“Yo no tengo ni la menor idea”. Esa fue la respuesta que dio Isabel Díaz Ayuso el pasado miércoles a las preguntas sobre el ático de lujo adquirido por la Comunidad de Madrid. Esa frase resume una de las argucias que más ha utilizado desde que llegó a la Puerta del Sol: desvincular su figura de las decisiones adoptadas por su propio Gobierno y trasladar las explicaciones a otros para salvarse. “No trabajo para mis adversarios que están de vacaciones, estoy centrada en los problemas importantes”, añadía este viernes ante la prensa, a la que cuestionaba— especialmente a TVE— por preguntarle por el ático y no “por la gente afectada” y lo que “están haciendo”, en alusión a los incendios. 

El inmueble, situado en Chamberí, tiene 485 metros cuadrados, de los cuales 200 son de terraza, fue adquirido por la empresa pública Planifica Madrid para, según dijo en un primer momento la Puerta del Sol, alojar provisionalmente a la presidenta y a parte de su equipo durante las obras de la Real Casa de Correos, sede de la Comunidad de Madrid. Sin embargo, el piso tiene uso residencial y la normativa urbanística no permite dedicarlo íntegramente a oficinas y tampoco a una residencia oficial de la presidenta madrileña. Apenas un día después de que la compra saliese a la luz, el Ejecutivo autonómico anunció que lo pondría a la venta.

La primera reacción de Ayuso fue denunciar una “campaña de desprestigio” promovida por el Gobierno central y su “prensa afín”. Unos días después, tras comprobar que la polémica no disminuyó, negó que el inmueble fuese para ella pese a que justamente coincidió con la puesta en venta de los inmuebles en los que reside con su pareja, Alberto González Amador. Esta semana, tras las idas y venidas, Ayuso ha decidido remitir cualquier pregunta a la Consejería de Presidencia, que depende de Miguel Ángel García Martín, porque, según afirmó, ella desconoce los inmuebles que la sociedad pública compra o vende. “No es mi competencia”, añadió sobre la polémica operación por la que el Gobierno regional pagó 6,3 millones de euros.

La pelota se situó entonces en el tejado de García Martín, uno de sus hombres de máxima confianza, al menos hasta ahora. El consejero respondió el jueves que las explicaciones estaban “sobradamente dadas” y desplazó de nuevo el foco hacia el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La polémica del ático, sostuvo, había sido sacada de contexto para ocultar las “vergüenzas” de la izquierda, la corrupción del Gobierno central y su gestión de la crisis migratoria de Ceuta. “Lo que no se dice es que Madrid no tiene una residencia oficial para la presidenta, sí la tienen muchos presidentes autonómicos y la mitad de los ministros de este país”, añadió después. Unas palabras que la oposición ha interpretado como un reconocimiento implícito de que ese era en realidad el uso que se le quería dar.

Explicaciones que forman parte del ‘manual’ de supervivencia de la presidenta madrileña y de su entorno, que pasa por negar la responsabilidad personal, derivar la explicación a un subordinado y transformar cada polémica—en este caso quién decidió comprar el inmueble, con qué criterios y para qué uso— en una batalla contra Sánchez sin dar más explicaciones.

Avalmadrid: el precedente familiar

Este modus operandi comenzó ya en el verano de 2019, poco después de su investidura, con las exclusivas de infoLibre sobre Avalmadrid. La entidad semipública concedió un aval de 400.000 euros a una empresa participada por los padres de Ayuso. “Yo no he mediado, yo no he presionado, yo no era nadie”, dijo entonces la baronesa del PP. Una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid concluyó, sin embargo, que sí existió un trato “personalizado y preferente” y una gestión negligente en el seguimiento y recobro del préstamo, pero no tuvo ninguna consecuencia para la presidenta madrileña. 

Ayuso utilizó sus contactos en el Gobierno de Esperanza Aguirre para acceder a un directivo de la entidad y conocer qué sucedería con el patrimonio familiar si la empresa no devolvía el dinero. En las semanas posteriores aceptó de sus padres la donación de la “nuda propiedad" de una vivienda y de la mitad de un local. La presidenta sostuvo que no había mediado ni presionado a nadie, negó cualquier trato de favor y denunció que “la izquierda” había llegado demasiado lejos al involucrar a padres y hermanos en el debate público. La denuncia de una supuesta persecución apareció, de nuevo, más tarde con su hermano y su pareja.

Room Mate: el error que acabó en la consejería de Ciudadanos

En mayo de 2020, la revista Vanity Fair publicó que Ayuso llevaba semanas alojada en una suite de la cadena Room Mate durante el confinamiento. Tras destaparse el caso, la presidenta madrileña aseguró que pagaría personalmente la estancia y no se acreditó que el alojamiento fuese abonado con fondos públicos. Pero la polémica aumentó cuando en el portal de contratación de la Comunidad apareció Room Mate como adjudicataria de un contrato de 565.749 euros para atender a mayores trasladados de residencias a hoteles y el Ejecutivo regional alegó que se trataba de un error de publicación. 

Ayuso anunció una investigación interna y dirigió la responsabilidad hacia la Consejería de Políticas Sociales, entonces controlada por Ciudadanos, su socio de Gobierno. Horas después, el consejero Alberto Reyero, destituyó a su secretario general técnico, señalado como responsable del error. Reyero ya se había situado en la diana de la dirigente del PP por su posición crítica respecto a la falta de medicalización en las residencias de mayores durante la pandemia. 

La presidenta defendió paralelamente que su estancia era un asunto privado y que cualquier mandatario en sus circunstancias habría buscado un lugar desde el que trabajar sin molestar a sus vecinos. Las versiones sobre la fecha de la reserva, sus condiciones y el precio fueron cambiando, pero el coste inmediato acabó recayendo en un departamento gestionado por el socio minoritario del Gobierno, Ciudadanos, del que Ayuso se desprendió un año después.

Los aviones que no llegaban, el Zendal y la culpa de Moncloa

Durante la primera ola de la pandemia, Ayuso anunció el 22 de marzo de 2020 la llegada inminente de dos aviones con material sanitario procedente de China. Más de una semana después, los cargamentos seguían sin aparecer. Mientras administraciones de todo el mundo competían por los mismos proveedores y afrontaban problemas logísticos, la Comunidad se quejó de que el Gobierno central estaba bloqueando la llegada de material. 

La dirección nacional del PP, entonces liderada por Pablo Casado, amplificó la acusación y habló de proveedores obligados a desviar mascarillas y respiradores por la “inacción” de Moncloa. La secuencia se repitió después con el Hospital Isabel Zendal que fue presentado por Ayuso como el gran símbolo de su gestión de la pandemia. Cuando comenzaron las denuncias sobre falta de personal, traslados forzosos de sanitarios y problemas de funcionamiento, la presidenta madrileña habló de “sabotajes impresentables”, acusó a personas cercanas a la izquierda de boicotear el hospital y sostuvo que medicamentos y objetos desaparecían del centro para terminar en medios afines a sus adversarios

El drama de las residencias, la culpa fue de Iglesias y de Illa

La gestión de las residencias constituye el ejemplo más grave de este desplazamiento de responsabilidades. El Gobierno madrileño distribuyó durante la primera ola protocolos revelados por infoLibre que establecían criterios de exclusión para trasladar a hospitales a residentes en centros de mayores con determinados niveles de dependencia o deterioro cognitivo. En total, 7.291 mayores murieron en los centros sin ser derivados a un hospital.

Desde que este periódico publicó los documentos, la defensa de Ayuso atravesó distintas fases. Su Gobierno sostuvo que los protocolos eran simples borradores o documentos técnicos que no resultaban obligatorios. También señaló que las muertes se produjeron en toda España y responsabilizó a Pablo Iglesias, entonces vicepresidente y ministro de Derechos Sociales, de la situación de las residencias.

Años después, la acusación se desplazó hacia el presidente catalán Salvador Illa, que durante la pandemia era ministro de Sanidad. Ayuso afirmó que Cataluña y el Ministerio de Sanidad habían ordenado “segregar” a los mayores y prohibir su salida. Los documentos ministeriales citados, sin embargo, eran recomendaciones generales de aislamiento para evitar contagios, no órdenes que prohibieran hospitalizar a los residentes y la decisión final correspondía a las autonomías. 

Los sanitarios: del agotamiento al “boicot” de sus profesionales

Ayuso no siempre acude a Moncloa o a la izquierda cuando quiere desentenderse de un asunto polémico. En ocasiones, el responsable elegido es el mismo colectivo que denuncia el deterioro de un servicio público. En diciembre de 2021, en plena sexta ola de la pandemia, Ayuso aseguró que en algunos centros de salud no se cogían los teléfonos, se colgaban las llamadas y que no todos querían “trabajar y arrimar el hombro”. Los cinco sindicatos de la Mesa Sectorial de Sanidad exigieron una rectificación y recordaron que las diferencias entre centros dependían, entre otros factores, de la falta de profesionales.

El patrón se repitió con la reapertura de las urgencias extrahospitalarias en otoño de 2022. El nuevo modelo arrancó con decenas de centros sin médicos y otros que ni siquiera pudieron abrir. Los trabajadores hablaron de caos organizativo pero desde la Comunidad de Madrid volvieron a presentar las protestas y las dificultades como un “boicot” impulsado políticamente en contra de su presidenta. 

El desplazamiento de la responsabilidad tampoco se limita a adversarios institucionales. En septiembre de 2020, durante el debate sobre el aumento de contagios en los distritos del sur de Madrid, Ayuso los atribuyó al “modo de vida” de la inmigración y a la densidad de población. Posteriormente precisó que se refería a familias numerosas que vivían en viviendas pequeñas, pero rechazó retirar sus palabras y acusó a la izquierda de intentar presentarla como racista. Una situación similar a lo que ocurrió con los cortes de electricidad en la Cañada Real. Ayuso concentró su respuesta en las mafias dedicadas al cultivo de marihuana y en los enganches ilegales a la red de los vecinos.

Aguado, el socio convertido en conspirador

El exvicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, pasó de gobernar con Ayuso a convertirse en otro de los responsables de los obstáculos que, según la presidenta, encontraba su gestión. En marzo de 2021, después de la moción de censura presentada por PSOE y Ciudadanos en Murcia, Ayuso rompió unilateralmente la coalición madrileña, destituyó a los consejeros de Cs y convocó elecciones anticipadas. Justificó la decisión afirmando que había vivido “situaciones inenarrables” con Aguado y que no tenía ninguna duda de que Ciudadanos “venía a por Madrid”.

Aguado negó que existiera una moción de censura inminente y acusó a la presidenta de utilizar una “excusa peregrina” para satisfacer su ambición personal. Pero el marco de la ruptura ya estaba construido y la operación salió bien. Ayuso arrasó en las elecciones del 4 de mayo y Ciudadanos desapareció de la Asamblea. El dirigente al que había responsabilizado de las dificultades de la coalición acabó abandonando la política institucional.

Casado: de padrino a verdugo

El caso más exitoso de esta estrategia se produjo en febrero de 2022. Casado había sido el íntimo amigo de la presidenta madrileña y fue él quien decidió que fuera ella la candidata del PP para la Comunidad de Madrid en 2019, pese a la oposición interna. La dirección nacional del PP pidió explicaciones sobre un contrato de emergencia de 1,5 millones de euros adjudicado por la Comunidad a una empresa vinculada comercialmente con Tomás Díaz Ayuso, tras tensiones internas por la presidencia del PP de Madrid.

La presidenta reconoció que su hermano había mantenido una relación comercial con la empresa y que había cobrado por sus gestiones, pero el centro de la controversia se desplazó rápidamente desde el contrato hacia Pablo Casado y Teodoro García Egea. Ayuso acusó a la dirección del PP de intentar destruirla, actuar con crueldad contra ella y promover una operación de espionaje contra su familia. La petición interna de explicaciones quedó convertida en una conspiración de Génova contra la dirigente más popular del partido. Casado perdió el liderazgo del PP pocas semanas después, mientras Ayuso emergía reforzada como víctima de un supuesto espionaje y traición interna.

Santiago Abascal evita presentar a Marruecos como un Estado hostil, pese a calificar de “invasión” la entrada de más de 70.000 marroquíes en Ceuta el pasado jueves. La actual crisis fronteriza ha dejado ya un centenar de fallecidos según las organizaciones sobre el terreno, pero el líder de Vox obvia este argumento en sus declaraciones públicas. El líder de la extrema derecha española definió desde la ciudad autónoma como  “acto de guerra” la entrada masiva de personas, pero cargó las tintas contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, del que dijo debería ser juzgado y estar en prisión, e insinuó —sin aportar pruebas— que Marruecos podría disponer de información sobre supuestas corrupciones del presidente que explicaría su falta de respuesta ante Rabat.

Así, Marruecos puede ser para Vox, al mismo tiempo, el Estado que presiona, chantajea y agrede a España, pero no aparecer en las críticas sobre la responsabilidad de lo sucedido. Esa parte queda reservada para el presidente del Gobierno, presentado por los ultras como responsable o cómplice de la agresión. A él se le suma otra de las figuras culpables habituales para los ultras: los ciudadanos marroquíes que cruzan la frontera, convertidos en el rostro visible de la amenaza y protagonistas a su vez el eje central de los acuerdos con el Partido Popular bajo la consigna de “prioridad nacional”.

Abascal ya había formulado hace meses, antes de la crisis de Ceuta, esta misma posición en una entrevista difundida por el pódcast WorldCast. “Yo no pienso que Marruecos sea el enemigo”, aseguró el pasado mes de mayo. “Marruecos es una nación vecina con la que tenemos que intentar tener una buena relación basada en el respeto mutuo”. También defendió que para ser buenos vecinos son necesarias “altas vallas” y “fronteras firmes”, y acusó a Sánchez de haber convertido a España en el “perrito faldero” del reino alauí. 

Unas declaraciones que fueron criticadas por otro ultra, el eurodiputado y líder de Se Acabó La Fiesta (SALF), Alvise Pérez. “¿Cómo va a ser socio un país que nos extorsiona con la inmigración o Pegasus, exporta las mafias que matan a nuestros guardias civiles, amenaza Ceuta, Melilla y Canarias, o nos espía con software israelí?”, planteó, tras recalcar que él estaba de acuerdo con la posición de Abascal de 2021, en la anterior crisis fronteriza en Ceuta, y no con la actual. 

Abascal ha evitado en todo momento mencionar al rey Mohamed VI, aliado del presidente estadounidense Donald Trump, como responsable de la situación en Ceuta. Y, aunque para el líder de la ultraderecha Marruecos es un vecino peligroso y expansionista, también defiende que España debe conservar una “buena relación”. Mohamed VI funciona sobre todo como representación de la humillación de Sánchez, bajo el lema o pregunta en abstracto de “qué le debe el PSOE a Marruecos”. Abascal lo evoca para describir a un presidente arrodillado ante un soberano extranjero, pero rara vez convierte al rey en destinatario directo de sus exigencias.

Así, los dirigentes de Vox apenas dirigen críticas al monarca alauí, pese a las denuncias que acumula por parte de las organizaciones de derechos humanos. Una de las excepciones la protagonizó el exdirigente de Vox, José Ángel Antelo, en 2024, tras denunciar que el rey había indultado a más de 2.400 presos, pero la acusación se centró en los posibles delitos que esas personas cometerían en España. Antelo afirmó, sin acreditar que fueran a trasladarse al país, que cada “violación”, “machetazo” o robo sería responsabilidad del PP y del PSOE.

En el relato de Vox, Marruecos posee capacidad de decisión. El partido afirma que controla la frontera, instrumentaliza las migraciones, abre y cierra las aduanas según sus intereses y utiliza la cooperación como mecanismo de presión. Juan Sergio Redondo, presidente de Vox en Ceuta, ya había descrito la política marroquí como una “habitual extorsión”. Según Redondo, Rabat ha creado instrumentos con los que “chantajear a España”, emplea estratégicamente la gestión migratoria y “sabe exactamente lo que hace”.

Pero esa claridad desaparece cuando llega el momento de identificar a las personas e instituciones responsables. Apenas se explica qué órgano adoptó las decisiones, qué responsables dirigieron la supuesta operación sobre Ceuta o qué intervención tuvo Mohamed VI. Se señala a Marruecos como un ente, de forma etérea, pero se evita cualquier referencia directa. En cambio, la responsabilidad española nunca es abstracta.

La cautela que Abascal aplica al definir a Marruecos desaparece cuando se refiere a sus ciudadanos. En Ceuta no habló sólo de una entrada irregular o de una crisis migratoria, sino de una“invasión”, tratando de deshumanizar y presentar a todas las personas que sobrepasaron la frontera como un único sujeto hostil, especialmente si estos son musulmanes. Y es que la formación ultra relaciona la inmigración, la enseñanza del árabe y la cultura árabe con una supuesta “islamización de España” y con valores que considera incompatibles con la sociedad española. 

Vox sostiene que Marruecos utiliza a seres humanos como instrumento de presión política, pero al mismo tiempo instrumentaliza a estas personas políticamente, lo que le permite desplazar la responsabilidad sin señalar al poder político. En el imaginario que intentan crear los ultras, se asocia al migrante, también al marroquí, con la inseguridad, con la saturación de la vivienda y de los servicios públicos. El poder marroquí, sin embargo, permanece al otro lado de la frontera y exige un análisis geopolítico más complejo.

Pero a quien sin duda identifica Vox de manera clara es a los menores marroquíes que permanecen en Ceuta. El secretario general de Vox en el Congreso, José María Figaredo, aseguró este jueves que los gobiernos autonómicos compartidos por PP y Vox se opondrán “totalmente” a los traslados pese a que la formación de Alberto Núñez Feijóo ha asegurado que sí que van a cumplir con la ley. A juicio de Vox, sin embargo, hacerlo no consiste en distribuir a los menores entre los sistemas de protección, sino en “devolverlos ya a Marruecos”. Es más, en una entrevista en Cuatro sostuvo que lo que tienen que hacer las fuerzas de seguridad con los marroquíes es “cazarlos o pescarlos uno a uno”: “Es lo que hay que hacer”, señaló. Una expresión que no fue un accidente ni un desliz verbal. Días antes había utilizado exactamente la misma expresión, “cazarlos”, en una entrevista en Antena 3.

A pesar de los exabruptos de Figaredo, en el caso de menores, también de los marroquíes, que llegan a España, la norma aprobada el pasado año es clara: se debe trasladar a menores desde territorios en situación de contingencia migratoria extraordinaria hacia otras comunidades y estos territorios no pueden negarse, algo que modificaba etsa ley ya que hasta entonces la reubicación era voluntaria. La acogida de menores migrantes ya fue una línea roja para la formación de Santiago Abascal hace dos años. En julio de 2024, Vox abandonó los cinco gobiernos autonómicos que compartía con el PP después de que los populares aceptaran una reubicación de menores procedentes principalmente de Canarias. 

En los bandazos de Vox con su posición respecto a Marruecos también aparece el Mundial de fútbol. La formación de Santiago Abascal ha trasladado al Congreso como respuesta a la crisis de Ceuta una medida en la que, paradójicamente, coincide con Sumar y Podemos: que Marruecos sea expulsado de la organización del Mundial de fútbol de 2030. La proposición no de ley registrada este jueves por la portavoz parlamentaria, Pepa Millán, reclama que el Gobierno promueva ante la FIFA la exclusión del país vecino, impida que la final se celebre fuera de España y exija “transparencia y objetividad” en todas las decisiones sobre el campeonato.

La iniciativa permite analizar con precisión cómo distribuye Vox las responsabilidades. La formación ultraderechista describe una “invasión intolerable” protagonizada por más de 80.000 marroquíes (sic), acusa a Marruecos de instrumentalizar la inmigración y califica lo sucedido de estrategia de “guerra híbrida” y de “actos de guerra contra España”. Sin embargo, cuando llega el momento de identificar al responsable político de esa supuesta operación, Mohamed VI, aliado de Estados Unidos, sólo aparece una vez en las cinco páginas de la proposición. 

Vox sostiene que el éxodo contradice la imagen de modernidad que “el régimen de Mohamed VI pretende proyectar internacionalmente”. No afirma que el rey ordenara abrir la frontera, que conociera la operación o que interviniera en ella, como plantean algunos analistas. Tampoco lo menciona en ninguno de los tres puntos que el Congreso debería reclamar al Gobierno. La proposición propone una represalia internacional contra el Estado marroquí, pero despersonaliza la responsabilidad en la cúspide del poder.

La crisis de Ceuta ha vuelto a situar a los menores extranjeros no acompañados en el centro de la disputa entre el Partido Popular y Vox. Pero esta vez el conflicto se desarrolla con una diferencia sustancial respecto a lo ocurrido hace dos años, cuando se produjo la ruptura entre ambos por la acogida de los menores en las comunidades autónomas. Ahora, los conservadores no aparecen como el partido que resiste el ultimátum de la extrema derecha, sino como una formación dispuesta a asumir buena parte de su diagnóstico y discurso.

La primera reacción de la dirección nacional del PP fue presentar lo sucedido en Ceuta como una cuestión de “seguridad nacional” y responsabilizar en exclusiva al Gobierno de Pedro Sánchez. Su secretario general, Miguel Tellado, reclamó que quienes habían entrado irregularmente salieran por el mismo lugar, sin diferenciar inicialmente entre personas adultas y menores de edad. El mensaje aproximaba a Génova a la posición de Vox, que exige a sus socios autonómicos una negativa frontal a cualquier distribución de menores migrantes.

Génova, sin embargo, tuvo que rectificar horas después. La vicesecretaria Alma Ezcurra aseguró este miércoles que las comunidades gobernadas por el PP “siempre van a cumplir la ley” y distinguió finalmente entre los adultos y los niños y adolescentes en una entrevista en Onda Cero. Pero aunque la dirección de Alberto Núñez Feijóo admite que la acogida es obligatoria por el decreto ley aprobado el pasado año en el Congreso, varios gobiernos autonómicos compartidos por PP y Vox han anunciado que van a rechazar a los menores procedentes de Ceuta. 

