El Gobierno valenciano del Botànic tiene un simbolismo muy importante para la izquierda española. Fue un laboratorio para los posteriores Ejecutivos de coalición, un modelo de gestión antagónico a las derechas y un espejo de convivencia de las diferentes sensibilidades progresistas. Y ese espíritu vuelve a cobrar fuerza.

Dos miembros de aquel Gobierno valenciano copan las portadas durante esta Semana Santa. La exvicepresidenta Mónica Oltra (Compromís) ha dado un paso al frente, como le llevan pidiendo en su partido meses, para aceptar el reto de competir en las próximas elecciones municipales y autonómicas en València capital. Y Arcadi España, que fue conseller dentro del ala socialista, ha sido la gran sorpresa del cambio de Gobierno al situarlo Pedro Sánchez como sustituto de María Jesús Montero en la todopoderosa cartera de Hacienda.

Con el aterrizaje de Oltra, la batalla por el Ayuntamiento de València se convierte en una de las más interesantes y competidas para las elecciones locales de 2027. El PP tiene en esta ciudad ahora uno de sus bastiones más fuertes con María José Catalá al frente, aunque depende de Vox. El partido de Santiago Abascal podría concurrir con Vicente Barrera, el extorero y hombre fuerte en la provincia.

La izquierda ha decidido echar el resto para recuperar el Ayuntamiento valenciano. Por parte del PSPV-PSOE la candidata será Pilar Bernabé, una de las principales figuras ahora mismo del partido por su papel durante la gestión de la dana desde su posición como delegada del Gobierno en la comunidad. Es uno de los perfiles más aplaudidos dentro del partido.

Y ahora Oltra vuelve a primera división. La exvicepresidenta sigue inmersa en el proceso judicial por supuestamente encubrir los abusos de su exmarido, una causa que sigue viva por las acusaciones de la ultraderecha. Ella defiende su inocencia y es uno de los principales rostros del espacio progresista que está reconstruyéndose durante estos meses. Su regreso ha sido recibido con mucho calor por parte de todo el espectro, con apoyos de toda España.

Las candidaturas de Bernabé y Oltra evidencian que la izquierda va a por todas en el Ayuntamiento de València, que también es esencial para poder recuperar la Generalitat en las elecciones en las que se medirá el desgaste del Partido Popular por la actuación de Carlos Mazón durante la dana y el clima de crispación agitado por los espacios relacionados con la ultraderecha.

La Comunitat Valenciana será una de las autonomías clave en esos comicios. El PSOE llevará como número uno en la papeleta a Diana Morant, la actual ministra de Ciencia y Universidades. Por parte de Compromís concurrirá Joan Baldoví. La lucha entre bloques está muy igualada en estos momentos. El PP espera que Juanfran Pérez Llorca se asiente durante este tiempo, mientras que Vox espera recoger en votos a muchos votantes de los populares y a los antisistema desencantados por el papel de los políticos durante la dana.

Los socialistas valencianos cercanos a Puig pisan fuerte además en estos momentos en el Gobierno y en Ferraz. Arcadi España es ya el nuevo ministro de Hacienda. Él fue precisamente conseller de Hacienda en el Gobierno del Botànic y fue el encargado de realizar la reforma fiscal en la Comunitat Valenciana. Por eso, llega entrenado para formar parte de un Gobierno de coalición donde las almas del PSOE y de sus socios a la izquierda suelen chocar en materia de impuestos. 

Pero, además, España es un convencido federalista, como lo es Ximo Puig, su padre político. Esto le aporta un plus en un Ejecutivo que debe armar mayorías con partidos como el PNV, ERC, Junts, EH Bildu, BNG y el propio Compromís durante todas las semanas en el Congreso. Además, su experiencia en el Govern le sirve para poder hablar en el mismo lenguaje con las comunidades autónomas, un tema en el que además ha profundizado en los últimos años desde su anterior puesto como secretario de Estado de Política Territorial.

El socialismo valenciano ha alcanzado cotas de poder en el PSOE nunca vistas hasta ahora. Después de la irrupción del caso Cerdán, Sánchez eligió a Rebeca Torró como secretaria de Organización. Ella también proviene del Botànic, donde ejerció como consellera de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad de la Generalitat en la última etapa.

Pero no se queda ahí solo el poder valenciano. Bernabé también tiene un pie a nivel federal, ya que, además de delegada del Gobierno en la comunidad y candidata a la Alcaldía de València, es la número cuatro en el partido como responsable de Igualdad, un puesto al que ascendió en el último congreso del PSOE celebrado en Sevilla en diciembre de 2024.

El socialismo valenciano acudió en masa a la toma de posesión de España en el Ministerio de Hacienda el viernes pasado. Allí también estaban, por ejemplo, Lydia del Canto, actual secretaria de Estado de Comunicación y una de las más estrechas colaboradoras de Sánchez en el Palacio de La Moncloa. Es una persona muy cercana a Puig, del que fue directora de comunicación y también pasó una breve temporada por el Govern.

En esa instantánea en el Palacio de la Aduana estaba también Zulima Pérez, que actualmente es la comisionada del Gobierno central para la reconstrucción tras la dana. ¿Su procedencia? Fue alto cargo en los gobiernos de Puig, ejerciendo puestos como subsecretaria de la Consejería de Hacienda y Modelo Económico y directora general de Coordinación del Diálogo Social.

En las pasadas elecciones valencianas, el PSPV creció cuatro escaños, pero la suma fue insuficiente frente al PP y Vox. En la cita electoral del 28M, la izquierda alternativa, que acudió dividida, fue menos competitiva: Compromís bajó dos escaños y EUPV-Podemos desapareció del Parlamento autonómico, al no lograr ni el 4% de votos, perdiendo sus ocho diputados.

La exvicepresidenta del Gobierno valenciano Mónica Oltra ha anunciado este sábado su intención de regresar a la primera línea política para optar a la alcaldía de la ciudad de València en las próximas elecciones municipales.

Oltra ha hecho este anuncio en un acto de su partido, Iniciativa, miembro de la coalición Compromís y del que fue coportavoz, que celebra hoy en el complejo cultural La Petxina de València su séptimo congreso ordinario, bajo el lema 'Activas y combativas: el impulso de las izquierdas'.

Ha sido además su primer acto público tres semanas después de que un juzgado de València haya acordado -por orden de la Audiencia Provincial de Valencia y contra su propio criterio, ya que no halló indicios de delito, y el de la Fiscalía, que no ha formulado acusación- abrir juicio oral contra ella y miembros de su equipo por el presunto encubrimiento de los abusos sexuales a una menor cometidos por su exmarido.

"Es momento de romper con la oscuridad. Vengo con tres heridas, la de la muerte, la vida y la del amor, pero hoy no gana la muerte, hoy gana la vida y el amor y sí acepto el reto, podéis contar conmigo", ha manifestado Oltra para finalizar su intervención ante sus compañeros de partido, que han recibido el anuncio con una gran ovación.

Desde que el 21 de junio de 2022 Oltra dimitiera como vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas tras ser imputada por el supuesto encubrimiento en su Conselleria de los abusos sexuales a una menor tutelada por parte de su entonces marido, su participación en actos políticos ha sido muy reducida, igual que su intervención en actos públicos.

"Han sido cuatro años de silencio", ha manifestado hoy, y de "sufrimiento" junto a los miembros de su entonces equipo en la Conselleria, y sobre su situación judicial ha lamentado que "aunque dos juzgados han dicho que las evidencias niegan el relato de la extrema derecha la jerarquía judicial ha decidido que nuestra pena tiene que ser sentarnos en el banquillo".

Oltra ha agradecido a las personas, muchas de ellas de la calle, que le han "sostenido" estos años y le han ayudado a levantarse cada día, y ha manifestado que la actual situación política es la que le ha llevado a romper su silencio.

"Cada día de silencio ganan los malos y cada día que no salimos de la cueva, que el miedo nos liga las manos, es un triunfo del fascismo", ha agregado.

A su juicio, la extrema derecha "está ganando la batalla cultural que ha "impuesto" su discurso hegemónico y "el mundo está poniendo a prueba nuestra resistencia ante barbaries como la de Gaza".

Ha defendido que las izquierdas "no pueden formar parte de esa trituradora" y que es el momento de "encarnar la utopía para poder combatir la distopía en la que estamos viviendo".

Oltra ha afirmado asimismo que da el paso a volver a primera línea de la política en defensa de unas ciudades que "nos tienen que hacer libres" desde el desarrollo comunitario y el retorno de los espacios de "reencuentro"

"Hace un siglo Dolores dijo que más vale morir de pie que vivir arrodillado, pero ahora tengo la convicción de que la única manera que tenemos de vivir es estar de pie" y "asumir la voz del pueblo porque cada día de silencio ganan los malos", ha afirmado.

La coordinadora nacional de Comuns Candela López ha tildado de "muy buena noticia" el regreso de Oltra a la primera línea política para optar a la alcaldía de València.

En declaraciones a los periodistas en Castelldefels (Barcelona), López ha definido a Oltra como "una gran lideresa del espacio político" vinculado al grupo parlamentario de Sumar, del que forma parte Comuns, y ha señalado que la valenciana siempre ha defendido la causa de la vivienda y los intereses de la mayoría de la población.

Además, ha indicado que tanto la candidata como Comuns han sido objeto de 'lawfare' en los últimos años, por lo que le ha mandado toda su "solidaridad" y "fuerza".

El concejal de Compromís en el ayuntamiento de Altea (Alicante) Rafael Ramón Mompó, detenido el pasado domingo por agredir y causar lesiones leves a su pareja sentimental, ha renunciado este martes a su acta en la corporación municipal, según informa EFE.

En un comunicado, el ayuntamiento ha informado de que la renuncia del hasta ahora edil delegado de las áreas de Servicios Jurídicos, Contratación y Patrimonio ha sido aceptada por el alcalde, Diego Zaragozí, también de Compromís y que gobierna el consistorio junto al PSPV-PSOE.

En la nota, el equipo de gobierno municipal ha expresado "la condena firme y rotunda ante cualquier forma de violencia, especialmente contra las mujeres, así como el compromiso inequívoco con la defensa de la igualdad y la dignidad de las personas".

El concejal de Servicios Jurídicos, Contratación y Patrimonio del ayuntamiento de Altea (Alicante), Rafael Ramón Mompó, de Compromís, ha sido detenido este domingo por la noche por, supuestamente, agredir y causar lesiones a su pareja, han confirmado a EFE fuentes del caso. Este lunes, el concejal ha pasado a disposición judicial en el juzgado de la Plaza número 1 de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Dénia, que ha acordado este mediodía la libertad aunque investigado en una causa abierta por los delitos de maltrato de obra con lesiones y coacciones leves.

Ninguna de las partes ha solicitado la orden de protección y el juzgado no la ha acordado por no considerar que se dieran los requisitos para ello, ha indicado el TSJCV, que ha añadido que la víctima se ha acogido a la dispensa de la obligación de declarar y no ha ratificado la denuncia. En todo caso, se ha elevado el procedimiento a la Sección Penal del Tribunal de Instancia Benidorm para su enjuiciamiento.

El ayuntamiento de Altea ha emitido esta mañana un comunicado donde el alcalde, Diego Zaragozí, de Compromís, ha anunciado que retira cautelarmente las competencias delegadas a Ramón Mompó "mientras se esclarecen los hechos" y desde "la presunción de inocencia".

"En estos momentos, el equipo de gobierno únicamente dispone de la información que ha trascendido a través de los medios de comunicación sin que exista todavía una comunicación oficial completa sobre los hechos ni sobre las posibles actuaciones judiciales o policiales en curso", ha indicado la nota del equipo de gobierno de Altea, donde Compromís tiene un pacto con el PSPV-PSOE.

Ha expresado "con total claridad la condena firme y rotunda ante cualquier clase de violencia, especialmente la que se ejerce en el ámbito de la pareja o contra las mujeres" y ha reiterado su "compromiso inequívoco con la defensa de la igualdad, la dignidad de las personas y la erradicación de cualquier forma de violencia".

El Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia ha acordado la apertura de juicio oral contra la exvicepresidenta de la Generalitat Mónica Oltra y otros 12 acusados por el presunto encubrimiento de los abusos sexuales a una menor cometidos por el exmarido de ella, según informa EFE.

Tal y como ordenó la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia el pasado mes de febrero, el juez instructor ha acordado así la apertura de juicio oral aunque contra su propio criterio, ya que no halló indicios de delito, y el de la Fiscalía, que no ha formulado acusación.

Fueron las acusaciones, tanto la particular como las populares, que ejercen Vox y la asociación Gobierna-te, las que recurrieron el archivo de la causa y las que han obtenido un pronunciamiento favorable por parte de la Audiencia Provincial, que ha propiciado que este sumario llegue finalmente a juicio.

