El decreto anticrisis aprobado este viernes por el Gobierno para responder al impacto económico de la guerra en Irán —con 80 medidas y que acarreará una factura de 5.000 millones de euros— salió adelante tras una mañana de tensión entre los socios del Ejecutivo. El choque provocó un inédito plante de los cinco ministros de Sumar, lo que acabó retrasando en dos horas el Consejo de Ministros extraordinario. Durante ese lapso de tiempo, la vicepresidenta Yolanda Díaz fue la encargada de negociar con el presidente Pedro Sánchez la inclusión de medidas sociales, al considerar que el paquete inicial era, en esencia, una "mera bajada de impuestos".

El socio minoritario del Ejecutivo llevaba días reclamando que el decreto no se limitara a rebajas fiscales y que incorporara mecanismos de protección para los inquilinos y medidas contra los beneficios extraordinarios derivados de la crisis. Finalmente, tras el órdago de Sumar, se acordó dividir la respuesta en dos decretos, uno centrado en energía, fiscalidad y ayudas a sectores afectados, y otro con medidas de vivienda exigidas por Sumar, como la congelación de alquileres y la prórroga extraordinaria de contratos. Los dos socios del Ejecutivo lograron cerrar rápidamente su crisis interna inmediata, pero a costa de trasladar el conflicto al Congreso, en el que cada decreto afronta mayorías distintas e inciertas, especialmente el relativo a la vivienda, como ha dejado claro Sánchez.

En la rueda de prensa posterior al Consejo, el socialista intentó dar por cerrada la crisis reivindicando la "capacidad de diálogo y de acuerdo" y minimizó el choque. "Entiendo que el salseo es interesante para los medios, pero hablamos de un plan muy relevante", afirmó, tras afirmar que las coaliciones están a la orden del día en "la política del siglo XXI". El presidente del Gobierno definió el paquete como el "mayor escudo social" de la UE, reivindicó el modelo energético de España y sostuvo que el país llega mejor preparado que otros de la Unión Europea por el peso de las renovables y el precio de la energía por la excepción ibérica.

Por su parte, en Sumar reconocen que se vivieron momentos muy críticos, aunque su portavoz y ministro de Cultura, Ernest Urtasun, aseguró en declaraciones que en ningún momento se plantearon salir del Ejecutivo. Con todo, también dejó claro que no estaban dispuestos a aceptar que el Consejo de Ministros no protegiera a los inquilinos y no diera esa batalla por miedo a Junts. "Ahora a pelear los votos, y es lo que vamos a hacer", planteó. Para el socio minoritario, el Ejecutivo no podía aprobar únicamente medidas de reducción de impuestos que pueden acabar beneficiando más a las empresas que a los consumidores.

El de la vivienda es, además, un asunto capital para los de Díaz ya que supone es uno de los principales factores de gasto para las familias. Ante la subida de precios generalizada, podría verse agravado en un eventual escenario de aumento de la inflación. Aunque el PSOE era reticente a aceptarlo e incluso la ministra de vivienda, Isabel Rodríguez, llegó a decir que no tenía cobertura legal, finalmente se incluyó en otro Real Decreto, que prorroga de manera los contratos de alquiler que acaban entre el 21 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027. Sin embargo, en Sumar son conscientes de que Junts y el PNV, especialmente el primero, no comparten la iniciativa y tratarán de convencerlos mediante la negociación pero también a base de presión de las calles con movilizaciones.

Por lo que respecta a la derecha, el principal partido de la oposición tenía previsto valorar las medidas antes de que se produjera el choque entre ambos socios a través de su vicesecretario de Economía, Alberto Nadal. Pero tras el desencuentro, el Partido Popular aprovechó para convertirlo en un monográfico sobre la situación interna del Ejecutivo a través de su secretario general, Miguel Tellado. El dirigente del PP compareció desde la sede de Génova y centró buena parte de su intervención en el "espectáculo" del Gobierno en lugar de hacerlo en el contenido del "decreto de derechas", en sus palabras, en referencia al anticrisis.

El número dos de Alberto Núñez Feijóo lo calificó de "esperpento", cargó contra la escena de los ministros de Sumar retrasando el Consejo y presentó el episodio como una prueba de que el Gobierno carece de cohesión y de autoridad. "Sánchez debería acuñar el 'No a la guerra' en el Consejo de Ministros", ironizó el dirigente del PP. Con todo, aseguró que su formación estudiará el decreto económico tras incluir rebajas fiscales que los populares llevan tiempo reclamando. "Las medidas de Sánchez eran nuestras y han sido ridiculizadas. Bienvenido a la fachosfera", llegó a decir, si bien concretó que antes de decidir "estudiarán" el texto.

Pero de puertas para fuera lo que el PP quiere que cale no es la efectividad de las medidas, sino la debilidad del Gobierno por la supuesta cesión de Sánchez ante "los ministros en rebeldía" de Sumar. "No solo le extorsiona Bildu, ERC, Junts y los partidos minoritarios, sino también el partido que forma parte de su coalición", argumentó Tellado. Los conservadores buscan que cale el relato de un gabinete roto, porque creen que eso es más eficaz que confrontar técnicamente el Real Decreto. Una crítica que, además, contrasta con la debilidad de los Ejecutivos autonómicos compartidos por el PP. Los conservadores rompieron los gobiernos con Ciudadanos para quitárselos de en medio y Vox hizo lo propio con ellos en verano de 2024.

El dilema para Génova es evidente y por eso quieren evitar que el foco se centre en las rebajas tributarias, porque entonces les resultaría más difícil oponerse al contenido, de ahí que la crítica se desplace hacia la forma, el método y la bronca interna. Aun así, fuentes del equipo de Feijóo han querido dejar claro que su posición sobre el texto anticrisis "se especificará en el momento oportuno" —el de vivienda ya han anunciado que lo rechazarán— y apelan al presidente del Gobierno a "ir convenciendo a todos sus socios de investidura de que le apoyen" en ambas votaciones.

A esto se le suma la posición de los socios de investidura. En el caso de Junts, reivindicó como propias algunas de las rebajas fiscales y energéticas del decreto económico y dejó ver que su disposición a apoyar ese texto no se extiende automáticamente al decreto de vivienda. Una postura enfrentada a la de ERC y Bildu, que han puesto valor la intervención de Sumar para incluir medidas sobre alquileres y protección social. "El movimiento de Sumar está muy bien, la vivienda se tiene que arreglar o no hay izquierda que valga", señaló el portavoz de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián.

En el comunicado difundido a la prensa, desde el partido de Carles Puigdemont señalan que el Ejecutivo "ha comprado" sus propuestas de rebaja del IVA del 21% al 10% en carburantes, electricidad y gas, además de otras medidas fiscales. Para la derecha independentista catalana se trata de una "condición clave" para valorar su voto favorable al primer decreto por su efecto sobre "la clase media y trabajadora", autónomos, pequeñas empresas y transporte. En la formación jetzale, por su parte, subrayan que el Real Decreto con las medidas anticrisis "sigue la filosofía de las 31 medidas propuestas por el Grupo Vasco", centradas en ayudas directas e iniciativas fiscales para transporte, industria, ganadería y pesca. Ninguno de los dos revela, por ahora, qué harán con el de vivienda.

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha anunciado este viernes que no respaldarán el decreto ley sobre medidas de vivienda, uno de los dos aprobados este viernes en Consejo de Ministros extraordinario, mientras que el otro de medidas anticrisis lo analizarán "en profundidad" para decidir su voto.

Tellado lo ha apuntado así en rueda de prensa en la sede del partido después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya anunciado la aprobación de ambos decretos ley en la Moncloa, los cuales tendrán que ser convalidados próximamente en el Congreso, aunque surtirán efecto desde su publicación.

El número dos del PP ha llamado al decreto ley de vivienda, "el de izquierdas", al provenir de Sumar, mientras que el otro, "el de derechas", ha dicho que incluye medidas ya propuestas por el PP, por lo que ha añadido dirigiéndose a Sánchez: "Bienvenido a la 'fachosfera'".

Fuentes del PP han precisado que su voto a favor solo estaba garantizado si el decreto con las medidas frente a la guerra incluía "todas y cada una" de sus propuestas y ninguna otra.

Estudiarán el texto que publique mañana el Boletín Oficial del Estado y tomarán una decisión más adelante, pero "Sánchez haría bien en ir convenciendo a todos sus socios de investidura de que le apoyen", apunta.

Tellado ha advertido de que Sánchez ha sido chantajeado por los ministros de Sumar y ha subrayado que "un presidente digno de serlo les habría cesado en cinco segundos", por el plante que ha retrasado el inicio de la reunión del Consejo de Ministros casi tres horas.

Además, ha criticado que el presidente se dedique a desafiar a Donald Trump y a Javier Milei, mientras "le doblan el pulso" Ernest Urtasun, Yolanda Díaz o Sira Rego.

Ha dicho que Sánchez es "un problema con patas", "un presidente vapuleado" e "hipotecado" que ni merece "tal nombre", para añadir: "Allá cada cual cómo entiende lo que es ser presidente del Gobierno".

"Su dignidad política está por los suelos", ha continuado, debido a que, en su opinión, "para que ese Consejo de Ministros se pudiese celebrar tuvo que dar su brazo a torcer y aceptar elaborar otro decreto".

También ha apuntado que "España merece que los ciudadanos puedan expresar y decidir la España que quieren en las urnas, democráticamente, y dejar atrás este esperpento que es el 'sanchismo'", en el que los ministros se dedican a "pelearse entre ellos", en una "batalla campal" protagonizada por los del 'no a la guerra'.

"La mitad del Gobierno amotinada contra la otra mitad", ha descrito Tellado, además de llamarlo "duelo a garrotazos" en un "Gobierno en llamas", el cual "no puede seguir ni un día más".

Hay un experimento clásico en psicología cognitiva que debería colgar enmarcado en la sede del Partido Popular y en la de Vox. En 1977, la psicóloga Lynn Hasher demostró en laboratorio lo que la propaganda política había intuido desde mucho antes: cuando una afirmación falsa se repite suficientes veces, el cerebro humano comienza a procesarla como verdadera.

No porque la persona sea estúpida. Sino porque la familiaridad con un enunciado genera una sensación de fluidez mental que el cerebro interpreta, de forma automática, como veracidad. Lo llamaron “efecto de la verdad ilusoria”. Estudios posteriores han demostrado algo aún más inquietante: el efecto funciona incluso cuando la persona sabe de antemano que la afirmación es falsa. Y también con personas de alto nivel educativo y capacidad analítica.

PP y Vox lo saben. No necesariamente porque hayan leído a Hasher, sino porque llevan años aplicando el principio con disciplina y coordinación: repetir, repetir y repetir, con independencia de lo que digan los datos, los jueces, los científicos o las estadísticas oficiales. Lo que la filósofa Hannah Arendt llamó, con precisión quirúrgica, “defactualización”: la destrucción sistemática de la capacidad colectiva de distinguir hechos de opiniones.

Lo explicó hace unas semanas, con otras palabras, la excongresista MAGA Marjorie Taylor Greene: “Donald Trump ha entrenado a nuestro bando para no disculparse nunca y no admitir sus errores”. La consigna es: “Simplemente sigue machacando a tus enemigos, pase lo que pase”.

La estrategia no persigue el debate racional. Quien la entiende como tal ya ha perdido. Su objetivo no es que el ciudadano le dé la razón, sino que acabe dudando de la realidad. Que ante dos versiones opuestas —una respaldada por estadísticas oficiales, sentencias judiciales o datos científicos, la otra repetida hasta el agotamiento por líderes con alta visibilidad mediática— el receptor no sepa a qué atenerse. En ese estado de confusión, el sesgo de confirmación hace el resto: cada persona tiende a quedarse con la versión que encaja con sus emociones previas.

La técnica tiene cuatro patas que se sostienen mutuamente. La primera es la afirmación sin pruebas presentada como evidencia. No se dice "creemos que" o "hay indicios de que", sino certezas rotundas, sin matices, expresadas con la solemnidad de quien tiene documentos sobre la mesa aunque no los enseñe nunca. Sobre corrupción, sobre prostitución, sobre enfermedades, sobre la autoría de los atentados del 11M, sobre cualquier asunto que implique poner bajo sospecha al Gobierno.

Se escuchan cada semana en las ruedas de prensa e intervenciones públicas de los principales dirigentes de la derecha: Alberto Núñez Feijóo, Miguel Tellado, Cuca Gamarra, Esther Muñoz (la portavoz que hace ahora un año aseguró que no necesitaba pruebas “absolutamente de nada” para hacer acusaciones gravísimas), Santiago Abascal, José María Aznar o Isabel Díaz Ayuso. En ruedas de prensa y en el Pleno del Congreso, en particular en las sesiones de control, que aseguran visibilidad en todos los informativos.

La segunda es la repetición milimétrica: el mismo dato falso, el mismo encuadre ("lo sabía y lo tapó", por ejemplo, sin una sola prueba que lo sustente), el mismo adjetivo, semana tras semana, en rueda de prensa, en mitin, en debate parlamentario, en entrevista de radio.

La tercera es la inmunización al desmentido: cuando un verificador, un juez o la institución competente desmiente la afirmación, la respuesta no es retractarse sino atacar la fuente —"el Gobierno manipula los datos" o "los medios están al servicio de Sánchez"—.

La cuarta es el ecosistema amplificador: una cadena de medios afines, cuentas de redes sociales coordinadas e influencers y youtubers que repiten el mensaje hasta que la mentira ocupa el espacio que debería ocupar la realidad.

El estratega político de la posverdad no quiere que podamos estar en desacuerdo sobre los hechos, sino con ellos mismos, como si nos enzarzáramos en una lucha a brazo partido contra los hechos. Esa es la meta: no ganar el argumento, sino hacer que el argumento sea imposible.

Los ejemplos son tan abundantes que el verdadero problema para quien quiera analizarlos es la selección. Veamos algunos de los más persistentes.

Las violaciones. Quizá uno de los casos más documentados de manipulación estadística deliberada. Tanto PP como Vox han repetido en numerosas ocasiones que el número de violaciones en España ha aumentado más de un 200% desde 2018, cuando Sánchez asumió la presidencia. En julio de 2023, Abascal aseguró que habían aumentado un 250%; el candidato de Vox en Extremadura llegó a decir que el incremento fue del 460% en un debate electoral de diciembre.

