular? Yo creo que propaganda. Es cierto que se está licitando alguna vivienda, pero las promesas de Rueda son un bluff, porque las políticas de vivienda del PP son un bluff propagandístico. ¿Qué habría que hacer? Dar soluciones para aquí y ahora. Todo el mundo sabe que esas viviendas que está anunciando Rueda no se van a construir en esta legislatura; si se construyen de aquí a 2030 ya me parece un poco más realista. En todo caso, la gente no puede esperar 4, 5, 6 años o 10 años para que haya solución a los problemas de la vivienda. ¿Qué haría falta en este momento? Primero, topar los precios del alquiler y en las zonas donde estamos viendo que hay incrementos desmesurados la Xunta podría. No lo hace porque no le da la gana. De hecho, acaba de boicotear esa declaración en el Ayuntamiento de Santiago y tengo muy claro que ese boicot es única y exclusivamente para hacerle oposición al gobierno de Goretti Sanmartín sin importar que eso suponga que la gente pueda pagar menos de alquiler. ¿Qué más podría hacer el Gobierno? Un programa de compra pública de vivienda ya construida para ponerla en alquiler; es mucho más rápido y ecológico y además hay recursos públicos para poder hacerlo. Y la tercera: que se limiten las viviendas de uso turístico con un tope de su número y lo primero, que se quiten todas las ilegales. La pregunta es por qué no lo quieren hacer.

Lo que hay es un cambio como mínimo de discurso por parte del Gobierno gallego después de años. ¿Detectan si el PP, de alguna manera, intentó —no sé si— arrebatarles o hacer suyas algunas de las que fueron banderas en su campaña en 2024? La vivienda fue una de ellas; pienso también en otras como pueden ser los traspasos de competencias. Ustedes hablan de “abrir grieta” en el PP; ¿detectan que el PP quiere hacer lo contrario y hacer ver que algunas políticas que ustedes reivindicaban también pueden ser del Partido Popular y por eso no hace falta un cambio?

El PP se está dando cuenta de que tiene un problema muy grave en Galicia porque sus políticas están haciendo que la gente viva peor. Y en estos dos últimos años vemos un ejercicio de propaganda terrible en esos ámbitos mientras la realidad sigue siendo la misma. Si la gente tiene más problemas de acceso a vivienda que hace dos años, en muchos casos es responsabilidad del PP; si tenemos un deterioro de la sanidad pública que es mayor porque los problemas cada vez son más grandes, el PP puede intentar echarle la culpa a Madrid, pero todo el mundo sabe que la responsabilidad de la gestión sanitaria está en la Xunta. Igual que sabemos que le recortó 1.600 millones de euros a la Atención Primaria y que por eso tenemos lista de espera para poder ir a nuestro médico de cabecera. El PP es consciente de que se está agotando su ciclo y está haciendo un ejercicio de propaganda para ver si convence a los gallegos y gallegas de que ahora va a hacer lo que no hizo en 20 años. Pero esto tampoco cuela, porque cuando no hay voluntad real para cambiar la situación, los problemas siguen creciendo.

Se refería ahora a la sanidad. Esta semana publicábamos en Praza.gal que el Sergas quiere impulsar que haya menos gente que rechace ir a operarse a la privada financiada con fondos públicos. ¿Cómo valora que materialicen en un documento oficial este objetivo?

Está bien que por lo menos no escondan que están trabajando para la sanidad privada, aunque su objetivo tendría que ser que cada vez la sanidad pública tenga mayor capacidad de resolución. Y pueden hacerlo contratando más personal, haciendo que nuestras instalaciones hospitalarias funcionen por la mañana, por la tarde y los fines de semana si es necesario. Lo único que se necesita es voluntad política y recursos, justo lo que no quiere destinar el PP.

Estamos a las puertas de un nuevo ciclo electoral. De momento tenemos una fecha, la de las municipales de mayo del año que viene. El BNG llega a esos comicios teniendo la alcaldía de Santiago, de la que ahora hablaba, también la de Pontevedra, gobierna Lugo y las diputaciones de Lugo y de A Coruña... ¿Con qué expectativas las afrontan? El PP está transmitiendo una sensación de que tienen unas expectativas muy altas tanto en los sitios en los que lleva mucho tiempo sin gobernar como puede ser Lugo, como también por ejemplo en el Ayuntamiento de Santiago, que parecen tener en el blanco de una manera especialmente significativa. ¿Se ven en condiciones de revalidar y ampliar o va a ser un ejercicio de resistencia de la izquierda?

Nosotros vamos a por todas y con el objetivo de mejorar la posición del BNG en todos los ámbitos, no solo manteniendo las alcaldías que tenemos sino también incrementándolas e incrementando la representación. En estas elecciones municipales vamos a dar un gran salto adelante en todo el país que va a acreditar que el BNG es la fuerza política que avanza, en la que cada vez confían más gallegos y gallegas. En los ayuntamientos tenemos un modelo de gobierno municipal en el que demostramos la capacidad de transformación y esto es lo que molesta al Partido Popular. Lo llevamos demostrando muchos años en muchos ayuntamientos pero decía usted sobre el caso de Santiago de Compostela: es paradigmático cómo vemos un PP volcado en trabajar en contra de Santiago única y exclusivamente por intereses partidistas. Es un escándalo que se nieguen a la declaración de zona tensionada, pero también cómo se está utilizando la Xunta como ariete contra un gobierno democráticamente elegido. Creo que les va a salir mal, porque Santiago está viendo que el PP es un partido que está trabajando en contra de la ciudad única y exclusivamente por sus intereses partidistas. Y además, en Santiago ya sabemos lo que significa un gobierno del PP: tres alcaldes en un mandato y un gobierno que única y exclusivamente trabajaba para defender intereses espurios. Frente a eso, Goretti Sanmartín está demostrando que tiene un proyecto de ciudad. Creo que lo que necesita es una mayoría sólida para poder llevar adelante las grandes transformaciones que se están iniciando en este mandato, porque aun en un contexto tan complejo se desbloquearon temas estratégicos para la ciudad.

Teniendo en cuenta los resultados de las elecciones gallegas, ¿cree que puede ser el momento en el que avancen significativamente en las dos ciudades más pobladas? Fueron primera fuerza en Vigo y tuvieron un resultado muy significativo en A Coruña...

Vamos a avanzar en todas las ciudades, vamos a dar un nuevo gran salto adelante y el BNG va a ser la fuerza que más crezca en esas elecciones municipales.

La izquierda transformadora, en pleno movimiento sísmico. El espacio progresista vive unos días de total convulsión con la vista puesta en cómo articular fórmulas para tratar de frenar el avance robusto de la ola de la derechas. Y sobre la mesa se ponen vías que puedan llevar a maximizar las posibilidades en escaños frente a meras llamadas a la unidad y al combate en las urnas.

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, dejó en su acto del miércoles junto a Emilio Delgado (Más Madrid) una propuesta que consistiría en el acuerdo de varios puntos programáticos entre las diferentes fuerzas de izquierdas y con la idea de que ese espacio no compita entre sí. ¿Cómo? Estudiando provincia a provincia. La hoja de ruta podría pasar por presentar candidaturas unitarias en las circunscripciones donde se restan votos entre sí las fuerzas progresistas y conviviendo candidaturas separadas, pero complementarias, en otras donde sí hay viabilidad para sacar asientos en el Congreso, como Madrid y Barcelona. Siempre bajo la máxima de que ir con 14 partidos de manera individual no tiene ninguna lógica. 

“Ciencia, método y orden”, es el lema que Rufián lanzó el miércoles como una llamada a los partidos progresistas para sentarse a hablar, analizar cada provincia y decidir la fórmula con la que se pueda hacer frente a las derechas de la manera más efectiva. 

En las pasadas elecciones generales del 23J, la izquierda transformadora de carácter estatal sacó, bajo la fórmula de Sumar, en la que estaba integrada también Podemos, un total de 3.044.996 votos, lo que supuso un 12,33% del censo. Una oferta electoral muy competitiva que consiguió mantener el Gobierno de coalición y que miró de tú a tú a Vox (12,38%). Esas papeletas se tradujeron, además, en 31 escaños, muy cerca de los 33 que materializó la ultraderecha.

Y a esos escaños hay que sumar los que lograron las fuerzas de izquierdas soberanistas: Esquerra Republicana (7), EH Bildu (6) y el BNG (1). Compromís y Chunta fueron integrados en las listas de Sumar. Por lo tanto, el espacio progresista a la izquierda del PSOE tiene ahora mismo en la Carrera de San Jerónimo 45 parlamentarios. Unos datos superiores a los que obtendría hoy, a tenor de todos los sondeos, por el desgaste del Gobierno y la abstención en su electorado, pero, sobre todo, por la fragmentación que hay y por la división entre los partidos de Sumar y Podemos.

Sobre la mesa está también el papel de que vayan por separado esas izquierdas de carácter estatal y las de corte soberanista. Tanto ERC como EH Bildu y el BNG han rechazado integrarse en otras papeletas. Eso abre el debate sobre si compiten o pueden ser complementarias. Por ejemplo, en Cataluña, Sumar tuvo más apoyos que la propia Esquerra Republicana. Rufián no ha hablado de sustituir unas fuerzas por otras, sino de analizar provincia a provincia cuál sería la fórmula más concreta.

Rafael Ruiz, consultor y analista de datos en asuntos públicos en Logoslab, se adentra en lo que puede suponer para la izquierda articular fórmulas para maximizar resultados, sobre la base del último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Indica que, con el porcentaje de voto que arroja la encuesta para Sumar (7%) y Podemos (3,9%), el primero tendría 9 escaños mientras que el segundo se quedaría en cuatro; por lo tanto, tendrían 13 en total.

Señala que, en cambio, si se unieran las dos formaciones, pasarían del diez por ciento de voto, lo que supondría dar un salto cualitativo y llegar a los 23 asientos en el Parlamento (una cifra más baja que en el 23J pero muy superior a la que lograrían si van de manera separada).

Comenta que, por ejemplo, si van separados, en Andalucía (la comunidad que reparte más escaños), solo lograría uno Sumar por Sevilla, mientras que si se dan la mano, también podrían obtener ahora, con los datos del CIS, tres diputados más por Cádiz, Málaga y Córdoba.

La actual división, añade el consultor, hizo que en Aragón la izquierda se fuera de vacío, pero con la unión podrían conseguir uno por Zaragoza, como sucedió en el 23J (que fue a parar a Jorge Pueyo, de la Chunta Aragonesista). Si fueran juntos Podemos y Sumar, prosigue el analista, podrían conseguir también un parlamentario en Asturias y en Baleares, que ahora mismo están perdidos. Ese caso también se daría por la provincia de Las Palmas, en Canarias.

Esta unión, en cambio, no es tan necesaria en grandes circunscripciones, como Madrid y Barcelona, donde da igual para la izquierda estatal que vayan por separado Podemos y Sumar, según Ruiz. Otra cosa es en las otras provincias catalanas, metiendo la variante de ERC. Si los comunes dejaran espacio en las otras tres provincias (Lleida, Tarragona y Girona), ERC podría aspirar a un escaño más en cada una de ellas.

El analista de Logoslab se detiene también en Galicia, donde incide en que si Podemos y Sumar van por separado, se quedarán fuera del Congreso. En cambio, sí pueden lograr con la unidad escaño tanto en A Coruña como en Pontevedra. Y, metiendo la variable de la izquierda soberanista, señala que si ese espacio deja aire al BNG en Ourense, los de Ana Pontón podrían arañar allí otro asiento en la Cámara Baja.

Y es que entre las conclusiones que deja el analista, la operación de la unidad sirve especialmente a las provincias medianas, aquellas que reparten entre cinco y ocho escaños. Allí es donde el espacio transformador se juega ser competitivo frente las pequeñas y bipartidistas, donde dominan el PP y el PSOE (y donde una opción, señala, podría ser retirarse para dejar todo ese espacio a los socialistas en su competición con los populares por el tercer o el cuarto escaño).

Esas circunscripciones medianas donde la izquierda se podría jugar su futuro serían, entre otras, A Coruña, Pontevedra, Asturias, Bizkaia, Girona, Tarragona, Zaragoza, Navarra, Valladolid, Castellón, Las Palmas, Córdoba, Málaga, Granada, Las Palmas o Balears.

