Veintidós millones de afiliados, válgame el Señor. La Seguridad Social viste tiros largos y el presidente se calza la camiseta de la selección. En el dorsal, los dos patitos. "España tiene el mejor equipo": retahíla de topicazos. "Sois quienes labráis, quienes construís, quienes cuidáis", para los gordos, para los bajos, beba Coca-Cola.

No me malinterpreten, que vivan las cotizaciones y los compatriotas con jornal, pero me ahorraría el triunfalismo. Con la inflación disparada y la vivienda prohibitiva, mejor no nos cuentes que vamos como un tiro, no sea que te salga por la culata. Pocas cosas más humillantes que fichar tus ocho horitas y estar a una mala noticia de pedir la vez en Cáritas. "Si los inquilinos ejercen su derecho y piden la prórroga, ganamos", decía la otra mañana el ministro Bustinduy.

Si aspiramos a estas victorias, ¡qué derrotas nos esperan! Conste, ni un pero al señor don Pablo (tiene mucho mérito hacer política de verdad con un ministerio de mentira), pero vamos a cumplir ocho años de Gobierno coaligado (¡progresista!) y no hay mejora social que no se haya ido por el sumidero de la especulación inmobiliaria. Qué deprimente que la prorroguita de marras nos haya venido de Oriente, como los Reyes Magos. Decreto de emergencia, como si antes de lo de Ormuz Idealista fuera una arcadia. Me imagino la zapatiesta en el Consejo de Ministros: "¡Orden!, pero, ¿de verdad es necesaria esta prórroga?, ¡si ya le cambiamos el nombre al SEPES!".

Escasean las alegrías. Ni dos horas han tardado los israelíes en desbaratar el alto el fuego —cortesía de Paquistán, superhéroe inesperado— entre los yanquis y los iraníes. ¡Viva Islamabad y la madre que la parió! La noticia felicísima (ninguna civilización iba a desaparecer esa noche, a qué clavos flamígeros tiene uno que agarrarse) hacía hocicar al petróleo (catorce por ciento a la baja): albricias, los buques volverían a procesionar por el Estrecho. Todos contentísimos porque una vía que estaba abierta volvía a transitarse miles de muertos después. ¿Los ayatolás? En su poltrona. ¿El suministro energético global? Temblando. ¿La bomba atómica? Ni está ni se la espera. No habían terminado de redactarse los teletipos cuando llegó Netanyahu (otra vez). "Israel lanza en una jornada más bombas sobre el Líbano que en toda la guerra", decían los titulares. No me cansaré de repetirlo: por menos de la mitad de la quinta parte de un tercio de lo que ha hecho Israel en la última semana se han invadido países.

Me pregunto qué hará falta para que la comunidad internacional haga el vacío a estos chalados genocidas. Sesenta años llevan los cubanos chupándose un bloqueo so pretexto de lo guapos que están sus líderes vestidos de verde oliva. Claro que Castro financiaba peor a sus voceros. "Sí a la guerra contra Irán", tuiteó hace un mes la portavoz adjunta de los populares en el Congreso. "En momentos delicados, necesitamos sensatez, no brutalidad. Occidente no es esto", apostilló, severísimo, Alberto Núñez Feijóo la tarde en que Trump amenazaba con practicar el genocidio más rápido de la historia. Algo olerá a podrido en Washington cuando hasta sus grupis menos espabilados empiezan a cobardear en tablas. Pero vamos, no pienso entusiasmarme: seguro que luego me la pego.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha instado de nuevo este viernes a los miembros de la UE a suspender el acuerdo de asociación con Israel ante las violaciones "flagrantes" del derecho internacional humanitario que está cometiendo: "No permitamos una nueva Gaza en el Líbano", infoLibre.

En su intervención en el 'European Pulse Forum', organizado por Político y BeBartlet en Barcelona, Sánchez ha llamado a la UE a actuar con coherencia y empatía y responder a un país que está "atropellando y violando" muchos de los artículos de ese acuerdo de asociación.

En su discurso, el jefe del Ejecutivo ha abogado por la reforzar la autonomía de la UE, ha insistido en la necesidad de una política exterior, de seguridad y defensa común y, en ese contexto, ha apostado por avanzar "mañana mismo" hacia un ejército europeo, "no en diez años, ni en dos". 

Como segundo pilar ha defendido un mercado y un marco financiero común para crecer más y, en tercer lugar, ha reivindicado la Europa social, con la mirada puesta en los problemas para acceder a la vivienda.

Sánchez ha abogado por "recuperar la ambición del europeísmo" y reforzar el lugar de la UE en el mundo sin caer en la tentación de asilarse o de resignarse ante el auge de las fuerzas reaccionarias que amenazan el proyecto común.

Frente a esas fuerzas que sostienen que la UE se está quedando atrás y ha perdido el pulso, ha considerado que si el éxito de un modelo se mide por el bienestar de sus ciudadanos "Europa no es el problema, es la referencia".

Y España, ha añadido, es un "modelo de éxito" que nunca hubiera sido posible sin ese paraguas europeo y que ha demostrado, por ejemplo, que es posible crecer y crear empleo estable protegiendo el medio ambiente.

El objetivo debe ser una Europa "más integrada y más soberana", menos dependiente de terceros actores y con una voz propia: "Nuestra autonomía no es una opción, es una condición indispensable para nuestra supervivencia política, económica y también social".

Y en ese camino, ha insistido en dos principios irrenunciables: mantenerse abiertos al mundo -lo que implica, a su juicio, reforzar los lazos comerciales, de Estados Unidos a China, y apostar por una inmigración legal, segura y ordenada- y defender con firmeza el derecho internacional y un orden global basado en reglas.

Para Sánchez, Europa es "confianza, predictibilidad y estabilidad" en un mundo incierto. Mientras crecen las barreras comerciales, ha continuado, la UE debe seguir abierta y cuando retrocede la solidaridad global, tiene que "rearmarse moralmente" para contribuir a la paz.

Ya venía siendo una tendencia habitual en los últimos años, pero ahora con un porcentaje mucho más elevado. Cuando el Gobierno de España no está en manos del PP, las propuestas de resolución populares en el debate de política general del Parlamento de Galicia, como el que se está celebrando esta semana, disparan el número de peticiones al Estado. En anteriores debates las reclamaciones al ejecutivo central solían situarse en alrededor de la mitad del total de las propuestas de resolución, pero en el debate de este año 27 de las 40 propuestas contienen peticiones expresas al Gobierno de Sánchez.

Por su parte, las peticiones de BNG y PSdeG se centran en reclamar actuaciones a la Xunta, sobre la que tiene las competencias de control e impulso el Parlamento gallego. Pero mientras las 40 propuestas del PP tienen garantizada su aprobación gracias a su mayoría absoluta, las formuladas por nacionalistas y socialistas deben ser negociadas con los populares para que estos acepten apoyar alguna en la votación final que se producirá este viernes.

En este documento puedes consultar las 160 propuestas, 40 por grupo, formuladas por PP, BNG, PSdeG y DO:

Las propuestas de resolución del PP piden actuaciones del Gobierno de Sánchez en cuestiones tan dispares y habituales en su discurso político como volver a rechazar el terrorismo de ETA, impulsar el Xacobeo o que el pazo de Meirás no solo recuerde la dictadura de Franco sino también a Pardo Bazán. Son resoluciones que reclaman al Estado mejores infraestructuras, le atribuyen responsabilidades en la situación de la sanidad gallega o le piden mayor implicación en el desarrollo industrial del país.

Las propuestas del PPdeG fueron presentadas por la número 2 del partido, Paula Prado, quien volvió a criticar a la oposición, como también hizo este miércoles en el debate su portavoz, Alberto Pazos, tirando de una supuesta "ouija bloqueira".

Por su parte, desde la oposición el BNG apuesta con sus propuestas de resolución por "quitarle el freno de mano" a la Xunta. Según la viceportavoz primera del BNG, Olalla Rodil, el presidente debe "una disculpa por criminalizar a las y los trabajadores tratándolos de vagos y defraudadores con las bajas". Los nacionalistas también ponen el foco en sus propuestas en reclamar más vivienda pública, el refuerzo de la atención primaria y la dependencia o una financiación autonómica justa.

Por el PSdeG fue su secretario general, José Ramón Gómez Besteiro, quien presentó sus propuestas de resolución destacando que "Galicia necesita un gobierno que actúe ya". Los socialistas ponen el foco en la vivienda, la sanidad o en una "implicación real de la Xunta en la candidatura de Vigo como sede del Mundial de fútbol".

Por su parte, el diputado de Democracia Ourensana, Armando Ojea, centró sus propuestas de resolución en peticiones que reclaman un mejor reequilibrio territorial con el interior de Galicia.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha considerado "intolerable" el desprecio por la vida y el derecho internacional por parte del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, tras los ataques que ha ordenado contra el Líbano, pese al alto el fuego de la guerra en Irán y reclama a la Unión Europea que suspenda su Acuerdo de Asociación con Israel.

Sánchez ha criticado a Netanyahu y ha pedido en un mensaje en la red social X que no haya impunidad ante esos "actos criminales", después de que los ataques de Israel tras el alto el fuego acordado entre Estados Unidos e Irán hayan provocado la muerte de al menos 112 personas y hayan dejado más de 800 heridos.

"Justo hoy, Netanyahu lanza su ataque más duro contra el Líbano desde que empezó la ofensiva. Su desprecio por la vida y el derecho internacional es intolerable", ha recalcado.

En esa línea, ha escrito que "toca hablar claro" y ha pedido que el Líbano forme parte del alto el fuego y que la comunidad internacional condene lo que considera una nueva violación del derecho internacional.

"Y no debe haber impunidad ante estos actos criminales", ha insistido el presidente del Gobierno.

Por su parte, en la misma red social el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha indicado que ha hablado con su homólogo de Pakistán, Ishaq Dar, al que ha agradecido la labor de mediación de su país para alcanzar el alto el fuego en Oriente Medio y ha ofrecido el apoyo de España.

En este sentido, ha destacado que España trabaja para que Líbano esté incluido en el alto el fuego, cesen todos los ataques en Oriente Medio, se garantice el paso libre por el estrecho de Ormuz y se ponga fin a la guerra.

Pakistán, que lidera los esfuerzos de mediación junto con Turquía y Egipto, acogerá este sábado a delegaciones de EEUU y de Irán para intentar poner fin a la guerra que inició el 28 de febrero.

Hay edificios y casas que no tienen placas abrillantadas en sus puertas pero que son parte viva de la historia de España. Hay que mirar hacia arriba. En este caso, hacia un piso en una undécima planta de un bloque de la madrileña calle del Pez Volador. Puro barrio de Estrella, al costado de la M30. Desde allí salió un frío 2 de diciembre de 1982 un treintañero para ir a dormir al Palacio de La Moncloa como primer presidente socialista de la reciente etapa democrática española.

Y con una histórica mayoría absoluta. Pero en ese traslado no iba solo Felipe González. A su lado, su familia. Sus hijos y su entonces esposa, Carmen Romero. Discreta en sus formas, pero con fuertes convicciones feministas y de izquierdas. Una sevillana que se enroló en las filas del PSOE a finales de los sesenta, cuando era todavía ilegal. Con el sindicalismo por bandera y con una fuerte obsesión por la defensa de la enseñanza pública. 

44 años después, la vida de González y Romero es totalmente opuesta. Y estos días representan dos maneras de entender, digerir y evolucionar en los posicionamientos ideológicos. Se palpa, además, en su tierra: Andalucía, a las puertas de unas nuevas elecciones autonómicas convocadas por Juanma Moreno para el próximo 17 de mayo.

Romero, poco dada a los focos y a los periodistas, decidió salir a la primera línea este lunes para apoyar públicamente a la ex vicepresidenta primera María Jesús Montero como candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía. Lo hizo presentándola en un desayuno informativo ante toda la prensa andaluza y con la plana mayor del socialismo del sur sentada en primera fila.

A Romero es muy difícil verla en actos públicos. Pero, en los últimos tiempos, ha aparecido en momentos esenciales para su partido. En la familia socialista se ha quedado grabada la imagen de la exeurodiputada acudiendo como una militante más a las puertas de Ferraz el 27 de abril de 2024 para pedir públicamente a Pedro Sánchez que no dejara la Presidencia del Gobierno durante los cinco días de reflexión que se tomó.

"Estaba allí como una simpatizante más. Emocionada, quería expresar su respaldo a Sánchez. Fue muy emotivo e inspirador verla allí. Y como es ella: sin buscar las cámaras, como una más. Siente el socialismo como una convicción personal, pero también colectiva. Vive el socialismo desde la base", señala un veterano dirigente que también acudió a la sede del PSOE, donde se reunieron unas diez mil personas.

Romero acudió a Ferraz del brazo de su amiga Francisca Sauquillo, histórica luchadora antifranquista y actual presidenta del PSOE de Madrid. La exdiputada, durante muchos momentos de aquella concentración de apoyo a Sánchez, ondeó la bandera con el puño y la rosa.

Si hoy Felipe González no pisa una casa del pueblo, Romero sí es reclamada por las agrupaciones. El pasado día 24 recibió un homenaje del PSOE de Cádiz en una abarrotada sala de la Facultad de Enfermería, donde se recordó su compromiso con los servicios públicos y su lucha dentro del partido por conseguir una cuota del 25% de mujeres en las listas electorales. Hizo piña durante años por ese propósito con referentes socialistas como Rosa Conde, Cristina Alberdi, Matilde Fernández y Micaela Navarro.