Por su parte, Feijóo dijo en septiembre que habían crecido un 231%; el 3 de diciembre aseguró que el aumento había sido del 217% y, al día siguiente, que era del 227%. La variación en las propias cifras —que van del 217% al 460% según el día o el orador— revela que no se trata de un error de cálculo sino de una cifra elegida para impactar, no para informar.

La coartada argumental es comparar datos de 2018 con los actuales sin tener en cuenta el cambio normativo introducido en 2022, cuando agresiones y abusos sexuales comenzaron a contabilizarse de forma unificada. En otras palabras: no hay más violaciones. Hay más hechos que ahora se cuentan donde antes no se contaban. Es una distinción metodológica básica. Y se ignora por sistema.

La inmigración y la delincuencia. Es el gran vector de desinformación de la derecha española, y el que más consecuencias reales tiene sobre personas concretas y vulnerables. El binomio migrante-delincuente se construye a base de casos individuales elevados a categoría de tendencia, de estadísticas de fuentes no oficiales presentadas como si lo fueran, y de silencios estratégicos sobre los datos que contradicen el relato.

Los datos oficiales desmienten que España sea hoy un país más peligroso que cuando tenía menos inmigración: la tasa de criminalidad es de 40,6 delitos por mil habitantes en el primer trimestre de 2025, la más baja de la serie histórica según el Ministerio del Interior, mientras que en 2005 —cuando la población extranjera era menos de la mitad de la actual— era de 49,4 infracciones penales por cada mil habitantes. Es decir: mientras la inmigración se ha multiplicado, la criminalidad ha descendido. No hay correlación; hay correlación inversa.

Según cifras del INE correspondientes a 2024, el 71% de las personas adultas condenadas en España tiene nacionalidad española. Y los extranjeros que sí aparecen en estadísticas de condenados lo hacen en mayor proporción que su peso poblacional no porque sean más propensos al delito, sino por factores socioeconómicos y porque el sistema penal actúa con mayor dureza sobre quien carece de redes de apoyo jurídico y económico. Del total de delitos registrados en España en 2023, el 72,2% fueron cometidos por españoles.

Nada de esto ha detenido el discurso. Según un análisis de mensajes difundidos en redes entre abril y junio de 2024, la mitad de las publicaciones relacionadas con personas migrantes contienen información falsa, tergiversada o manipulada, y el 45% de las menciones engañosas se alinean con postulados de extrema derecha. La maquinaria funciona.

Lo más revelador del efecto práctico de este discurso lo ofrece un dato que conocen bien los sociólogos. Cuando el asunto desaparece de la agenda mediática o deja de ser usado como conflicto entre instituciones, la preocupación de los ciudadanos desciende de forma muy marcada. La preocupación no refleja una realidad objetiva cambiante. Refleja el volumen del altavoz.

La economía y el paro. Feijóo y Abascal han descrito durante años una España en descomposición económica, con cifras de pobreza extrema y desempleo catastrófico, mientras los datos del INE, la Seguridad Social y Eurostat pintaban un cuadro sustancialmente distinto. Cuando el Gobierno aprobó la reforma laboral, auguraron una destrucción masiva de empleo. Cuando se subió el Salario Mínimo Interprofesional, pronosticaron una catástrofe. Los datos no les dieron la razón en ninguno de los dos casos, pero las predicciones apocalípticas no se retiraron ni se reconoció el error: simplemente se sustituyeron por nuevas predicciones calamitosas basadas en afirmaciones sin pruebas que se repiten una y otra vez ("el Gobierno maquilla los datos del paro"). La técnica no necesita acertar. Necesita ocupar el espacio.

El 11-M y la memoria histórica. La teoría de que el atentado del 11 de marzo de 2004 fue obra de ETA ha sido descartada por la instrucción judicial, por el juicio oral, por la sentencia de la Audiencia Nacional y por los hechos conocidos. No existe ninguna resolución judicial, ningún informe policial, ninguna investigación periodística rigurosa que apoye esa tesis. Sin embargo, ha sobrevivido durante dos décadas en el ecosistema mediático de la derecha española como verdad alternativa, resucitada periódicamente cuando la actualidad política lo hace conveniente. Hasta el punto de que esta misma semana ha sido objeto de la presentación de un libro, firmado por el exministro Jaime Mayor Oreja, plagado de mentiras y especulaciones disparatadas.

Sánchez y Maduro. La narrativa sobre una supuesta amistad o connivencia del presidente del Gobierno con el régimen venezolano ha funcionado durante años como acusación política con vida propia, resistente a cualquier desmentido. Feijóo y Abascal han señalado a Sánchez y Zapatero como aliados del régimen de Maduro. La acusación no requiere pruebas porque no pretende demostrar nada en el sentido clásico del término: pretende instalar una asociación emocional. Sánchez = Maduro = dictadura. La repetición hace el resto.

"No soy presidente porque no quiero". Este bulo destaca por su audacia. Feijóo ganó las elecciones generales de julio de 2023 en votos pero no logró la mayoría necesaria para ser investido. Y afirma que no gobierna porque no quiso pactar con Junts, tratando de ocultar que, de haberlo hecho, no habría contado con el apoyo de Vox. El discurso del bloque de derechas trata de cuestionar la investidura alternativa de Sánchez, que fue el resultado de una aritmética parlamentaria absolutamente reglada y legal.

La narrativa de la derecha, sin embargo, instaló la idea de que Feijóo "no quiso" ser presidente, o de que el cargo le fue "robado". No existe ningún mecanismo constitucional, ningún precepto legal, ningún precedente democrático que avale esa lectura. Pero se repite con tal insistencia que una parte significativa del electorado de derechas la asumió como verdad establecida.

Lo que ocurre en España no es un fenómeno aislado. Es la versión local de una tendencia que ha transformado el ecosistema democrático occidental. Trump en Estados Unidos, Bolsonaro en Brasil, Orbán en Hungría, los impulsores del Brexit en Reino Unido: todos han aplicado variantes del mismo método con resultados electorales, en algunos casos, notables. Los hechos alternativos tienen detrás un potente aparato mediático y propagandístico que los respalda y que hará todo lo posible por hacer que esas falsedades parezcan explicar la realidad o, al menos, que no parezcan mentiras.

Lo específico del caso español es la asimetría entre la intensidad del discurso y la realidad que pretende describir. España es una de las economías con mayor crecimiento de la UE. Tiene la tasa de criminalidad más baja de su historia. Acoge a millones de migrantes que cotizan a la Seguridad Social y sostienen en parte el sistema de pensiones. Ninguno de estos hechos ha conseguido desactivar una narrativa que describe un país en colapso, invadido, inseguro y gobernado por una especie de conspiración bolivariana. La distancia entre el relato y los datos es, en el caso español, excepcionalmente grande.

Entender por qué este método funciona exige abandonar la creencia de que solo afecta a personas poco informadas o poco inteligentes. Los estudios sobre el efecto de la verdad ilusoria son categóricos: el mero hecho de repetir mentiras obvias cinco veces permite aumentar su "verosimilitud percibida", y la inteligencia o la capacidad analítica no inmuniza contra este efecto.

El mecanismo se articula además con otro fenómeno bien documentado: la disonancia cognitiva. El deseo de tener certezas y asideros a los que aferrarnos en situaciones de incertidumbre se convierte en el caldo de cultivo idóneo para que crezcan los hechos alternativos.

Esas falsedades cumplen una función: nos hacen sentir cómodos, nos brindan seguridad, eliminan las disonancias. En épocas de cambio acelerado, de inseguridad laboral, de transformación demográfica, hay un mercado emocional para explicaciones simples que señalen a un culpable claro. Los migrantes, Sánchez, Maduro: la narrativa de la derecha española ofrece siempre un responsable preciso para angustias difusas y estructurales.

A esto se añade lo que los analistas llaman el “efecto rebote”: cuando alguien ya ha integrado una creencia falsa en su identidad política, presentarle datos que la contradicen no le hace cambiar de opinión. Le hace reafirmarse. El desmentido se convierte en prueba de la conspiración. Quien desmiente es el enemigo.

El método de los hechos alternativos pone a los medios de comunicación y a los políticos que intentan huir de esta pauta ante un dilema sin salida fácil. Desmentir la mentira la amplifica. No desmentirla, la deja correr. El fact-checking es necesario, pero insuficiente: llega a quien ya tiene dudas, rara vez a quien ya creyó. Y el formato clásico del debate político —dos versiones enfrentadas con idéntica visibilidad— iguala artificialmente el peso de las afirmaciones verificadas y las inventadas.

Lo que sí funciona, según la literatura académica disponible, es vacunar antes de que la mentira llegue: explicar el mecanismo antes de que se aplique. No decir “esto es falso” sino “esto es verdadero”, “van a intentar convencerte de lo contrario” y “así es como funciona el truco”. Es lo que los investigadores llaman prebunking o inoculación informativa. Requiere una ciudadanía con educación mediática y un periodismo que abandone la falsa neutralidad y ejerza la verificación como norma, no como una sección especial o algo que hacen organizaciones especializadas.

La pregunta ya no es si PP y Vox mienten. Es otra más incómoda: ¿por qué una democracia madura, con instituciones sólidas, con datos públicos accesibles y con un periodismo relativamente activo, no ha encontrado aún el antídoto eficaz contra una estrategia cuyo manual de instrucciones lleva décadas sobre la mesa?

La respuesta exige mirarse también hacia dentro. La posverdad no es solo un problema de quienes la producen. Es un problema de las condiciones —económicas, emocionales, institucionales— que hacen que una parte de la ciudadanía la encuentre más satisfactoria que la verdad. Mientras esas condiciones existan, el negocio de los hechos alternativos seguirá siendo rentable.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acusado a los líderes del PP y Vox, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, a los que ha llamado "hipócritas", de apoyar una guerra, la de Estados Unidos e Israel contra Irán, que va a perjudicar a los españoles al "encarecer su día a día".

En un acto de la campaña socialista en las elecciones autonómicas de Castilla y León, junto a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y el candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, Sánchez ha dicho de Feijóo y Abascal que "son unos hipócritas, porque es muy fácil ser belicoso a costa del bolsillo de los demás".

"Feijóo no va a pagar el gas o la calefacción de los españoles ni Abascal la gasolina de los tractores, pero ambos apoyan la guerra de Trump en Irán", ha dicho el jefe del Ejecutivo y secretario general del PSOE ante un auditorio que ha coreado varias veces desde el principio del acto el lema 'No a la guerra' recuperado ahora por Sánchez.

Presentado por la ministra de Igualdad como "el superhéroe de la paz", Sánchez ha afirmado que es un orgullo ser español por defender "lo que defendemos ante la barbarie y ante la guerra", con la bandera de España de fondo en la gran pantalla en la que antes había aparecido el no a la guerra y entre gritos de 'presidente, presidente'.

"Hoy y siempre, España dirá no a la guerra", ha proclamado el presidente del Gobierno, que ha recordado el apoyo del Ejecutivo de José María Aznar a la guerra de Irak hace 23 años para decir que aquellos que entonces metieron al país en un conflicto "en contra de la opinión pública", hoy vuelven a hacerlo en Irán "demostrado que no han aprendido nada y que se equivocan en todo"

El líder del PSOE ha argumentado que como ahora los socialistas dicen "no a la guerra de Irán", PP y Vox dicen "sí a la guerra", pero no a "echar una mano a los países que sufren en el Mediterráneo las consecuencias de la guerra que ellos no quisieron".

Les ha acusado también de practicar el "noismo" contra el Gobierno y de hacerlo "en contra de los intereses de España" y les ha recriminado que llegan a decir, como en 2003 en Irak, "que si no estás a favor de la guerra de Irán estás a favor del régimen de Irán".

En este sentido ha señalado que "esa no es la disyuntiva" y ha explicado: "nosotros por supuesto que rechazamos el régimen de Irán, pero no por eso vamos a responder a la ilegalidad con más ilegalidad".

Para el presidente del Gobierno, "un país que defiende siempre los derechos humanos y el derecho internacional se gana el respeto de todo el mundo , como así lo ha ganado España estas últimas semanas".

En su discurso, dedicado en buena parte a este asunto, Sánchez ha manifestado que el "no a la guerra es un sí a la paz", pero además es un sí a las empresas, a los trabajadores, a los autónomos y al campo, a los que su Gobierno va a "proteger" de las consecuencias de este conflicto.

Es también "un sí a la soberanía de la Nación española", porque "ser aliado no es darle la razón y decirle amén siempre a ese aliado", como considera que hacen los líderes del PP y Vox, a los que ha acusado de "servilismo".

En defensa de su política exterior, el jefe del Ejecutivo ha rechazado estar solo en sus posiciones en el contexto internacional y ha dicho: "nosotros no estamos solos, somos los primeros".

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha dicho este sábado en Cartagena (Murcia) que el Gobierno “maneja el no a la guerra, pero en realidad está diciendo no a la democracia”, en referencia a la postura del Ejecutivo ante la guerra impulsada por Estados Unidos e Israel contra Irán.

Asimismo, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de abandonar a los aliados internacionales de España. Tellado ha realizado estas declaraciones durante un acto celebrado en la víspera del Día Internacional de la Mujer, donde ha criticado con dureza la gestión del Ejecutivo.

También ha denunciado un deterioro de la imagen exterior de España en las últimas semanas. A su juicio, el presidente del Gobierno “tiene que buscar enemigos en el exterior para tapar las miserias del interior de su propio Gobierno”, lo que, ha dicho, está dañando la reputación internacional del país.

Tellado ha defendido que el Partido Popular representa la alternativa para sustituir al Ejecutivo actual y ha afirmado que la única vía para “echar a Pedro Sánchez” del Gobierno es concentrar el voto del cambio en la formación que lidera Alberto Núñez Feijóo.

En este sentido, hizo un llamamiento a la unidad del espacio político de centro derecha para evitar “peleas inútiles” y lograr una alternativa “fuerte y decente” que permita, según dijo, “sacar a España adelante”.

La afirmación que realizó en el debate electoral el candidato del PP a la presidencia de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, sobre que, en materia de inmigración, a Vox le gustaría tirar seres humanos al mar es "en realidad una renuncia a pactar con Vox".

Así lo ha declarado este sábado el presidente de esa formación, Santiago Abascal, que ha asistido a un acto de la campaña electoral de Castilla y León en Toro (Zamora).