Una consigna que dejó más que clara el líder de Vox, Santiago Abascal, tras afirmar el martes que “ni un euro de los españoles” debe destinarse a la acogida de los menores que se encuentran solos en Ceuta. Los pactos de coalición firmados por ambos partidos en Aragón, Castilla y León, Extremadura y Andalucía contienen prácticamente la misma cláusula. Bajo el enunciado “No más menores extranjeros no acompañados”, los ejecutivos se comprometen a oponerse por medios políticos y jurídicos a cualquier mecanismo de distribución de inmigrantes, incluidos los menores. 

El contraste con julio de 2024 es significativo. Entonces, Feijóo anunció que las comunidades gobernadas por su partido aceptarían el traslado —entonces voluntario— de unos 400 menores desde Canarias y Ceuta. El líder del PP defendió aquel acuerdo como un ejercicio de solidaridad y como un “último esfuerzo” ante la falta de una política migratoria suficiente por parte del Gobierno de Pedro Sánchez.

Vox respondió abandonando los gobiernos de coalición de Aragón, Castilla y León, Extremadura, la Comunitat Valenciana y la Región de Murcia. Abascal había advertido de que consideraría rotos los ejecutivos si el PP aceptaba el reparto. Génova acusó entonces a los ultraderechistas de irresponsabilidad y sostuvo que la acogida de entre diez y treinta menores por comunidad era solo una coartada para romper unas coaliciones que, según el PP, funcionaban correctamente.

Dos años después, Vox ha regresado a varios gobiernos autonómicos y lo ha hecho con mayor capacidad para condicionar sus políticas— con la “prioridad nacional” como bandera— y el PP procura evitar que una nueva crisis migratoria vuelva a provocar una ruptura de la derecha. En lugar de defender desde el principio la solidaridad territorial, Génova ha comenzado cuestionando la acogida y no ha sido hasta este miércoles cuando ha reconocido que sus comunidades deberán cumplir la legislación, aunque no estén de acuerdo con ella.

En 2024, el reparto acordado en la conferencia sectorial era voluntario. Desde la reforma de la ley de extranjería aprobada en marzo de 2025, el Estado dispone de un mecanismo obligatorio para reubicar a menores cuando el sistema de protección de un territorio supera su capacidad ordinaria y se declara una contingencia migratoria extraordinaria. Y Ceuta se encuentra precisamente entre los territorios para los que el Gobierno declaró esa contingencia. Su presidente, Juan Jesús Vivas (del PP), asegura que se está viviendo una situación “absolutamente insostenible” en la ciudad autónoma por la presión migratoria y ha pedido “socorro, auxilio, ayuda y solidaridad” al Gobierno y al resto de comunidades.

La normativa establece un procedimiento de traslado y atribuye a las comunidades de destino la tutela y protección de los menores que les sean asignados. Las autonomías pueden recurrir el reparto, como ya han anunciado algunas comunidades autónomas, y reclamar más financiación, pero no disponen de un veto ni pueden negarse a las reubicaciones mientras la norma siga vigente y los tribunales no suspendan su aplicación.

La obligación alcanza incluso a Vox. Uno de sus dirigentes autonómicos, el vicepresidente andaluz Manuel Gavira, ha reconocido que la situación jurídica es distinta a la de 2024 y que las comunidades tendrán que acatar la legislación, aunque su partido rechace el sistema. Por su parte, el vicepresidente de Castilla y León, Carlos Pollán, ha afirmado que utilizarán “todas sus competencias y recursos jurídicos y políticos” para oponerse al reparto. 

El endurecimiento del PP se produce, además, mientras las instituciones europeas han cerrado filas con España frente a la crisis de Ceuta pese a las críticas iniciales. Los ministros de Interior de la Unión Europea y de los países asociados a Schengen —muchos de la familia del PP— han trasladado su “fuerte solidaridad” con España y han valorado la actuación “rápida y eficaz” de las autoridades españolas. La declaración europea también destacó que la mayoría de las personas que habían cruzado irregularmente habían sido retornadas y que no se había producido un movimiento relevante hacia la península ni hacia otros Estados miembros.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, había reaccionado previamente a la situación de Ceuta y condenado las entradas irregulares y los cruces peligrosos. El respaldo europeo permitió al Gobierno contener las críticas iniciales de algunos socios, preocupados por una posible circulación secundaria de migrantes por el espacio Schengen, entre ellos la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, que calificó lo ocurrido como una “amenaza para la seguridad de las fronteras europeas” y promovió junto con otros 21 líderes europeos una reunión urgente de ministros de Interior.

Mientras la UE ha situado el episodio en el ámbito de la cooperación con España y de la defensa de una frontera exterior común, desmontando la idea de un Gobierno aislado en Europa, el PP y Vox han intentado trasladarlo al terreno de la confrontación interna. Tellado fue el primero en hablar de seguridad nacional y reclamar devoluciones y se negó a aclarar si las comunidades lideradas por su formación acogerían a los menores, como les reclama no solo el Gobierno, sino también el popular Vivas.

Si llegaran realmente a incumplir con la acogida, el Gobierno podría requerir formalmente a la administración autonómica para que ejecutase el traslado y acudir después a los tribunales. También podrían intervenir la Fiscalía o las entidades encargadas de velar por los derechos de los menores si la negativa provocase una situación de desprotección. Para hablar de desobediencia penal sería necesario analizar la conducta concreta de una autoridad, la existencia de una orden clara y su negativa consciente y reiterada a cumplirla. 

Hay varios motivos que explican la postura del PP. El primero es la competencia electoral con Vox. La hostilidad contra los migrantes es uno de los asuntos de los que la extrema derecha ha hecho bandera. Cuando se produce una crisis fronteriza, como ha sido el caso, el PP teme que una posición centrada en la protección de los menores sea presentada por Vox como una cesión al Gobierno. Adoptar expresiones como “seguridad nacional”, insistir en las devoluciones y cuestionar el reparto permite a Génova reducir inicialmente la distancia con Abascal.

El segundo factor es la nueva dependencia autonómica. Tras las elecciones celebradas en el nuevo ciclo electoral, el PP ha vuelto a alcanzar acuerdos de gobierno con Vox. La extrema derecha ha aprendido de la ruptura de hace dos años y ha introducido en los pactos cláusulas explícitas contra la acogida, que los conservadores han aceptado sin reproches. El margen de los presidentes del PP es menor ahora que hace dos años, porque aceptar un traslado sin confrontación puede ser presentado como un incumplimiento del acuerdo de coalición.

El tercero es el recuerdo de la crisis de hace dos veranos. La salida de Vox dejó al PP gobernando en minoría y demostró que Abascal estaba dispuesto a sacrificar poder institucional para mantener su posición sobre inmigración. Génova sabe que la amenaza puede repetirse, aunque en los pactos los ultras se comprometieron a aprobar todos los presupuestos. Su reacción inicial ante Ceuta parece dirigida tanto contra Sánchez como a evitar que Vox vuelva a ocupar en solitario el espacio del rechazo.

Existe también una razón de estrategia nacional. El PP pretende convertir cualquier crisis migratoria en una prueba de incapacidad de Sánchez. Admitir desde el primer momento que las comunidades deben acoger a los menores debilitaría ese relato y obligaría a hablar de corresponsabilidad territorial. Por eso, combina la aceptación final de la ley con condiciones políticas: que el reparto sea “justo”, que el Ejecutivo asuma la responsabilidad y que se prioricen las devoluciones o las reagrupaciones familiares.

La crisis política por la compra de un ático de lujo por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid no ha provocado una rebelión interna en el Partido Popular contra Isabel Díaz Ayuso ni tampoco ha puesto en peligro su mayoría absoluta, su control del PP madrileño ni su condición de referente para una parte importante del electorado conservador. No obstante, la presidenta madrileña sí empieza a sufrir las consecuencias internamente, ya que el malestar con la dirigente conservadora comenzó con la investigación fiscal a su pareja, Alberto González Amador, y cada vez es más palpable. 

La incomodidad se percibe, especialmente, en la ausencia de apoyos explícitos. Ante otras polémicas protagonizadas por la baronesa del PP, como la gestión de las residencias de mayores durante la pandemia o el plantón a Pedro Sánchez en Moncloa en 2024, la dirección nacional había reaccionado con rapidez, generalmente presentándolas como parte de una ofensiva del Gobierno y de la izquierda contra la presidenta madrileña. En esta ocasión, Génova ha tenido más dificultades para construir ese marco y, más allá de las declaraciones del secretario general, Miguel Tellado, el PP ha optado por el silencio.

Tellado, además, no hizo una defensa personal y rotunda de Ayuso, aunque sí dio por buenas las explicaciones del Gobierno madrileño antes de que anunciaran que finalmente se vendería el inmueble. 

En el PP, explica una voz de Génova, se ha dado la ‘orden’ de tratar de evitar como sea la cuestión del ático para no asumir el coste de una operación adoptada exclusivamente por el Gobierno madrileño. La respuesta automática si la prensa les pregunta es remitirse a las explicaciones dadas por Sol y desviar el foco hacia el Gobierno de Sánchez, lo que indica que la solidaridad con Ayuso ya no funciona de manera automática.

De hecho, en una reciente entrevista con El País, la portavoz adjunta del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, preguntada por la operación, aseguró que todavía no había entendido “lo de Ayuso y el ático”. Uno de los asesores del PP en el Senado, Víctor Soriano, que compatibiliza el cargo con su trabajo como abogado de Manos Limpias, lo secundaba también en X. “Cayetana Álvarez de Toledo ha dicho lo que todos en el PP pensamos”, escribía.

La respuesta de la diputada del PP es significativa porque Álvarez de Toledo compite con Ayuso por una posición similar dentro del ecosistema del PP, la de una dirigente de la derecha ideológica más dura, partidaria de una oposición frontal a Pedro Sánchez. Durante varios años, Ayuso había ocupado casi en exclusiva ese espacio. Su mayoría absoluta en Madrid y su confrontación constante con el Gobierno central le permitieron combinar poder institucional, autonomía orgánica y capacidad de movilización.

En la citada entrevista, Álvarez de Toledo también expresa su voluntad de ser ministra y reclama un proyecto capaz de agrupar bajo las siglas del PP a todo el espacio situado entre el centro y la derecha. Su referencia, según explica, es el modelo construido por José María Aznar con un PP ideológicamente definido y fuerte para reducir el espacio electoral de Vox. 

Esa estrategia se solapa con la que Ayuso ha reivindicado desde la Comunidad de Madrid, donde ha defendido que el PP debe combatir a Vox sin adoptar un perfil moderado o defensivo. Álvarez de Toledo comparte el objetivo, pero plantea una diferencia de método. Reivindica una derecha menos marcada por los argumentarios y pone distancia con algunos de los recursos comunicativos de Ayuso, como el insulto o la conversión de determinados exabruptos en elementos de propaganda política.

Otra de las dirigentes que está en un momento álgido es Ester Muñoz. Como portavoz del PP en el Congreso, se ha consolidado como una de las principales voces de ataque contra el Gobierno de Sánchez en esta legislatura. Su estilo se basa en la confrontación directa, la presencia continua en redes sociales y la intervención en prácticamente todas las polémicas de la actualidad nacional, lo que parece haberla convertido en la alumna aventajada de Aznar, que hace solo unas semanas la presentó en un desayuno informativo.

Por ese motivo, el silencio de Muñoz sobre el ático es significativo teniendo en cuenta que en otras ocasiones ha respaldado de manera clara a Ayuso con la situación judicial de González Amador y denunció la supuesta fijación del Ejecutivo central con la Comunidad de Madrid. En cambio, en los últimos días ha mantenido una actividad intensa en redes sobre otros asuntos, especialmente con lo relativo a la crisis de Ceuta, de la que culpa al Gobierno sin mencionar a Marruecos. Una posición calcada de la de su jefe de filas.

Dentro del PP, algunos cargos comparan la forma de comunicar de Muñoz con la de Ayuso, alguien, según señalan voces conservadoras, que “no se deja amedrentar” por la izquierda y que no rehuye de la confrontación. Lo cierto es que la semejanza existe en el tono, en la búsqueda de titulares fáciles y en la voluntad de responder con rapidez, pero Muñoz desarrolla ese papel desde la estructura nacional y bajo la autoridad directa de Feijóo. Representa una versión controlada e institucionalmente subordinada de la estrategia comunicativa que Ayuso desarrolla con mayor autonomía desde Sol.

Con todo, en Génova inciden en que Ayuso es un “activo electoral” y deslizan que todo lo que ha ocurrido con el ático tiene más que ver con su pareja e interpretan que “no le pasará demasiada factura”. Pero esta crisis ha demostrado que su esfera de influencia ha cambiado. Hasta ahora reunía tres atributos que le concedían una singularidad dentro del PP: poder institucional, discurso duro y agresividad. El nuevo reparto separa esas funciones. Ayuso conserva el poder territorial, Álvarez de Toledo aparece como el verso suelto combativo y Ester Muñoz representa la confrontación diaria desde el aparato nacional.

Este reparto beneficia en parte a Feijóo, según su equipo de confianza. Génova puede dirigirse al electorado de derechas ‘sin complejos’ a través de Muñoz, incorporar a Álvarez de Toledo como referente ideológico y reducir su dependencia de la presidenta madrileña. El líder del PP no quiere ningún tipo de enfrentamiento con Ayuso, consciente de que eso se llevó por delante a Pablo Casado hace más de cuatro años, pero tampoco necesita hacerlo. Le basta con disponer de otras figuras capaces de cubrir los mismos espacios políticos.

La compra del ático ha acelerado ese proceso porque ha expuesto una decisión equivocada de su propio Gobierno, que confiaba en que nunca trascendiera a la opinión pública, por lo que resulta más difícil convertirla en víctima de una persecución externa. El manual que le había protegido en crisis anteriores de la mano de Miguel Ángel Rodríguez, su jefe de gabinete, pierde eficacia y hasta él mismo comienza a distanciarse de González Amador.

El ascenso de Ester Muñoz y el protagonismo recuperado de Álvarez de Toledo se produce en un PP que dispone de varios liderazgos femeninos con peso, aunque de naturaleza muy distinta. Ayuso conserva el mayor poder electoral y territorial, superior al de sus homólogas Marga Prohens, María Guardiola y María José Sáenz de Buruaga. 

La coincidencia entre Ayuso, Muñoz y Álvarez de Toledo tampoco reside únicamente en que sean mujeres. Las tres han construido su notoriedad sobre atributos que tradicionalmente se habían reservado a los dirigentes masculinos de la derecha: autoridad, confrontación y dominio de los debates más polarizados. Esa visibilidad tiene un valor simbólico para el PP. Le permite combatir la imagen de partido dirigido exclusivamente por hombres — las mujeres han perdido posiciones en el organigrama de poder tras el congreso de julio del año pasado— y presentar modelos de poder femenino alejados del discurso de la izquierda.

Pero la presencia de mujeres en posiciones relevantes no se traduce automáticamente en una mayor capacidad para atraer a las electoras. Los barómetros del CIS permiten analizar el voto por género y muestran que las diferencias entre hombres y mujeres atraviesan a los partidos, aunque están especialmente acentuadas en el caso de Vox. El PP dispone de un electorado femenino más amplio y transversal que la extrema derecha, pero la decisión de voto de las mujeres depende mucho más de las políticas, la posición ideológica, la edad o la situación socioeconómica que de quien encabeza el mensaje.

Miguel Ángel Rodríguez ha demostrado que quien domina la relación con los medios puede condicionar de lo que se habla, quién aparece como el culpable y cómo se premia al que obedece a sus intereses. Ex secretario de Estado de Comunicación de José María Aznar, empresario, tertuliano y profundo conocedor de los ritmos internos de las redacciones, actualmente Rodríguez no se limita a trasladar las decisiones de su jefa, la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, sino que participa en la construcción del personaje, escoge los marcos del enfrentamiento y establece las condiciones de acceso a la información.

Su sistema se apoya en una combinación conocida por muchos periodistas madrileños: recompensa para quienes reproducen el mensaje, distancia para quienes se apartan de él y hostilidad abierta para quienes investigan asuntos incómodos o se muestran críticos con Ayuso. Es lo que ha ocurrido, precisamente, con el ático comprado por la Comunidad de Madrid como “oficina” provisional de su jefa. En el momento en el que las explicaciones comenzaron a acumular contradicciones, el Gobierno de Ayuso anunció que lo vendería y destinaría el dinero a la reconstrucción de la Sierra Oeste tras los incendios. Sin embargo, se han negado a aclarar muchas de las incógnitas que rodean al inmueble. 

La secuencia duró apenas unos días. La Comunidad de Madrid había adquirido en abril, a través de la empresa pública Planifica Madrid, un ático de 485 metros cuadrados en Chamberí (uno de los distritos más caros de la capital) con una terraza de unos 200 metros, para utilizarlo supuestamente durante las obras de rehabilitación de la Real Casa de Correos. La operación permaneció oculta hasta la semana pasada, cuando El País lo desveló. El Ejecutivo madrileño no explicó por qué había elegido una vivienda de lujo para ello en lugar de alquilar oficinas o utilizar algunos de los inmuebles que ya tiene la Comunidad de Madrid y tampoco aclaró por qué se iba a habilitar para ello un inmueble de uso residencial.

La primera reacción de Ayuso fue la habitual: denunciar una “campaña de desprestigio” promovida por el Gobierno central y su “prensa afín”. “No es mi casa, no es mi residencia, no es para mí”, argumentó la presidenta madrileña, si bien no aclaró el coste del inmueble y tampoco por qué lo habían adquirido coincidiendo con la venta del piso en el que reside si la normativa urbanística solo permite dedicar el piso a uso residencial. Después llegó la rectificación y el mensaje de MAR consistió en presentar como falsa la hipótesis de la residencia oficial y limitar el asunto a una operación inmobiliaria de la empresa pública. 

La operación ha dejado muchas preguntas tanto a nivel patrimonial, como administrativo y urbanístico sin responder, lo que a su vez ha generado una crisis comunicativa en el relato de la Puerta del Sol. Hasta el punto de que medios afines a la presidenta madrileña, como ABC o El Mundo, cuestionaron las explicaciones con duros editoriales. Ante esa situación, MAR volvió a recurrir a su manual en redes: “Todos esos que gritan por un ático están de vacaciones. No les veo recorrer como [Isabel] Díaz Ayuso los pueblos devastados. La Comunidad de Madrid trabaja en la reconstrucción y los que gritan desean la destrucción. Ella recorre los pueblos; Sánchez no puede salir de su palacio blindado”, publicó este domingo en X.

La relación de MAR con la prensa ha sido conflictiva desde la época que dirigía la comunicación de José María Aznar en la Junta de Castilla y León. En el año 1989 salió a la luz un informe interno, de seis páginas y con sello de Presidencia, que clasificaba a doce periodistas mediante valoraciones profesionales, políticas y personales. Una “lista negra”, atribuida al propio Rodríguez, que les calificaba según su utilidad o peligrosidad para el Gobierno autonómico del Partido Popular. La Agrupación de Periodistas de Castilla y León pidió inmediatamente una investigación y calificó la utilización de datos privados y las valoraciones profesionales como un atentado contra derechos elementales. 

Tras dejar la portavocía de La Moncloa entre críticas de los suyos dos años después de que Aznar llegase a la Presidencia del Gobierno estatal, Rodríguez pasó dos décadas moviéndose entre la consultoría, la empresa y los medios de comunicación. Presidió Carat España, organizó grandes eventos como el centenario del Real Madrid, impulsó proyectos audiovisuales propios, fue consejero de Grupo Secuoya y colaboró con FAES.

También se convirtió en un rostro habitual de la televisión y la radio. Participó en tertulias como la de 59 segundos de TVE, Espejo Público de Antena 3, La Noria de Telecinco y El gato al agua de Intereconomía, entre otras. Su estilo provocador, agresivo y construido alrededor de frases efectistas que pudieran sobrevivir al programa y circular después fuera de él anticipó buena parte de la comunicación política que aplicaría en la Comunidad de Madrid.

Como tertuliano, MAR destacó por un estilo deliberadamente provocador y por varios enfrentamientos personales. La polémica más grave fue la del doctor Luis Montes, al que llamó reiteradamente “nazi” en 59 segundos y La Noria, a propósito del caso de las sedaciones del Hospital Severo Ochoa a enfermos terminales. En 2011, la Audiencia Provincial de Madrid confirmó su condena por un delito continuado de injurias graves con publicidad, con multa e indemnización de 30.000 euros a Montes. Pero Montes no fue el único, también llamó “cocainómano” al Gran Wyoming e “imbécil” a la periodista María Antonia Iglesias.

Todo ello le permitió construir relaciones personales con presentadores, directivos, productores y tertulianos de los grandes grupos audiovisuales. Cuando regresó a la primera línea política en 2019, utilizó todo lo que le caracterizó en su faceta de tertuliano. Es decir, frases breves, confrontación permanente y polémicas casi diarias. Por el camino, además, eligió a un antagonista concreto, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez.

Una parte esencial de la influencia de Rodríguez no está en leyes concretas ni siquiera en argumentarios políticos, sino en su agenda de teléfono. Rodríguez mantiene canales directos con periodistas, tertulianos y responsables de medios. Durante su declaración ante el Tribunal Supremo en el juicio al ex fiscal general del Estado explicó que había difundido determinada información en dos grupos de WhatsApp que reunían a 55 informadores.

Para MAR no se trata de dar información, sino de controlar el mensaje. En un ecosistema competitivo como el de los medios de comunicación, disponer de una declaración o unas fuentes off the record antes que los demás constituye una ventaja. En el citado juicio, el defensor del entonces fiscal general también quiso saber si el principal asesor de Ayuso fue la fuente de la noticia falsa de El Mundo publicada la noche del 13 de marzo que inició la escalada de desmentidos en diferentes medios y, finalmente, llevó a la Fiscalía a difundir una nota al día siguiente aclarando lo que en realidad había ocurrido. Una nota de prensa que acabó con su máximo responsable condenado.