Según recuerda Ruiz, hay muchos factores que pueden determinar luego entrar o no en el reparto, pero tienen muchas más posibilidades si las izquierdas crean espacios de unidad atractivos para los votantes y, sobre todo, porque esa suma de porcentajes, aunque parezca pequeña, compensa luego mucho en escaños. Señala que en la batalla electoral hay que considerar otros factores, también dentro de la derecha, como un Vox luchando con un 20%, cuando antes estaba por encima solo del 12%. Y hay que tener en cuenta, además, que la unidad de candidaturas no significa siempre unión de voto, sino que puede haber transferencia a otros partidos.

Álvaro Sánchez, investigador del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, indica que hay que “desmentir un primer mantra, que muchas veces repite la izquierda, de que en política uno más uno son dos”: “No hay una matemática aritmética, ya que se tienen que asumir ciertos costes de electores que se marchan. Hay casos que lo evidencian como, por ejemplo, el pacto de los botellines entre Pablo Iglesias y Alberto Garzón en 2016, que luego disminuyó la propensión a votar entre los electores de Izquierda Unida”. “No todo suma, hay que entender ese contexto”, subraya.

Pero, pone el foco, entonces, en que la unidad de las izquierdas es eficiente precisamente en las provincias medianas, en aquellas que reparten entre cinco y ocho escaños. Ahí es donde dice que se pueden beneficiar las candidaturas unitarias, poniendo como ejemplos Valladolid y Zaragoza.

A la vez, señala que esa unidad, aunque no fuera tan eficiente como en las anteriores circunscripciones, también podría servir para las grandes, como Madrid y Barcelona, porque a partir del 12% se empieza a premiar mucho a los partidos en escaños, algo que han aprovechado normalmente las grandes formaciones como el PSOE y el Partido Popular. Calcula que ahí se podría sumar un escaño más para esas grandes listas de la izquierda transformadora, a pesar de que Rufián diga que puede haber listas complementarias.

En cambio, cree que en las circunscripciones más pequeñas, como Soria y Teruel, los partidos de las izquierdas no tienen incentivos para ir juntos porque hay nulas posibilidades de un escaño, por lo que suelen primar ir en candidaturas con sus siglas por los efectos prácticos que tienen para la financiación pública en base a los votos conseguidos.

El acto de Gabriel Rufián (ERC) y Emilio Delgado (Más Madrid) ha removido todo el tablero de la izquierda. Y abre un sendero del que no se sabe su parada final, pero que ahora mismo está sirviendo, como confiesan actores de la izquierda, para animar el escenario y generar esperanza e ilusión frente al panorama del avance de las derechas en las autonómicas. Porque no son pocos quienes ponen sobre la mesa el valor simbólico del acto de Delgado y Rufián y la vía para el debate sobre la unidad ante la idea compartida por la mayoría de que la fragmentación hace casi imposible que las izquierdas pueden mantener el Palacio de la Moncloa.

Las elecciones generales no se celebrarán, teóricamente, hasta julio de 2027, o al menos esa es la aspiración del propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Por lo tanto, queda todavía un año para articular posibles vías de entendimiento, pero muchos en el espacio progresista ven como un punto de inflexión esta semana, ya que también se celebra este sábado la puesta de largo de la alianza entre Izquierda Unida, los comunes, Movimiento Sumar y Más Madrid para ir de la mano a las urnas.

El acto de Rufián y Delgado, no obstante, tiene como principal obstáculo de cara al futuro la manera de articular ese frente amplio para vencer a las derechas. Y eso se debe precisamente al rechazo mostrado hasta el momento por las direcciones de ERC, EH Bildu y el BNG para integrar una única papeleta a la izquierda del PSOE.

Poco después del lleno total de Rufián y Delgado en la madrileña sala Galileo Galilei, el líder de Esquerra, Oriol Junqueras, rechazó que ERC se diluya en una papeleta en las próximas generales, pero mostró su respaldo para que el actual portavoz en el Congreso encabece una candidatura de los republicanos. Esquerra se mantiene en que se presentará en todas las provincias en Cataluña (en el 23J quedaron por detrás en global en Cataluña tanto del PSC como de Sumar).

Desde EH Bildu también se celebra que la izquierda se mueva para frenar a las derechas, aunque no están por la labor de construir ese frente único a la hora de elaborar las listas. Oskar Matute lo explicó en La Cafetera así: “EH Bildu ya es un frente amplio de la izquierda soberanista vasca que ha construido, desde abajo, una comunidad política con un fuerte compromiso antifascista capaz de disputar la hegemonía, sin imponer a nadie cómo tiene que organizar su casa”.

“Lo hemos dicho desde el primer minuto: mano tendida para la unidad de acción política de las izquierdas y para frenar al fascismo. No hay que confundirlo con una unidad organizativa, sin cimientos ni comunidad política sólida”, remarcó Matute.

De la misma manera, fuentes del BNG insisten a infoLibre en que se mantienen en la idea de presentarse bajo su proyecto en las próximas elecciones generales: “El Bloque tiene definida su estrategia desde hace muchos años. Para nosotros es central la autoorganización, también en el ámbito electoral. Por eso nuestra decisión es concurrir a las elecciones generales como BNG porque, además, somos la única fuerza que garantiza la defensa de los intereses de Galiza y de la clase trabajadora gallega en todo momento, sin sometimiento a ninguna dirección política en Madrid. Hemos demostrado que la mejor manera de combatir a la extrema derecha es con una alternativa de izquierda soberanista fuerte y combativa. De hecho, la ultraderecha no tiene ninguna representación en Galiza, ni siquiera concejales”.

Los partidos para la refundación de Sumar están celebrando que el acto de Delgado y Rufián sirva para reanimar el espacio de la izquierda y contribuya a remover la necesidad de que haya unidad para las próximas generales, aunque ponen por delante el camino de convergencia que se iniciará este sábado en el acto en el Círculo de Bellas Artes, en el que tomarán la palabra Antonio Maíllo (IU), Mónica García (Más Madrid), Ernest Urtasun (los comunes) y Lara Hernández (Sumar).

Para Maíllo, todos los actos en esta línea son muy “valorables” en una “magnífica semana” para la izquierda, ya que se está poniendo sobre la mesa esa necesidad de unidad que él lleva propugnando desde hace un año y medio a lo largo y ancho del país. 

Según explicó este jueves el líder de IU, se trata de un momento “histórico” y, por fin, la izquierda ya está saliendo de una etapa melancólica para caminar hacia una lista unitaria: “Lo difícil es que alguien vaya aislado”. El foco de Maíllo, no obstante, pasa por la vía abierta por IU, Más Madrid, los comunes y Movimiento Sumar “para ir juntos y que no se pierda un voto”. Respecto a la posibilidad de no presentarse en comunidades con presencia de izquierdas soberanistas, fuentes del partido indican a infoLibre que en estos momentos no se contempla ese escenario.

Desde Movimiento Sumar, Lara Hernández, que acudió al acto de Rufián y Delgado, ve muy interesante esa movilización, aunque también pone el foco en el acto del sábado de esas cuatro organizaciones. Asimismo, desde la coalición explican que la experiencia propuesta por el portavoz de ERC se hizo durante el 23J a través de Sumar y que también cristalizó en un grupo parlamentario plurinacional, rememorando asimismo en que son partidos como ERC y BNG los que han dicho que no a esas candidaturas amplias.

La propuesta de Rufián, por ejemplo, tendría un impacto directo en Cataluña por la fuerza de los comunes y de ERC. ¿Se puede articular una lista unitaria? ¿Qué piensan del acto celebrado en Madrid? Fuentes de los comunes hacen este análisis: “Celebramos el necesario debate en torno a la izquierda transformadora que demuestra que hay ganas de ganar y de revalidar el Gobierno progresista en 2027”.

“Nosotros siempre hemos promovido los acuerdos y la construcción de fórmulas electorales ganadoras, también en las últimas elecciones generales, donde fuimos segunda fuerza en Catalunya. Es por eso que los Comuns llevamos muchos meses trabajando en el acto del día 21 para configurar un marco ganador y una candidatura unitaria de las izquierdas con voluntad de gobernar en las próximas elecciones”, señalan a infoLibre.

Con este mensaje: “Nosotros siempre estaremos dispuestos a sentarnos y debatir con todos los actores que quieran parar el paso a la extrema derecha. Construir sinergias y sumar voluntades es imprescindible, y es por este motivo que asistimos al acto de Gabriel Rufián y Emilio Delgado, porque entendemos que es el momento de escuchar y debatir. Con el mismo espíritu, hemos invitado a todas las fuerzas de izquierdas a asistir al acto de inicio del proceso que empieza el día 21”.

Las fuentes indican: “Muchas personas apuestan en las generales por una izquierda con capacidad de proyección estatal y con capacidad de transformar la vida de la gente desde el Gobierno. Sin embargo, el reto que tenemos por delante va mucho más allá de las fórmulas electorales: se trata de construir un proyecto político que articule y movilice las aspiraciones de una mayoría social que nos está esperando”. Para lanzar al hilo: “Vuelve a haber un ambiente de ilusión y esperanza y tenemos que estar a la altura de estas expectativas”.

Más Madrid estuvo presente en el acto a través de Eduardo Rubiño, quien posteriormente dijo que había sido “muy interesante”. A pesar de que uno de los protagonistas es del partido, la dirección sigue apostando por buscar la vía de confluencia a través del acto del sábado entre formaciones del espacio de Sumar. En esta semana hubo un choque entre Delgado y parte del partido por las palabras del portavoz adjunto sobre el colectivo LGTBI y la supuesta invisibilidad de los hombre heteros. El político después reconoció que había sido un error. En el fondo, también hay una cuestión sin resolver en la formación: quién liderará la papeleta para las autonómicas del año que viene. Delgado ha mostrado en alguna ocasión que está abierto a competir contra Isabel Díaz Ayuso, en tanto que Mónica García no ha cerrado la puerta a volver a la batalla por la Puerta del Sol.

La portavoz en la Asamblea, Manuela Bergerot, centró el foco también en el acto del sábado: “Desde Más Madrid somos anfitriones y damos la bienvenida a las fuerzas progresistas que forman parte de ese gran frente democrático frente al bloque reaccionario de Ayuso y de Abascal”. Y recalcó su voluntad para la cooperación “fraternal" y con respeto entre las fuerzas que se “arremangaron el 23J”: “Esto no va de quién ni de los puestos”.

Diferentes fuentes del espacio de Sumar reconocen en privado a infoLibre que la propuesta de Rufián y Delgado tiene problemas de viabilidad, empezando por la propia Esquerra, y señalan que, a pesar de no acaparar por ahora tantos flashes, el acto del sábado sí tiene cimientos más sólidos para convertirse en paraguas de listas de unidad. Asimismo, dirigentes de estos partidos no coinciden en la tesis de que la izquierda debe centrarse en los hombres jóvenes solamente y dar la espalda, comprando el marco de las derechas, a supuestas políticas woke.

En Podemos guardan silencio, no obstante, sobre el acto de Rufián y Delgado. Este viernes se reunirá el Consejo Ciudadano, donde se prevé que hable Ione Belarra sobre el espacio de las izquierdas. La formación morada se ha limitado a decir, en conversación con este medio, que en las próximas generales intentará construir la candidatura más plural posible con quienes quieran plantear un proyecto alternativo y no subordinado al del PSOE.

Las miradas están puestas también en CHA, que se ha convertido en el partido de las izquierdas con mejor resultado el pasado 8F en Aragón, con cerca del diez por ciento de voto. Jorge Pueyo fue cabeza de cartel de Sumar el pasado 23J y estuvo presente a título personal en la charla de Delgado y Rufián.

Fuentes de ese partido explican a infoLibre que entienden el acto más como un debate que como propuesta en firme para negociar. Afirman que desde CHA siempre han apostado por listas de unidad tanto en elecciones generales como europeas, y que incluso lo intentaron para las autonómicas. Trabajarán “por supuesto” con esa idea para los próximos comicios, siempre “con generosidad” y “sin dejar a nadie fuera”. “Lo importante es que sólo haya una candidatura. ¿Cómo? Es cuestión de hablarlo, no nos vamos a encerrar en nuestras siglas. Hay que tener altura de miras y contar con todo el mundo. No nos hemos sentado aún a hablar con nadie, pero hay muchas fórmulas”, añaden.