Ha insistido en pedir a Fernández Mañueco que "rectifique rápido" porque es "un insulto totalmente inaceptable" y resultaría conveniente que lo hiciera para "la buena marcha" de la campaña.

El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, será el encargado de tutelar las negociaciones con Vox en Extremadura y Aragón "para facilitar los acuerdos", "garantizar que se ajustan a las negociaciones del partido" y "velar por la coherencia" de los pactos. Sin embargo, no todos en el PP consideran que Tellado sea el más indicado para llevar a cabo esta tarea. Fuentes de la formación a nivel territorial lo ven como un intento de Génova por "aparecer como el salvavidas" de la presidenta extremeña, María Guardiola. Tras el toque de atención de la pasada semana de la dirección nacional a la baronesa del PP, los chats del PP extremeño "echaban humo", confirman varias fuentes del partido en conversación con infoLibre, por la "falta de respeto" hacia "una persona que obtuvo el 43% de los votos", señalan, "el tercer mejor resultado territorial por detrás de Galicia y Madrid". "¿Pero hubieran hecho lo mismo con [Isabel Díaz] Ayuso?", plantean.

Este jueves arrancarán las negociaciones en Extremadura, con Tellado al frente. Algunas fuentes califican este movimiento como una "intromisión" después de haberse "desentendido por completo" durante los últimos meses mientras la dirección nacional de Vox sí estaba presente. "No sé si toman a los territorios por tontos o por inútiles", afirman. Sin embargo, creen que, si las negociaciones con la extrema derecha fracasan, "también será responsabilidad de Génova", aunque sea a costa de "despreciar" a Guardiola. "La herida en Extremadura, aunque cicatrice, es una herida que va a perdurar", auguran. Fuentes del entorno de la presidenta extremeña recuerdan que ella "quiso convocar elecciones" en enero de 2025 y que Génova se lo desaconsejó y "ella cumplió".

Según la tesis de cuadros medios del partido, "el mensaje viene a ser: apártate que tú no sabes, nosotros sí". Un mensaje que, recuerdan, "nada tiene que ver" con lo que defendía Feijóo hace cuatro años, cuando llegó a la presidencia del partido. Entonces aseguró a sus líderes territoriales vía libre para hacer y deshacer a su antojo sin el control de su antecesor en el cargo, Pablo Casado. "Los recibieron como los salvadores, como los que nos iban a llevar a la tierra prometida... pero no ha sido así", valoran.

Tellado trató de calmar las aguas y aseguró este martes que la dirección nacional de su partido había tomado el control de las negociaciones autonómicas para "poner orden", pero insistió en que "las conversaciones serán lideradas por los presidentes autonómicos". El objetivo, dijo, es "homogeneizar" los acuerdos y servir de "catalizador" para ello. En la dirección nacional aseguran que su objetivo es dar "estabilidad" a sus Ejecutivos autonómicos, pero lo cierto es que en Extremadura consideran que en Génova ha habido "fuego amigo" contra Guardiola lo que le ha dejado en una posición "muy debilitada": "La gente está muy enfadada", resumen.

Las críticas a Tellado se extienden también a otras delegaciones del PP, que consideran que no está a "a la altura" del cargo: "Es un mal secretario general", analizan, porque creen que "no le interesa" lo que pasa en otros territorios, como se vio con la crisis del PP valenciano antes de la marcha de Carlos Mazón. Prueba de ello es que los tres presidentes provinciales se reunieron para atajarla sin que el número dos de Feijóo lo supiera.

Sin embargo, en la formación conservadora son conscientes de que el dirigente del PP no da un paso sin que Feijóo lo sepa. "Tellado dice y hace lo que Feijóo no puede o no quiere decir ni hacer", señalan voces de la formación conservadora. En ese sentido lamentan los intentos del actual líder del PP de "homogeneizar" el partido, evitando fisuras en el discurso nacional, especialmente en lo relativo a los pactos. "No sé si el Feijóo presidente de la Xunta lo hubiera aceptado", afirman voces del PP.

Tellado, aseguran quienes le conocen de cerca, asume su condición de peón aplicado e incansable, hasta el punto de no tener ambiciones propias. Vive por y para Feijóo. Lo suyo es controlar el funcionamiento del partido. Es un fontanero puro —bajo esa denominación se conoce a los dirigentes que han hecho de la vida orgánica su profesión—, no un estratega, aseguran quienes le conocen. Llegó a Madrid acompañando a Feijóo, como parte de su núcleo de colaboradores más estrecho.

A Tellado también se le achacan internamente decisiones como la de llevar al agitador ultra Vito Quiles al cierre de la campaña de Aragón, una decisión muy cuestionada por la mayoría del partido. En su etapa como portavoz del partido en el Congreso, ejerció un férreo control en el grupo parlamentario del PP, hasta el punto de haber prohibido a sus diputados que hablasen con los periodistas, según trasladan a este periódico fuentes del grupo.

"En el PP no te mueves sin que el clan gallego lo sepa", resume un dirigente, que considera que Tellado sigue ejerciendo ese poder dentro del grupo parlamentario y que Ester Muñoz no se inmiscuye en la organización. Ese círculo gallego permanece inamovible desde hace años y en él no ha logrado ingresar nadie más. Fuentes del partido lamentan que Feijóo no se haya fijado en el trabajo que se está haciendo en los territorios para introducir nuevas caras y darles responsabilidad.

Con todo, el poder del número dos del PP en la estructura del partido es innegable. Desde el congreso del pasado julio ostenta el "mando único en la gestión de los asuntos internos del partido, la relación con las autonomías y el diseño y planificación de los procesos electorales". Cuando, en 2016, Feijóo lo eligió para la secretaría general del PPdeG, el actual líder del PP lo ilustró la designación con un paralelismo futbolístico. "Ya sé que me dirán que no es Cristiano Ronaldo o Messi", pero "sería perfectamente Iniesta, que fue el capitán de la selección española que ganó el Mundial", expresó para evidenciar su confianza.

Pero las fuentes consultadas consideran que "gestionar el PP gallego y su mayoría absoluta era una cosa" y "controlar la estructura del partido a nivel nacional es otra". Así, se reafirman en que lo que ha sucedido en Extremadura ha dejado "ver las costuras internas" con "mucha gente enfadada" por la gestión de los pactos con Vox. "Los ataques a María [Guardiola] han sido gratuitos y esperemos que si los de Abascal piden su cabeza, no se la den. Porque el mensaje sería terrible", zanjan.

Hay palabras que provocan el efecto que definen y una de ellas fue la elegida por el lenguaraz Miguel Tellado el miércoles dirigiéndose al ministro Marlaska, apenas 12 horas después de que se conociera la grave acusación por agresión sexual y otros delitos formulada por una agente de la Policía Nacional contra el número dos del Cuerpo. No hay ni una palabra de desperdicio: “Señor Marlaska, da náuseas verle a usted sentado en el banco azul. Tapando una presunta agresión sexual, una violación. Vaya feminismo asqueroso el de esta izquierda en contra de prohibir el burka pero a favor de encubrir violaciones de un mando policial”.

Náusea es lo que provocó la escena en la que los diputados del PP aporreaban como adolescentes consentidos las nobles maderas de sus escaños, al ritmo de la cantinela “¡di-mi-sión!”, tras la intervención de Tellado y de la diputada Mirian Guardiola (“mezquino”, “miserable”, “cobarde”, le llamó la señora al ministro). Los socialistas con sus aplausos lograron callar el griterío de la bancada de los conservadores al cabo de un minuto y cincuenta segundos de algarada.

La náusea no es ya solo porque el PP haya defendido a sus alcaldes de Móstoles y de Algeciras frente a acusaciones similares de subordinadas, a las que los directivos del PP han desacreditado sin pudor para mantener a los machotes en sus puestos, sino que pueda acusarse a Marlaska de un delito tan grave como encubrir una violación. Esos diputados y diputadas emulando a los primates con sus golpes saben de sobra que Marlaska jamás encubriría una violación y menos aún la de un subordinado. ¿Qué sentido habría de tener? En un honesto y arriesgado compromiso, antes de la bronca macarra de los populares, el ministro se había comprometido a dimitir si la víctima de la presunta agresión se hubiera sentido desprotegida en algún momento. A los del PP les da igual. Náusea es lo que se siente al ver ese comportamiento de quienes gobernaron España quince años y no tomaron ni una sola iniciativa, ni una, para reforzar la protección de las mujeres contra la violencia de género, ni para fomentar la igualdad ni para luchar contra el machismo. Abruma la comparación de la hoja de servicios de esta gente con la del ministro Marlaska, un histórico luchador por los derechos de las mujeres y las minorías, como político y como juez.

Pero no son idiotas estos señores y señoras del PP. Aunque solo haya sido por seguidismo de Vox, aciertan al tratar de meter a la izquierda en la trampa del velo. Es este un asunto, la prohibición del burka, en el que la derecha europea ha jugado con maestría con sus principios morales y que nos permite observar el juego no siempre claro y unívoco, sino a menudo contradictorio, de nuestros valores y nuestras emociones. La prohibición del velo integral suscita el apoyo cerrado de los conservadores y de hecho han sido ellos quienes han liderado las iniciativas restrictivas.

Un nuevo caso de supuesta agresión sexual ha implosionado de lleno en la sociedad española. Y el acusado es José Ángel González, hasta ahora número dos de la Policía Nacional, lo que ha dejado en shock tanto al cuerpo de seguridad como al Gobierno, mientras que la oposición trata de utilizar la denuncia, de nuevo, contra la coalición frente a su actitud con otros episodios relacionados con el PP como las denuncias contra los alcaldes conservadores de Móstoles (Madrid) y de Algeciras (Cádiz).

El Partido Popular especialmente trata de poner ahora contra las cuerdas al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien asegura que no se enteró de este episodio hasta el martes, cuando el director adjunto operativo (DAO) y uno de sus hombres de confianza en la Policía fue citado por la justicia al admitirse una querella presentada por una subordinada con unos gravísimos hechos denunciados de agresión sexual.

Tanto Marlaska como fuentes del Palacio de la Moncloa insisten en que no sabían nada de esa denuncia y condenan lo sucedido, poniendo énfasis en que le dan credibilidad a la denuncia presentada por la mujer. Y defienden que el Ejecutivo actuó en apenas dos horas apartando de ese puesto a González, además de suspender a Óscar San Juan, persona de confianza del DAO que, según la denuncia, coaccionó a la denunciante para que no se querellara.

"Evidentemente y dada la gravedad de los hechos y por salvaguardar el propio prestigio de la Policía Nacional, no cabía otra decisión que requerir al DAO su renuncia o su cese inmediato en caso de que la dimisión no fuera inmediata", resaltó Grande-Marlaska en los pasillos del Congreso, donde también dijo durante la sesión de control al Gobierno que sólo dimitirá si la víctima denunciante no se ha sentido protegida o entiende que él ha fallado.

El abogado de la víctima, Jorge Piedrafita, explicó también este mismo miércoles que no se informó hasta el martes al Ministerio del Interior porque se ha querido llevar “con la máxima discreción”: “Este asunto ha entrado directamente al juzgado y no fue hasta ayer [por el martes], con la admisión de la querella, cuando mi clienta habla directamente con la subdirectora general de Recursos Humanos, Gemma Barroso".

El acusado, en sus primeras declaraciones tras estallar el caso, afirmó que fue él quien se apartó del cargo: "En el momento en que me enteré de la querella, pues automáticamente puse mi renuncia porque no quiero perjudicar el buen nombre de la Policía Nacional y además para poder defenderme en condiciones”.

Pero la oposición quiere que caiga la cabeza de Marlaska, al que pidió su marcha entre gritos de “dimisión, dimisión” y aporreos de la bancada en el Congreso. En Moncloa el apoyo es total al titular de Interior, al que respaldó personalmente el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la rueda de prensa en India, donde se encuentra de viaje oficial. Desde allí indicó que el Ejecutivo había actuado con “contundencia y con coherencia”.

La actitud del Partido Popular y sus acusaciones sin pruebas de que Marlaska ha encubierto el caso han provocado una total indignación en Moncloa: “Nos enteramos por la prensa. El PP no puede ser más hipócrita ni ensuciar más la política. El ministro dice la verdad, no damos crédito a que se ponga en duda. Hubiésemos actuado antes si lo hubiéramos sabido. Es una vergüenza lo que está haciendo el PP”.

Fuentes del Ejecutivo subrayan que la noticia es “tremenda”: “Hay un problema estructural en la sociedad. Hay hombres que no respetan los derechos humanos. Pero para luchar contra esto lo mejor es que esté el Gobierno actual frente a los que niegan la violencia de género y los que los apoyan”.

Como señala un miembro del Gobierno y parte del núcleo duro de Sánchez: “Es increíble cuando te enteras de la noticia, no das crédito. No sabíamos nada y hay confianza total en Marlaska. Cuando vio la querella, lo echó fuera. No se lo pensó ni un minuto. Le damos credibilidad a la denunciante”. Y hace este análisis sobre el contexto político y la dura sesión de control: “El Partido Popular está en el barro. El clima en el Congreso es irrespirable. Pero llevan así toda la legislatura y no van a cambiar, están echados al monte”. Para añadir: “Marlaska está impresionado, dolido… pero muy seguro de la decisión que ha tomado”.

El Partido Popular acusa al ministro de “encubrimiento” y se ha tirado en bloque contra el Gobierno. La ofensiva de los populares se contradice totalmente con la estrategia seguida por Génova 13 y el PP de Madrid respecto a las acusaciones de una exconcejala contra el alcalde de Móstoles, Manuel Bautista. Un caso en el que los populares no sólo no han movido ninguna ficha, sino que han puesto en el centro a la víctima sembrando de dudas su relato después de que se conociera que el partido no llegó a investigar el asunto a pesar de las peticiones de auxilio de la denunciante a dirigentes como Ana Millán y Alfonso Serrano, manos derechas de Isabel Díaz Ayuso.

Génova 13 ha diseñado, además, una ofensiva parlamentaria para poner en el foco a Marlaska durante las próximas semanas, empezando por una solicitud de comparecencia en la comisión de Interior. Asimismo, los populares quieren que pasen por la Cámara Baja el director general de la Policía, Francisco Pardo, y la subdirectora de Recursos Humanos (a la que quieren preguntar si tuvo comunicaciones con sus superiores jerárquicos y si activó los protocolos contra el acoso). Los populares, en cambio, no tienen ni siquiera un canal específico de denuncias contra acoso en su partido.

