El Partido Popular ha convertido el brote de hantavirus del MV Hondius en una nueva pieza de oposición total al Gobierno recuperando el mismo repertorio que desplegó durante la pandemia del covid pese a que la Organización Mundial de la Salud (OMS) asegura que este brote presenta un riesgo bajo para la población. El hecho de que el crucero vaya a fondear en las inmediaciones del puerto de Granadilla de Abona (Canarias) y que tenga 14 españoles a bordo, que serán trasladados por un avión militar a Madrid para hacer cuarentena en el Hospital Gómez-Ulla, ha encendido todavía más el debate.

La formación de Alberto Núñez Feijóo no se ha limitado a reclamar detalles  sobre el operativo, los informes técnicos o la cuarentena de los pasajeros españoles, sino que ha reactivado el fantasma del covid. Feijóo acusó al Ejecutivo de "generar confusión", reclamó "los documentos sanitarios que avalen cada decisión" y "el nombre de los expertos que han gestionado la crisis". La portavoz en el Congreso, Ester Muñoz, aseguró que "no hay nadie al volante", pidió la comparecencia urgente de la ministra de Sanidad, Mónica García y criticó que la crisis sea gestionada por "los mismos que no le dieron importancia al covid”.

El mensaje no es nuevo. Es una reedición del argumentario que el PP utilizó durante la pandemia: el Gobierno no informa, improvisa, oculta a los técnicos, usa expertos "fantasma" y el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, no “genera tranquilidad”, después de afirmar que el hantavirus “no va a suponer un riesgo para España en absoluto”. La propia Muñoz cargó contra el experto porque es "el mismo que nos dijo que el covid no serían más que uno o dos casos".

El profesor de la Universidad Carlos III Pablo Simón, autor de Corona. Política en tiempos de pandemia (Debate), destaca que la estrategia del PP durante la pandemia se dividió en dos etapas. "Una primera de cerrar filas y colaborar, cuando el propio PP aprobaba los estados de alarma, y una segunda en la que rápido se empieza a descolgar Vox y ellos les siguen, que es la gestión de la pandemia de la segunda oleada", explica en conversación con infoLibre. 

Esa segunda fase es la que, a su juicio, más se parece al discurso actual sobre el hantavirus. "Esta idea de improvisación, no saben lo que hacen, hay problemas de coordinación, no informan, recuerda más a esta idea de la segunda oleada en adelante", señala. La clave, añade, está en que la pandemia ya era entonces "algo más conocido" y "más localizable", aunque siguiera siendo "muy terrible". En cambio, el hantavirus parte ya de una escala mucho más acotada. "Si el PP puede hoy ir al choque es porque esta es una crisis sanitaria localizada. No se trata de un shock global que obliga a un cierre de filas".

La lectura de Simón encaja con la de Eduardo Bayón, politólogo y experto en comunicación política, aunque este pone más el foco en la continuidad del patrón. Para Bayón, el PP aplica un mecanismo reconocible, el de "convertir cada crisis en oportunidad de desgaste". "Lo vimos con el covid, con la dana de Valencia, con los apagones, con cualquier emergencia", sostiene el autor de Lucha de tribus. Mitos y verdades de la batalla política y la radicalización identitaria entre la izquierda y la derecha (La Esfera de los libros).

A su juicio, el mensaje de fondo que se intenta transmitir es el mismo que durante la pandemia: "El Gobierno improvisa, oculta y pone en riesgo a la ciudadanía". Y debajo de esa acusación aparece la verdadera tesis que trata de imponer el PP, "que el Estado gobernado por la izquierda no protege". Para Bayón, esa es "la pieza que conecta crisis sanitaria con batalla cultural sobre el sector público" y forma parte de "una estrategia de crispación permanente que no distingue entre pandemia y brote acotado".

La estrategia de ahora reproduce también otra batalla de 2020, la de los expertos. En mayo de aquel año, el PP registró en el Congreso una petición para que el Gobierno desvelara la identidad y el currículum de los técnicos que evaluaban el paso de fase de las comunidades en la desescalada. Los conservadores sostenían entonces que el Ejecutivo debía "cumplir la legalidad vigente" y dar a conocer "cuanto antes" la identidad de esos expertos. Meses después, la dirección de Pablo Casado hablaba abiertamente de "Comité de Expertos fantasma", de mentiras sobre los fallecidos y de ocultación de datos.

En abril de 2020, Casado acusó a Sánchez de "incompetencia", "ineficacia" e "imprevisión"; reclamó disculpas por la "tardanza" en adoptar medidas; y sostuvo que el Gobierno había puesto "la propaganda antes que la gestión". Meses más tarde, propuso una comisión de investigación para determinar las "negligencias" del Ejecutivo en la pandemia y habló de "imprevisión, incompetencia y propaganda". En noviembre, pidió el cese de Simón por "incompetencia, politización y falsedades". 

Pero que la estrategia política sea parecida no significa que el caso lo sea. El covid fue una pandemia provocada por un virus nuevo, de transmisión respiratoria y expansión global. La OMS declaró la emergencia internacional el 30 de enero de 2020 y caracterizó el brote como pandemia el 11 de marzo de ese año. España declaró el estado de alarma el 14 de marzo para hacer frente a una situación que el BOE calificó de "grave y excepcional". 

Según los expertos, presentar ambos casos como equivalentes, como trata de hacer el PP, distorsiona el debate al sugerir que España está ante un escenario comparable al de marzo de 2020. El hantavirus del MV Hondius es un brote grave pero concentrado en un entorno muy delimitado. La OMS ha advertido de que podrían aparecer más casos por el periodo de incubación del virus Andes, que puede extenderse hasta seis semanas, pero también ha insistido en que el riesgo para la población de Canarias es "bajo" y que el brote "no es el inicio de una pandemia".

Pablo Simón también rechaza que esta crisis pueda operar como aquella "ventana de oportunidad" que sí abrió la pandemia. "Esta no es una crisis de tal entidad como para generar algún tipo de cambio que implique, por ejemplo, el avance del teletrabajo como vimos en su momento o los fondos Next Generation. Nada de eso está encima de la mesa". A su juicio, como mucho, el episodio permitirá comprobar si funcionan los mecanismos de coordinación europea, pero no provocará grandes transformaciones institucionales. "Parece que hay un desacople fuerte entre el nivel de expectación mediática que genera el hecho y la propia percepción de amenaza de la población", añade 

Así lo ve también Bayón. "El covid fue un acontecimiento histórico, el hantavirus, hasta ahora, es un brote acotado en un crucero. Construir una narrativa de derrumbe institucional sobre cinco casos exige un esfuerzo de amplificación con rendimientos decrecientes". La tesis del politólogo es que la derecha ya no espera a que se abra una oportunidad política: "La estrategia desde 2020 es no esperar a la ventana, es fabricarla. Cualquier emergencia se convierte en escenario de impugnación".

El interés político del PP es instalar al Gobierno otra vez en el terreno en el que más desgaste acumuló durante la legislatura anterior, el de la gestión de emergencias. También buscan convertir a Mónica García y a Fernando Simón en rostros de una supuesta continuidad con el "peor Gobierno posible" de la pandemia, aunque el operativo actual dependa de un entramado internacional en el que intervienen otros organismos y terceros países. Además, buscan disputar a Vox el espacio emocional del miedo y la desconfianza.

Bayón interpreta esa estrategia como parte de una "crispación permanente" que no distingue entre una pandemia y un brote acotado. Simón no cree que el partido de Feijóo obtenga un rédito político directo, pero sí ve un "mensaje fuerte" destinado a movilizar al electorado popular. "Esta gente es ineficaz, no sabe gestionar, no tiene capacidad para afrontar crisis, está continuamente improvisando", resume. En su opinión, el discurso se alinea con una estrategia más amplia: "Nada funciona porque esta gente no lo sabe hacer".

Bayón advierte de que este tipo de choques alimenta la antipolítica porque cuando dos Administraciones gestionan una emergencia y la conversación pública se reduce a quién tiene la culpa, "la ciudadanía concluye que el sistema institucional no funciona". Esa percepción, sostenida en el tiempo, beneficia a quien quiere presentar el sistema como roto. Simón comparte el diagnóstico aunque recuerda que en la gestión de la dana, una crisis "mucho más catastrófica", el reproche cruzado entre Administraciones terminó beneficiando a Vox. No anticipa necesariamente el mismo resultado en el hantavirus, pero sí advierte de que este tipo de enfrentamientos "no hace ningún bien a las instituciones".

La ofensiva tiene además un incentivo territorial. Canarias, donde debe fondear el barco, y Madrid, donde está previsto trasladar a los españoles al Gómez Ulla, están en el centro del operativo. La presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso ha cuestionado por qué Madrid debe acoger a los pasajeros y bajo qué criterio, mientras el PP canario ha presionado para que el buque no atraque. El Gobierno ha aceptado finalmente que el MV Hondius fondee sin tocar puerto y que los pasajeros sean evacuados sin contacto con la población.

Este suceso también alimenta el debate sobre la descentralización del Estado, que los conservadores utilizan cuando les conviene. "Defienden la descentralización cuando gobiernan autonomías (Madrid, Andalucía, Galicia) y piden centralización cuando hay una crisis sanitaria gestionada por un ministerio de izquierdas", señala el politólogo. El profesor de la Carlos III añade que tendría que tratarse de un shock "de muchísima más gravedad" para que surgiera una pulsión recentralizadora real. En crisis fuertes, recuerda, es habitual que la ciudadanía quiera recentralizar competencias y poner a técnicos al frente. Pero insiste en que “esta crisis, de momento al menos, no tiene esa entidad".

Isabel Díaz Ayuso ha decidido cancelar el tramo final de su viaje a México y regresar a España este fin de semana, pese a que inicialmente estaba previsto que durara diez días en total. La decisión llega después de que la presidenta de la Comunidad de Madrid acusara al Gobierno de Claudia Sheinbaum de alimentar un "clima de boicot" contra ella. Ayuso tenía previsto asistir este sábado a la gala de los Premios Platino del Cine Iberoamericano, en la Riviera Maya, y después desplazarse a Monterrey. 

La versión difundida por el Gobierno madrileño en un comunicado apunta directamente a la presidenta mexicana y sostiene que el Ejecutivo de Sheinbaum habría amenazado a los organizadores de los Premios Platino con cerrar el complejo donde se celebra la gala si Ayuso acudía "tanto al evento como al recinto". También asegura que las autoridades mexicanas exigieron "cada nombre y apellidos" de las personas que se reunieran con la presidenta madrileña.

La acusación eleva el tono de un viaje polémico desde sus inicios. La presidenta madrileña llegó a México después de haber convertido la historia compartida entre ambos países en un nuevo campo de batalla ideológico, en pleno proceso de deshielo diplomático entre el Gobierno de Pedro Sánchez, Felipe VI y el Ejecutivo de Sheinbaum. La presidenta madrileña aprovechó su visita para reivindicar la "Hispanidad", la "evangelización" y el papel de Hernán Cortés, una agenda que buscaba presentar a Madrid como refugio económico y político frente a la izquierda latinoamericana.

Aunque el Gobierno madrileño sostiene que es “insólito que Sheinbaum amenace a una representante política de otro país porque no esté de acuerdo con sus ideas”, el pasado mes de febrero Ayuso equiparó al Gobierno mexicano con regímenes autoritarios y pidió que "Cuba, Nicaragua y otros países como México" rompieran sus "cadenas" y que se pusiera fin a los "narcoestados" de "dictadores de ultraizquierda". Sheinbaum respondió al día siguiente y calificó esas palabras de "propaganda" y "calumnia", y dijo que era "absolutamente falso" que México copiara modelos como Cuba o Venezuela.

El pasado lunes la dirigente conservadora hizo un alegato en defensa del conquistador español durante el acto "Celebración por la evangelización y el mestizaje en México: Malinche y Cortés", inicialmente previsto en la Catedral Metropolitana de Ciudad de México y finalmente trasladado al Frontón México después de que la Arquidiócesis Primada se desmarcara. En ese evento, Ayuso defendió el "mestizaje" como mensaje de "esperanza", mientras grupos indígenas protestaban contra un homenaje que consideraban una reivindicación del colonialismo español.

La respuesta de Sheinbaum llegó horas después. Sin citar a la baronesa del PP, cargó contra quienes "buscan reivindicar a Hernán Cortés y sus atrocidades" y sostuvo que quienes reviven la conquista como una supuesta salvación están "destinados a la derrota". En los días siguientes, la dirigente mexicana insistió en que Ayuso tenía derecho a viajar a México y a defender sus posiciones, pero cuestionó que la derecha mexicana pretendiera ganar legitimidad abrazando a una dirigente que "adora a Cortés".

Antes de que la Comunidad de Madrid anunciara que Ayuso cancelaba el viaje después de que la presidenta mexicana hubiera “llamado al boicot de varios de sus eventos”, Sheinbaum aseguró que no iba a "coartar la libertad de expresión" de Ayuso pero sí que señaló que no creía que hablar de Hernán Cortés y la conquista ayudara políticamente a quienes habían invitado a la presidenta de la Comunidad de Madrid.

El choque se produce en un momento especialmente delicado. La relación entre España y México arrastraba años de tensión desde que en 2019 el entonces presidente, Andrés Manuel López Obrador, reclamó a la Corona una disculpa por los abusos cometidos durante la conquista. Esa crisis tuvo uno de sus puntos más visibles cuando Sheinbaum no invitó a Felipe VI a su toma de posesión y España respondió sin enviar representación hace dos años. 

Pero en los últimos meses Moncloa y Zarzuela habían tratado de recomponer la relación. El rey Felipe VI reconoció en marzo que durante la colonización hubo "abusos y controversias éticas" y el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, se reunió hace una semana con Sheinbaum para trasladar una invitación del rey a la Cumbre Iberoamericana de Madrid, que es clave para España y en la que México juega un papel importante. En ese contexto aterrizó Ayuso. La cancelación le permite ahora reforzar la idea de la intolerancia de la izquierda latinoamericana y su supuesta hostilidad hacia Madrid. 

El Partido Popular ha convertido cada declaración de Víctor de Aldama, el empresario, conseguidor y confidente de la Fiscalía en el caso Mascarillas, en munición política contra el Gobierno de Pedro Sánchez pese a que Aldama no ha aportado pruebas de muchas de sus acusaciones, entre ellas que Sánchez es el número uno de la trama. Un argumento que trata de explotar el principal partido de la oposición, que ha llegado a proponeral presidente del Gobierno que se querelle contra el empresario para probar su propia inocencia.

Aldama se ha presentado durante los últimos meses como un mero peón de la trama pese a haber cobrado 6,6 millones “en concepto de comisiones” por esas adjudicaciones y ser el “jefe real” –según el teniente coronel Antonio Balas, investigador jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil– de este caso de corrupción.  Según el informe de los investigadores, el comisionista y presunto conseguidor de la trama era el actor privado que conectaba los negocios con el poder político

Aunque en Génova dudan, en privado, de muchas de las acusaciones que ha lanzado tanto en platós de televisión como en el propio juicio, el partido de Alberto Núñez Feijóo ha asumido como verdaderas esas acusaciones sin pruebas y, al formar parte de la acusación popular, ha rebajado la petición de pena para él de forma que ninguno de los delitos por los que solicita condena supera los dos años de prisión. Si esta rebaja se aplicara, Aldama podría librarse de entrar en la cárcel. 

El jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha llegado a decir que sería "posible" apreciar en este caso la atenuante "muy cualificada" por la colaboración de Aldama, que implicaría una rebaja de pena mayor que la que Anticorrupción –es decir, él mismo–, solicita en su escrito final de conclusiones. Actualmente la Fiscalía reclama siete años para Aldama, 24 para el exministro José Luis Ábalos y 19 años y medio para su exasesor Koldo García.

Desde el Gobierno han acusado al PP de tener una relación de connivencia con el empresario investigado que los conservadores niegan. A esto se le añade que Koldo García ha acusado al abogado del PP de haberle ofrecido un acuerdo a cambio de implicar a terceros. Los de Feijóo lo niegan —aunque en otras ocasiones sí han dado credibilidad al asesor de Ábalos—, pero lo cierto es que el mismo partido que se presenta como acusación implacable contra la corrupción no lo es tanto con los corruptores ni con las empresas que se beneficiaron o que aparecen señaladas en las diferentes piezas del sumario.

El núcleo empresarial del caso Mascarillas’ lo formaban Soluciones de Gestión, el entorno societario del Grupo Cueto y las sociedades de Aldama Deluxe Fortune y MTM 180 Capital. El PP, sin embargo, ha evitado dirigir cualquier tipo de responsabilidad hacia los corruptores y las compañías participantes, y su único objetivo ha sido el Gobierno y, esencialmente, Sánchez, pese a que el fiscal Luzón haya negado su implicación con rotundidad durante el procedimiento.

La indulgencia con Aldama no es una excepción, sino una suerte de patrón. En la pieza del caso Koldo que involucra a Acciona, la UCO ha atribuido a la compañía comportamientos "cuando menos cuestionables", y la ha situado como nexo empresarial en la presunta red de adjudicaciones amañadas vinculada a Koldo García, Ábalos y Santos Cerdán. Varios cargos y exdirectivos de Acciona han sido citados o investigados en esa pieza, y la Guardia Civil considera que Servinabar obtuvo buena parte de sus ingresos de obras con Acciona, presuntamente a cambio de un porcentaje de adjudicaciones. 