La información, firmada por el periodista Esteban Urreiztieta se titulaba La Fiscalía ofrece a la pareja de Ayuso un pacto para que admita dos delitos fiscales, cuando en realidad fue al revés, fue el abogado de González Amador el que planteó ese acuerdo. La operación política montada por el principal asesor de Ayuso culminó con éxito, aunque Rodríguez parecía tener claro desde el principio que el ex fiscal general iba a ir "pa'lante". Es el lema popularizado por la mano derecha de Ayuso y que ha utilizado de manera reiterada cada vez que las decisiones judiciales, informes y resoluciones estrechaban el cerco sobre Álvaro García Ortiz o cualquier miembro del Gobierno de Pedro Sánchez.

Al preguntarle qué pruebas tenía para afirmar que la Fiscalía había frenado un acuerdo “por órdenes de arriba”, MAR admitió que no era información contrastada, sino una deducción personal: “No es información, es intuición, Tengo el pelo blanco y puedo colegir lo que está pasando”, justificó. Pero lo cierto es que su influencia sobre determinados medios fue decisiva y le permitió intervenir en la noticia para ofrecer una versión falsa. Eso no impidió que varios medios difundieran la versión impulsada desde el gabinete, obligando a la Fiscalía a reaccionar públicamente.

El acceso privilegiado a determinada información no es la única herramienta con la que el Gobierno madrileño se relaciona con los medios. También está la publicidad institucional. La investigación 'Ayuso parte y reparte' realizada por infoLibre demuestra que la Comunidad de Madrid no aplica el criterio que marcó en 2019 “de audiencia y no a dedo” sino que desde que gobierna ha incrementado su gasto publicitario y que el reparto ha beneficiado a medios conservadores y afines al Ejecutivo regional, mientras cabeceras progresistas han quedado relegadas pese a contar en algunos casos con audiencias superiores.

La propia Comunidad sostiene que sus planes se confeccionan mediante criterios “objetivos y técnicos”, entre ellos la audiencia, la cobertura, la frecuencia, la notoriedad y la afinidad. Pero los datos analizados por este periódico muestran desproporciones difíciles de explicar únicamente mediante esos parámetros y una falta de transparencia que impide reconstruir con facilidad las decisiones del plan de medios.

La distribución del dinero está marcada por la sobrerrepresentación de medios en el espectro de la derecha, que no solo se quedan la mayor parte del reparto publicitario, sino que también han absorbido la mayor parte del aumento de los fondos, especialmente algunos como El Debate, ABC y The Objective. En 2023 infoLibre y otros cuatro medios —La Marea, El Salto, Carne Cruda y CTXT— ya denunciaron el sesgo ideológico de la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid en el reparto de la publicidad. En 2024 Ayuso dejó a los cinco sin un solo euro de los 23,96 millones adjudicados por esta vía. 

En el ‘manual MAR’ también hay espacio para la intimidación. El 12 de marzo de 2024, en plena publicación de las informaciones sobre el fraude fiscal de la pareja de Ayuso, Alberto González Amador, MAR envió a la periodista Esther Palomera varios mensajes amenazantes: “Os vamos a triturar. Vais a tener que cerrar. Que os den. Idiotas”. La Federación de Asociaciones de Periodistas de España y la Asociación de la Prensa de Madrid calificaron los mensajes de amenazas y respaldaron públicamente a la redacción.

Cuando declaró posteriormente sobre el episodio, Rodríguez lo definió como una “conversación impropia” con una persona con la que creía que podía mantenerla. Pero no fue un hecho aislado. Ese mismo mes, dos periodistas de El País que investigaban una posible irregularidad urbanística en el inmueble donde vivían Ayuso y su pareja fueron identificados por agentes policiales. Rodríguez difundió sus nombres y una fotografía y los acusó de haber intentado acceder encapuchados al edificio y de haber acosado a vecinos, incluidos menores. Los afectados negaron los hechos.

La APM denunció que las acusaciones falsas de responsables de la Comunidad, y “singularmente” de Miguel Ángel Rodríguez, coartaban el libre ejercicio del periodismo. En abril de 2022, la APM ya había condenado la actuación de Rodríguez cuando interrumpió físicamente a la reportera de La Sexta, Andrea Ropero, mientras intentaba preguntar a Ayuso. La asociación reclamó respeto al trabajo de los informadores y recordó que los medios tienen derecho a preguntar en espacios públicos, no solo cuando los cargos políticos lo permiten.

El periodista Jordi Évole, que conoce a Rodríguez desde hace más de quince años tras trabajar juntos, cortó el contacto después de que MAR sugiriese en televisión que había que fusilar al expresident Artur Mas. Después lo recuperaron, aunque Évole lo describió como alguien menos accesible y “menos juguetón” desde su vuelta al poder. Pero tras los ataques de Rodríguez a familiares de fallecidos en residencias, Évole afirmó que aquello era “demasiado inhumano incluso para Miguel Ángel Rodríguez” y que no entendía ese grado de degradación política.

Miguel Ángel Rodríguez Banjón —MAR para amigos y enemigos— es el estratega, director de comunicación y mano derecha de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Tras años apartado de la política, regresó a la primera línea en 2019 para convertir a una candidata autonómica del PP inicialmente subestimada en la principal antagonista del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Desde la jefatura de gabinete de Ayuso controla mensajes, administra crisis y mantiene una relación de confrontación permanente con todo aquel que se inmiscuya en el camino de su jefa, incluidos sectores del Partido Popular.

Desde hace ya más de seis años es oficialmente jefe del Gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid. El Portal de Transparencia regional lo presenta como consultor de comunicación, publicista, empresario, escritor y antiguo político. El organigrama apenas permite conocer algo más: una jefatura adscrita al núcleo de Presidencia y un correo institucional. Nada en esa descripción administrativa refleja el alcance político que tiene en realidad y el control que ejerce sobre lo que le rodea, especialmente la prensa. Es de esos que en apenas unos segundos lee los WhatsApp que le llegan de periodistas. Y también es rápido en responder, aunque eso no siempre le deja en buen lugar, como se vio tras amenazar a una periodista de eldiario.es con el mensaje “os vamos a triturar, vais a tener que cerrar”.

El poder de Rodríguez consiste precisamente en operar un paso por detrás de quien habla y, al mismo tiempo, otro por delante de quienes intentan responder. Un mérito que le atribuyen tanto partidarios como detractores. Es el hombre que susurra al poder y consigue que los focos se dirijan, precisamente, hacia donde él quiere. Su éxito más visible ha sido convertir la política madrileña en un escenario nacional. Ayuso gobierna una comunidad autónoma, pero habla casi siempre como jefa de la oposición. A preguntas de este periódico, MAR rehusa hacer comentarios sobre él mientras continúe en el cargo.

Rodríguez llegó muy joven al entorno de José María Aznar. Cuando el futuro presidente del Gobierno dirigía Castilla y León, MAR se incorporó a su equipo y ejerció como portavoz de la Junta. Cuenta a infoLibre una periodista que lo conoce de esa época que Aznar lo eligió porque “era el que mejor preguntas hacía” y, en aquella época, sus compañeros lo consideraban como un periodista de izquierdas de verbo afilado. Tuvo que dimitir como portavoz de la Junta tras un fuerte enfrentamiento con el extinto CDS, partido que había pedido públicamente su cese fulminante tras asegurar que un diputado cobraba dietas de manera irregular. De allí regresó a El Norte de Castilla, pero esa etapa duró poco.

Aznar le pidió que le ayudase en la construcción del liderazgo nacional del PP y MAR aceptó. Al periodista se le atribuyen casi todos los éxitos de Aznar, en especial su famosa frase “váyase, señor González” y la dura oposición de esos años. El 7 de mayo de 1996, apenas estrenado el primer Gobierno de Aznar, fue nombrado secretario de Estado de Comunicación, dedicándose también a la tarea de portavoz en cada rueda de prensa de los viernes, cuando se celebraba el Consejo de Ministros. Tenía 32 años. Permaneció en el cargo hasta julio de 1998, cuando el BOE publicó su cese “a petición propia”. 

Él alegó motivos personales, dijo que quería hacer otras cosas y que estaba cansado de ser el “pararrayos del Gobierno”, pero políticamente, asegura una fuente que trabajó con él, fue un relevo pactado con Aznar tras las reiteradas quejas de algunos de sus ministros y socios como Convergència, que atribuían a Rodríguez parte de la mala imagen del Ejecutivo. En la Secretaría de Estado de la Comunicación lo sustituyó Pedro Antonio Martín y en la portavocía Josep Piqué. Su salida se celebró tanto de puertas hacia fuera como dentro del PP.

En aquellos años ayudó a dar forma a una comunicación política basada en la disciplina del mensaje, la simplificación y la repetición. La premisa no consistía en explicar exhaustivamente una política, sino en encontrar una frase capaz de trastocar toda la conversación pública. El adversario podía discutir los hechos, pero lo verdaderamente importante era obligarlo a discutir dentro del marco previamente elegido. Una estrategia que también aplica actualmente, con Pedro Sánchez como su principal antagonista.

Rodríguez dejó escrita una versión especialmente transparente de esa filosofía. En la novela El candidato muerto (Plaza & Janés Bueno), que publicó tras salir de La Moncloa, sostenía que el político más eficaz no tenía por qué ser el más preparado, sino aquel al que la gente pudiera entender. La presidenta no se presenta como una dirigente técnica ni especialmente interesada por los asuntos de la Administración pública, según admiten fuentes del PP. Lo que hace MAR es convertir a Ayuso una figura reconocible: espontánea, desafiante, capaz de condensar discusiones complejas en expresiones que funcionan como titulares. “Comunismo o libertad”, “Madrid es España dentro de España” o la confrontación permanente entre una supuesta forma madrileña de vivir y la que quiere “imponer” Sánchez.

Durante más de dos décadas Rodríguez permaneció fuera de los cargos públicos, aunque no fuera de la política ni de los medios. Trabajó como consultor, empresario y fue un polémico tertuliano, escribió libros y convirtió la provocación en parte de su personaje público. Su regreso institucional se produjo de la mano de Ayuso, que le admiraba políticamente. La había asesorado durante la campaña autonómica de 2019, cuando la candidata del PP era vista incluso dentro de su partido como una solución provisional ante lo que se vería como una inminente derrota por parte de la dirección de Pablo Casado.

En enero de 2020 fue designado jefe de gabinete. Volvía a ocupar un puesto político 22 años después de abandonar la Secretaría de Estado de Comunicación. La asociación resultó rentable para ambos. Ayuso dio con un estratega con experiencia, agenda mediática y ausencia de escrúpulos para la pelea pública. Rodríguez encontró un liderazgo sobre el que proyectar una fórmula perfeccionada desde los tiempos de Aznar: identidad nítida, antagonismo constante y dominio del ciclo informativo. Con todo, sus comienzos no fueron fáciles y la presidenta madrileña acumulaba polémicas constantes que le hacían ser percibida por un lastre, tanto por Génova como por sus compañeros de partido.

La pandemia fue el momento de consolidación. Mientras otros presidentes autonómicos intentaban aparecer como gestores, la Comunidad de Madrid transformó cada discrepancia sanitaria y económica con el Ejecutivo central en un conflicto ideológico. La apertura de la hostelería, las restricciones, los confinamientos y la gestión de los colegios dejaron de ser únicamente decisiones administrativas. Pasaron a representar dos modelos de país. El desenlace electoral de mayo de 2021 confirmó la eficacia del método. Ayuso rozó la mayoría absoluta y absorbió buena parte del espacio de Ciudadanos y Vox. Desde entonces, su capacidad para fijar la agenda del PP nacional ya no pudo considerarse un fenómeno local.

El método Rodríguez necesita, además, un enemigo visible. Y desde hace seis años es Pedro Sánchez, con el que Ayuso siempre encuentra una excusa para confrontar… hasta que necesita la ayuda del Gobierno central. Sin embargo, en otras ocasiones el adversario está dentro del propio PP. La relación de Rodríguez con Génova ha sido especialmente conflictiva. Durante la pugna entre Ayuso y Pablo Casado por el control del PP madrileño, la dirección nacional identificó al jefe de gabinete como uno de los principales impulsores de la ofensiva.

Es más, el entorno de Casado llegó a exigir que MAR quedara apartado de cualquier negociación sobre el futuro del partido regional, asegura a infoLibre una fuente afín a Casado que estaba en el PP de Madrid. La guerra terminó con la caída de Casado y con Ayuso al frente del aparato madrileño. Aquello, además de una demostración de fuerza de la baronesa del PP, ungida también por la prensa conservadora, fue una constatación de la influencia de su jefe de gabinete. La presidenta no solo sobrevivió a una investigación interna sobre el contrato relacionado con su hermano, sino que consiguió que el episodio se narrara como una operación de espionaje y persecución organizada por la dirección nacional contra ella.

Un patrón que se ha repetido después en varias ocasiones. Cuando ha surgido una información que afecta a la presidenta madrileña, el objetivo de MAR ha sido desviar el asunto con una acusación mayor. La inspección fiscal a su pareja, Alberto González Amador, fue rápidamente reconvertida en una conspiración de Estado que, además, acabó con la imputación –y posterior condena– del entonces Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz. El investigado pasa a ser perseguidor y quien ocupa el poder institucional adopta el papel de víctima. Para MAR no es una estrategia defensiva, sino una contraofensiva.

Rodríguez no oculta su preferencia por la escalada. En una entrevista de 2024 resumió su consigna con una frase: “A cada insulto, dos”. Esa consigna explica buena parte de su relación con el ecosistema mediático y político. En 2011, durante su faceta de tertuliano, fue condenado por un delito continuado de injurias graves contra el médico Luis Montes. Dos años después fue condenado por conducir bajo los efectos del alcohol tras chocar contra varios vehículos estacionados. Ese mismo año volvió a ocupar titulares por acusar públicamente al presentador Gran Wyoming de consumir y suministrar cocaína. 

Las polémicas se intensificaron desde su llegada al entorno de Ayuso. Recientemente difundió de forma falsaria que dos periodistas de El País habían intentado asaltar, encapuchados, la vivienda de Ayuso cuando estaban recabando información sobre los pisos de González Amador y las obras que le paralizó el Ayuntamiento de Madrid. Terminó reconociendo que no se había producido ningún asalto. El episodio dio lugar a una causa por la difusión de datos de los informadores. La jueza acordó su archivo el pasado 2 de julio al no apreciar indicios suficientes de revelación de secretos. El PSOE recurrió la decisión ante la Audiencia Provincial, por lo que el sobreseimiento no es firme todavía.

La controversia muestra hasta qué punto se ha difuminado la frontera entre la actividad de un jefe de gabinete público y la defensa personal o política del entorno de la presidenta. Durante su declaración judicial en la causa del fiscal general llegó a reconocer que algunas de sus afirmaciones no procedían de información concreta, sino de su experiencia. “Tengo el pelo blanco”, alegó para justificar sus deducciones sobre la actuación de la Fiscalía. La frase resume otra característica del personaje. Su autoridad no se apoya necesariamente en documentos, sino en su experiencia adquirida tras décadas dentro de la política y los medios.

Sus partidarios lo describen como un estratega brillante, leal, divertido, protector y con un conocimiento extraordinario de los medios. En 2021, Ayuso lo definió públicamente como su “amigo”, “escudero”, “protector” y “compañero de aventuras”. Sus detractores lo consideran un propagandista agresivo, controlador, intimidatorio, dispuesto a difundir afirmaciones no comprobadas y a convertir cualquier crisis en una guerra personal, si bien reconocen su habilidad. Uno de los portavoces más destacados del Congreso lo resume así: “Es un desalmado con un indudable talento para la política y la comunicación”.

Dos grandes incendios forestales asolan la Comunidad de Madrid y el jueves por la noche la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso  reconoció que sus medios no bastaban para contener su avance en las localidades de Aldea del Fresno, Villa del Prado y San Martín de Valdeiglesias, en el suroeste de la Comunidad de Madrid, y pidió al Gobierno central que declarara la emergencia de interés nacional. De esta manera, el operativo quedaba bajo la dirección del Ministerio del Interior y se trasladaba al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la responsabilidad inmediata sobre la evolución de la crisis.

La petición buscaba movilizar todos los recursos disponibles ante una situación que desborda la capacidad autonómica. Pero también ha evidenciado que a Ayuso no le queda más remedio que recurrir al Gobierno de Sánchez, al que cuestiona diariamente, ante la incapacidad autonómica para atajar un problema cuando reviste cierta gravedad. Se trataría de una situación habitual si no fuera porque desde el momento en que el Estado asumió el mando, el foco ha dejado de estar únicamente sobre la prevención, los medios y las decisiones de la Puerta del Sol y ha pasado a situarse sobre la respuesta de Moncloa.

La baronesa del PP ha vuelto así a una fórmula ya utilizada en otras crisis: nacionalizar la gestión cuando la emergencia supera a la Comunidad y autonomizar el relato para conservar la iniciativa política. Ocurrió durante el apagón y la pandemia y ahora con los incendios. El Ejecutivo de Ayuso cede el mando operativo mientras Sol se reserva el derecho a repartir las responsabilidades ante lo que ella misma ha calificado como “el peor incendio de la historia de la Comunidad de Madrid” algo que, según aseguró, le está “costando mucho asumir”.

La orden publicada en el BOE es clara. Desde la activación del nivel 3, corresponde al ministro del Interior “la dirección de la emergencia”, incluida la coordinación de los recursos estatales, autonómicos y locales. La dirección operativa queda en manos del jefe de la Unidad Militar de Emergencias (UME). Es decir, Sol continúa aportando sus efectivos, pero la cadena de mando ya no acaba en la Administración madrileña. La gravedad de los incendios, su dimensión supraautonómica y la amenaza sobre zonas habitadas justificaban, según la orden, esa dirección única.

La presidenta madrileña señaló este viernes que “la coordinación” con el Gobierno central estaba “siendo buena”. “Y creo que es absolutamente necesaria por varios motivos. En primer lugar, porque estamos hablando de un mecanismo que marca la ley. Hablamos de tres comunidades autónomas y de riesgo para la vida. Y cuando hay este volumen de personas confinadas o desplazadas, cuando se han tenido que evacuar residencias y centros de salud, es cuando precisamente la Administración del Estado ha de estar”, dijo, para justificar la declaración del estado de emergencia.

La solicitud de la Comunidad de Madrid llegó mediante una breve comunicación y fue anunciada simultáneamente por Ayuso en su cuenta de X. El delegado del Gobierno, Francisco Martín, reprochó las formas y habló de “una escueta carta con la que ha sacado un tuit”. Martín sostuvo que una decisión de esa importancia debía explicar si respondía a una incapacidad técnica, operativa o a la previsión de que los incendios no pudieran ser controlados. Pese al desencuentro, el ministerio del Interior aceptó la solicitud aproximadamente dos horas después y extendió la emergencia nacional a la provincia de Ávila, concretamente en la localidad de Burgohondo.

El Gobierno intentó inicialmente mantener un tono institucional. Sánchez presidió el comité estatal de coordinación, aseguró que se habían desplegado todos los efectivos y prometió apoyo durante la emergencia y la posterior recuperación. Por su parte, el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, defendió que corresponde al Estado asumir inmediatamente la dirección cuando una Administración menor no puede hacerlo. “El Gobierno central en ningún momento discute, lo que hace es actuar. Si una comunidad autónoma, por las razones que sea, entiende que no tiene la capacidad operativa y de gestión necesaria, para eso está el Gobierno central, para asumirla inmediatamente”, señaló este viernes. 

El ministro de Transportes, Óscar Puente, quebró esa contención. Acusó a los gobiernos autonómicos del PP de reducir impuestos, debilitar los servicios públicos y pedir después al Ejecutivo central ayuda. “Tenemos todos claro que la UME es ya el nuevo servicio de extinción de incendios de las comunidades autónomas gobernadas por el PP. Ellos reducen impuestos a los ricos, liberalizan los servicios públicos y luego le piden al Gobierno que les resuelva la papeleta”, señaló en X. Un mensaje que Ayuso no tardó en responder: “El primer mamarracho que se ponga por medio para calentar el ambiente allá él”, dijo ante la prensa.

De nuevo, Puente replicó: “De calentar el ambiente sabes mucho. Es de lo que vives. Ahora pides ayuda a ese gobierno al que te pasas la vida insultando y descalificando. Si hay una mamarracha en España, esa eres tú”. La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, siguió la línea argumental de la presidenta madrileña y calificó de “miserable” la actitud de Puente y del delegado del Gobierno. “Ellos ven bandos y ven muros donde nosotros solo vemos fuego”, afirmó, al tiempo que reclamaba “todos los recursos disponibles” y “coordinación leal entre administraciones”.

Dos semanas antes de la emergencia, el partido de Alberto Núñez Feijóo ya había presentado al Gobierno de Sánchez como responsable de garantizar los medios extraordinarios de extinción. La vicesecretaria del PP, Cuca Gamarra, lo advirtió así: “El Gobierno está paralizado, pero los incendios no esperan”, al tiempo que exigió la movilización de todos los recursos necesarios. Génova preparaba así un marco en el que las comunidades gestionan ordinariamente la prevención y la extinción, pero la insuficiencia de medios se atribuye a la falta de apoyo del Gobierno central.

El relato contrasta con el balance triunfalista que el Gobierno de la Comunidad de Madrid había difundido nueve días antes de la catástrofe. El pasado 15 de julio, la Comunidad de Madrid celebraba que el 81% de los incendios registrados durante el año hubieran quedado reducidos a conatos. El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, atribuía ese resultado a las labores de prevención y a la rapidez de los profesionales del plan autonómico contra incendios.

