Los adjetivos se acumulan por toneladas en torno al movimiento realizado por Pedro Sánchez el miércoles, tomándose cinco días para decidir si dimite o no. Antes de anunciar el lunes su decisión tiene que "reflexionar" si "merece" la pena ser presidente del Gobierno, duda que le surge después de que un juzgado de Madrid abriera diligencias de investigación –tras una denuncia por corrupción del grupo ultraderechista Manos Limpias– contra su esposa, Begoña Gómez, acontecimiento que hay que insertar en el contexto de una campaña contra Sánchez del PP, Vox y medios afines que cada vez más recurre a su entorno familiar. Estamos ante un arranque "valiente" y "digno" del presidente, para sus defensores; un capricho "victimista" y "egoísta", para sus detractores; y una maniobra "sorprendente" y "desconcertante" para casi todo el país.

Pero, adjetivos al margen, el giro de Sánchez invita a reflexiones sobre al menos cinco temas de fondo, cinco asuntos de gran calado en una democracia.

Aquí es donde pone el énfasis el PSOE: el acoso de la derecha sería de tal nivel que llega a justificar incluso una quiebra emocional con consecuencias políticas. Esa es la reflexión a la que quiere convocar el presiente: sobre la limpieza de la oposición y los límites de la crítica, especialmente cuando se adentra en la familia.

Proporcionalidad de la reacción de Sánchez al margen, lo indudable es que existe una campaña de gran dureza contra él. Viene de atrás. No sólo ha habido un cuestionamiento de la legitimidad de sus gobiernos desde 2018 –discurso de la oposición que marcó la pasada legislatura–, sino que se ha producido –en esta, la presente legislatura– un ataque a la familia. Y aunque la política ha tenido picos de virulencia extrema en España, desde la última etapa de Felipe González hasta la primera de José Luis Rodríguez Zapatero, es difícil encontrar antecedentes a algunos de los ataques sufridos por el presidente.

"Una carta como la que hemos conocido solo resulta concebible en un sistema político tóxico, viciado al extremo", escribe en El País Ignacio Sánchez-Cuenca, director de Instituto Carlos III-Juan March de Ciencias Sociales. ¿En qué se observa esta toxicidad? Hay ejemplos para elegir. El PP ha validado al máximo nivel expresiones como "me gusta la fruta" –una fórmula que remite al "hijo de puta" que se leyó en los labios, referido al presidente, a Isabel Díaz Ayuso en el Congreso– y "que te vote Txapote". Al uso rutinario de estas expresiones se suma el ataque al presidente por actividades de familiares. La principal diana ha sido Begoña Gómez, pero no la única.

El PP ya había ampliado el radio. "Tenemos a su suegro que se enriquece con esas saunas, todos sabemos a qué tipo de saunas me refiero ["saunas gays" sobre las que han publicado medios como EsDiario, EDATV, El Debate y Libertad Digital]; a su padre, que se enriquece con fondos Next Generation; a su hermano, que curiosamente ha mudado su domicilio a Portugal para no pagar impuestos en España", recitó precisamente el miércoles, horas antes de la carta, la dirigente del PP Ester Muñoz. No hay ningún procedimiento judicial abierto por ninguno de estos temas.

Cristina Monge, profesora de Sociología en la Universidad de Zaragoza, cree que la carta de Sánchez, "por el tono, la forma y la propia redacción desde las tripas", evidencia que el presidente en efecto está bajo un fuerte "impacto emocional" por los ataques a los suyos. Y cree que está servida en bandeja la oportunidad de preguntarse qué clase de política lleva a un presidente a un "extremo" así. Además, añade, lo ocurrido interroga sobre "hasta qué punto del entorno" de un responsable político puede llegar la crítica de sus adversarios. "Yo me acordé [tras leer la carta] de las hijas de Zapatero, a las que se machacó por vestir con estilo gótico", cuenta. Precisamente el expresidente socialista salió este miércoles a la arena pública a reforzar un mensaje: "Hay un límite en el que uno, aunque sea un político consistente y duro, sufre mucho, y ese límite es tu familia".

Carmen Lumbierres, profesora de Ciencia política de la UNED, cree evidente que hay "una parte de crisis personal" de Sánchez, pero está "teatralizada" con fines políticos. "El juego sucio de la oposición y los ataques a la familia son un tema importante, pero no son el tema aquí. No creo que [Sánchez] esté enarbolando una bandera ética, sino haciendo una llamada a que lo defiendan –y no sólo los suyos [el PSOE], sino también sus socios– ante una campaña de ataques frente a la que ya no puede más".

Va en relación con lo anterior, y también se incluye en el haz de discusiones que quiere abrir el PSOE. Ya lo dijo, refiriéndose a los ritmos y a la beligerancia de la vida política, el exdirigente andaluz de IU Antonio Maíllo al anunciar su vuelta al instituto en 2019: "Esto es incompatible con la vida". No es ahora la primera vez que se abre este debate. También apareció con fuerza cuando dimitió el año pasado la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacind Ardern, declarándose "sin energía" para seguir.

Habla Cristina Monge: "Hemos convertido al político en el muñeco para el pimpampum con el que desahogar nuestras iras. Se le exige dedicación exclusiva, pero se le paga poco y a la vez se lo somete al escrutinio total de toda su vida. Y encima, el ataque a la familia. En una conferencia hace poco, les pregunté a los asistentes: 'Si usted tiene un hijo con una carrera profesional –en el derecho, en la medicina, en la enseñanza– y de repente le dice que quiere ser concejal, ¿qué le diría?' Que no lo hiciera, respondían, claro. Justo cuando necesitamos a los mejores, cuando necesitamos el prestigio de la política, más se machaca a la política, al político y a sus familiares".

Coincide aquí Carmen Lumbierres: "La política es vista como una actividad infame y además condiciona no sólo tu vida, sino la de quienes están a tu alrededor. Se pide ejemplaridad cristiana hasta límites que no nos exigimos a nosotros mismos", señala la profesora de la Unidad, que recalca cómo a las trabas que a menudo afectan a quienes se dedican a la política para trabajar después en el sector privado se suman cada vez más las trabas a sus familiares para desempeñar cualquier tarea –por limpia que sea– que los ponga en relación con las Administraciones públicas. "Así, ¿quién va a querer dedicarse a la política?", pregunta retóricamente.

Responde Xavier Coller, catedrático de Ciencia Política en la UNED, con vasta experiencia en el estudio de los mecanismos de selección de élites en los partidos. Ante un ambiente "crispado" y con la certeza de que entrar en política es "malo profesionalmente y duro para la familia", se agudizará la tendencia a que se sientan atraídos por esta actividad "los más fieles, los más hooligans", algo que a su vez agravará el problema. "Es un caso claro de selección adversa", señala.

Sánchez no apunta sólo contra el PP y Vox –"derecha y la ultraderecha"–, también contra la "galaxia digital", un espacio en el que han prosperado las informaciones a las que les dan pábulo. Esta alusión lleva la mirada a los medios que publican falsedades y manipulaciones. El asesor de comunicación Antonio Gutiérrez-Rubí incluso cree que el formato de la misiva está pensado para iluminar –por contraste– ese punto: "En tiempos de bulos, intoxicaciones y deep fakes… Sánchez elige armas: una carta tradicional, en papel (en soporte pdf), analógica y sin membrete. Es un recurso clásico en sociedades hipertecnológicas. Apuesta por el texto, el sentido de la palabra y la narrativa discursiva frente a la ráfaga digital, el mundo troll y la fachosfera".

Lumbierres cree que aquí llegamos a un punto fundamental. La profundidad del fangal político sería imposible, señala, sin "pseudomedios" que "reciben financiación de administraciones del PP y viven en campaña electoral constante, generando contenido que se viraliza y es utilizado por ese mismo partido para apoyar sus denuncias, que a su vez son recogidas por otros medios". "Los pseudomedios, porque me niego a llamarlos medios, son fundamentales para llevar la política al barro. Lo hemos visto en Estados Unidos con el trumpismo y ahora pasa en toda Europa", añade. Este mismo jueves, la dirigente del PP Ester Muñoz, preguntada en TVE por las pruebas de sus manifestaciones contra el hermano, el suegro y el padre de Sánchez, afirmó: "Yo he hecho referencia a cuestiones que conoce todo el mundo y que están publicadas".

En el caso de la apertura de diligencias contra Begoña Gómez, la denuncia de Manos Limpias se basa en recortes de prensa, entre ellos una información falsa de The Objective que fue difundida –y después rectificada– por Telemadrid, con lo que "se cierra el círculo del bulo", apunta Lumbierres. Se pregunta Monge, con la vista en Manos Limpias: "¿Hasta dónde podemos y debemos admitir que una entidad legal, este pseudosindicato, mantenga este tipo de actividad?".

Un responsable de una formación en el espacio de Sumar señala que el debate sobre los medios es uno de los que permite "ir al fondo" en un asunto clave y evitar que toda la discusión se desarrolle en torno a "emociones" y "personalismos". "Sánchez no se puede limitar a quejarse sin hacer nada. Vivimos en una bulocracia. El poder mediático no es que mande, es que condiciona toda la vida democrática con estrategias absolutamente antidemocráticas. Y nadie hace nada. Es más, los medios que participan de esta estrategia reciben financiación pública", señala.

El mismo dirigente señala que otro ámbito en el que hay que "pasar a la acción" es la justicia. "Sánchez –señala– abre el debate de la justicia, pero al mismo tiempo deja que la renovación del CGPJ se pudra en Europa. No, no. Esto no es personal, es político, porque es la máxima expresión de una constante en España: cuando gobierna la izquierda, los poderes fácticos se revuelven. Hay que hacer cambios y no gestos. ¿O qué va a hacer [Sánchez] si no? ¿Dimitir y dejarnos el problema a los que nos quedemos, con la misma justicia politizada, sesgada e impune?". Desde Podemos son múltiples los mensajes que, mientras muestran apoyo al presidente, le recuerdan también que la formación morada ha sufrido "lawfare" y acusan a Sánchez de no haber actuado en su defensa.

En su carta, el presidente no acusa de nada al titular del juzgado de instrucción 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, que ha abierto la investigación contra su esposa. No obstante, han cundido las interpretaciones que sitúan a la justicia como uno de los destinatarios del mensaje, más aún cuando por la mañana en el Congreso había dicho que seguía creyendo en ella "a pesar" de haber conocido dicha apertura de diligencias.

Las valoraciones jurídicas desde la apertura de las diligencias apuntan mayoritariamente a dos conclusiones. La primera, que no hay elementos –al menos, conocidos– para sostener un caso penal contra Gómez. La segunda, que la apertura de una investigación secreta contra Gómez basándose en la denuncia de Manos Limpias y sin consultar a la Fiscalía es como poco cuestionable. Así lo expresaba el catedrático de derecho procesal Jordi Nieva-Fenoll: "Leída la denuncia de Manos Limpias. Imposible entender que un juez haya podido admitir a trámite semejante escrito".

Cristina Monge cree que, más que en el "lawfare", aquí lo relevante estriba en la "absoluta falta de vías para la "rendición de cuentas" de la justicia. "Que jueces y fiscales no tengan mecanismo de este tipo los hace impunes ante todo. El poder legislativo tiene rendición de cuentas, que son las elecciones; el poder ejecutivo rinde cuentas [ante las Cortes]. Además, a estos dos poderes les exigimos cada vez más. Con la justicia no hay", señala Monge, que amplía el arco de su reflexión: "La conclusión fundamental es que en democracia todos los actores políticos y sociales, todos, tenemos un papel que cumplir y cuando uno o varios no lo cumplimos con diligencia, decimos eso de 'así mueren las democracias'".

Los críticos con Sánchez se centran en otro aspecto. A su juicio, la carta responde a un movimiento calculado y electoralista del presidente, que trata de aferrarse al poder convocando a un plebiscito emocional donde hay que elegir entre un nosotros, o más bien un yo virtuoso, y un ellos malvado. Asistimos a un "espectáculo de adolescente", resume el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, para quien Sánchez sólo pretende "victimizarse" y "polarizar". Ahí es donde ven la gran cuestión democrática abierta.

Xavier Coller, autor de La teatralización de la política en España, Broncas, trifulcas, algaradas, no cree que el gesto del presidente haya llevado las dinámicas de polarización y crispación que dominan la vida pública a ninguna cota nueva, pero sí que no ha aprovechado la oportunidad de marcar un punto de inflexión. Y eso que, al principio, se lo pareció.

El académico leyó dos veces la carta de Sánchez. La primera le dejó buen sabor de boca. Entonces sí le pareció un "basta ya", un "no puedo más con este ambiente", un "hasta aquí hemos llegado". A su juicio –y así lo recoge en su libro–, para salir de la actual dinámica de polarización tiene que haber una figura del tablero político que rompa la inercia y "levante el teléfono" para decirle al adversario: "Por aquí no vamos bien, ¿hablamos?". Y la primera impresión de Coller es que la carta de Sánchez podía ser esa llamada. Pero la segunda lectura, más atenta, disipó esa esperanza. "Hay [en la carta] mucha insistencia en la derecha y la ultraderecha, en señalar al culpable. Si señalas así a aquel con el que quieres hablar, ¿de qué vas a hablar?". No obstante, Coller mantiene que el gesto del presidente –al margen de la decisión que anuncie el lunes– tiene el "efecto positivo" de haber conducido la atención pública a los riesgos de un tipo de política "que nos lleva por muy mal camino".

El economista y sociólogo Andrés Villena considera la carta un síntoma de un nivel tal de "disfuncionalidad" de la política en España que ha llevado "al límite" a uno de sus principales protagonistas. "En España se da un equilibrio entre élites polarizadas que a base de gritarse mantienen la estabilidad", señala Villena, para quien el gesto de Sánchez ahora tiene más de "intento de interrumpir" esta dinámica que de profundización en la misma.

Lumbierres cree que el movimiento de Sánchez se inserta en una lógica política cada vez más marcada por el espectáculo y la emocionalidad, pero señala que "lo más grave" de su movimiento, es el "hiperliderazgo personalista" que destila y que cada vez más se apodera de los partidos, influidos por Estados Unidos. "Aunque pueda haber una crisis personal, una decisión así no se debería tomar sin tener en cuenta a tu partido, en este caso el PSOE, que está gobernando en muchas instituciones. Si de verdad hay que reprobar algo a Sánchez, es actuar al margen de su partido", afirma.

La extrema derecha internacional celebra reunión familiar esta semana. Ni el dónde –Budapest, Hungría, patria de Viktor Orbán–, ni el cuándo –en plena precampaña de las elecciones europeas– son elementos carentes de significado político. El primer ministro húngaro ejercerá jueves y viernes como anfitrión de la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC), la plataforma de la rama más radical y trumpista del ya de por sí radicalizado y trumpista republicanismo estadounidense. El guión está claro: mucho rechazo al globalismo, mucha reivindicación de la génesis cristiana de Occidente, mucha mano dura con la inmigración, mucho rechazo a la izquierda woke. En síntesis, el mundo entendido como una lucha entre el bien y el mal, entre Occidente –cada una de sus naciones– y los enemigos de sus valores, sean comunistas, feministas o extranjeros.

Hasta ahí, todo claro. Las extremas derechas de las Américas y Europa, que aspiran entre otras metas para este año a volver a ocupar la Casa Blanca y a obtener una fuerza inédita y decisiva en la Eurocámara, comparten un amplio programa común, que en todo caso orilla la diferencia de intereses entre clases en la lectura de la economía y los conflictos sociales. Ahora bien, yendo a la letra pequeña empiezan a aparecer las aristas. Por ejemplo, Santiago Abascal coincidirá en Budapest con acreditados fans de Carles Puigdemont. Seguramente menos incómodo para Abascal será compartir mesa con un agitador conspiranoico estadounidense que difunde un vídeo con una canción exaltando la represión franquista.

Los pasillos de la CPAC serán un hervidero de personajes que sobresalen por su extremismo incluso en un entorno donde el radicalismo es ley. ¿Ejemplos? Las trayectorias de los participantes estelares dejan un rastro de exaltación del franquismo y sus crímenes –exaltación desde Estados Unidos, donde también hay una reivindicación carlista por no ser Felipe VI suficientemente firme en su defensa del cristianismo–, difusión de teorías de la conspiración de índole sexual ampliamente refutadas, posibles vínculos con la extrema derecha antisistema bajo investigación en Alemania –país donde este tipo de conexiones son especialmente delicadas–, supremacismo blanco...

El ala dura del republicanismo USA evidencia fascinación por Hungría y por su modelo de nacionalismo autoritario, que causa alarma a la UE. En coherencia con esta admiración, la CPAC celebra esta semana en Budapest un encuentro internacional, organizado en colaboración con el Centro por los Derechos Fundamentales, un think tank húngaro alineado al milímetro con Orbán. El primer ministro magiar –de más que cálida relación con Donald Trump, que lo tiene por su principal aliado en Europa– será una de las estrellas del encuentro. En la nómina de speakers figuran una decena larga de húngaros más entre colaboradores del propio Orbán, directivos del Centro por los Derechos Fundamentales, líderes de asociaciones nacionalistas –o de las minorías húngaras en países como Ucrania o Serbia–, propagandistas y parlamentarios.

La cita, en la que también es fuerte la presencia polaca, no anda corta de nombres de relumbrón: junto a Geert Wilders, líder del ultraderechista y xenófobo Partido de la Libertad de Países Bajos, figuran el primer ministro de Georgia, Irakli Kobahhidze, los ex jefes de Gobierno de Australia, Tony Abbot, y Eslovenia, Janez Jansa, y el candidato presidencial chileno José Antonio Kast, defensor de Augusto Pinochet.

En un programa en el que están representados diversos países de Europa y las Américas y llama la atención la débil impronta de los de italianos, también es fuerte Vox. Están programadas intervenciones del europarlamentario Hermann Tertsch, así como de Jorge Frías, director de la Fundación Disenso, el laboratorio de ideas de Vox, además del destinatario de millonarios envíos de dinero provenientes del partido ultraderechista, que declinó participar en este artículo.

Pero la estrella de la delegación española es el propio Abascal. El presidente de Vox participará en la primera mesa del programa, titulada Wokebusters, algo así como "cazawokes", es decir, cazadores de aquellos que la extrema derecha ve como obsesos de la integración de las minorías y la corrección política.

La batalla contra el wokismo y lo que suelen llamar "ideología de género" –una fijación del republicanismo estadounidense de base evangélica exportada a Europa y América Latina–, el rechazo a la inmigración pobre –"proteger las fronteras", "salvar Occidente",– y el nacionalismo –presentado en oposición al "globalismo" justo en el país de George Soros– se presentan como grandes prioridades temáticas del encuentro.

En Wokebusters Abascal coincide con la presentadora de Fox News Sara Carter, propagandista de Trump y sus valores: defensa de las armas, la mano dura con la inmigración y una política –supuestamente– inspirada en Dios y la Biblia; rechazo de la redistribución de la riqueza, las medidas contra el cambio climático, el aborto y el feminismo.

Si Carter se entusiasmó desde Estados Unidos con lo que sus detractores llamaron "la revuelta de los cayetanos", nacida en 2020 en algunos de los barrios más ricos de Madrid contra las restricciones por el covid, la también televisiva Eva Vlaardingerbroek, en este caso holandesa e igualmente presente en la mesa Wokebuster, tiene un vínculo aún más estrecho con España, donde acredita al menos dos visitas: una al festival Viva de Vox de 2022 otra al "Noviembre nacional" contra el PSOE de 2023.

Completan la nómina de "cazadores de wokes" la ministra israelí de Innovación, Gila Gamliel, y el agitador trumpista Jack Posobiec. Gamliel se ha significado como una de las voces oficiales más duras contra la población palestina a raíz de la invasión israelí tras los atentados de Hamás en octubre del año pasado. Abierta partidaria de reasentar a los gazatíes fuera de la Franja, es decir, de que abandonen su tierra y no vuelvan, Gamliel es una de los dos representantes en la CPAC del Gobierno de Benjamin Netanyahu, al que la ONU acusa de estar cometiendo genocidio. El otro es Amichai Chikli, del partido Likud al igual que Gamliel, ministro para Asuntos de la Diáspora y contra el Antisemitismo, que ha afirmado que Pedro Sánchez ha perdido su "brújula moral".

Posobiec es una celebridad en el avispero ultra de Estados Unidos, donde ganó fama por planear la presencia en una manifestación contra Trump de un cartel que pedía "violar a Melania", en referencia a Melania Trump, la esposa del magnate, con el objetivo de desacreditar a los opositores del entonces presidente, como publicó BuzzFeedNews. Redactor jefe del medio Human Events, vergel del extremismo y la teoría de la conspiración, Posobiec suma más de 2,5 millones de seguidores en X, antes Twitter. El hombre busca una y otra vez la polémica. Su propósito es "acabar con la democracia", dice, porque la "gloria" pertenece a Dios, no al Gobierno. Tal cual.

Como propagador de bulos y teorías de la conspiración, ha dado alas al pizzagate, una insólita paranoia según la cual Hillary Clinton dirige una red internacional de pedofilia. Defensor de los seguidores de QAnon, a los que presenta como perseguidos por la cruzada progre, y extremadamente crítico con las vacunas, Posobiec está convencido de que el Gobierno de Estados Unidos quiere volver a implantar medidas anti-covid para poner al país en pie de guerra y prepararlo para un enfrentamiento directo con Rusia. Ese es Posobiec, que se sentará en la mesa de wokebusters con Abascal.

Un dato más de Posobiec: es un exaltador de Francisco Franco. Sí, del Caudillo. No es un fenómeno tan raro como podría pensarse en las filas de la derecha integrista yanki, donde la figura del dictador español sirve para encarnar la lucha a muerte contra el comunismo y la defensa de los "valores cristianos". Pero en Posobiec la admiración es especialmente pronunciada. Además de celebrar los viernes los "Franco Fridays", comparte vídeos donde se exalta a Franco, se lo llama "Uncle Frank", algo así como "Tío Paco", se celebran sus matanzas de "rojos"... "¿Y si todo lo que te contaron sobre la guerra civil española fuera mentira? ¿Y si Franco salvó a España de la masacre comunista y luchó por Cristo? El Caudillo tenía razón", escribió Posobiec hace menos de un mes.

Otro que se refiere con simpatía al franquismo en la nómina de oradores de la CPAC de Budapest es Gavin Wax, presidente de un popular club de jóvenes republicanos de Nueva York, también aliado de Trump. Wax se se escandaliza al ver "cómo pasó la católica España franquista del '¡Viva Cristo Rey!' en 1975 a los chicos transexuales de 16 años en 2022". "¿Perdieron la guerra?", se pregunta extrañado. Ha repetido este mensaje: Franco debería haber puesto "un carlista en el trono". Lo ha dicho en X compartiendo un tuit sobre la llegada de inmigrantes a Almería y también compartiendo otro que muestra indignación al comprobar que en su último discurso de Navidad Felipe VI "no mencionó a Jesús ni al cristianismo". "Debería haber un carlista en el trono", escribía Wax.

Puede que la compañía más incómoda para Puigdemont en la CPAC sea la de Tom van Grieken, que participa en la mesa La soberanía vive, el globalismo muere. ¿Quién es? Es el presidente del partido nacionalista flamenco Vlaams Belang.

Esta formación se erigió en 2017, tras el referéndum inválido del 1 de octubre en Cataluña, en destacado defensor de Carles Puigdemont, del procés y de la legitimidad del resultado de aquella consulta. Para Vlaams Belang, los presos del procés son "presos políticos" represaliados por perseguir la independencia de Cataluña, de la que los nacionalistas belgas son defensores.

El mismo Van Grieken que comparte cartel con Abascal estuvo en 2017 en una concentración en Bruselas en defensa del expresident. También está prevista la participación en el encuentro en Budapest de Gerolf Annemans, eurodiputado de Vlaams Belang y entusiasta de Puigdemont y de la independencia de Cataluña, que abiertamente cuestiona el sistema judicial español.

infoLibre preguntó al partido flamenco si mantenía estas posiciones hoy día y si ello generaba algún conflicto con Vox, pero no hubo respuesta.

Negacionismo climático, rechazo a la idea de violencia machista, loas a regímenes autoritarios, xenofobia o reivindicación de la superioridad del matrimonio hombre-mujer como modelo de familia son trazas fáciles de encontrar en la trayectoria de la amplia nómina de figuras de la extrema derecha citadas en Budapest. Lo que hace poco más de una década era marginal hoy se enseñorea sin complejos de espacios respetables.

Pero hay personajes que sobresalen incluso en una nómina donde el radicalismo es la norma. Es el caso de Martin Helme, líder de la ultraderecha Estonia, con una acreditada trayectoria de racismo, que incluye un gesto explícitamente vinculado al supremacismo blanco y una frase para el recuerdo: "If you're black, go back", o "si eres negro, fuera". Helme hablará en Budapest sobre "conectividad conservadora".

Delicada es la posición de Hans-Georg Maassen, un exjefe de la inteligencia alemana con el CDU de Angela Merkel en el Gobierno que fue destituido en 2018 por minimizar ataques xenófobos. La Oficina Federal para la Protección de la Constitución, que el propio Maasen ha dirigido, tiene ahora almacenados datos sobre él al vincularlo con el extremismo derechas. Según el diario Spiegel, el investigado prevé anunciar acciones legales contra dicha Oficina. Maasen participará en el panel Salvar occidente, proteger las fronteras.

La cuestión ucraniana es espinosa en la extrema derecha nacionalista a uno y otro lado del Atlántico. En la UE Hungría encarna la resistencia más dura a ayudar a Volodimir Zelensky, lo que provoca tensiones y desconfianza entre los nacionalistas de países como Polonia. No obstante, en Europa la mayoría de la extrema derecha afín a Vladimir Putin ha ido borrando sus huellas, renegando del presidente ruso y aceptando el marco de la Comisión Europea, partidaria de las sanciones a Rusia y de las ayudas a Ucrania.

En Estados Unidos, mientras tanto, hay ya todo un sector del republicanismo contrario a seguir ayudando a Ucrania. Esta posición se asocia con el sector más duro del partido de Trump y, por supuesto, está representado en la CPAC, donde está programada la participación de dos congresistas (Keith Self, por Texas, y Andy Harris, por Maryland) que han votado no al programa de ayuda a Ucrania aprobado la semana pasada por la Cámara de Representantes.

Self se ha destacado como una de las voces más enérgicas contra este paquete de ayuda. El rechazo a este programa no es fácil ni siquiera en el Partido Republicano, por lo se suele revestir de una excusa en clave interna: la necesidad de destinar fondos a reforzar las fronteras.

Así lo hace Self y así lo hace también el senador por Oklahoma Markwayne Mullin, que condiciona su apoyo a la ayuda a la garantía de obtener "seguridad en las fronteras". No obstante, no es este el episodio más popular de la trayectoria de Mullin, incluido en el catálogo de oradores de la CPAC, que en noviembre del año pasado retó a un líder sindical a una pelea –una pelea física– en el Senado, lo que obligó a Bernie Sanders a intervenir. Se puede ver en este vídeo a partir del segundo 50. Mullin, que llegó a ponerse en pie en actitud de dirigirse hacia el líder sindical para pelear, dijo después que su actitud fue una muestra de los "valores de Oklahoma".

Si Orbán es la estrella presente, Trump es la ausente. No está prevista su asistencia, pero su huella impregna todo el cartel. El propio presidente de la CPAC, Matt Schlapp, habitual de la Fox, es un prominente aliado de Trump.

Schlapp vive horas delicadas. Un estratega republicano que lo acusó de agresión sexual el año pasado retiró la demanda tras un acuerdo económico, según ha publicado CNN. Schlapp siempre se ha declarado víctima de una campaña de medios de izquierdas. infoLibre pidió su versión para este artículo a través de la CPAC, sin respuesta.

Además de Schlapp, forma parte del programa de Budapest su esposa y madre de sus cinco hijos, Mercedes Mercy Schlapp, que fue asesora de comunicación de Trump durante su mandato presidencial. Otros trumpistas de primera fila en el cartel son Kimberly Fletcher, presidenta de Mamás por América, y Matt Whitaker, al que el magnate neoyorquino nombró fiscal general interino.

Al mirar los números, cabe preguntarse: ¿cómo logran proteger los rentistas tan eficazmente sus intereses? Veamos. El porcentaje de hogares que obtienen rentas inmobiliarias en España no supera el 10%: un 9,04% según la Agencia Tributaria, un 9,32% según la Encuesta de Condiciones de Vida, un 9,87% según la Encuesta Financiera de las Familias. En síntesis, entre un 9 y un 10. Sin embargo, como resaltan los investigadores especializados en vivienda Daniel Sorando, Eduardo González de Molina y Jordi González Guzmán, rara vez se agrieta el blindaje de lo que les conviene. ¿Por qué?

Los tres coinciden en un factor, no exclusivo pero sí determinante: la fuerza del lobby inmobiliario.

infoLibre ha realizado un mapeo de la miscelánea de grupos defensores del negocio inmobiliario en España, que a pesar de la heterogeneidad de su composición presenta una fuerte cohesión en el discurso, con las políticas de control de precios como enemigo común. El cuadro resultante es una alianza de fuerzas con orígenes hace más de medio siglo, con terminales que se nutren de la política y ramificaciones casi infinitas, todo ello al servicio de una incesante actividad tanto de presión –e influencia– en los partidos y las instituciones como de producción de contenido a la medida de sus objetivos.

¿Cómo logran proteger los rentistas tan eficazmente sus intereses?, preguntábamos. La respuesta es que dichos intereses están cubiertos por un bloque que va mucho más allá de las familias que perciben rentas inmobiliarias para incluir a promotores y constructores, fondos de inversión, socimis, asociaciones profesionales, portales de internet, banca...

A González Guzmán, investigador en la Facultad de Derecho de la Universitat Pompeu Fabra, le gusta definir la vivienda como "un campo" de múltiples dimensiones. "Es un derecho, un techo, también un activo inmobiliario y financiero... Es un terreno en el que entran en disputa intereses contrapuestos, y el interés más fuerte es inmobiliario", señala el profesor, que ilustrar dicho "desequilibrio" utilizando precisamente la reciente reunión convocada por Pedro Sánchez para abordar políticas en este ámbito.

Según Guzmán –en juicio compartido por Sorando y González de Molina–, el lobby inmobiliario ha logrado un doble objetivo. Por un lado, un alineamiento de toda la clase rentista, desde el pequeño propietario al fondo de inversión y la socimi; por otro, una popularización de su argumentario entre propietarios no rentistas. "Trabaja de forma muy inteligente y estratégica. El discurso a favor del negocio inmobiliario conecta con la estructura de propiedad de este país [más del 75% de la vivienda es en propiedad, según datos del INE] y así resuena en un público muy amplio", señala González Guzmán, que añade otra ventaja de partida para quienes rechazan cualquier política que amenace la revalorización de la propiedad inmobiliaria: "Llevan muchos años organizándose".

Ejemplo emblemático de solera organizativa es la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCE), fundada en 1968. No se mueve una hoja sin contar con la APCE. Si tanto el Gobierno como el PP acaban de convocar reuniones sobre vivienda con diferentes entidades, en ambas ha estado representada esta entidad, que practica al mismo tiempo la influencia política y la difusión de mensajes en contra de cualquier medida de intervención en el mercado, especialmente contra la ley de vivienda, una norma "ideologizada" –asegura– que hará caer la oferta y agravará el encarecimiento.

Continuo surtidor de posicionamientos sobre la actualidad inmobiliaria, la APCE es fuente habitual de informaciones que apuntan a un supuesto traslado de la inversión fuera de Cataluña de casi un 20% de promotores a raíz del control de precios en aquella comunidad, o que alertan de la futura caída –hasta un 15%– de la compraventa a causa de las medidas del Gobierno... Con el objetivo de aumentar su influencia en el debate público, en febrero la APCE anunció un "observatorio del alquiler", que se suma a la "biblioteca" de publicaciones de la entidad y servirá para "vigilar de cerca la evolución" de las zonas tensionadas.