Pero la relación de esta gran contratista de obra pública con tangentes, mordidas y amaño de contratos no es nueva. Ocho empleados con distintos niveles en la jerarquía del grupo empresarial están procesados desde 2023 en el caso Acuamed, que ha instruido Manuel García Castellón, extitular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional. A diferencia del caso Koldo, los hechos del caso Acuamed tuvieron lugar en 2013, durante el Gobierno de Mariano Rajoy.

Otras empresas como Ferrovial, Sacyr, ACS, FCC u OHLA también han sido sancionadas por prácticas que alteraron las licitaciones durante décadas. Y otras, directamente condenadas, como Cofely y Waiter Music en Púnica, Emissao en Lezo, Becsa y CHM en la Gürtel valenciana. En algunos de esos casos, las Administraciones del PP han seguido contratando con empresas condenadas, vinculadas o señaladas en causas de corrupción, siempre con el argumento de que no estaban formalmente inhabilitadas.

Los conservadores prefieren presentar la corrupción como una cadena que termina en el Gobierno de Sánchez, no como un sistema en el que grandes contratistas privados obtienen beneficios, contratos o posiciones de ventaja mediante relaciones privilegiadas con el poder. Así, la corrupción parece que es cosa de políticos. Pero nunca de su propio partido, pese a las numerosas condenas que salpican a dirigentes de la formación conservadora.

Hay otros grandes grupos empresariales vinculados a las Administraciones públicas, como es el caso de Quirón, que no están condenados, pero sí aparecen en el centro de una pieza judicial incómoda para la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Es, precisamente, la que investiga los negocios de su pareja, Alberto González Amador, con Quirón Prevención por presunta corrupción en los negocios y administración desleal. 

A esta investigación se le suman las pesquisas del Tribunal de Cuentas sobre los contratos de la Comunidad de Madrid con Quirón y Ribera Salud. La reacción del PP fue vetar en la Asamblea la fiscalización de los contratos con el grupo sanitario, presentar el caso como un asunto privado de la pareja de Ayuso y acusar al PSOE de querer "empatar" con el caso Koldo.

Así, el Ejecutivo de Ayuso decidió en junio del año pasado, en plena investigación judicial sobre los negocios de la pareja de la presidenta regional y su conexión con un directivo de esta misma compañía, prorrogar otro año más el contrato para la realización de reconocimientos a los empleados públicos de la región. Unos trabajos con los que la firma de prevención de riesgos laborales se embolsará casi medio millón de euros hasta este verano. Hace solo unos días, la Comunidad de Madrid volvió a extender ese mismo contrato.

La relación entre González Amador y la filial del gigante sanitario parece ir más allá de la simple vinculación consultor-cliente. En el informe detallado de delito que elaboró en su día la Agencia Tributaria por el supuesto fraude fiscal "constan aportados unos correos electrónicos" donde el empresario, a quien el jefe de Gabinete de Isabel Díaz Ayuso guarda en su teléfono como "Alberto Quirón", lejos de actuar como "gerente o administrador" de la consultora Maxwell Cremona,slo hace como "Director de Proyectos" en nombre y por cuenta de Quirón Prevención.

Los viajes de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso en momentos complicados de su mandato no son una novedad y, en total, lleva más de 20 visitas a países extranjeros desde que ocupa el cargo. En este caso, la declaración de su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, en los juzgados ha coincidido con un viaje de diez días de la baronesa del PP por México. Una visita que está tratando de aprovechar para convertir la historia compartida entre España y México en un campo de batalla ideológico, justo cuando Moncloa, Zarzuela y el Gobierno de Claudia Sheinbaum acababan de rebajar la tensión diplomática abierta desde hace tiempo.

La estrategia de Ayuso busca presentar a la Comunidad de Madrid como refugio económico y político frente a la izquierda latinoamericana, tejer alianzas con sectores conservadores mexicanos y reivindicar la Conquista y la Hispanidad como bandera. Se trata de un discurso nacionalista con tintes católicos en el que la madrileña reivindica la evangelización de los indígenas por parte del ilustrado español medieval –un mito ampliamente discutido por los historiadores– y defiende el pasado imperial y colonizador. 

Ayuso, además, ha aterrizado en México después de haber llamado al país "narcoestado" y de haber equiparado el Gobierno de Sheinbaum con la dictadura cubana desde un acto organizado por el universo MAGA en Mar-a-Lago. Ya en Ciudad de México, elevó el simbolismo con un acto en honor al conquistador español Hernán Cortés, en el que defendió que "el mestizaje es el mensaje de la esperanza y de la alegría". Sheinbaum respondió al día siguiente, sin citar a Ayuso directamente, que quienes "buscan reivindicar a Hernán Cortés y sus atrocidades" están "destinados a la derrota".

El choque por el papel de España en la conquista de México no es nuevo. En 2019, el entonces presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, pidió a España y al rey Felipe VI una disculpa por los abusos cometidos durante ese periodo histórico. La petición abrió una grieta diplomática que llegó hasta la toma de posesión de Sheinbaum en 2024. Entonces, la presidenta decidió no invitar al rey Felipe VI y, en respuesta, España no envió a ningún representante.

La tensión diplomática continuó hasta que, el pasado mes de marzo, Felipe VI reconoció que durante la colonización hubo "abusos y controversias éticas". Sus palabras fueron entendidas como un gesto de acercamiento hacia el Gobierno de Sheinbaum, pero no se libraron de las críticas de la derecha. "Lejos de pedir perdón, estamos inmensamente orgullosos del legado de España en México y viceversa”, aseguró la líder madrileña al ser preguntada por las manifestaciones del monarca. Vox también mostró su desacuerdo y afirmó que fue la conquista fue la “mayor obra evangelizadora y civilizadora de la historia universal”.

Hace solo unas semanas, Sheinbaum decidió viajar a última hora a Barcelona para participar en la cumbre progresista organizada por el presidente español, Pedro Sánchez. Allí la presidenta mexicana estuvo junto a otros líderes como Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil), Gustavo Petro (Colombia) y Yamandú Orsi (Uruguay). En la ciudad condal, Sheinbaum dijo ante los periodistas: "No hay crisis diplomática, nunca la ha habido". La mandataria mexicana constató un "acercamiento”, pero mantuvo la importancia del reconocimiento a los pueblos originarios.

Para el Gobierno, es esencial mantener una relación de máxima fluidez con México porque detrás hay unas relaciones económicas e históricas como pocas para España. Hace solo una semana, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, se reunió en el país norteamericano con Sheinbaum y le entregó en persona una invitación de Felipe VI para asistir a la Cumbre Iberoamericana de Madrid. Albares habló de "afinidad", "sintonía" y "buena salud" de la relación bilateral. Fue entonces cuando la presidenta madrileña anunció su viaje.

Pero Ayuso se había metido de lleno en la relación México-España antes siquiera de pisar el país. El pasado mes de febrero equiparó el Gobierno de Sheinbaum con regímenes autoritarios y pidió que "Cuba, Nicaragua y otros países como México" rompieran sus "cadenas" y que se pusiera fin a los "narcoestados" de "dictadores de ultraizquierda". Sheinbaum respondió al día siguiente y calificó esas palabras de "propaganda" y "calumnia", y dijo que era "absolutamente falso" que México copiara modelos como Cuba o Venezuela.

Eso, sin embargo, no le ha impedido planificar un viaje que comenzó con una misa en la Basílica de Guadalupe y que también tendrá parada en la Riviera Maya. Ese primer día estaba previsto el acto "Celebración por la Evangelización y el Mestizaje en México: Malinche y Cortés", con la presencia de Nacho Cano, creador del musical Malinche, que aborda la historia entre la traductora indígena Malinche y Hernán Cortés, y que ha sido objeto de polémica por la supuesta contratación ilegal de becarios mexicanos. La denuncia, sin embargo, fue archivada provisionalmente por la Audiencia de Madrid en abril del pasado año. Ahora, la empresa que lo produce está en concurso de acreedores.

El acto, inicialmente previsto en la catedral Metropolitana, tuvo que trasladarse al Frontón México después de que la Arquidiócesis Primada se desmarcara. La cancelación llegó con apenas una hora de antelación y no frenó las protestas de organizaciones indígenas frente a la catedral. Ayuso reivindicó el “mestizaje” y la “evangelización” gracias a Hernán Cortés.

La respuesta de Claudia Sheinbaum llegó horas después en un acto de conmemoración de la Batalla de Puebla. Sin citar expresamente a Ayuso, la presidenta mexicana criticó a quienes "buscan reivindicar a Hernán Cortés y sus atrocidades" y sostuvo que quienes reviven la conquista como salvación están "destinados a la derrota”. En el aeropuerto de Aguascalientes, la diputada mexicana Anayeli Muñoz, del partido de centroizquierda Movimiento Ciudadano, se encontró con la presidenta madrileña y le reprochó que hubiera dicho que España tuvo que ir a "civilizar" México y que sus palabras faltaban al respeto a la cultura, al país y a la democracia mexicanas. 

El día anterior, había asegurado que precedía de “ese Madrid en el que hay muchas malinches” en “el metro, en las calles y en los colegios”. Un ejercicio de desconocimiento de las connotaciones que tiene en México lo relacionado con La Malinche, una mujer indígena nahua que actuó como intérprete, mediadora y consejera de Hernán Cortés durante la conquista de México que fue convertida en símbolo de “traición” por haber colaborado con los españoles. 

De hecho, el Diccionario del español de México define malinchismo como la tendencia de algunos mexicanos a preferir lo extranjero sobre sus compatriotas, productos, valores o tradiciones; y la RAE lo define como apego a lo extranjero “con menosprecio de lo propio”. No obstante, La Malinche como figura histórica es mucho más compleja y hoy también se reinterpreta desde perspectivas feministas, indígenas o poscoloniales, que la analizan como una mujer esclavizada, en un contexto de violencia colonial y alianzas indígenas complejas.

Ante las críticas de la izquierda española y de la mexicana por su visión colonialista, la baronesa del PP defendió que ella no va “a renegar de todo lo que hizo España”. Para la conservadora no se trata solo de defender una lectura concreta del pasado, sino de usarla como marco de confrontación presente.  

Con todo, Sheinbaum ha señalado que “no cree” que las palabras de Ayuso “minen” la relación diplomática entre ambos países. Para el Ejecutivo español, México es un aliado clave y por eso le da la máxima importancia a la cumbre iberoamericana, de la que España será el país anfitrión el próximo mes de noviembre. Una cumbre que ayudará a escenificar la normalización de una relación estratégica, histórica y económica, pero también muy sensible.

Además de México, Portugal y Andorra, están invitados Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. 

El Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar ha presentado este miércoles una denuncia ante la Dirección de Comunicación del Congreso contra el agitador Bertrand Ndongo, acreditado por Periodista Digital, por los incidentes ocurridos en el Congreso y sus inmediaciones el día anterior. Tras la rueda de prensa de la diputada y portavoz adjunta Aina Vidal, Ndongo profirió insultos contra ella llamándola “idiota” en repetidas ocasiones.

En la denuncia, firmada por la propia Vidal y registrada el 6 de mayo, a la que ha tenido acceso infoLibre, Sumar señala que el agitador estuvo "faltando al respeto gravemente" a Vidal mientras salía de la sala. El escrito añade que, tras ese episodio, el agitador "siguió con su actitud agresiva e insultó" y se encaró con varios periodistas que se encontraban allí realizando su trabajo generando "un clima de tensión" entre los presentes. No es la primera vez que ocurre, pero Ndongo, al igual que Vito Quiles, mantiene su acreditación.

Sumar también relata un segundo incidente después, ya fuera del Congreso, en las inmediaciones del edificio de la ampliación III, situado en la carrera de San Jerónimo 36.  En ese momento Vidal y parte de su equipo técnico salían del edificio para dirigirse a un taxi, pero Ndongo las interceptó y "obstaculizó el paso" a la diputada, impidiendo que pudiera acceder al vehículo mientras continuaba con una actitud de hostigamiento y faltas de respeto. Finalmente, la diputada pudo abrir la puerta y entrar en el taxi.

En su escrito, Sumar pide que la Dirección de Comunicación remita la denuncia a la Secretaría General, a la Mesa del Congreso y al Consejo Consultivo de Comunicación Parlamentaria para que se analice si la conducta puede constituir una infracción sancionable conforme al Reglamento del Congreso. La formación invoca el artículo 98.6, que considera infracción muy grave "proferir insultos, descalificaciones o atentar contra la dignidad de otras personas", y el artículo 98.7, que contempla sanciones como la suspensión de la credencial de entre tres meses y un día y tres años o, en su caso, la revocación definitiva.

El escrito recuerda además que, según el artículo 98.9 del Reglamento, la imposición de sanciones debe adecuarse a la gravedad de la conducta y a la forma en que esta hubiera afectado al funcionamiento de la Cámara y al desempeño de los demás representantes de los medios de comunicación.

El agitador ultra Vito Quiles sigue acreditado en el Congreso por EDATV — un canal de agitación y propaganda política—  pese a tener múltiples denuncias judiciales activas, entre ellas, una por agresión a la mujer del presidente, Begoña Gómez, y a acumular ocho expedientes por incidentes en la Cámara Baja. La Mesa del Congreso debe decidir si le suspende la acreditación y durante cuánto tiempo. El PSOE añadió el lunes una nueva denuncia por un vídeo grabado en un despacho de una diputada del Partido Popular, Alma Alfonso, según el diario El Plural. Desde el PP evitan confirmar si se trataba del despacho de Alfonso, pero tampoco lo desmienten.

Según fuentes parlamentarias, Quiles acumula ocho expedientes y la primera resolución se encuentra en la fase final del procedimiento, por lo que podría llegar la "próxima semana". Hasta ahora, la Mesa no ha ejecutado todavía ninguna retirada de credencial porque espera el informe del instructor, que debe elevar una propuesta antes de que el órgano de gobierno del Congreso tome la decisión. Desde el equipo legal de la Cámara explican que los letrados del Congreso quieren ser “muy garantistas” porque se trata de un “asunto muy delicado” que entronca con la libertad de prensa.

Los letrados del Congreso —a través del instructor designado— deben cerrar primero el informe jurídico sobre los hechos, con las pertinentes alegaciones y la calificación de las conductas, según se estipuló tras la creación del Consejo Consultivo de Comunicación Parlamentaria el pasado mes de septiembre. Antes no había un reglamento interno para dirimir esta serie de conductas, pero la presión de las asociaciones de periodistas y los múltiples incidentes con las formaciones de izquierdas forzaron la reforma del reglamento. Pero la Mesa no puede acordar la retirada de la acreditación del agitador sin el informe jurídico.

El pasado mes de marzo el instructor citó a las partes antes de cerrar el informe que debe elevar a la Mesa y llamó tanto a la parte denunciante del primer expediente, que es en este caso la Asociación de Periodistas Parlamentarios como a la denunciada antes de remitir su propuesta. Desde entonces han pasado casi dos meses pese a que los expedientes caducan si transcurren seis meses desde su incoación sin resolución según el artículo 98 del Reglamento del Congreso.

Quiles no sólo no presentó alegaciones dentro del plazo inicial de 20 días, sino que su defensa intentó paralizar el procedimiento alegando un defecto de forma porque el expediente iba dirigido contra "Vito Quiles" y no contra su nombre completo, "Vito Zoppellari Quiles". Además, su abogado sostuvo que no se le había remitido todo el material de la instrucción, incluidas las imágenes grabadas a Pedro Sánchez, y pidió que el proceso se detuviera y que el plazo de alegaciones volviera a contar desde cero.

El expediente más avanzado se refiere a dos episodios en los que Quiles habría grabado con su móvil en espacios del Congreso en los que no está autorizado. La APP presentó la primera denuncia contra Quiles por haber grabado al presidente del Gobierno en el pasillo anexo a la Sala Constitucional del Congreso, con el móvil y sin autorización en noviembre. Días más tarde, el 11 de diciembre, se produjo la segunda denuncia de la APP, por un encontronazo con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Ese día el agitador grabó y persiguió al expresidente a la salida de un acto en la Cámara y después difundió las imágenes.

A los expedientes impulsados por la Asociación de Periodistas Parlamentarios se suman al menos cuatro denuncias del Grupo Parlamentario Socialista contra Quiles y otras dos de Podemos. La primera también por la grabación y persecución al expresidente Zapatero. En ese escrito, el PSOE subrayaba que Quiles estaba acreditado como “redactor literario” y, por tanto, no tenía autorización para grabar vídeo dentro de la Cámara. Los socialistas registraron después otros dos escritos en marzo. Uno denunciaba que Quiles grabó el 25 de marzo al presidente del Gobierno hablando con la secretaria de Estado de Comunicación en el pasillo que rodea el hemiciclo, conocido como M30, y que posteriormente publicó la grabación en una historia de su cuenta de Instagram. 

La siguiente queja se refería a la rueda de prensa del portavoz socialista, Patxi López, celebrada el 17 de marzo, en la que Quiles habría interrumpido hasta en tres ocasiones  sin tener concedido el turno de palabra. Es la misma situación que también ha denunciado Podemos cuando su secretaria general, Ione Belarra, atendía a la prensa. Sumar también ha presentado una denuncia pero en este caso contra otro de los agitadores acreditados, Bertran Ndongo, por interrumpir una rueda de prensa de su portavoz. Este martes, también ha protagonizado un incidente con la diputada Aina Vidal, dels comuns, a la que ha insultado. Posteriormente se abalanzó sobre ella para impedir que entrara en el taxi a la salida de la Cámara.

A esas siete denuncias se añade la última, presentada por el PSOE este lunes, por el vídeo que Quiles habría grabado desde un despacho del PP en el Congreso para atacar a Begoña Gómez tras el incidente del pasado miércoles en el que el agitador acudió a un bar ubicado en Las Rozas de Madrid con el fin de acosar a la mujer del presidente del Gobierno tras el que ella le ha denunciado por un presunto delito de agresión. 