El grupo parlamentario popular también ha registrado dos proposiciones no de ley, tanto para su debate en el Pleno como en la Comisión de Interior, para intentar que el Congreso exija al Gobierno la dimisión del titular de Interior. En este sentido, se ha tramitado una batería de preguntas por parte del PP para saber, entre otras cosas, “desde qué fecha concreta tuvo conocimiento el Ministerio del Interior de los hechos presuntamente delictivos o qué otros mandos policiales supieron lo ocurrido y no hicieron nada para proteger a la víctima”.

Los populares quieren explotar este asunto, como ya hicieron con Francisco Salazar, a pesar de que no aplican la misma vara de medir con sus supuestos casos. Y detrás está la estrategia de ganar espacio en el electorado femenino, que será determinante en las próximas elecciones y que ahora mismo tiene un alto grado de indecisión (más del 17% de mujeres no sabe qué papeleta cogerá en las elecciones generales).

Muestra de esta estrategia son las declaraciones a lo largo de todo el miércoles del número dos de los populares, Miguel Tellado, que llegó a decir sobre Marlaska en el Congreso: "Da náuseas verle a usted sentado en el banco azul, todo un ministro del Interior tapando una presunta agresión sexual, una violación. Feminismo asqueroso el de esta izquierda en contra de prohibir el burka, pero a favor de encubrir violaciones de un mando policial".

El robo en una oficina de Correos en Extremadura de una caja fuerte que contenía 14.000 euros en efectivo y 124 votos ya emitidos forma parte de una operación para "alterar el resultado de las elecciones del próximo 21 de diciembre" en palabras del número dos del Partido Popular, Miguel Tellado. La dirección nacional del PP ha vuelto a agitar, así, el fantasma del 'pucherazo' electoral a un día de que termine la campaña después de que su candidata, María Guardiola —sin agenda desde el martes— publicara un vídeo en su cuenta de X en el que denunciaba el robo y concluía que esas papeletas "nunca van a llegar a las urnas". "Alguien quiere que los extremeños no tengamos derecho a decidir", afirmaba, sin concretar quién es ese "alguien" que está "robando la democracia ante nuestros ojos".

Tanto Correos como la Guardia Civil confirmaron después el robo de la caja fuerte de la oficina en Fuente de Cantos (Badajoz), al igual que los despachos de otras dos localidades, Torremejía y Santa Amalia, que también fueron objeto de robos pero en ninguno de esos casos se sustrajo la caja fuerte ni el voto por correo. Según el Instituto Armado, el suceso guarda relación con otros hechos delictivos ocurridos recientemente en la región con el objetivo de robar dinero — horas más tarde se halló la caja fuerte con los votos en interior, pero ni rastro del efectivo— y la Junta Electoral Provincial de Badajoz informó de que los afectados podrán volver a emitir su sufragio.

La tesis de la Guardia Civil y la rápida decisión de la Junta Electoral desmontan el relato del PP, cuyo líder, Alberto Núñez Feijóo, señaló directamente al Gobierno de Pedro Sánchez por "ocultar intentos de robo en otras oficinas ya la semana pasada" y "no ofrecer garantías" de la limpieza del proceso. Desde el Grupo Parlamentario Popular han iniciado una ofensiva parlamentaria en el Congreso para que la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el presidente de Correos, Pedro Saura, "comparezcan de manera urgente en la Cámara Baja para explicar las sustracción de votos en oficinas de Extremadura".

El PP trata de asentar la idea de que hay una trama contra Guardiola y que hay mucho en juego porque, según su portavoz parlamentaria, Ester Muñoz, "124 votos te dan o quitan un escaño". Pero quién ha ido más lejos es, sin duda, Tellado. "Alguien tiene mucho interés en reventar las reglas de juego para alterar el resultado de las elecciones del próximo 21 de diciembre. En democracia las trampas, las malas artes y el fraude no tienen cabida. La victoria en las urnas solo es digna de tal nombre cuando se obtiene en buena lid", escribía en su cuenta de X.

Una idea que también ha tratado de abonar la extrema derecha. "Nos tememos lo peor", denunciaba Santiago Abascal, el líder de Vox, durante un acto en Don Benito, en Badajoz. En declaraciones a los medios, Abascal admitía que no conocía todos los detalles del caso, pero apuntaba sin titubeos al Gobierno y al PSOE como los culpables, "una mafia corrupta capaz de cualquier cosa", como "alterar el censo electoral" mediante regularizaciones masivas de migrantes y de "manipular resultados electorales para permanecer en el poder". Abascal también ironizaba con que "la debacle del PSOE va a ser de tal magnitud que van a ser muchas las papeletas que van a tener que robar".

Para la oposición estas graves acusaciones ante un robo que se está investigando todavía —y que todo apunta a que se trata de un móvil económico— denotan "nerviosismo" en la recta final de la campaña por parte de Guardiola y del PP. La presidenta extrema ha evitado atender a los medios en las últimas horas — y tampoco acudirá al debate que organiza RTVE este jueves— después de conocerse que la Junta de Extremadura ha cesado al chófer de la presidenta tras conocer que este trabajador fue condenado "por coacciones leves" en relación con un delito de violencia de género. Se trata de un trabajador cercano a la familia de la presidenta, según fuentes de la Junta.

Además en los últimos días también ha trascendido, a través de informaciones periodísticas, que el Gobierno de María Guardiola y la dirección de su partido han encubierto durante meses las denuncias de "trato machista" y "abuso de poder" del alcalde de Navalmoral de la Mata, Enrique Hueso, hacia una concejala de su equipo, Paula González Morato, que acabó por abandonar el Gobierno municipal. Unas denuncias que no son nuevas, sino que se remontan al mes de abril. Aunque el PP extremeño niega haber ocultado las denuncias internas, hay audios que demuestran que el portavoz del PP, José Ángel Sánchez, sí conocía estas denuncias y se mostraba preocupado por las repercusiones.

Las graves acusaciones de la derecha recuerdan a la estrategia que ya siguieron poco antes de las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo de 2023. Aquella era una convocatoria de especial relevancia dado que, además de servir para el reparto de un enorme poder territorial, se presentaba como la antesala de unas generales que, entonces, se esperaban para final de año. La derecha acudió con el objetivo de utilizar ese resultado como la antesala de un inminente cambio a nivel nacional para acabar de una vez por todas con el mandato de Pedro Sánchez.

En los dos días finales de la campaña, el jueves 25 de mayo y el viernes 26, justo antes de la jornada de reflexión, la derecha —apoyada por sus terminales mediáticas— empezó a difundir el bulo sobre un supuesto pucherazo aludiendo a casos de supuesta compra de votos. Uno de ellos, en Melilla, afectaba a un partido local. El otro, en Mojácar (Almería), al PSOE. El resto, una decena larga de denuncias por todo el territorio, salpicaban también al PP. Tal y como se demostró después, se trató de casos aislados que el PP se olvidó de recordar tras ganar en muchos territorios.

Pese a la sensación de victoria abrumadora de la derecha, los del 28M fueron unos comicios decantados por un puñado de votos que inclinaron la balanza en muchos ayuntamientos y gobiernos autonómicos, en los que el PSOE aguantó mucho mejor que su izquierda. La movilización del electorado conservador en el último momento fue clave en una victoria que provocó además un adelanto de las generales al 23 de julio y la extendida sensación de que la llegada a Moncloa de Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal parecía sentenciada.

Pero tras la convocatoria de las generales, el líder del PP, abonó la tesis de que en Correos —una institución que él mismo presidió— había un interés para que los votos no llegaran a tiempo y reclamó que a los carteros que trabajaran "mañana, tarde y noche" para repartir las papeletas a pesar de "sus jefes”. La narrativa del fraude se fue asentando en parte de la opinión publica de una manera concienzuda y prolongada desde un año antes, en el que participaron medios de comunicación convencionales y referentes del Partido Popular, tomando el liderazgo en su difusión. La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, llegó a afirmar que Sánchez se iría "como llegó, con un intento de pucherazo".

El Partido Popular, a través de dirigentes como Esteban González Pons, Cuca Gamarra o el propio Feijóo, ya abrió la veda sobre un supuesto pucherazo en junio de 2022, tras sugerir que el Gobierno asaltaba la empresa Indra y otros organismos como Correos y el CIS con la intención de alterar el resultado de las elecciones. "El presidente Sánchez no sabe perder [...]. Mire, el CIS hace las encuestas electorales, el INE el censo, e Indra cuenta los votos", dijo el actual portavoz del PP en Bruselas, entonces vicesecretario de Acción Institucional. Tras esas palabras, reculó a medias: "Confiamos plenamente en los profesionales de estas tres instituciones y creemos que nuestro sistema electoral es serio, que merece respeto y que se puede confiar a ojos cerrados en él, pero no en la voluntad de Sánchez", dijo.

Solo un día después, Cuca Gamarra, entonces portavoz del PP en el Congreso, apuntó en la misma línea de González al atribuir a Indra "una labor importante en lo que tiene que ver con los procesos electorales" y pedir explicaciones al Gobierno de "por qué" daba "estos pasos", en referencia a la decisión de la SEPI de destituir a cinco consejeros "independientes", según Gamarra, para dar más poder al nuevo presidente. "La duda está sin duda ahí", apuntaba.

El principal partido de la oposición trataba así de establecer una correlación entre la decisión de la SEPI, principal accionista de Indra, y el recuento electoral. Pero según la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, el escrutinio de cualquier votación lo llevan a cabo ciudadanos elegidos por sorteo, a los que se suman apoderados de todos los partidos, que vigilan el proceso. El presidente y los vocales de cada mesa entregan el acta de escrutinio al juzgado de primera instancia correspondiente en presencia de la policía, que custodia toda la operación. También los partidos reciben una copia de estas actas, exponiéndose una copia pública en todos los locales electorales.

El juzgado recibe las actas de su zona y se las entrega a la Junta Electoral Central, compuesta por magistrados del Tribunal Supremo, que es la encargada de realizar el escrutinio de las elecciones tres días después de la jornada de votación. Ninguna empresa interviene en todo el proceso, por lo que no es posible, debido a la gran cantidad de actores implicados, que se produzca una alteración del resultado general. La función de Indra es centralizar los datos para que los medios, o cualquier ciudadano, pueda acceder a la evolución del escrutinio en tiempo real.

El nuevo president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha pedido perdón a los familiares de las 229 víctimas mortales de la dana del 29 de octubre de 2024 y ha apelado a la reconciliación "entre todas las víctimas y todas las administraciones", según informa EFE.

Así lo ha señalado tras prometer ante Les Corts Valencianes el cargo como octavo president de la Generalitat, cinco días después de su elección por los votos del PP y Vox como sustituto del dimitido Carlos Mazón, mediante la fórmula tradicional en valenciano que señala que acatará la Constitución y el Estatut d'Autonomia "sin engaño" y guardará "fidelidad a la Generalitat".

En una intervención que no ha sido objeto de debate y que Mazón ha seguido desde un escaño en la última fila del hemiciclo, Pérez Llorca ha apelado al diálogo y al acuerdo y a avanzar juntos.

Sus primeras palabras han sido para "pedir perdón" a las familias de las víctimas de la dana y ha apelado a un "inicio de diálogo y entendimiento que hemos de tener y saber mantener".

Un "inicio de reconciliación" ya que ha reconocido que "ni el día 29 ni los posteriores las administraciones públicas estuvieron a la altura de lo que merecía la sociedad".

Como marca el reglamento de Les Corts, el president ha efectuado ante el pleno una Proposició sobre su programa de gobierno con el que ha querido lanzar un mensaje de "optimismo y esperanza" y con la confianza en que las cosas pueden ser de otra manera".

"Es una responsabilidad que asumo con un compromiso firme para aplicar día a día, minuto a minuto, en cada decisión y en cada paso que daré a la cabeza de un gobierno que quiere estar a la altura del pueblo", ha afirmado.

Para ello ha anunciado que presidirá un gobierno "abierto, participativo y transversal" y "no sectario". "Nunca rechazaré ninguna idea venga de donde venga", ha aseverado.

"La política tiene que ser un servicio, no un frontón", ha defendido, y ha asegurado que este martes "se abre una nueva etapa que ha de recuperar nuestra autoestima y vuelva a poner en pie el orgullo de ser valencianos", ya que "durante mucho tiempo esta tierra ha tenido la sensación de caminar con la cabeza baja" y ha pedido a todos "levantar la mirada".

En la tribuna de invitados de Les Corts han seguido este breve pleno el secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, y la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, mientras que antes de tomar posesión Pérez Llorca se ha sentado ya en los bancos azules destinados al Gobierno valenciano, junto a todo el Consell en funciones.

El pleno ha comenzado con un minuto de silencio en memoria del expresident de la Generalitat José Luis Olivas, quien falleció el pasado sábado y estuvo al frente del Gobierno valenciano once meses entre 2002 y 2003, cuando sustituyó a Eduardo Zaplana tras la dimisión de este para ser ministro.

Pérez Llorca ha afirmado que su Gobierno estará "al lado del pueblo" y que una de las "urgencias" a abordar y "eje central" de su programa será la vivienda.

"Necesitamos más oferta, más agilidad, más seguridad jurídica y menos trabas", ha insistido, y ha defendido el acercamiento de la administración a todos los ciudadanos y la simplificación administrativa.

El nuevo president se ha dirigido también a los jóvenes, que "necesitan condiciones reales para crecer y quedarse aquí", y para ello ha apostado por conectar la educación y la ocupación para hacer de la Comunitat Valenciana "un lugar donde valga la pena arraigar". 

El "futuro y la esperanza" de la Comunitat Valenciana, ha agregado, pasa por una economía fuerte y un tejido productivo moderno y avanzado", que genera ocupación "estable, cualificada y con salarios dignos" y que fomente y capte el talento e industrias que "mejoren la vida".

Pérez Llorca ha defendido asimismo que "el esfuerzo ha de tener una recompensa" por "justicia" y "no ser castigada por impuestos inasumibles", al tiempo que ha reivindicado "el agua que es nuestra, la financiación que nos merecemos y los servicios públicos que nos igualen al resto de españoles".