Con un congreso anual financiado por entidades como Servihabitat o Caixabank, la APCE se articula en multitud de organizaciones territoriales. Sobresale la Associació de Promotors de Catalunya, que presenta una peculiaridad: su penetración en la universidad, a través de la cátedra Vivienda y futuro en la Pompeu Fabra.

La cátedra APCE-UPF ha sido polémica. El Sindicat de Llogateres ha denunciado que el dato del 15% de retroceso de la oferta en Cataluña a raíz de la regulación de los precios, dato salido de un informe de esta cátedra, no se ajusta a la realidad. "FAKE: La regulación de alquileres catalana NO bajó la oferta un 15% (a pesar de que muchos medios lo están afirmando)", alertó el sindicato en una nota de hace algo más de un año. El texto añadía: "Un estudio sobre la regulación de los alquileres impulsado por la patronal inmobiliaria APCE tiene la misma credibilidad que un estudio financiado por Marlboro sobre las consecuencias del consumo de tabaco".

Este periódico preguntó a la UPF qué hace para evitar que cátedras financiadas por entidades con intereses en un sector se vean influidas precisamente por la entidad que las impulsa. La respuesta fue: "En la UPF cada cátedra está dirigida por un académico de reconocido prestigio y experiencia en el ámbito del proyecto, que es nombrado por la rectora. Se trata siempre de científicos y profesionales comprometidos con la objetividad y el tratamiento riguroso de los datos y resultados obtenidos".

A la cátedra APCE-UPF se suma otra, Tecnocasa-UPF, dirigida por el catedrático de Economía José García-Montalvo, que a su vez figura como vocal del consejo de administración de Abanca. Dicha cátedra tiene entre sus fines "analizar en profundidad el dinamismo del mercado inmobiliario y financiero en España" y elaborar un índice semestral de precios. Lázaro Cubero, director de Análisis del Grupo Tecnocasa, explica a infoLibre que como intermediadores no tienen interés en que el precio suba, ni en que baje, sino en que vendedores y compradores lleguen a acuerdos, para lo que es útil tener información fiable sobre el mercado.

Tras la aprobación de la ley de vivienda la cátedra Tecnocasa-UPF publicó un informe pronosticando que el límite a las rentas en las zonas tensionadas y la "inseguridad jurídica" reducirían un 11,7% la oferta de alquiler en alquiler. El teletipo de Europa Press optó por el número redondo de viviendas que se perdería: unos 100.000 inmuebles. Múltiples medios lo replicaron.

Este periódico trató de conocer la cuantía exacta de la financiación de ambas cátedras de la UPF, sin resultado. Tanto la universidad catalana como Tecnocasa recalcaron que la financiación mínima de las cátedras de empresa en la Pompeu es de 30.000 euros anuales, pero no precisaron más. La entidad universitaria se remitió a su página web para conocer en mayor detalle el funcionamiento de sus cátedras [aquí, aquí, aquí y aquí]. La APCE y la Associació de Promotors de Catalunya no respondieron.

La patronal CEOE, la principal en España, es una poderosa herramienta de defensa de los intereses del negocio inmobiliario. No sólo la APCE es parte de la institución que preside Antonio Garamendi, también las siguientes entidades:

– Confederación Nacional de la Construcción (CNC). Otra histórica, de 1977. Sentada a la mesa tanto con el Gobierno como con el PP. Sus mensajes se sitúan contra el "intervencionismo" y a favor de la "colaboración público-privada" para aumentar la oferta. La CNC ha anunciado la creación de una patronal para representar a 400.000 autónomos del sector. El bloque inmobiliario sigue creciendo y trabando alianzas.

– Federación de Asociaciones de Empresas Inmobiliarias (Fadei). Otra destacada voz en contra del control de precios. Fuente habitual para diagnósticos sobre vivienda, ha pronosticado una subida del precio del alquiler en 2024 a causa de "la inseguridad de los pequeños ahorradores" por la nueva ley.

– Asociación Española de Socimis, que son sociedades cotizadas dedicadas a la inversión inmobiliaria, un operador cuestionado por su ventajoso régimen fiscal. La componen 36 socimis, no sólo del sector residencial. Su presidente, Javier Basagoiti, socio de una de ellas, Inbest, es un defensor de que los mercados "se regulan solos". Son "socios colaboradores" de Asocimi –así se llama– el gigante de la consultoría PwC, la asesora Grant Thornton, la tasadora Tinsa y la financiera Renta 4, todas entidades que elaboran informes sobre precios o tendencias del mercado.

– Wires, asociación de consejeras y directivas del sector. Esponsorizada por empresas como Aedas Homes o la consultora CBRE. Su presidenta es Carmen Panadero, de Impar Capital, otra voz contra la ley de vivienda.

También forman parte de la CEOE tres entidades que, sin estar exclusivamente vinculadas al sector inmobiliario, fueron invitadas por el Gobierno a su reciente reunión para abordar políticas de vivienda: la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructura (Seopan), la Asociación Española de la Banca (AEB) y la Confederación de Cajas de Ahorro (CECA).

El bloque inmobiliario combina dos grandes líneas de discurso. La primera rechaza las políticas de "intervención" destinadas a reducir el precio del alquiler, dado que –según su diagnóstico– ahuyentan la inversión y fomentan la informalidad, con el efecto de reducir la oferta y a la postre incrementar el precio, resultado que no sería así producto de quienes poseen el bien, sino de las medidas para intentar que lo exploten a precio asequible. Esta línea de discurso cubre el interés de los propietarios que se lucran de la vivienda sea con el cobro de rentas o con la reventa tras revalorización del inmueble.

La segunda línea se centra en la reclamación al Estado de que construya vivienda. La prioridad a la hora de encarar el problema de la escasez de vivienda social nunca estaría en aflorar vivienda vacía con medidas fiscales, lo cual entraría dentro del capítulo intervencionista, sino en levantar más ladrillo. Esta línea respalda esencialmente el interés de constructores y promotoras, así como de una toda una nómina de colectivos profesionales y empresariales: gestores, arquitectos, aparejadores, urbanistas...

Los estudios avalando la necesidad de impulso público a la construcción de vivienda son múltiples. Uno de los más recientes, de febrero, trae la firma del think tank de la CEOE, el Instituto de Estudios Económicos, presidido por Íñigo Fernández de Mesa, secretario de Estado de Economía entre 2014 y 2016 (PP). ¿Su título? La colaboración público-privada y el reto de la vivienda. Su eco en los medios de comunicación ha sido amplio. Es un patrón en este avispero de organizaciones. Una publica, muchas replican.

Entre quienes han difundido el estudio del IEE está Asval, una entidad de la que tanto Daniel Sorando como Eduardo González de Molina destacan su papel a la hora de establecer una alianza entre los rentistas particulares, por un lado, y los grandes tenedores, fondos de inversión y socimis, por otro. Asval, en concreto, reúne a 6.000 asociados entre "particulares y empresas", tratando de desdibujar los límites entre lo que representa el fondo Blackstone –su mayor socio a través de la presencia de firmas como Albirana, socimi de Anticipa, y Testa– y una familia con una vivienda arrendada.

Asval es un foco permanente de agitación contra las medidas que rocen los intereses de la propiedad o la "seguridad jurídica". Si el lector se topa con una noticia que hable del "sector", en referencia al inmobiliario, es probable que dentro esté –sola o en compañía– la opinión de un portavoz de Asval. Un caso, de marzo de este año: "El índice del alquiler desata el revuelo del sector: de amplio desajuste a incluso subidas".

Pero Asval no se limita a comentar, también actúa. Su campaña más sonada tuvo lugar en 2023, cuando anunció una masiva presentación de reclamaciones de propietarios al Estado por los límites al alquiler. La noticia corrió como la pólvora [aquí, aquí, aquí y aquí]. infoLibre preguntó a Asval en qué ha quedado dicha campaña, pero no hubo contestación.

El modo de funcionar de Asval desvela un rasgo que no será único de esta entidad: el fichaje de figuras con currículo político. Su presidenta es Helena Beunza, secretaria general de vivienda con el Gobierno del PSOE entre julio de 2018 y febrero de 2020, elegida hace dos meses y medio en sustitución del exministro y exalcalde de Barcelona Joan Clos.

Beunza no fue la primera opción. Su nombramiento se produjo tras el frustrado intento de fichaje de Isabel Pardo de Vera, ex secretaria de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, también durante la etapa del PSOE. Pardo de Vera descartó su incorporación tras la marejada provocada por la publicación de la noticia sobre su nombramiento.

Al igual que Asval, también tiene un expolítico al frente a la Asociación Española de Consultoras Inmobiliarias (ACI), que reúne a un puñado firmas internacionales que copan el negocio de la consultoría inmobiliaria en España, con más del 90% del mercado: BNP Paribas, Catella, CBRE, Cushman & Wakefield, JLL, Knight Frank, Savills y Colliers. Su presidente es Ricardo Martí-Fluxá, jefe de Protocolo con Juan Carlos I (1993-1996) y secretario de Estado con Jaime Mayor Oreja (PP) como ministro del Interior (1996-2000), que además es presidente del grupo de presión del sector defensa Tedae.

La ACI es difusora constante de argumentos contrarios a las políticas que, como la regulación de precios, pueden a su juicio ahuyentar a los inversores.. Tanto la propia ACI como sus miembros tienen entre sus tareas destacadas la elaboración de estudios sobre el sector, sobre el que se pronuncian con el sello de "expertos" mientras los referentes de la PAH o los sindicatos de inquilinos a menudo aparecen como "activistas".

El apartado de "publicaciones", "insight" o "research" de estos operadores brinda material para multitud de noticias y análisis sobre precio de la vivienda, expectativas de negocio, efectos de medidas anunciadas o implantadas, posibles políticas, experiencias comparadas...

Asval acredita relación con otro foco fundamental de producción de contenido e influencia: los portales de internet. En una lista de miembros publicada en 2021 y suprimida este mismo viernes, figuraban –junto a compañías como Aedas, Tectum, La Llave de Oro, Neinor, Servihabitat, Promur, Q Living, Elix Vintage, Global Pielago, Nuprosa o la antes citada APCE– los portales Idealista y Fotocasa, que dan amplia cobertura a las iniciativas de Asval [aquí y aquí].

¿Siguen ambos portales en Asval? La entidad presidida por Beunza confirma que sigue contando con Idealista entre sus "colaboradores y aliados", pero no hizo aclaración alguna sobre Fotocasa. Dicho portal asegura en respuesta por escrito: "Ya no somos socios y la verdad es que durante estos años no hemos tenido ocasión de hacer muchas cosas con ellos. Sí que estamos en otras asociaciones como Wires".

Idealista y Fotocasa están lejos de ser asépticos notarios del devenir del sistema inmobiliario sin intereses en el mismo, según apunta González Guzmán en este artículo publicado en Ctxt, donde les atribuye "un papel muy importante en la difusión de datos sesgados sobre el mercado [...], que en algunos territorios llegan a orientar las políticas públicas ante la ausencia de datos oficiales". Un dato llamativo: el propio Banco de España usa en sus informes datos de Idealista y Fotocasa.

Además de datos, Idealista publica opiniones en las que predomina el enfoque mercantilista. Su postura sobre la ley de vivienda y la regulación de precios es de oposición. Socio de citas del sector inmobiliario como The District, el portal tiene como "inversor de referencia" al fondo sueco EQT, según una comunicación de febrero. En cuanto a Fotocasa, 100% propiedad de Adevinta junto a Milanuncios, infojobs.net, coches.net, motos.net e invitado por el PP a su reunión para presentar su plan de vivienda esta semana, despliega su influencia a través de múltiples informes y estudios. Su perfil editorial es menos marcado, pero al igual que Idealista su enfoque sobre la vivienda pone especial énfasis en su dimensión como negocio y oportunidad de inversión.

Fotocasa, a través de un portavoz, defiende su imparcialidad. El portal, dice, "nunca se ha posicionado hacia un lado u otro". "Siempre velamos por el equilibrio como representantes neutrales de las dos partes que conforman el mercado inmobiliario: la oferta y la demanda. Aplaudimos aquellas medidas que ayudan a solucionar los grandes problemas de acceso a la vivienda y de igual manera cuando se proponen medidas que creemos irán en contra del sector o reducirán la oferta, también somos críticos, siempre intentando hacerlo desde la objetividad de los datos". "Como ejemplo desde la parte más de usuarios o de la ciudadanía –añade–, hace casi dos años lanzamos el Proyecto Vivienda".

La exdirectora de Estudios de Fotocasa, Beatriz Toribio, ha sido también directora general de Asval y ahora es secretaria general de APCE.

González Guzmán cita otro factor a favor de la miscelánea de grupos en defensa de la plusvalía inmobiliaria dentro de la partida que tiene lugar en el campo de la vivienda. Sus intereses, dice, sin ser idénticos, son "fácilmente articulables" en discursos sin contradicciones. "Todos necesitan amparo para sus inversiones y reaccionan cuando entienden que dicho amparo no se produce", afirma.

La ley de vivienda –tanto en su anuncio como en su aprobación y por último en su entrada en vigor– ha brindado varios de esos momentos de alerta por posible desamparo. Y por ello la norma ha facilitado un mirador desde el que observar el amplio bosque de organizaciones alineadas en el discurso anti-intervención, desde los consultores de Ascisi hasta las inmobiliarias con patrimonio propio de Asipa, pasando por la Agencia Negociadora del Alquiler o la Asociación de Personal Shoppers Inmobiliarios.

Con todo lo descrito, y ante "un conflicto que va a durar décadas" porque "no tiene una solución fácil para todos", González Guzmán ve un "absoluto desequilibrio" entre las fuerzas en disputa. Es decir, una superioridad de las posiciones mercantilizadoras frente a las que ponen el ahínco en la garantía del derecho a la vivienda. El lobby inmobiliario, señala el investigador, "defiende sus intereses de forma eficaz" gracias a una trayectoria histórica más prolongada y a un sostén económico más potente, factores que explican su "mayor capacidad" tanto de influencia en el poder político como de producción de discurso.

Ahora bien, el investigador también recalca que tanto la PAH, nacida en 2009, como los sindicatos de inquilinos de Madrid y Barcelona, en 2017, han consiguiendo en relativamente poco tiempo articular un "discurso contrahegemónico" al que cabe atribuir logros como la introducción de políticas de regulación de precios a través de la ley de vivienda, en la que ve "muchos agujeros" pero cuyos avances considera impensables sin este movimiento. "En 2016, cuando empezábamos a hablar de regular precios, nos decían que era una locura. En 2020 se regularon en Cataluña", afirma.

Si hay que hablar de la Administración Pública en España, de cómo presta –o no presta– sus servicios, de cuáles son las fuerzas que operan en su seno, de qué desafíos afronta o de cómo se podría mejorar su funcionamiento, el hombre adecuado es Carles Ramió (Girona, 1963). Catedrático de Ciencia Política en la Universitat Pompeu Fabra, Ramió hace en El colapso de la Administracion en España. Un análisis políticamente incorrecto (Catarata) un diagnóstico sombrío y sin contemplaciones. Aunque lo compensa poniendo ideas sobre la mesa, la lectura no deja de dar motivos de alarma.

Dice usted que con este libro se mete "en todos los charcos ingratos". ¿Por qué?

Hablo de temas que no se suelen tratar, como el confort de parte de los empleados públicos, también de su bajo estado de motivación. Como cualquier colectivo, los funcionarios tienen la piel muy fina. Quien lea el libro verá que tomo prevenciones, pero de forma descontextualizada hasta una pequeña crítica puede herir susceptibilidades.

La administración está en "su peor momento desde la instauración de la democracia" y sin medidas "urgentes" va al "hundimiento". ¿Tan mal está?

Al llegar la época de UCD y del PSOE teníamos una administración del siglo XIX, que se actualizó y fue funcionando bien. El problema que es no ha habido una reforma. Es el gran tema pendiente. Hubo dos destellos reformistas –uno con [Joaquín] Almunia en el 88 y otro con Jordi Sevilla en 2007– que quedaron en nada. Así que la administración lleva más de cuarenta años sin una reforma más o menos profunda. Nació de forma caótica y sobrevenida para atender a 40 millones de personas y ahora son 48. A eso hay que sumarle el envejecimiento y el efecto de dos crisis: la de 2008 y la pandemia. Ese es el panorama. Una administración que ha ido quedándose obsoleta se deteriora con la crisis, cuando se recorta mucho y por cobardía política se hace de forma homogénea, sin prioridades, precarizando todos los servicios. Sin tasa de reposición, la administración sale entonces mal parada. Y entonces llega la pandemia, que supone un punto de inflexión.

¿Por qué un punto de inflexión?

Con la pandemia la administración ha entrado en una regresión conservadora. Se emocionó mucho con el trabajo digital y el teletrabajo y luego en la pospandemia no ha regresado la administración que teníamos antes. La atención al ciudadano es mucho peor que antes. Y eso que al principio hubo como un subidón.

¿Subidón?

Sí, nos dimos cuenta de que estábamos más digitalizados de lo que creíamos. Resultó que con el covid la administración funcionaba. Todo el mundo decía: "Hemos avanzado en teletrabajo más en dos meses que en diez años". Pero nos fuimos demasiado arriba optando por un nuevo modelo que da prioridad a la administración digital, una mala idea porque deja fuera al 40% más vulnerable. El teletrabajo fue impuesto de forma brusca y poco reflexiva, provocando un déficit de presencialidad que explica el deterioro del sistema, las listas de espera, las colas y la falta de atención. Con todo ello la administración, de forma no deliberada, ha optado de golpe por una visión conservadora y ha expulsado a millones de ciudadanos del sistema. Que no vengan, o que vengan pidiendo cita. Cita, por cierto, que hay que pedir digitalmente, porque nadie atiende los teléfonos. Y cuando te dan cita es al cabo de mucho tiempo porque se programa en función del confort organizativo, no de la demanda. Pedir cita para un trámite sencillo, como un expediente de jubilación, y que te convoquen dos meses después es un disparate. Ahora lo están suavizando, pero hubo un momento que no podías ir sin cita previa ni a poner una denuncia a la policía. Y esto no sucedía antes de la pandemia. Es lo que yo llamo resiliencia reaccionaria. Con la pandemia cambió el modelo de gestión y luego hemos mantenido ese modelo, que es peor que el anterior.

Reclama "medidas urgentes". ¿Cuáles?

España hizo en los 80 dos cosas importantes. Una, se descentralizó. Dos, optó por un Estado del bienestar europeo, con un fuerte incremento del volumen de empleados públicos, que entraron de golpe y se van a jubilar de golpe. Por eso estamos ante un relevo intergeneracional espectacular. En diez años se jubila el 50% de los empleados públicos, un millón y medio. Claro, esto implica una pérdida de conocimiento y una necesidad de reponer y atraer talento. Así que la primera urgencia es planificar el relevo. En cambio, estamos en una dinámica de cubrir el puesto cuyo titular se jubila con el mismo perfil. Al entrar jóvenes de veintipocos años estamos cristalizando un modelo para cincuenta años. Imagínate el desastre de no estar teniendo en cuenta la inteligencia artificial, los nuevos perfiles profesionales, las nuevas demandas, el entorno turbulento...

Y eso que este relevo masivo era, sostiene usted, una gran oportunidad.

¡Enorme! Por puñetera casualidad, coincide el cambio de paradigma tecnológico, que implica la supresión de muchos puestos de trabajo, con el relevo intergeneracional, así que podríamos diseñar una administración moderna vinculada a la inteligencia artificial y a los algoritmos con coste social y laboral cero, atrayendo talento joven, bien formado, con valores públicos y totalmente digital. Pero no lo estamos aprovechando. Y eso que conocemos desde hace mucho la pirámide demográfica. ¿Qué ha pasado? Nos hemos distraído. Nos distrajo la crisis cuando ya era urgente actuar. El sistema se resintió. Luego la pandemia. Y otra distracción: el tema de los interinos. Las comunidades llevan dos años gestionando su conversión a fijos. Así nunca atendemos al problema sustantivo del relevo, que requiere cambiar los sistemas de selección.

¿Por qué?

El sistema actual son las oposiciones de carácter memorístico. No han funcionado mal, porque resulta que los que tienen memoria suelen ser buenos profesionales. Pero no siempre es así. Y ese no es el principal problema. El mayor problema es que el talento joven no quiere pasar por el filtro de estar entre entre cuatro y siete años, que es lo que necesitas para los grandes cuerpos del Estado, memorizando temas.

Los defensores del sistema actual de selección subrayan su carácter meritocrático.

El modelo memorístico es meritocrático, sí, pero muy poco equitativo. Se salta el principio de igualdad. Porque, ¿quién se puede permitir años estudiando, pagar un preparador, una academia...? Es una inversión especulativa, sin garantía de aprobado. Además, es un modelo que tiene tres fallas. Primero, es ingrato para la administración, que bajo la presión de prestar los servicios se tiene que saltar sus propias reglas, sobre todo en las comunidades. De ahí que haya tantos interinos. Segundo, es un modelo que no atrae talento, atrae a los hijos de funcionarios socializados con este método. Para el resto es surrealista. Por último, no contempla las competencias del empleado público del futuro.

¿Qué propone?

El sistema tiene que ser meritocrático. Porque, cuando flexibilizas, la bestia clientelar se manifiesta. [Propongo] un sistema meritocrático, al mismo tiempo que rápido y fluido. No un proceso que, como ahora, puede durar un año de la primera a la última prueba. Y hay que analizar competencias. El ejemplo es la UE, que cambió su modelo de selección de euroburócratas y ahora hace un test de inteligencia, un test psicológico y una prueba de competencias. Es un modelo meritocrático que cambia el perfil de los que acceden. Eso es algo fundamental. Hay que ver qué perfiles de los que se jubilan han quedado obsoletos, cuáles deben permanecer y qué nuevos se necesitan, sobre todo de gestión de información y gobernanza de datos, donde hay enormes déficits. En cambio, la administración sigue en dinámica inercial. Sustituye a los que se jubilan por lo mismo, como auxiliares administrativos, una categoría que carece de sentido desde que se inventó la ofimática. Pura inercia. Y son decisiones para cincuenta años.

¿Hay demasiado énfasis en la exigencia de titulación de Derecho?

Las titulaciones no me preocupan. Debería dejarse abierto en las convocatorias. Hoy un graduado en Humanidades puede hacer un máster en big data y tener un perfil adecuado para un puesto reservado para un ingeniero.

¿Qué más "medidas urgentes"?

Cambiar el rígido modelo de gestión de personal. Lo vimos claro en pandemia y pospandemia, cuando hubo ámbitos estresados, y no sólo la sanidad, también la gestión de los expedientes de empleo, pensiones, ingreso mínimo... Mientras, en otros ámbitos, como el cultural o el deportivo, estaban en valle, mano sobre mano. Hay que tener la capacidad de trasladar recursos, porque a partir de ahora las crisis y las urgencias van a ser constantes. El puesto rígido no tiene sentido. Hay que trabajar donde surge la urgencia. Y no ocurre así. Aquí hemos visto un desajuste entre la política y la administración. A este Gobierno [se refiere desde 2020], que puede ser criticable en muchos aspectos, en absoluto se le puede achacar falta de creatividad y dinamismo. Ha tomado medidas imaginativas para proteger a los más vulnerables. Pero luego la administración ha sido incapaz de seguir el ritmo de esas buenas ideas políticas.

¿Habla del ingreso mínimo vital?

Por ejemplo. No ha habido suficientes recursos humanos para los trámites. Hay constantes cuellos de botella. Muchos trámites que antes se hacían en un día ahora duran dos meses. En global las administraciones van justas de personal, pero podría ser suficiente. Lo que pasa es que hay un problema de rigidez. Los trabajadores no se pueden reasignar a los ámbitos más calientes. Que haya una necesidad y no se atienda, que haya una lista de espera, no tiene sentido.

¿Lo que dice vale para todas las administraciones?

Este diagnóstico afecta sobre todo a la Administración General del Estado y a las comunidades. A todas. En la administración local hay de todo, pero es la que mejor funciona, es la que nos salva. A pesar de estar muy precarizada, no está en colapso.

¿Las demás sí están en colapso?

El colapso todavía no ha sucedido. Pero si no tomamos medidas urgentes, vamos al colapso en tres, cuatro, cinco años. La administración es un transatlántico que vira muy lentamente y no va a llegar a tiempo sin medidas urgentes.

¿Pero en qué consistiría ese colapso?

Lo que ha sucedido con servicios como el ingreso mínimo vital, ocurriendo de golpe en todos los servicios públicos.

Los sucesivos gobiernos de Pedro Sánchez han tenido siempre prevista la reforma de la Administración. ¿Qué balance hace?

El Gobierno hasta ahora ha hecho muy poco. Más ruido que nueces. Ahora han aprobado una ley de función pública por real decreto, pero se queda muy corta, es insuficiente. Ahora bien, en diciembre se creó el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública y tomó posesión [José Luis] Escrivá, que en una comparecencia en el Congreso expuso su programa. Es la primera vez que oigo un programa de reforma de la administración pública coherente, robusto y ambicioso.

¿Cree que se quedará en palabras?

[Miquel] Iceta creó una comisión de expertos para la reforma que ahora se ha recuperado. La semana que viene tengo reunión con la secretaria de Estado, Clara Mapelli. Por el conocimiento que tengo de Escrivá –no directo, sino indirecto– y de la secretaria de Estado, sé que se lo toman en serio y que quieren una reforma ambiciosa y profunda. Otra cosa es lo que puedan hacer. Habrá enormes resistencias sindicales y corporativas. Habrá confrontación entre el ministerio y los grupos de presión, claro. Pero como parten de un programa ambicioso, puede quedar una reforma aseada y relevante. Y aunque sólo sea a nivel de la Administración General del Estado, si sale bien abrirá la lata, porque las comunidades, para no quedarse atrás, harán reformas similares.

¿Una reforma profunda, como la que usted defiende, es muy cara?

No tiene que ser desmedido, pero sí optas, como pretende el ministerio, por medidas como la evaluación del desempeño [de los empleados públicos] y por la carrera horizontal, hay un coste económico. El Ministerio de Hacienda no a va estar de acuerdo y esa será otra resistencia. Y habrá más. De otros ministerios, por ejemplo. Las reformas en la administración generan ruido. Es algo que afecta a casi 3,5 millones de empleados públicos con sus familias, porque aunque la reforma sea de ámbito estatal todos se sienten afectados. Eso es una masa de votantes descomunal. Además, con crispación y crisis el sistema funciona peor durante una temporada. Nadie quiere pagar ese precio. La reforma es técnicamente compleja y políticamente la bomba. Y los políticos se acobardan. Pero o transformamos o colapsamos.

¿Por qué considera a los sindicatos parte del problema?

Los sindicatos en el ámbito privado están desempoderados, deberían empoderarse más, pero en el público forman parte del problema porque tienen mucho poder. La asimetría a favor de la patronal se da a la inversa en la administración, donde hay una asimetría a favor de los sindicatos. Ante cualquier crisis laboral, los políticos se asustan y van cediendo derechos hasta llegar a privilegios. Los sindicatos, con una visión gallinácea, no se dan cuenta de que así el sistema es organizativa y económicamente insostenible.

Cuando habla de privilegios cita en su libro "régimen horario, días de asuntos propios, laxitud y cierto descontrol con el teletrabajo".

Un funcionario sénior puede llegar a acumular 16 días de asuntos propios. Eso es una pérdida de capacidad del sistema enorme. Luego hay situaciones surrealistas. El convenio del Ayuntamiento de Barcelona –por cierto, de las administraciones más avanzadas y competitivas de España– recoge que los días de asuntos propios, si no te los gastas, te los puedes guardar para jubilación anticipada y el Ayuntamiento, de forma totalmente graciable, te los dobla. Si tú te guardas 16, de golpe tienes 32. Es un disparate.

En el libro habla de la existencia de funcionarios "ociosos".

Más del 80% de los empleados públicos son gente trabajadora y comprometida. Luego hay, como en cualquier colectivo, un porcentaje más acomodado. El problema es que la administración no los condiciona.

¿Desecharía la idea del funcionario y la plaza para toda la vida?

La plaza es la gran rigidez del sistema. Esa idea de: "Yo tengo un plaza para estas funciones y no puedo realizar otra". A la definición del puesto de trabajo le añadiría siempre: "Trabajarás donde seas necesario". Si no, no podemos acumular recursos en los cuellos de botella. Ahora bien, el funcionario blindado tiene su sentido: evitar la arbitrariedad política y ser independiente. Lo que sucede es que un sistema donde no está regulada la salida para el 1% que no cumpla su cometido, porque el régimen disciplinario no funciona, es un sistema perverso. Tendría que haber un mecanismo, que siempre sería excepcional. Y de cara al futuro no me parecería mal, aunque esto es disruptivo, que el 80% de la plantilla fuera estable y un 20% variable y trabajara por proyectos. Alguno dirá: "Ah, pero eso son minijobs". Al contrario, serían superjobs. No hablo de interinos, sino de trabajadores altamente cualificados, retribuidos generosamente, para proyectos concretos. Y si funciona, volverían.

¿Hay una corriente de deseo de cambio dentro del funcionariado?

El compromiso con la reforma es algo bastante elitista, sobre todo de titulados superiores y directivos públicos. Ahí sí hay ambiente de reforma. Claro, en la administración los problemas internos van desgastando a la gente. A medida que avanza la edad, se van perdiendo expectativas de reforma. Cuando estás cerca de jubilarte, de forma inconsciente tiras la toalla.

¿Algún país del que tomar nota?

España tiene el modelo continental, como el francés o alemán, que es un modelo rígido, frente al escandinavo o anglosajón, más flexible... Pero imponer ese modelo en España es imposible desde el punto de vista cultural y quizás tampoco sea deseable, porque los anglosajones –los escandinavos no– desempoderan mucho a la administración. No sé, son problemas generales, se dan en todas partes, aunque hay países que están haciendo reformas, no muy ambiciosas, como nuestros vecinos Francia y Portugal. Podríamos mirar ahí.

“El pacto quita argumentos a la extrema derecha”, afirmaba esta semana la socialdemócrata sueca Ylva Johansson, comisaria europea de Interior. Así ha sido mayoritariamente interpretado el sentido político del pacto europeo de migración y asilo, aprobado el miércoles: un intento del establishment europeo de arrancar de las manos de los ultranacionalistas la bandera del discurso migratorio. Y todo ello a dos meses de las elecciones del 9J y con los pronósticos electorales apuntando a una importante subida de la extrema derecha. Admiten esta voluntad de achicar el espacio a las fuerzas ultras, más o menos explícitamente, integrantes de las tres principales familias políticas que sostienen el acuerdo: conservadores, socialdemócratas y liberales.

Pero hay elementos para poner esa ecuación bajo sospecha. En primer lugar, porque en conjunto el pacto no ha mitigado, sino aumentado la atención ya de por sí elevada que la extrema derecha presta a la inmigración, así como la beligerancia de su discurso. En segundo lugar, porque hay estudios que apuntan empíricamente a dos constantes: 1) Ir a rebufo de la extrema derecha y mucho más adaptarse a sus mensajes no la arrincona, sino que la fortalece. 2) Cuando los partidos de esta familia política logran que sus temas escalen en la agenda y reciban mayor atención mediática, su bolsa de votos crece.

Las votaciones en la Eurocámara no son como en el Congreso. Los votos no son homogéneos en los grupos, cuyos integrantes fijan sus posiciones muy influidos por lógicas nacionales. No obstante, es posible trazar grosso modo un balance de apoyos a los diez textos aprobados que componen el pacto: mucho respaldo entre Partido Popular Europeo, Socialistas & Demócratas y Renew (liberales), que presumen de que la UE se decide a coger por los cuernos el toro de la gestión migratoria, restando margen a las propuestas populistas; más rechazo en los extremos izquierdo y derecho, por razones distintas.