La emergencia ha coincidido, además, con un conflicto laboral y organizativo que afecta a una parte de los bomberos forestales públicos madrileños. Los trabajadores han denunciado que decenas de efectivos permanecían inoperativos por carecer de vehículos y herramientas y que sus solicitudes para participar en distintos incendios habían sido ignoradas. “No tenemos ni vehículos, ni camiones ni herramientas. Nos tienen paralizados”, lamentan. Según representantes laborales, las unidades forestales que antes operaban desde 19 parques dejaron de hacerlo durante el conflicto, aunque sí participaron en los incendios los efectivos contratados a través de Tragsa, un grupo de empresas públicas españolas, dependiente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que funciona como medio propio y servicio urgente de las administraciones.

El conflicto contiene, además, otro precedente de la estrategia de Ayuso. En agosto de 2025, ante las protestas de los brigadistas externalizados, la presidenta afirmó que “las mejoras salariales dependen del Gobierno central, no son de nuestra competencia”, porque los trabajadores estaban contratados por Tragsa y señaló que le sorprendía que la huelga se produjera en Madrid porque las condiciones laborales “no son ni mucho menos las peores de España”, aludiendo a una supuesta motivación política. Días después, el Ejecutivo autonómico se abrió a prolongar los contratos durante todo el año y a incorporar mejoras mediante su propio contrato con la empresa pública, reconociendo en la práctica que sí disponía de instrumentos para actuar.

La emergencia nacional de los incendios tiene un único antecedente: el apagón del 28 de abril de 2025. También entonces Madrid solicitó el nivel 3 y el Ministerio del Interior asumió la dirección de la crisis en la comunidad. La secuencia política fue prácticamente la misma. Ayuso pidió al Ejecutivo central que tomara el mando y, al día siguiente, utilizó la gestión de la emergencia para atacar a Sánchez: “Falla tres de cada tres. Veremos cuánto tarda en decir que la culpa es de Madrid por su consumo”, señaló. También calificó la actuación del Gobierno de lenta e ineficaz y comparó la imagen de España con la de un país que se apagaba “a la venezolana”.

Seis de las ocho comunidades que habían solicitado la emergencia nacional pidieron volver al nivel dos al día siguiente, cuando el suministro y los servicios básicos estaban prácticamente normalizados. Madrid y Extremadura mantuvieron el nivel tres, de modo que Grande-Marlaska continuó dirigiendo la recuperación en ambos territorios. La cesión del mando no impidió que Ayuso utilizara después el apagón como munición contra la Moncloa. Durante el acto institucional del Dos de Mayo habló del “bochornoso apagón” y sentenció que los ciudadanos no podían acostumbrarse “al desastre, ni al sectarismo, ni a la mentira”: “A nosotros nadie nos encierra, nos apaga ni nos deja en evidencia ante el mundo”, señaló.

La fórmula también apareció durante la segunda ola de la pandemia. El PP reclamó durante semanas medidas homogéneas y una mayor intervención estatal, alegando que la responsabilidad última correspondía al Gobierno. Cuando el Ministerio de Sanidad estableció criterios comunes y trató de intervenir ante la elevada incidencia madrileña, Ayuso denunció una “irresponsable obsesión” de Sánchez por desestabilizar la comunidad. Después de que los tribunales dejaran sin cobertura algunas restricciones, el Gobierno decretó el estado de alarma en Madrid. La Comunidad rechazó la medida, la calificó de “chantaje” y presentó como una intervención política de Sánchez lo que hasta poco antes el PP había exigido como ejercicio de responsabilidad estatal.

La pauta que conecta ambos episodios con los incendios no consiste simplemente en pedir ayuda, ya que todas las administraciones lo hacen cuando una emergencia supera su capacidad. El rasgo distintivo del Ejecutivo de Ayuso es la distribución del mérito y de la culpa: los resultados favorables se atribuyen al modelo madrileño, las carencias estructurales se externalizan hacia el Gobierno o las empresas públicas estatales y, cuando el Ejecutivo central central interviene, queda expuesto como responsable operativo mientras cualquier crítica a Sol se presenta como deslealtad institucional.

La ofensiva contra el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por parte del Partido Popular no cesa. Este jueves, apenas unos minutos después de la primera entrevista concedida por el expresidente del Gobierno en TVE desde que comenzó a ser investigado en el caso Plus Ultra, los conservadores salieron en tromba a criticar que el socialista no diera explicaciones suficientes sobre su actuación en el rescate de la aerolínea ni sobre el origen de las joyas valoradas en 1,3 millones de euros encontradas en una caja fuerte de su despacho.

Zapatero defendió en el programa Mañaneros 360, de TVE, su “inocencia absoluta”y negó haber hablado con miembros del Gobierno o de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales —la SEPI— sobre el rescate de Plus Ultra. Sobre las joyas, afirmó que se trató de un “regalo de cortesía personal” recibido hace años de un país cuya identidad no quiso revelar. También cuestionó la tasación incorporada a la causa y aseguró que dará las explicaciones correspondientes ante el juez.

Asimismo, el expresidente ha rechazado las acusaciones de tráfico de influencias, fraude fiscal y contrabando que se investigan en la Audiencia Nacional. La instrucción continúa abierta, por lo que no existe hasta el momento ninguna condena contra el expresidente. Sin embargo, el miércoles el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, dio por hecho que Zapatero había “delinquido” gracias al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La primera reacción del PP la protagonizó su portavoz parlamentaria, Ester Muñoz, desde los pasillos de la Cámara Baja, al acusar al expresidente de utilizar la televisión pública para defenderse y respaldar al actual jefe del Ejecutivo. “No solo ha ido a defenderse a Televisión Española, sino que ha ido a defender a Sánchez”, ha afirmado Muñoz. La dirigente popular ha sostenido que, si Zapatero “acaba siendo culpable de un delito de tráfico de influencias”, tendría que existir “otro culpable al otro lado de la cuerda, que es el Gobierno de España” pese a que el expresidente ha negado en todo momento haber hablado con nadie.

Muñoz ha asegurado además que el expresidente “ha tomado el pelo a los españoles” y que “no ha respondido a ninguna de las dudas” planteadas en torno a sus actividades y a la procedencia de las joyas. Además, también ha señalado que el exministro José Luis Ábalos también aseguró que todo era mentira, en relación al caso Koldo, y finalmente ha acabado condenado por el Tribunal Supremo. 

También la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cuestionado las explicaciones ofrecidas por Zapatero. “No sabemos dónde están las joyas, cómo se argumenta y sustenta su defensa. Se tendrá que ver con el tiempo”, ha señalado ante la prensa. Ayuso ha reclamado que la presunción de inocencia se aplique de la misma manera a todos y ha acusado al Ejecutivo de utilizar su poder para proteger a sus dirigentes y referentes políticos. “Estamos viendo que el Gobierno opera a modo de régimen, utilizando todo el poder que tiene para que todos tengamos que creer que tiene presunción de inocencia por ser socialista y por ser del Gobierno, mientras que para todos los demás es todo lo contrario”, ha afirmado.

Otros dirigentes del PP han difundido sus críticas a través de la red social X. El secretario general del partido, Miguel Tellado, ha acusado al expresidente de continuar con su “huida hacia adelante”. “Lo niega todo, pero no es capaz de dar explicaciones de nada”, ha escrito Tellado, quien ha ironizado sobre la definición de las joyas como un obsequio de cortesía: “Explica el alijo de joyas como un regalo de cortesía, como si fueran unos turrones. Alucinante”.

Tellado ha señalado asimismo que Zapatero llevaba “muy bien preparado” un “relato victimista” y ha acusado a TVE, a la que denomina “Tele Pedro” de haber organizado una “pseudoentrevista” protagonizada por Javier Ruiz destinada a “salvar la cara” al expresidente y al Gobierno. Previamente, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, también había cuestionado la imparcialidad del periodista.

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, también ha centrado su reacción en el valor de las piezas. “Para Zapatero, 1,3 millones de euros en joyas son simple ‘cortesía’ No queremos imaginar lo que será un buen regalo para él”, señaló en X. “Ser socialista es recibir mucho, pensar que es poco y no dar explicaciones por nada”, añadió.

En términos similares se ha pronunciado el vicesecretario de Política Autonómica, Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo. “Zapatero pasa por su entrevista televisiva sin concretar el origen de su millón de euros en joyas”, ha escrito. Bendodo ha recordado que las piezas fueron localizadas el pasado 19 de mayo y que el expresidente solicitó un plazo de diez días para aportar explicaciones al juez. “Hoy solo ha aclarado que está en un callejón sin salida”, ha concluido.

Alberto Núñez Feijóo compareció este miércoles en la sede nacional del Partido Popular para hacer balance del curso político antes del parón estival y anunciar que España ha entrado en la “cuenta atrás para el cambio”. Sin embargo, la intervención sirvió principalmente para hacer un balance contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y especialmente de los procedimientos judiciales que afectan al entorno del líder socialista.

El líder del PP estructuró su discurso alrededor de tres grandes ideas: devolver la “decencia” a las instituciones, conseguir que el país vuelva a “funcionar” y lograr que “trabajar valga la pena”. Pero su intervención no se limitó a la corrupción. Habló de vivienda, sanidad, infraestructuras, inmigración, seguridad, salarios, incendios, energía y política exterior. Pero el reparto del tiempo y el contenido de sus propuestas revelaron otro balance.

Feijóo fue extraordinariamente concreto al acusar, señalar responsables y anticipar el futuro de las investigaciones judiciales. En cambio, fue mucho más impreciso a la hora de explicar cómo respondería un Gobierno suyo a algunos de los principales problemas del país ni tampoco concretó cómo resolvería algunas de las contradicciones del PP.

Feijóo dedicó buena parte del primer bloque de su intervención a presentar la corrupción como la característica definitoria del Gobierno. Enumeró procesos, investigados y delitos, afirmó que la corrupción había llegado al “corazón del Estado”, identificó a Sánchez como el “señor X” y el “nexo político corruptor” y aseguró que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero no habría podido delinquir sin el respaldo del actual Ejecutivo.

El presidente del PP no se limitó a exigir responsabilidades políticas. Anticipó acontecimientos judiciales aún no producidos, habló de la mujer de Sánchez, Begoña Gómez, sentada ante un jurado popular, de las hijas de Zapatero en un juzgado, de posibles confesiones de investigados y de una eventual financiación ilegal del PSOE. “Sánchez no merece otra cosa que el mayor castigo electoral porque ha sido una desgracia para este país”, sentenció. Ese nivel de detalle y contundencia contrasta con la vaguedad de su promesa de “limpieza a fondo”, ni tan solo cuando fue preguntado por propuestas concretas sobre regeneración. “No será un relevo, será una limpieza total”, se limitó a asegurar.

Tampoco sometió a examen los estándares internos de su partido. El discurso no incluyó un balance sobre la respuesta del PP ante las polémicas, investigaciones o responsabilidades políticas que afectan a sus propios dirigentes. El expresidente valenciano Carlos Mazón —que mantiene su acta como diputado en Les Corts— no fue mencionado y el alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, únicamente cuando fue preguntado por él en el turno de preguntas. “En esta casa, tiene un expediente informativo abierto. Y el partido en la Comunidad de Madrid tiene una posición confiando en su inocencia. Veremos lo que dicen los tribunales”, señaló. No explicó qué criterio utilizará para exigir dimisiones en el PP ni si será el mismo que reclama para el PSOE.

Feijóo dedicó un bloque importante a defender que “trabajar valga la pena”. Habló del encarecimiento de los alimentos, de la pérdida de poder adquisitivo, del pluriempleo, de los salarios reales y de la situación de los jóvenes. También criticó la presión fiscal, el gasto público, la productividad y el absentismo laboral, cuestiones que afectan directamente a millones de trabajadores, pero el problema aparece al buscar las soluciones.

Tras la polémica por las bajas, únicamente señaló que “el absentismo laboral es preocupante” y que “hoy es más del doble que el que teníamos en 2018”. Según datos oficiales, 1,6 millones de personas no van a trabajar todos los días. La mayoría, eso sí, lo hace porque cuenta con una baja médica acreditada (el 80%, según Randstad) o porque disfruta de un permiso retribuido, como puede ser una mudanza o el cuidado de un menor. Feijóo no diferenció entre fraude, bajas médicas, enfermedades profesionales y problemas derivados de unas condiciones laborales deficientes. 

La principal propuesta económica del discurso fue conseguir que el salario medio aumente y que el crecimiento beneficie más a los ciudadanos que a Hacienda. Pero Feijóo no explicó mediante qué instrumentos conseguiría elevar los sueldos ni si para ello quiere involucrar al diálogo social. No planteó compromisos sobre negociación colectiva, salarios mínimos, inspección laboral, temporalidad, jornadas, conciliación, formación o participación de los trabajadores en los beneficios empresariales. Es más, las propuestas que se han planteado desde el Gobierno como la reducción de jornada han sido rechazadas por la formación.

Tampoco hizo balance de la posición mantenida por el PP ante las reformas laborales del último curso. No explicó su alternativa a la reducción de la jornada, ni qué propone para reforzar el derecho a la desconexión o mejorar el control horario. Su idea de que trabajar debe ofrecer una vida mejor se apoyó, principalmente, en rebajar impuestos y favorecer el crecimiento privado. “Vivimos un infierno de impuestos”, señaló, una de las consignas falsas que más ha repetido a lo largo de estos años.

La vivienda fue uno de los asuntos sobre los que Feijóo sí formuló compromisos identificables “Tomar decisiones sin medir las consecuencias ha ocasionado que hoy la vivienda sea el primer problema de este país”, señaló. Prometió desbloquear suelo para construir un millón de viviendas, reducir un 60% los impuestos que pagan los jóvenes al adquirir una casa y reforzar la seguridad jurídica frente a la okupación. Pero su planteamiento dejó muchas preguntas relevantes sin contestar.

No detalló cuántas de esas viviendas serían públicas ni tendrían protección permanente o en qué plazo se construirían. Tampoco explicó cómo evitaría que las ventajas fiscales terminen incorporadas al precio de venta, qué medidas aplicaría para contener los alquileres en las zonas más tensionadas o qué haría frente a la proliferación de pisos turísticos.

La vivienda fue presentada esencialmente como un problema de falta de oferta y de inseguridad para los propietarios. No mencionó la especulación, los desahucios — como el caso de Paquita, una mujer de 82 años a la que quieren echar de su casa para convertir el bloque en apartamentos turísticos—, la escasez de parque público y la dificultad de acceder a una vivienda incluso para quienes tienen empleo.

Feijóo apenas mencionó la violencia machista. Afirmó que actualmente hay más víctimas que hace ocho años y prometió una España “más segura para las mujeres”. Su propuesta concreta fue ampliar la prisión permanente revisable a los agresores sexuales reincidentes y encuadró este tipo de violencia estructural dentro de un bloque general sobre inseguridad, junto con los homicidios, el narcotráfico, las agresiones sexuales y los ataques contra las fuerzas de seguridad. La respuesta planteada fue fundamentalmente penal: endurecer las condenas y reforzar la capacidad de actuación policial.

No habló de prevención, ni de atención psicológica, recursos de acogida, dependencia económica de las víctimas, juzgados especializados, formación de policías y operadores jurídicos o protección de los menores expuestos a la violencia vicaria. Tampoco analizó el funcionamiento de los mecanismos de valoración del riesgo ni explicó qué reformas introduciría para impedir que una mujer amenazada quede fuera del sistema de protección.

El presidente del PP también habló de los incendios. Trasladó su solidaridad a los afectados por el fuego en Guadalajara y reprochó al Gobierno que no exista una estrategia para prevenir unos riesgos naturales que, según reconoció, se sufren “con mayor intensidad” que antes. Feijóo habló de “riesgos naturales”, como los incendios, las inundaciones y las sequías como fenómenos ante los que la Administración debe reaccionar, pero eludió explicar cómo el aumento de las temperaturas y los episodios meteorológicos extremos multiplican su frecuencia y gravedad. Es más, en privado fuentes de la dirección incidían en que la “emergencia climática” no puede ser “el argumento” del Gobierno para todo. 

No desarrolló una política de prevención forestal durante todo el año, ni explicó cómo garantizaría la estabilidad de las plantillas de extinción, cómo combatiría el abandono rural o qué coordinación establecería entre el Estado y las comunidades autónomas. Tampoco habló de ordenación del territorio, adaptación climática, urbanismo en zonas de riesgo o financiación de los municipios más expuestos, cuestiones clave para los expertos.

Su alternativa energética quedó resumida en defender la prórroga de las centrales nucleares y en reclamar más redes para conectar viviendas e industrias. “¿Cuánto más vamos a esperar a decidir la prórroga de las nucleares?”, preguntó retóricamente. “No hay ni la red eléctrica que se necesita para conectar nuevas viviendas o nuevas industrias. ¿Puede haber mayor despropósito en la gestión que esto?”, añadió. Feijóo también reclamó una estrategia energética “sostenible”, pero no definió qué entiende por sostenibilidad ni cómo compatibilizaría sus objetivos industriales con la reducción de emisiones.

La inmigración ocupó un espacio considerable en la intervención. Feijóo denunció una regularización “masiva”, alertó sobre la concesión de derechos a millones de personas con la “falsa ley de nietos” y pidió que se paralicen las nacionalizaciones. También exigió al Gobierno que revoque la instrucción ministerial que desarrolla la Ley de Memoria Democrática de 2022. Defendió una inmigración con “humanidad”, pero también con “orden”, “reglas” y “capacidad”.

No concretó, sin embargo, las vías legales y seguras que ofrecería, los mecanismos de integración, la respuesta a la explotación laboral de los migrantes, el funcionamiento del sistema de asilo o el reparto de menores entre comunidades. Detalles, dijo, que ya dará el PP en el futuro. Tampoco aclaró hasta dónde asumiría el marco de Vox sobre “prioridad nacional” para mantener sus alianzas, tras el reciente acuerdo para convertir esa consigna en ley en la Comunitat Valenciana.

Feijóo cerró su discurso con una referencia a la política internacional. Reclamó que los acuerdos sobre defensa, Gibraltar, Marruecos o China se sometan al Congreso, y defendió como principios el europeísmo, el atlantismo, la relación con Iberoamérica y el Estado de derecho. No mencionó Gaza ni a Israel en ningún momento.

La ausencia resulta significativa en una comparecencia de balance político. Feijóo no explicó qué posición mantendría ante el Gobierno de Israel, qué medidas apoyaría para proteger a la población palestina, qué política seguiría sobre el comercio de armas ni cómo compatibiliza el atlantismo con una política exterior propia dentro de la Unión Europea.

También evitó concretar el gasto en defensa que asumiría un Gobierno del PP. Criticó que el Ejecutivo haya comprometido miles de millones sin votación parlamentaria, pero no aclaró qué cifra considera adecuada ni qué partidas presupuestarias ajustaría para financiarla.

El discurso de Feijóo tampoco resolvió la principal dificultad parlamentaria del líder del PP, sus alianzas, si bien ha dejado claro en entrevistas recientes que deberá entenderse con la extrema derecha y ha abierto la puerta a gobernar con Santiago Abascal en coalición, emulando lo ocurrido en las comunidades autónomas en las que los han necesitado.

El líder del PP presentó al Ejecutivo como políticamente agotado y parlamentariamente bloqueado. Recordó que una mayoría del Congreso había reclamado la dimisión de Sánchez y elecciones, y afirmó que la legislatura no da más de sí. Pero no mencionó la moción de censura ni mostró una mayoría capaz de investirlo. Su alternativa continúa atrapada entre dos fuerzas incompatibles. Necesita a Vox para sumar por la derecha, pero esa alianza dificulta cualquier entendimiento con los partidos nacionalistas. Al mismo tiempo, reivindica votaciones coincidentes con Junts mientras acusa a Sánchez de someterse a sus exigencias.

Alberto Núñez Feijóo ha convertido su balance del curso político en una enmienda a la totalidad contra Pedro Sánchez. El presidente del PP ha presentado al jefe del Ejecutivo como el responsable último del deterioro político, parlamentario y ético que, a su juicio, atraviesa España, y lo ha situado como el “señor X” de la corrupción que afecta al entorno socialista.

“El señor X es el propio Sánchez y su ausencia total de estándares morales”, ha afirmado Feijóo, que ha descrito al presidente del Gobierno como el “nexo político corruptor” de una red en la que ha incluido al exministro José Luis Ábalos, a su antiguo asesor Koldo García y al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.

El dirigente conservador no ha aportado pruebas que vinculen directamente a Sánchez con los delitos investigados, pero ha sostenido que el presidente conocía los antecedentes y las actuaciones de quienes formaron parte de su círculo de confianza. “Y si un señor no sabe lo que hacen en su casa, está inhabilitado para el ejercicio de la vida pública”, ha sentenciado.

Feijóo también ha acusado al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero de haber impartido durante años “lecciones de altruismo y de paz” mientras mantenía negocios con dictaduras y ha insinuado que intervino en operaciones económicas gracias a su relación con el Ejecutivo. “Sin el Gobierno de Sánchez, Zapatero no habría podido delinquir”, ha llegado a afirmar, pese a que no existe una condena judicial que permita presentar esa acusación como un hecho probado. Preguntado posteriormente por esas palabras, Feijóo ha evitado rectificarlas. “No soy el juez Calama, soy un demócrata y acepto las opiniones de los jueces”, ha contestado.

Feijóo ha situado el origen de la crisis política en la decisión de Sánchez de “gobernar a cualquier precio”. Según el líder del PP, esa estrategia ha marcado la legislatura mediante “escándalos, condenas, mordidas, incompetencia, cárcel y promesas rotas” “Hace tres años que Pedro Sánchez eligió gobernar a cualquier precio y España lleva tres años pagándolo”, ha afirmado. Para Feijóo, el curso político no ha sido únicamente “un año difícil”, sino la confirmación de que la etapa de Sánchez “está acabada”.

