Madrid se ha convertido en la capital europea del presidente argentino Javier Milei. Es la sexta vez que viaja a España desde que llegó a la Casa Rosada en diciembre de 2023. Ningún otro país europeo ha recibido tantas visitas del presidente argentino y solo Estados Unidos supera a nuestro país en su agenda internacional. El viaje, además, mantiene un patrón que se ha repetido en todas sus estancias anteriores y que no cumple con la habitual diplomacia extranjera y no se reunirá ni con el presidente español, Pedro Sánchez, ni con el rey Felipe VI. No lo ha hecho ninguna de las seis veces que ha visitado la capital, mientras que sí se ha visto con la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso y con el líder de Vox, Santiago Abascal.

Según trasladan fuentes de la Casa Rosada a medios argentinos, en esta ocasión Milei mantendrá reuniones con empresarios organizadas por el embajador argentino en España, Wenceslao Bunge. Así, citan encuentros con directivos de grandes compañías españolas con intereses en Argentina, entre ellas el Banco Santander, el BBVA, Telefónica, Mapfre, Iberia, Indra y Dia con el objetivo declarado de promover inversiones. No está previsto, según trasladan fuentes de Sol a infoLibre, que se reúna con Ayuso mientras que Vox no aclara a preguntas de este periódico si hará lo propio con Abascal. 

El principal evento de esta visita será la inauguración de la II edición de los Cursos de Verano CEU-María Cristina el viernes. El mandatario ultra recibirá la Medalla de Honor de la Universidad CEU San Pablo, un reconocimiento que la institución justifica por “su trayectoria como economista, su defensa de las políticas de libertad económica y su papel en las reformas emprendidas en Argentina”, según destacan desde la organización.

Aunque la agenda oficial difundida por la Presidencia argentina solo confirma el acto del CEU, las reuniones privadas con empresarios son clave para el presidente argentino, que necesita inversiones en un país que él mismo presenta como oportunidad, pero que ha sido históricamente un mercado volátil, con crisis recurrentes, devaluaciones, litigios y dificultades para repatriar beneficios. De esta manera, busca conseguir acuerdos y compromisos millonarios para el país que le ayuden a mantener el apoyo político interno. 

Su viaje coincide con un momento de desgaste político provocado por investigaciones y polémicas que afectan a miembros de su Gobierno, especialmente a su jefe de Gabinete Manuel Adorni, que afronta una investigación por un presunto enriquecimiento ilícito tras reconocer que ocultó medio millón de dólares no declarado. Lo justificó diciendo que eran ahorros "en negro" de años anteriores, explicaciones que no han convencido a la oposición argentina, que hace solo unas semanas reclamó una moción de censura contra Ardoni.

En esta sexta visita a España, la agenda de Milei transcurre, de nuevo, por un circuito alternativo al de la diplomacia habitual formado por empresarios, universidades privadas y organizaciones vinculadas a la derecha política y cultural. El acto central será su participación en la Universidad CEU San Pablo, donde recibirá una distinción honorífica. El reconocimiento no llega de una institución académica neutral, sino de uno de los principales centros de influencia del conservadurismo católico español.

Un acto que estará presidido por el presidente de la Fundación Universitaria, Alfonso Bullón de Mendoza, la rectora de la universidad, Rosa Visiedo, y el director de los cursos, Benigno Pendás. El programa de los cursos refleja además el ecosistema político e ideológico con el que Milei mantiene mayor afinidad en España ya que entre los ponentes figuran, además de Ayuso y Abascal, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo y el expresidente José María Aznar, además de dirigentes conservadores, juristas y representantes empresariales.

El centro pertenece a la Fundación Universitaria San Pablo CEU, impulsada por la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP), una organización fundada a comienzos del siglo XX con el objetivo de promover la presencia del catolicismo en la vida pública española. Desde 2018, la ACdP está presidida por el citado Alfonso Bullón de Mendoza, que además de presidir la Fundación Universitaria San Pablo CEU también es el presidente del pseudomedio El Debate desde su nacimiento, en 2021. Además, detrás de la distinción académica que recibirá Milei está Javier Morillas Gómez, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad CEU San Pablo y consejero del Tribunal de Cuentas desde hace cinco años.

Bajo la dirección de Bullón de Mendoza, la ACdP ha reforzado su presencia pública mediante un entramado que combina universidad, medios de comunicación, fundaciones y foros de debate. Él mismo ha defendido la necesidad de que los católicos recuperen influencia en el espacio público y ha convertido al CEU y a El Debate en algunos de los principales altavoces del conservadurismo español.

Y, aunque el presidente argentino comparte buena parte de los discursos que forman parte del universo político de la ACdP como la crítica al progresismo, la oposición a las políticas de igualdad y el rechazo a la memoria histórica, la defensa de una concepción tradicional de la familia y un fuerte rechazo a lo que denomina "socialismo" o "cultura woke", el libertarismo económico de Milei no coincide plenamente con la doctrina social de la Iglesia. La reciente visita del Papa León XIV a España y su mensaje pro inmigración es un ejemplo de ello.

Más que un reconocimiento estrictamente académico, el premio supone la incorporación de Milei a una red de instituciones conservadoras que, desde distintos ámbitos —en este caso, el mundo de la universidad privada—, aspiran a disputar la hegemonía cultural a la izquierda y al Gobierno de Sánchez. En ese sentido, la distinción del CEU no solo reconoce al presidente argentino, sino que visualiza la afinidad entre su doctrina política y una parte significativa de la derecha española organizada en torno a un mismo ecosistema.

Con todo, la frecuencia de las visitas de Milei que supera con creces a la de otros mandatarios extranjeros, no responde únicamente al peso económico de España para Argentina —aunque el país es uno de sus principales inversores europeos— sino también a la relevancia ideológica que Milei concede a Madrid. A diferencia de otros presidentes latinoamericanos, no prioriza las visitas institucionales a países vecinos ni las reuniones bilaterales tradicionales. Prefiere cultivar alianzas con la derecha europea y utilizar Madrid como plataforma para proyectar internacionalmente su discurso anti impuestos.

La relación institucional entre ambos países continúa marcada por la crisis diplomática abierta en mayo de 2024, cuando Milei calificó de "corrupta" a la mujer de Sánchez, Begoña Gómez, durante un acto de Vox. España retiró entonces a su embajadora durante varios meses y las relaciones políticas nunca recuperaron la normalidad. Desde entonces, el presidente argentino ha evitado cualquier contacto oficial con el Ejecutivo español en todas sus visitas.

Esa fue su primera visita a España, en la que además de participar en el acto de la formación ultra, también se vio con empresarios españoles interesados en invertir en Argentina. Solo un mes después, en junio de 2024, regresó para recibir la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid por parte de Ayuso en lo que fue un polémico encuentro y un reconocimiento del Instituto Juan de Mariana, presidido por un exviceconsejero madrileño, Manuel Llamas, que define al socialismo como una “ideología asesina e inmoral” y “una enfermedad del alma”. 

Durante el pasado año volvió a la capital — curiosamente, es la única ciudad que ha visitado en España— para clausurar el Madrid Economic Forum, reunirse nuevamente con Abascal, mantener encuentros con empresarios del Ibex interesados en el proceso de desregulación económica de Argentina y entrevistarse con Ayuso. En ese foro volvió a cargar contra el presidente español, al que calificó de "bandido". Y en marzo de este año protagonizó otra visita exprés para intervenir nuevamente en el mismo foro y recibir un premio del Instituto Ludwig von Mises. Tampoco mantuvo contactos con representantes del Ejecutivo español.

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que disuelva las Cortes y convoque elecciones, en una intervención en el Congreso centrada en la corrupción tras la intervención previa del socialista. "Disuelva usted las Cortes y vayamos a votar", ha reclamado el líder del PP, que ha acusado al presidente de poner "excusas", hacer "propaganda" y "victimizarse".

Feijóo también ha acusado al presidente del Gobierno de "absoluta falta de moralidad" y le ha señalado sin pruebas como "el nexo político corruptor" de todos los casos que afectan al Gobierno y al PSOE. "Da exactamente igual si lo sabía todo o parte de las fechorías de los suyos", le ha espetado, preguntándole si es "un superhéroe al que no se le escapa nada o un incompetente al que le engañan todos, hasta en su casa". "Quienes han delinquido a su alrededor lo han hecho porque le conocen. Es usted quien puso el Estado en manos de esa gentuza", ha añadido.

Casi al final de su intervención, el líder del PP también se ha referido a la moción de censura que no se atreve a presentar. "Deberíamos echar a este Gobierno con una moción de censura. Por mí, hoy mismo", ha afirmado, antes de reprochar a los antiguos socios parlamentarios de Sánchez su posición ante el Ejecutivo: "Ver a la izquierda progresista aplaudiendo la corrupción les puedo asegurar que es una experiencia inolvidable".

Por su parte, Santiago Abascal ha elevado el tono contra el PSOE y ha acusado al partido, sin aportar pruebas, de financiación ilegal. Según el líder de Vox, "el entorno de Pedro Sánchez se ha enriquecido ilegalmente" y "el PSOE se ha financiado ilegalmente". Abascal ha añadido que, con ese dinero, se habría pagado a "una trama" dedicada a "extorsionar, coaccionar, sobornar o acosar" a jueces, fiscales, guardias civiles, policías, periodistas y políticos.

El presidente de Vox también ha acusado a Sánchez de estar preparando un fraude electoral. "Sánchez está actuando para robar las elecciones en España", ha afirmado, de nuevo sin aportar pruebas. Abascal ha hablado de "estructuras chavistas y peronistas" y ha asegurado que habría "millones de votos" que, según él, se controlarían "desde el aparato", con participación de autoridades de Cuba, México o Brasil.

Al igual que Feijóo, ha insistido en que la única salida del presidente del Gobierno español es convocar elecciones, aunque también se ha dirigido a Feijóo para advertirle de que "el cambio no está hecho", que no empiece a “repartir ministerios” como asegura que ocurrió en el 2023 y de que queda "muchísimo que hacer en España".

Hasta febrero de 2024, Víctor de Aldama era un desconocido para la opinión pública, aunque llevaba décadas cerca del poder, tanto en España como en México. Fue ese mes cuando la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil lo detuvo —junto al asesor de José Luis Ábalos, Koldo García— por un presunto amaño de un contrato millonario de mascarillas del Gobierno durante la pandemia, aunque quedó en libertad provisional. Meses más tarde, en octubre de ese mismo año, Aldama volvió a ser detenido, en ese caso por un presunto fraude en el negocio de los hidrocarburos que asciende, según Hacienda, a más de 231 millones de euros.

Sin embargo, el comisionista únicamente pasó 42 días en la cárcel de Soto del Real de Madrid. Su abogado, exmagistrado de la Audiencia Nacional, le indicó al fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, que su cliente quería colaborar. Y, más de dos años después, el Tribunal Supremo lo ha exonerado de la cárcel y esquivado la multa millonaria que para él exigía la Fiscalía Anticorrupción tras ser condenado a cuatro años y medio de prisión por organización criminal y cohecho. “Han demostrado que son justos y la colaboración en este país sirve”, se congratuló el comisionista tras conocer la resolución.

De esta manera, Aldama ha culminado una de las transformaciones más llamativas de la política española reciente. Pese a que su participación delictiva en el caso mascarillas ha quedado acreditada judicialmente este lunes —la UCO lo considera el jefe de la trama criminal— , se ha convertido en una suerte de denunciante heroico para amplios sectores de la derecha política y mediática. Una figura presentada como pieza clave en la lucha contra el Gobierno de Pedro Sánchez y su entorno más cercano.

La sentencia del Tribunal Supremo que ha cerrado el caso mascarillas no presenta precisamente a Aldama como un ciudadano ejemplar, sino como el corruptor que empezó a colaborar con la justicia una vez ya imputado, tras comprobar que le podía beneficiar en el juicio. Los magistrados aprecian la atenuante análoga de colaboración como muy cualificada. Y, en base a esto, le rebajan la pena en dos grados respecto a los delitos de organización criminal y cohecho continuado, pese a que participó activamente en la trama y obtuvo beneficios económicos millonarios que no tendrá que devolver.

Sin embargo, la imagen pública que ahora proyectan numerosos dirigentes políticos, comunicadores y activistas conservadores poco tiene que ver con esa realidad judicial. Aldama no comenzó a colaborar por arrepentimiento o remordimientos, como sí hizo el exconcejal del PP José Luis Peñas con la Gürtel. En ese caso, fue él quien destapó el caso al proporcionar unas grabaciones de Francisco Correa. Aldama, en cambio, colaboró cuando la UCO ya había acumulado una amplia base probatoria sobre el funcionamiento de la trama y cuando él ya estaba en prisión.

En los casos de corrupción, la figura del colaborador aporta información decisiva para descubrir delitos desconocidos o identificar responsables que, de otro modo, permanecerían ocultos. En el caso de Aldama, el Supremo parece obviar que la investigación ya había acreditado buena parte de los hechos esenciales cuando decidió convertirse en colaborador. Pese a ello, el Alto Tribunal considera que su aportación fue suficiente para apreciar una atenuante muy cualificada de colaboración. Sin embargo, también deja fuera algunas de las graves acusaciones que lanzó el comisionista contra Sánchez y su entorno por no considerarlas acreditadas.

Con todo, la transformación de Víctor de Aldama en una figura política de referencia para una parte de la derecha no se ha producido únicamente en los tribunales. También ha sido el resultado de una intensa operación de legitimación mediática y de una red de apoyos públicos que han contribuido a presentarlo como un denunciante perseguido más que como uno de los protagonistas de la trama corrupta que él mismo terminó reconociendo.

Uno de los respaldos más visibles ha sido el de Daniel Esteve, fundador de Desokupa y uno de los referentes del ecosistema ultra español. En diciembre de 2024, cuando Aldama acudió a declarar ante el Tribunal Supremo, lo hizo acompañado por Esteve. Desde entonces, el líder de Desokupa ha actuado como uno de sus principales defensores públicos, celebrando sus éxitos judiciales y presentándolo como víctima de una supuesta persecución política. Tras conocerse la rebaja de su condena y que evitaría la prisión, Esteve difundió varios mensajes de apoyo en redes sociales en los que felicitaba a Aldama y arremetía contra la izquierda.

Pero Esteve no es el único. La exdirigente de Vox Macarena Olona ha llegado a afirmar que "gracias a su colaboración, la Justicia ha condenado una organización criminal dentro del Gobierno de España", presentándolo como una figura que habría asumido "un enorme riesgo personal" por denunciar los hechos. El agitador ultra Vito Quiles también ha celebrado la resolución judicial anunciando que "Aldama ya es libre" y asegurando que está dispuesto a "seguir ayudando a los españoles a derrotar a la mafia", en referencia al Gobierno.

En el ámbito de la política institucional, el Partido Popular ha reivindicado expresamente el papel de sus abogados en la petición de una rebaja de pena para el empresario. Alberto Núñez Feijóo señaló este lunes que se alegraba de que la acusación particular ejercida por los populares hubiera acertado al solicitar esa reducción porque "a aquel que colabora con la Justicia, le corresponde". Esa ha sido la tesis también de las portavoces en el Congreso, Ester Muñoz, y en el Senado, Alicia García. 

Precisamente en la sesión de control de la Cámara Alta, el ministro Félix Bolaños arremetió este martes contra la posición del PP. Señaló que el comisionista “no merece” que se le ensalce y diferenció entre él y el citado José Luis Peñas, tras destacar que muchas de las afirmaciones del comisionista no se han podido probar, al contrario que las de Peñas. Y añadió: "Yo respeto que ustedes tengan tanta admiración por el señor Aldama, que sea su referente ético, su amigo, su aliado. Les propongo que le metan en las próximas listas electorales del PP y que hagan público su amor”.

En paralelo, Aldama ha protagonizado una extensa gira mediática. Durante los últimos meses ha multiplicado sus apariciones en televisiones, radios, periódicos y canales afines a la derecha. Su presencia ha sido especialmente intensa en el universo Mediaset, con entrevistas y conexiones en El Programa de Ana Rosa, Horizonte o los propios Informativos Telecinco. En estos espacios ha reconocido que tuvo ayuda del subdirector de El Español, Jorge Calabrés, para boicotear la rueda de prensa de Leire Díez.

Desde estos medios ha repetido una estrategia basada en anunciar nuevas pruebas, anticipar futuras imputaciones o sugerir revelaciones de gran impacto político que, según sostiene, terminarán afectando al entorno del presidente del Gobierno. La mecánica se ha repetido una y otra vez: anuncio de revelaciones inminentes, promesa de documentación definitiva y expectativa de un supuesto giro histórico en las investigaciones.

Hasta el momento, sin embargo, muchas de esas afirmaciones no han sido acompañadas de evidencia documental ni han tenido reflejo en resoluciones judiciales. Pero todo ello le ha servido para dejar de ser presentado como un empresario implicado en una trama corrupta para convertirse en una especie de acusador permanente del sanchismo.