"Creo mucho en el diálogo y el acuerdo, y quiero que este mandato sea recordado por esto, porque todos fuimos capaces de acordar cuando todo parecía que estaba roto" y que "pondremos delante los intereses de la Comunitat a otros", ha concluido.

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha considerado este sábado que el último informe de la UCO sobre José Luis Ábalos apunta a una "corrupción generalizada" en el PSOE y ha exigido a ese partido que explique con facturas y extractos bancarios los movimientos de dinero en efectivo en su sede de Ferraz.

"Estamos hablando de dinero B, de una maquinaria bien engrasada y de una montaña de indicios de financiación ilegal del PSOE. Un escándalo que es imposible que Pedro Sánchez no conociera, no consintiera y no encubriera", ha manifestado Tellado en una rueda de prensa en la que ha pedido de nuevo elecciones anticipadas.

Según ha explicado, no descartan ninguna medida, pero por el momento quieren que el PSOE ofrezca sus explicaciones, que Sánchez asuma su responsabilidad política y que los socios que le mantienen en el Gobierno reaccionen.

"Si a partir de hoy siguen sin romper con Sánchez, también serán colaboradores necesarios de toda su corrupción", les ha advertido tras recordar que pusieron como línea roja la financiación ilegal del PSOE.

El informe de la UCO conocido el viernes pone el foco en "desembolsos" de 95.437 euros del exministro y diputado que provendrían de "ingresos no declarados" y detecta entregas en efectivo por parte del PSOE que no coinciden con la documentación que el partido remitió al juez.

Para Tellado, urge que el PSOE enseñe los resguardos de las retiradas en efectivo de sus cuentas que justifiquen el dinero en metálico que se movía en la caja de Ferraz y que muestre también las facturas de gastos que presentó su exsecretario de Organización.

El dinero de la caja del PSOE, ha advertido Tellado, o entró "en bolsas de basura" a Ferraz o lo retiró el gerente del banco y si el PSOE no muestra los extractos, "quedará acreditada la existencia de una contabilidad B en el PSOE".

Por otra parte, si no enseña los tiques de los gastos de Ábalos en restaurantes, hoteles y desplazamientos que justifiquen lo que cobró de esa caja "quedará acreditado el pago de sobresueldos a la cúpula", ha insistido Tellado, quien ve necesario aclarar también si otros dirigentes del partido cobraron con ese mismo modus operandi.

A su juicio, es una inmoralidad que mientras los españoles sufrían con la pandemia, el entorno más cercano a Pedro Sánchez "hacía caja y se repartía chistorras", nombre que con el que el exasistente de Ábalos, Koldo García, se refería a los billetes de 500 euros, según la UCO.

Para el PP, teniendo en cuenta que Ábalos era el número dos de Sánchez en el partido, el presidente del Gobierno tiene que ser necesariamente "cabecilla" de la trama.

A su juicio, antes de que los tribunales diriman las responsabilidades penales, es urgente que Sánchez asuma responsabilidades políticas y convoque elecciones: "hasta aquí ha llegado su escapada, su huida, no quedan conejos en la chistera ni cortinas de humo para tapar tanta miseria y corrupción".

Tellado ha insistido en que los socios del Ejecutivo ya no tienen excusas y les ha recriminado su silencio 24 horas después de conocerse el informe de la UCO.

El lehendaki Imanol Pradales amenazó a la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso con consignas que utilizaba la banda terrorista ETA, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero llegó a La Moncloa en el año 2004 por los atentados terroristas y las pulseras antimaltrato se compraron en AliExpress. Son solo algunos ejemplos de los bulos que ha lanzado el Partido Popular en los últimos días de la mano de sus portavoces y que, pese a su manifiesta falsedad, no han provocado ningún tipo de rectificación por su parte.

"El lehendakari me mandó un recado un tanto preocupante porque lo de 'Ayuso entzun, pim pam pum', que es lo que vino a decir, que es lo que se decía antaño, me parece preocupante", aseguró Ayuso en el plató de Ana Rosa Quintana, sin que la presentadora la corrigiera, cuando lo que dijo Pradales en realidad fue: "Ayuso entzun, Euskadi euskaldun"; es decir, "Ayuso, escucha, Euskadi habla euskera". Unas palabras que pronunció como respuesta al plante de la presidenta madrileña al lehendakari durante la última reunión de la Conferencia de Presidentes en Barcelona.

Pradales, por su parte, respondió de nuevo este martes, acusando a la presidenta madrileña de "aplicar el manual de la antipolítica": "Me indigna cómo se manipulan burdamente mis palabras, cómo se banaliza el uso de la violencia y a ETA", señaló. Y añadió: "Estaba haciendo una defensa del euskera y una petición pública de respeto hacia nuestra lengua y, sinceramente, si le incomodó, lo siento. Ahora bien, en política no todo vale, en la vida no todo vale", afirmó en una entrevista en Radio Popular de Bilbao.

Ayuso, por su parte, no ha matizado ni corregido sus palabras y, lejos de rectificar, algunos de sus colaboradores más cercanos, como Alfonso Serrano, han culpado directamente a Pradales por "provocar" que la presidenta madrileña mintiera en la entrevista. "Provocación la suya. Tiene que arremeter contra Ayuso en un mitin del PNV para conseguir salir en un telediario porque de lo contrario no le hacen caso ni en su casa", escribió el secretario general del PP madrileño en su cuenta de la red social X este martes.

La madrileña no es la única en lanzar acusaciones falsas y evitar asumir responsabilidades. Lo hizo también este lunes la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, tras afirmar que el expresidente Zapatero "llegó al Gobierno por unos atentados terroristas", en referencia a los comicios que se produjeron tras el 11M. Una afirmación con la que trataba de deslegitimar el resultado de esas elecciones, como ya hizo el PP hace dos décadas, y que responde al modelo de creación y expansión de bulos en el que participaron periódicos, emisoras de radio y de televisión de la mano del PP.

Tampoco se ha quedado atrás el exportavoz parlamentario y actual número dos del PP, Miguel Tellado, que la pasada semana afirmó que el fallo técnico en las pulseras de seguimiento de maltratadores se produjo porque estas se habían comprado en AliExpress, en referencia a la plataforma china. Una acusación que fue desmentida tanto por el Gobierno como por Vodafone, la empresa encargada de la gestión del servicio. Sin embargo, el secretario general del PP no rectificó ni tampoco borró el post en el que afirmaba que el fallo se produjo por una compra defectuosa.

Su sucesora en la portavocía del PP en el Congreso, Ester Muñoz, llegó a decir que ellos no necesitaban "pruebas de absolutamente nada" cuando el periodista Javier Ruiz le preguntó sobre algunas de las acusaciones vertidas sobre los supuestos prostíbulos del padre de Begoña Gómez. "Nosotros tenemos informaciones periodísticas. No hace falta que haya pruebas absolutamente de nada", afirmó. Recientemente también dijo que el PSOE "tenía más relación" con el contrabandista Marcial Dorado que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, pese a la amistad que compartieron durante muchos años.

La utilización de la mentira como arma política tiene como objetivo generar confusión, sembrar sospechas, agrietar la confianza y, en última instancia, deslegitimar al adversario político o institucional sin necesidad de ofrecer una narrativa alternativa, como hizo este lunes Ayuso o lleva casi un año tratando de hacer el presidente valenciano, Carlos Mazón, para evitar asumir responsabilidades tras su gestión de la dana que provocó 228 muertos.

En las primeras horas después de la tragedia, Mazón afirmó haber estado "coordinando la emergencia" cuando realmente estuvo en el restaurante El Ventorro durante las horas más críticas de la dana y la periodista que lo acompañó, Maribel Vilaplana, reveló recientemente que no hablaron de la riada en ningún momento ni Mazón se mostró preocupado. El jefe del Consell también mintió sobre la hora a la que llegó al Centro de coordinación de emergencias (Cecopi), ya que en un primer momento dijo que se incorporó a las 19.00 h y la última versión es que no llegó hasta más allá de las 20 h.

El dirigente valenciano negó estar "incomunicado" durante esas horas y esgrimió como prueba que había hablado con "varios alcaldes" antes de llegar al Cecopi, pero tras hacer público su listado de llamadas se supo que únicamente habló con el alcalde de Cullera, el socialista Jordi Mayor, aunque ese municipio no estaba en alerta. Mayor ha señalado en más de una ocasión que desconoce los motivos por los que Mazón le llamó ese día y que en ningún momento percibió que fuera una llamada "de un estado de emergencia".

A esto se le suma que Mazón ha tratado de imponer una versión en la que él se ha presentado como una "víctima" y un "daño colateral" del Gobierno de Pedro Sánchez utilizando audios manipulados y documentos incompletos para culpar a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). La versión, apoyada por sus consellers, pero también por el PP nacional, ha buscado trasladarles la responsabilidad por la supuesta "falta de información". Un relato que ha desmentido la jueza que instruye la causa con autos muy contundentes que han puesto en evidencia la negligencia del Ejecutivo autonómico.

Una gestión por la que Mazón no solo no ha dimitido, sino que ahora reivindica para seguir en el cargo con el permiso de Alberto Núñez Feijóo, que ha pasado de estar incómodo con el valenciano a aplaudirlo en la reciente reunión de barones que se produjo en Murcia. Una cita que se produjo el pasado fin de semana y sirvió de excusa al jefe del Consell para ausentarse de la reunión del Cecopi celebrada el domingo por, precisamente, las riadas que han azotado esta semana a la Comunitat.

La estrategia es clara en todos los casos: verter acusaciones sin pruebas, lanzadas con gran volumen, rapidez y repetición, sabiendo que, incluso si son desmentidas, el daño reputacional ya está hecho, ya que las rectificaciones rara vez alcanzan la misma difusión que las declaraciones iniciales. Las redes sociales actúan como multiplicador y conservan los mensajes originales mucho después de que hayan quedado desacreditados. Una estrategia popularizada por la extrema derecha y que ahora réplica un PP que se reivindica como partido de Estado.

El PP cuenta para ello con el apoyo de medios de dudosa fiabilidad financiados desde administraciones controladas por ellos. Ocurre por ejemplo con Libertad Digital y la mediosfera de Jiménez Losantos, a la que la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid destinaron 1,02 millones de euros solo el año pasado. Pero también con otros como El Debate, ABC y The Objective, a los que la presidenta madrileña ha destinado la mayor parte del aumento de los fondos, como reveló recientemente infoLibre.

Así, cada vez más estudios acreditan que la amplificación de la desinformación en las redes sociales se alinea con ideologías específicas y se ha convertido en un arma central para los actores políticos de derecha en las democracias liberales. Para ellos la mentira está por encima de cualquier rectificación. Y el rival siempre es el culpable.

En Madrid, a 25 de septiembre de 2025

Señor D. Juan Carlos Peinado:

Le escribo con motivo de su último auto, por el que decide abocar a juicio oral ante un tribunal de jurado popular la pieza separada por un presunto delito de malversación de caudales públicos contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno; Cristina Álvarez, asistente de la ya citada en la Moncloa, y el actual delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, por su anterior función como secretario general de Presidencia. 

De nuevo ha sorprendido usted a propios (es un decir) y extraños en fondo, forma y fecha. En el fondo porque, aunque el delito de malversación es uno de los once contemplados para ser dirimidos por jurado popular (ver aquí), hacen falta doce lupas de Sherlock Holmes para hallar un solo indicio mínimamente sólido que sujete esa acusación, hasta el punto que ni usted mismo es capaz de cuantificar la supuesta extracción de dinero público para beneficio privado. ¿Un solo euro que se haya presuntamente llevado a su actividad en la Universidad Complutense Begoña Gómez aprovechando su condición como pareja del presidente del Gobierno? La respuesta es CERO repasando todos los autos de su “investigación” (vamos a ser generosos en los términos). Y no es un capricho que se le dirija a usted este reproche: el artículo 432 del Código Penal exige cuantificar la cantidad malversada, puesto que la pena sobre ese delito va en función de su volumen. (Dejaremos para otro momento la resolución del enigma de por qué ahora advierte del camino al tribunal del jurado para la malversación y no lo ha hecho aún respecto al tráfico de influencias, por ejemplo, también incluído en la Ley del Jurado).

En la forma, porque para salvar el escollo de que usted mismo rechazó en su día la admisión a trámite de una querella por malversación de caudales públicos presentada por Vox, sostiene en este último auto que “la delimitación del objeto del proceso es de cristalización progresiva”. ¿En qué indicios se basa usted para explicar esa “progresiva cristalización”? Misterio. No detalla absolutamente ninguno.

En la fecha, porque “casualmente” su auto aparece inmediatamente detrás del de la apertura de juicio oral al hermano del presidente del Gobierno por esa plaza ‘musical’ creada por la Diputación de Badajoz y, un poquito más atrás (cuestión de horas) del señalamiento de juicio para la pareja de Isabel Díaz Ayuso en la causa por fraude fiscal iniciada por la inspección de Hacienda por delitos de fraude fiscal, falsedad documental y pertenencia a organización criminal (ver aquí). ¡Ni un solo día sin contrarrestar la más mínima relajación en el Gobierno legítimo! Dicho de otra forma, “el que pueda hacer, que haga” (usted ya me entiende).

En realidad –y recurriendo a su propio y alucinógeno lenguaje– “las leyes de la lógica y de la empírica” me llevan a afirmar que usted descubrió el supuesto carril del delito de malversación en un auto previo de la Audiencia Provincial, esa sala a la que todo el mundo adjudica la encomiable labor de poner freno a sus excesos y excentricidades, pero que en la práctica ha ido blindando su esotérico proceso incluso indicándole por dónde debería ir para llegar a buen (es un decir) puerto.

Me refiero a un auto anterior al suyo, y del que ha dado cuenta Manuel Altozano en infoLibre, porque merecería un examen detenido por parte del Consejo del Poder Judicial o de cualquier instancia superior que tenga el más mínimo interés en proteger el (des)crédito de la justicia y su imprescindible apariencia de imparcialidad y respeto a la presunción de inocencia. Los autores son precisamente los tres integrantes de la sección 23 de la Audiencia de Madrid, que prescribieron este verano lo siguiente: “La investigación tendrá que centrarse en si [la asesora de la esposa del presidente del Gobierno] se sobrepasó en el desempeño de las funciones públicas que le fueron encomendadas para favorecer EL PLAN DELICTIVO de la investigada en el delito de tráfico de influencias, mediante la desviación de medios públicos puestos indebidamente al servicio de intereses particulares o estrictamente privados” (ver aquí). Las mayúsculas en medio de ese párrafo son mías, y pretenden (obviamente) destacar el dislate absoluto de esa sala que se permite con absoluto desparpajo dar por demostrado nada menos que un “plan delictivo” elaborado desde la Moncloa para desviar recursos públicos a manos privadas. Sin juicio ni sentencia. ¡Uff!