Los votos contrarios en el grupo de La Izquierda se basan en el rechazo a lo que juzgan un diseño que endurecerá la acogida, profundizará en la externalización de fronteras y, en suma, acepta tesis punitivistas de la extrema derecha, una acusación ilustrada por la condición de Jorge Buxadé (Vox) de ponente de la norma que regula la base de datos biométricos de las huellas dactilares, la imagen facial y los documentos de identidad de los migrantes.

Con ese diagnóstico crítico se alinean múltiples organizaciones que trabajan con la inmigración. El pacto será "devastador" para los derechos humanos, señala la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. En la extrema derecha, tanto en Conservadores y Reformistas –con la destacada excepción de Hermanos de Italia, de acuerdo con el pacto– como en Identidad y Democracia los rechazos son por lo que ven un recetario permisivo y de mano blanda.

El tiempo dirá en qué se traduce la aplicación de las reglas. Lo seguro es que en la derecha xenófoba su aprobación no ha conducido a una rebaja del tono. Líderes de partidos de sus dos grandes familias llevan toda la semana lanzados denostando el pacto. Vox, cuyos eurodiputados han votado a favor de algunos reglamentos clave, mantiene un perfil bajo sobre su propia coincidencia de voto con los principales grupos y pone todo el foco en el éxito de que haya salido lo que llaman el "informe Buxadé", presentado como un primer paso en lo que debe ser el viraje de las políticas migratorias de la UE. El énfasis de Santiago Abascal y los suyos, no obstante, está en atacar el PP por apoyar en el Congreso la tramitación de un ley para regular más de 300.000 inmigrantes.

La posición del PP ha dado munición a Vox, en el grupo de Conservadores y Reformistas, para insistir en su tema estrella –junto a la cuestión nacional– en Euskadi y Cataluña, con elecciones el 21 de abril y el 12 de mayo. En Cataluña es donde el partido, que allí mantiene al menos a dos veteranos de la derecha neonazi en cargos públicos, tiene un discurso más centrado en la vinculación de inmigración y delincuencia. Su candidato, Ignacio Garriga, presenta el 12M como una disyuntiva entre la "defensa de Cataluña y de los catalanes" y una tierra de "menas", "okupas", "violadores" y "yihadistas". En el País Vasco, la alerta se centra en la "islamización" y Abascal acusa incluso al PNV de haber abandonado el lema "Dios y Ley Vieja" para verse sometido al "Alah eta Sharia".

Emmanuel Macron, presidente francés y referente de los liberales europeos, ha sido uno de los impulsores del pacto. Objetivo: achicar espacio a Marine Le Pen. La líder de Agrupación Nacional se opone frontalmente al acuerdo. De hecho, plantea el 9J como "un referéndum contra la sumersión [acción de sumergirse] migratoria”, en palabras de Joan Bardella, cabeza de lista a las europeas, que sitúa a Francia bajo una "amenaza existencial".

El acuerdo, según Le Pen, "pone bajo control" a "las naciones" y garantiza la "impunidad legal de las ONG cómplices de traficantes". "El 9 de junio le pondremos fin", afirma Le Pen. La retórica contra el establishment comunitario se mantiene inflamada a pesar de que la presidenta de la Comisión, Ursula Von der Leyen, ha ido incorporando –sobre todo a raíz de su visita a Lampedusa en septiembre del año pasado para acercarse a Meloni– elementos del lenguaje duro en su análisis migratorio, situando por ejemplo a los "contrabandistas" como eje del problema. Tampoco ha rebajado la fiebre de los lepenistas la aprobación en diciembre en la Asamblea de una ley impulsada por Macron que endurece el acceso de los extranjeros a las ayudas sociales y que la propia Le Pen llamó "victoria ideológica". Esa página ya está pasada. Van a por más.

Alternativa para Alemania, partido liderado por Alice Weidel e integrado –al igual que Agrupación Nacional– en Identidad y Democracia, ha convertido el rechazo al pacto en la última palanca de su discurso de agitación xenófoba. El partido, que sostiene que el actual Gobierno de socialdemócratas, liberales y verdes persigue la "abolición de Alemania", lanza mensajes continuos a favor de la "deportación" de los "musulmanes", a los que identifica –en línea con Garriga– con la delincuencia, la pobreza y el deterioro de los servicios públicos. Su mensaje de cara al 9J no puede ser más claro: "Vamos a poner patas arriba la política migratoria europea".

La tónica de rechazo al pacto y el predominio del mensaje anti-inmigración se extienden por otras formaciones de Identidad y Democracia como los llamados Partido de la Libertad de Austria y Países Bajos, país este último donde Geert Wilders publica vídeos como este y afirma: "Los Países Bajos ya no son los Países Bajos".

En Italia, La Lega de Matteo Salvini trata de desbordar por la derecha a Meloni, y eso que la primera ministra deja poco espacio. Porque el apoyo de Hermanos de Italia al pacto no significa una rebaja del discurso o la acción política anti-inmigración. El pacto no es ni mucho menos celebrado por Meloni, a pesar de que muchos lo ven como un triunfo parcial de sus tesis. Se trata de un acuerdo que cambia "poco" el "desastre" de las políticas migratorias en la UE, afirma el fratello Nicola Procaccini, copresidente de los Conservadores y Reformistas. Eso sí, añade, "el rumbo está marcado". Ahora toca seguir.

Uno de los países más agitados es Polonia, donde el primer ministro, Donald Tusk, expresidente del Consejo Europeo, tenido por un referente europeísta tras la era nacionalista de Libertad y Justicia, se opone al pacto por las reubicaciones obligatorias. ¿Desactiva esto a Ley y Justicia? El partido del ex primer ministro Mateusz Morawiecki ya ha encontrado un mensaje: "El Gobierno dice que está en contra, pero que lo demuestre con hechos".

La posición de Tusk lo acerca a Viktor Orbán, líder del Fidesz, hoy sin grupo tras ser forzado a salir del Partido Popular Europeo en 2021. El primer ministro húngaro afirmó tras la aprobación del pacto el miércoles: "Es otro clavo en el ataúd de la UE. Las fronteras seguras ya no existen. ¡Hungría nunca cederá ante el frenesí migratorio masivo! ¡Necesitamos un cambio en Bruselas para detener la inmigración!".

“El pacto migratorio quita argumentos a la extrema derecha”, decía Johansson. ¿Seguro?

Las dudas no provienen sólo de la posibilidad de que no sean "argumentos" lo que más emplea para debatir sobre inmigración la extrema derecha, que hace frecuente uso de bulos y teorías conspirativas. Hay elementos –además del entusiasmo con el que los ultras insisten en el tema– que apuntan en dirección contraria. Está el caso francés, con la ley migratoria que cede a planteamientos de Agrupación Nacional sin que Le Pen se dé por complacida más que por un día, y sin que la inmigración desaparezca del centro de la agenda. Pero hay más.

En el artículo Las estrategias de los partidos mayoritarios y el éxito de los partidos de la derecha radical, publicado por Cambridge University Press, los investigadores Werner Krause, Denis Cohen y Tarik Abou-Chadi analizan las estrategias partidistas y trasvases de voto entre 1976 y 2017 en 12 países: Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Italia, Noruega, Países Bajos, Reino Unido, Suecia y Suiza. El resultado desmonta la "creencia" según la cual la adaptación a la extrema derecha es "beneficiosa" para los grandes partidos. Si así fuera, "los partidos de derecha radical deberían tener menos éxito cuando los partidos establecidos adoptan posiciones restrictivas en materia de inmigración", precisamente el aspecto en el que los investigadores ponen especial énfasis. A tenor de los resultados del estudio, no es así. Y se cumple la máxima de Jean-Marie Le Pen, antiguo líder del Frente Nacional: los votantes "prefieren el original a la copia".

"Aunque está bien documentado que los partidos mayoritarios reaccionan al éxito de la derecha radical cambiando su posición [aquí y aquí pueden leerse artículos que lo acreditan] estas estrategias no parecen dar resultados", anotan los investigadores, que dejan cuatro conclusiones. 1) "La adaptación es infructuosa en el mejor de los casos y puede ser perjudicial en el peor". 2) Tropieza con los hechos la creencia de que la adopción de posiciones "más autoritarias-nacionalistas y antiinmigración [...] frenaría el éxito de la derecha radical". 3) "Los cambios adaptativos se han vuelto cada vez más ineficaces, dando lugar a un efecto significativamente positivo en las transferencias netas de votantes a la derecha radical". 4) "Acomodar las posturas de la derecha radical no beneficia a los partidos convencionales, incluso si endurecen una postura que antes defendían. Por el contrario, los votantes desertan de estos partidos hacia la derecha radical en cantidades notables".

"Está demostradísimo que cualquiera acercamiento que realicen los partidos –sean del centro derecha o de la izquierda– hacia los temas troncales de la extrema derecha, en lugar de cortarle las alas, más bien hace que se legitimen las posiciones y los temas que le interesan", afirma Stuart Turnbull-Dugarte, coautor del artículo El voto a Vox en las elecciones generales de 2019 en España. "Da igual la manera en que las midan empíricamente o los contextos, siempre vemos que las medidas que intentan remedar las políticas que empujan la agenda de derechas sólo hacen que estos partidos salgan más legitimados y visibilizados", añade el profesor de la Universidad de Southampton.

Oriol Bartomeus, director del l'Institut de Ciències Polítiques i Socials e investigador de las grandes corrientes del comportamiento electoral, identifica una lógica política en el pacto migratorio: el intento de los grandes partidos de transmitir la idea de que "han tomado cartas en un asunto importante" sobre el que una y otra vez se les dice que "miran para otro lado". El problema, señala, es que es un movimiento reactivo. "La extrema derecha te gana la batalla de la agenda y te obliga a ir a rebufo en un terreno de juego que no es el tuyo. Una vez que juegas a su juego, ya sólo puedes ir por detrás y poner parches, porque siempre te van a acusar de no hacer lo suficiente", añade Bartomeus.

Aparece una palabra clave: agenda. Y el pacto migratorio, por supuesto, pone un tema estrella de la ultraderecha en la agenda. Eso es, coinciden los estudios y analistas consultados, favorable a la ultraderecha.

Desde hace más de 15 años se publican trabajos que vinculan el éxito de la extrema derecha nacionalista y xenófoba con una mayor cobertura de sus temas por parte de los medios. Ya en 2007 Hajo G. Boomgarden y Rens Vliegenthartb, en Explicar el auge de los partidos antiinmigración: El papel del contenido de los medios, pusieron la lupa en el fenómeno en Holanda y Bélgica para concluir que "la prominencia de los temas de inmigración en los periódicos nacionales tiene un impacto significativo y positivo" para la extrema derecha. "Cuantos más medios informen sobre temas relacionados con la inmigración, mayor será la proporción agregada de intención de voto de los partidos antiinmigrantes". Esto es así, según esta investigación, sin que una cobertura crítica y periodísticamente solvente de estos temas invierta la tendencia. Así que todo está en George Lakoff y su No pienses en un elefante (2004). Es decir, es más determinante el marco que lo que se pinte dentro, más importante el tema que el contenido concreto. Por supuesto que influye el tipo de cobertura, pero no tanto como a qué se da cobertura.

En Medios y derecha radical (2018) Antonis A. Ellinas alcanza esta conclusión: enmarcando cuestiones clave como la inmigración y la delincuencia, periódicos, televisiones y radios "ayudan a legitimar un espacio político en el que la derecha radical pueda prosperar". Antes, en 2010, Stefaan Walgrave y Knut de Swert se habían detenido en el tratamiento mediático y los apoyos recibidos por Vlaams Belang (VB) en Flandes. Haciendo uso de un vasto conjunto de datos sobre la cobertura de tres periódicos y dos canales televisivos en diez años, concluyen: "Especialmente los temas de los inmigrantes y el crimen reciben una extensa y creciente atención de los medios, y el análisis de las series cronológicas muestra que este aumento es paralelo al crecimiento electoral de VB. Los medios podrían ser considerados co-responsables del auge de VB".

Marcel Lubbers, Carl C. Berning, y Elmar Schlueter, en su artículo de 2018 Atención mediática y simpatía por los partidos populistas de derecha radical, también constatan con el caso holandés que "la atención de los medios es fundamental para la fortuna de los partidos de derecha radical", sobre todo gracias a la cobertura de la inmigración. Y precisamente es la inmigración lo que el pacto aprobado el miércoles ha puesto en el foco. ¿Qué impacto puede tener? Responde a infoLibre Lubbers, profesor de la Universidad de Utrecht: "Cuando un tema se percibe como más destacado entre los votantes, estos tienden a votar más por este tema. Dado que en la mayoría de los países los partidos de extrema derecha son vistos como dueños del tema de la inmigración, puede aumentar su voto. Una mayor atención política o a través de los medios sobre la migración puede aumentar la relevancia percibida del tema de la migración, así que sí, potencialmente la extrema derecha puede beneficiarse de ello".

"No queremos un modelo de inversión especulativo", afirmó Pedro Sánchez el lunes al anunciar el fin de las golden visa. "Este tipo de inversiones tensionan el mercado" e "incrementan el precio de la vivienda", añadió Isabel Rodríguez al día siguiente. La naturaleza de estos permisos dorados de residencia para inversores extranjeros en ladrillo acredita que ni el presidente ni su ministra de Vivienda decían nada alejado de la realidad. Así lo ve Eduardo González de Molina, investigador de la University College of London, que señala que, en efecto, las golden visa son una fórmula habitualmente vinculada la especulación pura y dura y tienen un impacto al alza en los precios.

Pero añade: "Es un grano de arena en el desierto".

Las golden visa, explica este especialista en vivienda, son una fórmula especialmente obscena por el contraste con las dificultades para obtener residencia de los inmigrantes pobres y por la posibilidad que abren para el "lavado de dinero". Ahora bien, añade, estos permisos –14.576 en diez años en España– son sólo una expresión cuantitativamente poco relevante y centrada en las grandes ciudades y zonas costeras del mucho más amplio fenómeno de la especulación que domina el mercado del ladrillo.

Las razones de la fuerza de la especulación en el ecosistema inmobiliario español son diversas. El fomento de la propiedad y la atracción de inversión han dominado la acción política desde el tardofranquismo, todo ello en un mercado poco regulado dentro de una economía con fuerte peso del binomio construcción-turismo. La ley de vivienda aprobada en 2023, que pretendía matizar un modelo que hunde sus raíces en el “queremos un país de propietarios, no de proletarios” del ministro falangista de Vivienda José Luis Arrese (1957-1960), está encontrando problemas para surtir efecto por motivos que van del rechazo de las comunidades del PP a las inercias de un mercado resistente a la intervención y con escasa vivienda social.

A ello se suma, apunta González de Molina, una característica inherente al negocio del ladrillo: la condición limitada del suelo produce un "desequilibrio crónico entre oferta y demanda" que conduce fácilmente a la "especulación" –especialmente a través de la venta– y las "ganancias rentistas" –sobre todo mediante el alquiler–. Todo ha confluido en un predominio de lo mercantil sobre lo social, es decir, a que la vivienda en España sea prioritariamente un bien de mercado protegido por el derecho de propiedad, condición que se impone a la de soporte para el ejercicio de un derecho básico. La profesora de Derecho Constitucional Pilar Garrido, en el artículo El derecho a una vivienda digna en España, lo sintetiza así: “El acceso a la vivienda no forma parte de los contenidos amparados bajo el paraguas del Estado del bienestar”.

El resultado de estas condiciones legales, históricas y de modelo económico y social es lo que el especialista en demografía y urbanismo Julio Vinuesa llamó "el festín de la vivienda": un mercado basado en un concierto de intereses entre entidades financieras, sectores de la construcción y el turismo y fortunas de todo tipo arrimadas a un negocio en el que aportando muy poco, sólo el capital, se puede obtener mucho.

Hay un dato que ayuda a dimensionar ese desierto en el que las golden visa serían sólo "un grano de arena". La serie del INE entre enero y octubre de 2023 permite observar que sólo un 38,9% de las operaciones de compra de vivienda en España se realizaron mediante hipoteca: 323.998 de 832.756. El resto, al contado.

La explicación de estos datos la ofrece Funcas, el centro de difusión de ideas de la asociación de cajas de ahorro CECA, en un informe de enero: "La interpretación más clara de este contraste es que se realizan numerosas operaciones de inversión mayorista y no residente que determinan de forma importante las transacciones totales en el mercado y, por lo tanto, las subidas de precios". El pago a tocateja, señala el informe, es especialmente frecuente en zonas turísticas y alimenta un modelo que "puede ser un obstáculo para el acceso a primera vivienda para uso residencial".

Así que en paralelo a la condición de la vivienda como acuciante problema social y destacado factor de perpetuación de la desigualdad, el mercado en el que se integra vive en permanente frenesí. Un dato: en 2024 la inversión inmobiliaria –no sólo vivienda– crecerá hasta los 12.500 millones de euros, según un informe de la consultora CBRE, de referencia en el sector. La subida podría llegar a alcanzar el 10% con respecto al año pasado.

En el "festín" son protagonistas muchos otros actores además de los inversores extranjeros –sobre todo chinos y rusos– que quieren permiso de residencia. Estos protagonistas ya no son los mismos que antes de la crisis del ladrillo, grandes promotoras y constructoras y entidades financieras. Tras aquel crash emergieron grandes fondos de inversión estadounidenses como Blackstone, Lone Star y Cerberus, que sobresalen en el acaparamiento del ladrillo tóxico de la banca, a su vez saneada con fondos públicos a través de medidas como la constitución de la Sareb.

En siete años, entre 2015 y 2022, esta terna de lo que sus detractores llaman "fondos buitre", que en España han empleado para su expansión a hijos de la élite política y económica desde los Aznar hasta los Botín, compraron casi la mitad de más de 170.000 millones en inmuebles y créditos promotores impagados de la bancos, según datos recopilados por Axis Corporate.

Entre los principales vendedores están la gran banca –Santander, Caixabank, Sabadell y BBVA– y la Sareb. Entre los compradores, al tridente citado dos párrafos atrás hay que sumar otros fondos como Oaktree, Bain Capital, KKR o Apollo y bancos como The Goldman Sachs y Deutsche Bank. Importante peso tiene también la empresa cobradora de morosos sueca Intrum, si bien en este caso es gestora y explotadora de activos, no propietaria. Otros colosos están entrando en el juego: Blackrock, la mayor gestora de activos del mundo, con sede en Nueva York, ha abierto división inmobiliaria en España.

El catálogo de empresas en el sector se amplía con gestoras de activos españolas como Azora –fondo condenado en primera instancia por cláusulas abusivas–, Meridia, Alantra o Arcano, entre otras. Cada vez es más frecuente que, dentro de los conflictos vecinales provocados por la aparición de nuevos capitales en los barrios de las grandes ciudades, las iras de los movimientos en defensa del derecho a la vivienda se dirijan no sólo contra los grandes fondos estadounidenses –caso de Blackstone o Cerberus–, sino también contra firmas de base nacional como la gestora Altamar o la socimi Vitruvio.

"El perfil de los compradores está cambiando y diversificándose", señala González de Molina, que apunta a que la única característica que une a todos los operadores es la disposición de importantes sumas de dinero, que a su vez se traduce en posibilidad de esperar hasta que esté garantizada la rentabilidad del bien.

Ello ha facilitado la irrupción de fortunas provenientes otros sectores –con ejemplos destacados como Amancio Ortega –no sólo en España y en vivienda– o la familia Koplowitz, que también tienen ya posiciones en el negocio inmobiliario. Estrellas que han hecho fortuna como Sergio Ramos (fútbol) o Rosalía (música) complementan sus múltiples apariciones en las páginas de deportes o espectáculos con otras en la prensa salmón por sus intereses en el negocio inmobiliario. El patrón no se altera: donde hay gran acumulación de capital –sea por herencia o por éxito empresarial o profesional–, el sector inmobiliario se erige en opción preferente para su destino.

Con toda esta panorámica por delante, el sociólogo especializado en vivienda Daniel Sorando, profesor de la Universidad de Zaragoza, afirma que el fin de las golden visa es una medida que deja "buen sabor de boca", pero "no transforma las relaciones de poder en el mercado ni la estructura de propiedad, ni tampoco equilibra la relación entre vivienda desmercantilizada y mercantilizada". "Las líneas maestras no se tocan", dice.

¿Y cómo cambiarían? "Lo que habría que hacer –sintetiza– es adoptar medidas para atacar la rentabilidad de la inversión inmobiliaria, a la que ahora mismo nada le hace sombra. Y eso se consigue por ejemplo con un control de los precios de los alquileres que está previsto en la ley de vivienda, pero que se ha quedado en papel mojado en la mayor parte del país".

Más en concreto, Sorando apunta a la limitación o prohibición de inversión de extranjeros no residentes, aunque admite que podría quedarse en "poner puertas al campo" por la gran cantidad de operadores en el mercado y por la dificultad de hacer cumplir la medida. Otros especialistas, como Javier Gil, coautor del informe El Estado y la financiarización de la vivienda en España tras la crisis de 2008, han tomado la estela del anuncio de Sánchez para reclamar el fin de la ley de 2012 que ha fomentado la irrupción de las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión Inmobiliaria, las socimis, cuyo efecto en la "subida de los precios" del alquiler ve "incomparable" –por superior– al de las golden visa.

Las socimis operan en un área del negocio inmobiliario con creciente protagonismo: el alquiler, una actividad cebada por tres factores: 1) La banca difícilmente volverá a dar el número de hipotecas que dio antes de la Gran Recesión. Si en enero de 2006 fueron 124.244, en enero de 2024 han sido 33.128. 2) El negocio del alquiler ha aumentado su base al crecer el segmento de la población que vive de arrendamiento a precio de mercado: 15,4% en 2023 frente a 10,3% antes de la crisis. 3) También ha disparado su rentabilidad con el bum del turismo –casi 70 millones de pernoctaciones de 13,28 millones de viajeros en 2023– y la irrupción de plataformas como Airbnb, que elevan el precio de la vivienda en las zonas en las que gestionan apartamentos.

González de Molina subraya que el elevado porcentaje de pagos al contado en la compraventa de vivienda es sintomático, precisamente, de la "financiarización" del negocio del alquiler, en el que han aterrizado todas las tipologías de gigantes inversores. La idea de que el ladrillo para alquiler se ha convertido en la gran apuesta de futuro es repetida en todos los foros, congresos, salones y jornadas del sector. Es sintomático el surgimiento de iniciativas que van desde las empresas de crowdfunding para que cualquiera pueda convertirse en inversor inmobiliario aportando desde 500 euros (Urbanitae) a las firmas de tokenización de contratos de alquiler, es decir, de transformación de los derechos del contrato en activos digitales para "recibir un alquiler mensual sin ser dueño de una propiedad" (Nash21).

Sorando, autor de First we take Manhattan. La destrucción creativa de las ciudades, observa que se ha impuesto en el mercado de la vivienda, y en buena parte de la sociedad, la idea de que "se puede obtener la máxima rentabilidad de la propiedad sin que ninguna medida lo limite". Y cree que en el triunfo general de esta mentalidad los fondos de inversión y las socimis han tenido "una importancia que va más allá de su peso cuantitativo" en una clase propietaria en la que la mayoría son rentistas de clase acomodada pero no lo que se ha dado en llamar "grandes tenedores". "'Si los fondos pueden, ¿yo por qué no?', piensan muchos", resume Sorando.

Tanto Sorando como González de Molina coinciden en la importante función que ha tenido el lobby inmobiliario español a la hora de establecer una alianza entre los rentistas particulares, por un lado, y los grandes tenedores, fondos de inversión y socimis. Ambos citan como ejemplo a Asval, entidad que reúne a más de 6.000 asociados entre "particulares y empresas", tratando de desdibujar los límites entre lo que representa a Blackstone –su principal socio– y un particular.

Sorando señala que la ruptura de esa "alianza de toda la clase rentista" es fundamental para que puedan progresar medidas transformadoras, más aún cuando –señala– es frecuente que incluso propietarios de una sola vivienda en la que ellos mismos residen interioricen la idea de que su revalorización permanente es clave para su propia economía. No ya para obtener rentas ahora, sino quizás en el futuro, o en todo caso para garantizar su jubilación y el futuro de sus hijos. El fortalecimiento de la "alianza rentista" gracias a la extensión de esta mentalidad incluso entre quienes no son arrendadores –extensión que explicaría también el amplio respaldo popular a la causa de la eliminación de impuesto de sucesiones– sólo podría contrarrestarse mediante un modelo socieconómico que "revalorizase trabajo frente a la propiedad" y promoviera la aparición de "otras formas de obtener rentas", por ejemplo "rentas básicas y ciudadanas", señala Sorando.

Sumar se ha comprometido ante el movimiento laicista a no dejar morir una de sus principales causas del presente siglo en España. ¿Cuál? La de la recuperación de decenas de bienes inmatriculados por la Iglesia. Mientras el ala socialista del Gobierno presume de haber logrado avances inéditos en este terreno, el grupo parlamentario que lidera Yolanda Díaz solemnizó este lunes en el Congreso que da por insatisfactoria la solución alcanzada la legislatura pasada por el Ejecutivo. Lejos de aceptar la postura del PSOE, Sumar mantiene su voluntad de que decenas de miles de inscripciones –puede que incluso más de 100.000, según dónde se ponga la fecha de inicio de la cuenta– sean declaradas nulas, lo cual sería un mazazo para el patrimonio de la Iglesia, y asegura que a lo largo de la legislatura dará la batalla por ello.

Una fuente de Sumar señala que el movimiento debe interpretarse en un contexto de creciente malestar en dicho grupo ante lo que consideran un intento del PSOE de "congelar" la legislatura, al menos durante todo el periodo electoral que se avecina, "minimizar" el papel en el Gobierno de Díaz y los suyos y reducir la discusión política a una pugna entre "democracia o neofascismo" que en el arco progresista sólo favorece a los socialistas. "Va a haber muchos movimientos como estos en Sumar, que quiere hacer oír su voz y reivindicar su papel", señala dicha fuente.

Las inmatriculaciones de la Iglesia "deben ser nulas de pleno derecho", afirmó este lunes Enrique Santiago, portavoz adjunto de Sumar, durante la apertura de unas jornadas sobre el tema celebradas en el Congreso junto al movimiento laicista, del que el grupo de Díaz hizo suyas sus reivindicaciones. Íñigo Errejón, portavoz del grupo, que cerró las jornadas, llegó a cifrar en más de 100.000 las inmatriculaciones "indebidas" de la iglesia, situando el inicio del periodo de cómputo en 1946, y se refirió a las mismas como "botín de rapiña" obtenido por la jerarquía de la Iglesia en pago a su participación en una "guerra de saqueo" y a su papel de "sostén ideológico" del franquismo.

Aunque el acuerdo del PSOE y Unidas Podemos de la legislatura pasada ponía alto el listón de sus pretensiones en este terreno, al final el Ejecutivo avaló en 2021 la legalidad del procedimiento con raíz en la legislación franquista que permitió a la Iglesia inmatricular sin descanso desde 1946 hasta 2015. El Gobierno hizo público un listado de casi 35.000 bienes inmatriculados entre 1998 y 2015. Había de todo: templos o dependencias complementarias a los mismos, fincas con otros destinos, como terrenos, solares, viviendas o locales. El listado aportaba transparencia, pero no mucho más. Cualquier reversión debería ser fruto de una batalla judicial en la que tocaba a cada demandante –un particular, un ayuntamiento– probar que el bien es suyo. Además, se quedaban fuera no sólo las inmatriculaciones desde que se formalizó en 1946 el privilegio de que los obispos pudieran inscribir por primera vez bienes dando sólo su palabra, sino también desde 1978, cuando se aprobó una Constitución aconfesional. El movimiento laicista se mostró abiertamente insatisfecho.

Un año después, en 2022, el mismo Ejecutivo puso en cuestión la legalidad de cerca de mil de estos bienes, un gesto que transmitía firmeza y exigencia ante la Iglesia. Se trata de bienes, explica el Ministerio de Presidencia a infoLibre, que fueron puestos a disposición de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) "para que se buscara a sus legítimos propietarios". "Nunca antes se había conseguido algo parecido. Hubo otros bienes (20.000 más o menos) que se determinó que eran bienes de culto, por lo que ahí no había nada que hacer", añade Presidencia, que recalca que "es mucho más de lo que se había conseguido nunca". Además, añade el departamento de Félix Bolaños, "el Gobierno mantiene abiertas tres comisiones con la Iglesia católica, una de ellas la de inmatriculaciones". Es decir, no da por zanjada la cuestión.

La Conferencia Episcopal Española (CEE) afirma que su explicación sobre estos mil bienes está sintetizada en este vídeo.

A pesar de los esfuerzos de Presidencia, ni el movimiento de 2022 ni las expectativas de la comisión con la CEE todavía abierta endulzan el balance amargo sobre el acuerdo con la Iglesia de la miríada de organizaciones de base local, provincial y autonómica que vienen reclamando la nulidad de miles de las inmatriculaciones no sólo desde 1998, cuando una ley amplía las potestades inmatriculadoras de la Iglesia a lugares de culto, sino desde 1978 o incluso antes. Ahora Sumar ha dado plena cobertura a estas organizaciones, articuladas en torno a la coordinadora Recuperando, al abrirles las puertas del Congreso, donde este lunes se celebró la jornada Inmatriculaciones y patrimonio cultural: una cuestión de Estado.

Santiago, en la apertura de la jornada, dejó claro que a su juicio aquel "mutuo acuerdo" entre el Gobierno, concretamente el Ministerio de Presidencia, y la Conferencia Episcopal de la legislatura pasada fue resultado de un "procedimiento de negociación que desde nuestro punto de vista no fue nada transparente ni ajustado a derecho". "Es complicado ponerse de acuerdo con un usurpador para que que reconozca que ha venido usurpando 35.000 bienes. En la práctica el acuerdo consistió en unas migajas quizás para que la opinión pública se tranquilizara", afirmó Santiago, que tenía a su lado a José María Rosell, presidente de Recuperando. Y añadió: "Quizás la Iglesia católica pretendía legalizar su indebida posesión sobre 33.000 bienes. Obviamente eso es algo que no podemos permitir". Luego Errejón amplió el arco de bienes obtenidos "indebidamente" hasta más de 100.000, incluyendo todos desde la reforma legal de 1946.

Las palabras de Santiago y Errejón evidencian que Sumar no quiere olvidar el viejo asunto de las inmatriculaciones en una legislatura que arrancó con una rebaja de la ambición laicista con respecto a cuatro años atrás. Santiago defendió los "pasos" dados la pasada legislatura, especialmente en comparación con los gobiernos del PP, pero transmitió la idea de que los consideraba lejos de colmar sus aspiraciones. Hay "muchos más pasos" por dar, dijo sobre un asunto que la Conferencia Episcopal considera zanjado. El secretario general del PCE afirmó que su aspiración sigue siendo la "nulidad" de las inmatriculaciones, al considerar que con ellas se ha "expropiado" una riqueza que es de la sociedad, y cuyo ejemplo más emblemático es la Mezquita-Catedral de Córdoba, provincia por la que es diputado.

Siendo la nulidad el techo de Sumar, Santiago afirmó que su grupo defenderá todas las propuestas que haga el movimiento laicista. Errejón añadió: "No es una cuestión sobre la fe, sino sobre el estado de derecho y sobre que no haya entidades por encima de la ley". Revertir inmatriculaciones es un acto de "democratización de la estructura de la propiedad", dijo el dirigente de Más País, que insistió en que Sumar incorporaría a su agenda todo lo que el movimiento demandase.

A continuación Recuperando le tomó la palabra y, como colofón de las jornadas, presentó su programa de reclamaciones, que incluyen la elaboración de "un listado pormenorizado" de bienes inmatriculados por la Iglesia desde 1946, la "nulidad de todas las inmatriculaciones practicadas con certificación eclesiástica por inconstitucionalidad sobrevenida", es decir, desde 1978, así como de aquellas que afecten a "bienes que debieran ser considerados dominio público por su extraordinario valor histórico y cultural". Recuperando también reclama que el Estado defina "qué bienes del patrimonio cultural pertenecen al dominio público y, por tanto, son inalienables [ver lo más sustancial del documento, en su totalidad, en el recuadro de abajo].