Así, determinados programas y plataformas digitales han seguido otorgándole una enorme visibilidad, convirtiendo cada nueva declaración en un acontecimiento político. La derecha mediática, además, tampoco parece interesada en someter a Aldama al interrogatorio que merecería cualquier fuente con semejante historial. En la mayoría de esas entrevistas se le pregunta por lo que puede decir contra el Gobierno y se le concede el papel de arrepentido cuando conviene, omitiendo que su relato también es una estrategia de defensa. 

La conversión de Aldama en símbolo político responde también a una necesidad estratégica de la oposición más dura a Sánchez. Su figura permite mantener viva la expectativa de una gran revelación pendiente incluso cuando las pruebas judiciales no acompañan determinadas acusaciones. Pero, en determinados espacios, eso es lo de menos: solo hace falta que Aldama lo diga para publicar. Luego los dirigentes del PP y Vox lo difunden y la sospecha se instala.  

La última decisión del juez Juan Carlos Peinado de retirar el pasaporte a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, y la justificación que le acompaña en la que alude incluso a un hipotético riesgo de fuga con la posible colaboración de sus escoltas ha abierto una nueva polémica en torno a una instrucción que acumula críticas, recursos y reproches institucionales. El propio Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha iniciado los trámites para estudiar una eventual sanción disciplinaria por esas afirmaciones, rechazadas también por asociaciones y mandos policiales. 

Sin embargo, dentro del Partido Popular la decisión ni se interpreta ni se responde de la misma manera ni con la misma intensidad. Mientras la dirección nacional del PP intenta acompasar su ofensiva contra Pedro Sánchez con cierta cautela respecto a las decisiones más controvertidas del magistrado, el PP de Madrid y el entorno político de Isabel Díaz Ayuso han optado por una defensa mucho más explícita de la actuación de Peinado.

Durante el fin de semana, los principales portavoces nacionales del partido aprovecharon la apertura de juicio oral contra Begoña Gómez para cargar contra el presidente del Gobierno. No obstante, ni el secretario general del partido, Miguel Tellado, ni su antecesora en el cargo, Cuca Gamarra asumieron plenamente las tesis más polémicas del auto. De hecho, evitaron  respaldar las referencias del juez a los escoltas de Gómez, y Gamarra apoyó las críticas formuladas por las asociaciones policiales, que consideran injustificado poner bajo sospecha a los agentes encargados de la protección de la esposa del presidente español.

Este lunes, Feijóo —en una comparecencia extraordinaria— admitió que se podía “discutir la proporcionalidad de algunos de los párrafos”, pero añadió que “ni el Consejo ni el auto” ponían “en cuestión los presuntos delitos de la investigada”. “La referencia a los códigos procesales no convierte a la investigada en inocente, no nos hagamos trampas", planteó. En privado, sin embargo, el PP nacional cree que la medida de retirarle el pasaporte a Gómez era “innecesaria” y creen que el ejemplo está en lo que hizo el juez Calama con José Luis Rodríguez Zapatero, al que permitió conservarlo por su relevancia pública y arraigo.

Así, mientras Génova intenta explotar políticamente el caso sin quedar atada a cada decisión de Peinado, el PP madrileño, liderado por Isabel Díaz Ayuso, ha decidido asumir la defensa del magistrado como parte de su propia estrategia de confrontación con Sánchez. Esa posición empieza a proyectarse también sobre las estructuras nacionales del partido a través del ascenso de Ignacio Dancausa, actual secretario general de Nuevas Generaciones (NNGG) del PP Madrid, que el próximo mes de julio será ratificado como líder nacional. En un post en X, NNGG de Madrid aplaudió el último auto de Peinado con un vídeo del ultra Álvaro Ojeda.

Pero la publicación no solo es una anécdota. El alineamiento del PP madrileño con la instrucción de Peinado ha sido constante. Dirigentes del Gobierno regional y del grupo parlamentario han convertido el caso Begoña Gómez en uno de los principales ejes de oposición al Ejecutivo central. En septiembre de 2025, la propia Ayuso denunció la "persecución” contra el juez Peinado y dijo que no tenía “cabida en una democracia liberal". "Yo nunca he visto un trabajo más denodado y calculado de los poderes del Estado contra un juez”, aseguró.

Sus declaraciones en defensa del magistrado han sido recurrentes a lo largo de los dos años de instrucción, pese a que esta ha estado marcada por decisiones muy controvertidas, más de una decena de ellas corregidas o limitadas por la Audiencia Provincial de Madrid u otras instancias superiores. Tras la decisión de Peinado de llevar a Gómez ante un jurado popular, la presidenta madrileña afirmó: "La realidad es tozuda y la Justicia sigue implacable". 

Hace dos meses, en abril, la baronesa del PP acusó al ministro Félix Bolaños de "desprestigiar" a Peinado tras procesar a Begoña Gómez y dijo que ver a un ministro de Justicia desacreditando a un juez era "algo que nunca se ha visto en una democracia liberal”. "El daño que se ha hecho al buen nombre de la justicia es un daño que seguramente en muchos aspectos será irreparable”, sostuvo. Este lunes, la reacción de Ayuso fue criticar a la eurodiputada de Podemos Irene Montero por cargar contra Peinado. 

Además, los apoyos al magistrado han adquirido una dimensión política añadida por sus conexiones familiares. Su hija, Patricia Peinado, es concejala del PP en el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón desde 2023, municipio gobernado por la formación de Isabel Díaz Ayuso. El PP de Madrid, a través de Alfonso Serrano, salió en su defensa cuando se conoció ese vínculo, denunciando "acoso" contra la edil por su relación familiar con el magistrado.

Para evidenciar estas dos intensidades entre Génova y el PP madrileño está también el hecho de que los de Ayuso llamaran a Gómez a declarar a la Asamblea de Madrid, en la comisión de investigación impulsada por los conservadores en noviembre de 2024, mientras que el PP rechazó finalmente citarla en la comisión del Senado, donde también cuenta con mayoría absoluta. Esa diferencia de criterio refleja dos estrategias distintas: una más agresiva en Madrid y otra más medida en la dirección nacional.

El secretario general del PP de Madrid, el citado Alfonso Serrano, defendió llamar a Gómez a la comisión de investigación sobre la Complutense. Dijo que no hacerlo sería "ilógico" porque era "la principal responsable" y "la que está en el foco". También sostuvo que "gran parte" de la gestión de su cátedra se había hecho "en La Moncloa". En el marco de esa comisión, el portavoz Carlos Díaz-Pache calificó la cátedra de Gómez de "irregular y arbitraria", pese a que varios comparecientes defendieron su legalidad.

En el caso de Génova, en un primer momento Feijóo dijo que esperarían al desarrollo del sumario antes de decidir si la citaban. Después, el portavoz nacional, Borja Sémper, cerró la puerta alegando que el PP fiscalizaba a Sánchez, no a su esposa. En Génova eran reticentes a "cruzar esa línea" porque Gómez, explicaban, "no se dedica a la política" y asumían que, al estar ya procesada, tendría que declarar ante el juez. Sin embargo, no han dudado en llamar a las hijas de Zapatero, que tampoco se dedican a la política, en relación con Plus Ultra.

La situación coloca a Alberto Núñez Feijóo en una posición delicada. Por un lado, el PP quiere explotar políticamente el procesamiento de la mujer de Sánchez. Por otro, las sucesivas polémicas de Peinado —algunas corregidas o cuestionadas por instancias superiores y otras ahora bajo examen del CGPJ— dificultan una identificación total con el magistrado.

En ese contexto, el PP de Madrid vuelve a actuar como punta de lanza. Mientras Génova calibra los riesgos de vincular su estrategia política a cada paso del instructor, el entorno de Ayuso se mantiene en una defensa mucho más rotunda de una causa judicial que considera central para desgastar al Gobierno de Sánchez. La celebración pública de la última decisión de Peinado por parte de Nuevas Generaciones de Madrid ha vuelto a evidenciar esa doble estrategia dentro del propio Partido Popular. 

La sentencia del 'caso mascarillas' ha provocado una comparecencia extraordinaria del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, en la sede de Génova este lunes. Inicialmente estaba previsto que diera explicaciones el portavoz nacional, Borja Sémper, pero tras la sentencia que condena a 24 años de cárcel del exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos y 19 años y ocho meses de prisión por los mismos delitos a su asesor, Koldo García, fue Feijóo el que tomó la palabra. Sin embargo, no hubo ningún anuncio destacado y únicamente reclamó la convocatoria de elecciones, como ha hecho en multitud de ocasiones a lo largo de la legislatura

Feijóo aseguró en rueda de prensa que la decisión del Tribunal Supremo “es el fin de la escapada” y una “situación incompatible con la democracia". Con todo, volvió a supeditar cualquier movimiento en el Congreso a la erosión interna del bloque de la investidura, al tiempo que cerraba filas con la decisión del Alto Tribunal de exonerar a Víctor de Aldama de la cárcel. Se trata del corruptor, el “jefe real”, en palabras de la UCO, que no solo se librará de pisar la cárcel pese a la condena de cuatro años y medio, sino que también podrá conservar los 3,7 millones de euros que recibió por las comisiones de las mascarillas.

El líder del PP, al ser preguntado explícitamente sobre si descarta presentar la moción de censura sin contar de antemano con el visto bueno de los socios del Gobierno, defendió la "sensatez" de su prudencia actual para justificar por qué no ha dado el paso todavía. “Si la hubiésemos presentado en las últimas semanas, Sánchez quedaría revalidado por la Cámara. No voy a cometer ese error”, aseguró.

Para el líder del PP, la estrategia pasa por la espera y el desgaste. Confía en que los "detalles" que se conozcan próximamente obliguen a los aliados de Sánchez a mover ficha y a las votaciones que se producirán en el Senado y el Congreso esta misma semana. "Ahí los socios podrán retratarse y verán si son cómplices y si esta situación no tiene vuelta atrás", advirtió, insistiendo en que es a ellos a quienes hay que preguntar si el clima político actual los hace "más receptivos" a tumbar al Ejecutivo. 

El conservador aprovechó la ocasión para volver a cuestionar la legitimidad del socialista, al señalar que es "el presidente con menos votos y escaños que ha obtenido como candidato a la presidencia del Gobierno” y que “ha perdido las elecciones". Una pirueta retórica con la que intenta mantener movilizado a su electorado mientras decide si se arriesga a dar ese paso: "Ese es el momento de acreditar la postura de los socios, de que se saquen la careta y digan si van a seguir apoyando al Gobierno".

En clave judicial, el líder del PP se ha congratulado de la estrategia de sus equipos legales al validar los beneficios penales para quienes decidan colaborar con la justicia, como ha sido el caso de Aldama según ha reconocido el Alto Tribunal. “Tiene toda la coherencia con nuestra actuación, la doctrina del Tribunal Supremo y la que emana del Código Penal", planteó.

Es más, considero un “acierto” que la acusación particular del PP redujera incluso la petición de cárcel para el empresario. "Me alegro de que nuestros abogados hayan acertado y planteado esta cuestión. Toda la gente sabe que si colabora, tiene posibilidad de una rebaja efectiva; si lo van a llevar a cabo, lo veremos". No se pronunció, sin embargo, sobre el hecho de que Aldama pueda conservar los 3,7 millones de euros de las comisiones que recibió.

Asimismo, Feijóo ha criticar los excesos del juez instructor del ‘caso Begoña’, Juan Carlos Peinado, tras decidir retirarle el pasaporte a la mujer del presidente del Gobierno y lo encuadró en el “párrafo de un auto”."Se puede discutir la proporcionalidad de algunos de los párrafos, [pero] ni el Consejo ni el auto ponen en cuestión los presuntos delitos de la investigada”, se limitó a decir. En cambio, sí arremetió contra el Ejecutivo por sus críticas a la judicatura: "El CGPJ lleva diez pronunciamientos en contra de los ataques del Gobierno a los jueces”

Para concluir, el presidente del PP ha lanzado un aviso a navegantes para evitar que el debate se centre en las formas del juez y no en el fondo de la causa: "Lo que está claro es que la referencia a los códigos procesales no convierte a la investigada en inocente, no nos hagamos trampas".

El Partido Popular lleva meses tratando de desprenderse de la carga racista asociada al concepto de "prioridad nacional" que Vox ha introducido en los pactos autonómicos en Extremadura, Aragón y Castilla y León y que ha convertido en una de sus principales banderas. Después de asumir ese peaje para gobernar en las tres autonomías, dirigentes del PP tratan de resignificar la "prioridad nacional" para asociar el concepto a problemas como la vivienda, la sanidad o el acceso a los servicios públicos para dulcificar  su verdadero significado.

El pasado 5 de mayo, el portavoz nacional, Borja Sémper, aseguró que la vivienda es "la verdadera prioridad nacional" para el PP y sostuvo que un futuro Gobierno de Alberto Núñez Feijóo deberá "construir vivienda como si no hubiera un mañana”. Ese mismo día, Sémper intentó diferenciar al PP de quienes "deshumanizan" al migrante y defendió una política migratoria basada en vías "seguras, dignas y regulares", un mensaje difícilmente compatible con la interpretación que Vox realiza con la misma expresión.

La operación se ha extendido también esta semana a la sanidad. El lunes, Sémper defendió en Génova 13 que la sanidad será una "prioridad nacional" para Feijóo, vinculando la expresión al refuerzo de plantillas médicas y la mejora de las condiciones laborales del personal sanitario. De esta manera, el portavoz nacional trata de darle otra connotación a un concepto que el propio Feijóo ya se vio obligado a matizar en abril, asegurando que debía entenderse como "arraigo" y que solo se podía aplicar dentro de la legalidad vigente.

El problema para el PP es que Vox no ha dejado margen para esa reinterpretación. Allí donde ambos partidos han pactado la incorporación de esta prioridad nacional, la formación de Santiago Abascal ha insistido en relacionarla con la inmigración. Hace un mes, el líder de Vox manifestó en su cuenta de X que “todo lo que no sea prioridad nacional es prioridad extranjera” y que “para tener casa, acceder a ayudas, prestaciones y servicios sociales: los españoles primero”. El mensaje de Vox no es que la vivienda o los servicios sociales sean prioritarios, sino que se discrimine a los migrantes para que no tengan un igual acceso a ellos.

Así, mientras el PP intenta ampliar o reinterpretar el significado del término, los ultras recuerdan a diario cuál es el contenido que le atribuyen: dar preferencia a los españoles frente a los extranjeros en el acceso a determinadas ayudas, prestaciones o recursos públicos sin tener en cuenta otros factores. La estrategia refleja una evidente incomodidad en Génova y en algunos de sus principales referentes autonómicos como el presidente andaluz Juanma Moreno Bonilla, al que Vox ya le ha dicho que deberá ‘tragar’ con esa discriminación si quiere volver a ser investido tras las pasadas elecciones del 17M. Génova le ha pedido que lo acepte pero en sus propios términos. 

Sin embargo, esa redefinición choca con el significado que Vox lleva años defendiendo y que está inspirada en el principio de "preferencia nacional" defendido históricamente por la extrema derecha francesa y otros movimientos ultranacionalistas europeos. Concretamente, el concepto fue popularizado por el Frente Nacional fundado por Jean-Marie Le Pen, antecedente de la actual Agrupación Nacional de su hija, Marine Le Pen.

Un concepto que, además, choca con la ley orgánica 4/2000 que reconoce a los extranjeros residentes el acceso a servicios y prestaciones sociales en las mismas condiciones que los españoles, y a los residentes de larga duración el acceso a ayudas de vivienda también cumpliendo ese criterio. Además, considera discriminatorios los actos que impongan condiciones más difíciles a un extranjero por su nacionalidad. Por ese motivo el PP ha tratado de vender la medida como un criterio, como “el arraigo” que cuenta para un baremo, al igual que la vulnerabilidad, la discapacidad o el hecho de ser familia numerosa.

La contradicción resulta especialmente visible porque Vox no ha mostrado ninguna voluntad de suavizar el concepto. Al contrario. Sus dirigentes insisten de manera reiterada en relacionarlo con la inmigración y con la necesidad de reservar recursos públicos para los nacionales. Y, cada vez que el PP intenta presentar la expresión como una referencia abstracta a las políticas sociales, los portavoces de Vox vuelven a asociarla explícitamente con el control migratorio y la limitación del acceso de los extranjeros a determinadas ayudas.

Fuentes de la formación conservadora consultadas por infoLibre consideran que el movimiento del PP responde a un doble objetivo. Por un lado, evitar el coste reputacional que supone asumir una expresión identificada con la extrema derecha europea. Por otro, preservar los acuerdos alcanzados con los de Abascal sin tener que asumir públicamente todas sus implicaciones ideológicas. Sin embargo, desde el equipo directo de Feijóo insisten, a su vez, en que el concepto es bien recibido por sus votantes e incluso por los del PSOE.

El problema para Génova es que el significado político de la "prioridad nacional" no lo está definiendo el PP, sino Vox. Y la formación de Abascal no deja margen a interpretaciones ambiguas: cuando habla de prioridad nacional, habla de inmigración, de exclusión y de “los españoles primero”, el lema calcado del presidente estadounidense Donald Trump, que desde que volvió a la Casa Blanca ha aplicado una política migratoria de máxima restricción y deportación acelerada, con redadas, restricción de asilo y recorte del programa de refugiados, además de un endurecimiento de la inmigración regular.