El líder popular ha afirmado que el Ejecutivo ha perdido el respaldo social y ha citado los resultados de las últimas elecciones autonómicas como prueba de un cambio político. “La gente no quiere a este Gobierno. No es una tendencia, es una sentencia”, ha asegurado, al tachar al Ejecutivo de coalición de estar “políticamente agotado, parlamentariamente bloqueado y éticamente inhabilitado por completo”.

El conservador también ha cuestionado la capacidad del Gobierno para mantener una mayoría parlamentaria. Según su relato, la legislatura comenzó condicionada por las exigencias de distintos socios y ha terminado sometida únicamente a los intereses de Sánchez. “Empezó retenido por varias minorías y ahora ni eso, está retenido por los intereses de una sola persona, del señor Sánchez”, ha señalado. Feijóo ha recordado además las iniciativas parlamentarias pendientes y las solicitudes de comparecencia ignoradas para sostener que el Ejecutivo ya no puede cumplir sus propios compromisos.

El presidente del PP ha insistido en que la legislatura carece ya de una salida política viable. y ha asegurado que el PP activa desde este momento “la cuenta atrás para el cambio” y que España ha decidido abrir una nueva etapa. Su intervención, sin embargo, no ha incluido ninguna propuesta concreta para forzar anticipadamente la convocatoria electoral ni ha mencionado tampoco la posibilidad de impulsar una moción de censura.

Tampoco ante la posibilidad de que el PSOE termine imputado como persona jurídica. “No lo sé”, ha respondido aunque ha añadido que en los sumarios existen “consideraciones, hechos y datos” que, si se prueban, podrían provocar nuevas actuaciones judiciales. Feijóo ha subrayado que el PP está personado como acusación popular en los procedimientos, pero ha afirmado que no pretende “prejuzgar ni impulsar investigaciones”.

Feijóo también ha defendido los acuerdos alcanzados por el PP con Vox en distintas comunidades autónomas. Frente a las críticas, ha asegurado que son pactos “conocidos” y no negociaciones “encapuchadas”. “Después de las elecciones, si podemos garantizar la estabilidad, lo hacemos”, ha argumentado. El líder del PP ha evitado comprometerse sobre qué apoyos buscaría en unas generales y se ha limitado a afirmar que su prioridad es “encabezar un cambio” y gestionar después el resultado de las urnas “con rigor”.

Feijóo ha descrito su relación con Santiago Abascal como “correcta, fluida y cortés” y ha negado que existan roces entre ambos. “Hay respeto mutuo e interlocución”, ha dicho. También ha defendido las medidas pactadas para ordenar el acceso a determinadas ayudas en función del arraigo y del tiempo de empadronamiento. “Que toda la crítica sea ordenar el acceso a las ayudas de acuerdo con el arraigo y el tiempo censado me deja muy tranquilo”.

El presidente del PP ha reivindicado igualmente los acuerdos parlamentarios alcanzados con formaciones ideológicamente alejadas de los conservadores. Según sus cálculos, el PP ha votado en más de 170 ocasiones junto a Junts o Vox. Feijóo ha destacado especialmente la coincidencia de esas formaciones y UPN para reclamar la dimisión del Gobierno. A su juicio, esa votación supone que Sánchez ha sido “cesado políticamente”, aunque no haya sido apartado legalmente mediante una moción de censura.

El dirigente del PP ha defendido la necesidad de articular una “mayoría nacional”, pero ha evitado aclarar si estaría dispuesto a negociar una investidura con Junts. Su mensaje se ha concentrado en dar por políticamente amortizado a Sánchez y presentar al PP como el único partido capaz de ocupar su lugar.

Solo han pasado tres semanas desde que Juanma Moreno fue investido por tercera vez como presidente de la Junta de Andalucía, y ya ha tenido que lidiar con más de un “incendio”, tanto en el sentido literal como en el figurado. La coalición con Vox, a la que Moreno accedió sin demasiadas resistencias después de perder la mayoría absoluta, no solo ha incorporado a la extrema derecha al Consejo de Gobierno, sino que también ha introducido en la Junta un foco permanente de contestación interna que pone a prueba la capacidad del presidente para dirigir a su propio socio.

Moreno había reconocido que su preferencia era gobernar en solitario, pero no lo consiguió. La formación de Santiago Abascal rechazó desde un primer momento facilitar su investidura sin un acuerdo pese a que el candidato del PP solo necesitaba dos votos y exigió una vicepresidencia, competencias de gestión, capacidad para realizar nombramientos y una plataforma institucional desde la que defender su agenda, como ya había hecho en Extremadura, Aragón y Castilla y León.

El presidente andaluz aceptó esas condiciones tras una primera votación fallida. Desde entonces, cada conflicto protagonizado por Vox ha dejado de ser un problema externo para convertirse en uno interno, del que Moreno ya no puede marcar distancias. La formación de Abascal necesita demostrar que su entrada en San Telmo no ha servido para acomodarse al PP, sino para corregirlo. Así, trata de presentar cada cesión como una victoria propia, mantiene activas sus guerras ideológicas y conserva la libertad de criticar cualquier decisión que considere demasiado “moderada”.

La coalición empezó a caminar bajo el impacto de una tragedia. El día previsto para la toma de posesión de los nuevos consejeros, Andalucía amaneció golpeada por el incendio de Los Gallardos, en Almería, donde murieron 13 personas. Moreno se desplazó al puesto de mando avanzado instalado en el municipio de Turre y señaló que el cambio climático estaba influyendo de manera importante en la violencia de los incendios “cada vez más complejos”, distintos de los conocidos hasta ahora y en ocasiones casi “inabordables”. Su diagnóstico se aproximó más al expresado sobre el terreno por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que al defendido por el nuevo vicepresidente segundo de la Junta, Manuel Gavira.

El dirigente de Vox respondió pocos días después en una entrevista en El Debate. Se declaró “harto” de los políticos que recurren al cambio climático para “eludir sus responsabilidades” cuando se producen catástrofes. Sus palabras estaban dirigidas contra Sánchez, pero alcanzaban también a Moreno, que había utilizado prácticamente el mismo argumento. Este lunes, el portavoz nacional, José Antonio Fúster, secundó esa idea y, aunque señaló que el cambio climático es una realidad, puso en duda que sea culpa “de la acción del hombre”.

Una discrepancia que pone en solfa la coherencia del acuerdo de coalición. Moreno admite que el cambio climático intensifica los fenómenos extremos, mientras que el programa pactado con Vox propone eliminar impuestos ecológicos, rechaza las zonas de bajas emisiones y describe determinadas políticas ambientales como imposiciones ideológicas. El episodio mostró además que Gavira no considera necesario proteger la autoridad del presidente andaluz y que sigue actuando como portavoz de Vox.

Los incendios también han estado muy presentes en la audiencia del presidente andaluz con el rey Felipe VI este martes en la Zarzuela. Según Moreno, el monarca se mostró “preocupado por la situación de las altas temperaturas, estas olas de calor cada vez más largas, más extensas, más intensivas”. Y ese punto fue el protagonista del encuentro mantenido. En Vox no han entrado a valorar esas declaraciones, pero han dejado claro que no comparten el mismo punto de vista.

El segundo ‘incendio’ llegó en la primera hornada de nombramientos. Gavira eligió como viceconsejero de su macrodepartamento con competencias sobre Turismo, Justicia, Desregulación y Administración local a Rafael Sánchez Saus, catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Cádiz, antiguo rector de la Universidad CEU San Pablo (de financiación privada) y miembro correspondiente de la Real Academia de la Historia. Un currículum que se completa con el hecho de que Sánchez Saus formó parte durante la Transición del consejo nacional de Falange Española y aspiró a dirigir la organización.

Aunque Sánchez Saus ha situado aquella militancia en el pasado y ha relegado aquella etapa a su “memoria sentimental”, su incorporación al Ejecutivo andaluz provocó críticas de la oposición y una visible incomodidad en el PP. Otros dirigentes de la formación ultra, como el eurodiputado y jefe de la delegación de Bruselas, Jorge Buxadé, consideran perfectamente normal ese pasado, ya que él mismo se presentó en 1995 en una candidatura de Falange Española de las JONS y en las elecciones generales de 1996 fue candidato por Barcelona de Falange Auténtica.

Pero el conflicto no se explica solo por su etapa falangista. Sánchez Saus lleva años vinculado al entorno intelectual de Vox, ha cuestionado el Estado autonómico y ha combatido la interpretación de Al-Ándalus como espacio histórico de convivencia cultural. Además de mostrarse crítico con el modelo autonómico, ocupa el segundo puesto de una consejería responsable, entre otras materias, del turismo y de la proyección exterior de una comunidad que utiliza el legado andalusí como uno de sus principales activos culturales.

A esto se le suma la elección de Álvaro Zancajo como senador autonómico. El actual responsable de comunicación de Santiago Abascal forma parte del Consejo de Administración de la RTVA y está siendo investigado por la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción. El organismo examina si su actividad orgánica para Vox resulta compatible con el régimen de dedicación de su puesto en la radiotelevisión pública. 

La formación de extrema derecha defiende que no existe incompatibilidad porque Zancajo no cobra por su trabajo para el partido ya que recibe 60.000 euros brutos al año por su puesto en Canal Sur, pero evita aclarar si seguirá ejerciendo sus labores de director de comunicación una vez sea designado. La ley electoral (LOREG) establece que diputados y senadores ejercen con “dedicación absoluta” y prohíbe, como regla general, desempeñar simultáneamente otra actividad pública o privada remunerada. La formación ultra podría recurrir, de nuevo, al argumento de que Zancajo no cobra por llevar la comunicación del partido, pero difícilmente puede justificar que ofrezca “dedicación absoluta” al Senado si mantiene los dos cargos.

El hecho de que el expresentador de televisión pueda tener un asiento en la Cámara Alta se debe a que el PP cedió a su socio uno de los cinco senadores autonómicos que inicialmente le correspondían por los resultados electorales. Gracias a esa concesión, Vox ha dispuesto de dos puestos y ha podido utilizar uno de ellos para impulsar la carrera institucional de Zancajo en plena investigación sobre Canal Sur. La misma televisión que Vox ha calificado durante años como una administración prescindible y que ha terminado utilizando como espacio para colocar perfiles propios.

El presidente andaluz trató de presentar la coalición como un Gobierno procedente de dos partidos, pero sometido a una única dirección. Los primeros pasos del Ejecutivo cuestionan esa promesa, ya que Vox ha entrado en la Junta sin renunciar a comportarse como una oposición interna. Moreno, por el contrario, ha perdido la posibilidad de tratar sus polémicas como excesos de una fuerza ajena.

El presidente se enfrenta ahora a decisiones que siempre entrañarán un coste. Si obliga a Vox a retirar un nombramiento, puede desencadenar una crisis y dar una imagen de subordinación o de inestabilidad, todo lo contrario de la “vía andaluza” que había vendido todos estos años y con la que confiaba en librarse de los “líos” de Vox, tal y como señaló en campaña.

La disputa por la autoridad que empieza a manifestarse en Andalucía no es excepcional. En otras autonomías donde PP y Vox han vuelto a compartir el poder aparece la misma dificultad, aunque todavía no se haya producido una sucesión de polémicas tan visible. En todas las autonomías en las que ha habido pacto Vox ha presentado la “prioridad nacional” incluida en el acuerdo como una preferencia para los españoles en el acceso a ayudas, vivienda y servicios públicos. El PP, en cambio, lo ha limitado al arraigo, la igualdad y el respeto a la legalidad. 

España ganó el Mundial de fútbol este domingo, pero ni siquiera una celebración deportiva capaz de congregar a millones de personas ha quedado al margen de la batalla política de las derechas. Durante los días anteriores a la final y en las horas posteriores a la victoria frente a Argentina, dirigentes del Partido Popular y Vox han utilizado el torneo para atacar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ridiculizando su presencia junto a la selección, y han vinculado distintos episodios violentos con los partidos que sostienen al Ejecutivo.

Este lunes, la dirección nacional del PP comparó los valores de la selección con el Gobierno de Pedro Sánchez y el proyecto del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del partido, Alma Ezcurra, aseguró desde la sede de Génova que el Mundial había permitido a los ciudadanos recordar “la mejor versión” del país. “Nos estábamos acostumbrando a la peor versión de España y esta semana hemos recordado a la mejor”, afirmó después de felicitar al equipo por su victoria ante Argentina.

Ezcurra sostuvo que los españoles habían podido “levantar la vista del lodazal” y hablar “un poquito menos de causas, de imputados, para pensar en otra cosa”, en referencia a las causas que han afectado al Gobierno. La dirigente del PP presentó a continuación las características que atribuía a la selección como la antítesis del Ejecutivo de Sánchez. Describió a España como “un equipo que se presenta sin soberbia, sin colgarse medallas antes de ganarlas, sin vivir del relato”, con todos sus integrantes “en su sitio” y “nadie por encima de los demás”.

“No existe ninguna maldición española y los españoles no estamos condenados ni a la decadencia, ni al deterioro ni a la mediocridad”, afirmó. Después de utilizar el triunfo para desacreditar al Gobierno y presentar a Feijóo como la persona que encarna los valores de la selección, Ezcurra aseguró que su partido quería evitar “politizar el deporte”.“Nosotros vamos a intentar no hacer algo que llevamos soportando tres años y esperamos que esto termine pronto, que es politizar el deporte”, respondió cuando le preguntaron si estaba contraponiendo los valores del equipo a los del Ejecutivo.

La ofensiva comenzó, en realidad, antes de que se disputara la final, que se saldó con un 1 a 0 favorable para España. La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, pidió que el presidente no acudiera al partido en Nueva York. “Sólo a Macron se le ocurre llevarse a Sánchez un 14 de julio”, escribió en X después de la semifinal contra Francia. “Ahora sólo pedimos que Sánchez se vaya con la bici el domingo, que se grabe unos TikTok con los inciensos, o que se reserve unas horas para escuchar algún disco, pero que no vaya a Nueva York”.

La dirigente del PP recurría así a la idea, repetida por otros miembros de su partido, de que Sánchez podría traer mala suerte al equipo. Sánchez finalmente acudió a la final, compartió palco con la familia real y con el presidente estadounidense, Donald Trump, y España ganó su segunda estrella masculina. El diputado del PP, Rafael Hernando insistió, incluso después del triunfo, en separar al presidente español del éxito de la selección. “Apartar al gafe de Sánchez lo máximo posible de la selección ha sido también capital”, señaló, después de que días antes hubiera pedido que no asistiera para no ‘arruinar’ el partido.

Muñoz continuó la misma estrategia después de la final. Primero celebró el resultado con un mensaje de exaltación nacional: “¡¡¡España vuelve a conquistar América!!! ¡Somos la mejor Nación del Planeta! ¡Qué orgullo!”, escribió en X, la misma red en la que trató de alimentar la tesis de que la selección ha ganado pese al presidente del Gobierno. “¡España siempre por encima de Sánchez!”. Así, busca transmitir el mensaje de que la selección española es la encarnación de la nación y, al mismo tiempo, un espacio que debe ser protegido de Sánchez, el PSOE y sus socios parlamentarios.

Otros han sido menos sutiles con esa politización. Tras la final contra Argentina, el exconsejero madrileño y hasta 2023 diputado del PP en el Congreso, Percival Manglano, escribió también en X: “No había visto tanto juego sucio como el de Argentina ayer desde un Comité Federal del PSOE”. Las faltas del rival y la tensión de la final, que acabó con varios jugadores argentinos iniciando una trifulca con los españoles, se convertían así en una nueva oportunidad para presentar al PSOE como una organización marcada por las maniobras internas y el “juego sucio”.

Una estrategia en la que también ha participado Vox después de varios incidentes en Euskadi este domingo. En Bilbao, un grupo procedente de una marcha en apoyo a la oficialidad de la selección vasca irrumpió en el espacio donde el PP había instalado una pantalla gigante, lanzó objetos y arrancó cables de la emisión. La Ertzaintza identificó a cinco personas y abrió una investigación por amenazas con arma blanca. En San Sebastián, además, la noche de la final terminó con un detenido por un presunto atentado contra agentes de la autoridad y otras seis personas investigadas por amenazas e insultos a aficionados españoles.

Los hechos fueron condenados por dirigentes de la derecha, pero sus mensajes no se limitaron a reclamar una investigación o exigir responsabilidades individuales. El citado Rafael Hernando los vinculó con los aliados parlamentarios del Ejecutivo: “Es lamentable que esta escoria violenta siga campando a sus anchas, en Navarra o País Vasco con la colaboración de alguna organización política en la que se apoya el Gobierno sanchista. Atacar a personas por ver un partido de la selección española es deleznable”.

La cuenta oficial de Vox fue todavía más lejos: “Mientras Pedro Sánchez estaba metiendo cuello para salir en la foto triunfal de Nueva York, sus socios de investidura agredían violentamente a quienes aplaudían a nuestros jugadores en Navarra y Vizcaya”. El partido de Santiago Abascal añadió: “Llegará el día en que los violentos terroristas estén en las cárceles y los españoles sean libres en todas las calles de España. Será cuando los violentos no quiten y pongan presidentes”.

Ninguno de ellos aporta pruebas de que los partidos que apoyaron a Sánchez dirigieran o colaboraran con los altercados. Sin embargo, eso no ha impedido a la extrema derecha presentar a los “socios” del presidente del Gobierno como responsables directos, asociándolos tanto con la violencia como con el terrorismo. Además, Vox sostiene que los “violentos” son quienes “quitan y ponen presidentes”. Un argumento habitual de PP y Vox durante la legislatura, según el cual los acuerdos parlamentarios con EH Bildu convierten al Ejecutivo en dependiente de quienes fueron parte del entorno político de ETA.

Una estrategia que no acaba en los ataques al Gobierno, sino que además busca apropiarse políticamente del sentimiento nacional asociado a la selección con expresiones como “somos la mejor nación del planeta” y “España vuelve a conquistar América”, aludiendo al pasado colonial. Frente a ese discurso, desde el Gobierno y dirigentes como el portavoz de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, han celebrado la “diversidad” del equipo español.

En el PP y Vox, en cambio, abundan más los posicionamientos políticos de exaltación de la conquista, que combinan con el desprecio de las culturas precolombinas y destacan la gran aportación de España a la civilización, poniendo énfasis no sólo en el idioma sino en la evangelización. Esa es una de las tesis que lleva defendiendo tanto la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso como el líder de Vox, Santiago Abascal.

El respaldo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a la ley de amnistía ha alterado de nuevo el tablero político y ha colocado al Partido Popular ante una contradicción estratégica que llevaba meses latente. Mientras la dirección de Alberto Núñez Feijóo insiste en mantener abiertos los canales de interlocución con Junts de cara a un eventual escenario postelectoral, una parte del partido endurece su rechazo a cualquier aproximación a los independentistas y reclama marcar distancias tras una resolución que reduce el recorrido judicial de uno de los principales argumentos del PP contra la norma.

El fallo del tribunal europeo concluye que la ley de amnistía no vulnera el derecho de la Unión Europea en los aspectos planteados por las cuestiones prejudiciales, aunque deja en manos del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo la aplicación efectiva de la norma en los casos concretos. Génova, por su parte, insiste en separar el plano jurídico del político y sostiene que el fallo europeo no modifica su oposición a la amnistía.

Sin embargo, el debate dentro del PP trasciende ya la valoración de la sentencia. En los últimos meses, Génova ha asumido que, si los números parlamentarios vuelven a situar a Junts como fuerza decisiva, será inevitable mantener algún tipo de interlocución con la formación de Carles Puigdemont. Una tesis que provoca incomodidad entre dirigentes territoriales y referentes del ala más dura del partido, que ven con preocupación el coste electoral que podría tener cualquier imagen de entendimiento con Junts, especialmente entre el electorado más conservador y en comunidades como Madrid, Castilla y León o Andalucía, donde el rechazo al independentismo ha sido uno de los principales ejes del discurso del PP.

En ese sentido, José María Aznar ya ha lanzado varias advertencias dirigidas a Feijóo. El expresidente ha rechazado cualquier posibilidad de entendimiento con Junts y ha recordado que el independentismo sigue representando, a su juicio, un proyecto incompatible con el marco constitucional. Un mensaje que comparten dirigentes como el presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, y la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, dos de las voces más críticas con cualquier intento de aproximación a Puigdemont.

A esto se le añade que Feijóo eligió Barcelona para lanzar un mensaje que hasta hace unos meses habría sido difícil de imaginar en boca del líder del Partido Popular. “Como la mayoría de los catalanes, nosotros también queremos pasar página”, dijo durante su visita a la capital catalana, en un movimiento destinado a rebajar la tensión con Junts y presentarse como un interlocutor posible para el partido de Puigdemont. Horas antes, su lugarteniente Miguel Tellado reforzaba esa idea en una entrevista en la Cadena Ser: “Estamos en 2026 y el contexto es distinto al de 2017”, señaló.

El portavoz nacional del PP, Borja Sémper, se encargó después de fijar los límites de esa nueva estrategia y dejó claro que no iban a retirar el recurso contra la ley de amnistía, ni hacer ningún otro gesto hacia Junts. Más allá del giro dialéctico, insistió, la posición política del partido permanece intacta. Una secuencia que resume el delicado equilibrio que intenta mantener Génova. El PP quiere dejar de aparecer ante Junts como un actor con el que resulta imposible entenderse, pero sin desmontar ninguno de los pilares sobre los que ha construido su oposición a Pedro Sánchez desde el inicio de la legislatura.

Desde las elecciones generales de julio de 2023, el PP ha comprobado que no existe una mayoría parlamentaria alternativa sin el concurso, directo o indirecto, de Junts. Los siete diputados de Puigdemont siguen siendo decisivos. Feijóo ya intentó, sin éxito, explorar esa vía tras aquellos comicios. Entonces el propio expresident respondió con una negativa rotunda, recordando el papel del PP durante los años del procés y las declaraciones de buena parte de sus dirigentes contra el independentismo.