Compromís es otro de los actores clave para este proceso y, por ejemplo, Rufián habló de su arraigo territorial para liderar en la Comunidad Valenciana durante el acto, al que asistió el diputado naranja Alberto Ibáñez. Fuentes de la formación señalan a este diario: “Creemos que es un acierto que ayer [por este miércoles] se reconociera el papel protagonista de proyectos como Compromís, proyectos arraigados a sus territorios y que están demostrando una mayor fortaleza frente a PP y Vox. Además estamos viendo que existe una excepcionalidad valenciana, aquí el cambio es posible precisamente por el crecimiento de Compromís”.

“Tenemos la responsabilidad de ser una opción abierta a otras voces y que los votantes desencantados del PSOE no se queden en casa el día de las elecciones sino que opten por la alternativa que representa Compromís. Obviar este hecho de la excepcionalidad valenciana sería un error”, añaden las fuentes. 

¿Está dispuesto Compromís a hacer una lista en la que integre a miembros de Sumar o de Podemos? Desde la dirección responden: “Lo importante es tener perfiles que representen a la sociedad valenciana más allá de los partidos, pero el debate de listas no está sobre la mesa. En Compromís estamos por la apertura a la sociedad civil valenciana. Creemos que no se trata tanto de siglas como de sinergias que se dan naturalmente en la acción política de todos los días”.

Impulsa Galicia, la empresa creada por la Xunta a comienzos de 2021 para captar fondos europeos y promover proyectos industriales como la fábrica de Altri en Palas de Rei, ya es historia. El Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME) acaba de publicar, el 29 de enero, el cese de su última responsable, la liquidadora encargada de cerrar la sociedad por encargo de sus socios: la Xunta, Abanca, Reganosa y Sogama.

Impulsa Galicia desaparece así definitivamente sin que se conozca el pacto que firmó con Altri para su desembarco en Galicia, que la Xunta viene negándose a desvelar con diversos argumentos. El último, desvelado por Praza.gal hace unos días, que desconoce su contenido pese a haberlo firmado el entonces vicepresidente de la Xunta, Francisco Conde. Un pacto que el BNG reclama ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que acaba de admitir a trámite su petición, y que el PSdeG quiere investigar en el Parlamento.

La disolución de Impulsa Galicia —Sociedad para el Desarrollo de Proyectos Estratégicos de Galicia SL, según su nombre oficial— fue anunciada por la propia empresa el pasado 7 de agosto al considerar que ya había logrado “cumplir su propósito fundacional”. Entre ellos citaba la creación de una segunda sociedad —Recursos de Galicia, para la participación directa en proyectos energéticos o mineros concretos—, un centro de datos en Curtis o la fábrica de Altri en Palas, de la que decía que “prácticamente concluyó su tramitación administrativa y se encuentra a la espera de la obtención de apoyo económico y conexión eléctrica por parte del Gobierno central”.

Sin embargo, finalmente la fábrica quedó sin conexión eléctrica y sigue a la espera de la autorización ambiental final de la Xunta sin concretar aún su financiación.

Tras esa decisión de cerrar Impulsa Galicia, adoptada por su junta general el 5 de agosto y anunciada el día 7, la fase de liquidación concluyó el 23 de diciembre en una nueva junta general extraordinaria, según reveló la pasada semana en el Parlamento el secretario general de la Consellería de Industria, Nicolás Vázquez. En esa nueva reunión se aprobó el proyecto de liquidación y se repartieron los activos de la empresa “en relación con el porcentaje de los socios”, según Vázquez, que no detalló cuánto de lo invertido recuperó cada uno.

Esa fase de liquidación la asumió María Posada Enríquez, secretaria de Xesgalicia, otra sociedad de la Xunta de capital riesgo para impulsar proyectos industriales. Y ahora, concluida esa liquidación, el BORME del 29 de enero publica el cese de Posada Enríquez como liquidadora de Impulsa Galicia.

Impulsa Galicia desaparece sin que se conozca el acuerdo que alcanzó el 1 de octubre de 2021 para la llegada de Altri a Galicia. Ese acuerdo fue firmado por el entonces vicepresidente y conselleiro de Economía, Francisco Conde, pero la Xunta esgrimió, para mantenerlo en secreto, que lo hizo no como cargo público sino como representante de Impulsa Galicia “en un negocio jurídico privado”. Pese a que Conde era presidente de Impulsa Galicia precisamente por ser conselleiro de Economía y ser la Xunta el principal accionista de la empresa, con el 48,2%, la Xunta también acaba de responder oficialmente que no posee el documento en el ejercicio de sus funciones de control de su propia participación en empresas. Incluso comunicó a la Comisión de la Transparencia de Galicia, ante un recurso de Praza.gal, que esa documentación “es desconocida para ella”.

Esa documentación tampoco pudo analizarla el Consello de Contas, que lleva varios años reclamando a la Xunta mayor transparencia sobre su participación en Impulsa Galicia y en su sucesora, Recursos de Galicia. Del mismo modo, tampoco tuvieron éxito las sucesivas reclamaciones en el Parlamento desde hace años de BNG y PSdeG.

Ahora el BNG acaba de recibir una primera respuesta positiva por parte de la justicia tras reclamar el acceso a la documentación ante el TSXG. El tribunal acaba de admitir a trámite el recurso presentado por los nacionalistas, pero su decisión definitiva aún puede tardar, como ocurrió hace unos años con una petición similar para conocer documentación sobre la fusión de las cajas.

Fue el diputado Antón Sánchez (AGE 2012-16 y En Marea/Común da Esquerda 2016-20) quien pidió desde 2013 en el Parlamento documentación sobre las gestiones de la Xunta para la fusión de las cajas y, ante la negativa reiterada del Gobierno gallego, recurrió a la justicia. Ya no era diputado cuando acabó obteniendo en 2020 la condena de la Xunta. El TSXG censuró el “escaso deber de diligencia” del Gobierno gallego y su vulneración del derecho de participación política del exdiputado. Esa documentación acabó revelando que la Xunta despachó en cinco páginas su aval a la fusión de las cajas.

También el PSdeG lleva años intentando acceder al pacto con Altri. Ahora, tras la revelación de Praza.gal de que la Xunta dice desconocer su contenido, los socialistas acaban de reclamar una investigación en el Parlamento y la comparecencia de Francisco Conde y del propio Alberto Núñez Feijóo.

ERC, EH Bildu y BNG han reclamado este martes la apertura de un proceso constituyente que reconozca explícitamente a Cataluña, País Vasco y Galicia como "naciones que conforman el Estado" y han invocado el ejercicio pleno del derecho de autodeterminación, según recoge EFE.

Así lo demandan en una declaración conjunta en la que explica los motivos de su ausencia en el acto organizado por el Congreso con la presencia de los reyes para conmemorar la Constitución de 1978, que se convierte en la más longeva de la historia de España tras superar a la de 1876.

Bajo el título 'Naciones con pleno derecho a decidir', estos grupos parlamentarios señalan que la Constitución de 1978 no nació de un proceso verdaderamente democrático ni implicó una ruptura real con el régimen franquista.

Según denuncian, fue el resultado de un pacto condicionado por los límites impuestos por las estructuras de poder de la dictadura, que consolidó la negación de Galicia, Cataluña y País Vasco como naciones y su derecho a decidir e impuso un modelo social injusto para las mayorías sociales y trabajadores.

"Todo ello atado y bien atado mediante una monarquía impuesta por Franco y unos poderes estatales establecidos como garantes de esta negación de derechos y libertades. De aquellos polvos estos lodos", afirman.

Inciden en que la Carta Magna, lejos de resolver la cuestión nacional y reconocer el derecho democrático de cada pueblo a decidir libremente su futuro, asentó un modelo centralista que limita el autogobierno de los pueblos y subordina su voluntad a una concepción del Estado uniforme e indivisible.

En su opinión, la experiencia de estas décadas evidencia que la llamada 'longevidad constitucional' no implicó la superación del déficit democrático de origen.

Argumentan que la negativa sistemática a habilitar vías democráticas para que gallegos, catalanes y vascos puedan pronunciarse sobre su estatus político demuestra que el actual marco es insuficiente para dar respuesta a sus aspiraciones nacionales y sociales.

Las tres fuerzas soberanistas de izquierda insisten en que el reconocimiento de la plurinacionalidad no puede ser retórico ni subordinado, sino político y efectivo.

"Nuestra coherencia política nos sitúa del lado de la ampliación de derechos, de la libertad de los pueblos y de la construcción de un nuevo horizonte político y social", aseveran.

Lamentan que la Constitución siga negando este horizonte y abogan por abrir un proceso constituyente que reconozca explícitamente a sus naciones, garantice el derecho de autodeterminación, permita ejercer la soberanía y posibilite construir, desde el respeto y la igualdad, relaciones basadas en la libre voluntad de los pueblos.

"Democracia es decidir. Las naciones son sujetos políticos. El futuro pertenece a los pueblos", concluyen.

La noche del domingo Chunta emergió con fuerza dentro de las izquierdas. Fue la gran ganadora de ese espacio en mitad del duro panorama del ascenso de la ultraderecha. Jorge Pueyo lideró una candidatura, que dobló su número de escaños, hasta los seis, en las Cortes de Aragón respecto a 2023. En dos años y medio lograba llevarse a la mochila más de 30.000 votos nuevos, llegando hasta casi el 10% de respaldo.

CHA se impuso dentro de la dura lucha entre las izquierdas, que fueron al 8F divididas con candidaturas de IU-Movimiento Sumar, que mantuvo su único escaño, y de Podemos, que se ha quedado fuera del Parlamento autonómico por primera vez desde las elecciones de 2015. El partido regionalista progresista, de esta forma, ha funcionado mejor con un discurso basado en la defensa de los servicios públicos y el acceso a la vivienda, pero con un marcado carácter territorial y llevando la contraria al Gobierno de coalición, al que apoya desde Sumar, en algunos aspectos como el nuevo sistema de financiación autonómico planteado por el Ministerio de Hacienda.

Chunta se une de esta manera a la tendencia que se evidencia en otras comunidades donde la izquierda confederal goza de buena salud y es mucho más competitiva que los partidos del espacio que funcionan como un paraguas nacional. Un club al que pertenecen, por ejemplo, BNG, Compromís, ERC y EH Bildu, marcas muy consolidadas.

Cada una de estas formaciones responde a diferentes sensibilidades territoriales, ya que algunas como BNG, ERC y EH Bildu tienen su ámbito de actuación en las consideradas comunidades históricas (Galicia, Cataluña y Euskadi), pero también estos partidos tienen buena salud en Aragón y la Comunitat Valenciana. Y, además, hay de nuevo cuño que buscan ese espacio, como es el caso de Más Madrid, de corte progresista y regionalista.

Su competitividad se ve, por ejemplo, en que son, en algunos parlamentos autonómicos, la segunda fuerza en número de escaños: el BNG en Galicia, EH Bildu en Euskadi y Más Madrid en la Asamblea madrileña. Todos ellos como primera opción progresista en esos territorios. Asimismo, Compromís está subiendo ahora en todas las encuestas después del desastre de la dana.

Esta izquierda no se queda sólo en sus territorios, sino que también tiene representación en las Cortes Generales (seis diputados de EH Bildu, dos diputados de Compromís y uno del BNG), que dan sustento a la mayoría de investidura de Pedro Sánchez, lo que les da una importante cuota de voz extramuros.

Y esa izquierda confederal, por su pujanza frente a la de ámbito nacional en las encuestas, también está ahora en el centro del debate por el papel que puede jugar en el ciclo electoral ante el avance de la extrema derecha. Gabriel Rufián (Esquerra Republicana) y Emilio Delgado (Más Madrid) protagonizan el miércoles que viene una charla, a título personal, para buscar fórmulas de colaboración para frenar a las derechas.

Por el momento, las direcciones de Esquerra, de EH Bildu y del Bloque han rechazado ir en una lista unitaria y sostienen que quieren medirse en las urnas bajo sus siglas y dentro de las circunscripciones que conforman sus territorios. Más Madrid, en cambio, está trabajando en una alianza de izquierdas junto a Izquierda Unida, Movimiento Sumar y los Comunes, que se presentará en un acto el próximo día 21 en el Círculo de Bellas Artes, en Madrid.