Si González siempre habla del pasado y rechaza el presente del PSOE, Romero hilvana en su discurso a aquella generación con un legado "continuo" del partido, como acostumbra a hacer en sus contadas intervenciones. Y le gusta hablar del futuro y del apoyo a la actual dirección y a los jóvenes. Por eso, para muchos, fue refrescante su intervención en el desayuno de Montero, donde llamó al PSOE a sustituir el relato de la "deuda histórica" de Andalucía por el de una comunidad inmersa en una transformación industrial, impulsado por sectores como el aeroespacial y el de las energías verdes, sin perder el acento humanista ni la defensa de lo público.

"Cuanto tú nacías, yo estaba estudiando Filosofía", arrancó Romero su presentación de Montero. Y aprovechó para recordar una de sus grandes pasiones: la lectura. Es su fiel compañía. Durante estos días ha estado enfrascada en el último libro de la escritora albanesa Lea Ypi.

Romero ha dado este paso al frente en un momento muy complicado para el PSOE, que pelea en estos momentos por no bajar de su suelo histórico (al que llegó en las elecciones de 2022 con 30 asientos por parte de la candidatura liderada por Juan Espadas). La tarea se presenta como ardua y Romero ha hecho cuentas, como le explicó a Montero. El partido necesita recuperar un millón de votos. Por eso, llamó a la movilización de todo el partido: "Desde Pulpí a Ayamonte, de Marmolejo a Grazalema".

A quien no se espera en la campaña andaluza del PSOE es a Felipe González. No habrá llamada desde la calle de San Vicente. Y, además, la indignación entre los socialistas contra el expresidente ha crecido más durante los últimos días. ¿El motivo? El pasado día 26 Felipe González protagonizó un acto en Sevilla junto al presidente popular de Andalucía, moderado por la periodista Susanna Griso, dentro de los actos de homenaje por el centenario del nacimiento de la fallecida duquesa de Alba.

El acto estaba convocado antes de que se conociera la fecha de las elecciones. Pero González lo mantuvo en su agenda posteriormente, siendo consciente de que se celebraba en plena precampaña andaluza. Y, durante el mismo, el expresidente del Gobierno lanzó algunos dardos contra el PSOE.

Uno de sus objetivos fue Óscar Puente: "Es un disparate decir que el ferrocarril está en su mejor época". Para ponerse una medalla y criticar al hoy titular de Transportes: "El AVE empezó a funcionar en 1992, no como lo de ahora". De esta manera se unía a las críticas del Partido Popular, que llevan martilleando durante días con los problemas de la alta velocidad en Málaga. Y es que esta provincia es clave en la próxima contienda: es la segunda que reparte más escaños después de Sevilla y es la circunscripción por la que va Moreno de número uno.

González ha sido también muy crítico con Pedro Sánchez durante este inicio del ciclo electoral. Tras los comicios de Aragón del 8 de febrero, pidió "autocrítica" y lamentó que el socialismo no tenga vocación de mayorías. Si se mantiene la actual dirección, el expresidente votará en blanco. González dejó este mensaje durante Los Desayunos del Ateneo: “Si alguien tiene que dejar el partido, que lo deje quien lo destroce”.

El PP andaluz, con Juanma Moreno a la cabeza, lleva tiempo acercándose a la figura de González y presentándolo como un hombre de Estado. Lejos quedan aquellos años de oposición furibunda de los populares contra el expresidente del Gobierno. Detrás está la estrategia del Partido Popular de poder pescar también en el caladero de antiguos votantes socialistas.

A las 15.53 enfilaba Carlos Cuerpo el pasillo del Senado. Luz primaveral a través de la claraboya. Una treintena de periodistas apostados en las paredes entre cuadros de José Guerrero y Antonio Saura. El ministro de Economía tenía por delante su primera sesión de control como vicepresidente primero. El nuevo hombre fuerte de Pedro Sánchez. Y con una gran duda en su mochila: cómo mutar de tecnócrata a pope político.

En el menú: tres preguntas y una interpelación. Con la máxima expectación puesta en las dos primeras cuestiones lanzadas por el Partido Popular. Génova 13 eligió a Alicia García, la portavoz en la Cámara Alta, y Alfonso Polanco, con formación económica y ex alcalde de Palencia durante ocho años. El equipo de Castilla y León contra el vicepresidente primero, al que se unirá próximamente Ester Muñoz en el Congreso.

Los populares saben, como comentan algunos de sus parlamentarios en privado, que tienen un problema con Cuerpo. Y desde este martes por la tarde son todavía más conscientes de que no es un problema menor. No saben qué tecla tocar para atacar al vicepresidente primero, que, con sus formas templadas y extremadamente educadas, ha dejado a los populares en el lado de la exageración.

El ministro ha enseñado unos primeros compases de su fórmula para enfrentarse al Partido Popular. Lejos de palabras gruesas y de choque directo, Cuerpo busca retratar a los populares lanzando el mensaje de “mano tendida”, como repitió en varias ocasiones, para frenar los efectos económicos de la guerra de Irán y apelando al tono “constructivo”.

En mitad de tiempos de máxima polarización, Cuerpo, desde que ascendió a finales de 2023 al cargo de ministro por la marcha de Nadia Calviño, ha acuñado un estilo moderado y sin gritos. Y le ha dado ya resultados: es el miembro mejor valorado del Gobierno y ha logrado ser aupado por Sánchez como su mano derecha por el salto de María Jesús Montero a la batalla andaluza del 17 de mayo.

El nuevo vicepresidente primero decidió no entrar al choque directo con García (PP), que tocó todos los palos clásicos del Partido Popular para tratar de descolocar a Cuerpo. Desde su escaño, la senadora popular pasó de hablar de “la frustración de Bolaños” por no ser vicepresidente a “María Jesús del Gran Poder”, con alusiones a que el Gobierno español “no pinta nada dentro y fuera”. 

La portavoz del Partido Popular en el Senado, a la que Génova apartó en la comisión del caso Koldo para interrogar a Pedro Sánchez y José Luis Rodríguez Zapatero, sabía que este martes era muy importante de cara a Alberto Núñez Feijóo. Llevaba preparadas frases contra el vicepresidente de este estilo: “Cuerpo a tierra, que vienen los suyos”, “hoy empieza la primavera negra del sanchismo y usted empieza a florecer como número dos de Sánchez”, “dice que no tiene carné del PSOE, pero es un militante premium del sanchismo”. 

Cuerpo ni se inmutó. No entró al trapo. “Vamos a tener más interacciones. Intentemos conseguir un tono constructivo, al que esperemos que lleguemos”. Esa ironía gustó en la bancada socialista como se pudo ver en los aplausos de pesos pesados como Rafael Simancas, Alfonso Gil y César Mogo. Puso sobre la mesa el récord de los 22 millones de afiliados en España (un dato conocido este lunes) y apeló a un trabajo conjunto con ciudadanos y empresarios (una palabra que recalca frente a los discursos populares de que la izquierda hunde el país). Para repetirle: “Mano tendida, espero encontrarle porque ahí voy a estar yo”.

El segundo round llegaba con Polanco. El PP trata de rebatir constantemente al Gobierno con el discurso de que los datos macro no se traducen luego en la vida de los ciudadanos. Y quiso ejemplificarlo con la vida de un joven en Madrid con alquileres que sobrepasan los mil euros al mes, aunque el representante popular obvió citar que en esta comunidad el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso se niega a aplicar la ley de vivienda por la que se pueden topar precios en las zonas tensionadas.

La técnica de Cuerpo, como si fuera casi un examen de oposición, fue centrar su respuesta comparando las cifras de los salarios entre el periodo 2018-2025 (Pedro Sánchez) y el de 2014-2018 (Mariano Rajoy). Para, además, centrarse en la reducción de los niveles de desigualdad, una cuestión que obsesiona a Cuerpo, que se presenta ante la sociedad como un garante del estado del bienestar y del ascensor social, que ha vivido en sus propias carnes (su abuelo tuvo que dejar de estudiar para trabajar en una mina y sus padres tuvieron que emigrar a Suiza). 

Y sacó pecho de que la renta de las familias españolas crece más que las de los Estados Unidos, Francia, Alemania e Italia. Pero recordó que el mundo vive un shock por la guerra de Irán, por lo que pidió al PP que arrime el hombro en un momento en el que Génova 13 decidió hace dos semanas abstenerse en la votación del decreto para paliar los efectos económicos del ataque ilegal de Donald Trump y Benjamin Netanyahu.

Cuerpo ya ejerce de vicepresidente primero. Con estilo propio. Y el PP no sabe cómo pararlo. 

La magia de los esquizofrénicos ritmos de la justicia ha permitido que coincidan en estos días los juicios orales de la Operación Kitchen y del caso Koldo-Ábalos-Aldama. Tal coincidencia facilita portadas y telediarios en los que se “empatan” ambas corrupciones, se cocina la salsa del “todos son iguales” y se incentiva en unos cuantos grados la antipolítica, con la satisfacción indisimulada de la extrema derecha antisistema. De ese riesgo advertía este lunes aquí mismo la politóloga Cristina Monge: todo demócrata debe ser implacable contra la corrupción, pero no debe aceptar que esa justa intolerancia hacia cualquier corrupción se convierta en “un ejercicio de antipolítica, porque ni todos son iguales ni todos los casos son lo mismo”.

¿Cómo se come que la trama Kitchen (incompleta) se siente en el banquillo ¡trece años después de conocerse! y el (gravísimo) trapicheo de mascarillas del trío de Transportes sea juzgado a los dos años de la detención de Koldo? Se dirá que tal diferencia de tiempos se debe a la gran complejidad de la primera causa y a la sencillez de la segunda. Pero es más fácil creer en la santísima trinidad que descartar el hecho de que la esencia de la Kitchen es precisamente la obstrucción de la justicia por todos los medios, incluidos los que aportaba la mismísima cúpula del ministerio del Interior y de la Policía; o la ya experimentada capacidad del PP y sus servicios jurídicos para dilatar las causas en las que se ve involucrado el partido (que se lo pregunten al juez Pablo Ruz, instructor de la primera causa de la Gürtel, la de los discos duros destrozados a martillazos…). 

Déjenme incluso que sea malpensado: ¿cómo habrá influido en la investigación de la Kitchen el hecho de que su instructor fuera Manuel García-Castellón, el mismo juez que mantuvo durante más de dos años una causa abierta contra el núcleo dirigente de Podemos sin una sola prueba (ver aquí), pero facilitando día sí día también portadas y tertulias que debatían en torno a documentos más falsos que un euro de madera? Sí, es el magistrado que concluyó que el ministerio del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy se había dedicado a espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas y a intentar robarle documentos que podían implicar al partido por financiación ilegal y salpicar a sus dirigentes en diferentes delitos. Pero es el mismo magistrado que se negó a ampliar la investigación de la Kitchen a la cúpula del PP o a los ‘habitantes’ de la Moncloa, donde “reportaba” el ministro Jorge Fernández Díaz de forma permanente. Deberán acudir a declarar como testigos Mariano Rajoy, entonces presidente del Gobierno; María Dolores de Cospedal, ex secretaria general del PP, o Soraya Sáenz de Santamaría, exvicepresidenta del Gobierno. Pero sólo como testigos, puesto que García-Castellón decidió perimetrar la investigación al departamento de Interior, como si este hubiera actuado como una especie de comando independiente tanto del resto del Gobierno como del partido al que toda la trama se dedicó a proteger.

El caso es que todas estas obviedades (documentadas y comprobables) permiten que hoy Feijóo, Ayuso y compañía repitan con enorme displicencia que “esto es algo de hace trece años” (ver aquí), y se quedan tan panchos, sin responder a la pregunta siguiente: ¿y por qué la trama político-policial-mediática seguramente más grave –en mi opinión– que ha afectado a la democracia en estas últimas cuatro décadas ha tardado trece años en ser juzgada? ¿Quizás porque esa trama consistía precisamente en obstruir a la justicia? ¿Quizás porque desde el propio Partido Popular y el entonces Ejecutivo de Mariano Rajoy se hizo todo lo que se pudo por dilatar esa causa? Mienten descaradamente cuando dicen –o insinúan– que en todo caso ya se pagó el precio político de “los errores de Fernández Díaz y su número dos” cuando Rajoy fue sacado del Gobierno por la moción de censura que ganó Pedro Sánchez en 2018. Hacen la trampa de meterlo todo en la misma coctelera, olvidando que aquella moción se tramitó por una sentencia que no tenía nada que ver con la Kitchen, sino con la Gürtel, la que incluía los papeles de Bárcenas en los que figuraba un tal “M. Rajoy” cobrando sobres en efectivo, la que condenaba al PP por beneficiarse “a título lucrativo” de todo un entramado de financiación irregular que pasaba por el manejo de dinero negro para el reparto de sobresueldos a sus dirigentes o para pagar la sede nacional del partido (la misma que hoy mantiene Feijóo, pese a aquel anuncio de venta inmediata que hizo Pablo Casado en un ataque pasajero de ética política, como el que tuvo –y le honra– al denunciar la millonaria comisión por mascarillas del hermano de Ayuso, lo que le costó la presidencia del PP). 