Según el auto al que ha tenido acceso EFE, a Mónica Oltra y varios de sus colaboradores en la Conselleria de Igualdad se les considera supuestos responsables de los delitos de prevaricación, malversación, contra la integridad moral, omisión del deber de perseguir delitos, encubrimiento y abandono de menores.

El auto de apertura de juicio oral no modifica la situación personal de los procesados, aunque les reclama una fianza conjunta y solidaria de 120.000 euros y declara la responsabilidad civil subsidiaria de la Generalitat Valenciana. 

La jueza da ahora diez días para que se presenten los escritos de acusación y defensa, sobresee la causa para Francesc Gamero, que fue subsecretario de la Conselleria de Igualdad que dirigía Oltra en el momento de los hechos investigados, al no haberse formulado acusación contra él, y señala que el órgano competente para enjuiciar esta causa será la Audiencia Provincial de Valencia.

El pasado 24 de febrero, la Audiencia Provincial ordenó a este juzgado abrir juicio oral contra Oltra y otros 12 acusados de su equipo por el presunto encubrimiento de los abusos sexuales a una menor cometidos entre 2016 y 2017 por un educador, exmarido de la exdirigente de Compromís.

La institución judicial provincial señalaba que el instructor "no puede negar a las acusaciones" la apertura del juicio oral "si existe probabilidad de que los hechos puedan ser apreciados como subsumibles en una conducta" valoradas "razonablemente" por ellas como delictiva.

Los hechos declarados indiciariamente acreditados por el instructor son incompatibles con el sobreseimiento provisional e incongruentes con la denegación de apertura del juicio oral, según el auto firme que constataba que el auto de procedimiento abreviado ya recogía hechos como que la tutela la ejercía la Dirección General de Infancia y Adolescencia (de la Conselleria de Igualdad cuya titular era Oltra) y que el abuso sexual era cierto.

También señalaba que la tutelada consideraba al exmarido de Oltra como un padre y que cuando se cometieron los abusos la situación de la menor empeoró y comenzó a fugarse de forma reiterada del centro de acogida. Eso relata, añadía, su situación de altísima vulnerabilidad, así como el hecho de que la conselleria no comunicara los presuntos abusos a la Fiscalía de Menores, que califica como "silencio" y "omisión" muy importantes.

“La conselleria, como tutora de la menor, tenía, como tal, las obligaciones de garante de la menor que tal tutela le confería, y la obligación de haber puesto los hechos en conocimiento de la Fiscalía de Menores, sin perjuicio de alegar ante ella su valoración de la inocuidad de los mismos. Solo la fiscal de Menores estaba llamada a valorarlo. No se hizo”, afirmaban los magistrados.

Relataban también en la resolución que fue “por orden de la Fiscalía de Menores” que la niña “fuese sacada” del centro de acogida dependiente de la conselleria donde se encontraba, “donde aún trabajaba en horario nocturno el educador denunciado”. Otro de los indicios para entender que la causa debe verse abocada a juicio era la decisión de la conselleria de realizar un “expediente paralelo” a la investigación judicial, “un informe reservado”.

La exdirigente de Compromís lleva apartada de la política desde que dimitió, el 21 de junio de 2022, como vicepresidenta y portavoz del Consell que presidía entonces el socialista Ximo Puig, apenas cinco días después de haber sido citada como investigada en la citada causa judicial.

Oltra desempeñaba esos cargos, junto al de consellera de Igualdad y Política Inclusiva, desde el inicio del Consell del Botànic, en 2015, y era diputada autonómica por Compromís en Les Corts Valencianes desde 2007.

Desde su retirada de primera línea política, trabaja como abogada y han sido escasas sus intervenciones públicas. Su nombre ha sonado en varias ocasiones como futura candidata electoral y desde Compromís siguen teniendo las "puertas abiertas" a una posible vuelta independientemente de este proceso judicial, que tachan de "persecución" contra ella.

Representantes de dos de las principales asociaciones de víctimas de la dana del 29 de octubre de 2024 han asegurado que no les mueve ni el "odio" ni la "venganza" sino la justicia por unas muertes creen "evitables", y han pedido al PP que deje de proteger al expresident de la Generalitat Carlos Mazón, informa EFE.

Así lo han afirmado las presidentas de la Asociación Víctimas Mortales Dana 29-O, Rosa Álvarez, y de la Associació Víctimes de la Dana 29 d'Octubre de 2024, Mariló Gradolí, en su comparecencia este martes ante la comisión de investigación de Les Corts Valencianes sobre las inundaciones.

La primera en comparecer ha sido Rosa Álvarez, quien ha afirmado que su organización no busca venganza sino justicia, y ha asegurado que 230 personas no murieron "por un hecho meteorológico imprevisible" sino por la "negligencia" del Gobierno valenciano, que "solo tenía que hacer su trabajo y, al menos, mandar la alerta a tiempo y con un contenido acorde al riesgo".

En la misma línea, Mariló Gradolí ha asegurado ante la comisión que "no habrá normalidad" mientras se siga "protegiendo al principal responsable de la muerte de 230 personas", Carlos Mazón, y ha asegurado no estar aquí "por odio", sino "por responsabilidad, porque detrás de cada cifra hay una familia y detrás de cada decisión no tomada hay una consecuencia".

Esta comparecencia ha tenido lugar el mismo día en el que la jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana ha acordado elevar a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana una exposición razonada contra el expresident valenciano, que es aforado por ser diputado en Les Corts Valencianes.

La reacción de la oposición no ha tardado en llegar. El PSPV-PSOE y Compromís han instado este martes al Partido Popular a reclamar el acta de diputado autonómico a Mazón y, si no la deja, expulsarle del grupo popular y del partido, al considerar que es "una vergüenza" que siga siendo diputado autonómico.

La secretaria general de los socialistas valencianos, la ministra Diana Morant, ha afirmado que "al PP se le acaban las excusas para seguir protegiendo" a Mazón y ha aseverado en un mensaje en X que ni manteniéndole como diputado "podrán tapar tanta negligencia" y cada día se está "más cerca de que se haga justicia".

El síndic socialista, José Muñoz, ha afirmado en los pasillos de Les Corts que hoy se ha dado "un primer paso importante" hacia la imputación del expresident y parece que "ni el aforamiento" va a impedir que Mazón acuda los tribunales a declarar por su "inacción fundamental" el día de la dana.

Para Muñoz, "no tiene sentido que la democracia valenciana siga aguantando" a Mazón como diputado autonómico, y por ello el president de la Generalitat y presidente del PP, Juanfran Pérez Llorca, debe exigirle el acta, y si no la deja debe expulsarle del grupo y del partido, o seguirá siendo "el encubridor" de su antecesor. Además, ha conminado al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, a actuar.

El síndíc de Compromís, Joan Baldoví, ha señalado que la decisión de la jueza de Catarroja llega después de haber escuchado a 500 testigos y "ratifica lo que todo el pueblo entiende, y es que hay indicios suficientes para que Mazón esté imputado", por lo que la "única salida digna" que le queda es dejar el acta e irse de Les Corts.

El Gobierno de España también se ha sumado a la presión al PP para exigir el acta del expresident. Fuentes del Ejecutivo señalan a EFE que con el caso de Mazón y el del alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, acusado de acoso sexual, se demuestra que al Partido Popular siempre le tiembla la mano cuando se trata de casos que afectan a sus dirigentes.

Desde el Congreso de los Diputados, otros portavoces políticos han coincidido en que la decisión de la jueza demuestra que Mazón debe dejar su escaño.

La portavoz de Bildu, Mertxe Aizpurua, ha señalado que "hacía muchísimo tiempo que debería haberlo dejado", mientras que el portavoz de Izquierda Unida, Enrique Santiago, ha afirmado que "es lógico" que la jueza pida la imputación y que Mazón "debería dejar el escaño para que no hubiera otras competencias y facilitar la investigación".

"Parece que los hechos son más graves de lo que parecen, pero tengo que leerlo con detenimiento. ¿Tendría que dejar el escaño? Pues sí, posiblemente sí", ha asegurado la portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero.

El diputado de Compromís y portavoz de Vivienda de Sumar en el Congreso, Alberto Ibáñez, ha asegurado que el expresident "debe dejar el escaño le imputen o no, porque es una indignidad". "Feijóo puede decirle a los suyos que lo expulsen del Grupo Popular y se vaya al Grupo Mixto; no lo hará porque, en el fondo, al señor Feijóo ese día solo le preocupaba la comunicación", ha concluido Ibáñez.

Por su parte, el portavoz del PP en Les Corts Valencianes, Fernando Pastor, ha rechazado comentar u opinar la decisión de la jueza Catarroja de este martes.

En declaraciones a los periodistas en Les Corts, Pastor ha dicho que el PP no comenta las decisiones judiciales, ni las que le favorece ni las que no le favorecen. "No somos como ellos y además no queremos serlo", ha manifestado en referencia a los partidos de izquierdas.

"Siempre hemos huido de censurar o de aplaudir las decisiones judiciales según nos favorezcan o nos perjudiquen", ha manifestado Pastor, quien ha apuntado que no caerán ahora en ese error "porque sería renunciar" a uno de los principios del PP, que es "no opinar sobre las causas judiciales abiertas".

Ha afirmado que eso les diferencia de lo que hacen otros, y como ejemplo ha señalado que "cuando el juez Peinado instruye alguna cuestión que afecta a la mujer del presidente -del Gobierno-, salen tres ministros a decir que es un juez facha".

"Nosotros no somos iguales y no queremos serlo", ha indicado, y por eso ha añadido que no opinarán sobre la decisión de la Audiencia de Valencia de que se abra juicio contra Mónica Oltra por el presunto encubrimiento de los abusos sexuales a una menor ni sobre lo que han leído esta mañana sobre la jueza de la dana y su marido.

Preguntado por si desde el PP se va pedir el acta a Mazón, Pastor ha pedido no hablar "de futuribles", pues todavía no se sabe ni siquiera lo que decidirá el Tribunal Superior de Justicia, y ha señalado que él no está en estos momentos para "para descartar o dejar de descartar".

La Audiencia Provincial de Valencia ha ordenado al Juzgado de Instrucción número 15 abrir juicio oral contra la exvicepresidenta de la Generalitat Valenciana Mónica Oltra y otros nueve acusados por el presunto encubrimiento de los abusos sexuales a una menor cometidos por el exmarido de ella, según informa EFE.

La institución judicial provincial señala que el instructor "no puede negar a las acusaciones" la apertura del juicio oral "si existe probabilidad de que los hechos puedan ser apreciados como subsumibles en una conducta" valorada "razonablemente" por ellas como delictiva, según ha informado este martes el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

El citado Juzgado de Instrucción desestimó en diciembre los recursos de reforma interpuestos por las acusaciones populares contra el auto en el que denegó la apertura de juicio oral contra Oltra y acordaba el sobreseimiento provisional de esta causa. El asunto volvió a ser elevado a la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial -que ya ordenó el procesamiento de Oltra en una anterior resolución-, al haber formulado las acusaciones (María Teresa Tanco, Vox y la asociación Gobierna-te) recurso de reforma y subsidiario de apelación.

La Audiencia debía resolver estos recursos y decidir si finalmente se enjuiciaba o no a Mónica Oltra y a varios miembros de su equipo en la Conselleria de Igualdad por el supuesto encubrimiento de abusos sexuales a una menor tutelada por la Generalitat Valenciana (María Teresa Tanco) por parte del exmarido de la exvicepresidenta (hechos por los que fue condenado).

En el escrito de alegaciones, Oltra se apoyaba en el auto de sobreseimiento provisional de la causa, de abril de 2024, y en el que deniega la apertura de juicio oral, de junio de 2025, así como en los diversos escritos del Ministerio Fiscal en los que "tampoco aprecia indicio de racionalidad alguno contra ninguno de los acusados".

Señalaba asimismo que el proceso inculpatorio "no puede continuar si la instrucción no ofrece sólidas razones para ello", y destacaba que "más allá de consideraciones genéricas, los recurrentes no invocan hecho alguno que justifique la existencia de algún indicio racional de criminalidad ni la equivocación del juzgado en lo que se refiere a Mónica Oltra".

"Las acusaciones introducen hechos nuevos, reformulan el relato en clave distinta, añaden elementos típicos no determinados en los hechos, creando un escenario donde el juez acertadamente no puede abrir juicio oral", afirmaba. En este sentido, defendía que "no existen indicios racionales de criminalidad respecto de los hechos finalmente acusados, resultando obligado el sobreseimiento y la denegación de la apertura del juicio oral".