El sector de la defensa vive un momento dulce que promete endulzarse aún más. El Ministerio de Defensa, pieza clave para el negocio, prevé que este 2024 el gasto militar alcance el 1,3% del PIB, en ascenso pero aún en la parte baja de los países de la OTAN, lo cual da un gran margen de incremento hasta acercarse al objetivo marcado para 2029: un 2%. "El inusitado ciclo de incremento de la inversión militar que se ha abierto tras años de recortes, el clima bélico internacional y el incremento de las iniciativas europeas para una defensa coordinada y una industria fuerte que la apoye nos sitúan en un contexto sin precedentes en las últimas décadas", recoge el informe sectorial de 2024 Spain Defence & Security Industry, de la editorial especializada IDS. En el mismo informe, María Amparo Valcarce, secretaria de Estado de Defensa, sostiene que "la industria de defensa española se encuentra en condiciones de consolidar su protagonismo en Europa".

Varios factores alientan la percepción de que vienen años de fuerte inversión pública en defensa y seguridad, y por tanto de ingresos en abundancia para el sector privado. La OTAN y Estados Unidos presionan para aumentar el gasto y el Gobierno se muestra receptivo a esos mensajes. Al mismo tiempo, el Ejecutivo de Pedro Sánchez observa con alerta el panorama global, especial pero no únicamente por Rusia. "A veces tengo la percepción de que no somos conscientes del enorme peligro que hay. Y no sólo en Ucrania; también en Gaza y en el Sahel, donde soy muy pesimista", ha declarado Margarita Robles, ministra de Defensa, en una reciente entrevista en La Vanguardia. A su juicio, no cabe engañarse: "La amenaza es total y absoluta e incluye la posibilidad de "agresiones nucleares". A esto hay que sumar la subida de la alerta por terrorismo yihadista en Europa, también en España, por el ataque israelí a Gaza.

Más de la mitad de los 38 dirigentes de compañías con negocio en España entrevistados para el informe Spain Defence & Security Industry afrontan el futuro con "mucho optimismo". Otro motivo de este optimismo es que el sector goza del máximo respaldo institucional. Un gesto significativo: el presidente del Gobierno recibió en La Moncloa en marzo a los principales responsables del empresariado de defensa/seguridad, subrayando su papel "clave" no sólo en Ucrania, sino en todo un mapa geopolítico "muy complejo".

El discurso gubernamental vincula al pujante sector defensa con el empleo de calidad, la innovación y la modernidad. Lejos queda la oscura imagen de meros vendedores de armas. Jordi Calvo, coordinador del Centre Delàs d'Estudis per la Pau, cree que se trata de un negocio que está recogiendo los frutos de años de tarea de lobby, que "ha sabido generar necesidades y vender la idea de que son imprescindibles en cada vez más áreas, no sólo en lo estrictamente militar". Ahora, con la inestabilidad creciente, se presenta el "mejor contexto posible", por lo que un negocio que se acerca en España los 8.000 millones de euros al año podría –apunta Calvo– más que duplicarse.

¿Quién es quién en este multimillonario negocio que apunta alto? Los límites del sector no resultan fáciles de delimitar. No todas las compañías se dedican en exclusiva a seguridad/defensa. El citado informe de IDS dibuja un panorama de más de 25.000 empleos en cerca de 400 empresas con actividad relevante de seguridad/defensa en España. De los 36 ejecutivos entrevistados que ponen rostros, 34 son hombres. El esquema de la propiedad se podría resumir así: gran protagonismo de los Estados –no sólo España– y de los fondos de inversión. También hay una veta política, concretamente de expolíticos con pasado en el PP. Y no de segunda fila.

Primero, los Estados. El dominador con diferencia del sector en España es Airbus, grupo del que cuelgan tres filiales, Airbus Defence, Airbus Military y Airbus Helicopters España, que son primera, segunda y sexta en ventas en España, según el informe Spain Defence & Security Industry. Entre las tres suman más de la mitad de la tarta nacional.

Los principales accionistas de la empresa matriz, Airbus SE, son los Estados francés (10,86%), alemán (10,84%) y español (4,09%), según recoge el informe de Airbus de cierre de 2023, firmado en febrero de este año.

Después va Navantia, 100% propiedad de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI). Es decir, 100% pública. Esto no será la regla, sino la excepción. Lo normal será que en los accionariados de los grandes titanes se mezclen capital público y privado, especialmente fondos.

La tercera compañía por volumen de ventas –si consideramos a las tres filiales de Airbus como una sola– es Indra Sistemas, cotizada en el IBEX 35. En su accionariado, actualizado en marzo de 2024, manda la SEPI, es decir, el Estado español, aunque sin mayoría (28%). Como se verá luego, la acompañan privados privados de diversa índole, desde fondos internacionales a firmas nacionales en ascenso.

También hay fuerte presencia pública en Hisdesat, 16ª en ventas en España. El 43% es de Hispasat, que a su vez pertenece en casi un 90% a Redeia mientras lo restante se lo reparten entre la SEPI y el Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial del Ministerio de Ciencia. En cuanto a Redeia, el principal accionista vuelve a ser la SEPI: 20% al cierre de 2023. La presidenta de Redeia es la exministra del PSOE Beatriz Corredor. Además del 43% de Hispasat, en Hisdesat está la pública Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España, conocida como Isdefe (30%), y aparecen dos pesos pesados que ya conocemos: Airbus Defence & Space (15%) e Indra (7%).

El dinero público es también fuerte en Nammo Palencia, que cierra el top 20. ¿Dinero público del Estado español? No. A pesar del nombre, no es el Estado español. La firma originalmente española, que arranca su trayectoria en los años 20 del siglo pasado, es propiedad de Nammo, un grupo que es titularidad en un 50% del Ministerio de Comercio e Industria de Noruega y en otro 50% de Patria Oyj, donde el 50,1% es del Estado finlandés y el 49,9% de la firma noruega Kongsberg Defence & Aerospace.

Un nombre sobresaliente del sector defensa a escala europea es Thales, si bien en España aún no ha alcanzado el grado de penetración que los analistas prevén. En el informe Spain Defence & Security Industry aparece en el número 23 en ventas. Pero es una marca crucial y cabe esperar un protagonismo creciente. Thales España, filial española del grupo, participa en las empresas Thales Alenia Space y SAES. La matriz es Thales, cuyo accionista principal, con más del 35% de los derechos de voto, es el Estado francés. De nuevo –como se detallará más adelante– hay relevantes socios privados.

Los otros grandes protagonistas del sector son los fondos de inversión. En rigor, no son fondos, son gestoras de activos que administran multitud de fondos. Pero se los suele conocer como "fondos de inversión". La mayor gestora del mundo es la estadounidense Blackrock, presidida por Larry Fink, con abundante presencia en el IBEX 35. Y con una profunda penetración en el sector defensa, donde administra el fondo iShares US Aerospace & Defense. Blackrock posee el 3,35% de las acciones y 4,01% de los derechos de voto en Airbus SE, la empresa matriz del grupo. A su lado, The Goldman Sachs Group tiene el 3,28%. Estos dos colosos financieros comparten espacio –por debajo– con los Estados alemán, francés y español en el gran titán del sector defensa.

Blackrock sirve para seguir el hilo de la presencia de fondos en este sector. La megagestora con sede en Nueva York tiene un 5,3% de las acciones de la multinacional estadounidense General Dynamics, según un informe corporativo del mes pasado. La división europea es propietaria de Santa Bárbara Sistemas, con sede en Madrid y quinta en la clasificación de ventas en España, de nuevo con la referencia del Spain Defence & Security Industry. Por encima de Blackrock en Santa Bárbara están los fondos Longview (10,2%) y Vanguard (7,9%), según los referidos datos de la compañía de marzo de 2024.

Expal es la séptima de la clasificación. ¿Quién está detrás? El grupo de defensa Rheinmetall, el mayor de Alemania, en cuyo accionariado aparece de nuevo Blackrock, que tiene un 5,5% de los derechos de voto, según el cuadro de titularidades de la compañía, en constante variación y consultado por infoLibre el viernes. La gestora de Fink se coloca por detrás del 10,97% de Société Générale y por delante del 4,45% de The Goldman Sachs y el 2,99% de Fidelity.

Blackrock también está en DSV Global, propietaria de Servicios Logísticos Integrados (SLI), otra firma en el top 20 de ventas en España. En este caso, el porcentaje de la gestora alcanza el 7,8%, en un catálogo de accionistas que hace sitio a más capitales con base en Estados Unidos, así como otros en Suiza y Kuwait, según el informe de cierre de 2023. Blackrock figura además en Thales, aunque con un porcentaje menos relevante, un 1,67%.

¿Más fondos? En Indra se alistan, por debajo de la SEPI, Amber Capital y Fidelity. También una firma, Escribano, que se erige en representante de otro importante núcleo del sector: las empresas españolas que presumen de sello familiar. Europavia, 15ª en ventas en España, pertenece al grupo ADIT, con sede en París, cuyo accionariado está compuesto principalmente por Parquest Capital, BPI France Investissement y Amundi Private Equity Fund.

Hay gigantes que, aun lejos de tener la defensa como actividad principal, aparecen en el listado de mayores vendedoras en España, como Cepsa (11) o Telefónica Soluciones (32), con accionistas destacados como los fondos Mubadala, de Emiratos Árabes (en Cepsa), y Public Investment Fund, de Arabia Saudí (en Telefónica). Una particularidad: tanto Mubadala como Public Investment Fund son fondos soberanos, es decir, estatales. No son de Emiratos y Arabia, son propiamente Emiratos y Arabia.

En el negocio de la seguridad y la defensa también hay espacio para los expolíticos. Sobresalen cuatro nombres. El primero es Eduardo Serra, ministro de Defensa entre 1996 y 2000, con José María Aznar (PP). Serra figura como presidente de NTT Data EMEAL, división en Europa, Oriente Medio, África y América Latina de la multinacional japonesa NTT Data, de la que dependen firmas contratistas con el Ministerio de Defensa.

También fue ministro de Defensa Pedro Morenés (2011-2016), en su caso con Mariano Rajoy, igualmente del PP. Morenés es presidente del consejo de administración de la multinacional española Amper, otra empresa contratista con el Ministerio de Defensa. Antes de ser ministro, Morenés fue consejero de otra importante compañía española de defensa, Instalaza, que demandó al Estado en 2011 para exigir una compensación por la prohibición de las bombas de racismo, aunque el Supremo rechazó sus pretensiones.

Quedan dos nombres con pedigrí PP. Uno es Ricardo Martí Fluxá, principal referente del lobby armamentístico nacional en calidad de presidente de la Asociación Española de Tecnologías de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio (Tedae). Fluxá fue jefe de Protocolo con Juan Carlos I (1993-1996) y secretario de Estado con Jaime Mayor Oreja como ministro del Interior (1996-2000). Tras salir de la política, fue presidente de 2000 a 2017 de ITP Aero, empresa contratista del Ministerio de Defensa y que actualmente figura como la octava en ventas del sector en España. ITP Aero, que se presenta como "líder mundial de propulsión aeronáutica", fue vendida por Rolls-Royce al fondo estadounidense Bain Capital en 2022. Actualmente su capital se reparte así: 84,5% de Bain, 9,5% de Indra y 6% del Gobierno vasco.

La galaxia lobista ofrece otra prueba de que huele a grandes oportunidades para el negocio de la seguridad/defensa. Compañías como Llorente & Cuenca y Acento, dedicadas a defender los intereses de sus clientes ante las administraciones, han incorporado a sendos militares a su cuadro de asesores.

Cierra el cuarteto político Pablo Casado, presidente del PP entre 2018 y 2022, que de momento no tiene el empaque en el sector de los otros tres pero busca un hueco como conseguidor de inversiones para el fondo de capital riesgo Hyperion, dedicado a la defensa, la seguridad y la inteligencia artificial. Lo acompañan en la empresa, según el folleto presentado ante la CNMV, Joaquín Ortiz, que fue miembro del gabinete de Pedro Morenés cuando era ministro; José Antonio Bartrina, un empresario del sector de seguridad y defensa que fue director general del lobby de las armas Tedae antes que Martí-Fluxá; y una figura de relumbrón, Ricardo María Gómez-Acebo Botín Sanz de Sautuola, sobrino de Ana Botín, presidenta del Santander. Casado figura como experto en "relaciones internacionales y geoestrategia"; Gómez Acebo se presenta como especialista en "finanzas e inversión".

Los tics, estrategias, guerras culturales y hasta revueltas populares que promueve la nueva extrema derecha tienden a replicarse aquí y allá. Lo subraya con ejemplos el historiador Pablo Batalla, atento observador de la "nueva insurgencia ultraderechista": los conspiracionistas han difundido bulos casi idénticos sobre la transexualidad de las esposas de Obama, Macron y –con menos repercusión– Pedro Sánchez; los asaltos a los palacios democráticos de Washington y Brasilia por parte de hordas trumpistas y bolsonaristas parecen escritos por el mismo guionista. Es una tendencia ultra: copiarse a sí misma en diferentes países. Así que, razona Batalla, sería una ingenuidad pensar que el auge del revisionismo histórico derechista en España, que desborda a Vox y se instala plenamente en el PP, está desconectado de corrientes globales y obedece sólo a causas nacionales, a una especie de gen "guerracivilista" que ha vuelto a despertar.

Los hechos demuestran que la ola revisionista de la derecha española sobre el siglo XX, expresada ahora con las "leyes de la concordia" de PP y Vox y que se complementa con una relectura nostálgica del pasado imperial, se inserta en un fenómeno que ni es sólo nacional ni es sólo contemporáneo. Batalla rescata una frase de Benedetto Croce, "toda historia es historia contemporánea", para ilustrar su idea central: que la manipulación del pasado es una práctica tan vieja como su razón de ser, es decir, como la lucha por el poder. "La historia –añade el autor de Los nuevos odres del nacionalismo español– es un campo de batalla".

Evoca el historiador un caso de revisionismo al servicio de fines políticos que sirve como punto de partida: el conflicto lingüístico en la Grecia independizada del Imperio otomano en el siglo XIX, donde entraron en tensión el griego demótico, impregnado de préstamos turcos, y la variante katharévousa, purificada y arcaizante, expresión de una voluntad de "eliminar del pasado" aquello que estorbaba a los fines políticos del momento. Esta voluntad es fácil de encontrar en todas las sociedades, más cuando ganan fuerza los convencidos de una misión histórica y renovadora. Y ese es el caso, explica Batalla, de la ultraderecha global, que necesita en cada país una nueva historia precisamente porque está empeñada en "crear algo nuevo" y "derribar el orden establecido", como el propio gurú Steve Bannon ha declarado, llegando por ello a definirse como "leninista".

infoLibre se detiene en diversos escenarios internacionales de la guerra política y cultural sobre la historia. Aunque la relectura a propia conveniencia del ayer se concreta de forma distinta en cada país, suele dejar rastros parecidos. ¿Cuáles? La negación o rebaja de episodios criminales, la dulcificación de dictaduras, la oposición a aceptar culpas por represiones internas o explotaciones coloniales, la demonización del antifascismo, el victimismo, la glorificación de supuestas hazañas...

En Francia, donde la identidad está siempre abierta a debate, el recorrido de la cuestión histórica viene marcado por la fundación, en 1972, del Frente Nacional, que es en parte expresión de duelo nacionalista por la pérdida de Argelia y que tiene en los pies negros –los franceses de Argelia que salieron de la antigua colonia– una de sus fuerzas motrices. Nutrido de expartidarios del régimen colaboracionista de Vichy, de neofascistas, anticomunistas, tradicionalistas católicos y exmilicianos ultraderechistas, el FN nace marcado por la nostalgia colonial. No puede extrañar que en su fundador y líder histórico, Jean-Marie Le Pen, fuera indisimulable no sólo el racismo, sino el negacionismo del holacausto nazi.

¿Sigue hoy el partido heredero, Agrupación Nacional, en esas posiciones? ¿Sigue ahí la hija del fundador, Marine Le Pen? No, sería suicida para el partido. ¿Pero siguen manoseando la historia? Por supuesto. Eso sí, de manera diferente, recalca el historiador Steven Forti, especializado en extrema derecha, que pone a la Francia ultra como ejemplo de la utilización de un recurso que será usual en diversos países, el dog-whistle, o silbato para perros, es decir, los gestos o declaraciones medidos para no incurrir en abierto racismo ni en justificación de regímenes criminales, pero emitiendo en una frecuencia audible para votantes con inclinaciones racistas y filofascistas, que de inmediato reconocen estos mensajes como propios de los suyos.

Ahí puede inscribirse el rechazo de Le Pen a considerar crimen contra la humanidad la colonización de Argelia, como hizo Macron, o su exacerbado tributo a los franceses caídos en aquella guerra. Más incómodos se han vuelto los comentarios comprensivos con el Gobierno de Vichy, títere de Hitler. Pero ahí Le Pen hace sonar de nuevo su dog-whistle: a diferencia de su padre, MLP condena con firmeza a Vichy, al tiempo que ha negado la responsabilidad de Francia en las redadas contra judíos. El argumento: Vichy "no era Francia" y asumir sus actos como propios sólo lleva a la flagelación inútil. Más polémico ha sido al respecto Eric Zemmour, competidor ultraderechista de Le Pen, que ha dulcificado el régimen de Vichy hasta el punto de presentarlo como un salvador de judíos.

Forti también identifica como dog-whistle el empeño de la extrema derecha italiana, desde la Liga a Hermanos de Italia, por derogar la Ley Mancino, que impide la apología del fascismo. Lo hacen evitando la reivindicación directa de Mussolini, sustituida por una defensa de la "libertad de expresión". Lo importante es que se oiga el silbato. Y se oye bien alto. No es ningún secreto el entronque posfascista de Hermanos de Italia, heredero del Movimiento Social Italiano (MSI), un partido creado tras la Segunda Guerra Mundial por seguidores de Mussolini. El partido de Meloni, hoy primera ministra, mantiene en su logo la llama tricolor del MSI, que evoca al fuego del espíritu del Duce saliendo de su tumba. La propia Meloni militó en el ala juvenil del MSI y en sus inicios declaraba que Mussolini "fue un buen político" que lo hizo "todo por Italia". Más descaro exhibe Ignazio La Russa, antiguo militante del MSI, uno de los referentes de Hermanos de Italia, que admite sin empacho que tiene en casa una colección de figuras de Mussolini.

A pesar de toda esta acumulación de vínculos mussolinianos, ni Meloni ni La Russa, hoy presidente del Senado, se dedican a la abierta apología fascista. En su lugar, exhiben un orgullo italiano que incluye a toda la historia, sin excluir a Mussolini, y en cualquier caso sitúan su énfasis en la crítica al comunismo. Hermanos de Italia promueve además campañas de relectura histórica, como la que afecta a Via Rasella, el ataque de la resistencia romana a un grupo de soldados nazis en 1944, que a ojos de los fratelli fue una emboscada a "un grupo de músicos semijubilados” (La Russa) desprovista de cualquier épica partisana. En cuanto a los 335 muertos que dejó la represalia nazi, la conocida como matanza de las Fosas Ardeatinas, no cayeron por ser comunistas o judíos, sino por ser "italianos", dice Meloni, que lamina así la dimensión política de los hechos.

Otro frente abierto por el revisionismo en Italia: las fechas. El 25 de abril, efeméride de la liberación del nazifascismo en 1945, despierta recelos en sectores nacionalistas, que se debaten entre adherirse a la exaltación de lo que hoy es un popular día de orgullo nacional y los recelos ante una fecha pródiga en puños en alto y cánticos antifascistas. Meloni vuelve a hacer sonar el silbato. Durante la pandemia, protestaba por la permisividad con las manifestaciones del 25A en contraste con las restricciones para cenar con amigos. E insiste en la apropiación ilícita del aniversario por parte de la izquierda. Por el camino enfatiza otras fechas a celebrar, como el 4 de noviembre, por la derrota austrohúngara contra Italia en la Primera Guerra Mundial en 1918, una efeméride que celebra con mayor ahínco que la del 25A mientras acusa a la izquierda de taparla.

En Portugal se repiten los patrones. Otra vez las fechas. El partido ultra Chega tiene una relación más que tirante con el 25 de abril, festividad nacional por las Revolución de los Claveles que puso fin en 1974 a la dictadura António Salazar, otorgando a la forja del Estado naciente un ADN antifascista. André Ventura y los suyos prefieren –y así lo declaran– el 25 de noviembre, día el golpe militar fallido de militares de izquierdas en 1975, mitificado por Chega como la jornada en que Portugal se libró del "totalitarismo de izquierdas".

¿Y qué hay de Salazar? ¿Cómo lidia la extrema derecha lusa con la memoria del Estado Novo? Al igual que en Italia con Mussolini, los comentarios de respaldo expreso a Salazar no son mayoritarios ni asumidos como línea oficial de la dirección. Lo que hace Chega es dar un rodeo, utilizando un lema identificado con Salazar, "Dios, patria, familia y trabajo". "Los valores son valores" y es la "dominación cultural de la izquierda" la que lleva a rechazarlos "sólo porque estaban asociados al Estado Novo", dice Ventura. Es como si alguien dijera que España es "una, grande y libre"... pretendiendo que no se le recuerde la divisa franquista.

Además de las fechas, en Portugal aflora la cuestión de las antiguas colonias, otro campo ideal para la siembra de discordia histórica. "Los seguidores de Chega buscan atraer a los nostálgicos del imperio portugués y rechazan la pretendida culpabilización relacionada con el pasado colonial”, ha explicado a Mediapart el historiador Victor Pereira. Si el trauma francés es especialmente agudo por Argelia, el portugués se centra en Mozambique, país independendizado en 1975 tras una guerra de liberación. Ventura encabeza una cruzada para evitar que su país asuma culpas y pida perdón por los crímenes del periodo colonial, también por la "masacre de Wiriyamu", en 1972, cuando los militares mataron a cientos de habitantes de este pueblo del norte del país como represalia por sus bajas. Para Ventura, pedir perdón no sólo de una deshonra, sino una "traición" a la nación y a su ejército.

La negativa a aceptar culpas por los crímenes coloniales es traza común de diversas derechas occidentales, y no sólo extremas. En España Vox y el PP, con singular intensidad Isabel Díaz Ayuso, rechazaron la petición de perdón por parte del papa Francisco a los pueblos de América Latina por la conquista española. Ayuso no entendía que un papa hispanohablante dijera tales cosas cuando el legado de España es "el catolicismo y por lo tanto la civilización y la libertad". La base de las posiciones contra la aceptación de que hubo una colonización explotadora es la idea de que España fue un "imperio creador", no "extractivo", como el caso de Bélgica en el Congo, Ruanda o Burundi. Pero lo cierto es que también en Bélgica hay resistencias –menos que en España– a aceptar culpas y pedir disculpas.

La ultraderecha flamenca de Vlaams Belang se opuso a la comisión para buscar "verdad y reconciliación" tras la experiencia colonial de Bélgica en el Congo, que fue propiedad personal del rey Leopoldo II (1838-1909) y es hoy emblema de depredación y crueldad. Para Vlaams Belang, las disculpas ahora son "gratuitas". Esta es la posición el partido: "Hay pasajes buenos y malos en nuestra historia, pero sigue siendo nuestra historia, e incluso Leopoldo II está incluido". Vlaams Belang no niega los crímenes ni su gravedad, pero sí rechaza la aceptación nacional de cualquier responsabilidad, como si los actos del rey hubieran sido meramente privados. Así cambia el marco de discusión: de responsabilidad sí o no, a vergüenza sí o no.

La negación de responsabilidades históricas, repliegue al servicio de una visión idealizada del pasado, se materializó en Polonia con la aprobación en 2018, cuando gobernaban los nacionalistas de Ley y Justicia, de una ley que castigaba a quien implicara a los polacos en el holocausto. "Pocos recuerdan que allí había más de tres millones de judíos y que su exterminio se produjo delante de 20 millones de polacos. Que ser espectador indiferente no era posible", escribe en El País el historiador Jan Grabowski, que subraya que medidas así refuerzan la visión distorsionada sobre la Shoah de una sociedad, la polaca, en la que el antisemitismo es un viejo demonio familiar.

Negacionismo, orgullo, victimismo y nostalgia se combinan dentro del empeño revisionista. A lo que nunca se renuncia, señala Steven Forti, autor de Extrema Derecha 2.0, es a reivindicar la "grandeza de la nación", sea real o más bien inventada, como ocurre con esa letanía ya desmentida que repite Javier Milei según la cual Argentina empezó el siglo XX siendo "el país más rico del mundo".

Pero hay otros ejemplos grandeza nacional exaltada con la vista en la historia:

– El "Global Britain", impulsado por el Partido Conservador para contrarrestar el temor al aislamiento a causa del Brexit, derivó en manos de tories como Boris Johnson en un carrusel de "melancolía postcolonial", en palabras a BBC News Mundo de Mehdi Boussebaa, investigador de la Universidad de Glasgow. Se trata de un concepto emparentado con la Iberosfera de Vox, que aúna a Latinoamérica y Estados Unidos, con España en el centro, con lo que la "madre patria" recuperaría así al fin una misión a la altura de su grandeza. Sin llamarlo "Iberoesfera", es común a amplios sectores de la derecha española –incluido el PP– una rebelión contra una supuesta "leyenda negra" que estaría hurtando a España el reconocimiento histórico que merece.

– Víktor Orbán no oculta el anhelo de la "Gran Hungría", que incluye territorios perdidos tras el colapso del Imperio Austrohúngaro. Ahí entran áreas de Rumania, Eslovaquia, Serbia, Ucrania, Austria, Croacia, Eslovenia y Polonia. Todo irrecuperable, como sabe Orbán, que sin embargo usa símbolos que remiten a los años previos al Tratado de Trianon, que en 1920 dibujó el nuevo mapa. Sus coqueteos han ocasionado líos diplomáticos, como cuando en 2022 publicó un vídeo en el que exhibía una bufanda con el mapa de la Gran Hungría con motivo de un partido de fútbol. Rumanía y Ucrania –invadida por Rusia– pusieron el grito en el cielo.

Si exaltar a Franco, Mussolini o Salazar es problemático, Orbán no tiene el menor problema en hacerlo con Miklos Horthy, un militar antisemita que instauró en la Hungría de entreguerras un régimen proto-fascista y autoritario y acabó siendo aliado de Adolf Hitler. Para el actual primer ministro, fue un "estadista excepcional". En coherencia, en el actual régimen húngaro la figura de Horthy es reivindicada sin complejos tanto por el Fidesz –el partido de Orbán– como por Jobbik, aún más a su derecha.

La exaltación de héroes a la medida de intereses actuales es una constante. En España Santiago Abascal viaja siglos en el tiempo para encontrar en los Reyes Católicos el inicio de la auténtica españolidad. Al otro lado del mundo, el primer ministro indio, Narendra Modi, reivindica y rehabilita la figura de Vinaiak Dámodar Savarkar, etnonacionalista hinduista de ultraderecha, eterno sospechoso de participar en el complot que acabó con Gandhi. El ideario de Savarkar es fuente de inspiración de Modi para una reinterpretación de la antigüedad india al servicio de una identidad excluyente e islamófoba.

Con Modi al frente el país más poblado del mundo, hay en marcha un auténtico proyecto de imposición de una nueva historia india, que necesariamente pasa por las aulas. La educación es también la obsesión de Orbán. Más allá de los gestos nada inocentes sobre la "Gran Hungría", el nacionalismo húngaro emplea medios públicos y educación pública para machacar con una narración de la historia presentada como un conflicto ancestral entre el cristianismo y lo extranjero, ahora oportunamente encarnado por el Islam. La dinámica acción-reacción que provocan los episodios revisionistas suele ser parecida: gran polémica, discusiones elevadas y polarización identitaria, todo rematado con el líder populista de turno erigiéndose en auténtico defensor de una nación asediada.

Hay países donde saben mejor que en los demás hasta dónde puede llevar esa dinámica. Ahí está Alemania, donde el nazismo germinó sobre el movimiento völkish, nostálgico de un pasado mítico medieval germano. No en vano, Himmler era un obseso de la reivindicación de la "grandeza de nuestros ancestros". El resultado de todo aquello es que Alemania es quizás la sociedad donde más hegemónica es la aceptación de culpas y la petición de perdón por los horrores pasados. Eso sí, esa armadura presenta grietas. En el partido Alternativa para Alemania ha habido voces que han sacado el negacionismo del Holocausto de la marginalidad. Como la de Alexander Gauland, que en 2018 dijo que "Hitler y los nazis suponen tan solo una caca de pájaro en comparación con 1.000 años de exitosa historia alemana". También considera Gauland que el 8 de mayo, capitulación de los nazis en 1945, es un día de tristeza y derrota que no debe ser celebrado. No obstante, las posiciones explícitas que puedan ligar al partido de Alice Weidel con el nazismo son cada vez menos. La formación está en auge en las encuestas y, como sabe Le Pen, para crecer hay que evitar lo explícito.

El historiador Forti resume: para la extrema derecha la historia ocupación una posición de "centralidad" porque le que permite desplegar un abanico de armas de seducción política y hacer un "uso y abuso" del pasado "con fines propagandísticos", seleccionando a conveniencia mitos, héroes y villanos. Ahora bien, una vez detectado este patrón, ve muy distinta la realidad a uno y otro lado del Atlántico. En Europa observa una "banalización" y una "rebaja de la crítica" al pasado fascista, acompañadas de una "criminalización de los otros", sean estos "partisanos" (Italia) o "rojos" (España). Las referencias al pasado se hacen complejas, a veces paradójicas. Por ejemplo, Le Pen es hoy una enfática defensora de la tradición republicana francesa, si bien tanta adhesión es instrumental: la acaba usando para colocar un discurso nostálgico de la grandeur y los valores perdidos en la Francia multicultural. ¿Qué demuestra? Que lo prioritario no es ya tanto lo ideológico como "conquistar sentido común" mediante todo lo que la historia ponga al alcance, dice Forti.

Cosa distinta ocurre en América Latina, añade el historiador. Allí la reivindicación de los regímenes criminales pasar a ser "explícita", como la de Jair Bolsonaro de la dictadura militar brasileña (1964-1985) o de la José Antonio Kast de la chilena (1973-1990). "Pinochet votaría por mí, es evidente", ha dicho Kast. El error de los militares fue "torturar y no matar", según Bolsonaro, que ha promovido una teoría según la cual ha habido una conjura de intelectuales e izquierdistas para ocultar los éxitos de la dictadura.

En Argentina Javier Milei ha llegado al Gobierno con un discurso equidistante entre la dictadura (1976-1983) y quienes la combatieron. Hubo "excesos" de todos, dice, emulando la fórmula de Jorge Rafael Videla. La teoría de los excesos compartidos recuerda a las tesis del PP, Vox y la cúpula católica sobre el 36. “La Guerra Civil fue un enfrentamiento entre quienes querían la democracia sin ley y quienes querían la ley sin democracia”, solemnizó en el Congreso Pablo Casado. Milei dice que la cifra de 30.000 desaparecidos es inventada, un comentario que escuece a las organizaciones de víctimas. Una vez en la Casa Rosada, ha colocado como vicepresidenta a Victoria Villarruel, hija, sobrina y nieta de militares, que sólo acepta enmiendas a la dictadura en el marco de una "memoria completa" que mete en el mismo saco a los montoneros.

Si en las democracias el revisionismo es moneda corriente, en los regímenes autoritarios aún más. Y la guerra agudiza el fenómeno. La justificación de la invasión de Ucrania por parte de Vladimir Putin fue un recital de revisionismo. Este análisis de VerificaRTVE desmonta, de la mano de especialistas, las principales tesis del presidente, obsesionado con acercarse a la fronteras de la "Gran Rusia" previas a la caída de la URSS: ni la Ucrania moderna fue una concesión de Lenin, ni hay acreditado ningún genocidio de población rusa en zonas del este de Ucrania como Lugansk y Donetsk.