Los socialistas sostienen que el agitador utilizó el despacho de la diputada Alma Alfonso en el Congreso pese a que las normas de la Cámara Baja establecen que solo los representantes acreditados como reporteros gráficos u operadores de televisión pueden realizar grabaciones, y siempre “desde espacios habilitados o con autorización previa de la Dirección de Comunicación”. Además, prohíben grabar con dispositivos móviles y vetan las grabaciones en despachos o zonas reservadas sin autorización.

El Consejo Consultivo ya ha considerado esas conductas como infracciones graves. Según la normativa vigente, las infracciones graves pueden sancionarse con la suspensión de la credencial entre once días y tres meses. El Reglamento considera muy grave que se produzcan más de dos infracciones graves en un año o que la conducta perjudique de manera muy grave el funcionamiento normal de la Cámara.

Si el letrado que instruye el caso únicamente aprecia una falta grave, la sanción oscilaría entre once días y tres meses de suspensión. Pero si entiende que hay reiteración suficiente o que alguna conducta encaja en el catálogo de infracciones muy graves —por ejemplo, grabar en despachos de miembros de la Cámara o zonas reservadas a grupos parlamentarios—, la suspensión podría elevarse a entre tres meses y un día y tres años, e incluso llegar a la revocación definitiva de la credencial.

La primera denuncia contra Quiles fue presentada por la APP el 1 de diciembre de 2025, por la grabación no autorizada de Sánchez. La Mesa abrió el expediente el 16 de diciembre. A partir de esa incoación corre el plazo máximo de seis meses previsto en el reglamento, por lo que, salvo suspensión o incidencia procedimental, el expediente caducaría el 16 de junio de 2026 si la Mesa no lo resuelve antes. 

El PP, por su parte, se sigue oponiendo a retirar la acreditación parlamentaria a Quiles, al que la formación conservadora invitó a cerrar su campaña en Aragón. Los de Feijóo han manifestado formalmente su oposición a la expulsión del agitador del Congreso y salieron en su defensa tras la denuncia presentada por Gómez por el incidente ocurrido en un restaurante de Madrid la semana pasada. 

El secretario general del partido, Miguel Tellado, sostuvo que, a la vista de las imágenes difundidas por el propio Quiles, "el agredido es un periodista", pidió "esclarecer los hechos" y reclamó al PSOE que destituyera a la militante socialista que acompañaba a la esposa del presidente del Gobierno. El líder nacional, Alberto Nuñez Feijóo, pidió "esclarecer los hechos" y dijo que ese tipo de actitudes no deberían ser compartidas por la sociedad española, pero se refirió a Quiles como "periodista".

Un argumento casi calcado utilizó la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, al señalar que condenaba "cualquier tipo de violencia y de acoso", con el  matiz de que quien parecía “recibir violencia" era  Quiles. También sostuvo que entiende que "haya periodistas que quieran hacerle preguntas" a Gómez porque, a su juicio, ya ha dejado de ser una persona privada.

A dos semanas de las elecciones en Andalucía, Juanma Moreno trata de mantener lejos a sus propios compañeros de partido. Él quiere evitar los “líos” que, en sus propias palabras, representan los pactos con Vox y la “prioridad nacional” en la que la dirección nacional del Partido Popular está atrapada desde hace semanas. Así, al igual que hizo el actual presidente nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo, cuando presidía la Xunta de Galicia, el presidente andaluz ha diseñado una campaña en la que pesa más su nombre que el de su partido y en la que trata de huir de la confrontación ideológica.

Moreno quiere evitar que las elecciones del 17M se contaminen del “ruido” de Madrid y no participarán en campaña ni la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso —de viaje por México—, ni los expresidentes José María Aznar y Mariano Rajoy. Feijóo sí estará, pero con una presencia limitada y sin ocupar el centro de la campaña. Este domingo será la primera vez que coincidan en un acto en Málaga, pero fuentes de Génova destacan que el líder nacional tendrá una agenda propia y separada en buena parte de la de Moreno. “Cuantos menos actores haya en el escenario, mejor”, resumió el presidente andaluz en funciones en una entrevista en Antena 3.

El andaluz quiere aparecer como algo más que el candidato del PP. Su objetivo es presentarse como una figura “institucional, reconocible y transversal”, capaz de llegar a electores que no hace tanto “votaban al PSOE”, explican fuentes de su equipo. El calendario le ha ayudado a ello, con celebraciones populares —Semana Santa, Feria de Abril, Cruces de Mayo, Patios de Córdoba o Feria del Caballo de Jerez— en las que Moreno se ha dejado ver fuera de la habitual confrontación partidista y de los mítines al uso.

Los rivales de Moreno, sin embargo, sí quieren que Andalucía mire a Madrid. El PSOE cree que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, puede levantar a su electorado y que al candidato del PP le perjudica hablar de cuestiones nacionales, al igual que pasa con Vox, que necesita a su líder nacional, Santiago Abascal, para visibilizar a su propio candidato. En la izquierda, Sumar también busca la presencia de sus referentes nacionales para dar empuje a Antonio Maíllo frente a la amenaza que supone Adelante Andalucía. El PP andaluz, en cambio, considera que su candidato es más fuerte cuanto menos acompañado esté.

El contraste de la campaña andaluza con las últimas autonómicas es evidente. En Castilla y León, Aragón y Extremadura, los candidatos del PP estuvieron acompañados de Feijóo, Ayuso, Aznar y Rajoy en varios mítines para movilizar al electorado conservador. En lugares como Aragón, el líder del PP echó el resto en campaña y no se movió prácticamente del territorio en las dos semanas. En Andalucía, sin embargo, Moreno intenta que la campaña no parezca una extensión de Génova ni una sucursal de la Puerta del Sol. 

La ausencia de Ayuso es la más significativa. La presidenta madrileña atrae las miradas allá donde va, pero también alimenta el choque contra Sánchez y la disputa cultural contra la izquierda. Todo eso moviliza al votante duro del PP, pero en el equipo de Moreno creen que puede poner en riesgo el activo principal de su candidato. Y la mayoría absoluta “no está garantizada”, como llevan repitiendo desde hace semanas. Es más, pronostican que todo dependerá de “cómo se repartan los restos” y de su capacidad de “robar voto” al PSOE.

En Castilla y León, Feijóo, Aznar y Rajoy arroparon a Alfonso Fernández Mañueco. Ahora, ambos expresidentes “no suman”, según trasladan en el PP andaluz, especialmente Rajoy, con el caso Kitchen todavía coleando. En Aragón, Jorge Azcón hizo lo contrario de Moreno al nacionalizar el mensaje y convertir a Ayuso en “invitada estrella” de su campaña, con actos durante todo un fin de semana. En Extremadura, aunque con menos presencia nacional, Feijóo se volcó con una campaña paralela a la de María Guardiola para “peinar” el territorio y frenar a Vox.

Esos precedentes pesan en Andalucía. El PP ganó en Extremadura, Aragón y Castilla y León, pero no logró romper la dependencia de Vox. Guardiola se quedó a cuatro escaños de la mayoría absoluta en Extremadura, Azcón ganó en Aragón pero con dos escaños menos mientras Vox se disparó hasta las 14 actas y Mañueco venció en Castilla y León sin alcanzar los 42 procuradores necesarios para gobernar en solitario.

Moreno busca ser la excepción de ese ciclo. Si alcanza la mayoría absoluta, podrá exhibirse como el único barón popular capaz de contener a Vox sin mimetizarse con su discurso. Si  no lo logra, se enfrentará al mismo problema que sus compañeros de partido: una legislatura condicionada por la extrema derecha. El presidente andaluz quiere vender estabilidad frente al “lío” de otros barones populares condicionados por Vox, y para eso necesita alejarse tanto de la retórica ultra como del lenguaje de la política nacional. 

La inmigración es el ejemplo más evidente. Moreno se ha distanciado de la fórmula pactada por el PP con Vox en otras comunidades con la “prioridad nacional” y ha incluido en su programa una defensa de la contribución de la población migrante regularizada al crecimiento económico, al empleo y a la sostenibilidad del sistema de pensiones. Pero tiene otras flaquezas de gestión que la oposición trata de utilizar a su favor, con el estado de la sanidad como el principal elemento de desgaste.

El presidente andaluz, a diferencia de Feijóo e incluso de Ayuso, no necesita demostrar que el PP puede ganar a Pedro Sánchez, sino que él puede seguir gobernando Andalucía sin depender de Vox. Lo que más teme es perder la mayoría absoluta y quedar atrapado en la misma dinámica que Guardiola, Azcón o Mañueco. Es decir, ganar pero depender de la extrema derecha para gobernar, pese a que él mismo accedió al poder gracias a Vox en 2018.

Uno de los asuntos que ha atravesado el discurso de Vox desde su nacimiento ha sido la negación a ultranza de la violencia contra las mujeres y el ataque sistemático a las leyes que la combaten. En 2023, los pactos entre PP y Vox situaban la "violencia intrafamiliar" como uno de sus ejes y evitaban mencionar la violencia de género, una cuestión que se convirtió rápidamente en uno de los principales puntos de fricción y que aprovechó la oposición en acuerdos como los de la Comunitat Valenciana, Aragón y Baleares. 

Tres años después, la violencia machista ha desaparecido de los recientes acuerdos de Extremadura y Aragón. En su lugar, Vox ha situado en primer plano la "prioridad nacional" y la criminalización del uso de los recursos públicos por parte de los migrantes. Una cuestión en la que ha arrastrado al PP. Acuerdos que, en ninguna de las dos regiones, contemplan tampoco la creación de una consejería de Igualdad y en lo que solo se refieren a las mujeres una vez. “No se permitirá la imposición de prácticas que invisibilizan a la mujer y vulneran los valores de igualdad y dignidad sobre los que se sustenta nuestra sociedad”, un extracto que justifica la prohibición del burka y el niqab.

Hasta ahora, el discurso de la extrema derecha española no se ha alejado del labrado por sus homólogos europeos. Una oposición ferviente a los derechos reproductivos, como el aborto, una defensa a ultranza de la familia desde su concepción más tradicional y una asociación tramposa de violencia sexual e inmigración son algunas de las bases sobre las que la ultraderecha sienta su discurso. Eso no ha cambiado, apuntan las expertas consultadas por infoLibre, pero sí sus prioridades de cara a la opinión pública.

¿A qué se debe el cambio? Anna López Ortega, doctora en Ciencia Política y experta en extrema derecha, lo interpreta como una combinación de cálculo estratégico y jerarquización de prioridades. "Vox está en un momento de tensión interna y con horizonte electoral cercano, así que ordena su agenda en función de rentabilidad inmediata”. Es decir, qué temas “movilizan más y cuáles desgastan más al rival", explica en conversación con este medio.

Ese cálculo coloca la inmigración en el centro. "Ahí entra la prioridad nacional como el eje que más incomoda al PP y más cohesiona a su electorado", añade López. A su juicio, no hay una renuncia ideológica, sino un cambio de foco. "Es una estrategia de visibilidad, algunos temas se ponen en primer plano y otros se relegan, sin desaparecer”, aclara. Coincide con ella Ana Bernal-Triviño, profesora en la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y autora del ensayo ‘No manipuléis el feminismo. Una defensa contra los bulos machistas (Espasa): “Es un cambio de metodología más que de estrategia”.

Así, considera que Vox puede dejar de lado la "violencia intrafamiliar" en un acuerdo de gobierno sin modificar su posición sobre el feminismo o la violencia de género. Y eso se nota en sus políticas. “Si observamos su acción en territorios donde tienen influencia, como la Generalitat Valenciana, vemos señales claras , como el debilitamiento de servicios LGTBI, de que sus posiciones sobre género y diversidad siguen siendo las mismas”, apunta.

Por su parte, Bernal-Triviño recuerda que en los pactos de 2023 “ya se habían producido concesiones”: “Ha habido una reconfiguración de consejerías y concejalías dedicadas a la mujer que se han metido en asuntos sociales y otras áreas. Lo que se ha modificado está hecho ya, no se plantean nuevos dilemas porque ya se ha cedido en esta cuestión”, plantea. En el caso de Extremadura, en 2023 se eliminó la consejería de Igualdad. La primera legislatura de Guardiola arrancó sin esta cartera tras estrechar la mano con Vox. Ella, después de asegurar que no pactaría con quien niega la violencia machista, lo justificó subrayando que las competencias de Igualdad pasaban directamente a Presidencia,

Los acuerdos en Extremadura y Aragón ilustran bien ese desplazamiento. La única referencia directa a las mujeres aparece vinculada a la prohibición del burka y el nicab. Los textos aprobados en los recientes pactos sostienen que no se permitirá la imposición de prácticas que "invisibilizan a la mujer" y vulneran los valores de igualdad y dignidad. La mujer aparece así no como sujeto de políticas de igualdad, sino como elemento de una batalla contra determinadas prácticas asociadas a la inmigración musulmana.

Para López, esa operación responde a un patrón conocido en las extremas derechas europeas: el "femonacionalismo". "Consiste en apropiarse de elementos del discurso feminista  como la igualdad, la dignidad y los derechos de las mujeres, pero resignificándolos en clave culturalista. Ya no se habla de desigualdades estructurales, sino de proteger a ‘nuestras mujeres’ frente a un ‘otro’ que suele identificarse con la inmigración, especialmente musulmana", explica la experta.

No es una estrategia nueva. "Esto lo hemos visto claramente en figuras como Marine Le Pen en Francia o en partidos de Países Bajos, y se intensifica sobre todo a partir de los atentados del 11 de septiembre de 2001, cuando el islam empieza a construirse a nivel global no solo como una amenaza de seguridad, sino también como una cultura ‘atrasada’ que supuestamente oprime a las mujeres", añade la politóloga.

De esta manera, la ultraderecha busca presentarse como defensor de la igualdad sin asumir el feminismo ni las políticas públicas de igualdad. "Permite a Vox presentarse como defensor de ciertos valores de igualdad mientras desplaza el foco hacia un enemigo externo", señala López. Pero advierte de la trampa: "En realidad es una falsa defensa de la igualdad, porque no busca ampliar derechos, sino construir un adversario, el islam, sobre el que articular un discurso identitario y excluyente", plantea López. 

Con todo, Bernal-Triviño advierte de que “Vox no se ha hecho feminista”: “Que esto no nos lleve a pensar que cuando lleguen a unas generales, no van a plantear cuestiones que tensen la agenda feminista”, plantea. “Es lo que ya sucede cada vez que la ultraderecha conquista espacios de poder a nivel nacional. Muchas de las leyes que quieren tumbar, solo pueden hacerlo si llegan al gobierno estatal y ese es su principal objetivo”, añade.

Ese mismo patrón ayuda a explicar por qué Vox explota menos que antes el discurso de las denuncias falsas, la supuesta discriminación contra los hombres o la impugnación frontal del feminismo. No porque haya abandonado esas ideas, sino porque ya no necesita formularlas de manera permanente. "Vox ha conseguido algo muy difícil en política: tiene una identidad muy definida y reconocible con una agenda dura en materia de igualdad, inmigración y derechos civiles y no necesita estar recordándola constantemente para que su electorado la identifique", sostiene López.

A su modo de ver, la extrema derecha “puede desplazar ciertos temas, como el de las denuncias falsas, y poner en primer plano otros que ahora le resultan más rentables, como la inmigración, seguridad, prioridad nacional, sin que eso implique una moderación real", apunta la experta. En su opinión, no hay señales de giro en la práctica institucional. "Hay menos ruido en algunos temas, pero el mismo marco ideológico de fondo".

La pregunta es si ese menor ruido también busca reducir resistencias entre las mujeres, ya que la extrema derecha ha tenido más dificultades para atraer voto femenino que masculino. López pide matizar: "Sigue existiendo una brecha de género clara, las mujeres votan menos a la extrema derecha que los hombres. No estamos ante un vuelco, ni mucho menos". Pero esa brecha no es inmóvil. "En algunos segmentos, especialmente entre mujeres jóvenes, sí se aprecia una ligera aproximación", añade Lopez.

Bernal-Triviño sostiene que “el dique” del voto femenino “no ha desaparecido” pero sí admite que es “menos sólido” que antes porque la ultraderecha “ha ganado la batalla por el relato” al lograr que  “muchos jóvenes”, especialmente varones, “digan que las mujeres han llegado demasiado lejos”: “Se han hecho campañas de desinformación muy potentes, con artículos de opinión y podcast, como argumento de autoridad”, sostiene. Así, la experta cree que “no hay menos énfasis” en cuestiones relacionadas con el feminismo, sino que “hay más convencimiento”.

"Esto encaja con un patrón que hemos visto en Europa: el voto femenino se convierte en un objetivo prioritario para la derecha radical en fases más avanzadas de su ciclo político, cuando ya han consolidado una parte importante del electorado conservador", añade López. A partir de ahí, estas fuerzas intentan ampliar base con otros marcos como la seguridad, identidad, malestar económico y acceso a recursos públicos. En esa estrategia está ahora Vox.

¿A quién incluye la "prioridad nacional", el concepto que Vox ha logrado imponer en los pactos con el Partido Popular en Extremadura y Aragón? Según su portavoz en el Parlament catalán, Joan Garriga, solo "es español el nacido de padre y madre española". Así lo afirmó el pasado viernes en una entrevista, una definición que no sólo choca con el Código Civil, sino que coloca a la formación de extrema derecha ante un espejo incómodo, ya que varios de sus dirigentes y referentes proceden de familias con un progenitor de origen extranjero.