El escrito señalaba, además, que la resolución de la Audiencia Provincial "en ningún momento ordena acordar la apertura de juicio oral" sino que, una vez abierta la fase intermedia y formuladas las acusaciones, el instructor "recupera plenamente su función de garantía pudiendo -como ha realizado- acordar el sobreseimiento si aprecia inexistencia de indicios". Por todo ello, la defensa de Oltra pidió impugnar los recursos de apelación interpuestos por María Teresa Tanco, Gobierna-te y Vox, "con expresa imposición de costas a los recurrentes por su temeridad".

La exdirigente de Compromís lleva apartada de la política desde que dimitió, el 21 de junio de 2022, como vicepresidenta y portavoz del Consell que presidía entonces el socialista Ximo Puig, apenas cinco días después de haber sido citada como investigada en la referida causa judicial.

Oltra desempeñaba esos cargos, junto al de consellera de Igualdad y Política Inclusiva, desde el inicio del Consell del Botànic, en 2015, y era diputada autonómica por Compromís en Les Corts Valencianes desde 2007.

Desde su retirada de primera línea política, trabaja como abogada y han sido escasas sus intervenciones públicas. Su nombre ha sonado en varias ocasiones como futura candidata electoral.

La izquierda transformadora, en pleno movimiento sísmico. El espacio progresista vive unos días de total convulsión con la vista puesta en cómo articular fórmulas para tratar de frenar el avance robusto de la ola de la derechas. Y sobre la mesa se ponen vías que puedan llevar a maximizar las posibilidades en escaños frente a meras llamadas a la unidad y al combate en las urnas.

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, dejó en su acto del miércoles junto a Emilio Delgado (Más Madrid) una propuesta que consistiría en el acuerdo de varios puntos programáticos entre las diferentes fuerzas de izquierdas y con la idea de que ese espacio no compita entre sí. ¿Cómo? Estudiando provincia a provincia. La hoja de ruta podría pasar por presentar candidaturas unitarias en las circunscripciones donde se restan votos entre sí las fuerzas progresistas y conviviendo candidaturas separadas, pero complementarias, en otras donde sí hay viabilidad para sacar asientos en el Congreso, como Madrid y Barcelona. Siempre bajo la máxima de que ir con 14 partidos de manera individual no tiene ninguna lógica. 

“Ciencia, método y orden”, es el lema que Rufián lanzó el miércoles como una llamada a los partidos progresistas para sentarse a hablar, analizar cada provincia y decidir la fórmula con la que se pueda hacer frente a las derechas de la manera más efectiva. 

En las pasadas elecciones generales del 23J, la izquierda transformadora de carácter estatal sacó, bajo la fórmula de Sumar, en la que estaba integrada también Podemos, un total de 3.044.996 votos, lo que supuso un 12,33% del censo. Una oferta electoral muy competitiva que consiguió mantener el Gobierno de coalición y que miró de tú a tú a Vox (12,38%). Esas papeletas se tradujeron, además, en 31 escaños, muy cerca de los 33 que materializó la ultraderecha.

Y a esos escaños hay que sumar los que lograron las fuerzas de izquierdas soberanistas: Esquerra Republicana (7), EH Bildu (6) y el BNG (1). Compromís y Chunta fueron integrados en las listas de Sumar. Por lo tanto, el espacio progresista a la izquierda del PSOE tiene ahora mismo en la Carrera de San Jerónimo 45 parlamentarios. Unos datos superiores a los que obtendría hoy, a tenor de todos los sondeos, por el desgaste del Gobierno y la abstención en su electorado, pero, sobre todo, por la fragmentación que hay y por la división entre los partidos de Sumar y Podemos.

Sobre la mesa está también el papel de que vayan por separado esas izquierdas de carácter estatal y las de corte soberanista. Tanto ERC como EH Bildu y el BNG han rechazado integrarse en otras papeletas. Eso abre el debate sobre si compiten o pueden ser complementarias. Por ejemplo, en Cataluña, Sumar tuvo más apoyos que la propia Esquerra Republicana. Rufián no ha hablado de sustituir unas fuerzas por otras, sino de analizar provincia a provincia cuál sería la fórmula más concreta.

Rafael Ruiz, consultor y analista de datos en asuntos públicos en Logoslab, se adentra en lo que puede suponer para la izquierda articular fórmulas para maximizar resultados, sobre la base del último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Indica que, con el porcentaje de voto que arroja la encuesta para Sumar (7%) y Podemos (3,9%), el primero tendría 9 escaños mientras que el segundo se quedaría en cuatro; por lo tanto, tendrían 13 en total.

Señala que, en cambio, si se unieran las dos formaciones, pasarían del diez por ciento de voto, lo que supondría dar un salto cualitativo y llegar a los 23 asientos en el Parlamento (una cifra más baja que en el 23J pero muy superior a la que lograrían si van de manera separada).

Comenta que, por ejemplo, si van separados, en Andalucía (la comunidad que reparte más escaños), solo lograría uno Sumar por Sevilla, mientras que si se dan la mano, también podrían obtener ahora, con los datos del CIS, tres diputados más por Cádiz, Málaga y Córdoba.

La actual división, añade el consultor, hizo que en Aragón la izquierda se fuera de vacío, pero con la unión podrían conseguir uno por Zaragoza, como sucedió en el 23J (que fue a parar a Jorge Pueyo, de la Chunta Aragonesista). Si fueran juntos Podemos y Sumar, prosigue el analista, podrían conseguir también un parlamentario en Asturias y en Baleares, que ahora mismo están perdidos. Ese caso también se daría por la provincia de Las Palmas, en Canarias.

Esta unión, en cambio, no es tan necesaria en grandes circunscripciones, como Madrid y Barcelona, donde da igual para la izquierda estatal que vayan por separado Podemos y Sumar, según Ruiz. Otra cosa es en las otras provincias catalanas, metiendo la variante de ERC. Si los comunes dejaran espacio en las otras tres provincias (Lleida, Tarragona y Girona), ERC podría aspirar a un escaño más en cada una de ellas.

El analista de Logoslab se detiene también en Galicia, donde incide en que si Podemos y Sumar van por separado, se quedarán fuera del Congreso. En cambio, sí pueden lograr con la unidad escaño tanto en A Coruña como en Pontevedra. Y, metiendo la variable de la izquierda soberanista, señala que si ese espacio deja aire al BNG en Ourense, los de Ana Pontón podrían arañar allí otro asiento en la Cámara Baja.

Y es que entre las conclusiones que deja el analista, la operación de la unidad sirve especialmente a las provincias medianas, aquellas que reparten entre cinco y ocho escaños. Allí es donde el espacio transformador se juega ser competitivo frente las pequeñas y bipartidistas, donde dominan el PP y el PSOE (y donde una opción, señala, podría ser retirarse para dejar todo ese espacio a los socialistas en su competición con los populares por el tercer o el cuarto escaño).

Esas circunscripciones medianas donde la izquierda se podría jugar su futuro serían, entre otras, A Coruña, Pontevedra, Asturias, Bizkaia, Girona, Tarragona, Zaragoza, Navarra, Valladolid, Castellón, Las Palmas, Córdoba, Málaga, Granada, Las Palmas o Balears.

Según recuerda Ruiz, hay muchos factores que pueden determinar luego entrar o no en el reparto, pero tienen muchas más posibilidades si las izquierdas crean espacios de unidad atractivos para los votantes y, sobre todo, porque esa suma de porcentajes, aunque parezca pequeña, compensa luego mucho en escaños. Señala que en la batalla electoral hay que considerar otros factores, también dentro de la derecha, como un Vox luchando con un 20%, cuando antes estaba por encima solo del 12%. Y hay que tener en cuenta, además, que la unidad de candidaturas no significa siempre unión de voto, sino que puede haber transferencia a otros partidos.

Álvaro Sánchez, investigador del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, indica que hay que “desmentir un primer mantra, que muchas veces repite la izquierda, de que en política uno más uno son dos”: “No hay una matemática aritmética, ya que se tienen que asumir ciertos costes de electores que se marchan. Hay casos que lo evidencian como, por ejemplo, el pacto de los botellines entre Pablo Iglesias y Alberto Garzón en 2016, que luego disminuyó la propensión a votar entre los electores de Izquierda Unida”. “No todo suma, hay que entender ese contexto”, subraya.

Pero, pone el foco, entonces, en que la unidad de las izquierdas es eficiente precisamente en las provincias medianas, en aquellas que reparten entre cinco y ocho escaños. Ahí es donde dice que se pueden beneficiar las candidaturas unitarias, poniendo como ejemplos Valladolid y Zaragoza.

A la vez, señala que esa unidad, aunque no fuera tan eficiente como en las anteriores circunscripciones, también podría servir para las grandes, como Madrid y Barcelona, porque a partir del 12% se empieza a premiar mucho a los partidos en escaños, algo que han aprovechado normalmente las grandes formaciones como el PSOE y el Partido Popular. Calcula que ahí se podría sumar un escaño más para esas grandes listas de la izquierda transformadora, a pesar de que Rufián diga que puede haber listas complementarias.

En cambio, cree que en las circunscripciones más pequeñas, como Soria y Teruel, los partidos de las izquierdas no tienen incentivos para ir juntos porque hay nulas posibilidades de un escaño, por lo que suelen primar ir en candidaturas con sus siglas por los efectos prácticos que tienen para la financiación pública en base a los votos conseguidos.

El acto de Gabriel Rufián (ERC) y Emilio Delgado (Más Madrid) ha removido todo el tablero de la izquierda. Y abre un sendero del que no se sabe su parada final, pero que ahora mismo está sirviendo, como confiesan actores de la izquierda, para animar el escenario y generar esperanza e ilusión frente al panorama del avance de las derechas en las autonómicas. Porque no son pocos quienes ponen sobre la mesa el valor simbólico del acto de Delgado y Rufián y la vía para el debate sobre la unidad ante la idea compartida por la mayoría de que la fragmentación hace casi imposible que las izquierdas pueden mantener el Palacio de la Moncloa.

Las elecciones generales no se celebrarán, teóricamente, hasta julio de 2027, o al menos esa es la aspiración del propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Por lo tanto, queda todavía un año para articular posibles vías de entendimiento, pero muchos en el espacio progresista ven como un punto de inflexión esta semana, ya que también se celebra este sábado la puesta de largo de la alianza entre Izquierda Unida, los comunes, Movimiento Sumar y Más Madrid para ir de la mano a las urnas.

El acto de Rufián y Delgado, no obstante, tiene como principal obstáculo de cara al futuro la manera de articular ese frente amplio para vencer a las derechas. Y eso se debe precisamente al rechazo mostrado hasta el momento por las direcciones de ERC, EH Bildu y el BNG para integrar una única papeleta a la izquierda del PSOE.

Poco después del lleno total de Rufián y Delgado en la madrileña sala Galileo Galilei, el líder de Esquerra, Oriol Junqueras, rechazó que ERC se diluya en una papeleta en las próximas generales, pero mostró su respaldo para que el actual portavoz en el Congreso encabece una candidatura de los republicanos. Esquerra se mantiene en que se presentará en todas las provincias en Cataluña (en el 23J quedaron por detrás en global en Cataluña tanto del PSC como de Sumar).

Desde EH Bildu también se celebra que la izquierda se mueva para frenar a las derechas, aunque no están por la labor de construir ese frente único a la hora de elaborar las listas. Oskar Matute lo explicó en La Cafetera así: “EH Bildu ya es un frente amplio de la izquierda soberanista vasca que ha construido, desde abajo, una comunidad política con un fuerte compromiso antifascista capaz de disputar la hegemonía, sin imponer a nadie cómo tiene que organizar su casa”.

“Lo hemos dicho desde el primer minuto: mano tendida para la unidad de acción política de las izquierdas y para frenar al fascismo. No hay que confundirlo con una unidad organizativa, sin cimientos ni comunidad política sólida”, remarcó Matute.

De la misma manera, fuentes del BNG insisten a infoLibre en que se mantienen en la idea de presentarse bajo su proyecto en las próximas elecciones generales: “El Bloque tiene definida su estrategia desde hace muchos años. Para nosotros es central la autoorganización, también en el ámbito electoral. Por eso nuestra decisión es concurrir a las elecciones generales como BNG porque, además, somos la única fuerza que garantiza la defensa de los intereses de Galiza y de la clase trabajadora gallega en todo momento, sin sometimiento a ninguna dirección política en Madrid. Hemos demostrado que la mejor manera de combatir a la extrema derecha es con una alternativa de izquierda soberanista fuerte y combativa. De hecho, la ultraderecha no tiene ninguna representación en Galiza, ni siquiera concejales”.