Tres años después, el contexto político ha cambiado. El procés ya no ocupa el centro de la agenda catalana, el Gobierno ha aprobado la ley de amnistía y Junts trata de redefinir su papel en Madrid. En ese escenario, el líder del PP ha intentado abrir una interlocución que hasta ahora parecía imposible, pero tampoco ha encontrado apoyo para una moción de censura. Y es que Feijóo hace esta apelación pública mientras el PP mantiene intacto el discurso con el que calificó la norma como una "humillación", una "cesión al independentismo" y una vulneración de la igualdad entre españoles.

El aval europeo también modifica el contexto político en torno a Carles Puigdemont. Aunque la sentencia no implica automáticamente su regreso a España, sí reduce algunos de los obstáculos jurídicos que pesaban sobre la aplicación de la amnistía y desplaza el foco hacia las futuras decisiones del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo.

Para el PP, ese escenario añade un elemento de dificultad. Si finalmente Puigdemont recupera plenamente su capacidad de actuación en España, cualquier negociación futura con Junts quedará inevitablemente asociada a la figura del expresident, precisamente el dirigente que durante años simbolizó el desafío independentista contra el Estado.

El debate sobre la ley de amnistía refleja además una forma de hacer oposición que el PP ha repetido en los últimos años. Génova combate determinadas iniciativas legislativas del Gobierno con una enorme dureza política, las lleva a los tribunales o anuncia su derogación futura, pero una vez que esas normas modifican el marco institucional o generan efectos políticos favorables, termina adaptándose a esa nueva realidad sin revertirla, pese a que Vox se ha comprometido a hacerlo si llega a la Moncloa.

La amnistía es el ejemplo más evidente. Génova rechaza la herramienta jurídica que ha facilitado la desjudicialización del conflicto catalán, pero al mismo tiempo pretende beneficiarse políticamente del nuevo contexto que ese perdón jurídico ha contribuido a crear. Durante esta legislatura el PP ha convertido en una constante esa doble estrategia: denunciar determinadas reformas como ejemplos del "sanchismo", recurrirlas o prometer su derogación, al tiempo que habla de “pasar página” y busca los pactos con Junts en el Congreso.

Miguel Tellado llegó hace un año a la Secretaría General del Partido Popular, tras el congreso que ratificó a Alberto Núñez Feijóo al frente del partido en julio del pasado año. Pero su trabajo en la ‘fontanería’ no acaba de convencer a muchos. En apenas unos días, ha abierto un nuevo frente a cuenta del incendio forestal de Los Gallardos (Almería) y mantiene sin resolver otro: el de la sucesión en la Comunitat Valenciana tras la caída de Carlos Mazón en noviembre de 2025. Dos escenarios distintos que tienen un elemento en común: vuelven a situar a Génova a la defensiva y alimentan el malestar interno en un partido que Feijóo pretendía presentar como ejemplo de estabilidad frente al Gobierno de Pedro Sánchez.

El primer episodio se produjo en plena emergencia por el incendio que obligó a desalojar a miles de vecinos en Almería. Mientras los servicios de extinción seguían trabajando para controlar el fuego y las administraciones coordinaban la respuesta, Tellado aprovechó una visita a la zona el pasado viernes para cargar contra el Ejecutivo de Sánchez. "España necesita un Gobierno centrado en la gestión. Hoy no lo tenemos", afirmó el número dos del PP, vinculando la tragedia con la acción del Gobierno y reclamando mejores servicios públicos para prevenir incendios.

Y añadió: “Pocas veces fue tan urgente llevar al Gobierno un proyecto nacional como el que representa Alberto Núñez Feijóo, pensado para abordar las grandes reformas pendientes que tenemos como país, ideado para restaurar la convivencia en España después de ocho años de conflictividad política, elaborado para reconstruir los pilares de la democracia de nuestro país, tan socavados en esta etapa política que evidentemente agoniza”. 

Sus declaraciones provocaron críticas por tratar de trasladar el enfrentamiento político a una emergencia que todavía seguía activa. También contrastaron con la actitud que mantuvieron tanto el presidente andaluz, Juanma Moreno Bonilla, como el propio Gobierno central. Lejos de alimentar la confrontación, ambos escenificaron una imagen de cooperación institucional durante la crisis y coincidieron en advertir de que el verano será especialmente complicado desde el punto de vista de los incendios forestales. 

La fotografía conjunta de Moreno y Pedro Sánchez este lunes en Almería terminó eclipsando el mensaje que había tratado de instalar el secretario general de los conservadores. Incluso desde sectores del PP andaluz se evitó seguir el tono marcado por Tellado, consciente de que la gestión de una catástrofe natural suele penalizar la utilización partidista mientras la emergencia continúa abierta. El propio Feijóo reclamó que continuara “la colaboración y la coordinación” entre las distintas administraciones, un mensaje muy distinto al de su número dos.

Si Almería ha vuelto a poner en cuestión la estrategia política de Tellado, lo que está ocurriendo en la Comunitat Valenciana representa el principal problema interno que sigue sin resolver. El dirigente gallego asumió personalmente la reconstrucción del PPCV después de la salida de Carlos Mazón, pero varios meses después Génova sigue sin despejar quién encabezará el proyecto de cara a las elecciones autonómicas de 2027. El actual presidente del partido y sustituto de Mazón en la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, continúa ejerciendo el liderazgo orgánico, aunque sin la confirmación de que será también el candidato del PP a la Generalitat. Este martes estuvo en Génova 13, donde mantuvo una reunión con Alberto Nadal, vicesecretario de economía del PP, para abordar la problemática de las infraestructuras hídricas dañadas por la dana.

La indefinición, lejos de cerrar el debate, lo ha alimentado. En las últimas semanas se han multiplicado las voces dentro del PP valenciano que reclaman una decisión definitiva y cuestionan la capacidad de Pérez Llorca para consolidar un liderazgo político. Distintos dirigentes consideran que no está capacitado para afrontar unas elecciones decisivas para los conservadores, ya que la crisis tras la dana no se ha terminado de zanjar.

El propio Tellado ha evitado despejar la incógnita. El pasado jueves se desplazó a la capital del Túria para acudir a un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, donde elogió públicamente el trabajo de Pérez Llorca y destacó su "rigor" y su "eficacia", pero rechazó confirmar si será el cabeza de cartel del PP dentro de menos de un año. Esa negativa ha reforzado la impresión de que Génova sigue buscando alternativas o, al menos, mantiene abiertas todas las opciones. El dirigente valenciano se limitó a responder: "Sigo con mi misión, sin pedir nada a cambio" y "acataré lo que decida el partido".

Mientras tanto, en el PPCV aumenta la impaciencia. La dirección nacional pidió sacrificios y unidad tras la salida de Mazón, pero el tiempo transcurrido sin una decisión clara empieza a generar dudas entre dirigentes territoriales y cargos intermedios, que consideran que prolongar la provisionalidad solo favorece la aparición de nuevos bloques internos y posibles candidaturas. A esto se añade que Mazón no ha desaparecido. Conserva su escaño, mantiene el aforamiento y cada avance de la investigación judicial vuelve a colocar su gestión de la dana en el centro del debate. Fuentes del PPCV explicaban ya hace unos meses a infoLibre que el expresident se había convertido en una “mochila” para el partido, desbaratando los intentos de Pérez Llorca de abrir una nueva etapa.

La situación de Pérez Llorca es particularmente frágil porque ocupa el Palau por una decisión de Feijóo, no como resultado de unas elecciones autonómicas ni de un proceso interno. Fue designado para sustituir a Mazón después de que Génova tardara más de una semana en encontrar una salida a la crisis. Feijóo tenía recelos hacia él, especialmente por la operación promovida desde el PPCV para impulsar al presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, frente a la opción de la alcaldesa de València, María José Catalá, la favorita de Génova.

Aquella disputa explica parte del atasco actual. El PPCV no funciona como un bloque cohesionado alrededor de Pérez Llorca, sino como una organización atravesada por equilibrios provinciales y por dirigentes con intereses diferentes. Mompó contaba, tras la caída de Mazón, con el respaldo de buena parte de la estructura territorial y llegó a ser presentado como una figura de consenso por los responsables provinciales de Valencia, Alicante y Castellón. Los tres habían reclamado a Génova que los tuviera en cuenta y propusieron su nombre como relevo. La dirección nacional consideró precipitada aquella maniobra y terminó optando por Pérez Llorca para la Generalitat.

Mompó, por tanto, no es un nombre más en las quinielas. Representa el poder territorial del partido y, especialmente, el peso de la provincia de Valencia. Pérez Llorca, por su parte, procede de Alicante y fue durante años uno de los principales colaboradores orgánicos de Mazón. María José Catalá conserva una posición propia gracias a la Alcaldía de València, aunque ha tratado de apartarse públicamente de la carrera autonómica. Sus negativas, sin embargo, no han impedido que su nombre siga funcionando como referencia de comparación ante las dudas que genera el actual president.

A esto se le suma que hay figuras como la del expresident Francisco Camps que lleva semanas presionando para que Feijóo y Tellado convoquen el congreso autonómico previsto en los estatutos. Su argumento es que no puede designarse un candidato desde Madrid sin que el partido vote. Camps sostiene que la dirección provisional ya ha agotado los plazos previstos y que corresponde a la militancia decidir el liderazgo. También asegura disponer ya de una parte importante de los apoyos necesarios para competir entre los compromisarios.

No es la primera vez que la forma de actuar de Tellado genera incomodidad dentro del PP. Desde que asumió la Secretaría General, Feijóo le ha confiado la doble misión de ejercer como principal ariete político contra el Gobierno y de mantener cohesionada la organización. Sin embargo, ambas funciones empiezan a entrar en conflicto.

Su precedente más reciente como encargado de ordenar una organización territorial fue Extremadura, donde la decisión de Génova de situarlo al mando de las conversaciones con Vox indignó al entorno de María Guardiola, debilitó la autonomía de la presidenta y culminó con un pacto de coalición dirigido, en buena medida, desde Madrid.

La presidenta extremeña había defendido primero un gobierno en solitario e incluso exploró la posibilidad de que el PSOE facilitara su investidura con una abstención. Vox, en cambio, exigía negociar un acuerdo político y entrar en el Ejecutivo. El problema interno estalló cuando Génova dio un toque de atención a Guardiola y decidió que Tellado pasara a tutelar personalmente las conversaciones con los ultras. La decisión provocó mucho enfado en el PP extremeño: sus chats internos echaban humo porque numerosos dirigentes regionales interpretaron que la dirección nacional estaba desautorizando a Guardiola.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha desbaratado una de las principales expectativas que la derecha había alimentado desde la aprobación de la ley de amnistía. Tras años señalando a las instituciones europeas como el último dique frente a la norma pactada por el Gobierno de Pedro Sánchez con los partidos independentistas y aprobada en el Congreso, el tribunal de Luxemburgo ha avalado su compatibilidad con el derecho comunitario en las cuestiones que le habían sido planteadas.

La batalla judicial, al menos en el plano europeo, pierde así uno de sus principales argumentos y obliga a Partido Popular y Vox a reajustar un discurso que convirtió la amnistía en el eje central de su oposición durante el primer año de la legislatura especialmente. Las dos formaciones mantienen intacto su rechazo a la ley, pero su reacción al fallo evidencia estrategias distintas. 

El PP ha dicho respetar la resolución intentando minimizar su alcance y buscando trasladar el rifirrafe al terreno político con el mensaje de que “el debate nunca fue solo jurídico”, si bien hay voces como la del expresidente José María Aznar que han manifestado su oposición a esta línea argumental: la “agresión sediciosa al derecho no debe quedar impune, ni mucho menos recompensarse”. Vox, por su parte, ha endurecido el discurso, ha prometido de nuevo que derogará la norma cuando llegue al Gobierno y ha aprovechado la sentencia para cuestionar tanto la utilidad de las instituciones europeas como la estrategia seguida por Génova.

Desde la dirección de Alberto Núñez Feijóo, la consigna ha sido clara: respeto a las resoluciones judiciales, pero sin modificar un ápice el juicio político sobre la amnistía. Los conservadores sostienen que el TJUE no ha analizado la constitucionalidad de la ley ni ha valorado si fue una decisión legítima desde el punto de vista político. Lo cierto es que el cometido del tribunal europeo no era pronunciarse sobre su constitucionalidad, sino sobre si contravenía la normativa comunitaria antiterrorista o si atentaba contra los intereses financieros de la Unión, tal y como consideraban dos juzgados españoles, y lo ha descartado. Tampoco es función del TJUE valorar la cuestión política, como parece creer el PP a tenor de sus declaraciones.

A su juicio, el problema sigue siendo el mismo que denunciaron desde el principio. Y ese es, a su juicio, que Pedro Sánchez concedió una medida de gracia a cambio del apoyo parlamentario necesario para mantenerse en La Moncloa. Tal argumento permite al PP mantener viva la ofensiva sin entrar en colisión con una sentencia europea que durante meses esperaba que pudiera frenar la aplicación de la norma. De hecho, fuentes de la dirección popular insisten en que la amnistía fue una "transacción" entre el Gobierno y los partidos independentistas.

Pero junto a esa continuidad hay también un cambio de tono que empieza a consolidarse. En las últimas semanas, Feijóo ha defendido la necesidad de "pasar página del procés" y abrir una nueva etapa en Cataluña centrada en cuestiones como la vivienda, la sanidad, la presión fiscal o la seguridad. El mensaje supone un intento de separar la crítica a la amnistía de la política cotidiana catalana y de proyectar la imagen de un PP que quiere disputar la centralidad política en Cataluña sin mantener permanentemente abierto el conflicto territorial.

Ese desplazamiento discursivo refleja una variación respecto a los meses en que el procés y la amnistía monopolizaban buena parte del relato de la oposición. Feijóo quiere presentarse en Cataluña como el dirigente capaz de superar una década marcada por el conflicto territorial, pero la posible vuelta a España del líder de Junts, Carles Puigdemont, en la política española, también dificulta el acercamiento con otras caras menos ‘beligerantes’ a ojos del PP.

Por su parte, la posición de Vox apenas se ha movido, incluso se ha endurecido. El partido de Santiago Abascal reaccionó al fallo insistiendo en que derogará la ley de amnistía si llega al Gobierno, si bien una vez aplicada no puede revertirse, y sostuvo que la defensa de la unidad de España no puede confiarse a las instituciones europeas. Para la formación ultra, el pronunciamiento del TJUE confirma precisamente que la batalla debe librarse exclusivamente en el ámbito político y constitucional español.

La formación aprovechó además la resolución para lanzar un mensaje dirigido al PP. El jefe de la delegación de Bruselas, Jorge Buxadé, reclamó explicaciones a quienes aseguraban que Bruselas acabaría frenando la amnistía o facilitando la entrega de Puigdemont, un reproche implícito a la estrategia que durante meses siguieron los conservadores en las instituciones comunitarias. Vox trata así de presentarse como la única fuerza que nunca depositó sus expectativas en Europa, aunque lo cierto es que también acudió a las instituciones comunitarias para combatir la norma.

La diferencia entre ambos partidos aparece ahora con más nitidez que durante la tramitación de la ley. Mientras el PP busca combinar la impugnación política de la amnistía con un discurso de normalización de la vida política catalana, Vox mantiene el procés como uno de los principales ejes de confrontación y convierte la derogación de la norma en un compromiso explícito de futuro.

El fallo del TJUE llega además después de una campaña de oposición sin precedentes contra una iniciativa legislativa. Desde que Sánchez abrió la negociación con Junts tras las elecciones generales de julio de 2023, la amnistía se convirtió en el principal elemento de movilización de la derecha. El PP convocó manifestaciones multitudinarias en Madrid y otras ciudades, denunció una supuesta quiebra del Estado de derecho, recurrió la ley ante el Tribunal Constitucional y llevó la batalla a las instituciones europeas. Vox, por su parte, mantuvo un discurso aún más contundente, calificando la norma de "golpe de Estado" y reclamando la desobediencia institucional frente a su aplicación.

La amnistía fue durante meses el centro alrededor del cual giró prácticamente toda la oposición del Partido Popular, pero poco a poco dejó de ocupar ese lugar. No desapareció del argumentario de Génova ni de sus promesas para un futuro Gobierno, pero fue perdiendo protagonismo conforme otras crisis —los casos de corrupción que afectan al entorno socialista, la debilidad parlamentaria del Ejecutivo o la ausencia de nuevos presupuestos— pasaron a ordenar la estrategia de Feijóo. 

La posibilidad del regreso de Puigdemont pone a prueba, sin embargo, todo ese desplazamiento. El expresident continúa sometido a una orden nacional de detención porque el Tribunal Supremo considera que la malversación que se le atribuye no puede ser amnistiada. El TJUE no ha levantado esa orden ni ha resuelto directamente su caso. La decisión crucial corresponde ahora al Tribunal Constitucional, que deberá pronunciarse sobre el recurso de amparo presentado contra la negativa del Supremo a aplicarle la ley.

Puigdemont ha presentado el fallo como una “victoria rotunda” y sostiene que ya no queda margen jurídico para negarle la aplicación de la ley. Esa es su interpretación política, no la consecuencia automática de la sentencia: mientras la orden siga vigente, un retorno a España supondría riesgo de detención. Pero incluso sin una fecha inmediata de regreso, la hipótesis vuelve a adquirir credibilidad. Y cada paso que acerque al líder de Junts a Cataluña reactivará el debate que el PP intentaba desplazar. Génova tendrá que decidir si responde recuperando la retórica de los primeros meses de la legislatura o si mantiene su apelación a pasar página.

El Partido Popular respeta la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la ley de amnistía, pero remarca que mantendrá intacta su ofensiva política contra la norma y contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. “Los demócratas respetan las sentencias siempre. Sería deseable que el Gobierno lo hiciese en todas las causas judiciales que les afectan directamente”, señalan. El expresidente del Gobierno, José María Aznar, ha afirmado este jueves, que "la agresión sediciosa al derecho no debe quedar impune, ni mucho menos recompensarse", pese al fallo que avala la norma.

Fuentes de la dirección nacional del partido subrayan su “respeto absoluto” al fallo y sostienen que el PP no valora las resoluciones judiciales en función de que le resulten más o menos favorables. El partido de Alberto Núñez Feijóo trata además de rebajar el alcance político de la resolución europea. Según su interpretación, el tribunal se ha limitado a responder a cuestiones concretas sobre determinados aspectos del Derecho de la Unión planteadas por jueces españoles, sin pronunciarse sobre la constitucionalidad de la ley, su oportunidad política ni el conjunto de la norma.

Lo cierto es que el cometido del TJUE no era pronunciarse sobre la constitucionalidad, sino sobre si contravenía la normativa comunitaria antiterrorista o si atentaba contra los intereses financieros de la Unión, tal y como consideraban dos juzgados españoles y lo ha descartado. La resolución europea marca ahora el camino al Tribunal Constitucional, cuya decisión será determinante para la posible aplicación de la amnistía a Carles Puigdemont y su eventual regreso a España.

Para el PP, el dictamen constituye únicamente “un paso más” dentro de un proceso judicial que todavía debe continuar en los tribunales españoles, encargados ahora de aplicar la respuesta del TJUE a los casos concretos. “El Gobierno intentará presentar esta sentencia como el final del debate. Se equivoca. El debate nunca fue solo jurídico. El debate es si un presidente puede negociar privilegios penales a cambio de una mayoría parlamentaria. Y nuestra respuesta sigue siendo no”, señalan, tras las numerosas manifestaciones en contra de la medida de gracia en los últimos años.

Génova anticipa así que el Gobierno intentará presentar el fallo como el cierre definitivo de la controversia sobre la amnistía. En esa línea, el PP vuelve a acusar a Sánchez de haber intercambiado “poder por impunidad” y de haber incumplido sus compromisos previos sobre la amnistía. Los populares sostienen que, con independencia de las resoluciones judiciales, la negociación de la norma con Junts y ERC seguirá siendo “moralmente inaceptable”.

El partido también rechaza que la aplicación de la amnistía elimine la responsabilidad política de los dirigentes independentistas por el procés. A juicio del PP, Cataluña todavía arrastra las consecuencias de aquella etapa, que define como un “proceso tóxico”. “Consideramos que ninguna decisión absuelve la gravísima irresponsabilidad que cometió el separatismo 

Frente al debate territorial, la dirección del PP asegura que su estrategia en Cataluña pasa por abandonar la discusión sobre el procés y centrar su discurso en cuestiones sociales y económicas. “Nuestro proyecto le ofrece a Cataluña abrir un nuevo tiempo que nos permita hablar únicamente de lo que necesitan los catalanes: más vivienda, más médicos, menos impuestos y más seguridad”, zanjan.

Vox, por su parte, interpreta la sentencia del TJUE como una confirmación de que la defensa de la unidad de España y del orden constitucional no puede delegarse en las instituciones europeas. El jefe de la delegación del partido ultraderechista en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, sostiene que "no se puede confiar la defensa del orden constitucional español a las instituciones internacionales" y considera que quienes confiaban en que Bruselas anularía la norma o facilitaría la entrega de Carles Puigdemont deben ahora dar explicaciones.

"La sentencia pone de manifiesto lo que Vox lleva defendiendo desde hace años: que la unidad de España, su integridad territorial y su orden constitucional deben ser defendidos y protegidos por los propios españoles, sin esperar que las instancias internacionales vengan a resolver nuestros problemas", señala Buxade, pese a que Vox presentó denuncias y actuaciones ante instituciones europeas para que se examinara la compatibilidad de la ley con el Derecho de la UE.

El dirigente ultra desplaza además el foco hacia el Tribunal Constitucional, al que acusa de estar politizado, y califica su aval a la amnistía como un ataque al Estado de derecho y a la unidad nacional. Asimismo promete revertir los efectos de las decisiones adoptadas por el Gobierno de Sánchez y sus socios en caso de llegar al poder con mayoría suficiente con "todas las medidas necesarias".