La incomodidad también se manifiesta en el Congreso. Este jueves el PP rechazó, junto al resto de grupos, una iniciativa de Vox para implantar la "prioridad nacional" en el acceso a la vivienda protegida, el alquiler social y las ayudas públicas. La propuesta planteaba que los recursos públicos destinados a vivienda se asignaran prioritariamente a los españoles y vinculaba la crisis habitacional con la inmigración. 

Así, la disputa por el sentido de la "prioridad nacional" se ha convertido en una muestra más de las dificultades de los conservadores para gestionar públicamente su relación con Vox justo en el momento en el que Feijóo ha abierto la puerta a gobernar junto a la formación de extrema derecha a nivel nacional, pese a que en el congreso de julio del pasado año el líder del PP aseguró que su “compromiso” era no meter a la extrema derecha en el Ejecutivo central. Así, Génova acepta la propuesta, pero trata de darle otro significado.

Parque de la Cabecera (València) un auditorio repleto y mucha expectación. Es el primer ‘mitin’ de la exvicepresidenta Mónica Oltra después de cuatro años, tras su abrupta marcha. Un “espacio de encuentro” con el portavoz de ERC, Gabriel Rufián ante más de 2.000 personas, según datos de la organización, que se saldó con un mensaje claro: unidad. Antes de comenzar, lo coreaba el público: “El pueblo, unido, jamás será vecino”. Ambos entraron de la mano y con amplias sonrisas. No era campaña, pero lo parecía.

Rufián aprovechó este acto, previsiblemente el último de su ‘gira’, para situarse explícitamente al frente de una operación política que pasaría por unir a su formación con los comunes y Podemos de cara a las generales, pero lo circunscribió únicamente a Cataluña. “Quiero liderar en Cataluña un frente de izquierdas con ERC como motor”, planteó. Sin embargo, esa propuesta sigue sin contar con el aval de su propia formación. La unidad estuvo muy presente a lo largo del encuentro, pero por primera vez el republicano dejó claro sus límites, aterrizó un poco su propuesta y hasta habló de primarias.

Rufián insistió en que no se trata de pedir a nadie que renuncie a sus siglas, sino de actuar con inteligencia política ante un escenario que ha definido como "muy jodido". "Lo que viene comportará un enorme coste social, una regresión cultural y social", advirtió. A su juicio, la responsabilidad de la izquierda es "decir lo que quiere la gente aunque sea imposible para la dirección de los partidos". Un planteamiento que secundó la exvicepresidenta de la Generalitat, que se mostró convencida de poder unir a las izquierdas tanto en el Ayuntamiento de València, donde ella se presentará, como en la Generalitat. “Dejemos atrás nuestras míseras diferencias”, reclamó el portavoz de ERC.

Oltra, visiblemente emocionada confesó que había estado “a punto de llorar” en varias ocasiones, elogió a Rufián por impulsar una "gira de hermanamiento" que, según dijo, busca generar conciencia "no desde el miedo", sino desde la posibilidad de construir "pueblos alegres y combativos". La valenciana defendió también que los proyectos políticos transformadores deben "desbordar las siglas de los partidos". En ese sentido, apeló a la participación de Compromís, Podemos, Sumar, asociaciones vecinales, ecologistas, animalistas y colectivos sociales. "No quiero echar fuera a nadie", subrayó.

El público lo pedía y el diputado republicano también reclamó expresamente un "frente" para echar a la derecha del poder en la Comunitat Valenciana y cargó con dureza contra el expresidente valenciano Carlos Mazón, al que acusó de "inacción" ante la dana. "Pido a Mónica Oltra que ayude, y lo hará, a meter en prisión al psicópata y asesino de Mazón", dijo entre aplausos de un público que se colocó en la ladera del anfiteatro del Parque de la Cabecera en la capital del Túria, ante la falta de espacio. El aforo, según confiesan desde la organización del evento, superó todas las expectativas.

La dirigente de Compromís rechazó, sin embargo, que el avance de la derecha y la extrema derecha sea inevitable. "No es lo que viene, es lo que quiere venir. Vendrá si queremos", afirmó. Para Oltra, una de las batallas centrales es desterrar la idea de que la reacción conservadora no puede frenarse: "Depende de la lucha de cada uno". Y, aunque también incidió en la idea de que ella quiere “ganar” a PP y Vox, matizó que quiere hacerlo “con otras armas”. “Desde la compasión, la solidaridad y la conciencia de que no somos nada si no somos pueblo”.

La crítica a los discursos de la extrema derecha fue otro de los puntos de encuentro. Los dos cuestionaron los mensajes que responsabilizan a la inmigración de los problemas económicos y sociales. Rufián reprochó a Vox que señale a quienes llegan a España en lugar de a los grandes poderes económicos, mientras que Oltra denunció que quienes dicen rechazar la inmigración en realidad quieren trabajadores extranjeros sin derechos..

El regreso público de Mónica Oltra llega marcado por la causa judicial que precipitó su dimisión como vicepresidenta de la Generalitat en 2022 y que ella y su entorno han definido reiteradamente como un caso de guerra judicial. La dirigente de Compromís abandonó entonces la primera línea política tras ser imputada en la investigación sobre el presunto encubrimiento de los abusos sexuales cometidos por su exmarido a una menor tutelada.

El procedimiento ha tenido un recorrido especialmente accidentado. El juzgado instructor llegó a archivar la causa al no apreciar indicios de delito, pero la Audiencia Provincial de Valencia ordenó su reapertura en varias ocasiones a raíz de los recursos de las acusaciones. La Fiscalía, por su parte, ha mantenido que no ve delito en la actuación de Oltra y ha pedido su absolución. Su situación judicial de la exvicepresidenta, sin embargo, no está cerrada. En marzo, el Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia dictó auto de apertura de juicio oral contra ella y otros acusados. Por lo que, podría ser llamada a declarar en plena campaña electoral.

Cn todo, evitó construir su intervención desde la ira. "No construiremos desde la ira, sino desde el amor al otro, la conciencia de clase, la compasión y el perdón", afirmó. “Necesito tener esperanza. Para mí ponerme de pie fue muy difícil, una decisión que marca mi vida, ya veremos cómo. Pero era la única manera en la que puedo conservar la esperanza. Y podría tener rabia, pero no soy capaz de tenerla. Estoy indignada, pero no quiero que el miedo cambie de bando, sino que lo haga la vergüenza. Ha de ser vergonzoso ser un fascista”.

En este tercer acto, tras los que Rufián protagonizó junto al diputado de Más Madrid, Emilio Delgado, y la eurodiputada de Podemos, Irene Montero, el catalán volvió a cuestionar la eficacia electoral de una izquierda que, según enfatizó, "tiene razón" pero pierde. "Tenemos la razón, somos la hostia, pero perdemos", resumió. Y defendió que la izquierda debe articular un programa común, estudiar “provincia a provincia” qué interesa más para ser más “efectivos” electoralmente y planteó la posibilidad de hacer primarias allí donde haya dudas sobre qué candidatura debe liderar. "Aglutinémonos alrededor del mejor", señaló.

La clave es que Rufián aparece como uno de los pocos perfiles capaces de hablar con espacios hoy enfrentados —Sumar, Podemos, comunes, Compromís, Más Madrid— y de proyectar una idea de alianza sin que parezca una reedición mecánica de fórmulas agotadas. Tal y como contó infoLibre, buena parte de ese espacio vive pendiente de su decisión ya que un eventual movimiento del portavoz de ERC podría alterar los planes de reorganización de la izquierda transformadora.

El hecho de que el portavoz de ERC en Madrid ofrezca una candidatura amplia en Cataluña sin el visto bueno del líder de su formación, enfría la hipótesis que algunos actores de la izquierda estatal le reclaman: una candidatura de alcance nacional capaz de reagrupar el espacio a la izquierda del PSOE. Su apuesta catalana puede servir como laboratorio de confluencia, pero también lo ata a una lógica territorial.

El catalán no quiere ser el dirigente que ordene todo el tablero estatal, sino que intenta construir una pieza fuerte desde Cataluña. En este contexto, y en un momento en el que Sumar tantea perfiles para las próximas generales, entre los que suenan los nombres de Ernest Urtasun, Ada Colau o Mónica García, el espacio sigue sin un liderazgo claro. Según explican fuentes cercanas a Rufián, él se ofrecerá a participar en actos junto a otras fuerzas políticas en la campaña para “ayudar” a esa unión de las izquierdas.

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ya no quiere mejorar su inglés pese a que fue una de las carencias que más le persiguieron cuando desembarcó en la política estatal en 2022. El conservador reconoció este miércoles en El Hormiguero que su nivel sigue siendo insuficiente cuatro años después. "¿Cómo va su inglés?", le preguntó el presentador, Pablo Motos. "Mal", respondió el líder de la oposición. Ante la insistencia del presentador, añadió: "No lo toco, ahora con el móvil ya me lo traduce directamente. Voy con el traductor".

Una declaración que supone un giro respecto al discurso que había mantenido hasta la fecha. En la campaña de las generales de 2023, en la que el dominio del inglés aparecía como una de sus principales debilidades, Feijóo sostenía que debía mejorar. "Mi problema no es el gallego ni el castellano, es el inglés. Me tengo que poner a estudiarlo, es mi obligación", aseguró. Incluso llegó a explicar que la convocatoria anticipada de elecciones había alterado sus planes para empezar a hacerlo y que ya estaba recibiendo las primeras clases. El precedente de Mariano Rajoy, incapaz de defenderse ante mandatarios y prensa extranjera en otra lengua, estaba muy presente, especialmente después de que Pedro Sánchez sí demostrara su buen nivel.

Ahora el mensaje es muy distinto. El líder del PP ya no se marca como obligación aprender inglés pese a que aspira a que España tenga un rol relevante a nivel global y es la lengua que se utiliza de manera habitual para despachar asuntos internacionales. Su solución pasa por recurrir a la tecnología para suplir esa carencia. Una fuente de la dirección del PP asegura, entre risas, que con la inteligencia artificial ya “hay mucho avanzado” y que, por tanto, Feijóo ya no debe dedicar tiempo a esta cuestión.

La evolución resulta significativa porque, a diferencia de lo que ocurría en 2022 y 2023, cuando trataba de construir una imagen presidencial y disipar las dudas que acompañaban a su salto desde la Xunta de Galicia a la política nacional, ahora Feijóo ya da por hecho que va a llegar a La Moncloa, con idioma o sin él. Y después de una larga campaña de desgaste contra Pedro Sánchez, el presidente del PP parece haber llegado a la conclusión de que no necesita demostrar que está trabajando para corregir esa falta de dominio lingüístico.

La entrevista en El Hormiguero estuvo, de hecho, impregnada de un tono claramente preelectoral y presidencial. Feijóo habló de cómo gobernaría, pidió "cuatro años de confianza" a los ciudadanos y se presentó como alternativa inmediata al actual Ejecutivo. 

En ese contexto, la naturalidad con la que despachó la cuestión del inglés resulta reveladora, aunque culpó a haber estudiado en una “escuela rural” su falta de dominio.

El nivel de inglés de Feijóo ha acompañado su trayectoria nacional desde que sustituyó a Pablo Casado al frente del PP. El propio presidente del PP admitía en 2023 que aprender inglés era algo que debían hacer quienes aspiran a ser primeros ministros, aunque defendía que en las negociaciones internacionales es preferible expresarse con precisión en la lengua propia y recurrir a traductores profesionales. Sin embargo, esa falta de conocimiento hace muy difícil estrechar vínculos personales con dirigentes políticos de otros países.

La Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), concebida como el sustento ideológico de la derecha, ha convertido los escándalos que afectan al entorno del PSOE en uno de los ejes centrales de su producción editorial. El think thank presidido por el expresidente José María Aznar publica de manera asidua análisis en los que se muestra muy duro con el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Con publicaciones como Sin chófer ni secretaria, que data de febrero de 2024, Emergencia democrática, emergencia nacional, de junio del pasado año, o Queda lo peor, un texto de hace solo cinco días, mantiene una ofensiva total con graves acusaciones que vierte sobre el Gobierno. “La indecencia se ha instalado en el núcleo del Gobierno y del partido que lo sustenta”, resume uno de ellos.

Sin embargo, la fundación no ha abordado el caso que afecta a Zapatero pese a que estalló hace ya un mes tras la imputación del expresidente por un presunto tráfico de influencias, blanqueo de capitales y organización criminal. Tampoco ha escrito ningún análisis previo a la declaración del socialista este miércoles. E, incluso, el propio Aznar esquivó la cuestión cuando fue interrogado el mismo día en que se conoció la imputación. “No tengo nada más que decir sobre este asunto”, llegó a afirmar. "La justicia en España es independiente y los jueces son independientes”, se limitó a añadir.

La tesis que ha mantenido FAES en los últimos años es que la corrupción forma parte del ecosistema político que sostiene al actual Ejecutivo. Y su dureza no se ha limitado a la denuncia de presuntas irregularidades. La organización presidida por Aznar habla de "mordidas, pucherazos, extorsiones y chantajes" y llega a describir al “núcleo sanchista" como "la banda del Peugeot". También hay referencias a "capos", "consiglieris", "fontaneros", "omertá", "famiglia" y "mordidas". También sostiene que Sánchez "entiende el poder como botín" y que Ábalos, Koldo, Jessica Rodríguez —expareja del entonces ministro de Transportes— y Leire Díez son consecuencia de una "concepción puramente patrimonial del poder", pese a que todavía no hay sentencia que lo respalde.

FAES también acusa al Gobierno de haber actuado como encubridor político "cuando menos" de la corrupción, y en "el delito como entorno", donde afirma que la coalición de Sánchez "se gestó y se sostiene" gracias a su "familiaridad" con la delincuencia. Y ya con Leire Díez como referencia tras la investigación liderada por el juez Pedraz, se habla de un "carrusel estercolario", un "rastro de porquería" y se lanza la pregunta de si queda alguna institución "por pringar".

FAES no es un observador neutral, aunque nunca ha pretendido serlo. Nació como laboratorio de ideas de la derecha española y sigue funcionando como uno de los principales centros de producción ideológica vinculados al universo político del PP. Precisamente por eso resulta relevante analizar no sólo aquello sobre lo que habla, sino también aquello que decide no comentar, como es el caso de Zapatero, Plus Ultra y las joyas valoradas en 1,3 millones de euros que han provocado que el juez Calama abra una pieza separada.

Y no se trata de una cuestión de afinidad o de respeto por el expresidente español. La fundación ha construido durante años buena parte de su identidad política en oposición a José Luis Rodríguez Zapatero. Durante la etapa posterior a 2004, Aznar y FAES convirtieron al expresidente socialista en uno de sus principales adversarios políticos e intelectuales, al que culpan de que el PP perdiera las elecciones tras los atentados terroristas. La crítica a Zapatero fue constante en cuestiones como el modelo territorial, la negociación con ETA, la política económica o la memoria histórica. Es más, en una publicación de 2023, bajo el título de El sembrador y su cosecha, FAES responsabiliza a Zapatero de propiciar un “pasteleo con ETA” de la mano del socialista Jesús Eguiguren.

Y, aunque FAES exige máximos estándares de transparencia y ejemplaridad cuando analiza los casos que afectan al Gobierno de Sánchez, su presidente apenas cuenta con controles efectivos. Desde su salida de la política institucional, ha ejercido como actor privado, lobbysta, conferenciante y consejero internacional. Una clave que podría explicar el silencio de su fundación y al que en el PP nacional no le dan mayor importancia. “No es nuestro trabajo comentar lo que dice o deja de decir FAES”, responden fuentes del equipo de Alberto Núñez Feijóo a infoLibre. La acusación del PP no ha pedido prisión provisional para el expresidente tras su declaración de este martes.

Con todo, la posición del think thank resulta especialmente llamativa porque Aznar ha construido en los últimos años una posición singular en la política española. Ya no es un dirigente sometido al control parlamentario ni un responsable institucional y en el PP acuden a él de manera asidua tanto en mítines como en grandes celebraciones. Es un expresidente que ejerce influencia desde una fundación privada, interviene periódicamente en el debate público y mantiene una red de relaciones nacionales e internacionales forjada durante décadas. Y los conservadores no niegan que sea su “referente moral”, como definen la importancia de Zapatero con el PSOE y la izquierda.

El expresidente del Gobierno, además de presidir FAES, ha pasado por Georgetown University y ha ocupado puestos en grandes corporaciones y firmas internacionales. News Corp, el grupo de Rupert Murdoch, lo presenta como consejero independiente desde 2013 y recoge en su documentación oficial una remuneración de 341.565 dólares en el ejercicio fiscal de 2025. Antes, ya había entrado en la órbita del grupo Murdoch en 2006. También fue contratado por Endesa como asesor externo para Iberoamérica, con una retribución publicada en torno a 200.000 euros anuales, y fichó en 2013 por DLA Piper como asesor senior para Latinoamérica.