Los partidos para la refundación de Sumar están celebrando que el acto de Delgado y Rufián sirva para reanimar el espacio de la izquierda y contribuya a remover la necesidad de que haya unidad para las próximas generales, aunque ponen por delante el camino de convergencia que se iniciará este sábado en el acto en el Círculo de Bellas Artes, en el que tomarán la palabra Antonio Maíllo (IU), Mónica García (Más Madrid), Ernest Urtasun (los comunes) y Lara Hernández (Sumar).

Para Maíllo, todos los actos en esta línea son muy “valorables” en una “magnífica semana” para la izquierda, ya que se está poniendo sobre la mesa esa necesidad de unidad que él lleva propugnando desde hace un año y medio a lo largo y ancho del país. 

Según explicó este jueves el líder de IU, se trata de un momento “histórico” y, por fin, la izquierda ya está saliendo de una etapa melancólica para caminar hacia una lista unitaria: “Lo difícil es que alguien vaya aislado”. El foco de Maíllo, no obstante, pasa por la vía abierta por IU, Más Madrid, los comunes y Movimiento Sumar “para ir juntos y que no se pierda un voto”. Respecto a la posibilidad de no presentarse en comunidades con presencia de izquierdas soberanistas, fuentes del partido indican a infoLibre que en estos momentos no se contempla ese escenario.

Desde Movimiento Sumar, Lara Hernández, que acudió al acto de Rufián y Delgado, ve muy interesante esa movilización, aunque también pone el foco en el acto del sábado de esas cuatro organizaciones. Asimismo, desde la coalición explican que la experiencia propuesta por el portavoz de ERC se hizo durante el 23J a través de Sumar y que también cristalizó en un grupo parlamentario plurinacional, rememorando asimismo en que son partidos como ERC y BNG los que han dicho que no a esas candidaturas amplias.

La propuesta de Rufián, por ejemplo, tendría un impacto directo en Cataluña por la fuerza de los comunes y de ERC. ¿Se puede articular una lista unitaria? ¿Qué piensan del acto celebrado en Madrid? Fuentes de los comunes hacen este análisis: “Celebramos el necesario debate en torno a la izquierda transformadora que demuestra que hay ganas de ganar y de revalidar el Gobierno progresista en 2027”.

“Nosotros siempre hemos promovido los acuerdos y la construcción de fórmulas electorales ganadoras, también en las últimas elecciones generales, donde fuimos segunda fuerza en Catalunya. Es por eso que los Comuns llevamos muchos meses trabajando en el acto del día 21 para configurar un marco ganador y una candidatura unitaria de las izquierdas con voluntad de gobernar en las próximas elecciones”, señalan a infoLibre.

Con este mensaje: “Nosotros siempre estaremos dispuestos a sentarnos y debatir con todos los actores que quieran parar el paso a la extrema derecha. Construir sinergias y sumar voluntades es imprescindible, y es por este motivo que asistimos al acto de Gabriel Rufián y Emilio Delgado, porque entendemos que es el momento de escuchar y debatir. Con el mismo espíritu, hemos invitado a todas las fuerzas de izquierdas a asistir al acto de inicio del proceso que empieza el día 21”.

Las fuentes indican: “Muchas personas apuestan en las generales por una izquierda con capacidad de proyección estatal y con capacidad de transformar la vida de la gente desde el Gobierno. Sin embargo, el reto que tenemos por delante va mucho más allá de las fórmulas electorales: se trata de construir un proyecto político que articule y movilice las aspiraciones de una mayoría social que nos está esperando”. Para lanzar al hilo: “Vuelve a haber un ambiente de ilusión y esperanza y tenemos que estar a la altura de estas expectativas”.

Más Madrid estuvo presente en el acto a través de Eduardo Rubiño, quien posteriormente dijo que había sido “muy interesante”. A pesar de que uno de los protagonistas es del partido, la dirección sigue apostando por buscar la vía de confluencia a través del acto del sábado entre formaciones del espacio de Sumar. En esta semana hubo un choque entre Delgado y parte del partido por las palabras del portavoz adjunto sobre el colectivo LGTBI y la supuesta invisibilidad de los hombre heteros. El político después reconoció que había sido un error. En el fondo, también hay una cuestión sin resolver en la formación: quién liderará la papeleta para las autonómicas del año que viene. Delgado ha mostrado en alguna ocasión que está abierto a competir contra Isabel Díaz Ayuso, en tanto que Mónica García no ha cerrado la puerta a volver a la batalla por la Puerta del Sol.

La portavoz en la Asamblea, Manuela Bergerot, centró el foco también en el acto del sábado: “Desde Más Madrid somos anfitriones y damos la bienvenida a las fuerzas progresistas que forman parte de ese gran frente democrático frente al bloque reaccionario de Ayuso y de Abascal”. Y recalcó su voluntad para la cooperación “fraternal" y con respeto entre las fuerzas que se “arremangaron el 23J”: “Esto no va de quién ni de los puestos”.

Diferentes fuentes del espacio de Sumar reconocen en privado a infoLibre que la propuesta de Rufián y Delgado tiene problemas de viabilidad, empezando por la propia Esquerra, y señalan que, a pesar de no acaparar por ahora tantos flashes, el acto del sábado sí tiene cimientos más sólidos para convertirse en paraguas de listas de unidad. Asimismo, dirigentes de estos partidos no coinciden en la tesis de que la izquierda debe centrarse en los hombres jóvenes solamente y dar la espalda, comprando el marco de las derechas, a supuestas políticas woke.

En Podemos guardan silencio, no obstante, sobre el acto de Rufián y Delgado. Este viernes se reunirá el Consejo Ciudadano, donde se prevé que hable Ione Belarra sobre el espacio de las izquierdas. La formación morada se ha limitado a decir, en conversación con este medio, que en las próximas generales intentará construir la candidatura más plural posible con quienes quieran plantear un proyecto alternativo y no subordinado al del PSOE.

Las miradas están puestas también en CHA, que se ha convertido en el partido de las izquierdas con mejor resultado el pasado 8F en Aragón, con cerca del diez por ciento de voto. Jorge Pueyo fue cabeza de cartel de Sumar el pasado 23J y estuvo presente a título personal en la charla de Delgado y Rufián.

Fuentes de ese partido explican a infoLibre que entienden el acto más como un debate que como propuesta en firme para negociar. Afirman que desde CHA siempre han apostado por listas de unidad tanto en elecciones generales como europeas, y que incluso lo intentaron para las autonómicas. Trabajarán “por supuesto” con esa idea para los próximos comicios, siempre “con generosidad” y “sin dejar a nadie fuera”. “Lo importante es que sólo haya una candidatura. ¿Cómo? Es cuestión de hablarlo, no nos vamos a encerrar en nuestras siglas. Hay que tener altura de miras y contar con todo el mundo. No nos hemos sentado aún a hablar con nadie, pero hay muchas fórmulas”, añaden.

Compromís es otro de los actores clave para este proceso y, por ejemplo, Rufián habló de su arraigo territorial para liderar en la Comunidad Valenciana durante el acto, al que asistió el diputado naranja Alberto Ibáñez. Fuentes de la formación señalan a este diario: “Creemos que es un acierto que ayer [por este miércoles] se reconociera el papel protagonista de proyectos como Compromís, proyectos arraigados a sus territorios y que están demostrando una mayor fortaleza frente a PP y Vox. Además estamos viendo que existe una excepcionalidad valenciana, aquí el cambio es posible precisamente por el crecimiento de Compromís”.

“Tenemos la responsabilidad de ser una opción abierta a otras voces y que los votantes desencantados del PSOE no se queden en casa el día de las elecciones sino que opten por la alternativa que representa Compromís. Obviar este hecho de la excepcionalidad valenciana sería un error”, añaden las fuentes. 

¿Está dispuesto Compromís a hacer una lista en la que integre a miembros de Sumar o de Podemos? Desde la dirección responden: “Lo importante es tener perfiles que representen a la sociedad valenciana más allá de los partidos, pero el debate de listas no está sobre la mesa. En Compromís estamos por la apertura a la sociedad civil valenciana. Creemos que no se trata tanto de siglas como de sinergias que se dan naturalmente en la acción política de todos los días”.

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha proclamado este miércoles que su intención al agitar la conversación política es "ganar provincia a provincia escaños a Vox", porque si la izquierda no resurge "se vienen ilegalizaciones, encarcelamientos, un sufrimiento social terrible", ha advertido, informa EFE.

Rufián ha propuesto así que solo la izquierda con más fuerza se presente por cada una de las provincias de España y que exista un "grupo interparlamentario coordinado" entre todas las fuerzas.

"Lo que viene no es lo de siempre, una alternancia sana, lo que viene es salvaje, imitadores baratos de Milei y Trump", ha augurado Rufián, que, de forma velada, ante el rechazo de la dirección de ERC a sus propuestas de que la izquierda se una, ha añadido: "Aunque me vaya a casa esta tarde, aunque me hicieran dimitir, me da igual".

Rufián ha hecho estas manifestaciones al comenzar un coloquio en una sala de conciertos madrileña junto a Emilio Delgado, diputado regional de Más Madrid, en un acto al que han acudido representantes de Movimiento Sumar, IU, Comuns, la Chunta, Compromís y otros partidos, además de compañeros de ERC y Más Madrid.

"Yo no le pido a nadie que renuncie a sus siglas, no le pido a nadie que renuncie a lo que es, a lo que defiende, a lo que siempre ha sido", ha dicho Rufián, que ha reclamado que "por primera vez" en la historia de la izquierda haya "orden eficiencia y método provincia a provincia" porque es como "se gana a Vox", no con tuits en redes sociales.

Un día como hoy, en 1905, nació Federica Montseny, y su vibrante "ahora no somos ni socialistas, ni anarquistas, ni comunistas, ni republicanos. Somos antifascistas, porque sabemos lo que representa el fascismo" es su mejor legado.

Nosotros, y particularmente en el País Valencià con el primer gobierno compartido con fascistas desde la muerte del dictador, también sabemos lo que representa el fascismo de nuestro tiempo, pero quizá como entonces hay demasiada gente que piensa que “no será para tanto” y otra que piensa que todo está perdido, “que cuanto peor antes mejor para siempre”. Por favor, escuchemos a Federica, no seamos ingenuos ni dogmáticos. De hecho, solo hay que ver las votaciones en el Congreso donde es evidente que coincidimos hoy más entre diferentes que lo hacían nuestros antepasados ideológicos. No digo que sea fácil, ni creo que solo sea una cuestión de egos y partidismo, pero de esto también hay demasiado. 

En dos años de Consell del PP, con y sin Vox, hemos visto cómo regresa la privatización de hospitales, se incrementa la desigualdad mientras perdonan impuestos a las grandes fortunas, se niegan a regular el alquiler y se reparten las VPO entre los de su clase, se niega la violencia machista y se recortan derechos LGTBI, se impone la censura a la cultura y se arrincona el valenciano, se manipula en la tele pública, se recorta en educación y en servicios sociales, se destruye la costa y depreda el territorio, se persigue al Open Arms, se eliminan las ayudas a la UNRWA y se criminaliza a los niños y adolescentes que huyen solos de la guerra y el hambre, se roba y se amordaza a la oposición. Una gestión terrorífica cuyo extremo fueron 230 muertes evitables durante la dana por su negacionismo climático, su falta de respeto al autogobierno y su farra en El Ventorro. 

No hay nada más valencianista que frenar el auge del fascismo que nos aniquilará como pueblo. No hay nada más de izquierdas que frenar el auge del fascismo que nos aniquilará como clase. No hay nada más ecologista que frenar el auge del fascismo que nos aniquilará como especie. Vamos, ahora no hay nada más de Compromís que frenar el auge del fascismo. Para los optimistas, no nos servirá salvar de las garras en las que se encuentra hoy la Generalitat si Abascal manda en La Moncloa. Para los pesimistas, no podría haber peor confluencia que el Consell del Pérez Llorca con Vox tuviera su réplica en La Moncloa. 

El miedo paraliza y la desesperanza nos acomoda a la inercia. Pero el contexto histórico nos obliga a tomar decisiones valientes y generosas que vayan más allá de las trincheras y las siglas. Audacia e inteligencia. Urge acordar un programa de mínimos potente que aporte seguridad: vivienda, transporte cotidiano, derechos sociales y poder respirar aire puro. Urge acordar un discurso rupturista que deje atrás la burocracia de las moquetas. Urge, aunque suene feo, asumir el tamaño de las circunscripciones electorales y la ley d’Hont para confluir. 

Existe una pulsión popular que nos invita a darnos una oportunidad, pero para ello nos exige que salgamos de nuestra zona de confort. Compromís mismo se fundó gracias a gente que sin el aplauso de sus direcciones tejió la confianza para salir de su pequeña parcela con gentes con las que compartía antes proyecto que partido. Compromís-Sumar fue una respuesta hábil como reacción a la llegada de Vox a la plaza Manises que permitió barrar la llegada de Abascal a la vicepresidencia. Me sorprende que haya quien plantee guardar las esencias, pues nuestra trayectoria es la cooperación heterodoxa y la audacia para resistir cuando las encuestas nos daban por muertos y para gobernar en campo contrario con diferentes. 