Alberto Núñez Feijóo eligió este miércoles un foro internacional organizado por el Partido Popular Europeo (PPE) en Madrid para presentar al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, como un gobernante autoritario. En la inauguración de Libertas, el líder de la oposición describió, sin citar a Sánchez, el retrato de quien “recela de los jueces”, “desprecia las mayorías parlamentarias cuando no le favorecen”, cuestiona la “independencia institucional” y “teme a las urnas si no le aseguran el poder”. “No busquen más, eso es un presidente autoritario”, proclamó. Lo hizo delante del presidente del PPE, Manfred Weber, del vicepresidente italiano Antonio Tajani, del primer ministro portugués, Luís Montenegro y de dirigentes latinoamericanos como María Corina Machado y Keiko Fujimori, que intervinieron telemáticamente. 

Feijóo aseguró también que España atraviesa una etapa de “democracia debilitada” y prometió revertir las políticas que, en su opinión, la han aproximado al populismo y a las dictaduras. Una alocución que la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso incrementó todavía más. “Hoy nos gobierna en España un movimiento de destrucción del Estado de derecho”, aseguró. “Desde hace años hay un frente puesto en marcha por el Gobierno y sus socios para eternizarse en el poder”, prosiguió. “La deriva autoritaria que está sufriendo España va a tener consecuencias catastróficas”, advirtió Ayuso, que aseguró que “si lo ilegítimo es votado, es válido”.  

La intervención resume la posición en política exterior que Feijóo ha ido construyendo desde que llegó a Génova: la conversión de casi cualquier crisis internacional, cumbre europea o encuentro diplomático en una prolongación del combate contra Sánchez. Más que una doctrina sobre el lugar de España en el mundo, el presidente del PP ha desplegado una oposición exterior al Gobierno de PSOE y Sumar. Su posición suele definirse no tanto por lo que hacen Washington, Israel, Bruselas o las potencias regionales, sino por la necesidad de impugnar lo que decida La Moncloa.

La estrategia no es nueva. Feijóo ha utilizado las reuniones del PPE en Bruselas para sembrar dudas sobre los fondos europeos, la reforma de las pensiones, la independencia judicial y el viaje de Sánchez a China, entre otras cuestiones. También ha pedido “perdón” ante sus colegas europeos “en nombre de los españoles” por la actuación del Gobierno. Y a comienzos de este año intentó que el PPE condenara expresamente la regularización extraordinaria de migrantes aprobada por el Ejecutivo. Regresó de Zagreb únicamente con una declaración genérica contra las regularizaciones masivas, pero sin una mención a España ni a Sánchez.

La lógica de trasladar cualquier acontecimiento al terreno de la confrontación política interna trasciende incluso a lo deportivo. Este miércoles, después de que la selección española de fútbol se clasificara para la final del Mundial, el vicesecretario del PP, Elías Bendodo, aseguró que la victoria le había venido "maravillosamente" a Sánchez porque había permitido que la condena al hermano del presidente pasara a un segundo plano. Otros dirigentes de la formación como la portavoz parlamentaria, Ester Muñoz, y el diputado Rafael Hernando, pidieron a Sánchez que no viaje a Nueva York, donde se celebrará la final, porque “es gafe”.

La influencia de Feijóo es relevante dentro de la familia del Partido Popular Europeo — la del PP español es la segunda delegación más numerosa en el Parlamento Europeo, por detrás de la alemana—, pero bastante menor en el ámbito institucional de la Unión Europea y todavía limitada fuera del espacio conservador de la UE. Desde que llegó al cargo hace cuatro años, sus posiciones rara vez alteran las decisiones europeas y su proyección exterior sigue dependiendo de la política española. 

Un área que Feijóo asumió personalmente. En septiembre de 2024 nombró secretario de Política Internacional al diplomático Ildefonso Castro, antiguo secretario de Estado de Asuntos Exteriores con Mariano Rajoy y exembajador en Irlanda. Pero en el congreso nacional de julio de del pasado año, el dirigente conservador anunció que las relaciones internacionales dependerían directamente de él. Castro quedó como coordinador de Acción Exterior, aunque incluso dentro del partido existen dudas sobre el alcance efectivo de su influencia.

Pero la centralización de competencias no ha alumbrado, hasta ahora, una doctrina reconocible. Tampoco ha corregido una carencia que condiciona la creación de vínculos personales con mandatarios extranjeros: su escaso dominio del inglés. En la campaña de 2023 aseguró que estudiarlo era una “obligación” para alguien que aspiraba a presidir el Gobierno. Pero recientemente ha reconocido que no tenía previsto hacerlo. “No lo toco, ahora con el móvil ya me lo traduce directamente. Voy con el traductor”, explicó en el programa El Hormiguero. Fuentes del PP justificaron la renuncia señalando que los avances de la inteligencia artificial permiten suplirla. 

La cuestión del idioma es secundaria frente a otra limitación más relevante: la ausencia de una posición autónoma cuando los intereses estratégicos de España chocan con los de gobiernos conservadores aliados del PP o con la nueva derecha estadounidense. El patrón se ha repetido con Israel, Donald Trump, Groenlandia, Venezuela y la guerra de Irán, entre otras cuestiones.

Tras los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, Feijóo respaldó el derecho de Israel a defenderse. Conforme aumentaron las víctimas civiles y la destrucción de Gaza, el conservador moduló paulatinamente su lenguaje, pero siempre varios pasos por detrás del Gobierno. Cuando España anunció en mayo de 2024 el reconocimiento del Estado palestino, acusó a Sánchez de apoyar “la desaparición de Israel” y evitó comprometerse con un calendario propio para ese reconocimiento. Su margen estaba condicionado además por el apoyo explícito de Ayuso y el expresidente José María Aznar al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

En julio de 2025, después de haber guardado silencio ante la hambruna en la Franja durante una intervención ante la dirección del PP, terminó considerando “inadmisibles” determinadas acciones israelíes y habló de “incumplimientos”. No utilizó, sin embargo, el término genocidio y mantuvo como punto de partida la legitimidad de la respuesta israelí. Frente al Gobierno español el PP ha empleado calificativos como aislamiento, irresponsabilidad, radicalidad o autoritarismo que sin embargo raramente aplica a los aliados internacionales de la derecha.

El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca agravó esa contradicción. El PP admitía internamente su preocupación por el efecto del trumpismo sobre las derechas europeas y por el espacio internacional que proporcionaba a Vox, cuyo líder sí había cultivado relaciones directas con el movimiento MAGA. Pero Génova evitó una confrontación política con el presidente estadounidense. Incluso desautorizó a González Pons cuando lo llamó “ogro naranja”, mientras la FAES de Aznar describía a Trump como un populista proteccionista, aislacionista e impredecible.

Cuando Trump amenazó con hacerse con Groenlandia, el PP restó importancia a sus palabras alegando que no estaba claro si existía un riesgo real o se trataba de una escalada verbal. Feijóo evitó censurarloy se refugió en la necesidad de preservar la alianza transatlántica. También eludió enfrentarse a Washington cuando Trump recriminó a España que no destinase el 5% del PIB a defensa. El PP trasladó la presión sobre Sánchez y calificó su resistencia de irresponsable, aunque tampoco se comprometió a alcanzar ese porcentaje tras haber firmado con el PPE un objetivo del 3%. Ante los aranceles estadounidenses, el líder del PP fue más crítico: los calificó de error, como un ataque comercial, pero siguió evitando personalizar la responsabilidad en Trump.

La ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán volvió a mostrar la dificultad del PP para responder a una actuación de Trump sin que Sánchez determinase su posición. Génova respaldó inicialmente los bombardeos, concentró su condena en el régimen iraní y evitó reproches a Washington y al Gobierno de Netanyahu. Tampoco aclaró si apoyaba el uso de las bases de Rota y Morón para los ataques.

Cuando Trump amenazó con cortar el comercio con España por la oposición de Sánchez a la ofensiva, Feijóo no respaldó al Gobierno frente al magnate estadounidense. Afirmó que la relación bilateral debía preservarse “tengamos o no discrepancias con el presidente” y acusó a Sánchez de utilizar sus necesidades políticas contra la seguridad de España. Paralelamente, había prometido al secretario de Estado, Marco Rubio, que un Gobierno del PP sería un “aliado fiable”, tras una llamada telefónica.

La evolución posterior fue significativa. Tras varias semanas sin sumarse al lema utilizado por el Gobierno, Feijóo terminó proclamando en el Congreso: “No a la guerra y no a usted”. Incluso cuando adoptó la posición pacifista, la formuló como una censura personal a Sánchez, a quien llamó el “traidor de Europa”. El PP también ha censurado en varias ocasiones el “abandono” del socialista a la causa saharaui, aunque tampoco ha logrado explicar su posición en caso de llegar a la Moncloa.

En el caso de Venezuela, donde el PP ha apoyado sin matices a la oposición, su contundencia encontró un límite cuando Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro en una operación cuestionada por su encaje en el derecho internacional y Trump optó por mantener a Delcy Rodríguez al frente del país durante una transición tutelada. El PP celebró la caída de Maduro y criticó a Rodríguez, pero evitó censurar directamente la operación estadounidense y trasladó de nuevo el grueso de sus ataques al Gobierno de Sánchez. Feijóo se opuso al resultado político diseñado por Trump —“el futuro no es Delcy”, dijo— sin romper con el presidente que lo había hecho posible.

La búsqueda de aliados ha llevado al PP a estrechar relaciones con una derecha latinoamericana cada vez más radicalizada. El caso más claro es el de María Corina Machado, a quien Feijóo ha presentado como “símbolo de la democracia” y ejemplo de “coherencia y determinación”, aunque su programa económico ultraliberal y sus alianzas internacionales la sitúan en el ala dura de la derecha. 

Más revelador es el acercamiento a Keiko Fujimori, heredera política de un movimiento marcado por el autogolpe y las violaciones de derechos humanos cometidas durante la presidencia de su padre. Feijóo ha celebrado su llegada al poder como parte del avance de la derecha en América Latina y la ha incorporado al escaparate internacional del foro de Madrid. En una intervención posterior a la de Feijóo, la presidenta madrileña trasladó “su más sincera felicitación” a Fujimori. “Ojalá este triunfo se haga extensible a todas las naciones de Hispanoamérica, naciones hermanas sumidas en el nacionalismo, el socialismo bolivariano, el narcotráfico… que tanto daño están haciendo a la convivencia y a la libertad de sus pueblos”, señaló Ayuso.

El presidente del PP también felicitó al ultraderechista colombiano Abelardo de la Espriella tras su victoria electoral en las elecciones del pasado 21 de junio. Calificó el resultado de “buena noticia para Colombia y para toda Hispanoamérica”, la misma elección celebrada por Trump, el presidente argentino Javier Milei y Vox. De la Espriella había construido su campaña sobre un discurso de mano dura, rechazo al acuerdo de paz y confrontación frontal con la izquierda.

Con todo, Feijóo sí mantiene posiciones claras en algunos asuntos. Ha reiterado su apoyo a Ucrania frente a la invasión rusa, reclama una paz justa y duradera para Kiev, defiende el vínculo atlántico y se alinea generalmente con los planteamientos del PPE en materia de defensa. Pero esos elementos no han terminado de articular una política internacional propia. En las grandes crisis, Feijóo ha alternado el silencio, la equidistancia y los cambios de posición para evitar dos riesgos: enfrentarse a Trump y Netanyahu o dejar a Sánchez ocupar en solitario el espacio de oposición a ambos. 

Desde que se reservó personalmente las competencias internacionales, su principal aportación no ha sido definir qué alianzas necesita España, cómo debería responder Europa a la ruptura del orden multilateral o qué límites deben imponerse a los socios occidentales. Ha consistido en exportar el argumentario de Génova contra el presidente del Gobierno. La política exterior de Feijóo parece subordinada a que ninguna crisis internacional termine fortaleciendo a Pedro Sánchez.

Es más, la propia Ayuso advirtió sobre esta cuestión en el foro. “Los populares debemos tener agenda propia, no podemos aceptar el marco ajeno sobre el que marcar distancias, parecernos o disculparnos. No jugamos en campo contrario ni con el lenguaje del adversario siempre cargado de trampas, tenemos ideas propias, somos el grupo político que más prosperidad ha dado a Europa. Defendemos llevar la delantera con propuestas realistas y sanas. ¿Cuánto negocio absurdo hemos dejado crecer sin plantarle cara? ¿Cuántas oportunidades hemos perdido permitiendo que se creara un mundo paralelo ideológico y tirano?”. Sin citarlo directamente, pareció una forma de pedir a Feijóo que de la batalla cultural en sus propios términos y no en los del ‘sanchismo’.

La dirección del Partido Popular ha cerrado filas con el expresidente Mariano Rajoy después de la crisis diplomática abierta por un artículo suyo en el eldebate.com, el periódico digital que dirige Bieito Rubido, exdirector de Abc y de La Voz de Galicia, financiado por la conservadora y religiosa Asociación Católica de Propagandistas. Bajo el titular “Hoy llegó el desquite” y como parte de una serie sobre el Mundial de fútbol, Rajoy aseguró que la selección francesa tiene "un altísimo nivel, eso sí, sin franceses". En ese mismo artículo señalaba también que a él no le gustan “los rojos” salvo “la excepción que confirma la regla general, que es la camiseta de España”.

Lejos de desmarcarse de unas palabras que el Gobierno francés ha calificado de "racistas" e "inaceptables" por boca de los ministros de Exteriores, Interior, para los Territorios de Ultramar y para la Igualdad de Género y la Lucha contra la Discriminación, en Génova han reivindicado el carácter "sarcástico" de la columna y han negado que existiera ninguna intención ofensiva. Rajoy, por su parte, ha evitado pedir disculpas y se ha limitado a asegurar a El Mundo que no iba a entrar "al nivel" de algunos miembros del Gobierno español. 

La defensa de Rajoy la protagonizó este lunes el portavoz nacional del PP, Borja Sémper, quien rechazó las críticas tanto del Gobierno español como del Ejecutivo francés. "Entendemos que las columnas que escribe el presidente Rajoy son sarcásticas, van sin mala intención y a favor de España, no le daría otra interpretación", afirmó Sémper en rueda de prensa tras el comité de dirección. “Para jugar en la selección nacional de Francia hay que ser francés; si no, no podrías jugar en la selección nacional de Francia”, señaló también el vicesecretario del PP, que dijo que esa “obviedad” era “más propia de Rajoy” que suya. 

Sémper también aprovechó para arremeter contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por decir “que gane el mejor” en referencia a la semifinal de este martes. "Sánchez ha dicho que quiere que gane el mejor, nosotros queremos que gane España, aunque juegue peor”, afirmó. Y prosiguió a renglón seguido: “Que no va a jugar peor, estoy convencido, aunque juegue peor esperamos que gane España en cualquiera de sus circunstancias", planteó. 

En Génova consideran que ha sido el Gobierno quien ha incentivado la polémica, pero lo cierto es que comenzó en Francia y el propio ministro de Exteriores galo, Jean-Noël Barrot, ha salido a censurar las palabras de Rajoy este mismo lunes: "Es una estupidez, racismo o las dos cosas”.

El ministro francés del Interior, Laurent Nuñez, también calificó el artículo de "absolutamente inaceptable" y denunció que alimenta discursos racistas contra los jugadores de la selección nacional. La Embajada de Francia en Madrid recordó además que 23 de los 26 futbolistas convocados nacieron en Francia y que los tres restantes poseen igualmente la nacionalidad francesa, rechazando implícitamente la idea de que no representen plenamente al país. La condena se extendió también a dirigentes de distintas formaciones políticas francesas, que coincidieron en denunciar unas afirmaciones que consideran incompatibles con el modelo republicano francés de ciudadanía. 

Sánchez se limitó a añadir: "Que gane el mejor y que pierda el racismo". El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, calificó los comentarios de "hirientes" y pidió al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, que los desautorizara por considerar que no representan a España. Además, Albares contactó con las autoridades francesas para trasladar que la posición del Gobierno español es diametralmente opuesta a la expresada por el expresidente.

La controversia llega en un momento especialmente delicado para las relaciones entre ambos países. Apenas unos días antes, el PP y Vox habían impulsado desde el Senado una consulta al Tribunal Constitucional sobre el Tratado de Amistad y Cooperación firmado por Sánchez y el presidente francés, Emmanuel Macron, en Barcelona en enero de 2023. Aunque el acuerdo ya había sido aprobado por el Congreso español y por la Asamblea Nacional francesa, la decisión de la Cámara Alta, donde el PP dispone de mayoría absoluta, impide por ahora su entrada en vigor hasta que el Tribunal Constitucional resuelva el recurso.

El PP sostiene que uno de los artículos del tratado, el que regula la participación recíproca de ministros españoles y franceses en los consejos de ministros de ambos países, plantea dudas de constitucionalidad. El Gobierno, por su parte, acusa al líder de la oposición de deteriorar innecesariamente la relación con uno de los principales socios europeos de España y de utilizar un tratado de Estado como instrumento de confrontación política.

Este conflicto se produce, además, en vísperas de un viaje especialmente simbólico del presidente español a Francia. Sánchez participa este 14 de julio en París, invitado por Emmanuel Macron, en los actos de la Fiesta Nacional francesa y en el tradicional desfile militar de la Toma de la Bastilla, un gesto reservado a mandatarios extranjeros con el que ambos gobiernos pretendían escenificar la estrecha relación bilateral entre Madrid y París.

La crisis abierta por las palabras de Rajoy tiene además un importante componente simbólico en Francia. Sus palabras recuperan, aunque sea en el terreno futbolístico, el mismo debate sobre quién puede ser considerado realmente francés que la extrema derecha lleva décadas utilizando para cuestionar una ciudadanía basada en la ley y sustituirla por otra definida por el origen. El expresidente del Frente Nacional, Jean-Marie Le Pen, sostuvo durante años que muchos jugadores de la selección no representaban realmente a Francia por sus orígenes familiares, pese a haber nacido en territorio francés y ser ciudadanos franceses. Aquellos discursos fueron ampliamente rechazados por el resto de fuerzas políticas, especialmente después de que la selección campeona del mundo de 1998 se convirtiera en símbolo de la denominada Francia black-blanc-beur, expresión utilizada para reivindicar una identidad nacional diversa e integradora.

Paradójicamente, incluso el portavoz de la formación de extrema derecha Agrupación Nacional, Julien Odoul, ha salido en defensa de la selección francesa al considerar que las palabras de Rajoy cuestionan la identidad nacional del equipo, que es parte intrínseca del orgullo nacional francés. Las ha calificado como “escandalosas, vergonzosas y lamentables” y sostiene que debían ser condenadas “por todo el mundo”.  

Tampoco Vox ha ratificado las palabras del expresidente español y simplemente ha pedido, a través de su portavoz, José Antonio Fúster, no “politizar” el fútbol. El fundador de Vox Alejo Vidal-Quadras, exlíder del PP catalán y exeurodiputado, censuró directamente a Rajoy. "Todos los jugadores de la selección francesa en el Mundial son ciudadanos franceses, la mayoría nacidos en Francia. Si se dice que la selección no tiene franceses, se utiliza una definición de 'francés' basada en criterios étnicos y no en la ley civil. Rajoy se ha metido en un jardín peligroso”.

Aunque ahora se pone de perfil, la ultraderecha española lleva meses defendiendo la denominada "prioridad nacional", un principio formulado originalmente por Jean-Marie Le Pen –posteriormente convertido en una de las principales señas de identidad del Frente Nacional– y, más tarde, por su hija y actual referente, Marine Le Pen. La idea consiste en otorgar preferencia a los nacionales frente a los extranjeros en ámbitos como las ayudas sociales, el acceso a la vivienda o determinados servicios públicos.

Ese concepto, históricamente ligado al lepenismo francés, ha ido penetrando en parte del discurso político español y el PP lo ha asumido en los cuatro acuerdos autonómicos alcanzados este año con Vox. La paradoja es que, mientras la dirección popular confronta institucionalmente con el Gobierno francés —primero bloqueando el tratado bilateral y ahora respaldando a Rajoy frente a las críticas de París—, parte de los marcos discursivos que han alimentado esa confrontación proceden precisamente de la extrema derecha francesa, cuya visión sobre la identidad nacional vuelve estos días al centro del debate político entre Madrid y París.

Hace ya tiempo que, en la política española, las campañas no empiezan el día en que se convocan las elecciones, sino mucho antes. Todavía no hay urnas a la vista ni fecha marcada en el calendario, pero el clima ha cambiado. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dejado de descartar un adelanto electoral y los partidos se preparan para que los comicios se celebren en febrero o marzo de 2027 para no coincidir con las autonómicas y municipales. Ahora cada declaración se convierte en un examen y cualquier error no forzado tiene una onda expansiva mucho mayor que semanas atrás.

En este contexto, el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha entrado en una secuencia de declaraciones, rectificaciones y polémicas que recuerda de forma llamativa a lo ocurrido en la recta final de las generales de 2023. Entonces fueron las pensiones, los pactos municipales y autonómicos del PP con Vox (que permitieron la entrada de la extrema derecha en esos Ejecutivos), la negativa a acudir al debate de TVE y una sucesión de declaraciones como la del “narcotraficante” Marcial Dorado los que obligaron al PP a dedicar más tiempo a explicar a su candidato que a confrontar con Pedro Sánchez. Tres años después, el patrón parece repetirse, y la dirección nacional del partido se ha visto de nuevo abocada a matizar las palabras de su líder para evitar que el globo se hiciera cada vez más grande. 

Feijóo ha cuestionado la ampliación de la llamada ley de nietos al sugerir que el Gobierno pretendía "fabricar votantes", ha definido el absentismo laboral como un “cáncer" del mercado de trabajo, ligándolo a las bajas médicas y defendiendo cambios que endurecerían su regulación; y ha defendido una ley estatal del “concebido no nacido” en una tensa entrevista con Susanna Griso en Antena 3. Un espacio a priori afín para el líder del PP, pero en el que tuvo que responder por sus propias contradicciones. Días antes, también aseguró que había que “pasar página” del procés, lo que soliviantó al ala más dura del partido y recibió una crítica directa del expresidente José María Aznar.