Como también apuntaba Cristina Monge, no se trata de comparar la “gravedad” de unos y otros casos de corrupción. Allá cada cual con la calificación que le merezcan. Se trata –si somos mínimamente objetivos– de analizar el contenido de cada trama, su objetivo, sus consecuencias y también la reacción que ha merecido en el partido al que afectaba. No comulguemos con ruedas de molino: la Kitchen consiste en toda una cúpula de Interior y de la Policía dedicadas a ocultar pruebas de los chanchullos financieros del partido político de Gobierno, y el caso Koldo-Ábalos-Aldama se refiere –de momento– a un trapicheo millonario de contratos de mascarillas en lo peor de la pandemia. ¿Grave? Gravísimo a mi juicio, y por tanto merecedor de las condenas que procedan para Koldo, Ábalos, Aldama…, también aplicables a todos aquellos que se lucraron de manera absolutamente especulativa con la contratación de partidas de mascarillas, guantes, etc, en las distintas administraciones. No hace falta dar nombres. Pero no hay rastro alguno de financiación ilegal del PSOE en toda la trama en la que participaban Ábalos, Koldo y Aldama, ni con las mascarillas ni con los contratos públicos por los que también está imputado Santos Cerdán.

Lo innegable a día de hoy es que Ábalos fue expulsado del PSOE, mientras Jorge Fernández Díaz (el ministro con “un ángel de la guarda que se llama Marcelo”) solo fue suspendido de militancia en 2021 y hoy sigue perteneciendo al PP. Del mismo modo que Mariano Rajoy continúa disfrutando todos los honores en el partido y en las campañas de elecciones generales, como los disfruta José María Aznar, el del “sí a la guerra”, el presidente con más ministros imputados y encarcelados. Resulta inimaginable en cualquier otra democracia con la que queramos homologarnos que políticos con la ‘mochila’ de Aznar o de Rajoy pudieran seguir paseándose por los Hormigueros respectivos. Pero en este país nuestro el ecosistema mediático tiene un sesgo diestro anterior a la época de la desinformación y los bulos. Vemos hoy mismo cómo cabeceras de la aún llamada prensa seria fuerzan casos sin sostén documental alguno para intentar establecer una especie de “equilibrio” o “equidistancia” entre corrupciones de distinto signo. 

Si no lo escribo, reviento: a la vista de actuaciones judiciales como la condena sin pruebas del fiscal general del Estado García Ortiz o la investigación descaradamente prospectiva de Peinado contra Begoña Gómez, ¿se imaginan qué habría sido del Gobierno de coalición actual si en algún momento hubiese aparecido un documento en el que un tal “P. Sánchez” firmara la percepción de un sobresueldo en negro? “La hoguera, la hoguera, la hoguera”, como cantaba Javier Krahe.

P.D. Este lunes hemos conocido algunas encuestas con un estribillo común: el ascenso de Vox parece frenarse, lo cual beneficia al PP, mientras el PSOE rentabiliza el ‘no a la guerra’ y la negativa de Pedro Sánchez a actuar como “vasallo” de Trump. Pero si se observan las transferencias de voto, las ganancias del PP vienen de Vox como las del PSOE vienen del espacio a su izquierda. No hay novedades en las fortalezas y debilidades de cada bloque. Hoy por hoy, las derechas extremas o extremadas suman mayoría, mientras las izquierdas no podrían repetir coalición ni siquiera con apoyos nacionalistas. Hay materia para un próximo análisis, pero los datos cantan: ni hay una “derechización” en España, como presumen diferentes voces –el bloque conservador suma unos 12 millones de votos, los mismos que en 2011 sumaban PP y la UPyD de Rosa Díez (ver aquí)–, ni está escrito que las izquierdas no puedan reeditar coalición de Gobierno. Todo depende de lo que hagan en estas próximas semanas las fuerzas a la izquierda del PSOE y de si aquellas y este entienden que un futuro de progreso democrático exige gestionar la realidad de un Estado plurinacional. Con todas las consecuencias.

Los ministros de Economía y Comercio de España, Alemania, Italia, Portugal y Austria pidieron a la Comisión Europea a través de una carta publicada este sábado un impuesto a los beneficios de las empresas energéticas para distribuir "de manera equitativa" las consecuencias de la guerra en Oriente Medio.

"El conflicto en Oriente Medio ha provocado un aumento de los precios del petróleo, lo que supone una carga considerable para la economía europea y para los ciudadanos europeos. Es importante que esta carga se distribuya de manera equitativa", señalaron los ministros en la carta, fechada el 3 de abril y dirigida al comisario europeo de Clima, Neutralidad Climática y Crecimiento Limpio, Wopke Hoekstra, según informó hoy en X el titular de Economía, Comercio y Empresa de España, Carlos Cuerpo.

Para ello, los ministros de los cinco Estados miembros proponen que el Ejecutivo Europeo desarrolle medidas para gravar los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas a través de un "instrumento de contribución a escala de la UE sustentado en una base jurídica sólida".

"Ya en 2022 se introdujo un instrumento similar mediante una contribución solidaria temporal (...) como medida de emergencia para hacer frente a los elevados precios de la energía" provocada por la invasión rusa de Ucrania, recordaron los ministros.

Sin embargo, plantearon a la Comisión estudiar si los beneficios obtenidos en el extranjero por las empresas petroleras multinacionales pueden incluirse de una manera más específica de lo que se hizo en 2022.

Los ministros de Economía aseguraron que esta "solución europea" permitiría financiar "ayudas temporales, especialmente para los consumidores, y frenar el aumento de la inflación, sin imponer cargas adicionales a los presupuestos públicos".

Asimismo, mandaría "un mensaje claro" que quienes se beneficien de la guerra deben aportar "para aliviar la carga que recae sobre la población en general".

"Nos complace que la Comisión Europea haya prometido examinar rápidamente la cuestión", concluyeron.

Días de descanso y reflexión para la mayoría de los políticos. Pero también tiempo para repensar las estrategias y coger fuerzas para una primavera política con temperaturas casi de agosto. Unos meses decisivos para el escenario público, que mira ya a las generales del año que viene. Y todo está por escribir.

Con la última remodelación del Gobierno, el presidente, Pedro Sánchez, busca centrar el discurso en la economía elevando a Carlos Cuerpo como vicepresidente primero. Tras las fotos, toca la hora de testar el nuevo perfil del ministro de Economía, con el que Moncloa quiere hablar de los buenos datos y obligar al Partido Popular a abordar la cuestión durante todos los miércoles en la sesión de control al Ejecutivo en el Congreso.

Pero el Gobierno sigue teniendo una gran asignatura pendiente: el proyecto de presupuestos generales del Estado. Cuerpo ha prometido que se presentarán. Esta labor le tocará al nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España, que asume unas cuentas saneadas por parte de María Jesús Montero, pero también otras carpetas abiertas como la búsqueda de apoyos para el nuevo modelo de financiación autonómica y para el proyecto de la quita de la deuda. 

La política internacional copa cada día más importancia en el tablero doméstico. El ‘no a la guerra’ de Sánchez se nota ya en las encuestas, con una recuperación del PSOE, pero, sobre todo, refuerza la imagen de estadista del presidente, que ha conseguido que la mayoría de países de la UE haya cambiado su posición y se muestre en contra de participar en una guerra ilegal.

Sánchez se ha erigido como la némesis de Donald Trump, que, por el momento, no ha cumplido su amenaza de un embargo comercial a España. El presidente español continúa su ronda por medios internacionales y tiene prevista una agenda internacional muy apretada durante las próximas semanas. Los días 13, 14 y 15 de abril volverá de viaje oficial a China en un momento de máxima tensión con Washington, con la idea de reforzar lazos económicos pero también de contrarrestar el poder de Trump y defender el multilateralismo. A la vuelta, tiene una cita muy simbólica con la cumbre internacional de líderes progresistas en Barcelona, donde ejercerá de anfitrión. Allí estarán, entre otros, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y el máximo representante del Consejo Europeo, António Costa.

El 17 de mayo se celebrarán elecciones en Andalucía, la comunidad más poblada de España. Es una batalla muy importante para el termómetro nacional, aunque sus resultados no son del todo extrapolables a unas generales. La gran duda en estos momentos es si Juanma Moreno (PP) conseguirá revalidar la mayoría absoluta o tendrá que pactar con Vox para seguir en el Palacio de San Telmo. Esta última opción sería un revés para el popular, que se ha presentado como el barón moderado frente a la madrileña Isabel Díaz Ayuso, con postulados similares a la ultraderecha.

El PSOE tiene el gran reto de no caer en su peor resultado histórico. El socialismo lleva como candidata a la exvicepresidenta María Jesús Montero, que aspira a romper las encuestas con un discurso basado principalmente en la defensa de los servicios públicos como la sanidad, la educación y la dependencia. En la sala de máquinas de la calle de San Vicente en Sevilla no paran de repetir que hay margen para crecer, ya que hay más de medio millón de votantes del PSOE que se quedaron en casa en las elecciones de 2022.

La derecha tiene por delante una apretada primavera de cortejo. El Partido Popular y Vox tienen sumidas en la incertidumbre a tres autonomías: Extremadura, Aragón y Castilla y León. A pesar de que dan los números, no logran ponerse de acuerdo para esta nueva etapa que enfrenta el bloque por la vuelta a los Ejecutivos de coalición.

Aunque Alberto Núñez Feijóo quería cerrar cuanto antes estos acuerdos, la dirección de Vox ha ralentizado este proceso. Sobre la mesa vuelve la sombra del 28M: a qué pactos llegarán, hasta dónde cederán los populares y qué consejerías exigirán los de Abascal. Y se debate la propia fórmula: María Guardiola y Jorge Azcón aceptan que haya consejeros de la ultraderecha, mientras que Alfonso Fernández Mañueco prefiere gobernar en solitario con el apoyo externo de los de Santiago Abascal.

Estos meses antes del verano serán cruciales para saber el estado de salud de la ultraderecha en España, en un momento en el que en Europa se aprecian frenazos en este espectro como el resultado de las presidenciales en Portugal y la pérdida del referéndum constitucional por parte de Giorgia Meloni en Italia, además de las encuestas en Hungría que apuntan a la posibilidad de que pierda Viktor Orbán.

En España, varias encuestas empiezan a apuntar una ralentización del fenómeno Vox. Por un lado, las elecciones de Castilla y León fueron frustrantes para el partido de Santiago Abascal al no lograr sobrepasar el simbólico 20% de votos. Vox tiene ahora mismo dos elementos de desgaste principalmente: su apoyo sin fisuras a Donald Trump y Benjamin Netanyahu en la guerra de Irán y la herida interna abierta por el choque entre el líder y varios de los fundadores como Iván Espinosa de los Monteros y Javier Ortega-Smith. Además, su incorporación en los Ejecutivos autonómicos pondrá la lupa sobre su gestión y se rebajará el discurso antisistema sobre el que cabalga ahora mismo la extrema derecha española.

Las izquierdas siguen explorando vías para las próximas elecciones generales tras los fracasos de Aragón y Castilla y León. En pleno Viernes Santo, el espacio logró un gran acuerdo en Andalucía que parecía impensable incluso hace una semana. Finalmente, compartirán papeleta IU, Podemos y Movimiento Sumar bajo el paraguas de Por Andalucía (en el que también están Iniciativa del Pueblo Andaluz, Alternativa Republicana, Partido Verde y Alianza Verde).

El próximo 9 de abril se producirá asimismo en Barcelona un movimiento muy simbólico con la charla programada entre Gabriel Rufián (Esquerra Republicana) e Irene Montero (Podemos). Un nuevo paso en busca de herramientas comunes tras el inicio de la gira del catalán con Emilio Delgado 

De manera paralela se darán pasos por parte del frente amplio que han conformado Izquierda Unida, Más Madrid, los comunes y Movimiento Sumar, que se han citado a otro gran acto, como el que hubo en el Círculo de Bellas Artes en Madrid, en Sevilla el próximo 19 de abril, en plena precampaña de las elecciones andaluzas 

No obstante, el espacio sigue huérfano de liderazgo tras la decisión de Yolanda Díaz de no repetir como número uno y el autodescarte del ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy. Todas las miradas están puestas en Rufián, cuya distancia con la dirección de ERC aumenta cada día con Oriol Junqueras señalando, por ejemplo, que él no pasó por la cárcel para que Ada Colau vaya en una lista con los republicanos. 

La política española seguirá pendiente también de lo que pase en Cataluña, ya que afecta directamente a las mayorías en el Congreso. Salvador Illa consiguió salvar una bola de partido con los presupuestos, pero ahora debe abrir un periodo de negociación con Esquerra. No tener cuentas públicas puede ser un problema para su estabilidad e incluso abriría un escenario de elecciones adelantadas.

Los republicanos en Madrid van a seguir empujando para el traspaso del IRPF a la Generalitat, algo a lo que se negó María Jesús Montero. En ERC confían en el talante de Arcadi España para asumir sus postulados y encajar un enfoque más federalista del Estado. Además, todos los partidos están muy atentos al ascenso fulgurante de Aliança Catalana, un elemento que puede romper los equilibrios de la política catalana y, por ende, de la española.