Salir de nuestra zona de confort hoy es desbordar Compromís. Plantear tres opciones políticas: fascismo, bipartidismo e izquierdas emancipadoras. Plantear cuatro papeletas en nuestras tres circunscripciones: Vox, PP, PSOE, Compromís con Esquerra Unida, Podem, Movimiento Sumar, ERPV y plataformas municipalistas verdes. 

Una urgencia que queremos que no se teledirija por la M-30. Bien, supondría aprender los errores del pasado, pero esto obliga a asumir un papel activo, podremos equivocarnos, pero no podemos escondernos detrás del telón ni refugiarnos en nuestra sede. Ni mucho menos en los grupos de WhatsApp de los nuestros. No vale esperar a que la burocracia nos diga que tenemos un plazo para coaligarnos electoralmente y relacionarnos bilateralmente con el sujeto que otros hayan construido para las generales nuestro encaje.

Compromís tiene gente, proyecto y capacidad de salir de su zona de confort. Hagámoslo. 

Romper con la M30 exige asumir la multilateralidad en la construcción de un espacio valenciano plural que pueda presentarse en el nuevo ciclo electoral con un programa de país integral para el conjunto de las administraciones públicas. Se equivoca quien crea que las competencias de la Administración General no nos afectan al proyecto de país o quien crea que nuestra propuesta y posición internacional es externalizable a otros partidos “estatales”. Nos toca hacernos cargo de lo local a lo global. Construir comunidad para combatir la soledad social y la hiperconexión de las redes de odio digitales. 

Una confluencia, un frente, una coalición, una cooperativa, encontraremos seguro el nombre, que beba de nuestra cultura política y nos permita dar una alternativa a aquella gente que, entre nosotros y el sofá, mientras ve el fantasma del fascismo, todavía prefiere el sofá. No hacer nada no es una opción.

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Alberto Ibáñez es diputado de Compromís.

La noche del domingo Chunta emergió con fuerza dentro de las izquierdas. Fue la gran ganadora de ese espacio en mitad del duro panorama del ascenso de la ultraderecha. Jorge Pueyo lideró una candidatura, que dobló su número de escaños, hasta los seis, en las Cortes de Aragón respecto a 2023. En dos años y medio lograba llevarse a la mochila más de 30.000 votos nuevos, llegando hasta casi el 10% de respaldo.

CHA se impuso dentro de la dura lucha entre las izquierdas, que fueron al 8F divididas con candidaturas de IU-Movimiento Sumar, que mantuvo su único escaño, y de Podemos, que se ha quedado fuera del Parlamento autonómico por primera vez desde las elecciones de 2015. El partido regionalista progresista, de esta forma, ha funcionado mejor con un discurso basado en la defensa de los servicios públicos y el acceso a la vivienda, pero con un marcado carácter territorial y llevando la contraria al Gobierno de coalición, al que apoya desde Sumar, en algunos aspectos como el nuevo sistema de financiación autonómico planteado por el Ministerio de Hacienda.

Chunta se une de esta manera a la tendencia que se evidencia en otras comunidades donde la izquierda confederal goza de buena salud y es mucho más competitiva que los partidos del espacio que funcionan como un paraguas nacional. Un club al que pertenecen, por ejemplo, BNG, Compromís, ERC y EH Bildu, marcas muy consolidadas.

Cada una de estas formaciones responde a diferentes sensibilidades territoriales, ya que algunas como BNG, ERC y EH Bildu tienen su ámbito de actuación en las consideradas comunidades históricas (Galicia, Cataluña y Euskadi), pero también estos partidos tienen buena salud en Aragón y la Comunitat Valenciana. Y, además, hay de nuevo cuño que buscan ese espacio, como es el caso de Más Madrid, de corte progresista y regionalista.

Su competitividad se ve, por ejemplo, en que son, en algunos parlamentos autonómicos, la segunda fuerza en número de escaños: el BNG en Galicia, EH Bildu en Euskadi y Más Madrid en la Asamblea madrileña. Todos ellos como primera opción progresista en esos territorios. Asimismo, Compromís está subiendo ahora en todas las encuestas después del desastre de la dana.

Esta izquierda no se queda sólo en sus territorios, sino que también tiene representación en las Cortes Generales (seis diputados de EH Bildu, dos diputados de Compromís y uno del BNG), que dan sustento a la mayoría de investidura de Pedro Sánchez, lo que les da una importante cuota de voz extramuros.

Y esa izquierda confederal, por su pujanza frente a la de ámbito nacional en las encuestas, también está ahora en el centro del debate por el papel que puede jugar en el ciclo electoral ante el avance de la extrema derecha. Gabriel Rufián (Esquerra Republicana) y Emilio Delgado (Más Madrid) protagonizan el miércoles que viene una charla, a título personal, para buscar fórmulas de colaboración para frenar a las derechas.

Por el momento, las direcciones de Esquerra, de EH Bildu y del Bloque han rechazado ir en una lista unitaria y sostienen que quieren medirse en las urnas bajo sus siglas y dentro de las circunscripciones que conforman sus territorios. Más Madrid, en cambio, está trabajando en una alianza de izquierdas junto a Izquierda Unida, Movimiento Sumar y los Comunes, que se presentará en un acto el próximo día 21 en el Círculo de Bellas Artes, en Madrid.

En el sur, lleva años armando un proyecto de izquierdas con carácter regionalista Adelante Andalucía, la formación de Teresa Rodríguez. El partido ha decidido presentarse en solitario para las elecciones de junio, en las que concurrirán previsiblemente por separado Por Andalucía (IU y Sumar) y Podemos. Adelante Andalucía cuenta ahora mismo con dos diputados en el Hospital de las Cinco Llagas, pero se ve con fuerza para superar el resultado a través de la candidatura de José Ignacio García, que se ha convertido en uno de los oradores más conocidos en la autonomía.

La politóloga Cristina Monge, en su análisis para infoLibre sobre las elecciones de Aragón, centraba así la cuestión de estas izquierdas confederales: “El otro ganador es el territorio, probablemente como espacio de resistencia frente a lo lejano y en defensa de lo propio frente a una campaña protagonizada por refriegas referentes a temas de ámbito nacional, con la propuesta de financiación como telón de fondo”.

Con esa idea al hilo: “El aragonesismo en su conjunto queda muy lejos del 20% de representación que obtenía históricamente, pero CHA ha doblado su representación, terminando así una larga travesía en el desierto que empezó en 2007. ¿Es la defensa del territorio una trinchera frente a las tendencias globales? Se podrá objetar que Existe –cuyo corazón late en Teruel– ha perdido 10.000 votos, y es cierto. Será interesante conocer las encuestas postelectorales para saber hasta qué punto su ansiada transversalidad les ha podido pasar factura”.

Para el politólogo Ernesto Pascual, experto en partidos y sistemas electorales, no hay que hablar simplemente de fragmentación de las izquierdas, “sino más bien de una reordenación del espacio progresista a través de actores con anclaje territorial que tienen identidad, redes, agenda local y liderazgos estables”.

Por eso, se detiene en el último ejemplo de Chunta Aragonesista: “Hay un trabajo desde hace muchísimo tiempo, además de un liderazgo fuerte y contacto con los ciudadanos”. Y, frente a eso, sostiene que hay “fatiga” entre los electores progresistas por los “conflictos internos” que se dan en los partidos a nivel nacional y el continuo “rebranding”.

“A Chunta se le ha visto como una referencia real de izquierda alternativa. Lo ha votado mucha gente de izquierdas que antes estaba en otros partidos, mientras vemos cómo Podemos va desapareciendo de los parlamentos autonómicos. Esto les debería llevar a una reflexión interna”, explica en este sentido Pascual.

Además, cree que a este tipo de partidos de izquierda territorial les está beneficiando “la utilidad percibida” por muchos votantes, también a través de sus diputados en Madrid: “Tienen muchas competencias para condicionar leyes y presupuestos”. “Es decir, no se trata solo de la identidad, sino también de un cálculo de dónde pesa más el voto”, apostilla.

A la vez, prosigue Pascual, esas formaciones tienen un discurso sobre “los servicios públicos y la cohesión territorial”, hablando de temas como una carretera o el empleo local en pequeños municipios o de la vivienda en grandes capitales como Zaragoza. Es una mezcla de asuntos que les funciona: de la lengua y el autogobierno a las infraestructuras. 

Pascual incide en esta clave: “Hablan de lo cotidiano, desde el territorio, conocen lo que necesita la gente y apuestan por la vertebración territorial. Esto ha hecho que se coman a las confluencias”.

Con otro componente de gran importancia: “Vende no tener dependencia de Madrid. La gente fuera de la M30 está harta de la política agresiva. Hay una desconexión muy bestia de los ciudadanos que viven en otros lugares. Lo que pasa en Madrid no sirve para toda España. Incluso se da el efecto rebote. La gente también quiere que le hablen de sus cosas y le interesa que al final funcione una farola en su barrio y que la calle esté limpia”.

El portavoz de Compromís en la comisión de investigación de la dana en el Congreso, Alberto Ibáñez, ha pedido la comparecencia urgente en este órgano del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, por "mentir", a su juicio, con los mensajes que se intercambió con Carlos Mazón la tarde de la catástrofe.

Feijóo remitió este miércoles a la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja que investiga los hechos los mensajes de móvil que se cruzó con el entonces presidente de la Generalitat Valenciana.

En uno de ellos, y según avanzaba la noche, Mazón llegó a reconocer: "Un puto desastre va a ser esto, presi".

Feijóo, que sólo ha remitido los mensajes de Mazón, no los suyos, aclara que fue él el que comenzó las conversaciones a las 19.59 de la tarde de la dana para enviar su "solidaridad y poner a disposición a la organización" y a él mismo para lo que fuera necesario "tras conocer por los medios de comunicación" que la situación estaba empeorando.

Según el diputado de Compromís, Feijóo debe dimitir "por mentiroso" porque Mazón nunca le informó en tiempo real de la situación y lo dijo para "aparentar poder" y para "tapar la nefasta gestión de su varón territorial”.

“Feijóo oculta algo, por eso, mandó a la jueza de Catarroja los whatsapp la tarde de Nochebuena para que pasaran desapercibidos y ocultó los que él mandó a Mazón. Debe comparecer, explicar porqué mintió y aún sabiendo todo defendió y aplaudió durante un año a Mazón”, ha denunciado.

El Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia ha desestimado los recursos de reforma interpuestos por las acusaciones populares contra el auto en el que denegó la apertura de juicio oral contra la exvicepresidenta del Gobierno valenciano Mónica Oltra por un supuesto delito de encubrimiento de abusos y acordaba el sobreseimiento provisional de esta causa, decisiones ambas que ahora se confirman de nuevo, según informa EFE.

El asunto, por tanto, volverá a ser elevado a la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial -que ya ordenó el procesamiento de Oltra en una anterior resolución-, al haber formulado las acusaciones recurso de reforma y subsidiario de apelación.

De esta forma se rechazan los dos recursos de reforma de las acusaciones populares, formuladas por Vox y la asociación Gobierna-te de la agitadora ultra Cristina Seguí. Tanto el juez como el fiscal coinciden en señalar que no existen indicios delictivos y que las acusaciones tampoco los han precisado de forma individualizada para cada episodio fáctico y cada acusado (Oltra y otros ocho colaboradores).

El pasado mes de junio este mismo juzgado, el responsable de la investigación a Oltra, archivó por segunda vez la causa contra la exvicepresidenta del Gobierno valenciano Mónica Oltra y miembros de su equipo en la Conselleria de Igualdad sobre el supuesto encubrimiento de abusos sexuales a una menor tutelada por la Generalitat por parte de su exmarido (hechos por los que fue condenado).

Fue la misma decisión que ya adoptó el Juzgado de Instrucción 15 en abril de 2024, tras dar por concluida la investigación, pero que fue corregida un mes después por la Audiencia Provincial de Valencia, que le obligó a reabrir la causa. 

El instructor consideró en el primer archivo de la causa que los indicios que fundamentaron las imputaciones se habían "desvanecido por completo" y que las acusaciones particular y populares, que habían pedido la apertura de juicio oral, "se basan en meras conjeturas o sospechas, no susceptibles de convertirse en prueba de cargo alguna".

La Fiscalía ha respaldado ambas resoluciones de archivo dictadas por el juez instructor al no observar indicios de criminalidad en ninguno de los investigados, ni en Oltra, quien dimitió de sus cargos en junio de 2022 tras ser imputada, ni en los colaboradores igualmente investigados.