Mientras tanto, en Israel –en plena invasión de Gaza– progresa en las fuerzas gobernantes la idea de acercarse a las fronteras del "Gran Israel", una aspiración defendida por el llamado "sionismo revisionista" que se remite a unas supuestas fronteras bíblicas de la tierra de los judíos que van más allá de las actuales. En septiembre del año pasado, en el pleno de Naciones Unidas, Netanyahu –hijo de un destacado referente del "sionismo revisionista"– mostró un mapa en el que Israel se come Gaza, Cisjordania y Jerusalén, imagen que a muchos alarmó por recordar a ese "Gran Israel".

No hay país que se libre. En Estados Unidos, que no llega a los 250 años de historia, existe toda una polémica nacional sobre el papel que asignar a los generales esclavistas que lucharon en la Guerra de Secesión (1861-1865). Poco sorprendentemente, Trump se opone a la retirada de estatuas y al cambio los nombres de las bases navales que los homenajean. Son "herencia" estadounidense, dice. ¿Y qué hay del respeto a quienes los sufrieron? ¿Qué hay de su herencia, su memoria y su historia? Como dejó dicho Walter Benjamin, cuando el enemigo vence "ni los muertos están a salvo".

No ha habido vacilaciones. La posición de Vox ante el caso del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (PP), ha sido firme: defensa cerrada de Ayuso y carga contra quienes le exigen explicaciones. Una vez sentada esa base, nada que añadir, porque todo es un truco del PSOE y sus socios para tapar a Koldo y la amnistía.

Ninguna de las revelaciones o acontecimientos desde que se conoció el caso ha desviado al partido de Santiago Abascal de ese rumbo. Ni las falsedades vertidas por la presidenta, cuya primera reacción fue erigirse en defensora de su pareja, acusando a "todos los poderes del Estado" de una conspiración para perjudicarla, llegando a afirmar que Alberto González Amador se enfrentaba a una mera inspección fiscal y que era Hacienda quien le debía dinero a él. Tampoco han movido del sitio a Vox las conexiones de González Amador con Quirón, el principal beneficiario de la privatización sanitaria en la Comunidad. Ni la difusión de bulos del jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, sobre periodistas que siguen el caso. Ni el hecho de que Ayuso resida con González Amador en una vivienda comprada por este después del supuesto fraude a Hacienda.

Cuando a Pepa Millán, portavoz del partido de Abascal en el Congreso, le preguntaron por el tema los periodistas el 12 de marzo, con la denuncia de la Fiscalía recién publicada, dijo: "Parece ser que es un procedimiento que ha abierto Hacienda y no tengo nada que decir al respecto". Fue Rocío Monasterio, portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, quien fijó la posición de su grupo dos días después, cuando Ayuso ya había salido a defender públicamente a su pareja. Monasterio reclamó respeto a la "presunción de inocencia" de González Amador –que ha reconocido por escrito que ha cometido fraude fiscal– y afirmó que el caso respondía al interés del PSOE y sus socios de "tapar" la Ley de Amnistía. "Desde luego Vox no va a apoyar comisiones de la izquierda, que son los que están metidos en este lodazal. No vamos a apoyar comisiones lideradas por el partido [PSOE] que cuando nos encerró a todos robaban a manos llenas", insistió en referencia al caso Koldo Monasterio, que recalcó que no había constancia de que "haya ido dinero de los madrileños a ninguna trama" vinculada a la pareja de Ayuso.

La página web La Gaceta, que funciona como órgano de propaganda de Vox –es titularidad de la fundación del partido, Disenso–, se refiere a las exigencias de la oposición a Ayuso como una "cacería de la izquierda". En coherencia con esta visión, el partido ha centrado sus actuaciones en exigir responsabilidades a otros. El diputado nacional Javier Ortega Smith ha reclamado la dimisión del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por "falta de neutralidad" en el caso, en referencia al "gravísimo" hecho de que la Fiscalía emitiera una nota aclarando que, en contra de lo que habían publicado varios medios, no era el Ministerio Público el que había ofrecido un pacto para que González Amador admitiese los delitos fiscales, sino que fue el abogado de González Amador quien ofreció el acuerdo, en el que reconocía el fraude y se ofrecía a pagar. El partido de Abascal coincide en poner el foco en la Fiscalía con otras entidades como el Colegio de Abogados de Madrid, el Foro Libertad y Alternativa, liderado por el expresidente de Vox Alejo Vidal-Quadras, y la organización Manos Limpias, que han adoptado incluso medidas legales.

La actitud de Vox contrasta con la dureza del partido ante los casos que afectan a la izquierda. Ahí es frecuente que Vox tire de sospechas, sin aportar pruebas, no ya para exigir explicaciones, sino para extender responsabilidades y pedir dimisiones hasta la cúpula. Un ejemplo: preguntado por el caso Koldo, Abascal afirmó que "todo el Gobierno", del presidente Pedro Sánchez para abajo, "debería dimitir", en una respuesta en la que mezclaba la corrupción con los pactos con los independentistas. En exigencias algo más particularizadas, Ignacio Garriga reclamó la dimisión de Sánchez por este mismo caso, que ha demostrado a su juicio que "el Gobierno está en manos de una trama mafiosa".

En cuanto a la esposa de Sánchez, Begoña Gómez, Vox no está poniendo el énfasis del PP, pero tampoco la está excluyendo de sus acusaciones. Juan García-Gallardo, vicepresidente de Castilla y León y miembro del Comité Ejecutivo Nacional de Vox, ha afirmado que es "inaceptable que la mujer de Pedro Sánchez tuviera una vida laboral cuanto menos 'discreta' y que, tras el ascenso político de su marido, haga negocios turbios con multinacionales españolas, instituciones educativas y quién sabe cuántas empresas más". "Hay que ir hasta el final", ha sostenido.

De García-Gallardo ha partido la excepción a la regla general en Vox de no hacer comentarios críticos sobre Ayuso al hilo de la investigación a su novio. No fue ni siquiera una afirmación, sino una pregunta publicada en Twitter: "¿Es normal que la presidenta de la Comunidad de Madrid esté emparejada con un presunto delincuente?"

El señalamiento de la esposa de Sánchez tiene antecedentes en Vox. En 2018 el partido presentó una querella contra Pedro Sánchez por el supuesto plagio de su tesis en la que también pedía que se le investigará "por promocionar supuestamente de manera ilícita y fraudulenta la carrera profesional de su mujer, Begoña Gómez". El Supremo lo rechazó.

El caso Koldo y el que afecta al novio de la presidenta son de naturaleza y dimensiones difíciles de comparar, pero lo que salta a la vista ante uno y otro es la diferencia radical de actitud de Vox. Además, Abascal y los suyos han utilizado en más ocasiones a familiares de adversarios políticos para atacarlos. Un caso emblemático es el de la esposa de Juan Espadas, líder del PSOE en Andalucía, contra la que Vox emprendió una ofensiva en el Parlamento y en los tribunales acusándola de haber accedido como "enchufada" en 2007 a una fundación de la Junta de Andalucía conocida por sus múltiples irregularidades. Estos dos vídeos publicados por la cuenta de Vox en el Parlamento de Andalucía en la red social X –antes Twitter– dan idea del cariz de la campaña, a la que también se sumó Vox a nivel nacional y que sostiene que Espadas se benefició del "tinglado corrupto" del PSOE por "enchufe" de su mujer, que tuvo que comparecer en una comisión de investigación. El primer vídeo se cierra con una ridiculización de la esposa de Espadas.

En enero de este año, Vox, en reacción directa a la confirmación por el Tribunal Supremo de una condena al exmarido de Mónica Oltra por abusos a una menor tutelada, reclamó al Parlamento europeo un debate sobre "el escándalo los abusos sexuales a menores en centros de la Comunidad Valenciana". "El condenado tiene una conexión directa con la exvicepresidenta de la Comunidad Valenciana, hecho que ha elevado la preocupación sobre la protección de menores en situaciones vulnerables", señalaba Vox para justificar su solicitud. En este caso, la gestión de Oltra está bajo investigación judicial.

La posición de Vox ante las comisiones de investigación sobre mascarillas en el Congreso y en el Senado apunta a un doble rasero. En la Cámara Alta, donde el PP tiene mayoría absoluta, Vox apoyó una comisión de investigación ceñida al caso Koldo, que fue aprobada por unanimidad. En la Cámara Baja, en cambio, la comisión sobre la compra de material sanitario durante la pandemia por parte del Gobierno y otras administraciones salió adelante sin el apoyo de PP y Vox. Según la formación de Abascal, el único objetivo de esta comisión era "esparcir dudas".

A la hora de valorar la importancia que Vox da a la lucha contra la corrupción, hay otro dato de utilidad: el partido de Abascal y el PP han vaciado de poder los órganos antifraude y anticorrupción en la Comunidad Valenciana y Baleares. En la comunidad insular, de hecho, la decisión de liquidar la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción ya está aprobada en una ley.

infoLibre preguntó a Vox sobre su posición ante el supuesto fraude del novio de Ayuso y otros casos que afectan directa o indirectamente a adversarios políticos, sin respuesta.

Uno de los factores que podrían pesar a la hora de no presionar a la presidenta de la Comunidad de Madrid es la relación de colaboración que Vox mantiene con el PP, cuya máxima expresión son las coaliciones de gobierno de la Comunidad Valenciana, Murcia, Aragón y Extremadura. Así lo cree Juan Francisco Albert, director de Al Descubierto, un centro de análisis y difusión sobre extrema derecha. "Obviamente, tienen que cuidar a sus socios", señala. No obstante, a su juicio Ayuso aporta un plus de "dificultad" para Vox.

"Para la extrema derecha, a la hora de hacer valoraciones, no importa el qué, sólo el quién. El doble rasero es total", señala. Y el quién de Ayuso no es cualquier quién. En el caso de la presidenta de Madrid, el partido de ultraderecha tiene que "calibrar muy bien" sus ataques porque se trata del "mejor Trump que hay en España" y su electorado siente simpatías hacia ella, añade. Además, al mismo tiempo que le roba votantes, "amplifica sus guerras culturales", luego un enfrentamiento con ella podría ser contraproducente. "Fíjate cómo las peleas de Monasterio con Ayuso nunca van a más", observa.

En línea con lo señalado por Albert, hay datos –no sólo una impresión generalizada– que apuntan a que el potencial electorado de Vox siente debilidad por Ayuso, a la que la formación de extrema derecha también ha socorrido en el caso de su gestión de las residencias de mayores. En abril de 2021, antes de las autonómicas de la Comunidad de Madrid, el CIS publicó un estudio que señalaba que a los votantes de Vox les gustaba más Ayuso que su propia candidata, Rocío Monasterio. A la primera le ponían un 7,9 de nota, a la segunda un 7,4. La gestión de la presidenta merecía la consideración de "buena" o "muy buena" para casi el 80% de los votantes de Vox.

Otra encuesta realizada por GAD3 y publicada en abril de 2023 por ABC, en la precampaña de las siguientes elecciones autonómicas, exponía cómo entre los electores de Vox había más que preferían a Ayuso como presidenta que a Monasterio, si bien era un fenómeno que se repetía para el caso de la alcaldía de Madrid con José Luis Martínez-Almeida (PP) y Javier Ortega Smith (Vox).

El último barómetro general del CIS, de marzo de este año, señala que el 20% de los electores de Vox quieren –en respuesta espontánea– que la presidenta del Gobierno sea Ayuso, aunque ni siquiera es –formalmente– una líder nacional, ni es candidata a la presidencia. Aun así, uno de cada cinco votantes de Vox daban su nombre. El de Alberto Núñez Feijóo, el auténtico aspirante del PP a la Moncloa, lo daba un 5%.

Carmen Calzado, cordobesa que lleva más de media vida en El Puerto de Santa María (Cádiz), fue una profesora precoz. Con 21 años, recuerda, ya empezó a dar clases de Matemáticas. La certeza de un trabajo estable, sumada a una mezcla de fascinación e idealismo en su mirada al mundo, la predisponía a dedicar gran atención a la política. Y así ha sido y sigue siendo hasta hoy, con 69 años, cuando ya jubilada anda metida en mil jaleos. "Pero nunca –recalca– he militado en un partido. Siempre he sido muy anárquica, muy... libertaria. Rechazo la disciplina de los partidos". Le parecían instrumentos ineficaces para unas miras tan altas como las suyas: un mundo en paz.

La puerta de entrada de Calzado a la política fue el antimilitarismo y el pacifismo, que están conectados pero no son lo mismo. Grosso modo el primero rechaza los ejércitos y el servicio militar, y por supuesto que los uniformados tengan peso en la vida política y social. El segundo, de premisa más trascendente, más filosófica, en ocasiones de base religiosa, se opone a las guerras y defiende la paz. Miembro de Ecologistas en Acción, Calzado es pacifista, antimilitarista, ecologista y anticapitalista sin rodeos. "Las guerras –dice– son necesarias para el capitalismo". No sólo para el "negocio de las armas", sino para el funcionamiento del capitalismo, al menos en su fase "salvaje", por usar sus términos.

Este diagnóstico sin medias tintas es compatible con una nota pesimista. "Me moriré sin ver un cambio significativo, lo sé. Seguirá habiendo guerras. Pero hay que luchar, dejar la semillita. La evolución va a ser más lenta de lo que pensábamos, pero llegará". Reconoce –y es un diagnóstico que abundará en este artículo– que el movimiento al que ella pertenece "no está fuerte para nada". "Nada parecido a la época de las manifestaciones contra la guerra de Irak, cuando éramos muchísimos. Ahora se trata más bien de resistir, sabiendo que aunque seamos minoría, y nos llamen ingenuos, tenemos razón", afirma. Y aquí hace un apunte: es más frecuente ahora que la llamen "ingenua" que antes.

¿Dónde ha podido estar el punto de inflexión? Cree que con la guerra de Ucrania "ha ido calando esa idea de que cuantas más armas, más seguridad, como en la Guerra Fría". A su juicio, se está forjando una especie de sentido común beligerante, militarista, contrario no ya a la negociación, sino al análisis. Contrario al matiz. Ella está lejos de justificar la invasión de Rusia por parte de Putin, pero su criterio sobre el conflicto incorpora una dura crítica a la OTAN que –afirma– muchos no comparten. Sí, son tiempos de división en su movimiento, afirma Calzado, que ve especialmente grave este foco de debilidad cuando en la élite política de la la UE y en España se hacen sonar "tambores de guerra", usando sus palabras [ver aquí información en detalle sobre el auge de los discursos de alerta bélica en la UE y España y el incremento de los presupuestos militares]. Calzado, que cree que ahora sería importante que se escucharan muchas voces a favor de la paz, desconfía de los discursos de alerta, que ve orientados a "infundir miedo" y condicionar la agenda política".

Son múltiples los espacios en los que ha participado Calzado: Ecologistas en Acción, la Red Antimilitarista y No Violenta de Andalucía (conocida en el mundillo como la RANA), Plataforma Cádiz con Palestina... Es posible verla tanto en un acto de homenaje a las víctimas de Hiroshima y Nagasaki como preconizando la "objeción fiscal al gasto militar". Ahora bien, si hay una movilización que recorre su trayectoria es la Marcha a Rota, el recorrido anual a pie para exigir el cierre de las bases militares en España, especialmente la de Rota.

Es una cita histórica. Arrancó en 1981 y durante lustros fue una colorida pasarela de buena parte de la izquierda alternativa, una sinfonía de cánticos contra la guerra y las armas bajo un mar de banderas entre las que se distinguían dirigentes de la izquierda e intelectuales como Caballero Bonald, Luis García Montero, Javier Ruibal, Benjamín Prado, Felipe Benítez Reyes, Almudena Grandes... Hay crónicas que que dan cuenta de más de 15.000 "marchistas-leninistas", como se los llamaba con guasa.

La Marcha, con la excepción del rebrote por la guerra de Irak, lleva largo tiempo languideciendo. Se sigue celebrando, pero con fuerza decreciente.

La preparación de su edición de 2024, para el 7 de abril, sirve como muestra de la división en el movimiento antimilitarista/pacifista. Veamos. La convocatoria la ha hecho circular la Plataforma Bases Fuera OTAN No, que distribuye un cartel en el que un puño aplasta un barco estadounidense. Jesús Lara, histórico del movimiento antimilitarista y de la Marcha a Rota, que lleva toda la vida contra la OTAN y desde la invasión de 2022 pide la retirada de Rusia de Ucrania, cree que en el actual contexto esta representación de la Alianza Atlántica como "único imperialismo" ofrece una imagen incompleta de la realidad. Así que espera llegar a un comunicado conjunto para la Marcha.

Desde la Plataforma Bases Fuera OTAN No, Paco Ferrer advierte: "No queremos discutir otros imperialismos. Así nos podemos pegar horas y horas y las bases siguen ahí. Yo pregunto: ¿cuántas bases rusas hay en España? Pues eso". A juicio de Ferrer, afirmar que Rusia está invadiendo Ucrania es "lisa y llanamente comprarle el discurso a los otanistas". Y afirma que negociará un comunicado, pero con "líneas rojas".

Al escritor y periodista Juan José Téllez le suenan todos estos conflictos ideológicos en el seno de la izquierda antibelicista. "Siempre ha habido mosqueos. Recuerdo que los que íbamos a la Marcha en contra de la política de bloques nos encontrábamos allí con algunos militantes pintorescos del PCOE [Partido Comunista Obrero Español] vestidos al estilo de los soldados del Pacto de Varsovia", cuenta y suelta una risita nostálgica. Describe el antimilitarista-pacifista como un movimiento "históricamente convulso", pero ahora lo ve directamente "desarticulado", precisamente cuando asistimos a una "escalada" militarista. Siguiendo su análisis, la discrepancia concreta en torno a la Marcha a Rota, que puede parecer irrelevante, es un síntoma de una división de más alcance.

Comparte el grueso del diagnóstico el histórico de la izquierda madrileña Agustín Moreno, que fue diputado de Unidas Podemos en Madrid entre 2021 y 2023 y en su día militante de la Coordinadora Estatal de Organizaciones Pacifistas (CEOP) y de la Plataforma Cívica contra la OTAN. A su juicio, no hay un "movimiento pacifista organizado con suficiente potencia" para alterar las dinámicas militaristas en curso. Sí lo hubo en múltiples países a raíz de las crisis con riesgo nuclear –Cuba, Euromisiles– y en España tuvo fuerza en la reclamación de la objeción de conciencia y en el rechazo a la OTAN. Pero de aquel impulso, afirma, queda poco. "Hay pequeños núcleos, fogonazos", afirma. Eso sí, no cree que haya que descartar la recuperación del vigor, aunque ello requiere al menos tres factores. 1) Una "idea fuerza potente", que quizás podría aparecer cuando "se vean las orejas al lobo", es decir, cuando realmente se vea que el rumbo de las decisiones políticas conduce a una guerra. 2) Referentes organizativos. 3) Líderes de prestigio en el mundo de la cultura e intelectual.

"Y quizás un cuarto elemento, unidad política", añade Moreno. Algo que ahora no se da en el campo de la izquierda, donde son notorias las disparidades sobre Ucrania y, en menor medida, Gaza. La invasión de Ucrania, señala Moreno, ha venido a añadir "confusión". "La crítica a la OTAN hay que hacerla, claro, pero también a la invasión rusa a Ucrania. Si no se unifica el discurso es difícil movilizar nada", señala Moreno, que se manifiesta por la retirada de Rusia y por la negociación para detener la guerra. Su análisis concluye inscribiendo la falta de vigor del movimiento pacifista/antimilitarista en una "desmovilización del bloque progresista", que se estaría manifestando tanto en el liderazgo derechista en las protestas del campo como en escasa "ebullición sindical".

El historiador Carlos Ángel Ordás, que ha estudiado en profundidad el movimiento , cita varias motivos que confluyen en su actual debilitamiento. El primero es una "mayor permeabilidad al militarismo" en las sociedades europeas, también en la española, a raíz de la invasión de Ucrania y en coherencia con el auge del movimiento "patriótico nacionalista". "Al no haber una cohesión de fondo, porque no una es guerra en blanco y negro, afloran más las diferencias en el movimiento", señala. A esto se suma, a su juicio, un mayor "individualismo" de los movimientos sociales. El tercer factor es un trasvase directo del movimiento antimilitarista al movimiento okupa. Añade los efectos de años de acción del lobby militar, que no han sido en balde. Y cierra con un problema de fondo: "En los 70 y 80 había aún había una ambición de transformación profunda del mundo. Ya no lo hay".

En contraste con el "culmen" que a principios de siglo supuso para el movimiento el final del servicio militar obligatorio y la activación social contra la guerra de Irak, Ordás señala que hoy el antimilitarismo y el pacifismo carecen de un "arraigo" comparable". Pero señala aún tiene "redes" que podrían activarse si hubiera algún factor de movilización. Y no sólo redes, recalca. También "referentes" vivos, como Martí Olivella o Carmen Magallón, y otros ya fallecidos pero que han dejado su obra, como Arcadi Oliveres o Francisco Fernández Buey. Eso en cuanto a individuos de referencia. ¿Y organizaciones? Ordás nombra a vuela pluma las diversas ramas herederas del histórico MOC, o Movimiento de Objeción de Conciencia, la antes citada RANA, Mujeres de Negro, Dones per Dones, las Brigadas Internacionales de Paz...

El ecopacifista Jesús Lara amplía la lista con la Plataforma Aturem la Guerra, Ecologistas en Acción, las campañas contra el comercio de armas con Israel... Con todo ello, y aunque admite que el movimiento pacifista no vive un momento de efervescencia, niega que esté neutralizado. "Lo que ocurre es que estamos muy volcados en Palestina", afirma, antes de añadir que en 2023 hubo protestas en Toledo contra el gasto armamento con motivo de reunión de los ministros de Defensa de la UE y que se preparan acciones contra la feria "aeroespacial y de defensa" que tendrá lugar en mayo en Sevilla.

"Desequilibrio de poderes"

Jordi Calvo, coordinador del Centre Delàs d'Estudis per la Pau, afirma que el pacifismo tiene ahora una "débil" capacidad de movilización que dificulta que traspase "los umbrales de su propio espacio". ¿Por qué? Como siempre que se lanza esa pregunta, las respuestas no son cerradas. Economista y experto en relaciones internacionales, Calvo pone el énfasis en una razón: el "desequilibrio de poderes" entre el movimiento pacifista y el "lobby de la industria militar", que "lleva años trabajando por su presente y su futuro y ha sabido generar necesidades y vender la idea de que son imprescindibles en cada vez más áreas, no sólo en lo estrictamente militar", señala.

"Desde el principio, esta guerra [Ucrania] ha tenido mucho respaldo. Desde los gobiernos se ha buscado el máximo acompañamiento de la opinión pública. Es difícil oponerse a esta guerra", señala Calvo. Defensor de que enviar armas "no es la mejor opción" para conseguir la paz en Ucrania, afirma que las posiciones de los pacifistas "son en realidad las más realistas". "El tiempo nos terminará dando la razón y el final de esta guerra acabará siendo una mesa de negociación", señala.

"Guerra" era, para la UE, una palabra referida a otros. Pero ese manual, el que dice que la hipótesis bélica en suelo comunitario es remota y hasta inconcebible, descansa ya guardado en un cajón, junto con el que reducía al mínimo la opción de que los ejércitos europeos entren en una guerra potencialmente total. Un coro de voces de primer nivel se ha alzado para difundir mensajes de alarma. Sobresale el presidente francés, Emmanuel Macron, que habla cada vez más claramente de enviar tropas a luchar contra Rusia, una "amenaza existencial" para las sociedades europeas. "Muchos países de Europa, y no de los más pequeños, están en nuestra línea", advierte. Todos los debates nacionales presentan el mismo cariz: armarse, recuperar el servicio militar obligatorio –melón abierto ahora en Alemania–, mentalizarse para un posible conflicto... Resuena por todas partes el si vis pacem, para bellum, máxima latina que significa "si quieres la paz, prepárate para la guerra". La propia presidenta de la Comisión, Ursula Von der Leyen, ha convertido la advertencia bélica en el eje de su discurso sobre lo que está por venir.

España ha entrado en ese marco. De lleno. En unas declaraciones de tono inquietante a La Vanguardia, la ministra de Defensa, Margarita Robles, advierte que Vladimir Putin no es sólo una amenaza para los países limítrofes. "Hoy en día, un misil balístico puede llegar perfectamente desde Rusia a España”, señala. Y añade: “A veces tengo la percepción de que no somos conscientes del enorme peligro que hay. Y no sólo en Ucrania; también en Gaza y en el Sahel, donde soy muy pesimista con la situación". A su juicio, no cabe engañarse. "La amenaza es total y absoluta" e incluye "agresiones nucleares", remata, días antes de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reuniera en La Moncloa con el núcleo duro de la industria de defensa española.

¿Qué está pasado? ¿Por qué este énfasis? Es obvia la amenaza de Putin, pero es obvia desde hace más de dos años. ¿Qué ha cambiado para subir de esta manera el tono?

"Si lo vemos en blanco y negro, sería puro alarmismo y se trataría de preparar a la opinión pública para subir los presupuestos de defensa al 2% del PIB, como pide la OTAN", señala economista y militar retirado Jesús Núñez Villaverde, que codirige el Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria. Pero, a su juicio, esto daría sólo una visión parcial. "Hay un peligro real, no hay más que ver a Putin", advierte. Así que quien quien quiera comprender qué está pasando debe vencer dos tentaciones: la histeria belicista y la negación del peligro.

No se equivocan quienes ven que hay sectores "interesados" en la promoción de una "militarización y securitización de la agenda política" y en defender la idea, errónea a juicio de Núñez Villaverde, de que "todo se arregla con más armas". Hay lógicas políticas e ideológicas que empujan en esta dirección, como también de las propias Fuerzas Armadas de los distintos países, que desean papeles relevantes en sus sociedades, dice. También la industria armamentística "sin ninguna duda" es "parte de la ecuación", aunque Núñez Villaverde pide "escapar del simplismo" de responsabilizar de las guerras a las empresas que venden armas. Es todo mucho más complejo, recalca.

Y toda esa complejidad sólo se comprende, señala, si –además de valorar los intereses de todo tipo en una "militarización y securitización de la agenda política"– se acepta que Rusia ha movido ficha y ha advertido ya expresamente del uso de armas nucleares capaces de "destruir la civilización". "Que Suecia y Finlandia, neutrales históricamente, hayan entrado en la OTAN demuestra que las preocupaciones van más allá de los gestos y las palabras", dice. Insiste en su idea central: "Hay que buscar un equilibrio entre quienes nos quieren engañar con que todo está fatal y quienes sostienen que todo es una confabulación militarista, perdiendo de vista la existencia de una invasión [de Rusia a Ucrania] y de una amenaza". Y pregunta: "¿Está Rusia pensando en atacar a un país de la OTAN. Yo creo que no es probable, pero tampoco descartable".

Sólo el hecho de que no sea "descartable" justifica, a juicio de Núñez Villaverde, una reacción, no sólo a la amenaza objetiva de Putin, sino también ante la posible victoria de Donald Trump, que posibilitaría según muchos analistas una pérdida de protección de la UE frente a Rusia. Según su diagnóstico, hace falta "un orden de seguridad en el continente europeo, que sólo se puede dar incluyendo a Rusia", y una "autonomía estratégica" que evite que la UE se vea arrastrada a los "líos" a los que empuja Estados Unidos. "No se trata de gastar más, sino de gastar mejor", afirma.

"Gastar mejor" no es "gastar más", sino gastar con perspectiva europea, según Núñez Villaverde. Y aquí es donde el analista cree que el correcto enfoque de la seguridad europea choca con la diversidad de planteamientos en la UE, donde hay "atlantistas", fundamentalmente todos los antiguos satélites de la URSS, "europeístas" "con Francia al frente" y "neutrales" como Irlanda.

¿El peligro? Que el brote militarista crezca torcido por intereses locales, por ejemplo de los ejércitos o las industrias de defensa nacionales, que teman perder protagonismo con una mayor coordinación europea de la estrategia. Por último, hay una clave política. La cesión de competencia o incluso de información de defensa, como "último reducto de la soberanía nacional", provoca fuertes "resistencias".

Eduardo Saldaña, especialista en relaciones internacionales, subraya aquí una paradoja: los partidos y las voces que con más énfasis patriótico invocan el espíritu militar para afrontar la nueva era pueden ser los que peor estén comprendiendo sus auténticos desafíos. A su juicio, la "ultraderecha más nacionalista", al mismo tiempo que promueve discursos en pro de la militarización y exalta la fuerza como valor supremo, se sitúa de espaldas a la necesidad de una estrecha cooperación europea no sólo para garantizar una mayor seguridad, sino también para optimizar las inversiones.

Codirector de El Orden Mundial, Saldaña no desdeña la amenaza que supone el Kremlin e insiste en que no es prudente tener "líderes europeos en babia". Putin –recalca– acaba de reforzarse con la victoria electoral, insiste en sus planes de victoria y se permite ampliar el radio de sus amenazas. El coro organizado de voces a favor de una Europa más armada hay que entenderlo como un mensaje de firmeza ante Putin, añade. A su juicio, no supone una renuncia a un final negociado, sino la aceptación de que habría que llegar a esa posible mesa con las capacidades militares reforzadas. "Además, cuando Macron habla de enviar tropas, lo que hace es mover todas las líneas rojas. Así todo lo que no sea enviar tropas, lo cual incluye seguir enviando armas, parece más aceptable", señala.

Junto a este análisis del discurso en el contexto bélico, Saldaña ofrece dos claves más, conectadas entre sí, que son útiles para valorar la escalada verbal:

1) Elecciones europeas: La ultraderecha pisa fuerte en las encuestas de cara al 9 de junio y los líderes de las familias políticas tradicionales no quieren ceder la bandera de la firmeza, tan valorada en tiempos convulsos. Esta escenografía, señala Saldaña, es fácil de ver en Francia, con Macron liderando el discurso del envío de tropas. En España la figura que ha amplificado el mensaje de alerta es Margarita Robles, el "ariete más securitizador" del Gobierno, con fama de "mujer de Estado" y capaz de arañar electores por el centro en un marco –el de la seguridad y la defensa– que ha sido históricamente propicio para la derecha.

2) Justificación de más gasto militar: Aunque es escéptico sobre la opción real de que EEUU abandone a sus socios europeos incluso con Trump, Saldaña también cree que su exigencia –y la de la OTAN– de mayor inversión militar ha calado. Ante una opinión pública agotada por el conflicto ucraniano –que ha perdido protagonismo en favor de Gaza– y sabedores de que el gasto militar no suele ser el más popular, los gobiernos justifican el incremento de presupuesto con la idea de que es imprescindible no ya para socios más o menos lejanos, sino para el propio país. Según Saldaña, las alertas no sólo van dirigidas hacia fuera –Putin–, sino también hacia la opinión pública de cada país, sea Francia o España o cualquier otro. "En el caso de España, aunque no se suele decir, también hay una necesidad de reforzarnos para proteger nuestro flanco sur", apunta. Es decir, se pone el foco en Ucrania para justificar el incremento del gasto militar... pero también se está pensando en Marruecos.

Autor de De objetores a insumisos. Surgimiento, expansión y desarrollo del movimiento antimilitarista en Catalunya, 1971-1989, el historiador Carlos Ángel Ordás ha estudiado los movimientos y los discursos en torno a la guerra y el rechazo a la guerra. ¿Cómo ve las cosas? El auge de la corriente a favor del gasto en defensa se produce, analiza, en un contexto de "mayor permeabilidad al militarismo" a raíz de la invasión de Ucrania y en coherencia con el auge del movimiento "patriótico nacionalista". "Los discursos de la extrema derecha son absolutamente compatibles con esta idea histórica de la guerra como mal necesario pero purificador", advierte. A su juicio, el avance del "militarismo" no es fortuito, sino fruto del empuje de fuerzas políticas –especial pero no únicamente en el arco derechista– y grupos de presión: "El militarismo no es sólo una ideología, es un lobby interesado primero en la guerra y luego en la reconstrucción".