La vivienda sigue como la principal preocupación para los españoles. Y ninguno de los partidos ha logrado imponer sus recetas. “Quien dé con la tecla de la vivienda ganará las próximas elecciones”, disecciona un veterano parlamentario. Y será la principal batalla en el Congreso en las próximas semanas a través del decreto aprobado por el Gobierno.

El texto deberá pasar por votación en la Cámara Baja antes del próximo 22 de abril (está un mes en vigor hasta que se pronuncie el Congreso). Se ha convertido en la gran batalla política del ala de Sumar en el Gobierno, que presionó hasta el final para que el PSOE aceptara las medidas dentro del paquete de ayudas por la guerra de Irán. Una de sus columnas es la prórroga de los contratos de alquiler con un tope de subida. Ahora mismo no cuenta con los votos suficientes, ya que el PP, Vox y Junts ya han anunciado su rechazo. No obstante, la izquierda transformadora cree que todos deben retratarse y que el ‘no’ tendrá un coste social para esos partidos.

España está a la cabeza de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en el acceso que proporciona a los ciudadanos a la información pública: en transparencia. También en el control de los conflictos de intereses de los políticos y altos cargos. Sin embargo, al igual que recogió el último Informe sobre el Estado de Derecho de la Unión Europea y el del Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) del Consejo de Europa, nuestro país suspende por la ausencia de regulación del lobby, la influencia en la política de los grupos de interés. El Estado Español también queda a la cola de los países analizados en el control de la financiación de los partidos.

La organización internacional con sede en París ha hecho público su informe sobre Perspectivas de anticorrupción e integridad de 2026. En su apartado sobre España, el informe hace referencia al Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción anunciado por Gobierno el pasado julio tras conocerse la implicación del ex secretario de Organización del PSOE y exministro de Transportes José Luis Ábalos y la de su sucesor como número tres del partido, Santos Cerdán, ambos estrechos colaboradores del presidente Pedro Sánchez, en la trama de comisiones ilegales ligadas a obra pública que se investiga en el caso Koldo.

La OCDE valora ese plan y el anteproyecto de ley orgánica de integridad pública en el que se ha traducido (aprobado el 17 de febrero por el Consejo de Ministros), como "la primera estrategia anticorrupción de España adoptada a nivel gubernamental". La iniciativa, que está todavía en elaboración y no ha sido remitida al Parlamento, pero el informe valora que contemple la creación de una nueva Agencia de Integridad Pública independiente, que en caso de ser aprobada, "integraría las competencias de la Oficina de Conflictos de Intereses, la Autoridad Independiente de Protección del Informante y el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude".

El hecho de que la nueva norma todavía no esté aprobada coloca a España en la parte media baja de la tabla de países analizados en lo que respecta a su "marco estratégico" contra la corrupción. El Estado cumple sobre el papel el 53% de los criterios de la OCDE sobre la solidez de este marco, pero en la práctica solo se cubren el 17%. El dato es malo, porque 16 de los 62 países analizados carecen de cualquier tipo de plan estratégico. Entre los que sí lo tienen, España se encuentra el 14 por la cola.

El plan anunciado por Sánchez el pasado verano "identifica los riesgos actuales para la integridad pública a los que se enfrenta el país", dice el documento, que subraya que, algunos indicadores en los que España sale peor parada, como el del control de la financiación de los partidos políticos. Sin embargo, hasta el momento, el Estado "no tiene un plan de acción en vigor", dice, a lo que añade: "Como la estrategia se adoptó muy recientemente, no se dispone de informes de seguimiento de su implementación".

De todos los aspectos recogidos en el plan anticorrupción de Sánchez que analiza la OCDE, aquel en el que España sale mejor parada es, el "acceso a la información pública", es decir, la transparencia, en la que se encuentra en el puesto seis de los 62 países y por delante de Francia, Alemania, Países Bajos o Italia. La normativa española cumple con el 89% de los criterios de la organización, de los que, en la práctica, se cumple el 81%. La media de los Estados analizados queda por debajo, en el 72% y el 62% respectivamente.

El informe subraya que la Ley de Transparencia "establece que todas las personas, incluidas las personas jurídicas y los ciudadanos no nacionales, tienen derecho a acceder a la información en todas sus formas" con las únicas restricciones que recoge esa norma. También resalta la documentación pública que a la que se puede acceder en línea, como "los programas de las reuniones del Gobierno, las agendas de los ministros, el registro de la propiedad, los salarios de los altos funcionarios individuales y las licitaciones públicas anunciadas por el Gobierno central y sus resultados". También "la mayoría de las declaraciones de bienes e intereses", aunque no "las de los jueces del Tribunal Supremo".

La necesidad de conocer los intereses de estos altos magistrados fue objeto de controversia el pasado noviembre. Tras la inhabilitación del ex fiscal general los medios publicaron que tres de los magistrados del tribunal que lo condenó daban clases en el colegio de abogados de Madrid que, a su vez, era acusación en el proceso. Uno de ellos, además, dirigió la tesis doctoral del abogado que representaba a Alberto González Amador, el denunciante y novio de Isabel Díaz Ayuso, y a otro letrado de la asociación de fiscales APIF, que actuó como acusación popular.

El segundo de los aspectos en el que España obtiene una muy buena calificación es la regulación de los conflictos de interés. "España cumple el 89 % de los criterios (...) y presenta un excelente rendimiento en la práctica, cumpliendo el 89 % de los criterios, frente a la media de la OCDE del 80 % y el 45 %, respectivamente", recoge el documento. "Todos los miembros del Gobierno y del Parlamento han presentado declaraciones de intereses en los últimos seis años, y todos los funcionarios de alto nivel recién nombrados (...) en los últimos cuatro años".

Además, prosigue el informe, "todas las declaraciones presentadas durante los dos últimos años naturales fueron verificadas por la Oficina de Conflictos de Intereses, que emite recomendaciones cada vez que se detecta un caso de conflicto de intereses". El texto solo recoge una pega: los jefes de gabinete, que se considera que ocupan "puestos de alto riesgo", no están sometidos a esa obligación. Otro de los ámbitos en el que nuestro país se encuentra por encima de la media es la integridad de su sistema judicial, tanto desde el punto de vista de la judicatura como de la fiscalía.

En junio de 2018, el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, perdió la moción de censura en la que resultó investido Pedro Sánchez. El motivo fue la sentencia del caso Gürtel, la mayor trama de corrupción que ha afectado al PP, que terminó condenado como "partícipe a título lucrativo". Pero el partido de Sánchez, el PSOE, también se enfrenta ahora a un importante caso de corrupción, el caso Koldo, que afecta a los que fueron dos de sus principales dirigentes y colaboradores del jefe del Ejecutivo, Ábalos y Cerdán.

La OCDE concluye ahora que la regulación del sistema de financiación de partidos políticos es una de las grandes asignaturas pendientes del sistema anticorrupción en España. Sobre el papel, según el informe, España cumple el 70% de los criterios de la organización (76% es la media) gracias a la Ley de Financiación de Partidos. El texto valora su sistema de sanciones y la prohibición de las contribuciones a las formaciones de empresas públicas, empresas extranjeras y Estados extranjeros.

"Sin embargo, el marco normativo no prevé prohibiciones más amplias sobre el uso de fondos y recursos públicos a favor o en contra de un partido político", sostiene. Campos como la regulación de las televisiones y medios públicos o la publicidad institucional con la que algunas administraciones riegan a sus medios afines parecen entrar en este capítulo.

Pero el problema, más que la normativa, es la práctica, en la que España solo supera el 43% de los criterios frente al 58% de media en la OCDE. El organismo supervisor es el Tribunal de Cuentas, y cuenta con todos los medios para desarrollar su labor. "Sin embargo, no todos los partidos presentaron sus cuentas anuales dentro de los plazos (...) en 2023, y otros no las presentaron en 2024", refleja el documento. "Además, las cuentas relacionadas con las elecciones y los informes financieros de todos los partidos no están a disposición del público".

Por último, otro de los apartados en los que España suspende reiteradamente en todos los organismos internacionales que evalúan sus indicadores democráticos, es el lobby, el control de la influencia en los políticos y altos cargos de los grupos de interés. El informe recoge que se está elaborando una regulación –el proyecto de ley de Transparencia e Integridad en las Actividades de los Grupos de Interés, actualmente en tramitación parlamentaria– pero el cumplimiento actual de los criterios de control de la OCDE para estas organizaciones en España sigue siendo terreno por explorar.

La normativa –la ley de Altos Cargos– solo recoge períodos de incompatibilidad para los cargos públicos una vez que dejan esos puestos de responsabilidad, pero "no existe regulación alguna sobre el cabildeo (lobby), ni un registro de grupos de interés", advierte el informe. Esa disposición y la orden que obliga a cualquier empresa a inscribirse en el Registro Mercantil para poder identificar a suss propietarios solo cumplen el 40% de los criterios formales de la OCDE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha condenado con contundencia los incidentes ocurridos este martes en Cornellà, que ha calificado de “inaceptables”. A través de un mensaje en redes sociales, el jefe del Ejecutivo ha advertido de que “no deben repetirse” y ha defendido la imagen de España como “un país plural y tolerante”, frente a lo que considera el comportamiento de “una minoría incívica”.

Sánchez ha trasladado además su “apoyo” a los deportistas afectados por lo sucedido y ha aplaudido a quienes, “con su respeto”, contribuyen a reforzar los valores de convivencia tanto dentro como fuera del ámbito deportivo.

Este episodio ha provocado también una reacción unánime y contundente en todo el Ejecutivo. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha ido más allá al advertir de que “quienes hoy callan serán cómplices”, insistiendo en la necesidad de seguir trabajando por una sociedad “tolerante y respetuosa con todos”. En la misma línea, la directora general de Igualdad de Trato, Beatriz Carrillo, ha solicitado a la Fiscalía que investigue si los cánticos pueden constituir un delito de odio.

A su véz el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes ha condenado “con la máxima firmeza” unos hechos que considera “absolutamente inaceptables” y alejados de la mayoría de la afición. Por su parte, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha señalado directamente a “grupos ultras jaleados por la política ultra” y ha reiterado que “el odio y el racismo no tienen cabida en el deporte ni en nuestra vida”, advirtiendo de nuevo de que “quien calla es cómplice”.

Fuera del Ejecutivo, las reacciones también han sido mayoritariamente de condena. La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha calificado de “lamentable y condenable” lo ocurrido en las gradas, en una línea compartida por formaciones como ERC o Podemos.

Distinta ha sido la posición de Vox. Su secretario general, Ignacio Garriga, ha evitado censurar directamente los hechos y ha enmarcado su respuesta en un discurso centrado en la inmigración y la seguridad, con una enumeración de críticas que no aludían de forma explícita a los cánticos registrados en el estadio.

Por su parte, el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha atribuido los cánticos islamófobos y xenófobos a la “agenda españolizadora del PSC”, señalando así una lectura política de lo sucedido en el RCDE Stadium de Cornellà.

El rechazo a lo sucedido en Cornellà también se ha extendido más allá del ámbito político, con pronunciamientos desde el tejido social y deportivo. La Unión de Comunidades Islámicas de Cataluña ha expresado su “más firme indignación” y ha reclamado medidas “para prevenir y sancionar” este tipo de conductas. En un comunicado, la entidad ha instado a las fuerzas de seguridad a identificar a los responsables y ha pedido a autoridades y organismos deportivos una “condena firme” que evite cualquier banalización de los hechos.

Por su parte, el RCD Espanyol ha condenado “enérgicamente” los comportamientos racistas, al tiempo que ha considerado “injusto” que se señale de forma generalizada a su afición.

En el plano internacional, la Egyptian Football Association ha lamentado lo ocurrido, aunque ha subrayado que estos incidentes “no afectarán en absoluto a las sólidas relaciones” entre ambas selecciones.

A las condenas institucionales y sociales se han sumado también voces del ámbito deportivo. El delantero del FC Barcelona y de la selección española, Lamine Yamal, ha calificado los cánticos como “una falta de respeto intolerable” y ha tildado a sus responsables de “ignorantes y racistas”. El jugador, que se ha pronunciado en redes sociales, ha recordado su condición de musulmán y ha subrayado que, aunque los insultos no fueran dirigidos personalmente contra él, “no dejan de ser algo intolerable”.

En la misma línea, el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha definido lo ocurrido como un “bochorno colectivo intolerable” que no representa los valores del deporte. Además, ha señalado la contradicción de que algunos de los autores de los cánticos racistas ovacionaran posteriormente al propio Yamal, evidenciando —a su juicio— la incoherencia de ese comportamiento.

El Gobierno valenciano del Botànic tiene un simbolismo muy importante para la izquierda española. Fue un laboratorio para los posteriores Ejecutivos de coalición, un modelo de gestión antagónico a las derechas y un espejo de convivencia de las diferentes sensibilidades progresistas. Y ese espíritu vuelve a cobrar fuerza.

Dos miembros de aquel Gobierno valenciano copan las portadas durante esta Semana Santa. La exvicepresidenta Mónica Oltra (Compromís) ha dado un paso al frente, como le llevan pidiendo en su partido meses, para aceptar el reto de competir en las próximas elecciones municipales y autonómicas en València capital. Y Arcadi España, que fue conseller dentro del ala socialista, ha sido la gran sorpresa del cambio de Gobierno al situarlo Pedro Sánchez como sustituto de María Jesús Montero en la todopoderosa cartera de Hacienda.