Por el contrario, la Sección Cuarta de la Audiencia de Valencia ordenó reabrir la causa al estimar parcialmente los recursos de la acusación particular -la víctima de los abusos- y las dos acusaciones populares contra el archivo provisional, al considerar que no podía "descartarse claramente la comisión de infracción penal".

Esta misma sección de la Audiencia deberá resolver ahora el nuevo recurso de apelación planteado por las acusaciones y decidir si finalmente se enjuicia o no a Mónica Oltra.

La noticia saltó al mediodía. Muchos dirigentes de la izquierda reconocen que no daban crédito a la información que les llegaba a sus teléfonos móviles: el fiscal general del Estado, condenado por el Tribunal Supremo a dos años de inhabilitación por revelación de secretos. Todo un golpe desde la plaza madrileña de la Villa de París al Gobierno y los socios de investidura, que llevaban meses defendiendo la inocencia de Álvaro García Ortiz.

Durante los últimos días, la creencia general en el Ejecutivo y entre dirigentes progresistas es que el juicio había ido bien para el fiscal general del Estado, ya que no se había encontrado ninguna prueba que lo inculpara y, además, habían sido muy potentes los testimonios de los periodistas señalando a otras fuentes. Asimismo, había quedado claro que el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, había filtrado un bulo y había defendido desde la falsedad en su puesto pagado con dinero público al “ciudadano particular” de Alberto González Amador.

Por eso, la condena ha producido una sensación de rabia e indignación en la izquierda. La Moncloa y el núcleo duro del Ejecutivo han tratado de guardar las formas, aunque las caras del presidente, Pedro Sánchez, y del titular de Justicia, Félix Bolaños, materializaron sin palabras esa sensación. El fallo del Supremo se conocía también en una fecha muy destacada: el 20N, justo cuando se cumplían cincuenta años de la muerte del dictador Francisco Franco.

El Gobierno mostró su respeto por el fallo, pero declaró, por deber “moral”, que no comparte esa decisión (adoptada por cinco votos a favor y dos en contra). El Ejecutivo arrancará en los próximos días el proceso para nombrar a la persona que sustituya a García Ortiz. El ministro Bolaños quiso reconocer en una declaración institucional la labor del condenado por su defensa “del servicio público, de la ley y de la verdad”.

“Quiero trasladar también otra reflexión a todos los ciudadanos de este país, especialmente a aquellos que no comparten este fallo. La discrepancia con esta sentencia no puede conllevar una desconfianza generalizada en las instituciones y particularmente en la justicia. España es un Estado de Derecho con garantías y recursos para dirimir las discrepancias con una decisión judicial”, declaró Bolaños, el gran cerebro jurídico del Ejecutivo

Para mandar también este mensaje a “quienes velan por la aplicación de la ley y por garantizar el derecho de la ciudadanía a recibir una información veraz”: “Tanto a quienes lo hacen desde la sociedad civil, especialmente los periodistas, como quienes lo hacen desde el servicio público, particularmente inspectores de Hacienda y fiscales. A lo largo de este proceso ha habido quienes han intentado poner en duda su labor. Y quiero decirles que este gobierno va a defender siempre su trabajo y su derecho a ejercerlo con garantías. Estaremos siempre a su lado”.

Pero esas palabras tan institucionales no reflejan la honda desazón que domina al PSOE en estos momentos. Ese sentimiento lo expresó de manera directa el portavoz en el Congreso, Patxi López, que afirmó: "Las sentencias se acatan, la acatamos y la acataremos, pero viendo lo que hemos visto, conociendo lo que conocemos, sabiendo lo que sabemos de todo el proceso, me parece una auténtica vergüenza".

Esa misma sensación tienen en Sumar, el socio minoritario del Gobierno. La ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, aseveró tras el fallo: “No es solo una condena, es un mensaje de poder a todo el país por parte de los militantes con toga. Una ruptura de la separación de poderes. Ante la ofensiva ultra, valentía y determinación: hay que democratizar la justicia”.

Fuentes del espacio de Yolanda Díaz insistieron en esta idea: “La condena al fiscal general es la prueba más clara de que algunos sectores del poder judicial han decidido entrar en combate político contra el Gobierno. Está sentencia está basada en indicios débiles y sin una sola prueba directa de filtración, como recogen las crónicas del propio proceso, solo puede entenderse como un intento de interferir en la vida democrática de nuestro país.

“Para Sumar este caso tiene una gravedad institucional absoluta. Lo que ha ocurrido es un golpe judicial en toda regla: una causa construida sobre meras sospechas, inferencias sin sustento y contradicciones internas señaladas incluso en los votos particulares. No aceptaremos que el Estado de Derecho se use para desestabilizar a un Gobierno legítimo”, añadieron.

Y es que el fallo del Tribunal Supremo manda algunos recados, según los líderes de izquierdas. El portavoz de ERC, en el Congreso, Gabriel Rufián, apuntó: “Es una guerra contra unas ideas y unos partidos”. Poniendo en el debate esta cuestión: “El mensaje es claro, a Ayuso no se toca”.

Para la líder de Podemos, Ione Belarra, “la derecha civil y mediática acaba de asesinar civilmente al fiscal general”. “Todo para tapar el terrible escándalo de corrupción que asola a la presidenta de la Comunidad de Madrid, que vive en un piso pagado en negro. Ya se lo advertimos al PSOE, primero vinieron a por Podemos, después fueron a por los independentistas y ahora, como no han hecho nada para democratizar la justicia, van a por ellos en un caso de golpismo institucional sin precedentes para España”.

La palabra “golpe” se ha repetido entre varios dirigentes y referentes de la izquierda. Emilio Delgado (Más Madrid), sostuvo: “Pues esto es un buen golpe. De hecho no podían haber elegido mejor día para darlo”. Compromís hizo a la vez esta valoración: “La condena por parte de cinco jueces conservadores del Tribunal Supremo no es más que una prueba de golpe blando contra el Gobierno y contra la mayoría plurinacional y progresista de nuestro país”.

“Día negro que pone en riesgo la libertad de prensa y la protección a las fuentes, se pone en riesgo también la presunción de inocencia en nuestro país y que se pueda condenar sin pruebas al fiscal general. Un claro caso de lawfare, como ya hemos sufrido en Compromís, y requiere de una respuesta contundente y unitaria desde las izquierdas”, concluyó esta formación.

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha dicho que el franquismo tuvo aspectos "positivos y negativos", si bien posteriormente ha asegurado que es "una etapa negra de nuestro país que merece superarse y mirar hacia adelante, condenando lo que fue", según informa EFE.

En una entrevista hoy en Onda Cero, al ser preguntada sobre si Franco aportó algo positivo a España, la alcaldesa ha dicho que es "una etapa de nuestra historia que tiene lados positivos y negativos, pero en cualquier caso España tiene que mirar hacia el futuro".

Ha afirmado también que en esa etapa "se hicieron infraestructuras necesarias que han dado sus frutos y que han sido amortizadas, infraestructuras como las hidráulicas", si bien, "evidentemente, no tener un sistema democrático que no reconozca los derechos y libertades de los españoles no me parece lo más interesante de aquella época".

"Como doctora en Derecho Constitucional, me creo nuestro proceso democrático. No me gusta ni el revanchismo ni una reivindicación de que tiempos pasados fueran mejores", ha asegurado Catalá, para quien "hay debates que son interesados y no tienen ningún sentido ni ninguna aportación al día a día de los vecinos y las vecinas. Hablar de Franco no me motiva cada mañana, me motiva hablar de lo que necesitan los valencianos".

En la misma entrevista ha resaltado que el franquismo tuvo aspectos "muy negativos y por eso la democracia fue tan sana y nuestro marco constitucional nos ha dado la mejor etapa de convivencia de nuestro país", reconociendo "derechos y libertades públicas que se deben respetar, a Dios gracias".

Posteriormente, en declaraciones a los periodistas ha matizado que es cierto que en esa etapa "se construyeron una serie de infraestructuras, pero sin atribuirle el mérito a Franco ni al franquismo", lo que "no quiere decir ni que justifique, ni que no condene, ni que no tenga claro que era un dictador, ni que no se respetaban los derechos y las libertades. Creo que hay muchos interesados en hablar mucho de Franco, pero a mí lo que me interesa es hablar del futuro".

Ha añadido también que es un periodo de la historia de España donde "los derechos y libertades no se respetaron y que ha sido superada por generaciones que tenemos muy claro nuestro compromiso con las libertades y la democracia".

Los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de València, Compromís y PSPV-PSOE, han acusado este jueves a la alcaldesa, la popular María José Catalá, de intentar "blanquear el franquismo" y hacer "apología" en unas declaraciones que los socialistas van a llevar a la secretaría de Estado de Memoria Democrática.

La portavoz del grupo Compromís, Papi Robles, ha afirmado que Catalá no deja de sorprenderles "en su carrera sin fin por liderar la extrema derecha en València" para asegurarse votos e "intentar conservar su poltrona", y ha calificado de "repugnante" su "ejercicio cínico de blanqueo del dictador" Francisco Franco.

"¿Cómo puede decir que una de las épocas más nefastas de la historia de España, con todavía miles de muertos en las cunetas y en fosas comunes sin identificar, fue una época con cosas buenas y malas? ¿Cómo puede hablar con esa indignidad de las supuestas 'cosas buenas'?", ha preguntado Robles.

Para la portavoz de Compromís, son declaraciones "ofensivas y patéticas para una persona que se considera demócrata", la cual "debería lavarse la boca después de pronunciar esa desfachatez", y ha destacado que Franco "fue un dictador genocida y encabezó la peor etapa de la historia reciente", marcada por un "gran retroceso y dolor".

El portavoz del grupo socialista, Borja Sanjuan, ha afirmado que es "incompatible ser demócrata con revindicar aspectos positivos del franquismo" y ha acusado a Catalá de hacer "apología de una dictadura" y del franquismo, por lo que van a remitir sus declaraciones a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática.

La alcaldesa lleva semanas "intentando ser del agrado de Vox" para su futuro político, ha indicado Sanjuan, para quien València, que es una ciudad "ante todo demócrata", no merece una alcaldesa que dice esas cosas porque "de verdad piensa que el franquismo trajo cosas positivas" o porque "quiere asegurarse el apoyo de la ultraderecha en un futuro". 

Alberto Ibáñez (Compromís) lleva mucho tiempo esperando este momento. El lunes tendrá a Carlos Mazón frente a él en la comisión de investigación sobre la dana en el Congreso. Y no será un “masaje” como la intervención que tuvo en Les Corts. Piensa decirle y preguntarle a la cara muchas cosas. Muchas. 

El diputado de Compromís no entiende cómo Mazón puede mirarse al espejo todas las mañanas. A la vez que avisa de que el político, pese a su dimisión, no se ha ido, ya que sigue al frente del partido en la Comunitat Valenciana y le ha torcido el brazo a Génova 13 para colocar a Juanfran Pérez Llorca. No obstante, Ibáñez está convencido de que habrá un cambio político en su comunidad cuando se pongan las urnas y de que, a la vez, hay margen para que la coalición del PSOE y de Sumar aguante hasta el fin de la legislatura.

¿Qué espera de la comparecencia de Mazón en el Congreso?

Por suerte, el Congreso dispone de una mayoría democrática que hará que la derecha y la extrema derecha no puedan darle un masaje a Mazón. No podrá trolear a las víctimas ni al Compromís ni al PSPV como hizo en Les Corts. No podrá venir chulito y tendrá que responder. 

¿Queda mucha verdad por saber respecto a lo que hizo aquella tarde Mazón?

Hay partes del puzle que no conocemos, tanto del día de la dana como de las jornadas previas. Continuamos sin saber por qué la Generalitat no organizó la preemergencia. Ni por qué no cambió Mazón su agenda ya por la mañana. Ni tampoco por qué sigue diciendo que nadie le avisó de lo que pasaba en el barranco del Poyo. Nadie sabe dónde se esfumó. Tendrá que explicar por qué tampoco nadie de su equipo en Presidencia ni en su Consell fue capaz de sacarle de El Ventorro de la oreja. 

¿Qué sensaciones le han dejado las jornadas previas de la comisión en las que se ha escuchado a las víctimas de la dana?

Fueron dolorosas. Hemos escuchado en primera persona las vivencias de lo que fue una distopía brutal, tanto por la violencia del propio cambio climático como por el abandono institucional. Y también por los testimonios de cómo la Generalitat posteriormente fue incapaz de tener un mínimo de empatía humana. Que el PP se negara a aplaudir a las víctimas, excepto a una y porque se lo suplicó, explica la calaña de cierta gente.