En el sur, lleva años armando un proyecto de izquierdas con carácter regionalista Adelante Andalucía, la formación de Teresa Rodríguez. El partido ha decidido presentarse en solitario para las elecciones de junio, en las que concurrirán previsiblemente por separado Por Andalucía (IU y Sumar) y Podemos. Adelante Andalucía cuenta ahora mismo con dos diputados en el Hospital de las Cinco Llagas, pero se ve con fuerza para superar el resultado a través de la candidatura de José Ignacio García, que se ha convertido en uno de los oradores más conocidos en la autonomía.

La politóloga Cristina Monge, en su análisis para infoLibre sobre las elecciones de Aragón, centraba así la cuestión de estas izquierdas confederales: “El otro ganador es el territorio, probablemente como espacio de resistencia frente a lo lejano y en defensa de lo propio frente a una campaña protagonizada por refriegas referentes a temas de ámbito nacional, con la propuesta de financiación como telón de fondo”.

Con esa idea al hilo: “El aragonesismo en su conjunto queda muy lejos del 20% de representación que obtenía históricamente, pero CHA ha doblado su representación, terminando así una larga travesía en el desierto que empezó en 2007. ¿Es la defensa del territorio una trinchera frente a las tendencias globales? Se podrá objetar que Existe –cuyo corazón late en Teruel– ha perdido 10.000 votos, y es cierto. Será interesante conocer las encuestas postelectorales para saber hasta qué punto su ansiada transversalidad les ha podido pasar factura”.

Para el politólogo Ernesto Pascual, experto en partidos y sistemas electorales, no hay que hablar simplemente de fragmentación de las izquierdas, “sino más bien de una reordenación del espacio progresista a través de actores con anclaje territorial que tienen identidad, redes, agenda local y liderazgos estables”.

Por eso, se detiene en el último ejemplo de Chunta Aragonesista: “Hay un trabajo desde hace muchísimo tiempo, además de un liderazgo fuerte y contacto con los ciudadanos”. Y, frente a eso, sostiene que hay “fatiga” entre los electores progresistas por los “conflictos internos” que se dan en los partidos a nivel nacional y el continuo “rebranding”.

“A Chunta se le ha visto como una referencia real de izquierda alternativa. Lo ha votado mucha gente de izquierdas que antes estaba en otros partidos, mientras vemos cómo Podemos va desapareciendo de los parlamentos autonómicos. Esto les debería llevar a una reflexión interna”, explica en este sentido Pascual.

Además, cree que a este tipo de partidos de izquierda territorial les está beneficiando “la utilidad percibida” por muchos votantes, también a través de sus diputados en Madrid: “Tienen muchas competencias para condicionar leyes y presupuestos”. “Es decir, no se trata solo de la identidad, sino también de un cálculo de dónde pesa más el voto”, apostilla.

A la vez, prosigue Pascual, esas formaciones tienen un discurso sobre “los servicios públicos y la cohesión territorial”, hablando de temas como una carretera o el empleo local en pequeños municipios o de la vivienda en grandes capitales como Zaragoza. Es una mezcla de asuntos que les funciona: de la lengua y el autogobierno a las infraestructuras. 

Pascual incide en esta clave: “Hablan de lo cotidiano, desde el territorio, conocen lo que necesita la gente y apuestan por la vertebración territorial. Esto ha hecho que se coman a las confluencias”.

Con otro componente de gran importancia: “Vende no tener dependencia de Madrid. La gente fuera de la M30 está harta de la política agresiva. Hay una desconexión muy bestia de los ciudadanos que viven en otros lugares. Lo que pasa en Madrid no sirve para toda España. Incluso se da el efecto rebote. La gente también quiere que le hablen de sus cosas y le interesa que al final funcione una farola en su barrio y que la calle esté limpia”.

Gabriel Rufián ha conseguido lo que parecía imposible. Como adelantó este periódico, el portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso y el portavoz adjunto de Más Madrid en la Asamblea, Emilio Delgado, se unirán en un acto el próximo 18 de febrero bajo el nombre Doble o nada: disputar el presente para ganar el futuro. Será en la sala Galileo Galieli a las 18:30 horas y el debate estará moderado por la analista política Sarah Santaolalla.

Rufián tiene previsto reunirse con otros dirigentes de la izquierda a la izquierda del PSOE como el portavoz de EH Bildu, Óskar Matute, pero deja claro que "no es incompatible" con su papel en la formación de Oriol Junqueras. "Soy candidato de mi partido. Estoy donde estoy representando a Esquerra Republicana y para mí es un honor. Yo no voy a apuñalar a nadie ni voy a postularme para nada. Simplemente estoy diciendo algo que está en la calle", declaró a infoLibre.

Ya en verano, el dirigente catalán habló de la necesidad de construir un espacio "plurinacional" para los próximos comicios haciendo referencia a las últimas elecciones europeas en las que ERC se presentó en coalición con Bildu, el BNG y los baleares de Ara Més. “Si no nos ponemos de acuerdo, nos van a matar por separado políticamente”, avisó en ese momento. Con esta iniciativa busca ese espacio, aunque en forma de debate. Los distintos partidos y dirigentes de la izquierda de España no han tardado en dar su opinión

La secretaria general y portavoz de ERC, Elisenda Alamany, ha cerrado la puerta al frente de izquierdas que propone el líder de los republicanos en el Congreso de los Diputados: "ERC se presentará con las siglas de ERC".

En una rueda de prensa en la sede del partido, Alamany ha descartado este lunes la propuesta de Rufián, al que ha mantenido su confianza para repetir como su líder en el Congreso de los Diputados: "Si él quiere ser candidato lo será, y tiene todas las ganas".

Ha recordado que este tipo de alianzas ya las hacen en las elecciones europeas, cuando hay circunscripción única española, pero que en el resto apuestan por una "izquierda kilómetro cero".

"El mejor antídoto ante la derecha y la extrema derecha, lo hemos visto también en las elecciones aragonesas, es apostar por proyectos de izquierda nacional arraigada a nuestro país y no decidida desde Madrid", ha enfatizado Alamany, que ha asegurado que Rufián nunca ha planteado formalmente el debate sobre este frente de izquierdas en los órganos formales del partido.

La portavoz de Más Madrid y ministra de Sanidad, Mónica García, síve con buenos ojos que el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, inicie un espacio de debate sobre políticas progresistas.

García, en declaraciones a los medios en el Congreso, donde participa en un acto sobre los efectos de la IA, ha señalado que desde Más Madrid siempre han apostado por "abrir los brazos" a todas las fuerzas progresistas que tengan algo que aportar a este debate, recordando que estas formaciones progresistas llevan meses hablando de impulsar una alianza de izquierdas.

Esa alianza, ha subrayado, permitió reeditar en 2023 un gobierno progresista que está dando sus réditos "en forma de políticas públicas ambiciosas". En este caso, ha detallado, están en conversaciones con IU, los comunes y Movimiento Sumar, un frente que se va a hacer cargo de ese espacio, según ha señalado. "Y, por supuesto, vamos a seguir dando la batalla", ha recalcado.

El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ha afirmado este lunes que la propuesta del dirigente de ERC, Gabriel Rufián, sobre construir un frente plurinacional para frenar a la derecha, supone un "diálogo desde arriba" del que la gente de izquierdas está "harta", por lo que apuesta por hablar entre la militancia.

En una rueda de prensa en la sede de su formación en Sevilla, Maíllo ha insistido en que la población está "harta de las telenovelas de la izquierda" y que cree que se debería hablar "desde abajo, con más protagonismo colectivo y menos personal".

Ha recordado que él lleva dos años, desde que asumió la Coordinación federal de IU tras el último congreso, recorriendo el país y manteniendo reuniones con organizaciones del espacio progresista en los que ha constatado que buscan hacer sentir a la ciudadanía "orgullosa" con una "alternativa para evitar que llegue la extrema derecha" al poder institucional.

A su juicio, los votantes de izquierdas ya no quieren que los partidos hablen "desde arriba, desde hiperliderazgos" porque solo desde la gente común se pueden "pergeñar complicidades y conexiones".

Sobre esa supuesta "gira nacional" del líder de Esquerra, que ya ha compartido encuentros en Valencia y en el futuro también lo hará en País Vasco con EH Bildu, ha señalado que IU "quiere construir y colaborar con otras organizaciones para presentar un proyecto de Estado y dar certidumbre y esperanza a millones de personas en nuestro país".

Una necesidad de diálogo en la izquierda que se ha convertido en más necesario para el líder de IU tras las elecciones en Aragón de este domingo, que ha analizado en clave de "fracaso" del PP en su estrategia de convocar a las urnas "para unas cuentas que no le salen".

El secretario primero de la Mesa del Congreso y portavoz de Comuns, Gerardo Pisarello, ha afirmado este lunes que su partido tiene "una vocación de entendimiento máxima" con el resto de organizaciones de izquierdas, pero ha llamado a "hablar con discreción" y a priorizar "objetivos colectivos".

En rueda de prensa en la sede de la formación, Pisarello se ha referido a los movimientos de Gabriel Rufián, que este lunes ha insistido en "intentar hacer algo diferente" y ha pedido "más cabeza y menos pureza", dado que, como repite a menudo, "a la izquierda del PSOE no hay nada".

Tras reconocer la "valentía" con la que Rufián expone sus planteamientos, Pisarello ha dicho que el "arraigo" en el territorio debe ser un elemento indispensable para la izquierda y que por ello Comuns es un partido que nace del municipalismo. También ha señalado que la propuesta de Rufián es "individual", y no de la dirección de ERC, y ha llamado a priorizar en todo momento los "objetivos colectivos" de las organizaciones. 

Ha explicado que Comuns hace tiempo que se reúne periódicamente con las principales fuerzas de izquierdas, como son la propia ERC, Bildu, Izquierda Unida, Sumar o Podemos.

Pisarello ha hecho referencia también a las elecciones aragonesas. Para el dirigente de Comuns, la izquierda debe "tomar nota" y apostar por actuar "de forma más cooperativa", con más "arraigo" en el territorio y con un discurso "coherente". 

En cualquier caso, ha afirmado que lo sucedido en Aragón no tiene porqué "marcar tendencia", ya que en Portugal se ha impuesto en las elecciones presidenciales el socialista José Seguro.

El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha señalado que la propuesta de Gabriel Rufián de formar un frente común de los partidos de izquierdas "no es viable" y ha remarcado que "nunca han hablado de esto ni con ERC" ni con su portavoz en el Congreso.

En una entrevista en Euskadi Irratia, Otegi ha señalado que "parece que se ponen las intenciones individuales sobre las colectivas". "Puede ser muy loable intelectualmente hacer ese ejercicio", ha señalado Otegi, que ha incidido en que EH Bildu "no ha hablado nunca con Rufián, ni con ERC en el Congreso de los Diputados, ni en la relación oficial de los dos partidos". Otegi ha subrayado que EH Bildu tiene fijada la posición ante unas elecciones generales que, a su juicio, suponen una "oportunidad" para "responder como país".

"Desgraciadamente la tendencia es hablar como partidos, y por eso hicimos la propuesta de una lista única aceptando que el País Vasco está formado por siete provincias, que tiene derecho a la autodeterminación y que el euskera es nuestra lengua nacional", ha afirmado. El líder de la formación soberanista ha opinado que los argumentos utilizados por el PNV para rechazar esta propuesta "son muy débiles".

"Podemos acordar un programa mínimo y luego dejar que cada uno defienda su postura en Madrid. Podemos ir a las elecciones españolas como partido o como pueblo pero nuestra apuesta es presentarnos como pueblo", ha explicado.

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, se ha desmarcado este lunes de que su partido vaya a formar parte de la alternativa de izquierdas estatal que reclama el líder de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián. "Lo respetamos, pero el BNG se mueve en otra clave", ha indicado en una desayuno informativo en Vigo. 

Pontón ha reconocido que las elecciones autonómicas en Aragón dejan aspectos que "preocupan" a su partido como el avance de la extrema derecha, pero ha advertido de que en Galicia el "mapa electoral es muy diferente al estatal".

Así, ha recordado que Vox no ha tenido representación en el Parlamento gallego y ha señalado que el BNG es una "fuerza gallega, nacionalista, que defiende los intereses de Galicia" y que va a seguir "concurriendo" con sus propias siglas "para mejorar la posición" de la comunidad autónoma en Madrid.  Pontón ha sugerido a las fuerzas de izquierda en el Gobierno central que "su agenda social" se centre en "mejorar" la vida de los trabajadores.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha defendido una "alianza democrática", con un "programa de mínimos" frente al avance de la extrema derecha y "una emergencia democrática sin precedentes".