Ordás pone una palabra encima de la mesa: "negocio". Que hay un multimilllonario negocio militar que incrementa sus ganancias en guerra no es una opinión, es un hecho. Las principales beneficiarias del incremento del gasto militar de la UE tienen nombres y apellidos: Thales, Leonardo, Indra y Airbus, según una investigación publicada en 2020 por infoLibre. El esquema de propiedad de los principales gigantes suele repetirse: comparten acciones los propios Estados y los megafondos de inversión americanos, entre ellos Blackrock. En cuanto a las ventas en España, el top 20 de empresas está dominado por Airbus, según el informe de 2024 Spain Defence & Security Industry, que elabora la editorial especializada IDIS y que también incluye a Navantia, Indra, General Dynamics y Cepsa.

Los Estados, a menudo en fórmulas de colaboración público-privada con grandes corporaciones, los grandes fondos –estadounidenses pero también soberanos– e históricos del contrato público con origen familiar conforman la columna vertebral de un sector que en España mira al futuro con "optimismo", como señala el propio informe Spain Defence & Security Industry. Y tiene motivos para el optimismo, tanto por cómo marcha el negocio como por sus perspectivas y por la forma en que el poder político ha asumido su condición imprescindible. El gasto en defensa lleva años al alza, la previsión para 2024 alcanza ya el 1,3% del PIB y la ministra Robles afirma que el compromiso del Gobierno con llegar al 2% en 2029 sigue vigente.

"Esta inversión en defensa redunda no sólo en esa garantía de nuestra seguridad, protección, libertad y bienestar, sino que actúa como dinamizadora de la economía nacional”, ha dicho Robles. Se trata de un sector de unas 400 empresas que supera los 7.000 millones de euros de facturación anual, y al que Sánchez acaba de recibir en La Moncloa para recalcar su papel "clave" en el actual contexto. Un detalle da idea las excelentes perspectivas de negocio que se abren para el sector. Compañías como Llorente & Cuenca y Acento, dedicadas a defender los intereses de sus clientes ante las administraciones, han incorporado a militares a su cuadro de asesores. ¿Por qué? Porque va a haber mucho movimiento de dinero en defensa en los próximos años.

El economista y experto en relaciones internacionales Jordi Calvo, coordinador del Centre Delàs d'Estudis per la Pau, cree que el sector defensa está recogiendo los frutos de un paciente trabajo trabajo de influencia, realizado tanto directamente como por encargo de terceros. "El lobby militar, en Europa y España, lleva años trabajando por su presente y su futuro y ha ha sabido generar necesidades y vender la idea de que son imprescindibles en cada vez más áreas, no sólo en lo estrictamente militar", señala Calvo.

El lobby de las armas tiene en España como principal referente la Asociación Española de Tecnologías de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio (Tedae), presidida por Ricardo Martí Fluxá, que fue jefe de Protocolo con Juan Carlos I y secretario de Estado con Jaime Mayor Oreja como ministro del Interior. "Hay que conseguir que la sociedad identifique la defensa y su industria como un bien público", suele repetir. En defensa de esta idea se alinean las principales empresas del sector, que huyen cuanto pueden de la imagen de la guerra y se concentran en la tecnología, la movilidad, la logística, la modernidad... Las principales empresas del sector antes mencionadas, como Thales, Leonardo, Indra y Airbus Sistemas, hacen lobby ante las instituciones europeas, según ha comprobado infoLibre en el registro de transparencia de la UE. El propio fondo Blackrock, con sus intereses intrincados en el sector defensa, extiende su influencia en la UE con una red de grupos de interés.

Todas estas empresas y grupos de presión, señala Jordi Calvo, se encuentran ahora "con el mejor contexto posible", más aún cuando el Consejo de Seguridad Nacional ha lanzado esta misma semana una alerta de "riesgo real y directo" de aumento del terrorismo por la guerra de Gaza. "No digo que Rusia no sea una amenaza militar, por supuesto para Ucrania y también para otros países de su entorno", aclara. Pero sí cree que el sector ha olido la ocasión y está aprovechando la oportunidad de pasar sólo en España de un negocio que no llega a 8.000 millones a uno que incluso lo duplique. "No olvidemos que viven del contrato público", señala Calvo, que pide tener presente que la prioridad número uno de las empresas "son las ganancias, no la seguridad".

Calvo expone una "esperanza": que la subida del listón en el discurso sobre las armas no suponga una aceptación total de los postulados militaristas ni el abandono de las posibles vías negociadoras, sino que sea fruto de una "estrategia en el campo comunicativo y simbólico ante Putin" y de una "preparación" para "llegar en una posición fuerte" a una posible negociación. "Es lo que quiero pensar –afirma–, aunque ahora mismo hay pocas pistas de que la vía militar no sea la única en mente".

Incluso aunque fuera una retórica táctica, Calvo le ve peligro: "Por el camino pasas líneas rojas que pueden llevar a situaciones no deseadas". Núñez Villaverde también advierte de que el discurso que se oye estos días en los salones políticos europeos no es sólo descriptivo, sino que también influye en la propia realidad, para lo que recuerda las dinámicas de "acción-reacción" de la Guerra Fría que casi llevaron a un estallido nuclear.

La palabra "liberal" rodea a Juan Carlos Girauta. Y no sólo por haber sido dirigente de Ciudadanos, partido en vías de extinción que se proclama "liberal". Hay más. Sus artículos en el diario digital El Debate se publican en la columna Liberalidades. Le dio fama el ensayo La eclosión liberal. Por qué los progres están tan nerviosos, prologado y presentado –respectivamente– por otros dos autoproclamados "liberales", Federico Jiménez Losantos y Esperanza Aguirre. El think tank que impulsó Girauta, Pie en Pared, nació para preservar la democracia "liberal".

Sí, se diría que estamos ante un "liberal" de relumbrón...

...hasta que nos enteramos de que será número tres de la candidatura en las elecciones europeas de Vox, un partido de extrema derecha, aliado de los posfascistas de Georgia Meloni en Italia y de los ultranacionalistas de Viktor Orbán en Hungría, que persigue la ilegalización de fuerzas políticas por sus ideas, defiende la discriminación de inmigrantes según la religión mayoritaria de su país de origen, acoge a apologistas del legado franquista y a antiguos veteranos de la derecha neonazi y es contrario a la extensión a las personas Lgtbi del mismo grado de reconocimiento que a los que integran "familias naturales", es decir, formadas por un hombre y una mujer.

¿Contradictorio? Puede parecerlo. Pero los hechos indican que esta integración de lo que supuestamente es "liberal" –y lleva su nombre– dentro de lo que mirado en detalle más se diría conservador, cuando no ultraconservador, constituye la normalidad en España. Aquí el término "liberal" ha sido patrimonializado por fuerzas derechistas, Isabel Díaz Ayuso es el faro nacional del "liberalismo" y Javier Milei el internacional, todo ello gracias a una relectura de esta tradición política que "se queda sólo con la defensa de la economía liberal de mercado", especialmente de los impuestos bajos, de forma que sirve sin más como etiqueta para oponerse a "socialistas y comunistas", presentados como enemigos de una libertad identificada con la no intervención del Estado, como sintetiza el politólogo Pablo Simón, profesor de la Universidad Carlos III.

Girauta no es una excepción en Vox. Como "liberal" es identificado uno de los impulsores del partido, Ignacio Camuñas, que fue vicepresidente de la Internacional Liberal y durante la transición un estandarte del sector más "liberal" de UCD. Y no es una figura menor en la historia del partido de Santiago Abascal. En Vox, el retorno de los ultras que nunca se fueron, el periodista especializado en extrema derecha Xavier Rius le atribuye la redacción del manifiesto fundacional. El propio Abascal, cuando Vox daba sus primeros pasos, decía que era un partido con "sitio" para "liberales" como Cayetana Álvarez de Toledo.

Así –y a pesar de los múltiples actos "iliberales"– ha ido calando la idea de que Vox no es un partido ajeno a lo "liberal". Cuando Iván Espinosa de los Monteros dimitió en agosto del año pasado, diversas crónicas hicieron referencia al golpe que ellos suponía para el "ala liberal" del partido [ver aquí y aquí], supuesto sector al que también pertenecerían otros como Víctor Sánchez del Real o Francisco Contreras. Aunque la mayoría de las veces en que figuras de Vox se reconocen como "liberales" se ciñen al terreno económico, también es usual que hagan una defensa amplia del espacio "liberal-conservador". Precisamente Contreras, al mismo tiempo próximo al movimiento cristiano radical Hazte Oír, es el teórico más destacado de Vox en este campo, con ensayos como Una defensa del liberalismo conservador.

Si muchos son capaces de ver una –supuesta– veta "liberal" en Vox, más gruesa aún la verán en el PP, que reivindica con mayor ahínco este apellido, especialmente en Madrid, principal foco de irradiación ideológica del partido. Si el PP en su conjunto se presenta en sus estatutos como garante de la "democracia liberal", el énfasis se hace mayor a medida que se acerca la figura de Isabel Díaz Ayuso, deudora a su vez de Esperanza Aguirre y de José María Aznar. La presidenta madrileña defiende un "liberalismo a la española", noción que utiliza con frecuencia para defender su modelo de gobierno, basado en los impuestos bajos a la inversión y la propiedad y en una importante penetración de agentes privados en la prestación de servicios públicos.

Dejando al margen el escaso desarrollo teórico del concepto "liberalismo a la española", su uso como marca registrada por la influyente lideresa madrileña sirve para aquilatar una certeza: lo "liberal" –al menos, si nos ceñimos al uso del término– es defendido con más frecuencia e intensidad desde la derecha que desde la izquierda. ¿Por qué? ¿Qué fenómenos han incidido en una relación tan desigual desde izquierda y derecha con el "liberalismo", que nació como oposición al absolutismo y en cuyo abecé político están la defensa de los derechos civiles, la igualdad ante la ley, el pluralismo y la tolerancia, conceptos con los que a priori un progresista debería sentir proximidad?

El historiador Xosé Manoel Núñez Seixas, autor de Suspiros de España. El nacionalismo español (1808-1908), establece una premisa: no siempre para la derecha el "liberalismo" ha sido un espacio cómodo. "El franquismo denostó durante décadas el liberalismo del siglo XIX y toda su herencia: la declaración de los derechos del hombre, la tolerancia, la profundización democrática... Por eso, cuando la derecha sale del franquismo, su principal matriz, que es Alianza Popular, no se identifica como liberal, sino como conservadora. Y no se mira en los partidos liberales europeos, como el FDP alemán, sino en la derecha gaullista francesa y en el conservadurismo británico", resume Núñez Seixas. Coincide Pablo Simón, profesor de Políticas en la Carlos III: "Lo liberal, desde el siglo XIX, siempre ha estado asociado a lo externo, lo extraño, lo exterior. A la Antiespaña". Y eso, añade, dificultó la conexión de la derecha con el acervo liberal político en los primeros 80.

Las voces consultadas coinciden en que esta predisposición escéptica hacia el liberalismo político en sentido amplio por parte de la derecha española constituye un filtro que determinará una aproximación casi exclusivamente económica hacia lo "liberal". Las figuras que facilitan dicho acercamiento serán Ronald Reagan y Margaret Thatcher, cuya "revolución conservadora" de los años 80 permitió a Alianza Popular primero y más tarde al PP renovar su "imaginario" y poder apellidarlo "liberal" –"neoliberal", dirán sus críticos– asumiendo un programa que era al mismo tiempo calcado al suyo en los valores sociales y morales –jerarquía, seguridad, familia– y a su vez compatible con la "visión economicista de la prosperidad" impulsada por el tardofranquismo, explica el analista político y consultor José María Lasalle, autor de El liberalismo herido.

Poco a poco lo que había sido un adjetivo incómodo para la derecha en el arranque democrático, defendido por formaciones de escaso peso como el Partido Liberal –en el que militó Aguirre–, comienza a presentarse como un rasgo relevante de la identidad primero de AP y luego del PP. Pero lo hace, señala Núñez Seixas, centrado sólo en lo económico y basándose en una "lectura superficial de los clásicos de la economía liberal" del siglo XX, especialmente Friedrich Hayek y Milton Friedman. Se trata, añade, de una ideología que ignora al mismo tiempo las versiones más matizadas del liberalismo económico, que no excluyen el papel armonizador del Estado, como el grueso de la tradición política liberal española, especialmente republicana. "Aznar hizo alguna reivindicación de Manuel Azaña, pero poco más. Desde entonces, nada. Y más aún a raíz del procés y de Podemos, cuando la República llega a presentarse no como un elemento folclórico sino como una prioridad. Entonces hay un repliegue total. Hoy ni siquiera reivindican a [Niceto] Alcalá Zamora [primer presidente de la Segunda República, conservador]", añade Núñez Seixas.

Tras esta poda de elementos políticos, el "liberalismo" que pueda haber hoy en el PP o en Vox, añade Núñez Seixas, se circunscribe a una defensa de la idea de que "el mercado lo arregla todo". Completa el también historiador Javier Tébar: "Lo llaman liberal, pero yo lo llamaría libertario o libertariano". El déficit de contenido "liberal", añade Tébar, no se debe sólo a que su repertorio en manos del PP o Vox se limite a lo económico, sino también a que su lectura "ignora" todo lo que en el campo intelectual "no conviene" a su visón, como puede ser la reivindicación de la igualdad de hombre y mujer de un John Stuart Mill.

Tébar señala cómo en realidad lo "liberal" cumple la función de ser la mitad de una fórmula convertida ya en un latiguillo no sólo de los partidos de derechas, sino de buena parte de sus medios afines y base social: "Conservador en lo social, liberal en lo económico". Es lo que Pablo Simón llama "la reivención neocón del liberalismo", por la que este queda desprovisto de su "pulsión democrática y emancipadora", que carece de suficiente "tradición" en España y en otras "democracias jóvenes". El resultado es que desde los altavoces de quienes se reivindican "liberales" sea más fácil ver presentado como referente a Javier Milei que a José María Torrijos, Rafael del Riego o Manuel Azaña.

Este liberalismo para el que es "tabú" cualquier anclaje "revolucionario" o "republicano" a menudo deriva, añade Núñez Seixas, en un "neoliberalismo con cara autoritaria" que desconfía de casi todo papel del Estado, cuyas funciones deben ser "privatizadas" salvo en lo que respecta al orden público y al ejército. De nuevo, el referente sería Milei, figura idolatrada por Vox en pleno y que en el PP gana adeptos cada día, especialmente en el ayusismo. Hay de hecho toda una constelación de organizaciones y medios –Civismo, Juan de Mariana, El Club de los Viernes, Libertad Digital– que exaltan al mismo tiempo a Milei y a Ayuso como máximos exponentes del "liberalismo".

Al sociólogo Arsenio Cuenca, especializado en extremismos, no le extraña en lo más mínimo lo que a priori podría parecer otra paradoja: que la noción "liberal" en España aparezca con más frecuencia vinculada a la derecha y la ultraderecha que a las formaciones del arco progresista. ¿Por qué? Porque los partidos de extrema derecha, explica, han sabido integrar en un mismo discurso la defensa "liberal" de un "Estado mínimo" con la reivindicación de un "tejido social basado en las instituciones que defiende el conservadurismo", como "la familia, el asociacionismo y la Iglesia". El "liberalismo" desde esa óptica, desarrolla Cuenca, funciona no como como una defensa genuina de la "libertad", sino como una maniobra para "dotarse de legitimidad para explotar privilegios".

No sólo en el campo de los partidos la derecha ha logrado adueñarse de la bandera "liberal". También en el terreno de los medios y de las organizaciones sociales es más fácil encontrar "liberales" en el flanco diestro. La defensa de lo "liberal" o lo "liberal-conservador" están en la razón de ser del grueso de los grupos de presión y agitación de ese campo, desde FAES hasta Hazte Oír.

El cóctel "conservador en lo social, liberal en lo económico" funciona en múltiples entidades. Las que ponen el énfasis en los impuestos bajos suelen ser a su vez restrictivas en temas morales como aborto, familia y derechos Lgtbi. Y viceversa: las empeñadas en la "batalla cultural" contra los valores del progresismo suelen emplearse con la misma pasión contra el impuesto de sucesiones y las políticas redistributivas. El punto de encuentro de la derecha moral y la económica es la defensa de la "familia", que se presenta como una entidad amenazada al mismo tiempo por Hacienda y por la crisis de los valores tradicionales.

Ni una de estas organizaciones, incluso la aparentemente más reaccionaria, deja de hacer suya la idea de "libertad" y muchas también la etiqueta "liberal", sea en solitario o con el apellido "conservador". Frente a esta hiperactividad en torno a lo "liberal", en la izquierda apenas se escucha el término. Se trata de un alejamiento de las fuerzas progresistas de la idea, o al menos de la palabra "liberal", que se manifiesta en la escasa reivindicación de figuras históricas del siglo XIX (Torrijos) o XX (Azaña) cuyo legado podría tener interés hoy desde una óptica progresista, señala Núñez Seixas. También se pasan por alto relevantes hitos históricos. "El año pasado se cumplieron 150 años de la Primera República y pasó casi desapercibida para la derecha, que no quiere saber nada de repúblicas, pero también para la izquierda", recuerda el historiador, que también se detiene en las dificultades de las fuerzas progresistas decantadas ahora por "plurinacionalidad" del Estado para reivindicar hitos como el 2 de mayo.

Lasalle, que ocupó diversos altos cargos con los Gobiernos del PP entre 2011 y 2018 y ejerció como referente ilustrado dentro del partido, lamenta la escasa defensa desde derecha e izquierda de doctrinas y corrientes como el krausismo o el azañismo. En la derecha, dice, porque su visión de lo liberal suele ceñirse a la "defensa de la propiedad y el mercado" y porque todo lo que huela a republicano ha sido "anatemizado". En la izquierda, porque ha prevalecido la entronización de las figuras marxistas.

Simón advierte que el abandono de lo "liberal" por parte de la izquierda no constituye una cesión semántica irrelevante, sino que forma parte de una posición subordinada –"a la defensiva", son sus palabras– en el debate sobre la libertad. La derecha, analiza, ha logrado cuajar un discurso "transversal" en torno a la libertad basado en la "no interferencia" del Estado y el "ideal moral del enriquecimiento". Aunque se trata de un relato que ignora la imposibilidad real de la meritocracia sin una relativa igualdad de oportunidades, Simón considera que las fuerzas progresistas no pueden oponerse al mismo limitándose a situar la "igualdad" como su prioridad, ya que dejan a sus adversarios expedito el discurso según el cual "tu vida depende de ti". Si se trata, dice, de "ganar la batalla de la imaginación", los partidos progresistas necesitan una propia idea de libertad distinta del PP y Vox.

¿Qué idea? Una que podría sostenerse sobre dos pilares, expone Simón. El primero, la "autodeterminación": la política debe ayudar a superar las limitaciones socialmente dadas que impiden vivir con libertad, como la pobreza por origen o la discriminación por género. El segundo, el "autodesarrollo": la libertad no es una conquista individual ni egoísta, explica Simón, sino que se ejerce en plenitud en la sociedad, que a su vez se beneficia porque es en libertad cuando mejor se expresan los talentos y capacidades individuales, redundando en beneficio de lo común.

Al que fue juez estrella de Vox, al candidato con el que la ultraderecha regresó en 2018 a las instituciones en España, al recio conservador que iba a limpiar la política andaluza y a acabar con las "paguitas", al "hombre bueno" de Santiago Abascal le espera el banquillo de los acusados. Y precisamente por un posible fraude con una subvención pública. No eso que Vox llama una "paguita", sino una subvención millonaria.

Juan Gutiérrez, el instructor del caso de posible estafa y fraude de subvenciones de Francisco Serrano, dos veces candidato de Vox a la presidencia de la Junta de Andalucía, ha acordado la apertura de juicio contra el propio Serrano y sus dos exsocios. A cada uno de ellos les impone más de 3,3 millones de euros "para asegurar las responsabilidades pecuniarias" derivadas del posible fraude. "De no prestarla [la fianza] se le embargarán bienes en cantidad suficiente para asegurar la suma", señala un auto dictado el lunes. Serrano ya sufrió el embargo de bienes por parte de Hacienda a raíz de este caso, desvelado en 2019 por infoLibre, periódico al que denunció ante los tribunales –sin éxito– por revelación de secretos [ver aquí el dosier completo].

El juicio tendrá lugar en la Audiencia de Sevilla. Serrano, que dimitió como parlamentario y dejó Vox en 2020 acorralado por este caso, irá al banquillo por estafa y subsidiariamente por fraude de subvenciones. La Fiscalía pide hasta ocho años de prisión. Sus dos socios también serán juzgados: el ingeniero Enrique Pelegrín, como posible coautor de los mismos delitos; Francisco Javier López, que fue colaborador en el bufete de Serrano, como posible cooperador necesario.

El caso Serrano tiene su origen en 2016. Tras sus pésimos resultados como candidato de Vox en 2015 e inhabilitado como juez por prevaricación, Serrano decidió convertirse en un hombre de negocios mientras iba cultivando su imagen de referente conservador en Sevilla. Y eligió el sector del biocombustible a base de madera, los pellets. La idea: fundar una empresa y conseguir una ayuda pública. Para ello el juez y Enrique Pelegrín constituyeron en marzo de 2016 una sociedad, Biowood Niebla. Y ahí mismo, en el origen, empezaron las trampas.

Los fundadores de la sociedad –Serrano y Pelegrín– le atribuyeron ante notario a esta sociedad una maquinaria que en realidad no tenían para engordar sus fondos propios. Fue esa falsedad la que les permitió engañar al Ministerio de Industria y obtener 2,4 millones de euros de ayuda pública que, sin esos supuestos fondos propios, no hubieran podido obtener.

El dinero se concedió para una fábrica, que iba a estar en Niebla (Huelva), pero que no llegó nunca a estar ni siquiera próxima a culminarse. Los fondos, ingresados a la empresa en diciembre de 2016, no han sido devueltos a Industria. Eso es en síntesis el caso Serrano: dinero público obtenido mediante engaño que además se pierde.

Este periódico publicó las primeras informaciones sobre el caso en 2019, cuando Serrano había logrado ya asiento como parlamentario de Vox. La Policía Nacional empezó a investigar –a raíz de una denuncia de Rubén Sánchez, de Facua– y comprobó que había caso. El asunto pasó a la Fiscalía y de ahí al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, ya que Serrano era aforado como parlamentario.

Lo dejó de ser en 2020, cuando dimitió y el caso pasó al juzgado de instrucción 16 de Sevilla. Desde entonces Serrano ha intentado sin éxito librarse de las imputaciones contra él alegando que fue engañado por sus dos colaboradores en el proyecto. Pero no lo ha conseguido.

Ni el juez de instrucción, Juan Gutiérrez, ni –cuando le han llegado sus recursos– la Audiencia de Sevilla lo han creído. Y lo cierto es que hay motivos para sostener que Serrano era más que un mero "socio capitalista", como sostiene su defensa. Su participación en el engaño a Hacienda está acreditada documentalmente, también su implicación en las empresas por las que circuló el dinero y sus gestiones directas en el proyecto una vez que ya era innegablemente conocedor de las irregularidades.

El último varapalo para Serrano antes de la apertura de juicio oral llegó con la decisión de la Audiencia, en un auto fechado en febrero, de desestimar sus alegaciones. La resolución golpea la base de la defensa de Serrano, según la cual era un simple "socio capitalista" y asesor del proyecto. Los magistrados de la Audiencia sostienen que las alegaciones de Serrano, según las cuales su "confianza ciega" se vio traicionada y él puso distancia con sus dos socios una vez conoció las irregularidades, no casan ni con su formación jurídica, ni con las evidencias sobre su papel empresarial y sus gestiones realizadas.

infoLibre, tras conocer el auto este miércoles, solicitó hablar con Francisco Serrano a través de su bufete de abogados, sin respuesta.

"He lidiado con muchas corrupciones y corruptelas: con mordidas del 1% en la construcción de los hospitales; con un servicio de salud, al que yo pertenecía, que ha estado investigado por la UCO; con el saqueo continuado de la sanidad pública; con cláusulas abusivas, con contratos obscenos y con un desvío impúdico del dinero". Quien así habla no es un sanitario cabreado, ni un sindicalista o un activista. Es la ministra de Sanidad, Mónica García (Sumar), que contaba esta semana en el Congreso de los Diputados lo que ha visto y vivido "como médica y política". García afirma sin ambages que en torno a la sanidad florece la corrupción aprovechándose del deterioro del sistema público. En realidad, hace años que lo lleva diciendo. "¿Que tenemos corrupción en sanidad? Seguro", declaraba en 2019 a Redacción Médica.

La diferencia entre la García de 2019 y la de 2024 no es sólo de rango. Antes, candidata a la presidencia madrileña. Hoy, ministra. La principal diferencia entre entonces y ahora es que ha ocurrido algo que ha cambiado la percepción sobre la limpieza del negocio sanitario y otorga mayor verosimilitud a su diagnóstico. ¿Qué ha ocurrido? En efecto, la crisis del covid-19, con casos conocidos de enriquecimiento rápido como el de la comisión de más de 230.000 euros de la Comunidad de Madrid cobrada por el hermano de Isabel Díaz Ayuso, que la justicia consideró legal, y otros como los de Medina y Luceño o Koldo, estos sí bajo investigación judicial.

Los pelotazos sanitarios son a raíz del mercadeo de las mascarillas un fenómeno bien conocido, instalado en el imaginario colectivo y parte de la conversación política. En 2019, en cambio, García se quejaba de que en España nadie hablara de chanchullos en el mundo sanitario. "En España la corrupción en sanidad no se menciona, pero está [...]. No va a ser España, con nuestros antecedentes, el único país de toda Europa que se libre", decía García, subrayando que en cambio en la UE es un fenómeno asumido incluso por la Comisión, que en un informe de 2017 sobre seis países diferentes –España no estaba– advertía de un problema estructural.

Un médico con experiencia en la sanidad pública y la privada y que tiene carrera como investigador afirma que con el descubrimiento de los pelotazos sanitarios durante la pandemia se ha roto un "tabú". "En España cuando hablamos de corrupción casi siempre pensamos en ladrillo. La sanidad sólo aparece en casos grandes, tipo la condena a Matas [por la adjudicación de un hospital en Baleares], que en realidad son parecidos a la corrupción estándar", señala. Y añade: "Ahora por primera vez la gente está hablando de corrupción sanitaria".

Ahora bien, a su juicio ni el foco está donde debe –porque lo que ocurrió durante el covid es excepcional– ni es "corrupción" la palabra más precisa para describir los problemas que sí aquejan a la sanidad, a no ser que a "corrupción" se le dé el significado que la propia ministra le daba en 2019: "Todo aquello que hace que un sistema sanitario se desvíe de sus propósitos originales". "Entonces, sí", dice este facultativo. "Entonces sí hay de todo y lo ha habido desde mucho antes del covid, y no tiene pinta de que vaya a parar. Hay un mal funcionamiento que siempre va en contra de los intereses del sistema público y a favor de las empresas privadas, algo que puede pasar perfectamente dentro de la ley porque el problema es de diseño y de funcionamiento".

Aunque el citado médico rechaza de plano que la contratación a dedo sea el foco de riesgo más grave y cree que sin las urgencias de la pandemia es mucho menos probable que salten casos como el de Koldo –en especial, de su cuantía–, también califica de "ingenuo" pensar que los desmanes en este terreno se ciñen sólo a la era covid, sobre todo porque existe un "uso demasiado rutinario" de este recurso.

Un informe de la Cámara de Cuentas en Andalucía de 2022 alertó de un empleo considerado excesivo de la adjudicación de emergencia ya antes del covid. En 2018, el 97,5% de los contratos del Servicio Andaluz de Salud (SAS) fueron menores. Y los contratos menores del SAS, 50.572, supusieron el 91,74% de los de toda la Junta. Los porcentajes fueron similares, sólo algo más bajos, en 2019. Más. En Madrid, el grupo de investigación y denuncia Audita Sanidad publicó en 2022 un estudio según el cual ya antes de la pandemia –es decir, sin la justificación del covid– la Comunidad adjudicaba a dedo el 99,7% de los contratos sanitarios.

También antes del covid, la Cámara de Cuentas ya había encendido la alerta roja en Madrid. "La contratación menor de los hospitales del Sermas –decía en 2019– se realiza de forma generalizada, llegando a convertir en práctica habitual lo que es una excepción de la contratación pública". Añadía que los suministros de material "a un único proveedor" son "muy superiores al límite" legal. Y alertaba de los fraccionamientos, incluidas adjudicaciones por 17.999,99 euros, justo por debajo de 18.000, la cantidad máxima por la que se podía firmar un contrato menor.

Juan Rodríguez Teruel, profesor de Ciencia Política de la Universidad de Valencia, no presume que la corrupción sea moneda corriente en la contratación sanitaria, pero sí observa que las dinámicas de contratación están muy influidas por la "lógica privada", lo cual reduce la transparencia y los controles. "Abundan los organismos fuera de la línea de la Administración, con gran autonomía. Eso supone más arbitrariedad", advierte.

Coincide el médico jubilado Julián Ezquerra, largos años implicado en la gestión pública, que aunque lejos de justificar cualquier uso abusivo de fraccionamientos y contratos a dedo, sí lo sitúa en un contexto: "La inmediatez del trabajo sanitario demanda mucho contrato menor. Hacen falta materiales para ya, fungibles para ya... Y es frecuente tirar de recovecos para hacerlo. Eso no siempre es lo más justo, lo más transparente, ni lo más legal". Ahora bien, añade, eso no supone necesariamente –ni, a su juicio, mayoritariamente– corrupción.

El médico antes citado, que ha trabajado en la pública y en la privada y habla con condición de anonimato, también opina que vincular contrato a dedo o fraccionamiento con corrupción es "más que excesivo", pero señala: "Está claro que en este mundillo con tanto contrato rápido tener buena información de qué necesita la administración, es decir, estar próximo a quien toma las decisiones vale mucho, y eso es así con covid y sin covid". Añade: "La mayoría se fija en los casos sonados de paso de la gestión pública al sector privado: Juan José Güemes o Manuel Lamela en su día, [Javier Fernández] Lasquetty hace poco. Pero el verdadero meollo es mucho más discreto, con empresas de todos los tamaños que se aprovechan de su proximidad al poder y grandes compañías y lobbies que van aún más lejos y condicionan las decisiones sanitarias". Audita Sanidad lleva años alertando de la excesiva influencia de los lobbies. Un informe de este grupo sobre 2020 recalca que el 72% de las adjudicaciones sanitarias del Gobierno de Ayuso en 2020 fueron para empresas vinculadas a grupos de presión.

El informe no hacía referencia a ilegalidad alguna. Lo que pretendía es mostrar cómo los grandes poderes que orbitan en torno al sistema público o se incrustan en él logran del Estado multimillonarias cantidades. Ezquerra, el mismo médico jubilado que explicaba cómo a veces la contratación apresurada encuentra su explicación en las urgencias del día a día, se muestra mucho más preocupado por el riesgo que para la independencia de los sanitarios supone la presión de los grandes agentes privados. "El gasto sanitario público mueve ingentes cantidades de dinero, es un porcentaje importante del PIB [algo más del 7%]. Esto hace que haya mucha presión e intentos de influir en cómo se gasta", señala, poniendo el énfasis en la industria farmacéutica, que en 2022 destinó 313 millones de euros a "retribuir a organizaciones y profesionales sanitarios por su participación en actividades de investigación y desarrollo de nuevos tratamientos" y 218 millones "a apoyar las actividades de formación continuada". Es decir, 667 millones, una cifra récord.