La dirección del partido tuvo que salir a corregirlo después. El secretario general, Ignacio Garriga, sostuvo que esa interpretación era un "error" y recordó que "es español quien tiene el DNI” ya que, en su propio caso, su madre es de Guinea Ecuatorial. El líder nacional, Santiago Abascal, también matizó que ser español es tener la nacionalidad española, aunque insistió en que "se regala" con demasiada facilidad.

El Código Civil establece que son españoles de origen "los nacidos de padre o madre españoles", no de padre y madre españoles, y también contempla otros supuestos de nacionalidad de origen para nacidos en España de padres extranjeros en determinadas circunstancias. Además, lo que busca Vox es imponer la tesis de que los españoles deben “ir primero” en el acceso a los servicios públicos. Pero, si esa prioridad se trasladara a la legislación, sería inconstitucional y, por ese motivo, han incluido el término "arraigo".

Aunque la extrema derecha española ha construido buena parte de su discurso migratorio sobre la sospecha hacia el origen, la "segunda generación", el arraigo y la prioridad para los nacionales, en su propia dirección y en órbita parlamentaria hay biografías familiares que desmienten la pureza genealógica que otros sí promueven.

Ignacio Garriga Vaz de Conceição es la mano derecha de Abascal. Su caso es el más llamativo porque, además, está emparentado con el citado Joan Garriga. Según el periodista Xavier Rius, Joan fue clave en la vida personal de Ignacio –le pagó parte de la carrera– y, sobre todo, en la política. A diferencia de Ignacio, Joan fue figura destacada en las guerras del PP catalán y se sumó después a Plataforma per Catalunya (PxC). Como tantos otros en las filas de Josep Anglada, acabó en Vox. En su caso, cayó de pie.

Ignacio Garriga es hijo de Rafael Garriga y de Clotilde Vaz de Conceição, nacida en 1947 en Guinea, cuando el territorio aún formaba parte del entramado colonial español, antes de la independencia de Guinea Ecuatorial en 1968. "He leído de todo. El negro de Vox, el ecuatoguineano… Y eso es mentira. Yo soy español porque soy nacido en Barcelona", explicaba en una entrevista en El Español en 2018.

Él se define como "español y católico", integrista en la órbita del Opus Dei, antiabortista hasta el extremo de las posiciones más duras del republicanismo de Estados Unidos, que tiene como rutina política la vinculación de la inmigración con la delincuencia, singularmente con la violación.

Hermann Tertsch es eurodiputado de Vox y vicepresidente del grupo Patriots for Europe en el Parlamento Europeo. Nació en Madrid, pero su filiación familiar también rompe el molde de la españolidad genealógica: es hijo de Ekkehard Tertsch, periodista austriaco y diplomático, y de Felisa del Valle-Lersundi. Su padre estuvo en la cárcel y en un campo de concentración nazi, y tras el final de la Segunda Guerra Mundial se instaló en Madrid, donde puso en marcha Spanish Economic News Service, una medio sobre información económica.

Tertsch es periodista de profesión como su padre, llegó a dirigir la sección de opinión de El País, tras haberse labrado su carrera a base de crónicas sobre los cambios en la Europa tras la caída de la URSS. Después, fue el presentador estrella de la Telemadrid de Esperanza Aguirre y, más tarde, se puso al servicio de Vox.

Su caso desmonta otra derivada del discurso de los ultras, ya que si la pertenencia nacional se mide por el origen de los padres, uno de los rostros internacionales de Vox quedaría bajo la misma sospecha que el partido proyecta sobre tantos hijos de familias extranjeras.

Javier Ortega Smith-Molina fue uno de los fundadores de Vox, llegó a ser secretario general y vicepresidente del partido y, en la actualidad, es diputado y concejal. Vox confirmó su expulsión definitiva en abril de 2026, pero continúa como portavoz en el Ayuntamiento de la capital y tampoco ha dejado su escaño en la Cámara Baja.

Nació en Madrid, es hijo de madre argentina y tiene doble nacionalidad. Con un estilo bronco, de épica militar y estética de vieja derecha radical, se abrió paso en el partido con "brindis de los tercios, capas españolas, fotografías de caza y ejercicios de tiro". Antes de la sonora ruptura, mantuvo una estrecha relación personal con Abascal: fue abogado de su familia y padrino de una de sus hijas.

El portavoz nacional de Vox en deportes, Cristian Toro, no solo procede de padres extranjeros, sino que él mismo es de origen venezolano. Nació en La Asunción, en la isla venezolana de Margarita, el 29 de abril de 1992, aunque, según ha relatado él mismo, a los ocho años se trasladó a España con su familia, concretamente a Galicia.

Toro es campeón olímpico de piragüismo y fue nombrado el pasado mes de marzo como portavoz nacional de Deportes de Vox, aunque antes ya había ido en las listas de la formación a las municipales de Madrid de 2023. También participó como pretendiente en el programa Mujeres y hombres y viceversa y se ha sentado en el plató de Supervivientes.

Rocío Monasterio ya no forma parte de la primera línea de Vox, pero durante mucho tiempo fue una de sus dirigentes más destacadas. Es hija de un hacendado cubano al que Fidel Castro expropió en 1971 el ingenio azucarero Manuelita, en Cienfuegos, una explotación que llegó a tener vía férrea propia y a cotizar en Nueva York. Tras pasar por Miami, la familia Monasterio se instaló en España, donde hizo fortuna con la franquicia de Kentucky Fried Chicken.

Ese origen cubano fue uno de los ejes de su relato ideológico. Monasterio ha usado la memoria del castrismo, la expropiación y el exilio para reforzar su discurso anticomunista y para presentarse como heredera de una familia expulsada por la revolución.

La presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso afronta su último Dos de Mayo antes de la precampaña de las autonómicas del próximo año. l

Le acompañará el presidente del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, señalan fuentes de la formación conservadora a infoLibre. La dirigente que convirtió la confrontación con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su seña de identidad, llega a la fiesta de la Comunidad con menos presencia mediática que en otras ocasiones. La cita funciona, además,  como antesala de una campaña larga hacia 2027, en la que Ayuso espera reeditar su mayoría absoluta, aunque el desgaste por la situación procesal de su entorno más cercano empieza a pesar. 

Desde su pareja pasando por su jefe de gabinete. Sus colaboradores más cercanos están vinculados a investigaciones, polémicas o causas que han terminado erosionando el relato de una dirigente que siempre ha intentado separar su figura de los problemas judiciales de quienes la rodean. A ello se suma la crisis interna derivada del caso de acoso sexual por parte del alcalde de Móstoles que presuntamente encubrió, el cese de su consejero de educación, Emilio Viciana, la posterior rebelión de los pocholos y la presión de Vox.

Hasta ahora, una de las claves del éxito de Ayuso es que apenas se hable de su gestión ni de los problemas que atraviesa la comunidad que dirige con una cómoda mayoría absoluta desde 2023, entre ellos los precios de la vivienda, las listas de espera en sanidad y las ratios en la educación pública. Desde su llegada a la Puerta del Sol, la Asamblea de Madrid se ha convertido en un espejo del Congreso, mientras ella ha construido una imagen de liderazgo hipermediatizado basada en la polarización y la victimización.  

El hecho de que una  jueza decidiera enviar al banquillo a su pareja, Alberto González Amador, por un presunto fraude fiscal de más de 350.000 euros impactó de manera directa en Sol. La presidenta de la Comunidad de Madrid, que desde el primer momento puso recursos del Gobierno autonómico al servicio de la defensa de su novio, empezando por su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, siempre ha presentado la investigación contra el empresario con el que convive como una persecución política por ser ella quien es, y no por lo que supuestamente ha hecho González Amador. Pero su situación también le compromete.

Actualmente, la pieza separada, que deriva de la principal –la que versa sobre el fraude fiscal–, se mantiene en stand by a la espera de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, a la que se encargó hacer averiguaciones en relación a una operación de compraventa societaria que podría esconder, a ojos de la Fiscalía, una comisión encubierta a un directivo del grupo sanitario Quirón. Un informe que, más de medio año después, sigue sin llegar, lo que puede retrasar la fijación de la vista y resolución hasta después de las elecciones autonómicas del próximo año, previstas para el mes de mayo.

Tampoco se libra Miguel Ángel Rodríguez de su cita con los tribunales, su jefe de gabinete, el arquitecto comunicativo del ayusismo, capaz de convertir cada crisis en una batalla cultural y cada denuncia en munición contra Moncloa. Su citación como investigado por la presunta difusión de datos personales de dos periodistas de El País que trabajaban en el caso González Amador no ha sentado nada bien en Sol. La Audiencia Provincial de Madrid obligó a investigar cómo, cuándo y por qué llegaron esos datos al jefe de gabinete de Ayuso, y el juzgado lo ha citado a declarar como investigado el próximo 6 de mayo.

Además, hace solo dos semanas, el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano y mano derecha de Ayuso, declaró como testigo en el caso en el que se investiga la filtración de un documento policial en enero de 2024. Serrano subió a X una foto de una denuncia en la que se definía al autor de una agresión sexual como de raza negra. Esta imagen fue utilizada para relacionar migración y delincuencia, en un momento en el que el PP de Madrid estaba criticando la llegada de migrantes procedentes de Canarias a un centro en Alcalá de Henares. Durante su declaración, aseguró que la foto le llegó por mail y que la publicó sin leer siquiera el encabezado.

Solo un día después de la declaración de Serrano, la Fiscalía envió un escrito al juzgado sobre el que recayó la querella presentada contra el alcalde de Móstoles, Manuel Bautista (PP), por un presunto caso de acoso sexual y laboral a una exconcejal del PP solicitándole que se diera impulso procesal a la causa ante su "inactividad manifiesta". Según el testimonio de la concejal, la cúpula del PP madrileño, con Ayuso a la cabeza, encubrió el caso y mantuvo al alcalde en el cargo. Tras conocerse la denuncia, Bautista se ha negado a abandonar el consistorio con el visto bueno de Ayuso y su núcleo duro.

En los últimos meses, Ayuso ha lidiado con su peor crisis interna de la legislatura tras el cese del consejero Emilio Viciana. La versión oficial fue que la presidenta madrileña lo apartó por su incapacidad para consensuar con los rectores universitarios el nuevo modelo de financiación, un proyecto que quería enarbolar como un logro de gestión pero que veía cómo se encallaba semana tras semana. Sin embargo, desde la oposición siempre han mantenido que su salida tuvo que ver con la denuncia sobre el troceo de contratos en la Consejería de Educación en el caso FP, que cerca a altos cargos del Gobierno regional por una serie de irregularidades detectadas en la construcción de centros educativos.

Al cese de Viciana le siguió la dimisión de los diputados Pablo Posse, Mónica Lavín y Carlota Pasarón, conocidos en la Asamblea de Madrid como los pocholos, lo que fue todo un shock para un partido acostumbrado al orden. Se trata de un movimiento muy poco frecuente a mitad de legislatura, que no pocos en el PP madrileño interpretaron como un desafío a la baronesa del PP. Ayuso los fichó para las elecciones de 2023 como la "nueva generación" del PP, aconsejada por su gurú en materia educativa, Antonio Castillo Algarra, que los había "formado"' en su compañía de teatro.

Tras estas salidas se produjo la dimisión del propio Castillo Algarra, que había ganado influencia en la trastienda del Ejecutivo madrileño aunque no tenía despacho alguno en Sol. Según aseguró él mismo en redes sociales, detrás de la campaña en su contra se escondía Miguel Ángel Rodríguez, aunque desde su entorno negaron haber tenido trato con él.

Vox también supone una amenaza para la presidenta madrileña. Durante años, Ayuso neutralizó a la extrema derecha absorbiendo parte de su tono y presentándose como una versión más eficaz, institucional y ganadora de esa batalla cultural hasta el punto de lograr una mayoría absoluta que les dejó fuera de juego en las últimas autonómicas. Pero la formación ultraderechista ha cambiado de estrategia y acusa a la dirigente del PP de haber abandonado a los madrileños de los barrios y de apostar por el “Madrid de todos los acentos” frente a la “prioridad nacional”. 

Con perfiles como el del diputado Carlos Hernández Quero, Vox busca atacar a Ayuso desde el malestar social en los barrios y municipios del sur de Madrid y por eso ha lanzado la campaña "Madrid Sur en Pie". El partido presenta a Quero como una cara distinta a la de Rocío Monasterio, anterior cabeza visible en la comunidad, pero compatible con la de Isabel Pérez Moñino, actual portavoz, menos vinculada a la élite tradicional de Vox y más centrada en vivienda, empleo y jóvenes expulsados del mercado inmobiliario.

El objetivo último de Vox es acabar con la mayoría absoluta de Ayuso en 2027 y recuperar relevancia en Madrid. En Génova creen que la presidenta madrileña puede mantener su mayoría, pero consideran que “no está garantizada” y por eso creen que se mostró tan combativa con la idea de “prioridad nacional” presente en los pactos de PP y Vox en Extremadura y Aragón. La presidenta de la Comunidad de Madrid busca distanciarse de los ultras sin renunciar a dar determinadas batallas.

A ese pulso externo con Vox se suma una lectura interna en el PP: el espejo de Juanma Moreno. El equipo de Ayuso mira de reojo la estrategia electoral del presidente andaluz, que intenta contener a Vox evitando el choque y presentándose como un gestor institucional mientras que Ayuso representa la vía dura, la de la confrontación permanente con Sánchez, la polarización ideológica y Madrid como fortín nacional de la derecha. Mucho se ha escrito sobre sus aspiraciones nacionales, pero en Génova consideran que, “cuanto más tiempo pase”, más difícil tendrá alcanzar La Moncloa pese a que su entorno “así lo quiere”.

La prueba de que a Ayuso le preocupa lo que pueda ocurrir en las elecciones del próximo año es que el PP de Madrid ha enviado una carta a los cerca de 90.000 interventores y apoderados que participaron en la campaña de 2023 para pedirles que estén "más vigilantes que nunca" ante un PSOE al que presentan como "capaz de todo". La misiva, adelantada por Artículo 14, vincula el voto por correo, regularizaciones y nacionalizaciones con el riesgo de alteración del censo.

La misiva está firmada por Serrano, la vicesecretaria de Organización, Ana Millán, y el secretario de agentes electorales, Juan Peña, y piden a los suyos un “ejército de agentes electorales” para ser “más ambiciosos” y “cubrir todas las mesas con interventores para “teñir de azul los colegios”. “A todos nos une una pasión, Madrid, y una pesadilla que se llama socialismo”, arenga a la militancia para que, tras los próximos comicios, la Comunidad siga siendo “libre, próspera y abierta”.

Alberto Núñez Feijóo quiere hablar de sanidad. Este miércoles, durante la sesión de control del Congreso, aprovechó la huelga de médicos para cargar contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que acusó de desatender a los sanitarios y también contra la ministra del ramo, Mónica García, que recientemente anunció que quiere volver a enfrentarse a la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso (PP) en las próximas elecciones autonómicas. Pero el debate en el PP se extiende más allá de las huelgas sanitarias. Los conservadores abogan por excluir a los migrantes en situación irregular, un modelo que ya implementó Mariano Rajoy en 2012.

La portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, defendió el martes que los irregulares tengan asistencia "en cuestiones de urgencia" pero "no en operaciones programadas": "Es evidente que no puede ser lo mismo estar de forma regular que irregular", señaló. Fuentes de la dirección del partido se escudan para justificarlo en la situación de supuesto "colapso” en el acceso a los servicios del estado del bienestar, la misma tesis que defiende la extrema derecha. En el equipo directo de Alberto Núñez Feijóo no niegan que quieran volver al 'modelo Rajoy' y únicamente destacan que "no han comentado lo que harán de aquí a un año" y que ahora se enfocan en la falta de médicos MIR. 

Génova rechaza el modelo de sanidad universal para extranjeros en situación irregular impulsado por el Gobierno de Sánchez. Hace solo unas semanas el Consejo de Ministros aprobó un decreto a propuesta de los ministerios de Sanidad y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, destinado a que cualquier persona que viva en el país, aunque sea de forma irregular, tenga acceso a la sanidad pública gratuita, además de garantizarla para todos los españoles que viven en el extranjero y estén de visita. 

Un real decreto que solventa el problema con el que se encontraban hasta ahora miles de migrantes, ya que si no podían demostrar que llevaban tres meses residiendo en el país, no tenían acceso gratuito. Esto dejaba fuera a los que llevaban menos tiempo y a los que no podían acreditar su residencia de ningún modo por su situación irregular en el país. Para el PP, estos migrantes deben “tener acceso a las urgencias” pero no al médico de cabecera pese a que desde el ministerio de Sanidad señalan que de esta forma se genera mayor carga asistencial y que es la primaria la que “deriva” en función de la gravedad.

En mayo de 2012, el Congreso aprobó, con la mayoría del PP y el único apoyo de UPN, la reforma con la que el Gobierno de Mariano Rajoy cercenaba el acceso universal al Sistema Nacional de Salud. Entonces era la conservadora Ana Mato la encargada de la cartera de Sanidad. Su medida, defendió entonces, conseguiría acabar con el "turismo sanitario" y evitar "el descontrol que suponía que cualquier persona, sin concurrir los requisitos legales y por el mero hecho de empadronarse en nuestro país, tuviese derecho a la tarjeta sanitaria". Un argumento que también utilizó Muñoz el martes: "Todos conocemos el concepto de turismo sanitario, de gente que viene a nuestro país y que acceda al sistema para que le hagan operaciones programadas, no operaciones de urgencia", señaló en rueda de prensa.