Con el aterrizaje de Oltra, la batalla por el Ayuntamiento de València se convierte en una de las más interesantes y competidas para las elecciones locales de 2027. El PP tiene en esta ciudad ahora uno de sus bastiones más fuertes con María José Catalá al frente, aunque depende de Vox. El partido de Santiago Abascal podría concurrir con Vicente Barrera, el extorero y hombre fuerte en la provincia.

La izquierda ha decidido echar el resto para recuperar el Ayuntamiento valenciano. Por parte del PSPV-PSOE la candidata será Pilar Bernabé, una de las principales figuras ahora mismo del partido por su papel durante la gestión de la dana desde su posición como delegada del Gobierno en la comunidad. Es uno de los perfiles más aplaudidos dentro del partido.

Y ahora Oltra vuelve a primera división. La exvicepresidenta sigue inmersa en el proceso judicial por supuestamente encubrir los abusos de su exmarido, una causa que sigue viva por las acusaciones de la ultraderecha. Ella defiende su inocencia y es uno de los principales rostros del espacio progresista que está reconstruyéndose durante estos meses. Su regreso ha sido recibido con mucho calor por parte de todo el espectro, con apoyos de toda España.

Las candidaturas de Bernabé y Oltra evidencian que la izquierda va a por todas en el Ayuntamiento de València, que también es esencial para poder recuperar la Generalitat en las elecciones en las que se medirá el desgaste del Partido Popular por la actuación de Carlos Mazón durante la dana y el clima de crispación agitado por los espacios relacionados con la ultraderecha.

La Comunitat Valenciana será una de las autonomías clave en esos comicios. El PSOE llevará como número uno en la papeleta a Diana Morant, la actual ministra de Ciencia y Universidades. Por parte de Compromís concurrirá Joan Baldoví. La lucha entre bloques está muy igualada en estos momentos. El PP espera que Juanfran Pérez Llorca se asiente durante este tiempo, mientras que Vox espera recoger en votos a muchos votantes de los populares y a los antisistema desencantados por el papel de los políticos durante la dana.

Los socialistas valencianos cercanos a Puig pisan fuerte además en estos momentos en el Gobierno y en Ferraz. Arcadi España es ya el nuevo ministro de Hacienda. Él fue precisamente conseller de Hacienda en el Gobierno del Botànic y fue el encargado de realizar la reforma fiscal en la Comunitat Valenciana. Por eso, llega entrenado para formar parte de un Gobierno de coalición donde las almas del PSOE y de sus socios a la izquierda suelen chocar en materia de impuestos. 

Pero, además, España es un convencido federalista, como lo es Ximo Puig, su padre político. Esto le aporta un plus en un Ejecutivo que debe armar mayorías con partidos como el PNV, ERC, Junts, EH Bildu, BNG y el propio Compromís durante todas las semanas en el Congreso. Además, su experiencia en el Govern le sirve para poder hablar en el mismo lenguaje con las comunidades autónomas, un tema en el que además ha profundizado en los últimos años desde su anterior puesto como secretario de Estado de Política Territorial.

El socialismo valenciano ha alcanzado cotas de poder en el PSOE nunca vistas hasta ahora. Después de la irrupción del caso Cerdán, Sánchez eligió a Rebeca Torró como secretaria de Organización. Ella también proviene del Botànic, donde ejerció como consellera de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad de la Generalitat en la última etapa.

Pero no se queda ahí solo el poder valenciano. Bernabé también tiene un pie a nivel federal, ya que, además de delegada del Gobierno en la comunidad y candidata a la Alcaldía de València, es la número cuatro en el partido como responsable de Igualdad, un puesto al que ascendió en el último congreso del PSOE celebrado en Sevilla en diciembre de 2024.

El socialismo valenciano acudió en masa a la toma de posesión de España en el Ministerio de Hacienda el viernes pasado. Allí también estaban, por ejemplo, Lydia del Canto, actual secretaria de Estado de Comunicación y una de las más estrechas colaboradoras de Sánchez en el Palacio de La Moncloa. Es una persona muy cercana a Puig, del que fue directora de comunicación y también pasó una breve temporada por el Govern.

En esa instantánea en el Palacio de la Aduana estaba también Zulima Pérez, que actualmente es la comisionada del Gobierno central para la reconstrucción tras la dana. ¿Su procedencia? Fue alto cargo en los gobiernos de Puig, ejerciendo puestos como subsecretaria de la Consejería de Hacienda y Modelo Económico y directora general de Coordinación del Diálogo Social.

En las pasadas elecciones valencianas, el PSPV creció cuatro escaños, pero la suma fue insuficiente frente al PP y Vox. En la cita electoral del 28M, la izquierda alternativa, que acudió dividida, fue menos competitiva: Compromís bajó dos escaños y EUPV-Podemos desapareció del Parlamento autonómico, al no lograr ni el 4% de votos, perdiendo sus ocho diputados.

El Gobierno ha ordenado el cierre de su espacio aéreo a los vuelos de Estados Unidos que participan en la operación lanzada por este país e Israel contra Irán que ha originado una guerra en Oriente Próximo que se prolonga ya más de un mes, según informa EFE.

España no solo no permite el uso de las bases aéreas de Rota (Cádiz) y Morón de la Frontera (Sevilla) por parte de aviones norteamericanos sino que tampoco autoriza a esta aeronaves destacadas en terceros países europeos a usar el espacio aéreo español según publica esta lunes El País y han confirmado a EFE fuentes de Defensa.

La negativa de España al uso de las bases de Rota y Morón ha aumentando la tensión entre ambos países y ha hecho que el presidente estadounidense, Donald Trump, haya cargado contra España en numerosas ocasiones

No obstante, el Ejecutivo español se ha mantenido firme en su postura de "No a la guerra" ante las amenazas de Trump de imponer un embargo comercial tras la negativa de España a autorizar el uso de las bases militares de Morón y Rota en las operaciones contra Teherán.

El cierre del espacio aéreo español a los vuelos militares de Estados Unidos no tendrá ninguna afectación a los vuelos comerciales, según han indicado a EFE fuentes del gestor de navegación aérea Enaire. La medida por tanto afecta a las operaciones militares, no a las operaciones comerciales.

Preguntado por si la decisión de cerrar el espacio aéreo puede deteriorar o perjudicar las relaciones con EEUU, el vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha indicado este lunes que esta decisión forma parte de la postura adoptada por el Gobierno de España de no participar ni contribuir a una guerra iniciada de manera "unilateral" y en contra del Derecho internacional.

Asimismo, ha subrayado que las empresas españolas operan a día de hoy en las mismas condiciones que otras europeas en EEUU y que el objetivo del Gobierno es intentar mejorar las relaciones también a nivel bilateral, entre España y Estados Unidos. 

Por ello, ha anunciado en una entrevista en la Cadena Ser la apertura de dos nuevas oficinas económicas en Boston y Houston, cuyo cometido es ayudar a las empresas a establecerse en Estados Unidos "de manera efectiva y exitosa".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha escrito una carta a la militancia del PSOE donde ha defendido la respuesta de su Ejecutivo ante la guerra en Oriente Medio, con el paquete anticrisis recién convalidado en el Congreso, y ha asegurado estar en el "lado correcto" por su 'no a la guerra', según recoge EFE.

En la carta, enviada este domingo, Sánchez ha recordado que llevamos un mes de conflicto en Oriente Medio tras el ataque a Irán por parte de Israel y Estados Unidos, y ha pedido que esta "guerra ilegal" finalice ya.

"Desde el primer momento España tuvo clara su posición. Cuatro palabras que no son sólo una postura política, sino una forma de entender y de estar en el mundo: no a la guerra", ha señalado.

A continuación, en una alusión implícita al PP y al expresidente José María Aznar, ha dicho que hace 23 años con la guerra de Irak aprendió lo que ocurre cuando un gobierno decide ignorar estas palabras, cuando "da la espalda a su gente", "se pliega ante los intereses de una potencia extranjera" y "se coloca a un país en el lado incorrecto de la historia".

Ahora en cambio, ha añadido, España está "del lado correcto", en la defensa de la paz, y ha asegurado que el gobierno que él preside "habla claro", "actúa con coherencia" y "no renuncia a sus principios".

"Conviene decirlo también con toda claridad: no todos están en ese lugar. Porque hay quienes, ayer como hoy, dudan cuando hay que ser firmes. Quienes se esconden en la ambigüedad cuando hay que tomar partido. Quienes hablan de paz, pero nunca molestan a quienes hacen la guerra", ha sostenido en alusión de nuevo al PP.

Sánchez, que ha asegurado que su Gobierno es "una referencia para muchos progresistas de todo el mundo", ha advertido de que las consecuencias de la guerra en Oriente Medio "ya están entrando en nuestras casas", por ejemplo en la factura de la luz, en el precio de la compra o en la subida de la hipoteca.

Y ha defendido la respuesta de su Ejecutivo con la aprobación de un real decreto ley que fue convalidado el pasado jueves en el Congreso y que, según ha afirmado, supone "el mayor escudo social y económico de toda la Unión Europea, con una inversión de 5.000 millones de euros para proteger a nuestros 20 millones de hogares y 3 millones de empresas de las consecuencias más lesivas de la guerra".

En cambio, no ha mencionado el real decreto ley pendiente de convalidación que contiene medidas concretas sobre el alquiler y que fue pactado tras unas duras negociaciones con sus socios de Gobierno de Sumar.

"Hay momentos en los que uno recuerda por qué está en política. Este es uno de ellos. Estamos aquí para esto. Para defender la paz. Para proteger a la gente. Para estar del lado correcto cuando más importa", ha finalizado el presidente del Gobierno y líder del PSOE.

Le a continuación la carta íntegra de Pedro Sánchez:

Andalucía es la última parada de esta primera parte del ciclo electoral. Y no es una batalla cualquiera. Es la comunidad más poblada de España y, además, es la que repartirá más diputados al Congreso en los comicios generales del año que viene. La disputa por los asientos del Hospital de las Cinco Llagas va más allá de Despeñaperros, con ecos a nivel nacional.

Juanma Moreno ha adelantado las elecciones al 17 de mayo aprovechando que su imagen pública se ha recuperado por la gestión del accidente del AVE en Adamuz (Córdoba) y de las últimas borrascas después de meses de mucha preocupación en el Palacio de San Telmo por la crisis de los cribados de cáncer de mama.

Las elecciones andaluzas se juegan en estos momentos en torno a una clave: la pérdida de la mayoría absoluta del Partido Popular. Si esto sucede, como vaticina la mayoría de encuestas, Moreno se va a encontrar con un serio problema político en su carrera al verse abocado a un pacto con Vox. Ese aura de moderación está en riesgo para un barón que abandera el sector más centrado del partido frente a la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que se caracteriza por poner en práctica unas políticas equiparables a las de Vox.

Moreno Bonilla ha adelantado, según los cálculos iniciales que se hacían, unas semanas estas elecciones para tener una precampaña y una campaña muy acordes al perfil cercano y de estabilidad que quiere vender. El popular va a aprovechar para promocionarse durante las sucesivas fiestas de primavera que se concentran entre abril y mayo en la comunidad, desde Semana Santa hasta El Rocío pasando por las ferias de Abril y de Jerez y las Cruces de Granada y Córdoba.

Una de las dudas que planean es hasta qué punto tiene capacidad de crecimiento Vox, que iba fuerte en las encuestas. Pero ahora el partido de la ultraderecha se ha encontrado con una perspectiva menos halagüeña marcada por el frustrante resultado en Castilla y León (no superó el 20% que esperaba), su postura respecto a la guerra de Irán y la gran crisis interna abierta en el partido por el enfrentamiento de Santiago Abascal con algunos de los fundadores como Javier Ortega Smith, Iván Espinosa de los Monteros y Juan García Gallardo.

Al PP y a Vox se les solapa la precampaña andaluza con la negociación de los pactos en Aragón, Castilla y León y Extremadura, donde arranca una nueva etapa de las derechas con la intención de los de Abascal de entrar de nuevo en los gobiernos. Pero esos acuerdos pueden ser un factor negativo para Moreno durante estos días al presentarse como el garante de la estabilidad en solitario (y olvidando que fue el primer líder del PP que pactó una investidura con la ultraderecha).

Núñez Feijóo sueña con una nueva mayoría absoluta del PP para venderlo como un tráiler de las generales. El problema que tiene el Partido Popular en el sur, y al que se aferra a la vez el PSOE, es que no hay una correlación entre las autonómicas y las generales. Los socialistas se hundieron en la última cita andaluza con algo más del 24% de votos (algo más de 800.000 votos), mientras que en las generales, con Pedro Sánchez a la cabeza, el PSOE se quedó muy cerca del PP con un 33% (gracias a casi un millón y medio de votos).

Esta diferencia es la que obsesiona a la ya exvicepresidenta primera María Jesús Montero. La orden que ha dado a las ocho direcciones provinciales ha sido muy clara: hay que echar el resto de los barrios abstencionistas. Nadie puede quedarse en el sofá el próximo 17 de mayo.