Así valora esta inversión Ángel María Martín, inspector farmacéutico del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, en un artículo en la revista de la Asociación de Acceso Justo al Medicamento: "Lo que llaman transferencias de valor, 667 millones, lo presentan como la fuerte apuesta de la industria por la inversión en I+D, pero sólo el 47% lo es, frente una media del 70% en Europa. Con el resto mercadean pagando, en función del interés estratégico de cada empresa, a asociaciones de pacientes, profesionales, asociaciones, grupos colaborativos, hospitales públicos y privados, fundaciones, universidades, redes de cátedras, colegios profesionales y patrocinando los congresos de todos ellos. Nos quieren hacer creer que lo hacen por mecenazgo, pero [...] han convertido estos pagos en un mercado [...] al que acuden más de 100.000 profesionales y más de 5.500 organizaciones sanitarias, que abastecen con los precios escandalosos que imponen a los medicamentos que paga el Sistema Nacional de Salud. Siempre ganan los mismos"

Ezquerra no tiene dudas: la incisión de la industria farmacéutica es un foco de "conflictos de interés". En la misma línea opina Juan José Rodríguez Sendín, expresidente de la Organización Médica Colegial, que afirma que la farmaindustria "conoce y utiliza todos los resortes posibles, dentro de la ley, para conseguir que los profesionales se alineen con sus intereses". A su juicio, es "lamentable" que "cada año las subidas del presupuesto público prácticamente se las coma el incremento del gasto farmacéutico".

La ¿colaboración? público-privada

Rodríguez Sendín afirma que el abuso de la contratación menor puede dar lugar a corruptelas, pero nunca en la escala de los meses de "desesperación" de 2020. "Lo que pasó en la pandemia es punto y aparte", dice. Su diagnóstico es que la principal lesión al sistema está en conductas como la "absoluta opacidad" en la fijación de los precios de los medicamentos. O en los desequilibrios de la llamada "colaboración público-privada", que siempre se establece –afirma– en términos que benefician al agente privado en detrimento del público. Y todo ello puede ocurrir dentro los límites de la ley.

El dinero público destinado a conciertos supera los 9.000 millones de euros al año y el 10% del total de lo invertido por las administraciones en sanidad, tras subir un 11,6% sólo en los dos años más duros de la pandemia. Esta "colaboración público-privada" supone dar entrada a empresas con ánimo de lucro en el ámbito de la prestación de un servicio público que a su vez cubre un derecho constitucional. Y esto entraña sus riesgos. Hay de hecho un carrusel de informes que alertan –en la línea de lo señalado por Rodríguez Sendín– de la posición de inferioridad en que suele quedar la parte pública en la "colaboración público privada", también conocida como CPP. La enmienda más completa al modelo partió en 2018 del Tribunal de Cuentas Europeo, que examinó 12 proyectos en Francia, Grecia, Irlanda y España y detectó un patrón. ¿Cuál? Los Estados quedan en posición débil y expuestos a sobrecostes.

No hay informes similares, de carácter oficial, ceñidos al sector sanitario. Pero sí hay investigaciones privadas. En 2019, el Observatorio de la Deuda en la Globalización convirtió al Hospital de Villalba, gestionado por Quirón, en caso de estudio. ¿Resultado? El centro ha supuesto un sobrecoste para el erario madrileño de 114,21 millones, sobre todo acumulados en la fase de construcción y en los dos años que estuvo cerrado tras acabar las obras. También sobre Madrid, un informe de CCOO y de la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública en 2022 sostiene que las privatizaciones implican fuertes sobrecostes sin traducción en la mejora del servicio. El Hospital Jiménez Díaz, de Quirón y concertado, es casi tan caro de mantener para el sistema público como La Paz o El Marañón, a pesar de tener en torno a la mitad de camas y empleados, como publicó El País sobre la base de datos oficiales.

Audita Sanidad y el sindicato de técnicos de Hacienda, en un estudio de 2021, llegan a la conclusión de que existe un "deterioro programado" de la sanidad pública mediante el trasvase de recursos a agentes privados. Pero, ¿por qué "programado"? Los autores entienden que el objetivo es favorecer tanto a los grupos hospitalarios privados, que aparecen como solución de urgencia para derivaciones que aligeren las listas de espera, como a compañías aseguradoras, que viven una edad de oro alentada por el empeoramiento de la imagen del sistema público. Se trata, según este estudio, de una falsa "colaboración", pues el desequilibrio impide que lo sea en puridad. Los principales altavoces de la sanidad privada, como la Fundación IDIS, lo rechazan de plano y se presentan como complementos imprescindibles del sistema público.

Hipotecas, deudas, litigios...

Más de un tercio del negocio hospitalario en España sale de conciertos con las administraciones. En el desarrollo de estos acuerdos no son raros los sobrecostes para el Estado, las deudas con forma de bola de nieve y los presupuestos hipotecados. En Andalucía, el Grupo Pascual, imprescindible hoy para la prestación del servicio sanitario público en Cádiz, ha logrado el compromiso de pago de 121 millones de la Junta para zanjar sus litigios. Y eso a pesar de ser una empresa a la que la Junta llegó a acusar de obtener un "beneficio ilícito" de 164 millones mediante prácticas anticompetitivas y sobreprecios.

En Madrid el principal caudal de conflictos es la relación con Quirón. El presupuesto de 2024 de la Comunidad prevé para los cuatro hospitales de este grupo con colaboración público privada más de 715 millones. Es decir, más de un 7% del presupuesto sanitario. Aunque el Gobierno de Ayuso se esfuerza en presentar su apuesta por Quirón como un ejercicio de eficiencia, los hechos demuestran que paga mucho más de lo que prevé. Como desveló infolibre, cinco sentencias de 2023 del Tribunal Superior de Justicia (TJSM) han condenado a la Comunidad a pagar 40 millones a Quirón por atrasos en los abonos. El sobreesfuerzo por ir rebajando la deuda con el grupo es permanente. Entre julio y diciembre de 2022, Quirón recibió 1.278 millones. Este periódico preguntó a la Consejería de Sanidad cuál era su deuda actual con Quirón, sin respuesta.

Es unánime, entre las voces consultadas, un doble diagnóstico: 1) Los abusos durante lo que muchos han llamado el "mercado persa" de mascarillas y otros materiales durante la pandemia no ofrecen una imagen fiel del sector sanitario. 2) Sí es innegable la existencia de desequilibrios y áreas de opacidad, campo abonado para la lesión del interés público.

Ante todo ello, ¿qué hacer? Rodríguez Sendín usa el gran angular para atreverse con una respuesta concreta: "Por encima de todo, control y transparencia en el gasto farmacéutico". A su juicio, sería una medida que podría generar un efecto dominó: una rebaja de ese gasto en esta partida ayudaría a financiar un cambio del sistema retributivo y de la carrera profesional, que a su vez permitiría un funcionamiento a mayor ritmo del sistema público, reduciendo la dependencia de los agentes privados para rebajar las listas de espera.

Organizaciones como la Federación de Asociaciones para la Sanidad Pública, el Observatorio de la Deuda en la Globalización, Audita Sanidad y Acceso a un Medicamento Justo coinciden en que la clave para garantizar que la interacción entre lo público y lo privado se desarrolle sin lesión al interés general está en un sistema sanitario robusto y transparente con profesionales incentivados contra el conflicto de interés. Precisamente la línea contraria a la que marcan medidas que promueven la confusión de espacios como las adoptadas en Andalucía, donde se ha retirado a los jefes intermedios del SAS la prohibición de trabajar al mismo tiempo en la privada.

Volviendo a Mónica García, en la misma comparecencia en la que recordaba cómo ha visto "mordidas" y "saqueo" subrayó la utilidad de la futura Agencia de Salud Pública –que debería acumular reservas estratégicas de material para que el Estado no vuelva a verse inerme ante una situación crítica–, la integración del Ministerio de Sanidad en la Red Europea contra el Fraude y la Corrupción Sanitaria y la creación de un "observatorio" con el mismo fin. No obstante, y más allá de medidas concretas, la ministra afirmó que que "la vulnerabilidad ante la corrupción" del sistema sanitario "se intensificó tras una década de austeridad severa", por lo que la receta es "blindarlo" y "robustecerlo".

La Fundación IDIS, el lobby más representativo y poderoso del negocio sanitario español, afirma que no hay corrupción en este sector que sea "diferente a la que pueda existir en otros", con "casos puntuales que deben ser investigados". Así lo afirma Juan Abarca, su presidente, cuando infoLibre le pide una reacción ante las declaraciones sobre la corrupción vertidas por Mónica García. "Estoy de acuerdo en que los controles han de ser rigurosos y el marco y las reglas han de ser los mismos para todos, máxime teniendo en cuenta que la colaboración público-privada es necesaria para poder llevar a cabo la propia actividad sanitaria", afirma.

"Respecto a la necesidad de robustecer el sistema", añade, "reconocemos la importancia de salvaguardar la salud pública y garantizar la integridad de los sistemas de atención médica". Abarca afirma que la Agencia de Salud Pública es una "medida preventiva sólida", como "ya expusimos en nuestro Manifiesto por una Mejor Sanidad".

Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso y a quien Hacienda y la Fiscalía atribuyen un fraude fiscal de 350.951 euros en 2020 –el año más duro de la pandemia– y 2021, cobró con facturas falsas de Quirón Salud, su "principal cliente" y máximo beneficiario del proceso de privatización sanitaria emprendido en Madrid por el PP hace más de una década. Así lo asegura la denuncia del ministerio público ante los juzgados de Madrid, adelantada este martes por elDiario.es y a la que ha tenido acceso infoLibre. Además, en la noche de este martes, elDiario.es publicó que la pareja de Ayuso cobró dos millones de euros en comisiones por contratos de mascarillas en pandemia. 

Según dicha denuncia, una de las dos empresas dirigidas por González Amador, Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos para el Fomento del Medio Ambiente SL, "facturó algunos de sus servicios a su principal cliente, Quirón Salud, haciéndolo a través de la empresa Masterman & Whitaker SL", de la que es "socio único" así como administrador y que no tiene ni un empleado en plantilla. "Dicha empresa –agrega la Fiscalía– carece de medios materiales para prestar esos servicios". El servicio, sostiene la denuncia, se prestaba "con medios de Maxwell Cremona, buscando Alberto González con esa conducta un ahorro fiscal al trasladar parte de la actividad a una sociedad vinculada con él".

El informe de la Agencia Tributaria que sustenta la denuncia de la Fiscalía señala a González Amador como presunto autor de dos delitos de fraude fiscal en el impuesto de Sociedades en 2020 y 2021. En el primero de esos dos ejercicios el fraude habría alcanzado la cifra de 155.000 euros; en la segunda anualidad, de 195.951,41 euros.

La denuncia de la Fiscalía también le atribuye falsedad documental por cobrar mediante facturas falsas emitidas por empresas propiedad de terceros y con las que –subraya la Fiscalía– configuró una trama para rebajar los beneficios de sus sociedades. ¿Cómo? Según los expertos consultados, ese objetivo se logra aplicando un método habitual en el sistema de facturación falsa: si la empresa X ingresa 10.000 por un suministro o un servicio pero declara haber incurrido en gastos por importe de 8.000 euros al encargar, por ejemplo, determinadas tareas a la sociedad Z, el beneficio oficial puede caer de forma estruendosa.

En 2020, el año más duro de la pandemia, Maxwell Cremona, de la que González Amador es administrador único, declaró una cifra de negocio de 2.330.111,85 euros y una plantilla inexistente –cero empleados y cero euros en gastos de personal–, pero como resultado del ejercicio anotó 8.425,05 euros. ¿Qué explica tal desfase? Que en el apartado "otros gastos de explotación" figuran 992.838 euros. Es decir, casi un millón. Al año siguiente, su cifra de negocio se redujo casi a la mitad –1.375.716,37 euros– y sus beneficios, en cambio, subieron a 27.833,22 euros. Los "otros gastos de explotación" se quedaron esta vez en 164.731,86 euros.

La Fiscalía recalca cómo durante las actuaciones de comprobación iniciadas por Hacienda sobre Maxwell Cremona el 12 de mayo de 2022 –actuaciones de las que, señalan los expertos, la Agencia Tributaria informa de inmediato al inspeccionado– se detectó lo que sigue: que Maxwell Cremona, "con la finalidad de eludir su tributación, ante el incremento del volumen de negocios que había experimentado en esos ejercicios [2020 y 2021], llevó a cabo determinadas conductas, con la única finalidad de reducir dicha tributación, deduciéndose indebidamente gastos en virtud de facturas que no se corresponden con servicios realmente prestados, facturas que fueron giradas por las mercantiles MKE Manufacturing SA de CV [México], Gayani LTD [Costa de Marfil], Purpura Star SL, Baluarte Desarrollo de Centro Especial de Empleo SL, Desarrollo de CEE El Manantial SL, Bianconera Spa SL y Ginmosur SL". Los administradores y/o socios de esas empresas también son objeto de la denuncia de la Fiscalía. Tres de ellos residen en el municipio sevillano de Arahal, según se recoge en la denuncia de la Fiscalía.

infoLibre trató de recabar la versión de Quirón para esta información, sin éxito. Este periódico no logró contactar con González Amador.

Ese "principal cliente" de Maxwell Cremona, la empresa en el centro del entramado del que el novio de Isabel Díaz Ayuso supuestamente se valió para defraudar a Hacienda, no es un cliente cualquiera. El identificado por la Fiscalía de Madrid como "principal cliente" de esta empresa en 2021 fue Quirón Salud, según consta en la denuncia. Quirón, gigante sanitario perteneciente al holding alemán Fresenius, es el líder destacado no sólo del negocio hospitalario en España, sino del negocio sanitario incluyendo también los seguros, con una facturación anual que supera los 4.000 millones de euros. Presume de contar con 58 hospitales y 132 centros sanitarios de otro tipo, totalizando más de 8.300 camas y 532 quirófanos. Y uno de sus clientes destacados es precisamente la Comunidad de Madrid, desde 2019 presidida por la propia Ayuso.

Los presupuestos del área sanitaria de la Comunidad de Madrid en 2024 permiten dimensionar lo que supone Quirón. Los cuatro hospitales de Quirón con los que la Comunidad de Madrid tiene acuerdo de colaboración público-privada –uno cien por cien privado y concertado, la Fundación Jiménez Díaz, y los otros tres integrados en la red pública pero con gestión privada– suman partidas presupuestarias por al menos 715 millones de euros. 

El dinero para hospitales se reparte así:

– Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz: 450.717.082 euros.

– Hospital Rey Juan Carlos (Móstoles): 116.961.439 euros.

– Hospital Infanta Elena (Valdemoro): 75.171.544 euros.

– Hospital General de Villalba (Collado Villalba): 72.835.780 euros.

Así que en total son 715.685.845 euros.

La mayor aportación es al Jiménez Díaz, buque insignia de los cuatro hospitales que, tras el proceso privatizador ideado por Esperanza Aguirre a mitad de la primera década del siglo, gestiona y explota en Madrid Quirón, fruto de la fusión en 2014 entre este grupo y la concesionaria original de los hospitales: la antigua Capio, cuyos accionistas se ocultaban tras sociedades del paraíso fiscal de las Islas Caimán. En 2017 la alemana Fresenius se hizo con la mayoría accionarial.

La Asamblea de Madrid aprobó los presupuestos en diciembre de 2023, gracias a la mayoría absoluta conquistada por el PP en mayo. Las cuentas anteriores eran de 2022, ya que en 2023 no hubo presupuestos. Aquel año, 2022, lo presupuestado para los cuatro hospitales de Quirón ascendió a 609.405.223 euros. Es decir, ha habido un incremento del 17,4% entre el anterior presupuesto y el de 2024.

Los antecedentes, no obstante, demuestran que no siempre las previsiones coinciden con las cuentas finales. Como desveló infoLibre, cinco sentencias de 2023 del Tribunal Superior de Justicia (TJSM) han condenado a la Comunidad de Madrid a pagar 40 millones a diversas filiales de Quirón por atrasos en los abonos. La deuda del erario madrileño es un viejo asunto. La Cámara de Cuentas desveló en 2019 que la Comunidad debía un año antes más de 722 millones a cinco hospitales de gestión privada– los cuatro de Quirón y uno de Ribera Salud, en Torrejón– y al militar Gómez Ulla, del Ministerio de Defensa. En 2021 Fresenius hizo público que la deuda con cuatro hospitales de Quirón superaba los 1.200 millones. infoLibre preguntó este martes a la Comunidad de Madrid cuál era su deuda con los centros de Quirón, sin respuesta.

Quirón, por su poderío en el sistema de prestación sanitaria pública y en el negocio sanitario, está en el punto de mira de las organizaciones contra la privatización. Cathy Boira, miembro de Audita Sanidad, afirma que se trata de "uno de los grupos de sanidad privada que más se ha beneficiado de la ley 15/ 97 [de abril, sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud]". "Y no solo en la Comunidad de Madrid", puntualiza. A su juicio, esta es la ley "que abrió la puerta grande a las empresas privadas en la sanidad pública española y, al seguir vigente, sirve de amparo a la colaboración público-privada tan preciada por Quirón, que acaba de desembarcar en Asturias". "¿Para cuándo la derogación de la Ley 15/97?", pregunta.

¿Se puede enseñar el "liderazgo"? Quienes se han dedicado académicamente a ello dentro de programas integrales de formación, sobre todo en el campo político, lo dudan. Se puede –sería la síntesis– enseñar sobre materias imprescindibles para un líder, como la negociación, el trabajo bajo presión o la deontología. Pero hay rasgos, como el carisma, más vaporosos. Así que el "liderazgo" es un terreno de difícil acceso para los docentes.

Otros, en cambio, ya se han lanzado. Como ese político que en su día fue poderoso o al menos popular pero ya está alejado del foco, que encuentra ahí una vía de monetización de su experiencia. O ese lobista, o ese profesional de las relaciones públicas. Puede hablarse de un auge del negocio del "liderazgo", mirado con desconfianza desde la academia, pero al que se han apuntado importantes nombres propios con proyectos que se mueven en la línea entre la formación, el networking, el marketing y el lobismo.

"Es un término que se ha puesto de moda, como antes ha ocurrido con total quality management o círculos de calidad. Pero seamos claros. El liderazgo no se enseña acercando a la gente a un líder, o a alguien que se considera un líder", explica un investigador que ha trabajado en formación de habilidades para responsables públicos.

infoLibre hace repaso de un ramillete de iniciativas en las que el gancho es el "liderazgo". ¿Qué encontramos? No hay dos casos iguales. Tenemos a un consultor, antiguo cachorro del PP, ahora en apuros por el caso Koldo, que ha cosechado el patrocinio de grandes marcas y completado un álbum de fotos con el poder que sería la envidia de El Pequeño Nicolás gracias a un "foro" de "liderazgo" plantado en Santander.

Ahí está Aznar, que ha implicado a una universidad vinculada a un grupo católico de origen mexicano en las "aulas de liderazgo" de una de sus empresas, aulas en las Ayuso ha ejercido como maestra de ceremonias. Mientras Aznar juega también desde FAES la carta de la formación de "líderes" –con ayuda de Feijóo–, Cospedal arranca ahora un proyecto para ahormar líderes "con valores" junto a otra universidad de matriz católica, tirando para el claustro de su agenda en el PP. Albert Rivera ha logrado apoyo de otra universidad para un posgrado en liderazgo "360º" con mucho PP y algo de Cs –lo que queda– dando clases junto a una nómina variopinta de profesores, entre ellos Toni Cantó, que es formador de líderes hasta en dos plataformas.

Aparece un centro de formación y difusión de ideas vinculado a Vox, con el partido de Santiago Abascal como columna vertebral de la docencia y la presencia estelar de figuras como el arzobispo Luis Argüello, elegido este martes presidente de los obispos. Y más nombres. Encontramos a Duran i Lleida, histórico nacionalista moderado, ahora al frente de un lobby de supermercados, que encabeza la iniciativa más transversal ideológicamente, con el apoyo de la patronal catalana.

La actualidad acaba de traer al primer plano una de esas iniciativas de natural difíciles de describir, como suele ocurrir con las iniciativas en torno a algo tan –igualmente– difícil de describir como el liderazgo. Es el Global Youth Leadership Forum (GYLF). Su web está "en mantenimiento". O sea, no va. Y es raro, porque no se puede entrar en la página de una institución que tenía en la exhibición de sí misma una de sus características.

Aunque el foro no aclara a infoLibre el motivo concreto del cierre de la web –ni responde a ninguna otra pregunta–, parece fácil intuir que algo ha tenido que ver que el GYLF empezó, antes del cerrojazo a la web, a ser citado en artículos sobre su presidente, Jacobo Pombo, señalado –no figura como investigado– por los investigadores del caso Koldo como un supuesto intermediario. Fue salir en los papeles –Pombo niega cualquier implicación en nada ilegal– y ponerse la web "en mantenimiento".

Pombo, a quien El País llama "el Pequeño Nicolás de Nuevas Generaciones" y que en diversos medios aparece citado como lobista, es un antiguo militante de las juventudes del PP que ahora se presenta como "consultor" y que al frente del GYLF, con base en el Palacio de la Magdalena, en Santander, ha logrado un impresionante álbum de fotos. Por el foro han pasado, en distintos eventos, Felipe VI, Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, ministros y exministros del PP y el PSOE, comisarios y antiguos comisarios europeos...

El GYLF –que no es objeto de interés en el caso Koldo– no responde a las preguntas de infoLibre sobre su modelo de funcionamiento. Es evidente que los patrocinios juegan un papel crucial. Han figurado como financiadores el Santander, Iberdrola, OHL o Iberia. El Ayuntamiento de Santander, el Gobierno de Cantabria, el Ejecutivo central, el Banco Mundial y hasta Naciones Unidas también le han dado apoyo.

Pero, ¿qué hace el GYLF? Aquí aparece la palabra clave: "liderazgo". Es un término que está por todas partes en el GYLF. No sólo en el nombre. El acontecimiento principal de la entidad es un encuentro anual, el Global Youth Leadership Forum, que en 2023 celebró su octava edición, con la asistencia de "150 líderes jóvenes" de gobiernos y parlamentos de Europa, África y América Latina, empresarios y entidades de todo tipo y universitarios "con alto nivel". Junto a ellos, "grandes líderes" como el exvicepresidente de la Comisión Joaquín Almunia, todo en un programa sobre "tendencias económicas y cooperación global" lleno de mesas y charlas.

El GYLF constituye un ejemplo de lo que para muchos es una inflación del uso del "liderazgo" como gancho. En este caso, el énfasis no está tanto en la formación como en el "intercambio" entre supuestos líderes. En otros casos, el "liderazgo", sobre todo el político, se presenta como algo que se puede enseñar, que se adquiere en contacto con quienes presumen de ese don.

Un pionero de esa ola es José María Aznar, próximo al estatus de gurú. El Instituto Atlántico de Gobierno (IAG), una empresa fundada y presidida por el ex jefe de Gobierno, ofrece unas "aulas de liderazgo", consistentes en un "foro exclusivo" para "sesiones magistrales" de "líderes políticos y sociales". ¿Cuáles? Aznar, claro. Y también el líder del PP, Feijóo, los presidentes autonómicos Isabel Díaz Ayuso y Fernández Mañueco o el expresidente mexicano Felipe Calderón.

Las "aulas de liderazgo" forman parten del máster a distancia en "acción política" de la Universidad Francisco de Vitoria, en virtud de un acuerdo con esta entidad vinculada a los Legionarios de Cristo. El coste del máster es de 10.000 euros, según la información remitida a un alumno interesado por la propia Francisco de Vitoria, que expide el título. Son diez meses y la formación es online. La Universidad es la que factura y el Instituto, después de cubrir costes se queda un beneficio, explica Germán Alcayde, director del IAG. "Para nosotros y para la universidad es un elemento de marketing muy potente", afirma el propio Alcayde, ex dirigente de Nuevas Generaciones en Madrid y amigo de Pablo Casado, al que está ayudando en su empeño empresarial como conseguidor de fondos.

El IAG ofrece también cursos de "liderazgo y crecimiento personal" para "ejecutivos y emprendedores". La formación, que incluye "clases plenarias" y "coaching de pares", promete un aprendizaje "enraizándome en lo que me hace genuino como líder". Al mismo tiempo, da acceso a otras actividades del Instituto, que se presenta como una entidad que facilita el "networking".

La autoubicación de Aznar como maestro del liderazgo no empieza con el IAG. Es anterior. FAES ha celebrado desde 2000 más de 20 ediciones del "Programa de Formación de Líderes Latinoamericanos". En la última hubo coloquios con Aznar y Feijóo. En la anterior, con Ayuso y Martínez-Almeida.

El otro gran nombre propio del PP en la escena del "liderazgo" es María Dolores de Cospedal, secretaria general del partido entre 2008 y 2018. Tras librarse de ser juzgada por el caso Kitchen, Cospedal participó en octubre en la presentación del Instituto de Liderazgo Político (IDLP), una empresa que nació con la declarada vocación de ser "referencia de formación de alto nivel en política" y apoyar la existencia de "una clase política bien formada, ejercida con valores". La herramienta para tal fin es el "Curso Superior de Talento y Liderazgo Político", un proyecto en el que colabora la Universidad Católica de Murcia. Liderada hasta su muerte en 2022 por Francisco Mendoza, vinculado al Camino Neocatecumanal (los "kikos"), la UCAM ejercerá la "dirección académica". Son cofundadores de la iniciativa las senadoras Carmen Riolobos y María Jesús Bonilla y el diputado y ex secretario de Estado de Defensa Agustín Conde, que precisamente ocupó el cargo a las órdenes de Cospedal. Todos del PP.

Aunque se suponía que el primer curso debía empezar en enero, aún no ha comenzado. Un portavoz del IDLP se limita a señalar que "próximamente" habrá noticias. El programa ahora publicado anuncia 15 módulos, entre ellos "España en el mundo", "La Unión Europea", "La Constitución española", "Política y Talento". Están previstos 28 días lectivos en sesiones de una a dos horas, todo ello según el programa. El IDLP no responde cuál es el coste por alumno. En el claustro figuran más de 40 profesores, entre ellos los exministros del PP Cospedal, Miguel Arias Cañete, Dolors Montserrat, Ana Pastor, Isabel Tocino, Juan Ignacio Zoido y Rafael Arias Salgado, entre otros.

A ellos se suman –siempre según el programa– políticos veteranos de otros partidos como Jesús Caldera (PSOE), Nicolas Redondo (expulsado del PSOE) y Miquel Roca (Convergència). Como es usual en estas iniciativas, no todos son políticos. Del claustro forman parte, según el programa, Josu Jon Imaz, consejero delegado de Repsol y expresidente del PNV; el sociólogo Narciso Michavila; Pedro Méndez de Vigo, militar en la reserva y asesor de la consultora Llorente & Cuenca, o la empresaria Pilar Gómez Acebo.

"De líderes para líderes". Así se se presenta el Instituto Universitario de Liderazgo de la Universidad Cardenal Cisneros, adscrita a la Complutense. Se trata de un centro "diseñado y dirigido por Albert Rivera desde una visión 360º del liderazgo y de las habilidades de alta gestión". El Instituto presume de ser "un lugar de encuentro privilegiado en el que sus miembros se forman, se desarrollan e interactúan". El curso estrella es el Posgrado en Liderazgo, de 120 horas, semipresencial, que da derecho a un título de "experto universitario". El coste: 5.500 euros.

En el claustro comparte espacio el PP con Cs o, más bien, con los restos del naufragio de Cs. Figuran los exministros del PP García-Margallo –eurodiputado–, Ruiz Gallardón y Ana Pastor –que también está con Cospedal– y la actual consejera madrileña de Economía, Rocío Albert. Junto a ellos, los eurodiputados de Cs José Ramón Bauzá y Adrián Vázquez, el exdirigente José Manuel Villegas –hoy socio de Rivera en una consultoría–, el ex secretario de Comunicación del partido, Fernando de Páramo, y el exdiputado Toni Cantó, más tarde fue alto cargo con Ayuso.

A la lista hay que sumar a Nicolás Redondo Terreros –que también está con Cospedal–, al exdiputado socialista Eduardo Madina, hoy socio del lobby Harmon y asesor de la consultora Ernst & Young; o al economista Daniel Lacalle, en la órbita del ala más neoliberal del PP. Más: Alejandro Abascal, juez de la Audiencia Nacional; Jorge Bustos, subdirector de El Mundo; Euprepio Padula, colaborador televisivo; Antonio Miguel Carmona, el exdiputado en la Asamblea de Madrid y consejero de grandes empresas...

Hay también expertos en "coach", en liderazgo, inversores, emprendedores. "Los participantes en este programa formarán parte de una comunidad de aprendizaje y networking", promete el Instituto. Esta previsto que la tercera edición del curso empiece "en los próximos días", informan desde la institución.

El Instituto Superior de Sociología, Economía y Política (Issep), ubicado en Madrid, es la rama española del Institut des Sciences Sociales, Économiques et Politiques, fundado en Lyon en 2018 por Marion Maréchal, sobrina de Marine Le Pen, estrella en ascenso de la ultraderecha francesa. Constituido en 2020, en el patronato del Issep figuran dos hombres citados con asiduidad como de la máxima confianza de Abascal: Kiko Méndez Monasterio y Gabriel Ariza, hijo de Julio Ariza, fundador del Grupo Intereconomía y de Libertad Digital y empresario de medios próximo a Vox. Su presidente es Miguel Menéndez, un nieto de Blas Piñar orgulloso de la "cruzada" de Franco. Su director es el abogado franco-argentino Santiago Muzio, que cuando exhumaron a Franco dijo que así "¡resucita el alma del Caudillo para el pueblo español!".

Esta entidad también ha entrado en la arena del "liderazgo". Lo ha he hecho a través del Programa de Liderazgo y Gobierno, en el que el Issep afirma haber formado ya a "más de cien líderes". Ya está abierto el periodo de matrícula para la quinta edición, que tendrá lugar de octubre de 2024 a junio de 2025. El coste es de 12.000 euros, según el programa. Son 320 horas presenciales y hay 20 plazas. Los bloques son "Historia", "Filosofía", "Economía", "Derecho", "Gestión", "Geopolítica" y "Comunicación".

¿Quiénes figuran como profesores? Además de los ya citados Maréchal, Méndez Monasterio, Ariza –padre– y Muzio, están programados los parlamentarios de Vox –en distintas cámaras– Jorge Buxadé, Carlos Hernández Quero, Ignacio De Hoces, Manuel Mariscal y Carlos Flores Juberías; Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal, que ya fue docente en el Issep en 2022; Jaime Mayor Oreja, líder del movimiento católico de derecha radical NEOS; Pedro Baños, coronel en la reserva y colaborador en el programa de Iker Jiménez; José Javier Esparza, presentador de El Gato al agua, en El Toro TV; Javier Tebas, presidente de la Liga; y los exdiputados de Ciudadanos Juan Carlos Girauta y Toni Cantó, entre otros. Dos veces aparece cantó formando líderes: con Rivera y con el Issep.

Otro político ya alejado de posiciones de poder y que ahora dedica esfuerzos a enseñar "liderazgo" –no sólo político– es el histórico líder de Unió y portavoz del grupo de CiU en el Congreso Josep Antoni Duran i Lleida, tenido por un estandarte de ese nacionalismo moderado que fue arrollado por el procés. En 2021 presentó su proyecto Academia Europea Leaderships (AEL), de la que es presidente. AEL se presenta como una entidad capaz de "formar jóvenes líderes capaces de afrontar los retos de la Europa del sigo XXI". La nómina de profesores del curso 2023-2024 es, de todas las citadas en este artículo, la más abundante en perfiles profesionales y académicos y la más diversa ideológicamente. Entre los políticos, figuran el actual ministro de Exteriores, José Manuel Albares, y otras figuras con trayectoria institucional destacada en el PSOE como Joaquín Almunia, Teresa Fernández de la Vega, Miguel Ángel Moratinos o Mertixell Batet.