En una reciente entrevista en Servimedia, Feijóo defendió que “una cosa es la atención ante una urgencia o emergencia de un ciudadano que está en España, y otra es otorgarle un derecho a una persona que está irregularmente en nuestro país”, planteó, en la línea con el discurso duro que está exhibiendo el partido en materia migratoria. Y añadió: “La situación irregular no puede generar derechos, cuestión distinta es una urgencia o una emergencia, pero dar un derecho como a cualquier persona que está contribuyendo y que está aportando… ¿Dónde está la justicia y la igualdad de los ciudadanos en las condiciones exigidas?”, señaló el líder del PP. 

La misma tesis utilizó Alma Ezcurra, vicesecretaria de Coordinación Sectorial y responsable del área migratoria del PP, en otra entrevista reciente en Artículo 14. Ezcurra aseguró que nadie que necesite atención sanitaria urgente se quedará sin ella, pero defendió "ordenar el acceso" a prestaciones programadas en función del arraigo, la permanencia y la contribución al sistema. Así, el PP ya está públicamente lanzando el mensaje de que la sanidad debe estar limitada a los migrantes en casos de urgencias.

Los conservadores plantean volver a la reforma sanitaria de Rajoy que sustituyó la lógica de la universalidad por la de la condición de "asegurado" o "beneficiario". Con todo, voces de la dirección del PP matizan que la ley que salga de un futurible Gobierno de PP y Vox tendrá “el sello Feijóo” aunque se inspire en la de Rajoy. En la práctica, los extranjeros no registrados ni autorizados a residir en España quedaron limitados a la atención de urgencia por enfermedad grave o accidente, a la asistencia durante el embarazo, parto y posparto, y a la atención a menores de edad.

Ese modelo fue corregido en 2018 por el Gobierno de Pedro Sánchez, que recuperó la titularidad del derecho a la protección de la salud para las personas extranjeras residentes en España y reconoció expresamente que quienes no tuvieran residencia legal podían acceder a la atención sanitaria en las mismas condiciones que los españoles, siempre dentro de los requisitos establecidos por la norma.

Fue la socialista Carmen Montón, entonces al frente de la cartera, la encargada de anunciarlo. Pero no fue suficiente. Ese real decreto no instauró la universalidad en el acceso al sistema sanitario con el mismo grado de cobertura que existía antes de la reforma de 2012 al dejar fuera a las personas migrantes que no contaban con residencia autorizada en España de más de tres meses y también excluía a las personas que llegaban a través de la reagrupación familiar.

El real decreto aprobado el pasado 10 de marzo facilitó los trámites para que el reconocimiento del derecho se realice mediante una declaración responsable, en la que la persona solicitante manifiesta que no cuenta con cobertura sanitaria por ninguna otra vía, que no puede exportar el derecho desde otro país y que no existe un tercero obligado al pago de su asistencia. A partir de ese momento, recibe un documento provisional que le da acceso a la asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos, válido en cualquier comunidad autónoma.

Desde el PP consideran que, de esta manera, el Gobierno está cargando más presión sobre un sistema sanitario ya tensionado y reclama que cualquier ampliación de derechos vaya acompañada de más financiación para las comunidades autónomas, que son las que gestionan la sanidad. Es más, la formación de Feijóo gobierna en once comunidades autónomas, además de en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. 

Hace precisamente un mes, el pasado 26 de marzo, el PP se abstuvo en una moción presentada por Vox que pedía “establecer la prioridad nacional en el acceso al sistema sanitario” y reclamaba derogar el decreto que aprobó el Ejecutivo para universalizar la sanidad.  

La “prioridad nacional” pactada por el Partido Popular y Vox para investir a los presidentes de Extremadura y Aragón ha abierto una brecha en el partido de Alberto Núñez Feijóo, que espera que el asunto se “acabe cuanto antes”. Desde Génova sostienen que el acuerdo no discrimina por nacionalidad, sino que premia el “arraigo real, duradero y verificable” —empadronamiento, cotización, vinculación laboral, familiar o formativa— para el acceso a determinadas ayudas de la Administración en materia de vivienda y que ya se aplica en otras comunidades autónomas. Pero lo cierto es que el término ni siquiera convence a los suyos.

El principal motivo es que Vox ha conseguido imponer sus tesis y lo vende como la traducción práctica de su lema “los españoles primero”. Una fórmula que implica asumir, de facto, una segregación en el acceso a los recursos públicos pese a que tanto la extremeña María Guardiola como el aragonés Jorge Azcón han incidido en varias ocasiones en que no se apartarán “de la legalidad”. “Si tenemos que salir a explicarlo tantas veces, es que algo no funciona y estamos haciendo mal”, reflexiona una fuente con asiento en el Congreso en conversación con infoLibre, que cree que Vox ha conseguido más peso que en los pactos de 2023.

En la dirección nacional del PP consideran, sin embargo, que no han cruzado sus líneas rojas y sostienen que esta cuestión “no les quita ningún voto” y, a cambio, les sirve para garantizarse cuatro años de mandato. “Hemos despejado el riesgo de otras elecciones”, destacan también. Un logro que atribuyen a los dos negociadores de Génova: Miguel Tellado, secretario general del PP, y Marta Varela, jefa de gabinete de Feijóo. Ambos tomaron las riendas de las negociaciones días antes de que los ultraderechistas votaran en contra de la investidura de Guardiola y tras advertencias a la baronesa extremeña. 

Aunque algunos dirigentes temen que Vox haga suya la medida mientras el PP queda atrapado en la indefinición, en Génova aseguran que, una vez que se traslade a la legislación autonómica, “no habrá debate posible” y serán los ultras los que “deberán retractarse”. Además, una fuente del equipo de Feijóo admite que el de la “prioridad nacional” es un “balón de oxígeno” que la formación de Abascal “necesita”. “No podemos permitirnos que se vuelva a repetir el escenario de las últimas generales, en las que Vox se quedó por debajo de los 35 escaños”, reflexiona, en referencia a que el PP necesita a un Vox fuerte para poder hacerse con el control del Congreso de los Diputados.

Privar de ayudas a una persona por su origen o nacionalidad es inconstitucional, de ahí que el pacto no incluya esos criterios como baremo y recurra a fórmulas como la residencia, el empadronamiento o la contribución al sistema. Sin embargo, voces del PP también advierten de que el criterio de arraigo podría generar desigualdades no solo entre migrantes, sino también entre españoles; por ejemplo, entre quien se traslada de una comunidad a otra.

Todas estas cuestiones forzaron a Feijóo a intentar acotar el alcance del acuerdo. Desde el Congreso, el líder del PP pidió "rigor", defendió que "todo lo que se ha firmado es de acuerdo a las leyes" y recalcó que el pacto habla de arraigo "con independencia de la nacionalidad”. Según Feijóo, las acotaciones añadidas en el texto de ambos acuerdos dejan claro que “prioridad nacional” no significa dar prioridad a los españoles, pese a que así lo afirma Vox.

Una explicación que también tuvo que dar, a través de su cuenta de X, la vicesecretaria de Coordinación Sectorial, Alma Ezcurra, encargada de explicar el ‘no’ de su partido a la moción de Vox que quería extender este criterio segregacionista a nivel nacional. “Prioridad nacional conforme a la legislación vigente. Vivienda y ayudas para quien trabaja, cotiza y tiene raíces aquí”, señalaba la pasada semana.

En el caso de los barones autonómicos, la primera en alzar la voz fue la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que se desmarcó nada más conocer el texto del acuerdo extremeño al advertir de que priorizar a los españoles frente a los inmigrantes "no es legal ni se ajusta a derecho”. El andaluz Juanma Moreno también ha tratado de tomar distancia desde Andalucía, donde el ruido por los pactos de Extremadura y Aragón incomoda su campaña, que se basa en tratar de revalidar su mayoría absoluta frente a los “líos” de sus compañeros de partido, en sus propias palabras. 

En Castilla y León, el entorno de Alfonso Fernández Mañueco también intenta desmarcarse pese a que Vox ya avisa de que "apretará un poco más" al PP en esa comunidad, donde considera que tiene más fuerza negociadora que en Extremadura y Aragón. Su portavoz nacional, José Antonio Fúster, recordó este lunes que en las elecciones obtuvieron 14 procuradores y un porcentaje de voto mayor que en Aragón —18,9% frente a 17,9%—, lo que a su juicio les permite elevar las exigencias en un eventual pacto. Según trasladan fuentes del PP, no está previsto cerrar un acuerdo hasta después de las andaluzas

Otros dirigentes territoriales, como Alejandro Fernández, líder del PP catalán, no se han pronunciado. No obstante, hace solo unos meses, él mismo rechazó de plano la "prioridad nacional" que defendía Vox y la definió como "la antesala del fascismo", al advertir de que clasificar derechos por nacionalidad podía llevar a "grados de consanguinidad" e insistió en que, si una persona trabaja y está en situación legal, “no se le puede negar una ayuda social por su origen”.

Este debate también agita a territorios especialmente sensibles a la cuestión migratoria, como Canarias y Ceuta. En Canarias, el presidente Fernando Clavijo, socio del PP en el Gobierno autonómico, ha mostrado "preocupación, decepción y enfado" por el rechazo a la reubicación de menores migrantes no acompañados incluido en los acuerdos, y ha cuestionado la legalidad de algunas medidas. En Ceuta, Juan José Vivas ha optado por el silencio pese a haber apelado otras veces a la solidaridad del resto de comunidades ante la presión migratoria. 

A esto se le añade la confusión que ha imperado también en Vox por el propio concepto. El portavoz del partido en el Parlament, Joan Garriga, afirmó el pasado viernes que "es español el nacido de padre y madre española", una definición que fue corregida después por el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, que la calificó de "error" y aclaró que, legalmente, español es “quien tiene el DNI" o quien tiene reconocida la nacionalidad. 

Abascal también tuvo que intervenir en un acto de la precampaña andaluza. Señaló que "ser español es tener la nacionalidad española", pero aprovechó para defender que se endurezca el acceso a la nacionalidad. En la formación ultraderechista no son pocos, comenzando por el propio Ignacio Garriga, que tienen padres de origen extranjero. En su caso, su madre nació en Guinea Ecuatorial y su padre es de ascendencia belga.  

Dios, patria y rey. El discurso de la ultraderecha española —heredado del carlismo— no se explicaba sin esos tres elementos. Hasta ahora. Desde hace un tiempo tanto dirigentes de Vox como el agitador ultra Alvise Pérez han empezado a distanciarse de aquellas figuras que no avalan sus tesis más radicales. Entre ellos están miembros de la Iglesia católica, de la actual Casa Real y del empresariado español. Además, frente a las amenazas directas a España por parte del presidente norteamericano Donald Trump y del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, personificadas en el presidente Pedro Sánchez, los ultraderechistas se alinean con los mandatarios extranjeros antes que defender a su país.

Aunque la formación de Santiago Abascal no cuestiona la religión católica —de hecho, se ensalzan sus valores frente a los de otras religiones que según su discurso quieren imponer la suya en toda Europa—, ni la indivisibilidad de España —frente a unos "enemigos" claramente identificados con las fuerzas independentistas— y tampoco la monarquía —de la que se reproducen sus bondades, incluso las de Juan Carlos I pese a los múltiples escándalos tras su abdicación—, sí ponen en duda a sus autoridades y máximos exponentes. 

Así, esta misma semana el líder de Vox, Santiago Abascal, ha arremetido contra el obispo de Canarias, José Mazuelos, por defender la necesidad empatizar con quienes llegan en cayuco a las costas españolas, una ruta que calificó de “especialmente dura y peligrosa”, una crítica que también trasladan al Papa León XIV, protagonista a su vez de los ataques de Trump por, en sus palabras, “complacer a la izquierda radical”. Asimismo, Zarzuela ha recibido en los últimos meses quejas de dirigentes de Vox por el contenido de algunos discursos pronunciados por Felipe VI en una línea similar.

Por su parte, este viernes el portavoz episcopal, César García Magán, calificó como “injurias” las palabras del líder de Vox, tras acusar a la Iglesia española de “enriquecerse” a costa de la inmigración ilegal. “No solamente no obedecen a la realidad de los hechos, sino que entran en el ámbito de la pura posición ideológica, porque no se basan en la verdad, sino en la falsedad. Incluso, en un ámbito de injuria. Afirmar que hay enriquecimiento donde no lo hay, entra en ese ámbito”, manifestó. Sobre la “prioridad nacional” incluida en los acuerdos entre PP y Vox, el portavoz de la CEE lamentó la “política a golpe de eslogan que busca la polarización”: “Nuestra prioridad es y será el Evangelio”, señaló.

Aunque, teóricamente, el partido de ultraderecha está condenado a entenderse con la jerarquía eclesiástica —Vox es el partido cuyos votantes más se identifican con el catolicismo—, los de Abascal no ven con buenos ojos la “deriva” que ha asumido la Iglesia desde el pontificado de Francisco, no solo con los migrantes, sino con cuestiones como la renta mínima, que según Abascal solo llevan a “la ruina y al paraíso comunista”. El líder de Vox criticó en público las declaraciones del papa Francisco, a quien llamó “ciudadano Bergoglio” cuando este arremetió contra las políticas antiinmigración.

El respaldo de la Iglesia a la regularización de migrantes aprobada por el Gobierno ha abierto una enorme brecha entre los sectores más radicales del catolicismo y una jerarquía eclesiástica que no es, precisamente, progresista. La elección de Luis Argüello como presidente de la Conferencia Episcopal, que llegó a minimizar los casos de pederastia en el seno de la Iglesia, supuso la vuelta a la cúspide del sector más conservador del episcopado. Una cúpula, sin embargo, demasiado blanda a ojos del movimiento ultracatólico y también de la ultraderecha institucionalizada.

El caso de Jumilla del pasado verano también provocó choques con la Conferencia Episcopal después de que Vox promoviera una moción para impedir que la comunidad musulmana celebrara sus festividades religiosas en el polideportivo municipal. El hecho de que desde la Iglesia Católica defendiera la libertad religiosa, también la del Islam, amparada por la Constitución, no sentó bien en las filas del partido, que ha hecho de la islamofobia uno de sus ejes electorales. El líder ultra criticó entonces el "silencio" de parte de la "jerarquía eclesiástica" y dejó entrever que su falta de críticas al Gobierno de Pedro Sánchez estaban motivada por "los ingresos públicos que reciben” y lo vinculó también con los casos de pederastia en la Iglesia. "La tienen absolutamente amordazada ante las acciones de determinados gobiernos liberticidas”, alegó.

Por otro lado, los sectores más reaccionarios del catolicismo tampoco consideran que Vox sea lo suficientemente firme en sus postulados. La organización ultra Hazte Oír, vinculada a la secta secreta de extrema derecha El Yunque y que durante muchos años compartió convocatorias, actos, discursos e incluso cargos directivos con Vox, escenificó en 2022 su divorcio con la formación de Abascal, a la que tildó de “derechita cobarde”, el mismo apelativo que ellos han utilizado habitualmente para referirse al Partido Popular.

Hazte Oír fue uno de los colectivos clave en el ascenso de Vox. Tanto que la entidad ultracatólica logró colocar en las instituciones a personajes vinculados o, directamente, pertenecientes a la misma. Es el caso, por ejemplo, de Francisco José Contreras, que ocupó un escaño en el Congreso de los Diputados. O de Gador Joya, que ejerció como parlamentaria ultra en la Asamblea de Madrid. Y también el de la actual presidenta de las Cortes Valencianas, Llanos Massó, o el portavoz de Vox en la misma Cámara, José María Llanos.

Los ultracatólicos ejercieron desde un primer momento como canalizadores de voto a la formación de Abascal. Pero por primera vez, y con la vista puesta en los comicios aragoneses, el lobby capitaneado por Ignacio Arsuaga encontró una mejor opción, la de Se Acabó La Fiesta. La relación del partido con el colectivo comenzó a deteriorarse a finales de 2021, cuando puso en marcha una campaña de recogida de firmas para exigir a Vox que rompiera en la Comunidad de Madrid con Isabel Díaz Ayuso y le tumbase los presupuestos si no había derogación de leyes LGTB y trans. Unos meses después, en febrero de 2022 y con las elecciones en Castilla y León a la vuelta de la esquina, el lobby ultracatólico puso en marcha una campaña similar a la actual contra la formación de extrema derecha porque no respondía a su cuestionario.

En la ultraderecha española también se ha producido un cambio de discurso frente al seguidismo hacia la monarquía con desplantes incluidos. El propio líder de Vox se ausentó del acto presidido por el rey Felipe VI en el Congreso el pasado mes de febrero para celebrar que la Constitución es la más longeva de la historia de España  Según avanzó El Periódico de Cataluña, La Zarzuela ha recibido en los últimos meses quejas de dirigentes de Vox por el contenido de algunos discursos pronunciados por Felipe VI en los que el partido de Santiago Abascal considera que el jefe del Estado ha incumplido la Constitución y ha roto su obligada neutralidad política. 

Entre estas cuestiones, estaría la posición que el monarca asumió ante asuntos como la intervención de Trump en Venezuela para secuestrar a Nicolás Maduro, su manera de referirse a la liberación de encarcelados los días siguientes y su celebración del acuerdo comercial de Mercosur. El último choque se produjo cuando Felipe VI admitió que en la conquista de América hubo "mucho abuso". Vox rehusó respaldar específicamente al rey y, en cambio, reivindicó que la Corona realizó "la mayor obra evangelizadora y civilizadora de la historia universal". 