La nómina de actividades privadas es más amplia: asesorías, fundaciones, foros internacionales, libros y conferencias. Pero la transparencia sobre esa actividad es limitada. No existe un registro público, completo y homogéneo que permita conocer con detalle cuánto ha ingresado Aznar desde 2004, quién le ha pagado, por qué servicios y con qué posibles conflictos de interés. Lo que aparece son datos de remuneraciones parciales en documentos societarios, noticias sobre contratos concretos o episodios como el de Famaztella, la sociedad familiar a través de la cual canalizó ingresos por libros y conferencias y por la que Hacienda le exigió una declaración complementaria y una sanción por los ejercicios 2011 y 2012.

El Partido Popular ha activado toda su maquinaria tras la declaración del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en la Audiencia Nacional. Lejos de conceder el beneficio de la duda o esperar al recorrido de la instrucción, el principal partido de la oposición ha fijado una posición de máximos. Para Génova, el expresidente socialista ha salido del juzgado "exactamente igual que entró", arrastrando siete presuntos delitos graves, entre ellos organización criminal, blanqueo y fraude fiscal.

Fuentes de la dirección nacional del PP no han tardado en salir en tromba para tratar de contrarrestar el relato del entorno del exlíder socialista. La consigna de Génova es que la imputación sigue intacta y que la comparecencia ante el juez José Luis Calama no ha servido para despejar las sospechas que pesan sobre él. “No ha logrado desvirtuar los indicios racionales de criminalidad expuestos en el auto de imputación y que derivan de diversas y distintas fuentes de prueba”, apuntan.

Según recalcan los conservadores, la declaración de Zapatero sigue sin justificar "a día de hoy" el origen ni la correspondiente liquidación tributaria y aduanera de las joyas valoradas en 1,3 millones de euros halladas en su oficina. “Ya está tardando el PSOE en retirarle el carné de militante y abrirle un expediente informativo al referente moral de la izquierda por los delitos muy graves por los que sigue imputado por la Justicia”, zanjan.

La primera prueba para el Partido Popular y Vox en Andalucía tras las elecciones del pasado 17 de mayo se saldó esta semana sin acuerdo. La extrema derecha no estará en el órgano de gobierno del Parlamento andaluz— también ocurrió en Extremadura y Aragón — yaunque eso no equivale a una ruptura de la negociación, retrata el pulso entre el presidente andaluz, Juanma Moreno Bonilla y el de Vox, Santiago Abascal, antiguos compañeros de Nuevas Generaciones del PP, que distintas fuentes apuntan a que será “largo”.

Desde el partido de Santiago Abascal aseguran que su prioridad es el contenido del acuerdo — de gobierno o de legislatura—  con medidas, garantías de cumplimiento y una traducción andaluza de sus banderas nacionales, desde la "prioridad nacional" con la que pretenden discriminar a las personas migrantes en las prestaciones públicas, tachada de “eslogan vacío” por el presidente andaluz, a las auditorías del gasto vinculado a la inmigración, la prohibición del burka y el niqab y el  rechazo a la Agenda 2030, entre otras cuestiones.

Con todo, en Vox ya hay voces de la dirección del partido que admiten en privado que es un “marrón” gobernar en comunidades con “mucho presupuesto”, como es el caso de Andalucía. La duda acompaña a Vox desde su salida de los ejecutivos autonómicos compartidos con el PP en julio de 2024. Aquella ruptura le permitió volver al terreno en el que mejor se maneja la ultraderecha, con la confrontación y la denuncia del "sistema” por bandera. Y sus propios dirigentes reconocen que es más cómodo no responsabilizarse de problemáticas inherentes a la gobernabilidad como las listas de espera, el campo, la vivienda o la seguridad. 

Desde entonces, distintas lecturas dentro y fuera del partido coinciden en que Vox se mueve mejor cuando influye desde fuera que cuando debe responder por la letra pequeña de la administración y así lo reflejan también los sondeos. Su etapa en gobiernos autonómicos con el PP coincidió con una fase de debilidad: tras caer al 12,4% y perder 19 escaños en las generales de 2023, la mayoría de encuestas lo situaron durante meses en torno al 9%-12%, y en las europeas de junio de ese año obtuvo un 9,6%, por debajo de su resultado del 23J, además de sufrir la competencia de Se Acabó La Fiesta en el espacio ultra. La salida de los ejecutivos autonómicos en julio de 2024 le permitió recuperar posiciones. 

Con todo, según aseguran fuentes de la formación ultra, entre sus planes sí está pedir entrar en el Ejecutivo andaluz, aunque reconocen que, en ese caso, aplicarían la “proporcionalidad debida”, ya que Moreno se quedó a solo dos escaños de la mayoría absoluta. Aun así, también contemplan la posibilidad de no entrar en la Junta y apoyar desde fuera pero siempre “con un acuerdo” tangible que tiene que incluir su consigna racista de ‘los españoles primero’, que el PP vincula sin embargo con el arraigo.

En el caso andaluz, Juanma Moreno reprochó a Vox su falta de capacidad de gestión durante la campaña. Llegó a afirmar que "no quieren gobernar porque no saben" y que la formación ultra no tenía “equipos preparados” para ello, además de calificar la "prioridad nacional" de eslogan vacío e incluso ilegal cuando implica discriminar por nacionalidad en el acceso a recursos públicos. Ese discurso buscaba movilizar al electorado conservador en busca de una mayoría absoluta que finalmente no se produjo. Pero también generó un efecto boomerang que también alimentó el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, por lo que Abascal se vio empujado a demostrar que no huía de las responsabilidades. 

El líder de Vox no quiere aparecer como la muleta del PP ni tampoco como el líder de una formación que no sabe gestionar, sobre todo si su objetivo es llegar a La Moncloa de la mano de los conservadores. “El señor Feijóo se ha hartado de decir que Vox no quiere gobernar, que no tiene valor para gobernar, que sale corriendo. Le tengo que decir sí vamos a gobernar en las tres regiones", señaló tras las elecciones de Castilla y León. Vox decidió entonces entrar a gobernar en coalición en esa comunidad, en Extremadura y Aragón. Unos pactos que, en realidad, son papel mojado porque determinadas promesas exceden las competencias autonómicas y dependen de la legislación estatal, europea o de los tribunales.

Andalucía, sin embargo, es harina de otro costal, según admiten fuentes cercanas a Abascal. La Junta maneja uno de los mayores presupuestos autonómicos del país y competencias de alta exposición pública. Para Vox, asumir una consejería implicaría entrar en la gestión de una comunidad con más de ocho millones de habitantes y un presupuesto que supera al de las tres comunidades anteriormente citadas. Concretamente, son 51.597,9 millones de euros en 2026: 5,8 veces el de Extremadura, 5,6 veces el de Aragón y 3,3 veces el de Castilla y León. Incluso comparado con la suma de las tres —unos 33.714,6 millones de euros—, Andalucía gestiona 17.883,3 millones más, es decir, 1,5 veces más que Extremadura, Aragón y Castilla y León juntos.

Por su parte, hay sectores del PP — aunque Moreno no es uno de ellos—  que creen que es peor dejar fuera a Vox fuera de las instituciones, porque de esa manera capitalizan el enfado social sin pagar peaje por la gestión. Algunos conservadores consideran que es más inteligente hacer el llamado  “abrazo del oso” a su socio de gobierno, teniendo ellos la posición mayoritaria lo que implica apropiarse de los “éxitos”. Esto, a su vez, implica que los de Abascal entren, gestionen y se desgasten, aunque sea a costa de ceder en cuestiones como la “prioridad nacional” y tener menos sillones para los suyos, especialmente si eso lleva consigo que Vox pierda fuerza a nivel electoral de cara también a las próximas generales.

La tesis, especialmente compartida en Génova, es que mientras Vox permanezca fuera de los gobiernos, puede presentarse como una fuerza libre de contradicciones, dedicada a agitar agravios y denunciar las supuestas tibiezas de la "derechita cobarde" o el "PSOE azul", en palabras de una fuente del equipo de Feijóo. En cambio, una vez dentro de los ejecutivos, los ultras se convierten en corresponsables de la gestión de los servicios públicos y los presupuestos. Esto supone también un giro para el planteamiento del líder del PP, que siempre ha reivindicado los gobiernos en solitario, y ahora asume que el futuro pasa por incorporar a Vox al gabinete, si no le queda más remedio, auto enmendado su supuesta moderación.

Tras años de vaivenes con la ultraderecha, el PP ha concluido, según admiten fuentes de la dirección, que su problema no es pactar con Vox, sino dejarlo crecer al margen de las instituciones. Una decisión que no responde solo a una necesidad aritmética, sino a una estrategia política de largo alcance. El objetivo final de Génova es frenar el ascenso de los ultras replicando la estrategia de 2023 tras las autonómicas y municipales, aunque también existe el temor de que se vuelva a repetir un escenario en el que ambas fuerzas no sumen. Lo ideal, creen en Génova, es que el PP “triplique” en escaños a Vox.

La paradoja es que tanto PP como Vox tienen incentivos contradictorios. Moreno quiere gobernar en solitario para preservar su perfil de “gestor moderado”, pero necesita a Vox para reeditar en la Junta, si bien ambas formaciones descartan el escenario de una repetición electoral. Los ultraderechistas quieren imponer el programa y condicionar la acción de la Junta, con el temor de quemarse si asumen la gestión de áreas complejas. Y, aunque una parte del PP, cree que les viene bien que los ultras entren para que se desgasten, una coalición también puede reforzarlo como partido de gobierno. Y Vox puede preferir quedarse fuera, pero después de meses de reproches por "no saber gobernar", una negativa abierta alimentaría la crítica que Abascal intenta desactivar. El “lío”, como diría Moreno, está hecho.

Durante años, una parte significativa del debate político y mediático español aceptó como una verdad casi incuestionable la existencia de un "sector moderado" dentro del Partido Popular. Era la corriente que, teóricamente, encarnaban dirigentes como el actual líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, el presidente andaluz Juanma Moreno y otros de sus homólogos presentados como gestores pragmáticos, alejados de la confrontación ideológica y capaces de ocupar el espacio del centro político. Frente a ellos estaba el "sector duro", identificado con dirigentes como José María Aznar, el antecesor de Feijóo en el cargo, Pablo Casado, o la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.

Sin embargo, lo ocurrido en  los últimos años obliga a plantear si realmente existió alguna vez ese sector moderado, los “halcones frente a las palomas”, o fue más bien una construcción discursiva útil para ampliar la base electoral del partido. La diferencia entre Moreno y Ayuso, o entre Feijóo y otros dirigentes considerados más duros, parece residir más en las formas que en los límites políticos. Así, cuando llega el momento de decidir si la extrema derecha de Vox es un socio aceptable para gobernar, las diferencias no existen.

La llegada de Feijóo a la presidencia nacional del PP, en abril de 2022, evidencia incluso ese cambio discursivo. Durante más de una década, el entonces presidente de la Xunta fue presentado como el ejemplo de una derecha templada, autonomista y alejada de los excesos de la política madrileña. Buena parte de los análisis interpretaron su desembarco en Génova como un giro hacia la moderación tras la defenestración colectiva que acabó con Pablo Casado tras su enfrentamiento abierto con Ayuso.

En enero de 2019, todavía como presidente de la Xunta, Feijóo situó a Vox en "el ámbito de la extrema derecha" y defendió que el PP seguía ocupando el "centro político": "Si nos hubiésemos ido a la extrema derecha no habría nacido Vox o nos habríamos cambiado el nombre", afirmó entonces. Sin embargo, tras alcanzar la presidencia nacional no solo asumió los marcos discursivos de la derecha más conservadora en cuestiones como la memoria democrática, la inmigración o las alianzas parlamentarias, sino que normalizó los acuerdos con Vox allí donde resultaban necesarios para acceder o conservar el poder. 

La hipótesis de que existe una corriente moderada enfrentada a otra más radical se debilita aún más cuando se observa el comportamiento de otros líderes territoriales. Alfonso Rueda, sucesor de Feijóo en Galicia, no necesita actualmente a Vox para gobernar gracias a su mayoría absoluta. Pero nada indica que mantuviera una actitud diferente si las matemáticas parlamentarias fueran otras. La trayectoria de Feijóo y del conjunto de la organización apunta precisamente en sentido contrario.

Sobre Vox, la verdad se impuso muy temprano. Aún no había llegado Feijóo a Génova en 2022 cuando dio su bendición a la decisión de Alfonso Fernández Mañueco, el presidente de Castilla y León, de meter por primera vez a los ultras en un Ejecutivo autonómico. Aquí el actual líder del PP sí se distinguió de su predecesor. Casado marcó una frontera nítida con los de Santiago Abascal en la primera moción de censura que los ultras presentaron contra Pedro Sánchez, en el otoño de 2020, votando ‘no’ y mostrándose extremadamente crítico con ellos.

Justo al revés que Feijóo, impulsor de una relación mucho más complaciente, que ordenó a su grupo parlamentario abstenerse en la segunda, votada en marzo de 2023, en la que los ultras presentaron como candidato al economista Ramón Tamames.  Feijóo, a diferencia de Casado, mantuvo transitables todos los puentes con Vox hasta el punto de que no dudó en transformarlos en sólidas alianzas después de las elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2023 con tal de asegurarse una inmensa cuota de poder. Una operación que se ha repetido en este nuevo ciclo electoral.

Esto contrasta con su primer discurso como presidente del PP, en abril de 2022, cuando no citó expresamente a Vox, pero a los que dirigió mensajes inequívocos: "No creo en adanes, ni en caudillos, ni en salvadores", "Guárdense sus carnés de patriotas, guárdense las soflamas", apuntó.  Tres años después, el contraste es evidente. En el congreso nacional del PP de julio ya rechazó un "cordón sanitario" a Vox, defendió que sus votantes "merecen respeto" y asumió varios de sus marcos, desde la inmigración hasta el "adoctrinamiento" o la crítica al feminismo. 

La evolución, con todo, no es únicamente terminológica. El presidente del PP que se presentaba como antídoto moderado frente a la extrema derecha en la Xunta de Galicia acabó tratándola como socio legítimo y necesario cuando la aritmética del poder lo exigió. Una estrategia que han seguido los barones autonómicos de su formación cuando lo han necesitado.

Entre ellos, el presidente andaluz Juanma Moreno, que ha sido presentado como la cara amable del PP, un dirigente dialogante cuya gestión contrastaba con la agresividad política de otros barones territoriales. Sin embargo, de él también puede afirmarse que fue el primer líder regional en pactar con la ultraderecha en España tras su espectacular resultado en 2018. El cordón sanitario no llegó a estrenarse. El PP ya firmó acuerdos asumiendo exigencias de la ultraderecha en inmigración, género, memoria histórica o educación.

Ya en enero de 2019, el propio Moreno, entonces en busca de votos para su investidura, firmó un acuerdo que llegó de la mano del entonces secretario general, Teodoro García Egea (PP), y de Francisco Serrano y Javier Ortega Smith (Vox). El pacto obligaba a evitar "decisiones que puedan favorecer un 'efecto llamada'" y a "combatir a las mafias", además de a garantizar una inmigración "respetuosa con nuestra cultura occidental" [...]". Siete años después las exigencias de los ultras se han endurecido todavía más.

La imagen de moderación no impidió entonces el pacto. Tampoco parece hacerlo ahora. La reunión mantenida esta semana entre PP y Vox en Andalucía para la constitución del Parlamento este jueves vuelve a evidenciar que, cuando se trata de garantizar acuerdos institucionales o presupuestarios, la supuesta distancia ideológica desaparece rápidamente.

El patrón se repite en otros territorios. María Guardiola, que llegó a afirmar tras las elecciones de 2023 que no podría gobernar con Vox por sus posiciones sobre violencia machista o derechos LGTBI, terminó firmando un acuerdo con Vox para llegar a la presidencia e incorporó a la formación ultra al Gobierno autonómico. Recientemente ha asumido fórmulas como la llamada "prioridad nacional" para volver a ser presidenta, una exigencia rebautizada por los conservadores como "arraigo real, duradero y verificable" para intentar darle encaje legal.

El caso de Jorge Azcón en Aragón siguió un modelo similar. El PP pactó con Vox un gobierno de coalición que dio a la extrema derecha una vicepresidencia y dos consejerías. No fue solo un acuerdo de investidura ni un apoyo externo, fue una entrada de Vox en el Ejecutivo autonómico, con capacidad para condicionar políticas públicas y para proyectar su agenda ideológica desde dentro de la Administración. También allí acabó apareciendo la "prioridad nacional" como uno de los ejes pactados entre ambas formaciones.

Alfonso Fernández Mañueco fue incluso más lejos en Castilla y León tras abrir la puerta al primer Gobierno autonómico de coalición entre PP y Vox. Y ahora, en su nuevo acuerdo con la extrema derecha, ha asumido de nuevo esa lógica, con Vox en el Ejecutivo y con la "prioridad nacional" situada en el centro del pacto. La pretensión de la ultraderecha es condicionar el acceso a recursos públicos en función de su origen, una manera de incorporar al lenguaje institucional una de las grandes obsesiones políticas de Vox en materia migratoria.