A mi humilde entender (incluso apoyándome en “las leyes de la lógica y de la empírica”), ese tribunal debería quedar desautorizado por completo en esta causa, si no sancionado por esa flagrante violación de la presunción de inocencia. A usted ya se ve que no sólo le da igual, sino que le viene de perlas seguir el carril que ese disparatado auto le abre: ya que no termina de encontrar un solo indicio de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida o intrusismo profesional –los cuatro delitos por los que usted abrió la causa contra Begoña Gómez a instancia de la organización ultraderechista Manos Limpias–, aparece la liebre mecánica que le regala la siguiente instancia judicial, claramente inspirada en la interpretación “creativa” que el ínclito y patriotero magistrado del Supremo Manuel Marchena (el de la “puerta de detrás” por la que el PP preveía en su día manejar la Sala Segunda encargada de sus macrocasos de corrupción) se sacó de su ingeniosa manga para bloquear la aplicación de la Ley de Amnistía aprobada por el Legislativo (ver aquí).

Por resumir: no solo malversa quien utiliza dinero público para beneficio privado (lo que las “leyes de la empírica” traducen como latrocinio), sino también quien “se ahorra” la aportación de recursos particulares para un objetivo personal o colectivo sufragado a cargo público, por cívico y hasta ético que el objetivo sea. La respuesta a esta elucubración rayana con el insulto a la inteligencia la dio con claridad meridiana la magistrada Ana Ferrer, que había dado su voto favorable a la sentencia del procés y tuvo que exclamar después en un voto particular sobre la ley de amnistía aquello de “yo estaba allí y nadie mencionó ni por asomo esa inédita interpretación de la malversación”. Todo valga para que Puigdemont no pise España (y, si fuera posible, Sánchez tampoco, ni Yolanda Díaz, ni Pablo Iglesias, ni Gabriel Rufián... y por ahí hasta el infinito que plantea VOX de ilegalizar a los adversarios).

Ya sé que usted, señor Peinado —que llegó a la judicatura por ese cuarto turno que ahora sus correligionarios ideológicos consideran “dedazo” en su guerra contra las reformas que pretenden dotar de transparencia y méritos frente a la endogamia que caracteriza al Poder Judicial—, no siente la menor vergüenza ante los ridículos sucesivos que usted mismo se ha buscado intentando machacar al presidente del Gobierno en su despacho de la Moncloa, o pretendiendo imputar al ministro de Justicia con una argumentación que ni el mismo Supremo –que traza una senda igualmente alucinógena para acabar con el Fiscal General del Estado– se ha atrevido a respaldar. 

Ha sido capaz, señor Peinado, de facilitar la deshumanización y criminalización de un presidente del Gobierno, de su pareja, de su familia y hasta de la asistente personal de la esposa del presidente. ¿Usted se ha molestado en algún momento en conocer cuál fue la función, presupuesto asignado, utilización de fondos públicos, etc., etc., de los/las anteriores asistentes personales de las parejas de los presidentes de Gobierno? (ver aquí). ¿Usted no sabe que del erario público pagamos la atención durante mucho tiempo en la Moncloa al padre de Mariano Rajoy y nadie inició una investigación judicial por malversación? (ver aquí) Calculo que lo sabe usted perfectamente, puesto que está tan pendiente de lo que de usted dicen en redes sociales ministros y periodistas que hasta dedica parte de su tiempo (¿y recursos públicos?) a querellarse contra ellos por lo que comentan o comentamos sobre sus espectaculares actuaciones (ver aquí). 

Le diré mi opinión, sin acritud y guiada por “las leyes de la lógica y de la empírica”. No le acusaré de prevaricación porque es un delito que hay que probar de forma solvente y objetiva. Es decir, con pruebas o indicios sólidos. A mí me llega, por ejemplo, que usted entró no hace mucho en una sede del Partido Popular en Pozuelo pegando gritos porque a su hija Patricia le habían rebajado las funciones de concejal (ver aquí), pero sobre todo el sueldo –de 74.949,98 euros como responsable de Deportes, a los 67.400, o sea 7.500 menos, como edil de la zona sur del municipio madrileño– con la castiza y clasista advertencia del “¡no sabe con quién está hablando!”. Pero yo no me atrevo a encargar una información sobre el asunto porque no tengo indicios suficientes para dedicar recursos (privados, limitados y transparentes de infoLibre) a esa nueva escena de La escopeta nacional. 

Del mismo modo, señor juez, no le acuso de prevaricación, pero me atrevo a trasladarle en esta carta pública que no encuentro forma alguna (ni lógica ni empírica ni tampoco jurídica) de explicar su rosario de actuaciones salvo que exista una motivación política. Repaso su historial en el caso que nos ocupa y veo reflejado al milímetro el funcionamiento del “ciclo del bulo” que hace unos días describía Fernando Varela en infoLibre: recortes de pseudomedios o medios, admisión judicial, rebote en tribunas políticas y de ahí a las portadas y editoriales de medios y pseudomedios. Vuelta a empezar (ver aquí). ¿Por qué hay medios y mercenarios supuestamente periodísticos que se prestan a la labor? Lean la investigación que venimos publicando sobre el grifo de recursos públicos con el que Isabel Díaz Ayuso (por ejemplo) riega a sus medios afines (ver aquí). Lo entiende un tonto. Y usted.

Ha decidido, señor Peinado, celebrar este sábado su 71 cumpleaños aprovechando la guardia de su juzgado para citar a la esposa del presidente del Gobierno, a su asistente en Moncloa y al actual delegado del Gobierno en Madrid con el fin de comunicarles que se sentarán en el banquillo acusados de malversación ante un jurado popular. Tengo curiosidad por saber cómo se hará la selección de los nueve jurados exigidos que no estén de antemano contaminados precisamente por el citado ”ciclo del bulo”, sin el que usted no habría podido abrir (ni por asomo) la causa que le entretiene y en la que tantas expectativas tienen puestas los dos principales partidos que proclaman su absoluta prioridad de “echar a este Gobierno, como sea” (Tellado dixit). 

Tenía previsto incluir como cierre de esta carta, por si se aburriera un poco en esa guardia cumpleañera y festiva, un ingenioso audio (donde se unen el talento de Max Pradera y la habilidad robótica de la Inteligencia Artificial) que refleja lo que, quizás, las “leyes de la lógica y de la empírica” llevan a concluir acerca del extravagante proceso que usted viene ejecutando (en compañía de otros). Se titula Qué le van a dar (por los servicios prestados). La canción insinúa cosas, claro, aunque no tantas como las que sustentan su actuación judicial. De momento me lo guardo, por no cargarle de trabajo extra con su empeño en ver por todas partes acusaciones de prevaricación.

Atentamente,

Jesús Maraña 

En una de las entradas de su diario, Jules Renard anotaba de alguien que, aunque no hablaba, se sabía que pensaba tonterías. En tales casos la situación puede tenerse bajo control siempre que se trate de un tonto discreto, como el conocido de Renard, que se mantiene soterrado como las vías del tren en las grandes ciudades, y que solo emerge a la superficie en las dos o tres estaciones para respirar y decir aquello de viajeros al tren, porque el tonto a estas alturas todavía no se ha enterado de que desde hace décadas eso ya se anuncia en cinco idiomas y por megafonía.

Lo que ya escapa de todo control es cuando el tonto se mete en política, cuya actividad principal, como se sabe, consiste en hablar y hablar de las cosas que no está haciendo o hace fatal el otro, como burdamente siempre hace el PP cuando está en la oposición a falta de mejor política. En casos como estos es cuando resulta imposible soterrar la tontería.

Sin que tenga nada que ver con la anotación de Renard, el otro día salieron, no se sabe bien de dónde, muy ufanos el señor Feijóo y su escudero Tellado dándonos a conocer después de lustro y medio su primera idea o, al menos, su primera ocurrencia. Se trata de una medida estrella para acabar con gran parte de los incendios. Como entienden que les pagan por hablar, hablaron de que eso de las 400.000 hectáreas que han ardido en España en 2025 lo arreglan ellos poniendo pulseras en la muñeca de los pirómanos, ocurrencia de la que se sienten tan orgullosos que no le perdonan una a las pulseras de los maltratadores y ni aun a las pulseritas de España. Sin embargo, los dos emergentes pasaron por alto en su solución que los pirómanos son esquivos y rápidos como el rayo, que como sabía el poeta nunca se detuvo prisionero en una jaula y este año ha provocado él solo en Aragón el 27 por ciento de los incendios. 

A ver si cuando vuelvan a hablar nos cuentan también en primicia su nueva ocurrencia y nos explican cómo se ata esa mosca por el rabo o se le pone la famosa pulserita al rayo. Viajeros al tren. Sin megafonía.

Esta solución pueril dada para un problema complejo como controlar los incendios de nuestros bosques mediante una solución que no soluciona nada, delata la existencia de cierta delectación en provocar o, al menos, en recrearse en el espectáculo de las llamas, ya que es sabido que los pirómanos suelen ser los primeros que acuden al sitio y simulan apagar el fuego. Los expertos en la materia (cualquiera menos los principales cargos del Cecopi en la dana de Valencia) aseguran que los incendios de los montes se apagan en invierno; mientras que los incendios de la sociedad se prenden y alimentan durante todo el año. Cosa que saben bien nuestros pirómanos políticos, que están perfectamente identificados porque operan a cara descubierta y a plena luz de día, y cada día queman más hectáreas de nuestro suelo convivencial y democrático.

Este tipo de pirómanos no cree en el cambio climático y en cambio cree en el cambio de Gobierno desde el minuto cero, por encima de la duración legal de los mandatos. No son inconscientes domingueros de barbacoa, sino que se reúnen temprano a diario como una organización criminal para acordar qué incendian hoy, y luego salen en tropel con sus teas a convertir al prójimo en cenizas.

Aún más irresponsable y delictivo que hacer fuego alegremente en el campo es incendiar a la sociedad con mentiras, rociándola como si fuera gasolina. Junto al plan general contra el fuego, para perimetrar este otro fuego antes de que se nos vaya de la mano y nos queme a todos, habría que hacer un plan nacional contra estos otros pirómanos que jamás han pisado el monte, aunque sepan incendiar como nadie. Ponerles, en este caso sí, la pulserita que dicen Feijoó y Tellado para que, cada vez que el mentiroso prenda la chispa, el embuste le estalle en las manos y les tizne la cara el hollín.

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Miguel Sánchez es socio de infoLibre.

La audiencia de los programas informativos —y de infoentretenimiento— en España sigue dominada por la televisión privada, en particular por Antena 3, una emisora propiedad del Grupo Planeta, tradicionalmente bien relacionada con el Partido Popular. Pero el inicio de temporada de RTVE, que en algunos momentos ha conseguido superar a sus rivales —algo que no sucedía desde hace años—, ha reequilibrado un poco el menú a disposición de los telespectadores.

La parrilla de La 1 combina esta temporada información en directo desde primera hora hasta media tarde. La Hora de La 1, con Silvia Intxaurrondo a la cabeza, ha sido capaz de liderar su franja horaria de las mañanas y roza el 20% de cuota de pantalla. Mañaneros360, liderado en su parte más política por Javier Ruiz, se asoma al 16% y está siendo capaz de superar a las hasta hace poco reinas de las mañanas, Ana Rosa Quintana (Telecinco) y Susanna Griso (Antena 3), con cifras por debajo del 13% y del 12%, respectivamente.

A la oferta de entretenimiento informativo de La 1, ese formato híbrido en el que se mezclan noticias con elementos propios del espectáculo y al que TVE se ha entregado con entusiasmo, acaba de sumarse Directo al grano, con Marta Flich y Gonzalo Miró, y unos primeros resultados nada despreciables (por encima del 10% y muy cerca de la media de cadena, situada en un 11,7%).

Malas lenguas, que ya se estrenó en la temporada pasada bajo la dirección de Jesús Cintora, está cosechando algo más de un 9%, pero todavía por debajo de los dos dígitos (un 5,4 % en su franja a través de La 2). Y La noche en 24 horas, bajo la dirección de Xavier Fortes, sigue haciendo gala de una influencia en el debate público muy por encima del modesto 2% de audiencia que marcó al final de la última temporada, que en todo caso supuso su mejor registro en 15 años.

No son programas cómodos para el PP y sus portavoces. Acostumbrados a las entrevistas blandas con las que son recibidos en los platós de Antena 3 y Telecinco, cuando se asoman a los programas de TVE saben que van a tener que responder a preguntas comprometedoras.

Y no están acostumbrados. El último en encajar mal tener que dar explicaciones fue Miguel Tellado, secretario general del partido y mano derecha de Alberto Núñez Feijóo. El pasado lunes, durante una entrevista en La Hora de La 1, dejó claro su descontento con la presentadora, Silvia Intxaurrondo, a la que discutió sus preguntas después de que esta, en varias ocasiones, intentase aclarar si condenaba o no el asesinato de niños en Gaza.

Visiblemente enfadado, acusó a Intxaurrondo de hacerle una pregunta “tremendamente irresponsable” por insistir en conocer la posición del PP sobre el genocidio. “Claro que condenamos el asesinato de civiles”, replicó. “Le ruego que no tergiverse la posición de mi partido desde la televisión pública de España. Creo que su pregunta es tremendamente irresponsable, teniendo en cuenta que estamos en una televisión pública”, insistió, para acabar acusando al Gobierno de utilizar “los medios públicos para establecer una cortina de humo para tapar la corrupción sistemática del presidente”.