Preguntada por la apuesta del portavoz de ERC en el Congreso, Diaz ha subrayado que, "ante una emergencia democrática sin precedentes" en España y en el mundo, "hay que pensar en grande", aunque esto "no va de listas ni va de personas".

En declaraciones a los medios desde Mataró (Barcelona), donde participa en el acto Mataró, capital española de la economía social 2026, Díaz ha salido al paso de los resultados electorales de este domingo en Aragón, donde el PP ha ganado las elecciones autonómicas con 26 escaños, aunque se deja dos diputados y seguirá dependiendo, aún más, de Vox.

"La cuestión está en tener un programa de mínimos y una capacidad de generosidad", ha afirmado Díaz, que ha reivindicado el modelo que impulsó con Alternativa Galega d'Esquerda en 2012. Según la vicepresidenta y cabeza visible de Sumar, "hay que hacer una alianza democrática", en la que "todos los demócratas y las demócratas debemos estar ahí con un programa de mínimos".

Ni un sudoku ni un puzle. Las metáforas se quedan cortas para definir la aritmética parlamentaria en el Congreso. Desde la propia noche del 23J, el campo de juego de las Cortes se fragmentó en muchas capas tectónicas. Unas se mueven, otras se solidifican, algunas zarandean. Y la legislatura, siempre en estado de ebullición… o de congelación.

En mitad del ruido y de la enorme crispación por la crisis ferroviaria por los accidentes de Adamuz y de Gelida (Barcelona), se están percibiendo algunos movimientos que hacen que el Gobierno, siempre apelando muchísimo a la prudencia, detecte que hay todavía mimbres para seguir adelante y para tirarse a la piscina de los presupuestos generales del Estado.

Hay dos factores siempre desestabilizadores para el Ejecutivo: Podemos y Junts. Y encajarlos para la ecuación siempre es complicadísimo. Pero ahora mismo se dan unos movimientos que hacen confiar al Gobierno que se puede engrasar la maquinaria: la aprobación de la regularización extraordinaria de extranjeros ha sido un tanto a favor de Podemos, que, como efecto rebote, puede llevar a que los morados puedan terminar apoyando a futuro la delegación de competencias de migración a la Generalitat, un acuerdo entre el PSOE y Carles Puigdemont que duerme ahora en un cajón. Efecto mariposa.

La regularización de migrantes se ha convertido en un gran éxito político para Podemos, después de que el PSOE llevara meses paralizando la tramitación de la iniciativa legislativa popular que pedía ese decreto. Finalmente, el Ejecutivo se ha lanzado a acordar esta medida, sin que ni siquiera tenga que pasar por el Parlamento. Y, además, La Moncloa ha decidido darle todo el protagonismo a los de Ione Belarre y dejarles que capitalicen este plan frente a otros socios que habían empujado en la misma dirección.

En Podemos niegan que eso signifique que ahora vayan a volver al bloque de investidura con un cheque en blanco y siempre apelan a que ellos negocian políticas valientes frente al inmovilismo que domina, a su juicio, la coalición entre el PSOE y Sumar. Lo que sí supone es allanar el camino para negociar de nuevo la delegación de competencias a la Generalitat en materia de migración. Los morados insisten en que están dispuestos a hablar sobre el texto, pero también advierten de que no pasarán por el aro de una proposición con tintes xenófobos como, en su opinión, tenía la anterior. Además, recalcan en la formación que ellos no están en contra de lo que es la transferencia en sí misma.

Ahora esa proposición de ley podría reactivarse porque los posconvergentes están dispuestos en estos momentos a volver a retocar el preámbulo y aspectos del texto que en su día tumbó la Cámara Baja. De momento, no ha habido contactos entre las dos formaciones. Los soberanistas también apelan a un cambio de tono de Podemos, ya que en las anteriores reuniones, según los independentistas, los morados se dedicaron a llamarles "racistas".

Con Junts, las negociaciones están rotas. Pero el bloqueo no es total de la legislatura. De hecho, esa ambivalencia se vio este martes cuando los de Carles Puigdemont tumbaron, de la mano del Partido Popular y de Vox, el decreto con el escudo social, mientras que sí dieron su voto a favor del decreto de ayudas al transportes (a pesar de las duras palabras contra el ministro Óscar Puente por Rodalies).

La situación de Rodalies ha unido a ERC y a Junts a pedir la dimisión de Puente, aunque no amenaza, por ejemplo, con que pueda caer el apoyo general de los republicanos a las iniciativas del Ejecutivo. En este contexto de crisis en Cataluña, lo que más preocupa a varias fuentes del Gobierno es la fricción que se ha producido entre los socialistas catalanes y el Ministerio de Transportes, que, por el momento, ya ha supuesto el cese de dos cargos medios.

Ahora mismo el Gobierno se enfrenta, además, a la situación de resolver el ‘no’ del Congreso al decreto del escudo social, que conllevaba la subida de las pensiones (un 2,7% de manera general). El Ejecutivo no ha especificado cómo lo va a hacer, pero espera presentar de nuevo otro texto en el que haya también otras medidas sociales y que salga en segunda vuelta como sucedió el año anterior. “Habrá una solución”, indica un ministro del núcleo duro del Gobierno, que también insiste en que durante estas horas hay que señalar al PP por rechazar esas medidas sociales.

Dentro de este complejo escenario, Podemos también marca perfil con esa regularización de migrantes en un momento de fragmentación de las izquierdas, que van en hasta tres listas en Aragón para el 8F (IU-Sumar, Podemos-AV y Chunta Aragonesista). Y, además, tampoco se ha logrado un acuerdo para que haya una papeleta única en los comicios de Castilla y León para el 15 de marzo.

A pesar de las grandes dificultades, el Ejecutivo sigue mandando la señal de que va a cumplir la promesa de presentar los presupuestos generales. La idea es que sea la propia María Jesús Montero quien los lleve al Consejo de Ministros antes de que deje el Gobierno para presentarse a las elecciones en Andalucía, que tienen que celebrarse el próximo mes de junio. Hay formaciones que dicen que están dispuestas a pactar esas cuentas como ERC, BNG y EH Bildu.

Fuentes del Gobierno insisten en que la regularización es un “muy buen paso” también políticamente porque puede ayudar a recomponer las mayorías de cara los presupuestos y que, también, puede servir para que salga la delegación de competencias y Junts pueda apoyar también el nuevo sistema de financiación autonómica, que no cuenta ahora mismo con los votos suficientes. Otro movimiento en cadena. La legislatura sigue.

Este sábado, Asunción, la capital de Paraguay, se vestirá de largo. La economía mundial estará mirando hacia allí. Se firmará el histórico acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea tras más de 26 años de negociaciones. Se alumbrará de esta forma la mayor zona de libre comercio del mundo, con un mercado conjunto de más de 700 millones de consumidores que concentrará cerca del 25% del PIB global.

España ha sido uno de los países que más ha luchado por hacer realidad este acuerdo en un contexto internacional precisamente marcado por la ruptura del multilateralismo y la deriva imperialista y arancelaria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Un acuerdo capitaneado por una Comisión Europea de mayoría conservadora bajo la batuta de Ursula Von der Leyen, que ha abrazado ese vínculo con Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia).

Pero el pacto entra de lleno ahora en la arena política española. Aunque dentro de la M30 no ocupe los grandes titulares, sus derivadas en España pueden ser clave para los partidos de cara al naciente ciclo electoral. Y de hecho ya son un arma en muchas provincias medianas y con fuerte componente agrícola que pueden hacer decantar los resultados de unas generales por el reparto de escaños.

La campaña con Mercosur de fondo ya ha echado a rodar. La bandera contraria al acuerdo la agarra con vigor Vox pensando en el voto rural, pero también la onedan fuerzas de izquierdas como Podemos, Sumar y el BNG. El Partido Popular está en una encrucijada y no se atreve a darle su respaldo pleno, como le piden sus compañeros europeos, mientras que el Gobierno y el PSOE defienden la apuesta comercial hecha por Bruselas. Y, a la vez, tiene mucha fuerza el debate en Cataluña, con ERC y Junts presionando contra el pacto.

Hay enfado en parte del campo español. Aunque ya se han producido protestas en diferentes puntos del país, la traca llegará dentro de unos días. Las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA anunciaron este jueves la convocatoria de protestas para la última semana de enero contra el acuerdo con Mercosur y por los recortes de la PAC. El jueves 29 será la jornada culmen, con acciones generalizadas y con la previsión de un gran acto en Madrid. Los organizadores hablan de “competencia absolutamente desleal” y acusan al Gobierno y a Europa de vender al sector primario “por calderilla”.

Vox es la formación que más rápido y con más fuerza se está moviendo en España para denunciar el acuerdo. El voto del campo se ha convertido en esencial para el ascenso de esta formación en las encuestas. Los de Santiago Abascal llevan años cosechando apoyos en la España profunda y tratando de crear una brecha entre estos municipios y la vida de las grandes ciudades, una estrategia que le ha dado grandes réditos a la ultraderecha a nivel internacional y que fue esencial para la vuelta de Trump al Despacho Oval. 

Esta hoja de ruta de las derechas ha dado ya su frutos, por ejemplo, en Extremadura, donde Vox y el PP se impusieron el 21D en estas zonas rurales por encima del PSOE, además de producirse una gran abstención entre los progresistas en esas áreas. Una estrategia que están volviendo a implementar las derechas también en el campo aragonés (las elecciones en esa comunidad son el 8 de febrero). Y que también están cultivando los populares y los de Abascal en Castilla y León y Andalucía, que irán luego a las urnas en los próximos meses.

Vox ha salido en tromba desde que se anunció el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur. Y van en dos caminos en sus críticas: denunciando una supuesta “traición” a los agricultores y ganaderos españoles y, a la vez, achacando que ese rejón se debe al bipartidismo del PP y el PSOE, que han ido de la mano en las instituciones europeas en este asunto.

“Ellos lo han promovido, lo han negociado, lo han votado”, ha denunciado durante estos días el líder de Vox en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, a pesar de que finalmente se ha unido también al acuerdo Giorgia Meloni (Italia), una de las grandes referentes para la ultraderecha española; tanto es así, que pasó unos días en Navidad en Madrid con Santiago Abascal en una visita personal. Asimismo, en una estudiada estrategia, el partido de ultraderecha está calentando este tema en muchas provincias españolas y medios locales. 

El Partido Popular se ve ahora en una situación complicada respecto a Vox, ya que están en pleno enfrentamiento por la España rural. El pasado fin de semana, el líder conservador, Alberto Núñez Feijóo, hacía esta proclama en la conferencia interparlamentaria de los populares: “Nosotros somos el partido del campo, el partido de los agricultores, el que les defiende, el que les escucha y el que hace política real para ellos. Los agricultores tienen razón. Quieren menos exigencias burocráticas y políticas que garanticen la rentabilidad y competitividad. Quieren más control de lo que viene de fuera, porque también se controlan nuestros productos cuando salen de España. Y tienen razón cuando piden acuerdos comerciales justos y con garantías que se cumplan. A diferencia de este Gobierno, lo haremos cuando lleguemos al Gobierno”.

El propio Feijóo, en cambio, ha defendido durante estos años en sus visitas a países iberoamericanos la necesidad de este pacto comercial, pero ahora se encuentra con una muy fuerte presión interna dentro de su partido. De hecho, este miércoles el vicesecretario económico, Alberto Nadal, indicaba: “El PP sólo apoyará el acuerdo UE-Mercosur si se garantizan salvaguardias y se refuerzan los controles en frontera. El Gobierno lo votó en el Consejo sin pelear, como sí hizo Italia, y no pone medios para que entren productos sin las mismas exigencias”.

De esta manera, trata de desviar la atención hacia Sánchez. Pero la realidad es que el problema ahora lo va a tener con el Partido Popular Europeo, que ha celebrado el acuerdo y ha llamado a su respaldo. El principal ponente sobre el pacto dentro de esta institución es el eurodiputado español del PP Gabriel Mato, que ha sido un firme defensor durante estos años de este nuevo vínculo comercial. Hay barones de la formación mostrando su rechazo en público como el asturiano Álvaro Queipo, que lo tacha de “perjudicial”.