Ahí se desmonta buena parte del relato. Los llamados moderados del PP no se diferencian de los "duros" por levantar un cordón sanitario frente a Vox, sino por la forma de justificar el pacto. Los primeros lo envuelven en palabras como estabilidad, gestión, responsabilidad o arraigo; los segundos lo reivindican de forma más explícita y combativa. Pero el resultado es el mismo: Vox entra en los gobiernos, condiciona las agendas y consigue que parte de su marco ideológico sea asumido por el PP. La diferencia, por tanto, no está en los límites, sino en el tono. Pero cuando la aritmética obliga a elegir entre mantener el poder o rechazar a Vox, la supuesta moderación desaparece. 

Se trata de una iniciativa importante por su carácter casi constitucional, pero nace condenada al fracaso. El grupo parlamentario del PP en el Senado, donde la formación de Alberto Núñez Feijóo cuenta con mayoría absoluta, ha presentado una proposición de ley orgánica de reforma del sistema de renovación del Consejo General del Poder Judicial. El nuevo método plantea el mantra de siempre de la derecha judicial: que sean los jueces sin intervención del Parlamento, los que elijan a los 12 miembros del órgano que deben proceder de la carrera judicial. Casi con total seguridad, la propuesta no verá la luz. En primer lugar, porque el PP carece de mayoría suficiente en el Congreso para sacarla adelante. Pero también porque la propia dirección del partido está pidiendo a gritos la disolución de las Cámaras y la convocatoria de elecciones, algo que, con seguridad, se producirá el año que viene, lo que mandará de manera inmediata la iniciativa al cajón.

La propuesta de reforma, cuya toma en consideración ha sido aprobada este miércoles en el Pleno del Senado, se basa en la disposición adicional de la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial que acompañó a la última renovación del CGPJ pactada por el Gobierno y el PP a finales de junio de 2024. Esa disposición obligaba al órgano de gobierno de los jueces en su nueva composición a aprobar por mayoría de tres quintos de los vocales un informe que analizara los sistemas europeos de elección de miembros de consejos análogos al español y una propuesta de reforma del sistema de elección de los 12 consejeros que deben ser jueces de carrera "que garantice su independencia" y "pueda ser evaluado positivamente" por la Comisión Europea y en la que se establezca "un CGPJ acorde con los mejores estándares europeos". Ese informe y esa propuesta debían estar listas a los seis meses de la entrada en vigor de la norma, publicada en el BOE el 2 de agosto de 2024.

El Consejo cumplió con ese plazo y el 5 de febrero de 2025 aprobó un informe que, ante la falta de acuerdo de los vocales, iba acompañado de dos propuestas. Mientras que la de los progresistas reclamaba que la elección de esos 12 vocales judiciales siguiera siendo parlamentaria de entre una lista de candidatos previamente votada previamente por la judicatura, la de los conservadores la dejaba su renovación en manos de los propios jueces y magistrados eliminando la intervención de las Cámaras. El acuerdo, una vez votado, se envió como obligaba la disposición adicional de la ley, al Gobierno y a las Cortes.

Han pasado 15 meses desde entonces sin que el PP haya propuesto nada. Es ahora, cuando el principal partido de la oposición pide cada día elecciones anticipadas y sondea la posibilidad de buscar socios –sin éxito– para presentar una moción de censura a Pedro Sánchez, ahora que la legislatura está ya cerca de su fin, cuando se saca de la manga su propuesta. Desde el partido reconocen que no tienen los números en el Congreso no les salen, pero señalan que lo que buscan presentándola es "marcar posición" y "que quede clara su postura". Al mismo tiempo, fuentes de la formación conservadora admiten que "no saben" si volverán a traer su propuesta la próxima legislatura y que dependerá de las mayorías de la Cámara. "No nos podemos comprometer a algo sin saber qué pasará", resumen en el equipo de Alberto Núñez Feijóo.

Al contrario que el PP, el PSOE y el resto de la izquierda defiende el sistema parlamentario de renovación propuesto en febrero de 2025 por los vocales progresistas. Se trata del método elección actual y vigente, con algunos cambios introducidos por los distintos gobiernos, desde 1985. Tras su aprobación, el PP ha gozado de mayoría absoluta en dos legislaturas y, sin embargo, se ha negado a cambiarlo. Durante el primer mandato de Mariano Rajoy, el entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, defendió ante los medios que fuera la judicatura la que eligiera, pero el Gobierno terminó por aprobar una reforma que mantenía la renovación parlamentaria de los 20 miembros del Consejo.

El primer CGPJ de la democracia, elegido en 1980, se nombró por el sistema que ahora dice defender el PP pero que no ha puesto en marcha cuando ha podido: los 12 vocales judiciales fueron elegidos directamente por sus compañeros. El resultado fue un órgano de gobierno de los jueces en el que todos esos consejeros pertenecían a la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura, que consiguió el control del órgano y arrinconó a los progresistas, lo que provocó que el Gobierno de Felipe González lo cambiara. 46 años después, la derecha es todavía más mayoritaria entre la judicatura –como se demuestra en las elecciones a salas de gobierno y en las renovaciones de la comisión de ética, donde todos votan– por lo que abrazar el sistema que propone el PP supondría entregarle la institución.

La proposición de ley orgánica del PP presenta el cambio de sistema como algo obligado por los sucesivos informes de la Comisión Europea y del Consejo de Europa, que recomiendan que, en caso de que exista un consejo de la magistratura al estilo del CGPJ español, sean los jueces los que elijan a la mayoría de los vocales. Desde el Gobierno y el resto de la izquierda política y judicial, sin embargo, se recuerda que lo que dicen esos organismos fiscalizadores son únicamente recomendaciones. Recuerdan que varios países europeos carecen de Consejo y sus sistemas democráticos no se ponen en duda. Además, señalan que ni el Tribunal de Justicia de la UE ni el de Estrasburgo han cuestionado en ninguna de sus sentencias el sistema parlamentario actual que permite que en el órgano estén presentes las ideologías mayoritarias de la mayoría de los españoles.

En política, las acusaciones más graves no se suelen formular de manera directa para evitar problemas judiciales o tajantes desmentidos. Basta con escribir un titular sugerente o realizar un análisis sesgado —en el que se subraya una aparente anomalía y se lanzan preguntas al aire—  para que el ecosistema político haga el resto. Eso es lo que está ocurriendo con el voto CERA de las elecciones andaluzas. Algunos medios de la derecha han presentado la victoria del PSOE entre los residentes en el extranjero como un dato sospechoso y esa insinuación ha empezado después a circular en el terreno político bajo una acusación de fraude o de "pucherazo".

La acusación parte de los resultados del pasado 17 de mayo. En las elecciones andaluzas, el Partido Popular se impuso con holgura aunque no logró la mayoría absoluta y el PSOE obtuvo su peor resultado histórico. Sin embargo, en el escrutinio del CERA —el censo de españoles residentes ausentes— los socialistas quedaron por delante de los populares. La diferencia fue estrecha: 6.703 votos para los socialistas frente a 6.307 para los conservadores. El escrutinio no ha alteró el reparto de escaños, pero ha servido para alimentar un relato en la derecha cada vez más recurrente: si el PSOE perdió por tanta distancia en Andalucía, ¿cómo es posible que gane entre los andaluces inscritos en el exterior?

La pregunta no se limita a describir una diferencia de comportamiento electoral entre votantes que viven en España y los que están en el extranjero, sino que sugiere que ese contraste se debe a un plan por parte del Gobierno de Pedro Sánchez o, incluso, fruto del amaño por parte de los socialistas Y ahí entra el marco que han construido distintos medios conservadores: la Ley de Memoria Democrática, el aumento del censo exterior por la llamada ley de nietos, la nacionalización de descendientes de españoles emigrados y el supuesto pucherazo. La secuencia se presenta como si formara parte de un mismo engranaje político.

En su digital okdiario, Eduardo Inda —condenado por el Tribunal Supremo el pasado diciembre por publicar el bulo de que el exvicepresidente, Pablo Iglesias, cobró una importante cantidad de dinero pagada por el Gobierno de Venezuela en un banco radicado en un paraíso fiscal, Granadinas— asegura sin pruebas en una tribuna de opinión que “Sánchez no [solo] quiere alterar un poquito el CERA” sino que “lo va a hacer de tal manera que al universo electoral español no lo va a reconocer ni la madre que lo parió”. Y completa: “A mí el CERA siempre me sonó a trampa porque la mayor parte de esos votantes es gente que vive fuera de España desde hace muchos años y, lógicamente, la política patria les importa un pimiento”.

El pseudomedio The Objective siguió esa misma línea argumental en un debate titulado "Voto CERA: el comodín de Sánchez", en el que se conectaba el crecimiento del censo exterior con la Ley de Memoria Democrática y con la posibilidad de que ese electorado acabe teniendo efectos decisivos. El Mundo también comparte ese enfoque con el titular “Algo está pasando con el voto exterior: el PSOE gana en Andalucía y dispara la sospecha”, convirtiendo el voto exterior en una pieza más del relato sobre las supuestas maniobras del Gobierno para alterar el tablero electoral, al igual que La Razón que destaca que el PSOE “se quedó a 19 puntos del PP en el voto en urnas”, pero que ganó en el exterior.

La operación emplea el mismo patrón en todos los casos. Primero se selecciona un dato cierto y comprobable: que el PSOE gana el voto CERA. Después se añade que lo hace pese a haber perdido ampliamente en las urnas andaluzas. A continuación se incorpora un elemento de sospecha: el crecimiento del censo exterior por una ley impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez. Y, por último, se deja caer una conclusión sin formularla siempre de manera expresa: que el PSOE estaría utilizando el voto exterior para compensar en los despachos o en el extranjero lo que no consigue en las urnas en España.

Ese salto ya ha llegado a la política. El diputado del PP Rafael Hernando acusó directamente al Ejecutivo de “estar usando el voto CERA para intentar ganar allí lo que no ganan aquí", tal y como escribió en su cuenta de X. El exministro del Interior con el PP, Jorge Fernández Díaz, investigado en la trama Kitchen, firmó una tribuna en okdiario titulada "La ‘ley de nietos’, el CERA y la inmigración masiva ilegal". Ahí escribió en mayo: “La Ley de nietos no modifica el censo de residentes en España pero el aumento del CERA ha convertido a este censo en una variable estratégica capaz de decidir la gobernabilidad de España en un escenario como el actual de polarización y resultados ajustados”.

La afirmación no habla de una irregularidad concreta, ni cita una denuncia ante la Junta Electoral, ni aporta una prueba de manipulación, pero instala en el imaginario colectivo que el voto de los residentes es una herramienta política en manos del PSOE. A esto se le añade que figuras como la de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, llevan meses alimentando un relato muy parecido, aunque no siempre referido al CERA andaluz, sino a las nacionalizaciones y al censo electoral.

La importancia de este mecanismo no está sólo en lo que se dice, sino en cómo se formula. No hace falta afirmar de entrada que ha habido fraude. Basta con repetir que "llama la atención", que "resulta sorprendente", que "conviene mirar" o que "hay que dar explicaciones". Ese lenguaje permite mantener una apariencia de cautela mientras se construye una sospecha. El funcionamiento, además, es circular. Los medios introducen el tema, sus afines lo viralizan y los políticos lo recogen. Y, cuando sus señorías lo hacen, esos mismos medios pueden volver a amplificarlo como una controversia política ya existente. 

Los precedentes: del 28M a las elecciones extremeñas

La táctica no es nueva. La derecha española ya la ensayó con el voto por correo en la campaña de las generales de 2023. El PP y Vox utilizaron casos aislados de compra de votos y problemas logísticos para extender una sombra general sobre el sistema y Ayuso llegó a hablar de "intento de pucherazo". El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijó, puso bajo  sospecha a Correos, institución que él mismo presidió en la etapa de José María Aznar en Moncloa. La hipótesis sugerida era que el Gobierno podía beneficiarse de un proceso supuestamente opaco o manipulable.

Un relato similar al de las elecciones del 21 de diciembre en Extremadura, cuando el robo de votos por correo en varios municipios fue utilizado por el PP para alimentar la sospecha de que el Gobierno intentaba alterar las elecciones. La investigación y la actuación de la Junta Electoral desmontaron el relato de un fraude político organizado, pero el mensaje ya había circulado: si el resultado no convenía a la derecha, podía deberse a una manipulación.

Ahora el debate no está en el voto por correo, sino el de los residentes en el extranjero, pero opera la misma lógica. La diferencia es que el voto CERA permite además introducir otro elemento político: la legitimidad de esos votantes que no viven en el país y, por tanto, no contribuyen al sistema. Así se acaba cuestionando quién debe tener derecho a votar. Y, de forma indirecta, se presenta a esos ciudadanos como un electorado artificialmente creado por el Gobierno para favorecerse. 

Con todo, la paradoja del CERA andaluz tiene explicaciones electorales que ha desgranado Narciso Michavila, doctor en Sociología, y presidente de GAD3 y considerado el “gurú” del PP en materia de encuestas. En una entrevista en ABC que arranca con una crítica durísima al Ejecutivo —"no tienen límite moral ninguno"—, rechaza una manipulación del voto exterior. "Hay teorías conspiranoicas que aseguran que el voto está totalmente manipulado, pero yo sinceramente no lo veo", sostiene. Su explicación descansa en varios datos.

El primero, el tamaño real del fenómeno: votaron 21.583 de los 302.074 andaluces inscritos en el CERA, una participación del 7,14%. En relación con el conjunto del voto emitido en Andalucía, se trata de una proporción mínima. La diferencia entre PSOE y PP fue de sólo 396 votos —6.703 frente a 6.307— y, como recuerda Michavila, ni siquiera un comportamiento extremo del CERA habría alterado el reparto de escaños.

El segundo elemento es histórico y sociológico. El voto exterior no reproduce necesariamente el comportamiento del votante residente en Andalucía. Según Michavila, los emigrantes andaluces "de toda la vida" proceden en buena medida de entornos rurales, obreros y jornaleros, más vinculados tradicionalmente a la izquierda y al socialismo histórico andaluz. A ese bloque se suman jóvenes que han salido al extranjero para estudiar o trabajar, un perfil que tampoco tiene por qué coincidir con el giro electoral que se ha producido dentro de Andalucía en los últimos años, según Michavila.

El tercer factor es la distinta velocidad de cambio político. Mientras el voto interior se ha desplazado con fuerza hacia el PP de Juanma Moreno, el voto exterior conserva inercias más lentas y fidelidades más antiguas. Michavila recuerda que en 2022, pese a la mayoría absoluta del PP, los populares sólo aventajaron al PSOE por un punto en el voto CERA: 25% frente a 24%. En 2026, por tanto, el resultado no sería una ruptura inexplicable, sino una variación pequeña dentro de un patrón ya conocido. "Sorprende esa diferencia pero es totalmente lógica", resume, desmontando el relato instaurado por algunos medios.

Desde que aterrizó en España, el papa León XIV ha compartido en cada foro el mensaje de que la dignidad humana no depende del origen, de la raza o de la religión de cada uno. Lo dijo el sábado en el Palacio Real, lo repitió en su encuentro con Cáritas, lo convirtió en homilía en la madrileña plaza de Cibeles el domingo y este lunes volvió a insistir en ello ante diputados y senadores en el Congreso. La agenda oficial del pontífice en España sitúa, además, la cuestión migratoria como uno de los ejes del viaje, con encuentros en Madrid, Barcelona y, para finalizar su visita, en Canarias con organizaciones que trabajan con migrantes.

El núcleo del discurso del papa en la Cámara Baja fue ese. León XIV presentó esa “dignidad humana” como un principio previo al Estado, anterior a los consensos cambiantes y superior al “vaivén de las mayorías de cada momento”. Desde ahí fue desplegando una intervención que tocó casi todos los debates que atraviesan la política española, entre ellos el aborto y la eutanasia –sobre los que la posición de la Iglesia sigue siendo de rechazo frontal–, pero también la inmigración, la educación, la libertad religiosa, la memoria democrática, las guerras, la inteligencia artificial, el multiculturalismo y la convivencia. 

El discurso del papa puede incomodar al Gobierno y a la izquierda en asuntos como la eutanasia y el aborto, derechos reconocidos en España y rechazados por la doctrina católica. Pero en esta ocasión el golpe más directo cae sobre quienes han convertido el cristianismo en su seña de identidad mientras desprecian los valores humanistas que él promulga. Entre ellos, la discriminación de los inmigrantes y las políticas que olvidan su dignidad. Lo resumía así el portavoz de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián: “PP y Vox han aplaudido durante diez minutos un discurso al papa que abuchean y vetan en el Congreso hace siete años”. Y lo cierto es que la cuestión migratoria acaparó una gran parte del discurso de León XIV en el Congreso.