Del PP figuran los exministros Manuel Pimentel, Juan Costa y Luis de Guindos, ahora vicepresidente del Banco Central Europeo. El nacionalismo catalán está representado por Miquel Roca, al que se suman figuras como Joan Ridao (ERC). Es también profesor Pablo Hernández de Cos, gobernador del Banco de España; Pepe Álvarez, líder de UGT; Jordi Canals, ex director general del IESE, escuela de formación de ejecutivos de la Universidad de Navarra, vinculada al Opus Dei; o Antoni Brufau, presidente de Repsol. El listado incluye economistas, ingenieros, académicos y expertos en políticas públicas, marketing electoral y otras disciplinas.

El programa tiene cien horas. Su coste es "simbólico", de 350 euros, gracias a la "generosidad del profesorado". "Si los profesores vienen de fuera, se les paga el viaje si lo piden y el hotel", ofrecido "gratuitamente" por una cadena hotelera, señala un portavoz. El único que cobra es el director del programa, Francesc Pardo, añade el portavoz. El AEL se presenta como una "entidad sin ánimo de lucro". Al mismo tiempo, tiene la forma de una sociedad mercantil. ¿Por qué? "Por razones de agilización, se creó un sociedad mercantil, pero sin ánimo de lucro, con la marca que tenía registrada en España y la UE su promotor y presidente. En este momento, está en proceso de constituirse una asociación que sustituiría a la sociedad mercantil. La Academia recibe apoyo de alguna empresa y ni un solo euro de financiación pública", responde el portavoz.

La Academia se beneficia del apoyo de Foment del Treball, la patronal catalana, donde se imparten las clases. Joan Rosell, el que fuera presidente de Foment y de la CEOE, es miembro del "comité ético" y de "admisiones". "Foment cede gratuitamente el aula a cambio de su derecho a proponer algunos alumnos para el curso", explica el portavoz.

Duran i Lleida compatibiliza la presidencia de la Academia, con un importante trasiego de figuras relevantes, con el cargo de presidente de la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas), el lobby que representa los intereses de empresas como Mercadona, Lidl o Dia.

España ha sufrido un histórico déficit comparado de formación de élites políticas. Uno de los intentos más destacados de paliar esta carencia surgió en 2010 en la Universidad Pablo de Olavide (UPO), en un máster ya desaparecido que pretendía –"con las restricciones de un máster de un año", explica el que fue su codirector Jean-Babptiste Harguindéguy– en experiencias como la emblemática École Nationale d'Administration de Francia y otras en EEUU (Harvard, Yale, Berkeley, Stanford) y Europa (London School of Economics, Oxford). Harguindéguy subraya que el objetivo era no sólo formar en "liderazgo", una materia que ve "volátil" y difícil transmisión, sino en contabilidad nacional, economía política, gestión administrativa, negociación, ética...

En cuanto al liderazgo, "es algo que no se aprende, pero que se enseña", dice con un punto de ironía. Hay dos grandes maneras, añade. "Una es de forma académica, como intentamos hacer aquí o ahora hace el INAP. Tienes que elegir variables, mirar muchísimos casos, buscar diferencias y puntos comunes. La otra es invitar a líderes. Lo que me dice la experiencia es que saber hablar y transmitir no ayuda a construir un liderazgo en otros. De cien, 99 cuentan batallitas. Esta aproximación al liderazgo enseña poco, más allá de poder decir 'he conocido a Cospedal'", afirma sobre un tipo de experiencia en el que se suele poner buscar a los alumnos entre "los propios feligreses", es decir, en un potencial alumnado de la cuerda ideológica del líder impulsor. A su juicio, hay una "delgada línea" entre el liderazgo mostrado como una capacidad que puede adquirirse observando al líder y los discursos "motivacionales, de autoayuda y de 'si quieres, puedes', que en la universidad no tienen sitio". "Si te fijas, hay universidades que se implican, pero sólo hasta cierto punto", recalca.

El recién elegido presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, figura como profesor de un curso programado para octubre por el Instituto Superior de Sociología, Economía y Política (Issep), un centro de formación y difusión de ideas derechistas vinculado a Vox. Argüello, arzobispo de Valladolid, de 71 años, considerado del ala conservadora del episcopado, elegido esta semana presidente de la CEE, está en el listado de docentes del Issep para la quinta edición del "Programa de Liderazgo y Gobierno", cuyo desarrollo está previsto entre octubre de 2024 y junio de 2025. Del mismo programa figuran también como docentes Jorge Buxadé, dirigente de Vox; Kiko Méndez Monasterio, hombre de estrecha confianza de Santiago Abascal; o Jaime Mayor Oreja, exministro del Interior y hoy referente del movimiento antiabortista, todos ellos en un listado prolijo en nombres vinculados al principal partido español de la extrema derecha.

El Issep identifica a Argüello en el programa como "presidente de la Conferencia Episcopal Española", es decir, la información está actualizada después de que el martes fuera elegido para el cargo. Miguel Ángel Quintana Paz, director académico del Issep, explica que el compromiso de Argüello para ser profesor en el máster es anterior a su elección, pero que no estaba previsto retirarlo en caso de que saliera presidente. Además, asegura, no ha recibido ninguna noticia de alteración de los planes y no ve ningún motivo para que la haya, como no fuera una agenda más apretada. Subraya, de hecho, que la previsión del Issep es que Argüello participe como profesor no sólo en el programa del curso 2024-2025, sino también en el presente 2023-2024, para el que el Instituto está buscándole fechas que cuadren en su agenda.

infoLibre preguntó a la CEE, órgano de coordinación de los obispos, responsable de la interlocución con el Gobierno y una referencia reconocible de la Iglesia ante la sociedad, si veía adecuado que Argüello fuera profesor del Issep y si no temía que se percibiera una identificación del nuevo presidente de la CEE con Vox y con la extrema derecha, pero no hubo respuesta.

El vicepresidente de Castilla y León, Juan García-Gallardo, de Vox, afirmó tras su elección que Argüello es "ese líder que necesita la Iglesia" para "atacar a la industria de la muerte y la Agenda 2030". La elección suscitó también una reacción favorable del Issep, que publicó el siguiente mensaje: "Que los próximos años le cundan tanto como a nosotros sus enseñanzas".

Pero, ¿qué es el Issep? Ubicado en Madrid, es la extensión española del Institut des Sciences Sociales, Économiques et Politiques, fundado en Lyon en 2018 por Marion Maréchal, sobrina de Marine Le Pen y estrella en ascenso de la extrema derecha francesa. Constituido en 2020, en el patronato del Issep figuran dos hombres citados con asiduidad como de la máxima confianza de Abascal: Kiko Méndez Monasterio, antiguo militante del partido Alianza por la Unidad Nacional, con un antecedente de violencia ultraderechista en 1999; y Gabriel Ariza, hijo de Julio Ariza, presidente del Grupo Intereconomía y profesor en el Issep, con una trayectoria llena de conexiones con Vox. En Castilla y León, la Consejería de Cultura, en manos de Vox, patrocinó el año pasado con 15.000 euros un curso de verano del Issep, según publicó La Marea.

El presidente del Issep es Miguel Menéndez, un nieto de Blas Piñar orgulloso de la "cruzada" de Franco. Su director es el abogado franco-argentino Santiago Muzio, que cuando exhumaron a Franco en 2019 dijo que así "¡resucita el alma del Caudillo para el pueblo español!".

Argüello ya ha colaborado antes con el Issep. En diciembre de 2022 participó como docente una clase titulada La Iglesia en el mundo de hoy. "Desde el siglo XVII tenemos a Jesús en el armario, porque se creyó que podía ser problemático y que nos bastaban sus valores, sin Él", dijo en aquella clase, en la que participó como arzobispo de Valladolid. Ahora figura en el "Programa de Liderazgo y Gobierno" como "presidente de la Conferencia Episcopal Española", órgano coordinador de los obispos, donde hay varias sensibilidades ideológicas.

El curso en el que está previsto que sea profesor Argüello cuesta 12.000 euros, ofrece veinte plazas y durará 320 horas en modalidad presencial, según el programa publicado en la web del Issep. Los siete bloques del programa son "Historia", "Filosofía", "Economía", "Derecho", "Gestión", "Geopolítica" y "Comunicación". Argüello, jurista de formación, figura como profesor en el bloque de "Geopolítica" junto al exministro del Interior con el PP Jaime Mayor Oreja, líder del movimiento NEOS, a quien Santiago Abascal propuso ser candidato en la moción de censura de Vox de 2020; Marion Maréchal, Kiko Méndez-Monasterio, Santiago Muzio y el coronel del ejército en la reserva Pedro Baños, colaborador en el programa de Iker Jiménez, entre otros.

Otros profesores del "Programa de Liderazgo y Gobierno" son los parlamentarios de Vox Jorge Buxadé (Europa), Carlos Hernández Quero, Ignacio Hoces, Manuel Mariscal y Carlos Flores (Congreso); José Javier Esparza, presentador del programa El Gato al agua, en El Toro TV; el ya citado empresario de los medios Julio Ariza; Javier Tebas, presidente de la Liga, con pasado en Fuerza Nueva y declarado simpatizante de Vox; y los exdiputados de Ciudadanos Juan Carlos Girauta y Toni Cantó, entre otros. A ellos se suman miembros menos conocidos con trayectoria en los distintos campos del máster.

El director académico del Issep, Miguel Ángel Quintana Paz, a lo largo de un extenso intercambio de mensajes por escrito y después de una conversación telefónica con infoLibre, rechaza lo que considera un "marco" erróneo en el enfoque de este periódico, que estaría –a su juicio– tratando de vincular a Argüello con Vox y con la extrema derecha ignorando la complejidad tanto de la trayectoria y el pensamiento del arzobispo como de la propia institución. "El motivo por el que [Argüello] colabora con Issep revela algo clave de su personalidad y su figura pública, que no sé si los medios (o nuestra sociedad) son capaces de reflejar y apreciar hoy día: que es un hombre profundamente interesado por investigar la realidad de nuestro tiempo, sin prejuicios previos, un gran intelectual (de hecho, probablemente el mayor entre los obispos españoles de hoy)", expone.

"Su elección a mi juicio ha sido netamente 'sapiocrática', más allá de las banderías politiqueras o intraeclesiales que sin embargo dan tanto mordiente al mundillo de los medios", añade. Estamos –agrega– ante "un obispo" que simplemente "aprovecha la ocasión que se le da en una institución formativa para dar una clase y así proclamar su mensaje". Es más, su participación es prueba de la "pluralidad" del Issep, ya que Argüello sostiene "posiciones que no coinciden con las de ningún partido político actual, pues su mensaje es evangélico, no partitocrático", añade. Y afirma como ejemplo que los mensajes de Argüello sobre la inmigración son distintos a los de Vox.

A juicio de Quintana Paz, existe entre "la inmensa mayoría de los periodistas" en España una "exagerada laxitud" al emplear el sintagma "extrema derecha", que no encuentra equivalencia en "extrema izquierda" y que mete "en el mismo saco a Hitler y a Abascal, a Mussolini y a Milei". "Y, lógicamente, como intelectual se le cae a uno el alma a los pies", afirma, acusando a quienes hacen un uso a su juicio extensivo del término de emplearlo "como mero tótem" para alejar "fantasmas" propios.

En cuanto a los vínculos con Vox, señala que además de profesores con relación con el partido hay otros ligados a otras formaciones políticas. "Mayor Oreja, sin ir más lejos, lo está a un partido (PP) y una organización a la vez (NEOS)", señala Quintana Paz, que reivindica la "apuesta intelectual sólida" del Issep".

El juez Francisco Serrano, dos veces candidato de Vox a la presidencia de la Junta de Andalucía, el hombre con el que en 2018 la ultraderecha regresó por la puerta grande a las instituciones españolas, fracasa en su último intento de evitar el banquillo de los acusados por fraude y estafa. La Audiencia de Sevilla ha rechazado el recurso contra el auto que puso fin a la instrucción por un caso de supuesta obtención irregular y desvío de fondos públicos desvelado por infoLibre en 2019 [ver aquí el dosier con toda la investigación]. La Fiscalía pide para Serrano hasta ocho años de cárcel.

La nueva resolución de la Audiencia golpea la base de la defensa de Serrano, según la cual era un simple "socio capitalista" y asesor en la empresa montada en Sevilla que obtuvo casi 2,5 millones públicos para construir una fábrica en Huelva que nunca fue culminada con un dinero que nunca fue devuelto. Los magistrados sostienen que las alegaciones de Serrano, según las cuales su "confianza ciega" se vio traicionada y él puso distancia con sus dos socios una vez conoció las irregularidades, no casan ni con su elevada formación jurídica, ni con su acreditada implicación en las empresas utilizadas para hacer circular los fondos recibidos y destinarlos a fines indebidos.

Serrano, que ha sufrido también el embargo de bienes por este caso, no respondió a las preguntas de infoLibre, periódico al que denunció ante los tribunales –sin éxito– por revelación de secretos por sus informaciones sobre este caso, en el que Rubén Sánchez (Facua) ejerce la acusación popular.

¿Qué es el caso Serrano? Hay que situarse a primeros de 2016. Tras sus pésimos resultados como candidato de Vox en 2015, Serrano acumula decepciones en lo político y lo profesional. Como juez, está inhabilitado por prevaricación, al haber favorecido injustamente al padre frente a la madre en un régimen de visitas para que el niño saliera como paje en la Semana Santa de Sevilla. Y como político es por entonces casi imposible prever que Vox se acabaría convirtiendo en tercera fuerza política en el Congreso y en pieza clave –con él al frente– para desalojar del poder al PSOE en Andalucía.

Ahora bien, Serrano sabe que tiene un nombre en la Sevilla más conservadora. Y que, lejos de empañar su fama en los círculos derechistas locales, la condena por prevaricación la ha reforzado. El juez se presenta como un mártir en la lucha contra la "ideología de género" y el "feminismo radical". Por eso lo había fichado Santiago Abascal. Así que, vetada la toga, se concentra en alimentar su perfil de héroe perseguido, para lo que llegará a montar un periódico, XYZ, las tres últimas letras del abecedario, en la extrema derecha según se lee, mientras que ABC son las tres primeras.

Además, se convierte en emprendedor. El juez por entonces inhabilitado tiene noticia de las posibilidades del negocio del biocombustible a base de madera, los pellets. Entra en contacto con el ingeniero técnico industrial Enrique Pelegrín. El tercer hombre en el proyecto es Javier López, colaborador del bufete de Serrano. La idea: fundar una empresa y conseguir una ayuda pública. Para ello el juez y el ingeniero constituyeron en marzo de 2016 una sociedad, Biowood Niebla. Y ahí mismo, en el origen, empezaron las trampas.

Los fundadores de la sociedad –Serrano y Pelegrín– le atribuyeron ante notario a esta sociedad una maquinaria que en realidad no tenían para engordar sus fondos propios. Fue esa falsedad la que les permitió engañar al Ministerio de Industria y obtener 2,4 millones de euros de ayuda pública que, sin esos supuestos fondos propios, no hubieran podido obtener. El dinero se concedió para una fábrica, que iba a estar en Niebla (Huelva), pero que no llegó nunca a estar ni siquiera próxima a culminarse. Los fondos, ingresados a la empresa en diciembre de 2016, no han sido devueltos a Industria. Eso es en síntesis el caso Serrano: dinero público obtenido mediante engaño que además se pierde.

Este periódico empezó a desvelar los hechos en 2019, cuando Serrano había logrado ya asiento como parlamentario de Vox, junto a otros once compañeros. Estas son las tres primeras noticias:

1) Un proyecto empresarial fallido del juez Serrano le cuesta al Estado 2,4 millones.

2) El juez Serrano obtuvo una ayuda pública tras declarar falsamente que era dueño de maquinaria industrial que nunca tuvo.

3) El falseamiento del capital de la empresa de Serrano fue clave para apropiarse de la ayuda pública de 2,4 millones.

El Grupo de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional empezó a investigar –a raíz de estas informaciones– y comprobó que había caso. El asunto pasó a la Fiscalía y de ahí al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, ya que Serrano era aforado como parlamentario. Lo dejó de ser en 2020, cuando dimitió acorralado y el caso pasó a un juzgado de instrucción, el 16. Desde entonces Serrano ha intentado sin éxito librarse de las imputaciones contra él alegando que fue engañado por sus dos colaboradores en el proyecto, el ingeniero técnico Enrique López y Javier López, que trabajó en su bufete.

No lo ha conseguido. Ni el juez de instrucción, Juan Gutiérrez, ni –cuando le han llegado sus recursos– la Audiencia de Sevilla lo han creído. Y lo cierto es que hay motivos para sostener que Serrano era más que un mero "socio capitalista". Su participación en el engaño a Hacienda está acreditada documentalmente, también su implicación en las empresas y sus gestiones directas en el proyecto una vez que ya era innegablemente conocedor de las irregularidades.

Por todo ello el juzgado de instrucción 16 envió a Serrano el banquillo en un auto de enero de 2023. Pero Serrano no se conformó y recurrió. El recurso del dos veces candidato de Vox alega que fue "víctima de las estrategias delictivas" de sus dos colaboradores, que le habían hecho creer que habían adquirido una maquinaria que no tenían, sin que él –sostiene– fuera consciente.

Serrano se presenta como mero "socio capitalista" y prestador de un "asesoramiento legal muy colateral", detalla el auto. Según el que fue portavoz y presidente de Vox en el Parlamento de Andalucía, que ya no está en el partido y ahora se dedica a su despacho legal, su salida del proyecto subvencionado se produjo en cuanto se dio cuenta de que su "confianza ciega" había sido traicionada.

La Audiencia tumba este último intento del juez en excedencia de evitar el banquillo en un auto fechado el 29 de febrero. La resolución, que tiene como ponente al magistrado Enrique García por enfermedad de Mercedes Alaya, golpea a Serrano en un punto delicado de su línea de defensa. ¿Por qué? Porque afirma que todos los argumentos que tratan de avalar un supuesto desconocimiento de las irregularidades cometidas "se compadecen mal con la formación del apelante como jurista y con la circunstancia de compartir sede social las mercantiles involucradas" en el movimiento de los fondos después de que hiciera el ingreso el Ministerio de Industria.

El auto señala además que era Serrano quien "controlaba" tanto Biowood Niebla como el despacho de abogados a través del cual participaba en dicha compañía. O sea, la Audiencia le responde que su implicación está acreditada en los papeles y que no es creíble que un hombre con su formación no supiera lo que estaba ocurriendo.

La instrucción ha demostrado que la implicación directa de Serrano en Biowood Niebla es más que una hipótesis sustentada por la presunción de que un hombre con su formación no podía ignorar todas las irregularidades cometidas. La propia resolución de 29 de febrero recuerda el papel, es decir, la implicación directa de Serrano en la constitución de la sociedad pese a no tener la maquinaria, así como en la afirmaciones "indiciariamente inciertas" para obtener la ayuda. La UDEF, en un informe incorporado al sumario, ya desgranó todas las gestiones en las que el juez se implicó directamente.

Entre las operaciones bajo la lupa judicial está la aportación al notario ante el que se constituyó la compañía clave del caso, Biowood Niebla, de unas "facturas proforma" supuestamente acreditativas de la compra de la maquinaria. Esas facturas sirvieron para aparentar la existencia de maquinaria que permitió engordar artificialmente los fondos de la empresa y obtener la ayuda.

Ahora este auto sostiene que ya en marzo de 2016, cuando se monta la sociedad y se le imputan las máquinas mediante esas facturas, Serrano y Pelegrín sabían que las máquinas "no existían ni habían sido adquiridas por ninguno de ellos". "Es obvio", añade la resolución, que lo sabían también cuando recibieron el dinero, en diciembre de 2016.

Los magistrados señalan como indicio del conocimiento de Serrano de la irregularidad cometida para obtener la ayuda que tres meses después de recibir el dinero hicieron una reducción del capital de la empresa devolviendo a cada socio lo que supuestamente había aportado para la maquinaria.

El juicio del caso Serrano deberá dar respuesta a dos grandes preguntas. La primera, cómo se obtuvieron los fondos. La segunda, dónde fueron a parar. Tanto en una como en otra el auto apunta contra Serrano. En el primer caso, por las irregularidades cometidas para conseguir el dinero público. En el segundo, por el desvío del mismo a fines distintos a los debidos.

El auto se detiene en el recorrido del dinero. La "trazabilidad" de los fondos del préstamo, 2.489.000 euros, revela que, una vez ingresados en la cuenta de Biowood Niebla en Targo Bank en diciembre de 2016, más de 2 millones de euros salieron entre febrero y marzo de 2017 hacia otra cuenta de la mercantil. En junio, un millón de euros –siempre según el auto– tomó destino a Proyectos e Inversiones Serralba, empresa de la que Serrano era "socio único". Esa cantidad pasó después a Pellex Energía, también participada por el recurrente cuando ocurrieron los hechos bajo la lupa judicial.

Concluye el auto: "La mayor parte del dinero procedente del préstamo se habría destinado indiciariamente para fondos de inversión, para el proyecto de otra entidad en la nada despreciable suma de un millón de euros, y para otras finalidades desconocidas [...]. El proyecto para el que debía ser destinado el préstamo [la fábrica] contaba a 30/08/2022 con dos edificios comenzados –la nave donde se iban a fabricar y el edificio de servicios, oficina y administración– a los que restaba mucho para su completa ejecución, no habiéndose realizado nada de la urbanización exterior ni las instalaciones previstas para la depuradora, depósito y acumulador de agua, y centro de transformación".

Los magistrados señalan también que en octubre de 2017, cuando Serrano se desvincula del proyecto de fábrica de pellets y Pelegrín manifiesta por escrito que exime de "toda responsabilidad" al recurrente en el uso de los fondos, "ya se había dispuesto del dinero procedente del préstamo y se había destinado a fines distintos a la construcción de la fábrica", por lo que lo que cualquier posible delito ya estaría consumado. El acuerdo de salida de 2017 será previsiblemente una de las vigas de su defensa en el juicio por parte de Serrano, que –al igual que los otros dos acusados– siempre ha sostenido su inocencia y ha negado cualquier enriquecimiento ilícito.

Desde Antonio María Rouco Varela no hay en la Iglesia católica española un "hiperliderazgo", señala un atento observador de la vida de la institución. Precisamente de la etapa del apodado "vicepapa", añade, la jerarquía aprendió que no convenía ni entregarse a figuras carismáticas ni decantar en exceso el reparto de poder en una sola corriente ideológica, por entonces –ahora también, pero de manera diferente– la conservadora. En coherencia con este planteamiento, este martes la Conferencia Episcopal Española (CEE), en la elección de su nueva dirección, ha evitado poner todos los huevos en la misma cesta. ¿Resultado? El nuevo presidente de la CEE, órgano coordinador de las diócesis e interlocutor con el Gobierno, es un conservador. Su vicepresidente, un progresista (al menos dentro de los estándares de la élite católica).

Eso sí, los dos encaran un mismo desafío que sobresale holgadamente sobre el resto: la gestión de la pederastia eclesial y sus consecuencias. Mientras las víctimas se encargan de recordar que la herida de los abusos a menores sigue abierta, la CEE no acepta el resultado de las investigaciones externas y continúa pendiente la fórmula para reparar a las víctimas. Con un asunto de tal gravedad por cerrar, el episcopado ha decidido encumbrar como presidente a Luis Argüello (Meneses de Campos, Palencia, 1953), de 71 años, arzobispo de Valladolid, del ala conservadora, que a raíz de su gestión como secretario general de la CEE se convirtió en la voz y el rostro del empeño en minimizar las dimensiones del problema, así como de la resistencia a aceptar una investigación.

Con el reparto de cargos de este martes los obispos han dado una muestra clara de su carácter mayoritariamente conservador y escéptico sobre el reformismo del papa Francisco. Argüello cosechó 48 de los 78 votos en primera votación. Pero, al mismo tiempo, también han exhibido capacidad de integración de sensibilidades, colocando al lado de Argüello precisamente a la figura más alineada con el pontífice. En la segunda votación obtuvo 39 apoyos José Cobo, (Sabiote, Jaén, 1965), de 58 años, cardenal arzobispo de Madrid, cuyo peso en Roma lo da este dato: ocupa dos puestos en la curia vaticana. A diferencia del presidente saliente, Juan José Omella, y también de Cobo, el nuevo presidente, Luis Argüello, no es cardenal.

Nada más ser elegidos, Argüello y Cobo, presidente y vicepresidente, cada uno puntal de una de las dos principales corrientes en el seno del alto clero, dejaron clara su voluntad de evitar cualquier impresión de división compareciendo juntos y hablando de "comunión", que es el equivalente eclesial de lo que en los partidos llamarían "unidad" tras un congreso. Como si no hubiera habido ningún tipo de lucha poder el poder. "Somos de un único bando, el bando del Evangelio", dijo Argüello, muy dado a las frases redondas.

Lo cierto es que tienen razones Argüello y Cobo para hacer piña. Porque encaran el acuciante reto de la exigencia de explicaciones, responsabilidades y reparación por la pederastia en la Iglesia. Fuera, a las puertas de la sede, en la madrileña calle Añastro, un pequeño grupo de "víctimas" o "supervivientes" de abusos y sus familiares se lo recordaba manifestándose este martes, como ya hicieron el lunes.

Argüello y Cobo, una vez elegidos, tuvieron el gesto de salir a saludar y a prometerles escucha. Las trayectoria de uno y otro hacen que el segundo, Cobo, tenga en este campo una credibilidad de la que no disfruta el primero, Argüello. El cardenal arzobispo de Madrid es reconocido como uno de los dignatarios de la Iglesia más sensibles con las víctimas y más determinados a actuar. El arzobispo de Valladolid está lejos de un estatus así.

Argüello, durante su etapa como secretario general de la CEE entre 2018 y 2022, tuvo que lidiar directamente con la pederastia. Le tocó vivir en un puesto de máxima visibilidad el paso desde el negacionismo a la progresiva aceptación –siempre con reservas y resistencias– del problema, punto al que fue llegando bajo presión del Vaticano.

La huella de la gestión de Argüello durante aquella transición muestra a un hombre convencido de que la Iglesia era víctima y no responsable. Su intervención más sonada tuvo lugar en noviembre de 2021, cuando tras una asamblea plenaria de la CEE afirmó que la pederastia en la Iglesia se reducía a una cantidad "pequeña" de "pequeños casos", "seguramente" menos de mil en ochenta años sumando todos los publicados. Un número "mínimo", añadió, aunque subrayó su gravedad "cualitativa". Y esa pequeña cantidad contrastaba, dijo, con los "millones de niños, adolescentes y jóvenes" con relación con la Iglesia. En este vídeo se puede ver su respuesta a partir del minuto 41.

En aquella misma comparecencia, Argüello protestó por el trato que se daba a la Iglesia: “¿Por qué el foco [se pone] solo en la Iglesia católica? [...] ¿Se ha pedido una investigación general o una implicación al Comité Olímpico o a la FIFA o a la federación deportiva de turno?”.

En 2022 comenzó una serie de declaraciones contra la investigación oficial de la pederastia en la Iglesia. Primero afirmó que la aprobación en el Congreso de los Diputados de una comisión situaba a los obispos ante una "trampa saducea". Después fue el encargado de anunciar que la institución no abriría sus archivos para la comisión del Defensor del Pueblo. En noviembre de aquel año Argüello fue sustituido como secretario general y portavoz por César García Magán. Y desde la primera comparecencia este dejó claro que el nuevo discurso iba a ser más duro que el de Argüello. Era necesario "incrementar" los esfuerzos, dijo García Magán marcando claramente distancias con el tono anterior, para afrontar un problema que había "contaminado" a la Iglesia.

Ya fuera del núcleo duro de la CEE, Argüello siguió siendo fiel a su línea de criticar las investigaciones externas. Cuando el Defensor del Pueblo presentó su informe, de cuyos resultados se deduce que ha podido haber más de 400.000 víctimas, Argüello señaló que se trata de un trabajo "discutido y discutible". Así cerraba un círculo abierto en 2019, cuando fue quien puso voz al anuncio de que el protocolo antiabusos de la Iglesia no contemplaba indemnizaciones para las víctimas. Su tesis ha sido siempre la misma: la cuota de responsabilidad de la Iglesia en el conjunto del problema es "mínima". Jamás ha negado la importancia "cualitativa", pero cree que "cuantitativamente" el problema es "pequeño".

La pederastia no es un caso cerrado en la Iglesia. Organizaciones de víctimas y familiares aún apuntan contra la institución el dedo acusador. La CEE no ha hecho público su anunciado "plan de reparación". Está por ver hasta dónde llegan las compensaciones económicas, si las hay. La propia auditoría encargada por la Iglesia al despacho de abogados Cremades & Calvo Sotelo, presidida por un miembro del Opus Dei, sugiere que sí ha habido encubrimientos y hasta destrucción de expedientes. La Fiscalía considera que hay margen para investigar. Los frentes abiertos son variados. Y con este panorama la CEE ha elegido a Argüello como rostro y voz.

Javier, víctima de abusos en Seminario Menor de La Bañeza (León), que prefiere no decir sus apellidos, no se muestra sorprendido. "Los obispos en su mayoría son conservadores y eligen a un conservador que minimiza los abusos, que desprecia a las víctimas. Eso es lo que [Argüello] ha hecho hasta ahora. Imagino que como presidente seguirá la misma línea", afirma Javier, que destaca que los comentarios de Argüello apuntando a abusos fuera de la Iglesia, por ejemplo en el mundo del deporte, para minimizar la importancia relativa de los ocurridos dentro le hicieron "mucho daño".

"No sé cómo pretenden barrer la cocina de los demás cuando no tienen su cocina barrida. Es un estrategia como poco infantil, el 'yo sí pero tú más', que hace mucho daño a las víctimas", dice. En medio de ese diagnóstico oscuro, contrasta la elección de Cobo como vicepresidente. "Me alegra. Porque es... iba a decir más progresista, pero lo dejaría en que es mejor persona y más humano y más cercano al que sufre, como tiene que ser un buen cura, y menos príncipe de la Iglesia". A juicio de Javier, que el lunes se manifestó a las puertas de la sede de la CEE, la primera obligación de Argüello es sentarse con el Gobierno, al que hace corresponsable de la búsqueda de soluciones.

Miguel Hurtado, que sufrió abusos en la adolescencia en el grupo scout de la Abadía de Montserrat, rechaza la "falsa dicotomía entre conservadores y aperturistas". "En el tema de los abusos, todos son igual de malos. Es verdad que hay un discurso que suena mejor –que habla de lo terribles que son los abusos, que dice que hay que defender la dignidad de las víctimas y repararlas– y otro discurso que suena peor. Pero a la hora de la verdad, al mirar el comportamiento, la forma de abordar el problema, no hay grandes diferencias", afirma. ¿Qué marcaría una auténtica diferencia? Según Hurtado, la Iglesia ha demostrado su "incapacidad para autogestionarse", así que las soluciones tendrían que venir impuestas y ser de entrada tres: una, "garantías de no repetición" e "imprescriptibilidad de los abusos"; dos, "vías garantizadas de reparación de las víctimas" que a su juicio no pueden venir del "plan de reparación" de la CEE; y tres, "rendición de cuentas".

"Está claro que la Iglesia no puede abordar el problema por sí misma. Han enterrado el informe de Cremades, dejándose fuera 300 casos, entre ellos el mío. La pelota está en el tejado del Gobierno. Y ante eso los obispos, con la elección de Argüello, se están enrocando", afirma.

Juan Cuatrecasas, padre de una víctima de abusos en el colegio Gaztelueta del Opus Dei de Leioa (Vizcaya), no sólo rechaza las posiciones de Argüello sobre la pederastia, también sobre personas Lgtbi, transexualidad, mujeres... "Por todo ello, su elección no es una buena noticia, pero hay que echar mano a la esperanza y darle al menos [de margen] los cien primeros días", afirma Cuatrecasas, cuya experiencia con Argüello es haberse reunido como representante de Infancia Robada con el que entonces era secretario general de la CEE. "Nunca habló de medidas concretos, todo fue en tono genérico", afirma.