La gran duda ahora es qué hará el Partido Popular español en el Parlamento Europeo, cuando tenga lugar la ratificación del pacto. Una vez firmado este sábado, el acuerdo debe pasar por esta institución (todavía sin fecha). Ahí los eurodiputados tendrán que votar sí o no, sin posibilidad de que puedan introducir cambios. Y no pasará por el Congreso porque las competencias sobre comercio están delegadas en la Unión Europea.

El Gobierno y el PSOE se han convertido en los principales bastiones, en cambio, de apoyo al acuerdo. El propio Sánchez lleva años haciendo campaña entre los países europeos para alcanzar un consenso. Según escribió en la red social X: “Gracias a él, las empresas españolas pueden entrar a nuevos mercados, exportar más y generar más empleos. Y Europa podrá mantener un vínculo fuerte con esa región hermana y estratégica que es América Latina”.

El Ejecutivo trata de calmar a los agricultores. El titular de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, indicó el lunes en Los Desayunos del Ateneo que hay previstos mecanismos de compensación y fondos de la PAC por si se produjeran pérdidas de algún tipo. A la vez, no ha pasado desapercibido que este miércoles el propio presidente protagonizó un acto junto al ministro de Agricultura, Luis Planas, en el que anunció un paquete de medidas para facilitar el relevo generacional en el sector agrario, incluyendo la movilización de 17.000 fincas rústicas del Estado.

Muy encima del sector está también el presidente de Cataluña, Salvador Illa, ante las protestas que se están sucediendo. El socialista cerró un acuerdo con los representantes de Revolta Pagesa este lunes para minimizar el impacto del acuerdo de Mercosur a través de fondos económicos y de mayores controles en los supermercados.

Los partidos independentistas allí se han posicionado muy fuerte en contra de la firma. Junts lleva días haciendo campaña y ha abierto un frente contra el Gobierno central en el Congreso con el registro este jueves de la petición de comparecencia de los ministros Planas, Mónica García (Sanidad) y Pablo Bustinduy (Derechos Sociales) para que informen sobre los riesgos del acuerdo para la seguridad alimentaria y el sector agrícola catalán.

Y las críticas llegan también desde la izquierda. Teresa Jordà (ERC) ha mostrado esta postura tras el acuerdo: “El Mercosur, tal y como lo hemos conocido, permite la competencia desleal, dinamita la soberanía alimentaria, pone en riesgo la sostenibilidad y amenaza al modelo productivo de proximidad. Es una condena al sector primario”.

Una dureza que también ha verbalizado la eurodiputada Irene Montero (Podemos): “Va a reventar el campo europeo para que ganen las grandes empresas. En España, doble golpe tras recortar la PAC para comprar armas a las órdenes de Trump. Estamos con agricultores y ganaderos, que cuidan la tierra y hacen posible que llenemos las neveras”.

El Gobierno ha dado un paso más para aumentar la presión a Israel con la aprobación del prometido decreto del embargo de la compra y venta de armas a ese país y la prohibición de importar productos de las zonas ocupadas en Palestina por los colonos. Se afinó hasta el último punto y la última coma minutos antes de que arrancara el Consejo de Ministros para finiquitar un texto con una redacción muy complicada que le permitiera llegar “hasta el límite” sin romper los tratados y las leyes internacionales.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez mueve la ficha del embargo por vía legislativa en un momento crucial para la política internacional, coincidiendo con la celebración en Nueva York de la Asamblea General de la ONU, donde el genocidio perpetrado por Israel contra Gaza está siendo el gran protagonista.

Fuentes gubernamentales señalan que esperan que el texto alumbrado por el Consejo de Ministros sobre el embargo sirva también como hoja de ruta para otros países, especialmente dentro de la Unión Europea, y que se pueda producir un efecto dominó en otras naciones.

Este efecto se está viendo precisamente ahora con el reconocimiento del Estado de Palestina. España dio ese paso hace más de un año y medio, y entonces las grandes potencias rechazaron la senda que abría Madrid. Pero estos días, en Nueva York, países de la envergadura de Francia, Reino Unido, Australia, Portugal o Canadá están oficializando esa vía diplomática. “Nos dijeron que estábamos solos, pero éramos los primeros”, repiten constantemente en el entorno de Sánchez.

El Gobierno, señalan fuentes del área socialista, también planea presionar diplomáticamente con este embargo y quiere que otros socios de la UE se muevan en el mismo sentido dentro de un espacio europeo que ha sido muy laxo en los temas comerciales con Israel. Por eso, van a hablar con sus colegas, para explicarles lo que se ha aprobado este martes en Madrid. 

Asimismo reconocen que es vital que otras naciones del entorno se muevan en el mismo sentido para que sea efectiva la medida del embargo y no lleguen materiales militares israelíes a España a través de empresas de otros países de la Unión: “Hay que seguir empujando a nivel europeo”. Desde el ala de Sumar se pide también a los ministros del PSOE “marcar el camino a la Unión Europa para que se pueda aprobar pronto un embargo del conjunto de la Unión Aduanera”.

En el Gobierno insisten en que el Ministerio de Defensa ya ha hecho “la desconexión cero” respecto a los contratos israelíes y fuentes del Ministerio de Economía aseguran además que España es el primer país europeo que regula por ley el embargo de compra y venta de armas. El texto también incluye la prohibición de importar productos de los territorios ocupados y supone la denegación de tránsito por puertos españoles y por el espacio aéreo de cualquier tipo de combustible con destino a Israel que pueda tener un uso final militar. 

El real decreto, no obstante, incluye una disposición que permite al Gobierno, a través de acuerdos en el seno del Consejo de Ministros, poder aplicar excepciones para salvaguardar el interés general nacional por motivos de seguridad y de política exterior, lo que ha provocado recelos en otros partidos.

España se pone con este embargo a la cabeza de los grandes países de la Unión Europea en materia de veto al intercambio de armas con Israel, aunque Eslovenia ya aprobó en agosto esa suspensión “total”. Alemania anunció durante el pasado mes de agosto la cancelación del suministro de armas a Israel que puedan utilizarse en Gaza (Israel es la tercera nación que recibe más armas alemanas después de Ucrania y Egipto, según los datos del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo).

También ha dado pasos parciales el Gobierno italiano, que prohibió la exportación de armas a Israel. Otras medidas relacionadas con la compra-venta de armas han sido adoptadas por países europeos como Bélgica y Holanda. Sin embargo, el Ministerio de Defensa de Israel informó durante el mes de junio que sus exportaciones de armas alcanzaron un máximo histórico en 2024 por valor de más de 14.700 millones de dólares, con la mitad de los contratos firmados con países europeos.

El decreto ahora pasa a su tramitación en el Congreso de los Diputados, donde todavía no tiene los votos suficientes. Sumar ha celebrado la aprobación en el Consejo de Ministros, pero ha pedido una serie de cambios en el texto, por lo que exige al PSOE que, tras su convalidación, sea tramitado como proyecto de ley. 

La idea que tienen los de Yolanda Díaz es que el decreto no sea sólo aplicable a Israel, sino que se pueda utilizar el texto respecto a todos los países que sean “condenados o investigados por genocidio”. Asimismo, según fuentes de este espacio, buscan que se elimine la disposición adicional que autoriza a exceptuar algún contrato por motivos de seguridad nacional. Lanzan esta advertencia: “Mientras esta cláusula no sea modificada por las Cortes, Sumar se opondrá a cualquier operación que se proponga como excepción al embargo vía Consejo de Ministros”.

Fuentes del Ejecutivo señalan que esperan contar con una “mayoría suficiente” para convalidar el decreto. Durante el fin de semana tanto Carlos Cuerpo como Félix Bolaños estuvieron en contacto con los socios para ir preparando el terreno de cara a la llegada del decreto a las Cortes Generales. Desde el Gobierno están trasladando a sus socios que han ido “al límite” en el texto. Además, las mismas fuentes resaltan que el Partido Popular tendrá que retratarse en un momento como el actual.

Aunque no ha desvelado el sentido de su voto, el decreto no ha gustado en Podemos. La exministra y eurodiputada Irene Montero reaccionó en redes sociales: “No es un embargo de armas a Israel, es una precampaña electoral. Con el texto aprobado, España sigue manteniendo relaciones militares, comerciales y diplomáticas con Israel. ¡Es un genocidio! La obligación legal del Gobierno es el embargo total de armas y romper relaciones ¡ya!”.

Desde EH Bildu, Mertxe Aizpurua comentó: “Valoramos positivamente el embargo de armas aprobado en el Consejo de Ministros de hoy, aunque llegue tarde. Hay que seguir el camino que nos marcan las protestas de la sociedad civil y redoblar las medidas de presión contra Netanyahu”. Para este partido se deben más pasos: “Aislar a Israel en todos los ámbitos, romper relaciones e impulsar sanciones”.

El BNG también ha presionado al Gobierno pidiendo durante estas horas que se vaya más allá y se lleve a cabo una ruptura de las relaciones diplomáticas y comerciales con el Ejecutivo de Benjamin Netanyahu. En Esquerra no fijan posición todavía, aunque fuentes republicanas consideran en las primeras lecturas que se queda "corto".

Otra de las grandes incógnitas es qué hará Junts con el decreto del embargo de armas. Los posconvergentes se mueven en la equidistancia respecto a este tema y se han abstenido esta semana en el Parlament en una resolución para condenar el genocidio en Gaza. Además, han acercado posturas con las derechas para tumbar medidas como la reducción de la jornada laboral en el Congreso, Y miran con mucha tensión el ascenso de Aliança Catalana, una formación que defiende a Israel.

De manera muy discreta el Gobierno está levantando el teléfono. Se tocan ya algunas teclas. El Ministerio de Hacienda quiere acelerar el proceso de presentación del proyecto de presupuestos generales del Estado. Los departamentos trabajan a todo pulmón ya para cuadrar sus partidas, mientras hablan los socios socialistas y de Sumar. También se ha contactado con algunos de los grupos del bloque de investidura.

La intención del Ministerio de Hacienda, según fuentes gubernamentales, es llevar “cuanto antes” la senda de déficit al Congreso, paso previo a la aprobación de las cuentas públicas. Y, asimismo, en el Ejecutivo desvinculan una negociación en paquete de ese trámite y del proyecto de ley de los presupuestos generales.

El Gobierno es consciente de las enormes dificultades que tiene para poder llevar a buen puerto este proyecto. “El problema es que en estas negociaciones se mezcla todo”, analizan en el núcleo duro de Pedro Sánchez sobre las peticiones que llegarán desde todos los grupos parlamentarios. Por eso, la intención del Gobierno es hacer ver a los interlocutores que “no se puede pedir la Luna”. Por ejemplo, consideran imposible hacer efectiva la exigencia de Podemos de rebajar por ley un 40% los alquileres.

Podemos se ha convertido para el Gobierno en el principal obstáculo de la legislatura, por encima de Junts, según consideran varias fuentes socialistas y de Sumar, que no comprenden su posición de rechazo. Un miembro del Gobierno indica: “Nos cuesta entenderlos. Están muy en el ‘no’ a todo. Hasta en el tema de Gaza. Siempre denostan nuestras medidas”.

El PSOE también mira a Junts como clave de esos presupuestos. En La Moncloa se han acostumbrado ya a que las negociaciones con los posconvergentes sean “carpeta a carpeta” y se alarguen siempre hasta el último momento. Algunos dirigentes socialistas ven agua en la piscina, pero recuerdan que son imprevisibles los de Carles Puigdemont. Y, además, tratan de rebajar la tensión después del choque entre Sumar y los posconvergentes, lleno de acusaciones cruzadas a raíz de la votación de la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales.

Los socialistas se enfrentan la semana que viene a una derrota parlamentaria en la proposición firmada con Junts para traspasar las competencias en materia de migración a la Generalitat de Cataluña. Podemos no tiene la intención de apoyar el texto. ¿El rechazo del Congreso puede afectar a la relación entre Moncloa y Puigdemont? En el Gobierno indican: “Nosotros hemos cumplido. No podemos comprometer el voto de Podemos a Junts, ni el de Junts a Podemos”.

El ala de Sumar considera que el proyecto de presupuestos debe ser expansivo y servir de paraguas para medidas sociales que repercutan en el beneficio diario de los ciudadanos, al estilo de la ampliación de los permisos por nacimiento de hijos. El Gobierno cree que tiene margen de sobra para ello con una economía al alza. 