Unas palabras que pronunció en el mismo lugar en el que PP y Vox han ido normalizando su “prioridad nacional” y en el que han registrado y debatido numerosas iniciativas contra la política migratoria del Ejecutivo. León XIV defendió que la situación de migrantes y refugiados no puede reducirse a una lectura “demográfica o económica”, reclamó “vías seguras y legales”, una “acogida respetuosa” y advirtió de que discriminar por origen nacional, étnico, religioso, lingüístico o social va en contra de lo que defiende la Iglesia.

“Numerosos hombres, mujeres y niños se ven obligados, por circunstancias muchas veces dramáticas, a partir de sus comunidades y dejar atrás seres queridos, historias y vínculos. Esta realidad rebasa cualquier lectura puramente demográfica o económica: constituye una cuestión eminentemente moral y jurídica”, señaló.  Y, frente al auge de los discursos de odio de la ultraderecha contra los migrantes, señaló que “allí donde una persona es discriminada por su origen” se vulnera “el principio universal de igualdad de todos los seres humanos”. 

En el mismo discurso, de aproximadamente media hora de duración y que fue aplaudido durante siete minutos por los diputados y senadores presentes —todos los grupos a excepción de Podemos y BNG— , León XIV alertó contra “el rearme como respuesta automática a la inseguridad internacional" y recordó que las armas pueden “imponer un silencio temporal, pero no construir una paz auténtica”. El sábado, en el Palacio Real, ya había pedido “abandonar las narrativas divisivas y los enfoques identitarios” que “parecen explicarlo todo, pero llenan el mundo de enemigos”. 

Aunque el papa no hizo alusiones concretas a la política nacional española, su mensaje llega solo unos días después de que PP y Vox sellaran en Castilla y León un acuerdo que asume la “prioridad nacional” como criterio inspirador para el reparto de ayudas públicas, siguiendo los pactos ya suscritos en Extremadura y Aragón, y que incorpora criterios de arraigo para acceder a determinadas prestaciones y recoge un “rechazo frontal” a la inmigración ilegal y a la acogida de más menores migrantes no acompañados.

Sin embargo, nada de esto impidió al líder del Partido Popular, Aberto Núñez Feijóo, suscribir “de la A a la Z” el discurso de León XIV.  “Este discurso va a formar parte de la historia del Congreso de los Diputados y del país”, planteó el jefe de la oposición desde la Cámara Baja, en el que también aseguró que el papa acredita “algo que falta en la política nacional e internacional”, que son, según el gallego, “convicciones”. Para un partido como el suyo, añadió, que une sus raíces e ideario en el “humanismo cristiano”, escuchar al pontífice tenía un interés especial y volvió a incidir en que compartía al “100%” sus palabras.

Todo ello pese a que la formación conservadora ha dado en los últimos meses un giro migratorio en términos muy distintos, endureciendo su discurso hasta asumir la “prioridad nacional” de Vox en acuerdos autonómicos y cargando contra la regularización extraordinaria de migrantes aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez y defendida por sectores de la Iglesia. El pasado abril, el propio Feijóo calificó esa regularización de “inhumana, injusta e insostenible” y sostuvo que España no podía enviar el mensaje de que era “un chollo”.

El líder del PP ha defendido públicamente “elegir quién entra, cómo y para qué” y ha contribuido a la estigmatización de los migrantes al señalar que algunos solo quieren “vivir de los subsidios”. Asimismo, también ha abogado por una inmigración “culturalmente próxima”, es decir, en función de su origen —los latinoamericanos comparten idioma y son católicos frente a magrebíes, africanos negros y la mayoría musulmanes—, lo que, de nuevo contrasta con las palabras de León XIV que ha pedido ir más allá de la mera gestión de flujos y mirar a las personas, las causas que las obligan a marcharse, el derecho a permanecer en la propia tierra y el deber de ofrecer acogida e integración.

Una incoherencia que no solo aplica en el discurso migratorio, sino en la postura del PP en política internacional. León XIV mostró preocupación por “la vuelta del rearme” como respuesta casi inevitable en Europa y defendió que la “verdadera seguridad nace de la justicia, del diálogo, del derecho internacional y de una política que ponga la vida de los pueblos por encima de los intereses que se benefician de la guerra”.

Sin embargo, en el caso de Israel y de otros conflictos liderados por el presidente de EEUU, Donald Trump, el PP se ha puesto de perfil y ha evitado decir que Benjamin Netanyahu está perpetrando un genocidio, rechazando a su vez medidas como el embargo de armas aprobado por el Congreso. Además, Feijóo respaldó en 2025 un compromiso del Partido Popular Europeo para elevar el gasto militar de los Estados miembros por encima del 3% del PIB, lo que para España supondría decenas de miles de millones adicionales para ese “rearme”.

Por su parte, Santiago Abascal agradeció las palabras “elogiosas” sobre la “historia y la identidad” España, pese a que León XIV reivindicó el pasado como un espacio atravesado también por el encuentro entre cristianos, musulmanes y judíos, y defendió “la cultura de la convivencia frente a la confrontación”. El líder de Vox también aseguró haber “escuchado muy atentamente” el discurso del papa sobre inmigracion y que era el esperable “de un líder religioso”. Y añadió: “La necesidad de acogida al débil y al inmigrante es perfectamente compatible con las leyes de los Estados, como reivindica el propio León XIV”, apuntó.

Aunque el líder ultra insistió en que no había “ninguna contradicción” entre lo que defiende su formación y lo que sostiene el papa, lo cierto es que Vox ha reclamado la expulsión inmediata de todos los migrantes que accedan de manera irregular a España, ha abogado por impedir las regularizaciones, por suprimir las ayudas y por cerrar centros de menores extranjeros no acompañados. Medidas que contrastan con la “acogida respetuosa” y las “posibilidades reales de integración” que defendió León XIV. 

“Me gusta la política migratoria del Estado vaticano”, prosiguió el líder de Vox, invocando las multas, la cárcel y la prohibición de entrada para quien acceda ilegalmente. Es cierto que el Vaticano endureció en 2024 las sanciones para entradas no autorizadas en zonas restringidas, pero Abascal toma una norma de seguridad de un microestado de poco más de 800 habitantes como si fuera la política que defiende el papa, que ha pedido “convertir las fronteras en una maquinaria de castigo” y se ha mostrado a favor de la regularización.

Además, León XIV eligió un centro de atención social vinculado a Cáritas Madrid el pasado sábado y, desde allí, defendió la caridad como núcleo de la misión de la Iglesia. Esto, de nuevo, contrasta con las medidas que ha pactado la formación ultra en los recientes acuerdos autonómicos, con los que pretende excluir a Cáritas de las ayudas y subvenciones por, en sus palabras, “favorecer la inmigración ilegal”. La Conferencia Episcopal respondió entonces con dureza a las acusaciones de Abascal contra los obispos, las calificó de “falsas e injuriosas” y recordó que el prójimo “trasciende fronteras, lenguas y religiones”, lo que provocó hace unas semanas un choque de Vox con la jerarquía eclesiástica. 

A ello se suma que Abascal ha defendido “evitar la polarización entre los políticos honrados” aunque él mismo ha capitaneado esa estrategia de acoso y derribo al Ejecutivo y ha descrito al presidente del Gobierno como un dirigente que da “un golpe de Estado por mes”, “un delincuente pillado in fraganti” y alguien capaz de “cualquier cosa para eludir la cárcel”. Así, frente a un papa que defiende “desarmar el lenguaje”, Abascal lo incendia.

La visita del papa a España también ha retratado la política de los gestos de Abascal. El líder de Vox se había comprometido a no compartir más actos institucionales con el presidente del Gobierno. En octubre del pasado año, con motivo de la Fiesta Nacional, el ultraderechista comunicó a la Casa Real que no ocuparía su lugar en la tribuna de autoridades del desfile militar ni acudiría después a la recepción ofrecida por los reyes en el Palacio Real.

Según explicó la formación en un comunicado, Abascal había decidido que sólo compartiría espacio con el presidente del Gobierno y sus ministros en cualquier lugar donde pudiera denunciar lo que Vox llama la “corrupción moral, política y económica” del Ejecutivo, lo que limitaba la presencia del líder ultra a los plenos y la sesiones de control de la Cámara Baja. Desde entonces, Vox había utilizado esa fórmula para justificar una cadena de plantones a citas de Estado, algunas de ellas presididas por el rey Felipe VI.

El veto se trasladó al homenaje de Estado por las víctimas de la dana, celebrado en Valencia en el primer aniversario de la catástrofe en noviembre de 2025. El acto estaba presidido por los reyes y contó con la presencia de Sánchez y las principales autoridades del Estado. Abascal no acudió y Vox tampoco envió representación de partido, a excepción de la presidenta de Les Corts, Llanos Massó. Sucedió lo mismo en el acto en el Congreso sobre los 50 años de la Monarquía, el del día de la Constitución el 6 de diciembre y el de la conmemoración por ser la más longeva el pasado febrero.

Sin embargo, la visita del papa ha forzado a Abascal a romper su compromiso. El sábado participó en la recepción del Palacio Real con motivo de la visita del pontífice, donde incluso mantuvo una conversación de media hora con el presidente andaluz Juanma Moreno, según informaron medios de comunicación. Y este lunes ha acudido al Congreso para escuchar el discurso de León XIV junto a diputados y senadores de su grupo. Fuentes de la formación lo justifican señalando la importancia del electorado católico para el partido, el mismo que dice ser defensor de las raíces cristianas de España, la familia, la vida y la identidad nacional. Pero que, sin embargo, no aplica la doctrina social de la Iglesia en sus políticas.

El acto que compartirán Gabriel Rufián y Mónica Oltra en València el próximo 19 de junio es el tercero que protagoniza el político catalán en un momento de incertidumbre sobre su futuro político —tras sus exigencias públicas a Esquerra Republicana— pero también por las incógnitas sin despejar en el espacio situado a la izquierda del PSOE. En ese espacio casi todos reconocen que Rufián es uno de los dirigentes con mayor capacidad de “ilusionar” frente a unas derechas ultramovilizadas. E identifican el hecho de que comparta escenario con Oltra, la dirigente valenciana más influyente de las últimas décadas, como otro paso más.

Lo que ambos esperan es que el acto sirva para abrir un debate formal sobre el futuro de un espacio político que lleva meses atrapado entre las tensiones internas de Sumar, la estrategia autónoma de Podemos y la ausencia de una figura capaz de ejercer de referente compartido. Según aseguran fuentes autorizadas a infoLibre, dirigentes de Sumar ya están tanteando a diferentes perfiles para encabezar la candidatura de las próximas generales, si bien todavía están en una fase inicial a la espera de lo que decida Rufián, de las negociaciones entre partidos y la evolución de los casos de corrupción que afectan al PSOE.

La cita del próximo 19 de junio pretende, según fuentes del entorno de Rufián, ser un acto que contribuya a un "debate enriquecedor sobre la responsabilidad de las izquierdas soberanistas ante la salvajada que nos viene", en referencia a una eventual victoria del Partido Popular con la ultraderecha de Vox en las generales. En ese diagnóstico, el encuentro con Oltra se plantea como un paso más en la construcción de alternativas a la dispersión del voto progresista y se produce pocas semanas después de que Rufián se mostrase dispuesto a liderar una eventual confluencia de izquierdas.

Durante la última década, la izquierda alternativa ha funcionado alrededor de liderazgos muy definidos. Primero fue el exlíder de Podemos y exvicepresidente, Pablo Iglesias. Después, Yolanda Díaz. Con estilos, discursos y bases electorales diferentes, ambos ejercieron como polos de agregación de organizaciones diversas. Actualmente, sin embargo, en el espacio no hay un liderazgo claro desde que Díaz renunció a encabezar un nuevo proyecto electoral el pasado mes de febrero. Y en Sumar son conscientes de que esa es su principal debilidad.

La retirada de Díaz de la primera línea electoral dejó al descubierto un problema que llevaba tiempo incubándose, la dificultad para encontrar una figura con suficiente reconocimiento público, capacidad de negociación interna y atractivo electoral como para ordenar un ecosistema cada vez más fragmentado. No pocos identifican que el ciclo inaugurado por el 15M y la irrupción de Podemos está “agotado”, al igual que la legislatura.

Tampoco se puede ignorar que el espacio de la izquierda transformadora ha perdido peso institucional, ha sufrido divisiones sucesivas y ha visto cómo parte de su energía política se desplazaba hacia proyectos de ámbito territorial. Según explicó Rufián en el reciente coloquio celebrado en el Club Siglo XXI,  las izquierdas de ámbito estatal “son el problema” porque han perdido capacidad para ordenar el espacio alternativo al PSOE y deben dejarse “inspirar” o arrastrar por las fuerzas arraigadas al territorio. 

En ese contexto se entienden mejor los movimientos de Gabriel Rufián. En los últimos meses, el portavoz de ERC ha multiplicado los contactos con dirigentes de distintos espacios de la izquierda, adelantados por infoLibre. En febrero se produjo el primer acto con Emilio Delgado en Madrid, después el evento con Irene Montero en Barcelona, y este mes de junio se sentará junto a Oltra. A diferencia de los dos primeros, en el caso de la dirigente valenciana fue el portavoz de ERC quien le solicitó formalmente el encuentro.

El dirigente catalán intenta situarse como puente entre la izquierda estatal y las izquierdas soberanistas. Sin embargo, él tampoco se autodescarta para liderar ese eventual frente común, ya rechazado por formaciones como EH Bildu, BNG o la propia ERC. En el foro citado, aseguró que, si estaba en condiciones de "ayudar a que haya una confluencia o una colaboración entre las izquierdas soberanistas y estatales" y ser "el cabeza de lista", iría "p’alante". También advirtió de que no volverá a presentarse como cabeza de lista por ERC si no se cumplen determinadas condiciones vinculadas, entre otros aspectos, a la composición del grupo parlamentario.

Fuentes de su entorno aseguran que ha estado “reflexionando mucho” en las últimas semanas y que "es posible" que en ese acto "resuelva su futuro" después de que esta misma semana ERC haya aumentado la presión sobre Rufián tras estallar públicamente la situación interna del grupo en Madrid. Sin embargo, pocas voces consideran que su horizonte inmediato sea liderar una candidatura estatal si no se marcha definitivamente de ERC. En ese caso, tampoco sería fácil ya que el dirigente catalán no cuenta con una estructura partidista detrás y tendría que depender del resto de formaciones para configurar las listas.

Lo que sí reconocen distintos dirigentes en conversación con este periódico es que Rufián está ocupando un espacio político necesario y que intenta abrir una conversación estratégica sobre el futuro de la izquierda más allá de las siglas existentes. Sin embargo, también le reprochan que no aterrice su proyecto, no ofrezca certezas ni concrete qué papel quiere jugar en un momento que todos creen que es clave para el futuro del espacio.

La presencia de Mónica Oltra es también importante para la reconfiguración del bloque. La exvicepresidenta valenciana prepara su regreso institucional de la mano de Compromís, si bien un sector de Més, el partido mayoritario encabezado por Joan Baldoví, desconfía de su “excesivo protagonismo”. Y lo cierto es que su influencia supera desde hace años el ámbito estrictamente valenciano y sigue siendo una referencia para sectores amplios del progresismo.

La exvicepresidenta de la Generalitat Valenciana anunció en marzo su regreso a la primera línea política con el objetivo de disputar la alcaldía de València en 2027, a la espera del juicio oral por la causa que considera un caso de persecución judicial. Desde entonces, ha defendido la necesidad de una candidatura capaz de agrupar a la izquierda valenciana y ha llegado a afirmar que habrá "un pacto de todas las fuerzas políticas" que quieran cambiar la capital del Turia.  El suyo, aseguran en Sumar, es un claro “caso de lawfare” que nada tiene que ver con las investigaciones que afectan a la cúpula del PSOE a las que sí dan crédito.

El encuentro entre Oltra y Rufián también busca simbolizar que el poder está cambiando de geografía, ya que durante años las decisiones estratégicas se tomaban fundamentalmente desde Madrid. Actualmente, sin embargo, algunas de las organizaciones más competitivas se encuentran fuera de la capital. Es el caso Compromís en la Comunitat Valenciana, el de Adelante Andalucía o el de la Chunta Aragonesista en Aragón, todas ellas con una fuerte implantación territorial. Formaciones que rechazan, además, diluirse en proyectos centralizados y reivindican fórmulas de cooperación basadas en relaciones más horizontales.

Esa realidad territorial explica por qué la discusión sobre el liderazgo se está transformando. Cada vez son más las voces que consideran improbable la aparición de una figura con la capacidad de hegemonía que tuvieron Iglesias o Díaz. No porque falten dirigentes relevantes, sino porque el propio espacio político ha cambiado, al igual que el contexto.

Hay figuras como la de la eurodiputada Irene Montero que conservan una influencia considerable y mantiene un núcleo militante muy movilizado, aunque genera resistencias fuera de Podemos. Otros como Antonio Maíllo también han ganado protagonismo desde Izquierda Unida —si bien el resultado de las últimas elecciones autonómicas no le sirvió para reivindicarse—, y hay nombres como el de la ministra de Sanidad, Mónica García, que también se repiten a menudo. Pero, por ahora, ninguno parece tener las cualidades para ser candidato.