El caldo de cultivo comenzó en la investidura de Pedro Sánchez de 2023, cuando en los foros de extrema derecha se extendió una profunda decepción con el monarca por proponer al socialista como candidato tras el fracaso del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Es más, en las manifestaciones convocadas durante esos meses contra la amnistía, se podían leer pancartas como "Felipe VI, cómplice del golpe de Estado. A las urnas, a la democracia y a la voluntad de los españoles o "Felipe VI cobarde. Se vende España por cinco votos". 

Una de las voces que más defendió esa tesis, con bulos de por medio, fue Alvise, que desde hace meses acusa al rey Felipe VI de no "cumplir con su tarea constitucional": "La pregunta obvia de todos los españoles es para qué cojones sirve el rey. Y si no sirve para nada, ni siquiera para la única función que tiene, ¿por qué tenemos que dedicar diez millones de euros al año en que viva en la Zarzuela?", se preguntó, en una entrevista compartida en su canal de Telegram.

Vox sigue manteniendo su apoyo a Trump pese a que el presidente norteamericano se ha convertido para una parte muy amplia de la sociedad española en un símbolo de inestabilidad, unilateralismo y amenaza bélica. Su reciente advertencia de destruir la "civilización iraní" si Teherán no cedía, incidió todavía más en esa percepción, hasta el punto de provocar críticas incluso en sectores conservadores españoles y en la Iglesia. Esta misma semana se ha filtrado un correo interno del Pentágono que recoge opciones de castigo para aliados de la OTAN que rechazaron facilitar bases y espacio aéreo a EE.UU, entre las que estaría España. Pero para Vox, la culpa es de Pedro Sánchez y nadie más. Una posición compartida a su vez por el principal partido de la  oposición.

Ni PP ni Vox han condenado, por su parte, las amenazas de Netanyahu tras acusar al Gobierno de Pedro Sánchez de "librar una guerra diplomática" por la que "pagará un precio". Como represalia, expulsó a los representantes españoles en el Centro de Coordinación Civil y Militar , el órgano multinacional que supervisa el alto el fuego alcanzado en la franja de Gaza en octubre del año pasado. Es más, Abascal prometió a Netanyahu que si llega a La Moncloa revertirá el reconocimiento a Palestina impulsado por el Gobierno de Sánchez.

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El discurso sobre la “prioridad nacional” ha entrado de lleno en el debate público de la mano de Vox, que ha arrastrado al Partido Popular a asumir sus postulados más ultras en materia migratoria para alcanzar un acuerdo tanto en Extremadura como en Aragón. La hostilidad contra los migrantes, envuelta en el celofán de la lucha contra la delincuencia y la preservación cultural, es una de las banderas de Vox desde su nacimiento, lo que ha provocado a su vez una radicalización del discurso de la formación de Alberto Núñez Feijóo. Pero a esto también se le añade un elemento que no es nuevo pero que la ultraderecha explota cada vez más: la saturación de los servicios públicos por culpa de “los de fuera”.

La sensación de agravio en el acceso a los servicios del estado del bienestar como la sanidad, la educación o la vivienda de protección oficial es campo abonado para el rechazo al extranjero, de ahí que utilicen el concepto de “prioridad nacional” para el acceso a ese tipo de casas o y al alquiler social en ambas comunidades. Es una estrategia calcada de la del Frente Nacional francés, que desde la década de los ochenta defiende el llamado "chovinismo del bienestar", un proteccionismo excluyente que induce entre las capas más necesitadas un recelo hacia los inmigrantes. Una estrategia que ha demostrado ser una valiosa herramienta de la ultraderecha, sobre todo en momentos de crisis, para tratar de ampliar su base social.

El proceso de regularización de medio millón de migrantes, según las previsiones del Gobierno, al que se dio luz verde la pasada semana en el Consejo de Ministros, sirvió de excusa al líder de Vox, Santiago Abascal —y posteriormente a la dirección nacional del PP— para abonar este discurso. El ultra aseguró que va a “dar muchos problemas a la sociedad española, va a producir un efecto llamada, va a traer drama en los mares, muerte, inseguridad en las calles y colapso en los hospitales y en el mercado de la vivienda”. Y añadió: “Eso lo van a pagar los españoles, no los diputados que promueven la regularización”.

En los últimos días otros dirigentes de la formación, entre ellos el secretario general, Ignacio Garriga, y el candidato de la formación en Andalucía, Manuel Gavira, han insistido en esa tesis. “Todo ha colapsado, hay hasta cuatro millones de españoles esperando una cita con un especialista, con una demora media de hasta 96 días” y “cada 18 minutos muere una persona en lista de dependencia”, señaló el primero. Gavira afirmó que la "inmigración masiva" se nota "en las guarderías, en los comedores escolares, en los colegios, en la atención sanitaria, en la vivienda, en el empleo o en las ayudas sociales contributivas y no contributivas”.

Por su parte, desde el Partido Popular han asumido el marco discursivo de Vox y lo han integrado como propio. La presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso aseguró que la regularización va a “reventar” los servicios públicos pese a que los migrantes en situación irregular ya están haciendo uso de ellos. En Génova han seguido el mismo discurso. La vicesecretaria de Regeneración Institucional, Cuca Gamarra, aseguró que la regularización es un “despropósito” y que va a “saturar” los servicios públicos. “Las consecuencias recaen directamente sobre las comunidades y los ayuntamientos”, manifestó.

Esto ya ha tenido sus primeras traslaciones a nivel legislativo. El PP valenciano aprobó el pasado octubre una resolución de Vox que pedía a la Generalitat incluir en sus estadísticas el uso que hacen los migrantes de las donaciones de sangre o emergencias sanitarias frente a la población nacional, además de medir el absentismo laboral de la población extranjera, entre otros indicadores. Según el PP, el propósito de la iniciativa era conocer los gastos reales en materia de sanidad y servicios sociales para administrar los recursos disponibles. No obstante, todo ello coincidió con la necesidad del entonces president, Carlos Mazón, de alcanzar un acuerdo para sobrevivir al aniversario de la dana.

De esta manera, las derechas desplazan problemas estructurales hacia una explicación identitaria y alimentan un relato excluyente en el que presentan los servicios públicos como un botín escaso que hay que reservar para los nacionales. Así, en lugar de asumir que las administraciones tienen que dedicar más recursos a esas áreas, culpan a los migrantes de su saturación.

Hace solo unos meses la Fundación Disenso, presidida por Santiago Abascal, publicó un informe titulado “La inmigración y su impacto económico negativo en el Estado de Bienestar”. La principal conclusión del informe, en el que no aparecían los nombres de sus autores, era que el inmigrante comienza a tener una contribución neta positiva a las arcas públicas cuando su salario medio es de al menos 45.150 euros anuales durante toda su vida laboral. El coste general de la inmigración es mayor que su aportación, añadía el informe, lo que agrava, según el texto, los problemas fiscales del estado de bienestar.

Para llegar a la conclusión señalada el informe analizaba varios ejemplos y calculaba, a lo largo de toda la vida de una persona, la diferencia entre la aportación del trabajador en forma de cotizaciones sociales e impuestos directos e indirectos y lo que recibe en forma de pensiones, subsidios de desempleo y ayudas sociales, además de los costes derivados de su educación y salud, así como gastos generales en materia de defensa, justicia e infraestructuras. 

Sin embargo, desde el Banco de España desmontaban la tesis de la formación y señalaban que la tasa de actividad de los extranjeros residentes en España está entre las más altas de la UE, es superior a la de los nacionales, y que el efecto medio directo de la inmigración sobre el crecimiento del PIB per cápita fue positivo entre 2022 y 2024, sobre todo vía empleo. 

Otro organismo, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), añadía que los inmigrantes tienden a ser más jóvenes que los nativos, lo que aumenta su aportación a los ingresos públicos vía impuestos sobre el trabajo, y que los flujos migratorios suavizan la caída de la población en edad de trabajar y sostienen el crecimiento, aunque no basten por sí solos para compensar todo el envejecimiento. 

Vox también culpaba en ese informe a los migrantes del aumento de los precios de la vivienda. En ese sentido, el Banco de España reconoce que desde 2016 el crecimiento demográfico, debido en parte a los flujos migratorios y a la concentración territorial, ha sido un factor importante de aumento de la demanda y de los precios. Pero en el mismo análisis subraya que la presión sobre precios y accesibilidad también se explica por el escaso dinamismo de la oferta, la falta de suelo finalista y mano de obra para construir, el bajo peso del alquiler social, la incertidumbre regulatoria y el auge de usos alternativos como el alquiler vacacional o de temporada.

En cuanto a percepción de la inmigración como problema, ha subido con fuerza en la agenda pública, pero los datos oficiales muestran que esa percepción está siendo acompañada y amplificada por un ecosistema de discurso de odio que asocia migración con inseguridad, y por un racismo más normalizado y más digitalizado que sigue teniendo en el eje racista y xenófobo su manifestación más numerosa.

La preocupación social por la inmigración ha aumentado claramente respecto a hace dos años, aunque con picos y bajadas. Si tomamos como indicador el CIS —la mención espontánea de la inmigración como uno de los tres principales problemas de España— pasó del 11,7% en mayo de 2024 al 30,4% en septiembre de 2024. Después bajó, pero sigue en niveles relativamente altos: 20,3% en febrero de 2026 y 15,5% en abril. Así, la inmigración aparece en el barómetro como el cuarto problema nacional.

El aragonés Jorge Azcón no ha tenido que esperar tanto como su homóloga extremeña, María Guardiola, para alcanzar un pacto con la ultraderecha pese a que obtuvo un peor resultado. Tampoco ha tenido que ir a una investidura fallida ni ha sufrido los desplantes de la dirección nacional de su partido. De hecho, su acuerdo con Vox ha llegado tan solo cuatro horas después de que Guardiola fuera elegida como presidenta de la Junta de Extremadura.

El acuerdo sigue el mismo patrón que el de Extremadura, en el que los ultras lograron imponer sus tesis en cuestiones como la "prioridad nacional" como criterio para el acceso a la vivienda protegida y el alquiler social. Se trata de un asunto que ha generado un choque entre ambas formaciones por su alcance, pero que no ha impedido que el PP vuelva a aceptarlo. Y Vox se congratula de ello: "Garantizaremos que el español irá siempre primero. Implantaremos la prioridad nacional en el acceso a vivienda protegida, alquiler social, ayudas y prestaciones", resumen fuentes del partido ultra tras alcanzar el pacto.

En este caso, Vox gestionará tres consejerías, una más que en Extremadura. Además de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, con rango de vicepresidencia, y de Agricultura, Ganadería y Alimentación, los ultraderechistas asumirán también la de Medio Ambiente y Turismo en Aragón. Así, al igual que el caso extremeño, la Consejería de Desregulación, Servicios Sociales y Familia concentrará competencias estratégicas en política social, burocracia administrativa e incluso áreas vinculadas a inmigración y seguridad, un modelo que Abascal ha plagiado a su homólogo en Argentina, Javier Milei. La de Medio Ambiente es una elección llamativa, ya que la formación de Abascal cuestiona las políticas en materia climática y pone en duda que el calentamiento global sea culpa de la acción humana.

La formación de Santiago Abascal ha dejado claro que la "prioridad nacional" era una condición imprescindible para llegar a un acuerdo en Aragón. Y también lo ha reivindicado el propio Azcón. "La prioridad nacional es compatible con la legalidad, y nuestros acuerdos serán legales", los cuales "van a regir los principios que inspiren al próximo gobierno", señaló en la comparecencia junto al líder de Vox en Aragón, Alejandro Nolasco. Y añadió: "Ningún acuerdo que se lleve al Consejo de Gobierno irá sin un informe de los servicios jurídicos de la casa". El presidente aragonés se mostró muy satisfecho con el pacto y confió en poder sacar adelante "cuatro presupuestos".

Según los ultras, la prioridad nacional significa que "los españoles van primero" en ayudas y servicios. Un compromiso contrario al artículo 14 de la ley de extranjería, que sostiene que "los extranjeros residentes [en España] tienen derecho a los servicios y a las prestaciones sociales, tanto a las generales y básicas como a las específicas, en las mismas condiciones que los españoles". El PP, en cambio, evita el término "prioridad nacional" y trata de sustituirlo por criterios como el "arraigo" o la "vinculación" al territorio de cara al acceso a recursos públicos. Eso evidencia la incomodidad de la formación con esta cuestión, lo que les ha llevado a votar en contra de la moción de los ultraderechistas este miércoles en el Congreso para defender esa "prioridad" a nivel estatal en el acceso a la vivienda.

Y así aparece reflejado en el acuerdo: "El acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas se inspirará en el principio de prioridad nacional, que procure la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio". Entre ellas, citan condiciones como el "establecimiento de un periodo mínimo reforzado de arraigo, empadronamiento y vinculación con el territorio" y la "vinculación del acceso a ayudas a la trayectoria de cotización, permanencia y contribución al sistema".

Con todo, fuentes de Génova aseguran a infoLibre que "no están perdiendo ni un solo voto" con esta cuestión y consideran que "tiene poco recorrido" más allá de "acaparar tertulias y portadas" algunos días. Es un peaje que, aseguran, están dispuestos a pagar para alejar "el riesgo de unas nuevas elecciones". Añaden, además, que la "temática de inmigración perjudica más al PSOE", pese a que no hay datos que así lo indiquen. Sí hay estudios que, sin embargo, apuntan a que las derechas conservadoras se equivocan cuando asumen el marco de la ultraderecha, como está ocurriendo.

Al igual que sucedió con el pacto en Extremadura, muchas de estas medidas son irrealizables porque traspasan las competencias autonómicas, ya que la ley de extranjería es de aplicación nacional. También aseguran PP y Vox que "el Gobierno de Aragón rechazará de forma expresa la política inmigratoria del Gobierno de Pedro Sánchez y se opondrá por todos los medios legales, jurídicos y políticos a cualquier mecanismo de reparto de inmigrantes ilegales, tanto mayores como menores de edad". Y que "trabajarán activamente por devolver a los menores no acompañados a sus países de origen".

En este acuerdo también defienden la prohibición "del burka у nicab y de cualquier prenda similar que oculte completamente el rostro en espacios, edificios y servicios públicos autonómicos, por ser incompatible con la seguridad, la identificación personal y los principios básicos de convivencia", un punto calcado al de Extremadura.

Otra de las cuestiones que se incluyó y que vuelve a estar es el de dejar sin ayudas públicas a las organizaciones que "promuevan" la inmigración irregular, entre las que Vox incluye a Cáritas a diferencia del PP. Un punto que aparece con la misma formulación: "Se suprimirán todas las subvenciones, ayudas, convenios y conciertos con ONG u otras entidades que participen directa o indirectamente en la promoción, facilitación o sostenimiento de la inmigración ilegal, o que actúen como cooperadores necesarios de las mafias de tráfico de personas. El Gobierno de Aragón no destinará ni un solo euro público a estructuras que incentiven el efecto llamada", reza el documento.

El PP y Vox también aseguran que van a "librar Aragón de la imposición del catalán", lengua que se habla en municipios aragoneses que colindan con Cataluña y es “lengua propia original e histórica de la comunidad”, según la Ley de Lenguas de Aragón, de 2009. Además, se comprometen a derogar las "entidades públicas y leyes ideológicas", aunque no citan cuáles. "Se procederá a la derogación o, en su caso, la reforma de aquellas disposiciones normativas que supongan un menoscabo de la libertad o respondan a planteamientos de carácter ideológico", señala el acuerdo. Así, se dan de plazo el "primer semestre de gobierno" para llevar a cabo "una revisión sistemática del conjunto del ordenamiento autonómico en esta materia".

Los conservadores aseguran que "lo complicado" fue sacar adelante el acuerdo de Extremadura porque en él se "establecen los límites" pero que, una vez alcanzado, ese modelo es el que ha servido de base para las "negociaciones continuistas" tanto para Aragón como también para Castilla y León. En el equipo de Alberto Núñez Feijoo también defienden que el acuerdo "se puede aplicar cien por cien" pese a que el Gobierno ha denunciado que si se discrimina por motivos de nacionalidad es inconstitucional y lo recurrirán. "Hay textos legislativos muy parecidos aprobados en Consejo de Gobierno en Baleares", señalan en el PP.

Desde horas antes, fuentes de Génova ya anticipaban que el acuerdo sería "muy similar" al extremeño, pero reconocían que, en el caso de Aragón, tendrían que "ceder más" ante Vox porque los ultraderechistas duplicaron en esta comunidad su resultado de 2023, al pasar de siete a 14 escaños, mientras que Azcón perdió dos actas y se quedó con 26. Esa "correlación de fuerzas" es la que ha forzado a los conservadores a dar una consejería más a los ultras de las dos y la vicepresidencia que ya tienen en Extremadura.

En el PP aragonés tenían prisa por alcanzar el acuerdo y habían presionado para cerrarlo antes de la celebración del Día de Aragón este jueves —y solo diez días antes del final del plazo para la investidura, el 3 de mayo— . El hecho de estar en funciones dificultaba aprobar "determinados acuerdos", en palabras de Azcón. Una preocupación que también verbalizó el consejero de Sanidad, José Luis Bancalero, al señalar que un Gobierno en funciones puede "escuchar y dialogar", pero tiene "muchas limitaciones". Entre ellas, la imposibilidad de alcanzar acuerdos con impacto organizativo o sobre la Hacienda pública.