En el pasado Consejo de Ministros se revisó el cuadro macroeconómico con la previsión de un 2,7% del PIB para este año. Asimismo, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, entiende que ese crecimiento será del 2,2% en 2026 y del 2,1% para 2027 y 2028, incluyendo un aumento cada año de una media de 480.000 puestos de trabajo.

Algunos de los grupos en el Congreso, según fuentes parlamentarias, ya han establecido conversaciones con el Gobierno para allanar el camino de los presupuestos. Ha habido una primera toma de contacto con EH Bildu, aunque este partido reconoce que la “negociación de verdad” empezará a finales de mes: “Pondremos el foco en avances sociales y económicos además de partidas territoriales”.

En ERC también confiesan que ha habido “algún contacto” sobre esta cuestión, aunque ponen por delante, como ya ha dicho Oriol Junqueras, que cualquier negociación está vinculada a cumplir acuerdos como la financiación singular para Cataluña. El BNG también ha mantenido alguna conversación con los socialistas de cara a los presupuestos generales.

Igualmente, en el PNV señalan que en los próximos días van a empezar a intercambiar expresiones con el Gobierno con la idea de llegar a “buen puerto” en las cuentas anuales. En cambio, desde Podemos subrayan que ellos no han recibido ninguna llamada por parte de Hacienda. 

Los presupuestos son una meta que parece ahora mismo muy difícil de conseguir para el Gobierno. ¿Y si no salen adelante? Fuentes del Ejecutivo insisten en que su intención, como ya dijo Pedro Sánchez, es continuar la legislatura porque entienden que se puede seguir con las actuales cuentas prorrogadas. En Moncloa reiteran que hay coalición hasta 2027.

España da un paso muy importante con el nuevo paquete de medidas para presionar a Israel, con iniciativas como el embargo de armas a través de la aprobación de un decreto ley. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, marca el ritmo a otros países europeos, pero además es un movimiento que contenta a buena parte de sus aliados de investidura.

Pero, a pesar de ese paquete, los socios a la izquierda del PSOE van a seguir presionando para tomar medidas todavía más contundentes en los próximos meses. Empezando por los ministros de Sumar, que están dentro del Gobierno y quieren que el ala socialista vaya todavía más lejos después de días de negociaciones. El jefe del Ejecutivo no descarta ampliar estas iniciativas.

El paquete de medidas que avanzó Sánchez en La Moncloa este lunes por la mañana incluye también más efectivos españoles en la misión en Rafah y un incremento en las aportaciones a la UNRWA. Todo ello ha provocado que crezca todavía más la tensión entre el Ejecutivo de Sánchez y el de Benjamin Netanyahu, que ha cargado duramente contra La Moncloa por “antisemita” y ha prohibido la presencia en su país de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego. Esto ha llevado a que el titular de Exteriores, José Manuel Albares, haya llamado a consultas a la embajadora española en Tel Aviv, una medida que no estaba en el conjunto anunciado pero que llevaban tiempo reclamando sus socios de investidura.

Díaz precisamente solicita constantemente a los socialistas que también se rompan relaciones diplomáticas con Israel, algo que por el momento no acepta el ala liderada por Sánchez. Lo ha vuelto a reclamar al hilo de los ataques de Israel este lunes. También ha pedido esa ruptura de todo tipo de relaciones la propia Rego: “La sociedad española ha empujado para empujar estas nueve medidas. Ahora debemos seguir empujando para parar el genocidio en Gaza. Romper toda relación con el gobierno genocida de Israel y que paguen por sus crímenes”. El ala de Sumar ha celebrado que Sánchez hable por primer vez directamente de “genocidio”.

Rego pertenece a Izquierda Unida, la formación que más está tirando dentro del Gobierno para tomar medidas contra Israel y que estuvo a punto de salirse de la coalición por el contrato para comprar balas a empresas israelíes por parte del Ministerio del Interior. Fernando Grande-Marlaska tuvo que echarse finalmente para atrás y venció IU en el pulso interno en el Ejecutivo. El coordinador federal, Antonio Maíllo, ha calificado de “positivo pero insuficiente” el paquete hecho público por Sánchez.

IU ha pedido al PSOE una ruptura total de las relaciones diplomáticas y comerciales con el Gobierno de Netanyahu. Además, la hoja de ruta de Izquierda Unida pasa por llevar ante la ONU una propuesta de creación de una fuerza de intervención que pare el genocidio de Israel en los territorios palestinos y la colaboración del Ejecutivo en la preparación de una causa por genocidio contra Israel ante la Corte Penal Internacional, además de que se tomen acciones conjuntas con otros países para que la UE deje de ser “cómplice” de lo que está  pasando.

Podemos ha considerado que el anuncio de Sánchez demuestra que el Gobierno ha estado “mintiendo” durante estos dos años sobre la compra de armas a Israel. Los morados piden que España haga un “boicot total” a Israel, lo que pasaría por una ruptura de relaciones diplomáticas y comerciales.

La eurodiputada y candidata de Podemos en las próximas elecciones generales, Irene Montero, ha reclamado: “Ahora a forzar que se cumpla el embargo, que rompan relaciones comerciales y diplomáticas, que pongan en libertad a los de La Vuelta y que protejan a la Global Sumud Flotilla”.

También empujan al Gobierno para ir más allá los diputados de EH Bildu Mertxe Aizpurua y Oskar Matute, quienes sostuvieron: “Estas medidas son el resultado de una sociedad civil movilizada que está siendo ejemplo de solidaridad y lucha frente al genocidio contra el pueblo palestino. Esperamos que a este paso le sigan más para parar los pies a Netanyahu. Sigamos el camino que nos marca la ciudadanía”.

Desde ERC también se pronunció el portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián, con las siguientes ideas: “Esto está bien pero llega tarde”, “se negó durante meses que España participara del comercio de armas con Israel” y “hubo una ministra que lo denunció muy sola en ese gobierno”, en referencia a Ione Belarra.

Para el BNG, en el mismo sentido, se aprueban las iniciativas tarde y son insuficientes. Los nacionalistas gallegos exigen a Sánchez la ruptura de “todo tipo de relaciones” con "el Estado genocida de Israel" y la imposición de sanciones, además de demandar una investigación por las actuaciones policiales en Monforte durante el paso de la Vuelta ciclista y la depuración de responsabilidades al "vulnerar derechos fundamentales como lo de manifestación y expresión".

A comienzos de 2021, con la llegada de los fondos europeos Next Generation para la recuperación tras la pandemia de la COVID-19, la Xunta creó una sociedad público-privada para impulsar proyectos industriales que aprovechasen ese dinero. Esa Sociedad para el Desarrollo de Proyectos Estratégicos de Galicia SL, denominada Impulsa Galicia, fue la que, entre otras iniciativas, firmó un acuerdo secreto con Altri para implantar una fábrica de celulosa y fibras textiles en Palas de Rei. En el foco desde hace tiempo del Consello de Contas, que le viene reclamando transparencia, ahora los socios de Impulsa Galicia, con la Xunta al frente, acaban de decidir su disolución “tras cumplir su propósito fundacional”.

Impulsa Galicia fue creada por la Xunta a propuesta de un comité de expertos para “apoyar la maduración de las propuestas incluidas en la candidatura gallega a los fondos europeos Next Generation” y “ayudar en la búsqueda de futuros inversores para su desarrollo”. En el capital de la sociedad, la Xunta participó con un 40%, seguida de Abanca con un 38%, Reganosa con un 12% y Sogama con un 10%. Como la Xunta también está presente en el capital de Reganosa y Sogama, la participación del Gobierno gallego en Impulsa Galicia superaba el 48%, y se reservó el control de sus decisiones y la presidencia, en manos de la conselleira de Economía e Industria. Sin embargo, argumentando que la participación no superaba el 50%, la Xunta se ha venido negando a que Impulsa Galicia sea fiscalizada por el Consello de Contas.

Entre otras iniciativas, Impulsa Galicia promovió la creación en el país de lo que en principio se anunció como un proyecto de producción de fibras textiles a partir de madera que rentabilizase el sector forestal. Finalmente, la empresa seleccionada a finales de 2021 para desarrollar ese proyecto fue la portuguesa Altri, con la que Impulsa Galicia firmó un memorando de entendimiento para su instalación en Galicia. Ese acuerdo desembocó en la elección de Palas de Rei como el lugar para levantar la polémica fábrica de celulosa y fibras textiles, que aún está pendiente de obtener todos los permisos y la financiación.

Ese acuerdo firmado por Impulsa Galicia con Altri sigue siendo secreto con el argumento de que no lo firmó la Xunta sino una empresa privada, aunque esta esté controlada por el Gobierno gallego y el documento lo suscribiese el entonces conselleiro de Economía, Francisco Conde. Lo hizo, llegó a argumentar la Xunta de forma oficial, como un “negocio jurídico privado”.

No han servido de nada las sucesivas peticiones del Consello de Contas a la Xunta, respaldadas por BNG y PSdeG, para que “haga transparente la actuación financiera” de Impulsa Galicia dado su control sobre la misma, “su localización en instalaciones públicas, su objeto social y su encaje en actuaciones estratégicas de la política industrial de la Xunta de Galicia y en proyectos prioritarios receptores de fondos públicos”.

Ahora, sin haber cumplido nunca esas exigencias de transparencia, los socios de Impulsa Galicia acaban de aprobar “la disolución de la sociedad tras cumplir su propósito fundacional”. Lo hacen, argumentan, ante la finalización el próximo año del programa Next Generation EU y la creación de otros órganos que han ido asumiendo su papel de impulso industrial. Entre esos órganos estaría otra empresa público-privada promovida desde Impulsa Galicia para el aprovechamiento de los recursos naturales del país, Recursos de Galicia (RDG), en la que la Xunta participa con un 30% junto a 32 empresas privadas. De hecho, el consejero delegado de Recursos de Galicia, Emilio Bruquetas, fue también consejero delegado de Impulsa Galicia, a donde llegó procedente de Reganosa.

Si Impulsa Galicia pretendía impulsar las fases previas de desarrollo de proyectos industriales, Recursos de Galicia quiere participar en su accionariado, como ya ha hecho entrando en empresas eólicas o en la firma que quiere explotar la mina de Doade, pendiente de permisos de la propia Xunta.

Según Impulsa Galicia, su disolución llega tras varios logros como la creación de Recursos de Galicia, un centro de datos en Curtis o la fábrica de Altri en Palas, de la que dice que “prácticamente ha concluido su tramitación administrativa y se encuentra a la espera de obtener apoyo económico y conexión eléctrica por parte del Gobierno central”.

La corrupción, los migrantes y la identidad plurilingüe son asuntos que este viernes se han colado en la celebración del Día Nacional de Galicia y festividad del patrón de España, una jornada en la que siempre convergen actos políticos, varios festivos y algunos otros con acentuado carácter institucional, según recoge EFE.

La mayor manifestación de estos últimos es la ofrenda al Apóstol Santiago en la que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en su condición de delegado regio, ha pedido en su invocación un "punto de equilibrio desde el que regular con acierto la inmigración" tras afear el pasado lunes, después de reunir a su equipo, el "indecente" cálculo del Gobierno central por los tres centenares de menores no acompañados solicitantes de asilo que quiere enviar a la Comunidad.

Convencido de que la intención es trasladar el problema a otras administraciones, al igual que hizo al inicio de esta semana cuando atacó el proceder del Ejecutivo de Pedro Sánchez por considerarlo un "estímulo para las mafias", ha pedido Alfonso Rueda concentrar los esfuerzos en terminar con ese negocio de los que se lucran "con el tráfico ilegal" de quienes procuran un futuro mejor.

El arzobispo, Francisco Prieto, ha censurado en la homilía, que ha seguido en las bancadas el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, el "inaceptable" empleo de esas personas como "arma política".

En la cercana Alameda, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, antes de la marcha por el 'Día da Patria Galega', ha ofrecido "brazos abiertos, manos tendidas y sonrisa en los labios", porque la suya es una "nación de acogida" que no tiene inconveniente alguno en sumar "más ciudadanía".

A cuarenta kilómetros, en Rianxo (A Coruña), tras una ofrenda floral ante el busto de Castelao, el secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha cargado contra los problemas para acoger a quienes huyen de crisis humanitarias. La actitud de Rueda "nos deshumaniza", ha dicho.