Pero, ¿cómo puede lograr ese objetivo el PSOE? La campaña diseñada en la calle de San Vicente, según fuentes socialistas, se centrará especialmente en la defensa de los servicios públicos, con atención principal en la sanidad, la educación y la dependencia. Pero también se va a incidir mucho en los temas de vivienda, que está afectando mucho en provincias como Málaga. También esperan los socialistas que el “No a la guerra” despierte a muchos progresistas en una comunidad donde están las bases de Rota (Cádiz) y Morón de la Frontera (Sevilla).

Montero quiere a todo el “dragón dormido”, como dicen algunos en el partido, del PSOE-A despertando y llamando puerta a puerta. No quiere familias divididas. Por eso espera contar con figuras como Susana Díaz. Pero, además, tirará mucho de Pedro Sánchez, que, a pesar de la imagen que quiere dar el PP, tiene tirón en Andalucía, como se evidenció durante las generales. También está previsto que José Luis Rodríguez Zapatero arrope a sus compañeros del sur.

Sánchez ha hecho una apuesta muy fuerte con la candidatura de Montero, lo que le ha obligado a remodelar de forma exprés su Gobierno situando a Carlos Cuerpo como vicepresidente primero y a Arcadi España como titular de Hacienda. El PSOE-A quiere darle la vuelta a algunas decisiones del Gobierno central que está utilizando el PP como la financiación autonómica y la quita de la deuda. Los socialistas llevarán por bandera que estas dos iniciativas tienen a Andalucía como la comunidad más beneficiada.

En el PSOE son conscientes de que el resultado puede ser complicado la noche del 17 de mayo, pero no supondrá un movimiento tectónico en la política nacional. Sánchez, como confiesan algunos de sus colaboradores más estrechos, sigue convencido de que hay que aguantar hasta el final de la legislatura en verano de 2027.

Y, mientras, la izquierda alternativa sigue fragmentada. Todavía hay una rendija abierta para que Podemos se mantenga en la coalición de Por Andalucía, en la que están Izquierda Unida, Movimiento Sumar e Iniciativa del Pueblo Andaluz. Estas formaciones tienen hasta el Viernes Santo tiempo para poder sellar una coalición ante la Junta Electoral y evitar otro divorcio. Aunque la dirección nacional era reacia, Podemos Andalucía está remando para explorar un acuerdo final.

Pero Adelante Andalucía, el partido fundado por Teresa Rodríguez, irá en solitario pase lo que pase con la otra candidatura. Esta formación se ve muy fuerte y estrena candidato, José Ignacio García, que se ha convertido en uno de los referentes de la oposición durante esta legislatura frente a Moreno Bonilla. Este espacio andalucista espera duplicar sus resultados y llegar a los cuatro escaños. Su mayor problema: su principal implantación se circunscribe a las provincias de Cádiz y Sevilla.

La izquierda andaluza se enfrenta a un momento clave después de los malos resultados en Aragón y en Castilla y León en un momento de convulsión en el que se exploran diferentes vías a nivel nacional. Por un lado, IU, Sumar, Más Madrid y los comunes trabajan en nuevos actos en Cataluña y Andalucía, mientras que el 9 de abril Gabriel Rufián (ERC) e Irene Montero (Podemos) se sentarán en un debate en Barcelona para hablar del futuro progresista. 

El sur marca el norte.

Jesús Maraña (Sahagún, León, 1961), ejerce como director editorial de infoLibre y analista en programas de debate en TVE, RNE y la Cadena Ser. Denuncia la reciente detención de Serigne Mbayé, exdiputado de Podemos en Madrid. Lo relaciona con el racismo policial que se acostumbra a ver en Estados Unidos: “Deberíamos hacérnoslo mirar. Tiene que tener consecuencias e investigarse a fondo. Por los datos a los que accedemos desde los medios, es algo que está ocurriendo en distintas ciudades españolas. Se están produciendo detenciones en las que se dejan llevar por la diferencia del color de la piel”.

“Me parece que el debate parlamentario de esta semana ha sido probablemente uno de los más importantes de la legislatura. Primero, porque vivimos tiempos extraordinarios, tiempos bélicos. Estamos viviendo una guerra ilegal, injusta, que no tiene ningún sentido salvo para los objetivos de Netanyahu. Para Trump es una guerra de la que no sabe cómo salir. Tiene efectos mundiales sobre la economía y la vida diaria de la gente. Se han puesto sobre la mesa una serie de medidas que eran difícilmente discutibles y que consiguieron el apoyo mayoritario de los socios de investidura. Pero sobre todo me ha parecido muy interesante el debate político en torno a esto. Hemos visto un Gobierno con bastante experiencia ya en la gestión de crisis. Desde la pandemia a Filomena, Ucrania, de todo. La sensibilidad social ante una crisis así se ha vuelto a demostrar y hemos visto un debate en el que se han puesto medidas sobre la mesa sin tener muy en cuenta si algunas tenían un carácter más liberal o más social, más de izquierdas o de derechas”.

“Y en la oposición, en PP y Vox hemos visto unas opciones sin alternativas, sin una hoja de ruta, sin pensamiento de Estado, de país. Ha sido interesante en ese sentido. Por un lado había medidas, gestión y por el otro únicamente antisanchismo. Además, insultos. Hemos escuchado al jefe de la oposición llamar ‘matón’ al presidente del Gobierno o pedirle que dimita porque lo dice el Código Penal, algo que nadie ha entendido, salvo en lo que ha sido siempre la estrategia de criminalizar, demonizar y deslegitimar al presidente del Gobierno actual. Creo que ha salido fortalecido el Gobierno con las medidas, que probablemente sean insuficientes si la guerra se alarga. Y se ha debilitado la imagen de la oposición”. 

“El problema mayor a la hora de manejar la crisis es la incertidumbre. Nadie sabe con exactitud cuáles son los pasos que va a dar Trump, la respuesta de Irán. Pero no se percibe que la guerra pueda acabar en días ni en semanas. Si sigue prácticamente bloqueado el Estrecho de Ormuz, las consecuencias económicas pueden ser incluso mayores que tras la guerra de Ucrania. También hay algo que se está demostrando, la fortaleza de la economía española, la capacidad en este momento de resistir y de tener fondos que puedan ayudar a gestionar la crisis durante bastante tiempo. Y por otro lado, la posición que ha marcado el Gobierno en lo político desde que empezó esta guerra. Inmediatamente se situó contra una guerra ilegal y dio un paso que en su día podía parecer arriesgado en lo político, las bases norteamericanas en España no se van a utilizar para esa guerra ilegal. El resto de Europa estaba prácticamente de perfil, si no rindiendo pleitesía a Trump. Eso en estas últimas jornadas ha ido cambiando en línea con la posición del Gobierno español. España ha ido ganando posiciones y fortaleza a la hora de enfrentarse al fenómeno del trumpismo, que sigue y va a seguir haciendo daño. Vamos a ver si sufre alguna debilidad también en noviembre, en esas elecciones de mitad de mandato que tiene Trump. Eso puede ayudar a recomponer de alguna manera el tablero mundial que ahora mismo está por los aires, como si alguien le hubiera dado una patada y lo hubiera hecho saltar”.

“Cuando la oposición decía que las medidas son insuficientes y hay que rebajar el IRPF, por ejemplo, el presidente del Gobierno puso sobre la mesa un asunto que yo creo que conviene tener en cuenta. Es posible que haya que hacer más cosas y tomar más medidas, pero no tiene por qué hacerlo solo el Gobierno central. Estamos hablando de respuestas que también están en manos de las comunidades autónomas. Conviene preguntar a todas las instituciones ¿y usted qué hace para ayudar a superar esta crisis? Por ejemplo, la reducción en el IRPF también la puede hacer cualquier gobierno de comunidad autónoma en su tramo. Se puede ver cuál es la gestión de una crisis que hace el Gobierno de cada comunidad autónoma. No está siendo la misma respuesta la del gobierno catalán o la del Gobierno vasco y los gobiernos de Madrid o de otras comunidades autónomas. Hay que ponerlo sobre la mesa porque si no parece que cuando surge un problema solo está la respuesta del Gobierno central y eso no es cierto en un Estado autonómico cuasi federal. Conviene tenerlo en cuenta porque si no, no terminamos de acostumbrarnos a exigir las responsabilidades a todo el que las tiene”.

“La sustitución de María Jesús Montero en la vicepresidencia por Carlos Cuerpo es uno de esos cambios que todo el mundo daba por descontado, que era lo lógico cuando desde hace tiempo se sabía que habría que hacer esa sustitución en cuanto se convocaran elecciones andaluzas. Pero me parece que tiene un significado el cambio de Carlos Cuerpo en lo económico y en lo político. Yo creo que Pedro Sánchez da un paso que significa que la economía y los buenos datos económicos que ofrece ahora mismo España pueden y van a ser una prioridad en lo que queda de legislatura. Es decir, coloca a Carlos Cuerpo que pone los números, pero el ‘cuerpo político’ lo pone Sánchez. Se preguntaba alguien ¿por qué no una vicepresidencia más política? Es que el vicepresidente político de Pedro Sánchez es Pedro Sánchez. Incluso aunque no lo hubiera buscado él, desde hace años toda la oposición tiene como eje central de su discurso el antisanchismo. Pedro Sánchez protagoniza toda la gestión política del Gobierno, salvo lo que es la coalición”.

“De Pedro Sánchez destacaría la explicación de su posición respecto a Trump y su no a la guerra y el hilo conductor que une el no a la guerra de 2003, cuando Aznar apoyó la invasión de Irak, y la situación actual. Núñez Feijóo ha querido matizar su posición de primera hora, que fue totalmente de apoyo a Trump y Netanyahu. Ha querido matizarlo y decir que todos estamos de acuerdo con el no a la guerra. Me ha parecido que ha sido en ese sentido un discurso poco creíble, no a la guerra y no a usted, pedir elecciones. Ese mensaje está ya un poco desgastado. La propia reiteración de que pase lo que pase, la solución es elecciones mañana, ya no funciona. La gente lo que espera es algo más. Da por descontado que la legislatura más o menos se va a cumplir y, por lo tanto, de la oposición se espera que hagan o aporten algo más que esto. Salvando PP y Vox, que están en lo que están, ha habido intervenciones muy responsables, con discrepancias, pero asumiendo que en tiempos bélicos se espera de la política acuerdos y medidas eficaces para ayudar a la gente. Una vez más, creo que Rufián destacó por esa parte brillante e ingeniosa que tiene a veces de retratar la realidad. Esa frase casi de meme: ‘Qué suerte tiene Estados Unidos que cada vez que busca la democracia se encuentra petróleo’. Rufián tiene esa capacidad para dibujar lo que está pasando, que creo que conecta muy bien con la calle y con la parte más joven de la ciudadanía. Vox está en el trumpismo puro y veremos si eso le causa o no algún desgaste a medio plazo”. 

“Va a ser curioso comprobar, a medida que vayan pasando los meses, hasta qué punto Vox está metido en una trampa. Como se ha metido el propio Trump. El discurso simple de Vox, que utiliza la inmigración de manera populista y además engañosa. Y la brocha gorda para captar votos, por ejemplo, entre los agricultores, entre la gente que tiene ahora mismo dificultades para llegar a fin de mes. Resulta que puede ir viéndose cómo Trump está perjudicando precisamente a la propia gente que lo ha votado. Veremos qué efectos tiene en el electorado de Trump en Estados Unidos y será interesante ver si en los electorados de extrema derecha en Europa –y aquí en el caso de Vox– puede haber gente que vaya percibiendo el engaño masivo, que es en lo que consiste el trumpismo y los partidos y movimientos que siguen su estela en el discurso político, en la demagogia, en la xenofobia, etcétera, etcétera”.

“Después de la crisis de credibilidad y de gestión que tuvo por el tema de los cribados de las afectadas por el cáncer de mama en Andalucía, el Gobierno andaluz y Moreno Bonilla salieron tocados. Luego en la gestión que ha hecho del accidente de Adamuz, me parece evidente que Moreno Bonilla ha recuperado crédito, imagen de gestor sensato, moderado, como se quiera denominar. Al margen de las políticas de fondo, de si en Andalucía también se están practicando políticas que debilitan todo el sistema del Estado del bienestar. Moreno Bonilla sale en principio en muy buena posición. María Jesús Montero tiene el reto de hasta dónde ha caído el apoyo al partido que gobernó durante más de 35 años en Andalucía. Lo tiene muy complicado. Y respecto al resto de la izquierda, no parece que vaya a terminar de ir unida porque no hay entendimiento entre Podemos y el espacio de Sumar. Y Andalucía quizá sea el último empujón para que en ese espacio surja un proyecto sólido y, sobre todo, un liderazgo que supere lo que son las posiciones o las familias actuales. Es tan evidente que si no se produce ese reseteo del espacio a la izquierda del PSOE, es prácticamente imposible que pueda renovarse el gobierno de coalición en unas generales que espero que haya responsabilidad en ese sentido. Todo ese espacio de la izquierda lo sabe y lo saben los protagonistas. Tienen que asumir ese reto y darle una solución. Lo necesita todo el espacio progresista. Pero ahora mismo en Andalucía, a pesar de que Antonio Maíllo yo creo que es el que protagoniza una mayor credibilidad y convicción en esto que estamos hablando, tiene la dificultad de no poder encabezar –en principio– una candidatura absolutamente unida”.