Además, al igual que ocurre en el pacto extremeño, el acuerdo trata de garantizar una estabilidad que el PP no tuvo la pasada legislatura. Y por eso se incluye un compromiso por parte de Vox de apoyar los presupuestos autonómicos. La duda que persiste en el PP es si serán capaces de aguantar dentro de los gobiernos durante los próximos cuatro años, si volverán a romper cuando les "convenga electoralmente", como asegura Génova que hicieron en verano del 2024, o si se producirá una revuelta interna en el partido en el que la dirección no controle a sus propios diputados, como ha sucedido en Murcia y Baleares. Con todo, el mensaje que busca trasladar el PP es que ellos "van a gobernar otros cuatro años" mientras "la izquierda se queda en la oposición otros 48 meses".

La primera crisis de gobierno entre el Partido Popular y Vox no ha esperado, siquiera, a la investidura de María Guardiola. Aunque ambas formaciones alcanzaron un acuerdo el pasado jueves con 74 medidas, el alcance del pacto sigue siendo motivo de disputa días después. La inclusión de la “prioridad nacional” como criterio para el acceso a la vivienda protegida y el alquiler social ha generado un choque entre ambas formaciones, al igual que la “supresión total de subvenciones a ONG que favorezcan la inmigración ilegal”.

Para la formación de Santiago Abascal, la “prioridad nacional” significa que “los españoles van primero” en ayudas y servicios. Un compromiso contrario al artículo 14 de la ley de extranjería, que sostiene que “los extranjeros residentes [en España] tienen derecho a los servicios y a las prestaciones sociales, tanto a las generales y básicas como a las específicas, en las mismas condiciones que los españoles”. Por lo que respecta a las ONG, los negociadores de Vox defienden que ese criterio implica suprimir la subvención que perciben organizaciones como Cáritas, que acoge a migrantes en situación irregular.

Génova, en cambio, evita el término “prioridad nacional” y trata de sustituirlo por criterios como el “arraigo” o la “vinculación” al territorio de cara al acceso a recursos públicos. Según explicó el secretario general del PP, Miguel Tellado, el lunes “no es un criterio eliminatorio” sino “una cuestión más a la hora de conceder ayudas”. Para los de Feijóo “es razonable que la vinculación con el territorio, el arraigo real, tenga peso” para acceder a servicios públicos, un argumento que también utilizó este martes su portavoz en el Congreso, Ester Muñoz.

Sin embargo, su homóloga en Vox, Pepa Millán, amenazó este martes al Partido Popular con que habrá “consecuencias” si incumple lo pactado y acusó a la dirección nacional de Alberto Núñez Feijóo de haber puesto “trabas” a la negociación. La portavoz de la derecha radical señaló que el criterio de “prioridad nacional” se basa en la  “escasez de recursos” y un sistema de ayudas que, a su juicio, se encuentra “colapsado”. Según Millán, la administración debe “garantizar el pan a los nuestros” y no lo hace por culpa de los migrantes.

Así, los ultras exhiben de nuevo un discurso xenófobo que, a diferencia de otras ocasiones, no pone el foco en la delincuencia sino en los servicios públicos como elemento clave. Hace solo unos meses la Fundación Disenso, presidida por Santiago Abascal, publicó un informe titulado La inmigración y su impacto económico negativo en el Estado de Bienestar —que posteriormente presentó en el Congreso— que aseguraba que el coste general de la inmigración es mayor que su aportación, lo que agrava los “problemas del Estado de bienestar” y responsabiliza a los migrantes del incremento de los alquileres.

Además, este principio de “prioridad nacional” se debatirá y votará en el pleno del Congreso este miércoles a iniciativa de la ultraderecha. De esta manera, los de Abascal obligarán al PP a retratarse públicamente también en la Cámara baja, en paralelo a la segunda jornada del debate de investidura de Guardiola. El texto registrado por la formación ultra reclama “repatriar a todos los inmigrantes” en situación irregular, establecer la “prioridad nacional en ayudas sociales, servicios públicos y vivienda” o proceder a la “remigración” de extranjeros que “no contribuyan a la economía nacional”. 

La formación de Abascal también aboga por limitar la sanidad para los inmigrantes irregulares a urgencias vitales, reservar las pensiones y prestaciones no contributivas a los españoles y restringir la asistencia jurídica gratuita en procesos de expulsión. En esa línea, defienden derogar el decreto por el que se regula el derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria con cargo a fondos públicos de las personas extranjeras que encontrándose en España no tengan su residencia legal en el territorio español.

Por su parte, a una hora de que arrancara el pleno del Congreso este martes, el PP presentó una enmienda a ese texto que, más allá de algunas concreciones, asume la tesis de la formación ultra manteniendo la “prioridad nacional” en los mismos términos que el acuerdo de Extremadura. “Promover el acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas inspirándose en el principio de prioridad nacional, que procure la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio”, reza la enmienda de los conservadores.  

El partido de Feijóo, además, plantea la “exclusión del acceso a prestaciones y servicios sociales estructurales a quienes se encuentren en situación irregular” salvo “supuestos de urgencia vital”. Aunque el PP trata de desvincularlo del aspecto sanitario, el propio Feijóo ha expresado que quiere volver al modelo en el que se asiste a los migrantes en situación irregular solo a través de las urgencias. Es lo que hizo el expresidente Mariano Rajoy en 2012, cuando aprobó, con la mayoría del PP y el único apoyo de UPN, la reforma con la que el Gobierno de Mariano Rajoy cercenaba el acceso universal al Sistema Nacional de Salud para, supuestamente, acabar con el “turismo sanitario”.

Por lo que respecta a las organizaciones no gubernamentales, Génova asegura que Cáritas conservará las subvenciones de la Junta extremeña, pese a que la literalidad del acuerdo apunta a retirar ayudas a las entidades que trabajen con personas migrantes en situación irregular. “Organizaciones como Cáritas, que se dedican a ayudar, pueden estar completamente tranquilas con este acuerdo, porque no les va a afectar”, aseguró Tellado el lunes. Y añadió: “El texto del acuerdo se refiere a ONG que colaboren con la inmigración ilegal. Eso es colaborar con mafias que trafiquen con personas. Tiene que acreditarse con sentencia”.

Esto, de nuevo, contradice a la formación de Abascal. Según el dirigente de Vox Carlos Hernández Quero, uno de los negociadores en Extremadura, Cáritas sí estaría afectada. “Valoramos la acción social de la Iglesia, pero no podemos aceptar que vaya dinero de los contribuyentes a promover la invasión y la migración masiva”, argumentó en una entrevista en El País. Fuentes de la formación consultadas por infoLibre señalan que “no van a hacer excepciones” con nadie y rechazan que el criterio sea “jurídico” como plantea el PP.

Cáritas, por su parte, aseguró que estará “encantada” de renunciar a esas ayudas si la administración pública asume entonces su responsabilidad en el acompañamiento de personas vulnerables, en palabras de la responsable de Proyectos de Movilidad Humana de Cáritas Diocesana de Barcelona, Elisabet Ureña, en una entrevista en la Cadena Ser. Tras la dana, desde Vox y otros grupúsculos, la ultraderecha puso el foco también en la Cruz Roja, a la que trataron de desacreditar a base de bulos y desinformación.

Lo ocurrido en Extremadura no facilita, precisamente, la negociación en Aragón. Aunque tanto en el PP y Vox se muestran optimistas, crece la desconfianza entre ambos mientras el tiempo corre, ya que el límite para evitar una repetición electoral es el 3 de mayo. La formación ultra llega con más fuerza parlamentaria que en Extremadura, lo que se traduce en más exigencias para el PP de Jorge Azcón. El número dos de la formación, Ignacio Garriga, aseguró recientemente que el pacto extremeño “"será la base” del aragonés. 

El PP en Aragón asegura que no pactará “nada fuera de la Constitución”, pero evita precisar si eso es lo que ha ocurrido en Extremadura, tal y como verbalizó la pasada semana la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. En Génova dan por hecho que el acuerdo será “muy similar” al alcanzado en Extremadura y tratan de no hacer enfadar a su socio de Gobierno pese a discrepar sobre los términos que, previsiblemente, se incluirán en el acuerdo aragonés.

A esto se le suma otra derivada: el impacto sobre la precampaña de Juanma Moreno en Andalucía. El presidente andaluz ha intentado marcar distancia en los últimos días. Ha dicho que aspira a seguir con un Gobierno en solitario, ha admitido que no quiere negociar con Vox, que no tienen experiencia de gobierno y ha salido en defensa de Cáritas. Pero tanto en el PP andaluz como en Génova son conscientes de que los “líos” de Vox, en palabras de Moreno, ya están impactando y por eso el líder del PP en Andalucía apela a obtener una mayoría absoluta que los evite.

María Corina Machado es ahora la musa de la derecha española, pero lo fue mucho antes de Washington. El expresidente George W. Bush la recibió en el despacho oval en 2005 pese al enfado del entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, que calificó la reunión como una injerencia inaceptable. Tiempo después, Machado fundó su propio partido –Vente Venezuela– pero tuvo que esperar hasta 2023 para hacerse con las riendas de una oposición en horas bajas, tras el fiasco que supuso la autodenominada presidencia interina de Juan Guaidó.

Machado pertenece a una de las principales familias de la vieja oligarquía venezolana y representa al sector más duro de la derecha. Su perfil ultraliberal y anticomunista la convierte en una suerte de dama de hierro latinoamericana, la misma que defiende el derrocamiento del chavismo por vías violentas y la “privatización total” de la petrolera estatal venezolana, PDVSA. Así lo afirmó este lunes en un desayuno informativo celebrado en Madrid acompañada por el expresidente socialista Felipe González y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. “Si quieren invertir, vengan a hablar con nosotros, que les diremos lo que vamos a hacer en electricidad, sistema bancario, petróleo, turismo…”, manifestó.

El país que ambiciona María Corina Machado está predefinido en un documento que ya fue presentado en las elecciones presidenciales de 2024 bajo el nombre de “Venezuela, tierra de gracia”. Sus planes pasan por privatizar todo el sector industrial del país atrayendo capitales extranjeros, principalmente estadounidenses. Es el mismo plan que tiene Donald Trump, ya que Venezuela es su gran apuesta geoestratégica porque cuenta con la mayor reserva de petróleo del mundo, enormes yacimientos de gas y es rica en minerales y tierras raras. 

Sin embargo, tras el secuestro de Nicolás Maduro, el magnate prefirió optar por una transición ordenada con la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez. Una decisión incomprensible para Machado, que confiaba en que el presidente de EEUU forzara unas elecciones o la situara a ella en el poder. Ni ofreciéndole el Nobel de la Paz lo consiguió. 

Para la derecha española, Machado no es solo la bestia negra del chavismo, sino también una adversaria ideológica del Gobierno de Pedro Sánchez. En el citado desayuno, la líder opositora afirmó que espera que España “pueda tener pronto unas elecciones impecables” de las que “salga un Gobierno que acompañe la causa hispanoamericana”. Unas palabras que contrastan con las decisiones del Ejecutivo de Sánchez de no reconocer la victoria de Nicolás Maduro en las últimas elecciones, de dar asilo al candidato impulsado por Machado, Edmundo González, y de conceder la nacionalidad al dirigente opositor Leopoldo López.

Tras una gira europea con parada en Francia, Países Bajos e Italia — y reuniones con sus mandatarios—, Machado aterrizó en Madrid para recibir las llaves de la ciudad por parte del alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, y la Medalla de Oro de manos de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Tras el encuentro entre ambas, la Puerta del Sol se llenó de manifestantes y se profirieron gritos racistas de "¡Fuera la mona!" dirigidos a Delcy Rodríguez auspiciados por el cantante Carlos Baute.

Sin embargo, Machado declinó reunirse con el presidente del Gobierno, pese a que se cursó una invitación oficial por parte de Moncloa. “La reunión de Barcelona es la demostración por la que no es conveniente”, argumentó la venezolana, en referencia a la cumbre progresista auspiciada por Sánchez en Barcelona con líderes de la izquierda internacional. La líder opositora sí se reunió, en cambio, con Feijóo, y el líder de Vox, Santiago Abascal. 

Este lunes, además, fue recibida por Pedro Rollán, presidente del Senado. Desde la Cámara Alta defendió que acudía precisamente a la que es "la casa del pueblo español”, aunque lo cierto es que no ha hecho parada por el Congreso, presidido por la socialista Francina Armengol y volvió a reafirmarse en su idea de no haberse reunido con Sánchez tras las críticas del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares. 

En una entrevista concedida a RNE, Albares calificó de "error" que Machado busque presentarse en España como "líder de una facción ideológica", especialmente de la extrema derecha. Para el titular de Exteriores, resulta "extremadamente chocante" que la opositora emita "críticas gratuitas" para agradar a un determinado sector político, recordando tajantemente que "no se puede venir a pedir ayuda y luego desmerecer a las instituciones españolas". 

En esa línea, desveló que la política venezolana llegó a solicitar asilo en la Embajada española en Caracas. “Yo personalmente le dije que no había ningún problema”, aseguró el ministro, si bien “al final no lo usó, pero eso estuvo ahí”. Por lo tanto, consideró “completamente injusto” que se critique al Gobierno español, “el que más ha hecho por el pueblo venezolano de todo el mundo”. 

No es la primera vez que la derecha española se vuelca con la oposición venezolana ni sigue el mismo manual. En enero de 2020, tanto PP como Vox se movilizaron para arropar a Guaidó, que fue recibido en Madrid con honores de jefe de Estado por la Comunidad y el Ayuntamiento tras una concentración de opositores venezolanos en la Puerta del Sol. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, le entregó la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid, que todavía no había recibido nadie desde su creación en 2017.

Con ese apoyo a Guaidó, las derechas trataron de poner en evidencia a Pedro Sánchez por no haberlo recibido durante su visita a España, a diferencia de lo que habían hecho otros mandatarios europeos como Angela Merkel, Emmanuel Macron o Boris Johnson. Todo ello a pesar de que Sánchez encabezó la decisión de reconocerle como presidente interino. En septiembre de 2024, el PP también impulsó una resolución para reconocer a Edmundo González como presidente electo del país, al que el Gobierno de Sánchez dio asilo tras las elecciones venezolanas.

Antes lo intentaron con Leopoldo López, condenado en Venezuela en 2014 a casi 14 años de prisión por instigar manifestaciones contra el Gobierno de la República Bolivariana que terminaron con 43 muertos y cientos de heridos. López esperaba que la ira de sus seguidores derivara en una insurrección contra un Maduro que llevaba apenas unos meses en el poder tras la muerte de su mentor ideológico, Hugo Chávez, en marzo de 2013. Pero no fue así. 

Durante su encarcelamiento, López contó con un amplio respaldo en los círculos políticos y mediáticos de España, pero también encontró un fuerte respaldo en los expresidentes Felipe González (PSOE) y José María Aznar (PP) que promovieron un manifiesto que reclamaba la libertad de López. Años más tarde, en las elecciones europeas de 2019, el PP de Pablo Casado fichó al padre de Leopoldo López para que se integrara en sus listas. Tan solo unos días después de este anuncio, Leopoldo López se refugiaba en la Embajada de España en Caracas, donde permaneció hasta huir del país hacia Madrid un año y medio después. Hace menos de un mes, el Gobierno de Sánchez nacionalizó a López con un decreto exprés.

El Partido Popular ha decidido librar una batalla contra la regularización extraordinaria de migrantes por todos los frentes: judicial, burocrático y europeo. Tras la aprobación de la iniciativa en el Consejo de Ministros el pasado martes, la formación de Alberto Núñez Feijóo ha puesto en marcha una ofensiva múltiple, coordinada con las autonomías, en la que se mezclan recursos judiciales, la amenaza con acudir a Bruselas y la utilización de los propios cuellos de botella administrativos para intentar paralizar o ralentizar la medida.

El PP también está dando la batalla a nivel discursivo. Feijóo tachó de "inhumana, injusta, insegura e insostenible" la medida en un encuentro con los parlamentarios del partido en el Congreso y el Senado pese a que en abril de 2024 la formación conservadora aprobó que la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que promovía la regularización, respaldada por más de 700.000 firmas, siguiera su curso en la Cámara Baja. Feijóo se posicionó en el bloque del sí movido por la presión de la Iglesia católica y de algunos sectores empresariales que requieren de mano de obra, con la vista puesta en la inmigración europea pero, sobre todo, en la latinoamericana. 

Este jueves, el líder de la oposición señaló en un foro celebrado por el elespañol.com que  la iniciativa “va en dirección contraria al mayor control acordado por todos los países de la Unión Europea” y que, por tanto, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, es un “traidor” a Europa. Días antes, tras la reunión del comité de dirección del partido, la vicesecretaria Alma Ezcurra anunció que el PP no dejaría pasar “ninguna” vía política, parlamentaria o jurídica, ni siquiera en Bruselas, para combatir el decreto.

En el aspecto judicial, al menos ocho autonomías se preparan ya para ya para recurrir el recurso contra el real decreto, según ha avanzado el diario El Mundo. A la Comunidad de Madrid, Baleares y Comunitat Valenciana se le sumarán Aragón, Cantabria, Castilla y León y Galicia. Por su parte, Extremadura y La Rioja, todavía no han tomado la decisión. Y solo una, Andalucía, se desmarca por ahora. Su presidente, Juanma Moreno, no discrepa de sus compañeros de partido, pero no quiere que la cuestión impacte en la precampaña andaluza.

La presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso fue la primera en anunciar el recurso y la petición de suspensión cautelar bajo la tesis de que el eventual aumento de población regularizada podría “colapsar” los servicios públicos madrileños. “No queremos que nadie muera en la puerta de un hospital”, señaló. “Estoy en contra de regularizar sin control y, encima, a personas con antecedentes penales [es un bulo, en caso de que un migrante que ha delinquido pida la regularización, quedaría automáticamente fuera de este proceso]. Estoy en contra del turismo sanitario y estoy en contra de la intención del Gobierno de Sánchez de reventar los servicios públicos”, argumentó en la sesión de control al Gobierno el pasado jueves. En otras ocasiones, lo ha vinculado directamente a un intento de alterar el censo electoral, otro bulo de la presidenta autonómica. 