El jefe del Ejecutivo gallego ha pedido también inspiración, acierto y determinación para todos los gobernantes; para el papa, "conciencia moral de la humanidad", y para el rey y su familia, en este caso para desempeñar "con acierto y ejemplaridad las altas responsabilidades que les corresponden, especialmente en un momento como el actual en el que todos necesitamos de referentes de integridad personal e institucional".

Ha urgido Alfonso Rueda a "recuperar la credibilidad" de instituciones a menudo manchadas por "prácticas impropias de personas decentes", mientras que Ana Pontón ha atacado la "corrupción rampante del bipartidismo parasitario" de PP y PSOE y Gómez Besteiro ha responsabilizado de la "crispación política" a la "derecha dispuesta a destruir la convivencia democrática para llegar al Gobierno que creen suyo por derecho hereditario".

Ahondar en la "riqueza cultural, histórica y lingüística" ha sido otra de las reivindicaciones del máximo mandatario autonómico, que ha estado recibiendo críticas por no unirse a la carta enviada por el presidente catalán, Salvador Illa, y el lehendakari, Imanol Pradales, en la que defienden la oficialidad de las tres lenguas en el Consejo de Asuntos Generales al entender Rueda que son otras las prioridades.

El BNG ha llamado a mantener en alto la bandera de una causa que entienden justa, y que los Veintisiete han vuelto a aplazar ante la falta de unanimidad que se requiere para aprobar la petición de España, y el PSdeG ha denunciado la obstrucción a la identidad plurilingüe.

Besteiro cree que el "boicot" a la "dignidad lingüística" va a perseguir siempre a Rueda. "Si fuese por el presidente de la Xunta, hoy no se podría hablar (gallego) en el Congreso", ha apuntado, y "también en Europa el PP de Rueda repite patrón: se niega a situar el gallego al mismo nivel que el resto de lenguas oficiales", pese a ser "una parte esencial de lo que somos".

Más allá de la ofrenda, de los actos propios de PSdeG y BNG, y de los homenajes a Rosalía (también una ofrenda floral) y Castelao, la capital gallega sigue disfrutando de las atracciones, gastronomía y conciertos de las Fiestas del Apóstol.

La presencia multitudinaria de locales, visitantes y peregrinos, algunos llegados para la ocasión, deja la estampa de una Compostela al borde del colapso.

Miles de personas han acudido este viernes a la tradicional marcha convocada por el BNG con motivo del Día Nacional de Galicia, que este año ha tenido como lema "Galiza Sempre! Unha nación en marcha pola súa soberanía". Los manifestantes han partido a las doce del mediodía de la Alameda del centro de la capital gallega, desde donde han recorrido las principales arterias de la ciudad hasta terminar introduciéndose en el casco histórico con rumbo a la Praza da Quintana, según recoge EFE.

Encabezando la marcha, además de múltiples banderas independentistas, ha ido un grupo de músicos con percusiones y gaitas, que han amenizado con melodías tradicionales una convocatoria reivindicativa y, al mismo tiempo, festiva para conmemorar el denominado por el Bloque como Día de la Patria Gallega.

Los participantes han entonado cánticos habituales como "Galiza ceibe, poder popular" o "Quen queira, quen non, Galiza e unha nación", además de consignas propias de otras causas, como el habitual "Altri non", de las reivindicaciones contra la factoría de celulosa que la multinacional portuguesa pretende levantar en Palas de Rei (Lugo).

Además, los manifestantes han portado carteles y enseñas de hermanamiento con otros pueblos que consideran aliados, como la ikurriña vasca, la "senyera" catalana o banderas de territorios como Cuba, Palestina, Portugal, Brasil, Gales o Venezuela.

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha atendido a los medios instantes previos al inicio de la marcha, ante quienes ha defendido que esta convocatoria simboliza una causa a la que ha invitado a todas las personas que llevan a "Galicia en la cabeza y en el corazón". La líder nacionalista ha sostenido que el Bloque aspira a ser "la casa común" de todos los gallegos y ha defendido que, frente a la "corrupción rampante" de partidos como PP y PSOE, en su partido nunca ha habido personas condenadas por estas prácticas irregulares.

El Gobierno salvó su último pleno antes de las vacaciones de verano, pero los socios parlamentarios ya avisan: septiembre está a la vuelta de la esquina y Pedro Sánchez debe tomar la iniciativa. Es decir, presentar los Presupuestos Generales del Estado. Así lo desgranan las fuentes consultadas por infoLibre en Esquerra Republicana, EH Bildu, PNV y Compromís. "O presupuestos o elecciones", resume una voz autorizada de una de estas formaciones, que considera que Sánchez no puede seguir hasta 2027 —el horizonte temporal marcado por el presidente del Gobierno— si no logra sacar adelante las cuentas de 2026.

El Ejecutivo de PSOE y Sumar sigue subsistiendo con las cuentas prorrogadas de 2022. Los partidos de la coalición esgrimen como motivo para esta falta de Presupuestos la difícil aritmética parlamentaria y la dinámica que impera muchas veces en el Congreso con vetos cruzados y cálculos políticos, como ocurrió este martes con el real decreto-ley con el que el Gobierno quería modificar el sistema eléctrico español para evitar un nuevo apagón como el del pasado mes de abril. Fue la única votación que el Gobierno perdió.

La negativa de Podemos y Junts fue decisiva tras confirmar también el Partido Popular y Vox su voto en contra. Los morados venían avisando desde el lunes de que el real decreto era insuficiente porque, en palabras de su portavoz, Pablo Fernández, "se basa en escuchar y atender lo que las grandes energéticas susurran al oído del ministerio". Un argumento que utilizó también la secretaria general del partido, Ione Belarra, en los pasillos de la Cámara durante la celebración del pleno: "Es un real decreto que podría haber escrito Sánchez Galán [presidente de Iberdrola]", sentenció. "Los votos de Podemos no están para beneficiar al oligopolio eléctrico".

La posición de Belarra produjo incomprensión en el resto de aliados y fue públicamente criticada por el socio minoritario del Gobierno, Sumar. "Cuando se trata de avanzar en una transición (energética) justa, Podemos es parte del problema para España, para la ciudadanía y para el planeta", señaló la portavoz parlamentaria del grupo, Verónica Martínez, que sin embargo obvió que el propio diputado de Sumar Jorge Pueyo, representante de la Chunta Aragonesista, también votó en contra del decreto, al igual que el BNG.

Junts, por su parte, votó en contra no tanto por su contenido sino como medida de presión hacia Sánchez. "Que hagan lo que tengan que hacer. Con todo aparcado es imposible dar un paso más", señalaban fuentes de la formación posconvergente, mientras que el Partido Popular no se molestó en concretar las razones de su rechazo y priorizó la que viene siendo su estrategia desde que arrancó la legislatura: contribuir a cualquier derrota del Gobierno. "No ha habido una sola dimisión o cese tras quedar nuestro país sin electricidad durante 24 horas", fue el argumento que utilizó el parlamentario del PP, Guillermo Mariscal.

La postura de Podemos, por un lado, y la de Junts, por otro, sirven para ilustrar los dos principales escollos que tiene Sánchez para aprobar los PGE. Sin embargo, el resto de socios consideran que el partido de Carles Puigdemont está "más predispuesto" a negociar —si logra arrancar contrapartidas— frente a un Podemos que ha hecho de la confrontación su seña de identidad. "Están pasados de vueltas", reflexiona uno de estos socios, en referencia a los morados. "Su modo de hacer política se basa en un discurso identitario y excluyente. Tienen que ser los más puros entre los puros para tratar de mantenerse en el 4%", añaden. Así, estas fuentes se muestran muy pesimistas respecto al futuro de la legislatura. En Podemos, en cambio, reivindican su postura y creen que su discurso sí cala.

"Me parece tremendo que, haciéndose una apuesta por la gobernabilidad y por la investidura, desde posiciones muy diferentes, ni siquiera de algunos partidos haya habido voluntad nunca de dar un presupuesto al Gobierno", señaló el presidente del PNV, Aitor Esteban, en una entrevista en la Cadena Ser. "El instalarte en el no a todo y en el cabreo constante, aunque haya motivos para cabrearse, creo que es un mal negocio, y sobre todo para la izquierda", completó por su parte Gabriel Rufián, portavoz de ERC.

Esta misma semana Podemos ya dejó claro que si se presentan nuevos PGE, mantendrán sus demandas contra el Estado de Israel, solicitarán que se prohíba la compraventa de viviendas que no sean para residir, que se expropien el 50% de las viviendas a grandes tenedores para alquiler social y se aplique una moratoria a los pisos turísticos al menos hasta 2028. A esto añadieron la salida de España de la OTAN para acabar con "el régimen de guerra y poner fin al incremento del gasto militar" del Ejecutivo de Sánchez. Condiciones que los socialistas califican de inasumibles.

Aunque ninguno de los socios —tampoco Podemos— se plantea apoyar a Alberto Núñez Feijóo, dispuesto a presentar una moción de censura si "apareciesen cuatro votos", en la cúpula morada empieza a calar con fuerza la idea de ir a elecciones para construir una alternativa sólida desde la oposición. En el partido de Ione Belarra ven un Gobierno noqueado y creen que Sánchez puede pulsar el botón electoral en cualquier momento y ya se están preparando. De hecho hace meses que anunciaron que la número dos del partido, Irene Montero, será su candidata a las generales. Tras la última comparecencia del presidente, tacharon de "muy insuficientes" sus explicaciones y exigieron más información y medidas para depurar responsabilidades y tratar de reparar el daño causado.

El discurso contra el bipartidismo ha cogido mucha fuerza en las últimas semanas en Podemos, que nació al calor de las protestas del 15M contra el sistema dominado por el PSOE y el PP durante décadas. Los morados lograron romper con ese bipartidismo a partir de su irrupción en las elecciones europeas de 2014 y ahora buscan retomar ese discurso. Tras casi una década siendo el partido referente a la izquierda del PSOE, con la entrada en el Gobierno de Pablo Iglesias la formación morada se diluyó y el que fuera su líder se acabó marchando de la política institucional. Sumar, el espacio creado por Yolanda Díaz para superar la estructura de Podemos en los comicios del 23 de julio, sin embargo, no logró ser esa gran familia de unidad progresista como se presentó. 

En Moncloa y Ferraz continuamente hablan de la preocupación letal por una separación de papeletas entre Sumar y Podemos. Ahí, entienden, sería casi imposible mantener el Gobierno. Una lectura que comparten miembros del espacio como Gabriel Rufián, que está tratando de liderar un "frente" con  la "izquierda plurinacional" de cara a las próximas elecciones generales, con escaso éxito, de momento. "Se trataría una coalición que incluiría formaciones como ERC, Compromís, BNG, EH Bildu y Adelante Andalucía. "Probablemente, los cálculos e intereses particulares harán que este compromiso histórico no pase, pero ¿alguien tiene una idea mejor?", explicó el portavoz republicano en los pasillos del Congreso. Su propuesta fue desautorizada por ERC poco después.

Todos los sondeos apuntan a que el PP y Vox lograrían sumar mayoría absoluta en unos comicios hoy en España y reflejan que la derrota está asegurada para los progresistas si el espacio a la izquierda del PSOE va por separado a las urnas. Un escenario que un sector de Podemos cree que le beneficiaría porque, según su tesis, serviría para tratar de recomponer el espacio a la izquierda del PSOE. Sin embargo, se trata de una tesis que la propia Belarra ha desmentido en varias entrevistas y declaraciones públicas. A esto se le añade que los partidos satélites de Sumar consideran que los morados ya no pueden liderar nada y rechazan coaligarse con ellos. Tampoco termina de ver claro ese plan Bildu, que cree que ir con Podemos en "su peor momento" les penalizaría.

El partido de Belarra siempre ha defendido que la distancia con Sumar y el resto de aliados del Ejecutivo de Sánchez no va de temas personales, sino que hay enormes diferencias ideológicas y en la manera de encarar los temas clave como el genocidio en Israel y la crisis de la vivienda. Un argumento que no convence a nadie, tampoco a Rufián: "¿De qué sirve sacar dos o tres diputados más si enfrente vas a tener a Abascal de Vicepresidente o a Tellado de Ministro del Interior? Te van a matar políticamente igual", zanjaba.