“Vivimos hace diez días esa tensión entre Sumar y PSOE en el propio Gobierno en torno a los decretos y las medidas de respuesta a la guerra. Me parece que es lógico que haya esas tensiones dentro del gobierno de coalición y a medida que se acerquen las elecciones generales yo creo que irán en aumento. Eso es lo lógico, pasa siempre en todas las coaliciones. Tienen que diferenciarse para que cada una de ellas motive a sus propios electorados. Se equivocaría si alguien en el PSOE pensara que cuanto más se debilite el espacio de su izquierda, mejor le irá al PSOE porque pueda arañar mucho voto. Hay quien lo piensa. En estos más de 40 años siempre ha habido una bolsa de votos más a la izquierda de lo que está el PSOE y seguirá ocurriendo. Hay un electorado que no confía en que el PSOE por sí mismo represente todo el empujón hacia la izquierda que se defiende. Al propio PSOE le interesa que haya una opción fuerte a su izquierda y que no esté muy fraccionada, porque entonces es perder votos. Yo creo que se producirá en su momento una tensión también en la que se va a retratar cada cual en el espacio de la izquierda, cuando se acerquen generales. Aunque haya posiciones ahora mismo que tengan decidido no ir en unidad en ningún caso, puede que, en la última curva hacia las generales, esa posición pueda tambalearse por una simple cuestión de responsabilidad”.

“Estos tiempos de guerra y a la vez en lo interno, tiempos electorales, retratan todavía más y cada vez con más profundidad los efectos que tienen la desinformación, los bulos, los engaños, las intoxicaciones y además utilizadas con la potencia de herramientas ahora como la inteligencia artificial. Nos obliga a reivindicar la necesidad de un periodismo riguroso, fiable, comprobable, que rectifica los errores y que confía y depende de los lectores. Por eso yo siempre insisto en reclamar la responsabilidad de todos y de todas para contribuir a ello, para suscribirse a los medios de los que consideren que pueden fiarse y a los que pueden exigir con total transparencia lo que esperan de ellos. Son tiempos en los que el periodismo se juega mucho, pero porque además la democracia se juega mucho. Es importante que tengamos una conciencia colectiva porque nos jugamos derechos y mimbres fundamentales de la convivencia. Deberíamos pensar ya como ciudadanos globales que somos y debemos decidir si queremos un modelo de convivencia razonable, que respeta los derechos de los demás, que cuida a la gente, que confía en lo público como la única manera de arroparnos o si preferimos un modelo en el que hay un grupo exclusivo de tecnojetas que lo controlan todo y controlan incluso los movimientos políticos que sirven prioritariamente para sus intereses económicos y, en segundo lugar, para imponer ideologías que van desgastando las democracias. Por eso hace falta más y mejor periodismo, por modesto que sea el proyecto y la comunidad que arropen”.

“Esta semana hemos vivido una situación que yo creo que debe tocar la fibra también sentimental, emocional, más profunda de todos, que es el caso de Noelia. Hemos visto, por parte de algunos medios audiovisuales y de muchos espontáneos en las redes sociales, cómo se convertía incluso en espectáculo la decisión de alguien, en este caso Noelia, una chica de 25 años, de morir dignamente. Una lucha en la que llevaba ya años que, menos mal, se arropó ya por ley. Hemos vuelto a vivir cómo terceras personas, por muy familia directa que sean, condicionadas o manipuladas por organizaciones ultrareligiosas, han sido capaces de dilatar durante años la decisión de alguien de morir dignamente. ¿Qué más hace falta para que nos demos cuenta de lo importante que es proteger los derechos de todos y cada uno? Y a la vez la necesidad de ejercer un periodismo y unos medios que no conviertan en espectáculo crematístico lo más íntimo de un ciudadano o de una ciudadana, su propia muerte. Debería servirnos esto de lección para no colaborar, no ser cómplices de algo tan deleznable como lo que hemos visto. Los datos que ofrecen las asociaciones por una muerte digna son que desde que se aprobó la ley, desde 2021, van unas 1.500 eutanasias practicadas por la vía legal, con todos los filtros, las condiciones que establece la ley para poder ejercer esa decisión. La mayoría de los casos se resuelven bien, como quiere la persona que ejerce ese derecho. Pero un caso como el de Noelia debería hacernos pensar sobre la protección de un derecho fundamental y el respeto a la intimidad de alguien por parte de quienes se hacen pasar por periodistas o por medios de información. Por cierto, gentuza que se indigna muchísimo con la muerte voluntaria de Noelia, pero no mueve una ceja con los asesinatos cometidos por la violencia machista”. 

Acabamos de cumplir 13 años en infoLibre. Ha sido una carrera de obstáculos porque un proyecto que desde el principio apostó por la suscripción, por dar valor a los contenidos periodísticos, por aportar la máxima transparencia en lo que es una empresa periodística, quiénes la forman, quiénes son los accionistas, de dónde vienen los ingresos, etcétera. Ha sido una travesía que en lugar de 13 años de verdad que parecen 50, pero yo creo que merece la pena destacar que infoLibre está ya en el camino de la consolidación. Hemos dado un resultado positivo en este año y en el curso anterior también, y eso nos permite reforzar áreas en las que siempre hemos competido con una mano atada a la espalda, sin poder utilizar herramientas tecnológicas y recursos profesionales a los que no podíamos llegar. Necesitamos seguir creciendo. Yo por eso siempre hago el llamamiento: únete a una comunidad donde tú además vas a poder participar, tener todos los datos sobre lo que se hace o no se hace y por qué se hace y contribuir a mejorar el proyecto periodístico y poder distinguirlo de todo eso que nos satura. Todos los estudios indican que mucha gente está ya desbordada creyendo que no puede soportar tantos datos como le llegan, sobre todo porque es cada vez más difícil distinguir lo verdadero de lo falso, los hechos de las intoxicaciones. Yo animo a participar en un proyecto como infoLibre. Se puede participar en varios a la vez porque el coste es muy barato si lo pensamos fríamente y merece la pena apostar por una información fiable”. 

España acaba de comunicar a la Comisión Europea que retira una ayuda de cerca de 20,7 millones de euros que otorgó en 2017 a Stellantis, entonces aún Peugeot Citroën Automóviles España SA, para su fábrica de Vigo, tras no poder justificar su legalidad durante una investigación que ha durado cerca de siete años. La ayuda la otorgó el Gobierno de Mariano Rajoy sin “ninguna obligación de nuevos puestos de trabajo” y la Comisión Europea dudó de que contribuyese al desarrollo de Galicia. Ahora, el Gobierno de Pedro Sánchez retira la ayuda y la UE cierra la investigación.

La ayuda de 20.660.434 euros fue otorgada en diciembre de 2017 al amparo de “incentivos regionales para la corrección de los desequilibrios económicos territoriales” y ya desde su concesión estaba condicionada a una posterior revisión por parte de la Unión Europea. En teoría la subvención debía ir dirigida a innovaciones en el proceso global de producción de automóviles, pero la Comisión Europea sospechó que en realidad iban destinadas a una mejora puntual de la técnica empleada en la fábrica viguesa de una gran empresa, lo que supondría afectar a la libre competencia dentro de la UE con una ayuda de Estado.

La Comisión Europea incoó un “procedimiento de investigación formal” el 1 de julio de 2019 y medio año después, en enero de 2020, desveló en qué se basaban sus objeciones, que fueron varias.

Por un lado, la Comisión Europea manifestó “sus dudas en cuanto a la contribución de los proyectos de inversión al desarrollo de la región en cuestión”, en referencia a Galicia. Puesto que eran unas ayudas estatales de finalidad regional, la UE analizó ese efecto regional y constató que la inversión prevista para Vigo se produciría en detrimento de otra fábrica de la misma empresa en la región eslovaca de Trnava.

“La ayuda pudo desviar la inversión a Trnava, donde, sin ninguna ayuda, a primera vista parece que la ejecución de la inversión habría sido más viable”, decía la Comisión, que añadía que “la inversión habría sido más rentable económicamente o más viable en esa otra localización, al menos igual de desfavorecida”.

Por otra parte, la Comisión Europea también puso el foco en la ausencia de creación de empleo con las inversiones que la empresa iba a realizar con la ayuda recibida. “No existe ninguna obligación de crear nuevos puestos de trabajo”, decía el ejecutivo comunitario, que incluso señalaba que “el número de empleos desciende después de la inversión” y dudaba de las “intenciones” de la empresa “sobre el número de empleos una vez transcurrido” el período de dos años tras la inversión en el que se comprometía “solamente” a mantener el empleo.

La investigación de la Comisión Europea se prolongó durante cerca de siete años sin que España fuera capaz de dar respuesta a todas las objeciones formuladas por la UE. Finalmente, el pasado 28 de enero el Estado “retiró su notificación” de la ayuda a la UE, es decir, la comunicación de la subvención para que fuera revisada por Bruselas antes de su otorgamiento efectivo. Y ahora, dado que España “no continuará con el proyecto de ayuda”, la Comisión decide “concluir el procedimiento de investigación formal”.

“Ladran, luego cabalgamos”. María Jesús Montero cerraba así este miércoles su última intervención en la sesión de control en el Congreso como vicepresidenta primera. Yolanda Díaz la abrazaba con fuerza. Y todos los diputados del PSOE y de Sumar se pusieron en pie para aplaudirla. Una ovación larga y cerrada. Se despedía una de las piezas esenciales del Gobierno de coalición. Rumbo al sur. A su tierra.

Montero deja un vacío enorme, como confiesan miembros del Gobierno y dirigentes de los partidos de la izquierda. Cuando abandonó, por ejemplo, el Hemiciclo en esa sesión se encontró en el pasillo a Teresa Jordá, de ERC, y las dos se plantaron dos sonoros besos a modo de adiós y de reconocimiento.

La líder del PSOE andaluz se ha convertido en una de las personas por cuyas manos ha pasado la historia política de los últimos años. Su papel ha sido clave para las complicadas negociaciones con todos los grupos políticos. El presidente le confió ese delicado rol junto a Félix Bolaños para rearmar semana tras semana la mayoría parlamentaria que parecía diluirse cada segundo. 

Y con todos sus interlocutores labró una estrecha relación a pesar de las duras negociaciones. “Es muy peleona”, como reconoce una persona que se sentaba con ella a pactar cada medida. El único puente que no se consolidó fue con Junts, ya que ella nunca se entendió con Míriam Nogueras, como reconocen en los dos lados. En cambio, siempre hubo un profundo respeto y diálogo con Esquerra, tanto con Gabriel Rufián como con Oriol Junqueras (los dos se conocían de su época como responsables económicos de la Junta de Andalucía y de la Generalitat de Cataluña).

Montero recibió en junio de 2018 una llamada de Pedro Sánchez que nunca se había esperado. Los dos apenas se habían tratado y ella era una de las manos derechas de Díaz en el Gobierno andaluz (aunque en privado nunca estuvo de acuerdo con la forma en la que su compañera orquestó el asedio contra el secretario general). 

Dio el salto entonces a Madrid. Y empezó el juego de equilibrios de poder con la cartera de Hacienda por un lado y con Economía por otro lado pilotada por Nadia Calviño. Pero, lejos de los enfrentamientos alimentados por algunos medios y de sus diferentes caracteres y procedencias, las dos hicieron piña y forjaron una poderosa amistad. Se referían entre ellas como “mellizas”.

Montero siempre se ha caracterizado por su carácter positivo y combativo. Sus peores momentos en lo personal en el Gobierno, según fuentes cercanas a la vicepresidenta, fueron los meses de la pandemia. Estaba sola en Madrid, mientras toda su familia residía en Sevilla. Su padre ya estaba enfermo. A la dirigente socialista le costaba hacer incluso videollamadas porque se le saltaban las lágrimas.

Pero, a la vez, el trabajo hecho durante la pandemia del coronavirus es lo que le provoca más orgullo al dejar su cargo. Además, una de las reflexiones que más hace estos días en privado es la ofensiva que ha tenido que sufrir durante estos años por parte de las derechas. Pero no por el ataque político, sino por la operación de deshumanización contra ella y contra los miembros del Gobierno, empezando por el presidente.

La hoy candidata del PSOE de Andalucía ha sufrido durante estos casi ocho años en el Ejecutivo continuas mofas por su acento andaluz, poniendo en cuestión su preparación (ella es médica y a los 26 años ya dirigía un hospital público). De manera despectiva se han referido a ella la derecha política y mediática como “Chiqui”. Ese nivel de ataque se ha evidenciado hasta el último minuto cuando el presidente de Aragón, Jorge Azcón, la ha menospreciado por su físico. 

Ella siempre ha dicho que su personalidad la ha llevado a poder capear un ambiente tóxico en la política impulsado tanto por el Partido Popular como por Vox. Sobre este tema ha mantenido muchas conversaciones con el presidente del Gobierno, de quien siempre ha admirado su capacidad de resistencia y su modo de trabajar como si fuera un deportista de élite.

Una de las reflexiones que hace durante estos días es que la derecha vicia el clima político cuando está en la oposición y que, además, desvía los temas de la actualidad. Una queja que hace en privado es que muchos asuntos de calado quedan debajo del radar de la opinión pública. Por ejemplo, la reforma de la financiación quedó en un asunto anticatalanista cuando la gran revolución es que la Administración General pierde poder económico para dárselo a las autonomías para la sanidad y la educación.