Por separado, cada una de esas controversias podría despacharse como un error de comunicación. Juntas dibujan, sin embargo, un patrón que en Génova conocen bien y que ya tuvo consecuencias hace tres años. Y es que cuanto más se aproxima un escenario electoral, más dificultades encuentra Feijóo para sostener un perfil presidenciable frente al de Pedro Sánchez —el líder del PP ha perdido apoyo entre sus propios votantes desde que es presidente nacional— y más visibles se vuelven las costuras ideológicas de su proyecto y dibujan decisiones políticas que desplazan el foco desde las debilidades del adversario hacia las propias. 

En los últimos meses, la conversación política ha girado alrededor de la situación del Gobierno de Sánchez, de la crisis abierta por el caso Leire y el papel del PSOE en todo ese entramado, de la sentencia del caso Mascarillas, de la polémica instrucción del juez Juan Carlos Peinado en el caso de Begoña Gómez y de la declaración del hermano del presidente del Gobierno. Frentes judiciales que complican a Sánchez la reelección, a los que se suman las dificultades para recomponer la mayoría parlamentaria y las dudas de los socios sobre la continuidad de la legislatura. Génova llevaba semanas explotando ese contexto, dejando que fuera el desgaste del Ejecutivo el que marcara la agenda, pero esta semana ha sido Feijóo el protagonista, aunque no como él hubiera deseado.

La primera polémica llegó con la reforma de la ley de memoria democrática para ampliar el acceso a la nacionalidad española de los descendientes de emigrantes. Feijóo denunció que el Ejecutivo pretendía incorporar nuevos votantes al censo que definió como “ingeniería electoral", insinuando una manipulación electoral que obligó después al PP a aclarar posteriormente que no estaba poniendo en cuestión la limpieza de los procesos electorales españoles. El episodio adquirió mayor relieve cuando Griso recordó a Feijóo que el propio Partido Popular había respaldado en el pasado iniciativas similares para facilitar la nacionalidad a los descendientes de españoles en el exterior.

En esa misma entrevista, el líder del PP aseguró que impulsará la ley del “concebido no nacido" a nivel estatal, a imagen y semejanza de la aprobada por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. El anuncio buscaba tener un efecto mediático, pero desde la oposición y las asociaciones feministas lo interpretan como un mensaje en contra del aborto. El texto de la ley madrileña no modifica la ley del aborto ni le reconoce personalidad jurídica plena al embrión, pero sí que dispone que, en el ámbito de las competencias de la Comunidad de Madrid, "al concebido se le tendrá por nacido" siempre que ello suponga "un mayor beneficio" para la unidad familiar o alguno de sus miembros. 

No había terminado de apagarse esa polémica cuando, en un acto con el empresariado vasco en Bilbao, Feijóo calificó el absentismo laboral como un “cáncer" del mercado de trabajo español y planteó la necesidad de revisar el sistema de bajas laborales para reducir su impacto sobre las empresas. Unas palabras que provocaron el rechazo inmediato por parte de asociaciones de pacientes, sindicatos y también de la oposición, al situar bajo sospecha a quienes se encuentran de baja médica.

Aunque desde Génova han llegado a reconocer que su líder no se expresó en los mejores términos, se trata de una propuesta que encaja con el discurso económico que el PP lleva tiempo perfilando y que también forma parte de las demandas de la patronal. Un mayor control sobre las incapacidades temporales, un papel reforzado para las mutuas y un sistema de incentivos que reduzca el coste de las bajas para las empresas. Medidas que encajan en una concepción más neoliberal de las relaciones laborales y que, precisamente por eso, suelen quedar relegadas a un segundo plano cuando el PP trata de presentarse como una fuerza de gestión alejada de las grandes batallas ideológicas.

Ese es, probablemente, el elemento que conecta los episodios de esta semana con la campaña de las elecciones generales de julio de 2023. También entonces Feijóo llegó al tramo decisivo como favorito en las encuestas y entonces el debate dejó de girar exclusivamente en torno al desgaste del Gobierno y empezó a centrarse en las propuestas concretas del candidato popular. En apenas unos días encadenó declaraciones contradictorias sobre la revalorización de las pensiones conforme al IPC tras una entrevista en TVE, sembró dudas sobre el voto por correo y tuvo que explicar sus posiciones sobre los pactos autonómicos con Vox.

Además, también decidió no acudir al debate organizado por TVE, alimentando las críticas de sus adversarios, admitió que sabía que Marcial Dorado era un “contrabandista” cuando ambos compartieron amistad y se vio obligado a corregir o matizar varias afirmaciones que terminaron monopolizando la conversación política durante la última semana de campaña.

Aquellos episodios no explican por sí solos el resultado electoral, pero marcaron un cambio de clima. La campaña dejó de ser un plebiscito sobre Pedro Sánchez para convertirse también en un examen sobre el propio Feijóo y sobre el alcance real del proyecto político que ofrecía el PP. La victoria en votos no se tradujo en una mayoría suficiente para gobernar, y el líder conservador comprobó que la imagen de gestor competente y desideologizado se resquebrajaba con rapidez cuando el foco se desplazaba hacia las políticas concretas que defendía.

De nuevo, las polémicas no son aleatorias. Todas remiten a un mismo marco ideológico, el de cuestionar el funcionamiento de determinadas prestaciones sociales, endurecer los mecanismos de protección laboral, introducir una lógica de incentivos económicos allí donde hoy predominan derechos garantizados por el Estado y reducir el peso de la intervención pública en favor de soluciones más próximas al mercado. Y todas tienen un impacto claro en el estado del bienestar.

No es una agenda improvisada, ya que el programa económico del PP incorpora buena parte de las recetas defendidas históricamente por el pensamiento liberal: rebajas fiscales, reducción de cargas para las empresas, flexibilización del mercado laboral, fortalecimiento del papel de las mutuas en la gestión de las bajas y una revisión del alcance de algunas políticas sociales bajo el argumento de mejorar su eficiencia.

Emilio Delgado ha pasado de sonar como posible alternativa interna a la ministra Mónica García para disputar la Comunidad de Madrid a Isabel Díaz Ayuso a querer dar el salto a la política nacional. El todavía portavoz adjunto de Más Madrid en la Asamblea defiende llevar a la Cámara Baja la voz del “Madrid de los barrios” frente al modelo de Ayuso, al que acusa de haber construido una sociedad “culturalmente conservadora” y de practicar un “feudalismo” que deja fuera a quienes no pueden pagar la entrada al “parque temático” madrileño. 

Tras compartir un acto con Gabriel Rufián y defender que Más Madrid debe tener un papel protagonista en la recomposición de la izquierda, Delgado le pide al portavoz de ERC que “aterrice” su propuesta. Y, aunque él personalmente amagó con competir en primarias contra García por el liderazgo del partido en Madrid —una posibilidad que finalmente descartó para evitar "un psicodrama de la izquierda"—, defiende ahora abrir una nueva etapa centrada en ampliar el espacio progresista y dejar atrás los debates internos. Sin embargo, sí admite que hay “mucha gente” que le decía “que le habría hecho ilusión” que él fuera quien se presentase contra Ayuso.

¿Por qué ha decidido dar el paso de ir al Congreso? ¿Qué cree que puede aportar?

Estamos viviendo tiempos de enorme incertidumbre y de mucha inseguridad vital. Hay una batalla explícita entre dos opciones: o se sigue concentrando poder, riqueza, tiempo y recursos en muy pocas manos, o se democratizan. Quiero contribuir humildemente a preservar lo mejor que hemos sido capaces de construir en los últimos 50 años con el Estado del bienestar, los servicios públicos y la democracia. Es fundamental que los madrileños tengan una voz en el Congreso, igual que otros territorios tienen representación territorial.

¿Qué ha entendido mejor Isabel Díaz Ayuso de la sociedad madrileña que la izquierda sigue sin comprender?

Ayuso y el PP han hecho un experimento consistente en generar su propio electorado. Han generado una sociedad culturalmente conservadora y juegan con eso. La izquierda tenemos que tomar nota de cómo es la sociedad madrileña y ajustar nuestros mensajes para que puedan ser comprendidos por una parte amplia de la población, porque tienen que ver con mejorar sus condiciones de vida.

Cuando el PP dice que es mejor tener el dinero en el bolsillo, nosotros debemos recordar que ese dinero se lo están sacando a la gente cuando tiene que contratar servicios privatizados o cuando necesita una residencia para sus mayores y descubre que el 98% de la gestión es privada. Cuando hablan de libertad de elección, hay que recordar que mucha gente no puede elegir: o te quedas en casa de tus padres hasta los 40 años porque no hay parque público de vivienda, o acudir a un mercado absolutamente prohibitivo.

¿La fragmentación de la izquierda responde más a diferencias políticas, de liderazgo o estratégicas?

La unidad permite maximizar el resultado dentro de un espacio determinado de juego. Podemos conformarnos con eso o intentar ampliar para que entre más gente y ahí lo importante es reconectar con sectores populares que se han distanciado de la izquierda, aportar certidumbre a los indecisos y no renunciar a entrar en el terreno político del adversario. Hay muchas personas que han podido prestar atención a lo que decía la derecha y la extrema derecha, porque a partir de unos dolores reales en los que se ven nombrados, lo que están haciendo las derechas es introducir cambios todavía más reaccionario.

¿Cómo se reconecta con esos sectores populares?

Creo que lo hemos conseguido en muchas ocasiones dejando de hablar de nosotros mismos y hablando más de lo que la gente necesita. Una persona que llega a casa a las ocho o las nueve de la tarde no quiere escuchar el psicodrama de la izquierda. Pero sí puede prestar más atención si le hablamos de conciliación de su vida familiar y familiar, de oportunidades para sus hijos, de escuelas infantiles, de universidad o de empleo de calidad.

Y, en segundo lugar, no pidiendo el carné a nadie. Tuvimos un enorme acierto cuando planteamos hace unos años que había mucha gente distinta que puede estar de acuerdo en lo fundamental: justicia, democracia, libertad y prosperidad. En eso hay una inmensa mayoría de españoles. No se trata de llenar el país de banderas, ni de echar a los inmigrantes, ni de volver a un giro autoritario que nos devuelva a antes de la ilustración y que pasa por modernizar el tejido productivo, la administración pública y garantizar derechos laborales y sociales. 

¿Se refiere a la época posterior al 15M con la aparición de Podemos? ¿Cómo se articula esto tras años distanciados y de gobierno de Pedro Sánchez?

En los gobiernos de la izquierda hay muchas cosas reivindicables, se han actualizado pensiones y hay datos de empleo muy exitosos, se ha aumentado el presupuesto para la dependencia… pero nos hemos olvidado de generar un discurso que vaya más allá de la mera gestión de los servicios públicos, que dibuje un horizonte deseable. Cuando el adversario te está poniendo delante una distopía absoluta, pero organizada y con sentido, nosotros estamos en la obligación de plantear una utopía realizable y explicando a la gente en qué consiste y cómo lo vamos a hacer. 

Gabriel Rufián, con quien compartió un acto en febrero, ha planteado la necesidad de crear un espacio votable para evitar que la izquierda “se vaya al carajo durante años”. ¿Coincide?

No voy a entrar en cuestiones internas de otros partidos. Valoro positivamente la voluntad de Rufián de contribuir a encontrar una solución. Me parece loable todo esfuerzo por evitar una involución en este país. Ahora bien, no acabo de entender cómo se aterriza esa propuesta si las fuerzas soberanistas, que él plantea como eje, ya se han desmarcado.

En ese acto con Rufián también abrió varios debates. ¿Comparte la tesis de que la izquierda se ha centrado demasiado en las cuestiones identitarias y ha dejado de lado las materiales?

No, las cuestiones identitarias son materiales. Cuando alguien es agredido en la calle por su orientación sexual o identidad de género, no hay nada más material que eso. No hay que dar ni un paso atrás en la protección de los derechos LGTBI con 65 países en los que ser homosexual está penado y siguen produciéndose agresiones, discriminaciones y delitos de odio. Lo que he planteado es que, simultáneamente, tenemos que ocuparnos de apoyar a todos esos hombres que viven una crisis de masculinidad brutal, que ven truncadas sus expectativas y que pueden ser presa de la extrema derecha si no tenemos nada que decirles, también tenemos que dirigirnos a ellos.

¿Por qué cree que esos hombres se sienten más interpelados por la extrema derecha? ¿Se ha ridiculizado desde la izquierda a los gymbros?

A veces se han planteado como antagónicas cuestiones que no tienen por qué serlo. Que te guste el deporte o ir al gimnasio no significa que la izquierda no pueda ser tu lugar y a veces se generan polémicas estériles. Creo que son perfectamente compatibles los libros y los burpees. La izquierda también tiene que entrar en esos sectores populares y no podemos huir de las contradicciones. Todos en nuestra familia tenemos gente que aboga por los servicios públicos, está a favor de la justicia social y tiene un alma progresista, pero a su vez reproduce elementos del patriarcado y del capitalismo.

No nos podemos desmarcar de esas personas porque es nuestro pueblo y nuestra gente. No necesito estar de acuerdo en todo, sino en lo fundamental. A partir de ahí, me da igual si te gusta el teatro, los toros o el deporte. Y hay que introducir a todas estas personas en los discursos de la izquierda, acudir a estos espacios y tener presencia en los espacios populares.

Suele decir que la izquierda debe hablar de inseguridad en los barrios. ¿Cómo hacerlo sin caer en discursos punitivistas en los que no se va al fondo del asunto?

Los que están generando más cuotas de desigualdad y abogan por una mayor desregulación e impiden que los Estados protejan a la gente y se quejan de pagar impuestos, son los más punitivistas. La seguridad es uno de los elementos irrenunciables de la igualdad y cuando las plataformas vecinales remarcan la inseguridad en las manifestaciones hay que prestarles atención. Alguien de Vallecas tiene el mismo derecho a sentirse seguro que alguien del barrio de Salamanca. Hay barrios que están sobrerrepresentados en las cárceles desde hace sesenta años, son los mismos barrios. Cuando una madre en una familia monoparental trabaja diez horas fuera de casa y sus hijos se crían solos, sin servicios públicos ni alternativas, hay más posibilidades de que acaben en circuitos delincuenciales que alguien que tiene la vida solucionada.

Sobre la relación con el PSOE, ¿cómo valora la respuesta del presidente Pedro Sánchez ante los casos de corrupción que han afectado al partido?

Me preocupa que en España se imponga una dicotomía de blanco o negro: o todo es una conspiración para tumbar al Gobierno o no existe ninguna conspiración y este es el peor Gobierno de la democracia. Creo que pueden estar sucediendo las dos cosas a la vez. Ha habido movimientos reaccionarios, mediáticos, económicos y judiciales para tumbar a un Gobierno legítimo, no me cabe la menor duda y estoy pensando por ejemplo en el juez Peinado. Pero también ha habido personas dentro del PSOE que han contribuido a erosionar al propio Gobierno con sus conductas.

La respuesta de Pedro Sánchez no siempre ha sido la mejor. Y ha habido propuestas que siguen sin llegar al Congreso. Por ejemplo, la ley de integridad de la Administración Pública que planteó Sumar o limitar que empresas corruptoras accedan a concursos públicos. Sánchez debería dejar de tratar con condescendencia a sus socios de Gobierno, que no han puesto ni un solo caso de corrupción encima de la mesa y han aportado buena parte de las medidas de las que luego presume el Ejecutivo.

Usted ha planteado dudas sobre las condiciones en las que Sumar debe formar parte del Gobierno. ¿Cree que debería salir?

Yo planteé que era necesaria una reflexión sobre en qué condiciones se entra a formar parte de un Gobierno, porque también se puede apoyar desde fuera. Hay que marcar líneas en función de si tu participación garantiza políticas progresistas que la justifiquen. Llegados a este punto, creo que no tendría mucho sentido abandonar el Gobierno, porque sería facilitar la operación de derribo de un Gobierno legítimo que está haciendo la derecha. Pero en el futuro habrá que plantearse en qué condiciones se entra y cuáles son las líneas que obligarían a salir.

 ¿Cuál cree que ha sido el mayor acierto del Gobierno de Pedro Sánchez? ¿Y su mayor error?

En política internacional ha sostenido una posición bastante digna en un mundo que se transforma a gran velocidad y en el peor sentido de la palabra. Estamos viendo cómo aumentan la emergencia climática, la desigualdad y los genocidios en directo, como en el caso de Palestina. Ahí el Gobierno ha sabido tener una posición bastante digna.

El peor error ha sido la vivienda. No es de recibo que una ministra de Vivienda salga a decir que hay que convencer a los empresarios de que tengan buena voluntad y bajen los alquileres. No la hemos puesto de ministra para apelar a la buena voluntad de los caseros, sino para legislar a favor de la parte más desprotegida, que son los inquilinos.

El Gobierno suele responder que muchas competencias dependen de las comunidades autónomas. ¿Ha faltado ambición?

Sí, es cierto, pero se pueden hacer más cosas. Por ejemplo, se podría haber dejado en manos de los ayuntamientos, y no de las comunidades autónomas, la declaración de zonas tensionadas. También se podría haber impulsado una reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos para introducir figuras como el alquiler indefinido, que permita al propietario recuperar la vivienda si la necesita para sus hijos o en caso de impago, pero que impida subidas exponenciales cada cuatro años.

Si hubiera elecciones generales y la izquierda necesitara nuevos liderazgos tras la negativa de Yolanda Díaz, Pablo Bustinduy y Ada Colau, ¿usted estaría dispuesto a dar un paso adelante?

Estoy dispuesto a empujar y a poner el hombro todo lo que sea necesario para conseguir una España más próspera y más grande. Nosotros también queremos una España grande, pero de una forma diametralmente opuesta a la derecha. España no se hace grande expulsando inmigrantes, apostando por empleos baratos o reduciendo derechos sociales y políticos. Estaré donde la gente quiera que esté, no lo voy a decidir yo, lo decidirán las cúpulas de los partidos.

¿Y si se lo piden directamente?

Si se da esa situación, ya veremos…

En los últimos meses amagó con presentarse a las primarias contra Mónica García, aunque finalmente no dio el paso. ¿Había diferencias estratégicas importantes entre ustedes?

Mucha gente me decía que le habría hecho ilusión que me presentara como cabeza de lista contra Ayuso. Agradezco mucho el cariño y la confianza. Pero no estamos en un momento para revolcarnos en discusiones sobre detalles, matices o liderazgos. La misma gente que me decía eso quizá se estaría lamentando ahora de que estuviéramos enfrascados en un debate interno. Creo que hemos alcanzado un acuerdo que permite que hoy Más Madrid esté hablando de modelo productivo, de alternativa al PP de Ayuso y de servicios públicos, y no de liderazgos.

¿Cuál ha sido el momento en que ha estado más cerca de dejar la política?

Es una pregunta difícil. La ciudadanía está expuesta al ruido permanente de lo peor de la política: escándalos judiciales, trampas, odio financiado por grandes poderes económicos, mediáticos y financieros. Nosotros estamos en el centro de ese bombardeo. A veces he tenido que recordarme que la política va de otra cosa, de conseguir una mejor educación, de que los jóvenes tengan una vida mejor que la nuestra, de que las personas mayores estén bien cuidadas o de que alguien con empleo pueda pagar su casa.

¿Cómo analiza los movimientos judiciales de los últimos años? La semana pasada publicamos en infoLibre los vínculos entre Plus Ultra y el exjuez Manuel García-Castellón, pero no ha encontrado un eco mediático como el caso Zapatero.

España es enormemente exigente con el poder político y enormemente condescendiente con el poder judicial. Y el poder judicial, como cualquier poder del Estado, está sujeto a crítica. Hemos visto el bloqueo permanente del Consejo General del Poder Judicial por parte del PP, una huelga de jueces a los que no se les descontaba el día, reuniones de fiscales con el jefe de la oposición para decirle que preferían un Gobierno de derechas e intromisiones del poder judicial en el legislativo.

Hay dos debates clave: cómo se accede a la carrera judicial y cómo se nombran los altos cargos en los tribunales. Para ser juez necesitas pasar años sin trabajar, pagar un preparador y que tu familia te sostenga. El hijo de una panadera lo tiene muy complicado. Y los acuerdos entre grandes partidos para repartirse los altos tribunales tampoco ayudan a la percepción de independencia judicial.

Feijóo ha dicho esta misma semana que el absentismo “es un cáncer” y que hay que bajar la cuantía de las bajas laborales. ¿Se equivocó al decirlo o cree que ese es el plan de la derecha?

Para la derecha todos, salvo los especuladores y los explotadores, son enemigos. La juventud es irresponsable y unos “memos”, como dijo la CEOE. Los mayores son unos privilegiados, los trabajadores inmigrantes son unos parásitos, los trabajadores españoles unos vagos, las mujeres unas histéricas y los homosexuales unos pedofilos. La derecha tiene un problema con la mayoría trabajadora de nuestro país. Tiene un problema con la España real. Por no gustar, no le gusta ni la selección española.

La pasada semana tanto PP y Vox agitaron también el discurso sobre el censo electoral. ¿A qué lo atribuye?

Es la réplica permanente del manual trumpista. Denuncias un pucherazo antes de las elecciones: si las ganas, no pasa nada; si las pierdes, ya tienes el pucherazo previamente denunciado. También hay miedo a que los españoles tengan una idea de país distinta de la que proyectan la derecha y sus medios. Los ataques a la soberanía popular que hace José María Aznar desde FAES van en esa línea: amedrentar al pueblo para que vote bien, porque si vota mal puede haber consecuencias.

¿Qué pasaría si después de las próximas elecciones generales hubiera una mayoría de la derecha?

Empezaríamos a reconstruir todo lo que fuera necesario para que la gente sufriera lo menos posible.