En las últimas semanas el nombre de Emilio Delgado, que ha protagonizado una tensa negociación con García de cara a la candidatura de las autonómicas del próximo año en la Comunidad de Madrid, también resuena. Y él mismo ha dejado caer en alguna ocasión que estaría dispuesto a ser el candidato, si bien todavía no cuenta con apoyos internos para ello.  

La hipótesis que empieza a abrirse paso en algunas conversaciones internas no pasa por encontrar un nuevo liderazgo personalista, sino por construir una dirección más plural donde distintos referentes territoriales compartan protagonismo. Es la fórmula Sumar de la actual legislatura, con el ministro Ernest Urtasun como portavoz, Díaz como jefa del Gobierno y Lara Hernández como la líder de la organización. Sin embargo, deberá haber un nombre en la papeleta por Madrid —o Barcelona—  sobre el que recaiga el peso de la campaña.

Con todo, las diferencias estratégicas entre las distintas organizaciones siguen siendo profundas y los incentivos para preservar las identidades propias continúan siendo muy fuertes. Pero el hecho de que dirigentes procedentes de tradiciones tan distintas estén buscando puntos de encuentro revela que la izquierda alternativa atraviesa un momento de redefinición y sabe que el tiempo para resolver sus debates internos empieza a agotarse.

Los acuerdos entre el Partido Popular y Vox en Extremadura, Aragón y Castilla y León siguen el mismo patrón: incorporan medidas de fuerte carga ideológica en inmigración, vivienda, ayudas públicas, seguridad y servicios sociales, pero varias de ellas no pueden ejecutarse plenamente desde un gobierno autonómico. En unos casos porque invaden competencias exclusivas del Estado, en otros, porque chocan con derechos reconocidos por leyes orgánicas estatales o por el derecho europeo.

Para cubrirse las espaldas — y de las potenciales querellas o recursos ante los tribunales— , estas medidas están redactadas con salvaguardas como "en el ámbito de sus competencias", "conforme a la legalidad vigente" o "se instará al Gobierno de España". Son coletillas que funcionan como reconocimiento implícito de que la promesa política no puede aplicarse literalmente desde un consejo de gobierno autonómico.

Y aunque los pactos entre los conservadores y la extrema derecha sí tienen sus efectos en presupuestos, subvenciones, estructura administrativa, inspección, vivienda o servicios propios, sus medidas estrella —prioridad nacional, exclusión de migrantes en situación irregular, retorno de menores, reforma del padrón, prohibición general del burka o blindaje de la central nuclear de Almaraz en Extremadura— dependen de terceros para hacerse realidad. Las autonomías pueden recurrir, condicionar ayudas o presionar al Ejecutivo central, pero poco más.

Los pactos en Extremadura, Aragón y Castilla y León han introducido la llamada "prioridad nacional" como “principio inspirador”, que el PP traduce como "arraigo real, duradero y verificable" para acceder a ayudas, subvenciones, prestaciones públicas, vivienda protegida y alquiler social. Sin embargo, para Vox se trata de poner en práctica su consigna racista de “los españoles primero” en el acceso a los servicios. En Extremadura y Aragón se fijan mínimos de empadronamiento de diez años para compra y cinco años para alquiler; en Castilla y León el acuerdo replica ese criterio con requisitos de arraigo en la comunidad y en España.

Las comunidades autónomas tienen competencias en vivienda, servicios sociales y parte de la política de ayudas, pero no pueden usarlas para vaciar derechos reconocidos por la legislación estatal de extranjería. La Ley Orgánica 4/2000 reconoce a los extranjeros residentes el acceso a servicios y prestaciones sociales en las mismas condiciones que los españoles, y a los residentes de larga duración el acceso a ayudas de vivienda también cumpliendo ese criterio. Además, considera discriminatorios los actos que impongan condiciones más difíciles a un extranjero por su nacionalidad.

Por ese motivo el PP ha tratado de vender la medida como un criterio más a aplicar dentro de un baremo, en el que “el arraigo” es uno más, al igual que la vulnerabilidad, la discapacidad, o el hecho de ser familia numerosa. Así, todos los presidentes autonómicos han negado que se trate de establecer una preferencia general por ser nacional. Y, aunque usar el empadronamiento como criterio de baremación es legal, el Tribunal Europeo de Justicia de la Unión Europea (TJUE) resolvió el pasado 7 de mayo que exigir diez años de residencia para acceder a una prestación social y de inserción laboral constituía una “discriminación indirecta contra beneficiarios de protección internacional” al analizar un caso italiano.

Las tres comunidades también incluyen de forma expresa la exclusión de las personas en situación irregular del acceso a prestaciones y servicios sociales "estructurales", limitándolos a supuestos de urgencia vital. Pero la Ley de Extranjería establece que los extranjeros, "cualquiera que sea su situación administrativa", tienen derecho a los servicios y prestaciones sociales básicas. Y, por tanto, una comunidad autónoma no puede impedirlo.

Los tres acuerdos también rechazan la reubicación de menores migrantes entre las comunidades autónomas que se aprobó esta legislatura en el Congreso y plantean impedir nuevas plazas, reducir gasto y favorecer retornos. En los tres casos se asegura que no se facilitará la acogida de estos menores y se comprometen a “trabajar” para devolverlos a sus países de origen. Sin embargo, las comunidades autónomas no son las que deciden sobre traslados ni sobre las devoluciones. 

Las autonomías son las encargadas de gestionar la protección de menores y de administrar los centros, la tutela y los recursos de acogida. Pero inmigración, extranjería, asilo y relaciones internacionales son competencia exclusiva del Estado, como le ha recordado el PP al presidente Pedro Sánchez en distintas ocasiones desde que ejerce el cargo.

La Ley de Extranjería permite que las comunidades firmen acuerdos con países de origen para favorecer la atención e integración social de menores en su entorno de procedencia, pero no les da poder para ordenar repatriaciones ni para desobedecer los mecanismos estatales de derivación cuando estén previstos legalmente. Una comunidad autónoma puede recurrir ante los tribunales o reclamar financiación, pero no bloquear por sí sola un reparto obligatorio aprobado en la Cámara Baja.

Los tres acuerdos también proponen reformar la Ley de Bases de Régimen Local para que quien no tenga título habilitante de ocupación de una vivienda no pueda empadronarse válidamente ni usar el padrón para acceder a derechos o prestaciones. Pero los propios pactos también reconocen que no pueden hacerlo sin modificar una ley estatal. Las autonomías sí pueden crear unidades antifraude, coordinarse con ayuntamientos o revisar el acceso a ayudas si hay falsedad documental, pero no alterar la naturaleza del patrón.

El padrón municipal se rige por la Ley 7/1985, de Bases de Régimen Local, y por instrucciones estatales de gestión padronal. El criterio vigente es que el padrón debe reflejar dónde vive realmente cada persona, aunque no es un registro de propiedad ni un instrumento para controlar la legalidad de la ocupación de una vivienda. De hecho, el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha recordado que el control de la permanencia de extranjeros corresponde al Ministerio del Interior, no a los ayuntamientos a través del padrón.

Además, los tres pactos prometen aplicar de forma firme el desahucio exprés y reforzar la protección a propietarios afectados por ocupaciones. La comunidad puede financiar asistencia jurídica, oficinas de apoyo, ayudas a víctimas o convenios con colegios de abogados, pero no modificar por sí sola los plazos judiciales, las causas de desalojo ni las reglas procesales. La legislación procesal, civil y penal corresponde al Estado. 

Los tres acuerdos plantean prohibir el burka y el niqab, al menos en espacios, edificios y servicios públicos autonómicos, después del fracaso de las propuestas de Vox y el PP en el Congreso por falta de apoyos. En los pactos, se limita la medida al "ámbito de sus competencias", pero se puede producir un choque jurídico si se atiende a los antecedentes. 

En el año 2013, el Tribunal Supremo anuló en 2013 la prohibición del velo integral aprobada por el Ayuntamiento de Lleida porque limitaba la libertad religiosa y porque una administración territorial no podía restringir un derecho fundamental sin una ley previa suficiente. La aconfesionalidad establecida en la Constitución tolera de manera muy amplia las manifestaciones de las distintas religiones y credos aunque choquen con otros derechos fundamentales. Incluso en casos como el rechazo a las transfusiones de los Testigos de Jehová, que fue aceptado por el Tribunal Constitucional, pese a la implicación del derecho a la vida y a la integridad.

Esa doctrina no impide cualquier regulación de identificación en casos concretos —por ejemplo, controles de seguridad o trámites administrativos donde sea imprescindible identificar a una persona—, pero sí dificulta una prohibición general y preventiva basada en convivencia, igualdad o seguridad. Si una comunidad quiere regular el acceso a edificios autonómicos, tendría que hacerlo de forma proporcionada, neutral, ligada a necesidades concretas de identificación y sin convertirlo en una prohibición general del símbolo religioso. 

Hasta la fecha, el tribunal europeo ha rechazado los motivos relacionados con la seguridad ciudadana que esgrime el PP para prohibirlo, es decir, el peligro que puede suponer un velo integral para la identificación de las mujeres que lo lleven. Prohibir el burka o el niqab por ese motivo supondría privar a esas personas "de un elemento de su identidad que consideran importante", así como de "la forma en la que han elegido para manifestar su religión o sus creencias", algo que, según Estrasburgo, podría evitarse con "una mera obligación de mostrar el rostro e identificarse cuando se haya establecido un riesgo para la seguridad de las personas y los bienes o cuando circunstancias particulares hagan sospechar una suplantación de identidad”.

En los recientes acuerdos impulsados por PP y Vox, el Pacto Verde está muy presente. Entre sus medidas, abogan por un "blindaje del sector primario frente a la Agenda 2030", de protegerlo "de las imposiciones de Bruselas y del Pacto Verde", y también defienden rechazar el acuerdo UE-Mercosur.

Sin embargo, el Pacto Verde Europeo es una estrategia política de la Comisión Europea -institución presidida por la conservadora Ursula Von der Leyen- para transformar la economía, la energía, el transporte y la industria hacia un modelo más sostenible. La propia Comisión lo vincula con la Ley Europea del Clima y con el objetivo de neutralidad climática en 2050.

La clave jurídica está en que parte de ese paquete ya es derecho vinculante. Por ejemplo, el Reglamento Europeo del Clima obliga a la UE a alcanzar emisiones netas cero en 2050 y exige a instituciones y Estados miembros adoptar las medidas necesarias. Además fija una reducción neta de al menos el 55% en 2030 respecto a 1990. Los reglamentos europeos son "obligatorios en todos sus elementos" y "directamente aplicables" en los Estados miembros.

El pacto extremeño promete "blindar" la continuidad de la central nuclear de Almaraz y acompaña esa promesa de la eliminación progresiva de la ecotasa autonómica. La Junta de Extremadura puede modificar o suprimir tributos propios si respeta la ley y aprueba los cambios presupuestarios correspondientes, pero no decidir por sí sola su continuidad. En principio, el primero de sus reactores debe apagarse en noviembre de 2027 y el segundo en noviembre de 2028, pero las dueñas de la planta han solicitado formalmente posponer la clausura a 2030.

Las instalaciones nucleares están sometidas a autorizaciones estatales, con intervención del ministerio competente y del Consejo de Seguridad Nuclear. También la planificación eléctrica corresponde al Estado, con participación autonómica, pero no con decisión final autonómica. 

El acuerdo de Aragón exige al Gobierno central una prueba de acceso a la universidad común para toda España, la misma petición que han trasladado de manera recurrente las comunidades del PP. Sin embargo, el diseño básico del sistema de acceso y la igualdad de condiciones en todo el Estado dependen de normativa estatal. Y, por tanto, Aragón no puede implantar unilateralmente una EBAU única nacional.

El portavoz de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, y la exvicepresidenta valenciana, Mònica Oltra, protagonizarán un acto conjunto el próximo 19 de junio en València, según avanzan fuentes autorizadas a infoLibre. Bajo el nombre de 'Espai de trobada' —Espacio de encuentro—, que se celebrará en el parque de Capçalera, se enmarca en la serie de conversaciones públicas que el portavoz republicano ha mantenido en los últimos meses para abordar la recomposición del espacio situado a la izquierda del PSOE.

La cita en València, sin embargo, tiene un matiz diferencial respecto a las anteriores con Emilio Delgado, dirigente de Más Madrid, e Irene Montero, eurodiputada de Podemos, ya que ha sido el propio Rufián el que ha pedido celebrar el encuentro con Oltra, tal y como él mismo desveló en el acto con la número dos de la formación morada en Barcelona el pasado mes de abril. "Ojalá podamos hacer otro acto con una persona extraordinaria como es Mónica Oltra", planteó, después de que la valenciana anunciara su vuelta a la política institucional tras su dimisión en 2022 "con la cabeza bien alta y con los dientes apretados", tal y como ella denunció el día de su marcha.

La cita del próximo 19 de junio pretende, según fuentes del entorno de Rufián, ser un acto que contribuya a un "debate enriquecedor sobre la responsabilidad de las izquierdas soberanistas ante la salvajada que nos viene", en referencia a una eventual victoria del PP con la ultraderecha de Vox en las generales. En ese diagnóstico, el encuentro con Oltra se plantea como un paso más en la construcción de alternativas a la dispersión del voto progresista. "¿Qué sentido tiene que 14 izquierdas que representan lo mismo se presenten en el mismo sitio?", plantea el republicano.

El acto se produce, además, pocas semanas después de que Rufián se mostrase dispuesto a liderar una eventual confluencia de izquierdas. En un coloquio en el Club Siglo XXI de Madrid, el portavoz de ERC aseguró que, si estaba en condiciones de "ayudar a que haya una confluencia o una colaboración entre las izquierdas soberanistas y estatales" y ser "el cabeza de lista", iría "p’alante". También advirtió de que no volverá a presentarse como cabeza de lista por ERC si no se cumplen determinadas condiciones vinculadas, entre otros aspectos, a la composición del grupo parlamentario.

Según avanzan fuentes próximas al político catalán, "es posible" que en ese acto "resuelva su futuro" después de que esta misma semana ERC haya aumentado la presión sobre Rufián tras estallar públicamente la situación interna del grupo en Madrid. El portavoz republicano ha exigido tener voz y voto en la elección de la lista en las próximas generales pero el líder de ERC, Oriol Junqueras, le ha respondido públicamente que de eso se encarga la asamblea del partido. Eso ha provocado que Rufián esté "reflexionando mucho" estos días sobre qué pasos dar en el futuro, apuntan estas fuentes.

En el entorno del diputado republicano sostienen que la izquierda debe recuperar la capacidad de marcar agenda y dejar de bailar al ritmo de sus adversarios. "Que se hable más de las izquierdas y menos de los bots o de las enésimas ocurrencias de Ayuso o Trump", resumen estas fuentes. La idea de fondo es que "el gran triunfo de la ultraderecha no es gobernar, sino ser imitada y que todo el mundo baile a su sonido", una lección que, añaden, la izquierda debe aprender si quiere volver a ensanchar su espacio social.

Oltra aparece en ese tablero como una figura clave. La exvicepresidenta de la Generalitat Valenciana anunció en marzo su regreso a la primera línea política con el objetivo de disputar la alcaldía de València en 2027, a la espera del juicio oral por la causa que considera un caso de persecución judicial. Desde entonces, ha defendido la necesidad de una candidatura capaz de agrupar a la izquierda valenciana y ha llegado a afirmar que habrá "un pacto de todas las fuerzas políticas" que quieran cambiar la capital del Turia.

Para Rufián, la presencia de Oltra permite poner en valor a un "activo político electoral" de la izquierda soberanista valenciana. La exdirigente de Compromís conserva una fuerte proyección en el electorado progresista valenciano y su regreso ha reabierto el debate sobre la fórmula electoral con la que las fuerzas a la izquierda del PSPV deberían concurrir a las próximas elecciones municipales y autonómicas. El pasado miércoles la Ejecutiva de Compromís dejó a un lado las tensiones internas y acordó iniciar el proceso formal para que Oltra sea la candidata a la alcaldía.

La posibilidad de un acto conjunto fue saludada públicamente por el síndic de la coalición en Les Corts, Joan Baldoví, que dijo en abril que le parecería "perfecto" que Rufián y Oltra compartieran un acto sobre la unidad de la izquierda. Sin embargo, el partido al que pertenece —Més— discrepa de la política de alianzas que quiere impulsar Oltra, que forma parte de Iniciativa. La formación de Baldoví está en contra de que la candidatura a la alcaldía sea una "sopa de siglas" y desconfía de la llamada 'vía Rufián'.

Por ese motivo el síndic de Compromís señaló que le había gustado más el encuentro del portavoz de ERC con Delgado que el celebrado con Montero porque, a su juicio, en el primero quedó más claro el protagonismo de las fuerzas territoriales en una eventual candidatura unitaria. En Més, abogan por una "autonomía" tanto autonómica como municipal, pero Iniciativa aboga por integrar a Podemos, Esquerra Unida del País València y Esquerra Republicana —la rama valenciana de la formación independentista— bajo una misma candidatura.