La Comunitat Valenciana y Baleares insistieron en la misma desinformación. El president valenciano, Juanfran Pérez Llorca, acusó al Gobierno de regularizar a inmigrantes por cálculo electoral y, en una línea muy similar a la de Ayuso cuando habla de “mover los censos”, lo achacó a un “tema electoral”. Sin embargo, lo cierto es que los migrantes regularizados no podrán votar en las próximas generales y autonómicas. Por su parte, la presidenta balear, Marga Prohens, aseguró que la regularización era “irresponsable” y que provocará “un nuevo efecto llamada”, un concepto recurrente para la derecha.

En Cantabria, la presidenta María José Sáenz de Buruaga describió la regularización como  una “temeridad” y “el mayor coladero de la historia”, insistiendo igualmente en el efecto llamada, el negocio de las mafias y la necesidad de una inmigración vinculada al empleo y al cumplimiento de la ley. Con el expresidente José María Aznar en La Moncloa se llevaron a cabo 453.891 regularizaciones.

El poder territorial del PP también les permite dar la batalla a nivel burocrático. Los barones conservadores denuncian que el decreto provocará caos, pero de ellos dependen gran parte de los resortes administrativos. Es el caso de la Comunidad de Madrid. La única oficina que expide el certificado de memoria de la tarjeta de transporte, uno de los documentos para acreditar la permanencia continuada exigida por el decreto, no contratará a más personal. En la Comunitat Valenciana, por ejemplo, el colegio profesional de trabajo social de Castelló ya ha alertado de sobrecarga por los informes de vulnerabilidad

Desde el PP denuncian el posible colapso de servicios sociales, sanidad, vivienda o consulados, pero al mismo tiempo organizaciones sociales y profesionales recuerdan que el decreto precisamente obliga a tramitar certificados, citas y acreditaciones de vulnerabilidad a través de una red administrativa que requiere refuerzo. La saturación en el sistema es una preocupación que trasladó en su informe el Consejo de Estado.

El colapso de las administraciones y la falta de citas en Extranjería llevan años siendo denunciados por asociaciones sociales y antirracistas. Hasta el punto de que ha surgido un entramado ilegal dedicado a vender estas citas por un valor de hasta 1.000 euros, aprovechándose de la desesperación de los solicitantes y las trabas de la burocracia española.

El Partido Popular también está tratando de elevar el conflicto más allá del marco interno para presentarlo como un problema para el espacio Schengen y para la confianza entre socios europeos. Tras el anuncio de la medida, el pasado mes de enero, el líder del PP aprovechó una cumbre del Partido Popular Europeo (PPE) para tratar de lograr una respuesta unitaria contra la decisión del Gobierno de Sánchez, pero no logró más que un compromiso genérico contra la “legalización masiva de inmigrantes ilegales”.

Ante sus socios lo formuló como un choque con el Pacto europeo de Migración y Asilo y las recomendaciones europeas y lo envolvió en un catálogo que incluía presión sobre los “servicios públicos”, tensión en el “mercado de la vivienda”, “problemas de convivencia” y, sobre todo, el “efecto llamada”.

El líder del PP también se topó con una rápida respuesta de Bruselas que dejó claro que el Gobierno estatal es quien tiene la “responsabilidad” para tomar la decisión de regularizar a personas migrantes. Así se manifestó el comisario de Interior y Migración, Magnus Brunner, considerado entre los partidarios de la mano dura contra la acogida, que sí aludió concretamente al caso español. Brunner dejó claro que es el país el que “tiene competencia para decidir cómo reaccionar y abordar la parte legal” para “ver si hay necesidad de mano de obra”: “Es lo que está haciendo España”, dijo.

El acuerdo entre el Partido Popular y Vox en Extremadura llegó tras más de cien días y una investidura fallida de la candidata del PP, María Guardiola, pero finalmente se saldó con una victoria política de la formación ultraderechista. Los de Santiago Abascal no solo entran en el Gobierno con una vicepresidencia y dos consejerías, sino que imprimen al acuerdo sus tesis más ultras a través de numerosas medidas en materia de inmigración, “prioridad nacional” para los españoles, recorte de subvenciones, ofensiva contra el Pacto Verde y desregularización. Así, el pacto de 2026 no rompe con el de 2023, sino que lo radicaliza en algunos apartados y lo recicla en otros.

En el pacto anterior, Vox únicamente obtuvo la cartera de Mundo Rural y Gestión Forestal, ya que el campo es uno de los caladeros de votos para la ultraderecha. El documento firmado hace casi tres años era muy similar al alcanzado el jueves, aunque en el actual la huella de Vox está todavía más presente. Aquel pacto ya incluía una ley fiscal en los primeros 100 días, rebajas de impuestos, la defensa de la central nuclear de Almaraz, el impulso del regadío, una ley integral de protección a la familia, medidas de conciliación, apoyo a jóvenes para la primera vivienda, atención a la ocupación ilegal y la derogación de la ley de memoria histórica. Muchas de ellas ni siquiera llegaron a cumplirse.

En 2023, Guardiola tuvo que firmar este documento —aunque después no cumplió— lo que le obligó a dar un giro de 180 grados al que le forzó la dirección del PP encabezada por Alberto Núñez Feijóo. Sucedió después de que ella misma dijera que no podía "dejar entrar en el Gobierno a aquellos que niegan la violencia machista, a quienes usan el trazo gordo, a quienes están deshumanizando a los inmigrantes, y a quienes despliegan una lona y tiran a una papelera la bandera LGTBI”. Sin embargo, en esta ocasión ha sido ella la que ha abierto la puerta para que los ultras entren en el Ejecutivo y "puedan gestionar y asumir responsabilidades en base a lo que han pedido los extremeños en las urnas".

Ahora, los ultras concentran en la cuestión de la migración varias de sus promesas estrella: el rechazo al reparto de menores extranjeros no acompañados, su devolución a los países de origen, la restricción de ayudas a extranjeros en situación irregular o la “prioridad nacional” en vivienda y prestaciones, esta última de dudoso encaje legal, ya que el mismo texto reconoce que habría que modificar para ello la ley de extranjería y otras normas. El texto también recoge la prohibición del burka, el niqab y “de cualquier prenda similar que oculte completamente el rostro” en espacios públicos. Una medida que el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya ha dejado claro que “recurrirá con toda la fuerza del Estado” si vulnera “los derechos y libertades de los extremeños y extremeñas”.

En línea con la batalla que Vox sostiene desde hace años contra la Agenda 2030 y su negacionismo climático, el pacto de 2023 se comprometía a eliminar "cualquier traba burocrática o legislativa en materia climática que afecte a la prosperidad del campo o la libertad de los extremeños"; apostaba por recuperar "las actividades tradicionales [en el mundo rural] que están desapareciendo por las limitaciones, prohibiciones y obligaciones ambientales"; y anunciaba que Extremadura solicitaría "una revisión de las políticas verdes y la PAC para evitar las pérdidas de producción y el sobrecoste para los productores". Cuestiones que dependen en su práctica totalidad de la Comisión Europea.

Ahora el pacto hace referencia a la “desregulación” con una nueva consejería en manos de los de Abascal. Se trata de un concepto inédito en el caso español, pero que ya ha sido utilizado por dirigentes de la derecha radical como el presidente argentino Javier Milei o el norteamericano Donald Trump. La desregulación, a sus ojos, implica menos normas, menos límites ambientales o administrativos y un Estado más reducido en su función supervisora.

El acuerdo actual también promete “blindar” la continuidad de Almaraz mediante la reducción progresiva de la ecotasa autonómica, pero el propio texto admite que el futuro de la central depende también de la fiscalidad estatal y de la tasa Enresa, un cargo que se aplica a la producción de energía nuclear en España con el objetivo de financiar la gestión de los residuos radiactivos y el desmantelamiento de las centrales nucleares al final de su vida útil.

De hecho, Guardiola ya anunció en octubre de 2025 una rebaja del impuesto autonómico para favorecer la continuidad de la planta, señal de que esa palanca regional existe, pero también de que no basta por sí sola para decidir el futuro de la central. Es más, el Ejecutivo central ha asegurado que los reactores de Almaraz serán los primeros en apagarse, uno a partir de 2027 y el otro a partir de 2028.

El hecho de que muchas de las cuestiones acordadas entre PP y Vox sean irrealizables e incluso puedan ser contrarias a la Constitución lo han señalado incluso presidentes autonómicos del PP. La primera de ellas, la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Este viernes criticó la “prioridad nacional” en los servicios públicos, y advirtió de que “muchos de esos requisitos no son legales”. “No puedes ilegalmente dejar a nadie fuera de requisitos para los que tiene derechos” ni de un sistema “al que ha contribuido”, como es el sanitario.

En Génova aseguran que defienden lo mismo que Ayuso. Pero lo cierto es que Guardiola ha tenido que ceder para tratar de garantizar una estabilidad que no obtuvo la pasada legislatura. Y por eso en el acuerdo se incluye un compromiso por parte de Vox de apoyar los presupuestos autonómicos. La duda que persiste en el PP es si serán capaces de aguantar dentro de los gobiernos durante los próximos cuatro años o si volverán a romper cuando les “convenga electoralmente”, como asegura Génova que hicieron en verano del 2024.

Lo que también esperan es frenar el ascenso de la formación de Abascal una vez compruebe las limitaciones de gobernar. Tras el resultado de las elecciones, los ultraderechistas quisieron demostrar que son "un partido de gobierno", pero en el PP creen que Vox solo se hace fuerte desde la impugnación al sistema, no desde dentro de él.

Más allá de la negociación extremeña, Vox no es un socio menor ni coyuntural para el PP: condiciona gobiernos, discursos y prioridades. Allí donde crece, obliga al PP a competir en radicalidad o a depender políticamente de él, debilitando su perfil de partido de gobierno. Y por eso en la formación conservadora están preocupados, aunque su líder no quiera admitirlo en público. El que sí lo ha hecho es el andaluz Juanma Moreno, que aprovechó para desmarcarse de cualquier acuerdo con los ultras: "En Andalucía buscamos otras opciones, ser libres, un gobierno en solitario y que no haya seis meses de bloqueo, sino que podamos empezar desde el minuto uno”, planteó. 

El calendario previsto en Extremadura, Aragón y Castilla y León, con el que el líder nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo buscaba demostrar la fortaleza de la ‘marca PP’, no funcionó como esperaba. Para el líder de la oposición era muy importante empezar el nuevo ciclo con tres victorias contundentes del PP frente a una izquierda con escaso poder territorial. Aunque los conservadores fueron la primera fuerza en los tres territorios, no redujeron su dependencia de Vox. En Extremadura y Aragón la aumentaron, mientras que en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco creció dos escaños por uno de Vox.

Desde su vuelta a la Casa Blanca en enero del pasado año, Vox ha intentado presentar su cercanía a Donald Trump como una prueba de influencia internacional y de su apuesta ideológica. Pero ese vínculo empieza a pesar más de lo que beneficia. No es solo que el presidente de Estados Unidos se haya convertido en un factor de inestabilidad global tras iniciar junto a Israel una ofensiva contra Irán. Es, sobre todo, que parte de la extrema derecha europea ha empezado a tomar distancia, mientras la formación de Santiago Abascal sigue instalada en una fidelidad casi sin matices.

Un año y tres meses después, la misma internacional ultraderechista que celebró exultante la vuelta de Trump comienza a marcar distancias. La derrota del primer ministro húngaro, Viktor Orbán, tras dieciséis años ininterrumpidos en el poder demuestra, además, que la influencia del norteamericano es relativa. Orbán se mantuvo fiel a Trump hasta el final, pero de poco sirvió el apoyo en campaña del vicepresidente estadounidense, JD Vance. Su derrota frente a su antiguo compañero de partido, Peter Magyar, fue abrumadora.

Abascal ha apostado de manera clara por su proyección internacional pese a que hace siete años admitía no tener "demasiadas convicciones" en política exterior y abogaba por no "hipotecarse" con ningún aliado por las implicaciones que pudiera tener. "Es un mundo en el que no tengo demasiadas convicciones, más allá de nuestro compromiso de actuar siempre en pro de los intereses de España”, le confesaba al escritor Fernando Sánchez Dragó. Ahora, sin embargo, Vox está muy vinculado a Trump a través de la Fundación Disenso, que forma parte de la constelación ideológica de la Heritage Foundation, y también mantiene en su órbita al Likud de Benjamín Netanyahu, además de ser un fiel defensor del presidente argentino Javier Milei.

Otro de los referentes de Abascal —a la que abandonó por Orbán en la Eurocámara tras las elecciones europeas— es la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. Ella, a diferencia del líder de Vox, declaró en el Parlamento italiano que la intervención militar de Estados Unidos e Israel en Irán vulneraba el derecho internacional y, además, negó al Pentágono el uso de la base de Sigonella, en Sicilia, para bombardear Irán. Una decisión que Meloni tomó tras la presión interna que desató el anuncio que en el mismo sentido hizo previamente el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y que Vox criticó.

En la última semana la tensión ha escalado por la negativa de la primera ministra italiana a secundar la escalada bélica y por los ataques del presidente de EEUU al papa León XIV, unas palabras que Meloni calificó de "inaceptables" a la vez que afirmó que es “justo y normal” que el jefe de la Iglesia pida paz y condene la guerra. Tras estas declaraciones, Trump aseguró que pensaba que Meloni tenía valor “pero se equivocó” y reprochó a Italia no estar a la altura en la OTAN. Este miércoles, la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha llegado a decir que algunos movimientos de Trump son “poco comprensibles”, una señal de que también detecta el desgaste, aunque llegue tarde y de forma defensiva.

La oposición italiana cerró filas con Meloni tras la dura respuesta de Trump. El comisario europeo Paolo Gentiloni pidió “defender a Italia” antes que ajustar cuentas internas, y la diputada socialista Elly Schlein sostuvo que, aunque sean adversarios políticos, los italianos no aceptarán ataques extranjeros contra su Gobierno. Una postura que subraya la magnitud del aislamiento de Vox ya que incluso una dirigente de la derecha radical como Meloni ha encontrado a la izquierda italiana de su lado frente a Trump.

Pero Meloni no es la única en marcar distancias. La extrema derecha alemana, la AfD, ha pedido la retirada de tropas y armas nucleares estadounidenses de Alemania. La líder francesa Marine Le Pen se mostró muy crítica con el secuestro por parte de EEUU del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y también ha censurado algunas decisiones militares porque chocan con su propio soberanismo. El británico Nigel Farage, que inicialmente apoyó los ataques contra Irán, acabó corrigiendo el tono al comprobar que el conflicto abría divisiones en su partido, Reform UK. Frente a estos posicionamientos aparece Vox, que navega en sentido contrario y que, precisamente por esa postura, ha recibido las críticas de exdirigentes de la formación.

La crisis interna de la ultraderecha debilita su imagen de cohesión. La crisis en Murcia es el ejemplo más evidente. La salida de la diputada Virginia Martínez al grupo mixto, después de la expulsión de José Ángel Antelo a finales de febrero, no solo agrava la fractura orgánica, sino que altera la aritmética parlamentaria y permite al PP explorar acuerdos sin depender de la dirección de Vox. La propia Martínez justificó su marcha por su "profunda decepción" con la cúpula del partido y denunció ceses, expulsiones y una "imagen terrible del proyecto". Antelo, por su parte, habló de un Vox "en descomposición y sin ninguna credibilidad”.

En Balears, la dirección de Vox tampoco controla el partido. La formación ultra arrastra desde 2024 el cisma de los cinco diputados díscolos que llegaron a expulsar del grupo a la presidenta del partido en las islas, Patricia de las Heras, y al presidente del Parlament, Gabriel Le Senne. Después, tres de ellos abandonaron sus cargos en el grupo, aunque conservaron sus escaños. Pero no son los únicos casos.

En el Ayuntamiento de Madrid el conflicto sigue abierto. Desde el consistorio municipal, liderado por José Luis Martínez-Almeida, frenaron el intento de la dirección de apartar a Javier Ortega Smith como portavoz y mantuvieron intacta la estructura del grupo municipal. Actualmente, hay dos bandos dentro del mismo grupo, con Ortega Smith y otros dos concejales por un lado y Arantxa Cabello y Fernando Martínez, fieles a Abascal, por otro.

En el Ayuntamiento de Toledo la imagen es similar. La vicealcaldesa y presidenta del grupo municipal, Inés Cañizares, ha defendido públicamente la conveniencia de celebrar un congreso extraordinario y figura entre los cargos institucionales en activo que firmaron el manifiesto crítico con Abascal. Su posición la sitúa frente a la dirección provincial y al portavoz de Vox en las Cortes de Castilla-La Mancha, Iván Sánchez, que descalificó esa iniciativa definiéndola como una “pantomima”.

Toda esta crisis interna se desarrolla en plena precampaña andaluza. El barómetro publicado esta semana por el Centra da a Vox un 15% y entre 17 y 20 escaños frente a los 14 actuales. Para los de Abascal, Andalucía debía ser una demostración de fuerza, una comunidad donde el partido aspiraba a crecer de forma sostenida y a consolidarse como una alternativa con capacidad de condicionar el sistema político. Pero el barómetro indica que permanece como tercera fuerza, que no rompe el tablero y que el principal beneficiario de su suelo electoral continúa siendo el PP. La formación ultra no desaparece, pero tampoco crece.