Montero es de las pocas personas con las que consulta todo el presidente. Un grupo en el que también están los ministros Bolaños, Óscar López y Óscar Puente. Con ellos compartió otro de los momentos más duros: los cinco días de reflexión de Sánchez. Su discurso aquel sábado en el Comité Federal del PSOE fue uno de los más difíciles, aunque, en la intimidad, siempre ha confesado que nunca llegó a ponerse en la situación de tener que asumir la Presidencia y que confiaba en convencerlo para que siguiera.

Otro de los momentos más amargos fue la irrupción de los casos Ábalos y Cerdán. Nunca se imaginó nada y sintió verdadero asco cuando leyó algunas de las conversaciones que han ido apareciendo en los sumarios. Pero, se llevó un chasco especialmente con Cerdán, ya que él siempre hacía gala de una vida muy austera. Le mintió incluso en la cara cuando iba a criticar al valenciano a la propia Montero. Eso lo lleva grabado a fuego.

En cambio, en el lado bueno de estos años, está la relación con la prensa. Se ha convertido en la ministra más cercana a los periodistas y defiende en privado que siempre ha aceptado con “deportividad” todas las informaciones y que nunca ha llamado a un director de un medio para quejarse por alguna noticia.

Montero apenas para un minuto y todos sus colaboradores rememoran las jornadas eternas de trabajo con ella. Su equipo es casi una familia, con muchos de sus integrantes provenientes de su época en la Junta de Andalucía. Y los pocos momentos de descanso los suele emplear en actividades culturales. Durante su estancia en Madrid le ha gustado escaparse al teatro, algunas veces, por ejemplo, junto a Adriana Lastra para ver la obra de Jorge Javier Vázquez.

Ahora le toca volver a Andalucía. El PSOE-A fue a buscarla, como dicen algunos dirigentes, en mitad de una marejada interna por el liderazgo fallido de Juan Espadas y tras los últimos desastrosos años pilotados por Susana Díaz. Una operación con el beneplácito de Sánchez. Ella lo aceptó por su voluntad de “servicio público”, como señalan fuentes conocedoras, y por su sentido de la política: estar donde se es más necesario. Y salta en unas condiciones muy complicadas, con todas las encuestas apuntando una holgadísima mayoría absoluta entre el PP y Vox. 

Su idea es hacer mucha pedagogía, como explican en su entorno, sobre todo lo que ha hecho en el Gobierno. El PP explota los acuerdos con partidos independentistas, pero ella va a poner sobre la mesa que Andalucía es la más beneficiada por la quita de la deuda y por el nuevo sistema de financiación autonómica. Asimismo, planea centrarse en la defensa de los servicios públicos y convertir estos comicios en un “gran referéndum” sobre la sanidad. También se focalizará en temas como la vivienda y la dependencia.

Montero no quiere perder ni un minuto. Es su estilo. Su cumpleaños, que fue en febrero, ni siquiera lo ha celebrado. Ya le ha dicho a los suyos que lo hará en junio. Ahora solo puede pensar en el 17M.

La semana ha estado calentita por varios asuntos —¿y qué semana no?—. Por un lado, la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso para hablar de la posición de España ante la guerra de Irán. La derecha, como es habitual, tiró de ETA, Cuba y la inmigración para salir del paso, además de tratar de hacer suyo el 'No a la guerra'. Pero sin duda, fue Feijóo en la posterior sesión de control al Gobierno quien se convirtió en el meme de la jornada por uno de sus habituales patinazos. Tras el mítico Anatop at de hace unos meses llega Delson Mandela. Este error del líder del PP se hizo viral en redes y dio para muchas risas. "Del creador de Anotop At (por Anatomía de un Instante) y Bruce Esfínter (por Bruce Springsteen) llega “Delson Mandela”. Que le hagan los discursos más sencillitos, que el pobre hombre no llega. Por caridad", se ríe @PiedrafitaMario, "En un debate para informar sobre la crisis ocasionada por la guerra ilegal de Irán la derecha española está hablando de Cuba, ETA e inmigración", analiza @pasanospoco, "Del creador de Anatop At, 'Brifín' o "como escrita por Orwell allá por el año 84"... hoy llega "Delson Mandela". No sabe ni cuál es la capital de Irán... Y este individuo pretende ser presidente con Abascal Obhescal de vicepresidente", critica @maria_LAtatus.

Por otro lado, las convocatoria de elecciones en Andalucía trajo consigo una crisis de Gobierno. María Jesús Montero, la candidata del PSOE a presidenta de la Junta tenía que dejar su puesto como vicepresidenta primera del Gobierno: ¿quién la sustituiría? Las quinielas han estado activas toda la semana hasta que, finalmente, el jueves por la tarde Pedro Sánchez movió ficha e hizo el anuncio: Carlos Cuerpo, ministro de Economía, será el nuevo vicepresidente y Arcadi España, el nuevo ministro de Hacienda. Las redes han estado a tope con este asunto y también le han dado al meme para comentarlo: "Por favor, necesito que el Perro Sanxe declare, entre risas sofocadas, que ha nombrado al nuevo vicepresidente porque se lo pedía el cuerpo", fantasea ‪@hankysolo.bsky.social‬, "De presidente, el guapo, y de vicepresidente, el cuerpo, estamos como queremos", se ríe @DonMitxel_I.

Por último, el lunes empezaba calentito a causa de la discriminación por parte de una cofradía de Sagunto que no acepta mujeres. Las redes han ardido de indignación.

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Pedro Sánchez es economista de profesión. Y eso lo lleva grabado a fuego. La sustitución de María Jesús Montero en la Vicepresidencia Primera y en Hacienda era un reto mayúsculo para él. Tenía claro que quería mandar un mensaje claro: gestión en unos tiempos económicos convulsos marcados por la guerra de Irán. Para ello impulsa al tándem Carlos Cuerpo-Arcadi España.

Sánchez realizó este jueves su quinto cambio de Gobierno en lo que va de legislatura. No se adentró en una profunda crisis de varios ministerios, sino que optó por una remodelación quirúrgica con Cuerpo ascendiendo a la Vicepresidencia Primera, además de mantener la cartera de Economía, e incorporando a Arcadi España como responsable de Hacienda. Pero, a pesar de que los movimientos son concretos, los nombramientos tienen una honda carga política. 

A partir de este momento, Cuerpo se convierte en el número dos del Gobierno. Se trata de un perfil bastante técnico y con buena reputación dentro de la Administración, pero con una imagen que ha calado en la sociedad española. Sus formas educadas y tranquilas lo han aupado en estos tiempos de polarización a ser el ministro mejor valorado por los ciudadanos, según el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

Al ministro de Economía le acompañan, además, las cifras macro, con España encabezando el crecimiento de las economías más desarrolladas. El modelo español es citado en foros y medios internacionales, incluso en los más conservadores. Desde el foro de Davos hasta Financial Times y The Economist. El ministro asimismo domina varios idiomas y muchos ciudadanos tienen en la retina su imagen hablando japonés durante una visita oficial a Tokio.

Ese perfil políglota e internacional es una debilidad para el presidente del Gobierno. Cuerpo entronca en ese sentido con dirigentes como Nadia Calviño, Teresa Ribera, José Manuel Albares, Luis Planas y Sara Aagesen. Precisamente Calviño es su gran madre política. Él creció dentro de Economía junto a ella, que lo nombró secretario del Tesoro. Y también fue ella quien convenció a Sánchez de que lo nombrara en su puesto cuando dio el salto al Banco Europeo de Inversiones (BEI).

Cuerpo ha cogido desde entonces mucho vuelo y también hizo muy buen equipo con la todopoderosa María Jesús Montero. Y eso que el esquema es complicado y dado a las rivalidades por la separación de Economía y Hacienda. Además, su protagonismo ha ido in crescendo por su papel durante la guerra arancelaria iniciada por el presidente de EEUU, Donald Trump, y especialmente por ser el encargado de pilotar el paquete de ayudas para paliar los efectos de la guerra de Irán.

Precisamente su nombramiento como vicepresidente primero llegó poco más de una hora después de que el Congreso diera su visto bueno al real decreto con las medidas, que el propio Cuerpo defendió desde la tribuna de oradores. Moncloa ha mimado la figura del responsable de Economía en las últimas semanas, multiplicando sus apariciones en las ruedas de prensa posteriores al Consejo de Ministros.

Pero no todo es placidez en el trayecto político de Cuerpo. Dentro del Ejecutivo son conocidos sus enfrentamientos con el ala de Sumar, especialmente con la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, con quien mantiene actualmente un duro pulso por la aprobación del reglamento para endurecer el registro horario. La lucha fue también encarnizada durante la negociación interna para el fallido proyecto de ley de reducción de la jornada laboral, con Díaz llegando a llamar “mala persona” al titular de Economía. El socio minoritario del Ejecutivo lo suele calificar como un “liberal con zapatillas”.

La figura de Cuerpo, en cambio, responde a las esencias de la socialdemocracia. Proveniente de una familia extremeña muy humilde, se crio en Suiza donde emigraron sus padres buscando progresar. Él luego estudiaría en la Universidad de Extremadura y pasaría por la London School of Economics y la Autónoma de Madrid. Posteriormente se sacaría la oposición para el Cuerpo de Economistas del Estado.

La defensa de lo público está en su ADN. Es su historia familiar. La de miles de extremeños. Él mismo la verbalizó el día que tomó posesión como ministro de Economía: “Soy consciente de las oportunidades que he ido teniendo porque estoy sentado a hombros de gigantes. Mi abuelo nació en los años veinte y cuando era muy pequeño estalló la Guerra Civil. Apenas pudo estudiar y con nueve años tuvo que empezar a trabajar arrimando arena y subiéndola a su burro o haciendo de pinche en la mina de wolframio. Era de Valle de la Serena, en Extremadura. La obsesión de mi abuelo era poder dar una educación a sus hijos. A fuerza de sacrificio consiguió mandar a mi madre y a mi tío también con nueve años al colegio de la capital. A Madrid no, a Badajoz”.

“Siguiente generación: este sentimiento queda marcado a fuego en mi madre. Junto con mi padre, tiene la valentía de tomar la decisión importante de emigrar. Nos vamos a Suiza. Nos quisieron dar las oportunidades que ellos no habían tenido como aprender idiomas y tener una visión del mundo más abierta. Yo tenía nueve años también”, comentó, para luego decir que su hija tiene ahora esa edad.

Ahora Cuerpo tendrá que formar tándem profesional con Arcadi España, que coge las riendas del Palacio de la Aduana para capitanear Hacienda. Aunque su nombre es desconocido para el gran público, este dirigente socialista está fuertemente asentado en el Gobierno (hasta ahora ha sido secretario de Estado de Política Territorial) y en el partido (forma parte de la Comisión Ejecutiva del PSOE).

Su nombramiento tiene varias lecturas políticas. Y una de ellas es que el socialismo valenciano coge todavía más poder en un momento en el que los socialistas se han marcado como una de sus grandes metas recuperar esa comunidad autónoma. Sánchez está rodeado ahora mismo de valencianos. En el Ejecutivo están Diana Morant, al frente del Ministerio de Ciencia, y Lydia del Canto, secretaria de Estado de Comunicación. Además, en Ferraz están Rebeca Torró (secretaria de Organización) y Pilar Bernabé (responsable de Igualdad).

España es una de las personas de máxima confianza del expresidente valenciano Ximo Puig, muchos lo definían como el gran delfín para la sucesión levantina. No es un novato en la cartera que asume, ya que fue el conseller de Hacienda de la Generalitat, donde llevó a cabo una profunda reforma fiscal. 

Esa experiencia ha sido determinante para llegar hasta el ministerio, pero también su sensibilidad para tejer consensos en una coalición como la actual con Sumar. España sabe lo que es tener que lograr puntos de encuentro con su izquierda en un tema tan delicado como son los impuestos. Ya lo vivió en primera persona durante aquellos años en el Govern junto a Compromís. 

Pero hay otro flanco importantísimo en el nombramiento de España: es un convencido federalista. Este punto es esencial para un Gobierno que depende de socios como Esquerra, Junts, el PNV, EH Bildu, Compromís y el BNG. Tiene, por ejemplo, por delante el gran reto de sacar adelante en el Congreso la reforma de la financiación autonómica planteada por Montero. 

El otro gran reto que tiene ahora es pilotar el Consejo de Política Fiscal y Financiera, el órgano en el que están presentes las comunidades (la mayoría de ellas en manos del Partido Popular). Su papel como secretario de Estado de Política Territorial le ha servido durante estos años para ir tejiendo relaciones con las diferentes autonomías y conocer de primera mano las necesidades de cada territorio. 

Y, por supuesto, le tocará liderar la presentación del proyecto de presupuestos generales del Estado, que el Gobierno quería presentar en las próximas semanas, pero que se ha aplazado por la presentación del decreto de medidas por la guerra de Irán. Este punto puede ser crucial para poder agotar lo que queda de legislatura, aunque Sánchez ya ha dicho que no adelantará las elecciones aunque el Congreso no dé el visto bueno a las cuentas públicas.

El tándem Cuerpo-España llega con galones económicos. Pero, ahora, le toca jugar en la primera línea política, donde no valen solo los números.