El PP acusa a la izquierda de politizar a las víctimas, ¿qué le parece esa acusación?

Esto es política, pero no partidismo. Que el PP decidiera no suspender la actividad económica para proteger los beneficios de la patronal turística fue una decisión política. Que el equipo de Presidencia considerara una urgencia firmar unas becas para deportistas de élite y no sacar al presidente cuando la gente estaba ya en los tejados es política. Que el señor Mazón y la mayoría parlamentaria, que es la misma que va a sustentar a Pérez Llorca, no recibiera a las víctimas es política. Negar el cambio climático es política. Lo que quiere decir Mazón es que son cosas que pasan. Pero no: las muertes eran evitables. 

¿Qué le quiere decir a la cara a Mazón?

Muchas cosas. Primero, no comprendo que alguien que es president no ejerciera las competencias que tiene. No entiendo qué pensaba y por qué no se avisó a la población. Ni tampoco entiendo el cuajo que tuvo para continuar con total normalidad para hacer esa sobremesa tan larga. Luego se fue tranquilamente hablando de fútbol, como reconoció Maribel Vilaplana en el juzgado. ¿Cómo alguien así se puede mirar al espejo por las mañanas?

Ha dimitido Mazón, pero sigue siendo presidente en funciones. ¿Qué le parece la forma en la que se está marchando?

Mazón no ha sabido marcharse porque no se ha ido. Pérez Llorca es su amigo de alma y continúa siendo presidente del PP de la Comunidad Valenciana. Y lo más relevante: continúa siendo diputado en Les Corts porque tiene miedo a ir al juzgado de Catarroja. Ha torcido el brazo a Génova. 

Habla de Pérez Llorca como si fuera a ser seguro el presidente valenciano. ¿Da por hecho que habrá un pacto entre los populares y Vox?

Absolutamente. En 2023 el PP valenciano ya demostró que no tenía complejos en ser el primero en tener un Gobierno de coalición con la extrema derecha. Sus posiciones ideológicas son profundamente parecidas. En segundo lugar: las encuestas dicen que podría haber un cambio político. Tampoco Génova va a permitir que haya elecciones autonómicas y comprarán lo que Vox les pida.

¿Qué pueden llegar a darles?

Esta semana ya sabemos que el PP español ha roto con el europeo respecto al Pacto Verde. Se lo ha pedido Vox. Están negociando que la renta básica de inclusión no sea para personas musulmanas. Van a ir a por los niños migrantes y por la lucha contra el cambio climático. Le van a dar todo para no perder el Palau.

¿Temen que la llegada de Pérez Llorca permita al PP capear la situación y en las próximas elecciones se mantenga la derecha?

No, porque la derecha no caerá solo por la dana. El PP, por ejemplo, está aplicando unas políticas bestiales contra los servicios públicos con grandes recortes en sanidad y educación. Está regalando miles de millones de euros con su nueva política fiscal a las grandes fortunas valencianas. Y está permitiendo otra vez la cultura del pelotazo, con la posibilidad de construir a menos de 200 metros de la playa en plena emergencia climática. Controla los medios de comunicación públicos, que emiten corridas de toros mientras el pueblo se manifiesta. Además, los populares están negando la unidad de la lengua. 

¿Se enfrentará Mazón a un proceso penal? ¿Puede acabar condenado?

No soy penalista, pero sé que toda la estrategia política de la Generalitat está basada en su defensa penal. Y lo que sé, y se lo preguntaré este lunes, es que la consellera Pradas lo llamó un minuto o dos antes de que se enviara el ES Alert. Estoy convencido de que le dijo si lo enviaba y él contestó que sí. Hay indicios suficientes de que Mazón codirigía el Cecopi con retrasos y negligencia. Más allá de lo que decidan los tribunales, lo que es clarísimo es que el máximo responsable político de lo que ocurrió. Tenía plenas competencias según el Estatuto de Autonomía.

Desde Compromís han sido muy exigentes con que Pedro Sánchez vaya a la comisión del Congreso, ¿lo veremos?

El plan de trabajo lo incluye. Está contemplado en la tercera fase para hablar de la parte de reconstrucción. No se puede hacer como si no hubiera pasado nada, poniendo los puentes donde estaban y rehabilitando casas. Hay que asumir que el País Valenciano es el epicentro del cambio climático, y esto requiere políticas valientes. Ahí se está empezando a equivocar el PSOE.

¿Por qué?

Al final está haciendo una reconstrucción rápida en cuanto a infraestructuras, pero poniendo lo mismo que había y no haciendo una reflexión global. Por ejemplo, habría que preparar infraestructuras pensando en clave metropolitana para el transporte público. El PSOE debería ser coherente entre la chapita de la Agenda 2030 y las acciones públicas.

Hay una sensación extendida entre dirigentes de Compromís de que el PSOE no tira electoralmente en la Comunidad  Valenciana, ¿también opina así?

El PSOE tiene un problema de liderazgo y de planteamiento propio en Valencia. Está en una dinámica aparejada a lo que Moncloa y Ferraz les viene bien. Pero Compromís no tiene que entrar a valorar estas cuestiones. Lo que tenemos que hacer es pensar en qué forma podemos aportar nuestro capital político y que no haya papeletas que se queden fuera de Les Corts de compañeros de IU, Podemos y de los movimientos sociales. 

A raíz de la exigencia de la comparecencia de Sánchez en el Congreso, Compromís vivió una crisis interna aquí. Usted se mantiene en el grupo de Sumar, pero Àgueda Micó se fue al Mixto. ¿Cómo está la cohabitación?

Es raro. Pero, por ejemplo, también pasa con UPN, respecto al PP, en el Grupo Mixto. Es una situación incómoda, no nos gusta a ninguno de los diputados. Fueron decisiones que tomaron nuestras organizaciones. Nosotros entendemos que debemos responder a la papeleta a la que nos presentamos a las elecciones (Compromís-Sumar). En todo caso, los incumplimientos no venían por parte de Sumar, sino del PSOE. La reflexión que tiene que hacer Compromís es cómo se relaciona con los socialistas, no con Sumar, que no tiene culpa en este caso.

De cara a las próximas elecciones generales, ¿es partidario de reeditar un frente común como fue Sumar?

Absolutamente, haya o no adelanto electoral. Apelo a un frente amplio con un programa ambicioso. Si alguien está legitimado para apelar a la unidad de la izquierda, somos los valencianos que sufrimos en primera persona un gobierno sustentado por PP y Vox.

El Gobierno respiró algo este jueves con las votaciones en el Congreso, ¿aguantará la coalición hasta 2027?

Tiene la obligación constitucional de durar cuatro años y no externalizar la incapacidad de buscar acuerdos a la ciudadanía. Partido a partido. Hemos sacado dos leyes muy importantes esta semana. Y nos hemos quitado la bomba nuclear como suponía la enmienda del Senado. Más allá del ruido y de la sobreactuación, sobre lo concreto hay margen. Hay que trabajar parlamentariamente y darle un tirón de orejas al PSOE para que sea consciente de que hace falta más negociación. Y hay que apelar a Junts para que entienda que no son buenos aliados los que quieren llevarlos a la cárcel.

El futuro de la Comunitat Valenciana, en el aire. Ni siquiera hay un nombre sobre la mesa respecto a quién postulará el Partido Popular como sustituto de Carlos Mazón al frente del Consell. No hay tampoco un acuerdo con Vox por parte de Génova 13 para sostener ese Govern. Incluso cabe la posibilidad de que el caos se imponga en el periodo para elegir nuevo presidente y se convoquen finalmente elecciones anticipadas para el próximo mes de marzo.

La izquierda mira con estupefacción el espectáculo “vergonzoso”, como definen tanto en el PSPV como en Compromís, de la dimisión “en diferido” de Mazón y del vacío de poder que se ha instalado en estos momentos en la Comunidad. Los socialistas y los naranjas presionan para que se convoquen elecciones, pero creen, según altas fuentes de ambos partidos consultadas, que los populares se plegarán a lo que pida Vox.

En el núcleo duro del socialismo valenciano pronostican que el PPCV “le va a dar todo” a Vox, algo muy similar a lo que dicen los altos mandos de Compromís: “Les van a dar hasta la vida para seguir en la Generalitat”. “Dentro de la M-30 no se ve, pero ya el PP ha cedido en todo durante estos meses con Mazón a Vox, como pasó para pactar los presupuestos. Y en las últimas semanas acordaron hacer estadísticas diferenciando los nacionales de los migrantes, fomentar la caza en los colegios y eliminar las comisiones de igualdad, lgtbi y de asuntos europeos en Les Corts”, subrayan los socialistas. 

Tanto en el PSPV como en Compromís sostienen que la Comunitat debería ir ya a elecciones y que ellos están preparados para los comicios. Fuentes socialistas valencianas indican que el Partido Popular no se ha atrevido a pulsar el botón electoral porque sabe que puede perder esa autonomía y que la izquierda está en condiciones de ganar. En la dirección del PSPV indican que los números de sus sondeos dan esa hipotética victoria frente a los estudios que aparecen en los medios de derechas, que penalizaban a Mazón pero sostenían a la marca del PP.

Asimismo, el análisis que hacen los socialistas valencianos en esos momentos es que todo depende del cálculo que haga Vox sobre la situación y no se atreven a predecir cuál será el movimiento final de Santiago Abascal, que está fuerte en las encuestas. Creen que la ultraderecha está en pleno dilema si ir a unas elecciones con buenos números o si le interesa más tener atado al Partido Popular, pudiendo escoger a un “títere” que le compre toda la agenda. 

“El que va a salir perdiendo con las dos opciones es Feijóo. Si va a elecciones, la izquierda puede ganar. Si no lo creyeran, ya habrían convocado. Y si pacta con Vox, va a marcar toda la política nacional”, sostienen en el PSPV. Respecto a la posibilidad de que un nuevo president se consolide en estos dos años, los socialistas reflexionan que todo ha sido tan “vergonzoso" que no hará que el PP pueda recuperarse.

En la sala de máquinas del socialismo valenciano entienden que se trata de una disputa entre bloques y no ven un trasvase de votantes del Partido Popular hacia el PSPV. Pero creen que la balanza se puede decantar hacia el bloque progresista por una alta movilización de la izquierda en las urnas y por la abstención dentro del electorado del PP que siente “vergüenza” por cómo se ha gestionado la dana. 

Lo que sí preocupa de cara a un proceso electoral en el socialismo es que se fragmente el espacio a su izquierda, por eso esperan que ese ámbito político consiga un entendimiento en la comunidad como pasó en la papeleta del pasado 23J. En cambio, en las autonómicas de ese año EU-EUPV, que compitió de manera separada de Compromís, se quedó fuera de Les Corts habiendo logrado casi un 3,5% de votos (más de 85.000 papeletas).

El PSPV-PSOE llevará como cabeza de cartel a la próxima cita con las urnas a la actual ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant. La derecha mediática trata de airear una supuesta guerra con la delegada del Gobierno en la Comunitat, Pilar Bernabé, sobre esa posición en la papeleta. Pero fuentes socialistas resaltan la buena relación entre la líder de PSPV y Bernabé (que será la candidata a la Alcaldía de Valencia). “Son un tique electoral”, resaltan las fuentes.

Respecto a las críticas de que Morant sea ministra y líder territorial, en la dirección de PSPV señalan que es un activo precisamente que forme parte del equipo más cercano de Pedro Sánchez, a quien los votantes progresistas ven como un dique para frenar a las derechas en el Gobierno central.

En el PSPV rechazan también que haya una competición dentro de la izquierda y apuestan abiertamente por un pacto con Compromís, lo que sería el “Botànic 3”. Creen los socialistas que las dos formaciones se complementan y que el partido naranja llega a votantes que nunca meterían la papeleta del PSOE. El PSPV apuestan por ofrecer a los ciudadanos un fortalecimiento de los servicios públicos y además apostar por una ordenación del territorio que se ajuste a la situación climática que vive la Comunitat. 

Por territorios, la izquierda, según señalan en el PSPV y en Compromís, está fuerte en Valencia y en Castellón, aunque tiene más problemas en Alicante. A pesar de eso, analizan que todavía no se ha medido el efecto negativo para los populares que puede tener todo lo que ha sucedido en los últimos días y en la gestión de la crisis por parte de Feijóo. “La gente ha visto que se han movido por el daño reputacional y no por conciencia”, señalan en el PSOE.

En Compromís también llevan meses exigiendo que se convoquen elecciones anticipadas, aunque también trasladan fuentes del partido que creen que el PP va a intentar un pacto con Vox y evitar así poner las urnas. “El PPCV le va a dar todo a la ultraderecha", trasladan los naranjas sobre el periodo de negociación que se abre ahora para elegir al sucesor de Carlos Mazón. 