El malestar y la preocupación del PP con los nuevos programas —y sus buenas audiencias— es cada vez más visible. Lo corroboró ese mismo día, apenas unas horas después, el propio Feijóo. En una intervención durísima ante la plana mayor de su partido, enumeró los desastres que, según él, está causando “la corrupción” del Gobierno. Y citó en segundo lugar a RTVE, algo poco frecuente hasta ahora en sus intervenciones: “[A] Televisión Española, de pública ya solo le queda que la pagamos todos los españoles con nuestros impuestos. Pero ya no es una televisión pública. Es un aparato propagandístico impúdico que arrincona a todos los buenos profesionales que trabajan allí”.

“Ya ni disimulan, ya no informan, simplemente propagan”, remachó el hombre que sometió durante años a un férreo control ideológico a la Televisión de Galicia —que sigue en vigor y que desde hace años ha sido objeto de denuncias por parte de los trabajadores de la radiotelevisión autonómica y del Colexio de Xornalistas—.

Es el mismo hombre, aunque hoy como líder del PP, que tiene una herida abierta con TVE. Hay indicios demoscópicos de que fue precisamente una entrevista en el programa La Hora de La 1, presentado por la periodista Silvia Intxaurrondo, lo que le cerró las puertas de la Moncloa hace dos años, después de ser pillado en directo en una mentira apenas una semana antes de las elecciones generales.

En línea con este ataque generalizado, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, arremetió directamente contra el presidente de RTVE, José Pablo López, a quien achaca que “sigue órdenes” cada vez que le “llaman de Moncloa”. RTVE es, según Almeida, el “Ministerio de la Verdad”, el “ministerio 23”. Su único interés es levantar “cortinas de humo” y “fuegos artificiales”, como la retirada de Eurovisión.

Y es que, en su afán por desacreditar a la televisión pública, el PP ha criticado con enorme dureza la decisión del Consejo de Administración de RTVE de ausentarse del festival de la canción —que cada año congrega a audiencias millonarias frente a las pantallas de televisión— si la organización vuelve a invitar a Israel y prosigue el genocidio en los territorios ocupados. A los de Feijóo esta decisión, que afecta a una actividad de la que TVE es copartícipe, les parece un “acto de hipocresía”, porque la cadena no ha anunciado que vaya a dejar de emitir eventos deportivos en los que participen atletas o equipos israelíes (y de los que no es organizadora directa ni indirectamente).

Los ataques han llegado incluso desde À Punt, la televisión pública controlada por el PP y Vox en la Comunitat Valenciana. En sus programas se ha criticado a TVE por difundir la grabación que puso en evidencia la gestión de la dana del Gobierno de Carlos Mazón. Hasta el Consejo de Informativos de RTVE tuvo que salir a rechazar “las acusaciones de mala praxis vertidas por À Punt en sus informativos”, que intentan situar sin fundamento a Televisión Española “en medio de una pelea con finalidades partidistas”.

Al PP no le gustan los programas de infoentretenimiento ni los informativos. Lo dejó claro a comienzos de mes, cuando criticó a la periodista Pepa Bueno por la entrevista que hizo al presidente Pedro Sánchez el día de su estreno al frente del Telediario 2 (no les pareció lo suficientemente incisiva) y rechazó acudir al mismo programa. O cuando exigió que no volviera al plató Sarah Santaolalla, analista política y activista que, en una tertulia, llegó a decir, en plena estrategia conservadora para tratar de culpar de los incendios a Pedro Sánchez, “que hay que ser muy idiota o tener muy poca información para seguir creyendo al PP y a Vox”.

Pero tampoco son del agrado del partido de Feijóo los late shows, como La revuelta de David Broncano o el Late Xou de Marc Giró. Con elevadas audiencias (por encima del 12%), muy cerca de espacios líderes de la competencia como El Hormiguero (Antena 3), se han convertido en emisiones a través de las cuales se combaten abiertamente las guerras culturales de la derecha, se defiende al pueblo palestino frente al genocidio israelí y se critica sin reservas el machismo, la xenofobia o el negacionismo climático.

Hay que tener mucho cuidado con las ocurrencias y las metáforas, señor Tellado. Recientemente ha sido designado Secretario General del Partido Popular, cargo que le convierte en el número dos de su organización. Se viene caracterizando por propuestas disparatadas y metáforas brutales e indignas de un político democrático. Sin olvidarnos de su último desafuero, no podemos dejar de recordar que propuso en el Congreso de los Diputados utilizar los buques de guerra para interceptar los cayucos, sin precisar, con detalle, en qué iba a consistir su despliegue. Dispone usted de varias alternativas. La primera y la que creo que va más con su talante, sería colocarse en la proa del buque insignia y conminarles, con un potente megáfono, a que se den la vuelta y retornen al punto de partida. Desesperados, se lanzarían al agua con grave riesgo de sus vidas y algo tendría usted que hacer. Otra opción sería detenerlos, subirlos a bordo, se supone que para alimentarles y atenderles sanitariamente para después llevarlos a un puerto seguro. Le advierto que en este caso ya habrían accedido a territorio español y habría que aplicarles nuestra legislación. La tercera alternativa, que no quiero ni imaginármela, sería seguir las directrices del Gran Dictador Donald Trump, disparando a matar contra las frágiles embarcaciones repletas de seres humanos hundiéndolas en las profundidades del océano. Según parece, se trataba de una posibilidad materializada en imágenes de eso que llaman “inteligencia artificial”. Reconozco que estoy siendo muy crítico, pero estoy seguro de que este crimen no entra en sus previsiones. 

Si el buque abordado fuese el Open Arms o cualquier otro de una organización humanitaria, cumpla usted con las propuestas de su socio Santiago Abascal, desaloje a la tripulación y a los rescatados y ordene ejercicios de tiro hasta hundirlo. Por lo menos serviría para afinar la puntería. Como político que aspira a formar parte de un Gobierno sometido al ordenamiento jurídico, debería saber que ya existe un servicio de Salvamento Marítimo adscrito al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que cumple ejemplarmente con las obligaciones que imponen los Convenios Internacionales sobre Salvamento Marítimo firmados por España. Le advierto que podría ser acusado de duplicar innecesariamente el gasto público, lo que puede ser considerado como un delito de malversación de caudales públicos, según la preclara mente jurídica del juez Peinado.    

No sé si es usted consciente de la monstruosidad democrática que acaba de perpetrar, con el aplauso generalizado de esa España que, como dijo mi padre espiritual Antonio Machado: ¡ha de helarte el corazón! Reproduzco textualmente su frase por si le sirve para reflexionar.  En este nuevo curso político se "empezará a cavar la fosa donde reposarán los restos de un Gobierno que nunca debió haber existido en nuestro país". Ya sabemos que es una metáfora, pero su contenido puede tener lecturas con reminiscencias de un pasado sangriento que debería conocer y condenar. En julio de 1936, el general Queipo de Llano publicó un Bando de Guerra en el que ordenaba “pasar por las armas sin necesidad de juicio” a los pertenecientes a partidos políticos, sindicatos y organizaciones que conformaban el Frente Popular. Se supone, aunque no fue así, que “el profundo catolicismo imperante” les debería haber dado digna sepultura. Franco y Mola participaban de la misma idea. 

Volviendo a la metáfora, sin duda usted será el primero en coger pico y pala para cavar la fosa, lo más profunda posible, para enterrar al actual Gobierno. Parece que deja fuera a los partidos políticos que lo sostienen parlamentariamente. Precíselo, no vaya a ser que, distraídos, caigan en el mortal hoyo. Como veo que le gusta el oficio de sepulturero, me he entretenido en buscar literatura que le pueda ayudar a comprender el desatino de la frase que ha llegado a pronunciar en sede parlamentaria.

En alguno de ellos se narra que los sepultureros, a menudo, padecen alucinaciones. Siguiendo con mi lúgubre búsqueda –no he encontrado nada en Edgar Allan Poe–, he localizado un relato de Rainer Maria Rilke titulado El Sepulturero, que conjuga las consecuencias de las políticas inhumanas que ocasionan los naufragios y la muerte en la mar con el inevitable reguero de cadáveres a los que hay que dar sepultura. Reproduzco uno de sus pasajes: Hay muchos muertos que trae el mar, los deja por la noche en las playas. Quien los encuentra no se asusta, sino que lo acepta como alguien que lo sabe hace mucho tiempo. Hay entre nosotros un anciano que vive en una isla, a la que el sombrío mar llevó tantos muertos que ya no había lugar para los vivos. El sepulturero, agotado después de haber cavado una profunda fosa, no se cree la historia: quizás se haya equivocado el anciano que lo contaba, yo no la creo, yo creo que la vida es más fuerte que la muerte.

Me hubiera divertido encontrar un relato en el que el sepulturero, agotado por el esfuerzo desplegado para cavar una profunda fosa, pierde el equilibrio y se cae hasta lo más hondo. Aturdido por el golpe es incapaz de salir y pide auxilio. Quizá sus correligionarios le dejen abandonado porque su salida de tono les ha podido causar algún ligero rechazo demoscópico. Pero no dude que, si sus gritos de auxilio son escuchados por algún demócrata, le ayudará a salir del agujero en el que se ha metido. Una vez fuera y a salvo, debe meditar sobre el daño que producen frases como las que ha pronunciado, en la convivencia necesaria en una sociedad democrática. Fiel a su estilo, con motivo del asesinato de Charlie Kirk, ha deslizado un mensaje que, subliminalmente, puede incitar a la violencia contra la izquierda. No se equivoque, señor Tellado, los demócratas combatimos el odio con la palabra. Repase los libros y las hemerotecas. El número de militantes de izquierda asesinados por activistas de la extrema derecha, desde la llamada transición democrática, alcanza cifras insoportables. Por favor, no introduzca a ETA en la ecuación. Esa banda asesina estuvo a punto de acabar con la democracia y dar el poder a los nostálgicos del autoritarismo. Medítelo, no siga por ese camino.

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José Antonio Martín Pallín es abogado. Antes, ha ejercido como fiscal y magistrado del Tribunal Supremo. Es, además, autor de los libros 'El Gobierno de las Togas' y 'La Guerra de los jueces' (Catarata).

Todos sabemos que es la ultraderecha, a la que ya no separo en dos partes porque todo va dirigido desde FAES y la corriente mundial difícil de entender, aunque este país tiene grandes diferencias con el resto del mundo por ser el único que soportó el fascismo casi 40 años y muchos retazos aún continúan con el deseo de perpetuarse a base de comprar todo con un dinero robado a la gente honrada que pagamos impuestos y utilizado para su beneficio comprando medios y judicatura, las dos fuerzas más peligrosas. Llevo muy mal que mi dinero sirva para potenciar esos medios vendidos que no saben lo que es el periodismo.

Todos sabemos que estas líneas escritas no tienen gran valor si se quedan en uno de los pocos medios digitales capaces de publicarlas porque en los medios populares, y nunca mejor dicho, barren cualquier intento de progresar. A mí, por ejemplo, me publicaron muchas Cartas a El País desde sus inicios, quizá cerca de cien, y ahora sigo escribiendo por desahogo sabiendo que no saldrán a la luz.  A eso se añade una izquierda incapaz de aceptar un liderazgo, simplemente de defensa. Y nunca tuvimos un gobierno tan preparado como el actual y algunos personajes de gran valía, y cito a Gabriel Rufián, a Emilio Delgado, a Carlos Cuerpo y varios ministros y ministras, y a otros varios capaces de doblegar a Podemos para que se incorporen a esta lucha. Ya no existe aquella derecha sensata que representaba Ángela Merkel porque hoy solo se escucha el fascismo de nulo valor intelectual y solo con escuchar a Ayuso, a Tellado a Feijoo o fuera a Milei o el mismo Trump para darse cuenta de la penuria intelectual que sería tristísimo que “gobernaran” algún día para destrozar a esos votantes jóvenes que no saben lo que hacen porque una gran parte de ellos solo se alimentan de las RRSS sin saber ni quién era ni qué hacía Franco, o Hitler. Y eso lo pagaremos todos y principalmente esos jóvenes que aún creen que la Patria es algo único en la vida. Y yo me pregunto, ¿qué Patria? Un país donde sobramos la mitad de sus habitantes según ellos y todos esos inmigrantes que tratan de venir a mejorar su vida, aunque no les estorban los que compran casas enteras para inmigrantes con poder económico o futbolistas, aunque sean negros.

El liderazgo de Pedro no está en duda ni siquiera en Europa. Aquí es el enemigo, pero la izquierda radical debe aceptarlo para liderar a aquellos que no queremos ver el fascismo de nuevo aquí, que yo lo viví en profundidad y rechacé siendo un adolescente. Por algo sería. Por eso me extraña que los jóvenes actuales piquen en ese horror. Solo tengo una esperanza, que Madrid sea el único reducto del fascismo como demuestran cada día Ayuso, Almeida y todos esos apellidos conocidos que cada día se lucen en medios comprados por ellos. Que en el resto de España exista un bloque suficiente para defendernos de esta plaga potente apoyada solo en su dinero. Que se haga eco la gente que vota que la izquierda o la derecha sensata que representa el PSOE no tenemos posibilidades de expresar nuestras razones porque las tapa el dinero, pero hay algo que debería hacer reaccionar a todos. Un día la representante de esa derecha sensata, Merkel, apartó de su país al fascismo que allí se conoció bien, y sabía de su peligro. Para pensar…

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César Moya Villasante es socio de infoLibre.

Las Naciones Unidas no tienen "competencias" para definir lo que es un genocidio y lo que no lo es. Al menos, a juicio del Partido Popular. Esa es la explicación que dio la portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, este martes después de que la Comisión Internacional Independiente de Investigación nombrada por la ONU haya concluido que "Israel ha cometido genocidio contra los palestinos en Gaza desde el 7 de octubre de 2023". Así lo desgrana en un informe de 72 páginas que aprecia cuatro de los cinco criterios de genocidio: "asesinatos, causar daños corporales y mentales graves, infligir deliberadamente condiciones de vida calculadas para provocar la destrucción y la imposición de medidas destinadas a impedir nacimientos".

Muñoz, sin embargo, no considera que sea suficiente: "No me compete ni a mí, ni a la ONU ni al presidente del Gobierno decidir lo que es o no es un genocidio", argumentó en rueda de prensa desde el Congreso en la que minimizó la importancia de una comisión formada "por tres personas". Para el PP debe ser la Corte Penal Internacional (CPI), el mismo tribunal que hace un año emitió órdenes de detención contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su antiguo ministro de Defensa, Yoav Gallant, por crímenes de guerra, el que dictamine si lo que está ocurriendo en Gaza es un genocidio.