La parada valenciana, por tanto, no solo prolonga la gira informal de Rufián por distintos espacios de la izquierda, sino que busca alimentar el debate de una posible confluencia estatal y territorial para las generales y el de la recomposición del bloque progresista valenciano con Oltra como candidatable a la alcaldía de València. En ambos casos, el portavoz republicano insiste en una misma tesis: la izquierda debe dejar de limitarse a resistir y construir una alternativa reconocible, útil y capaz de disputar poder.

Por tercera vez en este ciclo político, el Partido Popular y Vox han alcanzado un acuerdo para gobernar conjuntamente en Castilla y León tras los de Extremadura y Aragón. Se trata de un pacto más extenso que el de 2022, cuando la extrema derecha de Santiago Abascal entró por primera vez en un gobierno con el PP con el visto bueno de su recién llegado líder, Alberto Núñez Feijóo, y que incluye la llamada "prioridad nacional" en el acceso a ayudas y prestaciones públicas. Así, los ultras tendrán voz y voto a la hora de decir quién tiene acceso a qué subsidios.

El nuevo acuerdo de gobierno entre PP y Vox en Castilla y León no es, sin embargo, una simple reedición del pacto firmado en 2022. Es un pacto “más detallado”, como han repetido el actual presidente en funciones, Alfonso Fernández Mañueco y el portavoz de Vox, Carlos Pollán, en varias ocasiones, y también más ideológico. Si aquel primer entendimiento que convirtió a Mañueco en el primer presidente autonómico del PP en gobernar con la extrema derecha se limitaba a 11 ejes y 32 medidas, el documento acordado este miércoles tiene 62 páginas, 19 bloques programáticos, plazos de ejecución y un reparto de poder que devuelve a Vox al Consejo de Gobierno con una vicepresidencia primera y tres consejerías.

Aunque el acuerdo de 2022 hablaba de "inmigración ordenada", de "educación libre de adoctrinamiento" y de "violencia intrafamiliar", conceptos utilizados por Vox de manera habitual, el de este miércoles asume la "prioridad nacional", los "menores no acompañados" las auditorías del gasto vinculado a la inmigración, la prohibición del burka y el nicab, la revisión de "leyes ideológicas", el  rechazo a la Agenda 2030 y el blindaje del campo frente al Pacto Verde europeo. La agenda de Vox condensada en un documento.

El nuevo Ejecutivo tendrá 11 integrantes, según avanzó el propio Mañueco. El PP retiene la Presidencia, una vicepresidencia segunda y seis consejerías —Economía y Hacienda; Industria, Universidades, Empleo y Comercio; Sanidad y Bienestar Social; Educación; Medio Ambiente y Energía y Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial— . A esto se suma que la vicepresidencia segunda del PP asumirá Vivienda, Despoblación y Protección Civil. En cuanto a Vox, volverá a tener la Consejería de Agricultura y Ganadería, pero también Política Ambiental, además de hacerse cargo de la cartera de Cultura, Turismo y Deporte y la nueva área de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales. De esta manera, asume más competencias, desgajadas de las siete consejerías del PP.

La “prioridad nacional”, el “criterio inspirador”

La principal cesión del PP a Vox pasa por asumir la “prioridad nacional” y dejar que sea Vox quien asuma las competencias migratorias, aunque Mañueco lo intentó rebajar al defender que es "el mismo texto" que en Extremadura y Aragón. Es más, la presentó como una "asignación prioritaria" vinculada a un "arraigo veraz y verificable". Según su explicación, será un "criterio inspirador" que habrá que ir desarrollando "medida a medida", siempre "dentro del ordenamiento jurídico y el marco legal". Es decir, el PP asume el marco de Vox, pero, como ya hicieron la extremeña María Guardiola y el aragonés Jorge Azcón, lo vende como un sistema de arraigo, empadronamiento y vinculación con el territorio.

Mañueco, al igual que sus homólogos en Aragón y Extremadura, la asume como propia pese a que se trata de una exigencia de los ultras. En el documento se vincula al acceso a ayudas, subvenciones y prestaciones públicas, y también a vivienda protegida y alquiler social. De este modo, los conservadores aceptan ordenar los recursos públicos bajo una lógica de preferencia para quienes acrediten una vinculación previa con el territorio. Es asumir la consigna racista de ‘los españoles —o los castellanoleoneses—  primero”, que defiende abiertamente la formación de Santiago Abascal.

El hasta ahora portavoz de Vox en las Cortes de Castilla fue más claro. Polán situó la "prioridad nacional" en las ayudas sociales y la vivienda y defendió que el acuerdo es "más amplio" y con "medidas concretas". También quiso despejar las dudas sobre la confianza entre ambos socios y aseguró que sí “se fía” de Mañueco tras las desavenencias del pasado, ya que la relación entre Fernández Mañueco y su vicepresidente, Juan García-Gallardo, no fue precisamente buena. El dirigente de Vox se marchó del partido en febrero del pasado año entre críticas a la cúpula de Abascal, a la que acusa de estar en política para enriquecerse.

Tras la ruptura del verano de 2024 por la reubicación de los menores migrantes, el PP da ahora más garantías programáticas a los ultras y un reparto de competencias diseñado para aplicar su agenda. Mañueco justificó la coalición como un instrumento de estabilidad pese a que durante la campaña abogó por gobernar en solitario. Ambas formaciones también se comprometen a aprobar presupuestos anuales durante toda la legislatura.

Vox diseñará la política migratoria, las ayudas sociales y medidas medioambientales

Pollán precisó que todavía no está cerrada la consejería que quedará adscrita a la vicepresidencia, pero sí apuntó algunas de las competencias que manejará Vox: inmigración, cooperación al desarrollo, juventud, caza, pesca y cultura. Así, la extrema derecha no sólo conserva dos espacios clásicos de su agenda autonómica —campo y cultura—, sino que entra de lleno en el terreno social mediante una consejería de familia y ayudas sociales.

En inmigración, la victoria de Vox es especialmente visible. El acuerdo incluye el rechazo a la llegada de menores extranjeros no acompañados, un plan de retorno y repatriación de inmigración irregular, pruebas de determinación de edad, supresión de subvenciones a ONG que "favorezcan la inmigración ilegal", auditoría anual de gastos vinculados a la "inmigración masiva", prohibición de abrir nuevos centros de acogida y endurecimiento del régimen interno de los centros de menores. La comunidad tiene competencias limitadas en la materia, pero Vox consigue convertir esa limitación en un frente político contra el Gobierno central.

En el campo, la extrema derecha también sale reforzada. El acuerdo habla de "blindaje del sector primario frente a la Agenda 2030", rechazo al acuerdo UE-Mercosur, oposición a "imposiciones de Bruselas" y del Pacto Verde, simplificación de Red Natura 2000, protección de ganaderos frente al lobo, defensa de la caza y promoción de la pesca. Todo ello queda conectado con una consejería de Vox que suma agricultura, ganadería, medio rural y política ambiental. Es uno de los principales saltos respecto a 2022: la extrema derecha pasa de influir en el discurso rural a disponer de un área más amplia para desarrollarlo desde el Gobierno.

El reparto también muestra una negociación clave en materia ambiental. El PP conserva Medio Ambiente y Energía, y con ello mantiene bajo su control las competencias más sensibles de incendios y energía. Pero, a su vez, Vox incorpora "Política Ambiental" a Agricultura, Ganadería y Medio Rural. Ninguno de los dos dirigentes concretó qué competencias tendrán cuando fueron inquiridos por la prensa y simplemente señalaron que habrá “reajustes competenciales". Según explican fuentes del PP, la fórmula permite a Mañueco retener el mando institucional sobre incendios tras lo ocurrido el pasado año, pero concede a Vox un espacio estratégico para condicionar la política rural, la caza, la pesca, el lobo y la relación entre protección ambiental y actividad agraria.

En cultura, Vox recupera otra de sus grandes obsesiones ideológicas. El documento incluye la defensa de tradiciones, la promoción del español, la mejora de plazas de toros rurales, la organización de novilladas y la Ley de Concordia. A eso se suma el compromiso de revisar entidades públicas y normas que el texto califica como "ideológicas". La apelación genérica de 2022 a una historia "integradora" se convierte ahora en una agenda concreta para sustituir el marco de memoria democrática por el de "concordia".

Tras Castilla y León es el turno de Juanma Moreno, el presidente andaluz, que intenta marcar distancia con Mañueco, Guardiola y Azcón. Su línea roja, por ahora, es gobernar en solitario y buscar un acuerdo parlamentario, no una coalición. El presidente andaluz considera que el resultado le da "margen de maniobra para gobernar en solitario" y que "no tendría sentido" que Vox buscase un sillón, aunque asume que tendrá que pactar su investidura. Desde las pasadas elecciones del 17 de mayo, tanto él como el PP-A han evitado hablar de negociaciones con los ultras.

Vox, sin embargo, está trasladando a Andalucía la misma presión que en Extremadura, Aragón y Castilla y León: "prioridad nacional", campo, inmigración y control del gasto. Vox ha dejado claro que no quiere "regalar" la investidura y los conservadores andaluces buscan desligar su negociación del resto de comunidades, alegando que el PP está a sólo dos escaños de la absoluta y que Vox apenas creció respecto a 2022. El próximo 11 de junio se constituirá el Parlamento andaluz y será la primera prueba del entendimiento (o la falta de él) entre ambos.

El final del curso político no podía pintar mejor para el Partido Popular. Las investigaciones judiciales que rodean al entorno del presidente del Gobierno y la presión de unos socios parlamentarios que ven la legislatura en “vía muerta”,  dejaban el campo libre al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, para hablar de corrupción, de un Gobierno agónico y presionar con unas elecciones anticipadas que también le reclaman a Pedro Sánchez aliados parlamentarios. Pero la moción de censura que volvió a agitar el lunes en una entrevista televisiva ha terminado colocando de nuevo al líder de Junts, Carles Puigdemont, en el centro del tablero y devolviendo a los posconvergentesel “foco” de la atención política y mediática que el PP tanto ha querido evitar en las últimas semanas.

El líder del PP dijo la pasada semana que estaba dispuesto "a todo" para desalojar al presidente del Gobierno. "Todo es todo", insistió Feijóo en el Congreso tras la entrada de los agentes de la UCO en la sede nacional del PSOE, en Ferraz, en relación con el caso Leire Díez. Una frase que deja abierta la pregunta de si ese “todo” incluye también pagar el peaje de Junts, que este martes le exigió lo mismo que al PSOE para investir a Sánchez hace tres años. Una visita a Waterloo (Bélgica), ciudad en la que reside Puigdemont desde hace años, para “empezar” a negociar.

El secretario general de Junts, Jordi Turull, evitó cerrar del todo la puerta a escuchar al PP este martes —a diferencia del “no” rotundo que esgrimía hasta ahora— , pero sí fijó sus condiciones: "Las reuniones serias las hacemos en Waterloo". Así, si Feijóo quiere los siete votos de los independentistas para una moción contra Sánchez, tendrá que aceptar primero una fotografía que lleva años denunciando cuando los protagonistas han sido miembros de la cúpula socialista, entre ellos el president catalán, Salvador Illa. 

Aunque no acudiera el propio Feijóo, en Génova asumen que esa imagen tendría costes en una gran parte de su electorado, sería utilizada por Vox y tampoco se entendería a nivel interno. A lo largo de la legislatura, tanto el líder en Cataluña, Alejandro Fernández, como la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, han mostrado públicamente sus reservas a cualquier acercamiento a los de Puigdemont, especialmente después de que el equipo de Feijóo admitiera que planteó un indulto condicionado al líder de Junts e incluso sopesó la amnistía durante 24 horas. No obstante, también hay sectores del partido que creen que ese “precio” es asumible si con ello logran desbancar a Sánchez de La Moncloa antes de 2027.

Aunque Feijóo insiste en que, a diferencia de Sánchez, impulsaría una moción de censura "instrumental" para convocar elecciones de inmediato tras “limpiar instituciones” como RTVE o el CIS, Junts le pone las mismas condiciones que al presidente del Gobierno. En Génova entienden que el precio es demasiado alto para un partido que criticó con vehemencia que Santos Cerdán, exsecretario de organización, fuera a Waterloo a negociar con Puigdemont; que ha llegado a tildar al líder de Junts de “terrorista”; y que se refiere a él de manera habitual como “prófugo de la justicia”. Así, para no alimentar más la cuestión, el líder del PP no se refirió a la moción ni tampoco al partido de Puigdemont en el acto celebrado este martes en el Cercle d’Economia de Barcelona, en el que buscaba una alianza con el empresariado catalán para aumentar la presión sobre los posconvergentes. 

“No pretendo remover conciencias, no busco atajos porque lo que conviene es atajar la situación de España. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos, vengo a defender la necesidad de un proyecto limpio y a garantizar que en todo caso devolveré esa decencia a mi país con ayuda o sin ella”, fue lo único que dijo en el acto. A su salida, instó a "hablar de cosas serias", tras ser preguntado por la exigencia de Junts de desplazarse a Bruselas. Horas antes, desde su equipo aseguraban que no querían entrar a comentar las “ocurrencias” de nadie, tampoco de quienes son imprescindibles para desbancar al presidente del Gobierno. 

Los movimientos de Feijóo no han pasado desapercibidos para los barones de la formación, algunos de los cuales consideran que su líder se está “metiendo en charcos” innecesarios. Aunque más allá de la propuesta del exministro José Manuel Margallo de presentar un candidato alternativo a Feijóo —“políticamente neutral, moralmente irreprochable y con enorme prestigio intelectual”, en sus propias palabras—, ningún cargo de peso de la formación conservadora ha alzado la voz para cuestionar a su jefe de filas.

Más allá de las intenciones del líder del PP, hay varios motivos por los que la moción es, por el momento, inviable. El primero es Vox. Feijóo puede prometer que su líder, Santiago Abascal, no entraría en ese Gobierno transitorio, pero sin los 33 diputados de Vox no hay suma posible. Para el PNV, votar una moción que dependa de la extrema derecha es una línea roja. Para Junts, también implica un coste evidente en Cataluña, el de aparecer como socio de una operación que solo sería viable con los ultras. 

El segundo es Junts. Puigdemont no ha dicho un "no" definitivo, y precisamente por eso ha recuperado el foco. Le basta con poner una condición que sabe casi imposible para el líder del PP, que queda atrapado en ese regalo envenenado de los posconvergentes. Si acepta, blanquea la interlocución directa con el expresident catalán y dinamita años de discurso contra Sánchez. Si no lo hace, Junts puede responder que el "todo" de Feijóo tenía letra pequeña. En cualquiera de los dos casos, Puigdemont gana protagonismo.

En el caso de la moción, hay un tercer factor: la contradicción interna del PP. Feijóo acusa a Sánchez de haber entregado la gobernabilidad a Puigdemont, pero ahora le necesita para derribarle. Así, la tesis mayoritaria en Génova es que les sale más a cuenta esperar a que el PSOE “se siga desgastando” y ganar las generales, que no llegar con una moción condicionada por un Junts del que tampoco se fían. 

Es más, la situación judicial de Puigdemont explica, en parte, por qué mantienen la presión sobre Sánchez sin terminar de romper todos los puentes.  La ley de amnistía ya fue avalada en términos generales por el Tribunal Constitucional, pero el caso del líder de Junts sigue encallado por la negativa del Supremo a aplicársela en la causa de malversación. El TC admitió su recurso de amparo, pero mantuvo la orden de detención en España mientras resuelve el fondo. En los últimos meses la Fiscalía y la Abogacía del Estado han defendido que debe aplicarse la amnistía y han cuestionado la interpretación del Supremo. La última palabra, sin embargo, no ha llegado aún.

Así, mientras el expresident catalán siga pendiente del recurso del Constitucional y de la justicia europea, su partido conserva un poderoso incentivo para mantener abierta la negociación, elevar el precio de sus votos y evitar que el relato se le escape. Si la amnistía se desbloquea y Puigdemont puede volver, el tablero cambia y Feijóo pierde su oportunidad. Si no lo hace, Junts puede seguir acusando al PSOE de incumplimientos y de incapacidad para garantizar lo pactado.

El contexto catalán tampoco ayuda a Feijóo. Este martes, ante el empresariado reunido en el Cercle d’Economia, la presidenta de la entidad, Teresa Garcia-Milà, puso sobre la mesa otro asunto incómodo para el PP: la financiación autonómica. "El Gobierno ha puesto una propuesta sobre la mesa. Puede gustar más o menos, pero está ahí. Sería muy positivo que el PP la considere y entre a negociarla", trasladó ante Feijóo. La financiación es otro recordatorio de que el tablero catalán no se mueve solo por la moción y de que Cataluña es uno de los territorios en los que Feijóo prevé volcarse hasta las generales, pero también uno en el que gobiernan los socialistas de la mano del principal apoyo de Sánchez, Salvador Illa.