El análisis que hacen en Compromís es que la izquierda tiene posibilidades de ganar a la derecha si hoy hubiera elecciones en la Comunitat Valenciana. No obstante, señalan que ahora mismo no hay sondeos respecto al impacto que tuvo, por ejemplo, el funeral de Estado y la marcha de Mazón. Pero los naranjas manifiestan que Vox está en unos números muy fuertes, mientras que creen que el PSOE no lo está. Ellos, asimismo, analizan que pueden tener sus mejores resultados en unas autonómicas.

Aunque no ha habido un proceso oficial todavía para elegir candidato, en la casilla de salida está ya Joan Baldoví, portavoz en Les Corts y gran referente del partido en estos momentos. Y no hay preocupación sobre si se unen a ellos EUPV y Podemos porque sostienen que la marca Compromís es fuerte y no les roban votos los otros partidos de la izquierda.

La dimisión de Carlos Mazón vuelve a sacudir por completo el tablero español. La caótica gestión de la crisis por parte del Partido Popular ha copado la actualidad y sobrepasa las fronteras valencianas para impactar de lleno, por varios factores, en la política nacional e, incluso, en el próximo ciclo electoral.

El anuncio de Mazón de este lunes deja sobre la mesa muchas incógnitas en una comunidad autónoma clave para los grandes partidos. Pero la crisis no ha sido solventada por Génova 13, que todavía no ha elegido a un candidato para reemplazar al presidente saliente, no lo ha movido como líder del PPCV y, sobre todo, vuelve a quedar en manos de la ultraderecha para conservar una plaza casi mística para los populares.

La dependencia de la ultraderecha es más visible en estos momentos que nunca. El PP no ha pactado con Vox la hoja de ruta para la sucesión en la Comunitat Valenciana, lo que deja a Santiago Abascal manos libres para decidir el futuro del Consell. El Partido Popular sólo puede sobrevivir con ellos. La ultraderecha no ha tomado partida todavía y espera a que se “aclaren” los populares sobre la figura que propondrán para la investidura.

De la decisión de Vox dependerá que el PP se mantenga en el Palau o que se tengan que convocar elecciones anticipadas, una tentación en el partido de Santiago Abascal que no deja de crecer en todas las encuestas (tanto en la Comunitat Valenciana como en el resto del país). El líder de los populares lanzó el mensaje este lunes a la ultraderecha: que “esté a la altura” y facilite cuanto antes la elección de un nuevo presidente por “la responsabilidad que merece” el pueblo valenciano. 

Se abre un periodo frenético, tras la dimisión, con la activación de un plazo de doce días hábiles en Les Corts para presentar candidaturas para la Presidencia (hasta el 19). Luego (en el plazo de tres a siete días) se tiene que fijar una fecha para la celebración de la sesión de investidura. Por lo que ese debate podría desarrollarse entre el 24 y el 28 de noviembre. Si en dos meses, desde la primera votación, ningún candidato logra la mayoría necesaria, se tendrían que convocar elecciones anticipadas. 

El PP ha decidido no pulsar el botón del adelanto electoral por miedo tanto al auge de Vox como por la posibilidad que reflejan algunos sondeos de que el bloque de la izquierda pudiera hacerse con el Gobierno valenciano (que es una administración clave para la derecha en estos momentos). Tanto el PSPV-PSOE como Compromís han criticado duramente las formas de la dimisión y han exigido nuevamente, sin éxito, que se pongan ya las urnas.

La Comunitat Valenciana es esencial en el mapa electoral español. Es la cuarta comunidad más poblada y también la cuarta economía en términos de PIB total. Aporta al Congreso 33 diputados (casi el diez por ciento) y es vital para unas elecciones generales. En las de 2023 el PP se impuso con 13 parlamentarios, mientras que el PSOE se quedó en once. Vox obtuvo cinco y Compromís-Sumar logró cuatro. La reactivación del electorado progresista por el caso de Mazón podría ser clave en ese territorio en los comicios que Pedro Sánchez planea que sean en 2027.

Pero la repercusión de la Comunitat Valenciana no solo influye en unas generales, sino que esta situación de dimisión y de dependencia de Vox llega de lleno en el arranque del ciclo electoral con la convocatoria de elecciones anticipadas en Extremadura para el próximo 21 de diciembre. Lo que provoca también que la fuerza de la ultraderecha pese aún más con una comunidad en la que María Guardiola, según las encuestas, sale como favorita pero lejos de la absoluta y con el horizonte de tener que pactar de nuevo con los de Santiago Abascal.

Los pactos entre la derecha y la ultraderecha se han convertido también en un efecto movilizador para las izquierdas. De hecho, el acuerdo de Mazón con Vox para formar Govern tras las elecciones del 28M supuso un golpe mortal para la campaña de Núñez Feijóo en 2023. En Génova 13 piensan que ese movimiento espídico del PPCV le costó La Moncloa al PP nacional. La gran duda es, en estos momentos, qué precio pondrá Abascal a la Generalitat. Todo ello después de hacer que el Partido Popular en la Comunitat Valenciana haya comprado parte de la agenda de la ultraderecha. En las últimas semanas, los dos partidos acordaron fomentar la caza con charlas en colegios y eliminar las comisiones de igualdad, LGTBIQ+ y de asuntos europeos en Les Corts.

Además, la crisis de Mazón supone también un golpe para el PP porque debilita la imagen de Núñez Feijjóo, ya que no ha resuelto de manera quirúrgica la crisis política y el PP valenciano le ha tosido. En Génova 13 siempre han considerado como un activo la gestión de sus barones para demostrar un modelo diferente al de Pedro Sánchez, pero, al revés, tanto el caso valenciano como el escándalo de los cribados en Andalucía y el frente contra el aborto de Isabel Díaz Ayuso han puesto en entredicho esa imagen y a la propia dirección nacional.

Otra de las variantes de la gestión del PP es que también puede inflar el sentimiento de frustración de muchos ciudadanos descontentos con la gestión política, una laguna que, por el momento, está capitalizando Vox como figura del descontento. Los populares esperan que con una nueva cara al frente del Consell puedan taponar ese trasvase de votos y, asimismo, quieren tratar de imponer el discurso de que Mazón cometió errores pero que el Gobierno de Pedro Sánchez fue el que abandonó a los ciudadanos al no decretar la emergencia nacional. 

Joan Baldoví tacha directamente así al presidente valenciano, Carlos Mazón: “La persona más descarada y con menos vergüenza que he conocido nunca”. Se lo ha dicho también a la cara en algunas intervenciones en Les Corts. Y lamenta que el actual Gobierno autonómico “abandonara a su pueblo” en la tragedia de la dana hace un año.

El portavoz de Compromís en el Parlamento valenciano sigue sin entender cómo el Partido Popular a nivel nacional mantiene a Mazón al frente del Palau de la Generalitat y considera que acabarán asumiendo responsabilidades penales los dirigentes del Consell durante aquel 29-O. Pone el acento durante esta entrevista en que la izquierda debe volver a ilusionar a la gente y transmitir que la política es la solución a los problemas frente al sentimiento de desafección que se apodera de muchos ciudadanos en estos momentos.

Un año después, ¿qué imágenes le vienen a la cabeza del día de la dana?

Estaba en Les Corts y luego fui a casa, donde estuve viendo la televisión. Mi mujer y yo llamamos a nuestras tres hijas para ver si estaban bien y decirles que se quedaran en sus domicilios. Entonces me impactó la imagen del puente que se derrumba y se deshace como un castillo de naipes. Era monstruoso. Y todas aquellas conexiones de los medios con gente pidiendo ayuda... Fue una noche muy larga.

¿Cómo están las zonas afectadas? ¿Hay normalidad? ¿Qué queda por hacer?

Hay una normalidad a medias. Hay centros educativos en barracones y hay 900 ascensores sin arreglar, por ejemplo. La gente de la zona tiene temor cuando hay otro anuncio de lluvias. Hay secuelas psicológicas, especialmente entre niños. Es una tragedia difícil de superar. En la manifestación una persona se me acercó y me dijo que su hija no podía estar en la concentración por ansiedad todavía. Quedan muchas cosas por reparar.

¿Qué sentimiento había en la manifestación del fin de semana?

Mucha indignación. Se me acercaba mucha gente y me decía que cómo es posible que un año después Mazón siga de presidente con las mentiras que ha contado y con todo lo destapado por los medios. Algunos familiares comentaban que no sabrán cómo reaccionar si lo ven en el funeral. Fue una manifestación pacífica pero muy reivindicativa. No nos merecemos a este presidente. La gente pedía su dimisión. Lo hemos visto ya en encuestas, como la de ABC, que dicen que seis de cada diez votantes del PP quieren que se vaya. Hay gente del Partido Popular que se avergüenza de este presidente y de este Gobierno que no supo estar a la altura y abandonó a su pueblo en los momentos más decisivos. No se puede estar cuatro horas de comida el día de la peor tragedia que hemos pasado. 

Un año después sigue habiendo lagunas sobre la tarde de Mazón, ¿se llegará a saber la verdad?

Estoy seguro de que llegaremos a saber la verdad. Nos ocultan información, pero al final la verdad acaba abriéndose paso. La semana pasada Mazón contaba con detalles el trayecto desde El Ventorro al Palau y ahora ya sabemos que no fue así, sino que fue al parking a acompañar a la periodista con la que comió. Y luego apareció a las 20.28 h cambiado de ropa. La verdad se abre poco a poco paso, pero es absolutamente indecente e indignante que el presidente no haya contado la verdad a los familiares de las víctimas y a los valencianos. Es la persona más descarada y con menos vergüenza que he conocido nunca, y se lo he dicho a la cara.

Hay un proceso judicial en curso y, por el momento, la jueza está delimitando la responsabilidad en la Generalitat. ¿Puede haber responsabilidades penales por parte del Gobierno valenciano?

Lo digo de manera categórica: sí. La jueza no puede imputar a Mazón porque está aforado. Pero sí lo ha invitado a declarar tres veces. Sus autos son contundentes, claros y delimitan cuáles son las competencias de cada cual. Era responsabilidad de la Generalitat haber enviado esa alerta mucho antes. Ahora sabemos que la exconsellera Salomé Pradas nos mintió. Dijo que no sabía nada de la alarma, pero, por los vídeos que hemos conocido, sabemos que a las cinco de la tarde ya se estaba barajando. 

Si la alarma se hubiera enviado entre las cinco y las seis de la tarde, evidentemente muchas personas estarían hoy con nosotros. ¿Alguien se puede imaginar una comida de cuatro horas en el peor día que hemos tenido los valencianos y luego desaparecer otra hora más? Pero no sólo Mazón. ¿Alguien se imagina que a una vicepresidenta se le informa de la situación y dice “jope, si necesitas algo, dímelo”? 

¿Por qué cree que la cúpula del PP sigue sosteniendo a Mazón?

No lo entiendo, sinceramente. El Partido Popular está preso porque no tiene la garantía de que, si vamos a elecciones, pueda renovar la mayoría. Y Mazón es un títere y está en manos absolutamente de Vox. La ultraderecha mantiene a un incompetente, en palabras del propio portavoz de Vox, por mero interés electoral y para poder introducir su agenda de odio. Mazón sólo está preocupado por el relato judicial, por intentar salvar su cuello y llegar a los cuatro años de legislatura para asegurarse quince años de paga, chófer y asesores.

Durante la dana se palpó el crecimiento de la sensación de desafección ciudadana, ¿sigue existiendo ese sentimiento que alimenta en las encuestas a la ultraderecha?

Es una amenaza que esa desafección acabe siendo aprovechada por partidos que están en contra de la democracia, del Estado autonómico y de los servicios públicos. Es dramático que esa desafección la pueda capitalizar la extrema derecha. El reto de la izquierda es volver a ilusionar y decirle a la gente que la política puede ser la solución. 

Fueron muy críticos con el Gobierno central en su manera de actuar, ¿tendría que haberlo hecho de otra manera el Ejecutivo?

El Gobierno, en los primeros momentos y viendo que estaba absolutamente desbordado este presidente, hubiera podido hacer mucho más. El Ejecutivo probablemente tendría que haberle quitado competencias y asumirlas. Por eso, hemos pedido también que comparezca en las comisiones el presidente del Gobierno, porque entendemos que se pudo hacer mucho más en los primeros días. 

¿Aguantará Mazón hasta el final de la legislatura?

Hemos aprendido que la política es cada vez menos predictiva. Es lo que quiere: acaricia la idea de agotar la legislatura y volver a presentarse. Siempre ha creído que el tiempo bajaría la indignación y que podría controlar el relato, pero el sábado fue una bofetada de realidad. El mensaje en la concentración fue claro: la gente no olvida. Cada vez se estrecha más el cerco sobre él.