El PP solo lo considerará como tal cuando el tribunal de La Haya dicte sentencia y, si lo hace, respetará las "decisiones judiciales". Hasta entonces la formación de Alberto Núñez Feijóo no se pronunciará pese a que el ejército israelí ya se ha cobrado la vida de más de 65.000 palestinos. Sin embargo, para Muñoz "lo que está ocurriendo es mucho más complejo" que describirlo o no con esa calificación jurídica. La portavoz del PP ha evitado dirigir cualquier crítica contra Netanyahu y se ha quejado de las reiteradas preguntas de los periodistas sobre esta cuestión con el argumento de que "el Gobierno necesita que se hable de esto".

En la misma línea de lo defendido por su formación desde el domingo en el que los manifestantes propalestinos obligaron a cancelar la última etapa de La Vuelta, Muñoz situó toda la responsabilidad en el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, al que acusó de utilizar la causa palestina con fines electoralistas. "Si se quisiera ayudar al pueblo gazatí y no se usara como escudo electoral, un presidente del gobierno responsable intentaría persuadir a Israel, en lugar de ir por libre. A lo mejor eso sí sería útil", dijo.

A diferencia de lo que ocurre con otros presidentes a los que el PP no duda en atacar, como sucede con el venezolano Nicolás Maduro, el ruso Vladimir Putin o la mexicana Claudia Sheinbaum –entre otros bajo apelativos como dictador o tirano en los dos primeros casos y sin que haga falta ninguna resolución judicial que lo demuestre—, el PP siempre evita cualquier crítica dirigida a Netanyahu, pese a que la citada Corte Penal Internacional le atribuyó responsabilidad criminal por el crimen de guerra de inanición como método de guerra y los crímenes de lesa humanidad de asesinato, persecución y otros actos inhumanos.

Netanyahu, sin embargo, no ha recibido ningún reproche por parte de la formación de Feijóo. En estos casi dos años los conservadores han justificado sistemáticamente sus acciones en nombre del derecho a defenderse, y han acusado falsamente al Gobierno de apoyar el terrorismo de Hamás y a Sánchez de provocar, día sí y día también, crisis diplomáticas con el país hebreo. Un argumento que utilizó este martes Muñoz y el día anterior el número dos del PP, Miguel Tellado, en una entrevista en RTVE. "Nosotros creemos que Israel tiene derecho a defenderse de una organización criminal y terrorista como es Hamás", señaló, para añadir a renglón seguido que Israel debe "diferenciar entre la población civil y la organización terrorista".

En esa misma entrevista Tellado también evitó responder sobre si el presidente israelí debería ser detenido si entra en territorio europeo, tal y como indica la ley. "Eso le corresponde a la Corte Penal Internacional, no a Pedro Sánchez por muy necesitado que esté de una cortina de humo para tapar la corrupción. Que nadie vea en Sánchez un compromiso humanitario con lo que sucede en Gaza, porque esa no es su preocupación ni su prioridad", señalaba. En un momento, el secretario general del PP afirmó que todo lo que está ocurriendo en la Franja "tiene su origen en un ataque terrorista" al que Israel "decidió contestar".

Más allá fue el portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, que llegó a justificar al israelí por "avisar" a la población antes de lanzar las bombas. "Curioso genocidio en el que el supuesto genocida avisa por tierra, mar y aire de los objetivos que va a destruir para que sean desalojados y no haya víctimas", señaló. Una posición en la que se reafirmó horas más tarde en su cuenta social de X pese a las críticas recibidas. "Después de dos años, si todavía no ha ganado esa guerra es porque los cobardes de Hamás se esconden detrás de mujeres y niños. Esa es la verdad que muchos no quieren denunciar", añadía.

A esto se le añade que la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), que preside Aznar y que actúa como brújula moral del PP en asuntos internacionales, ha dejado bien claros su oposición a la creación del Estado palestino y su apoyo cerrado al Gobierno de Netanyahu. La tesis de Aznar es que el Estado judío "lucha por su supervivencia" porque sus "enemigos quieren eliminar su existencia" y "la presencia de Estados Unidos" es fundamental para ese objetivo. Un argumento que comparten figuras del partido como la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, pero también miembros de la dirección nacional del PP como Elías Bendodo.

Hace solo unos meses FAES publicó uno de sus análisis titulado '¿Y si Hamás se rinde?', en el que defendió que la única solución al conflicto es la rendición incondicional del grupo islamista, calificó la ofensiva de Israel de "legítima respuesta" y criticó al Gobierno de Sánchez y a sus aliados por "tomar al agredido como agresor”, en referencia al Ejecutivo de Netanyahu. "A diferencia de lo que proclama el tópico, las guerras no terminan en una mesa de negociación, sino cuando un bando gana y el otro pierde. Y en este conflicto Hamás tiene que perder", defendía el texto publicado por la fundación del expresidente español.

Detrás de este apoyo se esconde una amistad de la que dan cuenta algunas crónicas de su época en La Moncloa. En el año 1998, cuando ambos presidían sus respectivos países, el español visitó Jerusalén para darle su apoyo, invitarle a Madrid y citarle como "el principal socio comercial de España en esta región". Entonces, Netanyahu ya prometía "paz duradera" en la región, a lo que Aznar respondía que la cuestión no era hacer "grandes operaciones de propaganda, sino que quienes tienen que arreglar el asunto, lo arreglen". Casi tres décadas después, Israel ha ordenado la conquista total de la Franja.

El nuevo curso político ha arrancado con la dirección nacional del Partido Popular anunciando el inminente final del Gobierno de Pedro Sánchez, una premisa que mantienen desde que comenzó la legislatura. Como parte de esa estrategia, los conservadores han intensificado sus exabruptos contra el Ejecutivo, como hizo el número dos del PP, Miguel Tellado, el pasado sábado en un acto en el que animó a la movilización para "empezar a cavar la fosa donde reposarán los restos de un Gobierno que nunca debió haber existido".

Tres días después de esas palabras, Tellado no ha vuelto a protagonizar ningún acto ni a conceder ninguna entrevista ni rueda de prensa, pese a que normalmente se prodiga mucho en estos formatos. Es más, ante la ausencia del portavoz nacional del partido, Borja Sémper —que se encuentra lidiando con un cáncer—, ha sido Tellado el encargado de sustituirlo de manera oficiosa. Sin embargo, el lunes fue su antecesora en el cargo, Cuca Gamarra, actual vicesecretaria de Regeneración Institucional, la que compareció desde la sede de Génova 13 para atender a los medios tras el comité de dirección.

Las palabras de Tellado generaron un aluvión de criticas por parte del Gobierno de Sánchez pero también de las asociaciones de memoria, que las ha entendido como una ofensa hacia las víctimas del franquismo y las califican de "aberrantes y lamentables". Gamarra, por su parte, aseguró que fue "una metáfora" sin mayor relevancia: "Seguro que ustedes han usado en muchas ocasiones", afirmó el lunes. "Si no saben qué es una metáfora, seguro que le ha quedado claro en estos momentos", zanjaba.

Este martes, Gamarra también ha sido la encargada de dar una entrevista a Telecinco —la misma cadena a la que acudió el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, el lunes— y quien ha mantenido una reunión con consejeros autonómicos del PP con competencias en materia de justicia. Tellado, sin agenda, sí está muy activo en su cuenta social de X, desde la que defendió sus palabras del sábado asegurando que se trataba de una "burda manipulación" en la que Sánchez utilizó "el Francomodín".

En el citado acto del sábado, el número dos del PP aseguró también que el Gobierno de Sánchez está en fase "agonizante, mendicante" y "arrodillado ante prófugos de la justicia, ante los condenados por pertenencia a banda armada, ante radicales de todo pelaje que le exigen para mantenerlo en el poder y que le mantienen la respiración asistida".

Sin embargo, en una entrevista en El Periódico de Catalunya, el dirigente del PP dijo que entre Junts y el PP había un "entendimiento", mientras en X tildaba a su líder, Carles Puigdemont, de "prófugo". Tellado alegaba que la formación catalana, de "centroderecha", puede tener una parcela de pensamiento parecida a la que guarda el PP en materia económica, que se escenificará en la votación de este miércoles en la que ambos, junto con Vox, van a tumbar en el Congreso la reducción de la jornada laboral.

“Hay una pequeña tradición incomprensible y lamentable en el PP por la que de vez en cuando se mete con las víctimas del franquismo”, argumenta Emilio Silva, fundador de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) en declaraciones a infoLibre. 

Miguel Tellado, portavoz y secretario general del PP, animaba este sábado a la movilización de su partido para “empezar a cavar la fosa donde reposarán los restos de un Gobierno que nunca debió haber existido”. Estas palabras, pese a no hacer mención directa a la Guerra Civil o a la dictadura, se han entendido como una ofensa hacia las víctimas del franquismo y varias organizaciones ya han alzado la voz.

Distintos dirigentes políticos de la oposición censuraron las palabras de Tellado. Pedro Sánchez las calificó como “un insulto a los miles de españoles cuyos familiares yacieron o yacen aún en una fosa” y el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha reprochado al PP que no tenga “límites”. Yolanda Díaz también se unió a las protestas y volvió a reivindicar a los “cientos de miles de españoles y españolas” que siguen en fosas comunes y que fueron “asesinados impunemente por la derecha golpista”.

Arturo Peinado, presidente de la Federación de Foros de Memoria en España, se pregunta si nos “imaginaríamos a un ministro alemán diciendo que hay que gasear a la oposición” y recuerda que “en un país donde quedan tantas fosas comunes por exhumar hablar de fosas es algo de muy mal gusto”. En el año 2022, el Gobierno constató la existencia de 2.615 fosas, de las cuales tan solo 531 han sido exhumadas; otras 259 se han dado por desaparecidas.

Sobre la intencionalidad de las palabras del Tellado, Arturo Peinado piensa que “no eran improvisadas, iban con mala leche y se usaron manera retorcida”. Emilio Silva asegura que “él se ha memorizado esa frase, sabe la repercusión que tiene y no es algo casual”. Además se reafirma en que esto no es un “hecho aislado” en el partido, sino que es algo sistemático que ya han hecho políticos como Esther Muñoz o Rafael Hernando. 

Desde estas asociaciones, pese a habérselo planteado, no van a llevar a cabo ninguna acción legal contra Miguel Tellado ya que no se ven amparados por la Ley de Memoria Democrática. “Hay un gran consentimiento con el franquismo y esta ley no consiguió construir un marco normativo que realmente sirviera para frenar este tipo de cosas”, asegura el fundador de la ARMH. “No queremos disculpas, tan solo exigimos que se cumplan los derechos humanos”, concluyó.

Vox dejó julio con el debate abierto sobre cómo encajar un delito de odio en el amenazante “deportarlos a todos, que no quede ni uno” mientras los ultras y sus canales afines pedían perseguir a los mulsulmanes de Torre Pacheco, el grueso de los trabajadores del campo murciano que levantan la economía del municipio. Santiago Abascal, en primera persona, desplegó una batería de amenazas contra quienes criticaron cómo alentaban así las movilizaciones que provocaron la persecución y la violencia contra familias enteras que tuvieron que encerrarse en casa durante los cinco días de concentraciones ultras convocadas por redes. Ahora abren la temporada subiendo la apuesta contra el buque humanitario Open Arms. 

El encaje penal de la incitación al odio reposa sobre una frontera que la justicia coloca todavía en la libertad de expresión, aunque por mucho menos se hayan condenado expresiones por incitación y apoyo al terrorismo. La cobardía de Abascal se escuda en un mensaje calculado. Evitar decir que ellos mismos hundirán el barco recién llegado a Tenerife. Se refieren al barco de “negreros” para no decir de “negros”. El mensaje es claramente xenófobo y amenazante. “Que sirva de advertencia del final que les espera a todos”. A políticos y a quienes apoyan la labor humanitaria de la ONG de rescate a refugiados –más de 60.000–. Con el banquillo cerca dirían que hablaban del tráfico de personas. Pero no es lo que dicen en redes, donde dejan desprotegidos a los migrantes y a las mujeres de la violencia.

No hay duda sobre la inconstitucionalidad de los planteamientos de Vox. Ni se pueden hundir barcos, ni volar por los aires 17 autonomías ni han conseguido tumbar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Por eso el debate sigue estando en la reacción del PP. En su posición sobre la migración, el asunto más crucial que debe resolver esta legislatura. Y en cómo cala esa ideología en un electorado que crece en las encuestas y los populares evitan confrontar para no perder al posible socio de gobierno. El PP llama gobernar a cualquier precio a las leyes aprobadas por todo el arco parlamentario salvo el PP/Vox y no ven el precio que pagamos todos en la equidistancia con la ultraderecha. Igual que Abascal no dedicó ningún tuit a condenar la violencia en Torre Pacheco, Alberto Núñez Feijóo a estas horas no ha condenado la última salvajada en redes de Abascal. 

El portavoz Miguel Tellado prefiere difundir que Cataluña y Euskadi quedan fuera del reparto de menores mientras Clavijo lo desmiente: “Es falso. Tienen la cuota que les corresponde”. Una polémica “absolutamente absurda” en palabras del presidente canario. Y una postura que solo sirve para no posicionarse claramente a favor de la reubicación de los niños y niñas que llegan solos a España. “4.000 en un país de 50 millones”, recuerda Clavijo, frente a los más de 250.000 ucranianos que ha acogido España desde la invasión rusa. El rifirrafe del PP negándose a aceptar la reubicación con excusas de escaso recorrido convierte a los menores en mercancía política. El derecho humanitario en una estrategia electoral. Y la equidistancia del PP en una amenaza más real que la copia barata de los Salvini patrios.

Por el reparto de menores Abascal decidió salir de los gobiernos del PP. No al revés. Ni con esas ha habido una acción-reacción contundente. Al contrario, han mantenido a Vox como socio para sacar presupuestos en todo gobierno autonómico donde les necesitan. A estas alturas, siempre hay que empujar al PP a responder a VOX. Ninguna condena les sale sola. ¿Cuántos comunicados ha emitido para condenar el último mensaje racista de Abascal? ¿Qué piensa sobre hundir el Open Arms? Confían en que la radicalidad de Vox les distancie de manera natural sin confrontarles cuando en política el silencio es complicidad. Y la elección, según encuestas, está siendo la versión original.